Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900131 - Número de Diario 6
(L54A2PcpN006F19900131.xml)Núm. Diario:6ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
AÑO II México, D.F., miércoles 31 de enero de 1990 No. 6
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con una aclaración, se aprueba.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del CLXXVI aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros, tendrá lugar el día 3 de febrero. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Guerrero, a la sesión solemne en la que el ciudadano José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno el día 9 de febrero. Se designa comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Campeche, relativa a la integración de la mesa directiva de la Diputación Permanente de la LIII Legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Quintana Roo, relativa a la integración de la mesa directiva del segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la V Legislatura. De enterado.
INTEGRACIÓN DE LA PRIMERA COMISIÓN
La Presidencia informa sobre la proposición de la mesa directiva de la Comisión Permanente, relativa a la integración de la Primera Comisión. Se aprueba.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
DEL TRATADO SOBRE EL REGISTRO INTERNACIONAL DE OBRAS AUDIOVISUALES
Con el que se remite copia certificada de este tratado, adoptado en
Ginebra, Suiza, el 20 de abril de 1989, para sus efectos constitucionales en esta Cámara. Se recibe. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, pueda prestar Servicios en la embajada de Canadá, en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.
Para que los ciudadanos Julissa Novelo Cruz y Octavio Garibay Contreras, puedan prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California. Se reciben. Se turnan a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA PRESTACIONES DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Elías Laniado Laborín, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega, en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California.
De la Primera comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, para prestar servicios en la embajada de Belice, en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Singapur.
Para razonar su voto, intervienen el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano y senador Alger Urke León Moreno. Se aprueba. Se nombra comisión protocolaria para recibirlo. Rinde la protesta de ley.
NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos María Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.
Se nombra Comisión Protocolaria para recibirlos. Rinden la protesta de ley.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos Clemente Robles Castillo y Sergio González Gálvez, para aceptar y usar las que les confieren los gobiernos de Venezuela y de Brasil, respectivamente. Se aprueban los proyectos de decreto.
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, a nombre de los grupos parlamentarios de esta Comisión Permanente, presenta un punto de acuerdo sobre la situación de ese país.
Interviene sobre este asunto el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, para dar su punto de vista.
Se considera de urgente resolución. Se aprueba el punto de acuerdo presentado.
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
El diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicita la intervención del Secretario de este ramo,
para que sean retiradas las vías muertas instaladas en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
El diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, presenta una propuesta para solicitar una copia de la carta de intención del gobierno mexicano a este fondo.
Intervienen en relación a este tema, los diputados Humberto Roque Villanueva, para dar su punto de vista; Pablo Gómez Alvarez, para hechos y Rogelio Montemayor Seguy, para aclaraciones.
Continúan el debate los diputados Pablo Gómez Alvarez, para alusiones personales; Miguel Montes García, para aclarar hechos; Pedro César Acosta Palomino, para algunas reflexiones a favor de la petición; Leonel Godoy Rangel y Pablo Gómez Alvarez, para hacer comentarios sobre el debate.
Finalmente intervienen los diputados Miguel Montes García, para alusiones personales y Jesús Antonio Carlos Hernández, para dar su apoyo a esta petición. Se solicita la documentación a las autoridades hacendarias.
DEL FORO MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
La senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, presenta un informe sobre el foro realizado en la ciudad de Moscú del 15 al 19 de enero de 1990.
Interviene el diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, para mencionar algunos hechos sobre este tema.
SOBRE EL ACTA CONSTITUTIVA DE 1824
El senador Eliseo Rangel Gaspar hace mención sobre la importancia de este documento histórico.
Hacen uso de la palabra los diputados Bernardo Bátiz Vázquez y Jesús Antonio Carlos Hernández, para referirse a la conmemoración de este documento.
DE LA DENUNCIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
El senador Cristóbal Arias Solís hace sus comentarios sobre la denuncia de hechos violentos en los estados de Michoacán y Guerrero.
Debaten sobre el mismo tema el senador Eliseo Rangel Gaspar y diputado Leonel Godoy Rangel, para hechos.
Continúan el debate el diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Cristóbal Arias Solís, para alusiones personales.
DEL ESTADO DE OAXACA
El diputado Juan Jaime Hernández, a nombre de su partido, presenta la denuncia de agresiones sufridas del diputado federal parmista José Francisco Melo Torres. Se ordena recabar información.
SOBRE LA JUSTICIA LABORAL FEDERAL
El diputado Juan José Medrano Castillo, interviene para comentar las fallas en la administración sobre esta justicia laboral federal. Se turna a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El diputado Leonel Godoy Rangel denuncia atropellos, arbitrariedades y hechos delictuosos de la Policía Judicial Federal, en este estado. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de treinta ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a pasar lista de asistencia.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 30 legisladores, hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.35 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
31 de enero de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXVI aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros, tendrá lugar el 3 de febrero.
El Congreso del Estado de Guerrero, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 9 de febrero.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Quintana Roo.
Proposición de la mesa directiva, relativa a la integración de la Primera Comisión.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite copia certificada del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de abril de 1989 y memorándum de antecedentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, pueda prestar servicios en la embajada de Canadá en México.
Dos por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Julissa Novelo Cruz y Octaviano Garibay Contreras, puedan prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California, respectivamente.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Elías Laniado Laborín, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, para prestar servicios en la embajada de Belice en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Cabrera, como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Clemente Robles Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Sergio
González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Nicaragua.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes. Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la carta de intención del gobierno mexicano al Fondo Monetario Internacional.
Toma de posiciones, declaraciones o comentarios
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, informe sobre el Foro Mundial del Medio Ambiente.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Acta Constitutiva de 1824.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la denuncia que hizo el Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la Secretaría de Gobernación.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la agresión al diputado José Francisco Melo Torres, en el estado de Oaxaca.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre fallas en la administración de justicia laboral federal.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la Policía Judicial Federal en el Estado de Michoacán.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con ocho minutos del día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa, con una asistencia de treinta y cinco legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión anterior, misma que sin motivar discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Jalisco, a la sesión solemne en la que el gobernador del Estado rendirá su primer Informe de Gobierno. Para asistir a este acto, la Presidencia designa a los legisladores Miguel Montes García, Justino Delgado Caloca, Roberto Jaramillo Flores y Juan Jaime Hernández.
La secretaría da cuenta de una comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes, relativa a la elección de la mesa directiva para el mes de enero de mil novecientos noventa. De enterado.
Otra comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, relativa a la clausura del segundo período ordinario de sesiones. De enterado.
Otra comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, relativa a la instalación de la Comisión Permanente e integración de la mesa directiva que fungirá del primero al treinta y uno de enero de mil novecientos noventa. De enterado.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca, relativa a la clausura del primer período ordinario de sesiones, e integración de la Diputación Permanente. De enterado.
La secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que el Presidente de la República nombró al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur. Se turna a la Segunda Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Elías Laniado Laborín, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Noruega, en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro von Wuthanau, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere ese gobierno. Se turna a la Primera Comisión.
De la misma Secretaría, se da cuenta con otro oficio por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, pueda prestar sus servicios en la embajada de Belice, en México. Se turna a la Primera Comisión.
Se da lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Eugenio Anguiano Roch y Rubén Felipe Arias Arciniega, puedan aceptar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Argentina; para que el ciudadano Francisco Roux López, acepte y use la que le confiere el gobierno de Bélgica y para que el ciudadano Miguel Alemán Velasco, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia. No habiendo quien haga uso de la palabra, en el caso de los dos primeros dictámenes, se reservan para su votación nominal en conjunto.
Se concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, para fundamentar su voto de abstención en el caso del ciudadano Alemán Velasco. Desde su curul, el diputado Pablo Gómez Alvarez declara no haber firmado el dictamen, como lo mencionó la secretaría, misma que aclara que se trata de un error, pues la firma corresponde al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación nominal de los tres dictámenes en un solo acto y se aprueban, los dos primeros por treinta y cuatro votos a favor y el tercero por veintisiete votos a favor y dos en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien propone la comparecencia ante comisiones de la honorable Cámara de Diputados, de los secretarios de comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público, así como del Director de la empresa Teléfonos de México.
Para hablar en favor de la proposición, hace uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y, en contra, el diputado Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Con el fin de aclarar hechos, se concede el uso de la palabra sobre el mismo asunto, a los legisladores Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; Rogelio Montemayor Seguy, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien acepta una interpelación del diputado Montemayor Seguy.
El Presidente, a una moción de orden del diputado Miguel Montes García, pide que se eviten los diálogos y se acate la norma reglamentaria.
Se concede el uso de la palabra para el mismo asunto, al diputado Rogelio Montemayor Seguy, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Pablo Gómez Alvarez y Jesús Antonio Carlos Hernández.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría pide la votación económica respectiva y la proposición se desecha.
Para denunciar diversos hechos de la Policía Judicial Federal, hace uso de la palabra el diputado Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional; para el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
Hacen uso de la palabra para referirse a los problemas de la contaminación ambiental, especialmente en Guadalajara, Jalisco, los legisladores Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática y Héctor Mayagoitia Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Con el fin de expresar sus opiniones respecto a los procesos electorales en el estado de Hidalgo, hacen uso de la palabra los legisladores Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y Julieta Guevara Bautista, del Partido Revolucionario Institucional.
Para denunciar hechos de violencia en contra de militantes de su partido, hace uso de la palabra el
diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Miguel Montes García y, para el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores Arturo Armendáriz Delgado, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones del senador Alvaro Salazar Lozano, en dos ocasiones y Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus opiniones respecto al conflicto sindical en la Planta Ford de Cuautitlán, México, hacen uso de la palabra los legisladores Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional; Justino Delgado Caloca, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Acosta Palomino y Jaime Hernández; y Juan José Osorio Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación a los licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera. Se turna a la Tercera Comisión.
La secretaría da lectura a la solicitud de licencia del diputado José Luis Lamadrid Sauza, del Partido Revolucionario Institucional, para dejar los trabajos de la Comisión Permanente y da punto de acuerdo respectivo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y se llama al sustituto, diputado Ricardo Monreal Ávila.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles treinta y uno de enero de mil novecientos noventa, a las once horas.»
Está a discusión el acta...
El C. Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - El señor secretario señaló que hicimos uso de la palabra para hablar del proceso electoral del Estado de Jalisco, fue el Estado de Hidalgo.
El C. Presidente: - Que se tome nota de la aclaración hecha por el ciudadano diputado.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, con la aclaración hecha en este momento.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor presidente.
INVITACIONES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a dar lectura a varias invitaciones.
«Escudo Nacional.- Estado Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVI aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros, que tendrá lugar el próximo sábado 3 de febrero a las 11.00 horas, en el Monumento a los Defensores de la Patria, Hemiciclo a los Niños Héroes, Delegación Política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 23 de enero de 1990. - El Director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Alger León Moreno.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, Distrito Federal.
La LII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne en la que rendirá su tercer informe de gobierno el ciudadano José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado.
El acto se realizará el día 9 de febrero de 1990, a las 12.00 horas en el Auditorio Jacarandas, declarado recinto oficial.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Bulmaro Pacheco Moreno.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, Distrito Federal.
Con fundamento en lo que disponen los artículos 64 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 163 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, nos permitimos comunicarles que con fecha 31 de diciembre del año próximo pasado, quedó integrada la directiva de la Diputación Permanente, que funcionará durante el primer período de receso del primer año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura de este Congreso, en la forma siguiente:
Diputados: presidente, Oscar Flores Canaval; secretario, Maximiliano Toraya Toraya y vocal, Pedro E. Franco Valencia.
Asimismo, les comunicamos que el día uno del actual, la mencionada Diputación Permanente quedó debidamente instalada.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 2 de enero de 1990.- Presidente de la Diputación Permanente, Diputado Oscar Flores Canaval.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. secretario:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, Distrito Federal.
La V Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre del presente año, se procedió a la elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, habiendo quedado de la siguiente manera:
Diputados: presidente, Raúl O. Santana Bastarrachea; vicepresidente, Agustín Rodríguez Garma; secretario, Pablo Esparza Filigrana; secretario suplente, Jesús Pérez Blas.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 26 de diciembre de 1989.- El diputado secretario Pablo Esparza Filigrana.»
Trámite: - De enterado.
INTEGRACIÓN DE LA PRIMERA COMISIÓN
El C. Presidente: - En virtud de la licencia concedida al ciudadano diputado José Luis Lamadrid Sauza, la mesa directiva de la Comisión Permanente propone que la Primera Comisión quede integrada en la siguiente forma: Señor secretario, dé lectura por favor.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:
Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.
En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL REGISTRO INTERNACIONAL DE OBRAS AUDIOVISUALES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 de diciembre próximo pasado:
"Me permito enviar a usted con el presente, dos copias certificadas del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de abril de 1989, acompañadas de un memorándum de antecedentes. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho agradeceré a usted enviar una copia de dichos documentos a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con objeto de que tenga a bien considerar el mencionado texto durante el presente período ordinario de sesiones."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite. - Recibo, y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 4 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno de Canadá. La nacionalidad de dicha persona, se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Alejandra Bonilla Acuña, secretaria, embajada de Canadá."
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de enero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 2 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita.
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dicha persona, se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente oficio.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Julissa Novelo Cruz, asistente consular, consulado general en Mérida, Yucatán."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de enero 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 10 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno de Estados Unidos de América. La nacionalidad mexicana de dicha persona, se ve acreditada por la fotocopia de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Octaviano Garibay Contreras, empleado consular, Consulado General de Tijuana, Baja California."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente, el anexo que en el mismo se menciona y les reitero en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 18 de enero de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 5 de enero de 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano ingeniero Elías Laniado Laborín, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 del actual, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Elías Laniado Laborín, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California Norte.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de enero de 1990. - Diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos
Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 15 de enero de 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, pueda prestar servicios como recepcionista/secretaria bilingüe, en la embajada de Belice, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Belice, en México, serán como recepcionista/secretaria bilingüe, y
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, para prestar servicios como recepcionista/secretaria bilingüe, en la embajada de Belice en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 26 de enero de 1990.- Diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Jesús Rodríguez.»
Trámite:- Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
El C. Secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión dictaminadora desea señalar, que el licenciado Manuel Uribe Castañeda realizó sus estudios en la carrera de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, cursó la maestría en administración pública en la Universidad de Harvard y más tarde estudió el doctorado en economía en la misma Universidad.
Esta comisión estima pertinente mencionar que el licenciado Uribe Castañeda cuenta con una amplia experiencia profesional en el servicio al Estado mexicano; se ha desempeñado como gerente de Investigación en la Oficina Técnica de la Dirección General del Banco de México; ocupó el cargo de Asesor en Asuntos Económicos del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, posteriormente fue designado oficial mayor de esa misma dependencia. Fungió como presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; fue director general del Banco Obrero; subdirector general de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; subdirector general del Grupo de Investigación Económicas y secretario técnico del Consejo Directivo del Banco de Comercio; en fecha reciente se desempeñó como coordinador del Consejo de Fomento de Inversiones en el Departamento del Distrito Federal.
Dentro de la experiencia que en materia internacional posee el licenciado Uribe Castañeda, podemos mencionar su participación en la ciudad
de Quito, Ecuador, como representante residente del Fondo Monetario Internacional. También es de destacarse su asistencia como gobernador de esa institución por México a la XI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del Continente Americano y a la XVIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos.
Los miembros de la comisión que suscribe, indican que el licenciado Manuel Uribe Castañeda cuenta con importante experiencia en materia docente; ha impartido la cátedra de teoría monetaria en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico de México, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y en la maestría de economía en el Colegio de México. Asimismo, deseamos señalar que el embajador designado es autor de un gran número de artículos y ensayos publicados en diversas revistas especializadas del país.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al licenciado Uribe Castañeda a una reunión en donde conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el gobierno de la República de Singapur, y la importancia de ambos países en el contexto de la cuenca del Pacífico.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma, los legisladores que integramos la comisión que dictamina, pudimos dialogar en forma muy extensa sobre los citados temas con el licenciado Manuel Uribe Castañeda, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido como resultado de su fructífera carrera profesional. De igual forma, quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el embajador designado demostró un conocimiento detallado sobre la realidad política, económica, social y cultural de la República de Singapur, así como de los diversos matices que ahí suceden e influyen en la relación bilateral. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido corroborar que el licenciado Uribe Castañeda posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, para ser designado embajador.
Por lo expuesto, los suscritos miembros de la comisión, consideramos que el licenciado Manuel Uribe Castañeda reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del licenciado Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur.
Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 26 de enero de 1990.- Segunda Comisión.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, Diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Trámite:- Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo...
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para razonar mi voto.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ling Altamirano... En turno, el senador Alger León Moreno.
El C. Diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: nos trae a esta tribuna el cuestionamiento acerca del tener un embajador de México en la República de Singapur; es evidente que esto es punta de toda una estrategia para la inserción de México en la cuenca del Pacífico, en este sentido es el razonamiento que queremos hacer del tema que nos tiene en cuestión.
Evidentemente conocemos el curriculum del embajador, el cual nos parece de una competencia suficiente, pero no es problema de él solamente si es capaz o no es capaz para desempeñar este puesto, nosotros pensamos que tiene las suficientes aptitudes, pero dependiendo del lugar donde va a desempeñar estas aptitudes, resulta que no es solamente de cuestiones de tipo personal, es de política internacional y además de política geoeconómica; por lo tanto, queremos hacer los siguientes cuestionamientos acerca de nuestra relación por medio de esta embajada en la cuenca del Pacífico.
Se trata de tener mucho cuidado al insertar a México en esta cuenca, donde hay 24 países ribereños, y 23 isleños, en donde se ha dado a últimas fechas y por decir los últimos 20 años, el más rápido crecimiento que hay en el mundo; de tal manera que vamos a insertar a México en una dinámica económica, política, social, cultural, tecnológica y científica a ritmos que no estamos acostumbrados, y entonces queremos nosotros dar la voz de alerta, acerca de que podemos ser rebasados y se produzca lo que se conoce como la industrialización del subdesarrollo. La industrialización del subdesarrollo es muy peligrosa para el país, que teniendo la estructura financiera y económica como la que tenemos nosotros, puede producir en esta estructura con altos costos.
Veamos por ejemplo el tratar de industrializar el subdesarrollo metiéndonos a competidores, o socios de países altamente industrializados, el peligro que se corre es subordinar las exigencias de los países a las determinaciones de la concentración de capital al nivel mundial, de tal manera que se podrían tener condicionamientos de tipo económico que se reflejarían posiblemente como condicionamiento de tipo político para el desarrollo de los países; entonces, de la interrelación que existe entre la economía y la política, podemos pensar que podría, si no manejamos bien las cosas, ver amenazada nuestra soberanía política por condicionamiento de tipo financiero internacional.
El otro problema es que también la industrialización del subdesarrollo, el costo principalmente lo pagan los asalariados, porque se utilizan mecanismos diferentes para la contratación del trabajo y entonces muchas de las conquistas laborales que se han tenido a través de los organismos en México para los obreros, y digo organismos no solamente sindicales sino también de tipo jurídico en el cual podríamos ver amenazadas estas conquistas, ya que la dinámica de los salarios no depende de estas cuestiones sino depende de la productividad.
Vamos entonces a tener mucho cuidado con este tipo de inserción para que nuestros trabajadores no pierdan lo hasta aquí logrado, que si no es mucho, se podría perder. Insertar a México en este tipo de cosas, normalmente los países subdesarrollados en este juego económico financiero del primer mundo, digamos de primera división si habláramos de futbol o de peso completo si habláramos de box, evidentemente los costos ecológicos van por cuenta de los países subdesarrollados debido a que la producción y digamos la producción primaria, las industrias extractivas van por cuenta de los países subdesarrollados y los servicios financieros van por cuenta de los países desarrollados, estos servicios financieros no tienen costo ecológico sino la industrialización.
Además, debido a la dinámica y la inserción para poder aumentar la productividad, muchas veces se obliga a los países a reducir su recaudación fiscal, y en este sentido, estaríamos escamoteándole al gobierno de México posibilidades fiscales para poder resolver estos problemas del desarrollo de México, y entonces podríamos volver a caer en el cuestionamiento de ser clientes para poder contratar deudas nuevamente con mecanismos que ya hemos explorado y que nunca han sido ventajosos para México.
Independientemente de esto, el insertar a México en esta dinámica como los productores que se van a desarrollar en común, son de una alta tecnología y nosotros no tenemos ni siquiera en las plantas industriales la capacidad de absorber nuestros propios productos que haríamos en conjunto, evidentemente habría un subconsumo por parte de los nacionales, de los países subdesarrollados, para estos productos terminados que serían de superalta tecnología.
Por ejemplo, parte de los productos terminados serían los que se dan como soporte de computación y servicios que se llaman de talento, en el cual, nosotros podríamos comprar paquetes para poder utilizar estos servicios de talento, esta tecnología financiera de muy alto nivel, pero no tenemos la estructura financiera para poder absorber, desarrollar, aplicar y explotar este desarrollo de tal manera que estaríamos provocando un desarrollo más acelerado de los que ya van adelante y un subdesarrollo de los que ya entramos tarde al desarrollo en el mundo.
Además, tendríamos que cambiar la estructura de la banca en México, porque para poder insertar a México en la cuenca del Pacífico, existe lo que se llama la banca transfronteriza, el "off shore", de tal manera que los recursos financieros son no solamente de capital de un país sino de muchos países al mismo tiempo, de tal manera que podríamos tener problemas de tipo financiero al no
tener que ver más que con una sola institución pero que representa a muchos países, es decir, la concentración del capital transfronterizo en una sola institución financiera, puede hacer que pueda imponer sus condiciones en vez de haber diluido nuestra contratación con varias instituciones financieras.
La consultoría internacional, las opciones de mercancías y divisas nos pueden hacer dependientes, no quiere decir que esto sea necesario, pero que tenemos que ser muy cuidadosos en la inserción de México a un Estado de la cuenca del pacífico en donde el desarrollo es gigantesco.
Miren ustedes por ejemplo, quien va a ser nuestro socio los próximos años, es un país sumamente pequeño, 600 kilómetros cuadrados, hagan de cuenta ustedes que es un país como Tláhuac y Milpa Alta solamente, de este tamaño es el país en donde hay 3 millones de habitantes y no llega a esta cifra; sin embargo, este país que en realidad es una isla grande con varios islotes a su alrededor, es un Estado-ciudad-nación, de tal manera que ellos han desarrollado a partir de los años 60 un desarrollo tal, que el último año del cual se tiene memoria, que es el de 1988, su producto, su crecimiento del producto interno bruto, era a niveles y rapidez del 8% anual.
Si ustedes comparan el desarrollo que hemos tenido nosotros en el mismo tiempo histórico verán la diferencia, que además su inflación o sea su índice de precios al consumidor ha sido los últimos años alrededor del medio porciento o del 1% en promedio, se darán cuenta que nosotros tenemos una inflación en la primera quincena de enero, el triple que la de ellos; que además, su tasa de desempleo anda alrededor del 2.5% y nosotros rebasamos ampliamente esta cifra; que las tasas de interés bancarios son del 3.5% anual, siendo que nosotros tenemos índice de más de dos cifras; que las exportaciones crecen a una rapidez del 21% y sus importaciones a sólo el 19% anual, es decir, la brecha de estos países entre importaciones y exportaciones es superavitario para ellos, quiere decir que están concentrando en su balanza comercial recursos que deben provenir de países menos competentes que ellos.
Es por eso, que hacemos uso de la tribuna para hacer este llamado de atención de la inserción de México en la cuenca del Pacífico, con una cabeza de playa que es Singapur, y queremos decir acerca de esto, que no solamente nos preocupa el aspecto económico, que es lo que más nos hace destacar últimamente, sino que la misión de un embajador plenipotenciario no solamente es de índole económica sino también política.
Queremos pues decir, que nos debe de preocupar también de poner a México en el mapa de la cuenca del Pacífico, no solamente como un socio comercial en donde se pueden aportar materias primas o cosas por el estilo, sino que podemos aportar algo más que es nuestra tradición diplomática de muchos años; que podemos aportar nuestros principios de política internacional que están en nuestra Constitución y que además nosotros como partido político, queremos agregar a esto que nos parece bueno, los principios de orden internacional, de justicia social internacional y de la solidaridad internacional que significa no solamente tener acuerdos entre gobierno, sino también acuerdos entre los pueblos. Muchas Gracias, votaremos a favor.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Alger León Moreno.
El C. senador Alger Urke León Moreno: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Definitivamente, apoyando también el voto en favor del diputado Ling Altamirano, considero conveniente para nuestro país la presencia de una embajada, de un embajador plenipotenciario en este país, efectivamente un país pequeño, como ha señalado de modo entusiasta el diputado Ling Altamirano, con un índice de crecimiento y de desarrollo que nos ha maravillado a quienes formamos parte de la Comisión para atender al señor embajador Manuel Uribe Castañeda.
La política internacional de México se ha regido en forma ininterrumpida por principios y preceptos del más elevado orden ético, jurídico y además, en la búsqueda de esa práctica democrática y en la toma de decisiones dentro de esta comunidad internacional, independiente de nuestra solidaridad latinoamericana; la estrategia fundamental de esta política internacional, como ha señalado muy bien también el diputado Ling, es buscar y desear la prosperidad de nuestro país, esa política la concibo yo como una política activa, significa para mí no esperar a lo que le ha venido pasando frecuentemente a nuestro país, a esperar a que surjan acontecimientos, sino buscar adelantar iniciativas para aprovechar oportunidades que puedan consolidar nuestro proyecto de nación, y que estas iniciativas deben ser tanto políticas como económicas, como técnicas, financieras y también de carácter cultural.
Nos impresionó bastante, independientemente de la personalidad del señor Manuel Uribe Castañeda, nos impresionó bastante, repito, el entusiasmo, y de modo particular, uno de los puntos en que enfatizó más su presentación ante nuestra comisión, que era apoyar el desarrollo a
partir de una mejor inserción de México en el mundo; señaló claramente estrategias a seguir, tanto desde el punto de vista geográfico, lógicamente al referirse con amplitud de abundancia a la cuenca del Pacífico, y señaló el deseo de nuestro país a una mayor penetración en esta área, congruente con una política de diversificación y ampliación de nuestro comercio exterior, que así es, y qué bueno que vaya a ocurrir o que pudiera ocurrir, que propicie el acceso a tecnologías más útiles para nuestro desarrollo, y de acuerdo o en relación a la importancia creciente de esa región del Pacífico.
Singapur, efectivamente ha sido históricamente el centro comercial más importante, mucho antes de este último impulso a su desarrollo, históricamente ha sido el centro de desarrollo comercial más importante de la cuenca sur del Pacífico; tiene una gran importancia a pesar de lo pequeño geográficamente del país, tiene una gran importancia en su acción comercializadora, y se nos ha sugerido, y así lo he estimado yo, la posibilidad de que nuestro país, asociado bajo las normas y principios con que se ha manejado la política exterior mexicana, se asocie particularmente con algunos puntos de que nos pueden ser muy útilies, muy favorables a nuestro comercio exterior y a la relación de nuestra balanza de pagos, particularmente petroquímica, turismo y desarrollo de otro tipo de tecnología.
Y recordamos cómo se maneja actualmente la comercialización en el mundo, actualmente es vía computación, vía nuevas técnicas, aprovechando satélites y aprovechando la acción de los contactos, las cifras, los almacenes; se puede saber de productos, se puede saber al instante, y yo no veo más que desde este ángulo la posibilidad para nuestro país de una fructífera promoción a través de nuestra embajada en Singapur, una magnífica promoción para diversos productos manufacturados ya transformados, que se van dando en nuestro país.
El temor de promover un desarrollo más acelerado, bueno, considero que tenemos ya la capacidad y los técnicos necesarios para ir midiendo el desarrollo de nuestro país con la influencia de un centro comercializador como éste o un país de alto desarrollo como éste, puedan tener tanto en nuestra política exterior como en el desarrollo comercial de nuestro país a través pues, honorable audiencia, del documento y del nombramiento del señor embajador Manuel Uribe Castañeda; siento que la comisión en la que me tocó participar, y en nuestro país deberá de estar muy satisfecho con la futura gestión y la representación que con nuestro embajador Manuel Uribe Castañeda vamos a tener con este país, Singapur. Muchas gracias.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Esta a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor presidente.
El C. Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Manuel Uribe Castañeda, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Bulmaro Pacheco Moreno, diputado Humberto Roque Villanueva y diputado Jorge Alberto Ling Altamirano.
(La comisión cumple con su cometido.)
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El C. Presidente: - Ciudadano Manuel Uribe Castañeda, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Singapur, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bienestar y prosperidad de la Unión?
El C. Manuel Uribe Castañeda: - Sí, protesto.
El C. Presidente: - Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada acompañar al señor embajador cuando desee retirarse.
NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: A esta Comisión Permanente, ha sido turnado el acuerdo del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en virtud del cual ha designado como magistrados para integrar el Tribunal Fiscal de la Federación, a los señores
licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina y González y Trinidad Cuéllar Carrera.
De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, corresponde al Senado de la República aprobar o no dichos nombramientos, en la inteligencia de que durante los recesos del Congreso de la Unión, dicha facultad corresponde a la Comisión Permanente.
Turnada la proposición a la Tercera Comisión de esta honorable Comisión Permanente, es de producirse el siguiente
DICTAMEN
Después del estudio de los documentos relativos, se desprende que los tres profesionistas cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 4o. de la Ley Orgánica citada, toda vez que la licenciada María Sofía Sepúlveda Carmona se ha desempeñado de 1980 a 1990 como secretaria de Acuerdos de Sala Regional, Sala Superior y secretaria general de Acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación; la licenciada Aurora Cortina González ha impartido cursos de derecho fiscal en diversas instituciones y de 1983 a la fecha ha ocupado los cargos de secretaria Proyectista de la Sala Superior y directora de la Revista del Tribunal Fiscal; el licenciado Trinidad Cuéllar Carrera ha sido profesor de derecho fiscal y se ha desempeñado como abogado dictaminador, jefe de Oficina y subjefe de Departamento de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación de 1981 a 1983, posteriormente, ingresa como secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Regional Metropolitana y Secretario Proyectista de la Sala superior del Tribunal Fiscal de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión considera justificados los nombramientos efectuados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, y somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Con fundamento en el artículo 3o., último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se aprueban los nombramientos expedidos por el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los ciudadanos licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera, como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, a partir del 15 de enero de 1990.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1990. - Diputado Rogelio Montemayor Seguy, diputado Humberto Roque Villanueva, senador Eliseo Rangel Gaspar, diputado Pedro César Acosta Palomino, senadora Julieta Guevara Bautista, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Alvaro Salazar Lozano, senador Cristóbal Arias Solís, senador Justino Delgado Caloca.»
Están a discusión los puntos de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.
El C. Presidente: - Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera, cuyos nombramientos como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, acaban de ser aprobados por esta asamblea.
Para que los introduzcan a este salón y los acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: senadora Julieta Guevara Bautista, Diputado Mauricio Valdez Rodríguez y diputado Juan José Medrano Castillo.
(La comisión cumple su cometido.)
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El C. Presidente: - Ciudadanos licenciados María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los CC. María Sofía Sepúlveda Carmona, Aurora Cortina González y Trinidad Cuéllar Carrera: - Sí, protesto.
El C. Presidente: - Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada acompañar a los magistrados cuando deseen retirarse.
CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Clemente Robles Castillo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Clemente Robles Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Andrés Bello, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano embajador Sergio González Gálvez, subsecretario "A" de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Sergio González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Brasil.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado Miguel Montes García, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Arturo Armendáriz Delgado y senador Francisco Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación de éste y el anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga lo avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 24 votos a favor y tres abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 24 votos.
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en nombre de los grupos parlamentarios sobre Nicaragua.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Ciudadanos legisladores: La intervención militar norteamericana que aún persiste en la hermana República de Panamá, así como la
presencia de buques de guerra en el área de América del Sur y el Caribe, de los propios Estados Unidos, provocan una situación de inseguridad en el área latinoamericana y caribeña, si a ello sumamos el proceso, lamentable proceso de guerra civil que se da en el Salvador, la presencia de fuerzas mercenarias, con apoyo externo en Honduras, en Costa Rica e incluso en Honduras, traen como consecuencia una situación grave, de deterioro, de la sana convivencia y del cumplimiento de las normas del derecho internacional.
Por otra parte, con motivo del proceso electoral que se efectúa en Nicaragua, diversas fuerzas del exterior intervienen de una manera indebida; por ejemplo, de diversas instituciones, de los propios Estados Unidos, derivan hacia la unión de fuerzas opositoras una serie de cantidades en efectivo y en especie para apoyar las campañas políticas de los candidatos, del agrupamiento de partidos opositores denominada Unión Nicaragüense Opositora, cuya cabeza visible es la señora Violeta Chamorro.
Ha llegado a este país pues procedentes del exterior, de manera abierta, directa, apoyo financiero para las campañas políticas de la oposición, rebasa con mucho los 3 mil millones de dólares; es decir, una situación verdaderamente crítica y alarmante.
Por otro lado, diversos voceros del Departamento de Estado y lamentablemente el propio presidente George Bush han expresado que de no acatarse o cumplirse de manera legal y democrática los procesos electorales en Nicaragua, existe la posibilidad, la amenaza viable, de la intervención militar.
Por todas estas circunstancias que ponen en entredicho la seguridad internacional y los principios sagrados de autodeterminación, de no intervención, de proscripción del uso de la fuerza; que vulneran la soberanía y la independencia de nuestros países latinoamericanos y consecuentes con los postulados, con los principios de política exterior que presiden la acción política de México en el exterior y a efecto de preservar nuestra propia seguridad nacional, de preservar nuestra propia soberanía y nuestra propia Independencia como República Soberana, en el interés propio de México, me permito proponer a esta soberanía, en nombre de los diversos grupos parlamentarios que integran esta Comisión Permanente, un punto de acuerdo que por su importancia, por su relieve, solicito atentamente de la Presidencia, que en términos reglamentarios se le considere de obvia y urgente resolución. Y el texto del punto de acuerdo sería el siguiente:
«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México, consecuente con los principios que norman y orientan la política exterior de los Estados Unidos Mexicanos, contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política de la República y, por otra parte, dada la situación de inseguridad internacional que priva en el área centroamericana por la presencia indebida de las tropas de ocupación de Estados Unidos de América en el territorio de la República de Panamá, así como las constantes amenazas de intervención militar en los asuntos internos de la exclusiva competencia del pueblo y el gobierno de la República de Nicaragua resuelve el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Demanda el respeto irrestricto a la soberanía y autodeterminación de la República de Nicaragua. Rechaza toda intervención en el proceso electoral de ese país que culminará el 25 de febrero de 1990, y condena todo acto que vulnere los principios de autodeterminación, soberanía e independencia de los países latinoamericanos y caribeños.
Segundo. Solicita al Parlamento Latinoamericano que ratifique su posición en defensa de la soberanía y autodeterminación del pueblo nicaragüense, y condene todo acto de intromisión, agresión o intervención en asuntos que competen a la exclusiva soberanía de Nicaragua, con motivo del propio proceso electoral en ese país.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1990.
Y signan los ciudadanos senadores; Humberto Lugo Gil, Blanca Esponda de Torres, Cristóbal Arias Solís, y los ciudadanos diputados: Miguel Montes García, José Trinidad Lanz Cárdenas, Pablo Gómez Alvarez, Leonel Godoy Rangel, Juan Jaime Hernández, Jesús Antonio Carlos Hernández, Alberto Ling Altamirano y Juan José Medrano Castillo.»
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): - Para dar un punto de vista sobre este asunto.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ling Altamirano.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Señor Presidente; honorable asamblea: Nosotros queremos mencionar algunos aspectos acerca de este documento que nos parece que es de convergencia, de confluencia de opiniones, aunque procedente de distintos caminos.
Nosotros, los del Partido Acción Nacional, estamos en contra de lo que están haciendo potencias extranjeras en el proceso electoral de Nicaragua. Pero no queremos prejuzgar a ninguno de los contendientes en esta lid electoral, porque precisamente sería hacer lo que estamos tratando de condenar, que es prejuzgar, intervenir juzgando a cualquiera de los bandos. Esto es asunto exclusivamente de los nicaragüenses.
Pero en lo que sí estamos de acuerdo, es en que no se puede permitir la presión de países extranjeros en los procesos electorales. Pero casi siempre mencionamos el primero de los "principios", en materia de la política internacional de la Constitución, que es "que debemos de luchar por la autodeterminación de los pueblos". Esto es evidente.
Pero si recorremos más nuestra mirada en la lista de principios, vemos que prácticamente todos son aplicables en este caso. De tal manera que, no solamente es por la autodeterminación de los pueblos, sino por los demás principios que voy a mencionar, por lo que nosotros queremos firmar dicho documento.
Primero. Queremos que exista la autodeterminación de los pueblos. Esto es cierto. El proceso para elegir los gobernantes del estado nicaragüense de la República de Nicaragua, es competencia exclusiva de los nicaragüenses.
Segundo. El principio de no intervención, con lo cual nosotros no podemos decidir, ni hacer, ni declarar exclusivamente acerca del proceso interno, sino tratar de despejar el campo para que desde el exterior no se interfiera en dicho proceso.
Tercero. La solución pacífica de las controversias. Que si Estados Unidos y Nicaragua, en este caso una es la potencia que está amenazante y la otra es la potencia o el país amenazado, que se sienten a dialogar, hay foros suficientes para dirimir las diferencias que pudieran existir entre ambos.
La proscripción, dice el cuarto, de la amenaza o el uso de la fuerza, esperemos que jamás se vuelva a utilizar la fuerza, pero tenemos que denunciar también el uso de la amenaza para inclinar, en un sentido o en otro, las decisiones de un pueblo; es decir, nosotros haríamos votos para que los encargados del proceso electoral de Nicaragua, fuesen lo suficientemente sensibles para no provocar al ogro y más intervenciones; que no vayan a cometer las torpezas que países o que gobiernos han hecho en el pasado, de tal manera que provoquen la injustificada presencia de fuerzas extranjeras en su país.
Decíamos que el proceso nicaragüense sea lo suficientemente limpio para que no exista duda de quien fue el triunfador. De tal manera que, siendo competencia de ellos, solamente podemos hacer votos en este sentido.
Existen pues, nosotros queremos decir que Centroamérica no es solamente Nicaragua, que queremos nosotros, allí donde existan conflictos, tratar de ayudar a que se resuelva esto. Volvemos a insistir que es por medio de la concertación y el diálogo como se pueden arreglar los conflictos, que donde haya violencia o injusticia en el istmo centroamericano, nosotros debemos de ayudar porque exista esta buena voluntad, este diálogo; insistimos en que se establezca la plena participación de todos los países en el Parlamento Centroamericano y Latinoamericano, para resolver los conflictos.
Es decir, lo que queremos mencionar finalmente, es que la democracia no se exporta. Dejemos libremente a los pueblos autodeterminarse, porque todos los pueblos latinoamericanos tenemos vocación democrática. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se considera la proposición de urgente resolución.
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente solución.
En consecuencia, está a discusión la proposición.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Aprobada señor Presidente.
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo
parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Ciudadano Presidente: ciudadanos legisladores: Afflicto non est addenda affictio. "No se debe añadir aflicción al afligido."
He recibido del señor diputado Erasmo López Villareal, un comunicado sobre el problema de las vías muertas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el cual dice así:
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana de esta LIV Legislatura, el 10 de agosto de 1989, dirigieron al señor licenciado Andrés Caso Lombardo, secretario de Comunicaciones y Transportes, un comunicado urgente por el que se solicita su intervención a efecto de que las vías muertas que se encuentran instaladas en la calzada Emilio Carranza en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sean retiradas en forma definitiva y suspendido el uso de los 2 mil metros de vías que se encuentran sobre la referida calzada.
Para fundar estas peticiones, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, apuntamos los siguientes
ANTECEDENTES
1o. Que en 1972 las empresa paraestatal de Ferrocarriles Nacionales de México reubicaron sus instalaciones ferroviarias en la ciudad de Saltillo, Coahuila, instalándolas al poniente de la ciudad. Al efecto quedaron 2 mil metros de vía muerta, con dos aparentes espuelas que prestan precarios servicios a las industrias denominadas, "La Colmena" y "El Fénix". Por la inutilidad de las mismas, desde entonces tanto autoridades como el pueblo se han manifestado por el retiro definitivo de las referidas vías, mismas que se encuentran en pleno corazón de la ciudad, en una longitud de 2 mil metros.
2o. Que los 2 mil metros de vías en su tiempo prestaron servicio a las empresas "Harinera la Colmena" y el molino "El Fénix", cuyo uso en este año muestra su inutilidad, puesto que sólo ha salido un furgón de salvadillo, y es público y notorio que tales negocios, satisfacen sus demandas de transporte de carga y descarga, mediante el uso de camiones Thornton y trailers, lo cual constituye el uso en escala mayor del transporte carretero.
3o. El ingeniero Eufrasio Sandoval Rodríguez, quien fuera gerente general de Ferrocarriles de México, en su oportunidad y en su época se construyó un nuevo trazo de vías, que va de Saltillo a estación Benjamín Méndez. Con esto, se logró la construcción de una vía doble de 22 kilómetros de longitud, que se inicia en la estación "La Encantada", hasta los Almacenes Nacionales de Depósitos, pasando la estación de Saltillo; este nuevo trazo por lo liviano en arrastre de mayor tonelaje de los trenes que van hacia San Luis Potosí.
Todo lo anterior hace que la vía ubicada en la calzada Emilio Carranza, sea inútil, porque las operaciones que ahí se realizan por Ferrocarriles de México, además de perjudiciales resultan sumamente costosas para esa empresa que sólo recoge un furgón anual de la producción de los molinos, cuyas espuelas alimentan esa vía.
4o. A mayor abundamiento, desde la estación de Venegas, San Luis Potosí, hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los trenes se controlan mediante el sistema C.T.C., de tal manera que el transporte además de ser seguro, es ágil y barato, lo cual nos demuestra lo innecesario, inseguro y lento, así como en lo económico el encarecimiento que resulta el uso de esta vía como libramiento y desfogue en la calzada mencionada.
En consecuencia, los trastornos que sufre la ciudad de Saltillo con el uso de la vía en la calzada Emilio Carranza, son graves y peligrosos, amén que dejan incomunicados a importantes servicios hospitalarios como son, el de la Universidad, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como escuelas, iglesias y panteones.
Ante esta petición al señor secretario, cuyo apellido es una contradicción, puesto que nunca hace caso de los planteamientos razonados y razonables, debemos informar a esta soberanía, que el uso de la referida vía, ha originado innumerables accidentes en los niños, ancianos y jóvenes que han perdido la vida o han sido mutilados.
Quedan incomunicadas las escuelas preparatorias de la Universidad de Coahuila con más de 1 mil 500 alumnos, la secundaria del estado, Federico Berrueto, con 200 alumnos, el Instituto Valle Arizpe, con 1 mil 200 alumnos, la Normal del estado, con 500 alumnos, la secundaria federal No. 1, con 1 mil 200 alumnos, la primaria anexa a la normal, con 1 mil 600 alumnos, la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad, con 300 alumnos, el Colegio Roberts, con 1 mil alumnos; la Biblioteca Central Con más de 200 personas diarias; la escuela primaria del estado,
con 720 alumnos cuyos turnos son: matutino, vespertino y nocturno. Por otra parte, el caos vehicular que origina el hecho de que en forma irresponsable quedan estacionados los trenes por varias horas del día, so pretexto de maniobras de carga y descarga, que como ya se afirmó, no existe.
La contaminación ambiental producida por el ruido de máquinas, movimientos de carros y silbatos que perjudican a los ciudadanos que viven por ese rumbo.
Como estas peticiones se han formulado en innumerables ocasiones, tanto el señor ingeniero Carlos Orozco Sosa, gerente de Ferrocarriles de México, así como el secretario del ramo e informado de las mismas al Presidente de la República, quien en forma verbal y categórica, el 19 de septiembre del año anterior, en la residencia de "Los Pinos", le manifestó a la Fracción Parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que tal problema tendría resolución inmediata, puesto que al día siguiente estaría en la ciudad de Saltillo, Coahuila donde giraría las instrucciones correspondientes a fin de beneficiar al pueblo de Saltillo.
El ingeniero Carlos Orozco Sosa, ha dado la publicidad con motivo de las instrucciones giradas por el Presidente de la República y en forma dolosa para el pueblo y gobierno de Saltillo que la solución consiste en, que se autorice a Ferrocarriles de México un presupuesto de miles de miles de millones de pesos, luego realizar una consulta con el pueblo de Saltillo, enseguida trazar la vía doble Monterrey-Guadalajara, que pasaría por detrás del cerro del pueblo, con lo que como en los cuentos de hadas, colorín, colorado esto se ha acabado y solucionado.
Lo anterior nos obliga a dudar de la rectitud y honestidad del licenciado Andrés Caso Lombardo en su calidad de secretario de Comunicaciones y Transportes y del señor ingeniero Carlos Orozco Sosa, director general de Ferrocarriles Nacionales de México, puesto que con su silencio, con sus evasivas dan a entender que están en contubernio con las empresas particulares tanto "La Colmena", como "El Fénix", y que ambos funcionarios reciben jugosas prebendas, para soslayar un problema de la magnitud que se ha presentando en perjuicio del pueblo de Saltillo.
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se apruebe por esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se cite con carácter urgente e inexcusable, al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Andrés Caso Lombardo, para que comparezca ante esta Comisión Permanente, a efecto de que informe a satisfacción del pueblo de Saltillo, el porqué no se han retirado las vías que se le han solicitado por inútiles y perjudiciales para la población, puesto que el costo de su retiro lo asumen el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con sus militantes, quienes pondrán la mano de obra como se le manifestó al Presidente de la República, al propio secretario Caso Lombardo y al director general de Ferrocarriles Nacionales de México, ingeniero Carlos Orozco Sosa.
Atentamente.
Diputados: Erasmo López Villareal, Oscar Mauro Ramírez Ayala y Juan Jaime Hernández.
En consecuencia, hago mío este pedimento en todas y cada una de sus partes, solicitando de esta Presidencia le de el trámite correspondiente, porque: Adiutor inopportunitatibus en tribulatione urbus Saltillo. "Ayudemos oportunamente en su tribulación a Saltillo."
Diputado Juan Jaime Hernández.- 31 de enero de 1990.»
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la Carta de Intención del gobierno mexicano al Fondo Monetario Internacional.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanos legisladores; ciudadanas legisladoras: Quisiera presentar en primer lugar, una propuesta de punto de acuerdo para que sea asumida por la Comisión Permanente del Congreso, que dice así:
"PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe a esta soberanía una copia de la carta
que según información pública del pasado 19 de enero, envió al director del Fondo Monetario Internacional con fecha de 15 de enero próximo pasado.
Se solicita, asimismo, envíe a esta Comisión Permanente los documentos anexos o complementarios a dicha carta en caso de que los hubiere.
México, Distrito Federal, enero 31 de 1990. - Senador Cristóbal Arias, diputados, Leonel Godoy y Pablo Gómez.»
Voy a entregar a la secretaría esta proposición y luego haré algunas consideraciones a este respecto.
Ciudadanos legisladores: la razón para presentar esta propuesta de parte de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, se desprende del mismo proyecto de punto de acuerdo. Según informaciones periodísticas que han sido ampliamente comentadas, por cierto, en editoriales y artículos en diversos periódicos y revistas, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, enviaron al Fondo Monetario Internacional recientemente una nueva Carta de Intención.
El Congreso no conoce oficialmente el contenido de la carta; nosotros como legisladores conocemos solamente lo que las agencias informativas han dicho a este respecto. Algunos medios informativos han señalado que la Carta de Intención ha sido complementada con un memorándum técnico. Menos aún, conocemos el contenido del memorándum.
Sería muy importante que el Congreso conociera estos documentos y sería, yo digo, que de extrema urgencia, porque habida cuenta de que según las informaciones periodísticas, la Carta de Intención fue enviada el 15 de enero aunque la opinión pública del país, a través de las noticias, se enteró apenas el 19, y todavía el Congreso no haya recibido una comunicación, alguna información para que se tome nota y se conozca por parte de los legisladores de ambas cámaras, el contenido de estos documentos, considero que el punto de acuerdo, pues es urgente y que amerita en realidad pues una discusión mayor para que se pueda conocer simplemente y en su momento los representantes populares puedan emitir si la tiene alguna opinión a este respecto. Hasta aquí las razones de la propuesta, que me parece, repito, algo completamente obvio, para que se pueda enviar a la Secretaría de Hacienda.
Quisiera advertir también que el informe de finanzas públicas que trimestralmente el Ejecutivo Federal entrega al Congreso, y en el informe sobre deuda interna y externa, sobre deuda total, no necesariamente tiene que tener un lugar, el contenido y el texto completo de la Carta de Intención, por lo cual se requiere de una petición de parte, que me parece además que va de acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso al solicitar algún documento oficial.
Repito, hasta aquí las consideraciones respecto de la propuesta de punto de acuerdo, pero quisiera hacer algunas otras consideraciones que no tiene que ver con el punto de acuerdo pero que tienen que ver con la Carta de Intención.
¿Qué cosa es una Carta de Intención? Es una pregunta que sería bueno que nosotros nos hiciéramos, porque debido a que se repiten ciertas prácticas, se empiezan a considerar como cuestiones normales. Nuestro país puede recurrir al fondo Monetario Internacional para obtener convenios de facilidad ampliada; es decir, para girar sobre recursos del fondo cantidades mayores a las que tienen derecho con el propósito de apoyar su balanza de pagos a través de una solicitud y de alguna negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Existen autoridades del Fondo Monetario Internacional que resuelven sobre las peticiones de los países para recurrir a convenios de facilidad ampliada. No voy a repetir aquí en la función básica del Fondo Monetario cómo se formó y cómo ha funcionado, porque me parece que todos lo conocemos.
Lo importante de la cuestión es que México tiene firmado un convenio con el Fondo Monetario Internacional y la cobertura es de cuatro años, tres años próximos y uno que ya pasó.
En estas circunstancias, el gobierno mexicano envía una nueva Carta de Intención al Fondo Monetario Internacional. La Carta de Intención pues es el conjunto de razones y decisiones que un gobierno tiene para recurrir a la facilidad ampliada del Fondo, formalmente se trata de un documento elaborado por el gobierno que solicita la facilidad ampliada. En la práctica no es así y todos lo sabemos.
En la práctica, la Carta de Intención se negocia entre los gobiernos de los países y el Fondo Monetario Internacional. Los enviados del Fondo Monetario van a esos países, vienen a México y discuten sin prensa, sin información, los asuntos de la economía nacional y van limando las diferencias. Cuando hay carta de intención, es por que ya han llegado a acuerdos, en los cuales el
Fondo, en numerosas ocasiones ha modificado planteamientos originales del gobierno mexicano y de muchos otros gobiernos del mundo que han recurrido al mecanismo de la facilidad ampliada mediante la Carta de Intención.
Ha habido en algunos momentos, países que han dicho que no quieren negociar nada con el Fondo, se han ido por su lado. Claro, ya sabemos que nuestros gobernantes siempre han dicho: "Vean el mal ejemplo de esos países que no han querido negociar con el Fondo porque les ha ido muy mal". Lo que se negocia es soberanía, ciudadanos legisladores, en pocas y resumidas cuentas, para ir directo y al grano del asunto; es decir, decisiones que corresponderían dentro de la estructura jurídica internacional, algo de manera completamente propia e indiscutible a los países, se tiene que negociar y que resolver en una mesa de discusiones con unos individuos representantes de una cosa llamada Fondo Monetario Internacional.
En efecto, nuestro país ha cedido soberanía por la vía de cartas de intención, en inumerables ocasiones ya. El hecho de que lo haya realizado varias veces, no quiere decir que no sea criticable esto; el hecho de que se produzca con frecuencia, no nos debe llevar a guardar silencio, a ver con indiferencia o acostumbrarnos a la operación de un mecanismo que disminuye la soberanía de los países y ha disminuido y disminuye la soberanía de México.
Aquí tenemos varios problemas. Primera pregunta que yo haría, para después tratar de buscarle alguna respuesta: ¿por qué fue necesario, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, una nueva Carta de Intención? Si nosotros tenemos un convenio que todavía tiene tres años por delante, ¿por que fue necesario? No se trata de un informe, no es el mecanismo de seguimiento de aplicación, es una carta, según se ha dicho por parte de los medios de comunicación, que fueron los que nos informaron sobre esta cuestión. ¿Por qué se requiere un ajuste a la Carta de Intención anterior?
Dice la carta que la renegociación de la deuda que en estos días, el 4 de febrero, dentro de unos días, deberá quedar, se dice, finiquitada, otorgará un alivio financiero al país con un promedio anual de cerca de 3 mil 800 millones de dólares, de ahora hasta 1994.
Dicen que dice la carta, que el gobierno ratifica su disposición a que el Fondo Monetario Internacional revise la instrumentación de la política económica de México durante 1990. Dicen que la carta informa también de la marcha de la economía en 1989, a la que califica de satisfactoria.
Presumen, dice, la carta, de que el superávit primario del sector público se incrementó del 6% del producto interno bruto, que era en 1988, al 8% en 1989.
Quisiera, por cierto, señalar que el señor Salinas dijo ayer en Europa que había habido una repatriación de capitales de 3 mil millones de dólares, con motivo de la nueva política económica, que de nueva no tiene nada, por cierto no se ha visto que realmente sea nueva, es la continuación de la misma política de la administración pasada, incluso en algunos aspectos bastante más dura.
Ahora bien, eso de andar presumiendo el aumento del superávit primario, en lugar de que diera pena pues es una cuestión realmente preocupante. La Cámara de Diputados, según la Constitución, es la que debe aprobar y controlar el ejercicio del presupuesto, el Congreso es el que debe hacer la Ley de Ingresos en sus dos cámaras; el superávit primario no es más que la parte que el gobierno federal deja de regresar a la sociedad de lo que le recoge a ella misma; quiere decir que el gobierno no cumple con sus funciones reales a las que está obligado constitucionalmente, porque el peso de la deuda externa y de la deuda interna lo llevan a tener que utilizar la mayor parte del gasto total del Estado en una actividad que no es regresar al conjunto de la sociedad mediante un sistema redistributivo los recursos que ha recogido de esa misma sociedad.
Resulta aquí que este superávit primario debería ser una vergüenza, el Estado no puede tener superávit pero tiene un superávit primario que está determinado por el que los recursos que capta le sobran para atender todo el gasto del sector público, excepto deuda, ésa es la cuestión, o sea que si hiciéramos abstracción de la existencia de la deuda del Estado aumentaría inmensamente su capacidad de inversión, de gastos corriente, etcétera, de lo que se presume de ir aumentando el superávit primario pues no es más que estar confesando que se están utilizando mayores recursos de los que ingresan a la Federación para el pago de la deuda. Eso es lo que se está haciendo con esta actitud presumida de los dirigentes de la política económica del gobierno.
Dicen que dice la carta, que el gobierno va a continuar con la misma línea de estabilización de la economía, y está, dicen que dice la carta, en la mejor disposición de tomar medidas adicionales si las circunstancias así lo demandasen, y aquí quisiera entrar entonces a un segundo punto para tratar de buscar algunas respuestas: ¿de por qué se hizo una nueva Carta de Intención? algunas personas consideran que la nueva Carta de Intención forma parte del mecanismo final que
llevará a la firma de los acuerdos de reestructuración de la deuda, que se piensa se llevará a cabo el 4 de febrero. Se piensa que la Carta de Intención era una especie como de condición de última hora, según algunos comentaristas, para que se definieran por parte del gobierno mexicano algunos puntos no suficientemente claros a juicio del Fondo Monetario Internacional, para culminar con ese proceso de renegociación de la deuda.
Algunos consideran que no se trata de un documento de rutina, sino más bien de un documento de emergencia, que se explica, para algunos analistas, en las fallas del ajuste económico de 1989. Otros opinan que la nueva carta responde al nerviosismo de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que quieren mayor seguridad y seriedad en las metas prometidas por el gobierno mexicano. O sea que se admite, de alguna forma, veladamente, que existe una autoridad que puede estar o que está por encima de las autoridades del país.
Así, consideran algunos otros, el gobierno se ve obligado a garantizar la puesta en práctica de medidas adicionales, en caso de que sea necesario para cumplir con los llamados "candados" del Fondo Monetario Internacional y con las condiciones que se le han impuesto al país.
Estas medidas adicionales, en opinión de algunos analistas, podrían ser de mayor austeridad e incluso correcciones al tipo de cambio. Querían saber con toda precisión hasta dónde el gobierno puede caminar en esta dirección.
Bien, el gobierno puede decidir llevar a cabo un esquema de mayor austeridad e incluso ajustar bruscamente el tipo de cambio, si fuera necesario y si lo considerara pertinente.
El punto aquí es que la declaración sobre el asunto está exigida o fue exigida por el Fondo Monetario Internacional, son dos cosas diferentes, la verdad es que algunas cosas no salieron como se esperaba. Ante la necesidad del incremento del gasto corriente respecto de lo programado en 1989, incremento que llegó al 10% y a un incremento del pago de los intereses por deuda externa e interna que llegó a un 20% se tuvo que reducir el gasto de inversión del gobierno federal en 1989 en un 15%, con el propósito de cumplir las ya mencionadas metas de superávit primario y déficit operacional del gobierno federal.
Pero reducción de la inversión pública, si bien ayudó de momento al cumplimiento de algunas metas que se habían propuesto, pues no deja de generar un problema que, andando el tiempo, se va a presentar. La disminución en las metas o el no haber alcanzado a las metas de inversión pública, van a generar problemas, aunque no en los primeros meses de este año, sí dentro de unos meses más, incluso se van a proyectar a los años por seguir.
De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en 1989 se presentaron, estoy citando aquí un texto, "considerables excesos en las erogaciones respecto de lo programado", que se explican principalmente por el incremento del servicio de la deuda externa e interna. En pocas palabras, las tasas de interés internas no se comportaron de acuerdo con lo que se había previsto por parte del gobierno.
Algunos analistas consideran que ha habido un fracaso importante de la política económica y de las metas de la política económica de 1989, y que por lo tanto han sido necesarios estos ajustes, y probablemente sean necesarios ajustes adicionales.
Bueno, en primer término tenemos que hubo un déficit en cuenta corriente mayor del que se pensó, pero mayor en un 15.8%. Hubo un déficit comercial en 1989 superior al estimado por este año, pero superior en 112.9%. O sea, que nuestro déficit comercial pasó de 190.8 millones de dólares a 616.2 millones de dólares.
En consecuencia, dicen algunos especialistas que escriben en algunas revistas del país, "el Fondo Monetario Internacional, exigió un nuevo memorándum técnico", respecto del ajuste que requieren las metas que se había propuesto el gobierno federal.
Yo creo, señores diputados, senadoras y senadores, que una Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, es probablemente más importante que algunos "tratados internacionales". Hay tratados internacionales cuyo espíritu, cuya esencia está incorporada ya a las leyes del país, y que no afectan significativamente, digamos, la marcha de México, ni hay que hacer demasiados cambios una vez que se firmen. Pero las cartas de intención son más importantes, por lo general.
Todos los tratados deben ser aprobados por el Senado, las cartas de intención no. Hay cartas de intención, señores legisladores, que cambian el presupuesto nacional, lo modifican; y la Cámara de Diputados no tiene nada que ver con las firmas de las famosas "cartas de intención". Hay cartas de intención que pueden traer consecuencias muy fuertes, como en este caso: una devaluación más fuerte, unos recortes presupuestales, una
disminución de la inversión pública, una serie de consecuencias, y el Congreso no tiene, aparentemente, nada que ver con la firma de esas cartas de intención, que son producto de las negociaciones entre las autoridades mexicanas y una entidad internacional, pero que está en muchos países del mundo y que mete la nariz, pues ahí donde se le permite ¿verdad?; como en el caso de México, pues se le ha permitido, la ha metido y creo que hasta de más.
Nos preocupa mucho esto de las medidas adicionales. ¿De qué se trata? Se nos había dicho desde 1988, que 1989 iba a ser un año de transición, pero parece que la transición va a continuar durante 1990; sería bueno que también se nos explicarán esas cosas.
Austeridad y sacrificio, para los que menos tienen, desde luego, se ha exigido de manera insistente y permanente en los últimos siete años. Ahora se está diciendo que tal sacrificio y austeridad van a ser superados pronto, pero este pronto es un decir, porque tal superación no llega. Desde luego que estamos muy interesados en saber por qué ocurre tal cosa y averiguar si en efecto, podría el país superar ya ese esquema de austeridad y de sacrificio.
Por tales motivos, esto amerita una discusión, en primer lugar una reflexión y también una discusión a fondo. En un país democrático y en los países democráticos en general, el gobierno no puede tomar decisiones importantes sin consultar con el Congreso, de ningún aspecto, porque el Congreso tiene la fuerza de hacer leyes y puede tomar una serie de decisiones legislativas para impedir de alguna forma, que el gobierno haga lo que el Congreso no quiere que haga. Pero para hacer eso, lo primero que se necesita es que el Congreso sepa lo que está haciendo el Ejecutivo y discuta lo que el Ejecutivo esta haciendo. Hay por ejemplo, algunos diputados que dicen que aquí en la Comisión Permanente hay una serie de temas, que como no están en el listado constitucional, no deberían discutirse; pues un Congreso que no discute no puede llegar a nada; en este momento las cámaras están en receso y la única forma de discutir, el único camino de discutir en un organismo de rango Constitucional del Congreso, es la Comisión Permanente.
Yo quisiera que se organizara en la Comisión Permanente, y ésa es una propuesta que no, desde luego, la hago por escrito sino la hago en términos políticos a los distintos grupos parlamentarios que están aquí representados, se organizara aquí en la Comisión Permanente, habida cuenta del rango constitucional de este organismo del Congreso, un debate sobre el curso de la situación económica, sobre lo que el gobierno está haciendo y sobre lo que opinan los legisladores.
Pero además sugeriría, y esto tiene algo que ver con la propuesta que al principio presenté, que tuviéramos toda la información, hasta en sus detalles. Y además, pues yo no creo que sería malo que el gobierno se acostumbrara a informar de todo a los representantes populares. Yo sé que como no tiene esa costumbre, pues le costaría algún trabajo, pero siempre tiene que haber un principio; hay gobiernos en los cuales se ha generado el instinto ya, de estar informando permanentemente a los legisladores, con el propósito de que éstos puedan participar en discusiones informadas. La discusión informada es normalmente una condición del debate democrático.
Yo ahora, lo que he hecho, es comentar algunas de las cuestiones que dicen analistas, comentaristas y estudiosos, que andan buscándole la pista a la razón por la cual el gobierno mexicano firmó una nueva Carta de Intención, y posiblemente un nuevo memorándum técnico, adjunto a la Carta de Intención, con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Roque Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Humberto Roque Villanueva:- Señor Presidente; honorable asamblea: Sin prejuzgar sobre la bondad de la solicitud aquí propuesta y que desde luego tendrá que decidir esta soberanía y la Presidencia en los términos del turno que le dé al punto, sí quiero referirme a alguno de los temas de política económica, a que hiciera referencia el ciudadano diputado Pablo Gómez; él se preguntaba y no es un mal método de trabajo y de metodología de investigación, se pregunta qué es una Carta de Intención y de ahí sugiere un tema que evidentemente es controvertido al relacionarlo con la soberanía.
Dice él que no hizo antecedente mayor sobre el origen del Fondo Monetario Internacional y el por qué los países recurren a él y de hecho por qué existen los convenios de facilidad ampliada. Sin que yo tampoco vaya a hacer una referencia histórica mayor, sí es importante dejar claramente establecido que se participa en el Fondo Monetario Internacional por la simple y sencilla razón de que las relaciones económicas internacionales y particulares las que tienen que ver con la fijación de tipos de cambios, difícilmente se pueden decidir, si se quiere que tengan éxito, de manera unilateral por los países, puesto que el comercio internacional no se hace, salvo en el caso de
Estados Unidos de América y de países con monedas muy fuertes, con la moneda propia del país, sino que hay una moneda que sirve de intercambio, de medio de intercambio, en el comercio internacional.
De tal suerte que es prácticamente imposible, repito, que un país pueda unilateralmente decidir y éste es el punto, esto no significa pérdidas de soberanía, decidir cuáles son las normas y criterios que rigen precisamente la fijación de su tipo de cambio que, de pasada hay que reconocer también, tiene que ver con los flujos de comercio internacional con los flujos de capital, de tal suerte que no solamente es el Fondo Monetario Internacional sino son también la serie de instituciones o agencias internacionales, repito en la que participan la mayor parte de los países.
Entonces, volviéndonos a acotar la pregunta ¿qué es una Carta de Intención?, evidentemente es la formulación de una serie de medidas de política económica que el país, en este caso México, está exponiendo al Fondo Monetario Internacional. Que efectivamente hayan o existan mecanismos de consulta intermedios, ante la firma de una carta; que existan mecanismos de seguimiento, que en sí el tema económico obliga precisamente por su dinámica misma a estarlo permanentemente actualizando, es obvio, pero de esto a que estemos hablando de una pérdida de soberanía me parece que francamente no guarda una proporción con la realidad.
No sólo repito, porque el tema que se analiza en el Fondo Monetario Internacional implica la suma de las parcialidades, si es que los autores del derecho o quienes conocen de esto aceptaran esta expresión, las parcialidades de cierta soberanía para la conjunción de una soberanía internacional; esto repito lo señalo de manera colateral. Lo que sí debe quedarnos muy claro, es que cuando México realizó el convenio de facilidad ampliada, se hizo por tres años. Y efectivamente esto incluso es un motivo, no vamos a hablar aquí de orgullos, y de reproches o de penas, pero sí yo creo que fue un magnífico esfuerzo el lograr que el Fondo Monetario Internacional aceptara como los términos del marco de política económica de este convenio de facilidad ampliada, precisamente el programa económico del gobierno de la República.
Esto es, no hubo tales limitaciones señaladas por el exterior, sino la franca y clara expresión del gobierno mexicano sobre cuál habría de ser su política económica y que desde luego se había manifestado previamente y en forma pública, en el propio interior del país. Pero esto nos lleva también al tema de qué sucede con estas cartas de intención, con el Convenio de Facilidad Ampliada como tal, y, lo que en mi opinión constituye, y desde luego se utiliza el término genérico de carta, pero yo pondría alguna duda sobre si es de intención. Yo creo que esta carta que dirige el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el director de Banco de México, es precisamente la solicitud de aprobación del segundo año de este convenio de facilidad ampliada.
Entiendo pues, que puede haber diferencia semántica y que en los medios de comunicación esto coloquialmente o para efectos publicitarios, se conoce como "carta de intención". Yo me permito señalar aquí mi opinión de que de lo que se trata es de la solicitud de aprobación de lo que corresponde al segundo año de este convenio de facilidad ampliada.
Y sucede que precisamente decíamos que valdría la pena averiguar sin en los términos de esta carta o de esta solicitud o de esta expresión informativa, existe algo que contradiga cualquiera de dos cosas: o el principio de soberanía, que es el que se pensó pudiera estar cuestionado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, o si hay cambios a la política económica y particularmente a los criterios generales de política económica que fundamentaron la aprobación por parte del Congreso, de la Ley de Ingresos, y por parte de la Cámara de Diputados, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1990.
Y definitivamente no existe contradicción alguna. Los elementos de los criterios generales de política económica son los mismos que aparecen expresados en esta carta, sobre cuál será la evolución y el comportamiento de la balanza de pagos, del tipo de cambio, de la balanza comercial, que entre paréntesis, a propósito de balanza comercial, aquí hemos escuchado que no ha sido del todo bonancible el desarrollo de esta balanza comercial.
Efectivamente, no estamos o no estuvimos en el año de 1989, en los mismos términos superavitarios que en el año de 1988. Pero esta reducción no significa que estuviéramos ya en el caso de déficit comercial. Hasta donde da la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para el tercer trimestre del año de 1989, que es la información más confiable, aún subsiste un superávit pequeño ciertamente, pero superávit para el año de 1989.
Se refiere también el ciudadano diputado, a que el gobierno de México señala al superávit primario como una cuestión que debe motivar orgullo y hace una reflexión que creo que vale la pena comentar: él señala que la existencia de un
superávit primario está implicado que no estamos regresándole a la sociedad lo que le hemos recabado por la vía impositiva o de las tarifas de los servicios públicos o de la venta de los productos y servicios de las empresas del Estado, y que por tanto es una especie de contradicción de la política económica presumir lo que en el fondo afecta socialmente a los grupos mayoritarios de la población.
Ciertamente no es ése el enfoque que yo consideraría oportuno en materia de finanzas públicas. Recuérdese que se empezó a utilizar el término "déficit primario" para, precisamente, poder demostrar a los organismos internacionales que se estaba haciendo un ejercicio legítimo e importante de reestructuración y de saneamiento de las finanzas públicas, y que si no se separaba el concepto de "déficit o superávit primario", efectivamente ya lo señaló el diputado Gómez, tiene que ver con los ingresos captados y los egresos en materia de gasto directo, no contemplada la deuda o pago de interés, efectivamente al ser éste el superávit o déficit primario, para México, para esta soberanía y para todo el mundo que esté interesado en el tema, es importante saber que lo que nos vuelve deficitarios en los términos del presupuesto, es la parte que se paga de la deuda pública interna y externa.
Pero ésta no es una distinción ni que motive orgullo ni que motive reproche, es una reflexión que motiva análisis y que explica perfectamente a quienes lo deseen saber, que el esfuerzo que se ha hecho en materia de finanzas públicas, es cierto, es efectivo, es importante y es indispensable, y yo creo que aquí está el fondo de la cuestión.
Yo me atrevería, y en ello le tomo la palabra al diputado Gómez, de que efectivamente esta Comisión Permanente de ninguna manera tiene por qué estar ausente o marginada de la discusión económica, y que el análisis de esta política conlleva desde luego decisiones, en su momento, de cada una de las cámaras o del Congreso general, que son importantes y, que por lo tanto, no podemos hacer una discusión o un debate poco informado o peor aún, un debate prácticamente ausente.
Y por ello, insisto, en la pertinencia del ajuste de las finanzas públicas que ahora nos dan precisamente ese superávit primario. Y abundó en el tema, señalando lo siguiente: si no fuera porque un país se propone lograr este superávit, estaríamos hablando que además del pago de los propios intereses, tendríamos que estar solicitando constantemente más endeudamiento para poder pagar ahora, también lo que sería el déficit primario.
Esto es, sí hemos logrado un avance en la escala de la apreciación de los indicadores de las finanzas públicas, porque si ciertamente todavía tenemos problemas de endeudamiento, obviamente atenuados en lo externo y también en lo interno, gracias a la reducción de las tasas internas de interés, no podemos negar que efectivamente una parte importante del presupuesto se sigue dedicando al pago de ambas deudas.
Pero, repito ya exclusivamente en ése, es el terreno en el que somos deficitarios en materia de finanzas públicas, ya no lo somos para poder pagar nuestro propio gasto corriente o de inversión. Y por cierto, aquí cabría otra reflexión, desde el momento en que estamos de acuerdo en que es importante incrementar las cantidades que tienen que ver con la inversión física, para finalmente poder mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, también tendremos que estar de acuerdo, en cierta medida y magnitud, de que es necesario seguir teniendo una deuda pública.
Por lo que se refiere a las fechas y a lo que pudiera interpretarse como una perspicacia, como una desconfianza, no solamente de quien hizo uso de la tribuna, sino legítimamente de cualquiera que quiera analizar el tema económico mexicano, sobre si estamos revisando con cierta precipitación la política económica y expresándola en esta carta de solicitud de autorización o de intención, según algunos le quieran llamar, yo diría que casualmente lo que está aconteciendo es simple y sencillamente el seguimiento de la mecánica que ha tenido todo este tipo de documentos; esto es, que antes de febrero del año en que tiene que darse vigencia a la parte correspondiente del Convenio de Facilidad Ampliada, pues tiene que volverse a actualizar o manifestarse cuáles son los elementos de política económica que dan sustento a la solicitud de autorización.
Y a propósito de autorizaciones, aquí también confieso que no es mi fuerte la parte jurídica, pero hasta donde yo entiendo, cuando el Congreso de la Unión o particularmente la Cámara de Senadores, hubo de manifestar fundamentalmente su aquiescencia o su aprobación para que estemos participando y tengamos este tipo de elementos programáticos con el Fondo Monetario Internacional, tuvo que ser en el momento en que México solicitó su incorporación al Fondo Monetario Internacional y de esta manera lo que solicitó es precisamente la participación en el órgano internacional lo que está sujeto a estas disposiciones y lo demás, en mi opinión, tiene que ver con la mecánica de seguimiento y de participación en el propio organismo internacional.
De tal suerte que sin negar, repito, que nos es útil contar con la información, de ninguna manera
considerar menor el elemento que tiene que ver con que tengamos una discusión más informada, un debate sobre política económica en esta Comisión Permanente, definitivamente pues considero que estas opiniones de un servidor tendrán que servir para puntualizar lo que en su momento se consideró definitivamente como duda sobre lo que es una Carta de Intención, sobre la afirmación de que es pérdida de soberanía, sobre lo que pudiera ser orgullo o reproche sobre el superávit primario y sobre lo que fundamentalmente tenemos que ver nosotros, como legisladores, en relación a esta cuestión del Fondo Monetario Internacional.
Muchas gracias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Pido la palabra, para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - El diputado que me antecedió en la palabra que estoy seguro que es el diputado Humberto Roque Villanueva, me dio la impresión de que quería dejar resuelto un tema que yo toqué colateralmente en el sentido de que habida cuenta de que las relaciones del gobierno mexicano con el Fondo Monetario Internacional con frecuencia modifican las disposiciones del Congreso, a pesar de ello el congreso no debe tener nada que ver con estas cartas de intención, porque según dice al Congreso le correspondió sencillamente emitir el decreto mediante el cual México ingresó al Fondo Monetario Internacional, y que una vez ingresado México al Fondo Monetario Internacional, bueno, pues las normas y las disposiciones internas del Fondo Monetario Internacional se habrán de cumplir o no pero ya el gobierno maneja eso.
Yo no estoy de acuerdo con esta idea, porque en efecto la autorización para que México ingresara al Fondo Monetario Internacional, pues debió de haber correspondido al Congreso, probablemente al Senado. Pero el que el gobierno mexicano llegue a un acuerdo con un organismo internacional que afecta otros decretos como es el del presupuesto, como es el de la Ley de Ingresos, etcétera, del gobierno federal, pues si corresponde enteramente al Congreso, son asuntos de la competencia del Congreso.
Yo diría que todo el manejo de la política económica en el fondo es de la competencia del Congreso, porque todas las decisiones de política económica se expresan en el presupuesto, se expresan en la Ley de Ingresos, en la aplicación de una u otra forma incluso de las leyes fiscales y de otro tipo de instrumentos.
Ahora bien, nosotros no estamos en contra de que México pertenezca al Fondo Monetario Internacional, la discusión es sobre la política que el gobierno mexicano aplica en el Fondo Monetario Internacional y las relaciones con este organismo.
Dice el diputado Roque Villanueva que la carta de intención no es de intención. Bueno, eso sería bueno que lo aclarara el Secretario de Hacienda y Crédito Público, porque hasta donde yo sé, el diputado Roque Villanueva no tiene ningún puesto en el Ejecutivo. Debería ser el Secretario de Hacienda y Crédito Público el que nos explicara cuál es la naturaleza de las cartas, de las cartas que envía al Fondo Monetario Internacional; desde luego él puede enviar toda clase de cartas a donde quiera, pero no aquellas que traen el aval oficial ¿no?, o compromete la política del país, estoy hablando de estas cartas.
Tampoco se trata de las cartas de intención que dice el Partido Acción Nacional que firmaron con él en materia electoral y que ahora se dice que no existen, o que hicieron o que hablaron. Por cierto, las cartas de intención se firman, si no se firman. No hay cartas verbales, ésos son decires, pero no, no se trata tampoco de una cosa de éstas.
En efecto, hay un documento, no sabemos exactamente si es una Carta de Intención, como dice la Prensa o es como dice el diputado Roque Villanueva, una carta a secas, pero la carta la hay, parece ser que sí. No la conocemos, es muy difícil discutir un documento que se conoce solamente por referencias en la Prensa, es muy complicado.
Yo diría que si se informa de la evolución de la situación económica del país al Fondo Monetario Internacional, no estaría por demás que también se le informara al Congreso.
No estoy de acuerdo con lo que me está, la señal que me está haciendo aquí el diputado Montemayor, de que todo está en el librito ése que se llama Lineamientos, me parece, ¿se llama Lineamientos de Política Económica? Criterios, perdón, Criterios de Política Económica, por varias razones. Porque no nos consta que sea lo mismo y segundo, porque ese librito de criterios, no fue aprobado por el Congreso.
Y Salinas dijo en relación con el mismo librito de 1988, lo dijo en el informe de Bellas Artes, que el Congreso había aprobado los Criterios de Política Económica en el año de 1988, lo cual es completamente falso porque no se hizo una aprobación de los Criterios de Política Económica, sino solamente de la Ley de Ingresos y del Presupuesto. No son exactamente la misma cosa.
Eso nunca se ha puesto a consideración, es un documento, digamos, que el Ejecutivo envía para que se tenga una visión global de lo que está planteando, pero expresamente se aprueban otras cosas.
Por último, la cuestión del superávit primario. Según datos preliminares, el superávit primario de 1989, aumentó de seis puntos porcentuales del producto interno bruto, a ocho puntos porcentuales del producto interno bruto. ¿Qué quiere decir esto? Puede decir varias cosas. Que la carga de la deuda aumentó, ésa es una posibilidad, o que el producto bajó, o que ocurrieron las dos cosas.
Puede querer decir que estamos nosotros también disminuyendo de alguna forma con los ingresos totales del gobierno federal, de tal manera hay una repercusión mayor en términos de puntos porcentuales del producto interno bruto, sobre la parte que no se utiliza propiamente en el presupuesto, sino en esa parte del presupuesto destinada a la deuda interna y externa.
Yo no creo que el gobierno federal no vea, esté analizando correctamente esta cuestión del superávit primario y de la modificación del superávit primario; a mí me parece que el aumento, si es que estas cifras son reales, yo las he tomado de los medios de información y de los que van y les preguntan a los funcionarios y a los que llevan ahí las estadísticas cómo están las cosas porque nosotros no hemos recibido información. Todavía nos falta un trimestre, el último trimestre del informe de finanzas, porque ellos, el gobierno federal tiene 45 días para entregar al Congreso los informes trimestrales, lo cual me parece muy excesivo, es demasiado tiempo.
Ahora bien, el hecho es de que hay algunas versiones que se refieren al incremento en términos de puntos porcentuales, que se refieren al incremento en términos de puntos porcentuales del superávit primario; o sea, estamos recibiendo informaciones aparentemente contradictorias unas con otras, en relación con la evolución de algunos indicadores; yo sugiero, todo esto lo dije para basar simplemente la posición, de que se requiera de la información más a tiempo y la más completa posible, para poder, con informaciones oficiales, poder abordar estos puntos.
Todas estas cifras y algunos otros razonamientos que di, siempre precisé que se trataba de opiniones de algunos observadores y analistas como observadores y analistas somos en este, momento nosotros, porque estamos absolutamente de observadores, mientras no tengamos la información clara, directa, de primera mano y oficial, pues tomamos o no determinadas versiones que se dicen.
Sobre las versiones oficiales hay que averiguar y hurgar más, porque la experiencia demuestra que no siempre han sido tan exactas como suponen sus autores. En todo caso, aceptado el planteamiento de que es necesario que aquí en la permanente se discutan estos puntos, yo entiendo que se acepta también que tengamos por lo menos en la mano la carta, sea o no de intención y el memorándum técnico si es que éste existe evidentemente.
El C. Presidente:- Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Rogelio Montemayor Seguy.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeros legisladores: He pedido hacer uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones en torno al tema que se ha estado comentando en esta parte de la sesión del día de hoy; me voy a referir a tres puntos.
Primero, lo que se ha mencionado sobre la carta, llámese de intención, o no, sobre el problema de la información y sobre la cuestión del superávit primario.
En relación a la carta, ¿cuáles son los hechos? Los hechos que aquí viene a comentar el diputado Pablo Gómez, es que en los medios se comentó sobre una nueva Carta de Intención; creo que es útil hacer la aclaración de que esta nueva Carta de Intención, como ya fue aclarado por el diputado Humberto Roque, no es ninguna nueva Carta de Intención, recordemos el convenio de facilidad ampliada que pactó México con el Fondo Monetario Internacional, es un programa de tres años, que tiene un horizonte de tres años, en el cual México va de acuerdo a las reglas que rigen la vida del Fondo y sus relaciones con los países miembros, reglas que fueron autorizadas de acuerdo a nuestras normas constitucionales y que cada vez que se modifican vuelven a requerir la aprobación del Senado de la República.
En este horizonte de tres años, cada año se hace una disposición de un crédito, o sea, en el fondo este convenio de facilidad ampliada es que México hace uso de los recursos del Fondo, que son los recursos que México ha aportado a esta institución, más los recursos de otros países. Cada año México hace uso de una parte de estos recursos.
Entonces el hecho es, el año pasado México en el mes de abril, después de que el Congreso, la Cámara en su ámbito de competencia y el Congreso en el propio, aprobaron los puntos fundamentales de la política económica para 1989, es decir un presupuesto de egresos, la Ley de Ingresos, como bien señaló el diputado Gómez, en base a esa
política económica México la plantea a este organismo y obtiene el apoyo de dicha organización y obtiene un crédito que se va a ejercer a lo largo de tres años. Una parte de ese crédito se ejerce el primer año, otra parte el segundo y otra parte el tercero.
La carta a la que se está haciendo referencia el día de hoy, está contemplada desde el año pasado, que simplemente actualiza cuales son las medidas de política económica que está adoptando el gobierno de la República, medidas también que en lo fundamental, en lo que se refiere a la política de gasto, en lo que se refiere a la política de ingresos, pues fueron autorizadas por la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, cada cual en su ámbito de competencia.
Esos son los hechos. No estamos, señor diputado Gómez, frente a una nueva carta, que está dando lugar a toda esta especulación: de que si el programa falló y por lo tanto hay que hacer una nueva carta.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Me permite una pregunta el orador?
El C. Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Con mucho gusto.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¡Toda la Prensa ha hablado de una Carta de Intención! ¡Usted cómo sabe que no es!
EL C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Bueno, señor diputado, voy al segundo tema, al problema de la información y a lo que usted señala de tener un debate informado. Yo creo que tiene usted razón, debemos tener un debate informado; pero esta información también es responsabilidad de uno obtenerla. Yo tengo esa carta, señor diputado; yo sí la conozco y por eso estoy hablando.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¡Yo no soy amigo de Aspe!
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Bueno, ése es su problema. Pero en todo caso lo que sí quiero señalar...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Quiero hacerle otra pregunta, señor diputado.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - No se la acepto. No, no se la acepto.
El C. Presidente: - Diputado Leonel Godoy, no la acepta el diputado. Continúe diputado.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy: - Se la voy a aceptar posteriormente, diputado Godoy, nada más permítame concluir.
Yo creo que es válida la preocupación de un debate informado. Pero yo creo que lo que no es válido es venir a hacer juicios, porque ya el diputado Gómez vino e hizo juicios aquí sobre una serie de cosas, antes de saber. Si el diputado Gómez no tiene información, es válido que esta representación solicite la información. Y yo aquí entro al segundo punto, el problema de la información, porque creo que se está haciendo toda una discusión sobre algo que quizá pues no es tanto problema, señor diputado Gómez.
Primer elemento: la información sobre la materia de la carta la conoce esta representación porque nos fue enviada en noviembre, las intenciones, la propuesta del Ejecutivo sobre presupuesto, la propuesta del Ejecutivo sobre leyes de ingresos y el documento de criterios de política, donde viene la intención sobre los demás instrumentos que debido al arreglo institucional y constitucional que priva en nuestro país, pues tiene una mecánica que no necesariamente requiere en cada caso la aprobación específica de esta Cámara.
Entonces estamos debidamente informados. Quiero también recordarle que las comisiones respectivas de la Cámara, de ambas cámaras, yo voy a hablar por la de Programación y Presupuesto, que es la que conozca de cerca, pues tiene la posibilidad de obtener a petición de cualquiera de sus miembros la información necesaria. Este proceso se llevó a cabo, todos los diputados que participaron en este proceso de análisis del presupuesto, quienes solicitaron la información, se solicitó y nunca hemos encontrado una negativa por parte del Ejecutivo para proporcionarnos la información que requerimos, cuando a juicio de los miembros de la comisión ésta no es suficiente la que envían tradicionalmente en los informes que usted señaló y la que se envió en noviembre, acompañando a las iniciativas respectivas.
Entonces no es un problema de falta de información.
Voy a hacer una consideración adicional sobre el superávit primario. Primero aclarar lo que esto significa, porque no sé si sea del conocimiento de todos el significado de este concepto.
Superávit primario, es un concepto que se desarrolló frente al problema que introducía la inflación en las cifras, cuando éstas se expresan en
valores nominales, porque se crea una distorsión frente a un proceso inflacionario, como el que ha vivido nuestro país en años pasados. Y significa la diferencia entre los ingresos y todos los gastos, excepto los pagos de interés. ¡Tan sencillo como esto!
Entonces, aquí el diputado Gómez viene a decirnos que debiera darnos vergüenza el que haya un superávit primario. Yo le voy a preguntar al diputado Gómez lo siguiente. O sea, si no hubiera superávit primario, si no fuera posible, ¿cómo se pagarían los intereses sobre la deuda? Porque no olvidemos que la deuda no es nada más con el exterior, hay una deuda importante con los mexicanos, porque el gobierno, además de obtener recursos por la vía de créditos de la economía mexicana, recursos de créditos de la economía recursos que pertenecen a los mexicanos. Si no hubiese ese superávit primario, yo quiero saber, ¿cómo se pagarían esos intereses?
Entonces, yo creo que sí es bueno que discutamos sobre eso, pero también que tengamos claros los conceptos.
Y voy a tocar un punto final: "el problema de la soberanía". Porque esto, quizá la discusión de fondo en este problema, tema que ya se ha discutido muchas veces, cada vez que hay alguna situación con el fondo monetario, surge esta discusión. Y la pregunta fundamental aquí es, ¿qué es la soberanía?
Yo no soy versado en estas cuestiones, para mí, tengo un concepto muy simple de soberanía, que es un poder que está por encima de los demás y que tiene jurisdicción sobre un territorio determinado y sobre un núcleo humano determinado.
Entonces, la pregunta yo la volteo. O sea, cuando alguien va a pedir dinero a un banco, el banco va a prestarle recursos..., recursos que obviamente no son de él, si no que son de alguien más, y en consecuencia, pues tiene que tener cierto cuidado en cómo presta esos recursos, y le pide una serie de información: ¿para qué lo vas a usar? Para ver si el proyecto pues tiene, a juicio de quien va a prestar el dinero, tiene alguna viabilidad o no.
Entonces, ¿alguien que va a un banco a pedir dinero prestado está comprometiendo su libertad? Yo creo que no. A final de cuentas es libertad de uno decidir si uno acepta las reglas de ese banco o no las acepta.
En el caso de un país en concepto similar, pues es de éste, de la soberanía, pues digo, si va uno a una institución de la cual uno es parte, la cual uno aporta recursos, tiene derecho a usar estos recursos, donde va y presenta decisiones que ya tomó, porque aquí se está mandando la carta en enero, señor diputado, donde se dice lo que ya está acordado por esta soberanía, en cuanto a presupuesto, en cuanto a Ley de Ingresos, y le dice ahora, más en este caso, cuando se trata de un convenio realizado desde el año pasado, simplemente ratificando la intención de usar los recursos que estaban previstos y estableciendo la actualización de cuales son las decisiones. Yo realmente no creo que haya aquí ninguna sesión de soberanía, realmente no lo creo; en tanto como si frente a los problemas, que son problemas nuevos, ¿verdad?, de la ecología, lo sabemos, en una relación con Estados Unidos de América, que tenemos una frontera común muy grande, pues hay situaciones que ellos hacen que nos afectan y cosas que hacemos que les afectan a ellos, y donde se reúnen en distintos mecanismos ambos gobiernos, para tratar estos asuntos comunes; pues el hecho de que estemos buscando solución a esos problemas, que se esté comprometiendo alguna soberanía, ¿verdad?, se me hace que es realmente llevar las cosas muy fuera de su contexto.
Y finalmente, yo creo que el debate sobre estas cuestiones tiene que darse, no porque la..., hay muchos mecanismos para darlos, las comisiones, las comisiones de las cámaras, de cada una de ellas, siguen trabajando, se están reuniendo. Yo creo que esta Comisión Permanente, que siendo un órgano establecido en la Constitución, pues eso no le da derecho a hacer cualquier cosa. A todos los órganos de gobierno que establece la Constitución, le fija muy claramente sus atribuciones. Y creo que la primera cosa que tenemos que hacer como representantes populares, como legisladores, es respetar la ley. Gracias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El C. Presidente: - ¿Dígame diputado?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Pido la palabra para responder a alusiones personales.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para alusiones personales.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Yo quisiera aclarar, se puede ver la versión estenográfica, que yo no he dicho que sea una vergüenza tener un superávit primario, sino andar presumiendo de que aumentó; eso fue lo que yo dije, a lo cual me contestó el diputado Roque Villanueva, que no se estaba haciendo, que no se presumía, que no se hacía alarde del aumento, me dice él. Yo digo que es una vergüenza que aumente
el superávit primario, y sí creo que sea una vergüenza, porque quiere decir...
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - ¿Señor Presidente me permite una pregunta?
El C. Presidente: - Diputado Pablo Gómez, ¿acepta una pregunta del diputado Montemayor?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí.
El C. Presidente: - Tiene la palabra diputado Montemayor.
El C. diputado Rogelio Montemayor Seguy (desde su curul): - ¿Cómo va a pagar usted la deuda interna diputado, si no hay superávit primario?
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Vuelvo a repetir, que yo no estoy suponiendo que no deba haber superávit primario, sino que no debe incrementarse, porque en la medida en que se incremente el superávit primario, en esa misma medida, la disponibilidad de recursos para gasto corriente de inversión, disminuye en relación con los ingresos totales del gobierno federal, y eso lo sabe usted o supongo que lo sabe. Entonces, en la medida en que aumenta ese superávit primario, en esa misma medida se están canalizando mayores recursos, no a la sociedad, sino hacia esa pequeña parte de individuos que son los acreedores del gobierno federal; así es.
Entonces, yo me pronuncié en contra del aumento del superávit primario, y yo creo que todo mundo debería pronunciarse de esa forma, y no diciendo que cómo se paga entonces la deuda; pues hay que pagar menos de deuda, ésa es la respuesta hay que luchar por pagar menos de deuda. Yo suponía que eso ya estaba asimilado por todas las fuerzas políticas.
Yo no he tocado aquí el punto, justamente de la deuda, porque este país, pero dicho sea de paso, esta país sigue siendo tributario del capital financiero internacional, después de la renegociación que se llevó a cabo y que se va a cristalizar dentro de unos días. Sigue existiendo una relación de tributación; seguimos teniendo un tremendo problema de transferencia neta de recursos; esos problema no se han resuelto, lo digo entre paréntesis.
Ahora bien, la otra cuestión, las otras dos cosas que se tocaron, una de ellas es en lo referente a la cuestión de la soberanía; cuando una persona va a un banco y el banco le exige una serie de requisitos, éste los cumple para que le presten para comprar una casa o para invertir en su negocio, no está cediendo ninguna soberanía porque este señor que va ahí no tiene ninguna, este señor no tiene soberanía, no ejerce soberanía de nada.
Otra cosa, cuando un país va al fondo monetario y para poder utilizar recursos adicionales a los que tiene derecho de acuerdo con las normas del fondo y hacer un Convenio de Facilidad Ampliado y le imponen una determinada condición los señores del fondo, está cediendo soberanía, porque el país sí tiene soberanía a diferencia de los particulares, ésa es la diferencia, pero es una diferencia bastante sustancial, yo no diría que es cualquier cosa; poner el ejemplo del que va a un banco a pedir dinero cuando se trata de un país, es por lo menos lamentable, yo creía que se había entendido y en efecto ya se ve que el diputado Montemayor tiene, como él mismo dijo, un criterio muy simple de la soberanía.
Y la otra cuestión de la competencia del Congreso; bueno pues yo creo estrictamente en términos constitucionales, yo creo, por cierto que está ya desde la acta constitutiva que va a ser comentada dentro de un momento por alguien de ahí, vienen esa frases en las cuales el Congreso es el que debe autorizar los egresos gubernamentales.
Cuando un gobierno por ir a pactar con el Fondo Monetario Internacional afecta el presupuesto, lo modifica, hay dos problemas: uno el de soberanía y otro el de que es la Cámara de Diputados la que debe de aprobar el presupuesto. Unos van a decir que hay una Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que autoriza al Ejecutivo a hacer ajustes; a mí me parece que esas disposiciones son inconstitucionales pero en términos estrictamente constitucionales el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados y cuando se modifica sobre todo por una razón como ésa, a mí me parece que se están contrariando las disposiciones constitucionales básicas y que sí es una cuestión del Congreso.
Dice el diputado Montemayor, pues si ya nos mandaron los Criterios de Política Económica, bueno pues nos pudieron haber mandado en lugar de un folleto dos folletos y eso en qué altera la situación, el Ejecutivo puede enviar todo tipo de documentos o hacer las declaraciones que quiera, por cierto que el Congreso también las puede hacer. Yo quiero saber en qué parte de la Ley Orgánica en qué parte de la Constitución o del Reglamento Interior del Congreso dice que aquí no se pueden hacer las discusiones que los legisladores consideren conveniente hacer; yo creo que una cosa elemental es poder discutir los problemas
nacionales, por lo menos para entenderlos mejor. Dice el diputado Montemayor que no es válido venir aquí a hacer juicios, yo creo que sí es válido, ¿de cuándo acá no es válido que un diputado haga juicios sobre lo que le dé la gana?, eso es lo más válido que hay; otra cosa es que sus juicios sean válidos o no sean válidos, pero emitir los juicios es válido.
Yo he dicho aquí que la Carta de Intención, sea o no de intención, ha sido comentada ampliamente por los medios de comunicación, que una serie de analistas han hecho una serie de observaciones; que manejan datos que según ellos son preliminares, del año de 1989; que están buscando las razones. Hay en efecto especulación, mucha gente lo comenta, vale la pena por lo menos conocer, aunque sea resumidamente lo que se está diciendo en relación con este problema. Y de los resultados económicos de 1989, y de la manera como se alcanzaron o no se alcanzaron, los planteamientos que se hicieron en la Carta de Intención que fue motivo del convenio de facilidad ampliado trianual con el Fondo Monetario Internacional.
Entonces todo lo que se está diciendo aquí, va en el sentido de que es necesario el debate, la discusión, la aclaración, la información de este tipo de problemas.
Por último yo digo, si el diputado Montemayor consiguió la carta, sea o no de intención, dice que él la tiene, bueno, pero ¿en razón de qué la consiguió?, ¿como diputado, como persona, como amigo de alguien, como miembro de un partido, como qué cosa? Yo lo que afirmo y digo es que el Congreso no la ha recibido como Congreso, oficialmente. Y ése es el punto, ahora, no creo que haya inconveniente, ¿por qué lo habría?, ¿cuáles serían las razones para que hubiera inconveniente de que el Congreso recibiera una copia de esos documentos que por lo demás al parecer periodistas y una serie de personas, y el propio diputado Montemayor los conocen? Yo no conozco la Carta de Intención, he leído en la Prensa, parte de esa Carta de Intención. Yo digo que no está de más que el Congreso la reciba y que en lo sucesivo se hiciera esto una costumbre.
No me parece que afecte; no va en contra de las atribuciones del Congreso. La Cámara puede, creo que según el reglamento, mandar a traer documentos oficiales que no estén considerados como secretos o sobre los que deba mantenerse sigilo. Pero yo creo que no es éste uno de ellos. De tal manera que yo no he escuchado alguna razón que nos hable de un inconveniente de carácter político, de carácter legal, para que el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público nos haga el favor, yo lo plantearía de esa manera incluso, de enviar una copia y que nosotros todos la conozcamos. Y entonces quizá volver a comentar otra vez con el diputado Roque Villanueva, si se trata de una Carta de Intención o no es una Carta de Intención, cuál es la naturaleza del documento, de qué manera corresponde lo planteado en ese documento, con los decretos emitidos por la Cámara de Diputados y por el Congreso en diciembre pasado. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Montes. Y en turno el diputado Pedro César Acosta Palomino.
El C. diputado Miguel Montes García: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Yo creo que sí amerita una aclaración de hechos los que en torno a esta denominada Carta de Intención o simple carta, ha ocurrido esta mañana.
Aclaremos los hechos tratando de sujetarnos al reglamento. Primer hecho: el diputado Pablo Gómez solicita que a la Comisión Permanente se le envíe el texto de la Carta de Intención y sus anexos, si éstos existen, por parte de quienes la formularon. Me parece correcto. No hay discrepancia.
Pero después de este hecho ocurren otros. Con el pretexto de la solicitud se arma todo un debate con un documento que Pablo afirma en lo personal no conocer, y oficialmente tampoco conocer, sólo por las lecturas de sus comentarios en diversos medios de comunicación social. Y con ese escaso conocimiento, emite juicios de valor reprobando la política económica nacional, reprobando el contenido de la carta que no conoce más que en sus comentarios y cuando se le dice que esos juicios no son válidos, juega con las palabras con el propósito simplemente, yo creo que no es de vanidad personal, de ganar un debate y no perder un debate, juega con las palabras y trata de probar en la tribuna algo que me parece muy serio y que como hecho lo destaco, que cualquier juicio que venga a hacer a esta tribuna un legislador es válido nada más porque lo hace un legislador, aunque sea equivocado. Perdón, yo siento un gran respeto personal y estimación por Pablo Gómez. En otras ocasiones que hemos debatido en la tribuna, quizá en un exceso que cometemos todos los que subimos a la tribuna, he merecido hasta la recriminación particular de Pablo de decirme: "no hagas un asunto personal".
Esto no lo hago personal, pero me asombra que un legislador de tanta experiencia, un político de tanto años de actuación todavía afirme, como válida, la irresponsabilidad de venir a la tribuna a emitir juicios desinformados, que pueden ser falsos; eso no es cumplir con la responsabilidad de un legislador...
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señor Presidente.
El C. diputado Miguel Montes García: - Cuando termine, porque señor Presidente, no la admito, es otra de las tácticas que Pablo siempre usa, interrumpir al orador para que pierda el hilo de su exposición y se vaya por lo que él quiera que trate. Si al final de mi intervención desea hacerla, al final la admito, no durante mi intervención.
Eso no es válido. Nosotros que ya hemos tratado mucho con Pablo, ya conocemos que éste es su estilo. Y en las reuniones de comisiones hemos durado horas escuchando a Pablo, y tenemos una compañera desesperada...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Señor Presidente.
El C. diputado Miguel Montes García: - Estoy narrando hechos y no he terminado mi turno.
El C. Presidente: - Permítame señor diputado...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Señor Presidente...
El C. Presidente: - Permítame usted diputado. Vamos a sujetarnos en forma inalterable a la ley y al reglamento, cualquier pregunta que se le haga al orador es por conducto de la Presidencia. Ya expresó con claridad el orador a la primera pregunta del diputado Pablo Gómez, que no acepta preguntas hasta el término de su intervención. Yo le pido que tome...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - ¿Me permite una pregunta, señor Presidente?
El C. Presidente: - Dígame.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Quería expresar, en términos del reglamento, protestar por las alusiones personales que está haciendo el señor diputado, cuando el debate es en otro sentido; protesto enérgicamente por el nivel que está tomando la discusión en este momento. Eso es lo que quería expresarle.
El C. Presidente: - El ciudadano diputado tiene todo el derecho que le asiste para poder expresarse en la forma y términos que considere prudente.
El C. diputado Miguel Montes García: - Señor Presidente; señores legisladores: Hasta este momento, que yo sepa el reglamento no prohibe que se hagan alusiones personales, tan no lo prohibe que permite que se contesten; lo que el reglamento prohibe es que se insulte a los compañeros diputados, y ustedes son testigos de que yo no he insultado a nadie ni pretendo insultar a nadie. Pretendo plantear un debate sobre términos comprensibles, sobre algo que siquiera se pueda opinar racionalmente, con conocimiento de causa y que quienes no conozcan, siquiera en su calidad de legisladores, además no ignoro que cualquier juicio que emitan en esa calidad, pues no les pueda ser reconvenido por nadie, es una garantía constitucional que tienen los legisladores; pero sólo es una responsabilidad política, de que cuando subamos a la tribuna en nuestro carácter de representantes populares, subamos a orientar.
Si nuestra militancia partidaria y nuestra ideología nos indican que debemos atacar, ataquemos, con claridad, con congruencia; si nuestra militancia partidaria, nuestra ideología, nos indican que debamos defender, defendamos; pero no confundamos. Estos son los hechos que yo quería plantear.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor Presidente; honorable asamblea: Hasta la intervención del diputado Montes, mi ingenuidad provinciana me hacía dudar acerca del sentido que va a tener la solicitud de punto de acuerdo hecha por el diputado Gómez.
Cuando el diputado Montes señala aquí que no hay objeción en parte sustancial, responde a la inquietud provinciana de que hacía mención yo y da pie a que de cualquier forma presente ante ustedes algunas reflexiones que constituirán, al margen de su sencillez, el motivo por el cual nosotros, el grupo parlamentario de Acción Nacional representado en esta comisión, habremos de emitir nuestro voto en el sentido de que es procedente esa solicitud.
Si hay acuerdo en principio de que debemos de informar, las cuestiones marginales que se trataron posteriormente y que han orillado a algunos legisladores incluso a irse por los cerros de Ubeda, originan sin embargo la reiterada duda de qué existe en el fondo de esta discusión que tiene el cimiento económico pero que ha derivado hacia cuestiones de posición política.
Estas dudas, a mi juicio, no han sido resueltas con los reiterados debates, al contrario, yo creo que los reiterados debates han servido para incrementarlas en extensión y en profundidad.
En último análisis es cierto que estamos dándole seguimiento al convenio de facilidad ampliada entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno mexicano. Es cierto, como aclararon aquí que en el fondo de esta cuestión pues no se trata más que de créditos, habría que aclarar sin embargo que no son créditos simples sino créditos condicionados. Y en las condiciones o en los condicionamientos, según prefieran ustedes el término, es donde creo que el debate se ha acentuado y se seguirá acentuando mientras las dudas no se disipen.
Para nosotros y para muchos de ustedes, seguro estoy de ello, las relaciones del Fondo Monetario Internacional con el gobierno mexicano que implican la obligación de autorizar el alcance de esas relaciones para el cuerpo legislativo, no cancelan sin embargo el hecho de que desde diferentes perspectivas se percibe que el peso del Fondo Monetario Internacional en la aprobación de la política económica del país, si no es así, por lo menos sí lo parece en ocasiones, mucho mayor que el peso del Congreso para autorizar el sentido y el alcance de las condiciones del convenio o de cualquier solicitud de préstamo que se haga.
No estamos, pues, soslayando que el Fondo Monetario Internacional tenga un peso específico sobre nuestra política económica. Yo creo que eso nadie lo va a poder negar; podrá haber dudas si el peso específico del fondo lleva a la pérdida de soberanía, o no, pero tal peso existe e ignorarlo sería un error en mi opinión.
Habría cuestiones de carácter técnico que para nosotros en esta ocasión no tiene sentido discutir, entre otras cosas porque no conocemos efectivamente el contenido de ese documento al que se le ha llamado de tres maneras: "Nueva Carta de Intención", "Carta de Intención Simple" ó Memorándum Técnico, y se le ha diferenciado de algunos otros documentos, alguno de ellos hasta de carácter político-electoral.
Yo creo que cuando conozcamos el sentido y alcance de este nuevo documento que se ha mencionado aquí, estaremos en posibilidad de fundar con más amplitud y mayor profundidad nuestro criterio.
Hay algunas cuestiones que se han manejado aquí, a veces superficialmente y a veces con un poco más de hondura, que tocan, por ejemplo a los desajustes en las variables económicas, hacia el superávit primario, es plausible o deleznable y algo que aunque no se ha señalado aquí, que para nosotros tiene también importancia fundamental, como es el déficit operacional, sobre todo en sus relaciones con la cláusula 28 de ese convenio que estamos mencionando. Ameritarían de nuestra parte, una discusión más amplia y de mayor hondura, pero nos la reservamos para cuando tengamos en nuestro poder, el documento que aquí se está solicitando.
De todas formas, estas dudas subsisten porque en el fondo de la cuestión todos encontramos como aquel personaje, no sé si de corte cervantino, pero creo que sí, que lleno de explicaciones exclamaba sin embargo: "señores, ustedes serán muy honrados, pero mi capa no aparece". Y en estas circunstancias en que la política económica de nuestro país se ve obligada a sostener una amplia ventana hacia un organismo de carácter internacional, de cualquier manera no forma parte del control de nuestros propios hechos, estas dudas, repito, lejos de desvanecerse con las explicaciones, se incrementan con ellas.
Creo que el debate tendrá que desembocar finalmente en si la política económica seguida hasta ahora es o no definitivamente la adecuada en estas circunstancias. Pagar la deuda, pagar menos la deuda o no pagar la deuda, son las tres alternativas que en el último análisis tendremos que resolver aquí, y tenemos que resolverlo con un espíritu de objetividad que casualmente lo mencionaba aquí hace un momento, ya aparece en el acta constitutiva de 1824 a la que hará referencia más adelante, pero que por su contenido tan objetivo y visionario, no resisto la tentación de señalar algunos de sus preceptos.
Por ejemplo, en lo que se refiere a este decreto que es el número 385 del 31 de enero de 1824 y que es el antecedente inmediato de la Constitución de ese año, y se hablaba en el artículo 13, donde dice que pertenece exclusivamente al Congreso general dar leyes y decretos, en la fracción undécima, dice, para contraer deudas sobre el crédito de la República y designar garantías para cubrirlas; yo creo que ahorita es el del alcance de las garantías lo que nosotros mantenemos en el punto de objeción.
Y antes, en la fracción III, algo que también por la falta de explicitación en sus términos nos mantiene ahora divididos, las facultades para mantener la independencia..., perdón..., en la fracción I para mantener la independencia nacional y proveer la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores.
Ojalá que el espíritu de este documento ancestral pueda iluminar nuestras futuras discusiones.
Yo podría señalar aquí como otro antecedente, que en la LII Legislatura, en la época en que el licenciado Silva Herzog era Secretario de Hacienda
y Crédito Público, un legislador de Acción Nacional, Alberto González Domene, solicitó entonces sin éxito, por desgracia, que la Cámara de Diputados tuviese conocimiento pleno de aquello que si mal no recuerdo, fue la primera Carta de Intención que dirigió al Fondo Monetario Internacional.
Con estas consideraciones concluyo para explicar a ustedes el sentido de nuestro voto, en relación con el punto de acuerdo solicitado por el compañero Gómez. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para alusiones tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. Diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, me reservo esperando la versión estenográfica de la anterior intervención.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso señor Presidente; señores legisladores: Me parece que a mi juicio que tenemos el día de hoy qué plantearnos si los debates que aquí se dan tienen connotaciones de tipo individual o personal en relación a las características de cada uno de nuestros legisladores miembros de esta Comisión Permanente o si realmente estamos debatiendo cuestiones, problemas de interés nacional y planteando posibles soluciones a lo que a nuestro juicio, los diferentes legisladores podemos presentar aquí como opiniones o como ideas.
No considero yo que por el hecho de que partidos ilegalmente señalada su representación en esta Comisión Permanente, por todo lo ocurrido el 6 de julio de 1988, que a veces sólo tienen un solo diputado y tenga que intervenir varias veces sobre diversos temas, necesariamente tenga que ver con una cuestión de tipo personal; es por lo que yo protestaba enérgicamente, por el nivel que se le estaba dando a la discusión por el diputado Montes, me parece inadmisible que esto tenga que recaer sobre la persona, en este caso el diputado Gómez, que es diputado del Partido de la Revolución Democrática, que es la persona o el diputado nuestro, experto en las materias económicas de nuestra fracción, y creo que en su momento podría ocurrir con cualquier otro diputado, de las pequeñas fracciones que estamos aquí representadas, que tenga que intervenir constantemente en un tema sobre lo cual es su especialidad o sobre lo cual puede opinar con mayor capacidad técnica y para poder plantear soluciones adecuadas a los tipos de problemas que aquí se presentan.
Me parece que con esto se evade el debate de fondo. Que efectivamente lo dijo el diputado Montemayor es sobre la soberanía nacional y que nosotros la hemos traducido constantemente en luchar en contra de esas facultades discrecionales que a través del presupuesto anual, que constantemente o siempre o reiteradamente se ha aprobado por una mayoría priísta para el Presidente de la República, para el titular del Ejecutivo en turno.
Esta es una lucha de la oposición legítima. Aspiración, con un criterio distinto de las facultades que la Constitución establece para el Poder Legislativo.
Creemos nosotros que la soberanía, como lo dice el artículo 41, se ejerce por medio de los Poderes de la Unión; no por el Poder Ejecutivo exclusivamente. De ahí que siempre ha venido nuestra posición radicalmente contraria a dar facultades discrecionales al titular del Ejecutivo en materia de empréstitos.
El artículo 73, fracción octava, de la Constitución, en nuestra opinión establece quienes deben de sentar las bases de los empréstitos, que es el Congreso de la Unión. A su vez el artículo 74 establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. Y en última instancia cualquier acto jurídico internacional, que en mi opinión personal pudiera ser un tratado, pues corresponde a la Cámara de Senadores, según el artículo 133, para su aprobación o no.
Entonces me da la impresión, y ésa es una opinión personal, que, o no la impresión sino más bien la seguridad de que la fracción priísta puede no estar de acuerdo con este criterio, nunca ha estado de acuerdo y por eso siempre ha votado reiteradamente dándole facultad discrecional en lo que se llamó el año antepasado "cheque en blanco al titular del Ejecutivo". Nosotros sostenemos un criterio distinto.
Y esto es lo que estaba debatiendo en el fondo el diputado Gómez. Evidentemente que también estaba debatiendo el problema de la información oportuna. Aquí no se vino y se planteó por conducto del diputado Gómez, no lo planteó el Partido de la Revolución Democrática, de que queríamos conocer los términos del próximo convenio que ya veíamos inminente entre España y México en relación a la cuestión del petróleo. Se solicitó, no se aprobó y sin embargo se dio. ¿Lo conocimos? No lo conocimos. Bueno, dirán posiblemente que lo conoció la Comisión respectiva. No sé si la de Hacienda, la de Presupuesto o la de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Es posible.
Lo que sucede es que aquí hay miembros y es el caso concreto de este convenio o carta o memorándum. El diputado Montemayor viene y dice que sí lo tiene. Bueno, pues para aclarar el debate, para darle altura, para refutar los planteamientos si se quiere con escasa o poca información de nuestra fracción, pues se debe haber leído, ¿Por qué no se leyó? Yo quiero saber si efectivamente la tenemos. ¿O no tengo legítimo derecho a dudar de que sí la tengan?
Ha habido casos, como el que estoy señalando, el Convenio México-España sobre petróleo, que nos enteramos por la Prensa y que lo exigimos previamente y nunca nos llegó.
Entonces, creo yo que el debate que nosotros estábamos presentando por conducto del diputado Gómez, tiene fondo político de una posición política distinta de lo que entendemos por soberanía nacional, quién la ejecuta y cuándo puede ser modificada.
Sabemos en este momento, si se hubiera leído a lo mejor lo sabríamos, que no modifica para nada la política económica, que el presupuesto de 1989 que la Cámara aprobó, le señaló al Ejecutivo. Pues no lo sabemos. Y tenemos todo el legítimo derecho de interrogarlo aquí en esta tribuna.
Y en este momento, es la pregunta que dejo yo a esta honorable representación: ¿se ajustarán estos cambios o esta redacción, si no se quiere hablar de cambios, a la política económica señalada por el Poder Legislativo al Ejecutivo?
Ese es el problema de fondo, y yo solicitaría en todo caso para aclarar la discusión y que esto no tenga nada que ver con cuestiones personales, le solicitaría al diputado Montemayor, nos la leyera. Yo creo que es un asunto de tanto interés nacional, que la lectura de este documento, el tiempo que se durare en ello no tendría importancia para la solución que buscamos o para las interrogantes que tenemos ante esto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Una cuestión muy breve: Yo solicité la versión estenográfica de la última intervención que hice. No está lista. Pero...,desgraciadamente no puedo leer las palabras precisas que dije. Pero creo que todos ustedes recordarán que dije:" que siempre es válido que un diputado emita juicios". Otra cosa es "que sus juicios son válidos".
No es un juego de palabras. La validez, para que cualquier legislador, yo diría el ciudadano de la República, emita sus juicios está fuera de toda discusión. Que fue lo que se cuestionó.
Ahora, la validez de los juicios que yo emití, es otro debate. Pero yo no escuché del diputado Montes ninguna argumentación que demostrara que mis juicios eran incorrectos. Yo no oí nada.
¿Cómo puede un diputado, pregunto yo, decir que los juicios de otro son incorrectos, y no decir en qué consiste la incorrección? O tratar de esforzarse, por lo menos, de demostrar que son incorrectos.
Si el superávit primario aumenta, yo digo que es un mal dato el que esté aumentando. Aquí nadie ha venido a decir que no está aumentando. Que los criterios de política económica digan que no van a aumentar, eso es una cosa. Que no haya aumentado el año de 1989, es otra. ¡Vamos a ver!
Yo digo que sí; es la información que existe disponible. No tiene que ver con la Carta de Intención.
Yo he tomado informaciones de economía, que puede ser que estén en la Carta de Intención; puede que no, las hemos tomado de otras fuentes.
La..., me están dando en este momento la versión estenográfica, pero no es la que solicité. Es de una intervención anterior, no el de la última intervención.
Yo reitero que para que se haga una discusión, se requiere toda la información posible. Pero si esa información no está disponible, la discusión se puede dar, ¿por qué no?; ¿dónde está la prohibición?
Por último, me parece a mí que...,se lo he dicho varias veces al diputado Montes, como él lo mencionó. Se puede, y es válido, personalizar las discusiones, criticar la forma de ser de los demás de una discusión política. Pero mi pregunta es ésta: ¿qué ventajas nos da?, ¿qué resolvemos con eso?
Si estamos hablando de un tema económico, y alguien sube a la tribuna a atacar en lo personal a alguien, pues no aclara nada. Probablemente el adversario pueda ser maniobrero, utilizar recursos reprobables, pero, ¿y el superávit primario?, y la soberanía del país, y la manera en cómo se están aceptando planteamientos hechos en el exterior y si se han impuesto para conducir la política económica de México, ¿se altera en algo por eso? Ese es el punto; desde luego no el derecho a un diputado a atacar a otro, pero como estábamos hablando de otro tema. Por lo demás yo reitero que soy absolutamente irresponsable, de que a
cualquier diputado se le vaya el hilo, de eso no puedo responder yo; cuando alguien me pregunta a mí algo, ¿por qué no se dice que esa persona utiliza como táctica la pregunta?
Sólo cuando un diputado de otro partido la usa, pero cuando los diputados de la bancada propia la utilizan, entonces ha de estar muy bien.
El C. Presidente: - Diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Miguel Montes García (desde un curul): - Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El C. Presidente: Primero el diputado Miguel Montes para alusiones personales y en turno el diputado del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Miguel Montes García: - Las intervenciones en tribuna para rectificar hechos, señor Presidente, señores legisladores, en ocasiones pueden versar sobre el tema principal que se está tocando y en ocasiones sobre un hecho no vinculado de manera directa con ese tema principal.
Yo tampoco recuerdo las palabras textuales, expresadas por quien me antecedió en el uso de la palabra, que a mí me parecieron peligrosas y creí prudente aclarar; peligrosas, no en cuanto representan algo que vaya a estallar, peligroso que lo sostenga un legislador responsablemente, sin que esté imputando irresponsabilidad a nadie. Se dijo más o menos, y se repitió, que es absolutamente válido que se emitan juicios, aunque los juicios sean inválidos, ¡si! Si algún juicio resulta incorrecto, es válido su inmisión como punto de partida de una hipótesis, que puede resultar equivocada. Pero todos sabemos que cualquier expresión a lo que hemos llamado juicio, lleva en sí misma una pretensión de validez universal. Cuando se propone algo que no lleva en sí mismo una pretensión de validez universal, es una postura falsa de entrada, y yo me atrevería a presumir que no leal, de quien la emite. Lo que se sostiene en una tribuna, lo que se sostiene en un trabajo, en un libro, en cualquier tesis, tiene una pretensión de validez, a posteriori puede resultar falsa, pero de entrada se tiene una pretensión de validez universal. Eso quise señalar. Si después, se modifica la primera expresión, porque la primera con estas características que yo imputo, algunas hasta me caen bien; mi amigo Pablo Gómez, tiene la facilidad de ridiculizar a los demás con un gesto, tiene facilidad para quitarle valor a una expresión de alguien, hasta afirmando, mientras esa persona habla; todos esos recursos pues, se utilizan y está bien que en un parlamento y en una Cámara de Diputados, y en esta Comisión, se den, pues no me asombran y a nadie. Pero cosa muy distinta es mantener con seriedad que un representante popular desinformado, puede de entrada emitir juicios inválidos como punto de partida, como hipótesis. Eso, honestamente, no me parece leal.
¿Por qué no me ocupé del tema principal? No me ocupé del tema principal porque subí a rectificar estos hechos. El debate sobre el tema principal, así como en el partido en que milita el señor diputado Gómez, en mi partido lo están dando quienes son especialistas en el tema.
Por otro lado, y esto sí es un fenómeno que debemos ver con tranquilidad, los diputados priístas en muchas ocasiones hemos tenido que sacrificar debates y tiempo al cumplimiento de algo que juzgamos una sobrerresponsabilidad superior. Y a veces a nuestras diligencias, a nosotros mismos nos preocupa el que tardemos tanto en un asunto sin poder avanzar, pero hay ocasiones en que ya no se debe llegar al extremo, ¿para qué? Simple y sencillamente para buscar una finalidad común, hacer más racional este cuerpo colegiado y al hacerlo más racional lo haremos más positivo y al hacerlo más positivo cumpliremos mejor nuestras funciones, así de sencillo es. Por eso en la alusión que estoy contestando no me ocupé del tema principal sino de este lateral que también es importante, si no para la vida económica del país, sí para la vida interna creo, y para el buen funcionamiento del cuerpo colegiado en el que todos estamos.
No es mi intención, insisto en lo que algo expresé en una sesión de la Cámara de Diputados; el temperamento personal, en ocasiones el apasionamiento en el hablar, el mismo tono de voz, puede producir la impresión de que se pretende agredir a alguno, no es el caso y no estoy dando disculpas porque no he insultado a nadie, pero sí a nosotros se nos reclama incluso si parpadeamos cuando otro habla y nosotros tenemos que tolerar a veces, sí verdaderos insultos, alusiones desviadas que se salen del tema, si la proposición hubiese sido simplemente que se nos informe de este tema, pues en un debate político ¿no se puede pedir esto? Yo la firmó con quien la hizo. Yo ignoro si en la historia, en algún momento por razones que en ese preciso instante se consideraron válidas, se puso alguna objeción a recabar información sobre este asunto, no lo tengo presente, afirmaron que fue en la LII Legislatura, es otro momento del desarrollo político del país, es otro momento del funcionamiento, incluso de estos cuerpos colegiados, con una estructura diversa que responde a requerimientos actuales, ¿se quiere esa información? Que se
solicite, eso es lo responsable; al enviarse, si es necesario y se amerita volver a discutirla, que se discuta y que para ser orientador el examen se haga por quienes conozcan el tema para que los juicios que se produzcan, siempre tendrán el riesgo de ser inválidos, no lo sean de entrada como tesis. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores. La alta investidura de representante popular, particularmente por lo que se refiere a un diputado, pues nos obliga a que aun cuando no seamos especialistas en las diversas e infinitas materias que se tratan y deben tratarse en un Parlamento hagamos el esfuerzo con seriedad, con humildad, de emitir un juicio, de decir nuestra verdad en defensa de los intereses que legítimamente representamos en el Parlamento.
Toda proporción guardada, yo recuerdo las expresiones del Diputado Constituyente Heriberto Jara en el Constituyente de Querétaro de 1916-1917, cuando aún sin ser especialista del derecho, sin ser jurista, sin ser abogado, se refirió ampliamente a las cuestiones laborales de México, sus juicios, sus ideas, sus argumentos, muy a pesar de los amanuenses del derecho, de los juristas de altos vuelos, finalmente quedaron plasmados en la Constitución y configuraron lo que conocemos como las tesis laborales de México en el artículo 123 de la Constitución.
De tal manera que dicho esto, sin ser especialista en la materia, quiero referirme a la cuestión que está aquí en el fondo del debate, haciendo a un lado las cuestiones incidentales que se han venido presentando y que han hecho necesarias diversas intervenciones de los compañeros legisladores para referirse a las cuestiones de hechos.
En el sexenio 1946-1952, de triste memoria para los mexicanos, cuando por primera vez en Palacio Nacional se enseñoreó la oposición a la Revolución Mexicana, el dirigente del movimiento obrero nacional, en aquel entonces el maestro Vicente Lombardo Toledano, pronunció un discurso que se llamó de cómo entregó Miguel Alemán el futuro económico de México al gobierno de Estados Unidos de América.
En aquella ocasión se trataba de lo que hoy conocemos como Cartas de Intención, sólo que en aquel entonces no se daba a conocer ni siquiera resúmenes fragmentados a la Prensa, sino que eran documentos reservados que se manejaban en las altas esferas oficiales, en la Secretaría de Hacienda, y que no tenían, no se conocían. El común de los ciudadanos no podía ni siquiera soñar con conocer esos documentos. No obstante estas reservas Vicente Lombardo Toledano se las ingenió para tener este documento que contenía las líneas estratégicas generales, los proyectos del desarrollo económico, del crecimiento económico del país, planeados, programados por el gobierno mexicano, en una etapa en que todavía no se aceptaba la necesidad que aceptamos hoy, de que los gobiernos nacionales planearan, programaran, hicieran el esfuerzo por conducir de acuerdo con los instrumentos de política económica que de acuerdo con la ley se tienen para conducir el crecimiento económico del país.
Y Vicente Lombardo Toledano afirmaba de que se entregaba el futuro económico de México al gobierno de Estados Unidos, porque ayer como hoy, no hay que olvidarlo, y el caso de Panamá es un ejemplo dramático, vigente, actual, lacerante, de que el imperialismo norteamericano no ha perdido su esencia agresiva, su carácter de rapiña y que es el enemigo fundamental de los pueblos débiles del mundo.
Independientemente de que internamente nosotros tenemos nuestro propios problemas, nuestras propias responsabilidades y no tenemos ninguna necesidad de andar buscando culpables en el exterior de lo que somos, de lo que debemos ser y de nuestras propias deficiencias.
Pero es una verdad común, aceptada, sabida, de que existe en el plano internacional una serie de relaciones económicas asimétricas, profundamente injustas, que hacen que los productos de los países débiles se vendan en el mercado internacional a los precios que fijan los centros económicos y financieros internacionales. Y que los productos industriales, y particularmente de alta tecnología que requerimos para mantener nuestra planta productiva, que requerimos importar, también se fijan en esos mercados financieros internacionales en los que nosotros no tenemos ninguna capacidad decisoria.
Y también es cierto, hay que recordarlo, que los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que así se llama ahora el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, este sistema económico-financiero de la posguerra, son instrumentos de dominio, son instrumentos de pretensiones hegemónicas por parte de quien surgió victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Son organismos financieros que tienen la finalidad de tener el control mundial de la economía, no son hermanas de la caridad.
Y establecen mecanismos profundamente injustos por lo que se refiere a la operatividad de esos propios organismos. Hay un sistema, por ejemplo para obtener la votación de las decisiones, hay un sistema de votos que se conoce como sistema de cuotas, inflexibles. Cada uno de los miembros del Fondo Monetario Internacional y de el banco Mundial tienen fijado de manera inflexible una determinada cuota de votos que se supone es proporcional al capital aportado por cada uno de los países signantes o integrantes del organismo; pero que se estableció de manera inflexible a través de los acuerdos del "Bretton Woods" por parte de Estados Unidos y que incluso hoy por hoy es la razón de fondo del pleito interimperialista entre Japón y la República Federal de Alemania que ahora reclaman la modificación inflexible de esas cuotas de votos, tanto en el Banco Mundial como en el Fondo Monetario Internacional.
De tal manera que estas Cartas de Intención son efectivamente una solicitud de crédito condicionado para obtención de créditos atados a un organismo al que le tenemos que expresar, definir, cuál es nuestra estrategia de desarrollo y crecimiento económico.
Pero además, no solamente la estrategia sino incluso la táctica, es decir, todos y cada unos de los pasos que habremos de seguir para cumplir los objetivos que nos trazamos, y para que en este cuadro encaje de manera asegurada la obtención del financiamiento que nos pudiesen otorgar los organismos financieros internacionales.
He dicho en términos militares, como si un general le presentara al general de del ejército enemigo su plan, su estrategia y su táctica de combate, así podríamos establecer el símil por cuanto se refiere a las relaciones económicas-financieras internacionales que insisto, son profundamente asimétricas, injustas.
De tal manera que si esta solicitud de crédito, esta Carta de Intención del gobierno mexicano al Banco Mundial la conocen los organismos financieros internacionales, la conocen los socios del Banco Mundial a través de sus representantes en ese organismo, pienso sinceramente y en esto coincido con el compañero diputado Miguel Montes, en que es necesario, es obligado, que el parlamento, que el Congreso de la Unión, que la representación nacional, tenga un conocimiento claro y preciso del contenido, objetivos e intenciones, valga la redundancia, de esta nueva Carta de Intención del gobierno mexicano. Conocemos los textos que publicó la Prensa de las dos anteriores, nos faltaría conocer ésta de la que informa la Prensa de manera parcial y fragmentada.
En consecuencia, tratando de retrotraernos al tema de fondo, sí coincido y estoy de acuerdo en que la Comisión Permanente solicite a las autoridades hacendarias que nos remitan un ejemplar de este documento conocido como Carta de Intención. Muchas Gracias.
El C. Presidente:- En virtud de la aceptación de los diferentes oradores en cuanto a la petición de documentos hecha por el ciudadano diputado Pablo Gómez, esta Presidencia acuerda:
Solicítese por los conductos debidos la documentación a que se hizo referencia.
DEL FORO MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE
El C. Presidente:- Tiene la palabra la ciudadana senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La C. senadora Blanca Ruth Esponda de Torres:- Con su permiso señor Presidente; señores legisladores: No sorprende tanto el cambio que experimenta el mundo en cuanto a la velocidad con que ocurren los acontecimientos; viejos dogmas se destruyen y las sociedades tienen una dinámica y en ella una de las cuestiones que hoy más preocupa al mundo es la grave amenaza que se cierne sobre la sobrevivencia humana en el planeta; el medio ambiente que sostiene la vida sobre la Tierra está en peligro y los humanos somos los responsables.
Por eso en la ciudad de Moscú del 15 al 19 de enero de 1990, nos reunimos más de mil parlamentarios, líderes religiosos, representantes de los medios de comunicación, científicos y técnicos procedentes de 83 países del mundo, en una conferencia sin precedentes por su pluralismo y por el alcance de sus recomendaciones.
El doctor Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, inauguró el Foro Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Sobrevivencia Humana que fue clausurado por el presidente de la Unión soviética, señor Mijail Gorbachov.
Aprovechó también para informar que en entrevista sostenida al término de la reunión con el presidente Gorbachov en el Kremlin, él ratificó la importancia que la Unión Soviética otorga a su relación con México. Manifestó su simpatía por el esfuerzo de modernización política y económica que impulsa el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Invitada por los organizadores del foro, asistí a dicho evento habiendo copresidido los trabajos de la Primera Comisión. El diputado Sami David David y el urbanista doctor Javier Carabeo, presentaron interesantes opiniones y puntos de vista en las discusiones de la conferencia. El señor Antonio Ortega, destacado periodista profesional, participó y envió a su importante diario nacional, un informe cotidiano de los principales acontecimientos.
Después de cinco sesiones de trabajo, y sus correlativas en cinco comisiones, mediante un diálogo libre, amplio y universal, los participantes aprobamos "La Declaración de Principios de Moscú", y el Programa de Acción Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para la Sobrevivencia Humana, que me permito presentar a la consideración de la Presidencia de la Comisión Permanente, para que al valorar ambos documentos, considere la pertinencia de su traducción al castellano. De igual forma solicito respetuosamente a la secretaría , que ambos documentos, una vez traducidos, si así fuere aprobado, fueran distribuidos a los distintos miembros de las fracciones parlamentarias que integran esta Comisión Permanente y remitidos a los congresos de los estados de la República y a los medios de difusión nacional.
Algunos de los compromisos contenidos en el Plan de Acción y que me he permitido traducir de manera libre con el propósito de ilustrar a esta soberanía están referidos a lo siguiente:
La construcción de una conciencia de mejoramiento del medio ambiente;
El ciudadano y mantenimiento de los recursos bióticos;
La promoción del desarrollo justo y equilibrado para acabar con la pobreza;
El mejoramiento de los niveles de vida de la población, y
El arribo a soluciones de compromisos en materia de paz y desarme como condiciones básicas que tanto las naciones como sus gobiernos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales, así como los ciudadanos del mundo, debemos emprender con el propósito de garantizar la sobrevivencia humana para el próximo siglo.
Para construir una conciencia mundial ecológica en torno a las grandes amenazas, se exhortó a los parlamentarios y a los líderes religiosos, para que asuman un papel más activo de promoción de la conciencia ecológica para la sobrevivencia, porque es de vital importancia que los pueblos promuevan el respeto y el cuidado hacia la naturaleza para lograr la protección del medio ambiente; así como que se realicen esfuerzos para avanzar en el diálogo entre los científicos y las comunidades locales.
De igual forma se destacó que los medios de comunicación deben ayudar a producir los cambios necesarios de actitudes en la población y jugar un papel más importante en la educación al público para comprender mejor los vínculos entre desarrollo y medio ambiente.
Los medios de comunicación masiva de todos los países deben transmitir con urgencia la necesidad de asegurar la justicia social y de erradicar la pobreza, como un prerrequisito para abordar los temas globales del medio ambiente; igualmente es necesario:
Que los medios de comunicación dediquen atención a los proyectos de desarrollo y a los ejemplos positivos y exitosos de medidas de protección al medio ambiente que se desarrollen en los sistemas educativos de cada nación. Se solicitó que la comunidad humana inicie todo un esfuerzo importante para impedir que el habitat sea afectado al extremo tal de que algunas especies animales y vegetales ya han desaparecido totalmente o enfrentan grave riesgo de extinción. En adición a esta grave injusticia contra la humanidad, ahora la amenaza llega a los propios seres humanos, la destrucción del aire, el agua, la selva tropical y otros ecosistemas erosiona mucho recursos benéficos a la humanidad, así como a los otros seres vivientes del planeta; la destrucción del habitat también afecta a las vidas y tradiciones de los pueblos y de las comunidades indígenas, por lo tanto, en el foro recomendamos como mínimo lo siguiente:
Realizar los máximos esfuerzos para proteger a las especies en peligro y conservar la variedad genética, incluyendo la expansión de las zonas de parques y de bosques, protección de la Antártida, tanto como sea posible, de la explotación económica y de la dominación política, protección a los bosques, las áreas estuarias, los lagos y en general a todas aquellas áreas que se ven amenazadas por el desarrollo humano, que gobierno y organizaciones internacionales apoyen a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus esfuerzos para preservar la integridad de sus territorios, que la deforestación sea revisada sistemáticamente y que se lleven a cabo en todo el mundo programas efectivos de reforestación.
Cerca del 60% de la población mundial vive actualmente en ciudades y su número crece día a
día, por lo que se recomendó que la planificación urbana respete las necesidades de la gente y los principios del desarrollo ambiental sostenible; hacia el fin de este siglo se espera la presencia de 20 megaciudades con poblaciones de 11 millones o más, de las cuales 17 estarán en los países en desarrollo y la nuestra encabezará la lista; los problemas urbanos son tan inmensos que se les dedicó un capítulo específico, que cuando ustedes tengan el documento en sus manos seguramente podrán valorarlo.
Compañeros legisladores: los pájaros no destruyen sus propios nidos, los humanos, sin embargo, hemos contaminado el aire, envenenado las aguas, destruido la tierra del planeta que es nuestro nido natural. Hemos visto que la contaminación se extiende más allá de las fronteras nacionales, se han encontrado desechos en las partes más remotas de los océanos del mundo y residuos materiales químico-tóxicos han sido detectados en el Polo Sur; las emisiones de bióxido de carbono y de cloro-flurocarbono, contribuyen al sobrecalentamiento de la tierra y a destruir el rayo estratosférico del ozono, que resultan esenciales para nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, recomendamos como un mínimo que todos los gobiernos y los pueblos regulen la actividad económica de manera tal que efectivamente se proteja el medio ambiente, que las organizaciones nacionales e internacionales realicen el mayor esfuerzo posible para arribar acuerdos que permitan promover tecnologías no contaminantes y que éstas sean accesibles a todos los países, que los hombres de industria y de negocios se comprometan a prevenir la contaminación en sus técnicas industriales e instalen medidas de protección efectiva.
Que reduzcamos el daño a la salud humana y que se proteja al medio ambiente del uso de pesticidas contrarias a la salud y para promover medidas no químicas para el control de las plagas.
Que los consumidores estén más informados y sean más críticos para seleccionar los productos que son ambientalmente benignos, tanto como sea posible.
Que los gobiernos, industrias y consumidores trabajen juntos para reducir la basura, incluida la basura tóxica, sobre todo a nivel municipal. Y que los materiales biodegradables y reciclables sustituyan a los plásticos y productos no biodegradables.
Sobre el desarrollo también hablamos a fondo en Moscú.
Tal como lo señala el Informe Bruntland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se ha sostenido con suficiente claridad que la protección del medio ambiente es esencial para el desarrollo económico de largo plazo. Desarrollo económico y protección ambiental no solamente resultan compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. El desarrollo económico debe ser cuidadosamente planificado y ejecutado de una manera tal que sea también saludable desde el punto de vista ambiental. Algunas estrategias de desarrollo basadas en tecnologías deficientes, han resultado factores de deterioro ambiental.
Y por eso, vemos hoy que en muchos países, al lado de la pobreza y al lado de un exiguo desarrollo industrial, también ahora les afecta el flagelo de la contaminación.
La brecha entre países ricos y países pobres está creciendo y se reconoce que existe una transferencia neta de riqueza de los países en desarrollo al mundo industrializado, en base sobre todo a la explotación desmedida de los recursos naturales.
Es necesario elevar el nivel de vida, de manera tal que sea aceptable y permita a los pueblos usar sus recursos naturales de una manera que sea sostenible. Por ejemplo, cuando la gente es demasiado pobre destruye recursos esenciales como la selva y el suelo solamente en un afán de sobrevivencia. Y ya que la pobreza es una causa de degradación ambiental, resulta indispensable y sustancial a la sobrevivencia elevar los niveles de vida de los pobres, incluso como fundamento de una política ecológica viable.
Existe capacidad para hacerlos. Por lo tanto se recomendó lo siguiente: que la carga de la deuda internacional de los países menos desarrollados sea reducida o eliminada en su totalidad cuando esto sea factible y no se inste a los países en desarrollo a que adopten políticas que graven a los sectores más pobres de su sociedad y al medio ambiente. Esto equivaldría a lo que ahí se llamó un verdadero "ajuste con rostro humano".
Que se dé un incremento masivo a los programas de asistencia bilateral y multilateral para el de desarrollo, que incluyan facilidades crediticias y transferencias tecnológica.
Que los programas de ayuda externa y los proyectos bilaterales reflejen los principios del desarrollo justo y sostenible, tanto como las necesidades básicas de los pueblos. Urgimos que todos que estos proyectos sean monitoriados para asegurar que las condiciones prescritas se alcancen. Este principio debe aplicarse a los programas de asistencia para el desarrollo de carácter bilateral y multilateral de agencias como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las
agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas, así como de las organizaciones no gubernamentales y de la banca comercial.
Que los países en desarrollo, al igual que los países desarrollados, tienen la responsabilidad de hacer sus programas de desarrollo justos, equitativos y ambientalmente sostenibles.
Que las tecnologías más modernas, eficientes y ambientalmente sanas, se pongan a disposición de los países en desarrollo en términos tales que les resulten costeables y permitan a estos países subsanar y evaluar los procesos nocivos de contaminación y de destrucción ambiental, que han probado ser inaceptables aun en el mundo desarrollado.
Es igualmente importante proporcionar recursos a los países en desarrollo para crear tecnologías apropiadas a sus condiciones particulares.
Que sean promovidas tecnologías adecuadas para la agricultura y para la producción industrial a pequeña escala. El gigantismo demostró su ineficacia.
Que las soluciones innovadoras, así como los acuerdos para preservar la naturaleza sean estimulados y llevados a la práctica.
Que los términos del comercio, sean más justos para los países en desarrollo.
Que el comercio entre países en desarrollo sea promovido con mayor intensidad.
Que los principios de inversión responsables, sean aplicados a las corporaciones que establecen sus negocios en países en desarrollo.
Que las estrategias para el desarrollo coloquen el énfasis en la calidad de la vida y en el valor del medio ambiente sano, tanto como en el crecimiento económico sostenible.
Al finalizar nuestra reunión se acordó hacer las siguientes proposiciones:
Que los gobiernos del mundo trabajen con los grupos civiles, plantando en cada país un "bosque de sobrevivencia global" dentro de los próximos dos años;
Apoyar y tomar parte en la exhibición internacional "Ozono y Sobrevivencia" que tendrá lugar en Moscú a fines de 1990;
Convocar a un consejo de líderes espirituales en 1993 para tratar los asuntos del medio ambiente y el desarrollo;
Promover la conversión de fuerzas y equipos militares en "equipos de trabajo ambiental", tanto en las potencias industriales como en los países en desarrollo, con propósitos tales como eliminar y limpiar desechos tóxicos, hacer el monitoreo de la calidad del aire y del agua, así como para la inspección en caso de violaciones a las regulaciones sobre el medio ambiente;
Apoyar y respaldar la iniciativa de Estados Unidos de América para el Segundo Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril de 1990;
Apoyar y motivar la creación y la declaración del juramento ecológico mundial;
Apoyar y fomentar la creación del Premio Nobel del medio ambiente, ahora bajo la consideración del gobierno de Suecia;
Apoyar y respaldar al Fondo de las Naciones Unidas sobre población y desarrollo, en la promoción de un Fondo para el Medio Ambiente, específicamente destinado a permitir el acceso a los países en desarrollo a una tecnología ecológica sana;
Apoyar y respaldar la Conferencia sobre el Medio Ambiente para el Continente, que tendrá lugar en Brasil en 1992;
Apoyar y estimular la reunión que convocará a las víctimas de las minas de uranio y de las pruebas atómicas que se han realizado en todo el mundo y que se denominará "Atención Mundial sobre el Uranio", que tendrá lugar en Dinamarca en 1991;
Apoyar y respaldar un código de conducta ecológico;
Apoyar y respaldar el monitoreo global en cadena del medio ambiente;
Apoyar y respaldar la cumbre mundial del niño a realizarse por primera vez en el mundo, para promover el bienestar de la niñez y que ha surgido a iniciativa de: Cánada, Egipto, Malí, Paquistán, Suiza y México;
Apoyar y trabajar por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;
Crear una convención internacional de ciudades para dialogar y hacer recomendaciones en pro de una mejora en "la ciudad total";
Apoyar la realización de una conferencia ecuménica de líderes espirituales, líderes políticos, científicos, hombres de negocios y líderes financieros para generar propuestas y resolver la crisis
global del endeudamiento y trabajar por el reforzamiento de una nueva economía mundial;
Apoyar y animar a las organizaciones mundiales de la salud en un programa de "ciudades saludables", y
Se propuso a la conferencia una serie de metas que mucho ilustrarán la conciencia de quienes lean esta declaración de principios y este programa de acción sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para la Sobrevivencia Humana, para arribar el año 2000 sin poner en riesgo la vida sobre el planeta. Muchas gracias, señor Presidente.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el diputado Ling Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano:- Brevemente. Nos parece muy completo el informe y queremos mencionar algunas cosas, de que para que estas situaciones funcionen y no sean simplemente de buenas intenciones, pues queremos mencionar algunos hechos rápidamente.
Por ejemplo, a todo mundo le preocupa la desaparición de la selva del Amazonas y todo mundo quiere declarar zona de protección ecológica el Amazonas. Sin embargo, los brasileños tienen un grave conflicto de aprovechamiento de recursos del subsuelo, que están abajo del Amazonas, entonces existe un conflicto en donde ellos, por un lado, tienen que sacar los recursos y para sacarlos necesitan destruir la capa verde, pero eso influye a nivel mundial. Por lo tanto, muchas veces las declaraciones, acuerdos, que nosotros tratamos de hacer en materia ecológica, que aparentemente nada más tiene que ver con biología, con el equilibrio biológico de la biotas, etcétera, pues nosotros pensamos que esto debe de hacerse mucho más grande, el enfoque, porque tiene que ver también con la soberanía de los países.
Quiero mencionar simplemente, lo que está sucediendo últimamente en las costas de Oaxaca, en materia ecológica, para que veamos a manera de ejemplo, lo que está sucediendo. Es cierto que algunos connacionales están teniendo una sobreexplotación de la tortuga marina del Pacífico, es cierto; la cuota específica para la matanza de estos animales, es alrededor de 15 mil por año, adultos. Pero resulta que los cazadores furtivos o en convivencia con las autoridades, han hecho que más de 35 mil adultos de estas tortugas, sean muertas. Esto produce una alarma a nivel mundial, de tal manera que la tortuga marina, que no es solamente mexicana sino es patrimonio de la humanidad porque es habitante del Océano Pacífico, resulta que están muy preocupados en otros lugares y en otros países. Y entonces, para tratar de reprimir esta matanza que están llevando, claro despiadadamente, algunos de nosotros, de nuestros paisanos, pues nos tratan de boicotear con asuntos económicos, con tratar de no comprarnos algunas especies marinas de explotación, y entonces resulta que si no ponemos atención y también involucramos en esto la cuestión de las soberanías, al rato vamos a tener certificación, como en los narcóticos, de que no estemos matando más que el número específico de tortugas a las que tenemos derecho, nuestra cuota. Quiero hacer la anotación acerca de esto, porque los problemas ecológicos, si verdaderamente queremos llevarlos a una solución completa, global, etcétera, tiene que ser a nivel de soberanía.
Nosotros también queremos hacer hincapié en que vamos adelantados en muchas materias de este tipo y tenemos que vigorizarnos como parlamento, para lograr el avance de esto. Por ejemplo, nosotros propusimos el mes de diciembre, que se declare como reserva de la biosfera, el delta del Río Colorado, y presentamos todo un estudio completo. Esto tiene inferencia sobre el clima y la explotación en todo el noroeste del país. Es importante que también se tome en consideración que tengamos también la aplicación y la vigencia de la Ley de Protección al Medio Ambiente; que tengamos cuidado y que no haya negligencia, por ejemplo, en el sofocar incendios en la selva de Quintana Roo y cosas por el estilo.
De tal manera que nos parece muy loable este esfuerzo a nivel mundial, de la participación, aunque no estuvimos informados y nos hubiera gustado, pues en todo caso tener aportaciones a nivel de ponencias, invitar a la Universidad para que nos hiciera aportes para llevar a Moscú, a este tipo de reuniones, porque tenemos mucho que aportar. Así es que, nosotros queremos decir simplemente que se necesita establecer, en todo lo que implica, una cultura ecológica, y hemos hecho ya iniciativas de ley para establecer como materia obligatoria en las primarias, que se enseñe ecología, cosa que todavía no se decide, sino simplemente es a la buena voluntad de los maestros que estén preocupados o concientizados, pues se les explique a los niños esta materia; debería de ser dentro del programa de estudios, que se enseñara ecología en la primaria, en forma obligatoria, y así sucesivamente.
Nos complace mucho, y tenemos algunas preocupación, acerca de lo que va a suceder el 22 de abril de 1990 en la ciudad de México, fecha que se ha dicho para el Día Mundial de la Tierra, y con sede en esta capital, porque si bien muchas veces con el pretexto de promover que no haya matanza de
delfines, que no haya explotación de las selvas, se hacen festivales donde cantantes hacen su aportación y las cadenas televisivas pues realmente tienen un programa como se dice en mercadotecnia, de rating a muy elevado a nivel mundial.
Queremos que esto no se maneje con estos conceptos de simplemente economía de mercadotecnia, nos preocupa esto porque justamente estos festivales de ecología que ya se han llevado en otras partes del mundo, simplemente se traducen en eso, en promoción de artistas que supuestamente gratuitamente no cobran por esta función pero la promoción es extraordinaria. Y digo que nos preocupa porque el encargado para el festival o para esta celebración del 22 de abril de 1990, el encargado del Patronato es un alto funcionario de Televisa; entonces apelamos a la sana conciencia de esta compañía para que dentro de su tiempo oficial de radio y televisión, realmente haga esto y no se tome simplemente como una promoción de artistas que pudieran ser nacionales pero que casi siempre son extranjeros. Muchas Gracias.
SOBRE EL ACTA CONSTITUTIVA DE 1824.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre Acta Constitutiva de 1824.
El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - Con su autorización, señor Presidente; honorable asamblea: Hace 166 años, un día como hoy, 31 de enero de 1824, la asamblea del segundo constituyente concluyó el análisis, aprobó y juró el Acta Constitutiva que es el punto de partida de la nación mexicana, el instrumento de organización del Estado nacional, el Acta Constitutiva de la República Democrática y Federal.
El suceso en consecuencia no es baladí sino trascendental en la historia de las actividades políticas de nuestro país, por la profundidad del debate realizado, por las ideas debatidas y por los nobilísimos ideales que animaron a los constituyentes de la nación.
Venía la nación de una larga lucha por encontrar la ruta de su independencia y de su desarrollo, procedíamos del Grito de Dolores y de Hidalgo en donde ya se avizora la organización republicana de la antigua colonia española.
Procedíamos de la tenaz porfía de la Junta de Zitácuaro y de los elementos constitucionales de López Rayón, en donde ya se avizora la convocatoria a los espíritus más lúcidos de la nación para definir el rumbo de la República.Y éramos ciertamente legatarios de los Sentimientos de la Nación, que Morelos dicta en septiembre de 1814 al iniciarse los debates del constituyente que desemboca en la Constitución de Apatzingán, en donde el Congreso Itinerante recoge sentimientos válidos de la nación mexicana, para estructurar su organización política.
Habíamos también tomado nota y protagonizado las aspiraciones contenidas en el Plan de Iguala y en los Tratados de Córdoba, advertido como los mexicanos por una parte propendían a la organización centralista heredera de la colonia y de los privilegios y por otra parte, grupos de la provincia fundamentalmente, grupos emergentes de comerciantes, de profesionistas, las clases productoras anhelaban por encontrar una forma de organización política más a la medida de sus expectativas, más propias para propiciar, para impulsar y estimular el desarrollo de sus potencialidades ubicadas como estaban en cada una de las provincias que integraban la fisonomía de la nación.
De ahí que cuando las condiciones se muestran propicias, particularmente después de la derrota del efímero imperio de Iturbide, cuando la nación acredita la inconveniencia de la monarquía, cuando derrota con su voto ciertamente espontáneo la pretensión de la organización centralista, todos advierten que es posible encontrar una forma de organización que responda a estas expectativas generales. Y las provincias, en particular Jalisco, las internas de oriente, la Nueva Santander, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, empiezan a definir su organización propia, individual y soberana, por las vías de unas formas de organización tal, que propiciara la reunión de sus intereses todos, y construyera con la fuerza individual de cada una de ellas, una organización tal, que fortaleciera la organización en su conjunto. Así nacía, en forma casi espontánea, como respuesta a una forma de convivencia, la organización federalística que va a definir en el Acta Constitutiva de 1824.
Hay estudiosos de la ciencia política, que señalan que esta forma de organización de la República Federal, es herencia de Estados Unidos de América y que resulta del ejemplo del desarrollo que estaba ocurriendo en el vecino del norte, en donde una sociedad pujante encontraba las perspectivas para su crecimiento.
Otros sostienen, y en eso estamos de acuerdo, en que el surgimiento del régimen federal en nuestro suelo, es una expresión de un sentimiento aquí originado, aquí surgido, y que si no hubiera existido la forma federal, como existió en Estados Unidos, como ya existía en otros países en Europa, aquí la hubiéramos inventado como una respuesta a anhelos de organización política propios.
Por eso se ha revestido de falsa la tesis de que Esteban Austin, en conversaciones con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miguel Ramos Arizpe, haya influido para la definición federalística de la nación. Ciertamente Austin conversa con Ramos Arizpe y le da sus puntos de vista en relación con la organización del Congreso sobre la base de una organización dual con cámara de diputados y cámara de Senadores. Y es también cierto que en Saltillo entrega Austin a Ramos Arispe un proyecto resumido de constitución como la norteamericana.
Pero también es verdad y sabido por todos, que Ramos Arizpe, ya desde Cádiz desde 1812, había presentado una memoria en donde respondía a las aspiraciones de las provincias con instituciones como las Disposiciones Provinciales que daban autonomía, gobierno propio, auto-gobierno a las provincias y que está en la base de toda organización federal.
De modo es que con la capacidad expresada por Ramos Arizpe, con la sabiduría que todos le reconocen, y con las aspiraciones de las provincias todas, se pueden hablar de que el nuestro es un sistema federal con raíces propias, peculiares de la nación, en su momento histórico.
Pero había aquí también y es bueno recordarlo, en esas palabras improvisadas de homenaje a los constituyentes de 1824, había antecedentes de orden teórico, ideológico y político, institucional, como el Pacto de Asociación de la República Federal de Prisciliano Sánchez, en donde se avizora una organización republicana de tipo federal. Como el Pacto de unión para los Estados Unidos de Anáhuac, de Francisco Severo Maldonado; como el Plan de Conjunción de la República Mexicana del diputado guatemalteco José I. del Valle, en donde ya se dan puntos de vista precisos, sustantivos, en relación con la organización federal.
Por eso es que cuando se inician los debates, urgidos por la necesidad de contener la dispersión provinciana, la disolución de la nación, porque provincias como Jalisco, como Zacatecas y Oaxaca, estaban proclamando su independencia, su soberanía, cuando ante esta situación se urge a la Comisión de Constitución dar el proyecto que sirva de unión, de pacto, de unidad a las provincias en dispersión, se dan bases sencillas, elementales, contenidas apenas en 39 artículos en donde la Constitución federal nace.
El Acta Constitutiva es presentada, como dice Julián Díaz de Hallas, en tres días y discutida el 20 de noviembre, iniciada la discusión el 20 de noviembre de 1823. El día 28, Francisco García Salinas presenta sus reflexiones en donde considera la necesidad de dotar a los estados miembros de la Federación de soberanía, en lo interior, en los términos de las disposiciones que la propia Acta Constitutiva reglamente, con el objeto de que se le dé repuesta atinada a las aspiraciones de coexistir en la libertad, en la independencia y con soberanía.
Viene luego, la discusión de un artículo fundamental, el artículo 3o. y también el artículo 4o., en donde los grupos en pugna, los constituyentes se dividen en cuanto al sentido filosófico de la organización del nuevo Estado nacional. Particularmente en el artículo 4o., se consagra que la religión de Estado es la religión católica, y se prescribe que el Estado dictará leyes sabias para protegerla.
Se recogía una aspiración y una disposición de la Constitución de Cádiz, y como ha dicho Reyes Heroles sobre este particular, al consagrar una religión de Estado y al no profundizar en la libertad de conciencia y en el laicismo, que es motivo de debates en subsecuentes constituyentes, se puso entre paréntesis una lucha ideológica que al decir de Francisco García Salinas, el constituyente zacatecano, aconsejó en virtud de que era preferible avanzar con cuidado, con la razón de la mano, para defender, lo posible, en los debates del Constituyente y no arriesgarlo, para que se precipitara al despotismo constitucional de 1836 que deroga la Constitución de 1824.
Se gana, pues, el constituyente y en el Acta Constitutiva el sistema federal. Se afirma en el artículo 6o., que ésta es una organización política formada por estados libres soberanos y que sus poderes, el supremo poder del pueblo va a ser ejercido por cada uno de los poderes en que se divide la nación para su ejercicio.
Se recoge con esto la tesis de Montesquieu pero alcanza una victoria fundamental importante con la consagración de la República federal. Allí en esa oportunidad se pronuncia uno de los discursos más transcendentes que se hayan escuchado en parlamento alguno cuando por voz de Fray Servando Teresa de Mier, el diputado de Nuevo León, hace la famosa exposición del discurso de las profecías, en donde al decir de Díaz de Bustamante por más de una hora aquel nobilísimo anciano mantuvo suspendida la atención de los constituyentes y de los presentes, hablando de la necesidad de que el régimen federal se impulsara por derroteros que no comprendieran de manera general la independencia de las provincias y la soberanía de los estados.
Fray Servando Teresa de Mier había sido un luchador social desde la independencia, perseguido
por el Santo Oficio, fugado de todas las cárceles de América y Europa, al hacer uso de la palabra en la tribuna del Constituyente de 1824 el 11 de diciembre de 1823, sostuvo: "nadie creo que podrá dudar de mi patriotismo. Son conocidos mis escritos en favor de la independencia y libertad de América, son públicos mis largos padecimientos y llevo las cicatrices en mi cuerpo. Otros podrán alegar servicios a la patria iguales a los míos, pero mayores ninguno, a lo menos en género. Y con todo, nada he pretendido, nada he pedido, nada me han dado, y después de 60 años ¿qué tengo que esperar sino el sepulcro? Me asiste pues el derecho para cuando voy a hablar de lo que debe decidir la suerte de mi patria, se me crea desinteresado". Y se le creyó desinteresado, pero el debate profundo, responsable, arrojó la victoria para el régimen federal. Allí mismo le contestaron Curidi y Alcocer, Luciano Becerra, Valentín Gómez Farías y el mencionado García Salinas y la nación adoptó definitivamente el régimen federal.
Es pues importante la fecha que hoy conmemoramos. Aquella asamblea tenía ideales de elevación nobilísimas, pretendía organizar a la nación de acuerdo a los dictados del pueblo, consagró el federalismo, respondió al voto de la nación. Ese es el real mérito del Constituyente de 1824 y la gran virtud del Acta Constitutiva formulada por Ramos Arizpe y aprobada en una fecha como hoy.
Pienso que es importante recordar el suceso y enlazar los afanes del actual parlamento mexicano con aquellos ideales y aquellos objetivos, para estar concordes todos, las fracciones parlamentarias todas, las expresión de la vida republicana en esta tribuna, en la necesidad de preservar el federalismo como condición de mantener soberana, independiente, a la República nuestra.
Por eso, el homenaje de los parlamentarios mexicanos a quienes reunidos aquella mañana, en el templo de San Pedro y San Pablo, los Urilla y Alcocer, los Gómez Farías, Luciano Becerra, los Isidro del Valle, los Ramos Arizpe, en fin la parte de mexicanos que dieron grandeza a aquella asamblea, sepan, sientan, como los mexicanos de nuestro tiempo, que el Parlamento Mexicano tiene responsabilidad con la historia y con el futuro desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Bernardo Bátiz.
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señores legisladores: Es muy pertinente que esta vilipendiada Comisión Permanente, ya casi desierta a esta hora, recuerde esta efemérides porque verdaderamente la decisión que se tomó en 1824, significó, sin duda alguna, una de las definiciones fundamentales de la nación mexicana.
Hay algunas reflexiones interesantes que hacer alrededor de esta decisión de 1824. En primer lugar, la que ya se recordó aquí, que los representantes populares en esa Acta Constitutiva, documento tan sui generis en el derecho constitucional, decidieron que nuestro país se constituyera para su régimen interior, en una Federación, en una reunión de estados independientes y soberanos, libres en su régimen interior, pero unidos en una unidad más amplia que es el Estado federal. Pero hay otras consideraciones que no podemos dejar pasar sin mencionar al menos.
En el acta constitutiva, se precisa un concepto alrededor del cual ha seguido creciendo la teoría política en nuestro país.
El artículo 1o. dice: "la nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato, etcétera", y usa ese término que más que de la política y del derecho es de la sociología de la nación.
La nación es un pueblo que comparte una cultura; la nación es una unidad anterior a la constitución del Estado, es un concepto que une historia, pasado, presente y futuro.
En los principios de doctrina del Partido Acción Nacional, en el primero de ellos, decimos que la nación mexicana es tres veces secular. Aceptamos este mismo concepto que ya en 1824 los primeros representantes de la nación que modifican el sistema de gobierno, del imperio a la República, manejaban también.
Somos, efectivamente una nación, quizá una nación en algunos aspectos no terminada de constituir, quizá una nación en la que se entremezclan y entreveran diversas culturas, la cultura arcaica, indígena que ahí está atente, que le presta savia a las raíces de esta nación; la cultura tradicionalista que crece y se desarrolla durante la colonia y la cultura moderna que vamos haciendo los mexicanos de este tiempo, y esa nación, ese pueblo que constituía una unidad cultural decide adoptar una forma específica de organización jurídica, y la nación, concepto sociológico, plasma su decisión en un concepto jurídico-político que es el Estado federal; oportuna decisión, importantísima decisión, condición política para evitar el desgajamiento de las diversas provincias que ya estaban cayendo en la tentación de la semilla de la discordia que había sido sembrada desde fuera.
La nación se constituye en Federación y nos proporciona una herencia común. Una última reflexión alrededor de esta idea.
Durante mucho tiempo, en estas discusiones de carácter histórico que se daban en la Cámara de Diputados o en otros foros, se hacía una especie de genealogía en la cual un solo grupo político se adjudicaba la herencia de los caudillos de la Independencia, de los hombres de la Reforma y de los revolucionarios de 1910 y se decían herederos de toda esta serie de acontecimientos cúspides en la historia de México. Poco a poco esa idea ha ido quedando a un lado y vamos aceptando todos los mexicanos que unos y otros, de una ideología o de otra, de un partido o de otro, todos somos herederos del mismo tronco común.
La historia es patrimonio no de un grupo ni de una facción, es patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos y los que en este momento estamos viviendo en esta nación en proceso constante de constituirse y en este país organizado en un Estado republicano, representativo y federal, somos herederos en la misma medida de los pro-hombres de la Reforma y de los conservadores que lucharon en contra de ellos y somos herederos de los caudillos de la Independencia y de los mexicanos que lucharon también en contra de la Independencia, porque así los convencían sus ideales y sus decisiones, y somos herederos de todas las diversas facciones que lucharon en ese movimiento convulso que fue la Revolución Mexicana.
No podemos seguir atribuyendo una genealogía específica para los acontecimientos históricos, la historia es patrimonio de todos.
Finalmente, la historia tiene algo de fatal, en tanto que es irreversible, ya no es posible tampoco ahora, como se intentó en algún momento, tratar de corregir los hechos históricos del pasado con decretos del día de hoy, ya no es posible tratar de rectificar lo que se considera equivocado, con un decreto desde la cúspide del poder, la historia no se puede hacer por decreto, es patrimonio de todos y queda plasmada como está y así tenemos que recibirla, con sus claros y sus obscuros, con sus aciertos y sus equivocaciones, es nuestra historia y somos ahora los mexicanos herederos de lo que hicieron nuestros antepasados en uno u otro bando.
Nos toca a nosotros hacer la historia del futuro y ahí no hay fatalismos ni hay determinismos, ahí es el esfuerzo personal de todos y cada uno de nosotros la responsabilidad individual y colectiva de los mexicanos de ahora, los que tengamos que rendir buenas cuentas de la historia que nos toca por hacer. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: La fecha que hoy conmemoramos, uno de los acontecimientos supremos en la conformación de la nación mexicana en su ya secular devenir, es de una gran trascendencia.
El derecho, como fenómeno social, refleja quizá mucho mejor que otras superestructuras sociales, de manera más clara y nítida, un determinado sistema económico-social, determinadas estructuras económico-sociales y en consecuencia el derecho es un reflejo de una realidad material objetiva, que tiene qué ver además con el proceso de la historia, con la ubicación geográfica de una nación.
Pero el derecho tiene un doble carácter, no solamente es reflejo de la realidad económico-social sino que también tiene la capacidad de influir sobre la propia estructura económico-social y esta influencia puede darse de dos formas, de dos modos; o bien para aseverar el proceso del devenir histórico o bien para tratar de contenerlo o incluso de retrotraerlo.
Por eso para los mexicanos ha sido siempre muy importante la Constitución particularmente para los mexicanos; porque la Constitución no solamente refleja lo que en un determinado momento somos, sino lo que queremos ser los mexicanos.
Es fascinante, es atractivo, hacer un examen de la historia no solamente del acontecer del pasado, sino del quehacer presente y la proyección futura, a través del punto de vista, de la perspectiva, de la teoría dijéramos de algún modo y espero que no se entienda con sentido peyorativo, desde el punto de vista de la teoría del amor.
De la desaparición de las contradicciones sociales, de la desaparición de una ley de desarrollo histórico, que no es un invento de nadie, que no es un deseo, que no es una manifestación subjetiva, sino que es una ley necesaria, objetiva, que es independiente de la voluntad del hombre; la lucha de clases, el enfrentamiento permanente de fuerzas antagónicas, que se resuelven siempre que algún modo y que vuelven a generar nuevas contradicciones.
Y la historia de nuestro país, lamentablemente no es una historia de amor, ni de flores regadas en el campo, sino que las transformaciones históricas en nuestro país ha sido el producto de luchas cruentas, heroicas, sangrientas, que van forjando de manera dramática la historia de nuestro país.
En consecuencia, no podemos olvidar esa historia dramática, ni podemos considerar que ha llegado la hora de reivindicar una teoría del amor para explicar los procesos sociales.
En tanto que vivamos en un sistema en el que hay explotados y hay explotadores, en un sistema injusto que permite la concentración de la riqueza en muy pocas manos y que permite que la gran masa del pueblo se depauperice y sufra de miseria, de atraso, de hambre, de ignorancia, no es posible todavía, por lo menos todavía, reivindicar una teoría del amor.
La Constitución de 1824 reflejó eso: una serie de contradicciones dramáticas, profundas, violentas de quienes querían caminar por una ruta progresista, ir al unísono de las ideas renovadoras y modernas en ese momento y de quienes querían mantenernos en el pasado oprobioso en el sistema colonial injusto, en la defensa de fueros y privilegios que ya no podían mantenerse porque aherrojaban a la nación mexicana y no permitían que el pueblo se expresase y conquistase su bienestar.
Porque hay que recordarlo, las constituciones reflejan, como los programas de lucha de los diversos partidos, las demandas y las aspiraciones más sentidas de la nación mexicana.
Lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos ahora, si pudiésemos hacer una síntesis de la historia de México, en breves palabras podríamos decir que es la lucha heroica, dramática, de un pueblo en la conquista o por la conquista de su plena independencia y soberanía, con dos demandas esenciales más: "la elevación constante del nivel de vida del pueblo y la ampliación del régimen democrático". Y las constituciones, la de 1824 incluida, trataban de expresar, de acuerdo con las ideas de ese momento, estas aspiraciones del pueblo mexicano.
Y hemos dicho que la Constitución 1824 tenía un antecedente social muy importante, de una gran trascendencia. Este documento histórico fue no escrito, sino dictado por un caudillo popular que no era jurista: José María Morelos y Pavón.
Lamentablemente, la Constitución de 1824 no reflejó las aspiraciones económico-sociales de reivindicación social de los Sentimientos de la Nación de Morelos. Apenas, por primera vez, refleja una de las aspiraciones de la nación mexicana; abandonar el sistema de gobierno centralista, corporativo, presidido por un pensamiento escolástico impuesto por la colonia española, y trataba de modernizar al país adoptando el sistema, efectivamente, el sistema federal representativo. Pero quedaron soterradas en su texto, sin haberse incluido en sus numerales las aspiraciones de reivindicación social de los Sentimientos de la Nación.
De modo tal, que para hacer un análisis objetivo, ponderado, serio, de la Constitución de 1824, pues tenemos que referirnos a lo avanzado, a lo positivo, a lo trascendente del documento, pero también señalar todo este fondo, esta infraestructura de contradicciones sociales, y de que fue deficiente en plasmar esas aspiraciones de reivindicación social, aspiraciones de justicia social de los mexicanos, y en el reconocimiento de los avances y las deficiencias, y en el reconocimiento de que la nación mexicana, se ha ido forjando efectivamente, en el choque de fuerzas antagónicas.
Mientras las contradicciones sociales, mientras la injusticia persista, mientras exista hambre, hambre física y sed de justicia, mientras haya injusticia y abuso y antidemocracia, y mientras no se conquiste la plena soberanía y la independencia de la nación mexicana, no podemos reivindicar la teoría del amor.
Tenemos que ser conscientes de que seguimos en una lucha dramática de enfrentamiento de lucha de clases; ése es el mejor homenaje que se puede hacer a la Constitución de 1824, que recoge esas contradicciones y que efectivamente es un mito, es un avance histórico de una sociedad que salía, que todavía no salía de una estructura colonial, dependiente, con estructuras semifeudales y semiesclavistas, y que todavía había muchas batallas por ganar, que quedaban pendientes para el pueblo de México, que al final de cuentas será el único y verdadero victorioso. Muchas gracias.
DE LA DENUNCIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la denuncia que hizo el Partido Revolucionario Institucional, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
EL C. senador Cristóbal Arias Solís: - Con el permiso de la Presidencia; ciudadanos legisladores: Deseamos hacer algunos comentarios relacionados con la contradenuncia, podríamos así llamarle, a la presentada hace un par de días por una comisión del Partido de la
Revolución Democrática ante el titular de la Secretaría de Gobernación, para señalar graves hechos que son del conocimiento de la opinión pública nacional y el día de ayer presurosamente representantes del partido oficial acudieron también a esa dependencia a través de la Dirección General de Derechos Humanos a presentar una contra-denuncia a nuestro partido.
Consideramos que es oportuno señalar en esta alta tribuna ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que advertimos el claro propósito de esta actitud del partido oficial; se pretende evidentemente desvirtuar, distorsionar los hechos graves que hemos denunciado. Se quiere confundir a la opinión pública nacional para hacer aparecer como intranscendente la denuncia presentada por nuestro partido; se intenta hacernos aparecer de denunciantes, de agredidos a agresores; se quiere retrasar evidentemente la investigación rápida a la que se comprometió el titular de la Secretaría de Gobernación para que se deslinden las responsabilidades legales penales en que hayan incurrido a quienes estamos denunciando.
No conocemos con exactitud el texto del documento de contra-denuncia presentado por el Partido Revolucionario Institucional a la Secretaría de Gobernación, pero se desprenden las claras y aviesas intenciones por las declaraciones que se transcriben y que aparecen al día de hoy en los diarios nacionales, que entre otras cosas del Partido Revolucionario Institucional solicita investigar y sancionar al Partido de la Revolución Democrática, demanda el Partido Revolucionario Institucional a sus autoridades: "ya no es posible guardar silencio ante la actitud del Partido de la Revolución Democrática - denuncia el Partido Revolucionario Institucional; vivimos en una atmósfera de concordia- dice el Partido Revolucionario Institucional, que en algunos lugares y de modo excepcional se ve alterada por pequeños grupos que ejercen la violencia para reclamar sus derechos.
Han actuado al margen los miembros del Partido de la Revolución Democrática, señalan en Michoacán y Guerrero, y entregan a la Secretaría de Gobernación un grueso expediente donde se señalan los supuestos hechos delictivos cometidos por miembros militantes o simpatizantes de nuestro partido".
Y siguen diciendo: "es injusto e inmoral que se nos atribuyan responsabilidades que evidentemente no tenemos. El Partido Revolucionario Institucional no es ni promotor ni beneficiario de la violencia. Su clara filiación y su abierta voluntad de abrir nuevos espacios a la vida democrática del país, lo llevan a combatir toda expresión que transgreda al estado de derecho".
Mayor ligereza y responsabilidad en estas declaraciones, no podríamos encontrar de quienes ahora pretenden hacer aparecer a nuestro partido como el partido de la violencia, como el promotor de los enfrentamientos que han derivado en hechos de sangre en que han caído recientemente un buen número de simpatizantes y militantes del Partido de la Revolución Democrática.
Queremos aquí ante esta alta representación nacional, por considerar que es de interés también de la opinión pública, dar lectura al documento que dos días atrás nuestro partido entregó a la Secretaría de Gobernación, que dice:
"Ciudadano Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Presente.
Venimos en representación del Consejo y el Comité Ejecutivo nacionales del Partido de la Revolución Democrática, a presentar a ustedes una relación sumaria de los hechos de violencia ocurridos en diversas entidades de la República, en los cuales han perdido la vida 56 ciudadanos afiliados o simpatizantes del partido de la Revolución Democrática y han resultado con lesiones de gravedad, decenas de ciudadanos.
Desde el artero asesinato de los compañeros Francisco Javier Ovando y Román Gil, en vísperas de las elecciones federales de 1988, hasta la agresión más reciente en Tacámbaro, estado de Michoacán, en que perdiera la vida un militante del Partido de la Revolución Democrática, el signo común de estas agresiones contra miembros de nuestro partido, ha sido la impunidad de los asesinatos, la incapacidad de los cuerpos de seguridad pública estatales y federales, para otorgar protección a la ciudadanía, la pasividad que raya en complicidad, de las procuradurías de justicia para detener a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
Resulta alarmante por lo que implica de violatorio al orden constitucional y los derechos humanos, que las agresiones de autoridades, caciques y pistoleros a sueldo en contra de ciudadanos que hacen uso legal y legítimo de sus garantías y derechos constitucionales, se conviertan en asuntos de cada día.
El número de las víctimas da cuenta de una situación de violencia y agresión contra un partido político nacional, como hacía muchos años que no se presentaba en la vida política de México.
La violencia que priva en contra de nuestro partido, tiene como origen la persistencia de una política y de una práctica violatoria del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus
autoridades. El fraude electoral ya no sólo es ofensa cívica, sino que ha pasado a ser motivo para la represión y el asesinato de mexicanos que defienden su voto y exigen limpieza y veracidad en los resultados electorales.
La mayoría de los hechos de violencia que han costado la vida a nuestros compañeros, se han dado en el marco de confrontaciones derivadas de procesos electorales. A este clima de violencia ha contribuido la propia actitud de autoridades federales y estatales, que con diversas formas y con declaraciones irresponsables alimentan la agresividad de autoridades caciquiles, grupos priístas y burocracias locales en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Desde luego, responsabilidad primordial recae en los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional que no sólo han tolerado y solapado la agresión en contra del Partido de la Revolución Democrática, sino que incluso la han alentado públicamente, como lo demuestran las declaraciones del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, señor Rafael Rodríguez Barrera, llamando a desterrar al Partido de la Revolución Democrática del panorama político nacional.
Más preocupante es aún la intervención en conflictos electorales de grupos conocidos de filiación fascista y con métodos paramilitares como Antorcha Campesina, que con la complacencia de las autoridades permanecen en Alcosauca, estado de Guerrero y han generado un clima de terror en la región de la montaña.
A nadie escapa que la violencia verbal encubre y alienta a la violencia física y que ambas constituyen formas del terrorismo de Estado. Es evidente, por otra parte, que el diálogo político y el asesinato a mansalva son incompatibles. Corresponde al gobierno federal y en particular a la secretaría a su cargo, de Gobernación, velar por la tranquilidad y seguridad de los mexicanos, por la preservación de los derechos constitucionales y la vigencia del estado de derecho.
Es evidente que la impunidad de que gozan los autores materiales intelectuales de los crímenes que denunciamos es un acción deliberada de parte de las autoridades judiciales y políticas; a ellas corresponde la responsabilidad de que no se haya detenido en ningún momento, la ya larga cadena de asesinatos de miembros y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática.
Nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, refrenda su compromiso con la vigencia del orden constitucional, y por ello mismo exige a las autoridades federales su intervención para poner fin a la oleada de agresiones en contra de nuestro partido, de sus afiliados y simpatizantes y de la ciudadanía que hace uso de su derecho legítimo a protestar.
Exigimos también la detención y consignación inmediata de los actores intelectuales y materiales de los homicidios en contra de nuestros compañeros. Somos un partido empeñado en la transformación democrática de México, para ello se requiere un clima de paz y de tranquilidad que permita a los partidos y ciudadanos dirimir sus diferencias políticas a través del ejercicio libre y respetado del voto.
Los mexicanos no queremos la violencia como método para resolver nuestras diferencias; corresponde al gobierno de la República impedir que estos hechos sigan ocurriendo y dar ejemplo de apego a la ley.
Por ello, insistimos en señalar que la acción realizada el día de ayer por representantes del Comité Nacional del partido oficial en nada contribuye para buscar que se resuelvan los conflictos políticos suscitados, derivados de los procesos electorales recientes, como es el caso de los estados de Michoacán y de Guerrero.
Advertimos, como lo manifestamos hace un momento, la clara maniobra del gobierno y del partido oficial. Por un lado, a través de un órgano, de una autoridad se da entrada, se recibe y se compromete a investigar los hechos que estamos denunciando, y casi simultáneamente conocido por la opinión pública la presentación de este documento con la lista de los 56 casos que se enumeran, donde han resultado asesinados compañeros nuestros, casi simultáneamente el Partido Revolucionario Institucional se presenta ante la propia Secretaría de Gobernación para hacer declaraciones en contra nuestra y para exigir, según ellos, a la Secretaría de Gobernación que sea al Partido de la Revolución Democrática al que se investigue y se sancione.
Por otro lado, se pretende postergar, en tanto no se lleve a cabo esta investigación, los graves conflictos políticos que se están viviendo en muchos municipios del estado de Guerrero y en muchos municipios del estado de Michoacán.
Postergar las soluciones políticas ilegales, en estos casos conflictivos es irresponsablemente estar actuando por el gobierno federal y por los gobiernos de los estados, pretendiendo que ganar tiempo les va a permitir desalentar el ánimo y el interés del ejercicio de los derechos políticos para protestar en contra de fraudes y exigir la
restauración de sus derechos ciudadanos donde fuere violentado y burlado el voto en Guerrero y en Michoacán, va a hacer que desistan los ciudadanos que están participando en esos movimientos en sus respectivos municipios.
O es por otro lado propiciar que se siga generando el clima de tensión y de intranquilidad y de zozobra de muchos ciudadanos por las constantes agresiones de que están siendo objeto por los grupos armados del partido oficial.
El día de hoy y ayer hemos recibido comunicación telefónica de compañeros nuestros de algunos municipios de Michoacán, de Tacámbaro, donde aquí en esta misma tribuna, mi compañero el diputado Leonel Godoy señaló anticipadamente a los grupos caciquiles del partido oficial que han venido azotando la región de Tacámbaro y Turicato conocidos como la familia Villaseñor, de los atropellos constantes y las vejaciones que han sufrido ciudadanos de esa región, y recientemente en Tacámbaro agredieron y ultimaron a balazos a un simpatizante del Partido de la Revolución Democrática.
Están identificados los autores intelectuales y materiales de ese crimen, y ayer por la noche nos informaban de Tacámbaro y de Turicato nuestro candidato del Partido de la Revolución Democrática del segundo municipio y compañeros de Tacámbaro, que siguen acechando y provocando a quienes vieron agredir y balacear a los compañeros nuestros en ese municipio y la autoridad no actúa. ¿Qué se pretende que se sigan cometiendo agresiones, que sigan cayendo más simpatizantes y militantes de nuestro partido?
El día de ayer también compañeros nuestros del municipio de Jacona, donde hace menos de ocho días fueron agredidos por grupos armados del partido oficial, con resultados sangrientos, están siendo nuevamente hostigados, amenazados por esos mismos grupos armados frente a la propia Policía Judicial estatal destacada en ese municipio, que está con su presencia no contribuyendo a que se den garantías y seguridad para establecer la paz y la tranquilidad pública en ese municipio, sino para solapar las acciones de agresión de los grupos armados del Partido Revolucionario Institucional que impunemente pasean con sus armas frente a los propios integrantes de la Policía Judicial del Estado.
Por ello, nosotros urgimos e instamos a las autoridades federales y estatales a que depongan su actitud de indiferencia ante estos graves problemas, para evitar más hechos de violencia, para evitar que siga habiendo asesinatos políticos.
Las causas, el origen de todo esto, está en la falta de voluntad y de interés político del gobierno para respetar el voto. Y se ha pretendido que con la amenaza que lleva ya a la agresión de la integridad física de ciudadanos, de militantes y simpatizantes del partido, se va a desalentar la participación política y electoral.
Se han equivocado si se cree que la ciudadanía va a volver al estado político y electoral que antes de 1988 caracterizaba a vastos sectores de la población. No obstante agresiones, no obstante asesinatos en esos pueblos en donde han agredido a nuestros compañeros, el pueblo está en defensa activa y comprometida de sus derechos políticos, de sus derechos electorales. Y a pesar de ellos, nos lo han manifestado, no existe ni intransigencia ni cerrazón alguna a pesar de la ofensa, de la agresión para encontrar las soluciones políticas y las soluciones legales para resolver los problemas que se están viviendo en un buen número de municipios de los estados de Guerrero y de Michoacán.
El Partido de la Revolución Democrática sí exige por un lado, la inmediata acción política y judicial para poner, para realizar las investigaciones, integrar averiguaciones y consignar a los presuntos responsables para que se den actos de justicia.
Y por otro lado, está también dispuesto a conocer y a escuchar de las propuestas que puedan resultar aceptables mas no impuestas y que puedan resultar aceptables para los grupos de la población inconformes por la violación a sus derechos electorales.
El Partido de la Revolución Democrática, compañeros nuestros, así nos lo han planteado, pero ante la propia cerrazón y la falta de voluntad del propio gobierno y de su partido, está propiciando también que exista una mayor inconformidad política en aquellos pueblos donde en ningún momento la autoridad ha intervenido para poner un alto a la agresión de que están siendo objeto por los grupos de choque del partido oficial."
No basta, como dice el documento que le hemos dado lectura, anunciar los buenos propósitos de diálogo y entendimiento si éstos no se traducen en hechos concretos, y el pueblo de Michoacán como el de Guerrero lo que exigen son hechos concretos y no declaraciones como las frívolas e irresponsables que constantemente hace el gobernador del estado de Guerrero; donde hoy fuimos enterados, por ejemplo, por un grupo de periodistas que nos entrevistaron, de que hoy se trasladó especialmente el gobernador de aquel estado a la ciudad de México para ofrecer un desayuno a
los representantes de los medios de comunicación, donde claramente dejó establecido que respeta la relación y comunicación que pueda darse entre la Secretaría de Gobernación y el Partido de la Revolución Democrática, pero que ello no le preocupa porque no es competencia de la Secretaría de Gobernación tener que ver con los asuntos internos del estado de Guerrero.
Manifiesta que cuando aquí presentamos la denuncia para demandar el juicio político en su contra, lo hicimos y pretendimos hacerle "manita de puerco", para sentarse a negociar con el Partido de la Revolución Democrática, señala, según se nos informa en ese desayuno, que Michoacán, que Guerrero no es Michoacán, que los michoacanos han sido tolerantes con el Partido de la Revolución Democrática y se le han dado concesiones para obtener los triunfos que se le reconocieron y que él es un gobernador muy hombre y con muchos pantalones y que en Guerrero no se va a hacer lo que en Michoacán y nosotros le contestamos a los señores periodistas, que tiene razón el gobernador fría e irresponsable, de opereta pero con actitudes francamente fascistoides del estado de Guerrero, de que son totalmente distintos Michoacán y Guerrero, que nosotros sentimos que es peor la situación política que se está viviendo en el estado de Guerrero y es peor con un gobernador irresponsable que es el principal obstáculo para que pueda haber acuerdos y soluciones políticas y legales, para restablecer la seguridad, la paz y la tranquilidad pública en aquel estado, que es el principal obstáculo que tiene el pueblo de Guerrero y el propio gobierno federal, para encontrar caminos para que se vuelva a la concordia y armonía política y cívica en aquel estado, que peor gobernador no había tenido ese sufrido y rezagado estado de Guerrero, como el que actualmente está oprimiendo, amenazando y agrediendo al pueblo del estado de Guerrero.
Creemos entonces que con esa clase de autoridad, que con esos desplantes irresponsables, frívolos, payasos y demagógicos, difícilmente se van a encontrar las soluciones urgentes para Guerrero, para evitar nuevas confrontaciones o nuevas violencias.
Creemos también, por eso lo afirmamos, que con las actitudes de los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, de ir a tratar de bloquear la investigación que se ha comprometido el gobierno a realizar, para deslindar responsabilidad con motivo de los hechos por nosotros denunciados, pretender bloquearla, no contribuye a encontrar también los mejores caminos para solucionar legal y políticamente los problemas que se están viviendo en el estado de Michoacán y en el propio estado de Guerrero.
Por eso, exigimos al gobierno y a su propio partido seriedad y responsabilidad para resolver los problemas en las horas difíciles que se están viviendo en el estado de Michoacán y en el estado de Guerrero.
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el senador Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: - Con su permiso, señor Presidente: Nosotros, el Partido Revolucionario Institucional, su fracción parlamentaria ha saludado con satisfacción la conducta de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, que acuden a autoridades constitutivas, en consecuencia del régimen de derecho que vivimos, a denunciar hechos delictivos que a su juicio perjudican a su partido y que nosotros también condenamos, porque hemos dicho que la violencia no es recurso para solucionar las cuestiones de orden electoral y los hechos de orden político.
Esta es la tesis de nuestro partido: el de contender limpiamente, sobre la base de principios, el de confrontar proposiciones en relación con el proyecto nacional, el disentir de otras secciones, si es el caso, en relación con nuestro proyecto histórico.
Hemos pues expresado satisfacción por esta actitud del Partido de la Revolución Democrática, que no tenía antecedentes ciertamente, que inaugura una nueva conducta, saludable para la vida del país, y al hacerlo nos hemos hecho caja de resonancia de un sentimiento nacional; los partidos por fin, de la oposición, retoman el camino de siempre, del derecho y de la lucha pacífica, constructiva, democrática, en la vida nacional.
No hemos sostenido jamás que sea proyecto, propósito, objetivo de nuestro partido, como dice mi distinguido amigo el señor Sandoval Arias, interferir con la investigación que ha denunciado. Nuestro partido ha demandado y demanda la presencia ágil de la autoridad en la solución de todos los conflictos, el restablecimiento del derecho en todos los hechos de la vida nacional. No hemos calificado de intrascendentes, ni de negativa, ni de fútil, la actitud del Partido de la Revolución Democrática.
Dijimos, eso sí, que son censurables todos los atentados en contra de la vida, condenable el homicidio y en política no era imputable exclusivamente la violencia no los hechos delictivos a nuestro partido. Que se debiera profundizar en la investigación y en el objetivo imparcial por la vía del derecho.
Esa es la actitud del partido. Esa es la conducta de nuestra organización política. Nosotros sostenemos que es preciso, que es necesario desactivar la violencia donde quiera que se encuentre. Que no es aconsejable suscitar ningún acto que se aparte del derecho y de la ley para reclamar derechos, cuando existen las vías jurídicas establecidas y los mecanismos y las autoridades, y que ahí donde hay indolencia hay que suscitar la intervención expedita, el restablecimiento de las vías legales.
No tiene razón, en consecuencia, el señor senador Arias, cuando habla de que nosotros, de que en nuestro partido estamos interfiriendo en la solución de ningún conflicto, no lo pretendemos, hemos hecho los primeros intentos, dado los primeros pasos adelante para encontrarnos con la fuerza de la oposición y concertar y resolver dentro del diálogo lo que pueda ser resuelto, sin violar la ley, Esa es la actitud nuestra, de nuestro partido.
Qué bueno que venga aquí el senador Arias, a refrendar el compromiso del Partido de la Revolución Democrática, seguro que lo hace en su nombre, y además consta en el documento de Gobernación, refrendar, dice, el compromiso con la vigencia del orden constitucional.
Esto es lo que nosotros deseamos escuchar aquí en esta tribuna, y allá en Jacona y en todas partes, en todos los municipios del estado, de Michoacán y de Guerrero. En todas partes hablar el lenguaje de la legalidad, suspender ya para siempre la práctica negativa ilegal y muchas veces irresponsable de usar métodos en contra de la ley. Eso es lo que queremos, imparcialmente, que se aplique la ley.
Condenamos el homicidio, la violencia, pedimos, finalmente, que estas palabras dichas aquí se les quite el tono de confrontación. A la confrontación de los hechos no vamos a ninguna parte. Estamos ubicando con ello la antidemocracia. Que volvamos con sinceridad y plenamente a la vigencia del orden jurídico. La confrontación suscita al fascismo, suscita la antidemocracia. Hablemos un lenguaje pacífico, hablemos del lenguaje del derecho, el leguaje de la paz y de la concordia, refrendemos el compromiso con nuestro orden jurídico, que es una decisión política fundamental de nuestro pueblo que viene de muy lejos y que ha costado esfuerzos incruentos, sacrificios grandes.
Aquí se ha recordado la pasión de los mexicanos de todo estilo por vivir en paz y elevar sus metas de convivencia civilizada. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo en pleno Siglo XXI, cuando ya estamos viviendo la primera década de este nuevo milenio?
Que el Partido de la Revolución Democrática y todos los partidos y el nuestro, comprometido con la democracia, reanuden el camino por la vía pacífica y vamos a encontrar expedito el camino de la autoridad para castigar y para restaurar la vigencia del derecho allí donde haya sido violado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy, para hechos.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente: En los últimos días, fundamentalmente en las sesiones de esta Comisión Permanente, hemos estado denunciando constantemente hechos de violencia en distintos estados, cometidos en agravio de militantes de nuestro Partido de la Revolución Democrática.
En todos ellos, fundamentalmente o la mayoría de ellos, más bien, los hemos señalado, que su origen está, que la causa de ello, se encuentra en la falta de respeto a la voluntad popular. Por ese motivo nosotros volvemos a decir que exigimos hechos y no "frases declarativas".
El domingo que acaba de pasar se realizaron los cómputos de las elecciones en el estado de Hidalgo. Ahí se reafirmó, se conformó una actitud en esto de lo que llamamos falta de respeto a la voluntad popular como origen primario de la violencia.
Esta actitud no podemos más que calificarla de una política perversa, del gobierno y su partido, que sobre la base de un sistema electoral viciado, les permite manejar las cifras., los votos, a su antojo, a su total arbitrio. Y también, como en otras ocasiones, esto lo hemos dicho sólo puede ocurrir en un país donde impera un sistema de partido de estado.
Lo que ocurrió en el estado de Hidalgo, este refrendar de una política electoral perversa, tiene sus antecedentes en Veracruz y en Puebla. En Veracruz por ejemplo, el partido de la Revolución Democrática luchó, movilizó, participó en una contienda electoral, con los escasos recursos a su alcance, disputando realmente el poder político al Partido Revolucionario Institucional.
No conforme con tener que enfrentarse a esa maquinaria del partido de estado, sobre la base de ese sistema electoral perverso también, modificó las cifras y puso al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a la misma altura, al mismo nivel que la votación que nosotros habíamos tenido, y que conforme a la realidad del estado de Veracruz, no había ocurrido jamás.
De 26 mil votos que tuvo el partido del ferrocarril, la Comisión Estatal Electoral de Veracruz le subió a una votación de 58 mil votos, más del doble, con la finalidad de que sólo hubiera ocho décimas de diferencia entre el Partido de la Revolución Democrática y este partido paraestatal, que afortunadamente es ya el único que le queda.
En Puebla, en las elecciones que acaban de ocurrir también en el año pasado, ya de la época moderna del gobierno o del modernismo Salinista, de una votación real que tuvo el Partido del Frente, de 15 mil votos, le dio 77 mil votos. Evidentemente también con la finalidad de bajar, de reducir los ánimos cívicos de ejercicios legítimos constitucionales de militantes de nuestro partido, y también, eso lo sabemos, para pagarles los favores que les están haciendo, como el que acaban de hacer ayer en el estado de Michoacán, donde votó el único diputado del ferrocarril, para aprobar la cuenta pública de Luis Martínez Villicaña.
Esto que ocurrió en estos dos estados, en plena década previa al Siglo XXI, como lo dice el senador, lo acaba de hacer en Hidalgo, sin ningún antecedente, con todos los antecedentes más bien en contra, y ya no nada más agrediendo intereses legítimos de hidalguenses que militan en nuestro partido, sino también por ejemplo, del Partido Acción Nacional y del Partido Popular Socialista; redujo votaciones y cometió agravios, como en el Distrito de Huejutla y en el de Molongo, que en esos dos distritos le dieron una votación del 50% del total de la votación que tuvo el partido este del ferrocarril en el estado de Hidalgo.
No es posible que esto siga ocurriendo en un país donde se habla de democracia y de modernidad, no podemos quedarnos callados ante esta política electoral perversa en contra de genuinos partidos de oposición. Estos resultados de Hidalgo ratifican una decisión de la clase gobernante, no de propiciar el ejercicio de los derechos cívicos en este país sino de desalentarlos, de reprimirlos; y señores éste es el verdadero origen, de una violación sistemática a nuestro estado de derecho, es el origen primario, primogénito; donde eso ocurra, estaremos fincando un sistema de corrupción y de violación a cualquier orden jurídico instituido.
Por ello en esta tribuna, como reiteradamente lo hemos hecho, venimos a denunciar ante todos los mexicanos esto que acaba de refrendarse en el estado de Hidalgo pero también subrayamos la decisión inquebrantable del Partido de la Revolución Democrática para luchar junto con todos los que así lo deseen, a fin de tener caminos democráticos, de recuperar soberanía nacional y esto lo haremos mediante el ejercicio de derechos constitucionales por el voto, por la ley, mediante el diálogo y la paz.
Estos son hechos, no queremos en respuesta frases. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal.
El C. diputado Ricardo Monreal Avila: - Con su permiso señor Presidente; honorable asamblea: Nuestra postura como partido político ha sido de siempre el diálogo para aclarar y dirimir diferencias. Reiteramos esta disposición, pero entendemos por diálogo hablar con la verdad de los argumentos sin tener que negociar las conquistas legítimas de la ciudadanía en favor de nuestro partido.
La violencia habremos todos de coincidir que invariablemente genera violencia pero además presupone incultura política y de pobreza en la expresión de ideas, quedando éstas desafortunadamente a la zaga frente a la pasión e inflexibilidad.
No es congruente para nadie asumir tácticas de presión en aras de lograr espacios políticos que no fueron logrados en la legitimidad. Es inexacto que nuestro partido tienda o que exista política perversa. Es así como algunos quisieran verlo. Pero debemos de concluir que lo que se pretende es construir un México más democrático; y en esto nos debe tener a todos ocupados.
Nos parece muy extraño que en estos momentos de apertura, en los que los mexicanos se esfuerzan por recuperar el crecimiento económico, surjan tendencias proclives a la violencia. Tendencias en las que sus dirigentes han creado en algunas ocasiones falsas expectativas a sus dirigidos. De ahí que nuestro partido rechaza la confrontación y la provocación. Esos caminos los hemos desechado y los hemos superado.
Reitero la posición de mi partido en el sentido de asumir responsablemente los hechos que se deduzcan de las denuncias, que es el objetivo de este debate, sometiéndonos al imperio de la ley. En este orden de ideas es conveniente expresar nuestro deseo porque el Partido de la Revolución Democrática siga en su misma actitud de diálogo.
Cualquier ciudadano imparcial coincidirá que la toma de alcaldías, establecimiento de gobiernos paralelos, bloqueos de carreteras y oficinas públicas, agresiones físicas y verbales, obstaculizan sin duda alguna, el pretendido diálogo, y con éste resolver los conflictos poselectorales.
Presumimos con las reservas prudentes, que las listas presentadas por el partido denunciante ante el Secretario de Gobernación, con motivo de los
resultados por los conflictos poselectorales, es también inexacta.
Lamentamos sensiblemente cualquier pérdida humana; y aun aceptando sin conceder estas listas aportadas, nos pronunciamos porque se defina mediante investigación exhaustiva, quiénes fueron provocados y quiénes los provocadores. Esto con el ánimo de esclarecer los hechos violentos por causas políticas, que es insoslayable también conocer el origen y la intención.
La investigación implica y presupone adentrarnos a estos orígenes y a esta intención. Lo que no podemos aceptar, no lo consideramos válido, que una fracción o partido se diga dueña de la verdad y acuse a nuestro partido como el responsable de la violencia. Si así fuera, no tendría sentido la investigación. Si apenas se abre el proceso de investigación, no es congruente que los denunciantes juzguen a su libre albedrío.
Esperemos pues esta investigación; queremos, deseamos se investigue con imparcialidad. Finalmente, los pueblos de Michoacán y Guerrero están enterados de quiénes son los generadores de la violencia.
Estamos totalmente de acuerdo y así lo exigimos, que la Dirección de los Derechos Humanos investigue los hechos denunciados por nuestro partido y por separado que indague, desde las entrañas mismas y que se entere con claridad y trasparencia a la opinión pública.
Sin embargo, no obstante los resultados de la investigación referida, quiero expresar mi beneplácito por la disposición al diálogo. Por fortuna, ambos partidos confiamos en la autoridad moral y política del Secretario de Gobernación; su verticalidad no dejará dudas.
En declaraciones vertidas, así lo establecieron el día de hoy algunos dirigentes de ese partido.
Respecto de nuestra denuncia, ésta se traduce en toda una relación de situaciones, que a juicio de nuestra dirigencia en los estados, constituyen acciones punibles y contrarias a lo que se manifestaba verbalmente por parte de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, es decir, el Partido Revolucionario Institucional ha denunciado anomalías e irregularidades que constituyen, a nuestro juicio, conductas ilícitas; pero, reitero, que nos sujetaremos al fallo final que resulte de la referida investigación por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección de Derechos Humanos.
No hay pues, ninguna contradenuncia, refiriéndome a lo expresado por el senador Arias. Simple y llanamente estamos pidiendo que se cristalice un efecto del derecho, de que la ley sea por tanto valedera para todos. E hicimos valer nuestro derecho de presentar denuncias para que de igual forma se investigue y se proceda jurídicamente contra los responsables o presuntos responsables.
Ciertamente nuestra denuncia incluye 46 hechos violentos ocurridos en Guerrero y presumiblemente, no me atrevo a asegurar, atribuibles a militantes de ese partido. Sucesos que oscilan del 11 de noviembre retropróximo, al 26 de enero del año en curso. También fue exhibida la cronología de la toma de 21 presidencias municipales, algunas de ellas mediante violencia entre el 7 de diciembre retropróximo y el 18 de enero.
De igual forma presentamos 14 incidentes ocurridos en Michoacán, junto a la toma de 29 alcaldías y la formación de ayuntamientos paralelos.
Estos reportes refieren hechos distintos, todos presumiblemente considerados constitutivos de delito, tales como suicidios, lesiones graves, daños en las cosas y en la propiedad, amenazas de muerte, secuestros, intimidaciones, ataques a las vías generales de comunicación y otros. Pero reitero, esperamos los resultados de la investigación y exigimos una vez realizada ya desahogada se proceda enérgicamente contra los autores de la violencia quienes sean, quienes fueran éstos.
No hay tampoco intenciones de nuestro partido, tentativas de desorientar a la opinión pública y repito, sigo reiterando , que será en última instancia la investigación la que determine quiénes son, como decía el senador Arias, los agresores y los agredidos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para alusiones, tiene la palabra el senador Cristóbal Arias Solís.
El C. senador Cristóbal Arias Solís: - Con su permiso señor Presidente; señores diputados y senadores: Con la intervención del señor diputado Montreal que por cierto parece que no venía muy preparado, sin embargo, da la impresión de que de acuerdo a la, insisto yo en llamarle así, contradenuncia casi simultánea a nuestra denuncia presentada ante la Secretaría de Gobernación, da la impresión de que ya está todo muy claro para el Partido Revolucionario Institucional.
Dice por un lado que es inexacta esta relación que hemos presentado de los asesinados, no se aclara por qué es inexacta, tal vez será inexacta porque nos faltaron aumentar más de algunos que hayamos omitido de los homicidios que se han
cometido. O es inexacta porque a lo mejor los muertos no son muertos, a lo mejor resulta que hasta se quieren desconocer que se dieron estas muertes, a lo mejor Francisco Javier Ovando, resulta que no está muerto, resucitó, y anda por ahí en el Partido de la Revolución Democrática.
Dice el representante del Partido Revolucionario Institucional, con mucha seguridad, que se atienen a los resultados de la investigación, para que se determine quiénes son finalmente los agresores, y quiénes los agredidos.
Yo desprendía en anterior intervención, justamente esta presunción de los representantes del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, de desvirtuar, de distorsionar, para hacer entonces aparecer que el origen de la violencia está en las acciones políticas del Partido de la Revolución Democrática y que entonces los agredidos han sido los pacíficos y honorables militantes del Partido Revolucionario Institucional.
Afirma también el señor diputado, y no estamos de acuerdo, de ninguna manera, con él, de que hemos estado realizando actos de presión para conquistar espacios que electoralmente no hemos conquistado. Y que acudimos a hacer actos de presión política que suena a otra cosa y no al legítimo derecho cívico de manifestarse, de la ciudadanía.
Yo le quiero recordar al señor diputado, que en el caso concreto del estado de Michoacán, pese a las acciones preparatorias para consumar fraude electoral por su partido, éste para su desgracia, no pudo prosperar en la mayor parte del estado, no se pudo consumar.
Y logramos demostrarle a la autoridad estatal y al representante de su partido, con copias de las actas de escrutinio en la mano, que obtuvimos un triunfo evidente de los 113 municipios, en 63. Y que en el resto del estado, estaba claro en cuáles municipios se había cometido graves irregularidades que alteraron los resultados y que por lo tanto quedábamos en nuestro derecho de acudir puntualmente en tiempo y en forma, ante los organismos electorales competentes a interponer los recursos para impugnar los resultados y las resoluciones de los comités municipales electorales.
Simplemente, el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, se puso un límite. No obstante las pruebas que acreditaron nuestros triunfos en los casos que he mencionado, se puso un límite: no reconocer más allá de 52. Y despojarnos en los territorios, en las mesas de las oficinas de los comités municipales electorales, despojarnos, arrebatarnos del triunfo que obtuvimos en esos tres.
Y en paquete, por otro lado, por la Comisión Estatal Electoral, por la mayoría de representantes en ese organismo, en la parte oficial, desechar, en paquete, la totalidad de los recursos de impugnación de los resultados.
Yo le pregunto al señor diputado del Partido Revolucionario Institucional: ¿qué le recomienda al pueblo de Michoacán, al de Guerrero?, ¿qué le recomienda a los señores ciudadanos de varios partidos, y entre ellos, evidentemente, militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, que se encuentran desde hace un mes manifestando públicamente su inconformidad para resolver estos conflictos?, ¿qué les recomienda a estos ciudadanos que se prepararon con entusiasmo, con mucha voluntad, con convicción política, con entrega, con sus propios recursos para participar en el proceso electoral?, ¿que seleccionaron y capacitaron a quienes debían representarlos en las casillas para cuidarlas?
¿Que pusieron a sus recursos económicos, materiales y fuerza física para recorrer todas las poblaciones de los municipios acompañando a los candidatos?, ¿que estuvieron denunciando una y otra vez constantemente de que se estaban eliminando nombres de compañeros suyos del padrón electoral?, ¿que estuvieron yendo una y otra vez a las oficinas municipales del Registro de Electores?, ¿que se desplazaron a las cabeceras de distrito donde están los representantes del Registro Nacional de Electores?, ¿que acudieron ante el delegado estatal, en las capitales de los estados del Registro Estatal de Electores para protestar y pedir que se reinscribiera a quienes se habían suprimido del padrón y para pedir a aquellos que están en el padrón, que se les entregaran sus credenciales, que denunciaron una y otra vez el derroche ostentoso de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que traían las camionetas, los empleados de las presidencias municipales por funcionarios del Partido Revolucionario Institucional?
¿Que estuvieron desde temprana hora cuidando las casillas y que en muchos casos se les impidió estar presentes o se les desalojó?, ¿qué les recomendaría a aquellos que entonces, ante tanta arbitrariedad elaboraron, asesorados por conocedores del derecho electoral, los escritos que llevaron a los distintos organismos electorales a interponer los recursos de queja, de protesta, de revisión, que hicieron guardias permanentes frente a las oficinas de los comités municipales electorales para evitar que fueran sustraídos los paquetes electorales o se introdujeran personas ajenas al órgano electoral?
¿Que hicieron sus escritos de denuncia y acudieron ante la agencia del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia para señalar hechos que a su juicio incurrían en responsabilidad penal en detrimento de los militantes simpatizantes del partido y que alteraban la voluntad ciudadana en el proceso electoral, que fueron a pedir que se les procurara justicia, que se ejerciera esa garantía constitucional, procuración de justicia y que se las cerró la puerta y se les negó?
¿Que acudieron ante los organismos electorales, municipales, distritales, estatales, a congresos del estado, Comisión Estatal Electoral, a pedir justicia electoral, a que se aplicara imparcialmente la ley y se desahogaran correctamente los recursos legales interpuestos?
Se puso oídos sordos y se desecharon la totalidad. Ninguno prosperó. Y que ahora han venido ejerciendo derechos políticos de reunión, de manifestación y de expresión y que claro no se reúnen ni alzan la voz en los patios de sus casas, ni tampoco lo hacen en los templos ¿sí?; invaden las calles, las plazas los jardines, están frente a los palacios municipales; están frente al palacio de gobierno para denunciar y señalar las violaciones a la ley y gritan fuerte. En el lenguaje que sabe hablar el pueblo. Ejercen sus derechos políticos y van también a las carreteras, también, para llamar la atención de la opinión pública nacional, para conmover a este país de que se está burlando el derecho del voto.
Y causan molestias, sí, causan molestias porque hay quienes tienen prisa, pero muchos se solidarizan porque están de acuerdo en el ejercicio de ese derecho constitucional. Y Ciertamente están ahí, en buen número, en palacios municipales; que no son propiedad del Partido Revolucionario Institucional, que no son propiedad del gobierno; que son propiedad del pueblo y están ahí la mayoría del pueblo.
Y hasta el momento ¿cuál ha sido la respuesta? Oídos sordos, condenas, declaraciones calumniosas e injuriosas.
¿Qué les recomienda, señor diputado, a quienes ejercen su derecho de procuración de justicia, su derecho de justicia electoral? A quienes están ejerciendo sus derechos cívicos ciudadanos, sus derechos políticos de asociación, de reunión, de expresión, de manifestación. Y que están ahí día y noche, no por gusto ni por placer: por una necesidad y están con coraje, y están ahí y lo vemos en las fotos de los periódicos, es gente del pueblo, del pueblo más humilde, gente que vive en la injusticia, en la miseria, en la explotación en su mayoría.
Campesinos traicionados por el gobierno, por la reforma agraria y por sus organizaciones campesinas. Obreros traicionados, que han vendido las huelgas sus dirigentes y que los han engañado y que les congelan sus salarios.
Profesionistas desempleados porque se les cierran las puertas para trabajar en el gobierno o en la iniciativa privada y porque no tienen recursos para iniciar por sí mismos o emprender una actividad individual privada.
Son ciudadanos que están ejerciendo sus derechos. En las mismas y en otras épocas militantes del Partido Revolucionario Institucional tomaron también presidencias municipales, inconformes con las imposiciones, con los dedazos; y hoy se pretende desconocer ese pasado y querer condenar a ciudadanos independientes del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional, que están ahí, sí, como un acto de presión política.
La opinión pública se solidariza y se conmueve y el gobierno pone oídos sordos. Y el Partido Revolucionario Institucional trata de desvirtuar y de bloquear la posibilidad de que se llegue a que se dé una respuesta positiva a las demandas legítimas de quien legítimamente obtuvo triunfos electorales.
¡Y que quede claro!: el Partido de la Revolución Democrática no anda buscando negociar porque como lo ha dicho una y otra vez nuestro partido y su dirigente principal Cuauhtémoc Cárdenas: el Partido de la Revolución Democrática no negocia, porque en el Partido de la Revolución Democrática no hay negociantes. Porque no somos comerciantes, porque no puede negociarse el voto; no puede verse el voto como un comercio.
El Partido de la Revolución Democrática exige respeto al voto, y exige respeto a estos pueblos, que están luchando en el ejercicio de legítimos derechos.
Entonces, yo terminaría con esto, preguntar nuevamente al señor diputado, ¿se están ejerciendo todos los derechos que la Constitución señala, nos convocan a que se ejerzan los derechos? Podríamos traer aquí el montón de expedientes de todos los trámites, de todos los escritos, de todas las demandas, y cuando el pueblo sale a la calle y se manifiesta, no hay respuesta alguna.
En espera de lo que se determine por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno federal, le dejo la pregunta al señor diputado del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Arturo Armendáriz delgado (desde su curul): - Una pregunta al orador.
El C. Presidente: - Señor senador Arias, ¿acepta una pregunta del señor diputado Armendáriz?
El C. senador Cristóbal Arias Solís: - Con mucho gusto, señor Presidente.
El C. diputado Arturo Armendáriz Delgado (desde su curul): - ¿Señor senador, considera usted que es un derecho legítimo del Partido Revolucionario Institucional acudir ante la dirección de derechos humanos a hacer una denuncia?
El C. senador Cristóbal Arias Solís: - Mire usted, señor diputado, lo que aquí he destacado, es que hemos estado desde hace tiempo, no es la primera ocasión, denunciando la falta de respeto al voto, que origina inconformidad en la población...
Permítame, todavía no le acabo de contestar; esto ha traído como consecuencia que se trate de acallar la inconformidad legítima de quienes son afectados en sus derechos electorales por medio de la violencia, donde siempre quienes han resultado encarcelados, golpeados, heridos y asesinados, son miembros de la Revolución Democrática. Los muertos son nuestros muertos.
Se presenta una denuncia ante la Secretaría de Gobernación que se turna a la Dirección de Derechos Humanos y lo que nosotros sí decimos aquí que nos parece que es una maniobra de su partido, de sus dirigentes ir con una contradenuncia, donde tratan que se revierta en nuestra contra el hecho de ir a presentar la denuncia.
Y entonces ahora se nos pretende hacer aparecer los que denunciamos, ahora somos los delincuentes, ahora vamos a ser los que agredimos y matamos a nuestra propia gente, nos parece un absurdo, y sí creo que usted está en su derecho de ir. Pero lo que me parece que no es ético, que no es moral y es perverso pretender distorsionar la realidad de los hechos.
Al rato va a resultar que los muertos, que los asesinados del Partido de la Revolución Democrática, el mismo Partido de la Revolución Democrática los asesinó, sería lo más absurdo; entonces, a nosotros no nos preocupa, ése no es el problema, señor diputado, de que acudan a la Secretaría de Gobernación en su derecho o no en su derecho, ése no es el problema. El problema es que se está tratando de distorsionar la denuncia que estamos presentando para que ustedes hagan aparecer de que somos los responsables de los hechos que estamos denunciando. Ese es el problema, no de que tengan o no derecho. Ustedes pueden acudir a donde ustedes quieran, nosotros no se los vamos a impedir.
DEL ESTADO DE OAXACA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la agresión al diputado José Francisco Melo Torres en el estado de Oaxaca.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladoras y legisladores: Par imparem no naved imperium. "Ninguno tiene autoridad sobre su igual". Por tratarse de un asunto de extrema urgencia, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución mexicana, por mi conducto, denuncia ante esta soberanía las agresiones que sufriera el diputado federal parmista Francisco Melo Torres, a manos de miembros de la marina, con base en Puerto Ángel, Oaxaca, el pasado día 26 de los corrientes.
Sería prolijo en detalles, del cómo, cuándo y a qué hora ocurrieron los hechos, pero en beneficio de economía procesal y de lo cansado de esta asamblea, anexo a ésta la copia autorizada al carbón de la averiguación previa número 21990 del 26 de enero de este año, levantada por el ciudadano Rolando Calderón Robles, agente del Ministerio Público del único turno, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, la cual doy por reproducida en todas y cada una de sus partes, así como el contenido del cassette que anexo de los bochornosos hechos.
En tal virtud, solicito atentamente de esta Presidencia y en cumplimiento de lo ordenado por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, proceda en sus términos para los efectos legales correspondientes, del respeto al fuero constitucional de los integrantes de este Congreso, porque a nadie puede quitarse el beneficio que le concede el derecho. Gracias.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena recabar los informes necesarios a las autoridades señaladas en la denuncia como presuntas responsables, y en su oportunidad proceder en consecuencia.
SOBRE LA JUSTICIA LABORAL FEDERAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan José Medrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre fallas en la administración de justicia laboral federal.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: - Honorable asamblea: Sin duda son muchos los asuntos que nos piden tratemos en esta tribuna, y por el respeto que esta asamblea me merece, he intentado con seriedad, tratar exclusivamente los asuntos cuya importancia es relevante y afecta al interés público.
Hoy, atendiendo la demanda de un numeroso grupo de personas de la capital del estado de Puebla, vengo a pronunciarme en contra del tortuguismo y de la ineficacia que han hecho presa de los procedimientos legales, cuando en demanda de justicia se reclaman derechos y precisamente por estos vicios se hacen nugatorias las garantías constitucionales.
No hay duda tampoco que existen cientos y tal vez miles de casos estancados en los tribunales. Pero el que hoy es materia de esta denuncia resulta inverosímil, por cuando a que nuestros actos deben ceñirse a los lineamientos que marca un verdadero estado de derecho.
Hoy están presentes un grupo de ex trabajadores de la antigua Compañía Industrial Eléctrica Mexicana, S. A., hoy Comisión Federal de Electricidad, quienes llevan 23 años y 100 kilos de resoluciones judiciales favorables a ellos, en espera de justicia y ésta les ha sido negada hasta ahora.
Creo que sigue siendo actual aquella sentencia definidora de la justicia que reza, "que justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada quien lo suyo" y desde el punto de vista de la filosofía del derecho, la justicia no debe ceñirse a la voluntad de proporcionarla sino hacerla eficaz, pronta y expedita; es decir, en palabras de Juan Manuel Terán en su texto de Filosofía del Derecho "La justicia es hacer justicia y no sólo la voluntad de darla".
No se trata pues de enmarañarse con un sinfín de resoluciones, sino de hacerlas cumplir mediante el imperio del derecho. Es el caso que 20 personas fueron despedidas de su empleo en diciembre de 1966, y en enero de 1967 presentaron una demanda laboral para ser reintegrados a su trabajo y propuestos por el sindicato para ocupar puestos de base, pues habían cumplido con los requisitos para que esta circunstancia se diera.
Así, en la Junta Federal de Conciliación de la ciudad de Puebla, se dieron durante dos años pláticas conciliadoras para resolver este problema sin que se hubiese llegado a ningún acuerdo entre sindicato, empresa y los trabajadores agraviados, por lo cual hubo de turnarse el expediente a esta ciudad de México para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje iniciara el procedimiento contencioso, resultando que los trabajadores no obtuvieron laudo favorable y posteriormente tuvieron que recurrir a la promoción del juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien les concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que la autoridad laboral dictara un nuevo laudo entonces favorable a sus intereses.
Desde la presentación de la demanda hasta el fallo final, transcurrieron 22 años nada más; sin embargo, del sentido de las resoluciones que les favorecen, Comisión Federal de Electricidad y Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana han consolidado un maridaje para burlarse de las resoluciones legales y los trabajadores tuvieron que promover un laudo para ejecutar o de actos de ejecución con sus consiguientes juicios de amparo, mismos que se han resuelto los promovidos por los trabajadores afectados resolviendo en el sentido de ampararlos y los promovidos por la empresa y el sindicato que son los demandados, negándoles el amparo y protección de la justicia federal e incluso en algunos sobreseyéndolos.
Pero al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y a la Comisión Federal de Electricidad eso no les ha preocupado; se siguen negando a reinstalar a los trabajadores y a proponerlos en las plazas de base que les corresponden de acuerdo con sus derechos escalafonarios argumentando en todo este tiempo que no ha habido plazas vacantes para promoverlos.
Chicana tras chicana ha sido soportada por este numeroso grupo de trabajadores, pero ahí están sin perder la fe después de innumerables viajes a esta ciudad para seguir sus juicios; después de soportar pérdidas misteriosas del expediente y del laudo; después de ser presas de la prepotencia de cúpulas sindicales que más que tener por arma del derecho se refugian en una impunidad que les ha sido reconocida y tolerada. Viejos ya, han sobrevivido con miserias económicas según sus propias palabras, para ver triunfar a la justicia frente a la indolencia. Cuando elaboraba este escrito para presentarme ante ustedes, recordaba alguna cita de Lincoln que decía que: "es simplemente cobarde quien calla cuando es el momento de señalar injusticias".
Señores legisladores, no es posible callar cuando tenemos ejemplos patéticos de la ineficacia de las resoluciones judiciales; cuando la autoridad constituida se muestra inerme ante el poder de ciertos grupos que se dicen defensores de los derechos de los trabajadores y es el caso que los trabajadores electricistas ni siquiera se encuentran enterados de
estas injusticias, sino que son las cúpulas de los sindicatos los que manejan estos asuntos. Ahí está la mano otra vez de algunos líderes cetemistas, pues la lectura de las actas de algunas diligencias, se desprende que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana ha estado representado por el licenciado Juan Moisés Calleja. ¿No es acaso el mismo que sacó la cara por Uribe y por Wallace de la Mancha, en el conflicto de la compañía Ford, en donde uno de los trabajadores perdió la vida y otros fueron salvajemente golpeados? El brillante asesor de la Confederación de trabajadores de México, asesor jurídico que hace del derecho algo muy chueco en perjuicio de los trabajadores.
Mucho se ha dicho que la justicia es ciega, pero en México más bien parece tuerta, porque si bien con un ojo no ve, con el otro está pendiente de favorecer a los feudos de poder en perjuicio de quienes por sus condiciones económicas y sociales, les cuesta más trabajo litigar un asunto para que les sean restituidos sus derechos.
Hace unos días leía en una revista un artículo que se refiere a los trabajos del V Consejo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y en ella se dice que el sindicato referido es un organismo de clase con hondo sentido social. En ella se deidiza o se diviniza al senador Leonardo Rodríguez Alcaine, y se dice que su trabajo al frente de este organismo, sienta precedente; que impone estilo porque es un dirigente sindical serio y responsable, muy eficiente, muy patriota, se dice.
Hoy, apelo a la voluntad política de esos líderes, de las autoridades del trabajo y de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, para que se aboquen a resolver este problema, pero también apelo a la misma voluntad política de mi compañero diputado el señor Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, quien ha manifestado en esta mismas tribuna su preocupación por la defensa de los derechos de los trabajadores y desde luego a la muy respetuosa consideración de ustedes, para que este asunto sea turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a efecto de que se haga una investigación de esos hechos y finalmente se formule un pronunciamiento oficial de la Cámara baja, para que el principio de justicia pronta y expedita deje de ser simplemente buena intención en el texto constitucional y se haga vigente en nuestro sistema jurídico.
Hay en este organismo connotados juristas de todos los grupos parlamentarios, muy prudente sería conocer su opinión al respecto. Vale la pena hacer un pronunciamiento señores legisladores, para que se dé la justicia. La justicia no puede mendigarse. La justicia se exige y es nuestro deber, creo yo, pronunciarnos para que ésta se dé en nuestro sistema jurídico Mexicano.
El C. Presidente:- Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El C. Presidente- Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la Policía Judicial Federal, en el estado de Michoacán.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso señor presidente; compañeros legisladores; Ha sido reiterada la presencia nuestra en esta tribuna para, semanalmente, denunciar atropellos, arbitrariedades y hechos delictuosos cometidos por quienes deberían coadyuvar con el ministerio público a perseguir los delitos.
También ha sido reiterada nuestra posición de que no pueden combatirse los delitos, cometiendo delitos; que la policía de cualquier índole, preventiva o judicial, debe de actuar apegada siempre al sistema de impartición de justicia que con claridad, que es de los pocos capítulos que tiene muy bien desarrollados y que se expresa en la Constitución mexicana.
Pero a pesar de que pudiera ser cansado para algunos que nosotros constantemente subamos a la tribuna para denunciar estas tropelías, no dejaremos de hacerlo hasta en tanto no se corrijan, de fondo, y también de forma, porque también en este caso es de forma, este tipo de hechos vergonzosos para una sociedad donde debe de imperar el derecho.
Hace unos días la Prensa del estado de Michoacán profusamente estuvo informando sobre otro acto delictivo de la Policía Judicial Federal en Michoacán. Señala la Prensa hechos concretos con testigos y con víctimas específicas de actuaciones delictivas de elementos de la Policía Judicial Federal donde a su vez también se mencionan sus nombres y sus cargos.
El último caso, que voy a señalar, no es militante hasta donde yo sepa, de ningún partido, no lo conozco en lo personal, la única referencia que tengo de este caso, es lo que comenta todo Michoacán informado de lo que está ocurriendo en el estado. Y que es obligación de cualquier ciudadano
y en nuestro caso como legisladores de hacer eco de estas denuncias.
La Policía Judicial Federal hizo un operativo en Turicato, en una comunidad rural de Turicato, detuvo a varias personas acusándolas de narcotráfico.
Por cierto, este operativo realizado el domingo antepasado en estas rancherías salió la información en la Prensa nacional, no en la Prensa local, porque el comandante de la Policía Judicial Federal señalo que él no tenía ningún conocimiento de un hecho en el cual se señalaba como dirigente del operativo.
Esto fue por uno de los detenidos, la Prensa del estado, señaló que era falsa la información del boletín que había dado la Prensa nacional, que el señor Juan Carlos Macías Favela había sido detenido en este operativo en Turicato ya que también una nota periodística decía que los vecinos de este señor originario y domiciliado en Uruapan, Michoacán, había sido detenido en Uruapan, Michoacán y no en Turicato como señalaron en el operativo.
A cambio de esto que la Prensa nacional señaló como prefabricar delitos por no haber aceptado los familiares de este detenido de Uruapan una exigencia de 70 millones por dejarlo en libertad, fueron sujetos a una investigación por la Policía Judicial Federal y después consignados, ya no por narcotráfico sino por cohecho, siendo que primero habían sido señalados como miembros de una banda de narcotraficantes que operaban en la región. Además después una vez que estuvieron ante el juez federal, la Prensa también profusamente recoge sus declaraciones donde señala que la Policía Judicial los torturó física y mentalmente.
Este hecho pudiera ser motivo de polémica legal, el hecho concreto. Pudiera ser que sea uno de tantos casos de detenidos que alegan en su favor haber sido torturados para después poder defenderse en el proceso.
Sin embargo, por el simple motivo que la Procuraduría General de la República, después de reiteradas denuncias que distintos legisladores hemos hecho, ciudadanos, partidos y organizaciones sociales a su vez también lo han hecho; que la Procuraduría General de la República no ha tomado cartas en el asunto, no ha definido jurídica y constitucionalmente como debe de actuar la Policía Judicial Federal, me refiero ante la opinión pública que nosotros formamos parte de ella y estamos exigiendo una definición clara, una política de actuación de la Policía Judicial Federal.
Que por ese motivo lo que pudiera ser polémica, jurídicamente, pues hay una carga de sospecha de ser verdad y hasta tanto no actúe a fondo la Procuraduría General de la República esto seguirá ocurriendo.
Y ya hemos insistido que no son las medidas administrativas las que van a resolver por un lado la actuación de la Policía Judicial Federal y por otro lado la solución a los casos concretos.
Debe y es una exigencia nuestra, acabar con la impunidad de la actuación de los grupos policiacos. Y nosotros constantemente estamos denunciando hechos concretos realizados todos delictivos por la Policía Judicial Federal, en nuestro caso, en el estado de Michoacán.
Ustedes saben que el año pasado la Policía Judicial Federal, el grupo de Morelia, realizó una masacre donde asesinó a cuatro policías preventivos, a un policía judicial del estado y a tres particulares, ocho personas murieron en un operativo que realizó la Policía Judicial Federal en Morelia.
Solución dada al caso, cambio de adscripción de todo el grupo de la Policía Judicial Federal, a uno de los estados del centro.
Consignados exclusivamente dos supuestas madrinas, que ya por el simple hecho de serlo, resulta un hecho delictivo, es usurpación de funciones del que realiza y del que lo complace. ¿En qué momento, si traían armas, traían vehículos, traían credenciales de la Policía Judicial Federal, destacada en Morelia, Michoacán, en qué momento se actuó conforme a la ley? Fueron consignados por participación en el delito de usurpación de funciones, la Policía Judicial Federal y su comandante. No, señores fueron enviados simplemente a otro estado, me parece que a San Luis o a Zacatecas.
¿Y qué ocurrió con el derecho? Pero no nada más es eso, bastaría ver lo que narró la Prensa y bastaría ver cómo siguen actuando y cómo siguen viviendo los policías judiciales federales. Todos viven en hoteles de lujo, traen vehículos de lujo, ropa de lujo y ostentosas joyas que, ¿alcanzará con un sueldo de 700 mil pesos mensuales? ¿No creen ustedes que hace falta energía en la actuación, en la denuncia de casos concretos de parte de las autoridades superiores?
Nosotros denunciamos hace unos días lo que ha ocurrido de noviembre para acá en Michoacán, dijimos de Aguililla, de la Huacana, de Cotija, de Buena Vista, Tomatlán, donde ha actuado como banda organizadora la Policía Judicial Federal destacada
en Uruapan, Michoacán el grupo antinarcóticos. Señalamos los hechos, se presentaron las denuncias penales, solución que dio la Procuraduría General de la República, cambia de adscripción de los elementos. ¿Y las denuncias penales? ¿Su integración? ¿El derecho? ¿Dónde se encuentran?
Por cierto, esto también es violación a la ley, esto también es violación a la ley.
Nosotros proponemos que para evitar la impunidad de la actuación de la Policía Judicial Federal, en los casos concretos que hemos denunciado, que reiteradamente hemos denunciado, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la Comisión de Gestoría y Quejas, que a su vez pida un informe a la Procuraduría General de la República, de las averiguaciones previas penales que deberían de estarse integrando, o si no se están integrando, porque están incurriendo en responsabilidad los que no lo estén haciendo, independientemente de las facultades ministeriales, discrecionales, que tiene el ministerio público.
Nosotros creemos que deben de integrarse las averiguaciones previas penales agotarse para que se puedan deslindar responsabilidades y se pueda castigar a responsables de hechos que son ciertos y que nosotros simplemente no podemos sancionar sino sólo denunciar y corresponde a la autoridad judicial vía el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público Federal, de los que sí son responsables y de los que no. Deslindar responsabilidades en estricto apego a la ley mediante la integración de las averiguaciones previas penales, es el único camino para acabar con la impunidad de los... en los casos concretos denunciados.
Sin embargo, debemos de encontrar soluciones de fondo a este problema; hemos exigido también reiteradamente que la Policía Judicial Federal, dependa directamente como lo establece el artículo 21 constitucional, de los ministerios públicos federales. Esto es, que no queda a su arbitrio la libertad de ningún detenido, sea por un motivo lícito o ilícito.
No es posible que la policía judicial sea juez y parte, detenga y luego llame a los abogados de cualquier detenido y les pida 10 millones de pesos ó 70 millones de pesos por dejarlos en libertad, según la gravedad del caso que ellos señalan, 1 millón de dólares le pidieron a un comerciante también, efectivamente eso le costó el cambio de adscripción al delegado de la procuraduría adscrito al circuito de Michoacán, fue todo y hubo una denuncia penal de haberle pedido 1 millón de dólares porque lo estaban acusando de contrabando y él en virtud de eso presentó la denuncia de cohecho y lo único que ocurrió, cambio de adscripción del delegado de la procuraduría en Michoacán.
Esto debe de eliminarse, las facultades discrecionales y en materia de grupos de combate al narcotráfico y casi ilimitadas, es lo que permite esta corrupción y también el tolerar, el hacerse de la vista gorda, de una actividad notablemente lujosa que llevan elementos que deberían de vivir de una manera austera. ¿Qué hace la Procuraduría General de la República en este sentido y qué va a hacer para que se constriñan al mandato del artículo 21 constitucional?, en este caso. En el otro, contra la impunidad, pido que la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados actúe de inmediato.
Y en éste otro yo solicitaría que en su momento hagamos un estudio serio los miembros de la Comisión de Justicia y hagamos una propuesta a la Procuraduría General de la República, porque por lo visto jamás nos va a dar una respuesta. Reiteradamente estas últimas semanas hemos venido denunciando y no hemos visto una política clara en materia de actuación de la Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República.
En un verdadero Estado democrático, el señor éste, Javier Coello Trejo, ya no debería ser subprocurador, existen pruebas, denuncias, todas en su contra cuando menos de un actuar no acorde a nuestro sistema jurídico conforme al 21 constitucional, él ya no debería ser subprocurador, pero eso es otro problema, ese es un problema ya de tipo político, pero en un Estado democrático ya debería de haberse valorado su actuación y tampoco sabemos nada al respecto; bueno, cuando menos exigimos que a nivel de elementos de la policía judicial de jefes de grupos y de comandantes, sean castigados los que hemos denunciado ante los tribunales en Michoacán, ante la agencias del ministerio público, deslindando previamente las responsabilidades, integrando las averiguaciones previas penales.
Y por otro lado, estamos exigiendo y lo seguiremos haciendo, de que acaten lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. La policía judicial, ni del Distrito, ni de ningún estado y menos la federal, deben tener facultades para dejar o no en libertad a personas; esto también es fondo, es motivo, es una de las causas principales de fondo de la corrupción de la policía, que no podremos eliminar a pesar de buscar avances técnicos, mejores sueldos y preparación y adiestramiento de estos grupos que deben de estar dispuestos a la
defensa de la sociedad y combatir con la ley en la mano a los delitos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador Fernando Silva Nieto: - Señor presidente. Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo año.- LIV Legislatura.
Orden del día
7 de febrero de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Elías Laniado Laborín, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Sonora y Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Morales Rivera, para prestar servicios en la embajada de Belice en México.
Sesión secreta
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 18.10 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 7 de febrero a las 11 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES