Legislatura LIV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19900328 - Número de Diario 14
(L54A2PcpN014F19900328.xml)Núm. Diario:14ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., miércoles 28 de marzo de 1990 No. 14
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Yucatán para informar sobre la instalación de la diputación permanente para el período comprendido del 1o. de marzo al 15 de mayo del año en curso. De enterado.
Del Congreso del Estado de Yucatán notificando sobre la clausura de su primer período ordinario de sesiones, de su tercer año de ejercicio constitucional.
PROPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
Para la integración de la Primera Comisión de Trabajo. Se aprueba.
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 35, 36, 41, 54, 60 y 73, y deroga los artículos transitorios decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno; para efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN TERMINACIÓN DE SERVICIOS
Se notifica que la ciudadana María Alejandra Mancilla Santamaría, ha dejado de prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México. Se recibe. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que el ciudadano Vicente Ruíz López, pueda prestar sus servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gustavo Ysunza Olivares, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Mauro Severiano Portela, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Perú.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gildardo Alarcón López, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Morales Troncoso, para prestar sus servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Romero Cano, para prestar servicios en la embajada de Jamaica en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, para prestar servicios en la embajada de Canadá en México.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Augusto Gómez Villanueva, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República de Italia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Francisco Servín y García, Ramón de Lira Peralta, Elsa Avilés Mercado, Francisca Tapia García y Rosa Carla Torres Gutiérrez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Julissa Cruz Novelo y Octaviano Garibay Contreras, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosario Rosa Roig Blaky, María de las Mercedes Mundo Marín, Paula Teresa Chong Suárez, Obdulia Villanueva y González y Alfredo Arámburo López, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América y consulado general en Hermosillo, Sonora.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Julieta Morales Vera, Nicasio Salvador Euan Várguez, Santos Humberto Acevedo García, José Guadalupe Cumi Cituc, Pedro Celestino Cuytum Caab y Edgar Renán Borges May, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosa Inés Ruíz Gómez, Juan Antonio Ventura Malanche, Manuel Sánchez
Mérito y José Luis Sánchez Mérito, para prestar sus servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Efrén Calvo Adame, cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil. Se aprueba y se comunica al Ejecutivo.
Se nombra comisión protocolaria, Rinde la protesta de ley.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la señora Leticia Croche Guiochín viuda de Rivera. Aprobado. Se comunica al Ejecutivo.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la señora Paz Consuelo García viuda de Márquez Padilla. Aprobado. Se comunica al Ejecutivo.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Alfredo Morán Acevedo, Armando Mariano Ortíz Salgado, Mario Pérez Alarcón, Juan Arturo Villasana Castillo, César Juan López Caballero, Eduardo Ajuria López, Manuel García Ruíz, Héctor Nazario Meza Barajas, Orlando Ángel Carrillo Olea, Héctor Durán Maldonado y Rubén González González. Se aprueban. Se comunican al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Hamilton Davie Goss, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alejandro Von Wuthenau, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Se aprueban los proyectos de decreto.
INFORME
Sobre la Segunda Conferencia Hemisférica de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo, celebrada en Quito, Ecuador.
PROPOSICIONES
SOBRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Toma la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, para condenar la situación de violencia en ese país. Se turna a la Segunda Comisión.
DEL DISTRITO FEDERAL
Interviene el ciudadano diputado Juan José Castillo Medrano, para hablar sobre servicios públicos en el Distrito Federal.
Sobre el mismo tema habla el senador Bulmaro Pacheco Moreno.
Para rectificar hechos interviene el diputado Pedro César Acosta Palomino. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
MISCELÁNEA FISCAL
Hace uso de la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, para que se proceda a la revisión de la Miscelánea Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda.
DE LAS RELACIONES ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Sobre amenazas de Estados Unidos de América en contra de Cuba, intervienen los ciudadanos diputados: Juan Jaime Hernández, Jesús Antonio Carlos Hernández, Bernardo Bátiz Vázquez, Leonel Godoy Rangel y la senadora Blanca Ruth Esponda. Se turna a la Segunda Comisión para elaborar punto de acuerdo.
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Sobre irregularidades en contratos de obras públicas, habla el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA
Interviene el ciudadano diputado Ismael Yáñez Centeno y el ciudadano diputado Rodolfo Duarte Rivas.
CAMBIO DE GOBIERNO EN CHILE
Sobre reanudación de relaciones diplomáticas con Chile, discuten el ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez, el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel y el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Sobre los delitos de violación imputados a policías judiciales federales, habla el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE COAHUILA
Sobre el levantamiento de vías en la ciudad de Saltillo, en este estado, opina en nombre de su grupo parlamentario el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
CONFLICTO OBRERO- PATRONAL DE LA CERVECERÍA MODELO
Sobre el desarrollo de dicho conflicto, intervienen los ciudadanos: diputado Leonel Godoy Rangel, el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino y el ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de treinta y dos ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: - Hay una asistencia de 32 ciudadanos legisladores. Hay quórum.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.05 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
28 de marzo de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán.
Proposición de la mesa directiva.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores
Con el que se remite la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 35, 36, 41, 54, 60 y 73, y deroga los artículos transitorios decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del artículo 135 constitucional.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que la ciudadana María Alejandra Mancilla Santamaría, ha dejado de prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Ruíz López, pueda prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gustavo Ysunza Olivares, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Mauro Severiano Portela, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de Perú.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gildardo Alarcón López, para aceptar y usar la condecoración de la Legión del Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Morales Troncoso, para prestar servicios como asesor económico en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Romero Cano, para prestar servicios en la embajada de Jamaica en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, para prestar servicios en la embajada de Canadá en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Augusto Gómez Villanueva para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Italia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Francisco Servín y García, Ramón de Lira Peralta, Elsa Avilés Mercado, Francisca Tapia García y Rosa Carla Torres Gutiérrez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Julissa Cruz Novelo y Octaviano Garibay Contreras, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América, Yucatán y Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosario Rosa Roig Blaky, María de las Mercedes Mundo Marín, Paula Teresa Chong Suárez, Obdulia Villanueva y González y Alfredo Arámburo López, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América y consulado general en Hermosillo, Sonora.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Julieta Morales Vera, Nicasio Salvador Euan Várguez, Santos Humberto Acevedo García, José Guadalupe Cumi Cituc, Pedro Celestino Cuytum Caab y Edgar Renán Borges May, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosa Inés Ruíz Gómez, Juan Antonio Ventura Malanche, Manuel Sánchez Mérito y José Luis Sánchez Mérito, para prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Efrén
Calvo Adame, cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la señora Leticia Croche Guiochín viuda de Rivera.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la señora Paz Consuelo García viuda de Márquez Padilla.
Once, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Alfredo Morán Acevedo, Mariano Ortíz Salgado, Mario Pérez Alarcón, Juan Arturo Villasana Castillo, César Juan López Caballero, Eduardo Ajuria López, Manuel García Ruíz, Héctor Nazario Meza Barajas, Orlando Ángel Carrillo Olea, Héctor Durán Maldonado y Rubén González.
De La Primera Comisión con proyecto de decreto por el se concede permiso al ciudadano Antonio Hamilton Davie Goss, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico como Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alejandro Von Wuthenau, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Alemania.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Informe
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Segunda Conferencia Hemisférica de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo, celebrada en Quito, Ecuador.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación de violencia en Colombia.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre servicios en el Distrito Federal.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la contaminación en Tijuana, Baja California.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la Miscelánea Fiscal.
Toma de posiciones, declaraciones o comentarios
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el cambio de gobierno en Chile y reanudación de relaciones diplomáticas.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre amenazas de Estados Unidos de América en contra de Cuba.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la Conferencia Episcopal Mexicana.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el levantamiento de vías en Saltillo, Coahuila.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto de la Procuraduría General de la República y de Justicia del Distrito Federal por los delitos de violación imputados a policías judiciales federales.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre contratos de obras públicas, en San Luis Potosí.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el desarrollo del conflicto obrero- patronal de la Cervecería Modelo
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre una presunta iniciativa de ley del Ejecutivo, en materia de fomento agro industrial.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario senador José Antonio Valdivia: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de marzo de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Receso del segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con siete minutos del día veinte de marzo de mil novecientos noventa, con una asistencia de veintiún legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos, en votación económica.
La misma secretaría da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Quintana Roo, a la sesión solemne en la que el gobernador rendirá el tercer informe de su gobierno. Para asistir a este acto en representación de la Comisión Permanente, se designa al senador Alvaro Salazar Lozano.
Se da cuenta con un ocurso del diputado Pablo Gómez, en el que solicita licencia de sus labores en la Comisión Permanente. La asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo. Llámese al sustituto diputado Ismael Yáñez Centeno.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, con el fin de realizar visitas de Estados a las repúblicas de Chile y Ecuador. Se turna a la Primera Comisión, para que en el curso de esta misma sesión se entregue el dictamen respectivo.
Continúa el orden del día con la lectura de dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten los dictámenes de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las solicitudes de pensión de las señoras Leticia Croche Guiochín viuda de Rivera y Paz Consuelo García viuda de Márquez Padilla. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró al ciudadano Efrén Calvo Adame, cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil. Se turna a la Segunda Comisión.
Se da cuenta con tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Gustavo Ysunza Olivares, Mauro Severiano Portela y Gildardo Alarcón López, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les conceden los gobiernos de Guatemala, Perú y Estados Unidos de América, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Carlos Morales Troncoso y María de los Angeles Romero Cano, puedan prestar sus servicios en la Comisión de Comunidades Europeas en México y la embajada de Jamaica en México, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
Cinco oficios de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Sergio Argomedo Casas, Ernesto Ortíz Ramírez, Rafael Alfonso Luciano Santana Mondragón, Raúl Macías Sandoval y Baldomero Sánchez López, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
La Secretaría da cuenta con un ocurso del diputado Augusto Gómez Villanueva, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de Italia y Nicaragua. Se turna a la Primera Comisión
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Von Wuthenau, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
Se da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Hamilton Davie Goss, pueda aceptar la condecoración que le concede el gobierno de la Gran Bretaña. Es de primera lectura.
Se da segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Finlandia.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional y al senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, del Partido Revolucionario Institucional, quienes hablan en favor del dictamen.
Suficientemente discutido, la asamblea lo aprueba en votación económica, y el Presidente informa que el ciudadano Villanueva Hallal, se encuentra a las puertas del recinto, por lo que designa a los legisladores: Blanca Esponda de Torres, Alberto Ling Altamirano y Humberto Roque Villanueva,
para que lo introduzcan en el salón y lo acompañen en el acto protocolario de rendir su protesta de ley.
Se da cuenta con siete dictámenes de la segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, Armando Domínguez Mendoza, Mauricio Ávila Medina, J. Jesús Verduzco Montaño, Ricardo Alejandro Bolaños Cacho y González, Guillermo Llanderal Cázares y Tomás Cornelio Valencia Angeles. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueban en sendas votaciones económicas. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Rodríguez Díaz Fonseca, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Portugal. Es de segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se da con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ismael Moreno Pino, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de los Países Bajos. Es de segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría toma la votación nominal de éste y el anteriormente reservado, mismos que son aprobados por veinticuatro votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que la Primera Comisión ha entregado el dictamen que se refiere al permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, puedan ausentarse del territorio nacional. La Secretaría da cuenta con él y la Presidencia lo considera de urgente resolución, por lo que la asamblea le dispensa la segunda lectura y, puesto a discusión, hacen uso de la palabra los legisladores: Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, para fundamentar el voto de su partido; Blanca Ruth Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para fundamentar el voto de su partido y aceptar una interpelación del diputado Miguel Montes García; Socorro Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el voto de su partido.
Suficientemente discutido, la secretaría toma la votación respectiva y la asamblea lo aprueba por veinticuatro votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para referirse al quincuagésimo segundo aniversario de la expropiación petrolera, hacen uso de la palabra los legisladores: Justino Delgado Caloca, del Partido Revolucionario Institucional; Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista y Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las repúblicas de Chile y Ecuador.
La asamblea considera el asunto de urgente resolución y dispensados todos los trámites, se da lectura al proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y se aprueba por veinte votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para referirse al centésimo octagesimocuarto aniversario del natalicio de don Benito Juárez, hacen uso de la palabra los legisladores: Alfredo Toxqui Fernández de Lara, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Y Juan Jaime Hernández, del Partido Autentico de la Revolución Mexicana.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, quien al referirse al conflicto de los trabajadores de la Cervecería Modelo de México, propone que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados interponga sus Oficios para la mejor solución del mismo.
Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone la integración de una comisión de diputados y senadores; Blas Chumacero Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
Durante la intervención del senador Chumacero, se produce desorden en el salón, y el Presidente pide al diputado Alfredo Pliego Aldana que guarde silencio y respecto en su calidad de legislador, con el fin de que se escuche a los oradores.
Continúan en el uso de la palabra para el mismo asunto, los legisladores: Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados, para que se aboque al conocimiento del problema y gestiones lo procedente para encontrar una mejor solución en beneficio de los trabajadores.
Se concede el uso de la palabra al senador Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a acciones de la Policía Judicial Federal en el estado de Sinaloa.
Para referirse a la situación en Lituania, se concede el uso de la palabra a los legisladores Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional y Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista.
Hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el desalojo de tierras en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, para la atención que proceda.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con quince minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintiocho de marzo a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- LI Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.- Gobierno del estado de Yucatán.- Poder Legislativo.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que ha quedado instalada la diputación permanente para el período comprendido del 1o. de marzo al 15 de mayo del año en curso, quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados propietarios: Presidente, Lindbergh Mendoza Díaz; secretaria, Nelly R. Montes de Oca Sabido y vocal, Ignacio Aguilar Bastarrachea; diputados suplentes: Presidente, Edgardo Martínez Menéndez; secretario, Alberto Escamilla Góngora y vocal, José Poot Domínguez.
Protestamos a vuestra honorabilidad, nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, México, a 26 de febrero de 1990.- Presidente, diputado Lindbergh Mendoza Díaz, secretaria, diputada Nelly R. Montes de Oca Sabido.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- LI Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.- Gobierno del estado de Yucatán.- Poder Legislativo.
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que con esta fecha, la LI Legislatura del honorable Congreso del Estado Clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional.
Protestamos a vuestra honorabilidad, nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán. México, a 28 de febrero de 1990.- Presidente, diputado José E. Pacheco
Durán; secretario, diputado Lindbergh Mendoza Díaz.»
Trámite: - De enterado.
PROPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
El C. Presidente: - En virtud de la licencia concedida al ciudadano diputado Pablo Gómez Alvarez, pido a la secretaría dar lectura a la propuesta de la mesa directiva para la integración de la Primera Comisión de trabajo.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: - Se va a dar lectura a la proposición de la mesa directiva.
«Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia: Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Ismael Yáñez Centeno, senador José de Jesús Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El C. secretario José Antonio Valdivia:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente seguido en la cámaras del Congreso de la Unión, relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 35, fracción III, 36, fracción I, 41, 54, 60 y 73, fracción VI, base tercera, y deroga los artículos decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las comunicaciones de aprobación de las legislaturas de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz, Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Coahuila y Tabasco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 26 de marzo de 1990.- Por los ciudadanos secretarios, el Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Túrnese a la Primera Comisión.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
TERMINACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 19 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, comunico a usted que se dirigió a esta Secretaría la ciudadana María Alejandra Mancilla Santamaría, por medio de la carta anexa, para informar que ha dejado de prestar sus servicios como secretaria en la embajada de Estados Unidos de América en México. Asimismo, la mencionada ciudadana solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios al gobierno de Estados Unidos de América."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 1990.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 5 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno de Estados Unidos de América en México. La nacionalidad mexicana de dicha persona, se ve acreditada por la original de su respectiva acta de nacimiento, que se remite anexa al presente oficio, así como el escrito en que se solicita que se realice el trámite correspondiente.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Vicente Ruíz López, escolta/chofer, embajada de Estados Unidos de América."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio efectivo. No Reelección.
México Distrito Federal, a 14 de marzo de 1990. El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.
Trámites: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano contralmirante infante de marina diplomado de estado mayor, Gustavo Ysunza Olivares, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano contralmirante infante de marina diplomado de estado mayor, Gustavo Ysunza Olivares, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano vicealmirante cuerpo general diplomado de estado mayor naval, Pablo Mauro Severiano Portela, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de Perú.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante cuerpo general diplomado de estado mayor naval, Pablo Mauro Severiano Portela, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de Perú.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano almirante cuerpo general diplomado de esta mayor naval, Gildardo Alarcón López, para que pueda aceptar y usar la condecoración La Legión del Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante cuerpo general diplomado de estado mayor naval, Gildardo Alarcón López, para aceptar y usar la condecoración La Legión del Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 27 de febrero de 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Morales Troncoso, pueda prestar servicios como asesor económico en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión , el 20 de marzo se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México, serán como asesor económico, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a ciudadano Carlos Morales Troncoso, para prestar servicios como asesor económico en la
Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
« Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 22 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de los Angeles Romero Cano, pueda prestar servicios como empleada administrativa en la embajada de Jamaica en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de marzo se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Jamaica en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Romero Cano, para prestar servicios como empleada administrativa en la embajada de Jamaica en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1990,- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 4 de enero de 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, pueda prestar servicios como secretaria en la embajada de Canadá en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 31 de enero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con copia del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Canadá en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, para prestar servicios como secretaria en la embajada de Canadá en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia
Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
CONDECORACIONES
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Augusto Gómez Villanueva, para aceptar y usar la condecoración Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Italia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso el ciudadano licenciado Augusto Gómez Villanueva, para aceptar y usar la condecoración Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Italia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1990 - Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
PRESTACIONES DE SERVICIOS
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficios fechados el 31 de octubre y 24 de noviembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Servín y García, Ramón de Lira Peralta, Elsa Avilés Mercado, Francisca Tapia García y Rosa Carla Torres Gutiérrez, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la embajada de Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada de Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Servín y García, para prestar servicios como encargado de inventarios en el Departamento de Agricultura, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Ramón de Lira Peralta, para prestar servicios como chofer en el Departamento de Agricultura, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Elsa Avilés Mercado, para prestar servicios como asistente del Departamento Científico, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Francisca Tapia García, para prestar servicios como empleada consular, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Carla Torres Gutiérrez, para prestar servicios como empleada consular, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 1990. - Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José se Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficios fechados los días 2 y 10 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julissa Cruz Novelo y Octaviano Garibay Contreras, puedan prestar servicios administrativos en los consulados de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 31 de enero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en los consulados de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California, serán como empleados consulares, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Julissa Cruz Novelo, para prestar servicios como asistente consular, en el consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Octaviano Garibay Contreras, para prestar servicios como empleado consular, en el consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1990. - Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficios fechados el día 11 de diciembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rosario Rosa Roig Blaky, María de las Mercedes Mundo Marín, Paula Teresa Chong Suárez, Obdulia Villanueva y González y Alfredo Arámburo López, puedan prestar servicios como empleados administrativos en la embajada de Estados Unidos de América y consulado general en Hermosillo, Sonora.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 10 de enero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la embajada de Estados Unidos de América y consulado general en Hermosillo, Sonora, serán como empleados administrativos, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rosario Rosa Roig Blaky, para prestar servicios como asistente de pagos, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de las Mercedes Mundo Marín, para prestar servicios como asistente de pagos, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Paula Teresa Chong Suárez, para prestar servicios como secretaria, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Obdulia Villanueva y González, para prestar servicios como bibliotecaria, en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Arámburo López, para prestar servicios como empleado consular, en el consulado general de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite; - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 17 de noviembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julieta Morales Vera, Nicasio Salvador Euan Várguez, Santos Humberto Acevedo García, José Guadalupe Cumi Cituc, Pedro Celestino Cuytum Caab y Edgar Renán Borges May, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 10 de enero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los interesados prestarán en el consulado general de Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Morales Vera, para prestar servicios como asistente administrativo, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Nicasio Salvador Euan Várguez, para prestar servicios como chofer/diligenciero, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Santos Humberto Acevedo García, para prestar servicios como conserje, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Guadalupe Cumi Cituc, para prestar servicios como jardinero, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Pedro Celestino Cuytum Caab, para prestar servicios como jardinero/conserje, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Edgar Renán Borges May, para prestar servicios como jardinero/conserje, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficios fechados el 9 de noviembre y 6 de diciembre de 1989, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesarios para que los ciudadanos Rosa Inés Ruíz Gómez, Juan Antonio Ventura Malanche, Manuel Sánchez Mérito y José Luis Sánchez Mérito, puedan prestar servicios de carácter administrativo en los consulados generales de Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los interesados prestarán en los consulados generales de Estados Unidos de América, en Chiapas, Yucatán y Baja California, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Inés Ruíz Gómez, para prestar servicios como secretaria en el Departamento de Agricultura, en el consulado general de Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Juan Antonio Ventura Malanche, para prestar servicios como empleado consular, en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Manuel Sánchez Mérito, para prestar servicios como empleado consular, en el consulado general de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Sánchez Mérito, para prestar servicios como empleado consular, en el consulado general de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Efrén Calvo Adame, como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión dictaminadora desea señalar que el licenciado Calvo Adame, nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de junio de 1952. Realizó sus estudios de licenciatura en relaciones comerciales en la Escuela Superior de
Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional.
Dentro de las actividades profesionales del licenciado Calvo Adame, se encuentran las siguientes: Indexador- clasificador de información en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (1972- 1973); en esta misma empresa fungió como experto del comité de importación del sector público (1974); consejero comercial de México en el Caribe, con sede en Santo Domingo, República Dominicana (1975- 1977); jefe técnico de la mesa de Centro América y el Caribe (1978); asesor de asuntos especiales del subdirector general del instituto (enero- julio 1979); consejero comercial de México en Cuba (agosto 1979- abril 1982) e Italia (mayo- diciembre 1982) y cónsul comercial de México en Italia (enero 1983- agosto 1986). Fue representante para negociaciones especiales del grupo empresarial mexicano C. Y. D. S. A. (octubre 1986- julio 1987); representante en Italia de Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (noviembre 1986- 1987); vicepresidente del centro comercial italomexicano (1987- 1988) y de enero de 1989 a la fecha es director ejecutivo de la Ocean Garden Products, Inc., en San Diego, California.
Es miembro del Colegio Nacional de Licenciados en Relaciones Comerciales y director de relaciones internacionales del Colegio Nacional de Licenciados en Comercio Internacional.
Obtuvo el primer lugar en el premio nacional que otorga anualmente la Cámara Nacional de Comercio (1975).
Ha participado en foros y conferencias de los que sobresalen: Miembro de la delegación mexicana en la reunión del Grupo 77; jefe de la misión comercial y económica México- Israel.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al licenciado Calvo Adame a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con Brasil, así como la situación en la región de Sao Paulo, del país mencionado.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la comisión que dictamina, pudimos dialogar en forma muy extensa sobre los citados temas con el licenciado Calvo Adame pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido como resultado de su fructífera carrera profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el cónsul general designado demostró un conocimiento detallado sobre la realidad política, económica, social y cultural de la República Federativa del Brasil, así como de los diversos matices que ahí suceden e influyen en la relación bilateral. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido corroborar que el licenciado Calvo Adame posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley orgánica del servicio exterior mexicano para ser designado cónsul general.
Por lo expuesto, los suscritos, miembros de la comisión, consideramos que el licenciado Efrén Calvo Adame reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de cónsul general de México, en Sao Paulo, Brasil, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del licenciado Efrén Calvo Adame, como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil.
Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, 27 de marzo de 1990.- Segunda Comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senador Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El C. Presidente:- Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Efrén Calvo Adame, cuyo nombramiento como cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir su protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: Senador Gustavo Almaraz Montaño, diputado Juan José Medrano Castillo y diputado Ricardo Monreal Ávila.
(La comisión cumple con su cometido.)
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El C. Presidente: - Ciudadano Efrén Calvo Adame: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El C. Efrén Calvo Adame: - Sí, protesto.
El C. Presidente: - Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se ruega a la comisión designada, acompañar al cónsul cuando desee retirarse.
(La comisión cumple con su cometido.)
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En sesión celebra por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de marzo del año en curso, fue turnada a la Primera Comisión que suscribe, el dictamen emitido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión presentada por la ciudadana Leticia Croche Guiochín, como viuda del licenciado José Rivera Pérez Campos, quien fuera ministro retirado de ese alto tribunal.
De los antecedentes, se desprende que la señora Leticia Croche Guiochín solicitó al ciudadano presidente de la Suprema Corte, que sometiera al tribunal pleno su petición de reconocimiento del derecho a pensión que le corresponde en su carácter de cónyuge supérstite del ministro José Rivera Pérez Campos en los términos del párrafo segundo del artículo 7o. del decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adjuntando la documentación relativa.
El último párrafo del artículo 7o. del decreto de referencia, señala que los familiares del ministro fallecido gestionarán ante el presidente de ese alto tribunal, el reconocimiento de su derecho a la pensión respectiva; que el pleno emitirá el dictamen que corresponda, el cual conforme al artículo 4o. del propio decreto, se pondrá en conocimiento del ciudadano Presidente de la República quien lo enviará en su caso para su aprobación, a la Cámara de Senadores o bien a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En sesión del 13 de febrero del presente año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Retiros y Pensiones, en el que se reconoce a la ciudadana Leticia Croche Guiochín viuda de Rivera, su derecho a la pensión solicitada.
Por lo anteriormente expuesto y encontrando que han sido cumplidas en su integridad las condiciones y formalidades que se exigen en estos casos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se aprueba en sus términos, el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia el 13 de febrero de 1990, por el que se reconoce a la señora Leticia Croche Guiochín, el derecho a la pensión como viuda del ministro retirado José Rivera Pérez Campos, de conformidad con los párrafos segundo y cuarto, del artículo 7o. del decreto que establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión
Honorable asamblea: En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 20 de marzo del presente año, fue turnado a la Primera Comisión que suscribe, el dictamen emitido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión presentada por la ciudadana Paz Consuelo García, como viuda del licenciado Tarsicio Márquez Padilla, quien fuera ministro retirado de ese alto tribunal.
De los antecedentes, se desprende que la señora Paz Consuelo García solicitó al ciudadano presidente de la Suprema Corte que sometiera al tribunal pleno, su petición de reconocimiento del derecho a pensión que le corresponde en su carácter de cónyuge supérstite del ministro Tarsicio Márquez Padilla, en los términos del párrafo segundo del artículo 7o. del decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adjuntando la documentación relativa.
El último párrafo del artículo 7o. del decreto de referencia, señala que los familiares del ministro fallecido gestionarán ante al presidente de ese alto tribunal, el reconocimiento de su derecho a la pensión respectiva; que el pleno emitirá el dictamen que corresponde, el cual conforme al artículo 4o. del propio decreto, se pondrá en conocimiento del ciudadano Presidente de la República, quien lo enviará en su caso para su aprobación, a la Cámara de Senadores o bien a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En sesión del 13 de febrero del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Retiros y Pensiones, en el que se reconoce a la ciudadana Paz Consuelo García viuda de Márquez Padilla, su derecho a la pensión solicitada.
Por lo anteriormente expuesto y encontrando que han sido cumplidas en su integridad las condiciones y formalidades que se exigen en estos casos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se aprueba en sus términos, el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia el 13 de febrero de 1990, por el que se reconoce a la señora Paz Consuelo García, el derecho a la pensión como viuda del ministro retirado Tarsicio Márquez Padilla, de conformidad con los párrafos segundo y cuarto del artículo 7o. del decreto que establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Alfredo Morán Acevedo, como general de división, diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cuarenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno fue ascendido a
subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y dos años, un mes y siete días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y Especial, así como la del Mérito Docente.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alfredo Morán Acevedo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 14 de marzo de 1990.- La comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senador Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor, Armando Mariano Ortíz Salgado, como general de división diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el diecinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de artillería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y tres años, tres meses y seis días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, Perseverancia Especial y Perseverancia Extraordinaria así como la de Legión de Honor.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división diplomado de estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Armando Mariano Ortíz Salgado.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de marzo de 1990.- La comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
« Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor, Mario Pérez Alarcón, como general de brigada diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y ocho años, once meses y quince días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y de Perseverancia Especial.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Pérez Alarcón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de marzo de 1990.- La comisión Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de fuerza aérea piloto aviador diplomado de estado mayor aéreo,
Juan Arturo Villasana Castillo, como general de grupo piloto aviador diplomado de estado mayor aéreo, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército el veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de junio de mil novecientos cincuenta y nueve fue ascendido a cabo mecánico de aeronáutica;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de fuerza aérea piloto aviador, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, tres meses y nueve días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de grupo piloto aviador diplomado de estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de grupo piloto aviador diplomado de estado mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Arturo Villasana Castillo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel médico cirujano, César Juan López Caballero, como general brigadier médico cirujano, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro como cadete; el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve como capitán primero pasante de medicina, y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a mayor médico cirujano al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, catorce días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier médico cirujano, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano César Juan López Caballero.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 7 de marzo de 1990.- La comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería diplomado de estado mayor, Eduardo Ajuria López, como general brigadier diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de caballería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, un mes y dos días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Eduardo Ajuria López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 14 de marzo de 1990.- La comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de artillería diplomado de estado mayor, Manuel García Ruíz, como general brigadier diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos sesenta y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de artillería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante veintinueve años, once meses y veintiséis días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel García Ruíz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel ingeniero constructor diplomado de estado mayor, Héctor Nazario Meza Barajas, como general brigadier ingeniero constructor diplomado de estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar como cabo mecánico el primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco y como cadete numerario el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero ingeniero constructor, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cuatro años, tres meses, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier ingeniero constructor diplomado de estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier ingeniero constructor diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Héctor Nazario Meza Barajas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería diplomado de estado mayor, Orlando Ángel Carrillo Olea, como general brigadier diplomado de estado mayor, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingreso al ejército en el heroico Colegio Militar el veintitrés de junio de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta años, siete meses, ocho días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Orlando Ángel Carrillo Olea.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- La comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, Senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería, Héctor Durán Maldonado, como general brigadier,
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y dos y el diecisiete de junio de mil novecientos cincuenta y tres fue ascendido a cadete numerario al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y siete años, catorce días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Héctor Durán Maldonado.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- La comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1989 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel intendente, Rubén González González, como general brigadier intendente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y tres fue ascendido a subteniente de administración al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos.
c) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, un mes, catorce días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y primera clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier intendente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier intendente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rubén González González.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión.- México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1990.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputada Socorro Díaz Palacios, diputado Jorge Alberto Ling Altamirano,
senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Leonel Godoy Rangel, senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, senador Gustavo Almaraz Montaño, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Juan José Medrano Castillo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente. Comuníquense al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
El C. secretario senador José Antonio Valdivia:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Antonio Hamilton Davie Goss, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, como oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del Artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Antonio Amilano Davie Goss, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, como Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Alejandro Von Wuthenau, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Von Wuthenau, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Francisca de la Cruz Jiménez, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito, que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Evarista Nieves Torres Ovando, para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito que le confiere el gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 1990.- Diputado Miguel Montes García, diputado Rodolfo Duarte Rivas, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, senador Blas Chumacero Sánchez, diputado Pablo Gómez Alvarez, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, senador Alger Urke León Moreno, diputado Ricardo Monreal Ávila y senador Francisco Jesús Solís Rodríguez.»
Trámite: - Segunda lectura
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 28 votos en pro y dos abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 28 votos.
El C. secretario diputado Mauricio Valdez Rodríguez: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INFORME
El C. Presidente: - Tiene la palabra al ciudadano senador José Antonio Valdivia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Segunda Conferencia Hemisférica de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo, celebrada en Quito, Ecuador.
El C. senador José Antonio Valdivia: - «Honorable Comisión Permanente; señoras y
señores: Del 6 al 9 de marzo del presente año, asistió a la ciudad de Quito, Ecuador, para participar en la Segunda Conferencia de Parlamentarios del Hemisferio Occidental sobre Población y Desarrollo, una delegación del Congreso Mexicano integrada por la senadora Blanca Ruth Esponda de Torres, el senador Fernando Silva Nieto, el senador Oscar Ramírez Mijares, la senadora Ifigenia Martínez Hernández, el diputado Sami David David, el diputado Juan Manuel Verdugo Rosas, la diputada Sara Villalpando Nuñez, el diputado Gerardo Arellano, el diputado Ismael Yañez Centeno y el de la voz.
La segunda conferencia tuvo como antecedente la realizada en la ciudad de Brasilia en 1982, que dio origen al grupo parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo que ahora preside México y que fortaleció el comité global, que hoy integran 65 naciones de todo el mundo; su creación obedece a la necesidad de establecer un compromiso parlamentario mundial de justicia; no es tolerable que coexistan el derroche en un pedazo del mundo y la miseria más oprobiosa de la mayoría de los seres humanos. Dejar de controlar el crecimiento demográfico traería como consecuencia el deterioro ambiental, la decadencia económica y a la larga la desintegración de la sociedad; el reto es complejo y atañe a todos los pueblos y gobiernos.
En la conferencia, en la que fue aprobado el programa de acción y se emitió la declaración de Quito, nuestra delegación tuvo un destacado papel en el desarrollo de sus trabajos, somos portadores del reconocimiento de los legisladores de todo el continente a los programas nacionales de población, planificación familiar, salud materno- infantil y preservación ambiental que lleva a cabo el gobierno de la República.
Mención especial mereció el Programa Nacional de Solidaridad que en nuestro país ha propiciado que los recursos liberados por la renegociación de la deuda fortalezcan la cobertura de la política social; sobre el particular, hicimos énfasis en que el compromiso actual de nuestro gobierno es con la sociedad y en ella con los que menos tienen.
Más de 135 parlamentarios provenientes de 28 naciones participantes y de ocho delegaciones observadoras de otros continentes, dialogaron e intercambiaron sus experiencias acerca de cuatro temas indisolublemente vinculados a la población y el desarrollo: planificación y salud de la familia, deterioro ambiental y concentración urbana, progreso social, los niños de la calle, la participación de la mujer en el Congreso y el relativo a la políticas de población. Esos son los factores para lograr el "desarrollo sostenible", que es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de satisfacer sus propias necesidades, no podemos vivir más allá de los límites que nos impone nuestro planeta.
A propuesta de la delegación mexicana, el pleno de la conferencia aprobó recomendar que se emprenda una batalla frontal y a escala mundial contra el narcotráfico, para erradicar ese grave mal que ha minado las estructuras sociales en muchas naciones, que es fuente de fricciones internacionales y degrada los valores morales de la humanidad.
Se reconoció que la realidad latinoamericana es impactante por la magnitud de sus desafíos, entre ellos:
1. Con excepción de algunos países, el desarrollo económico se ha estancado en la región. La opción para América Latina ya no puede ser el estancamiento ni la inflación, debemos crecer para generar el empleo y los satisfactores que demanda nuestra creciente población.
2. La crisis de la deuda es ahora el factor que más determina negativamente el desarrollo de la región. Existe creciente fuga de capitales de América Latina y el Caribe hacia los países desarrollados. Debe ser más equitativo el intercambio del norte con el sur, no puede financiarse el exceso mientras éste vulnera el bienestar de nuestros pueblos.
3. El nivel de concentración humana y de contaminación en las grandes urbes ha puesto en serio riesgo a sus habitantes; preocupa también la depredación incesante de los recursos naturales del planeta; el desarrollo ha cobrado un alto costo social y ecológico, no podemos confundir los fines con los medios, el fin último del desarrollo es la preservación del ser humano y de su medio ambiente.
4. Alrededor de 15 millones de niños y medio millón de mujeres mueren al año por enfermedades que es posible prevenir, éste es sólo un signo de la disminución de la atención social en muchas regiones del mundo.
Los legisladores, como representantes populares, reconocemos que podemos jugar un papel primordial en la solución de los problemas que implica el desarrollo y la expansión humana.
Podemos dictar leyes, supervisar su ejecución, asignar y gestionar el destino de fondos públicos además de crear conciencia en la opinión pública para el análisis y la atención a todos estos
problemas que hoy aquejan a las sociedades en pleno tránsito hacia su modernidad.
Por ello, se adoptó el compromiso de los parlamentarios reunidos en la conferencia, de trabajar con el gobierno, las comunidades y el electorado para:
a) Apoyar el mejoramiento de la salud de nuestros pueblos, fomentando el acceso equitativo a los servicios institucionales;
b) Detener la destrucción del medio ambiente con acciones concertadas con los diversos grupos económicos y sociales y la ciudadanía en general, que aseguren la participación social en las políticas ecológicas;
c) Mejorar el nivel de vida de los niños, particularmente los niños de la calle, para facilitar su desarrollo humano y psicológico en forma integral;
d) Mejorar la condición de la mujer, con acciones que promuevan su incorporación equitativa en la familia, la comunidad, el trabajo y la política;
e) Adoptar políticas de población racionales y equitativas, y
f) Que se estimule la justicia en la negociación de la deuda y que se garantice que esta carga no afecte los programas sociales y que no disminuya la atención de los servicios públicos a la población.
Además, como un reconocimiento al destacado trabajo que desarrolla en estas materias nuestro país, el consejo del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo nos distinguió eligiendo por unanimidad a México para ocupar su presidencia durante el siguiente período, en la persona de la senadora Blanca Esponda.
Compañeros legisladores: Somos portadores del mensaje solidario de los legisladores de todo el continente y de su llamado para unirnos en torno a este movimiento parlamentario mundial, muchos países hacen frente a una emergencia demográfica; tratar de desacelerar el crecimiento poblacional cuando se han deteriorado los niveles de vida, resulta políticamente una de las tareas más difíciles y complejas que puedan afrontar los gobiernos, pero es en nuestro tiempo un deber ineludible.
Por esa razones, solicito a la Presidencia de la Comisión Permanente proporcione copias de la Declaración de Principios y del Programa de Acción de Quito a cada legislador de esta honorable Comisión Permanente, y que se remitan también a las comisiones respectivas de ambas cámaras, así como a las legislaturas de los congresos de los estados de la Unión.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- 28 de marzo de 1990.»
El C. Presidente: - Pido a la secretaría atienda lo solicitado por el senador José Antonio Valdivia.
PROPOSICIONES
SOBRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación de violencia en Colombia.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: El día 14 de marzo en la sesión ordinaria de esta Comisión Permanente, antes de hacer una propuesta concreta sobre el problema de la violencia desatada en la hermana República de Colombia, pronuncié las siguientes palabras: "detener este baño de sangre, detener la intervención extranjera en un país hermano de América Latina, es y debe ser una consigna, una demanda y un deber de los patriotas y de los revolucionarios mexicanos."
Este llamamiento que se daba en el ámbito de una violencia desatada en contra de las fuerzas democráticas, tuvo un incremento doloroso que le da una situación cualitativamente mucho más grave a esta situación de genocidio y violencia.
El día 22 de marzo, exactamente 11 días después de las elecciones generales para la renovación de los titulares del Poder Legislativo de esa nación, a las 8.05 horas, en el aeropuerto internacional de Bogotá, un grupo paramilitar asesinó a Bernardo Jaramillo, diputado en funciones y senador electo, dirigente de 38 años de edad, presidente de Unión Patriótica y candidato a la Presidencia de la República para las programadas elecciones a efectuarse el próximo día 27 de mayo del año en curso.
Es decir, se trata de una situación grave, de una nueva agresión que nosotros afirmamos es por instrucciones del Departamento de Estado de Washington, que pueden derivarse en una generalizada guerra civil, que como lo ha dicho la propia Unión Patriótica, no podemos permitir.
Y esta organización, Unión Patriótica, que agrupa a las fuerzas democráticas fundamentales de este
país hermano, ha expresado abiertamente que su objetivo político es precisamente detener la posibilidad de una guerra civil terriblemente costosa, porque ello es una parte sustancial de la acción de Unión Patriótica, porque tiene la convicción plena de que es posible, a pesar de todo, abrir una cobertura política para que los problemas sociales, para que las demandas populares y el anhelo de paz se conviertan en realidad sin necesidad de continuar con un baño de sangre que ningún latinoamericano, patriota y consciente, puede aceptar.
No es posible, compañeros legisladores, que pudiésemos permanecer en una actitud de displicencia, en una actitud de inacción, de inconsciencia frente a la situación que se continúa agravando en la hermana República de Colombia.
Las consideraciones, los hechos, los datos, las cifras de esta violencia generalizada los hicimos en la sesión del 14 de marzo pasado, apenas en estos 15 días han ocurrido ocho asesinatos de dirigentes políticos y el baño de sangre continúa.
Ante esta situación que conmueve la conciencia latinoamericana, pensamos que los representantes mexicanos, los legisladores de México, que estamos convencidos de la necesidad imperiosa de que impere la paz social en nuestros pueblos, de que se garanticen los derechos mínimos para que los procesos electorales y la lucha por la democracia se consolide en nuestros pueblos, estamos seguros que no tendríamos inconveniente en aprobar, frente a esta situación, un punto de acuerdo que podría quedar en los siguientes términos:
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el artero asesinato del diputado y candidato presidencial de Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa, por constituir un grave retroceso en el esfuerzo por lograr la paz social y deplora la violencia que fuerzas enemigas de la democracia de Colombia han desatado contra fuerzas populares de este país, particularmente contra los integrantes de Unión Patriótica.
Segundo. Hace votos porque el gobierno colombiano tenga la capacidad suficiente para otorgar las garantías necesarias a todas las fuerzas participantes en la contienda electoral, a fin de que se creen las condiciones favorables para que el pueblo colombiano pueda expresar libremente su voluntad en las elecciones del 27 de mayo.
Sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- 28 de marzo de 1990.
Atentamente.
Diputado Jesús Antonio Carlos Hernández.» Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.
DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan José Medrano Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre servicios en el Distrito Federal.
El C. diputado Juan José Medrano Castillo: - Honorable asamblea: En el mes de diciembre del año pasado se aprobaron diversas reformas a las disposiciones hacendarias del Distrito Federal; entre ellas se formulan incrementos exorbitantes a los derechos de piso que los comerciantes de los mercados deben cubrir, basándose en una clasificación de mercados de comercialización regular o baja, y según se trate de locales cubiertos o descubiertos y áreas comunes o frigoríficas.
Ahora bien, diputados de diversos grupos parlamentarios, incluidos entre ellos diputados del Partido Acción Nacional, señalaron su inconformidad por el aumento desmedido y señalaron también algunas otras irregularidades; sin embargo de ello no fueron atendidas, no fueron tomadas en cuenta sus observaciones. Ahora, ante la inconformidad de los comerciantes, se pretende buscar una solución operativa bajo las bases de la norma aprobada, en vez de valorar la posibilidad de su derogación, es decir, sin atacar el problema en su origen.
Pero resulta que la posible solución que ahora pretende ponerse en práctica, se basa en la monopolización de la representación, es decir, el gobierno del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal, se ha dado la tarea de celebrar convenios con el Partido Revolucionario Institucional para resolver, se dice, los problemas de los mercados.
Yo creo que no pueden ahora vestirse con el ropaje de salvadores y de eficientes gestores quienes ayer aprobaron la norma que agravia. Desde luego no me aparto que los partidos políticos todos pretendan y puedan prestar de hecho asesoría y ser gestores incluso, pero de ninguna manera debe pretenderse monopolizar la representación de estas personas, sobre todo que las autoridades tiene el deber de atender a todos sin mirar el color de su partido.
Al respecto creo que vale la pena leer parte del texto de un escrito difundido por el comité del partido oficial en el Distrito Federal que a la letra dice:
El Departamento del Distrito Federal aceptó y autorizó la creación y funcionamiento de los consejos delegacionales como órganos representativos de los locatarios ante la autoridad delegacional correspondiente. Los consejos delegacionales serán instituidos a partir de la segunda quincena de febrero en cada una de las 16 delegaciones políticas del Departamento del Distrito Federal, y serán conformados con los representantes de todas las mesas directivas priístas de los mercados y por un representante nombrado por el partido, con la finalidad de lograr organizaciones representativas de los intereses de los locatarios.
Al respecto creo que vale la pena mencionar que en el Primer Período Ordinario de Sesiones de esta Legislatura ante la Cámara de Diputados, diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional presentamos una iniciativa, en ese entonces de reforma constitucional, para que se prohiba la utilización indebida de los recursos del Estado para favorecer a uno o varios partidos.
En este respecto vale la pena mencionar que expusimos que en esta utilización indebida de los recursos no sólo puede entenderse el manejo de los recursos económicos o la utilización de bienes de propiedad pública o incluso la prestación de servicios personales con cargo al erario en favor de partidos, sino que hicimos hincapié en un método, en un mecanismo de utilización indebida, en el sentido de tomar en cuenta el ejercicio de medios de acción gubernamental para favorecer a un solo partido; al analizar este concepto debemos rescatar el sentido de esta iniciativa y como soy un portavoz en este caso, ante esta Comisión Permanente, de un grupo de diputados y de miembros de la Asamblea del Distrito Federal, por cuanto a un escrito que presentaron ante el Jefe del Departamento del Distrito Federal, daré lectura al texto íntegro de este escrito.
«Ciudadano licenciado Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal.- Presente.
Diversas asociaciones de locatarios de mercados públicos, nos han planteado a los que suscribimos, diputados federales y representantes de la Asamblea del Distrito Federal, los graves problemas, confusiones y atentados contra sus derechos, que se derivan del convenio celebrado entre el Departamento del Distrito Federal y el Partido Revolucionario Institucional, en el que se establecen los llamados consejos delegacionales y que son los siguientes:
Los convenios celebrados entre el Departamento y el mencionado partido violan garantías individuales de los locatarios de dichos mercados, los mencionados consejos delegacionales pretenden monopolizar la representación de los locatarios, sin tomar en cuenta que se encuentran formalmente constituidas múltiples asociaciones de locatarios que legítimamente los representan.
Relacionado con lo anterior, la autoridad delegacional en esos convenios, concede prerrogativas y acepta facultades de tales consejos, que no sólo son ilegales, sino que afectan la libertad de asociación y a las asociaciones existentes.
Mediante las supuestas conquistas conseguidas con los consejos delegacionales, tratan de descalificar a las demás asociaciones y de manera ilegal y desleal, presionan a los locatarios para que apoyen a dichos organismos.
En los mencionados convenios, la autoridad viola flagrantemente la ley y el reglamento al hacer, por un lado, reclasificaciones arbitrarias de la base por la cual deben tributarse y, por otro lado, excediendo sus facultades, pactan reducciones en los impuestos y aun devolución de porcentajes del impuesto reducido o cubierto.
Los convenios citados no sólo son ilegales por lo anterior, sino porque exceden la facultad que la ley concede para su celebración, es decir, no sólo por su contenido, sino porque ni siquiera pueden celebrarse en esos términos.
Analizados los anteriores problemas planteados, así como la documentación que nos ha sido exhibida, nos percatamos de los graves problemas políticos y jurídicos que esta acción implica.
En primer lugar, es claro los fines o el fin político partidista que estos convenios traen consigo, siendo una más de las miles de tácticas en donde se confunde la autoridad con el partido político en su beneficio, de una manera anticonstitucional y desleal, que no sólo rompe los límites mínimos de la ética política, sino su palabra empeñada con nosotros, de que la actitud de la autoridad en el Distrito Federal, sería partidista, tomando en cuenta sólo el interés del ciudadano y que se daría un trato equitativo y la misma atención al planteamiento de los problemas por parte de los partidos políticos.
Al margen de las cuestiones políticas, los multicitados convenios violan flagrantemente las leyes, por las siguientes cuestiones:
a) El convenio que celebran el Departamento del Distrito Federal y el Partido Revolucionario Institucional tiene por objeto la creación de los llamados consejos delegacionales, que se integran con los representantes de todas las mesas
directivas priístas de los mercados y por un representante nombrado por dicho partido, es decir, las autoridades del Departamento del Distrito Federal celebran un convenio para la creación y reconocimiento de un órgano partidista, aberración jurídica y política. Pero no sólo eso, sino que dicha autoridad se compromete a crear los mecanismos para escuchar la opinión previa de dicho organismo en cuestiones que constituyen actos obligatorios de la autoridad para cumplir su cometido, y
b) La celebración de dicho convenio excede las facultades del Departamento, inclusive es de mencionarse que los ordenamientos expresamente citados en el texto de los convenios es inaplicable, o bien se le pretende dar una extensión ilegal y absurda.
Efectivamente se mencionan como preceptos que facultan a la autoridad para celebrar el convenio, en las declaraciones que vierte la autoridad, los artículo 5o., 12 y 45 del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, preceptos legales que se refieren a lo siguiente:
El artículo 5o., en su fracción XX, expresamente citada del mencionado ordenamiento, faculta al Jefe del Departamento a celebrar convenios con la Federación, los estados y municipios que incluyan materia de la competencia de éste.
Respecto del artículo 12 de ese cuerpo legal, aunque no lo expresa, tendríamos que considerar la fracción XII, que podría ser la más cercana, con la salvedad de que ahí se estipula un fin concreto, pues expresa lo siguiente:
Representar al Departamento del Distrito Federal ante todo tipo de organizaciones de comerciantes de productos básicos, así como fomentarlos y apoyarlos con el propósito de que las mercancías se ofrezcan a precios accesibles, evitando intermediarismos innecesarios. Finalidad que evidentemente no tiene los convenios aludidos.
Por último, por lo que toca al artículo 45, también del Reglamento, tendríamos que considerar la fracción XXXIII, que puntualiza:
Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e instituciones cuya finalidad sea de interés para la comunidad. Disposición jurídica inaplicable en cuanto a su contenido y las prerrogativas que otorga a esos organismos partidistas.
c) La celebración de los convenios en cuestión no sólo exceden al Departamento en sus facultades para su celebración misma, sino en su contenido exceden a sus facultades en cuanto a las concesiones que hace supuestamente por la intermediación de esos organismos, que se refiere fundamentalmente a criterios arbitrarios e ilegales de reclasificación de locales y reducción en la tasa impositiva, sumada a una devolución que trae como consecuencia que la autoridad reciba sólo el 3% de un impuesto fijado por la ley.
Queremos dejar claro que en su caso no nos opondríamos a revisiones de tasas impositivas para fijar una más adecuada y más justa, a lo que nos oponemos es a que una autoridad que es ejecutora, pasando sobre la ley, reduzca impuestos ilegalmente y con fines político- partidistas.
Por lo anterior, es evidente que los convenios celebrados son nulos de pleno derecho. Nulidad que se produciría por cualquiera de los argumentos enumerados en los tres incisos anteriores, además de muchos otros que se podrían aducir, por lo que exigimos la inmediata declaración de nulidad de los multicitados convenios, reservándonos las acciones conducentes en contra de las autoridades del Departamento que por ese acto hayan incurrido en responsabilidad.
México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 1990.- Lo signan diputados y miembros de la Asamblea de Representantes.»
Por todo lo anterior, señor Presidente, yo me permito proponer que este asunto sea turnado a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para que en su seno se debata el contenido de este señalamiento y ahí se tomen las medidas pertinentes.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el senador Bulmaro Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. senador Bulmaro Pacheco Moreno: - Compañeros legisladores: Recientemente cuando se ha dado el debate y se ha buscado pues discutir ampliamente sobre la política del Departamento del Distrito Federal, en todos los rubros, en agua, en predial, en seguridad pública, ecología, en transporte, siempre surge una inquietud de los compañeros de partidos de oposición, que he escuchado en forma reiterada, diciendo que si el Partido Revolucionario Institucional no cuida esos aumentos o si el partido Revolucionario Institucional no está atento a alerta a la política del Departamento del Distrito Federal, tal y como se estuviera aplicando ahora, ¿qué va a pasar en 1991?, ¿o cuántos votos se le restarían al Partido Revolucionario Institucional en 1991, de seguir una política de este tipo?
Nosotros creemos que ese razonamiento que implica establecer una relación directa entre lo que hace el gobierno del Departamento del Distrito Federal, que ya por voz de su Jefe del Departamento, en días pasados indicó que su acción era para el interés general y no sobre la acción de un partido en particular, pues, más mal nos iría, más mal iría si no se contara con el recurso para llevar adelante un determinado programa de obra o servicio.
Aquí el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se queja de la monopolización, dice él, de la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el gobierno del Distrito Federal, es lo que se refiere a la organización de los locatarios y de las uniones de locatarios de los mercados públicos, más de 350 que funcionan en el Distrito Federal, para tratar los asuntos que son de interés común para los locatarios tanto como ciudadanos, como empresarios, pequeños comerciantes, y tanto lo que se refiere a la estructura comercial de su entidad, de su mercado, como a los servicios que demandan como ciudadanos en general, en donde viven.
El Partido Revolucionario Institucional siempre ha tenido en los locatarios de los mercados en el sector popular, agrupados a través de las uniones de locatarios, mecanismos y organismos de discusión permanente no sólo sobre las tasas gravables o sobre la política de ingresos y egresos de los municipios, en el caso de los estados y del Distrito Federal.
El Partido Revolucionario Institucional se preocupa por darle interlocución a la demanda de los locatarios, como ya ha estado demasiado reiterado y establecido permanentemente a través de la estructura organizativa del sector popular, mal hará el Partido Revolucionario Institucional en descuidar algo de su base, algo de su militancia, algo de sus simpatizantes que se encuentra en muchos en los mercados públicos, mal haría el Partido Revolucionario Institucional también en no procurar organizaciones e instancias políticas que agrupen y reagrupen la fuerza que no esté dispersa de los mismos locatarios a la hora de tratar los asuntos con el gobierno en lo que se refiere a toda la competencia para resolver estos problemas.
No nos abrogamos la monopolización, como dice el diputado, de la representación, ni tampoco vestirse con el ropaje de salvadores y eficientes gestores, la relación con los locatarios de los mercados, no sólo en el Distrito Federal, sino en el resto del país, data de muchos años y ha sido un vehículo eficaz, políticamente hablando, para atender y resolver las demandas de ese importante núcleo de población.
Además las autoridades firman los convenios para propiciar una mayor participación de la comunidad en el desarrollo de obras y servicios o la prestación de algún servicio público que implique la opinión, la consulta y la participación de la comunidad en los asuntos de gobierno.
Declaro y aclaro que el partido hace política, el partido busca una mayor representación, el partido hace activismo para fomentar una mayor participación de la comunidad en sus filas, pero el partido no desatiende las demandas populares de la comunidad que organizadamente se lo plantea. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Pedro César.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Bien podría, con algo de maña legislativa, invocar el artículo 60 del Reglamento Interior, para obviar este tipo de discusiones, ahí muy claramente se advierte que no se puede discutir ningún asunto hasta que la comisión correspondiente haya dictaminado sobre el mismo.
Accediendo, sin embargo, a la práctica constante de ventilar los asuntos aún y cuando todavía la comisión ni siquiera los conozca, y no obstante que el diputado Medrano solicitó específicamente que cuanto antes se trasladara este señalamiento que hizo a la Comisión del Distrito Federal, para que en el seno de la misma se hicieran valer los argumentos que casi de inmediato empezaron a expresarse aquí, me interesa, porque lo considero importante, señalar que lo fundamental de la denuncia está no tanto en la forma sino en el fondo de la celebración de los convenios, aun y cuando desde el punto de vista meramente formal, también existe una limitación expresa para la celebración de los referidos convenios.
El fondo de la cuestión es una reiterada práctica del gobierno, sea cual fuere su manifestación o su nivel para utilizar al Partido Revolucionario Institucional como "brazo electoral de obras y servicios públicos", en detrimento de los demás partidos políticos y con claro acondicionamiento de los derechos políticos de los ciudadanos, que tienen tales derechos consagrados en las leyes, sin que para que les sean reconocidos deban recurrir a procedimientos de manipulación, acondicionamiento, sea éste expreso o sobreentendido.
Es ya tradicional el acondicionamiento de la prestación de servicios en todos los niveles del poder; es ya un hecho que existe a lo largo y ancho del país el que los ciudadanos para reclamar la introducción de agua, drenaje, alumbrado, vigilancia y
otros servicios, frecuentemente sólo puedan ser atendidos si esas demandas se hacen por medio del partido oficial u organismos afines.
Contra eso estamos objetando en el fondo de la cuestión las atribuciones indebidas del Departamento del Distrito Federal. Contra eso estamos suscribiendo la demanda de que el gobierno debe ser para todos, independientemente de la militancia partidista de quien exija servicios.
Si el gobierno, a pretexto de convalidar acciones partidistas, disfraza su función de servicio y la condiciona al color de cierto partido político, la ciudadanía se encuentra evidentemente en estado de indefensión, y en esas circunstancias, es preciso una y otra vez, ante cada hecho que se presente, protestar, exigirle al gobierno la imparcialidad elemental que todo cuerpo político de esta naturaleza debe tener.
Pero más aún, el convenio celebrado entre el Departamento del Distrito Federal y el Partido Revolucionario Institucional va más allá de lo que establece el artículo 5o. en su fracción XX, del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, que señala específicamente que los convenios se deben celebrar con la Federación, los estados y los municipios, que incluyan materiales de competencia de éste.
Si de ahí se trata de derivar alguna interpretación sui generis para determinar que el partido oficial es parte integrante del gobierno, bueno es la hora para que aquí los defensores del partido oficial vengan a sostenerlo, porque precisamente en esta tribuna se ha señalado que lo que para unos es partido de Estado y lo que para otros es apéndice electoral del gobierno, debe quedar en uno y ambos casos proscrito por nuestra ley, porque no se vale en el juego democrático limpio, utilizar a un partido para la prestación de servicios que el gobierno está obligado a proporcionar, porque la fuente, la implementación de esos servicios, proviene de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, no nada más los ciudadanos afiliados al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
MISCELÁNEA FISCAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la Miscelánea Fiscal.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - "Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores: Etenim circunstant me canes multi, caterva male agentium cingit me (porque me cercaron muchos perros y una caterva de malhechores me rodearon).
La Miscelánea Fiscal ha despertado el rechazo de todos los mexicanos, dado que ésta se implementó sin tomar en consideración la capacidad de pago de los habitantes, de manera arbitraria, sin un estudio previo y por lo mismo caprichosamente. Esto fue parte de las razones por las que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana decidiera no votar por dicha Miscelánea Fiscal.
Lo sostuvimos en el pasado y lo reiteramos ahora, que en los proyectos enviados por el Ejecutivo Federal nunca quedó claro por qué era necesaria una reforma fiscal de ese tipo, las mismas previsiones oficiales indican que para 1990 no habrá un cambio significativo en los porcentajes del producto interno bruto, que representa cada uno de los rubros impositivos más importantes.
La Secretaría de Hacienda pretende recaudar, de manera bruta, 75 millones de pesos para 1990, extraídos de empresas y actividades privadas, cuyo valor total, la misma Secretaría estima en 104 billones de pesos. Esto es, una recaudación equivalente al 54% del valor total de la planta industrial, comercial y de servicios.
De esta manera simplista fue que la Secretaría de Hacienda determinó su universo gravable. La base tributaria se expandió, eliminando las bases especiales de tributación, eliminando de manera virtual la clasificación de causantes menores, convirtiendo a todo tipo de sociedad y asociación en sociedad mercantil para fines fiscales.
Por los estragos que esta política está causando, es urgente que revisemos la Miscelánea Fiscal, con la conciencia de que desde la Cámara de Diputados se ha permitido que se dañe a la economía nacional. Se ha permitido que se rompa con el principio de la equidad y la justicia que define la Constitución. Por otra parte, está el análisis de la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de las leyes que se han creado.
En su nueva labor persecutoria de la defraudación fiscal, las autoridades basan sus acciones en la inconstitucionalidad. Con la ley aprobada se crearon nuevas formas de delitos como es el de la simulación fiscal, artículo 109 del Código Fiscal, y el de la evasión fiscal, artículo 115 - bis, los que a juicio de los expertos no sólo carecen de técnica jurídica, sino que son ejemplos evidentes de la inconstitucionalidad.
Con estos artículos se crean las figuras jurídicas de delitos que se basan en la suposición de que un acusado intentaba o tenía el propósito de defraudar a la Hacienda Pública, aun cuando el delito nunca llegare a consumarse. Basta que la suposición sirva de acusación para que el presunto delincuente sea detenido.
Tal imprecisión, no analizada por los diputados que en forma festinada aprobaron la referida miscelánea, deja en estado de indefensión a los contribuyentes y a merced del subsecretario don Francisco Gil, neoprocurador oficioso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se ha granjeado el título del Torquemada sin inquisición y cuya acción es más temida y perniciosa que la de Coello Trejo y su grupito de policías violadores.
La consigna del subsecretario Francisco Gil, alias el "Torquemada", al personal del Ministerio Público Federal y a los sabuesos de la policía fiscal y auditores de Hacienda, es la de crear delincuentes mediante extorsión, el pánico y encarcelamiento por una presunta responsabilidad o comisión de delito sin que ésta exista, solamente con la presunción de don Gil, no el de las "Calzas Verdes", sino el de Hacienda y en consecuencia el contribuyente queda expuesto a la decisión de un juez que determine si hubo la preterintencionalidad de la comisión del delito de evasión fiscal.
Y es precisamente en esta imprecisión en que se basa la legalidad de la consigna hacendaria para la persecución policiaca fiscal del actual gobierno. Pues la teoría de don Pedro Aspe, y su adlátere don Francisco Gil es que: "todos los contribuyentes somos evasores delincuentes, mientras no se demuestre lo contrario". Invirtiendo el principio constitucional de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
Esto mismo ocurre con la miscelánea del Distrito Federal, en la que un grupo de diputados, queriendo quedar bien con el sucedáneo del Presidente de la nación, mal llamado regente de la ciudad de México, don Manuel Camacho Solís, crearon un monstruo de leyes con la consiguiente inconformidad del pueblo.
La irresponsabilidad con que se legisló en materia fiscal, tanto como para toda la República y para el Distrito Federal, nos hace responsable a todos los diputados que queremos realmente darle soluciones a la problemática planteada por los ciudadanos a luchar por una verdadera ley fiscal que se adecúe, no a os miles de millones de pesos que don Pedro Aspe y sus peritos ambicionan, sino a crear una verdadera miscelánea adecuada a los recursos e ingresos de cada contribuyente.
Es muy fácil para los señores secretarios encumbrados en su torre de marfil, presentarnos un proyecto de Miscelánea Fiscal pensado y elaborado ya ni tan siquiera por asesores mexicanos, profesionistas que tenemos de mucha capacidad y calidad, sino apoyados en extranjeros nacionalizados quizá, pero sin el conocimiento de la realidad mexicana. Demandamos de don Pedro Aspe y de todas las secretarías la expulsión inmediata de los extranjeros que están elaborando los proyectos de vida de México, como los incrustados en la Secretaría de Educación Pública y son quienes nos elaboran los textos gratuitos y en Hacienda, las misceláneas fiscales.
Don Pedro Aspe, don Francisco Gil y señor Camacho Solís, hacen oídos sordos a los clamores de los contribuyentes al alto costo del agua, al disparatado predial y la reubicación de comerciantes, a la creación de contribuyentes mayores, en fin, para ellos todo lo que signifique causar el mayor daño al ciudadano, es lo que mejor le conviene para su política fiscal.
Por tanto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone a esta soberanía se remita el presente a la Comisión de Hacienda de esta Cámara, para que se proceda a revisar la Miscelánea Fiscal en el próximo período de sesiones, para su reforma y adecuación justa y equitativa.
Porque quienes aprobaron las misceláneas, lo hicieron pensando en aquel refrán popular que dice: Fiat voluntas Dei in bovis comes (hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre).
Atentamente.
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
DE LAS RELACIONES ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el cambio de gobierno en Chile y reanudación de relaciones diplomáticas. Me dice el diputado Medrano que no se encuentra el diputado Bátiz en la sala, entonces pasaremos al siguiente asunto del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre amenazas de Estados Unidos en contra de Cuba.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; ciudadanos legisladores: Felle potus ece languet (mira al más inocente maltratado): el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, es la doctrina que México ha seguido como fórmula idónea para buscar la convivencia en paz, de las naciones del mundo. Sin embargo, los afanes de dominio de Estados Unidos de América no reconocen límites y para lograrlos han venido perfeccionando acciones de violación a la soberanía de las naciones.
En México, concretamente sufrimos esa agresión, cuando nuestro suelo patrio es vigilado subrepticiamente por un satélite norteamericano instalado sin autorización alguna que debe merecer el rechazo y el reproche de autoridades y pueblo mexicano.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que bajo ninguna circunstancia, los pueblos del mundo que se inclinan por una relación de respeto pueden consentir que algún país por poderoso que sea, se tome libertades o atribuciones que nadie le ha concedido para intervenir en la vida interna de otro. En México, nuestra Constitución es clara, cuando en su artículo 39 señala con claridad que: "la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo".
En nuestro país, los conflictos provocados por el narcotráfico, han originado la presencia de agentes de la Agencia Federal contra el Narcotráfico en el territorio nacional, provocando una flagrante violación a nuestra soberanía, no obstante los avances logrados para combatir el narcotráfico. Las presiones son producto de un gobierno que en lo interno no ha podido resolver sus propios problemas y a cambio de ello, ha pretendido erigirse en la policía de América Latina.
¿Qué autoridad moral o política tiene el gobierno norteamericano para agredir a los países de América Latina? Ninguna.
Pero las baterías norteamericanas se han dirigido constantemente a agredir a la República de Cuba, con transmisiones a través de radio Martí que desde mayo de 1985, ha lanzado una ofensiva electrónica en contra del pueblo y gobierno cubanos, pretendiendo ampliar esta agresión por medio de la televisión Martí, la cual se encuentra lista para iniciar sus pruebas en cualquier momento. Esta es una nueva modalidad de guerra: "la guerra electrónica" y a pesar de la protesta del pueblo y gobierno cubanos, Estados Unidos ha instalado ya un sistema de antena transmisora elevada a 3 mil metros de altura sobre un globo aerostático cautivo ubicado en un islote de Florida.
Cuba no tiene la capacidad electrónica para defender su soberanía, pues su capacidad sólo se circunscribe a interferir estaciones de amplitud modulada y no obstante estas limitaciones, o quizá sabedores de esto, los norteamericanos en la madrugada de hoy iniciaron la agresión a la soberanía de Cuba, apoyados por la aprobación que al respecto emitió el Congreso Norteamericano en 1987. Es así como da comienzo una nueva modalidad de guerra: "de las ondas".
Estados Unidos y Cuba inician uno de los últimos frentes de la Guerra Fría, pues el polémico Televisión Martí, está expresamente dirigido a Cuba. La guerra de las ondas de comunicación, señala Washington, servirá para admitir libre flujo de información a los cubanos, pero la realidad es que se implementa una organizada agresión electrónica para desestabilizar un gobierno más en América Latina.
No se trata aquí de cuestionar si es legítimo o no el gobierno de Cuba, porque de acuerdo con la doctrina de México en política internacional, respetamos y respetaremos la forma en que el pueblo cubano haya decidido su gobierno; se trata de manifestar nuestro repudio a una acción del gobierno norteamericano que viola flagrantemente la soberanía de una nación enclavada en nuestro espacio vital, como lo es Latinoamérica.
Hacemos un llamado a los pueblos latinoamericanos para que se pronuncien en contra de las agresiones que está recibiendo la soberanía del pueblo cubano. Demandamos respeto a la idiosincrasia y a la voluntad de los estados latinoamericanos y reprobamos las actitudes intervencionistas y manipuladoras que ha implementado el gobierno norteamericano, para socavar y manipular los derechos y voluntad de los pueblos de América Latina; consideramos que la agresión a Cuba es una ofensa también para los demás países del área. No podemos permitir que algún país, por más poderoso que sea, interfiera en la vida y forma de gobierno que cada pueblo ha decidido como camino para resolver sus problemas internos. Porque: hoc bobis dicum, ne ignores (les digo esto, para que lo tomen en cuenta).
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: Estos hechos que atinadamente denuncia el compañero diputado Juan Jaime Hernández, constituyen una escalada más en esta cadena de agresiones que
intentan vulnerar la independencia y la soberanía, no solamente del hermano pueblo cubano, sino otra vez de todos los países de la comunidad latinoamericana y caribeña.
La propia embajada de la República de Cuba en nuestro país, por disposición del propio gobierno cubano, el excelentísimo señor embajador José Jorná, ha emitido en nuestro país, en relación con estos hechos, el siguiente comunicado:
"A las cero una horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de marzo el gobierno de Estados Unidos dio inicio a las anunciadas pruebas de un servicio de televisión en español exclusivamente dirigido contra Cuba, usurpando un canal del espacio radio eléctrico nacional que utiliza la emisora cubana Radio Rebelde. Esta nueva agresión del gobierno estadounidense que se suma a los programas a la radio contrarrevolucionaria operada por la Voz de América, constituye una grosera violación de nuestra soberanía nacional así como del derecho internacional particularmente de la Convención de Nairobi de 1987 y de la Convención de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de las cuales son signatarios Cuba y Estados Unidos.
Como advertimos el 17 de enero de este año al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Cuba, en uso de su legítimo derecho a rechazar cualquier acción que aténte contra su soberanía, interrumpió las señales televisivas estadounidenses a los diez minutos de iniciadas e impidió en lo sucesivo todo intento de ocupar por la fuerza nuestro espectro radio eléctrico. A cada acción ilegal norteamericana habrá, como siempre, una respuesta firme y equilibrada del gobierno y el pueblo cubanos.
El comienzo de las transmisiones estadounidenses tiene lugar en momentos en que la administración Bush, alentada por los cambios ocurridos en Europa Oriental, el resultado de las elecciones en Nicaragua y la pírrica victoria lograda en Panamá a costa de la masacre de miles de sus hijos, emprende un curso cada vez más agresivo y hostil contra la revolución cubana. No puede dudarse incluso que dichas transmisiones formen parte de una acción de mayor envergadura y que Estados Unidos pretenda, en realidad, crear las condiciones para desatar una agresión militar.
La comunidad internacional, las agencias especializadas de las Naciones Unidas, los gobiernos responsables, deben actuar en forma decidida para detener la agresión radio eléctrica de Estados Unidos contra Cuba y evitar un agravamiento de esta situación que pudiera quebrantar la paz y la seguridad de la región. Al reiterar la decisión irrevocable del pueblo y del gobierno cubano de resistir y rechazar esta nueva agresión del imperialismo en la esfera radio eléctrica, en cualesquiera otra, de defender al precio que fuese necesario nuestra soberanía e independencia nacional, Cuba responsabiliza al gobierno de Estados Unidos por todas las consecuencias que se deriven de su política arrogante, violatoria del derecho y las normas internacionales."
Ante estas consideraciones compañeros legisladores, la mayoría de los partidos políticos representados en esta Comisión Permanente, como lo son el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, se permiten proponer ante esta honorable soberanía la aprobación de este punto de acuerdo.
Honorable asamblea, el día de ayer al mediodía se iniciaron las operaciones del proyecto conocido T. V. Martí, que transmitido desde Florida estadounidense, apoyado con un sofisticado equipo electrónico, emitió las señales con la clara intención de intervenir a los tele- espectadores cubanos dentro del proyecto que desde hace 30 años promueve el gobierno de Estados Unidos en contra de este hermano pueblo.
Durante 10 minutos fueron transmitidas en consecuencia, a manera de prueba, mensajes que llaman a la subversión, calumniando a las instituciones cubanas con un claro propósito desestabilizador y de abierta provocación.
La filosofía solidaria del pueblo mexicano debe alertarse ante esta nueva agresión, por lo que la historia de las relaciones solidarias entre ambos pueblos merece hoy nuestra excepcional atención. El pueblo mexicano, como víctima permanente de agresiones tanto económicas, políticas como culturales, sabe muy bien que para el imperialismo la lucha de los pueblos de América Latina por alcanzar su plena independencia y preservar su autodeterminación, no sólo es vista con hostilidad sino que motiva la abierta intromisión y perturbación de nuestros procesos sociales internos.
El propio gobierno federal y las fuerzas democráticas de México, se han pronunciado los últimos días por respetar el camino trazado por la Revolución Cubana, y que sólo a este pueblo compete discutir internamente sus problemas, por lo que se hace inadmisible permanecer al margen de esta agresión norteamericana que ahora, con medios electrónicos, suma su larga campaña en contra de la autodeterminación, libertad y democracia del pueblo cubano.
Por las consideraciones anteriores nos permitimos proponer a esta soberanía un pronunciamiento de solidaridad al hermano pueblo cubano, contenido en el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Unico: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente la puesta en operación del proyecto denominado T. V. Martí, por considerarse como un instrumento de provocación, calumnia y desestabilización contrario a la autodeterminación del hermano pueblo de Cuba. La vocación del pueblo mexicano de solidaridad y lucha por la independencia y autodeterminación de los pueblos se expresa hoy ante la grave situación que vive el pueblo cubano.
Sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de marzo de 1990.
Atentamente.
Diputado Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y senador Cristóbal Arias, del Partido de la Revolución Democrática.» Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señores legisladores; señor Presidente: Quiero manifestar en nombre de mi partido, Acción Nacional, que aun cuando no hemos suscrito el documento al que se ha dado lectura hace breves momentos, estamos plenamente de acuerdo con el contenido final, con el punto de acuerdo que se presenta en el mismo.
Rechazamos toda la intervención, toda la arrogancia de poder que han manifestado los gobiernos norteamericanos frente a la realidad y la soberanía de los pueblos de Latinoamérica; estamos en contra de la violación a los convenios internacionales en materia de comunicaciones y a los ataques a la soberanía que hoy son en contra de Cuba y que en otro momento pueden ser en contra de otras naciones latinoamericanas.
Simplemente por análisis diferente, por lenguaje distinto, por puntos de vista en la interpretación de los hechos con los que no coincidimos en el texto de las consideraciones, no firmamos el documento pero reiteramos nuestro apoyo al punto de acuerdo que aquí se ha presentado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Compañeros legisladores: Lo que en la madrugada de hoy realizó el gobierno norteamericano en contra de la soberanía de la República de Cuba, a través del inicio de transmisiones de una supuesta "Televisión José Martí", es necesario que cualquier legislador que se considere comprometido en la lucha por la defensa de la soberanía nacional de cualquier país, pero fundamentalmente de los miembros del llamado Tercer Mundo y en particular los países latinoamericanos, debe de realizar.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática suscribe, sostiene este punto de acuerdo propuesto hace un momento por el compañero legislador del Partido Popular Socialista, y lo hace preocupado porque esta acción radio eléctrica se realiza dentro de un contexto internacional que nosotros tenemos obligación de denunciar y de combatir.
El gobierno norteamericano no ha abandonado su política intervencionista a pesar de los cambios que en el mundo se están viviendo, a pesar de que en Europa del Este se está desmantelando todo un sistema que era el que justificaba o servía de pretexto a los gobiernos armamentistas norteamericanos para mantener todo un aparato militar y para realizar actos de agresión contra soberanías nacionales.
Urge, lo hemos dicho aquí, una "yanquistroika", como la llamó un senador en Estados Unidos. Urge que todos los pueblos y sus gobiernos revolucionarios nacionalistas de América Latina y del mundo entero, exijan a los norteamericanos un cambio radical en su concepción global, patrimonialista, de preservación de sus intereses, de sus teorías sobre la seguridad nacional, que sólo lleva a estos actos hostiles contra países soberanos.
Lo ocurrido en Panamá es un claro ejemplo de que Estados Unidos no abandona en los hechos, mucho menos en las declaraciones, esta política de bloques, pasada de moda, obsoleta, donde todos los conceptos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial y de la llamada "Guerra Fría", no tiene ningún lugar en un mundo cambiante, dinámico, donde vivimos
esperanzadoramente tiempos en que el voto, el sufragio universal, secreto y directo, decidirá las formas de gobierno que los pueblos elijan.
Por ello resulta pasado de moda, resulta intolerante, resulta una demostración innecesaria de un poderío que tiene antes un país débil, este acto de agresión a la soberanía nacional del pueblo cubano que realizaron en la madrugada de hoy, a través de poner en marcha esta televisión llamada José Martí.
Debemos, pues, esta Comisión Permanente, pronunciarnos en contra, suscribir y aprobar este punto de acuerdo, porque con ello defendemos la soberanía cubana y también en los hechos, con nuestras declaraciones, con nuestras actitudes políticas defendemos la soberanía nacional.
En estos días también acaba de aparecer una declaración periodística , o unas notas de Prensa, donde se dice que Estados Unidos a través de un satélite está fotografiando y descubriendo plantíos de mariguana, de amapola y de otros enervantes en el territorio de la República Mexicana. Esto evidentemente que aprovechándose de lagunas reglamentarias en esta materia, el gobierno norteamericano está realizando actos inadmisibles de intromisión y violando la soberanía nacional, para supuestamente después señalar, sobre esta información, donde existen sembradíos de enervantes en la República Mexicana.
Esto nos debe de preocupar y por ello, si nosotros el día de hoy defendemos la soberanía cubana, que con instrumentos de alto nivel tecnológico realiza, podremos en su momento también con mucha congruencia defender la soberanía nacional.
Pero no nada más debe de concluir ahí nuestra protesta y nuestra exigencia de que cesen estos actos hostiles de violación a la soberanía de la República de Cuba. Debemos de hacerlo convencidos de que también, si nuestra protesta es unánime, enérgica, podremos con nuestro grano de arena intentar poner un alto a la escalada intervencionista del gobierno norteamericano en contra del pueblo cubano, en contra de su gobierno legítimamente constituido y en contra de un sistema que los cubanos, después de una revolución, han decidido tener.
El hecho de que el gobierno norteamericano ponga en marcha esta televisión no significa un acto aislado de violación de la soberanía nacional cubana, significa un elemento más de toda esta política, que cada día es más agresiva, intervencionista, de los norteamericanos sobre la forma de gobierno del hermano pueblo cubano.
Por ello, si nosotros en esta Comisión Permanente nos pronunciamos en contra de este acto intervencionista, podremos también, de alguna manera, señalar que no estamos de acuerdo con esa escalada, con mayor agresividad, exigiendo cambios que les compete a los cubanos y realizar que no es posible aceptar que el gobierno norteamericano vea "la paja en el ojo ajeno y no vea la viga en el propio".
Resulta que ellos alientan, promueven, difunden, publicitan los cambios que han ocurrido en Europa del Este, resulta que promueven, alientan, publicitan los resultados de las elecciones en Nicaragua, en la República Democrática de Alemania y en Hungría, este último domingo, donde la derecha ha tenido triunfos sobre la base del respeto a la voluntad popular y bienvenidos estos triunfos.
Pero esto no puede ser pretexto para que el gobierno norteamericano pueda en otro contexto querer hacer valer y estimular estos vientos y que considere que Cuba también se podría andar. Nosotros debemos de preservar lo que en la práctica siempre ha sido una política correcta de los mexicanos, la no intervención, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, la libre determinación de los pueblos para elegir las formas de gobierno que más les convengan.
Esto también está detrás, es simplemente, esta televisión mantiene un instrumento intervencionista norteamericano para creer ilusamente que pueden propiciar cambios de gobierno en Cuba que respondan servilmente a sus intereses, como ocurre con el gobierno panameño, de facto sobre las bayonetas que existen en este momento.
Por este motivo, el Partido de la Revolución Democrática suscribe este punto de acuerdo y solicita a los demás miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo aprueben, a fin de que sirva como un elemento más de la defensa de la soberanía nacional cubana y de la propia y también para que con ello pongamos un alto en la medida de nuestras posibilidades a esta escalada intervencionista norteamericana. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra la senadora Blanca Ruth Esponda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La C. senadora Blanca Ruth Esponda de Torres: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: se está ventilando en esta sesión un asunto de gran trascendencia para la paz y la tranquilidad de América Latina. La propuesta que ha sido formulada aquí y el punto de acuerdo
no podría sino contar con la solidaridad y el compromiso de quienes somos miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Sentimos que algunos acontecimientos que se han venido suscitando en el escenario latinoamericano nos obligan a actuar no sólo con determinación y firmeza, sino también con serenidad, con cautela.
Entre México y Cuba, es de todos conocido, que existe una larga tradición de diálogo, de amistad, de cooperación, de solidaridad; durante el prolongado acoso político y militar siempre hemos insistido en otorgar nuestro apoyo a su independencia y a su autodeterminación, no creemos que la búsqueda de la democracia deba convertirse en un argumento para perpetrar acciones intervencionistas en ninguno de nuestros países del continente.
La democracia creemos que nunca debe ir contra la independencia; por lo tanto, no es correcto disociarla. La democracia es consustancial al estado independiente y sólo la independencia de una nación garantiza el avance democrático de sus fuerzas internas.
Por ello, es que reafirmamos nuestra solidaridad con la condición independiente del pueblo cubano y rechazamos la agresión bajo cualquier pretexto. Tenemos, sin embargo, que externar nuestra preocupación por la agresión electrónica de la que aquí se ha dado amplia referencia.
Preocupados también como estamos por este hecho que constituye quizá el inicio de algo que aquí se mencionó, una nueva modalidad de la guerra, "la guerra electrónica", la penetración a través de los medios de comunicación con mensajes que pueden ser agresivos y lesionar la soberanía y la independencia de los pueblos, creemos que este tipo de nuevo instrumental de guerra constituye una violación flagrante al derecho internacional y a las convenciones internacionales que nos obliguen a respetar los espacios aéreos de nuestras respectivas naciones.
Y por esa razón, conjuntamente con nuestros demás compañeros que aquí se han manifestado, creemos que es muy importante un pronunciamiento de esta Comisión Permanente, pero también hemos tenido conocimiento de otros hechos que son preocupantes para la nación mexicana.
La periodista Martha Robles, la semana pasada, habla en un extenso artículo, con datos bien documentados, del envío de siete acorazados de guerra a la base de Guantánamo, lo cual ubica en una nueva dimensión este fenómeno. Creemos que este dato, junto con los otros, deben ser objeto de una confirmación de circunstancias y de hechos.
Es por esa razón, señor Presidente, que la fracción del Partido Revolucionario Institucional, en esta Comisión Permanente, quisiera solicitar dos cosas.
Por una parte, la comprensión respetuosa de quien suscribe esta iniciativa, que nosotros encontramos atinada y oportuna, así como de los demás respetables miembros de las fracciones parlamentarias que han mostrado en esta tribuna su solidaridad a la propuesta, su comprensión para apoyar que esta iniciativa pudiera ser remitida a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, con el propósito de que reformulemos en sus términos la propuesta, sin respetarle ninguno de los elementos sustanciales contenidos en ella y con el propósito también de que confirmemos las informaciones que podrían estarnos ubicando en una situación de riesgo eminente a la soberanía, a la independencia del pueblo cubano.
Creo yo que las circunstancias internacionales que envuelven estos acontecimientos nos obligan a actuar con mucha firmeza, con mucha serenidad, también con mucha cautela, pero sin restar la fuerza política, muy por el contrario, enfatizandola de cualquier condena que pudiera suscitar por parte de este órgano del Congreso de la Unión, más bien, por esta representación plena del Congreso de la Unión.
Creemos que en autodeterminación de los pueblos existe la capacidad de los ciudadanos organizados en naciones libres y soberanas, de darse el régimen de gobierno que requieren y que mejor responde a sus expectativas internas.
Cuba ha sido un ejemplo de independencia y de resistencia; es la lucha del pueblo cubano, quizá la lucha de resistencia por la soberanía más exitosa a lo largo de 500 años de invasiones, de genocidios y de regímenes coloniales, intervenciones, despojos y determinismos extranjeros en América Latina.
Creemos por eso que el respeto a la soberanía en estos tiempos de gran vertiginosidad y de cambios no exentos de confusión, las naciones requieren contar con certidumbre, con certidumbre para ejercer el dominio sobre sus bienes, sobre su territorio, sobre su espacio aéreo, sobre sus ciudadanos y sobre su propia cultura, y hasta en tanto no quede demostrada la bondad de erradicar fronteras políticas, fronteras económicas o fronteras en el espacio aéreo, creemos que la defensa de la soberanía debe seguir siendo un principio al cual debemos apegarnos.
Los cubanos crearon el único estado de procedencia colonial en nuestra región, que ha
orientado la totalidad de su energía hacia un propósito fundamental: no ser un pueblo vencido, ser un pueblo de vencedores, y un pueblo de vencedores que a través de su política social, demostrara al continente que es posible, en la autodeterminación del pueblo, avanzar en las conquistas sociales.
Cuba, hoy por hoy, ha dado una gran lección de evolución de su pueblo, en política de salud, si vemos los indicadores, en materia educativa, si vemos los indicadores mundiales, se sitúa a Cuba como un país hoy ya desarrollado. Hay otras áreas, en cambio, que todavía requieren de mucho esfuerzo interno, el pueblo cubano así lo reconoce, es su propia determinación de sus tiempos, lo que habrá de definir el destino de esta nación, y México no podría ser más solidario con este pueblo, como lo ha demostrado recientemente, en una votación que suscitó en las Naciones Unidas, en torno a la Comisión de Derechos Humanos, de solidaridad con el gobierno y con el pueblo cubano.
Pero es por ello también, señor Presidente, que quisiera entonces solicitarle que en esta ocasión el turno a esta propuesta fuera a la Segunda Comisión de la Permanente; con el propósito de que abundemos, de que certifiquemos informaciones y de que formulemos una propuesta capaz de ser suscrita por todas las fracciones parlamentarias y que de manera unánime externemos una condena enérgica a estos afanes intervencionistas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, con el propósito de redactar el punto de acuerdo que logre el consenso de las fracciones parlamentarias.
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro César Acosta Palomino, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre los contratos de obras públicas en San Luis Potosí.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: Un grupo, bastante numeroso por cierto, de ciudadanos potosinos, nos han solicitado hagamos de esta tribuna el señalamiento de un problema local, que sin embargo, por el manejo que del mismo se ha hecho, puede servir de indicador para definir la forma en que este tipo de problemas se canaliza en una supuesta solución, bajo el mando y el control del propio gobierno, aun y cuando sean denuncias precisamente contra la función pública.
Como es del dominio público, en agosto de 1989, diversos medios informativos dieron a conocer serias irregularidades del gobierno de San Luis Potosí en la asignación de obra pública, concretamente se señalaba la celebración de contratos sin licitación o sin sujetarse a los concursos que la ley establece, y se precisaban casos de obras que oficialmente estaban terminadas y en realidad ni siquiera habían comenzado a construirse.
No voy a hacer aquí la enumeración cuantiosa de las irregularidades señaladas en beneficio del tiempo de ustedes, por lo que me concretaré a un resumen del asunto y a una solicitud formal.
Un mes después de estas denuncias, es decir, en septiembre de 1989, el gobernador del estado, Leopoldino Ortíz Santos, solicitó al Congreso local la investigación de dichas denuncias, entre otras razones, por que la resonancia de las mismas rebasaba ya los límites de la entidad. No fue sin embargo sino hasta febrero de 1990 cuando el congreso local presentó un informe al respecto; tampoco voy a dar cuenta del informe que es extenso, sólo debo señalar que confirma las denuncias; puesto que en este informe se señalaban obras inexistentes y otras deterioradas por la mala calidad de los materiales empleados en su construcción.
A consecuencia de ello, se procedió a la suspensión provisional de funcionarios de nivel medio y el gobernador solicitó la renuncia de un funcionario público al que se siente ligado por lazos familiares, por cuando es cuñado.
El 19 de febrero de 1990, el propio gobernador nombró un contralor especial para ahondar en la investigación, y el 26 de marzo, o sea, hace dos días, se dio a conocer el informe de este contralor especial en el que, entre otros señalamientos de irregularidades, especifica casos de fraccionamientos ilegales, la protección a una veintena de compañías para la concesión de obras evitándoles entrar a concurso; una serie de obras que no se ajustan a las disposiciones de los contratos, y el cobro de conceptos no comprobados. En este último rubro no especifica cuáles son esos conceptos no comprobados.
Como resultado de ello, cuatro funcionarios de nivel bajo y de nivel medio fueron cesados, y se procedió a aplicar sanción pecuniaria por un total de 56 millones e incluso a la inhabilitación por cinco años de cargo público al cuñado del gobernador. Hay ahí un detalle un tanto curioso
acerca de que a uno de los que se encontró responsable no se le destituyó, así dice, porque ya había renunciado.
Esta resolución, este resultado final de una investigación que llevó tanto tiempo no ha dejado satisfecha a la comunidad potosina, y como señalaba hace un momento, un grupo considerable de miembros de esa comunidad nos ha solicitado hacer del conocimiento de este cuerpo legislativo, de tal inconformidad y de las peticiones que en un momento daré a conocer.
Considera la comunidad potosina que la gravedad de los cargos, sobre todo por lo que hace al monto económico involucrado en este asunto y que es dinero que el pueblo paga para la realización de la obras públicas, este resultado, repito, no concuerda con normas elementales de justicia. Hay incluso ahí un señalamiento que por otro lado resulta ya reiterado en problemas de esta naturaleza, algunos funcionarios de nivel superior involucrados directa o indirectamente en este asunto no han sido tocados. Aunque no lo han dicho, es evidente que la ciudadanía de San Luis Potosí está verificando en su estado lo que ha ocurrido en otros niveles de poder y en otras entidades, la aplicación no del Código Penal, sino de la "ley de hilados y tejidos" cuyo artículo 1o. establece que "la hebra se revienta por lo más delgado". Son funcionarios de menor cuantía, de menor valía o de menor nivel, como quieran ustedes llamarles, los que han recibido aquello que el gobernador del estado con pomposidad señala como: "el peso de la ley".
Esto en un apreciable número de ciudadanos inconformes constituye una burla para los ciudadanos potosinos. Ellos exigen dos cosas fundamentalmente: que se designe una comisión de ciudadanos honorables para que revisen la asignación, la ejecución y la recepción de las obras públicas y, segundo, que se restituya al pueblo el dinero defraudado y al mismo tiempo que se aplique el verdadero peso de la ley a los que resulten responsables de estas irregularidades y de los evidentes delitos que se han cometido en perjuicio de la economía potosina.
En esas circunstancias la intervención de un servidor de ustedes en esta tribuna no tiene otro objeto que el de hacerse eco de esa inconformidad que considera legítima y solicitar a la presidencia de esta comisión proceda a recabar información objetiva de fuentes dignas de crédito para que, eventualmente, como representación popular, esta Comisión Permanente esté en posibilidad de emitir una opinión o un juicio también objetivo atendiendo a las demandas de los ciudadanos potosinos.
El C. Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Ismael Yáñez Centeno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la Conferencia Episcopal Mexicana.
El C. diputado Ismael Yáñez Centeno: - Compañeros diputados y senadores: En la desesperada búsqueda por montar su triste posición histórica, el actual gobierno ha propiciado, mediante flagrantes violaciones constitucionales, el replanteamiento de una cuestión que ha sido zanjada desde mucho tiempo atrás, como resultado de las dolorosas experiencias que el pueblo mexicano ha sufrido, y que ahora pretenden desconocerse en una estrategia, en una maquinación cuya finalidad es la de aprovechar políticamente la exaltación religiosa que pudiera producir la próxima visita del Papa a este país.
Se busca usar a la iglesia y manipular el sentimiento religioso del pueblo, para sus propios fines. Con el poder político en una mano y el beneplácito de las cúpulas religiosas en la otra, podrá así el gobierno lanzarse, mediante una más descarada represión, contra creyentes y no creyentes a la implantación del modelo de desarrollo dependiente, que le ha impuesto como condición inocultable la banca internacional.
Las graves congruencias político- jurídicas en que está cayendo el régimen de Salinas de Gortari, están obligando a la representación constante y cada vez más grotesca de una farsa, una farsa en la que el Partido Revolucionario Institucional- gobierno juegan irresponsablemente con la inteligencia del pueblo, intentonas de imponer con legalismos absurdos, las medidas a las que se ha comprometido con los dueños del capital, y en caso de un repudio infranqueable, como el expresado por la ciudadanía del Distrito Federal en ocasión de los aumentos excesivos del predial y del agua, asumir doble y cínico papel, el de gestor priísta y el de comedido funcionario que ahora sí, pero sólo por intermediación del partido del que forma parte, dice escuchar la ciudadanía. Más este papel no se ha otorgado sólo mediante enérgicos mandatos a funcionarios públicos, sino, y esto es lo más grave, a líderes y funcionarios de instituciones que tienen su razón de ser por el beneficio y protección que deben dar a sus agremiados.
Estos líderes y funcionarios en el ámbito laboral, están cumpliendo muy bien con su cometido de prostituir la fuerza obrera de México. Así como en el caso de las conquistas laborales consolidadas y elevadas al ámbito constitucional, también el gobierno se encuentra empeñado en resquebrajar aquellas conquistas logradas en el ámbito de las relaciones Iglesia- Estado.
Se ha dejado decir a ciencia y paciencia de nuestro pueblo, una serie de declaraciones que van subiendo cada vez más de tono y de soberbia. Nosotros, los miembros del Partido de la Revolución Democrática, no estamos en contra de que el pueblo amplié a través de los procedimientos constitucionales, los derechos a los clérigos, esto lo hemos afirmado; estamos en contra de las prácticas ocultas y fraudulentas que hasta ahora se vienen realizando.
Nos hemos pronunciado por la necesidad de un debate nacional y un referendum por el que el pueblo se pronuncie en este asunto, sin poner a discusión la separación Estado- Iglesia. Lo que criticamos, lo que venimos aquí a denunciar es esa serie de declaraciones que atentan contra el elemental criterio político y jurídico que se cimenta en nuestra Carta Fundamental. Criticamos, sobre todo, la actitud complaciente de los funcionarios obligados a aclarar y desmentir tales declaraciones e informar al pueblo.
Por nuestra parte, creemos que no debemos dejar pasar desapercibidas aquí, la Comisión Permanente, las declaraciones que ha hecho el episcopado mexicano durante su XLVI asamblea plenaria, en el sentido de que: "la Iglesia no está obligada a acatar leyes injustas contrarias a los derechos fundamentales del hombre y sólo cuando en el país exista un marco jurídico adecuado que garantice el respeto a sus derechos, podrá abandonar la práctica ordinaria de violar la ley".
Tampoco debemos pasar por alto estas otras que dicen: "cuando nosotros actuamos, lo primero que tenemos en mente no es si la ley lo permite, sino que lo debemos y queremos hacer"; este tipo de declaraciones nos llevan a varias afirmaciones:
Primero. El principal problema que padece este país es la ruptura de la legalidad y que esa ruptura se encuentra autorizada por el propio gobierno, ya que en este caso, la Secretaría de Gobernación no se ha pronunciado en contra de estas declaraciones, exigiendo se respete nuestro régimen de derecho.
Segundo. Este tipo de declaraciones son promovidas, así mismo, por la práctica sistemática de las autoridades, de que si las leyes se ciñen a sus intereses, se deben aplicar y si no hay que violarlas; práctica que ha permeado a la institución de la Iglesia y así lo puede constatar en cualquier diario de circulación nacional desde el pasado jueves 22 de marzo.
No obstante de las desafortunadas declaraciones, se informa a través de los diarios, que una comitiva de la jerarquía eclesiástica entregó un texto de iniciativa de reforma a los artículos 3o., 130 y 124 constitucionales al presidente Carlos Salinas, el cual dice, se mostró muy cortés y amable y se comprometió a estudiar con seriedad dicha propuesta.
El delegado Prigione, declara que el gobierno realizó además una encuesta, la cual muestra según él, que el 80% de los consultados se pronuncian a favor de modificaciones constitucionales demandadas por la institución eclesiástica, lo cual se podrá verificar próximamente, ya que los resultados, añadió Prigione, aparecerán publicados en breve por la revista Nexos.
A pesar de que la Iglesia sostiene que es una modificación que ha generado consenso entre la población, el pueblo y el propio Congreso de la Unión desconocen el texto de dicho documento; esto resulta políticamente grave, ya que cualquier cambio constitucional en cualquier sentido debe gozar del conocimiento y de la aprobación de la sociedad mexicana y de éste, el Poder Legislativo facultado específicamente para ello.
Por eso, Salinas de Gortari debe hacer del conocimiento público la iniciativa que dice la Iglesia católica haberle remitido, y no continuar con una política tras bambalinas. Debe aclararse, si es verdad, que el gobierno practicó una encuesta sobre la modificación del artículo 130 constitucional.
Por todo lo que he expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta Comisión Permanente, solicita el pronunciamiento de este cuerpo colegiado en el sentido de rechazar las declaraciones a las que he hecho referencia, ya que constituyen una invitación a la desobediencia del orden jurídico mexicano. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodolfo Duarte, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El C. diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Ciudadano Presidente; compañeros legisladores: Antes de hacer referencia a los comentarios de quien me antecedió en el uso de la palabra, quiero
dar una opinión personal sobre el tema de la relación Estado- Iglesia, esperando que coincida con la posición y los puntos de vista de los legisladores mexicanos.
Por principio considero que siguen siendo válidos y vigentes los principios básicos en que se sustenta la relación entre el Estado y las Iglesias; de igual manera pienso que debe subsistir el régimen de no intromisión de la Iglesia en los asuntos relativos al Estado y la no injerencia de ésta, ya sea como corporaciones o a través de sus miembros individuales, en los asuntos políticos del país, que son de competencia exclusiva de los ciudadanos mexicanos.
Sostengo que es irrenunciable e irreversible el carácter laico que nuestra Constitución establece para la educación nacional, ya sea que la imparta el Estado o los particulares.
Del mismo modo, me pronuncio en favor del respeto irrestricto a la libertad de creencias, tal como lo expresó el Constituyente de 1917 y porque prevalezcan las normas que asignan al Estado la misión de hacer posible su cumplimiento.
No existe propuesta, a través de una iniciativa formal, tendiente a reformar el estatuto que norma la relación del Estado con las Iglesias, ni tendiente a variar la sujeción de éstas a la Constitución y a nuestras leyes fundamentales.
Nos alienta, porque coincidimos con ella, la expresión del ciudadano Secretario de Gobernación, pronunciada en Guelatao el pasado 21 de marzo, en el sentido de mantener vigorosas y firmes las ideas que definen el perfil de nuestra nacionalidad, que éstas seguirán siendo irreversibles, en tanto significan tranquilidad y paz social. Por eso se confirman cotidianamente la libertad de creencias, la educación laica y la separación de la Iglesia y del Estado. No se puede cancelar lo que se conquistó con tanto esfuerzo, ni enajenar aquello que ya registró y juzgó la historia.
En ese sentido la posición del régimen, con la que coincidimos la mayoría de los miembros de esta representación nacional, es bastante clara y definitoria y no hay subterfugio alguno.
Traté de tomar notas de los argumentos que expuso en esta tribuna, quien me antecedió. Y realmente fueran de calificativos, inducidos y basados en una estrategia partidista, no hay nada que pueda llevar a la consideración de que son válidos o son ciertos.
Yo propondría que esta representación nacional asumiera una actitud de prudencia y de mesura, y no verse involucrada en "guerritas" de papel de declaraciones de quienes sufren "calenturas" o quieren volver a poner en cuestión, situaciones que han sido zanjadas históricamente en nuestra evolución nacional.
Creo, por otra parte, que sin que esto implique ni acusación ni condena, que las jerarquías eclesiásticas deben también actuar de acuerdo con esta prudencia y mesura y apegar su conducta a aquello que el legislador de 1917 estableció con claridad y que nosotros ahora pensamos que debe seguir siendo válido y posible. Gracias.
CAMBIO DE GOBIERNO EN CHILE
El C. Presidente: - El ciudadano Bernardo Bátiz Vásquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el cambio de gobierno en Chile y reanudación de relaciones diplomáticas.
El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores: En este mundo actual que se transforma vertiginosamente, en el que todos los días testificamos o participamos en movimientos, transformaciones, a veces convulsiones sociales que hace apenas unos años o quizá unos meses parecían imposible o lejanos, el caso de la hermana República de Chile es especialmente importante y significativo, por lo extremoso de su situación anterior y por lo esperanzador del nuevo régimen que acaba de iniciarse ante nuestros ojos.
Lo que podríamos llamar el proceso chileno de transformación hacia la democratización del país, para poder ser entendido en plenitud debe ser contemplado desde una perspectiva que abarque un largo período de tiempo.
Sin embargo, las fechas culminantes son el golpe militar de 1973 y la entrega del mando que hizo el día 11 de marzo de este año el régimen castrense originado por aquel golpe violento a un régimen civil, electo democráticamente y que no tuvo que recurrir a la violencia ni a la fuerza para derrotar a los titulares de la violencia y la fuerza.
La dimensión de lo acaecido en Chile es por otra parte enfocado desde tres puntos de vista diferentes: primero la importancia que tuvo el cambio en la misma República Chilena, luego su significado en el marco de la democratización de América Latina y finalmente su significación para México, que ha jugado en el asunto un papel especial por haber roto relaciones oportunamente
con el gobierno golpista, por haber recibido y aceptado, como parte de nosotros mismos, a innumerables chilenos perseguidos por el gobierno militar.
Para Chile volver a la democracia después de más de tres lustros de dictadura, es en primer lugar la vuelta a un origen y a una práctica civilista que antes del golpe militar constituían una práctica, ya para entonces, larga y contrastante con lo que sucedía en otros países de nuestro continente.
Los tres protagonistas de esta historia son, una parte, la Democracia Cristiana, partido en el que milita Patricio Aylwin, actual presidente; por otra el presidente depuesto y muerto en el golpe de estado, doctor Salvador Allende, y por una tercera el general Augusto Pinochet.
La Democracia Cristiana apareció en Chile en el año de 1958, como un movimiento de avanzada dentro del antiguo partido conservador, con perfiles de humanismo político, con banderas de justicia social y a favor del cambio por la vía pacífica.
Los rivales políticos de la Democracia Cristiana fueron: la alianza de izquierda entre comunistas prosoviéticos y socialistas y el Partido Nacional, que se había originado de la suma y confluencia de los antiguos contendientes, partidos tradicionales liberal y conservador, que se unificaron precisamente para poder enfrentar a las nuevas fuerzas políticas emergentes.
Los observadores han hecho notar que entre 1958 y 1973 se sucedieron en Chile tres gobiernos democráticos, pero sin que ninguno de ellos haya tenido una amplia sustentación electoral. Ni el gobierno de Alessandri, en 1958, gobierno de derecha, ni el de Eduardo Frei, demócrata cristiano, en 1964, ni el socialista de Salvador Allende en 1970, contaron con más de un tercio de votos de los ciudadanos chilenos.
Hay que recordar que Allende asumió el poder sin haber obtenido con los votos directos el mínimo constitucional exigido para ser Presidente de la República y que requirió del voto a su favor en el Congreso de los parlamentarios de partidos contrarios.
A pesar de ello, impulsado por sus partidarios más radicales ya en el poder, emprendió una política de expropiaciones y controles estadistas que produjeran el repudio de sus rivales políticos, por una parte y por otra una crisis económica galopante en la que la inflación llegó a ser del 500% anual y que culminó con las manifestaciones de mujeres con las cacerolas vacías por las calles de Santiago.
Fue entonces cuando los militares salieron de sus cuarteles y derribaron al régimen legítimo que tenían la obligación de preservar e iniciaron la dictadura que por largos 16 años gobernó a este país.
La dictadura fue finalmente rechazada por la mayoría popular que selló con su sangre su convicción política, pero desde un principio recibió el apoyo de importantes sectores de la población chilena, especialmente de los sectores económicamente fuertes; no hay que olvidar que en las pasadas elecciones el Presidente Aylwin recibió el 55.2% de los votos, mientras que el candidato del partido de Pinochet todavía alcanzó el 29.4% de la votación.
El papel del gobierno de México en esta historia, fue en el momento del golpe radical y firme; fue un papel preponderante y a la altura de las circunstancias, asiló a los perseguidos políticos y luego retiró su representación diplomática.
El gobierno de Pinochet quedó marcado por sus atrocidades iniciales: el bombardeo al Palacio de la Moneda y la violencia y violación a los derechos humanos. La tortura, la detención arbitraria, la desaparición de personas, la ejecución, fueron los instrumentos usados por el régimen para consolidar su poder.
Sin embargo, el correr del tiempo parecía que era favorable a la dictadura, al menos en el campo económico se logró detener la inflación y luego de la grave crisis de 1982 y 1983, vino la recuperación, creció el producto interno bruto, aumentaron las expropiaciones y la explotación estatal del cobre sirvió de puntal para la franca recuperación económica.
Pero el bienestar alcanzado, el abatimiento del desempleo no fueron suficientes para convencer a los chilenos de que era necesario cambiar de gobierno. A pesar de todo, a pesar de los avances en materia económica optaron finalmente por la democracia y el civilismo.
Forzado el régimen por la opinión pública mundial, por su propio descrédito, pero principalmente por la exigencia pacífica, enérgica y tenaz de los chilenos, se vio obligado a convocar a elecciones y luego obligado también a entregar formalmente el poder a quien obtuvo la mayoría de los votos.
Ganó en las elecciones la oposición y el multicondecorado general, con cara de duelo, tuvo que despojarse de la banda presidencial y felicitar a su sucesor ante la presencia de todos los chilenos y prácticamente de todo el mundo que fue testigo del acto.
Con la caída de Pinochet se consolida el camino de nuestro tiempo, ya no hay espacios en América Latina para las dictaduras. De haber sido la regla, ahora son la excepción y a lo largo y a lo ancho de este continente, las democracias florecen, se consolidan y se abren paso.
América, como Europa del Este, avanza firmemente hacia la participación popular, destierra el autoritarismo y se aleja de los gobiernos paternalistas y monolíticos. Sin embargo, el camino no está aún plenamente despejado, la conquista de la democracia nunca es definitiva y para mantenerla hay que cultivarla cotidianamente.
En la Cámara de Diputados chilena, la concertación de partidos que llevaron a la Presidencia a Aylwin tiene 72 asientos y 48 la oposición pinochetista. De los lugares de la concertación, 39 corresponden a la Democracia Cristiana, 26 a los socialistas, seis a los radicales de izquierda y uno a la Alianza de Centro.
La unidad como se ve es precaria y se requerirá un gran esfuerzo y un gran apoyo internacional para que la democracia se consolide.
Por el momento, el primer paso firme ya lo dio el pueblo y su flamante Presidente, el día 12 de marzo, en la fiesta del Estadio Nacional. Ahí en el mismo lugar en el que en 1973 se pisotearon los derechos humanos, en el lugar que sirvió de prisión y de tumba para muchos chilenos, ante 80 mil almas emocionadas y entusiastas, Aylwin pronunció su inolvidable mensaje, modelo de congruencia política, de prudencia y de desbordante fe en los valores del espíritu.
Del discurso, pleno de conceptos, destaca su declaración en favor de los más necesitados y su insistencia en hacer prevalecer el interés general de la nación sobre los intereses particulares, pero la sabiduría presidencial se acentúa en lo que llamó las tres grandes tentaciones del poder: la tentación de ensimismarse en el ajuste de cuentas; la tentación de empezar todo de nuevo como si nada de lo existente mereciera ser conservado y la tentación del poder como un fin y no simplemente como medio al servicio de la comunidad.
El discurso fue una síntesis bien lograda de vocación democrática y de prudencia política, de compromiso con la verdad y con la justicia, pero al mismo tiempo de reconocimiento realista de las dificultades y de los obstáculos que están ahí presentes. Recordemos que Pinochet se reservó asientos en la Cámara Alta y el mando de las fuerzas armadas.
Lo importante a fin de cuentas es que ahí, en ese lejano país hermano, se logró dar un paso firme a la democracia y se transitó de un régimen monolítico a uno plural y eso significa de alguna manera la liquidación del último bastión militarista en nuestro continente.
Para México, por último, no deja de ser una lección y un ejemplo. Es posible el cambio incruento, es factible el pluralismo, es dable adecuar forma y contenido en la vida democrática.
Por último, es indispensable hacer una consideración sobre la reanudación de las relaciones entre nuestro gobierno y el chileno. Su importancia es capital en el momento actual. Estamos viviendo la apertura comercial a nivel mundial, la creación de bloques e integraciones regionales y es indispensable que Latinoamérica, unidad cultural y sociológica, se constituya también en la unidad política y económica.
Los países latinoamericanos debemos estar conscientes de la importancia de nuestra unidad, de nuestra coincidencia de intereses y valores. Para ello se requiere el contacto permanente y plural, a primer nivel y con criterios fraternos. Debemos entender que somos complementarios, que nuestra integración forma parte de nuestro futuro cercano si queremos preservar nuestro modo y nuestra historia, nuestra independencia cultural y quizá nuestra soberanía.
Frente al capitalismo extremo que renace y se alza amenazador ante el estatismo que retrocede, para evitar ese otro extremo al que podemos caer, sólo el humanismo político, la solidaridad entre los semejantes, la justicia social a nivel internacional nos puede preservar. Si no hay integración latinoamericana, quizá no haya en un futuro cercano Latinoamérica.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, para referirse a los mismos hechos.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: El cambio de gobierno ocurrido hace unos días en la República de Chile, donde el poder político que también tenía en sus manos dictatorialmente el general Augusto Pinochet, pasó pacíficamente a manos de un candidato de la democracia, de toda la democracia, de todas las organizaciones democráticas de la República Chilena, encarnado fundamentalmente en el titular del ejecutivo, Patricio Aylwin, perteneciente él mismo al Partido Demócrata Cristiano.
Sin embargo, este acontecimiento trascendente para la vida política latinoamericana que saludamos desde esta tribuna en una sesión anterior,
debe servir a todos, desde nuestras posiciones ideológicas, para hacer un análisis de lo que en Chile ocurrió, de los antecedentes chilenos y de lo que puede servir a la lucha común, ahí sí sin ideologías, que en Chile se sintetizó en una ejemplar alianza de las distintas fuerzas de derecha o de izquierda en cualquier parte del mundo.
Entonces por ello, por mi conducto, el Partido de la Revolución Democrática también quiere aportar un punto de vista a este debate de la transformación o de la recuperación democrática de los chilenos que se sustenta, y creo que éste es un antecedente que deberá servir de análisis por los observadores y estudiosos del fenómeno político de cualquier signo ideológico, que se sustenta en una tradición democrática de los chilenos.
Antes de 1970, cuando en aquel entonces en un hecho inusitado, los chilenos, los socialistas y comunistas chilenos, a través del voto logran un cambio que era en esa época inusitado; mediante el voto resuelven adoptar los chilenos un gobierno socialista encabezado por Salvador Allende, miembro del Partido Socialista Chileno, aliado fundamentalmente con el Partido Comunista Chileno. Si es cierto que en el espectro político. resulta de esas elecciones de 1970, estuvo muy fragmentada la votación.
Y por cierto esto hay que recordarlo, el gobierno norteamericano siempre en la voz de Henry Kissinger, en aquella época, siempre utilizó como argumento que no era la mayoría de los chilenos los que querían el socialismo, que había sido sólo una tercera parte de los chilenos los que habían votado por esta opción. Insisto, inusitada en aquella época de transición pacífica hacia una forma de gobierno socialista.
Sobre esta base, iniciaron toda una campaña que ya sabemos en qué culminó en 1973, buscando siempre debilitar, socavar la legitimidad del triunfo de los chilenos socialistas para optar por la vía pacífica, por el cambio, encarnado en Salvador Allende, haciendo a un lado la historia electoral del propio pueblo chileno, donde por cierto Salvador Allende ya había perdido en unas elecciones anteriores, un candidato demócrata cristiano y donde las votaciones siempre fueron muy disputadas como debe de ocurrir en una sociedad democrática. Allá no hay carros completos, ni aplanadoras, ni casillas, zapatos para nadie.
En una democracia hay competencia y eso ocurrió siempre hasta antes de 1970 en Chile. Voceros del gobierno norteamericano, y eso es muy importante en virtud de la anterior participación, y de chilenos que en ese momento consideraron necesario aliarse con estas voces intervencionistas del gobierno norteamericano, empezaron a señalar que no todos los chilenos había optado por el socialismo, olvidaron esa tradición democrática.
Y aquí no podemos en este análisis objetivo que tendremos que hacer los observadores políticos, hacer a un lado la complicidad que en ese tiempo tuvo la democracia cristiana en Chile. Fueron en los hechos, en la realidad, apoyadores de los golpistas, impulsaron políticamente esta posibilidad.
Es cierto, el Partido Socialista Chileno y el Partido Comunista fundamentalmente en ese espectro no era más de la mitad de los chilenos, pero sí era la mayoría y había democráticamente vencido a sus oponentes. Esto fue olvidado, se hizo a un lado esta tradición democrática chilena y se respondió ideológicamente, creo yo que se respondió ideológicamente como a veces ocurre en este país, donde primero se antepone la fobia anticomunista, ahora como le llaman, la fobia antipopulista, a nuestra verdadera vocación que deberíamos de tener que es respetar la voluntad popular.
Golpistas, partidos políticos, entre ellos la Democracia Cristiana hicieron eco, acurrucaron a las intenciones avezadas del imperialismo norteamericano y fueron cómplices de estado. Esto hay que decirlo también, hay que señalarlo
. El período negro de 1973 a 1990 que vivió la hermana República de Chile tuvo una secuela, tuvo consecuencias económicas, políticas, sociales, jurídicas, en el pueblo chileno, y habrá muchas cosas que no podrán hacerse a un lado, pero también deberá recordarse que independientemente de esos logros económicos que sí pudo haberlos habido, que muchas veces la televisión privada mexicana publicó, esa estabilidad de la economía chilena.
También no pueden olvidarse las consecuencias políticas, el apartamiento del orden constitucional en Chile, la ruptura de una tradición democrática chilena, los asesinatos cometidos por esa banda de criminales militares pinochetistas.
Esto también debemos de recordarlo, hay consecuencias políticas, serias, en la vida chilena. Hay consecuencias jurídicas, serias, plasmadas en todo el ordenamiento y en todo el aparato judicial chileno. A contrapartida de algunas instituciones económicas que hayan tenido cierta prosperidad, pero que sabemos bien, esto también está muy documentado, a quienes, y esto es muy importante, ayudó esa prosperidad económica, quienes fueron los beneficiarios. Yo creo que a nadie nos
queda duda que fue un pequeño grupo, una casta elitista, un grupo de millonarios chilenos que antes no existían.
Debemos, por lo tanto, en el análisis histórico - político de lo ocurrido en Chile, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, recordar esto, y debemos, sí estar del lado de los chilenos que han recuperado para su país la tradición democrática, debemos sentirnos orgullosos de ello, porque de alguna manera esa oleada democrática tendrá que llegar a este país.
Debemos también de saludar ese esfuerzo que el pueblo chileno realizó, en el cual participaron todas las fuerzas, y entre ellos ya la Democracia Cristiana, después del error cometido, porque es un ejemplo de concertación entre diversas agrupaciones políticas con concepciones ideológicas distintas.
Esto es, en mi opinión, lo que debe de ser aquí señalado, que fue el pueblo chileno en su conjunto, dejando a un lado diferencias ideológicas, que fue un esfuerzo conjunto de los chilenos que lucharon contra una junta militar represiva, criminal, que fue también de agrupaciones políticas que decidieron hacer uso de las armas con sus muertos, con sus desterrados, con sus presos, los que aportaron su esfuerzo para que Chile viva una democracia, que la haya recuperado. Esto es necesario tenerlo en cuenta en el análisis que se haga sobre lo que está ocurriendo en Chile. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hablar del mismo tema.
El C. diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: - Compañeros legisladores: Esta nueva etapa en la que se inicia el pueblo chileno, hermano pueblo nuestro, está llena de obstáculos, de peligros de todo carácter.
Lamentablemente no se trata del arribo pleno a la democracia del pueblo chileno. La dictadura encabezada por Pinochet, continúa desde el punto de vista de su poder interviniendo como una fuerza de presión en la vida democrática del pueblo chileno.
Aquí un dictador tristemente célebre, violentador. violador de su palabra empeñada, Victoriano Huerta, fue derrotado en el campo de batalla y fue expulsado del país, porque si se hubiera quedado en él hubiese sido necesariamente sometido a juicio y hubiese terminado su vida de otra manera. Parece ser, no se han confirmado aún las informaciones históricas, murió por ahí en el extranjero, en territorio norteamericano, víctima de una congestión alcohólica.
Pero Pinochet continúa en territorio chileno muy tranquilo. Faltó a su palabra de defender las instituciones, faltó a su palabra empeñada de sumisión al Presidente constitucional, a la sazón Salvador Allende Gozents, en una acción con el apoyo logístico del extranjero, implementó un golpe militar cruento, en una acción en la que perdió la vida en primer término el Presidente constitucional.
Pues este señor sigue en territorio chileno, pero además con el cargo de jefe del ejército de la hermana República de Chile.
Es difícil cuantificar, desde el punto de vista político, la correlación y el nivel de las fuerzas políticas en ese país, pero una parte importante del poder y de la administración pública continúa en manos de la dictadura, de manera tal que este gobierno que encabeza Patricio Aylwin, es un gobierno en muchos sentidos inestable y precario. Si no se continúa con el proceso de democratización que no ha terminado, se corre el serio peligro de que lejos de avanzar en este camino de la ampliación democrática en ese país, no solamente se estanque en este proceso, sino que retroceda, porque además los recursos económicos en manos de la administración han sido terriblemente menguados por la aplicación de una política privatizadora que se inició desde el momento mismo en que Pinochet asumió el poder de facto en esa nación, que tuvo como consecuencia el desmantelamiento del sector estatal de la economía, es decir, dejó fuera de la administración muchos recursos de carácter económico para poder realizar una política de gobierno de carácter económico, que le pudiera dar facultades y posibilidades reales de conducir la economía de ese país, que además no tenía ningún interés sino se trataba de favorecer a una pequeña minoría oligárquica que sigue manteniendo mucho poder en ese país, aun con el nuevo gobierno que encabeza Patricio Aylwin.
De manera tal, que lamentablemente las cosas no han concluido, se trata simplemente de una nueva etapa, de un capítulo en el camino escabroso, tortuoso, difícil, del pueblo chileno por alcanzar algún día, esperamos que pronto, la plena democracia, eso tenemos que decirlo, no podemos lamentablemente echar las campanas a vuelo, la batalla no ha concluido, las fuerzas negras de la represión, de la dictadura, incluso de la intervención extranjera están vivas, lamentablemente vigentes y constituyen una amenaza permanente al pueblo chileno y a sus instituciones
democráticas que han dado apenas el primer paso para la reconstitución de las mismas, y esto tenemos que decirlo.
La acción del gobierno de Aylwin, entonces es limitada, no tiene todos los mecanismos del ejercicio del poder en sus manos, la propia conformación de las fuerzas políticas que lo llevaron al cargo no se han consolidado de manera cohesionada, porque por una parte, está su propio partido que no tiene la mayoría y por la otra parte están las fuerzas democráticas integradas, en lo que se denomina en el país, el Partido Amplio de Izquierda Socialista que representó el 40% de los votos obtenidos por Aylwin para arribar a la Presidencia de la República.
De tal manera, que nosotros consideramos que debemos de estar atentos a este proceso y efectivamente manifestar nuestra solidaridad y hacer votos firmes porque el pueblo chileno se reencauce realmente por el camino de su plena democracia y que tenga un gobierno que realmente responda a los intereses populares y que pueda en una amplitud de maniobra, que le dé características realmente de soberano a ese gobierno, la posibilidad de alcanzar la justicia social y la plena soberanía e independencia de esta nación hermana.
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto de la Procuraduría General de la República y de Justicia del Distrito Federal, por los delitos de violación imputados a policías judiciales federales.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Compañeros legisladores: El problema, ya denunciado aquí, sobre la actuación de la policía, fundamentalmente la Policía Judicial Federal en sus dos aspectos, tanto el asunto de las violaciones cometidas contra jóvenes aquí en el Distrito Federal, por policías judiciales federales, como el problema de la actuación en todo el país de la Policía Judicial Federal Antinarcóticos, nos lleva a replantear que nos preguntemos: ¿qué deberá de hacerse para que el gobierno federal ponga atención a lo que hemos denunciado aquí, diversos partidos, sobre esta actuación ilegal, delictuosa, de las corporaciones policiacas?
¿Qué se tendrá que hacer? Lo hemos denunciado, hemos dado datos, hemos señalado nombres, los diversos partidos políticos representados en esta Comisión Permanente. Hemos dicho, hemos dado averiguaciones previas, penales; hemos señalado hechos en ciudades, en estados, concretos, con fechas, y tal parece que no existe ninguna medida que el gobierno haya resuelto poner en práctica para detener esto que ya parece parte aquí muy, pues ya como costumbre de denunciar estos atropellos por la policía, por los diversos partidos.
Pareciera que hay oídos sordos, que no interesa, que nadie escucha, que nadie toma, que nadie se informa, de lo que en esta Comisión Permanente se denuncia en este sentido.
Lo que está ocurriendo en estos días, en estos últimos días, de la sesión pasada de la Comisión Permanente al día de hoy, nos hace preguntarnos con seriedad esto: en el asunto de la mujeres, de las jóvenes violadas del Distrito Federal, en vez de impartirse justicia expedita, pronta, se está convirtiendo en un asunto de morbo, de amarillismo y de una disputa entre dos dependencias del Ejecutivo Federal, que debería encaminar esos esfuerzos hacia lo que la Constitución les encomienda, que es la investigación y la detención de responsables de hechos delictuosos, aun sean miembros de las propias dependencias.
Igual lo vivimos en Villahermosa esta semana, en Oaxaca, en Aguililla, Michoacán nuevamente, como represalia a la denuncia que presentamos en enero en esta Comisión Permanente, la actuación de la Policía Judicial Federal Antinarcóticos sigue siendo más como una banda de criminales, que como representantes de la ley, que deben de combatir con la Constitución en la mano, con firmeza constitucional, este cáncer que es el narcotráfico.
En el asunto de las muchachas violadas, que el año pasado con decisión, con civismo, con valor, resolvieron denunciar las violaciones, los robos y los ultrajes que sufrieron a sabiendas de que el procedimiento judicial, adjetivo en materia penal es brillante, es a veces denigrante para la dignidad de las personas, fundamentalmente cuando se trata de mujeres.
Por sobre todo esto, 19 mujeres del Distrito Federal resolvieron separadamente presentar denuncias, según se fueron presentando los casos, de estos hechos delictuosos. Dado el cúmulo de denuncias en una zona determinada del Distrito Federal, la Prensa, los medios de comunicación detectaron, pusieron sus ojos en el problema, se difundió, se publicitó, las denunciantes empezaron a intercambiar su narración de hechos, sus puntos de vista, características físicas, modo de actuar de los agresores, de estos criminales y se encontró que los responsables, en este momento
consignados por esos delitos, eran policías judiciales federales, todos ellos pertenecientes al grupo que tiene bajo su mando el subprocurador general de la República, Javier Coello Trejo.
Si ya había valor civil, si ya había decisión de estas mujeres de enfrentar ese procedimiento tortuoso, humillante, denigrante, en la integración de la averiguación previa y del proceso penal, mayor mérito tienen que conociendo el origen, la ubicación de servidores públicos en un sector, el policiaco que no tiene ninguna buena fama en este país, al resolver ratificar y sostener sus denuncias, identificarlos y decir que eran los autores materiales de estos criminales hechos.
Por ello, ante este valor civil, ante esta muestra de civismo de estas mujeres, debe de resaltar en contraparte el lado oscuro que fueron las declaraciones y la actitud ilegal que realizó el subprocurador Coello Trejo, en una posición parcial, de complicidad total con los miembros de un cuerpo, el policiaco que no tiene ninguna buena fama en este país, resolvió protegerlos, señalando que avalaba su calidad moral de los policías judiciales federales, subordinados directos de él y dando una triste imagen de lo que debería ser ya pasado en este país: la actuación de los agentes del ministerio público, que debería estar totalmente separada de los actos bárbaros que cometen los policías judiciales federales en este momento y que con ello, en mi opinión personal, está recuperando esa imagen que tenían los agentes del ministerio público y que creímos pasado, en la figura de Coello Trejo. El agente del ministerio público machista, prepotente, con pistola en el cinto, que actúa siempre al margen de la Constitución, que participaba junto con los cuerpos de policía en los atropellos que se cometían.
Las declaraciones facciosas, temerarias, ilegales y los actos anticonstitucionales para proteger a sus subordinados de Coello Trejo, lo ubican en ese pasado del cual él proviene como agente del ministerio público federal, y que parece no tiene ningún empacho en recordar con orgullo, a través de estas actitudes y de estas declaraciones.
Porque, qué otra explicación podríamos encontrar a las declaraciones y a las actitudes del señor Coello Trejo, cuando al ser señalados en una averiguación previa por mujeres valerosas de unos delitos que en ese momento, y todavía siguen siendo presuntos responsables, resuelve al contrario, darles un fuero anticonstitucional de hecho ilegal, delictuoso y no son puestos a disposición de inmediato de la autoridad ministerial para que los interrogara
. Con una decisión que es un negro precedente para la justicia penal mexicana, se forma una comisión mixta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, competente exclusivamente en la investigación de estos hechos, con integrantes de la Procuraduría General de la República, involucrando, dañando la imagen de esta institución federal que ninguna competencia tenía en la investigación de estos hechos.
Este es un negro precedente en la historia del derecho penal mexicano y también propicia que en muchas partes, al margen de lo que es la impunidad a una investidura constitucional, a un fuero constitucional, se les quiera dar y se propicie dárseles a funcionarios del Poder Judicial, que es muy común, fundamentalmente a los agentes del ministerio público y jueces y en este caso a policías judiciales.
Estas declaraciones, estas actitudes que rayan en lo delictuoso, en la complicidad del señor Coello Trejo, no concluyeron ahí, en el despacho Jan Dam que defiende, tienen defensores particulares, que defiende a los presuntos violadores identificados plenamente, es un despacho que en esta ciudad se les reconoce por lo singularmente caro que es, ¿quién paga sus servicios?, pero además que tiene el antecedente de haber sido el principal miembro de este despacho jurídico socio del señor Coello Trejo.
¿Qué está ocurriendo? ¿Hasta dónde podrá llegar la impunidad, la actuación ilegal?, el intentar darle o de sacar a relucir los viejos modos de actuar del agente del ministerio público, que el señor Coello Trejo realiza al parecer con la plena complacencia de todos nosotros, porque nada hemos hecho al respecto.
A todo esto se agrega que la Procuraduría General de la República como institución, manchándose como una institución que debe de participar en la impartición de justicia de una manera imparcial y que por otro lado sin ninguna competencia y avalando todos estos antecedentes del señor Coello Trejo, presenta a unos agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, como los presuntos responsables de los mismo delitos de violación.
¿No debió de tener más cuidado en las formas?, ¿no debió de haberse apegado a nuestro marco penal mexicano la Procuraduría General de la República?, ¿no debió de haber tomado en cuenta estos negros antecedentes del señor Coello Trejo, y la fama pública bien ganada, a pulso, de la mayoría de los integrantes de las corporaciones policiacas? No, al margen de nuestro sistema procesal realiza una investigación que no era de su
incumbencia y presenta a presuntos responsables de unos delitos donde ya están señalados con claridad miembros de esa institución y que por lo tanto debieron de haber tenido un prurito moral, no nada más el legal que estoy alegando en este momento.
Por eso nos preguntamos en esta tribuna, ¿a qué autoridad le interesa desviar la atención del asunto de las jóvenes violadas que, armándose de valor, decidieron denunciar y ratificar y señalar a los responsables de estos hechos, en las personas de alguien que nada más con verlos tenemos temor?, ¿por qué un problema jurídico, un hecho delictuosos que nos lastima ya se está presentando ante la opinión pública como una rencilla entre procuradurías?, ¿quién saldrá beneficiado?
Creemos que esto debería ser tomado en cuenta por esta Comisión Permanente, que deberían sus comisiones respectivas de Justicia tomar cartas en el asunto y en el área de nuestra competencia como legisladores, solicitar mínimamente información de qué está ocurriendo, porque nosotros, el Partido de la Revolución Democrática no está dispuesto, no puede quedarse callado, a que un problema del impacto social que fue estas violaciones de estas jóvenes, sea ahora botín, sea motivo de disputa, de rencillas, de saldar cuentas, no sabemos si por motivos políticos o policiacos, entre dos dependencias que deberías de, afanosamente, buscar en las áreas de su competencia combatir a la delincuencia.
Yo creo que estos hechos no son aislados, me parece, me atrevo a señalar que la corrupción policiaca no puede ser debidamente combatida por quien debería de hacerlo, el gobierno de la República y el Poder Judicial han estado faltos de autoridad y de fuerza moral para detener una vez por todas esta descomposición acelerada de las fuerzas policiacas y poder presentar propuestas para solucionarla, yo creo que ahí está, ahí estriba el problema fundamental, no tiene fuerza, no tiene autoridad moral ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo para detener algo que es una obligación de cualquier autoridad en este país hacerlo.
¿Qué ha ocurrido en todos estos meses?, ¿cuántas veces hemos denunciado hechos concretos que ya parecen generalizados en todo el país, en manos fundamentalmente de quienes deberían, con eficacia, combatir el narcotráfico? Los retenes, las violaciones de domicilios, las agresiones, los robos, los ultrajes a ciudadanos mexicanos que en su inmensa mayoría nada tienen que ver con la delincuencia del narcotráfico, son constantemente practicados por la Policía Judicial Federal Antinarcóticos.
¿Qué acaba de ocurrir en Villahermosa, Tabasco?, ¿qué ocurrió en Oaxaca?, ¿qué acaba de ocurrir en Aguililla, Michoacán?, ¿qué se denunció la semana pasada en Sinaloa?, ¿qué se denunció la semana antepasada de Baja California Sur?, ¿cuándo y por qué medios se podrá detener esto?, ¿cómo evitaremos que una fuerza que debería estar el servicio de la sociedad mexicana se ha tornado como una amenaza?
Creemos que en esto tiene mucho que ver, para darle nombre, la propia Policía Judicial Federal con sus mandos superiores, por sus formas de vida y de acción; el Procurador General de la República que con su decisión de la semana pasada involucra ya a toda la institución y fundamentalmente al subprocurador General de la República, Javier Coello Trejo; este señor, que a lo mejor si hubiera voluntad política le deberían de revisar sus antecedentes como agente del ministerio público federal, su actuación como secretario de gobierno en Chiapas y su modo de vida, todo esto debería de tomarse en cuenta para buscar que hubiera justicia expedita, pronta, imparcial, para los mexicanos que denuncian lo que es un doble agravio, hechos delictuosos cometidos por las corporaciones policiacas.
Nosotros proponemos que esta Comisión Permanente se pronuncie en favor de una impartición de justicia objetiva e imparcial, que el caso de las 19 mujeres violadas sea resuelto pronto, sin burocratismo, sin humillaciones, sin escarnio, para escarmiento de los delincuentes; que el señor Javier Coello Trejo debería de ser investigado por las comisiones respectivas de este Congreso de la Unión, a través de los informes curriculares que se pudieran solicitar y que nos pronunciemos porque en México, al amparo del artículo 21 constitucional, haya una separación efectiva, una subordinación total de la Policía Judicial Federal al ministerio público, que actúen siempre en el marco constitucional respetando los derechos humanos y si hay hechos delictuosos, que sean castigados de inmediato, que es el único camino que tendremos para que podamos detener lo que ya parece una descomposición acelerada de estas corporaciones policiacas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para los fines que procedan, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE COAHUILA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana, sobre el levantamiento de vías en Saltillo.
El C. diputado Juan Jaime Hernández: - Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores: Vidise neminem qui deliraset magis quam Caso Lombardo (no he visto a nadie que delire más que Caso Lombardo).
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, don Andrés Caso Lombardo, además de delirante, incongruente, es mitómano, puesto que en Saltillo, además de su proverbial forma de expresarse, admite que se burló de la soberanía de este Congreso.
Cuando Caso Lombardo, se le dio su real gana comparecer ante los ciudadanos diputados, después de haber evadido en tres ocasiones su comparecencia, en tal ocasión se le hicieron varios cuestionamientos a los que contestó apoyado en las tesis de su tío, don Vicente Lombardo Toledano, sin que vinieran al caso las tales cifras, buscando en todo hacer tiempo y no responder con claridad a los requerimientos de los ciudadanos diputados.
La fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, le planteó la necesidad imperante del levantamiento de las líneas férreas ubicadas en la calzada Emilio Carranza de la ciudad de Saltillo, haciendo en los fundamentos una serie de consideraciones en los que se fundaba tal necesidad.
El referido Secretario, con prepotencia y a gritos pidió se le informara que para qué quería el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tales predios, a lo que contesté que tales terrenos son propiedad de Ferrocarriles Nacionales y, en consecuencia, la paraestatal debería decidir el uso, a lo que el secretario Caso Lombardo contestó a gritos: "se levantan las vías".
Ahora el referido Secretario, quizá en pago de las facturas de corrupción que cuando fue director de Ferrocarriles Nacionales de México, por las dádivas y contubernios habidos con Javier López del Bosque y la familia Rodríguez Alvarez, propietarios de los molinos "La Colmena" y "El Fénix", para no lesionar sus muy particulares intereses dio una solución a medias levantando solamente 800 metros, dejando pendientes 1 mil 200 metros de vías para favorecer a los referidos molinos que, según el propio Secretario, son la base del sustento y abasto de pan y tortillas de harina de Coahuila y Monterrey.
Pero esta culpa sería la menor, si el corrupto del señor secretario Caso Lombardo, no hubiere tomado a guasa o a chunga la reunión seria y formal que tuvo con los diputados de esta legislatura, cuando fue citado formalmente por tres ocasiones, una por el pleno de la Cámara y dos por la Comisión Permanente, alegando que la solución que dio en esa ocasión ante esta soberanía, lo hizo porque eran las 4.30 de la tarde y el señor tenía hambre, pues no había comido, burlándose así de la soberanía del Congreso por el hecho de ser secretario del gabinete del presidente Salinas.
Sus soluciones a medias y la importancia que le da a dos molinos, cuyo uso del ferrocarril, tanto de recibo de materias primas como de remisión de harinas es tan incosteable a Ferrocarriles Nacionales de México, puesto que si en 365 días del año sólo salen de cuatro a cinco furgones mensuales, nos hacen pensar en los intereses inconfesables que existen entre Caso Lombardo y los caciques industriales de Saltillo, Javier López del Bosque y la familia Rodríguez Alvarez, a quienes defiende con fogosidad, sin importarle la función social y el reclamo del pueblo de Saltillo.
Me pregunto ¿a qué se atiene Caso Lombardo para proteger a los molineros de Saltillo, que son dos?, ¿por qué se burla de la soberanía de esta Legislatura y pisotea la voluntad popular de Saltillo?
Tal conducta merece ser estudiada por psicólogos o psicópatas a efecto de que centren al señor secretario Caso Lombardo, puesto que ni como director de Ferrocarriles ni como secretario respeta la voluntad popular, sino solamente sus muy reales e inconfesables intereses, lo cual merecería ser destituido de su cargo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Presidencia se turne el presente a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para los efectos legales correspondientes.
Porque Caso Lombardo diremos: Altera asina in triticum (otra vez la burra al trigo).
El C. Presidente: - Para los fines correspondientes, túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
CONFLICTO OBRERO - PATRONAL
DE LA CERVECERÍA MODELO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el desarrollo del conflicto obrero - patronal de la Cervecería Modelo.
El C. diputado Leonel Godoy Rangel: - Muchas gracias. En la sesión pasada de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos referimos a algunos conceptos jurídicos que en nuestra opinión servían de apoyo a nuestra opinión de que en el conflicto laboral de la Cervecería Modelo había un total apartamiento del estado de derecho, por el Ejecutivo Federal, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por la decisión anticonstitucional de la juez de distrito, de señalar una garantía, una fianza exorbitante para que pudiera ejercerse un derecho constitucional que es el de huelga.
También dijimos que al apartarse del estado de derecho que la Constitución prevé en materia laboral, se estaba traicionando uno de los postulados fundamentales del movimiento armado de 1910, y que en él participaban de una manera destacada quienes deberían defender, codo a codo, con el sindicato de trabajadores de la Cervecería Modelo, esta garantía constitucional fundamental que es el derecho a huelga.
También dijimos que este tipo de acciones en el caso concreto de la Cervecería Modelo que se trató y se trata hoy, no formaba parte de hechos aislados, sino eran consecuencia de toda una política reaccionaria, neoliberal, del gobierno tecnócrata que padece este país desde 1982 con mayor acentuación.
Pues bien, el día 26 de marzo, el lunes pasado, la juez tercero de distrito en materia laboral en el Distrito Federal resolvió un amparo promovido por el sindicato que acudió puntualmente a las instancias legales; lo resolvió confirmando lo que ya sabíamos, conculcar, hacer nugatorio el derecho de huelga siempre en perjuicio de los trabajadores, y en este caso de la Cervecería Modelo; negó el amparo, la protección de la justicia federal por resoluciones anticonstitucionales en nuestro estado de derecho, realizadas primero por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, no podemos decir que esta conculcación, esta violación a derechos esenciales de los trabajadores sea obra exclusiva del Poder Judicial Federal; en la resolución del lunes pasado tuvieron el papel protagónico, no analizaron lo que en derecho, a la luz del derecho debió haber sido estudiado, no tomaron en cuenta que el derecho laboral es tutelar del trabajador, es proteccionista en esencia, que las garantías sociales consagradas en la Constitución deben de ser preservadas de oficio por las autoridades mexicanas, entre ellas también los integrantes del Poder Judicial Federal, como no en su momento tampoco lo consideró la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en vez de proceder oficiosamente a solicitar aclaraciones válidas en procedimiento laboral y en procedimiento de amparo, en vez de realizar una investigación mediante las facultades que tienen como autoridades de impartición de justicia laboral y constitucional, en vez de ello actuaron olvidando este carácter tutelar, proteccionista del derecho laboral, del derecho que asiste a la clase trabajadora, que sólo busca mejorías en sus condiciones de vida; eso es lo que debe analizarse, no cuestiones subjetivas que podemos debatir aquí, sobre intenciones aviesas, extremistas, de grupos sedicentes en este país.
La realidad es que el derecho de huelga en este país se ejerce para buscar mejores condiciones de vida de la clase trabajadora, para equilibrar, para armonizar el producto de la empresa privada.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de su titular Arsenio Farell Cubillas, el gobierno del Distrito Federal, mediante la Secretaría de Protección y Vialidad, aportaron su parte a esta política antiobrera. Uno, Farell Cubillas, justificando de una manera apologista todo lo que fuera en beneficio de la empresa, no traicionando por ello, en eso es congruente, sus orígenes empresariales que nada tiene de malo, pero sí traicionando una función tutelar de los trabajadores que debería de desempeñar y que se ha convertido en el principal enemigo de la clase trabajadora; igual debemos seguirlo diciendo, ha sido el papel que la Confederación de Trabajadores de México, ha desarrollado en este conflicto laboral.
El documento que publicaron el viernes 23 de marzo en todos los periódicos nacionales, suscritos por todo el Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, principalmente por su secretario general, Fidel Velázquez, nos hace sostener que la Confederación de Trabajadores de México sigue jugando un papel contrario a los intereses de la clase que debería encabezar.
Este documento de una manera simplista y sin pruebas hace responsable, quizá si tiene alguna responsabilidad, debió de haberse dicho y debe de decirse, de una supuesta incapacidad del asesor jurídico del sindicato y ello en virtud de sus posiciones políticas extremistas y de su preparación jurídica, olvidando el papel que le corresponde a la autoridad laboral y que no desempeño y que muy por el contrario, de una manera evidente, la opinión pública lo ha vivido, no quiero volver a los tecnicismos, a los planteamientos jurídicos de la sesión pasada, sólo si hubiera necesidad lo haríamos, que hizo aún la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje en todas sus decisiones. Desde cuando reconoce personería a los representantes de la empresa, hasta pasando por esa resolución precedente antiobrera de 1 mil millones de pesos, hasta su solicitud del auxilio de la fuerza pública, sin haber agotado antes otras medidas conciliatorias, que bien valía utilizar con alguien que sólo busca reivindicaciones económicas.
También hizo a un lado el análisis jurídico del asunto. Tiene abogados la Confederación de Trabajadores de México que debieron de haber dicho en qué consistía su punto de vista, no necesariamente que fuera cierto, en qué consistía esta incapacidad del asesor jurídico.
No hace ninguna alusión, pues también, lo que nosotros hemos sostenido de que la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar inexistente la huelga es violatoria de la Constitución, es violatoria de la Ley Federal del Trabajo porque no se fundamentó en ninguna de las tres causales que señala el artículo respectivo de la ley.
Creemos que la Confederación de Trabajadores de México en este momento no juega un papel de defensa de los trabajadores. Estamos convencidos de que el gobierno de la República, a través del señor Arsenio Farell, practica una política antiobrera. Estamos convencidos que a la tecnocracia mexicana le resulta más convincente el apoyar todas las propuestas, aun a costa de romper con el marco constitucional, que hagan los empresarios, los voraces empresarios; no los empresarios nacionalistas, que deben de buscar el justo reparto de la riqueza.
La ejecutoria del juzgado de distrito que ayer publicó la Prensa, es otro episodio más de esta política antiobrera, que refleja con nitidez la sumisión en que ha caído el Poder Judicial Federal a los dictados del Ejecutivo, que en este país todo lo que sea la búsqueda del bienestar de las mayorías, de preservar la Constitución, las conquistas de la Revolución armada de 1910, son cosas del pasado, que urgidos por un modelo económico que responda a sus intereses y a sus convicciones están dispuestos a atropellar garantías, derechos que los mexicanos tiene vigentes en la Constitución, que están dispuestos a pasar por sobre los intereses de las mayorías del pueblo mexicano y que buscan afanosamente crear las condiciones para contar con un marco legal, un marco constitucional, que pueda, con manos libres, permitirle hacer de este país el modelo, o imponer en este país un modelo económico, que no nos queda duda, es afín a los intereses del gobierno y de las transnacionales norteamericanas.
Por ello volvemos reiteradamente a exigir en esta tribuna que se respeten las garantías, los derechos laborales previstos en la Constitución y en su ley reglamentaria de la clase trabajadora, fundamentalmente que no se derogue en los hechos el derecho de huelga, que la clase trabajadora puede utilizar como instrumento para buscar mejores condiciones de vida.
Exigimos también la reinstalación inmediata de los trabajadores, ilegalmente despedidos de la Cervecería Modelo, que sean reinstalados sin tomar en cuenta el papel esquirol que jugó este sindicato formado al vapor y al cual se le quiere señalar como titular del contrato colectivo en esa cervecería.
También exigimos el castigo a los policías ladrones y represivos del Departamento del Distrito Federal, que sus autoridades superiores no han hecho nada a pesar de las denuncias penales que se presentaron detallando en que consistían los hechos delictuosos de robo, de lesiones y de ultrajes en las personas y en los bienes de los trabajadores de la Cervecería Modelo e igualmente exigimos castigo a los autores intelectuales de este atropello y de estos hechos delictuosos en contra de trabajadores de la Cervecería Modelo, que podríamos señalar concretamente que son los representantes legales e industriales de la Cervecería Modelo y de su sindicato blanco. Muchas gracias
. Presidencia del ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Para el mismo asunto.
El C. Presidente: - Para el mismo asunto tiene la palabra.
El C. diputado Pedro César Acosta Palomino: - Honorable asamblea: Este asunto ya se está volviendo viejo y es lamentable que ello ocurra por la lentitud que la aplicación de la ley para fines de justicia se observa, casi por norma, en las autoridades.
Lentitud, que como señalábamos en otra ocasión, contrasta de manera muy llamativa con la
celeridad con que se resuelven otras instancias que no brillan precisamente por ser resoluciones justas; hace una semana este asunto fue objeto de una larga discusión en esta tribuna.
No pretendo con la intervención de hoy seguir alargando la discusión, quiero señalar dos aspectos solamente y una solicitud, muy atenta, pero muy enérgica, para que se den pasos firmes en su solución.
Es indudable que el trato igual a los desiguales genera injusticia y es indudable, por otro lado, que el enfoque que se pretende dar al conflicto de los trabajadores, 5 mil 200 personas de carne, hueso y sangre, tienen las características de un enfoque meramente legalista. Por eso, porque no se puede tratar igual a los desiguales, sabiamente el legislador previó la figura de la tutelaridad, la protección a quienes necesitan que la ley les auxilie en demandas de carácter elemental por cuanto se encuentren en situación de inferioridad frente a otras personas o instituciones. Y no se está observando en este caso una aplicación adecuada de la tutelaridad, se está asumiendo la presunción de que las dos partes tienen que ser tratadas con una igualdad químicamente pura.
Esas dos cuestiones, el hecho de que no puede haber trato igual entre desiguales o para desiguales y que la tutelaridad existe precisamente para subsanar la injusticia que conlleva una práctica de esta naturaleza, hace que mi intervención de hoy se limite a solicitar a la Comisión de Trabajo, cuyo titular está presente entre nosotros y forma parte de esta comisión, un paso más firme y decidido para la solución de este conflicto, recordando por otra parte que cuando se turnó este asunto a esa comisión, las palabra del Presidente fueron muy categóricas: "para que se resuelva en beneficio de los trabajadores".
Esa es la razón por la que solicito a la Comisión de Trabajo una aportación más concreta y más en sentido de justicia para los trabajadores que están resintiendo este conflicto, en los próximos días. Muchas gracias.
Presidencia del ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hablar del mismo tema, el diputado Juan José Osorio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Juan José Osorio Palacios: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Muy brevemente. Le agradezco al compañero su benéfica y fraternal también.
Les quiero decir que la Comisión de Trabajo, precisamente al recibir el turno de este problema, no nos esperamos a reunir a la comisión, sino en mi carácter de presidente de la Comisión de Trabajo inmediatamente me he puesto en contacto con los compañeros de la Modelo.
La semana pasada, el viernes, estuvimos platicando con ellos, ahorita mismo inclusive está un grupo de ellos para seguir trabajando. Desgraciadamente también no es tan fácil resolver un problema tan grave, pero tenga la seguridad la Comisión Permanente que la Comisión de Trabajo está tratando de resolver en beneficio de los trabajadores este problema.
Muy brevemente y no con afán de llegar a una polémica, porque ya lo he dicho muchas veces, no es aquí con discursos ni con fijaciones partidistas como vamos a resolver el problema de la Modelo, pero desde luego, con todo respeto, rechazo rotundamente la acusación en contra de mi central, mi central está trabajando para resolver el problema de los trabajadores.
Yo espero que los resultados nos den la razón, y si no, se pongan las cosas en claro en todo sentido. Es todo lo que tengo que informar y estamos trabajando para ello. Muchas gracias.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador José Antonio Valdivia: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo año. - LIV Legislatura.
Orden del día.
4 de abril de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Hidalgo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Adolfo Lugo Verduzco, gobernador constitucional del estado, rendirá el tercer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 7 de abril.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXI aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, tendrá lugar el próximo 10 de abril.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de declaratoria que reforma y adiciona los artículo 5o.,
35, fracción III; 36, fracción I; 41, 54, 60 y 73, fracción VI, base tercera, y deroga los artículos decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Primera Comisión, relativa a la solicitud de permiso del ciudadano Vicente Ruíz López, para que pueda prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
Once, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Manuel Lomelí Gamboa, Alfredo Hernández Pimentel, Arturo Cardona Marino, Luis Ángel Fuentes Alvarez, Jaime Abarca Illa, Juvenal González Martínez, Jaime Palacios Guerrero, Rolando Gutiérrez López, Mario Pedro Juárez Navarrete, Humberto Hernández Gutiérrez y Enrique Espinoza Miyazawa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gustavo Ysunza Olivares, para aceptar y usar la condecoración Cruz del Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Mauro Severiano Portela, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de Perú.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gildardo Alarcón López, para aceptar y usar la condecoración la Legión del Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Morales Troncoso, para prestar servicios como asesor económico en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María de los Ángeles Romero Cano, para prestar servicios en la embajada de Jamaica en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Alejandra Bonilla Acuña, para prestar servicios en la embajada de Canadá en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Augusto Gómez Villanueva, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Italia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Francisco Servín y García, Ramón de Lira Peralta, Elsa Avilés Mercado, Francisca Tapia García y Rosa Carla Torres Gutiérrez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Julissa Cruz Novelo y Octaviano Garibay Contreras, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadano Rosario Rosa Roig Blaky, María de las Mercedes Mundo Marín, Paula Teresa Chong Suárez, Obdulia Villanueva y González y Alfredo Arámburo López, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América y consulado general, en Hermosillo, Sonora.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Julieta Morales Vera, Nicasio Salvador Euan Várguez, Santos Humberto Acevedo García, José Guadalupe Cumi Cituc, Pedro Celestino Cuytum Caab y Edgar Renán Borges May, para prestar servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosa Inés Ruíz Gómez, Juan Antonio Ventura Malanche, Manuel Sánchez Mérito y José Luis Sánchez Mérito, para prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 16.20 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de abril a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES