Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900307 - Número de Diario 11
(L54A2PcpN011F19900307.xml)Núm. Diario:11ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., miércoles 7 de marzo de 1990 No. 11
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
FALLECIMIENTO DEL EX SENADOR EUQUERIO GUERRERO LÓPEZ
Se participa del fallecimiento del ciudadano Euquerio Guerrero López, quien fuera senador de la República. La presidencia solicita un minuto de silencio en su memoria. Se guarda un minuto de silencio.
INVITACIONES
Del Congreso del Estudio de Nuevo León, al quinto informe de gobierno del ciudadano Jorge Treviño, gobernador del estado. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Baja California Sur, al tercer informe de gobierno del ciudadano Víctor Manuel Liceaga Rabal. Se designa Comisión.
COMUNICACIONES
Solicitud de licencia para ausentarse de su cargo, del diputado Federico Ruíz López. Se aprueba y comunica.
Notifica el ciudadano diputado Rodolfo Paniagua Alvarez su reincorporación a sus actividades. De enterado.
Del Congreso del Estado de Jalisco, sobre la clausura de actividades legislativas de la honorable Diputación Permanente del Congreso del estado. De enterado.
Del Congreso del Estado de Jalisco, sobre apertura del Período de Sesiones e integración de la LII Legislatura. De enterado.
PROPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
Para la integración de la Primera Comisión de Trabajo. Se aprueba.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
Se solicita permiso para que el ciudadano Antonio Rodríguez Fonseca pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de Portugal. Se recibe y turna a la Primera Comisión.
Se solicita permiso para que el ciudadano Ismael Moreno Pino pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de los Países Bajos. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.
Se solicita permiso para que la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.
Se solicita permiso para que la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Para los ciudadanos Mario Pérez Alarcón, Rolando Gutiérrez López, Eduardo Ajuria López, Alfredo Morán Acevedo, Armando Mariano Ortíz Salgado y Manuel Lomelí Gamboa.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta en la ciudad de México.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Jorge Basurto Romero para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Austria.
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Víctor Alfonso Maldonado para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano Manuel Velasco Suárez, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Italia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, que concede permiso al ciudadano César A. Méndez Baeza, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Mérida, Yucatán.
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Hacen uso de la palabra el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino; el ciudadano senador Héctor Mayagoitia Domínguez y nuevamente el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión de Energéticos.
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández toma la palabra para denunciar la privación de derechos políticos en dicho estado y presentar propuesta.
Habla en pro el ciudadano diputado Alberto Ling Altamirano y en contra el ciudadano diputado Rodolfo Duarte Rivas; continúa para rectificar hechos el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel; para
alusiones personales el ciudadano diputado Rodolfo Duarte Rivas y nuevamente para rectificación de hechos, el ciudadano diputado Juan José Medrano Castillo.
Continúa con el mismo tema el ciudadano diputado Rodolfo Duarte Rivas; para comentarios, el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández; para alusiones personales, toman la palabra el ciudadano diputado Juan José Medrano y el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández. Se aprueba la propuesta.
PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS DE CAÑA
Toma la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández para solicitar aumento del precio de garantía de los productos de caña de azúcar y sobre la aplicación de justicia en el estado de Tamaulipas.
DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES
El ciudadano secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez da lectura a una comunicación enviada por el ciudadano secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios sobre desincorporación de entidades paraestatales.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Toma la palabra el ciudadano diputado Juan José Medrano Castillo sobre la revocación del mandato del ayuntamiento de Anáhuac en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
OPINIÓN PRESIDENCIAL
REFORMAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Inician el debate los ciudadanos, diputado Pedro César Acosta Palomino, y el senador Eliseo Rangel Gaspar.
Continúan en discusión, el ciudadano senador Eliseo Rangel Gaspar el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez y la ciudadana diputada Socorro Díaz Palacios. Para alusiones personales, retoma la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez.
Sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra la ciudadana diputada Socorro Díaz Palacios y el ciudadano diputado Miguel Montes García.
ACTIVIDADES DE LA DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) EN MÉXICO
Toma la palabra el ciudadano senador José de Jesús Padilla, en relación con la posición de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América sobre actividades de agentes de la DEA, quien presenta una proposición. Para comentarios sobre esta proposición, habla el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez. Se aprueba.
DEL ESTADO DE GUERRERO
Sobre la violencia política en dicho estado, intervienen el ciudadano senador Cristóbal Arias Solís y el ciudadano senador Bulmaro Pacheco Moreno. Para hechos, interviene el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel y para acusación contra el gobernador del estado de Guerrero.
Sobre el mismo asunto continúan el ciudadano diputado Ricardo Monreal Ávila, el ciudadano diputado Juan José Medrano Castillo, el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez y el ciudadano diputado José Trinidad Lanz Cárdenas.
Para rectificar hechos, toma la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel. Para alusiones personales, habla el ciudadano diputado José Trinidad Lanz Cárdenas y
el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez. Para hechos, interviene el diputado Miguel Montes García.
SITUACIÓN LABORAL DE LA CERVECERÍA MODELO
Sobre el tema interviene el ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez.
DETENCIÓN DE MIGUEL ALDANA
Toma la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel.
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Sube a la tribuna para hablar de las elecciones en dicho estado, el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel. Sobre el mismo tema continúan el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino y el ciudadano senador Alvaro Salazar Lozano.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se pasa a sesión secreta.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de veintisiete ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: -Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.15 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: -Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
7 de marzo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Nuevo León, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Jorge A. Treviño Martínez, gobernador constitucional del estado, rendirá el quinto informe de gobierno, la que tendrá lugar el 14 de marzo.
El Congreso del Estado de Baja California Sur, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Víctor Manuel Liceaga Ruibal, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 15 de marzo.
Comunicaciones de los ciudadanos diputados Federico Ruíz López y Rodolfo Paniagua Alvarez.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Jalisco.
Proposición de la mesa directiva.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante Don Henrique, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Ismael Moreno Pino, pueda aceptar y usar la condecoración de la Ordena de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que la ciudadana Evarista Nieves
Torres Ovando, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Seis, con los que se remiten la hojas de servicios de los ciudadanos Mario Pérez Alarcón, Rolando Gutiérrez López, Eduardo Ajuria López, Alfredo Morán Acevedo, Armando Mariano Ortíz Salgado y Manuel Lomelí Gamboa, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta, en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Basurto Romero, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de Honor, que le confiere el gobierno de Austria.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Víctor Alfonso Maldonado, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Palmas Académicas, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Manuel Velasco Suárez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano César A. Méndez Baeza, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Mérida, Yucatán.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la posición de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, sobre actividades de agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration).
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la Comisión Federal de Electricidad.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación en Colombia.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en relación a la privación de derechos políticos a dirigentes estatales de su partido, en el estado de Baja California.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el precio de garantía a los productos de caña.
Toma de posiciones, declaraciones o comentarios.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre un pronunciamiento en relación al incumplimiento de una sentencia de amparo, por las autoridades laborales del estado de Tamaulipas.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la revocación del mandato, en el ayuntamiento de Anáhuac, en el estado de Nuevo León.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la opinión presidencial sobre las reformas del Partido Revolucionario Institucional.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre violencia política en el estado de Guerrero.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la acusación contra el gobernador de Guerrero, por responsabilidad política.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la suspensión provisional otorgada a los trabajadores de la Cervecería Modelo, en el juicio de amparo por ellos promovido.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la aplicación de la justicia en el estado de Tamaulipas.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la detención de Miguel Aldana.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las elecciones en Quintana Roo.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: - Se va a proceder a dar lectura al acta de la sesión anterior.
« Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez minutos del día veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos, en votación económica.
El Presidente informa con pena, del deceso del diputado Arturo Armendáriz Delgado, miembro de la Comisión Permanente y concede el uso de la palabra al diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, quien rinde homenaje al legislador fallecido. A solicitud del orador, se guarda un minuto de silencio en recuerdo del diputado Arturo Armendáriz Delgado.
Hace uso de la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano, quien informa del fallecimiento del ciudadano Luis Guevara Camacho, presidente municipal de Huajuapan de León, Oaxaca. Se guarda un minuto de silencio en su memoria.
La secretaría da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo sexagésimo primer aniversario luctuoso de doña Josefa Ortíz de Domínguez. Para asistir a este acto en representación de la Comisión Permanente, se designa al senador Alvaro Salazar Lozano.
Se da cuenta con una comunicación de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, por la que informan de la integración de su Comisión Permanente. De enterado.
Se da lectura a cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se comunica que varios ciudadanos mexicanos dejaron de prestar sus servicios en la embajada de Estado Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores.
Se da lectura a un ocurso del ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta en México, con jurisdicción en la República Mexicana. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Víctor Alfonso Maldonado Morolcón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, que en grado de Oficial le confiere al gobierno de Francia. Es de primera lectura.
Otro dictamen de la misma Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Velasco Suárez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Italiana, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de este país. Es de primera lectura.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Blasa Villagrán Sotelo, Ana María González Jerónimo, María del Refugio Rivera Herrera, Josefina Guzmán Hernández, Ernesto Zambrano Saldaña y Juan de Dios Campos, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Democrática de Alemania en México. Es de primera lectura.
Se da cuenta y se somete a discusión un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos M. Collignon Collignon, pueda aceptar la condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se da segunda lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Herrera González, pueda aceptar y usar la condecoración de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Suecia. Desde su curul, el diputado
Pablo Gómez Alvarez solicita que se sometan a votación los dictámenes a los que se acaba de dar segunda lectura y, posteriormente los que se refieran a los permisos constitucionales para aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios. El Presidente acepta la propuesta y la secretaría recoge la votación nominal respectiva. La asamblea aprueba los dictámenes por veintidós votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Continuando con el orden del día, la secretaría da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Fimbres Moreno, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Gambia en Tijuana, Baja California, con circunscripción para todo el estado. Es de segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Carbajal de Alba, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Veracruz, Veracruz. Es de segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de éste y el anteriormente reservado, mismo que se aprueban por veintiséis votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien se refiere a la venta de una filial de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y propone la comparecencia del Secretario de Comercio y Fomento Industrial y del Director General de la paraestatal.
El Presidente pide a la secretaría que dé lectura al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y concede el uso de la palabra a los legisladores Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Pablo Gómez Alvarez, para rectificar hechos y Humberto Roque Villanueva, para contestar alusiones personales y acepta una interpelación del diputado Pablo Gómez Alvarez.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista y desde su curul, el diputado Rogelio Montemayor Seguy sugiere una moción de orden. Se da lectura nuevamente al artículo cincuenta y ocho del Reglamento y el Presidente explica el trámite. Hace uso de la palabra el diputado Carlos Hernández, quien insiste en su proposición.
Para rectificar hechos, hace uso de la palabra el diputado Rogelio Montemayor Seguy, del Partido Revolucionario Institucional. Suficientemente discutida la proposición, la asamblea la desecha en votación económica.
Para referirse a la Independencia de la República Árabe Saharaui, hace uso de la palabra los legisladores Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien da lectura a un pronunciamiento firmado por representantes de todos los partidos que integran la Comisión Permanente y al diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional.
El Presidente informa que se encuentra en la sala de sesiones el diputado Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, sustituto del diputado Arturo Armendáriz Delgado, y le da la bienvenida invitándolo a que ocupe la curul que le corresponde.
Para referirse a la posibilidad de una guerra biológica, se concede el uso de la palabra a los legisladores Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del senador Francisco Solís Rodríguez.
Para referirse al proceso electoral en Nicaragua, hacen uso de la palabra los legisladores Jorge Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; Alfredo Toxqui Fernández de Lara, del Partido Revolucionario Institucional; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus opiniones respecto al programa "hoy no circula", hacen uso de la palabra los legisladores Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional:; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del senador Alvaro Salazar Lozano y Fernando Silva Nieto, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse a los hechos de violencia en el estado de Guerrero, hacen uso de la palabra los legisladores Bulmaro Pacheco Moreno, del partido Revolucionario Institucional; Cristóbal Arias
Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Bulmaro Pacheco Moreno, para contestar alusiones personales y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa su opinión respecto al problema obrero - patronal de la Cervecería Modelo de México.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Para expresar su opinión respecto al mismo conflicto, hace uso de la palabra el senador Francisco Solís Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al diseño y colores del emblema de su partido.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional, y Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales;
Presidente del diputado Guillermo Jiménez Morales
Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del diputado Leonel Godoy Rangel; Miguel Montes García, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y Blanca Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
Termina el turno de oradores en este tema, el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quién acepta una interpelación de la senadora Esponda de Torres.
Para referirse a los problemas de salud que está causando la incidencia de sarampión, hace uso de la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, quien propone que el responsable del sector salud envíe a la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública, la información necesaria para tomar una resolución sobre la elaboración y distribución de los productos biológicos y reactivos.
Para expresar su opinión sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el senador Alger León Moreno, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia, para la atención que proceda.
Para referirse a desalojos violentos de campesinos en el estado de Tamaulipas, hacen uso de la palabra los legisladores Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional y nuevamente el diputado Jaramillo Flores, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.
La secretaría da lectura a una solicitud del diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita la integración de una comisión que investigue los problemas de tarifas eléctricas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con veinte minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles siete de marzo a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
FALLECIMIENTO DEL EX SENADOR EUQUERIO GUERRERO LÓPEZ
El C. Presidente: -Esta Presidencia tiene la pena de participar a esta asamblea, que el día 1o. de marzo falleció el licenciado Euquerio Guerrero López, quien fuera senador de la República por el estado de Guanajuato en las L y LI Legislaturas.
Se ruega a los asistentes ponerse de pie, para guardar un mínimo de silencio en su memoria.
(Se guarda un minuto de silencio.)
El C. Presidente: -Continué la secretaría con los asuntos del orden del día.
INVITACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se complacen en invitar a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Jorge Treviño, gobernador constitucional del estado, rendirá su quinto informe de gobierno el día 14 de marzo a las 18.00 horas en el Teatro de la Ciudad, declarado para este acto recinto oficial.
Monterrey, Nuevo León, México, marzo de 1990.»
El C. Presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa al senador José de Jesús Padilla Padilla.
El mismo C. Secretario:
«Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, se complace en invitar a usted a la sesión solemne que se celebrará a las 11.00 horas del día 15 de marzo en el Teatro de la Ciudad, declarado recinto oficial, en la que el ciudadano gobernador constitucional del estado, Víctor Manuel Liceaga Ruibal, rendirá ante esta representación popular su tercer informe de gobierno.
La Paz, Baja California, Sur, marzo de 1990.»
El C. Presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa al senador José Antonio Valdivia.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
En virtud de que se me ha mencionado como precandidato de mi partido para contender en elecciones próximas, con fundamento en lo dispuesto al efecto en los artículo 47 a 50 inclusive del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia temporal para separarme de mi cargo a partir de esta fecha.
Atentamente.
Diputado Federico Ruíz López.»
El C. Presidente: -De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: -Está a discusión el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia temporal al ciudadano diputado Federico Ruíz López, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXVI Distrito Federal, a partir del 5 de marzo.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.
El mismo C. Secretario:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente. - Presentes.
Por tener que someterme a una intervención quirúrgica, el 28 de agosto de 1989, solicité licencia para separarme del cargo de diputado federal electo en el V Distrito del estado de Michoacán.
La Comisión Permanente, en sesión de 30 de agosto me concedió licencia temporal, a partir del 1o. de septiembre.
En virtud de haber terminado el tratamiento a que fui sometido, hago de su conocimiento que en esta fecha me reincorporo a mis funciones representativas de diputado federal.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Rodolfo Paniagua Alvarez.»
Trámite: -De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 84 y 187 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la Entidad, comunicamos a ustedes que con esta fecha se clausuraron las actividades legislativas de la honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado, correspondientes al Primer Receso del Segundo Año de su Ejercicio Constitucional.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
31 de enero de 1990.- Diputado secretario Salvador Orozco Fregoso y diputado secretario José Santos Urbina Mendoza.»
Trámite: -De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco. "Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted que con esta fecha se abrió el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura de Jalisco, y la forma como quedó integrada su mesa directiva.
Diputados: Presidente, Arturo Gil Elizondo; vicepresidente, Héctor Rodolfo González Machuca; secretario, César Humberto González Magallón; secretaria Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba; prosecretario, Eleazar Ayala Rodríguez y prosecretario, José Guadalupe Tarcicio Rodríguez Martínez.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 1o. de febrero de 1990.- Diputados secretarios: Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba y César Humberto González Magallón.»
Trámite: -De enterado.
PROPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
El C. Presidente: -En virtud del fallecimiento del diputado Arturo Armendáriz Delgado, ruego a la secretaría dar lectura a la propuesta de la mesa directiva para la integración de la Primera Comisión de trabajo.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: -Se va a dar lectura a la proposición de la mesa directiva.
"Primera Comisión. Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia: diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Argel Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez".
En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 16 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la
fracción III, apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante Don Henrique, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal; para tal efecto, anexo al presente me permito enviarle carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, carta de naturalización, notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa y curriculum vitae.
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envió con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 21 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 13 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano licenciado Ismael Moreno Pino, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos; para tal efecto, anexo al presente me permito enviarle carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento y curriculum vitae. En virtud de que el gobierno holandés no estila otorgar notificación por escrito relativa a la intención de condecorar a los embajadores extranjeros en ocasión de su término de misión en ese país, anexo se incluye copia del oficio 072, en el cual el propio embajador Moreno aclara que el gobierno holandés simplemente le comunicó verbalmente la intención de condecorarle al término de su misión en los Países Bajos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad la seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 12 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia; para tal efecto, anexo al presente me permito enviarle carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae, diploma y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo relativo, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 12 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia; para tal efecto, anexo al presente me permito enviarle carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae, diploma y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que se mencionan y reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 13 del actual manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Mario Pérez Alarcón (448374), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de ala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No. Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Cuidadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a está de Gobernación con fecha 13 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Rolando Gutiérrez López (449342), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México. D.F., 19 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 7 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Eduardo Ajuria López (2962561), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., 13 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 9 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división diplomado de estado mayor, Alfredo Morán Acevedo (412158), que en veinticuatro fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación con fecha 7 del presente, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división diplomado de estado mayor, Armando Mariano Ortíz Salgado (401280), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 7 del actual, manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división diplomado de estado mayor, Manuel Lomelí Gamboa (1107761), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 13 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 23 de febrero del año en curso, el ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta, en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 28 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y certificado de nacionalidad número 3827, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República de Malta serán de carácter estrictamente consular; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso
que solicita el ciudadano profesor y doctor Jorge Basurto Romero, para que pueda aceptar y usar la condecoración la Gran Cruz de Honor, que le confiere el gobierno de Austria.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano profesor y doctor Jorge Basurto Romero, para aceptar y usar la condecoración la Gran Cruz de Honor, que le confiere el gobierno de Austria.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Víctor Alfonso Maldonado, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Víctor Alfonso Maldonado, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 16 de febrero de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Manuel Velasco Suárez, secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Manuel Velasco Suárez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández,
senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 23 votos en pro y dos abstenciones.
El C. Presidente: -Aprobados los proyectos de decreto, por 23 votos.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: -Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En escrito de fecha 22 de enero del año en curso, el ciudadano César A. Méndez Baeza, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Mérida, Yucatán.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso, de la Unión el 14 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República de Francia, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano César A. Méndez Baeza, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Mérida, Yucatán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 16 de febrero de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Arturo Armendáriz Delgado, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: -Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 25 votos en pro y una abstención.
El C. Presidente: -Aprobado el proyecto de decreto por 25 votos.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la Comisión Federal de Electricidad.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: -Señor Presidente; compañeros legisladores: El asunto que motiva mi presencia en esta tribuna es un conflicto entre la ley y ciertos factores de urgencia, que en la Comisión Federal de Electricidad, al parecer, han encontrado en estos últimos, prioridades y ventajas para la toma de decisiones.
Se trata, haciendo un poco de historia, del proyecto de construcción y terminación de las obras de la segunda unidad de la Termoeléctrica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S. A., en el estado de Michoacán.
De acuerdo con datos que han sido proporcionados a la diputación del Partido Acción Nacional, algunos de los cuales, incluso, han sido dados a conocer en diferentes medios de comunicación, este proyecto enfrenta en los actuales momentos ciertos requerimientos de urgencia para su terminación; se precisa, se dice, acelerar los trabajos de la terminación de hornos y es necesario que comience a operar la central termoeléctrica a que acabo de hacer mención.
Este proyecto, Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, II, S. A., exigirá según los dirigentes de la Comisión Federal de Electricidad, una sobredemanda de energía, de suerte que para el 1o. de agosto de 1990 la obra quede terminada en sitio y empiece a operar comercialmente el 1o. de agosto de 1993. Estos requerimientos de urgencia constituyen las razones o el pretexto para que cuatro empresas, la Alston, la Carrier, Mitsubishi Corporation y Turalmex, a las cuales la Comisión Federal de Electricidad ya les ha proporcionado recursos que equivalen al 35% de las adquisiciones que se requieren para el proyecto, reciban ahora, por acuerdo interno, sin licitación pública como lo establece la Constitución y la Ley de Obra Pública, es decir, la atribución o la preferencia para que la obra la terminen estas cuatro empresas, sin proceder a la correspondiente licitación.
Estas cuatro empresas, en efecto, hasta ahora han proporcionado generadores de vapor y turbogeneradores para la Termoeléctrica de Tuxpan, pero dada la urgencia de la terminación de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S. A., se pretende adjudicarles a ellas el 75% de la obra restante en que, en este caso, por los criterios de urgencia que menciono, operen las disposiciones de ley.
De acuerdo con las declaraciones del director de la Comisión Federal de Electricidad, sería inútil efectuar concurso sólo por el 65% del total de la obra en una reunión de Consejo Directivo, tenida recientemente acordaron que estas cuatro empresas recibirán la adjudicación correspondiente para la construcción y la terminación de la obra que menciona.
Otorgar en forma directa, sin licitación, obras de carácter público, sólo se puede dar en circunstancias especiales, por ejemplo, en razones de casos fortuitos, cuando existe un impresionante peso de tecnologías avanzadas que hagan completamente innecesaria la licitación, cuando se trate de rescisiones, cuando no se puedan determinar el volumen de las obras o cuando se utilice mano de obra campesina.
Por lo demás, en este caso específico, la asignación directa de las obras a estas cuatro empresas, contraviene específicamente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los funcionarios que incurren en esta grave situación son susceptibles de que les sean aplicadas las sanciones que establece el artículo 4o. de la propia Constitución, por lo demás también se viola el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas.
Este proceder que pretende justificarse por razones de eficacia, tampoco encuentra en este supuesto justificación alguna, precisamente razones de eficacia han sido el fundamento para que la Comisión Federal de Electricidad eleve desproporcionadamente las tarifas de consumo, a tal grado que incluso el partido oficial ha tomado como bandera de lucha popular el reclamar ante esta comisión modificaciones sustanciales al acuerdo de aumentar las tarifas. En esas circunstancias este conflicto de ley y de urgencia motivado aparentemente en razones de eficacia que sólo se traduce en la práctica de cargas económicas desproporcionadas para los usuarios del servicio, exige los que por este conducto y en nombre de la diputación de Acción Nacional, estamos solicitando a esta Comisión Permanente, que se cite, bien sea directamente a la Comisión Permanente o a la Comisión Legislativa que corresponda, al director de la Comisión Federal de Electricidad para que explique, junto con los criterios de urgencia que señalan los fundamentos jurídicos para tomar una decisión, que en nuestra opinión, viola la ley y está relacionada en forma directa con cargas económicas para la comunidad consumidora del servicio. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el senador Héctor Mayagoitia.
El C. senador Héctor Mayagoitia Domínguez: -Con su venia señor Presidente; compañeros legisladores: Una vez más, aquí en tribuna, se trata algún tema sobre la única y exclusiva base de que algún periodista distorsionó, por falta de información seguramente, un tema y formula un artículo que desde luego carece absolutamente de veracidad, y de sustentación.
Efectivamente, en este caso, así aconteció y es lamentable que tratemos estos temas en tribuna antes de investigar, preguntar, indagar en rededor de la veracidad de una noticia, como en esta ocasión, una noticia absolutamente falsa.
En lo que respecta específicamente al caso de la adjudicación, de la terminación de la termoeléctrica Las Truchas, desde el encabezado del artículo que el distinguido colega tocó y tomó como válido, es falso. El tema dice: "adjudicó la Comisión Federal de Electricidad a cuatro
empresas la terminación de termoeléctricas"; no fueron cuatro empresas, fueron dos exclusivamente, las otras dos perdieron, porque hubo la convocatoria correspondiente, la licitación y dos de las cuatro ganaron y dos perdieron, y naturalmente a lo mejor esas dos que perdieron hayan proliferado la noticia al respecto.
Efectivamente ganaron la Mitsubishi y Carrier, y las otras dos perdieron, perdieron sencillamente; Alston y Turalmex, ésas perdieron en el concurso, debidamente requisitado y demás. Tampoco ha habido ninguna declaración del director de la Comisión Federal de Electricidad, Guerrero Villalobos, en rededor de la urgencia, aunque sí hay urgencia definitivamente, hay una urgencia específicamente porque ya de por sí hay un déficit de lo previsto en lo que respecta a reserva, y al paso que estamos la reserva a 1992 va a ser de cero, por eso es que se, está invitando al capital privado, dentro de la ley para la construcción, para la construcción de termoeléctricas, no así para la generación, transmisión de la energía eléctrica, que la ley misma señala que está dedicada exclusivamente al Estado.
Entonces, en la construcción sí están participando. Y aquí, puesto que efectivamente se requiere de una gran cantidad de energía eléctrica que afectaría de por sí ya el déficit existente en el país, por eso es que se ha invitado a estas compañías, a cuatro que fueron las que participaron, se invitó públicamente a todas las que quisieran, pero esas cuatro se les invitó para que participaran en el concurso que implica no solamente en sí la construcción, sino también el financiamiento. Esta es la verdad en lo que respecta al tema; pero sí el hecho real es que México tiene urgencia fuerte de producir una mayor cantidad de energía eléctrica, concretamente para 1994 necesitamos llegar a 34 mil megawatts, tenemos 25 mil; para el año 2010, ya lo dijimos con anterioridad, está calculado que requerimos llegar a un mínimo de 63 mil megawatts de consumo.
Entonces, sí hay urgencia de atender este tema y por ello es que se está invitando al sector público y al sector privado a hacer un mayor esfuerzo e inclusive hay en vías de concertación con el Banco Mundial, un préstamo precisamente para atender este tema, ya que si no hay suficiente energía eléctrica, el proceso de industrialización y de atención de las necesidades de los mexicanos, 20 millones de mexicanos carecen todavía del servicio eléctrico, no podrá atenderse. Esta es la verdad y desde luego no hay ninguna veracidad sino una falta de información del periodista que escribió el artículo en el cual basó con alarma y por supuesto alarma bien justificada de, en caso de que fuera cierto este señalamiento, la situación de la participación del colega diputado. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: -Señor Presidente; honorable asamblea: Me veo obligado a rectificar el hecho de que sea la nota de Prensa el único dato que esgrimimos aquí como fuente de información. Hemos tenido contacto con algunos ciudadanos que están interiorizados del problema y precisamente por lo que señalaba quien me antecedió en el uso de la palabra, deseamos que se aclare esta situación; para mí en este caso aumenta la confusión con las aclaraciones del senador, que habla de que la convocatoria para la licitación ya se hizo y que dos empresas resultaron favorecidas; sin embargo en los datos que aparecen aquí, la convocatoria debió haberse publicado el 17 de julio de 1989. Yo pedí datos sobre esa publicación y no me fue posible que me los proporcionaran. Luego dice aquí que el dictamen y fallo, que la apertura de proposiciones se tenía que haber manifestado el 8 de enero de 1990 y el dictamen y fallo, el 7 de abril de 1990. Entonces que ya hayan ocurrido todos esos hechos aumenta en este caso la alarma a que hacía referencia el senador, porque entonces hay otros dos puntos adicionales que aclarar en esta situación.
Por lo tanto reitero la petición que hice en mi primera intervención, de que el director de la Comisión Federal de Electricidad, sea a esta comisión o a la Comisión de Energéticos, sea llamado, para puntualizar los hechos que han motivado esta discusión. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, para la atención que proceda.
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista en relación a la privatización de derechos políticos, a dirigentes estatales de su partido en el estado de Baja California.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Compañeros legisladores, señoras y señores: El tema que deseo tratar en esta oportunidad, tiene una serie de implicaciones de variado carácter; por una parte, se trata de un gobierno, del gobierno del estado de Baja
California, que ha sido severamente cuestionado en cuanto a su legitimidad, por una serie de razones: en primer lugar, porque el titular del Ejecutivo estatal, el señor Ernesto Ruffo Appel, no ha terminado de probar fehacientemente su nacionalidad mexicana, y en segundo lugar, porque su supuesto arribo a la primera gubernatura o a la gubernatura de esa entidad, fue producto de un proceso electoral profundamente viciado, cuestionado, en una situación política singular que no termina de dilucidarse desde el punto de vista político.
Ante esta circunstancia, el Partido Popular Socialista demandó en reiteradas ocasiones, a través de sus dirigentes estatales, que las autoridades electorales de la entidad no deberían reconocer la supuesta victoria electoral del señor Ernesto Ruffo Appel; sin embargo, a nivel nacional las autoridades federales expresaron opiniones que de algún modo introdujeron un elemento de parcialidad respecto del sano juicio, de la imparcialidad con que las autoridades electorales del estado de Baja California deberían haber resuelto conclusiones.
De manera apresurada algunos funcionarios públicos federales afirmaron en aquella ocasión que el Partido Revolucionario Institucional reconocía su derrota frente al Partido Acción Nacional por lo que se refiere a la gubernatura, aun cuando se reservaba su derecho de reclamar la victoria en distritos electorales donde se postularon candidatos a diputados y en algunos ayuntamientos.
Bueno, esto por una parte. Por otro lado, es bien sabido que desde el punto de vista ideológico y político, el Partido Popular Socialista y el Partido Acción Nacional representan posiciones no solamente divergentes sino antagónicas, antípodas. Eso no de ahora sino desde que nacieron uno y otro partido.
En consecuencia, somos conscientes de que en la medida en que se puedan realizar acciones políticas o incluso de otro carácter contra militantes o miembros del Partido Popular Socialista, de parte del Partido Acción Nacional, este último hace a un lado su sacrosanta actitud de buscar el bien común, el respeto a la persona humana y otras declaraciones humanitarias, supuestamente democráticas, para agredir a quien representa desde el punto de vista a su antípoda: el Partido Popular Socialista. Por lo menos eso es lo que se evidencia en este caso.
Nosotros hemos afirmado que desde un determinado punto de visa esto es bueno, porque nosotros consideramos que cuando el enemigo nos aplaude o cuando el enemigo pudiera llegar a aplaudirnos, tendríamos que revisar nuestra conducta, porque significaría que nuestros pasos quizá no llevaran el rumbo correcto.
Finalmente, se implica aquí un ordenamiento legal que nosotros hemos cuestionado, no solamente a nivel estatal sino a nivel nacional. La Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y la ley que crea una dependencia de fiscalización y vigilancia de la actuación de los funcionarios públicos, que es la Ley de la Contraloría Estatal en Baja California y su similar a nivel nacional. Es decir, nosotros la cuestionamos en el punto específico en que la teoría jurídica y política de la división de poderes se hace nugatoria en la práctica, dado que los representantes populares, los integrantes del Poder Legislativo que no manejan presupuesto, que no tienen capacidad de mando ejecutivo, tienen que hacer declaraciones de bienes ante una dependencia del Poder Ejecutivo, y ni siquiera ante el Presidente de la República, sino ante una de sus dependencias, como es en este caso, a nivel nacional, la Secretaría de la Contraloría, y en los casos de las entidades federativas, ante un departamento o también ante una Secretaría de la Contraloría.
Una abierta e inadmisible sujeción del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, lo cual, para nosotros, implica una seria violación, una vulneración no solamente de la teoría, no solamente de la práctica, no solamente de la convicción y de la institución de la división de poderes, sino un serio quebrantamiento del fuero constitucional de los diputados y un serio quebrantamiento de la representación que tienen como integrantes de la representación popular, de la representación nacional.
Pues bien, esta ley se aprovecha en el caso de Baja California para agredir políticamente al Partido Popular Socialista. El compañero Javier Heredia Talavera, fue durante tres años, de la legislatura anterior, diputado al Congreso local. Y ahora, a iniciativa del titular del Ejecutivo del estado, la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, invoca a juicio contra el ciudadano Javier Heredia Talavera, que ocupa el cargo de secretario de la política electoral del comité directivo estatal del Partido Popular Socialista, alegando supuestamente, porque es falso, que el ciudadano Javier Heredia Talavera no presentó su declaración de bienes de manera oportuna, como diputado local, ante la Secretaría de la Contraloría, procede a suspenderle sus derechos políticos.
Es la primera vez que esto ocurre a nivel estatal, en ninguna otra entidad del país, en ningún otro tiempo, por cuestiones de carácter político por
supuestas violaciones a una ley que nosotros impugnamos, se agrede de una manera tan violenta a un ciudadano, privándolo de sus más elementales derechos como son los derechos políticos, el derecho de votar y el derecho de ser postulado candidato; el derecho de ocupar cargos públicos, el derecho de ejercer su libre militancia política en el partido del que no solamente es distinguido militante sino dirigente.
Nosotros creemos que en todo caso hay exceso en una supuesta legítima defensa de un contrincante político. Creo que aquí debiera prevalecer la prudencia, el buen tino y que ese partido que pregona la lucha inquebrantable por la democracia, por la preservación de los derechos humanos, por la integridad y el respeto de la persona humana, debiera tener otra actuación cuando tiene la oportunidad de manejar poder político en este país.
Si ésa es la conducta, si ésa es la conducción política de un partido, que dice que lucha por la democracia, no lo está demostrando en el caso de la represión contra nuestro compañero militante.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer el poder por voluntad popular, y hemos actuado con estricto apego a la ley, pero también haciendo que se preserve la democracia y su combate intransigente por alcanzarla. Hemos demostrado en la práctica, y no tenemos por qué decirlo nosotros sino el propio pueblo, de conformidad y en congruencia con nuestros principios ideológicos y políticos, de luchar incansablemente por la ampliación del régimen democrático de este país, por la preservación de su independencia y soberanía, por el mejoramiento constante del nivel de nuestro pueblo.
No estamos en este caso exigiendo un favor de nadie; simplemente estamos demandando que se suspenda toda acción de represión política contra nuestros militantes en el estado de Baja California; no es posible que esa entidad entre en un estado de excepción, por lo menos por lo que se refiere a los militantes del Partido Popular Socialista.
Exigimos que se preserven los derechos políticos de nuestros militantes, que no se busquen pretextos y que no se aprovechen las deficiencias o lagunas de la ley para actuar de una manera represiva, en actitud de revanchismo político intolerante e intolerable en este país que lucha afanosamente por la democracia.
En consideración de los anteriores juicios, me permito proponer a esta soberanía con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el gobierno interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente
«PROPUESTA
A iniciativa del ejecutivo estatal de Baja California, el Congreso del Estado suspendió los derechos políticos del ciudadano Javier Heredia Talavera, secretario de política electoral del comité directivo estatal del Partido Popular Socialista en esa entidad.
El supuesto fundamento legal para proceder de esta manera, tan antidemocrática y de represión política contra nuestro compañero, en el Congreso del Estado, dominado por una mayoría de diputados del Partido Acción Nacional, se ubica en supuestos incumplimientos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y otros ordenamientos del estado de Baja California.
En consideración de lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resuelve:
Unico. Que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, soliciten a las autoridades estatales la información necesaria relativa a la suspensión de derechos políticos del ciudadano Javier Heredia Talavera, integrante de la dirección estatal del Partido Popular Socialista en el estado de Baja California.» Muchas gracias.
El C. Presidente: -Para normar el criterio de la asamblea, se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -Se va a dar lectura al artículo 58.
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el
primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.
El C. Presidente: -¿Hay algún orador en pro?
El C. diputado Alberto Ling Altamirano (desde su curul): -Yo, en pro.
El C. Presidente: -¿Hay algún orador en contra?... Tiene la palabra el diputado Ling Altamirano.
El C. diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: -Señor Presidente; honorable asamblea: Queremos felicitar al diputado del Partido Popular Socialista que me antecedió en el uso de la palabra, porque nos permite ventilar democráticamente, aunque él no lo crea, los asuntos que son de interés público.
Coincidimos en que se investigue, pero por diferentes motivos. No queremos que quede ni sombra de duda de que las cosas se hacen bien en Baja California. Por eso apoyamos esta solicitud de pedir datos al gobierno del estado.
Y miren, nosotros estamos interesados de que se aclaren las cosas porque lo que se vino a decir aquí, pues nos parece que no es válido; aunque sea válida la proposición, los argumentos creo que son controvertibles.
No vamos a entrar a una polémica estéril, en el sentido de que si es legítimo o no es legítimo el gobierno de Baja California. Ni tampoco nos vamos a poner a discutir cuestiones ideológicas en este momento, ya que los actos de gobierno no son actos de partido y son de distinta índole.
Nuestros antagonismos, y ellos nos llaman enemigos y nosotros solamente les decimos adversarios, no tienen nada que ver con la dignidad de la persona humana y el bien común, en el sentido de cumplir y hacer cumplir la ley. No es denigrante hacer cumplir la ley, por lo tanto no va contra la dignidad de la persona humana. Hacer cumplir la ley, en el ámbito y la jurisdicción correspondiente, no va contra el bien común, sino lo aumenta.
Por lo tanto, nosotros queremos hacer algunas aseveraciones y diferir acerca de lo que aquí se dijo. Es cierto es cierto que el ex diputado local, Javier Heredia Talavera, pertenece al Partido Popular Socialista, eso no lo podemos negar, pero lo que sí podemos cuestionar y así como se va a pedir información, pues que también se solicite algunas otras cosas como la declaración del exdiputado para ver si fue hecho en tiempo, y forma y toda la documentación. Por lo tanto, es que nosotros tenemos, según la ley local, todo funcionario y servidor público debe hacer su declaración, lo cuestionable es ante quién debe hacer esta declaración en el mismo ámbito que nosotros, ya que es una ley local prácticamente copiada de la ley federal.
Nosotros también como diputados federales, nos hemos cuestionado, no si debemos hacer una declaración de bienes o no, sino ante quién la debemos de hacer: ante un órgano jurisdiccional del Poder Legislativo o ante un órgano administrativo del Poder Ejecutivo. Por eso, para poder dirimir y que queden con claridad los antecedentes de cómo se solucionan estos problemas y por analogía podríamos tomar luces para resolver los propios, como miembros del Poder Legislativo, los diputados y los senadores, tenemos que hacer esta investigación, esta aclaración, este acopio de opiniones, de jurisconsultos en el ámbito de la materia.
Nosotros queremos hacer algunas aclaraciones, porque de todas maneras al señor Javier Heredia Talavera, se le dio derecho de audiencia para que pudiera aclarar por qué no había hecho bien esa declaración patrimonial a la que todos estamos obligados y él dijo justamente estos argumentos: que no tenía por qué someterse a un poder que no tenía nada que ver con el Legislativo, siendo él legislador; pero la ley habla no para declaración patrimonial de los servidores públicos en el ámbito del Poder Ejecutivo sino de todos, y miren que es importante que se declaren y que se hagan estas declaraciones patrimoniales para no tener que estar después lidiando con que hubo ocultamiento de datos o ocultamiento de patrimonio, sólo recordamos el caso de Pesqueira Olea y todos recordamos por qué a Xicoténcatl se le destituyó de un empleo diplomático; por estas mismas cuestiones y nadie dijo que era persecución política contra Xicoténcatl, nadie dijo que se había hecho mal.
Por este motivo, nosotros venimos a apoyar esta proposición y que no nos parezca extraño, es por otros motivos, a la cuestión de legitimidad o lucha ideológica, queremos claridad en la cuestión y si vamos a analizar esto, que se analice democráticamente por el partido no solamente la supuesta investigación a esto de una sola persona, ya que en el caso estuvieron 160 ex funcionarios que no hicieron la declaración patrimonial ni en tiempo ni en forma y que solamente fueron inhabilitados 36; en este sentido, la ley es muy clara, que puede ir de una simple amonestación, hasta la inhabilitación por tres años para puestos de elección popular.
Y la situación es la siguiente: el criterio del controlar para poder dictar esta situación, es que un ex diputado tiene más obligación que un simple burócrata, para hacer cumplir la ley; por lo tanto, nosotros pensamos que se debe de investigar, no solamente lo de Heredia Talavera sino también lo de otro ex diputado, que también fue inhabilitado, el señor Trejo Martínez y las 36 inhabilitaciones. Por lo pronto el señor Talavera ha hecho su recurso de inconformidad y dependiendo como se dicte o como se falle este recurso de inconformidad todavía queda una instancia neutra que es el Poder Judicial o la corte local, se pueda ir a su juicio de amparo, pero la obligación que da el segundo transitorio de la ley, así como el 71 del cuerpo de la misma obliga a todos los funcionarios a hacer esta declaración patrimonial, para que quede muy claramente de cual debe ser la obligación. Tanto en el estado de Baja California, así como nosotros miembros del Poder Legislativo en el ámbito federal, apoyamos esta investigación. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, en contra, el diputado Rodolfo Duarte, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas: -Ciudadano Presidente; compañeros diputados y senadores: He solicitado el uso de la palabra en la oportunidad que me concede el artículo 58 del reglamento del Congreso para manifestar mi preocupación por el posible ejercicio exorbitante de las facultades que este Congreso de la Unión tiene conferidas.
A título de llevar a cabo una investigación, como se ha dicho aquí, o de solicitar información sobre cuestiones que son de la franca y competencia directa de los poderes estatales del estado de Baja California, podríamos, de autorizar la proposición, estar cobrando una injerencia inconstitucional en el orden interno de las entidades federativas; los diputados del Partido Revolucionario Institucional, queremos ser consecuentes con la política que hemos adoptado en el sentido de conducir los actos de la nación, conforme al orden de derecho en que se encuentra sustentada, de esta manera resulta indispensable asumir el pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, cualquier acción, iniciada por esta representación nacional, que incidiera en el ámbito de competencia que es exclusiva y propia de las autoridades estatales, significaría una invasión de funciones, por esto mismo es que nos pronunciamos y así pedimos que se vote en contra de la propuesta presentada. Gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy, para rectificar hechos y en turno Medrano, para el mismo fin.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: -Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores: La intervención del diputado Duarte en relación a la propuesta del Partido Popular Socialista me parece desafortunada, que sostiene una tesis inadmisible para el funcionamiento de un órgano republicano, como es el Legislativo Federal y por ello decidí hacer uso de la palabra.
Creo yo que la división de poderes en nuestro país, en nuestra Constitución, está claramente señalada, que los niveles de estos poderes también están muy definidos, y que también nuestras leyes tienen un marco específico que evidencia en el momento en que se violenta este orden constitucional de división de poderes y de autonomía de decisión de los órganos de los estados.
La petición del Partido Popular Socialista, que no estamos prejuzgándola, es simplemente solicitar informes, así lo dice: "soliciten a las autoridades estatales la información necesaria". Creo yo que sostener la tesis de que pedir información de un órgano a otro es violentar la autonomía de este poder, atenta no nada más contra un estado de derecho, de colaboración de poderes, de colaboración de niveles republicanos. Y nos parece que la propuesta tiene más, o la intervención priísta tiene más fondo.
Siempre, constantemente en la Cámara de Diputados, para asuntos que son de interés nacional, se han solicitado comisiones pluripartidistas que investiguen hechos o que soliciten información sobre hechos. Hay varios ejemplos, muchos ejemplos, donde sí se ha votado por la mayoría priísta a favor de que se integren estas comisiones pluripartidistas. Yo recuerdo el caso del ciclón en la península yucateca, donde la Cámara de Diputados accedió a que se formara una comisión para que solicitara informes.
Esto evidencia, les insisto, un fondo político, un fondo político de sólo cuando la mayoría priísta considera que se violenta la soberanía de un estado y cuando no, ellos son los que resuelven sí y no. Tenemos muchos ejemplos en la legislación ordinaria de colaboración entre poderes; el diputado Duarte es abogado, los conoce.
¿Solicitar, por ejemplo les diría yo, la Procuraduría de un estado, información a la Procuraduría General de la República es violentar esa división de poderes, esos niveles de gobierno?, claro que no.
¿La información o las invitaciones que a veces hacen los congresos de los estados aquí a este Congreso de la Unión, es violentar la decisión soberana del Congreso de la Unión ?, claro que no Muy distinto sería si efectivamente estuviéramos tratando de convalidar o de revertir la decisión del Congreso del estado de Baja California, ahí si estaríamos en una situación jurídica distinta, pero no es el caso.
Sostener aquí que solicitar información el Poder de la Unión a un poder de un estado de la Federación es violentar la soberanía, es atentar contra la división de poderes, es agredir a la autonomía de decisiones de ese órgano; me parece inadmisible y que sólo tiene un fondo político.
Por lo tanto, yo solicito que sin prejuzgar, esta Comisión Permanente votara a favor de la petición del Partido Popular Socialista, por tratarse de una simple solicitud de información. Muchas gracias.
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas (desde su curul): -Pido la palabra para alusiones personales.
El C. Presidente: -Tiene la palabra para alusiones personales el diputado Rodolfo Duarte; en turno el diputado Juan José Medrano para hechos.
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas: -Señor Presidente; ciudadanos diputados y senadores: Nuestra intervención aquí en la tribuna en contra de la propuesta formulada por el Partido Popular Socialista, tuvo por razón la circunstancia de que al pronunciarse en esta misma tribuna el Partido Acción Nacional en favor de la misma, de alguna manera extrarebasó su contenido. En la intervención del diputado del Partido Acción Nacional se habló de investigación, se habló de requerir a los poderes de una entidad federativa de manera tal, que pudiera pensarse que el Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente estaba haciendo un ejercicio exorbitante de sus facultades.
El diputado Godoy y un servidor ciertamente somos abogados; el diputado Godoy ha sido funcionario de una entidad federativa y creemos que como abogado y como ex funcionario, tanto a él como a un servidor le preocuparía la injerencia indebida de un orden distinto en la esfera de competencia de las autoridades locales.
Ahora bien, si la propuesta se limitara a sus términos originales, tal como está planteada, en el sentido de sólo solicitar información sin que se practique investigación alguna y sin que los resultados de la investigación pudieran significar intromisión indebida en una entidad federativa, mi partido estaría dispuesto a apoyarla. Por eso pido...
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador.
El C. Presidente: -Permítame diputado ¿Diputado, acepta usted una pregunta del diputado Pablo Gómez?
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas: -Sí, señor.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Señor diputado, ¿está usted entendiendo que se solicita una investigación o que se solicita un informe, porque según el punto de acuerdo del diputado del Partido Popular Socialista solicitan una información, no realizar una investigación.
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas: -En la intervención del diputado Ling Altamirano en esta tribuna se habló de investigación. Entonces proponemos lo siguiente: que la secretaría dé nueva lectura a la propuesta del Partido Popular Socialista y si ésta se contrae a la sola obtención de informes sin ninguna vinculación para la vida interna de Baja California, estaríamos en la posibilidad de apoyarla.
El C. Presidente: -Que la secretaría dé lectura a la propuesta del Partido Popular Socialista.
El C. secretario Juan Jaime Hernández:
-«Iniciativa del Ejecutivo Estatal de Baja California, el Congreso del estado suspendió los derechos políticos del ciudadano Javier Heredia Talavera, secretario político electoral del Comité Directivo Estatal del Partido Popular Socialista en esa entidad. El supuesto fundamento legal para proceder de esa manera tan antidemocrática y de represión política contra nuestro compañero, en el Congreso del Estado dominado por una mayoría de diputados del Partido Acción Nacional, se ubica en un supuesto incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y otros ordenamientos del estado de Baja California.
En consideración de lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelve:
Unico. Que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, soliciten a las autoridades estatales la
información necesaria relativa a la suspensión de derechos políticos del ciudadano Javier Heredia Talavera, integrante de la dirección estatal del Partido Popular Socialista en Baja California.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente a los siete días del mes de marzo de 1990.- Firmado».
El C. Pablo Gómez Alvarez (desde su curul) - Señor Presidente, solamente para el trámite.
Yo solicito que se ponga a consideración solamente el punto resolutivo y no los considerandos, que son los considerandos del diputado que presenta la propuesta, porque puede haber otros considerandos distintos que coincidan en la misma resolución.
El C. Presidente: - Sí, tiene la palabra el diputado Juan José Medrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: - Honorable asamblea: Solicité el uso de la palabra para rectificar hechos relativos a la primera intervención en la tribuna del diputado Duarte.
Cruel misión la que le dieron al diputado Duarte de venir a defender lo indefendible y luego de venir a cambiar de posición segundos después.
Creo que vale la pena de parte del grupo parlamentario Acción Nacional precisar cuál es nuestra posición y por qué el diputado Ling se inscribió para hablar en favor de la propuesta. A este respecto cabe mencionar que efectivamente, como lo señala el diputado Gómez, nos inscribimos para hablar en favor de la propuesta exclusivamente del resolutivo único, únicamente el resolutivo único porque aclaró viene el diputado Ling que no compartimos los argumentos dados en los resultados y en los considerandos; es decir, en el cuerpo del escrito, de la propuesta sino exclusivamente en el resolutivo, es decir, que se solicite informes a las autoridades estatales del gobierno de Baja California, respecto a la privación o a la supuesta privación de derechos políticos de un vecino de esa entidad.
Se dijo aquí en la segunda intervención del diputado Duarte, que Alberto Ling había solicitado o había hablado de investigación; sin embargo, Ling fue muy preciso cuando habló de que apoyaba el texto del resolutivo, no compartía considerandos, y bajo esa mecánica de interpretación, podemos decir que si bien es cierto que habló de investigación, es una investigación que se limita exclusivamente a la solicitud de información y basada en el artículo 40 de la Constitución General de la República: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior".
No pretendemos vulnerar la soberanía ni la libertad, o teóricamente la autonomía de las entidades federativas, inmiscuyéndonos en asuntos que competen exclusivamente a la esfera de acción de los gobiernos estatales.
Pero esto no está reñido porque el mismo artículo dice: "pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental".
Y hemos sostenido en la tribuna de la Cámara de Diputados en innumerables ocasiones, cuando temas análogos o similares se presentan a debate, que no se vulnera la soberanía de los estados porque somos diputados federales, somos representantes de la nación y la nación, dentro de la nación mexicana, según manifiesta, según señala la Constitución, se encuentran todas las entidades federativas.
No hay, luego entonces, tal invasión de funciones; no hay, luego entonces, violación a la autonomía, como lo dijo el diputado Duarte, aunque la Constitución señala libertad y soberanía de las entidades federativas. No hay injerencia inconstitucional, como lo dijo, en el ámbito de las entidades federativas; luego entonces, sí nos pronunciamos porque se solicite, porque se turne primero a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y éstas soliciten informes y podamos dejar en claro cuál es la actitud del gobierno de Baja California a este respecto, que nosotros consideramos actúo estrictamente apegado a derecho.
Yo creo que ya se le hacía tarde a los diputados, compañeros diputados del Partido Popular Socialista, para pretender venir a esta tribuna a golpear al Partido Acción Nacional; sin embargo sostenemos, yo sostengo que la actitud, que los actos que se han planteado aquí son eminentemente constitucionales, pero admito con seriedad, con honestidad, la posibilidad de la teoría que se plantea de que puede ser o debe ser, como teoría, que los miembros del Poder Legislativo rindan sus informes sobre sus declaraciones sobre bienes patrimoniales ante el órgano técnico interior de las cámaras de diputados o de los congresos locales o del Congreso Federal, que son las contadurías mayores de Hacienda o contadurías de glosa, según sea el nombre en las
entidades federativas, distintas entidades tienen alguno de los dos nombres, y sean, como teoría, se admita la posibilidad de que esos informes se rindan ante el propio órgano al que pertenecen los servidores públicos y no ante el Ejecutivo, como teoría es válida, precisamente por eso se va a pedir informes; pero los actos se apegaron al derecho positivo, se apegaron al derecho vigente y habría que presentar alguna iniciativa de modificación a la Constitución, de modificación a las leyes reglamentarias para que se debata en el seno del Poder Legislativo, en este caso del Congreso de Baja California y pueda, en su caso, haber una ley distinta o una normatividad distinta a la que se pretende.
Ha quedado pues de mi parte o he pretendido dejar clara la posición de Acción Nacional. Sí estamos de acuerdo en que se soliciten estos informes. En caso de que no se solicitaren, nosotros mismos le pediríamos al titular, como grupo parlamentario de Acción Nacional, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California para que oficiosamente rinda un informe ante esta Cámara y las cosas sigan tan claras, como hasta ahora, en el gobierno de Ernesto Ruffo Appel.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rodolfo Duarte, para alusiones personales.
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Ciudadano Presidente; senadores y diputados: Coincido en que a veces subir o no subir a la tribuna es una cruel alternativa; pero no es una cruel tarea llegar a esta tribuna dignísima a exponer un punto de vista y a prevenir el posible ejercicio indebido de una facultad.
El suscrito se manifestó en su segunda intervención en el sentido de que la intervención del diputado Ling Altamirano había ido más allá del contenido de la proposición. En sus términos originales, sobre la posibilidad exclusiva de solicitar informes y de que éstos no tengan facultades vinculantes, mi partido aprueba la propuesta.
Nada más sí dejar sentado que el objetivo de la intervención era el de clarificar los alcances que pudiera tener la decisión del Congreso en la materia. Gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Compañeros legisladores; señoras y señores: Las aclaraciones hechas aquí por el diputado del Partido Acción Nacional, último en la tribuna, parece ser que el Partido Popular Socialista, que en este caso es el agredido, que es la víctima, lo quiere presentar como el agresor.
¿De qué modo venimos a golpear aquí?, a nadie; venimos aquí a hacer una denuncia, a pedir que la representación nacional que debe ser vigilante de las actuaciones del titular del Ejecutivo y sus dependencias y de la preservación del estado de derecho la República Mexicana, tenga los suficientes elementos de juicio para que pueda actuar, de conformidad con sus responsabilidades constitucionales y no decimos que en este caso actúe ya, de inmediato, en un caso específico, lo que estamos solicitando y que incluso el Partido Revolucionario Institucional ya ha aceptado, es que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, a través de las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados, solicite informes sobre un hecho político trascendente, grave, porque no es una trivialidad suspenderle sus derechos políticos a un ciudadano mexicano, ésa es la cuestión.
Por otra parte, de lo que se trata aquí es, efectivamente, bueno sí, éste es un hecho concreto y dicen que para muestra un botón, de una actitud revanchista, fascistoide, antidemocrática, de un gobierno que ante su incapacidad para gobernar trata de concitar la simpatía de la opinión pública haciendo "boxeo de sombra", buscando culpables por todas partes en una actitud de cacería de brujas incontenible, como así lo manifiesta la propia opinión pública bajacaliforniana, ése es el problema.
Lamentablemente el señor Ernesto Ruffo junior, oriundo de San Diego, California, Estados Unidos, no ha podido gobernar de conformidad con las aspiraciones populares del pueblo de Baja California y está actuando de esta manera revanchista y fascistoide; ése es el problema y que se concreta en una agresión concreta y específica al Partido Popular Socialista, no es que se nos esté haciendo tarde para golpear o no, estamos haciendo la denuncia de una agresión al Partido Popular Socialista, ése es el problema.
Ahora, si nosotros hemos expresado nuestra oposición, nuestras consideraciones, nuestros cuestionamientos a una legislación que hace que se haga nugatoria en la práctica la división de poderes porque obliga a que los representantes populares acudan, obedezcan y se pongan al servicio y bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, es una cosa, pero no estamos aceptando de ninguna manera que el compañero Javier Heredia Talavera haya caído en omisiones o en violaciones a las leyes vigentes ni al derecho positivo y, para ilustración de la asamblea, con
permiso de la Presidencia quiero suplicarle que por favor se le dé lectura al oficio expedido por la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Baja California, un oficio expedido el 29 de diciembre de 1989, si es tan amable, por favor.
El C. Presidente -Por favor la secretaría dé lectura.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Secretaría de la Contraloría General del estado de Baja California. -Dirección General de Responsabilidades, Situación Patrimonial.- Número de expediente HETJ380925.- Tijuana, Baja California, 9 de diciembre de 1989.
Ciudadano Javier Heredia Talavera.- Presente.
Con esta fecha se recibió su declaración de conclusión de encargo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2o., 42, fracción XVIII; 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Baja California.
Por acuerdo del ciudadano director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta secretaría, acusamos recibo de su declaración, que pasará a formar parte del expediente abierto a su nombre en este registro. Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, una firma ilegible, P. A. - Supongo por acuerdo.- Un sello, Secretaría General del estado. -Recibido.- Delegación Tijuana, Baja California, diciembre 29, de 1989.»
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Muchas gracias.
Ahí se demuestra que dos días antes de que concluyera el término para presentar esta información de conclusión de mandato fue debidamente entregada esta información, exactamente dentro del término legal y, en consecuencia, no hay violación jurídica alguna.
Por otra parte, la sanción que se aplica a nuestro compañero es la máxima que prevé la ley de la materia, que establece en su artículo 48 las seis sanciones posibles en orden ascendente de gravedad: primero, apercibimiento privado o público; segundo, amonestación privada o pública; tercero, suspensión; cuarto, destitución del puesto; quinto, sanción económica exclusivamente en los casos en que se obtenga lucro o se ocasione daños, y sexta y última, la más grave, que es la que se aplica a nuestro compañero por el supuesto incumplimiento de presentar su informe de conclusión de mandato: inhabilitación temporal para desempeñar empleo o cargo o comisión en el servicio público.
Sólo que se exceden, porque esta sanción sólo es aplicable cuando el acto y omisión implique lucro, cause daños y perjuicios, es decir, queda evidenciado que se trata de retorcer la ley de tal modo, de interpretarla de tal manera que permita un acto de revanchismo, un acto de venganza política, de agresión indebida, una acción antidemocrática que demuestra una profunda ineficiencia y un profundo desprecio por los derechos humanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra para alusiones personales, el diputado Juan José Medrano Castillo:
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: -Honorable asamblea: Se me aludió como el orador anterior y bajo esta mecánica de trabajo, aprovechando esta alusión, quiero hacer algunas precisiones sobre lo que aquí ha manifestado el diputado del Partido Popular Socialista.
Dice que en su primera intervención no vino ni aprovechó para golpear a nadie, sin embargo, yo recuerdo, por haber hecho algunas notas, que tanto en su primera como en su segunda, cuestionó la legitimidad del gobernador de Baja California, ha insistido, en su segunda intervención, en que es oscura, no está clara la legitimidad porque, según él, el titular del gobierno de Baja California, el titular del Ejecutivo no nació en territorio mexicano.
Sin embargo, él como prestigiado jurista que yo con seriedad reconozco, conoce el artículo 30 de la Constitución, que establece que no necesariamente son considerados mexicanos por nacimiento quienes nacemos dentro del territorio mexicano, sino también son mexicanos por nacimiento quienes nacen ocasionalmente, por alguna circunstancia especial, fuera del territorio mexicano, del territorio nacional, pero que son hijos de padre o madre mexicanos y en este caso, de acuerdo con este precepto constitucional y con lo que norma la Ley de Nacionalidad y Naturalización, que es una ley federal, el titular del Ejecutivo de Baja California en su momento optó por la nacionalidad mexicana y luego entonces tiene todo el derecho y es legal y legítimamente, porque así lo decidieron los ciudadanos
de Baja California, el titular del Ejecutivo en esa entidad.
También citó un proceso electoral cuestionado, yo no se qué pueda tener de cuestionado, cuando con más de 170 mil votos de diferencia con su más cercano adversario, obtuvo el triunfo claro y evidente en ese proceso electoral.
El señor diputado del Partido Popular Socialista sostiene que se debe a una cacería de brujas o a una persecución revanchista; nadie, ni siquiera el señor Javier Heredia Talavera realizó actos que pudieran afectar, de no ser algunos discursos, afectar la sensibilidad de los funcionarios bajacalifornianos, pero, insisto, no se debe a ninguna cacería de brujas, se debe a la aplicación de los actos que tomaron el gobierno de Baja California, el Congreso del estado a solicitud del Ejecutivo, son eminentemente constitucionales y eminentemente legales; lo que siento es que el diputado está prejuzgando al manifestar y al solicitársele un escrito, cuando él ha solicitado como único punto de acuerdo que se solicite la información y yo creo que no se vale solicitar información y en la misma tribuna y casi al mismo tiempo venir a prejuzgar sobre los hechos sobre los que se pide información.
Creo que vale la pena esperar esa información; yo sostengo, a diferencia de él, que la presentación de la declaración patrimonial de don Javier Heredia Talavera fue extemporánea, pero pues eso es lo que yo sostengo, vamos, para normar un criterio de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, creo que debemos esperar esa información y no sentirse agraviados porque ahora se aplicó la ley, lo que pasa es que algunas personas de su partido estaban acostumbradas a alguna cierta impunidad nacida de un concubinato de muchos años con el partido oficial y ahora que llega una autoridad recta, una autoridad legítima, legal, bueno pues, entonces, ahora sí se sienten agraviados. Vamos a esperar esta información, señores diputados.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para alusiones personales, el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Compañeros legisladores; señoras y señores: Yo suplico su benevolencia y su paciencia para que quede claro que no aceptamos que se ponga en duda la veracidad de nuestras afirmaciones desde el punto de vista jurídico y político, por cuanto hace a la supuesta nacionalidad mexicana del señor Ernesto Ruffo junior, que es su nombre original, como consta en la copia certificada del acta de nacimiento que fue expedida por las autoridades municipales de San Diego, California, y que obra en nuestro poder y que en el momento en que lo deseen, tanto los ciudadanos, militantes del Partido Acción Nacional, como cualquiera otro ciudadano podámosle comprobar.
Lamentablemente el señor Ernesto Ruffo junior nunca probó la nacionalidad mexicana de sus progenitores, nosotros hicimos valer esta circunstancia ante el Congreso del estado, lamentablemente, como se dice vulgarmente nos "mayoritearon" y no procedió nuestra demanda de inhabilitación constitucional del señor Ernesto Ruffo junior para ocupar la gubernatura del estado de Baja California; que quede claro esto: que tenemos los suficientes elementos de prueba y que por eso venimos a hacer estas afirmaciones no de memoria ni temerarias, sino apegados estrictamente a la verdad.
Que los vientos políticos, que una situación política ahora les favorece, no estamos seguros que la voluntad popular sea igual, es otra cosa, pero nosotros reiteramos nuestra denuncia y convocamos a esa autoridad legítima o no de Baja California, que suspenda sus acciones persecutorias y de revanchismo político. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Jesús Antonio Carlos Hernández en el punto único de la misma y con la anuencia del propio diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, de que sea la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la que solicite la información correspondiente a este asunto.
El C. secretario diputado Juan Jaime Hernández: -En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición del punto único propuesto por el ciudadano Jesús Antonio Carlos Hernández, con la modificación señalada por la Presidencia de esta Cámara y con la anuencia del propio proponente.
Los legisladores que estén de acuerdo, sírvanse ponerse de pie... Los legisladores que no estén de acuerdo, sírvanse ponerse de pie... Aprobado, señor Presidente.
PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS DE CAÑA
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández del grupo
parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el precio de garantía a los productos de caña.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: -Señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores: Et tu me potasti felle, et aceto (Y tu me diste a beber miel y vinagre).
Don Carlos Hank González, recién desempacado como Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ha iniciado una campaña triunfalista en la que tanto en los informes gubernamentales, como en el caso de Jalisco, dijo que aumentarían los precios de garantía para el próximo ciclo en cuanto al maíz y al frijol, esto le valió carretadas de aplausos, pero una vez que reflexionaron los campesinos cuál era el próximo ciclo, cayeron en la cuenta de que el aumento señalado al precio de garantía lo sería para el año de 1991, por lo que el gozo se fue al pozo.
En otras latitudes de la República, el propio Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos ha seguido realizando anuncios similares, con lo que por lo menos, si no beneficia al campo, les levanta el ánimo, puesto que en sus discursos, además de ser ameno, dicharachero y folklórico, es un excelente demagogo que si al momento no ha resuelto nada en el campo, por lo menos sí da esperanza al campesino.
Es clamor de los pequeños propietarios que se dedican al cultivo de la caña y en especial de la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla, ahora el ingenio de Atenzingo, Puebla, lugar al que entregan sus cosechas y que regentea el grupo Scorpio, en el que tiene intereses muy grandes el gobernador de dicha entidad, don Mariano Piña Olaya, les pagan la cantidad de 53 mil pesos la tonelada y dicho ingenio les presta para la siembra y cosecha, cobrándoles un interés usurero del 85%, dejando en la miseria a quienes con su esfuerzo hacen producir al campo y que se traduce en grandes gananciales para el referido grupo Scorpio y en especial para el gobernador del estado de Puebla.
De este ingenio dependen más de 56 mil personas, por lo que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda del entusiasta, ameno, dicharachero y folklórico Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que se eleve el precio de garantía de los productores de caña de azúcar y, por otro lado, se bajen los intereses usureros de los créditos que conceden los ingenios a los productores, puesto que ni siquiera los agiotistas en la actualidad se atreven a cometer tan grandes desaguisados, de los cuales no le ha llamado la atención al profesor Carlos Hank González, de lo contrario , estoy seguro ya hubiera puesto el remedio a su manera.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicita de esta soberanía, se turne la presente a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que sea el conducto ante el secretario del ramo, para los efectos legales correspondientes.
El medelan ferret inde (Y allí se remediase nuestro daño).
El C. Presidente: -Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: -Señor Presidente: Como sigo en el mismo turno, en vez de utilizar los 30 minutos a que tengo derecho, voy a utilizar 10.
Esto es en relación a la aplicación de la justicia en el estado de Tamaulipas se refiere precisamente cuando individuos sin escrúpulos, en un asunto delicado y más aún si esos individuos están al servicio de caciques que mediante fuertes cantidades de dinero o bien por la vía de la violencia imponen sus condiciones; es el caso de Reynaldo Garza Elizondo, hijo del cacique Reynaldo Garza Cantú, quien mediante triquiñuelas, simulaciones y falsificaciones, en un juicio llevado ante las autoridades de conciliación de Reynosa, Tamaulipas, logró se decretara la cancelación del registro que ostenta el Sindicato de Industrias de Trabajadores y Operarios en general de Empresas y Exportadoras de Reynosa.
Para lograr sus fines contó con la complicidad del señor Saúl Martínez García, que fungió como supuesto actor del juicio de referencia, así como con la participación del licenciado Ramón Antonio Dosal Perales, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas.
Es urgente que se actúe a fin de terminar de una vez por todas con los actos violatorios de la ley, como el que aquí se refiere y se castigue a los culpables de la simulación de juicio de cancelación del registro del sindicato multicitado, ya que no es posible que impunemente se viole la ley en agravio de ciudadanos y organizaciones.
En el estado de Tamaulipas, el cacicazgo y la arbitrariedad son tema cotidiano, en virtud de la impunidad con la que actúan quienes se han propuesto hacer de la ley letra muerta o bien
interpretarla sólo cuando conviene a intereses oscuros y turbios.
Para que la ciudadanía comience a creer que vivimos en un estado de derecho, tal y como lo pregonamos algunos funcionarios gubernamentales, se requiere que la ley sea aplicada de manera imparcial, puesta al servicio del pueblo y no como instrumento a disposición de quienes están obligados a impartirla y respetarla, la violan.
Es necesario que en el caso que denuncio se observe y se respete, se aplique el juicio de garantías que le fue concedido al mencionado sindicato para que se restituya el registro al Sindicato Industrial de Trabajadores y Operarios en general de empresas Exportadoras de Reynosa, Tamaulipas, por ser apto de estricto, también de escrito derecho, así como se castigue a quienes intervinieron o se prestaron a la simulación en el juicio a que ya me he referido.
Señor Presidente: Solicito que este comentario sea turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para su trámite; de igual manera, solicito que lo relacionado a la justicia de Tamaulipas en la aplicación por parte del Poder Judicial, sea turnado a la propia Comisión de Información, Gestoría y Quejas, en obvio de tiempo, porque diremos que en Tamaulipas: "Ars ur artem falleret", esto es: "En Tamaulipas las autoridades se burlan del traidor más insolente". Muchas gracias.
El C. Presidente: -Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES
El C. Presidente: -En el transcurso de la sesión se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
El ciudadano Secretario de Programación y Presupuesto se ha dirigido al suscrito con fecha siete del actual, manifestando lo siguiente:
"Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso B del artículo 39 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1990, me permito rogar a usted se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el oficio en virtud del cual el suscrito solicita se turne a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el informe previo sobre las razones de criterios específicos, a fin de llevar a cabo la desincorporación de las entidades paraestatales a que dicho informe se refiere."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de marzo de 1990.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.»
El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados para la atención que proceda.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación en Colombia.
Como no se encuentra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, pasamos al siguiente punto del orden del día.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan José Medrano Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre revocación del mandato del ayuntamiento de Anáhuac en el estado de Nuevo León.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: -Honorable asamblea: A la diputación del Partido Acción Nacional que forma parte de esta Comisión Permanente, se hizo llegar la copia de un escrito firmado por regidores y síndicos del ayuntamiento de Anáhuac en Nuevo León y también por vecinos de esa localidad; el escrito fue dirigido al licenciado Jorge Treviño Martínez, quien es gobernador del estado de Nuevo
León y se destinaron copias tanto a la diputación Permanente del Congreso local, como a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la que formamos parte.
El contenido de la comunicación a que me refiero no podía tener mayor interés en estos momentos en que la política de nuestro país adquiere importancia capital y en que la democracia busca cauces por los cuales transitar, se trata de una solicitud de revocación del cargo de presidente municipal de Ciudad Anáhuac que actualmente ocupa el doctor Genaro de la Garza García y se funda la misma en la disposición contenida en el artículo 10 - bis, inciso b, de la Ley Orgánica de los municipios del estado de Nuevo León.
Los motivos que se exponen en el capítulo de hechos del escrito son muy variados, van desde acusaciones por delitos comunes hasta actos arbitrarios en el ejercicio de su mandato constitucional y malos manejos de las cuentas del patrimonio municipal.
Como antecedentes de la mala conducta del doctor De la Garza García se menciona un hecho acaecido en 1968 en el que la Agencia Investigadora del Ministerio Público Federal involucró al profesionista en un caso de tráfico de heroína; otro antecedente es la acusación formal y por escrito que hace una señora de la que omito en esta tribuna su nombre, pero que en el escrito que voy a entregar queda constancia de dicho nombre, esta señora se identifica plenamente y atribuye al galeno, ahora presidente municipal, un robo de infante en la persona de una hija de dicha señora que nació cuando el doctor, hoy presidente municipal, fungía como médico dependiente del Departamento de Sanidad, el hecho se le facilitó porque la denunciante, se dice en el escrito, trabajaba en la zona de tolerancia y no podía hacer valer sus derechos por ignorancia y además por pobreza.
El menor, sujeto de este dicho, fue entregado quizá por dinero, a una pareja de norteamericanos. Las acusaciones específicas y relacionadas directamente con el presidente municipal son las siguientes:
El ayuntamiento no sesiona mensualmente como lo exige la ley, por decisión prepotente del presidente municipal, incumpliendo dicha ley; el presidente y así lo afirman y lo firman en un escrito varias mujeres del municipio, cuando éstas se han presentado a tratarle algún asunto relacionado con su cargo, les falta al respeto y les hace proposiciones indecorosas; el presidente ha despedido sin causa justificada y ha amenazado de muerte al secretario del ayuntamiento, ingeniero Murcio Mauricio Gallegos y ha despedido a otros muchos empleados del ayuntamiento; ha violado los artículos 125, 128 y 130 de la Constitución del estado, al no enviar al Congreso durante el año de 1989 el proyecto de Ley de Ingresos y el informe detallado de los gastos, tampoco informó de ello ni a los regidores firmantes en lo particular, ni al cabildo como cuerpo colegiado.
El presidente municipal no ha permitido que el tesorero designado tome a su cargo la Tesorería y él mismo ha desempeñado las funciones de tesorero a través de su secretaría particular; tampoco ha permitido que el Regidor de Hacienda, encargado de la Comisión de Hacienda, conozca de los ingresos y egresos municipales.
El último informe del presidente municipal el día 17 de diciembre de 1989, se efectuó fuera del recinto oficial sin previo acuerdo del cabildo y en él se incurrió en innumerables falsedades e incongruencias, como ejemplo tenemos otras relaciones, y no concluidas y fuera de servicio, la construcción del puente La Tortuga, también consignado en el informe del municipio de Lampazos como erogación de ese municipio; las obras enumeradas en el informe se otorgaron todas sin concurso alguno a la empresa Proyectos de Edificaciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
Existe en el renglón de obras públicas una diferencia entre lo que aparece como erogado y lo que aparece como movimiento de finanzas en este renglón y es la cantidad de 1 mil 444 millones 926 mil 304 pesos.
A todas estas anomalías, los denunciantes agregan una relación de pruebas documentales y señalan con claridad los archivos en los que se pueden consultar otras y concluyen solicitando del gobernador que inicie el procedimiento previsto en la ley local para remover del cargo al alcalde que tantos errores, fallas y quizá delitos ha cometido en perjuicio del pueblo que lo eligió.
Han transcurrido ya 30 días de la solicitud presentada al gobernador y a la fecha no se sabe qué trámite le ha dado o si ya se hizo o no la solicitud al Poder Legislativo local, al Congreso local, para que en una sola audiencia, como lo establece la Ley Orgánica de los municipios del estado de Nuevo León, se reciban las pruebas, se escuche a las partes y resuelva el Congreso sobre la solicitud de revocación del cargo del presidente municipal aludido.
El asunto reviste capital interés para todos los que creemos en la democracia; una de las críticas mas reiteradas al sistema representativo se finca en la reducida participación que tiene el pueblo
en el gobierno, se reduce ésta a la emisión del voto cada cierto número de años en favor de algún candidato y luego no le queda más remedio que esperar las nuevas elecciones para repetir la operación, mientras tanto, lo haga bien o lo haga mal el funcionario público, el pueblo no tiene mecanismos eficaces para sancionar, vigilar o supervisar a sus mandatarios.
Por ese motivo, los teóricos de la política han ideado formas que se denominan de democracia o de gobierno semidirecto, en las que el pueblo tiene, además de la facultad de votar por uno u otros candidatos, otras formas de participación que lo acercan más al ejercicio eficaz de la soberanía de la que es titular. Estas formas de democracia semidirecta son el referendum, el plebiscito, la iniciativa popular y precisamente la revocación del mandato.
Sin duda alguna, en la medida en la que el pueblo exija mayor participación y se interiorice en la política directamente hará mayor y mejor uso de estos mecanismos que son avances y perfeccionamientos en la vida democrática; por lo pronto encontramos en la Ley Orgánica de los municipios en Nuevo León, que existe un procedimiento, desde luego no simple ni directo, para darle al pueblo participación en la posibilidad de revocar el mandato popular a los integrantes de los ayuntamientos, sino previa audiencia y juicio imparcial del Congreso local.
La experiencia es interesante y sin adelantar juicio alguno sobre la procedencia o no de la solicitud de revocación, pienso que es de interés de esta Comisión Permanente el de apoyar un procedimiento que sin duda constituirá una mayor participación popular en las decisiones políticas.
El gobernador debió o debe solicitar del Congreso el inicio del procedimiento y enviarle las pruebas que el pueblo le presentó, no podemos quedarnos callados si éste no lo hace, por tal motivo, solicito que dado que se nos corrió traslado del asunto, se tome por esta comisión el acuerdo de solicitar muy atentamente del señor gobernador del estado de Nuevo León, que si no hay inconveniente legal alguno, nos informe de los trámites que se la hayan dado a este asunto.
Firmamos los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta Comisión Permanente: Pedro César Acosta Palomino, Alberto Ling Altamirano, Bernardo Bátiz Vázquez y el de la voz, Juan José Medrano Castillo.
El C. Presidente: -Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Información de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
OPINIÓN PRESIDENCIAL SOBRE LAS REFORMAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la opinión presidencial sobre las reformas del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: -Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Creo necesaria una aclaración de entrada. Tal como lo señala el punto correspondiente del orden del día, se trata de un comentario sobre la opinión presidencial en torno a las reformas del Partido Revolucionario Institucional, lejos pues de mi intención venir a esta tribuna a comentar cuestiones internas de esa agrupación, que por otra parte tiene, debemos admitirlo, un peso específico muy sensible en el desenvolvimiento de nuestra vida política.
La opinión del Presidente de la República en torno a una cuestión relacionada con el partido político en que milita, trasciende los contornos de esta agrupación y toca cuestiones que, en mi opinión, tienen que señalarse en diferentes escenarios y en distintos foros.
Ya lo señalaba al principio, sería ingenuo pretender ignorar el peso político de una agrupación como lo es aquella de donde surgió el puesto que actualmente desempeña el licenciado Salinas, que sea él a quien la Prensa por lo menos llama "jefe nato del Partido Revolucionario Institucional" quien en una intervención, en el marco ciertamente de la organización partidaria pero sin la adecuada distinción de militante distinguido y funcionario público, se da a conocer en todos los medios de comunicación como prácticamente, insisto, prácticamente un discurso oficial, puesto que se le da tratamiento de presidente Salinas, de Presidente de la República u otros similares, es necesario, desde el punto de vista de quienes con honestidad y fe en la capacidad democrática del pueblo mexicano militamos en la oposición, referirse a lo que el licenciado Salinas como Presidente de la República ha expresado en torno a las modificaciones o transformaciones de fondo del Partido Revolucionario Institucional.
Antes de ello creo necesario señalar que la cultura política que priva en el país impide al ciudadano común hacer las distinciones que señala, lo impide porque diariamente es bombardeado con información de todo tipo acerca de cuestiones políticas que no solamente no contribuyen en su exposición a delimitar los contornos, sino que
con frecuencia confunden la gestión del partido y la gestión del gobierno, el mismo caso antes visto aquí en esta tribuna sobre la situación de una supuesta privación de derechos en Baja California traía ese vicio de origen, una mezcolanza de funciones del gobierno propiamente dicho y del partido político, pero en fin.
Por otro lado, la comunidad nacional algo debe tener de compensación, en esta cultura de confusión ha aprendido también, entre otras lecciones, a leer entre líneas y en una interpretación libre pero hecha con sentido de responsabilidad; tenemos que referirnos a las propuestas del presidente Salinas sobre las transformaciones del Partido Revolucionario Institucional desde un ángulo de objetividad crítica que, repito, trasciende los contornos de esa agrupación y tocan aspectos que son del debate público.
Nosotros creemos que la ciudadanía, si efectivamente ha aprendido a leer entre líneas, como así lo suponemos con fundamento, tiene que sacar conclusiones de mucha importancia en torno a los pronunciamientos presidenciales en esta materia; si el presidente Salinas hace mención de que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional deben surgir a través de mecanismos democráticos y amplia participación en la militancia del partido, este enfoque, en nuestra opinión, contiene una buena dosis de autocrítica y creemos que sería saludable para el desenvolvimiento democrático del país vincular una afirmación de esta naturaleza a un hecho que ha sido señalado desde la oposición constantemente: si los candidatos deben surgir de mecanismos democráticos y así lo solicita o así lo señala, o así lo sugiere el Presidente de la República, es válido asumir y tal situación no se ha dado hasta el momento y que conviene al devenir democrático de México, una rectificación de fondo en esta materia.
Así lo queremos ver desde la oposición, no por revanchismo, no por actitud de crítica a ultranza, sino porque creemos que en el mejoramiento de las instituciones, lo primero que debe privar es el reconocimiento de los vicios internos que tengan para poder superarlos más adelante, si se necesita, como expresa el licenciado Salinas en el interior del Partido Revolucionario Institucional exista un espacio de expresión, la autocrítica implícita en este señalamiento también confirma otros hechos por la oposición, si en el interior de una agrupación los espacios de expresión se limitan o se niegan, evidentemente la vida democrática se anula y probablemente se le ocasione a la propia agrupación un daño irreparable.
También tocaba el presidente Salinas un tema fundamental: el manejo, el origen primero y luego el manejo de los fondos de la agrupación política e, insisto, no se tome esto como una acusación o un señalamiento revanchista porque como lo reitero, es imposible negar el peso específico de esta agrupación en la vida política del país; que el manejo de los fondos públicos, de los fondos, perdón, del partido, sea transparente, es en mi opinión uno de los puntos fundamentales de estos señalamientos presidenciales, porque una acusación reiterada de la oposición toda, ha sido y así parece admitirlo en cierta forma este señalamiento, que el origen de esos fondos toca vinculaciones con el erario y no precisamente porque así lo disponga el artículo 39 del Código Federal Electoral cuando habla de financiamiento público, sino por otras razones que todos hemos comentado, discutido y deliberado en otros escenarios de la política nacional.
La libertad en la toma de decisiones podría parecer cuestión menor, pero vinculada al señalamiento número dos adquiere importancia básica en el desenvolvimiento de una agrupación que en opinión de sus críticos requiere urgentemente de oxígeno democrático.
Las otras dos sugerencias presidenciales respecto a la creación de una nueva escuela de cuadros y a que la estructura nacional de mandos refleje fielmente la composición de las cúpulas, podrían parecer de menor trascendencia y de hecho las voy a comentar en un solo aspecto, siendo que son cuestiones que en última instancia corresponde a los propios miembros y dirigentes de esta agrupación delimitar, pero las anteriores, las cuatro primeras, insisto que rebasan el ámbito partidario y tocan fibras sensibles de la cultura política en nuestro país.
Se ha escrito mucho y mucho se ha debatido acerca del origen del actual Partido Revolucionario Institucional, ha cambiado de nombre en dos ocasiones a partir del inicial: del Partido Nacional Revolucionario y si bien algunos de sus defensores atribuyen estos cambios a las adecuaciones propias del desenvolvimiento político del país, no faltan tampoco quienes señalen que no son sino acomodos de tipo "gatopardiano", según cuya divisa es preciso cambiar para que todo siga como está.
Nosotros queremos ver en esta ocasión no una reiteración de esa divisa: el cambio para que todo siga igual; quisiéramos y debemos hacer votos porque en efecto, la voluntad política que se necesita en nuestro país para que acabe de una vez por integrarse a la corriente democrática que en todo el mundo se manifiesta con vívida expresión, pueda en esta ocasión concretarse en hechos positivos que permitan a esta agrupación entrar
de lleno en el clamor democrático de todos los países.
No haríamos un señalamiento de esta naturaleza si se tratara de una organización que no tuviese influencia decisiva en toda la vida nacional, el hecho de sostener criterios divergentes, de oponerse objetiva, doctrinal e incluso en aspectos de pragmatismo político especifico, no nos releva de la obligación de asumir que el Partido Revolucionario Institucional tiene en México, efectivamente un peso específico que se puede manifestar también democráticamente, aunque muchos y el de la voz incluido tengan serias dudas acerca de que por su propia naturaleza pueda recorrer estos caminos democráticos que señala el Presidente.
Para nosotros por lo tanto, el hecho de que el primer mandatario proponga desde una tribuna que si bien es partidaria, tiene repercusión nacional, una transformación de grupo, una transformación de fondo de una agrupación a la que nos oponemos en diversos aspectos y de diversas formas, cobra, repito, importancia para el desenvolvimiento de la vida nacional y ése es el sentido de esta intervención, independientemente de que en lo particular tengamos esas dudas, nosotros, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, a petición de la coordinación, debemos manifestar estos puntos de vista.
En lo particular creo que debemos acoger con interés la posibilidad de una transformación democrática en el seno de esta agrupación, yo particularmente pienso que podría ser posible, aunque ofrezca serias dudas esta transformación, tendría que darse un fenómeno, una metamorfosis muy curiosa, pero en fin, todo queda dentro de lo posible.
Tendría que pasar de partido único que fue, a partido oficial que es, algunos le llaman partido de Estado, pero habría que deliberar si efectivamente contiene los elementos básicos que un partido de Estado requiere para que ahora con estas transformaciones que ahora sugiere el presidente Salinas, de verdad pase a formar parte de los partidos políticos y con el tiempo, ustedes dirán que es un buen deseo mío, yo sostengo que hay algunos elementos de sociología política que lo apoyen, pasen también a ser partido de oposición. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el senador Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Eliseo Rangel Gaspar: Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Empezaría por el final, el comentario que como priísta me obliga.
La intervención, ciertamente comedida y cuidadosa, del señor representante de Acción Nacional, es ésta que consideramos una efemérides del Partido Revolucionario Institucional, a consecuencia de que este domingo 4 de los corrientes en una reunión de cuadros nacionales, festejó el 61 aniversario de su constitución un 4 de marzo de 1929, en la ciudad de Querétaro.
Principiaría por el último para subrayar que en el mundo en que vivimos y por los propios propósitos de la sociedad, toda organización, todas las organizaciones, y especialmente las organizaciones políticas se proponen por la dinámica interna alcanzar el perfeccionamiento de los ideales que levantan como bandera.
Los ideales nuestros, el propósito capital del partido de los revolucionarios mexicanos, del Partido Mexicano Revolucionario de 29, del Partido Revolucionario Mexicano de Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional de 46, es constituirse en el instrumento de vanguardia, para que la sociedad mexicana alcance las metas fundamentales de su proyecto histórico en lo relativo a la democratización interna del partido y de la vida nacional.
Tenga la seguridad, el grupo parlamentario de Acción Nacional, que ése es un proyecto que se realiza cotidianamente, permanentemente, que su interés porque esta posibilidad se realice es un interés que tiene vicios de manera sistemática.
Visitemos un comité seccional, del municipio que ustedes quieran, un comité municipal, un comité municipal agrario, un ejido, una organización sindical, una reunión de ciudadanos, y allí admitiremos permanente, sistemática, el proyecto de la democratización.
Nuestro partido va hacia la democratización, así lo establece desde el capítulo 1o. de su declaración de principios, quiere que haya participación de la ciudadanía en todos los actos de su existencia, en particular en los que se relacionan con la selección o con la elección de sus candidatos a cargos de puestos de elección popular y para integrar los cuadros partidistas.
Hacemos uso de las vías democráticas y de la consulta a las bases populares, de manera permanente. No es extraño a nosotros, nunca ha sido extraño a nosotros propiciar la democracia de tiempo completo en todos y cada uno de nuestros simpatizantes, y con este proyecto, con el de realizar prácticas constantes de democratización, hemos influido en la educación política para la
democracia de la sociedad. De tal manera, que puede afirmarse que en este campo, la nuestra, es una de las naciones más sobresalientes; en gran parte, la democracia que vive la nación, es una democracia que ha pasado por el Partido Revolucionario Institucional.
En este sentido, tiene importancia que hayamos conmemorado este 4 de marzo el aniversario de la fundación de nuestro instituto político. Lo hemos hecho además con la presencia del jefe de las instituciones nacionales, del ciudadano Presidente de la República, porque él, no como se pretende aquí establecer una interesada confusión entre la ciudadanía, que distingue con precisión al jefe del Partido Revolucionario Institucional, al ciudadano que el partido propuso a la colectividad nacional, a la ciudadanía, para que su voto en urnas decidiera convertirlo en jefe de gobierno y en jefe de Estado. Esta es una situación normal entre los priístas, es una situación normal en la ciudadanía, y procede desde el más remoto ayer.
Yo quiero recordar aquí, que en tiempos del general Cárdenas, la dirigencia nacional, los cuadros de partido, los priístas, lo militantes del Partido de la Revolución Mexicana en su tiempo, asistieran, los compañeros del Partido de la Revolución Mexicana asistían a saludar a su Presidente, al jefe del partido o este presidía las reuniones nacionales.
Sin ir muy lejos, el año pasado, en el consejo nacional celebrado en Querétaro, el presidente Carlos Salinas de Gortari presidió el aniversario número 60 de nuestra organización. Esta ha sido una práctica permanente que la ciudadanía conoce y que la ciudadanía precisa con el sentido político que posee.
Menos mal que el ciudadano diputado de Acción Nacional reconoce que tenemos peso político en la opinión pública. Efectivamente, tenemos un gran peso político; desde nuestro nacimiento hemos orientado la marcha de la nación, y durante una etapa, de la etapa del surgimiento del partido en 1929, hasta bien entrado el primer tercio de siglo, nuestro partido funcionó en términos de partido único porque para los teóricos de la ciencia política que han leído esto, el partido político es una cosa bien distinta; nosotros actuamos más bien como partido solo, porque los otros partidos son partidos pequeños y cuando surge Acción Nacional todavía no tiene competitividad sino hasta bien entrada sugestión cuando empieza a ganar ayuntamientos, diputaciones locales y federales.
Después, gracias a la acción de nuestro partido, a la intervención de nuestro partido en la vida democrática, se ha sucedido diversas reformas políticas que han ampliado las perspectivas de la vida civil y política de la nación, propiciando la conformación de organismos de orden político, de partidos políticos, para que con competitividad, para que como una respuesta al pluralismo que la sociedad mexicana mantiene, también contribuyan a formar, a integrar, a conformar la voluntad política de la nación.
Así tuvimos en 1963 con el presidente López Mateos, las reformas de los diputados de partido para que en el parlamento mexicano se escucharan las voces de las minorías y fueron fructíferos los debates en el parlamento. Aquí se escucharon las voces de la oposición notables: Gómez Morín, Lombardo Toledano, y la gente que comandaba en su oportunidad el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y otros partidos de la oposición. Quién quisiera ver lo fructífero de esta decisión de nuestro partido para propiciar la expresión plural en el Parlamento, en el órgano colegiado del gobierno, debería revisar los debates que protagonizaron aquellas figuras fundamentales de la política nacional.
Posteriormente la reforma de 1976 se definió por ampliar las perspectivas de la representación nacional. Quiso Reyes Heroles y quiso nuestro partido, que la representación fuera una respuesta exacta a la población nacional, una fotografía de la representación...
(Voces.)
El C. Presidente: -Les suplico atentamente a los invitados, al público presente en esta sesión de la Comisión Permanente, guarden silencio y pongan atención al orador.
El C. senador Eliseo Rangel Gaspar -Gracias, señor Presidente. La reforma de 1976 es una reforma que amplía las perspectivas de la presencia de las minorías en el parlamento, en la Cámara federal y en las cámaras estatales, en los ayuntamientos. Se diría que nuestro partido se había propuesto impulsar el desarrollo democrático de la nación incorporando el sistema de escrutinio para que las minorías por más pequeñas que sean, tengan acceso a la representación.
Nosotros no hicimos entonces caso de los cargos que los teóricos de la ciencia política imputan al sistema, al escrutinio de la RP, de propiciar la anarquía y de estimular el gobierno de las cúpulas partidarias. Nosotros queremos y se dijo así en los debates que se dieron en el seno de la Cámara que era necesario ampliar las bases de la democracia nacional y éste fue un proyecto de nuestro partido, y es el proyecto que tenemos escrito ahora en el orden del día de nuestro partido.
Vamos a alcanzar marcas superiores en la democratización, vamos a ampliar nuestros sistemas para que todos nuestros candidatos sean electos por las bases para que haya una mayor democratización en estos procesos internos que ciertamente nos competen a nosotros, pero que por su peso, por el peso político, el peso específico político de nuestro partido, interesa a la comunidad nacional toda, como se ha dicho aquí con propiedad.
No inauguramos con el discurso del señor Presidente este procedimiento, lo hemos realizado ya con anticipación, con beneplácito del pueblo mexicano, con el aplauso de los priístas pero vamos a insistir en este proyecto y lo estamos haciendo continuamente, no solamente para los cargos de elección popular sino también para integrar nuestros cuadros dentro del partido, porque no queremos, no quiere el Partido Revolucionario Institucional, no quieren los priístas, que las dirigencias se anquilosen y se prive la ley de hierro de la oligarquía de que hablaba Michels; queremos cuadros frescos, actuantes, identificados con la realidad nacional, que retomen los problemas y que identifiquen la problemática del país para que impulsen los derroteros de la gran mayoría de los mexicanos.
Vamos a poner en marcha las seis recomendaciones sugeridas por el señor presidente Carlos Salinas de Gortari en su discurso del día 4 de marzo, y las vamos a llevar a todas las bases de la nación. Vamos a consultar con los comités de sección, con los comités municipales, con las ligas de comunidades agrarias, con los sindicatos obreros, con los grupos emergentes de la clase media estos puntos de vista, para llegar al seno de la siguiente asamblea que realizaremos, en donde habremos de recoger la voluntad mayoritaria de los priístas.
Seguro es que los vamos, a estos puntos propuestos para la asamblea, los vamos a enriquecer con la voluntad de los priístas, vamos a fortalecer el ideario del partido mayoritario de México, porque queremos seguir siendo, en una sociedad plural, compuesta por diferentes tendencias ideológicas, con partidos diversos, el partido mayoritario de México, para seguir realizando desde el gobierno el proyecto de la Revolución Mexicana, el proyecto del desarrollo nacional independiente, el proyecto de la ampliación del régimen democrático interno, el proyecto de la justicia social.
Este es el compromiso histórico de un partido como el nuestro, un partido que quiere, en la pluralidad, expresarse pluralmente con los iguales, a condición de que esa expresión de este diálogo, respete en lo fundamental las decisiones que el pueblo mexicano se ha dado en una lucha histórica que ha costado sacrificios, sangre, dolor, trabajo y esfuerzo.
Vamos a participar como iguales con los demás partidos políticos, pero vamos a seguir siendo quien ejerza el poder político de la nación, porque para eso tenemos la voluntad mayoritaria de los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Ciudadanos legisladores: Celebro que el grupo parlamentario de Acción Nacional haya introducido en el orden del día de esta sesión, este tema que es sin duda relevante; no por quien pronunció especialmente el discurso o sólo por eso, sino porque se trata de un partido político que, como todos los demás, constitucionalmente está definido como una entidad de interés público.
Es del todo conveniente desde mi punto de vista, que la situación de los partidos, sus posiciones, su vida interna incluso, sea materia del debate público, porque eso es congruente con el carácter de los partidos en una República.
Hay que analizar sin embargo con mucho cuidado estos temas, porque a fin de cuentas y a pesar del carácter público de los partidos, ellos son asociaciones que deben ser regidas por sus propios integrantes, y debe existir un gran respeto de parte de la ciudadanía en general, de las instituciones del Estado y de otros partidos, por la vida interna de las formaciones políticas del país. Pero dentro de estos dos márgenes que señalo, bien podrían debatirse los asuntos que están ocurriendo dentro de los partidos.
Creo que no es momento oportuno para abordar el tema de la larga historia del Partido Revolucionario Institucional, aunque también eso es materia de discusión, no sólo, por cierto, por los historiadores o entre los historiadores, sino también entre los políticos.
Existe una definición central en los recientes pronunciamientos, con motivo del aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Esta fue hecha por su presidente, el senador Colosio, quien habló antes de Salinas. El señaló dos cuestiones que en mi opinión son importantes. La primera de ellas es que en su opinión el objetivo del momento actual es un partido nuevo y, en seguida un párrafo de por medio del discurso leído por el
senador Colosio, éste señala, cito: "en este aniversario de la fundación del partido, los priístas reiteramos nuestro orgullo por el liderazgo de Carlos Salinas de Gortari".
La primera pregunta que habría de hacerse es si el actual Partido Revolucionario Institucional puede proponerse convertirse asimismo en un partido nuevo bajo el liderazgo máximo e indiscutible de quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo de la Unión. Es una pregunta pertinente. El senador Colosio afirma que sí, que en efecto una cosa y otra mantienen completa congruencia.
Pero en nuestro país el liderazgo del titular del Ejecutivo sobre el partido ha venido a constituir una de las características esenciales del modo de ser de este partido y del papel que juega en la sociedad y en el Estado. El carácter estatal del Partido Revolucionario Institucional tiene en el liderazgo del Presidente en turno, uno de sus principales definiciones; no se agota con ello dicho carácter estatal, pero allí se sintetizan sus rasgos estatales fundamentales.
La capacidad del titular del Ejecutivo para tener liderazgo de los otros dos Poderes de la Unión, de mantener un control virtual, extraconstitucional e inconstitucional sobre los otros dos Poderes de la Unión, sobre los poderes de las entidades Federativas, sobre la dirigencia de las numerosas organizaciones sociales, obreras y campesinas del país, constituye un cuadro completo que nos permite descubrir otros de los rasgos estatales del Partido Revolucionario Institucional.
¿Cómo cambiar ese partido?, ¿cómo hacer de él un partido nuevo si esas características fundamentales pretenden mantenerse? ¿Acaso un partido puede emprender una renovación efectiva, puede convertirse a sí mismo en algo nuevo sobre la base de los seis puntos planteados por Salinas? Esta es otra pregunta pertinente.
¿Es suficiente la plataforma de Carlos Salinas, expresada en su discurso del día del aniversario del Partido Revolucionario Institucional, para ir a un partido nuevo?
No pongamos todavía calificativos; no hablemos de que sea un partido democrático, popular, simplemente un partido nuevo, con las características que él pueda asumir de acuerdo con las necesidades políticas que surjan de la propia renovación.
¿En qué consisten esos puntos? La elección de candidatos, la participación de todas las corrientes en su seno, la transparencia en el origen de sus recursos, la libertad en su toma de decisiones, la creación de una escuela de cuadros y una estructura de mando que refleje la composición del partido. ¿Son estos seis puntos suficientes para modificar el carácter del partido?, y al hablar de la modificación del carácter del partido no hago sino expresar lo que el mismo Presidente del Partido Revolucionario Institucional dice: construir un partido nuevo.
Ya en otra ocasión, con motivo de la asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el senador Colosio dijo que el Partido Revolucionario Institucional debería ser un partido de ciudadanos. Un partido de ciudadanos no tiene carácter estatal, no es un partido de Estado, no es un partido oficial sino una organización de la sociedad con el propósito de intervenir en la lucha política, con el propósito de tomar en sus manos el poder del Estado.
Pero existe un conjunto, yo diría un ramillete de contradicciones, entre estos planteamientos que dan más la idea de que son frases sueltas, y el contenido básico de la plataforma que Salinas expuso en la ceremonia del aniversario del Partido Revolucionario Institucional.
Uno de los principales puntos que debería establecerse para lograr los propósitos de los que se habla, tendría que ser el establecimiento de una dirección propia como partido político dentro del Partido Revolucionario Institucional.
Si es el titular del Ejecutivo quien toma en sus manos el liderazgo del partido, esto no será posible; una y otra cosa se contradicen completa, totalmente, en nuestro país y bajo las actuales circunstancias.
¿Puede lograrse una democratización de un partido político que está bajo el liderazgo del titular del Ejecutivo? ¿es esto posible en México, en las actuales circunstancias? Esta es otra pregunta, también pertinente, me parece.
Los objetivos son bastante pequeños; toda la ideología patrimonialista de la burocracia del Estado, respecto de los recursos y de los bienes nacionales, no está planteado aquí; no se hace una crítica de esa larga trayectoria de la utilización patrimonialista o patrimonial de los recursos de la nación.
Plantea en este aspecto Carlos Salinas, que se debe, que no se deben dar pretextos a los opositores para acusar al Partido Revolucionario Institucional de la utilización indebida de los recursos públicos. Niega que exista utilización indebida de los recursos públicos y éste es el peor principio para combatir la utilización indebida, repito, de los recursos públicos.
La única manera de combatir ese fenómeno tan nocivo para la vida política del país, es reconocer la existencia del fenómeno mismo.
Lo que está planteando Carlos Salinas es un mecanismo a través del cual se demuestre que el Partido Revolucionario Institucional no utiliza los recursos públicos indebidamente.
No hay por lo tanto ninguna autocrítica a partir de la cual se pueda ir a la fundación de algo nuevo. No se funda algo nuevo sin reconocer justamente los defectos y los fenómenos más negativos que determinan la necesidad de fundar algo nuevo.
Pero ya da por hecha la transformación de su partido, dice: "pero también el México plural es posible porque el Partido Revolucionario Institucional se ha transformado."
Sobre la base de esta consideración, veo muy difícil que haya una verdadera transformación; si la transformación ya ha ocurrido, ¿cuál es el papel de la plataforma presentada ante su partido, no por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, sino por el titular del Ejecutivo Federal?
Dice también: "que el gobierno que es y sirve a todos los mexicanos, garantiza la imparcialidad en las reglas y la aplicación del derecho".
¿Puede el líder de un partido en la lucha política y en la contienda fuerte en el seno de una diversidad política real, que debe ser el marco de la lucha por el poder, actuar en las condiciones de hoy, de aquí, con imparcialidad en la aplicación de la ley?
En la reforma electoral constitucional, apoyada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, se le concede al líder indiscutible del Partido Revolucionario Institucional, la capacidad para proponer de manera exclusiva, a los magistrados del tribunal electoral, para proponer de manera exclusiva a una parte muy importante de los miembros del órgano superior de dirección electoral; ¿puede en las condiciones de México, pregunto yo, hablarse de imparcialidad, cuando quien tiene a su cargo esta función, debe nombrar a tan altos funcionarios que tomarán parte en la organización y decidirán sobre los litigios en la materia electoral?
Hay otras cuestiones: el Partido Revolucionario Institucional tiene una estructura donde centralmente las decisiones se toman en la alta burocracia del Estado, la propia dirigencia estatutaria del partido se designa en las altas esferas de la administración pública, en las más restringidas esferas del gobierno federal; esta situación va a modificarse con la creación de un Consejo Deliberativo ¿puede un Consejo Deliberativo crear las condiciones para que las decisiones fundamentales, en cuanto a la elección de la dirigencia y la toma de resoluciones sea algo nuevo?
Un Consejo Deliberativo, como es el que está en la plataforma de Salinas, no entra en contradicción con la estructura vertical de dirección del Partido Revolucionario Institucional; cualquiera diría que lo que hace falta en un Consejo Resolutivo, un Consejo Representativo que tenga las más altas funciones para resolver. El Partido Revolucionario Institucional realiza sus consejos y sus asambleas con cuatro votos, un voto del sector obrero, un voto del sector popular, un voto del sector campesino y un voto del conjunto de los comités directivos estatales, exclusivamente.
Una estructura de esta naturaleza, con un conjunto deliberativo, difícilmente ofrecerá a la sociedad mexicana a una parte de la sociedad mexicana un espacio de participación política en la toma de decisiones de carácter partidista que afectan, como todas ellas, a la República y a la sociedad.
La plataforma de Carlos Salinas, que es la plataforma de este partido nuevo, no nos ofrece una perspectiva de reforma política en el país, si las reformas que está ofreciendo a su propio partido son de lo más limitado, no tomo en cuenta aquí la cuestión de la creación de una escuela de cuadros, que es un asunto muy secundario y demasiado interno del partido, sino las cosas que trascienden, las cosas que pueden trascender y afectar a la sociedad mexicana, como es la estructura misma de su partido y la relación que ésta debe tener con el aparato del Estado. ¿Cuál es con exactitud esa relación, bajo el liderazgo del titular del Ejecutivo?; éste es el gran problema y es un problema de México, sin duda alguna y va a seguirlo siendo todavía por algún tiempo.
No se trata aquí de hacer las descalificaciones, sino de hacer un análisis político de lo que nos están ofreciendo a través de una proclamada reforma para la vida política nacional; es muy complicado tener en este país, señores diputados, relaciones políticas abiertas con el Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo llegar en México, de parte de diversas otras formaciones políticas a acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional?, tiene uno que ir a las oficinas de Bucareli; hay que pasar por la residencia del Poder Ejecutivo; tiene uno que tocar las puertas de los gobernadores; ésas son las instancias más importantes del diálogo entre los partidos, también las relaciones con los Secretarios de Estado, pero con una dirigencia propia, con fuerza, con
capacidad, con independencia de liderazgo efectiva, como parcialmente está planteado por el propio discurso de Salinas.
Tiene que entrar en el camino de que el titular del Ejecutivo no sea el líder indiscutido e indiscutible del partido oficial; para que el Partido Revolucionario Institucional deje de ser un partido oficial debe tener un verdadero liderazgo, en estas condiciones del país, en las que hemos tenido durante muchas décadas una estructura de partido de Estado, que no se reconoce sino que se convierte en palabras del propio Salinas, en partido prácticamente único, que ésa es la característica que le aplica al desarrollo de este partido, característica completamente incorrecta, por cierto, es muy difícil que el Partido Revolucionario Institucional pueda convertirse en un partido nuevo que no sea un partido de Estado.
La característica del Partido Revolucionario Institucional es no haber sido un partido casi único sino o virtualmente único, sino haber sido un partido de Estado, haber sido el partido oficial.
Dice Salinas otra vez, como lo dijo en Davos, que nosotros ya hemos hecho lo que se intenta hoy en Europa del Este, yo vuelvo aquí a decir, muy brevemente, para no repetir lo que ya se ha dicho. En Europa del Este no han quedado en pie partidos de Estado, por eso habrá cambios de gobierno y está habiendo cambios de gobierno en todos ellos, se ha acabado totalmente el sistema de partido de Estado, pero de eso no podemos nosotros hablar todavía sino como propósito, como necesidad de la sociedad.
Yo creo que la mayor transformación política de México, en el momento actual, estaría en la desaparición del sistema de partido de Estado, en que el Partido Revolucionario Institucional o cualquier otro no fuera un partido oficial, en que por lo tanto el sistema de concurrencia política fuera auténticamente democrático sin que en ello pesara de manera definitiva y determinante el peso del aparato del Estado.
Alcanzar esto no parece ser, por lo pronto, y analizando la plataforma de Salinas, algo que haya uno, que tenga uno que esperar de las propias filas del Partido Revolucionario Institucional o de la alta jerarquía estatal sino de la sociedad, tendrá que ser la sociedad mexicana, ya se está viendo, quien logre eliminar el sistema de partido de Estado, porque el partido de Estado no parece estar dispuesto a modificar su característica esencial. Y tiene mucho qué ver la cuestión de la democracia interna, porque la falta de la democracia en el Partido Revolucionario Institucional, no es más que consecuencia de su carácter estatal, como el patrimonialismo, el uso, el mal uso de los recursos públicos, es consecuencia del carácter estatal del Partido Revolucionario Institucional y en ellos se resume el problema fundamental y medular y las leyes del país han estado hechas durante muchas décadas de acuerdo con el criterio de la existencia de un partido de Estado, de un partido oficial.
Sí senador, usted me dice, ganen el poder, ésa es nuestra lucha, creo que el 6 de julio es una lección, pero no sólo para nosotros, sino especialmente para ustedes, con otro régimen electoral otra cosa hubiera sido y ya lo hemos dicho y lo sabemos, el punto está justamente en eso, usted lo ha dicho, creo que ha dado la salida y se lo agradezco. El problema es que la sociedad logre acumular la fuerza política suficiente para cambiar de poder; que el Partido Revolucionario Institucional dejará de ser un partido de Estado cuando no sea, como lo dice el propio Salinas, el partido del gobierno.
En su discurso Salinas habla "del gobierno y su partido", es muy interesante ver que aun en la manera de hablar se expresan los elementos de la propia realidad que no se pueden eludir o que no se pueden esconder.
En estas circunstancias, no se trata de dar consejos a otro partido, sino se trata de hacer que lo que los partidos hacen y que tienen influencia importante en la vida nacional, se pueda discutir abiertamente y forme parte del debate político de México, que es uno de los puntos a los que deberíamos acostumbrarnos para seguir dando aportes a la democratización del país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra la diputada Socorro Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La C. diputada Socorro Díaz Palacios: -Señor Presidente; compañeros legisladores, señoras y señores: En verdad me felicito por el tono y el contenido de este debate, y comparto la opinión de quienes consideran que es un debate saludable, que es un hecho positivo que los partidos políticos discutan temas de esta naturaleza y de esta importancia.
Tengo para mí, que los partidos políticos son radicalmente corresponsables del desarrollo democrático de México, todos los partidos políticos. El mío, el Partido Revolucionario Institucional, está históricamente distante de cualquier configuración de secta o de grupo cerrado. Está acostumbrado a la crítica, voluminosa en ocasiones, y a la autocrítica vigorosa e intensa entre todos y cada uno de sus militantes.
Y por ser un partido de esta naturaleza, un partido alejado de las nociones de sectas o de grupos cerrados, por ser un partido histórico de masas y una alianza histórica también, de grupos con integración heterogénea, es un partido capaz de renovarse, capaz de transformarse y capaz de atender los desafíos que la sociedad mexicana le establece en cada etapa y en cada circunstancia.
El tema del debate es, como todos hemos advertido, un tema vinculado a las sugerencias, las reflexiones y las orientaciones, entregadas por el presidente Carlos Salinas en su calidad de priísta distinguido, a los militantes y dirigentes de nuestro partido, en la celebración del sexagésimo primer aniversario de la fundación del antiguo Partido Nacional Revolucionario, luego Partido Revolucionario Mexicano y ahora Partido Revolucionario Institucional, de cara a nuestra próxima decimocuarta asamblea que se realizará, como es del dominio público, en el segundo semestre de este año.
Son temas, son planteamientos sujetos a discusión y a debate interno en nuestro partido. Tocan las estrategias, las tácticas y las prácticas de nuestro partido en la lucha electoral, en la realidad democrática y en el desarrollo político de México.
Es responsabilidad nuestra discutirlas, debatirlas, analizarlas y en su caso ampliarlas o aprobarlas en la decimocuarta asamblea.
Mostraremos así nuestra capacidad para renovar a nuestro partido que ha sido una capacidad constantemente demostrada a lo largo de la historia del país.
Diría yo que la mejor prueba de que el Partido Revolucionario Institucional es pieza central de un régimen de partidos más competitivo en México, es la atención puntual que los partidos políticos, todos los partidos políticos prestan a lo que acontece, a lo que sucede, a los que se discute al interior de nuestro partido. Sostengo que la transformación democrática de México implica a diversas fuerzas sustanciales, implica por lo pronto al partido en el poder y a los partidos de oposición.
Una transformación democrática profunda del país y permítanme que haga públicas estas reflexiones surgidas en el curso de este debate, una transformación democrática del país respalda, continúa lo que he denominado en otras ocasiones el privilegio que tiene la oposición de oponerse, pero también apunta nuevas responsabilidades para la oposición. Qué bien que la oposición se oponga en uso de su derecho, pero qué importante para el desarrollo democrático y profundo del país, para el desarrollo de una democracia participativa, que la oposición aparte de oponerse, sea capaz de proponer, no de proponer o aconsejar al partido en el poder lo que tiene que hacer, pero sí de proponer soluciones a los grandes problemas del desarrollo de la nación y qué importante que en una nueva relación entre partidos, estas propuestas sean discutidas y analizadas por su pertinencia y por su viabilidad.
Ha salido aquí el tema del partido de Estado al referirse a nuestro partido, bis a bis la definición de partido prácticamente yo sostengo que en México hemos vivido durante varias décadas un régimen de partido prácticamente único, no por responsabilidad del partido en el poder, sino por la debilidad orgánica de las otras formaciones políticas. Discrepo radicalmente, me parece que es una superficialidad, una falta de atención, aquel consejo, aquella advertencia muy pertinente de Antonio Caso cuando nos señalaba los peligros de suscribir las limitaciones extralógicas; discrepo de la imitación extralógica que implica hablar del Partido Revolucionario Institucional como un partido de Estado.
Cae por superficial la comparación fácil de las experiencias vividas en los países del Este europeo de manera reciente con el papel histórico del Partido Revolucionario Institucional en nuestro país. Yo diría que no hagamos de las pasiones partidistas galimatías jurídicos. Hay en el fondo de esta afirmación, en relación al Partido Revolucionario Institucional como partido de Estado, una confusión, es la confusión que establece, que revuelve la noción de Estado con la idea de gobierno.
El Estado es el sociedad políticamente organizada y es por ello expresión de la comunidad nacional en su conjunto, en términos jurídicos y en términos históricos. Yo diría que en términos jurídicos y en términos históricos, de acuerdo con la definición rigurosa, todos los partidos políticos con registro en México son partidos de Estado y partidos oficiales; están dentro de la Constitución de nuestro país.
Desde 1977 los antiguos partidos sin registro, entre ellos por ejemplo el Partido Comunista Mexicano obtuvo registro y en ese proceso mediante la reforma constitucional relativa, los partidos políticos fueron declarados todos entidades de interés público, y se dio, mediante esa reforma a la que aludía el senador Eliseo Gaspar Rangel con exactitud, se dio un cambio en la naturaleza misma del Estado mexicano, al constitucionalizar en el texto jurídico mayor, la pluralidad de nuestra nación.
México tiene, desde la época prehispánica, pluralismo étnico y cultural y de manera insuficiente si se quiere, se ha expresado desde hace varias décadas el pluralismo político, desde los años 30 por las vías partidistas; pero es con la reforma constitucional de 1976-1977 que se da un salto cualitativo y el pluralismo político expresado por los partidos se vuelve realidad jurídica y realidad histórica. No confundamos circunstancias históricas ni tiempos.
Yo sostengo, por una lectura simplemente atenta de los acontecimientos que están surgiendo, que se están desarrollando en los países del Este europeo, que pasarán algunos años para que los partidos, constitucionalmente únicos, como han sido aquéllos, logren vivir en un sistema similar, en términos de desarrollo democrático, al que tenemos en México. Será un tránsito difícil y, sin duda, será un tránsito lleno de obstáculos.
El diputado Gómez expresaba diversas dudas sobre la viabilidad del cambio de nuestro partido y centra, yo diría la parte vertebral, de sus dudas y de su exposición, en una pregunta: si el liderazgo del presidente Carlos Salinas puede coadyuvar a la transformación, a la reforma del partido en el poder. Nosotros afirmamos que sí, pero no como una voluntad de afirmación retórica y circunstancial. Recordamos y reconocemos que el presidente Carlos Salinas ejerce el liderazgo en la promoción de modernizar política, económica y socialmente al México contemporáneo.
Otra duda que aparece en esta circunstancia: se habla de que cómo puede afirmarse, como lo dijo el Presidente en esa reunión del partido, que el gobierno que es y sirve a todos los mexicanos, garantiza la imparcialidad en las reglas y la aplicación del derecho. ¿Cómo?, de una manera tajante, clara y llana.
Señores diputados, señores senadores: una de las premisas de la modernidad es que todos los integrantes de una comunidad están bajo el imperio del estado de derecho. Nadie en México está por encima de la ley, todos estamos sujetos al imperio de la norma. En México hay un poder presidencial democrático, dinámico y cercano al pueblo, no es un poder arbitrario ni un poder omnipotente, es un poder constitucional sujeto a la ley. A partir de esta afirmación y de esta realidad es que nosotros avalamos plenamente la verdad la certidumbre de la afirmación hecha por el presidente Salinas ante los miembros de su partido.
Hay dudas respecto a la capacidad de transformación de nuestro partido. Creo que corresponde a los priístas medir los tiempos, los alcances, la profundidad de los cambios que estamos iniciando; pero quiero decir algo con plena convicción, quiero señalar que los cambios y las transformaciones que los priístas estamos iniciando, son cambios y transformaciones que buscan preservar al Partido Revolucionario Institucional en el poder, no son cambios que pretendan ubicar al Partido Revolucionario Institucional en la oposición. Nuestro partido ha tenido a lo largo de su historia la capacidad para transformarse y atender las demandas y las nuevas aspiraciones de una sociedad cambiante, de una sociedad cada día más informada, más educada y más crítica. A este desafío estamos respondiendo, al de atender las necesidades sociales, al de atender los reclamos sociales, estamos atendiendo con las reformas que estamos discutiendo, estamos analizando y podremos ampliar, aprobar y ratificar en el curso de la decimocuarta asamblea nacional.
Decía un querido y recordado maestro mío, al referirse a esta capacidad del Partido Revolucionario Institucional para renovarse y preservarse en el poder, una expresión que tiene una dosis de metáfora y una gran carga de realidad: "como coalición de fuerzas fundamentales para el desarrollo y la vida de México, como alianza de las fuerzas sociales decisivas para el presente y el futuro de la nación, es el Partido Revolucionario Institucional ave de las tempestades que seguirá renaciendo de cada desafío que le deparan dos de sus objetivos básicos e inconmovibles: la lucha por el bienestar del pueblo y la preservación de la nación mexicana". Muchas gracias.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Señor Presidente: Pido la palabra para alusiones personales.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para alusiones, el diputado Pablo Gómez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: -Señores legisladores: Quisiera aclarar simplemente que la comparación extralógica entre la situación de México y de Europa del Este, la hace Salinas, yo la he criticado; él sostiene, por segunda o tercera vez en público, que lo que se está haciendo en esos países ya se hizo en México. Me parece que eso no guarda relación con la realidad.
Podríamos hablar un poco, no es necesario en este momento, acerca de lo que está sucediendo en Europa del Este; pero quisiera aclararle también a la diputada Díaz, que en Europa del Este, salvo la Unión Soviética, en todos esos países siempre hubo varios partidos, en todos, podría mencionárselos por su nombre. En la
República Democrática de Alemania, el Partido Cristiano, existía también un partido liberal, que todavía existe; en Bulgaria, la Unión Agraria Búlgara, que compartía el poder y tenía la presidencia del país, era un partido distinto del partido comunista; podría seguir.
En todos esos países había otros partidos y todos ellos eran paraestatales, y lo quiero decir con entera claridad, todos ellos eran partidos completamente subordinados al poder del Estado, que tenían muy poca participación en los asuntos fundamentales, en las decisiones básicas, y su papel era esencialmente de apoyo; pero en algunos de esos países mantenían cierto nivel de organización, contaban con recursos que el Estado les entregaba, y en algunos de esos países contaban con Prensa propia, como en Alemania, por ejemplo.
La situación ha cambiado, hoy en Hungría por ejemplo hay 54 partidos políticos que se enfrentarán en las próximas elecciones del 25 de marzo. Hecha esta aclaración, yo diría que no solamente esos países han padecido sistemas de partido de Estado también, varios países árabes tienen sistemas de partido de Estado y hay algunas otras regiones de África que también han padecido y padecen de este sistema.
Encontraríamos otros, como por ejemplo la situación de Nicaragua antes de la revolución, en la que el partido de los Somoza era un verdadero partido de Estado.
No se trata aquí de comparar a México con Europa del Este; sencillamente de hablar de un fenómeno que no es exclusivo de México, pero que nos importa especialmente la forma en que se realiza en México, porque eso es lo que más directamente nos afecta, y que casi todo mundo, excepto al parecer los miembros del Partido Revolucionario Institucional, o quisiera matizar, algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional, niegan la existencia del fenómeno llamado partido de Estado.
Creo que una de las características del partido de Estado es la existencia virtual de una estructura autocrática. Ninguna constitución republicana, ni tampoco de las monarquías constitucionales y parlamentarias admite, como parte de su estructura, la existencia de un sistema autocrático; ninguno. La autocracia en las repúblicas y en las monarquías constitucionales, se da en forma virtual, del tal manera que en nuestro país el sistema de partido de Estado tiene como consecuencia lógica y expresión, la existencia virtual de método autocrático como una de sus características.
En estos países en donde hay sistema de partido de Estado y método autocrático, el aparato del Estado y el poder del Estado se confunde en la práctica. El aparato del Estado no es un instrumento estatal, permanente solamente, sino que está determinado porque es una sola fuerza la que se reproduce en el poder del Estado, alimenta y determina la forma de ser y el comportamiento del aparato del Estado, es decir, en otras palabras, que la burocracia estatal, indispensable para el funcionamiento del Estado, es la fuente del poder estatal. No existe una diferenciación entre una y otra cosa, como puede existir por ejemplo en países como Francia, en los que el aparato del Estado mantiene su existencia y su forma de ser, a pesar de que el poder del Estado cambie de manos.
El poder del Estado en México se alimenta de la burocracia estatal o sea del aparato del Estado; de ahí han surgido los cuadros gobernantes de este país durante muchos años, y siguen surgiendo. No son gobernantes surgidos del movimiento de la sociedad, sino de la estructura misma del aparato del Estado, que no está al servicio de la sociedad, sino al servicio de la reproducción incesante del método autocrático que es la base de su sostenimiento.
En estas condiciones, el Partido Revolucionario Institucional no se asienta en el movimiento real, como ocurre con muchos otros de los partidos opositores en nuestro país, sino se asienta en el funcionamiento y forma de ser del aparato del estado, razón por la cual los presidentes de la República en nuestro país no han surgido del movimiento real sino de los escritorios de la burocracia estatal.
Y vean ustedes la integración del gabinete, en su inmensa y absoluta mayoría, han surgido de los circuitos administrativo - burocráticos del aparato del Estado y no de las organizaciones en las cuales podría radicar el movimiento real.
Y aún más, las organizaciones corporativizadas dentro del Partido Revolucionario Institucional, forman parte de una estructura estatal que no se asienta en un movimiento real, sino en un método de gestión, de promoción y de clientelismo del Estado.
Son los mecanismos a través de los cuales, el clientelismo estatal se realiza en la práctica.
En tal virtud el carácter estatal del Partido Revolucionario Institucional se deriva del carácter mismo del poder. Y así como ocurre, hablando de las ramas de éste, o sea del poder, en el Ejecutivo se reproduce exactamente en el Poder Legislativo.
que no ha tenido independencia política real durante todos los largos años del presidencialismo, que tiene también una alta dosis de despotismo en México y en cualquier otro país en donde exista ese sistema. En tal virtud, no estamos inventando ni categorías políticas nuevas, sino que estamos simple y sencillamente reconociendo lo que existe en la realidad y utilizando categorías que nos describen fenómenos reales y que por tanto nos permiten conocer mejor; que tal es, en mi opinión, la función de las categorías sociológicas y políticas.
No creo que se trate de endilgar determinados calificativos a un partido. Cuando utilizamos el término de partido de Estado, no lo estamos usando en términos peyorativos, simplemente tratamos de describir una realidad y sobre todo, una manera de comportamiento, una forma determinada en la que se establecen relaciones entre personas.
Yo diría, por último, ciudadanos legisladores, que el debate no está ya a estas alturas en México, sobre qué clase de poder es éste o qué clase de sistema político es el que tenemos. Me parece, aunque todavía puede debatirse mucho y de hecho en este momento lo estamos haciendo, que lo fundamental del debate político nacional está sobre cómo superar ese sistema, cómo encontrar un sistema nuevo, ante lo cual yo opino que la plataforma política ofrecida en el seno del Partido Revolucionario Institucional por Salinas, no es suficiente ni nos permite abrir el camino de la superación del partido de Estado ni del sistema del presidencialismo absolutista en este país, que es lo que nos puede, a nosotros como país, repito, conducir a la democracia política. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra la diputada Socorro Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La C. diputada Socorro Díaz Palacios: -Señor Presidente; señores legisladores: Pienso que a estas alturas del debate, el problema del orador que me ha antecedido en el uso de la palabra, ya no es con mi exposición anterior, sino con la realidad.
Estoy de acuerdo con él cuando afirma que no está inventando categorías políticas nuevas. En realidad está haciendo un diagnóstico parcial, apresurado, apasionado, de lo que a su manera de ver y entender, es la realidad política de nuestro país.
Pero cuando digo que su problema no es con el debate ni con el contenido del debate, sino con la realidad, lo digo porque me parece que se requiere verdaderamente una gran capacidad de fantasía para hablar de que en nuestro país existe un régimen autocrático o para denominar al presidencialismo constitucional mexicano, un presidencialismo absolutista. Estas afirmaciones radicalmente contrarias a lo que vivimos, me parece que evidencian que se trata de dos visiones, una que busca contribuir al análisis objetivo de nuestras circunstancias, y otra, que en determinado momento se desvía del debate y expresa opiniones válidas, en cuanto que tiene todo el derecho de expresarlas, pero que de ninguna manera contribuyen a un debate racional.
Yo ratifico lo sostenido hace un momento: la democracia en México no es una democracia perfecta; también me pregunto: ¿en qué país del mundo existe ese régimen de dioses democráticos a los que se refería Rousseau?, pienso incluso, que la democracia en diversas circunstancias, en diversas realidades y en diversos países amerita una reflexión, una discusión y un análisis de fondo.
Planteo, ciertamente, que la democracia en México es una democracia perfectible y a esa tarea ineludible y fundamental para el desarrollo integral de la nación, está queriendo contribuir mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, al iniciar una serie de reformas internas, que le permitan servir mejor a la sociedad mexicana, que tiene entre sus aspiraciones fundamentales, la necesidad y la exigencia de perfeccionar a la democracia mexicana. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Miguel Montes García.
El C. diputado Miguel Montes García: -Señor Presidente; ciudadanos legisladores; señoras y señores: Comparto la opinión expresada puntualmente por mi compañera, la diputada Socorro Díaz, en el sentido de que este debate resulta conveniente, alentador, por el tono y por su contenido, no sólo para quienes integramos este cuerpo colegiado, sino para todos los mexicanos que interesados en la temática lo conocerán, por lo que de él recojan los medios de comunicación social.
Creo con honestidad, que la diputada Díaz ha dado una respuesta puntual, completa, ordenada, a lo que se ha expresado en esta tribuna; será poco lo que tenga que agregar sobre el tema, mi intención al hacerlo es coadyuvar a traer elementos de juicio al debate aquí iniciado por el compañero diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Entiendo y confió en que coincidamos, en que el cuerpo colegiado en el que estamos, se ocupara de la transformación del Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, a partir de las recomendaciones o propuestas hechas por el presidente Salinas de Gortari en el seno de su partido; sólo reviste importancia nacional si se reconoce la que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional tiene, puesto que su transformación trasciende a la transformación democrática de la sociedad mexicana; ésa es la razón por la que se está analizando el problema y de esa manera lo tomamos y de esa manera se justifica; que bueno que el diputado Gómez estableció, de entrada, el respeto a la vida interna de los partidos políticos, en última instancia serán sus militantes los únicos que la definirán, pero qué bueno también que se entienda que estas organizaciones ni tienen ni pueden tener una vida alejada o aislada de la sociedad en que existen.
Damos entonces, si el Partido Revolucionario Institucional ha colaborado a un desarrollo democrático nacional y si está en posibilidad de continuar colaborando a ese desarrollo, se ha dicho aquí que no es el momento de analizar la trascendencia o la historia del partido, no sé por qué no pueda serlo. El Partido Revolucionario Institucional ha cumplido tareas importantes, cuando se llamaba Partido Nacional Revolucionario o cuando se llamaba Partido Revolucionario Mexicano; otras muchas criticables, desde algunos puntos de vista, pero le quedan tareas por cumplir, tal vez la que menos se discuta sea que ha posibilitado el cambio pacífico del poder de manos a manos y voy a atreverme a decir dentro de un grupo partidario o dentro de un grupo ideológico, antes de su existencia la violencia en la transmisión del poder era mucho más frecuente que después de la existencia de este partido y también tengamos que reconocer que en su arranque, en su inicio, su propósito fundamental fue recoger las fuerzas políticas aisladas que se daban en todo el territorio nacional para crear una gran corriente, con responsabilidad histórica que orientara el destino y el desarrollo del país.
Propongamos también como premisa que la democracia, palabra muy acreditada pero con contenidos equívocos, que en función de distintas ideologías o puntos de vista se le atribuyen, es una aspiración de todos los agrupamientos políticos y partidarios, y que no hay uno solo que pronuncie el que quisiera ser antidemocrático, el prestigio de la palabra nos lleva a esto. En cambio, sí es fácil que un agrupamiento partidario impute a otros conductas, comportamientos, tácticas y hasta principios antidemocráticos.
Veamos si en México tenemos un sistema democrático, como aquí se ha dicho, tal vez no en un 100%, tal vez no pudo porque ese sistema no exista en el mundo, pero sí tenemos, ¿o no?, refirámonos entonces a lo que universalmente se reconoce como necesidades, o como diría yo, como condiciones sin las que la democracia no existe.
Pienso que para que la democracia se dé en una realidad concreta, las únicas limitantes que operan son las de esa realidad. Voy a tratar de explicarles: antes que una norma que proteja un ejercicio cultural democrático, debe dársele servicio y dado en esas condiciones, porque la democracia por su propia esencia, no se puede imponer ni por decreto ni por norma, ni por una decisión de un voluntarismo explicable.
¿Cuáles son a mi juicio los requisitos para que se dé una vida democrática, si ustedes quieren en cierto grado , en el país? Primero creo, un nivel de vida más o menos amplio generalizado, que tienda a conservar en la dignidad a la persona humana; sin estos requisitos no se podría dar.
Y quiero pedir un favor al señor Presidente de la Comisión Permanente, creo que durante toda la mañana se ha hecho un esfuerzo serio de entrar a un debate también con seriedad, por lo que con toda atención, como nosotros hemos escuchado los planteamientos de los oradores anteriores, yo quisiera rogar a mis compañeros escuchar los míos, equivocados o acertados, pero honestos en su expresión. Y que cualquier comentario que se haga, ojalá lo hagan en la tribuna para poder continuar este diálogo que hoy, en esta mañana, pienso que ha sido fructífero.
Digo, éste es un requisito, es un requisito para que se dé un régimen democrático. Creo también que hay otros, podría enunciar que exista un régimen de garantías individuales reconocidas y un sistema procesal para salvaguardarlas, así como autoridades que las garanticen; que exista un reconocimiento a los derechos sociales e igualmente a autoridades que garanticen este reconocimiento; que exista una voluntad política del gobierno, lo distingo de Estado, de perseverar y de estar en este régimen democrático, y que exista una gran participación de los agrupamientos políticos y de los ciudadanos en la vida, precisamente política del país.
Dentro de los derechos sociales, más que los de libertad y asociación del trabajo o de reivindicaciones meramente económicas, quiero referirme a los de libertad de asociación política. Que exista, en síntesis, un régimen de derecho que con las violaciones naturales que en la norma jurídica se dan como consecuencia de la propia norma, tenga una observancia generalizada. La democracia sólo
se da en un régimen jurídico que sí se imponga a todos, ciudadanos y autoridades, y que haya un grado apreciable, avanzado, un grado real de autodeterminación del país que sea ajeno a interferencias extranjeras. Si estos requisitos se dan en una comunidad nacional determinada, es una comunidad nacional que tiene un grado de democracia, que tiene un avance democrático y que está en posibilidad de continuar teniéndolo.
Un partido, el mío, con autocrítica sana, que no nace ahora a la autocrítica, hay que informar que dentro del partido ha habido y existen militantes que siempre han realizado la autoridad de autocrítica, tanto que algunos de ellos en función de esa tarea, en distintas épocas de la historia del partido, lo han abandonado; en función de esa tarea inicial, este partido recoge ahora no sólo las autocríticas de sus militantes, recoge también las críticas bien intencionadas, no sólo de los otros partidos, sino de la comunidad nacional y las analizará.
No se agota la propuesta de renovación del Partido Revolucionario Institucional, y esto debe quedar muy claro, con los seis valiosos puntos que ofreció el Presidente de la República, militante distinguido de ese partido. Esos son seis elementos que él sugirió se consideraran en la decimocuarta asamblea, pero no son los únicos; y el propósito de renovación del partido ni se agota con ellos, ni nació el domingo pasado; ha tenido un procedimiento anterior de consulta, de análisis, de estudios en el interior de su seno, de consulta con organizaciones y con militantes, de trabajo de sus organismos partidarios, como el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, como la Secretaría de Acción Ideológica y la de Acción Política, de encuentros incluso internacionales, y seguramente los militantes del partido, y ¿por qué no?, en este espíritu que estamos recogiendo hoy, seguramente otras voces de buena fe nos darán más materia de análisis.
Hay que distinguir entre un partido que se niega a cambiar y un partido que quiere cambiar, no porque se sienta en un momento de aniquilación o de crisis, sino porque entiende que la sociedad en que se desarrolla y a la que se debe, ha cambiado y que para seguirla sirviendo y seguirla representando tiene que adaptarse a esos cambios, así de sencillo. ¿Hasta dónde lo lograremos? Sería soberbia decir sí lo vamos a lograr en un 100%, pero sería pesimismo establecer que no lo lograremos en un grado y tengo para mí que las organizaciones humanas del tipo que sean, si no están en permanente proceso de actualización son organizaciones que entran al anacronismo de manera natural.
Este esfuerzo entonces del Partido Revolucionario Institucional creo que es un esfuerzo, como aquí se dijo, que debe ser bienvenido, que es un esfuerzo congruente con el que en otros ámbitos de la vida pública y de la vida nacional, están haciendo las autoridades legalmente constituidas, legalmente reconocidas: las autoridades legítimas de este país.
Si las voces críticas aquí expresadas, las que se expresen no sólo aquí sino en otros foros, coadyuvan el mejoramiento del partido en el que milito, sus pronunciamientos serán analizados y rechazaremos lo que simplemente sea ataque y combatiremos lo que sea diferencia sin fundamento o simplemente táctica partidaria distinta. Creo que todos los partidos tienen ese proceso de actualización y hago votos también porque el de mi partido sea sano y sea fructífero para el país. Muchas gracias.
ACTIVIDADES DE LA DEA (DROG ENFORCEMENTE AGENCY) MÉXICO
El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor José de Jesús Padilla Padilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la posición de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, sobre actividades de agentes de la DEA (Drog Enforcement Agency) en México.
El C. senador José de Jesús Padilla Padilla: -Señor Presidente:
«Honorable asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Nos permitimos comunicar a esta honorable Comisión Permanente que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América dictó un fallo en el caso "U. S. vs Verdugo Urquídez: ciudadano mexicano, causa número 88/1853 en el sentido de que los agentes de la DEA (Drog Enforcement Agency) o Agencia Federal contra el Narcotráfico, pueden operar en el extranjero contra ciudadanos de otro país sin ceñirse a las limitaciones que la Enmienda 4a. de la Constitución norteamericana les impone cuando lo hacen dentro de su territorio.
Esta decisión permite considerar que agentes estadounidenses dedicados a la lucha contra el narcotráfico, resultarían impunes ante sus tribunales respecto de violaciones a los derechos humanos, cateos domiciliarios o confiscamientos de bienes y otras actividades que realicen en el extranjero, independientemente si cumplen o no para ello con las leyes del país a donde actúan o con las propias. Es decir, que la prohibición establecida en la Enmienda 4a. de la Constitución
de Estados Unidos de América de no hacer cateos y confiscamientos en perjuicio de persona alguna, se debe interpretar en el sentido de que sólo alude a los actos de autoridad dentro del territorio de Estados Unidos de América, por lo cual las actividades que realicen los agentes policiales de aquel país en el extranjero, no están sujetas a las limitaciones que para las autoridades o la protección que para los derechos de los ciudadanos establece en ambos casos su Constitución.
Dado el sistema de creación y aplicación del derecho que rige en Estados Unidos de América, resulta que desde que entró en vigor el citado fallo se ha convertido en la ley de observancia obligatoria.
Consideramos que este acto de interpretación de la ley constitucional norteamericana por parte de la Suprema Corte de Justicia, para justificar el combate al narcotráfico, viola no sólo las disposiciones de las constituciones de ambos países, sino que atenta contra la soberanía y las determinaciones que ambos gobiernos han puesto al celebrar convenios de cooperación bilateral y rompen el estado de derecho de ambos, creando inseguridad jurídica para la libertad y la vida de las personas, sus familias y sus bienes.
De acuerdo al citado fallo, resulta que de aplicarse por el Ejecutivo estadounidense, se concederá amplio estímulo, no sólo para que las policías realicen acciones violatorias de los derechos fundamentales de las personas, significando esto una patente de impunidad de los agentes de Estados Unidos de América, en relación a la comisión de delitos punibles en el extranjero, sino también justificación legal para que dicho gobierno emplee acciones de fuerza.
La interpretación se apoya en la parte última del fallo, que expresa que los cateos domiciliarios y los aseguramientos de vivencia que realicen autoridades o agentes de Estados Unidos en otro país, sólo se restringirían por medio de entendimientos diplomáticos o tratados con el país de que se trate, o bien, por legislación adoptada por las ramas políticas de Estados Unidos.
Lo anterior indicaría que en ausencia de restricciones pactadas, las autoridades estadounidenses estarían en posición de legítimamente desdeñar lo dispuesto por el ordenamiento jurídico del Estado extranjero en cuestión. Asimismo, podrían hacer caso omiso de las normas de decreto internacional, mismas que exigen respeto a la soberanía territorial de los estados, prohibiendo intervenir en sus asuntos internos.
Por último, de un análisis del fallo, se desprende el hecho de que se legitima y asevera de manera abierta y general, que el gobierno de Estados Unidos puede apelar al uso de la fuerza armada para responder a amenazas que se susciten a sus importantes intereses en el extranjero.
Vemos con suma preocupación esta situación de hecho y de derecho, por lo que ponemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La Comisión Permanente del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su desacuerdo con los alcances jurídicos y políticos que contiene el fallo dictado por la Suprema Corte de Estados Unidos de América, en la causa número 88/1853, que siguió contra el ciudadano mexicano René Martín Verdugo Urquídez, acusado por y ante autoridades de aquel país, de actividades ligadas al narcotráfico.
Reitera la voluntad del pueblo mexicano de respetar y hacer respetar los derechos esenciales que rigen su sistema jurídico, cuyas garantías no pueden restringirse ni suspenderse en perjuicio de ninguna persona, por mandato constitucional, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, así como mantener inalterables los principios de derecho internacional que rigen la convivencia pacífica de las naciones civilizadas del mundo.
Por tanto, reprueba desde ahora todo abuso de fuerza o toda intromisión o violación que al amparo del citado fallo de la Corte, pretendan llevar a cabo en nuestro territorio, autoridades o agentes estadounidenses pertenecientes a la DEA (Drog Enforcement Agency).
Por último, rechazamos los alcances que el mencionado fallo pudiera tener, lesionando de manera considerable la respetuosa relación bilateral que hoy día mantenemos, por lo que nos pronunciamos por el cumplimiento cabal y en sus términos de los preceptuados en el acuerdo firmado el 23 de febrero de 1989 entre ambos estados, sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, y en el que se estipula que los signatarios se conducirán con apego a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos de otro Estado, igualdad soberana de las naciones y respeto a la integridad territorial de los estados.
En este acuerdo se prohibe a las autoridades de las partes signatarias el ejercicio o desempeño en la jurisdicción territorial de la contraparte, de las funciones que competan exclusivamente a dicha contraparte, con lo que disponga su legislación nacional.
El no corresponder la acción de los firmantes de este acuerdo, así como de los miembros de la Convención de Viena de 1988 sobre la materia, en concordancia con lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales, estaríamos ante una flagrante violación del Derecho Internacional, lo que significará un grave retroceso de la cabal cooperación internacional contra este delito de lesa humanidad.
México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Senador Humberto Lugo Gil, diputado Miguel Montes García, senador José de Jesús Padilla Padilla; por los grupos parlamentarios, el Partido Acción Nacional, los diputados Pedro César Acosta Palomino, Juan José Medrano Castillo; el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Leonel Godoy Rangel; el Partido Popular Socialista, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Juan Jaime Hernández; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Roberto Jaramillo Flores.»
Hago entrega a la secretaría de este documento.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): -Señor Presidente: Solicito la palabra para comentar sobre esa proposición.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para un comentario sobre esa proposición.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Ciudadanos legisladores: Hay algo en este asunto que nos preocupa especialmente y que no está incluido en una propuesta patrocinada conjuntamente por varios grupos parlamentarios, por razones obvias, es decir, porque lo que está expuesto en la propuesta pues es un punto de vista conjunto. Pero existen algunas otras cuestiones que habría que comentar.
En el cuerpo de la sentencia o fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos se empieza destacando que esta persona, Verdugo Urquídez, fue detenido en México y dice aquí que por policías mexicanos, oficiales de la policía mexicana, después de discusiones con la policía norteamericana. Lo aprehendieron en México y lo transportaron, dice aquí, a Estados Unidos.
Este asunto nos preocupa a nosotros mucho. Quiero decir que no doy por un hecho absolutamente cierto y probado e incontrovertible, que así haya sido; pero hay indicio o por lo menos estos señores americanos dicen que a instancias de ellos y puestos de acuerdo con la policía mexicana, detuvieron en territorio mexicano a este señor y se lo llevaron a Estados Unidos.
Aquí hay una cuestión entonces de orden doméstico que no solamente atañe a esta monstruosa sentencia dictada por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones, sino algo que nos atañe al régimen mexicano, a la situación de México.
Yo preguntaría: ¿a quién corresponde hacer efectivas las garantías constitucionales en México? Pues en forma alguna puede ser autoridad alguna de Estados Unidos, sino en primer término al gobierno mexicano en sus distintos niveles. Pero al parecer algunos ciudadanos legisladores no han reparado en esta circunstancia que es muy grave: si la policía norteamericana detiene personas en territorio mexicano y se las lleva a Estados Unidos, hay una violación muy grave de las garantías constitucionales, y hay una violación en general de la soberanía del país.
Si esto ha sido con la complicidad y ayuda de oficiales de la policía mexicana, es mucho más grave todavía.
Esto requiere de una reclamación, requiere de una reclamación del gobierno de México al gobierno de Estados Unidos y de una persecución legal de los policías mexicanos que presumiblemente tuvieron que ver en esta aprehensión.
Creo que también hay otro aspecto que habría que subrayar: la Corte de Apelaciones de Estados Unidos defiende el derecho de Estados Unidos a la intervención en cualquier país. No se trata solamente del hecho de que sostiene la tesis de que la Enmienda 4a. constitucional norteamericana no se aplica a personas detenidas fuera del territorio de Estados Unidos, y llevadas a Estados Unidos sin el consentimiento de la persona determinada, ésa es la tesis de la Corte, sino que además establece la tesis, que por lo demás es bastante generalizada en los círculos políticos de Norteamérica, de que el gobierno norteamericano tiene el derecho de intervenir, mediante las armas si es necesario, en cualquier territorio para detener a quien sea.
Además estos señores de la Corte dicen que ésta es una cosa histórica y está completamente probada, y hablan en las 200 intervenciones que ha hecho Estados Unidos en otros países a lo largo de su historia, y lo ponen como el elemento histórico concreto en el cual se asienta la idea de que tal cosa es completamente posible.
Es muy lamentable que haya un repliegue en la materia de política internacional en el cual
algunas cosas se soslayan y se vayan soslayando, porque cuando vienen este tipo de cosas como esta sentencia, entonces parece que todo se nos viene encima. Una de ellas es ¿por qué se ha permitido que la DEA (Drog Enforcement Agency) opere en el territorio nacional? Que porque está establecido que debe haber relaciones de cooperación entre policías de ambos países, pero los señores de la DEA (Drog Enforcement Agency) se comportan como si fueran señores de horca y cuchillo dentro del territorio mexicano; entonces, una cosa es lo que está establecido a nivel de cooperación en relaciones bilaterales México - Estados Unidos y otra cosa es la manera como se comportan los señores. Si los señores se comportan de esa forma, lo que hay que hacer es modificar ese convenio de cooperación; si los señores no pueden establecer una relación de cooperación con pleno respeto a la soberanía de México, sencillamente ya se ve que no puede haber una cooperación, por lo menos que vaya más allá de los informes que de un país y otro se puedan dar, porque la presencia de los señores de la DEA (Drog Enforcement Agency) en México, a lo único que ha llegado es a los abusos.
Yo creo que alrededor del asunto de Camarena, se ha hecho en Estados Unidos un gran escándalo y se ha fomentado esta idea ahora expuesta por la corte, de que lo que deben hacer es intervenir en otros países, México entre ellos, para hacerse justicia por su propia mano y con la placa de "marshalls norteamericanos".
Esto es algo verdaderamente grave, pero yo veo, señores legisladores, mucha debilidad. Yo creo que nosotros deberíamos al mismo tiempo que proceder a condenar semejantes argumentos de la corte americana, que forma parte de un poder establecido en Estados Unidos, que no es la opinión de un ciudadano norteamericano, sino de un poder constitucional de Estados Unidos. Deberíamos también exigirle al gobierno mexicano que nos informe de la situación en la cual fue aprehendida esta persona, quiénes lo aprehendieron, ¿verdad?, y en qué circunstancias lo llevaron al territorio norteamericano.
Porque ese señor puede ser el peor criminal que pueda haber, pero el problema no es el señor aprehendido, señalado como narcotraficante. Trasciende por completo las actividades a las que presuntamente se dedicaba este individuo y tiene qué ver con el problema de nuestra soberanía y la manera en cómo las autoridades mexicanas están actuando a este respecto.
Yo pido, consecuentes con ese punto de acuerdo, en el cual rechazamos esta actitud absolutamente repudiable de la corte americana, que también el Presidente de la Comisión Permanente, pida informes al Ejecutivo Federal en relación con este incidente que ha causado todo lo que ya estamos comentando y rechazando, porque afecta nuestro régimen de derecho, y el respeto pleno a las garantías individuales.
Y como ha habido denuncias semejantes y como ha habido alrededor incluso del caso Camarena una actividad política, no sólo judicial en Estados Unidos, que excede las atribuciones que ese Estado tiene en esa materia, yo creo que nosotros deberíamos estar suficientemente informados, saber de estas cuestiones para que en un momento determinado, pudiéramos hacer las reclamaciones y elevar la voz del Poder Legislativo en la materia que estamos comentando. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea, en virtud que la proposición expresada aquí por el senador Padilla Padilla, ha sido asignada por los miembros de todas las fracciones parlamentarias, si se aprueba esa proposición y asimismo en la última proposición del diputado Pablo Gómez, después de darle el turno mediante la consulta a la asamblea de la proposición del senador Padilla, para que la proposición del diputado Pablo Gómez, se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, a fin de que recabe la información y le dé la atención procedente.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba la proposición presentada por el senador Padilla.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.
DEL ESTADO DE GUERRERO
El C. Presidente: -Tiene la palabra el senador Cristóbal Arias, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre violencia en el estado de Guerrero.
El C. senador Cristóbal Arias Solís: - Señor Presidente; señores diputados y senadores de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión; señores representantes de los medios de comunicación; señoras y señores: Los resultados del diálogo propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, al gobierno y a su partido, para encontrar los caminos políticos y legales para buscar reestablecer la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad política en aquel estado, son éstos.
Creo que se alcanza a apreciar, sobre todo por parte de los señores diputados federales y senadores del Partido Revolucionario Institucional, la respuesta del gobierno que ilustra el diálogo a que ha convocado el Partido de la Revolución Democrática.
Creo que estas fotografías dicen más que las palabras; aquí está el pueblo humillado y fracasado, dicen más que las palabras que a mí me ha tocado pronunciar, denunciando desde esta alta tribuna de la nación; desde el mes de enero a la fecha lo que ocurre en el estado de Guerrero, y así podría seguir mostrando a todos ustedes la respuesta del gobierno, al pueblo que ejerce sus derechos políticos para protestar por la falta de respeto del gobierno y de su partido al voto en este país.
Aquí está el pueblo de Guerrero tras las rejas del Partido Revolucionario Institucional, son las rejas del gobierno y de su partido, que pretende detener al pueblo para que se implante un régimen de democracia en este país; aquí el pueblo muestra las heridas, el costo de su lucha por la democracia, aquí está la respuesta del gobierno al pueblo de México, en este caso al pueblo de Guerrero.
Y todavía el día de ayer, señores diputados, señores senadores, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, todavía el día de ayer con las manos ensangrentadas, chorreaba la sangre que salpica al gobernador de Guerrero, el día de ayer el gobernador de Guerrero, con las manos ensangrentadas, el pueblo de Guerrero declaró ufanándose ante la televisión, transcribo de uno de los más importantes diarios nacionales de México: por su parte, en la entrevista a la televisión que retransmitió la Agencia Notimex, el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruíz Massieu, "estimo que con los desalojos el estado vuelve a la normalidad, dijo asimismo, que los conflictos poselectorales de la entidad se solucionan de acuerdo con las leyes y sin quebrantar el orden constitucional, basta lo primero, cuando dice: "que con los desalojos el estado vuelve a la normalidad".
Esta es la intervención que tuve en la sesión anterior hace ocho días, sobre el estado de Guerrero, porque un día antes, ayer martes también hizo ocho días, se sufrió una nueva agresión en Zihuatanejo y en Acapulco.
Quisiera que se me permitiera repetir algunos fragmentos de esta intervención que creo que sigue siendo válida, a la que habría que agregar lo que en seguida expresaré: es urgente que pronto encuentren las fórmulas, los acuerdos políticos para solucionar los graves problemas derivados del proceso electoral del estado de Guerrero; mientras más tarde, más riesgos de violencia se estarán presentando.
Aquí con anterioridad señalábamos que consideraba que uno de los principales obstáculos para encontrar la salida a los problemas graves en aquel estado, son las propias autoridades locales; si la ciudadanía está movilizada desde diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo en plantones y manifestaciones políticas, ejerciendo sus derechos y el reconocimiento a sus triunfos y la solución a los conflictos a donde se han pretendido imponer autoridades del partido oficial, que no obtuvieron su triunfo limpiamente, ha sido porque está convencida la ciudadanía y con ellos el partido y la representación del partido y de la exigencia al reconocimiento de sus triunfos, del derecho a que se respete el voto y en el fondo de estos conflictos está justamente falta de respeto al voto, el atropello a la ley y ante la reacción firme de la población para oponerse a la imposición, se vienen los actos de presión, de represión, de desprecio y de burla.
Pretender como lo hace el gobierno, ganar tiempo para que se diluya la presión popular, para que cunda el desánimo, el desaliento en los pueblos que se han movilizado, es actuar irresponsable y peligrosamente, porque no corre el tiempo a su favor, sino crece más la indignación del pueblo en su contra. No se quiere parar la violencia, no se ha detenido, no obstante la denuncia que el Partido de la Revolución Democrática hizo ante la Secretaría de Gobernación, señalando la muerte de 56 compañeros, que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución, hasta el momento no se ha integrado ninguna averiguación previa penal, no se ha consignado a ningún presunto responsable de los hechos de violencia en contra de militantes del Partido de la Revolución Democrática, siguen libres e impunes los autores intelectuales y materiales de los homicidios en contra de militantes de nuestra organización.
Y el día de ayer una nueva agresión al Partido de la Revolución Democrática y responsabilizamos de ello no únicamente a las autoridades locales, no únicamente al gobierno del estado, responsabilizamos principal y directamente al gobierno federal, consideramos que conociendo como se manejan las relaciones políticas de los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, con el gobierno federal, de la poca autonomía política de los priístas, funcionarios locales, frente al gobierno federal, no podemos creer que después de tres meses de que transcurrieron las elecciones y que sigue latente el conflicto político, con las consecuencias de todos conocida, pueda actuarse solo, aislado, individualmente, por su cuenta y riesgo, el gobernador de Guerrero.
No creemos que pueda actuarse en contra de un partido con registro nacional, que tiene presencia en todo el país, que puede actuarse como una aventura de una autoridad local sin medir los riesgos, sin medir las consecuencias que a sus propios superiores políticos del gobierno federal les va a acarrear, sobre todo cuando el lenguaje oficial y más el reciente, que aquí largamente se ha debatido con motivo de la celebración del aniversario de la fundación del partido oficial, donde se anuncian vientos de renovación democrática para esa organización, sea tan contrastante lo que dice el jefe político del Partido Revolucionario Institucional, el jefe político real del Partido Revolucionario Institucional, del que se ufana el gobernador del estado de Guerrero de ser cercano e íntimo.
No creemos entonces que actúe por su propia cuenta; creemos que es un juego, un doble juego perverso, el del propio gobierno federal y de su primer exponente o representante nacional. Por un lado, anunciar cambios democráticos a su organización; pretender causar buena impresión hacia afuera, y por otro lado negar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus autoridades y permitir que uno de sus allegados en el estado de la República en el que desde hace tres meses se vienen presentando graves hechos de violencia, se autorice a que directamente se agreda y se reprima por las fuerzas públicas de seguridad.
No podemos entonces, única y exclusivamente, pensar que toda la responsabilidad recae en las autoridades locales. Afirmamos que éste es el verdadero rostro del salinismo, que está demostrándose que rápidamente se cae la careta de las palabras huecas, retóricas y vacías, que son para fachada, hacia afuera, pero que hacia adentro no convencen ni a los pocos de sus miembros o militantes de su organización política, y que el verdadero rostro de la política salinista en materia electoral, es de la agresión y de la represión, el de la falta de respeto al voto para cerrar los caminos a la libertad y a la democracia, como es el que se está viviendo también en los sindicatos de obreros, que aquí también, en este recinto parlamentario, se ha denunciado de la política oficial represiva al movimiento obrero de México.
¿Qué camino le queda al gobierno federal para buscar la solución legal y política al caso Guerrero que es un caso nacional que está llamando también la atención de la opinión pública internacional, de los observadores de todas las embajadas acreditadas en México y de periodistas de fuera?
Desde nuestro punto de vista es, la inmediata desaparición de los poderes en aquel estado y someter a investigación y en su caso consignación penal al delincuente terrorista y asesino gobernador del estado de Guerrero.
Quiero dar lectura al punto de vista sobre este mismo tema de diversos compañeros nuestros del Partido de la Revolución Democrática, senadores, diputados y militantes de nuestro partido que dice: "la violencia pos electoral en Guerrero. El gobernador de Guerrero, Francisco Ruíz Massieu, escaló el conflicto pos electoral en ese estado con el desalojo violento de ocho alcaldías tomadas por los perredistas a consecuencia del fraude electoral de 3 de diciembre pasado.
Pero antes de entrar en detalle sobre los últimos acontecimientos conviene hacer un breve repaso de los ataques de que han sido objeto en el pasado inmediato los militantes del Partido de la Revolución Democrática. El 27 de febrero centenares de afiliados al Partido de la Revolución Democrática provenientes de distintas regiones del estado se dieron cita para dos manifestaciones que habrían de realizarse en Acapulco y Zihuatanejo respectivamente.
En el caso de Acapulco, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, diputado Rosalío Wences Reza, y el alcalde de ese lugar, René Juárez Cisneros, tuvieron un convenio frente a la Prensa del cual tenemos testimonios gráficos en el sentido de que la manifestación se desarrollaría a lo largo de 5 kilómetros de entre los puntos comprendidos entre la Glorieta de Puerto Marqués y el poblado denominado La Poza, varios kilómetros antes de llegar a la terminal aérea. El gobierno no respetó el acuerdo, poco después de que partió la manifestación frente a las instalaciones del "Hotel Princess" la caravana fue interceptada por aproximadamente 250 policías de diversas corporaciones: montada, antimotines y judiciales, quienes de inmediato dispararon y golpearon a los manifestantes que en el acto se dispersaron y se refugiaron en las instalaciones del mencionado hotel. Resultado, Donaciano Rojas, militante de nuestro partido resultó muerto a consecuencia de la golpiza, más de 40 detenidos, el gobierno consignó a 16 de ellos y 39 heridos muchos de ellos de alta consideración.
En el caso de Zihuatanejo uno de los contingentes partió de Petatlán hacia ese puerto, siendo interceptado en el poblado Los Achotes por policías antimotines quienes dispararon contra los manifestantes; la cobarde agresión dejó como saldo la muerte de nuestro compañero Florentino Salmerón García. El otro contingente que procedía de La Unión marchó hasta las inmediaciones del puerto y fue interceptado en la Colonia
Limón entre Ixtapa- Zihuatanejo a 16 kilómetros del aeropuerto.
Ahí se les comunicó a las autoridades la intención de los manifestantes de llegar al zócalo del puerto donde culminaría la manifestación y se les reiteró que no había el propósito de marchar hasta el aeropuerto.
Los manifestantes pedían la presencia de un funcionario con el que pudieran gestionar una entrevista con el gobernador de Guerrero, con el compromiso de retirarse a sus lugares de origen en cuanto se confirmara día y hora de la cita.
Llegó el Procurador General de Justicia, José Rubén Robles Catalán, quien se comprometió a mediar ante el gobierno para encontrar una solución política al conflicto. El procurador se retiró para informar al gobernador. Más tarde llegó al lugar el comandante Artemio Mejía, al mando de un grupo de policías antimotines, quien conminó a los manifestantes a disolver el acto en 5 minutos, al momento que él mismo empezó a contar. Antes de concluir con su plazo impuesto y cuando la gente estaba abordando los vehículos que los transportarían de regreso, dicho comandante dio la orden de golpear a los perredistas. El saldo fue más de 100 heridos y 16 detenidos. Aquí el gobierno tampoco cumplió su parte en el acuerdo.
Ambas caravanas, cuyo destino final era el zócalo de Zihuatanejo, cruzaron varios retenes militares antes de llegar a los puntos donde fueron interceptados. Los propios militares comprobaron que los contingentes no portaban armas de fuego, como falsamente aseguró la versión oficial; se les decomisaron, sí, instrumentos como machetes y navajas, como consta en el recibo entregado por los militares a nuestro diputado federal Félix Salgado Macedonio.
Ni en la agresión que sufrieron nuestros compañeros en Zihuatanejo ni en la de Acapulco, resultó muerto policía alguno, como en su momento aseguraron los portavoces del gobierno.
Actualmente 16 ciudadanos guerrerenses están privados ilegalmente de la libertad, pues apenas el 5 de marzo se les dictó auto de formal prisión, después de haber sido amenazados y torturados para rendir su declaración preparatoria, en algunos casos con brutalidad extrema. Pero las cosas no pararon ahí, se giraron también órdenes de aprehensión contra dirigentes del comité ejecutivo estatal del Partido de la Revolución Democrática, entre ellos los diputados federales Rosalío Wences Reza y Félix Salgado Macedonio y el diputado local Rafael... (no se oye).
Eso significa entonces lisa y llanamente una abierta violación al fuero que establece el artículo 111 constitucional para proteger a diputados locales y federales contra la corrupción en el ejercicio de la acción penal, por motivo de venganzas políticas.
Así se llega al desalojo de las alcaldías en la madrugada del día 6 de marzo Ayer fueron desalojados por la fuerza los miembros del Partido de la Revolución Democrática de los inmuebles en los municipios de Arcelia, Ometepec, Altamirano, Tierra Colorada, Ahuacotzingo, Cruz Grande, Tlalchapa y Tixtla.
Lo singular del desalojo radica en que un día antes, funcionarios de la Secretaría de Gobernación habían confirmado una cita con dirigentes del Partido de la Revolución Democrática en el estado, para el mismo día en que se dieron estos actos de represión.
Esto confirma que el Partido de la Revolución Democrática estaba y está dispuesto al diálogo y a la concertación. Dice mucho de la actitud concertadora de nuestro partido el hecho de que en Ometepec se habían sostenido entrevistas con el delegado del Partido Revolucionario Institucional en la Costa Chica, Ángel Eladio Aguir; que lo mismo se hiciera en Tierra Colorada con Rubén Figueroa Alcocer, presidente del Partido Revolucionario Institucional estatal; en Acapulco con René Juárez Cisneros, alcalde de ese puerto; en Zihuatanejo con el Procurador de Justicia Robles Catalán, para que se buscara una mediación en el conflicto. Todas las pláticas estaban encaminadas a resolver los conflictos de las elecciones del año pasado. Así, lo novedoso es que mientras existe el diálogo con funcionarios gubernamentales y del Partido Revolucionario Institucional, se desata la represión. El balance provisional que arroja la acción policiaca emprendida por el gobierno guerrerense es la siguiente, es balance provisional: en ese municipio, en Ometepec, la brutalidad policiaca alcanzó proporciones dantescas, el desalojo trajo consigo la muerte de 2 periodistas y más de 40 heridos.
Aproximadamente 75 detenidos, entre ellos Eloy Cisneros que fuera el candidato de nuestro partido a la presidencia municipal; Juan Manuel Sandoval, Juan de la Cruz, Eutiquio Ramos, Ángel Santiago, dirigentes del partido. Ahí no medió diálogo, llegaron alrededor de 600 elementos policiacos disparando con ametralladoras y aterrorizando a la población.
Cruz Grande: nuestra información habla también de dos muertos del Partido de la Revolución Democrática y de la instauración allá de un verdadero estado de sitio en esa localidad.
Acuatzingo: el desalojo provocó la detención del ex candidato a presidente municipal Bernardo Ranferi Hernández y de tres dirigentes municipales, cuyos nombres aún no tenemos.
Ciudad Altamirano: dos detenidos y varios heridos sin tener todavía precisada la información.
Arcelia: hasta el día de ayer por la noche se reportaban 12 heridos.
Lo que está sucediendo, entonces en Guerrero es extremadamente preocupante, pues en los hechos en ese estado no hay división de poderes constitucionales, las garantías fundamentales a la vida, a la integridad física y patrimonial que garantiza la Constitución están rotas; está roto el pacto federal como lo ilustra la absurda actitud de demandar el encarcelamiento de diputados federales con fuero constitucional.
En Guerrero existe una situación policiaca muy característica, el terrorismo gobierna el estado, las acciones de terrorismo de estado han traído la ruptura del orden constitucional. Una violación consciente y sistemática a los derechos humanos y políticos, como lo mostró la propia defraudación masiva del sufragio de los ciudadanos guerrerenses para elegir el Congreso del Estado y sus ayuntamientos el 3 de diciembre de 1989. A ello se añade el delito de malversación de fondos hecho por el gobierno del estado como se sustanció en la demanda de juicio político contra el gobernador y que hoy la mayoría priísta se apresta a desechar sin ningún elemento de prueba.
El clima de violencia política tiene un origen inequívoco: la defraudación masiva del sufragio, del que el gobierno fue su principal artífice en las elecciones del año pasado.
Todos esos hechos manifiestan paralelamente la escasa disponibilidad al diálogo por parte del gobierno y su acusada tendencia para utilizar medidas de fuerza antes que resolver los conflictos por medio de la concertación política. Fue por estas razones que el Partido de la Revolución Democrática decidió denunciar judicialmente al gobernador Francisco Ruíz Massieu, al Procurador General de Justicia, José Rubén Robles Catalán y demás funcionarios implicados en los hechos por los delitos de homicidio, delitos de disparo de arma de fuego, abuso de autoridad, contra la salud y otros que resulten.
Al mismo tiempo exige el castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos contra militantes de nuestro partido ocurrido por motivos político electorales, la presentación inmediata de los desaparecidos, el cese a los actos represivos contra el Partido de la Revolución Democrática, la libertad de los presos políticos detenidos en aquel estado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra sobre el mismo asunto el senador Bulmaro Pacheco Moreno.
El C. senador Bulmaro Pacheco Moreno: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Yo también podría mostrar a ustedes algunas de las armas con que ha conducido el diálogo el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, algunas evidencias, pues, del clima que se ha propiciado en esa parte, en este conflicto político; pero no es mi intención, al abordar esta tribuna ni explotar el morbo, ni proporcionar información de este tipo que más le da un tono amarillista e iracundo a la exposición anterior que el ánimo de encontrar un buen mecanismo de comprensión a fondo de lo que realmente está sucediendo en Guerrero, y a partir de ahí encontrar soluciones también a los conflictos político - electorales que se han suscitado y que ya reiteradamente hemos abordado en esta tribuna y hemos analizado a detalle.
El miércoles 28 de febrero, tal y como se expuso aquí, se trasladaron los detenidos de los acontecimientos del día anterior en Zihuatanejo y en Acapulco al Centro de Readaptación Social de Acapulco.
El sábado 3, varios diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, destacados por la dirigencia nacional, fuera de horario y sin ajustarse al reglamento del centro, pretendieron visitar a los detenidos.
El domingo 4, el señor Agustín Montiel, Director General de Readaptación Social dio acceso a los mencionados diputados y les exhibió una comunicación del Secretario General de Gobierno confirmando el derecho de los referidos legisladores.
El domingo 4 de marzo, el juez de la causa decretó auto de formal prisión a los detenidos, adjunto a la Secretaría los certificados médicos expedidos por el médico legalmente establecido para extenderlos, donde se describe la situación física de los compañeros, 16 del Partido de la Revolución Democrática a los que les fue decretado el auto de formal prisión.
El martes 6, el Congreso decretó por unanimidad, incluidos los tres diputados del Partido de la Revolución Democrática la solución de siete casos municipales, asignando regidurías de minoría a los miembros del Partido de la Revolución
Democrática; asimismo tres palacios municipales fueron entregados sin necesidad de operativo policial.
En cinco municipios la Policía Preventiva recuperó los palacios municipales, sólo en Cruz Grande los perredistas repelieron con armas de fuego, armas prohibidas, R- 15, M- 1 y M- 2, causando la muerte de dos policías. Los agresores se dieron a la fuga y sólo pudo ser detenido uno, el señor Eloy Cisneros, exhomicida del señor Raymundo Soberanis; fue aprehendido según orden de juez competente e internado en el Centro de Readaptación Social de Acapulco.
El propio martes, ayer, se reunieron a dialogar el diputado Rubén Figueroa por el Partido Revolucionario Institucional y el diputado Rosalío Wences Reza por el Partido de la Revolución Democrática, en la Secretaría de Gobernación.
El martes 6, el Procurador General de Justicia señaló que no se ha consignado ante la autoridad judicial a los diputados Wences Reza y Salgado Macedonio, en virtud de que están revestidos de fuero, lo único que se está realizando es la integración de las averiguaciones previas, a efecto de que se pueda proceder en su caso antes de la prescripción de la acción penal.
Señor senador si no hay capacidad de aquel lado de hacer autocrítica y reconocer errores, nosotros, a nosotros el Partido Revolucionario Institucional le interesa que estos problemas terminen, se negocie, se dialogue, se concerte y se llegue, pues, a soluciones políticas legales para restablecer la paz y la estabilidad en una parte del estado de Guerrero.
Hace unos días nos enteramos pues, que una comisión de diputados del Partido de la Revolución Democrática fueron al estado de Guerrero, con el propósito de informarse de la situación real que enfrenta su partido en esa entidad, con motivo de las elecciones del 3 de diciembre y de los acontecimientos más recientes en Zihuatanejo y en Acapulco.
Al ir a Guerrero a conocer esa problemática, se intuye, pues, que ni la coordinación nacional ni ellos mismos tenían una idea precisa de un problema que ya va para su tercer mes. De ahí, pues, esa tendencia permanente de algunos de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática a querer personalizar el conflicto, a cerrar posiciones y finalmente, a querer condicionar el diálogo y las soluciones políticas a los conflictos que en Guerrero se viven.
En estos momentos, compañeros legisladores, son en los que debe de imperar la cordura, la reflexión, en torno a las causas reales de la situación que se ha vivido en Guerrero.
Si el Partido de la Revolución Democrática no hace autocrítica para reconocer con autenticidad sus problemas internos, el rebasamiento de su dirigencia en la entidad, la falta de coordinación en sus líneas de acción política y la cerrazón al diálogo y al entendimiento de alguna de sus instancias, poco se podrá avanzar en la medida y sobre todo en el deseo que todos tenemos de que se llegue a soluciones y acuerdos políticamente factibles.
En lugar de buscar acuerdos políticos que permitan avances reales para los partidos y para la sociedad en su conjunto, se insiste en personalizar en la figura del Poder Ejecutivo, todos los males. Eso nos muestra una visión muy parcial de los problemas y una estrategia más publicitaria que en el fondo es la que ha gobernado la conducta del Partido de la Revolución Democrática en este conflicto que real, y dé ánimo para resolver los problemas.
La estrategia ha sido muy visible. Inician magnificando hechos, continúan con acusar al gobierno y al Poder Revolucionario Institucional de cerrazón y autoritarismo, promueven acciones ilegales, condicionan las negociaciones, en mucho, al todo o nada, personalizan el conflicto como si Guerrero no tuviera su pueblo y sus propias condiciones políticas y sociales y confunden y equivocan líneas de acción política y crean confusión, haciendo creer que la única verdad política es la de ellos. Es una estrategia muy visible.
Nosotros seríamos muy ingenuos si no advirtiéramos que la lucha del Partido de la Revolución Democrática en este momento, es por el poder, pero a raja tabla. Así lo han manifestado en las últimas elecciones y en sus últimas acciones políticas.
Pero también advertimos que se trata de un partido con infinidad de divergencias internas, díganlo si no, los diferentes miembros de ese partido, que han expresado cada quien por su lado, este tipo de divergencias; que lo limitan en su avance y en la fijación de objetivos de corto y mediano plazo y en el consenso sobre los acuerdos a llegar en las recientes negociaciones tanto en Guerrero como en Michoacán. Si no, no hubiera tanto manoseo en las tácticas seguidas hasta hoy.
Basta ver la información del día de hoy, por ejemplo, compañeros legisladores, para darse cuenta, cuántas opiniones diferentes de militantes
perredistas hay sobre el asunto de Guerrero. Unos quieren la desaparición de poderes, otros piden diálogo, otros dicen que ya están dialogando, otros piden la caída del gobernador y otros informan de diferentes tácticas y estrategias a seguir en el asunto de Guerrero. Diga eso si no, si hay razón en acusar a este partido de profundas divergencias internas.
El Ejecutivo y el Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, han conducido sus acciones a través de la ley y el diálogo. Las autoridades han atacado el mandato no sólo de los partidos, también el de numerosos grupos sociales que demandan orden para trabajar con todas las garantías, lucha legal, respeto, calidad en el trabajo político de los partidos y aplicación de la ley, para que no se afecte la seguridad, el trabajo y la paz en la entidad.
Para nosotros es muy explicable el hecho de que el conflicto político en alguno de los municipios de Guerrero, pretenda mantenerse avivado permanentemente por parte del Partido de la Revolución Democrática; no hay problema, alguno en dos terceras partes de la entidad negamos enfáticamente que exista ruptura del orden constitucional en ese estado.
Ya denunciaron por peculado al ejecutivo estatal, también entablaron demanda de juicio político, recientemente aquí, senador Arias, ha demandado la desaparición de poderes en esa entidad y nos salen con la muy original "idea de acudir a foros internacionales a discutir los asuntos de Guerrero".
¿Cómo creerles pues, qué es lo que verdaderamente y en el fondo pretenden, quién define en ese partido la estrategia, la cúpula nacional, la dirigencia estatal?, creemos que probablemente sí, pero ausentes de los militantes y los simpatizantes de ese partido en la entidad.
Para nadie es un secreto que las puertas al diálogo y a la negociación siguen y seguirán estando abiertas, lo saben los opositores, lo sabe el Partido Revolucionario Institucional, lo saben las instancias gubernamentales, pero tal parece que los objetivos son otros por parte del Partido de la Revolución Democrática, conquistar el poder bajo las condiciones que ya mencioné y propiciar un vacío de poder en el ámbito local de Guerrero, para beneficiarse políticamente del clima de anarquía y tensión que dicho evento pudiera ocasionar.
Exhortamos a los perredistas a que reflexionen, se unifiquen y definan en concreto estrategias tendientes a propiciar un clima de diálogo y entendimiento entre sus bases y sus dirigencias, entre sus militantes y se siga dialogando para llegar a los acuerdos necesarios que reestablezcan la paz en proporción del estado de Guerrero.
Mi partido ha estado siempre dispuesto, las puertas han estado y siguen estando abiertas; en este conflicto, pues se busca más que nada, reestablecer la paz en el estado de Guerrero, aplicar la ley, dialogar y seguir dialogando hasta el tiempo que sea necesario, para buscar acuerdos políticos que nos lleven a la unidad de la entidad en Guerrero.
El C. senador Cristóbal Arias Solís (desde su curul): - Me da la impresión de que ya va a concluir su larguísima intervención señor senador, y no ha mencionado en absoluto los hechos que sucedieron el día de ayer; mi pregunta es: ¿está usted de acuerdo en los desalojos, está usted de acuerdo que fue correcto que se haya golpeado, asesinado, en que haya detenidos, que estén desaparecidos? ¿Está usted de acuerdo en eso por parte del gobierno del estado de Guerrero?
El C. senador Bulmaro Pacheco Moreno: - Condeno los golpes y las muertes compañero Arias, para todo tipo de ciudadanos, no sólo para militantes del Partido de la Revolución Democrática, por eso la acción del Partido Revolucionario Institucional...
El C. senador Cristóbal Arias Solís (desde su curul): - En caso concreto...
El C. senador Bulmaro Pacheco Moreno: - Ya hizo su pregunta, por eso la acción del Partido Revolucionario Institucional, de mi partido está encaminada básicamente a seguir propiciando el diálogo y el entendimiento entre las partes en conflicto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy, para hechos.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente: Abordamos la tribuna el día de hoy en relación a los hechos acontecidos en el estado de Guerrero el día de ayer y también teniendo como antecedente todo el debate que en estos últimos meses de sesiones de la Permanente se han realizado sobre Guerrero, en algunos casos conjuntamente con Michoacán, lo hacemos, abordamos esta tribuna para protestar enérgicamente por los actos represivos cometidos por el gobierno contra militantes del Partido de la Revolución Democrática.
Los homicidios, las agresiones, la violación no podrán ni deben quedar impunes, sin embargo,
también abordamos la tribuna para reiterar nuestras propuestas que en cada sesión de esta Permanente subrayamos, flexibilizándola siempre acorde con la dinámica de los acontecimientos políticos en el estado de Guerrero.
Ha sido costosa la campaña publicitaria, con dinero del pueblo obviamente, que el gobierno de Guerrero ha realizado para pretender minimizar una realidad que en Guerrero se gobierna al margen de la ley, nos preocupa, no en sí la propia campaña, que después de las intervenciones de los legisladores aparecen en los distintos medios al siguiente día de la sesión de la Permanente en letras cursivas.
Ya dijimos en la sesión pasada, que leímos todo un alegato fundado y motivando nuestra denuncia de juicio político en contra de José Francisco Ruíz Massieu y que bastaron tres minutos de intervención del senador Bulmaro Pacheco para que al otro día se hiciera un gran despliegue publicitario en el sentido de unas afirmaciones de tipo subjetivo, esto del alarde publicitario que nada tenía que ver con sustentar jurídicamente su dicho, como nosotros lo habíamos hecho en un extenso documento que ese día presentamos, igual ocurrió en la sesión Permanente de la honorable Comisión Permanente de la semana pasada, esto es evidente que no estamos en capacidad de competir con costos y en titulares y en espacios de los medios de comunicación con el gobierno del estado de Guerrero y con sus voceros, que como la semana pasada aquí se encontraban, fundamentalmente el representante de prensa, del gobierno del estado de Guerrero en el Distrito Federal, que andaba aquí la semana pasada y que seguramente está nuevamente.
Esto, señores, podría llevarnos y lo veremos en su momento, aunque pareciera ser que la realidad se puede transformar con desplantes publicitarios costosos o con votaciones mecánicas, como la que se acaba de realizar en la comisión especial para analizar el juicio político contra Ruíz Massieu, que en su momento analizaremos jurídicamente.
Lo cierto es y esto es una realidad y la están viviendo los guerrerenses, que hay conflicto político con una violencia pos electoral de impredecibles consecuencias, que cada día se hunde más en una espiral que deberíamos detener, y que nosotros hemos exigido se pare, sobre la base del respeto a la voluntad popular. Esta es nuestra posición indeclinable, es la única intransigente, no tenemos otra; de intransigencia.
En un momento más diré nuestra propuesta, para que vean cómo mantenemos esa posición de intransigencia de respeto a la voluntad popular, pero estamos dispuestos a seguir y a mantener pláticas con las autoridades para buscar soluciones de fondo al problema de Guerrero.
Sin embargo, no podemos hacer a un lado, que en Guerrero el estado de derecho ha sido hecho a un lado, y díganme si no. El gobierno del estado, el 3 de diciembre y en las fechas posteriores, cuando debería de computarse y calificarse las elecciones para renovar los ayuntamientos, violó flagrantemente la ley electoral del Estado, violentó la voluntad popular e impuso gobernantes en contra del deseo de los pobladores guerrerenses. Esta es una violación al estado de derecho, violar la ley electoral, origen de las autoridades en Guerrero y origen del propio derecho en el estado de Guerrero.
No crean, no puede ser ocultado ni por votaciones mecánicas, no por alardes publicitarios, que por ejemplo, en La Unión, Guerrero, donde yo estuve, la votación fue cuatro a uno en proporción al Partido de la Revolución Democrática, favorable al Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, los órganos electorales dieron un fallo distinto que con posterioridad quiso rectificar el Congreso del estado. Esto y muchos casos tenemos en Guerrero, de la violación flagrante a la ley electoral.
Díganme si no se está violando la ley electoral del estado, cuando ahorita en este momento, el senador Pacheco nos viene a decir que se nos van a reconocer regidores plurinominales que teníamos y tenemos derecho a ellos, y en términos de ley, desde diciembre. ¿No es violentar esto, también la ley electoral que señala los términos precisos, cuándo?
¿Les parece a ustedes que no es violar el estado de derecho las intervenciones facciosas y apologistas del procurador Robles Catalán en los acontecimientos que están desarrollándose en Guerrero? ¿Consideran ustedes apegado a derecho su intervención, cuando fue a visitar la fracción o a la facción paramilitar de Antorcha Campesina a Alcosauca, diciendo que eran una blancas palomitas que estaban legítimamente ejercitando su derecho?
¿No se viola el estado de derecho, cuando con el propio enfoque policiaco del gobierno de Guerrero, sólo se desaloja, el día de ayer, palacios municipales tomados por perredistas?, ¿y qué sucede con Alcosauca o con los otros municipios, las otras alcaldías, que tienen tomadas los priístas? ¿No se viola la imparcialidad de la aplicación de la ley que todo estado de derecho debe de preservar y el Procurador y el gobernador
de Guerrero deben de atacar en primer término? ¿Por qué no contesta nunca nada a eso?, ¿qué sucede en este momento?, ¿qué sucedió ayer?, ¿fueron a desalojar a los antorchistas? ¡No, señores, esto no se puede olvidar!, ni las mayorías mecánicas pueden resolver u ocultar lo que es evidente ante la realidad.
Nos preguntamos si no se viola también el estado de derecho, que ahora quieren corregir, diciendo que se equivocó ese procurador que en otro estado, en otro país, ya no nada más debería estar fuera de su función pública sino en la cárcel, solicitó mediante el ejercicio de la acción penal, se giraran órdenes de aprehensión contra diputados federales que gozan de una inmunidad constitucional; ¿no es esto hacer a un lado el estado de derecho mexicano? Yo pregunto si no es actuar al margen del estado de derecho el que realizó el gobierno de Francisco Ruíz Massieu cuando en contubernio con sus funcionarios y con dirigentes estatales hizo mal uso, un uso ilícito tipificado como peculado de recursos federales, ahí están las pruebas, fueron presentadas y en un estado de derecho éstas deberían de ser valoradas como lo veremos en su momento cuando discutamos aquí lo del juicio político de Ruíz Massieu.
No se quiere violar el estado de derecho, incluso por legisladores priístas cuando, sobre la base de transformar la realidad con votaciones, quieren hacer a un lado lo que señala la Ley de Servidores Públicos Federales y valorar pruebas que en su momento deberían de hacerse y al querer y por cierto que ya ahora en la prensa con ese uso indebido de recursos del gobierno del estado ya dan por hecho que el juicio político no procedió cuando apenas es una decisión de una subcomisión, es un proyecto de dictamen elaborado por los priístas, por cierto, y que todavía no está resuelto, son las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia las que resolverán si procede o no a incoar el juicio político en contra de Francisco Ruíz Massieu.
Esto también es violar el estado de derecho, señores, ésta es una realidad. Nosotros hacemos propuestas, las señalamos, las subrayamos en la sesión pasada, vuelvo a mencionarlas porque nunca ha habido respuesta a ellas por cierto ni por los senadores que han intervenido ni por los diputados que han intervenido a favor del gobierno del estado de Guerrero. Las señalé en la sesión pasada y no hubo ninguna respuesta; sabemos, como lo dijo el senador Arias, que las relaciones políticas entre gobiernos de los estados y Ejecutivo Federal se manejan de otra manera, quizá por eso incluyendo también legisladores priístas, quizá por eso no dan respuestas a lo que hemos planteado aquí como propuestas para solucionar de fondo el problema político en Guerrero.
Queremos recordarles que el 5 de enero nosotros reclamábamos el triunfo en 26 municipios y esto como se ve y que se quiere hacer a un lado a pesar de las divergencias internas que son normales y naturales que tenemos internas, somos un partido plural, es evidente eso a los ojos de todos, casi en todos los partidos democráticos se evidencia, eso, lo está viviendo el Partido Acción Nacional, lo estamos viviendo nosotros, qué tiene de anormal esto; lo que se olvida es que a pesar de esas divergencias o por esas divergencias somos un partido plural que hacemos propuestas mediante nuestras direcciones.
La dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, flexibilizó su posición de 20 alcaldías e hizo una nueva propuesta que fue la que señalé la semana pasada, lo de los ayuntamientos de composición con mayoría perredista porque tenemos las actas de escrutinio que prueban nuestro dicho y la de los ayuntamientos de composición con mayoría priísta, ésta es una propuesta flexible donde se entiende que si se va a platicar con otra fuerza política, estamos en capacidad y en posibilidad de tener mutuamente nuestras posiciones, ¿qué respuesta ha habido a estos planteamientos?
Sin embargo, dentro de este marco y bajo esta circunstancia y bajo nuestra exigencia de reanudar las pláticas, aún a pesar de lo que había ocurrido en Zihuatanejo y Acapulco, aún a pesar de ello iba a haber una reunión el día de ayer para otra vez analizar la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, esta segunda que he señalado y que el Partido Revolucionario Institucional local y el gobierno del estado, el Partido Revolucionario Institucional local y el gobierno del estado de Guerrero, no han dado ninguna contestación.
En este marco se dan los acontecimientos del día de ayer, represión brutal, unilateral, facciosa, de una interpretación de un estado de derecho a conveniencia y desalojan ayuntamientos que estaban ocupados por militantes del Partido de la Revolución Democrática, cuyo único delito es reclamar que se les respete su voto, que ése es el verdadero problema que tenemos en este país, al que no hizo mención alguna el señor Salinas en su famoso sexálogo.
Por ello, señalamos que tenemos nuestra propuesta de solución a fondo de los problemas políticos pos electorales en Guerrero, que estamos dispuestos a reanudar las pláticas, pero ahora sí tenemos una condición: no pueden continuarse
con un gobernador represivo, intolerante que ordena a sus fuerzas masacrar a la población que ejercita sus derechos políticos al amparo de la Constitución mexicana, escudándose en una supuesta impunidad que le da la amistad con el señor Salinas, y no estamos personalizando, simplemente en que en un estado de derecho, que el señor Bulmaro Pacheco debería de conocer, hay responsables concretos, específicos, no se pueden hacer responsabilidades abstractas, se tienen que señalar nombres, hechos y pruebas y las tenemos, están los hechos de día de ayer, están los hechos en Zihuatanejo y en Acapulco, están los hechos del 3 de diciembre y están las pruebas de la actuación ilegal, al margen del estado de derecho. el señor Francisco Ruíz Massieu.
Debe de recuperarse la paz en Guerrero, debe de haber un ambiente pacífico en México para que se propicie la democracia en nuestro país, que es a lo único que aspiramos los mexicanos. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy, sobre la acusación contra el gobernador del estado de Guerrero por responsabilidad política.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Muchas gracias, señor Presidente: Qué bueno, señores legisladores, que sigo en uso de la palabra en esta tribuna porque me da posibilidad de enlazar estos puntos del orden del día, por su íntima relación, tanto política como jurídica.
El día de ayer, una subcomisión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia, aprobó un proyecto de resolución que será analizado y seguramente aprobado por la mayoría priísta el próximo lunes 12 en la sesión plenaria de las comisiones unidas de referencia.
Compañeros nuestros en esta subcomisión argumentaron lo que en estricto derecho procede hacer en el caso de esta subcomisión y también, en su momento, por las comisiones unidas, que es a las que señala expresamente la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Se dijo con claridad lo que dispone la Constitución en sus artículos 108 y 110; se detallaron los requisitos de procedibilidad que se señalan en el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y sin argumentos, sin sustento legal alguno, decidieron pasarlo a votación, ya que en su criterio, los elementos de prueba que habíamos presentado requerían ser valorados. Con ello nos dejaron en estado de indefensión en ese momento y seguramente si así lo resuelve esa mayoría oficial en las comisiones unidas, será consumada, en sesión plenaria el lunes.
En ningún sistema procesal, en ninguno en nuestro sistema jurídico mexicano, los requisitos de procedibilidad son valorados, simplemente son contados y confrontados con la disposición legal.
Aquí en contra de todo derecho, se resuelve valorar esos elementos de prueba que aportamos, que es fundamentalmente lo referente a esas planillas de nómina del gobierno de Guerrero, donde con números nominales, con números referentes a cada uno de los rubros utilizados indebidamente, aparecen en las fotocopias que teníamos.
Se decía por los priístas contra quien, por cierto, presentamos una queja por su acción facciosa, partidista, al margen del derecho, sin valorar jurídicamente de que deberían ser sustituidos, esta queja la presentamos a los presidentes de las comisiones unidas, se decía por ellos que no había prueba de lo que ahí se decía en esa planilla de nómina, fueran recursos federales, pero contra su propio dicho también dijeron por lo mismo que no procedía.
Por un lado, lo desechan diciendo que no saben si lo que está ahí, en primer lugar es nómina de Guerrero y, en segundo lugar si son recursos federales o no y, por otro luego desechan en su proyecto que tiene de resolución, de que no ha lugar a incoar el procedimiento en virtud de que no se prueban que son recursos federales; los ponen en duda en la primera parte del debate y después los dan por ciertos que no lo son.
Pero esto no es problema, el problema son esos criterios que se están manejando políticos de un asunto que debería ser analizado en estricto derecho, con las consecuencias políticas que nadie ocultamos tanto en el motivo de la denuncia como en las consecuencias de incoar un procedimiento de juicio político, eso lo sabemos, pero el análisis debe ser en estricto derecho y en estricto derecho las comisiones unidas y con mayor razón una subcomisión de ellas sólo puede ver si reúnen o no los requisitos de procedibilidad, esto lo vemos en el juicio de amparo, esto lo vemos en los juicios ejecutivos mercantiles, esto lo vemos en los juicios laborales, esto lo vemos en materia penal, en todas las materias y en todos los rubros de nuestro sistema procesal mexicano , está muy claro lo que es un requisito de procedibilidad, se allegan o se reúnen o no, no se valoran.
¿Qué podemos esperar con los acontecimientos del día de ayer que aquí denunciamos previamente, que estamos en un estado de impunidad para los gobernantes, salvo cuando así conviene a los intereses de los propios priístas, en el caso de Díaz Serrano, por ejemplo, es absurdo, es contrario a derecho; esto que se vislumbra pudiera ser la resolución de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, la combatiremos, tenemos nuestra propuesta de dictamen y ahí está con mucha claridad que sólo se verifica si existen o no los requisitos de procedibilidad que señala el artículo 12 de la ley de responsabilidades.
Sustentar otro criterio como con alarde, los han sostenido algunos legisladores abogados priístas que ahora se está teniendo en esta legislatura; sostener criterios contrarios al artículo 12 de la ley es violarla y además hacer prevalecer criterios políticos de intereses partidistas sobre la propia ley, no hay nadie, en estricto sentido jurídico, que pueda sostener ante un órgano de justicia política como sería este, que los requisitos de procedibilidad deben valorarse como lo está sosteniendo la mayoría priísta en esa subcomisión.
Esperemos que los acontecimientos ocurridos en estos últimos días en Guerrero los haga cambiar de opinión política, porque estoy seguro que no la pueden sostener jurídicamente porque en todo caso hay que cambiar el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Esperamos que el día 12 impere el derecho, la razón jurídica y no la decisión política. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Ricardo Monreal Ávila.
EL C. diputado Ricardo Monreal Avila: - Con su permiso; señor Presidente; compañeros legisladores: De las expresiones contenidas en la intervención del Partido de la Revolución Democrática se puede desprender toda una serie de inexactitudes e interpretaciones que a su juicio son correctas, de las que evidentemente no compartimos.
El sostiene que el día de ayer se emitió un dictamen y que hubo un proyecto de resolución en el sentido de declarar la improcedencia del juicio político intentado contra el gobernador de Guerrero; quiero recordarle que este grupo de trabajo o subcomisión fue integrado en forma pluripartidista con el propósito de analizar los criterios expresados de la denuncia intentada, pero de ninguna forma este grupo o subcomisión tiene la facultad para emitir un dictamen, son las propias comisiones, como usted lo dijo, unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de la Justicia, las que en su oportunidad emitirán este dictamen, éste es el mandato expreso tanto en el marco constitucional como en la ley reglamentaria.
Y el artículo 12, ciertamente de la ley de la materia, establece los requisitos de procedibilidad, los que discutimos a través de cinco horas, por cierto nos hubiera gustado, que estuviera el diputado que expresó hace un rato su opinión, porque es muy clara y dice que las comisiones unidas emitirán un dictamen sobre la procedencia o improcedencia del juicio que se intenta y como consecuencia si es de declararse la incoación del procedimiento.
Y la interpretación que le da el preopinante es obviamente facciosa, es obviamente parcial y por eso no quisiera ni debatir esto, porque no amerita, sería ocioso, además de que son las propias comisiones las que dictaminarán sobre la procedencia o improcedencia, pero dijo también en sus expresiones, que fueron sólo los priístas los que al examinar la denuncia expresaba que no se trataba de recursos federales y quiero decirle que los propios militantes de ese partido que en ese momento se encontraba discutiendo, aceptaron y admitieron que había imprecisión para calificar la naturaleza de los recursos, además de que las copias exhibidas, de conformidad con las normas de proceso civil ordinario y por las reglas del derecho, no hacen prueba plena, copias fotostáticas.
El C. Diputado Pablo Gómez Alvarez desde su curul): - No son copias, diputado por favor.
Presidencia del ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios
El C. Presidente: - Señor diputado Gómez, le ruego atender al orador.
El C. diputado Ricardo Monreal Avila: - Yo le pido al señor Presidente que me permita concluir y no se me interrumpa.
El C. Presidente: - Por favor, no interrumpa al orador.
El C. diputado Ricardo Monreal Avila: - Y decía de la versión estenográfica se desprende, que los propios militantes de ese partido pertenecientes a esa subcomisión aceptaron que había una imprecisión de saber si se trataba de recursos federales o se trataba de recursos estatales,
y es obvio, pues que no se encuadra en las hipótesis que se consagran en los artículos...
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente.
El C. Presidente: - Un momento, señor diputado. Diga, señor diputado Godoy.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul) - Pregunte al orador si me permite una pregunta.
El C. Presidente: - ¿Le permite una pregunta, diputado?
El C. diputado Ricardo Monreal Avila: - Sí, cómo no.
El C. Presidente: - Tiene la palabra diputado Godoy.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel desde su curul): - Dígame usted, el centro de debate es ése, señor diputado, porque yo creo que lo otro es un proyecto, efectivamente yo también así lo dije, no dije que era un dictamen, eso no está a discusión, por eso señalé que lo que aparece hoy en la Prensa me parece injusto para nuestras pretensiones de enjuiciar políticamente; precisamente mi pregunta es ésa, ¿se pueden valorar a la luz del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos las pruebas para acreditar si hacen prueba plena por un lado? o para ver si lo contiene en ese documento, ésa sería mi pregunta.
El C. diputado Ricardo Monreal Avila: - Le voy a contestar, señor diputado: Los artículos 108 y 110 constitucionales y el artículo 5o. de la ley de la materia, establecen tres hipótesis para poder sujetar a juicio político a los gobernadores de los estados y dice con claridad y precisión: "Desviación de recursos federales", si existe, pues la imprecisión de si son o no recursos federales no se encuadra en la hipótesis descrita en materia jurídica estrictamente y no podemos por analogía de razón, por analogía o por mayoría de razón, decir que pueden o no pueden ser recursos federales, pero sigamos en el análisis, aunque repito no es el foro sino serán las propias comisiones las que dictaminen y en donde se deliberará más ampliamente.
Yo creo y es una opinión evidentemente particular, que los compañeros de ese partido denunciante optaron por la vía de mayor facilidad, ¿cual fue? no asistir a la subcomisión, rehuir a los debates, yo no entiendo por qué razón no se discutió, no se deliberó, ahí están las versiones estenográficas, por eso, señores, en principio habría que aclarar, no éste el foro para la discusión que ya la hicimos, pero pues que se advierte cuál es la intención de fondo de los compañeros del partido de la Revolución Democrática, afanes que como táctica son respetados, pero que no son adecuados, a mi juicio.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Medrano Castillo.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: - El día de ayer en el seno de la subcomisión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, estuvo presente por el grupo parlamentario de Acción Nacional la señorita diputada Patricia Garduño Morales y en el curso del debate fijó la posición del Partido de Acción Nacional.
A este respecto y a la hora de someter a votación el proyecto de dictamen o preproyecto, anunció que Acción Nacional encontraba procedente la incoación del juicio político en contra del gobernador de Guerrero, luego entonces votó en contra del proyecto o de proyecto de dictamen; congruentes con esta posición, hoy quiero en esta tribuna precisar, clarificar los conceptos jurídicos que nos llevan y nos sirven como fundamento para emitir este juicio.
Comparto desde luego el criterio jurídico del diputado Godoy por cuanto a que la Cámara de Diputados por conducto de sus comisiones de Gobernación y Justicia no será quien lleve el procedimiento, quien haga un seguimiento del juicio, sino ha querido el Constituyente en el título cuarto de la Constitución, darle una facultad a la Cámara de Diputados para que analice los presupuestos procesales y, de encontrarlos, remita a la autoridad competente el procedimiento a efecto de que pueda seguirse el juicio político.
De la lectura de los artículos 108 y 110, encontramos que los servidores públicos de la esfera federal, bueno, pues serán juzgados por el Senado, quien se erige en jurado de sentencia en caso de encontrar la procedencia del juicio político, pero en los casos de los funcionarios públicos los gobiernos estatales, en el caso concreto de los gobernadores de los estados, el 110 de la Constitución ha establecido un procedimiento especial: el respeto a la libertad, a la soberanía de los estados; la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, si existen esos presupuestos procesales, en este caso, el primero de los presupuestos es que efectivamente el individuo, la
persona a la que se pretende incoar al juicio político es uno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 108 constitucional.
El segundo de los presupuestos procesales es calificar si la imputación, si los hechos materia de la imputación son aquéllos que corresponden a los del 108 y 110, es decir, violaciones graves a la Constitución; ya aquí el aspecto político ha sido ampliamente expuesto y la desviación o incorrecto manejo de fondos públicos federales, así pues, bajo este criterio, yo encuentro que se satisfacen, se encontraron los dos supuestos procesales, la Cámara de Diputados deberá, por conducto de las comisiones de Gobernación y Justicia el próximo lunes, deberá determinar la procedencia del juicio para que se remita el juicio político, para que como consecuencia se remita el expediente al Congreso estatal de Guerrero e inicien ese procedimiento de juicio político.
Decía el diputado del Partido Revolucionario Institucional que me antecedió en el uso de la palabra, que no es éste el foro en donde habrá de debatirse; sin duda conocemos el procedimiento, pero sí es importante señalar desde aquí que sin ser "pitoniso" los miembros de la subcomisión de su partido han telegrafiado ya cuál será el resultado de la sesión que tengamos los miembros de la Comisión de Gobernación el próximo lunes 12, esto es preocupante, creo que vale la pena hacer una reconsideración, una reflexión para apegarnos al criterio que quiso establecer el legislador, el Constituyente de 1917, y de acuerdo con las reformas que sufrió este título IV en el sexenio pasado, para interpretar correctamente la Constitución, evitar favoritismos y sujetarnos estrictamente a lo que disponen estos artículos 108 y 110 de la Constitución.
El C. Presidente: - Con el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores legisladores: Yo estuve en la sesión de la subcomisión en la que discutimos varias horas, hasta que los señores diputados del Partido Revolucionario Institucional decidieron votar, nosotros no tomamos parte de la votación que considerábamos que era verdaderamente improcedente, ilegal y absurda, que esas cosas no se podían votar.
El señor diputado Lanz dijo que ya existía una interpretación de la presente legislatura sobre el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, yo me permití expresar la idea de que no había ninguna interpretación hecha y cuando mucho se trataba de una interpretación suya, porque para interpretar una ley, pues hay un procedimiento constitucional que sabemos perfectamente en este caso no se ha cubierto.
Un grupo de legisladores, diputados y senadores, presentan acusación contra el señor gobernador del estado de Guerrero por responsabilidad política, dos son los planteamientos: mal uso de fondos federales y violaciones a la Constitución, de acuerdo con el artículo 12 que dice:
"Artículo 12. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncia ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el artículo 7o. y por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados de las legislaturas locales y magistrados a los tribunales de justicia locales, por las que determina el párrafo segundo del 5o."; después leeré lo que sigue de este artículo.
Ciudadanos mexicanos que los somos, hemos presentado bajo nuestra más estricta responsabilidad acusación, lo hicimos por escrito, presentamos elementos de prueba, hemos cubierto hasta aquí los requisitos.
Continúo citando lo que sigue del artículo 12 de la mencionada ley de responsabilidades:
"Presentada la denuncia y ratificada dentro de tres días naturales, se turnará de inmediato con la documentación que la acompañe, a las comisiones de Gobernación y de Justicia, para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o., así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita incoación del procedimiento." Fin de la cita.
Ratificamos dentro de los tres días siguientes la denuncia, cumplimos con ese requisito. Ahora bien, ¿la conducta que le atribuimos al señor Ruíz Massieu, es de las que corresponde a las enumeradas por los preceptos que antes di lectura, en este caso concreto artículo 5o. de la citada ley? Sí, en efecto, sí corresponde, no la conducta del ciudadano gobernador que es lo que se va a juzgar, sino lo que le atribuimos al gobernador, porque aquí se dice "la conducta atribuida", sería absurdo que dijera "la conducta aprobada", para eso son los juicios, para aprobar o no.
¿El señor Ruíz Massieu tiene un cargo de los que están enumerados en el artículo 2o. de la ley? Sí, es gobernador de un estado, en esa medida es procedente la denuncia y sólo en esa medida, porque todos los requisitos están cubiertos, no
para declarar, no para acusar por parte de la cámara ante el Senado al señor gobernador, nadie ha dicho eso, sino para que se considere que la denuncia es procedente; no quiere decir fundada, no quiere decir que los hechos están demostrados, no implica declaración de culpabilidad o de inocencia de nadie, simplemente procede la denuncia.
Los señores diputados que se pusieron a votar en la subcomisión, lo que buscan es una declaratoria de que la denuncia no procede, o sea de que no tiene ningún sentido esa denuncia, que no cumple con los requisitos del artículo 12; probar que no cumple con los requisitos del artículo 12 esa denuncia, me parece que es imposible, a la luz del mismo artículo 12, a la luz de una decisión política que yo sostengo que es ajena a la cámara, se puede probar, entre comillas lo que se quiera.
Se votó primero si se pasaba a examinar la denuncia en la parte de las pruebas, dice el señor diputado Monreal que unas copias fotostáticas no hacen prueba plena, primero no fueron copias fotostáticas, copias fotostáticas son las que la Oficialía Mayor le entregó a él, porque allí se quedaron con los originales, es una nómina de gastos del gobierno, de gastos por comprobar y de vales en donde se ve a las claras, en nuestra opinión, que el gobierno del estado estuvo gastando mucho dinero, miles de millones de pesos para financiar a su partido y a sus cuates.
Quiero que me digan dónde vive el señor Mc Allen Texas, que está en la nómina, esto del señor Mc Allen Texas, yo creo que va a pasar algún día o una antología del partido de Estado y del sentido patrimonialista con que determinados políticos utilizan los fondos de la nación; hasta Mc Allen está en las nóminas ésas.
No eran copias fotostáticas, pero vamos a suponer que lo fueran, quien tiene que, o donde se tiene que resolver y discutir este asunto de si es o no es prueba o si por ser copia fotostática o por no serlo, etcétera, es en la instrucción; el período de pruebas, señor diputado Monreal, se lo dije a usted y a los demás en la subcomisión y no se necesita tener grado de licenciado en Derecho para saberlo, sino leer simplemente la ley, no se necesita más, porque si las leyes son solamente para que las entiendan los abogados ya estuvo que sirven para muy poco.
Yo entiendo que también para los ciudadanos comunes y corrientes podamos entender lo que dicen las leyes de nuestra República, entonces, las pruebas se tienen que valorar en el período de la instrucción, no se puede valorar en la ventanilla encargada de acuerdo con la ley, de confrontar si se ha cubierto los requisitos elementales para poder que esa denuncia proceda.
Dice el artículo 14 que habla de la Sección Instructora, por lo tanto del período de instrucción, cito, que en todo caso la Sección Instructora calificará la pertinencia de las pruebas desechándose las que a juicio sean improcedentes, pero el argumento de la improcedencia de las pruebas no puede estar en manos de comisiones unidas ni de sus subcomisiones donde se preparan los proyectos para ser discutidos en comisiones unidad y menos todavía se puede votar ahí si una prueba es prueba o nada; se votó en segundo término que si de los elementos de prueba presentados llevaban a concluir que se trataba de recursos federales, entonces, se dice, la respuesta es no, de ver esa nómina no se concluye que sean, dijeron, recursos federales y ¿qué tiene que andar haciendo comisiones unidas en averiguar si son o no recursos federales y, qué tiene que andar haciendo la subcomisión de votar si de ver esa nómina se puede deducir?, sí se votó que son recursos federales.
Conclusión, no se puede deducir que son recursos federales y el período de probanza que, yo soy uno de los denunciantes, ya no puedo ir si ese dictamen que están elaborando se aprueba en comisiones unidas, ya no voy a poder ir nunca jamás a la Sección Instructora a tratar de probar ahí que en efecto se trata de recursos federales.
Pero vamos a suponer que comisiones unidas dijera que sí, se deduce que son recursos federales, entonces ¿Ruiz Massieu a qué va a la Sección Instructora si ya se calificó esa prueba? Es para los dos lados, están dejando en estado de indefensión y sin recursos cualquiera, al acusador o al acusado, perdón, voy a reformular, al denunciante y al denunciado, de acuerdo al sentido de que lo voten los señores en la ventanilla de trámite que señala el artículo 12 de la ley que son comisiones unidas, pues qué justicia es ésta o qué, yo no entiendo de qué se trata el asunto.
Claro, se cuidaron mucho los ciudadanos diputados que estaban ahí en la subcomisión y que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional de no declarar que eran recursos federales, ya hubiera sido el colmo, pero es equivalente decir que no se deduce, de ver esas nóminas, que se trate de recursos federales y decir que no lo son, para el caso que estamos examinando es lo mismo, porque las dos cosas llevarían a decir que no procede la denuncia; exactamente igual.
¿Qué valor tiene la declaración de comisiones unidas en el caso de que se aprobara este anteproyecto o proyecto de dictamen, de decir que
no se deduce, teniendo a la vista esa denuncia, de que se trata de recursos federales? Pues no tiene más que una función declarar improcedentes la denuncia, eso es lo que están buscando y así están relacionando el anteproyecto entonces ¿Cómo podemos tomar parte de una votación así? ¿cómo podemos tomar parte después de un debate muy largo, de muchas horas y seguir al día siguiente discutiendo lo mismo, exactamente lo mismo sin tener posibilidad de nada? No se puede convencer a alguien que no quiere aceptar lo que dice un artículo de una ley, es como si estuviera uno hablando con una persona que encima de estar ciega, está muda y está sorda, no tiene ningún objeto, para qué ir al día siguiente otra vez.
Mandamos una carta al señor presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y al señor presidente de la Comisión de Justicia diciendo que pedimos que por favor sean sustituidos los señores diputados que están votando lo que ya dije, lo que ya señalé, en la subcomisión, para que redacte un dictamen con apego al artículo 12, no estamos pidiendo una sentencia ni mucho menos, estamos lejísimos de esa situación contra Ruíz Massieu, estamos nada más exigiendo que se aplique la ley en cuanto a la procedencia de la denuncia, fíjense ustedes en qué momento estamos, ésta es la parte jurídica a mí me parece que la Sección Instructora es la única que puede calificar la pertinencia de las pruebas, comisiones unidas no puede porque la ley no le dice que pueda y porque la ley dice quien sí puede, entonces, tratar de poder lo que no se debe es violar la ley.
Bueno, pero hay una cuestión aquí también de orden político: ¿por qué esta respuesta?, unos señores diputados fueron a Acapulco hace poco, ya lo dijo aquí un senador, ¿ya se fue?, y presentaron unas denuncias en la procuraduría contra funcionarios del gobierno del estado de Guerrero que no va a ser ningún trascendencia, ¿cuál es la ventanilla ahí o a través de que conducto se presenta una denuncia penal? El Ministerio Público, todo mundo lo sabe en este país, cuando se presentan este tipo de denuncias en su mayor parte no proceden, no llevan a nada; cuando venimos a la Cámara de diputados a hacer una denuncia por responsabilidad política tampoco trasciende ni sirve para nada.
Hace rato discutíamos una afirmación de Salinas, de que el gobierno, pues debe aplicar la ley imparcialmente, pero no solo el gobierno, todo mundo en la medida en que pueda aplicar la ley si tiene atribuciones legales para hacerlo pues debe aplicarles la ley imparcialmente, incluyendo a los diputados cuando les toca su turno y cuando operan dentro de algún mecanismo jurisdiccional deben aplicar la ley pero no la aplican, retuercen todo.
¿Qué es lo que se trata de impedir aquí? Que haya una instrucción, de eso se trata, de impedir que se abra una instrucción, porque la instrucción implica averiguar, quiérase o no que se abra un período de 30 días, como lo señala el artículo 14 de la Ley Responsabilidades para que los denunciados presenten sus pruebas y lo que no quieren es que presentamos las pruebas, eso es lo que no se quiere, el señor gobernador tendría también que aportar las pruebas de descargo y los alegatos que a su derecho correspondan y la Sección Instructora podría también, si fuera necesario, allegarse las pruebas que considera necesarias y pertinentes y eso es lo que se quiere evitar.
¿Quién va a poder averiguar quién es el señor Mc. Allen Texas a quien le mandan dinero?, eso es lo que no quieren averiguar y digo yo lo de Mc Allen porque es el extremo de la ridiculez y de lo burdo y de la manera tan buena como se maneja los asuntos administrativos y políticos en el estado de Guerrero, esa es la cuestión y se quiere trivializar el asunto de la nómina como si fuera una cosa que no tuviera ninguna importancia, esa es la concepción patrimonialista que prevalece en el partido oficial, es algo natural que se utilice los recursos de la nación en favor de la causa política de los gobernantes, se ve como algo de lo más natural porque siempre se ha hecho, lo cual no quiere decir que haya sido legal alguna vez, ¿cómo puede haber con semejante sistema un estado de derecho?
El estado de derecho en México es retórico, señores diputados, es pura retórica no hay en realidad un estado de derecho porque el estado de derecho existe en la medida en que existen los actos encaminados a respetar el estado de derecho y a cumplir con las leyes, pero no se quieren cumplir ni siquiera con esta elemental y superficial ley que dice que cuando una denuncia ha cubierto los requisitos procede incoar el procedimiento, parece que la palabra de incoar el procedimiento es mala palabra, ¿qué tiene de malo que se abra una instrucción?.
Alguien dijo ahí en la subcomisión que se trata de desacreditar al gobernante miren, señores, Ruíz Massieu está muy desacreditado y se ha desacreditado por si mismo y por sí sólo y él sólito y no ha necesitado ayuda en este caso, ni de la Secretaría de Gobernación ni de su amigo, él solo lo ha hecho y ya vemos todo el escándalo que se ha hecho como consecuencia de actos y decisiones políticas de un individuo que no tiene ninguna posibilidad de gobernar de manera mediana siquiera.
Bien si el tribunal de acusación que se conforme en la Cámara de Diputados obra imparcialmente pues será lo que la instrucción alumbre, las luces que nos de la instrucción, lo que no quieren es llegar al mínimo chisguete de la luz sobre este asunto, a quien todo este lío de la denuncia contra Ruíz Massieu se quede en unos del Partido de la Revolución Democrática vinieron a la Cámara a denunciar un gobernador porque traen una bronca con él y en eso queda y que quede que cada quien dijo lo que dijo: El Partido de la Revolución Democrática dijo que el señor gobernador mal usaba los recursos públicos y el señor gobernador dijo que no era cierto y ahí quedó todo.
Yo creo que no puede haber, sobre esas bases, estado de derecho alguno, porque esto es como la antigua práctica que fue abolida desde luego por la república de absolver de instancia aquí de hecho lo que están haciendo es renunciar al derecho de acudir a una instancia que es la instrucción, después de haber cumplido con los requisitos de ley es inadmisible , claro, se puede decir que esta denuncia tiene fondo político, sí tiene, señores sí tiene, es un juicio por responsabilidad política es juicio político, tiene el fondo político del mundo pero en el sentido exacto que tiene esta palabra, no tiene rivalidad personal con el señor Ruíz Massieu, tenemos una profunda rivalidad política, estamos absolutamente en contra de sus actos y aquellos consideramos que son violatorios del régimen jurídico imperante en este país, tenemos la obligación de denunciarlos ante la Cámara de Diputados, que es la instancia que tiene que ver en primera instancia con el asunto.
¿Qué tiene entonces de raro y de extraño que se haga eso? Lo que sí me parece que los compañeros de partido del señor Ruíz Massieu no deberían defenderlo sobre la base de violar la ley, deberían defenderlo sobre la base de tratar de demostrar que le señor no ha utilizado fondos federales para patrocinar su causa política y la de su partido, deberían participar en la instrucción, deberían esforzarse por tratar de poner en claro, si es que lo creen, que en efecto no existe responsabilidad política que estamos denunciando, así deberían defender a su compañero de partido si es que esa es su decisión para defenderlo atropellando el derecho de otro porque son opositores, eso es lo que ni es legal, ni es democrático, ni es civilizado sino es absolutamente incivilizado, atrabiliario, eso sí que es faccioso, señor diputado Monreal.
Dice el señor diputado Monreal que la interpretación, que además no hizo ninguna interpretación del diputado Godoy sobre el artículo 12 es facciosa y parcial; el señor diputado Godoy no hizo ninguna interpretación, sencillamente nos habló de lo que dice el artículo 12 de ley, ¿qué interpretación es esa?. No es ninguna interpretación, que ni amerita interpretación este artículo, claro, hay abogados que dicen que todo precepto jurídico no solamente es susceptible de interpretar, como nadie se los discute sino que debe interpretarse, lo cual ya es otra cosa completamente diferente, son dos cosas y dos razones muy distintas.
En este caso no intentamos interpretación alguna en este caso simplemente estamos diciendo que no puede hacer clima de convivencia democrática civilizada en una república ,sobre la base de que las causas políticas impliquen el atropello de los derechos de otros, quienes sean, incluyendo a los opositores más recalcitrantes o radicales, eso no lo admitimos, no lo hemos admiten en otros casos de juicio político, pero esa institución democrática y republicana del juicio político está congelada en este país, nunca ha llegado ni a la instrucción, la primera vez que iba a haber instrucción renunció un gobernador y entonces dijeron que ya se parara ahí el procedimiento, aunque la Constitución decía que también procedía hasta un año después de haber abandonado el cargo.
Tiene miedo del escándalo político, tienen miedo de la opinión pública, tienen miedo de que las cosas se ventilen a la manera democrática de la república, ¿no existe el absolutismo del que yo hablaba en mi intervención sobre el discurso de Salinas en el Partido Revolucionario Institucional?, ¿no es esto una clara manifestación de absolutismo, cuando sobre la base de llevar a cabo una causa política se atropellan los derechos?, ¿no existe un estado de derecho real? Si es que es todo porque si el asunto de Ruíz Massieu fue cosa aislada no tendría gran importancia, es una villación aislada de la ley pero ni es así, es la repetición continua, permanente, sistemática de las violaciones de la ley
El señor gobernador de Guerrero lo puede hacer impunemente , el Presidente de la República lo puede hacer impunemente, los gobernadores y se hace en el mismo Congreso en donde hay participación plural, en donde hay distintas fuerzas políticas y se atropella el derecho de los demás ¿Es eso un estado de derecho?, no es evidentemente; ¿ es esa una convocatoria al diálogo para llevar a cabo una transformación democrática? ¿es esa la convocatoria? A que la transformación democrática no pueda venir desde luego ni con reformas aquí allá aisladas y mucho menos con los aterrizajes forzosos que fueron la cobertura para sacar los reformas constitucionales que ya conocemos, planeados perdón, no forzosos.
Eso es lo que tenemos nosotros que examinar, si no se respeta ese derecho con nuestra presencia aquí y la capacidad de poder demandar que se respete, piensen ustedes en aquéllos que concurren a un escritorio público, a un Ministerio Público para exigir justicia contra una persona protegida por razones políticas, ahí es mucho peor y mucho más grave, desde luego, también porque tienen mucho menos posibilidad de trascender, piensen ustedes también en la gente que es reprimida y golpeada por la policía, ¿qué posibilidad tiene esa gente de recurrir a alguna instancia en donde pueda efectivamente hacer valer su derecho?
Esto es lo que está en el fondo; de tan graves dos votaciones que se hicieron en una subcomisión para atropellar todo el derecho del país, significado, representado, sintetizado en esa dizque interpretación del artículo 12 que hizo el diputado Lanz Cárdenas.
Presidencia del ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con el permiso de la Presidencia; señores legisladores: Como en otra ocasión lo he afirmado, trataré de trascender de las apreciaciones subjetivas y trataré de expresar lo que tengo que expresar con la objetividad y la seriedad que le corresponde, no sin antes reiterar mi inconformidad con el uso y el abuso de la tribuna en esta permanente miscelánea de la Comisión Permanente, en donde se introducen temas que son ajenos a su competencia y a su disposición constitucional y legal.
Quisiera hacer algunas puntualizaciones: Primero, con relación a algunas afirmaciones que se hicieron en esta tribuna, se dijo que sin argumento ni fundamentaciones se pasó a votación en el seno de la subcomisión que tenía a su cargo el análisis, el estudio y la formulación del anteproyecto respectivo, rechazo esta afirmación.
El propio diputado que me antecedió ya lo ha admitido aquí en la tribuna, que se discutió durante casi cinco horas y en esa discusión se dieron los argumentos y las fundamentaciones que orientaban desde luego el criterio de los legisladores que estuvimos presentes, consecuentemente rechazo de que se hable que por tal motivo se haya producido indefensión, se produce indefensión cuando no se da oportunidad de defenderse y no puede haber indefensión cuando se alegó por varias horas sobre el tema que se discutió; se dijo aquí que en ningún sistema procesal los requisitos de procedibilidad son valorados, me voy a permitir hacer un análisis sobre esto porque además se discutió también en el seno de la subcomisión.
En materia civil por ejemplo, cuando se presenta una demanda los códigos procesales invariablemente de toda la República, exigen que se presente el documento base de la acción, el juez antes de admitir la demanda como un requisito de procedibilidad debe analizar si el documento exhibido efectivamente es el documento base de la acción, no basta que el demandante afirme que lo es, sino el juez tiene la obligación de analizar si es base o no de la acción ese documento; aquí tenemos un ejemplo de procedibilidad, me voy a referir a otro.
En los juicios ejecutivos mercantiles, para que pueda admitirse el juicio se requiere que se presente el título de crédito en el cual se fundamenta la acción, el juez tiene la obligación de analizar si se presenta ese documento, si lo que se dice es una letra de cambio o es un pagaré o un cheque o algún otro documento que traiga aparejada de ejecución, debe analizarse previamente, pero aún más, se citó la materia del juicio de amparo, en el juicio de amparo, cuando una persona comparece a nombre de otra, como requisito de procedibilidad indispensable y antes que nada el juez federal, al admitir la demanda tiene que analizar si el documento que se presenta con el cual se ostenta la personalidad, efectivamente la acredita o no y consecuentemente, de no ser así, desecha la demanda.
Con estos tres ejemplos pretendo sostener que no es exacto como se ha pretendido ilustrar aquí a la asamblea, de que en los requisitos de procedibilidad no sea necesario analizar pruebas de ninguna especie, sino que solamente se enumere, no, hay que valorarlas, hay que valorarlas no en cuanto al fondo, pero sí efectivamente en cuanto a la base de la acción que se está ejercitando.
Celebro que se haya dicho de manera reiterada aquí en la tribuna que el análisis debe ser de estricto derecho, que efectivamente creo que esa es mi opinión, creo podemos estar equivocados tanto el suscrito como los que la sustentaron, igual que yo, pero con toda honestidad debo sostenerla de que nuestra opinión la consideramos ajustada a derecho.
Se ha dicho de manera reiterada que los miembros de la subcomisión violamos la ley de responsabilidad por violar el artículo 12 de la misma,
creo que aunque no es el foro, sin embargo es pertinente hacer algunas consideraciones sobre el particular:
Primero, permitiéndome destacar por qué votamos, porque a pesar de que éramos una subcomisión cuya encomienda específica no era resolver nada, como no se resolvió nada, diputado y en ese sentido si algo se ha manejado en la Prensa, en otro sentido yo fui enfático cuando fui entrevistado en que no resolvimos nada, solamente establecimos una opinión o un criterio, porque de otra manera no puede llegarse a ningún resultado, tan es así que estuvimos empantanados en una discusión durante casi cuatro horas sobre el mismo punto.
¿Cómo puede, aún a nivel de subcomisión que es un órgano colegiado porque está integrado por diversos miembros y diversas voluntades, tomar un acuerdo, así sea para emitir una opinión, sino obteniendo el consenso? Tiene que votarlo para que sea la opinión de la mayoría la que determine el acuerdo del órgano colegiado.
Pienso lo que ha venido sucediendo sobre este particular en esta legislatura con sus propias características, que hemos venido cayendo en un asambleísmo puro, de 500 de la plenaria de la Cámara de Diputados pasamos a comisiones, algunas de ellas hasta con 100 miembros y de ahí a subcomisiones de veintitantos miembros, ¿cómo puede avanzar en una decisión un cuerpo colegiado de esa índole, si no nombra a su vez un grupo de trabajo y que el grupo de trabajo sea el que elabore el proyecto de la resolución que se somete a la discusión de la voluntad del órgano colegiado en su plenitud?
En este caso, precisamente por tratarse de subcomisiones partidistas no se ha adoptado un procedimiento que hubiera, pues provocado actitudes de rechazo de algunos de los miembros de la subcomisión en vez de presentar una ponencia, una especie de anteproyecto del anteproyecto a la discusión del grupo, se discute por el grupo, se llega a una fijación de un criterio y se glosa, en términos jurídicos es formar la resolución del resultado de las discusiones.
Pensemos por ejemplo: Los cuerpos colegiados de la República, 21 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver un caso, los 21 no pueden redactar el proyecto, sino los 21 se apoyan en una ponencia que se presenta sobre el particular.
Para no producir indefensión, a pesar de lo que se ha alegado, las comisiones unidas designan una subcomisión plural y en esta subcomisión están representados todos los grupos, se discute y se formula un proyecto, no un dictamen, el dictamen, el órgano que lo emite no es más que las comisiones unidas en este caso de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Pero vayamos al fondo de la discusión del artículo 12 de la ley de responsabilidades: Resulta muy curiosa la actitud de algunos grupos de legisladores en este tipo de controversias, que es cierto, es responsabilidad política, pero es una responsabilidad política que está sujeta a una jurisdicción y esta jurisdicción corresponde al Congreso de la Unión, en donde ambas cámaras tienen su función, la Cámara de Diputados, que es el órgano acusador y la Cámara de Senadores, que es el jurado de sentencia y que para ilustración de algunas personas que afirman que es una institución republicana, que es una institución que surgió en la monarquía inglesa en el Siglo XVI, de origen monárquico, pero que sin embargo ha sido aceptada por casi todos los países del mundo y particularmente los sistemas presidencialistas, porque en los regímenes parlamentarios no tiene razón de ser el juicio político, ya que conlleva el juicio político como sanción la destitución y la inhabilitación, y en los regímenes parlamentarios, se da interpelación, el voto de censura y consecuentemente la separación del funcionario, pero en los sistemas presidenciales está el juicio político.
El artículo 12 de la ley de responsabilidades, que es una ley expedida en el año de 1983, reglamenta los preceptos relativos de la Constitución en este sentido, que son el 108, el 109 y el 110 y alguna otra disposición correlativa en el 114; establece la ley de acuerdo con el artículo 12, tres etapas en el juicio político: La primera que está regulada específicamente en este artículo 12, se refiere al requisito de procedibilidad; la segunda corresponde a la Sección Instructora y al pleno de la Cámara de Diputados y; la tercera al Senado. Aquí quisiera, con el riesgo de extenderme pero creo que ya que otros abusaron de la tribuna me concederán el derecho de hacerlo también.
Quisiera acotar una intervención de algún diputado que me precedió, en el sentido de que no son las comisiones unidas las que continúan el procedimiento, creo que no es correcto en ese sentido en cuanto a los gobernadores, porque se hizo un especial énfasis en que ellos no están sujetos más que por tres causas y hay un tratamiento especial que establece la Constitución de que la resolución que se pronuncie en el juicio político será simplemente declarativa y se remitirá a la legislatura del estado para que resuelva lo que corresponda, pero eso no quiere decir que no deban intervenir la Sección Instructora ni que tampoco deba
intervenir el pleno de la Cámara de Diputados, porque desde ese punto de vista en este tipo de procedimientos para los gobernadores, magistrados superiores de justicia de los estados y legisladores locales, bastaría la simple intervención de las comisiones unidas para que el asunto, sin llevar una declaratoria de la Cámara de Diputados, fuera a dar a la legislatura local, para que se resolviera lo que corresponda.
Lo que tal vez sería cuestionable es si debe intervenir el Senado o no, porque el Senado es el jurado de sentencia y es el que aplica la sanción y si en el caso constitucionalmente no puede ser sancionado por el Congreso de la Unión o un gobernante local, resultaría tal vez ocioso que fuera a dar al Senado en esta tercera etapa, lo cito esto nada más como un punto de aclaración, aunque podrían haber opiniones en un aspecto y opiniones en otro.
El artículo 12 de la ley introduce esta primera etapa y tal vez las vicisitudes políticas aun a niveles individuales marcan los pasos de los hechos y que luego tal vez no justifican actitudes posteriores, porque el artículo 12, como la mayor parte de esta ley, fue redactado por el licenciado Samuel del Villar, que en aquella época era un destacado priísta y que ahora es de otro partido, a lo mejor lo que sustentaba como priísta ya no lo sustenta como perredista en el ámbito de la ley...
El C. Presidente: - Permítame, diputado. Les voy suplicar atentamente a los miembros de la Permanente que guarden el respeto que requiere el desarrollo de la sesión, a cada uno de los oradores que hacen uso de la palabra estaremos atentos para que se cumpla la ley, el reglamento y el respeto que nos merece cada uno de los legisladores, si alguno quiere hacer uso de la palabra, está en su derecho y estaré atento de darle el turno correspondiente. Prosiga, diputado.
El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas.: - Dice así el artículo 12: "Cualquier ciudadano bajo su estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular por escrito denuncia ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el artículo 7o. y por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales por las que determina el párrafo segundo del artículo 5o."
Ya se ha insistido aquí que el artículo 5o. establece tres causas: "mal manejo de recursos federales; violaciones graves a la Constitución y; violaciones a las leyes federales", ni siquiera procede el juicio político por las causales que invoca el artículo 7o. de la ley para todos los servidores públicos del ámbito federal, sino está concretado específicamente a tres causales: "mal manejo de recursos federales, violaciones graves a la Constitución y violación a las leyes federales"; continúa diciendo el precepto: "presentada la denuncia y ratificada dentro de tres días naturales, se turnará de inmediato con la documentación que la acompañe, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o., así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento, termina diciendo: Una vez acreditados estos elementos, la denuncia se turnará a la sección instructora de la Cámara."
Es curioso cuando como conviene a una interpretación se sustenta una tesis y cuando conviene a otra se sustenta otra; en uno de los juicios políticos que ha tocado conocer a esta legislatura ya dentro de lo que podríamos llamara "la paranoia de los juicios políticos", se afirmó por los mismos denunciantes, aunque en aquella época estaban en otro partido, que no necesitaban presentar ningún elemento de prueba, que las pruebas debían recibirlas las comisiones unidas, ahí se alegó que la obligación de presentar las pruebas es con la denuncia y que las pruebas que se requieran instruir adicionalmente deben recibirse en la Sección Instructora, fue también producto de un larguísimo debate sobre el particular, específicamente fue en el juicio intentado contra el licenciado Petricioli, ahí están las grabaciones sobre el particular y aquí está el propio texto del proyecto donde se habla de este incidente sobre las pruebas, donde se insistía que las comisiones unidas mandaran recibir unas pruebas para poder determinar si era procedente o no la acusación, ese fue aquel caso.
Ahora en éste se presentan unas pruebas y se pretende que no se valoren, pues en qué quedamos, ¿no querían que se valorara en aquél y además se exigía y se reclamaba que se mandara recibir mayores pruebas?, y ahora que presentan sus pruebas y que se les valora también, ¿no está correcto?, pues entonces cuál es la interpretación que le corresponde a este precepto, ya en otra ocasión lo mencionaba yo de una redondilla de Sor Juana: " opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana"; señores, seriedad de interpretación, no acepto interpelaciones ni preguntas.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):- ¿Le pregunta usted, señor Presidente, si me permite una pregunta al orador?
El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - No acepto preguntas.
El C. Presidente: - El propio diputado había señalado en la tribuna que no acepta preguntas, diputado.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul). - Quería preguntar si...
El C. Presidente: - Ya el ciudadano diputado ha expresado, el orador en tribuna que no acepta interpelaciones y le suplico muy atentamente, usted que conoce la ley, el reglamento, en razón de respeto a su investidura, de los derechos que tiene, del respeto que nos merecen todos, le pido atentamente que se conduzca de conformidad con el ordenamiento. Continúe, señor diputado.
El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - No es posible emitir un dictamen de procedencia o de improcedencia si no se analizan aunque sea de una manera preliminar, los documentos presentados, como lo dice específica y claramente el precepto, para poder determinar si hay lugar o no ha iniciar el juicio.
Desde luego esto no implica ni que se esté responsabilizando ni que se esté exonerando, simple y sencillamente que se cumplan los requisitos de la ley, si la Constitución en este caso exige que el juicio pueda abrirse, eso se entiende por incoar, aunque resulte una mala palabra, según se dijo aquí; para que se inicie el juicio las comisiones unidas deben determinar si procede, esto es requisito de procedibilidad y, ¿cómo tienen que hacerlo?, analizando, como lo dice aquí la ley específicamente, los elementos de pruebas exhibidos.
Primera causa que se invoca en el texto de la denuncia: "mal manejo de recursos federales", debió haberse acreditado que se trata de recursos federales, ya si es mal o buen manejo tendrá que probarse durante la Sección Instructora, pero es un requisito sin que non para que pueda abrirse el juicio que se acredite uno de los extremos esenciales.
Y en la entrevista de prensa que tuve ayer así lo dije categóricamente y lo reitero, no estamos hablando ni de mal ni de buen manejo, sino estamos hablando de que no hay pruebas de que se trate de recursos federales e independientemente de la discusión sobre si se trata de copias fotostáticas o no, que ante una objeción del diputado Gómez, en el seno de las comisiones, tomé como buenos los documentos e hice ver que no es el tema a discusión; el tema a discusión, si estos documentos prueban si se trata de recursos federales o no y el propio texto de la denuncia dice que no, porque está confundiendo lo que es una participación federal con lo que es un recurso federal y permítanme explicarles por qué:
Esta causal fue introducida a partir de la reforma de 1982 y que entró en vigor en el año de 1983, porque a partir de los setentas se vino estableciendo una práctica entre la Federación y los estados de estar transfiriendo recursos federales para las obras de la Federación bajo la administración de los estados, de las autoridades o gobernantes de los estados, de ahí surgieron en la historia de este manejo de recursos federales por los gobernadores, de aquellos convenios que primero se llamaron Puc y que ahora se llaman Cuc y que a través de la reforma constitucional se homologaron en el artículo 115 constitucional y que después se trasladó en forma posterior al 116: El manejo de los gobernantes de recursos transferidos por la Federación, sin embargo en la denuncia y en el seno de la subcomisión se discutió ampliamente este tema y se hizo notar que no debemos confundir una participación federal, que es un recurso propio del Estado, aunque se origine en la Federación, con el recurso federal que maneja el gobernante por transferencia de recursos.
Esto fue, compañeros, lo que se analizó y se discutió en el seno de ese larguísimo debate de cinco horas y los propios perredistas admitieron: no hay prueba fehaciente de que sean recursos federales, pero tampoco la hay de que no lo son; podría justificar en alguien que no sea abogado esta temeraria afirmación, pretende llevar al campo del derecho, probar lo negativo, solamente el que afirma está obligado a probar o cuando a su afirmativa implique una negación, así lo establecen las reglas antiquísimas del derecho y esto es estricto derecho y en estricto derecho estamos actuando.
De ninguna manera puede sostenerse que hayamos exonerado de responsabilidad al señor gobernador por el manejo de esos fondos, sino se dijo y lo repetí, en todo caso quien debe aclararlo es el gobierno del estado de Guerrero y por las vías que procedan, pero para los efectos de la acusación de un juicio político debió haberse acreditado como elemento sin e qua non de procedibilidad que el mal manejo de fondos que se está atribuyendo a este funcionario es un manejo de fondos federales y las participaciones federales, ni aquí ni en ninguna parte son recursos federales.
La ley de Coordinación Fiscal de 1980 que dio el brusco giro en relación a como se venían manejando estas situaciones con anterioridad desde la primera Ley de Coordinación de los años cuarenta, dio el cambio brusco de las participaciones específicas en impuestos especiales a un porcentaje
de reparto que se rige por las bases que establece esta propia ley en la cual intervienen los gobiernos de los estados con porcentajes; lo dije en aquella ocasión y lo sostengo en ésta, no es el momento de discutir si el sistema de coordinación fiscal es bueno o malo, pero es el que nos rige y los estados, la mayor parte de sus ingresos son por participaciones federales y en algunos estados hay porcentajes que exceden del 90%, pero son recursos de los estados que vienen como consecuencia de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por que ya los estados, por virtud de este nuevo sistema no tienen impuestos propios, fueron derogados para que pudiera surtir efectos el Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos de carácter federal y en vez de participar los estados como era en otra ocasión sobre bosques, sobre minas, sobre cerveza, sobre cerillos, sobre petróleo, vinieron a incluirse en el Sistema Nacional de Participación Fiscal y esos son los ingresos de los estados que vienen por la vía de la participación, pero no son recursos federales, son recursos estatales, como también los que reciben los municipios en los cinco fondos que se consignan en esta ley son municipales aunque provengan de la Federación y se canalicen por conducto de los estados.
Interpretarlo de otra manera es negar toda la esencia del federalismo en este país que ha tratado de ser cuidadoso con este sistema que vino a conseguir, después de 160 años, la uniformidad del sistema fiscal nacional.
En cuanto a la otra imputación de violaciones graves de la Constitución, se analizaron detenidamente las numerosas probanzas que fueron exhibidas y se llegó a la conclusión de que no se imputaban los hechos directos, acontecimientos, sucesos, no apreciaciones, calificaciones o conjeturas sino que únicamente existían dos documentos provenientes directamente del gobernador, que se trataba de dos cartas publicadas en el periódico La Jornada y que fueron leídas completas, no fuera de contexto ni solamente en párrafos aislados.
Por eso es que el grupo de los que estábamos ahí llegamos a la conclusión a nivel de opinión, para la formulación de un proyecto de dictamen que no se ha formulado, está en vías de hacerse, para lo cual se citó para su discusión por vía de anteproyecto el viernes próximo a las 11:00 de la mañana; con todo respeto quiero hacer notar que no admito ni acepto de ninguna manera que se me califique, como también a mis compañeros, de violador de la ley.
Creo que la explicación que he dado es clara, la ley no puede interpretarse más que bajo esos tres requisitos y con los antecedentes que han mediado ya en esta propia legislatura, en donde bien o mal, pero es el criterio que ha imperado, se ha interpretado en el artículo 12 de la ley en el sentido en que lo hemos pretendido aplicar, a nivel de opinión. Esto es lo que ha sucedido, señores ,ésta es nuestra verdad, podrá no estar dentro de lo correcto, pero ha animado una absoluta seriedad en este trabajo, independientemente de las calificaciones subjetivas, hirientes, lastimantes, que se han expresado en esta tribuna y que injustamente se nos han pretendido atribuir. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Leonel Godoy Rangel: - Muchas gracias, señor Presidente: Lamentablemente, en virtud de que el diputado Lanz Cárdenas, no me dio oportunidad de hacerle una pregunta conforme a una posición de él que respeto, de no concederla, yo señalé que mentía, pero no lo hice en sentido peyorativo, y a eso es a lo que vengo y les ruego pues, sean solidarios con la necesidad de nuestro partido de sostener jurídica y políticamente nuestras afirmaciones que debatimos aquí en la tribuna; creo que ésta ha sido una posición que reiteradamente he sostenido aquí, de que no son asuntos personales, y por eso no lo hice en ese sentido, y es la explicación para esta comisión y para el diputado Lanz Cárdenas, al decirle que mentía, no es un asunto personal sino que mentía jurídicamente; en cambio, las afirmaciones de él en contra de Samuel del Villar, pues sí son personales y ojalá hubiera oportunidad para que las refute.
Me parece que hay un planteamiento falso, equivocado en toda la argumentación del preopinante, pues olvida algunas reglas elementales que en todo caso él y yo como abogados sí conocemos, que debieron de haberse señalado en su intervención, como lo hemos señalado nosotros.
Es cierto que los órganos colegiados, incluso los jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelven, elaboran sus resoluciones sobre votación, es necesario; lo que no se dijo, es que en la Cámara de Diputados, las comisiones y las subcomisiones siempre son integradas con una mayoría prefabricada de diputados priístas, siempre, siempre, no ha habido un solo antecedente, un solo procedente en esta Legislatura, donde las comisiones o las subcomisiones no estén integradas mayoritariamente por la posición política.
¿Alguna vez se ha utilizado otro criterio para integrar una comisión, que en este caso son
órganos de interpretación de derecho, que no sea el sentido de siempre, mayoritear en esos órganos colegiados?, quisiera que me dieran un caso, por ejemplo, en donde se hubiera utilizado la insaculación para garantizar una integración de diputados, quien fuera, en ese grupo colegiado que tendría que resolver; jamás, siempre se ha resuelto sobre número, 12 del Partido Revolucionario Institucional, cuatro el Partido Acción Nacional, dos el Partido de la Revolución Democrática y uno, uno y uno, ese ha sido reiteradamente el criterio que no tiene nada de jurídico y éste es el fondo que siempre hemos debatido en relación a la integración de comisiones o subcomisiones o grupos de trabajo al interior de la Cámara de Diputados.
Yo creo que sí se tiene temor, a que llegado el caso resolviera un órgano imparcial, utilizando por ejemplo la insaculación, que garantizaría esa imparcialidad y ese estricto apego a derecho, se tiene el temor de que no se cumplan los criterios que siempre deben de prevalecer del Partido Revolucionario Institucional, ésta es una cuestión que no dijo el diputado Lanz Cárdenas.
También por lo mismo, y reforzado por esta integración previa mayoritaria priísta, siempre hemos sostenido, porque además así es, también en los órganos colegiados imparciales no partidistas, como los órganos jurisdiccionales, salas o tribunales, que las disposiciones legales no se votan, ésta también ha sido reiterada nuestra posición, quizá en ese sentido sí, por un instinto de defensa del mayoriteo constante que tenemos, no nada más nosotros sino toda la oposición.
Afirmar que en estas comisiones prefabricadas con mayoría priísta que siempre defenderán el criterio priísta, no se deja en estado de indefensión porque ahí se discutió, se debatió, es no centrar jurídicamente el problema; nosotros no hablábamos de estado de indefensión porque ahí no se debatió. El diputado Gómez, sin ser abogado, gráficamente señaló con claridad cuál es el problema del estado de indefensión, ¿cuándo?, sin entrar a la litis, una de las partes denunciante o denunciado, se le afectan sus derechos sin posibilidades de defenderse, esto está reconocido constitucionalmente; en este caso nos perjudica a nosotros esta señal, como lo dijo el diputado del Partido Acción Nacional, que está andando en la subcomisión, pero también como lo dijo el diputado Gómez, podría haber perjudicado al denunciado. Ingenuamente estamos pensando que así pudiera haber pasado, si no hay disposición, como ya lo hemos reiterado, de un interés faccioso en este sentido, si no lo hay no puede haber cumplimiento de la ley, siempre así se interpreta cualquier acción que intente la oposición.
Claro que sería el colmo que también, aunque sí está ocurriendo en Michoacán y Guerrero, se vea en el partido político del denunciante, esto ya es llevar a sus extremos de politización el estado de derecho en México.
Nosotros presentamos una denuncia legal por el atraco electoral el 2 de julio en Michoacán en contra del presidente de la Comisión Estatal Electoral, en virtud de que consideramos que usurpaba funciones, jamás se le ha dado trámite a esta denuncia, como conforme a derecho debió haberlo hecho la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, ¿por qué? Porque está politizada, ya estamos llegando a estos extremos en este régimen, en estos momentos del supuesto régimen de derecho que vivimos; entonces, para afirmar nosotros que se deje en estado de indefensión a una de las partes, es en virtud de que sin haberse establecido la litis, esto es, que sin que entre a la etapa procesal de aportar pruebas de cargo y de descargo, las partes puedan probar su dicho, es a lo que nos referimos cuando señalamos que nos dejan en estado de indefensión, y lo pudo haber dicho válidamente el denunciado.
Creo y sostengo que la disposición del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, han permitido a la mayoría priísta sostener un criterio que todos los abogados debemos de combatir, porque genera un estado de impunidad hacia los funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político en este país; sostener ese criterio contrario a la disposición clara, nítida, como en su momento lo voy a señalar del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es precisamente impulsar este estado de impunidad, que en el caso del titular del Ejecutivo llegue actualmente a aberración, conforme incluso a lo dispuesto por el diputado Lanz, de que el origen del juicio político es presidencialista porque en México la Constitución prohibe el juicio político contra el Presidente, esto resulta pues el extremo de esa aberración, de ese sentido político del juicio.
Nosotros debemos estar en contra y combatir y lo haremos, de esta aberración jurídica, ya que el criterio que sostiene la mayoría priísta de que probemos en la presentación de una denuncia de juicio político, a nuestro dicho, cae por su propio peso en el contenido de esa afirmación, es absurdo en cualquier régimen de derecho que al presentar una denuncia, se quiera que se pruebe lo dicho, porque ya lo comenté, no se ha establecido la litis, no estamos las partes en igualdad de condiciones jurídicas para sostener nuestro punto de vista conforme a la ley; entonces, sostener que con la denuncia de juicio político se pruebe lo
dicho, es sostener una aberración jurídica que nada tiene que ver con nuestro estado de derecho.
Lo que ocurre es que sigue creyendo que abrir una instrucción es condenar irremediablemente al denunciado, y eso es falso, falso de toda falsedad; en un estado de derecho los accionadores, los sujetos de acción son responsables ante la ley y de responder ante ella, fincársele responsabilidad al imputador falso, pero también en su caso, fincársele responsabilidad al denunciado. Nosotros no podemos estar por eludir esta responsabilidad que es nuestra, porque es violar la ley, y aquí me voy a referir precisamente al artículo 12.
Importa lo que comentó el diputado Lanz Cárdenas en relación a mi planteamiento, de que no se pueden ni se deben de valorar los elementos de prueba que establece como requisito de procedibilidad el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos; efectivamente, yo me referí a tres materias: La civil, la mercantil en su vía ejecutiva y la Ley de Amparo.
El propio argumento del diputado Lanz Cárdenas refuerza lo que está establecido en el artículo 12, él mismo dice, cuando se presenta un documento base de la acción, que es igual en materia civil en los juicios ejecutivos mercantiles; la base de la acción puede ser un contrato, lo único que tiene que verificar el órgano es que se le presente ese contrato base de la acción, no analizar si es falso el documento o verdadero, o si contiene hechos reales o falsos, simplemente tiene que verificar que se le entregue ese documento base de la acción que sería un contrato de arrendamiento por ejemplo; y en el otro caso, aquél dado de los juicios ejecutivos mercantiles, lo único que tiene que verificar el órgano, el tribunal, es que sea un pagaré, una letra de cambio, un cheque u otro de los documentos que la ley respectiva establece, nada más, no si su contenido es real, no si contiene una deuda cierta, no si es falso o no, ese no es cierto en derecho, y desde el primero de la facultad lo sabemos; presentar, y fíjense que así se dice la ley en el artículo 12, efectivamente como usted mismo lo dice, diputado Lanz Cárdenas, presentar el documento base de la acción, no valorarlo si es falso o si está alterado, si tiene hechos reales o si contiene datos equivocados, simplemente la presentación.
Obviamente hay otros requisitos de procedibilidad que también en esas leyes y en esta ley establece el 12, que en su momento me voy a referir, por eso, por eso también en el caso de juicio de amparo, el sujeto accionador debe de acreditar su interés jurídico; los campesinos sólo tienen que acreditar eso en un juicio de amparo en materia agraria, que son campesinos peticionarios de una ampliación de ejido, por ejemplo, ya después se verá si tienen o no más tierras y que por lo tanto no entran entre los sujetos que señala la ley en materia agraria, para tener derecho o no a una dotación ejidal o ampliación, pero antes no.
Esto es lo que dicen todas las leyes, y por eso lo afirmé y lo sostengo, que ningún sistema procesal en México permite la valoración de los elementos de prueba que debe de acompañar uno en su acción al ejercitar; creo que he sido, me da la impresión que claro, en este sentido para que no quede lugar a dudas. Ahora vamos a leer el artículo 12 y qué decimos nosotros en nuestra denuncia; dice el artículo 12:
"Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad cualquier ciudadano entre ellos su servidor, ciudadano en pleno goce de mis derechos constitucionales, presentamos la denuncia mediante la presentación de elementos de prueba, presentación, esos elementos de prueba que deberán valorarse en la instrucción, fueron: La nómina del gobierno del estado sobre gastos de comprobar y de vales y documentación electoral y cartas personales gobernador de Guerrero."
Entonces ciudadanos, somos los presentadores de la denuncia o denunciantes, aportamos, presentamos elementos de prueba, lo estoy señalando, podrán formular por escrito denuncia ante la Cámara de Diputados, pues nuestro escrito lo leímos aquí, es bastante extenso, por las conductas a que se refiere el artículo 7o. de la ley.
Los que conocemos la ley sabemos que el artículo 7o. hace referencia a una atribución que señala el artículo 6o., que menciona directamente los sujetos de juicio político que señala el artículo 15 y así lo dijimos, fíjense, de la denuncia que presentamos dice: "denuncia en contra del ciudadano José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del estado de Guerrero por conductas ilícitas previstas en los artículos 108, párrafo tercero y 109, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 5o., párrafos segundo y séptimo y 7o., fracciones equis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos"; este requisito también lo cumplimos, y lo cumplimos por el siguiente párrafo, ya que dice expresamente: Por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales, por la que determina el párrafo segundo del artículo 5o.
Efectivamente así lo dijimos, aquí lo estamos diciendo, "en relación con los artículos 5o., párrafo
segundo de la ley " en la cabeza de nuestra denuncia y ratificada, tenemos la ratificación al otro día de que nos recibió la Oficialía Mayor no a los tres días como dice al segundo día, dentro de los tres días naturales se cumplió, se turnará de inmediato con la documentación que lo acompañe, documentación que lo acompañe, y aquí viene la aclaración, diputado Lanz Cárdenas, en relación a lo de Gustavo Petricioli.
Nosotros creímos cumplir con todos estos requisitos cuando presentamos la denuncia de juicio político contra Gustavo Petricioli, pero ustedes nos dijeron que los documentos que acompañábamos eran fotocopias, incluso algunos ni estaban firmados o no sabían a quienes correspondían esas firmas, ese fue el criterio de ustedes, y nosotros dijimos: Bueno, entonces solicito a las autoridades respectivas la documentación que ustedes consideren necesaria, ese fue el criterio que sostuvimos en esa ocasión, no que acompañáramos pruebas sino que los documentos, porque aquí lo dice y así lo dice nuestro dictamen que apareció, nuestro proyecto de dictamen que apareció en la prensa los documentos que acompañamos para nosotros son los elementos de prueba que señala el encabezado, pero si ustedes lo consideraban violando la ley al valorar que no lo eran, pues solicitaran, ya que la mayoría era la que podía decidir si comparecían o no si se les solicitaba o no documentos a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional de Valores en ese tiempo, pero nunca sostuvimos otro criterio acompañamos nuestros documentos firmados unos por Petricioli, otros firmados por el procurador, otros firmados por el Agente del Ministerio Público, otros firmados por el presidente de la Comisión Nacional de Valores, entonces sí acompañamos documentos, lo que pasa es que ustedes decían que ésos no eran probatorios, no eran pruebas, primero porque eran fotocopias, efectivamente muchos eran fotocopias, pero eso alegamos que era ya función del período de instrucción.
Eso fue lo que dijimos, y por eso dije que mentía en ese caso, porque jamás sostuvimos otro criterio y ahí está nuestro proyecto de dictamen en lo particular que presentamos y lo publicamos en los diarios nacionales, ahí está; se turnará de inmediato con la documentación que acompaña a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para que dictaminen, yo creo que en esto estamos de acuerdo que estamos esperando un dictamen en las comisiones unidas, y que debe versar sobre tres cuestiones: Si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en aquellos preceptos.
Fíjense como en nuestro estado de derecho nada se inventa, cuando se exige se libre una orden de aprehensión, se señala que el delito merezca pena corporal y entonces uno tiene que mencionar el delito, por ejemplo lesiones y el artículo respectivo de la ley, nada más, no probar que existen las lesiones simplemente el artículo y la conducta que atribuimos para ver si se adecúa o no al tipo penal que estamos señalando, así también lo dice este artículo; esa es, esos son los alcances de esta disposición, si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos, ¿cuáles preceptos? El 108, el 7o., y el 5o., el 108 de la Constitución, y el 5o. y el 7o. de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, esto es lo que dice el artículo 12, no otra cosa, aquí no se trata de valorar si es cierta o no esa conducta, como en las órdenes de aprehensión, nosotros debemos de pedir el... el Ministerio Público debe de pedir nada más, debe de decir en su solicitud para que se gire una orden de aprehensión, si es un delito que merezca pena corporal, no si se dio o no el delito, entonces basta con señalar la conducta o lesión y el artículo, el 215 del Código Penal así lo señala.
Bueno, eso lo cumplimos, señores, estamos diciendo la conducta, uso indebido de fondos o recursos federales y violaciones graves a la Constitución, artículo 108 constitucional, párrafos segundo y tercero, y artículo 5o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, párrafo último, eso estamos diciendo, conducta y artículo, esto es lo que dice esta disposición que debe de contener el dictamen.
Si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de la ley, ya sabemos que los gobernadores están en este caso, con una disposición específica en materia de juicio político por el órgano legislativo federal, que como lo dijo el diputado Lanz Cárdenas, tiene efectos declarativos, pero esto no quiere decir que no se cumplan sus fases, independientemente si como órgano de decisión la Cámara de Senadores tenga o no razón de existir, pero deben de cumplirse efectivamente sus tres fases: La ventanilla de trámite que son las comisiones unidas, la inspección instructora que es la Cámara de Diputados a través de una comisión que se nombre ad hoc para eso, o que ya está nombrada, y la Cámara de Senadores para que resuelva.
Esto es lo que dice si son o no sujetos de juicio político, creo que tampoco queda duda de que Ruíz Massieu, es gobernador no si es culpable y si procede el juicio político, no, nada más si entra en los supuestos de los sujetos de juicio político; Ruíz Massieu gobernador constitucional de
Guerrero, y por lo tanto, entra en lo dispuesto con el artículo 110 de la Constitución y en el 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esto dice el artículo 12, y por último, esto es muy importante, es muy importante porque es lo que han querido desvirtuar, así éste sería el tercero, es el resolutivo, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento.
Bueno, pues para ver si la denuncia es procedente, se tienen que tomar sólo en cuenta los elementos anteriores, no se pueden tomar otras extradocumentales, o como dijera alguna vez el maestro Martínez Báez, que lo que no obra en el expediente no existe en la vida jurídica, pues aquí es válida esa afirmación que en aquel tiempo sí la aceptaron.
Efectivamente, efectivamente esto es lo que quiere decir, si la denuncia es procedente sobre la base de haber cumplido o no los requisitos de procedibilidad, no sobre la base si debe de valorar y resolver si es inocente o culpable o si manejó o no manejó fondos públicos; luego dice: Una vez acreditados estos elementos, la denuncia se turnará a la sección instructora de la Cámara, eso estábamos pidiendo en nuestra denuncia. Concluye diciendo: "las denuncias anónimas no producirán ningún efecto", esto es precisamente en virtud de su señalamiento constante, diputado, de que no se valen denuncias triviales y que luego se le pueda fincar responsabilidad al autor, por eso las denuncias anónimas no proceden de entrada.
¿Qué quiere decir esto?, nosotros afirmamos que Ruíz Massieu es sujeto de juicio político, afirmamos y presumimos que realizó conductas que lo hacen responsable y por lo tanto, en su momento procesal respectivo estamos solicitando se les destituya del cargo y se le inhabilite hasta por 20 años de cualquier función pública, pero ésta es nuestra presunción, la primera sí es nuestra afirmación.
Y aquí viene otra equivocación jurídica, compañeros diputados priístas y abogados, lo dispuesto en el artículo 108, párrafo tercero, que se los voy a leer, discúlpenme, pero es necesario, creo que es de interés nacional, dice: "párrafo tercero. Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, serán responsables, "serán responsables, esto es muy importante, serán responsables "por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos", fíjense, serán responsables.
El supuesto del artículo 108 es para condenar, no es para resolver si es un requisito o no de procedibilidad; si hay mal manejo de fondos federales, pues obviamente debe estar en el supuesto y sancionar en términos políticos, con destitución y/o inhabilitación del cargo, pero no presumir que si son o no fondos federales o si porque son recursos propios o no lo son, porque son transferencias o no lo son, no proceden incoar el procedimiento y está repetido en el artículo 5o.
No los quiero cansar más en este sentido, entonces, en lo dispuesto en el párrafo tercero del 108 constitucional es materia ya de sentencia; lo otro, valorar si son o no recursos federales, que por cierto aquí me entregaron, en relación a la afirmación del diputado Lanz Cárdenas, de que las participaciones a estados y municipios no son fondos federales, yo les quiero decir que aquí tengo un cuadro que dice: "gasto del sector público presupuestario 1987- 1988, miles de millones de pesos", luego aquí está, entre otras cosas aparte de la cuenta corriente, cuenta de, capital, intereses, comisiones y gastos de la deuda, participaciones a estados y municipios, pero esto no es el fondo, nada más lo quiero acotar, no es el fondo, no quiero regresar al ejemplo de la presentación del documento base de la acción que el propio diputado Lanz Cárdenas dio, para ya no hacer más agotada esta intervención.
Por último, señalar que quien afirme está obligado a probar, hacerlo fuera de contexto es otra falsedad; efectivamente, quien afirma está obligado a probar, efectivamente, pero en el período procesal respectivo, que en este caso, conforme al 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, es la sección instructora, ahí se señala el ofrecimiento y desahogo de pruebas y los términos y los sujetos que deben de hacerlo, ahí está, éste es el sentido de nuestra interpretación que no tiene nada de subjetiva de la decisión que un grupo priísta, porque la posición del Partido Acción Nacional, la diputada Patricia Garduño por cierto tuvo una excelente intervención y están diciendo que no estuvieron de acuerdo con esta decisión priísta, y ésta es la verdad de cómo se está desarrollando y sosteniendo un criterio por esta Legislatura, que está generando un estado de impunidad que es un elemento más del partido de Estado que procedemos en este país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones personales, el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con el permiso de la presidencia; señores legisladores: Se ha dicho que el sofisma
es el homenaje que rinde la falsedad a la verdad; en realidad a través de tortuosas interpretaciones se puede llegar a diferentes conclusiones.
No quiero insistir en la interpretación del artículo 12 creo que han quedado fijadas muy claras las posiciones de interpretación que sustentamos nosotros y las que sustentan, con todo respeto pero que no comparto, los diputados del Partido de la Revolución Democrática; aprecio en lo que vale la honestidad del señor diputado Leonel Godoy de hacer la aclaración de que no me acusaba de mentiroso.
Efectivamente, podemos discrepar en muchas cosas, aquí se hablaba de que la integración de las comisiones se hace de una manera prefabricada esto es propio de las democracias, inclusive podemos constatarlo en el análisis de las leyes que regulan los procedimientos parlamentarios de todos los países, y vemos que al integrarse las comisiones se integran en función de su representatividad; tenemos a la mano si se pone en duda, la legislación española que tengo allá en el portafolio consecuentemente rechazo que esta manera de integrar las comisiones obedezca a propósitos "oscuros"
En relación con lo que se sustentaba del juicio político que se denunció, me voy a permitir leer solamente un fragmento del dictamen que se emitió el 1o. de marzo de 1989, y que hace alusión a este manejo de las pruebas a que hacía referencia el preopinante, y que yo mismo también mencioné; dice así.
"3o. Se niega el desahogo de las pruebas documentales ofrecidas y que están referidas a averiguaciones previas y a un proceso penal, seguido en contra de algunos funcionarios de casa de bolsa, ya que el procedimiento está sujeto al contenido del artículo 12 de la Ley, que es un momento en que las comisiones unidas analizan la procedencia de la acción que ejercitan los denunciantes sobre la base de tener a la vista el texto de la denuncia presentada y las pruebas documentales exhibidas, y concluye con declarar si ha lugar o no a incoar el juicio político, etapa totalmente ajena a los momentos de investigación, persecución, instrucción y acusación. En la misma hipótesis anterior se encuentra fundada la negativa de aceptar las pruebas documentales que se pretendieron presentar en el transcurso del desarrollo de las audiencias celebradas.
4o. Por lo que respecta a las comparecencias solicitadas de algunos ex funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, se debe estar para su no aceptación al hecho mismo que se invoca en el punto anterior, en el sentido que no es el momento procesal para su desahogo aquél en el que se está calificando la procedibilidad de la denuncia, agregado a lo anterior de que una sana interpretación de los textos constitucionales y su reglamentación correspondiente, el número de funcionarios se encuentra reducido a un total enunciado expresamente y además es facultad sólo del pleno de la Cámara el ordenar se giren citatorios para requerir la presencia de los servidores."
Este fue el criterio que se sostuvo, que se volvió a reiterar en dos casos subsiguientes, y es el criterio que el suscrito y mis compañeros hemos seguido; bueno o malo, pero es nuestro criterio y no tenemos, yo respeto la verdad de los demás, pero empiezo por respetar mi propia verdad.
Se ha dicho también que debe de darse la intervención al analizar las pruebas al denunciado, resultaría un absurdo realmente que se violara la garantía de un denunciado por el hecho de que no se acepta una denuncia en su contra, esto es obvio que debe de dársele intervención cuando se abre el juicio, y es cuando se le hace saber la acusación y tiene todo el derecho de probar lo que convenga a sus intereses, pero no abrir la garantía de audiencia antes de que haya un acto de decisión que pueda afectar al denunciado, esto me parece una interpretación que no es admisible.
No acepto el objetivo de "aberrante" que se utilizó aquí en la tribuna respecto a una interpretación, porque aberrante es lo que es confuso y no puede ser confuso lo que es claro, y la ley es clara y la interpretación que se le ha dado también, luego no podemos estar ante situaciones aberrantes.
No coincido con la apreciación que se hizo aquí en la tribuna, de que no procede el juicio político contra el presidente de la República, en su amplia acepción de la palabra; el juicio político deriva del empechment inglés, el que no procede es el "empechment" americano, que no tiende más que a la destitución y a la inhabilitación, pero el "empechment" inglés, que es el antecedente remoto del juicio político en donde se imponen sanciones, sí procede respecto del presidente de la República, pero por las causas limitativas que la propia Constitución señala: Traidor a la patria, delitos graves del orden común; no es declaración de improcedencia, porque en ese caso acusa la Cámara de Diputados y sentencia la Cámara de Senadores en los términos del Código Penal y así lo dice expresamente la Constitución.
Hechas estas aclaraciones, dejo por reproducidos los argumentos sobre la interpretación del artículo 12.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez (Desde su curul): - Señor presidente, quisiera que
me permitiera el uso de la palabra para aclarar un punto de lo que dijo el diputado Lanz.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores legisladores: Con las disculpas de la hora, yo quisiera decir solamente que nosotros trajimos este asunto hoy aquí, porque las sesiones de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia no son públicas, nosotros hemos propuesto en otras ocasiones cuando el Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente, que se hicieran públicas, pero eso no prosperó y como el Reglamento no acepta que sean públicas a menos de que así lo decida la propia comisión y como estamos en minoría en las comisiones unidas, pues ya sabemos cuál será el resultado, pero este asunto tiene que ventilarse abiertamente, públicamente, por eso trajimos nosotros este punto el día de hoy a la Comisión Permanente, estoy dando la explicación unos días antes de que se reúnan las comisiones unidas, en donde se va a repetir en gran medida esta discusión, este debate, solamente quiero hacerle una aclaración al señor diputado Lanz.
La idea de que el período de probanza, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no es en comisiones unidas, ni se puede abrir, es correcto, nosotros nunca hemos combatido esa idea, nosotros lo que planteamos en el caso de Petricioli, es que al impugnarse como se impugna ahora, como se pretenden impugnar ahora los elementos de prueba que nosotros presentábamos, fueran a los originales y si sospechaban que nuestros elementos de prueba eran espurios, pidieran al Ministerio Público las constancias respectivas, que no teníamos ni podríamos tener, pero nada más.
Consecuente con la idea legal de que el período de instrucción es al mismo tiempo el período en que debe desahogarse la presentación de pruebas, nosotros estamos contradiciendo lo que dice el diputado Lanz, porque el señor diputado Lanz pretende al descalificar un elemento de prueba presentado, sin tener la autorización y la autoridad legal para hacerlo de acuerdo con la ley, declarar improcedente la denuncia, pero el elemento de prueba que se presenta, sea válido o no para la consecución del fin para el cual fue presentada, no es una facultad de comisiones unidas, consecuentemente con lo que él mismo ha dicho, si así fuera, pues simple y sencillamente la ley hubiera sido hecha para impedir la procedencia de cualquier denuncia.
De acuerdo con lo que dice el diputado Lanz, es imposible que ninguna denuncia proceda, la única forma en que pudiera proceder, quizá de acuerdo con este criterio tan curioso y tan chistoso, es la confesión, que tampoco funcionaría, probablemente por otras razones, pero si el señor diputado Lanz se ha tomado la libertad de analizar los elementos de prueba que hemos presentado, para ver si con ellos en sí mismos y por sí mismos se concluye que se trata de recursos federales, estableciendo además su criterio de que las participaciones a los estados no son fondos federales, cosa que es rebatida totalmente por la Cuenta Pública y por el presupuesto que la Cámara de Diputados aprueba cada año por sí solo, bueno, entonces yo no sé en qué consiste el derecho, constitucional de los ciudadanos mexicanos de poder presentar denuncia contra funcionarios públicos, para que éstos sean sometidos a un juicio político, porque cuando no es ésta la argumentación es otra, es cualquiera y cuando no es un diputado es otro, es cualquiera, el caso es de que nunca jamás procede denuncia alguna.
Vivimos en un país tan maravilloso, que las denuncias que se presentan de esta naturaleza jamás proceden, nunca, nuestros funcionarios son unas maravillas, no solamente porque jamás violan ley alguna, sino porque cuando alguien dice que las viola, es impotente prácticamente para lograr que su denuncia proceda; ésta es la realidad política y lamentable situación en la que nos estamos encontrando y una discusión, que yo digo que es republicana, no voy a entrar a esa discusión con el diputado Lanz, porque ya se hizo bolas él mismo sobre el asunto, que es el juicio político, queda inexistente en este país.
Yo sostengo y digo, y a las pruebas me remito, ahora sí, como dice popularmente la gente aunque no tenga, desde luego no tiene título de abogado, es que en este país no existe la institución del juicio político, eso es lo importante, no existe, es inexistente, ha sido eliminada en la práctica, no se puede abrir una instrucción, es imposible hacerlo porque todos los funcionarios que pueden ser acusados, excepto uno ahora, son del mismo partido, porque hay una razón de partido que se entiende como si fuera razón de estado, porque existe un impedimento de carácter político que lleva a la violación de la ley, cuando las cosas son tan obvias y me recuerdo a Flores Tapia, Flores Tapia renuncia para evitar el juicio político. ¿Por qué? Cuando Flores Tapia renunció debió haberse proseguido el juicio político, porque no había ocurrido un año de que se había separado de su cargo y la Constitución no distingue la forma de la separación, debió haberse hecho el juicio aunque sólo fuera con el propósito de inhabilitarlo para poder ocupar cargo público
alguno de acuerdo con lo que son las sentencias constitucionales en materia de juicio político, pero se impidió.
Y esta institución es una institución atropellada y eliminada totalmente de nuestra realidad, yo me pregunto: ¿si quién impide que proceda, procediendo una denuncia o responsabilidad política no viola la Constitución? Yo creo que sí es una violación a la Constitución, por cierto que la Constitución, a diferencia de la ley, no dice que deba ser una violación grave de la Constitución, la ley dice grave, pero la Constitución no dice grave, léala.
Pero de todas maneras me parece muy grave una violación para ser, no en esa parte sino en otra, para ser grave nugatoria una institución política, si me parece muy grave y lo menciona la Constitución, atropellar de esa manera el derecho para proteger un interés político.
Yo diría quien procede en la forma en como se pretende proceder, eliminando de plano la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos puedan hacer uso de su derecho a la denuncia, en materia de responsabilidad política, viola la Constitución y deberían ser sometidos también a un procedimiento de juicio político.
En efecto, me adivinó el pensamiento el diputado Montes, sí, sí debería, yo acusé a Gamboa Pascoe cuando era Presidente de la Comisión Permanente del Congreso por haber rechazado en tres oportunidades una denuncia de juicio político, solamente que él no lo hizo con estos seudorrefinamientos que se hacen ahora, él dictó allí en la Presidencia, en Donceles, de la Comisión Permanente del Congreso, por sí y ante sí, el acuerdo rechazando, no dándole trámite a la denuncia contra el gobernador de Coahuila, Flores Tapia; y se negó en otras dos ocasiones posteriores, a darle el trámite; en esa época no existía la actual Ley de Responsabilidades, había otros procedimientos, había delitos oficiales, faltas oficiales, etcétera, y ahí mismo él rechazó; yo presenté una denuncia para juicio político por violaciones a la Constitución contra Gamboa Pascoe, por haber rechazado lo que es un derecho constitucional de todo ciudadano, de poder presentar denuncia contra altos funcionarios de la Federación.
Yo creo que esto también procede, porque si alguien viola la Constitución, no puede considerarse de entrada impune porque tenga tal o cual status; me parece a mí, y esto es una cosa que habría que reflexionar, porque no dejará de haber impunidad en este país por razones políticas, mientras no haya una lucha de la sociedad, exigiendo que la ley se aplique, exigiendo que no funcione el mecanismo de la decisión política para impedir que se opere en el caso de funcionarios, que son todos del mismo partido, señores, vamos siendo muy claros, y aquí se ha confundido entonces todo, alguien por ser de un partido político se eleva a la categoría de impune, y sus actos son impunes por el solo hecho, a menos de que el jefe del Ejecutivo los castigue, porque él es el único que puede sancionar a los funcionarios y lo hace sin juicio, y muchas veces sin garantía de audiencia, ¿verdad?, como a Beteta, sencillamente se le manda quitar como gobernador y se pone a otro gobernador y el que lo quitó y el que puso al nuevo es la misma persona.
Y eso, en la codificación no escrita, porque es ilegal, porque son normas no escritas de este país, que son uno de los síntomas del partido oficial y de la existencia de un partido de Estado, es una sanción, y a quien se remueve así, aunque haya sido elegido formalmente en las urnas, porque eso nunca ha importado para nada, es la aplicación de una sanción que no está en esa Ley de Responsabilidades.
Es decir, que las sanciones políticas en México a los altos funcionarios de la Federación en todos los niveles, las impone el jefe del Ejecutivo y sin echar mano de la Constitución, ni de la ley de responsabilidades; tienen su propio código privado, y decía la diputada Díaz, que no, que el Partido Revolucionario Institucional no era una secta, que no era un grupo cerrado; lo es. Tienen la puerta abierta y todo el que quiera entrar tiene que asumir el código, el código de las reglas no escritas, como lo dijera alguna vez un presidente del Partido Revolucionario Institucional.
Y esas reglas no escritas son las que operan, porque las reglas escritas, efectivamente la Constitución misma, es la que no admite que funcione, porque allí tomamos parte o podemos tomar parte también los ciudadanos de la República. Y el código que se aplica es algo en el que no podemos tomar parte la generalidad, la mayoría absoluta, absoluta de los ciudadanos de la República.
Que se aplique entonces el código no escrito, las leyes no escritas que son las únicas que tienen aplicabilidad cuando se trata de altos funcionarios de la Federación; que ya se ve que esos integrantes de ese pequeño y sectario y reducida élite nacional que es la alta burocracia política del Estado, no es capaz de admitir siquiera la posibilidad de que se aplique el código fundamental que fue escrito alguna vez por unos diputados que sí eran libres en 1916. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Miguel Montes, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Miguel Montes García: - Señor Presidente; señores diputados: Procuraré ceñirme al tiempo que para este propósito de hechos señala el reglamento y no emplear como un subterfugio el haber pedido la palabra para propósito.
¿Qué ha ocurrido esta tarde, es un breve análisis? Estos son los hechos, con honestidad que lo honra, el diputado Gómez dijo que había traído este asunto a la tribuna para que se enterasen los medios de comunicación social. Efectivamente en el trabajo de las comisiones para facilitar el trabajo y no para impedir la comunicación, generalmente se trabaja en forma cerrada sin la presencia de los medios de comunicación.
Como que la tribuna es una invitación a decir discursos en lugar de exponer razones, por eso en el trabajo de las comisiones se hace de esa manera. ¿Por qué permitimos o por qué aceptamos el debate? Por la misma razón, para que los medios de comunicación social informen de las razones expuestas, no de los exabruptos expresados, aquí hay dos interpretaciones diferentes, ambas pretenden ser jurídicas sobre un tema concreto, los que han oído el debate sabrán cuál es la conveniente, la adecuada.
El derecho, a diferencia de otras ciencias, es una ciencia en muchas ocasiones opinable y cuando se aplica una norma, quiérase o no se quiera, la aplicación final queda al buen juicio, al buen criterio del aplicador.
Ya sabemos que el derecho sólo se vota en nuestro sistema legislativo, cuando se aprueba su existencia, cuando se aprueba la existencia de la norma, que a la norma no se vota; pero hemos podido deducir que para quienes denunciaron el juicio político contra el gobernador de Guerrero, no hay por qué analizar si se trata de fondos federales a pesar del texto del artículo 5o.
En otra opinión de la subcomisión, se señala que un requisito para determinar la procedibilidad o no es determinar si se trata o no se trata de fondos federales, ni siquiera si fueron bien empleados o mal empleados, sencillamente si se trata o no se trata de fondos federales.
Por un prurito, por un cuidado de no externamiento no hemos participado en el debate ni nos pronunciaremos en un sentido o en otro, pero resaltamos que aquí de alguna manera se ha sustituido un foro por otro, en este debate el foro adecuado es la reunión de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para darlos, como el camino adecuado para la denuncia; el jurídico era la presentación ante la Oficialía de Partes, cuando se presentó la denuncia se utilizó también el foro.
Llamó la atención de hasta dónde será correcto que todos nosotros utilicemos esta tribuna a sabiendas de que aquí no se resolverá nada sobre el asunto que se plantea, simplemente como una caja de resonancia que no tiene más propósito que informar cuando la información se puede dar de manera objetiva, de otras muchas maneras, como se ha venido dando por las partes también interesadas, presentando los dictámenes, informando al terminar las reuniones de lo que ocurrió en ellas.
Hemos tenido más de dos horas en este debate, a sabiendas de que la Comisión Permanente no es competente para tomar ninguna decisión al respecto, porque la competencia se da en los foros de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Ojalá que en la Comisión Permanente podamos emplear mejor el tiempo en los asuntos que sí son de su competencia.
SITUACIÓN LABORAL DE LA CERVECERÍA MODELO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la suspensión provisional otorgada a los trabajadores de la Cervecería Modelo.
El C. diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores diputados y senadores: Hemos inscrito este punto en la orden del día por dos razones, primero porque ha ocurrido un hecho muy notable, que llama mucho la atención, en la que un grupo de trabajadores organizados en un sindicato recurren a la huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declara inexistente, argumentando fallas en el procedimiento y en la aplicación del artículo 1o. transitorio de sus estatutos, en cuanto a la manera de emplazar y el cauce a través del cual deberían emplazar.
Pero la demanda de revisión fue recibida y se llevó a cabo todo el procedimiento de prehuelga; cuando estalla la huelga en 24 horas la junta inmediatamente se da cuenta de que todo el procedimiento estaba mal hecho y declara inexistente la huelga de los trabajadores.
Segundo, porque la Confederación de Trabajadores de México y la Cervecería Modelo han
politizado en una forma indeseable, indebida, inconveniente por todos los conceptos, el conflicto de huelga en la Cervecería Modelo, afirmando, casi al unísono y casi usando las mismas palabras, que se trata de un movimiento que tiene fines políticos, que está el Partido de la Revolución Democrática detrás, que los asesores y dirigentes de ese sindicato los han llevado a la huelga porque tienen intereses políticos, no dicen cuáles y no dicen de qué manera un partido se puede beneficiar porque 5 mil 500 trabajadores estén en huelga, como si se tratara de 5 millones y medio.
Y tercero, porque el juez de distrito, al conceder la suspensión provisional de la demanda de amparo presentada por los trabajadores, les impuso una garantía de 1 mil millones de pesos, para cubrir en lo que pudiera afectarse el tercero perjudicado, que es, en este caso, la Cervecería Modelo, según entiendo.
Lo más importante de todo esto, ciudadanos legisladores, y que a mí me parece formidable, es que en medio de una lluvia de acusaciones contra los trabajadores, de perseguir intereses tortuosos, oscuros, tenebrosos, de tipo político, guiados por unos agitadores del Partido de la Revolución Democrática, dicho sea de paso y el dicho de quien lo dijo no fue precisamente de paso, sino con toda una intención de señalar que lo que necesitaban esos trabajadores era exorcizarse porque ya se les había metido en el alma el demonio, y después de esta "puntada", de la juez de distrito de obligarlos a cubrir una garantía de 1 mil millones de pesos, los trabajadores de la Cervecería Modelo llamaron a la solidaridad.
Hace unas horas el señor Gildardo Reyes, consultado telefónicamente, presidente del comité de huelga, nos comunicó que a las 11.30 de la mañana, los trabajadores de la Cervecería Modelo depositaron los 1 mil millones de pesos.
Han llamado a todos, pero no todos escucharon el llamado, fue gente que hacía cola ayer en las oficinas del sindicato a dejar cualquier cosa, yo creo que no importa tanto la cantidad que esa gente que hacía cola fue a dejar, lo importante es que iba gente, espontáneamente, que había leído en el periódico que esos trabajadores necesitaban 1 mil millones de pesos. No juntaron, con esa gente y con esas aportaciones individuales, casi todas ellas, aunque también las hubo colectivas de sindicatos como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Trabajadores Universitarios, otros muchos sindicatos; de partidos políticos, que no llegaron a pedir nada absolutamente a cambio, y que fueron partidos muy distintos y que luchan políticamente entre ellos.
Lo importante, creo yo, es que, repito, hayan ido toda esa gente tan diversa, en un acto de solidaridad, por una causa que es justa, que es la lucha por el respeto al derecho de huelga; que es la lucha porque los trabajadores hagan uso de sus verdaderos instrumentos y que son bastante pocos y que son muy golpeados y muy limitados en este país; pero que a fin de cuentas, mientras haya esos actos, habrá esperanza de que esos instrumentos de lucha sean cada vez más importantes.
Al final, juntaron 400 y pico de millones, y otros trabajadores, pobres, bastante pobres, yo los conozco, he tenido de mucho tiempo relación con ellos de la Cooperativa Pascual, con los recursos de la cooperativa, pusieron la mayor cantidad.
Estos cooperativistas, y yo quisiera hacer aquí un breve paréntesis, estuvieron como dos años en huelga, ganaron un conflicto con un patrón verdaderamente muy despótico, muy altanero y muy irresponsable; pero lo más importante fue que con los derechos que ellos habían adquirido en tan prolongado conflicto, en lugar de quedarse con ellos para poner una taquería en la esquina o comprarse un coche o una bicicleta o que sé yo, todos, todos esos recursos, íntegramente lo que les correspondía como su patrimonio y como producto de esa larga lucha, lo invirtieron en la compra de los activos de la empresa. Hicieron una cooperativa, la echaron a andar, se fueron a competir con las empresas que utilizan materia prima de las transnacionales, utilizando ellos pues la fruta que se produce en este país.
En una competencia muy desigual, muy fuerte, muy dura, muy difícil y muy complicada y casi sin apoyos o con muy pocos apoyos, han ido echando adelante su cooperativa y han hecho esfuerzos grandes porque sea democrática, a pesar de que en México todo eso es de lo más complicado porque lo que predomina es una cultura completamente antidemocrática, y hoy desembolsan, para apoyar a otros trabajadores como ellos, cerca de 400 millones de pesos, que los ponen en riesgo en este conflicto, y que puede significar para ellos un golpe terrible y probablemente definitivo para su cooperativa, pero se arriesgan.
Algunos trabajadores de la Modelo enviaron al Ejecutivo una petición de ayuda, no fue nunca respondida; no hay dinero para eso, para otras cosas sí, para eso no. Para el Estado en este país 1 mil millones no es nada, pero para apoyar una causa de los trabajadores quizá sea demasiado, porque esos trabajadores por lo menos son sospechosos de tener otras simpatías políticas.
¡Cuánta solidaridad hubo en esto! Y es esta solidaridad tanto más importante y brillante, cuanto que todo lo que la hizo aflorar fue tan arbitrario, tan desconsiderado.
Hay un desplegado en los periódicos, de la empresa, deveras que es vergonzoso leer este desplegado. Hace una apología, hace un triunfalismo afirmando la empresa que los trabajadores han perdido el trabajo, la antigüedad, todos sus fondos, que lo han perdido todo en este conflicto, que lo están perdiendo todo en este conflicto.
Ya lo dijo también el líder de la Confederación de Trabajadores de México, casi con las mismas palabras, y yo creo, señores legisladores, que mientras sigan ocurriendo en este país estas cosas hay mucha esperanza, verdadera y auténtica esperanza nacional; hay una sociedad que está demostrando que puede responder frente a estas cosas, frente a la arbitrariedad, la ilegalidad, la prepotencia, la irresponsabilidad, la desconsideración y también esa característica de gobiernos que tienen las cualidades de las que tanto hemos hablado hoy, que es el no querer oír que abajo está reclamándose, lo que está ocurriendo en el fondo de una mina cuyo eje central es esa sociedad que no se toma en cuenta. Ahí se está produciendo ya aceleradamente el cambio democrático y el cambio popular que este país está necesitando. Muchas gracias. (Aplausos.)
DETENCIÓN DE MIGUEL ALDANA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, sobre la detención de Miguel Aldana.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Haber propuesto este punto en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente es simplemente con la finalidad de reiterar, de subrayar lo que aquí distintos partidos de oposición hemos manifestado constantemente en relación a la corrupción, prepotencia y arbitrariedades de los cuerpos policíacos.
No nos interesa cómo y la suerte que vaya a correr el señor Aldana Ibarra. Queremos, sí, darlo como ejemplo de lo que sería la función policíaca si en México se cumpliera la ley, si hubiera voluntad política para que en todos los niveles se acate.
Alguna ocasión lo dijimos cuando nos referimos a hechos de los grupos de antinarcóticos que combaten los delitos con delitos mismos y que llevan una vida dispendiosa, que bastaría con investigarlos tanto a los ex policías como a los policías en función para combatir con eficacia la corrupción generadora también de la prepotencia, de los atropellos a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos.
No ha habido ningún pronunciamiento en este sentido, por órganos del Legislativo Federal, simplemente se ha tomado nota pero no sabemos qué medidas propongan simplemente las comisiones respectivas, en su caso de nuestra Cámara, la de Diputados, y que realmente haga el gobierno federal al respecto.
Sí sabemos de caso sonados como éste, que basta ver lo que publicó la Prensa sobre la vida de derroche y lujo que llevaba un simple policía que fue, para saber con nitidez de que era una persona que no tenía un modo honesto de vivir y sobre la cual pesaban múltiples acusaciones de vínculos con el narcotráfico y que no se resistía una investigación en flagrancia porque siempre andaba rodeado de guardaespaldas que junto con él, cargaban, portaban armas en las que por el simple hecho de portarlas, configuraban delitos federales.
Con mayor razón, lo que informa la Prensa: 41 millones de pesos mensuales gastaba este señor para alimentar a sus animales del zoológico, en Cuernavaca: tenía penthouse; tenía un despacho lujosísimo en la avenida Insurgentes.
Tuvo que haber sido la presión norteamericana y haberla hecho pública, para que el gobierno mexicano se resolviera a actuar. Precisamente eso es lo que nosotros debemos aquí de señalar, de enfatizar; que debe ser una política constante del gobierno mexicano de cumplir y hacer cumplir la ley.
De que basta el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, la declaración de bienes materiales, su revisión exhaustiva para ver cuándo o no estamos seguramente en casos de corrupción y que éstos nos llevan, nos conectan con otros hechos también delictuosos, como fue en este caso de vínculos con el narcotráfico, al cual debemos de combatir con decisión todos los mexicanos.
Su aprehensión, los objetos de delito que se le encontraron, las pruebas que hay en su contra, no llevan más que a la conclusión de que efectivamente presumimos que sean responsables de los delitos de que lo acusan y que debe de ser castigado.
Pero también creemos que para que estos sujetos "estelares" de la corrupción policíaca se den, requieren de toda una estructura de policías
corruptos, represivos y atropelladores de derechos individuales a los más bajos niveles, los que permiten ese tipo de estrellas delictivas de la policía.
Por ello, insistimos que debe haber voluntad política para investigar a fondo, no nada más la actuación de los policías, de los cuerpos policíacos, de sus mandos, de sus elementos, sino también debe haber una investigación exhaustiva conforme a las disposiciones legales, en este caso la Ley de Responsabilidad Respectiva Federal o de los estados, de modo de vida ostentosa que vemos constantemente en los integrantes de los cuerpos policíacos.
Nosotros denunciamos la actuación anticonstitucional del grupo de antinarcóticos en Uruapan. En Michoacán se presentó denuncia penal por una incursión delictuosa que realizaron en Aguililla, Michoacán y lo único que acaba de ocurrir es que cambian de adscripción al comandante, como ya lo habíamos denunciado en un hecho anterior, cuando un grupo participó en una masacre de policías preventivos en Morelia; éste es el único camino y sólo cuando existan presiones del gobierno norteamericano, ¿cuándo se investigarán a esas estrellas del delito que existen en la policía?
Atacar a fondo este problema es lo que nos llevará a tener una policía eficiente, honesta y que combata los delitos dentro de la Ley, ese debe de ser nuestro objetivo y es por lo cual nosotros venimos a esta tribuna a enfatizar este hecho, que en estos días representa el señor Miguel Aldana Ibarra, y no nada más él debe ser detenido, estamos seguros, como lo vivimos constantemente, que basta ver así, a simple vista, cómo viven muchos mandos policíacos, para saber que realizan actos de corrupción y que seguramente éstos lo hacen atropellando garantías individuales de muchos mexicanos en este país.
Esta Comisión Permanente debería exhortar a que nuestra Comisión de Justicia haga una propuesta urgente ya, como aquí lo habíamos solicitado al gobierno federal, para el funcionamiento en apego a la Constitución, de los cuerpos de policía, para su revisión constante en su modo de vida y para que nunca más se den estos casos que en estos días vemos con bastante reiteración. Es todo, muchas gracias.
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy, del Partido de la Revolución Democrática, sobre las elecciones en Quintana Roo.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Muchas gracias señor Presidente: Como ustedes saben, el día 4 de este mes se realizaron elecciones para renovar ayuntamientos y el Congreso del Estado en el estado de Quintana Roo.
Lo que voy a señalar a continuación es un hecho reiterado en todas las elecciones donde el partido oficial puede actuar con impunidad en virtud de lo que aquí hemos denunciado, este manejo ilimitado dentro del estado de derecho de todo aquello que considere conveniente para manipular en el sentido que lo deseen las elecciones y la expresión popular.
Ya lo dijimos, lo que ocurrió en Puebla; lo que ocurrió en Veracruz; lo que ocurrió en Hidalgo; para ayudar a manipular la votación a fin de ayudar a aquel partido que este momento le presta servicios extraordinarios como paraestatal.
Esta posibilidad del partido oficial de manejar, de manipular los resultados electorales son un reflejo claro de lo que es el partido de Estado y lo que representa en la vida democrática de México y por ello debemos de buscar que nunca más haya partido de Estado en México; que nunca más un partido tenga a su servicio, a su disposición discrecional a los órganos electorales; que nunca más un partido tenga a su servicio desproporcionadamente el uso de los medios de comunicación fundamentalmente, o especialmente de la televisión; que nunca más un partido haga uso ilimitado e ilegal de los recursos de la nación; que nunca más un partido pueda manejar un padrón, lo pueda elaborar y lo pueda utilizar conforme a a sus conveniencias; que nunca más un partido pueda con el apoyo de la fuerza pública realizar las típicas acciones de delincuencia electoral el día de la elecciones, ésta es la lección reiterada que nos dejan las elecciones en el estado de Quintana Roo.
Creemos que el proceso electoral en Quintana Roo subrayó el propósito del partido de Estado que la voluntad popular no se exprese libremente, que el voto no se cuente sino que se manipule conforme a los intereses y conveniencias del partido en el poder.
En Quintana Roo y lo denunciamos en este momento, está en marcha una estrategia diseñada a burlar la voluntad popular, que no es nuevo como lo hemos señalado en anteriores ocasiones en esta tribuna, lo hace el partido de Estado en otras elecciones. ¿Qué fue lo que hizo el partido de Estado en Quintana Roo, que nos llevó a los resultados, donde se pueden ufanar del carro completo?, donde pueden ufanarse de lo que aquí se dijo, que es partido único, porque así le
quieren decir, pero más bien es un partido solo, porque la oposición es una minoría insignificante. Esto lo sabemos que es falso, y nunca podrá afirmar lo contrario el Partido Revolucionario Institucional, mientras siga manejando inequitativamente los procesos electorales, mientras los siga conduciendo facciosamente.
En Quintana Roo se instalaron un 42% del total de las casillas con un bis, esto es casillas- bis; casi la mitad del total, contraviniendo las disposiciones al respecto en la Ley Electoral del Estado. Esto facilitó la labor de las brigadas volantes de votantes, y como lo dijo con una frase muy atinada nuestro dirigente estatal, pues hizo que se les pasara la mano en la alquimia.
También se integraron todos los órganos electorales locales con el mismo personal que fue denunciado como delincuentes electorales, conforme a las pruebas que se aportaron en su momento en el proceso electoral del 6 de julio de 1988; se dirá: Bueno, eso fue ante otra autoridad es otro nivel de competencia. ¡No!, para nosotros no hay distingos; sabemos, y no quiero entrar en eso, de las relaciones políticas, que ya se ha hablado aquí, entre un gobierno de Estado y el gobierno federal.
También, como siempre, por ese uso exclusivo del padrón que lo hace inconfiable, manipulable, se excluyeron fundamentalmente en las zonas rurales, a simpatizantes o a quienes consideraron sospechosos de simpatizar en otros partidos de oposición real, obviamente, fundamentalmente en agravio del Partido de la Revolución Democrática.
Igualmente, hubo un retraso y tortuguismo en la entrega de credenciales de elector en el período previo al día de la elección. Más de 2 mil 500 personas que pudimos detectar, nunca recibieron su credencial de elector.
Un uso, que lo vivimos en Michoacán, se vivió ahí, que es el cambio de adscripción de electores, para al final, no saber en qué lugar o en qué sección le correspondía votar. El día de la elecciones, ¿qué ocurrió? Bueno pues lo que ya sabemos, brigadas de votantes donde, en principio, eran coordinadas por representantes secciónales del Partido Revolucionario Institucional, y sólo bastaba la credencial de priísta para hacerlo.
Se entregaron credenciales, ese día de la elección, cerca de las casillas electorales, para ello utilizaron autoridades municipales y auxiliares. Hubo reparto de boletas electorales varias veces en la casilla. En las mesas directivas se rechazó constantemente y reiteradamente la de nuestros representantes y a los candidatos de nuestro partido.
Esto posibilita o más bien impide que podamos interponer recursos por las irregularidades que se cometen en la jornada electoral. Hubo un desempeño faccioso de los funcionarios y los auxiliares en las casillas, todos de afiliación priístas. Esto ocurrió en Carlos A. Madrazo, en Othón P. Blanco, en el distrito electoral con cabecera en Bacalat, en Felipe Carrillo Puerto, en el de Benito Juárez, en José María Morelos y en el municipio de Lázaro Cárdenas donde ahí se dio con más énfasis el rechazo franco, abierto a los representantes del Partido de la Revolución Democrática o, por otro lado, se les negó la entrega de actas de escrutinio.
Y también hubo muchos casos de ciudadanos que al presentarse a votar ya no se les permitió porque ya aparecía en el padrón, en la lista nominal como personas que ya habían votado, ya sabemos el uso en las mesas directivas de casilla con mayoría priísta que hacen de estos votos fantasmas. El viejo recurso de que si traías credencial del Partido Revolucionario Institucional aunque no estuvieras en el padrón podrías votar, también el nada nuevo recurso de intimidar en las zonas rurales a los representantes del Partido de la Revolución Democrática o de los partidos de oposición, para impedir que jurídicamente nos inconformáremos contra los resultados electorales en esas casillas.
No hubo tinta indeleble ni perforadora para las credenciales, con las consecuencias que ya conocemos siempre en estos casos. Esto evidentemente favorece el acarreo de volantes, las brigadas volantes, el relleno de urnas, la duplicidad del voto. También queremos señalar que el Ejército patrulló el estado fundamentalmente en Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos e inclusive en Islas Mujeres. Sabemos que son unas elecciones locales donde el ejército no debe de tener ninguna injerencia, las fuerzas armadas no están para esa función y en cambio sí sirven y son utilizadas para amedrentar a la ciudadanía a fin de que no participe ejerciendo su voto.
Esto también siempre explica entre muchos casos el abstencionismo que siempre se maquilla de más como en este caso. Los partidos de oposición real denunciamos que hubo un 85% de abstención y la Comisión Estatal Electoral está hablando de que sólo hubo un abstencionismo del 65% que por cierto este ejemplo de la Comisión Estatal Electoral le da resultados el mismo día, deberían de realizarlos en aquellos estados donde el nivel de organización de los
partidos y la conciencia del pueblo que les permite liberarse de la sujeción corporativa del Partido Revolucionario Institucional, pudiera darle mayor competitividad.
¿Por qué en Michoacán se tardaron una semana si Michoacán en todo caso es un estado de una geografía más difícil que la de Quintana Roo y más grande?
Nosotros al describir estos hechos que reiteramos, no son nada nuevos, nada nuevos, ni tampoco los previos al día de la elección, lo hacemos con la convicción de que los procesos electorales están corrompidos, en virtud de la acción de un partido que actúa como partido de Estado, donde el gobierno y el partido no se sabe en qué momento se distinguen, sin embargo, también lo hacemos con la convicción que es sólo el camino constitucional, participando en los procesos electorales mediante el voto, como abriremos espacios democráticos en México, aún en los lugares donde tenemos todos en contra, como ocurrió en el estado de Quintana Roo.
Ahí estamos reclamando en este momento a nivel electoral, nada más, nulidad en las elecciones de los municipios de Othón Blanco, Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres, sin embargo, haremos movilizaciones para informar de cómo actúa un partido de Estado y para denunciar en los lugares que la gente lo conozca y lo viva como lo vivió el día de la elección, de por qué en México todavía no vivimos en un sistema democrático.
Esa es la finalidad de esta intervención y no cejaremos, aunque parezca reiterativo, cansado, de que siempre son los mismos hechos previos, el día de la elección y los posteriores los que vivimos en cada uno de los estados que componen la Federación en el Estado mexicano, y también que estamos convencidos de cómo están desarrollándose los acontecimientos en relación a la reforma electoral para la elaboración de la ley reglamentaria, no vamos a tener ningún cambio que posibilite unas elecciones limpias, democráticas, donde el Sufragio Efectivo se dé realmente en el próximo 1991.
Esto es lo que en este momento se prevé, pero también deben de estar conscientes de que los cambios están siendo acelerados en todo el mundo y que pudieran y ojalá me equivoque, otros acontecimientos modificar el rumbo que hasta en este momento parece llevar la nación mexicana y que nos conducirá a unos procesos electorales federales de 1991 para renovar el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y en la mitad de Senadores, a otro gigantesco fraude electoral; ojalá me equivoque y ese es el sentido de nuestras intervenciones y que por muy cansado que parezca siempre lo denunciaremos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Sólo dos o tres reflexiones en torno a las elecciones de Quintana Roo y quisiera comenzar por ahí donde el legislador Godoy terminó, y desear yo también que ojalá se equivoque y que en 1991 las elecciones federales se encaucen, si ya no por medios democráticos, sí al menos por medios menos antidemocráticos en que se han conducido las elecciones en diversas entidades y municipios del país.
No voy a abundar en la larga enumeración de irregularidades señaladas por el diputado Godoy, que como él mismo señaló también, son verdades sabidas; mi intervención tiene por objeto resaltar, por una parte la falta de sensibilidad política que puede ser un antecedente grave de una falta más amplia de voluntad política para corregir los vicios electorales que continuamos sufriendo.
Es indudable que si en el seno de la Cámara de Diputados se sigue discutiendo todo un conjunto normativo para cambiar procedimientos electorales en el país, hay en ello el implícito reconocimiento de que los actuales procedimientos, de que las actuales disposiciones y de que las actuales prácticas electorales están viciadas en el fondo y en la forma.
¿Y por qué hay falta de sensibilidad política? Porque las autoridades, pudiendo y debiendo corregir con medidas incluso de carácter administrativo algunos de esos defectos estructurales, no sólo no lo hacen, sino que parecen regodearse en el disfrute de esos rezagos de vicio, de fondo y forma que contiene la actual legislación electoral, sobre todo en un aspecto de suma importancia varias veces denunciado: El padrón electoral.
Este documento es uno de los puntales del fraude electoral, ya señalamos en otra ocasión y no vamos a referirnos más a ello, que el otro puntal es una ley facciosa que espero para bien de la comunidad mexicana se cambie radicalmente a resultas de la deliberación interna en la Cámara de Diputados con ese propósito, pero el padrón electoral, este documento también varias veces denunciado como puntal del fraude sigue siendo utilizado hasta sus últimas consecuencias y prácticamente hasta que ya por una nueva disposición no se permita más utilizarlo en beneficio del
grupo en el poder, pero en perjuicio serio del avance democrático que todos, al menos al nivel verbal, decimos en esta tribuna defender.
Ese padrón electoral que lo mismo por acción que por omisión impide la manifestación de la voluntad popular, Padrón Electoral donde lo mismo aparecen electores de cuya existencia Física existe fundada duda, que aquellos otros de probada existencia son borrados misteriosamente por cuanto sus apreciaciones políticas difieren del criterio oficial.
No es una experiencia aislada, no constituye la excepción sino la regla este procedimiento vicioso, bien lo dijo quien en cierta ocasión escribió, a propósito de los electores o de los nombres que aparecen en el padrón electoral: "ni están todos los que son, ni son todos los que están".
Y ese vicio estructural no se ha remediado, se ha acentuado en la práctica para conducir previamente el resultado electoral en cierto sentido y esto ha conducido, a pesar de las maniobras en contra, a pesar del triunfalismo y a pesar del maquillaje, a un fenómeno al que ya nos referimos en otra ocasión, preocupante, seriamente grave para los propósitos democratizadores del país: El abstencionismo.
Se habla del 85% de abstención en Quintana Roo, otros comentaristas en los medios de comunicación lo sitúan a nivel del 80%, el diputado Godoy nos ha dicho que en una optimista apreciación un tanto prematura de la Comisión Electoral de Quintana Roo, el abstencionismo sólo llega al 65%, cualquiera de las tres cifras demuestra una verdad inconclusa: Una minoría es la que decide por la vía electoral los destinos del ejercicio político en diferentes niveles de la administración pública.
No creo que valga realmente la pena el comentario de señalar, al menos en el caso del Partido Acción Nacional en este momento, si efectivamente cabe o no cabe la nulidad de elecciones o la reclamación del triunfo en algunos de los municipios de ese estado, lo preocupante, lo grave es que más allá de las cifras oficiales sigue subsistiendo el hecho de que una minoría es la que está decidiendo los destinos del país y que resulta grotesco que un grupo pretenda convalidar entre aplausos y ovaciones, ser dentro de esa minoría el que obtuvo la mayoría.
Realmente es para desilusionarse, para preocuparse gravemente venir a sostener aquí la defensa de que dentro de una minoría de votantes, un grupo determinado es el mayoritario, me parece que el verdaderamente mayoritario es el grupo de aquéllos que no votaron, de aquéllos que por razones de diferente rango no acudieron a las urnas y ese es, a mi juicio, el fenómeno preocupante que tenemos que examinar si hemos de hacer uso correcto del ejercicio de nuestra misión de legisladores, necesitamos preocuparnos más por esa mayoría de ciudadanos que no acuden a las urnas.
Y la recurrida y poco defendible tesis de que mal de muchos, consuelo de tontos no es aplicable aquí; que en otros países ocurran efectos similares no cancela el hecho de que esos efectos de falta de concurrencia a las urnas admitan sin embargo interpretaciones, también de diferente índole que la que ocurre en nuestro país, porque aquí, vinculada a esa falta de concurrencia a las urnas está la reiterada denuncia de un proceso electoral que de antemano está predestinado a burlar la voluntad popular, a desestimar la concurrencia de votantes, a fabricar votos mayoritarios dentro de una minoría de los que van a concurrir a depositar su voto.
Este fenómeno de la abstención electoral es, en mi opinión, el que debe ser objeto de análisis y de planteamientos en diferentes niveles para que pueda darse un paso adelante en la democratización del país, mientras una minoría siga decidiendo los destinos de México tendremos que mantenernos a la zaga de la democracia, aún en el supuesto caso de que esa minoría votara sin coacción y lo hiciera en pleno ejercicio de su voluntad.
Nuestro propósito debe ser, en mi opinión, el buscar que la participación ciudadana se incremente y para ello es preciso no sólo tomar en consideración las reiteradas denuncias que se han hecho de fraude electoral en sus diferentes modalidades, sino también la búsqueda de un procedimiento adecuado para facilitar el ejercicio del voto en todas las elecciones en México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para el mismo tema, el senador Alvaro Salazar Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Alvaro Salazar Lozano: - Señor Presidente, con su permiso; señores legisladores: Se ha traído a esta tribuna este asunto político- electoral de Quintana Roo que ha ocurrido el domingo próximo pasado, esto nos permite señalar algunos aspectos de lo que ha ocurrido y rechazar categóricamente todo lo que se ha señalado de parte de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
Quiero señalar que el día domingo dijeron algunos comentaristas, algunos comunicadores sociales, que la única noticia de ese aspecto es que no había noticia, es decir, durante todo el proceso prevaleció un clima de tranquilidad y de paz en un marco democrático; el padrón electoral se había actualizado con la participación responsable de todos los partidos, a cada uno de ellos se les entregó una copia y fueron precisamente ellos, los partidos, quienes señalaron concretamente si había comisiones en este caso.
Por lo tanto, rechazamos el que haya habido manipuleo. Por otro lado, las campañas fueron austeras, pero en el caso del Partido Revolucionario Institucional fueron penetrantes y fueron responsables, no hubo, de ninguna manera, como se ha señalado aquí, ni retraso ni tortuguismo en las credenciales de elector.
Por otro lado, tampoco hubo ninguna brigada de votantes, sino que hubo facilidades generales para que se pudiera votar libremente, la comisión estatal electoral de Quintana Roo, con base en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales se constituyó ese día en sesión permanente con el propósito de que se conocieran las irregularidades y de esa manera corregirlas inmediatamente y puedo señalar que no hubo incidentes mayores, sino solamente incidentes de interpretación, esto fue señalado precisamente por un diputado federal del Partido de Acción Nacional, quien estuvo presente en el municipio de Othón de Blanco.
Al mismo tiempo, tanto la televisión local como la radio estuvieron presentes en esa sesión permanente y estuvieron transmitiendo a todo el público lo que sucedía, y hubo posteriormente durante la noche ya los resultados finales que fueron dados a conocer con base en las actas de escrutinio firmadas por todos los representantes de los partidos.
Hace algunos días oíamos en esta tribuna que decían algunos diputados de oposición que era muy aconsejable el que se conocieran de inmediato los resultados y no se transfirieran hasta los ocho o más días, porque entonces podría haber manipuleos, creo que en el caso preciso de Carrillo Puerto podemos señalar que fue el candidato del Partido de la Revolución Democrática quien admitió su derrota dándole el triunfo al tener el pleno conocimiento sobre los hechos de lo que sucedía, del resultado y también de cuál había sido la tendencia por la que se había votado.
Creo que el abstencionismo es desde luego muy preocupante como lo ha señalado aquí el diputado de Acción Nacional, pero este problema no es exclusivo de México ni es responsabilidad única del Partido Revolucionario Institucional, creo que esto es necesario que se haga un análisis exhaustivo de los sociólogos, de los politólogos y de todos aquéllos que están implicados en este proceso y que investiguen cuáles son las causas y los efectos.
Creo que en este caso podemos nosotros señalar que en Quintana Roo hubo, desde luego un reconocimiento total para este proceso, un proceso ejemplar, un proceso en el cual nosotros estamos satisfechos no solamente por los resultados en sí, sino también por el desarrollo mismo de este proceso y creo que debemos felicitar no solamente a las autoridades y funcionarios electorales, sino también a todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos por la conducta asumida en este caso.
Creo también que esto, que este asunto es de la competencia exclusiva de los ciudadanos de Quintana Roo, de las autoridades electorales y que ellos, desde luego dirán con base a las pruebas que tengan, cuáles son los resultados de todo esto, por lo tanto, creo conveniente señalar que éste fue un proceso limpio, transparente, dentro de un marco de legalidad, dentro de un marco de democracia.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: - Señor Presidente: Se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
14 de marzo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del LII aniversario de la Expropiación Petrolera tendrá lugar el 18 de marzo. El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXXXIV aniversario del natalicio de don Benito Juárez tendrá lugar el 21 de marzo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Seis con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Arturo Cardona Marino, Héctor
Vicente Ahuja Fusta, Luis Ángel Fuentes Alvarez, Alfredo Hernández Pimentel, Mario Pedro Juárez Navarrete y Humberto Hernández Gutiérrez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Ismael Moreno Pino, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante Don Henrique, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Portugal.
Dictámenes a discusión
Seis de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Abraham Campos López, J. Jesús Verduzco Montaño, Armando Domínguez Mendoza, Mauricio Ávila Medina, Manuel Suárez Aguirre y Joaquín Madrigal Polanco.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Blasa Villagrana Sotelo, Ana María González Gerónimo, María del Refugio Rivera Herrera, Josefina Guzmán Hernández, Ernesto Zambrano Saldaña y Juan de Dios Campos, para prestar servicios en la embajada de la República Democrática Alemana en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Malta en la ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 20.15 horas): - Se levanta la sesión pública y se pasa a la secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES