Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19910814 - Número de Diario 6
(L54A3PcpN006F19910814.xml)Núm. Diario:6ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Senador Emilio M. González
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D.F., miércoles 14 de agosto de 1991 No. 6
SEGUNDO RECESO
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del departamento del Distrito Federal para asistir al acto cívico conmemorativo del CXLV aniversario de la Batalla de Churubusco. Se designa comisión.
SOLICITUDES DE LICENCIA
De los diputados : Leyver Martínez González, Ignacio Castillo Mena y Américo Alejandro Ramírez. Rodríguez. Se formulan puntos de acuerdo. Se aprueban.
COMUNICACIONES
De la Suprema Corte de Justicia sobre la instalación de su Segundo Período de Sesiones. De enterado.
Del Congreso del Estado de Michoacán sobre el nombramiento de Oficial Mayor. De enterado.
Del Congreso del Estado de Yucatán sobre la instalación de su mesa directiva. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (I)
CONDECORACIÓN
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto de la Cruz Ramos, pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Brasil. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios, de igual número de ciudadanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 Constitucional. Se turna a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alfonso Hernández y Morales, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Pizano y Saucedo, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
NOMBRAMIENTO
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo, para aceptar y desempeñar el cargo de asesor financiero de Presidente de Costa Rica en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de ciudadanos. Se aprueban.
PRONUNCIAMIENTO
DEL PROCESO ELECTORAL
Toman la palabra los legisladores:
Augusto Gómez Villanueva, da lectura a un pronunciamiento.
Fernando Antonio Lozano Gracia.
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Jesús Luján Gutiérrez
José Enrique Rojas Bernal, quien hace una proposición.
Se aprueba el pronunciamiento conjunto del diputado Augusto Gómez Villanueva.
Sobre la proposición el diputado Rojas Bernal, debaten:
Alonso Aguirre Ramos en contra.
José Enrique Rojas Bernal, en pro.
Para rectificar hechos los legisladores:
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Américo Javier Flores Nava
Juan Antonio García Villa
Alonso Aguirre Ramos
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Alonso Aguirre Ramos
Se desecha la propuesta del diputado José Enrique Rojas Bernal
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El diputado Juan Antonio García Villa presenta informe, como representante de la Cámara de Diputados por la primera minoría.
Opinan los legisladores:
Jesús Luján Gutiérrez
Enrique Carrillo Silva
Juan Antonio García Villa
Fernando Antonio Lozano Gracia
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Proposición presentada por el diputado Juan Jaime Hernández. Se deshecha.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
De los secretarios de Salud y de Programación y Presupuesto presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa. Intervienen los legisladores:
Napoleón Cantú Cerna en contra.
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Se desecha.
DENUNCIAS
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Presentada por el diputado José Enrique Rojas Bernal. Se aprueba.
DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CAPRICORNIO
Presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa. Debaten los legisladores:
Cuauhtémoc Anda Gutiérrez
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Nicolás Reynés Berezaluce
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Se aprueba.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (II)
NOMBRAMIENTO
Por el que se notifica el nombramiento del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Arabia Saudita. Se turna a la Segunda Comisión.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ
(Asistencia de treinta legisladores.)
ASISTENCIA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Señor Presidente, hay una asistencia de 30 representantes. Hay quórum.
El Presidente (a las 11.30 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Comisión Permanente.- Segundo Receso.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
14 de agosto de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXLIV aniversario de la Batalla de Churubusco, tendrá lugar el 20 de agosto.
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
Comunicaciones de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán y Yucatán. oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto de la Cruz Ramos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Comendador, que el confiere el gobierno de Brasil.
Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Eugenio Lozano Cobo, Juan José Ramírez Sánchez, Mario Marco Antonio González Barreda y Jorge Campos García, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Francisco Alfonso Hernández y Morales, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Pizano y Saucedo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco Morazán, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo, para aceptar y desempeñar el cargo de asesor financiero del presidente de Costa Rica.
Dictámenes a discusión
Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Daniel Rolón Arias, Juan Roberto Redón Tavera, Jesús Martínez Barragán, José Luis Silva Quiroz y Jaime Castañeda Bravo."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día siete de agosto de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio M. González
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con trece minutos del día siete de agosto de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de veinticuatro legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica. Posteriormente da cuenta con los siguientes documentos:
Una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del bicentésimo noveno aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Una invitación del Congreso del Estado de Nayarit a la sesión solemne en la que el gobernador del estado rendirá el cuarto informe de su administración. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del tetracentésimo septuagésimo aniversario de la defensa heroica de México - Tenochtitlan y del centésimo décimo segundo aniversario del natalicio del ingeniero Vito Alessio Robles. Se designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente en dichos actos.
Copia de una comunicación del Presidente de la Comisión Permanente, por la que solicita documentos del Congreso del Estado de Guerrero.
De enterado.
Una comunicación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave, por la que informa que abrió el primer período de sesiones extraordinarias del segundo año de su ejercicio constitucional y la elección de su mesa directiva.
De enterado.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten las hojas de servicios de igual número de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dos ocursos de los ciudadanos Carlos Pizano y Saucedo y Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo, por los que solicitan el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Honduras y prestar sus servicios como asesor financiero del presidente de Costa Rica, respectivamente. Se turna a la Primera Comisión.
Se someten a discusión dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez, Silvia Jardón y Olvera, María de Lourdes Guzmán Contró, Georgina Suárez Hampe, Francisco Osorio Salazar, Rogelio Gómez Carrasco, Alfonso Ruíz Saldaña, Marta Elena Muñoz Pérez, Francisco Javier Ayala García, Karla Ivette Ornelas Reyes, Maribel Gutiérrez Orozco, María Teresa de Jesús Fierro Raig y Ernesto de Keratry y Echeverría, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. Se reservan para su votación nominal en conjunto.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Claudine Albrand Demichelis, pueda prestar sus servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Un dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ramiro David Montes Molina, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Francesa.
La secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por treinta votos en el caso de los dos primeros dictámenes y treinta y un votos por loe dos segundos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo a la proposición de los legisladores Juan Nicasio Guerra Ochoa e Ifigenia Martínez Hernández, para que se formule un pronunciamiento de rechazo a la existencia de regímenes de segregación racial en el mundo. Sin discusión se aprueba en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien denuncia hechos relacionados con el proceso electoral, ocurridos en el municipio de Nezahualcóyotl, México.
Hace uso de la palabra la senadora Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática para denunciar violaciones a los
derechos humanos en el Estado de Jalisco y propone un punto de acuerdo al respecto, que se acepta a discusión y se turna a la Primera Comisión para los efectos legales que procedan.
Para referirse a diversos hechos dentro del proceso electoral federal, hacen uso de la palabra sucesivamente los legisladores Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del senador Pacheco Moreno; Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional; Rubén Venadero Valenzuela, del Partido del Trabajo y Víctor Hugo Celaya Celaya, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la invitación que hizo el señor Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, para que miembros de la Comisión Permanente visiten Sudáfrica y propone que se integre una comisión para viajar a ese país. Se acepta a discusión y se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores de la cámaras de Diputados y de Senadores para que decidan sobre la procedencia de esa invitación.
Sube a la tribuna el diputado Jesús Luján Gutiérrez, quien propone la comparecencia del Secretario de Educación Pública ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para que informe sobre el programa educativo aprobado por el Consejo Técnico de la Educación. Se acepta a discusión la proposición del diputado Luján Gutiérrez y se turna a la comisión. Se acepta a discusión la proposición del diputado Luján Gutiérrez y se turna a la comisión señalada para que determine lo procedente.
En uso de la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, refiere el propósito de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por celebrar audiencias sobre la relación entre la educación superior y el proceso de internacionalización de la economía y la integración de los mercados, a fin de solicitar se formule excitativa a dicha comisión para que se lleven a cabo dichas audiencias. La Presidencia hizo la excitativa del caso.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Juan Jaime Hernández, quien en dos intervenciones se refiere a los que calificó de anomalías en los procesos electorales en los estados de Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Jalisco. Propone dos puntos de acuerdo, de los cuales el primero se acepta a discusión y se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, de la Cámara de Diputados para que determine lo procedente y el segundo se desecha.
Para rechazar a nombre de su partido cualquier tipo de violencia en el proceso electoral federal, hace uso de la palabra el diputado Rubén Venadero Valenzuela, del Partido del Trabajo.
Hace uso de la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para denunciar hechos que calificó de ilegales en el Estado de Puebla y hace una proposición al respecto. Se acepta a discusión y se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, de la Cámara de Diputados, para lo que proceda.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las trece horas con cuarenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno a las once horas.
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano senador Emilio M. González, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXLIV aniversario de la Batalla de Churubusco, que tendrá lugar el próximo martes 20 del actual, a las 11.00 horas, en el monumento al general Pedro María Anaya, en el Ex - convento de Churubusco, delegación política Coyoacán.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 12 de agosto de 1991.- El director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:- Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa al siguiente legislador: diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
«Senador Emilio M. González Parra, presidente de la honorable Comisión Permanente.- Presente.
Leyver Martínez González, diputados por el VIII distrito electoral federal con cabecera en Tonalá, Chiapas, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia a mi cargo de diputado federal a partir del 14 de agosto del año en curso, con la finalidad de estar en condiciones de poder incorporarme al servicio público federal.
Por la atención que tenga a bien prestarme, aprovecho la ocasión para reiterarle mi atenta y distinguida consideración.
Agosto 12, 1991.- Diputado Leyber Martínez González.»
El mismo Secretario senador:
«Señor senador Emilio M. González, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Me permito comunicar a usted por este conducto que he resuelto solicitar licencia indefinida en el cargo de diputado federal que he venido desempeñando desde el 1o. de septiembre de 1988.
Le agradezco todas las atenciones que me dispensó en el desempeño de mis funciones, rogándole hacerlo extensivo en todos los miembros de este órgano legislativo, así como a los servidores administrativos de quienes siempre obtuve gentilezas y deferencias.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 8 de agosto de 1911.- Diputado Ignacio Castillo Mena, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
El mismo Secretario senador:
«A la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro solicitando licencia definitiva para separarme del cargo de diputado federal, con efectos a partir del día primero de septiembre del año en curso.
Ajustada mi solicitud a derecho, espero sea proveída de conformidad.
Agosto 14 de 1991.- Diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez.»
El Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 constitucional, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán: - Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia a partir de esta fecha al diputado Leyver Martínez González, para separarse de sus funciones como diputado federal por el VIII distrito del estado de Chiapas, para que éste en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal, durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ignacio Castillo Mena, para separarse de sus funciones como diputado federal por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Tercero. Se concede licencia definitiva al diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, para separarse de sus funciones como diputado federal por la tercera circunscripción plurinominal, a partir del primero de septiembre de 1991.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado, comuníquese.
El Presidente: - En virtud de que el diputado Ignacio Castillo Mena es integrante de esta honorable Comisión Permanente, llámese al sustituto diputado Enrique Rojas Bernal.
Continúe la secretaría.
COMUNICACIONES
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presidencia.- México.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa honorable Comisión Permanente que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inauguró su segundo período de sesiones correspondiente al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, a 1o. de agosto de 1991.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Ulises Schmill Ordóñez.»
Trámite: - De enterado.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con esta fecha la Sexagésima Quinta Legislatura me distinguió con el nombramiento de Oficial Mayor del honorable Congreso, lo que me permito participar a usted, para los efectos conducentes.
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Morelia, Michoacán, a 5 de junio de 1991.- Licenciado Oscar Vidal Alcantar Ramírez.»
Trámite: De enterado.
La misma Secretaria senadora:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- LII Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted, que ha quedado instalada la diputación permanente para el período comprendido del 16 de julio al 15 de octubre del año en curso, quedando integrada de la forma siguiente:
Propietarios: Diputados, Roberto Pinzón, Alvarez, presidente; Manuel Cervera Capistrán, secretario, y Maximino Yam Cocom, vocal.
Suplentes: Diputados, Eloy Cruz González, presidente; Juan Vallejos Vega, secretario, y Víctor Cruz Pardio, vocal.
Protestamos a vuestra honorable nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, México, a 16 de julio de 1991.- Presidente diputado Roberto Pinzón Alvarez, secretario diputado Manuel Cervera Capistrán.
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (I)
CONDECORACIÓN
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 de julio próximo pasado:
"El ciudadano vicealmirante CG. diplomado de Estado Mayor Alberto de la Cruz Ramos, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Brasil; para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1991.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Marina, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 19 de junio último, manifestando lo siguiente:
"Adjunto remito a usted, hoja de tiempo de servicios del contralmirante I. M. N. Eugenio Lozano Cobo, para que por su amable conducto sea puesta a la consideración del honorable Senado de la República, a fin de obtener la ratificación del grado que actualmente ostenta. La documentación adjunta, incluye copia certificada del acuerdo presidencial que dispone el ascenso del interesado, así como antecedentes militares y datos complementarios."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 1991.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.
Trámite:- Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo Secretario senador:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 1o. del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien a disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Aéreo Juan José Ramírez Sánchez (6103879), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribió a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 1991.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.
Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo Secretario senador:
Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes
Con fecha 1o. del actual la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo manifestado lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Mario Marco Antonio González Barreda (6461938), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribió a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo No Reelección.
México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 1991.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.
Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo Secretario senador:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 30 de julio próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Jorge Campos García (6103864), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 1o. de agosto de 1991.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.
Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Alfonso Hernández y Morales, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco Alfonso Hernández y Morales, para aceptar y usar la consideración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 1991.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Saúl González Herrera, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Víctor Hugo Celaya Celaya, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Ignacio Castillo Mena, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado Napoleón Cantú Cerna, diputado Juan Jaime Hernández, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, diputado Carlos Javier Vega Memije, senador Fernando Silva Nieto.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo Secretario senador:
"Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión de Trabajo, que suscribe efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Carlos Pizano y Saucedo, para que pueda aceptar y usar la consideración de la Orden Francisco Morazán, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede el permiso al ciudadano Carlos Pizano y Saucedo, para aceptar y usar la consideración de la Orden Francisco Morazán, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de agosto de 1991.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Saúl González Herrera, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Victor Hugo Celaya Celaya, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Ignacio Castillo Mena, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado Napoleón Cantú Cerna, diputado Juan Jaime Hernández, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, diputado Carlos Javier Vega Memije, senador Fernando Silva Nieto.
Trámite: - Primera lectura.
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: El ciudadano licenciado Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo, en escrito fechado el 29 de julio del año en curso, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de asesor financiero del Presidente de Costa Rica en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de agosto, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento correspondiente:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Presidente de Costa Rica, serán como asesor financiero, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo, para aceptar y desempeñar el cargo de asesor financiero del Presidente de Costa Rica en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de agosto de 1991.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Saúl González Herrera, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Víctor Hugo Celaya Celaya, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Ignacio Castillo Mena, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado Napoleón Cantú Cerna, diputado Juan Jaime Hernández, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, diputado Carlos Javier Vega Memije, senador Fernando Silva Nieto.
Trámite: - Primera Lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
MILITARES
El secretario senador Hugo Domenzáin Guzmán:
Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano general brigadier médico cirujano Daniel Rolón Arias como, general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó el Ejército como soldado de infantería el diecinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, causando baja el dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y uno, reingresando como cadete en la Escuela Médico Militar el diez de febrero del mismo año, y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido a capitán primero pasante de medicina al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en las fechas de sus ascensos;
c) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y cuatro años, dos meses, trece días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como las del Mérito Docente, Especial de Perseverancia, Servicios Distinguidos y la de Perseverancia Extraordinaria.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada médico cirujano, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Daniel Rolón Arias.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1991.- Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador
Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano García, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Juan Roberto Redón Tavera, como coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó el Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis, y el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de caballería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el quince de agosto de mil novecientos ochenta, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha presentado servicios a la Nación mexicana durante veinticinco años, cuatro meses, veintiocho días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad; por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado del coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Roberto Redón Tavera.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1991.- Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Trámite: - Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba, los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Jesús Martínez Barragán, como coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión
Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó el Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el quince de agosto de mil novecientos ochenta, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, cinco meses, tres días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, y Tercera y Segunda Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado del coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jesús Martínez Barragán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1991.- Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano García, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Trámite: - Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor José Luis Silva Quiroz, como general de brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos, y
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y cuatro años siete meses, veinticuatro días.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Luis Silva Quiroz.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1991.- Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano García, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Trámite: - Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano teniente coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor de Jaime Castañeda Bravo como, coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve fue ascendido a subteniente de caballería al termino satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y siete, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en las fechas de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veinticinco años, cuatro meses, veintidós días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jaime Castañeda Bravo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1991.- Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano García, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre
Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Trámite: - Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
PRONUNCIAMIENTO
DEL PROCESO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra para proponer un pronunciamiento de esta Comisión Permanente, el diputado Augusto Gómez Villanueva, a quien se le concede el uso de la palabra.
El diputado Augusto Gómez Villanueva: - Con su permiso, señor Presidente: Voy a proceder a dar lectura al texto que ha sido suscrito por todas las fracciones parlamentarias aquí presentes:
Honorable asamblea: Al considerar los comicios federales que se celebrarán en la República el día 18 del actual para renovar la Cámara de Diputados, la mitad del Senado de la República y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y las elecciones locales que en esa misma fecha se llevarán a cabo en los estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Coahuila, los representantes de los diversos partidos políticos nacionales que integramos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos permitimos proponer a ustedes la aprobación de la siguiente
DECLARACIÓN
Primero. Nuestra Constitución establece que es prerrogativa y obligación ciudadana el votar en las elecciones de manera libre y secreta.
Segundo. Porque estamos convencidos del valor insustituible de la participación democrática del pueblo en las urnas para la renovación de los poderes públicos, formulamos un llamado a todos los ciudadanos para que ejerzan plenamente su derecho al sufragio.
Tercero. Manifestamos nuestra confianza en la madurez cívica y política del pueblo mexicano.
Al depositar su voto fortalecerá el ambiente de respeto y tolerancia que requiere la convivencia política plural de los partidos políticos nacionales que nos esforzamos por consolidar.
Cuarto. Por otra parte y tomando en cuenta que tanto la Constitución General de la República como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece como uno de los principios reactores del proceso, el de legalidad convoca a los partidos políticos y a autoridades electorales a que ajusten su conducta en forma irrestricta a dicho principio.
Quinto. Expresamos nuestra voluntad y nuestro compromiso con el desarrollo de una jornada electoral apegado al estado de derecho, su realización en un clima de paz y tranquilidad sociales fortalecerá el avance democrático de la nación.
Firman los siguientes diputados en representación de las diversas fracciones parlamentarías:
Diputado: Fernando Antonio Lozano Gracia, por el Partido de Acción Nacional; diputado Roberto Jaramillo Flores, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Rubén Venadero, por el partido de los Trabajadores; diputado Juan Guerra, por el partido de la Revolución Democrática; diputado Augusto Gómez Villanueva, por el Partido Revolucionario Institucional; senador Humberto Lugo Gil, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Juan Jaime Hernández, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y diputado Jesús Luján Gutiérrez, por el Partido Popular Socialista.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernando Antonio Lozano Gracia.
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: - Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores miembros de la Comisión Permanente: Este punto de acuerdo que ha sido elaborado conjuntamente por los partidos políticos, nos parece que es oportuno y que ciertamente refleja una necesidad en este momento en que estamos a cuatro días de celebrar elecciones federales y locales tan importantes para nuestro país y que a la luz de la elección de 1988, podrá significar la continuación del avance de nuestro país hacia niveles más democráticos.
Consideramos por la experiencia que hemos tenido en las diversas campañas electorales realizadas en todo el país, que estamos en un
momento muy propicio e importante ya que la ciudadanía ciertamente se ha manifestado con gran interés en este proceso electoral.
Para nosotros, para Acción Nacional, que ha mantenido una actitud de convocatoria a la ciudadanía, permanente, es muy satisfactorio que en los cierres de campaña hayamos constatado la presencia de ciudadanía, incluso en números muy superiores a la que concurrió a dichos eventos en las elecciones de 1988.
Hemos denunciado, porque creemos que es obligación de partidos políticos y creemos que la denuncia seria y fundada contribuye al mejoramiento de las estructuras y de los procedimientos democráticos, hemos denunciado, decía, los actos que nos parecen atentar contra la claridad, la limpieza y la buena marcha de los procesos electorales.
En esta misma tribuna su servidor ha hecho pronunciamientos en relación al padrón electoral, a los datos preocupantes que se arrojaron, en su momento, de que no llegaba el 100% de credenciales a los módulos y que con esto se conculcaban derechos de ciudadanos.
Hemos continuado con procesos de vigilancia y de verificación, tanto del proceso de empadronamiento como del proceso de entrega de credenciales. Y estamos llevando a cabo dichos procesos, de una manera absolutamente seria y responsable. Porque digo e insisto, consideramos que es una obligación de los partidos políticos.
Ha habido también en los últimos días algunas disposiciones o medidas importantes que se ha tomado en los consejos electorales, tanto en los locales como en distritales, que nos preocupan , como es el que el día de ayer prácticamente a lo largo de toda nuestra patria se nombró a coordinadores secciónales, en números muy distintos. Es decir, no hubo una regla en todo el país, a pesar de que nosotros hemos pedido que se analogue el criterio del nombramiento de representantes generales de partidos políticos, es decir, de uno por cada diez casillas.
Sin embargo, hubo anarquía, hubo desorden, en el nombramiento del número de estos coordinadores secciónales y también hubo desorden como podrá constatarse con la simple lectura de las actas que levantaron los distintos órganos electorales, de la interpretación de las funciones que éstos deben tener.
Sin embargo, debo aclarar por notas que aparecen hoy en los periódicos, que una mecánica que supuestamente había sido instrumentada por la dirección general del Instituto Federal Electoral de habilitar a funcionarios, sobre todo federales, empleados federales para que constituyeran una red de informadores, directamente al director general del instituto. Por consulta hecha con éste, me manifiesta que es falso que se haya instrumentado plan alguno para empleados federales o de gobiernos locales vallan a casillas y traten de averiguar los resultados, antes de que los paquetes lleguen a los consejos distritales, y se lo informen al director para que éste en aptitud de dar la información que pide el código.
Este plan, repito, ha establecido comunicación con el director general y me dice que no es cierto, que es falso, que no se ha implementado plan alguno.
Esto es pues, en justicia una rectificación a las notas periodísticas que salen el día de hoy, porque ciertamente al partido llegaron copias de este mecanismo que supuestamente se estaba implementando.
Consideramos que es muy conveniente que en estos días, y tan próximos a la jornada electoral, haya absoluta claridad, tanto en las disposiciones que deben de tomarse necesariamente para la buena marcha de la jornada, como la posición de los partidos políticos.
Acción Nacional, una vez más, insiste el día de hoy en su convocatoria a la ciudadanía. Consideramos que es el espíritu, el alma y el motor de todo esfuerzo democrático.
Por tanto, desde esta tribuna, convocamos, insisto una vez más, para que ejerzan esa prerrogativa y cumplan con esa obligación constitucional. Y perderíamos a la Presidencia de la Comisión Permanente se tomen las medidas necesarias para que el punto de acuerdo que está a discusión de la Comisión Permanente, en caso de su aprobación, tuviese la difusión más amplia que fuera posible. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: En la propuesta de declaración, que ha sido presentada aquí por el diputado Gómez Villanueva, se establece la preocupación de esta Comisión Permanente, a efecto de que el proceso electoral próximo transcurra
dentro de un marco de derecho, dentro del respeto irrestricto a la libertad del sufragio, a esto que es un derecho constitucional.
Por eso como todos los partidos lo hemos visto conveniente. Sin embargo, no deja de llamar la atención que aquí en la Comisión Permanente haya sido el diputado Gómez Villanueva , el Partido Revolucionario Institucional, el que haya presentado esta propuesta. Porque si les vamos a llamar las cosas por su nombre, pues hay que empezar por reconocer que la ilegalidad ocurrida en procesos anteriores, ha sido esencialmente responsabilidad del gobierno y de su partido. No han sido los partidos opositores los que han violentado la legalidad. No son ellos, incluso, los que pueden responder por las diversas irregularidades que de frente a este proceso ya han ocurrido. Esto es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno.
¡Qué bueno que esto no fuera sólo una declaración, sino un verdadero compromiso político del gobierno para respetar la legalidad y el derecho irrestricto de los ciudadanos a ejercer, de manera libre, su voto! ¡Qué bueno que estuviéramos ante ese compromiso!
No podemos pensar que así sea mientras los hechos no nos demuestren lo contrario.
Las irregularidades aquí ya denunciadas, en materia del Registro Nacional de Electores, las presentadas con la aclaración pertinente por el diputado de Acción Nacional, la existencia de credenciales que fueron detectadas en el estado de Tamaulipas, como 12 mil; en el estado de Sonora, algunas tiradas a la basura, que en un momento dado dieron la impresión de que las credenciales andaban volando, así como volaron las boletas y se encontraban en la basura en 1988; la circunstancia misma de que millones de mexicanos no van a ejercer este derecho constitucional, no nos permite afirmar que hasta ahora los hechos son congruentes con el llamamiento que todos suscribimos.
¡Ojalá, sin embargo, y esperáramos congruencia en los actos!
Nosotros es lo que siempre hemos pedido: apego a la legalidad, apego a la Constitución. Y en esto no se establece ninguna declaración de tipo demagógico o propagandístico, es "elemental derecho nuestro de defensa", que no tenemos otros. A quien menos conviene en este país es a la posición que se violente la legalidad, porque es el marco precisamente en el cual nos permite dirimir las controversias, nos permite, conforme lo establece la Constitución ser gobierno y nos permite ir conquistando los espacios en este sentido. La legalidad, por eso, ha sido y seguirá siendo nuestra arma, nuestra principal arma de lucha política. Y esperaríamos, evidentemente congruencia de parte del gobierno y su partido; y esperaríamos que a las irregularidades ya presentadas no se susciten más.
Pero estas elecciones más allá de estos aspectos puntuales, se dan en un marco más global y presentan circunstancias ante las cuales mi partido el de la Revolución Democrática, quiere dar su opinión.
Estas elecciones se darán en un complejo contexto económico, social y político que pueda ser caracterizado por las siguientes ideas: la economía y la sociedad, insuficiente recuperación, más desigualdad, mayor subordinación.
La economía mexicana parece estar retomando la ruta del crecimiento. Si bien la tasa de expansión del producto interno bruto alcanzado en los 2 últimos años, es un promedio apenas mayor al crecimiento de la población y es sólo algo más que la mitad del promedio de los años 1960 y 1970, este crecimiento, aunque busca y quizá logre modernizar y renovar algunas de las bases sobre las cuales se dio la evolución económica en las décadas pasadas, preserva y agudiza algunos de los vicios e incapacidades más notables de los modelos de desarrollo económico seguido desde el gobierno de Ávila Camacho en adelante.
La absoluta incapacidad para evitar que subsistan en el país los extremos de la miseria en sus máximas expresiones, con los mayores niveles de concentración de la riqueza jamás alcanzados en la historia del país, en manos de unas cuantas familias.
Mientras duró la crisis, la mayor parte del costo y los sacrificios fueron pagados por los sectores pobres y medios de la población. Hubo al mismo tiempo núcleos de especuladores y rentistas que vieron incrementarse sus fortunas hasta niveles nunca imaginados. Ahora que se está produciendo el mejoramiento del comportamiento macroeconómico del país, esto no está traduciendo, sin embargo, en la elevación del nivel de calidad de vida de la mayoría de la población. De ello es responsable la política económica puesta en práctica. Los salarios no mejoran su dramática situación real; el empleo no se genera en montos suficientes para enfrentar no sólo la demanda de nuevos puestos de trabajo, que
realizan los jóvenes que ingresan cada año al mercado de trabajo, sino que es incapaz de satisfacer el gran rezago acumulado en los años de las décadas pasadas.
Al no avanzar en el mejoramiento del salario real y del empleo, no se avanza en la capacidad de la población de satisfacer sus propias necesidades, ni se adelanta en la superación de las más graves carencias alimenticias, de salud, de vivienda, de vestido, de servicios urbanos, de medio ambiente, etcétera; incluso, documentos oficiales reconocen que existen 17 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema y 40 millones en condiciones de pobreza. Igualmente reconocen que cada año mueren cien mil niños por insuficiencias en la alimentación y servicios de salud y en esto cito el documento mismo del Programa Nacional de Solidaridad y del Consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad.
En lo que se refiere a la capacidad productiva del país, ésta no ha superado el gran rezago que se acumuló en la década pasada. Al prácticamente detenerse la inversión, la creación, de empleos, la ampliación de la mayor parte de los elementos de la indispensable infraestructura de la nación.
Los volúmenes de la inversión privada de hoy apenas igualan a los niveles que ésta tenía una década atrás. La inversión pública, por su parte, es un quinta parte en términos reales de la que era diez años atrás. El avance tecnológico del país se vio detenido justo cuando era más urgente que se acelerara. Entre tanto, de 1982 a 1990, se ha pegado en la banca extranjera 87 mil 300 millones de dólares de intereses, cifra que es similar al monto total del saldo actual de México. De esta cifra, 9 mil millones fueron pagados el año pasado, aun después de la renegociación de la deuda externa.
El gobierno de Salinas ha costado la subordinación del desarrollo de la economía mexicana a la fuerza del capital transnacional. Así, mientras la inversión y el gasto público han declinado la mitad de sus valores reales de hace una década, la inversión en maquila se ha multiplicado por algo más de tres veces y lo mismo ha ocurrido con la inversión extranjera.
Mientras el gobierno ha detenido sus compromisos con la atención a la salud, a la educación, a la alimentación, al desarrollo del campo, a la investigación científica y tecnológica, en el país florecen los negocios de los extranjeros y de las transnacionales. Un modelo económico subordinado al exterior y excluyente de la mayor parte de la población.
En este esquema se realizan las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y con Canadá, siendo negociaciones que concluirán en el acuerdo con dos potencias extranjeras que tendrán el mayor impacto en la vida económica y social del país, y que no podrán dejar de tener también consecuencias políticas de envergadura.
Las negociaciones se realizan al margen del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, al margen de amplios sectores de la sociedad. En uso típico del presidencialismo mexicano, de la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, por la docilidad de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional al Presidente en turno.
En uso del corporativismo con que se estructura la vida política del país, sólo son convidados a las negociaciones, a participar y a opinar en ellas, los invitados del Ejecutivo.
No existe una discusión pública y generalizada, ni existe consideración a la necesaria división de poder que debería privar en el país.
Algo similar ocurre con la lucha contra la inflación, sólo los invitados privilegiados cuentan con boleto de invitación y pactar a nombre de una sociedad, a la cual no representa, los niveles a los cuales cada sector y clase social fijaran los precios a los cuales venden sus bienes y su fuerza de trabajo.
La falsa representación de los trabajadores en la concentración de la inflación y la falta de consideración a las necesidades de la clase obrera, ha conducido a una política en la que, si hay inflación los salarios pierden, si hay desinflación los salarios también pierden.
De cualquier forma la política antiinflacionaria de los pactos ha logrado vencer la inercia inflacionaria que estaba presente a fines de 1987, pero no ha podido descender el piso crítico del 20% anual. El país lleva veinte años con inflaciones de dos dígitos y no parece que estemos en vías de alcanzar en forma estable la inflación de un solo dígito. Este año, por lo pronto, en los primeros siete meses del año se ha alcanzado ya el 10% de la inflación.
En el ámbito de la política poco ha cambiado desde las elecciones presidenciales de julio 1988, el gobierno mantiene el control de los
organismos electorales. Y ya hemos visto los efectos que está situación provoca sobre el desarrollo de los comicios.
El Instituto Federal Electoral no cumplió con los plazos para la entrega de credenciales de elector a los ciudadanos, dejando a un número considerable de ellos sin la posibilidad de votar. El padrón electoral, pieza clave para la legitimidad del proceso, no podrá ser revisado adecuadamente por los partidos políticos.
El gobierno se despliega en el uso de los recursos públicos para apoyar a los candidatos del partido oficial. El propio Presidente se despliega en campaña política a favor de su partido.
La televisión sigue siendo un espacio cerrado para muchas voces disidentes de la sociedad, tanto Televisa como Imevisión, se despliegan en una descarada campaña de apoyo al partido y a los candidatos oficiales sin dar lugar al punto de vista de la oposición o simplemente de los puntos de vista independientes.
En el pasado reciente las experiencias electorales han demostrado el mismo nivel de felonías y delincuencia electoral de los peores tiempos. Se violó la voluntad popular expresada a través del voto en Michoacán, tanto en las elecciones para diputados locales como en las elecciones de las autoridades municipales.
Se violó el voto en Guerrero, se violó el voto en el estado de México y cuando existió respuesta popular no se dudó en utilizar la represión o cualquier método para la captación de los opositores y la división de las fuerzas políticas adversas.
En estos tres años, mi partido ha sufrido la muerte y persecución de sus militantes, e injusto encarcelamiento como fue el caso del presidente municipal de Aguilillas, Michoacán; siguen sin esclarecerse las muertes de los colaboradores del FDM o Bando Gil y de los estudiantes asesinados en los días previos a las elecciones de 1988; siguen continuos despidos de periodistas de sus medios, ya sea en la radio, en la Prensa escrita y en la televisión; la represión y la intimidación incluso con visos de terrorismo de los periodistas, en una cruda realidad cotidiana en nuestra nación, sin que se castigue por supuesto a los culpables.
Ahí están en México los casos muy recientes de Nidia Martín en Excélsior, de Héctor Suárez en Televisa, de Paco Huerta en la radio, el obscuro caso de Raúl Cremoux. ¿Cómo se puede hablar de avance en la democracia en México?
Sigue imponiéndose el terrorismo sindical; ahí tenemos el caso del recuento sindical en la Ford. En el ámbito regional los habitantes de la ciudad de México siguen con sus derechos políticos cancelados, al no poder elegir a sus gobernantes mientras que los estados y los municipios padecen del estrangulamiento centralista por la falta de recursos que pueden generar y utilizar autónomamente, por la falta de capacidad para designar, sin injerencia del centro a sus propias autoridades y líderes políticos.
A pesar de todo, la mayor parte de los mexicanos hemos decidido impulsar el avance democrático del país por la vía pacífica a través del sufragio. La propaganda del partido para que las cosas sigan cambiando, puede ser fácilmente ironizada: para que el salario se siga deteriorando, podría uno preguntar ¿para seguir entregando la economía al extranjero, para que aumenten aún más los índices de contaminación, para que sigan saliendo las voces independientes de los medios de comunicación, para que siga la represión política y la violación al voto, para que las cosas realmente cambien a favor del pueblo?
Llamo de esta tribuna a todos los ciudadanos mexicanos, para que el próximo 18 de agosto voten libremente, que no se abstenga, que cuiden y defiendan su voto, que entiendan que cualquier presión contra el derecho libre e irrestricto al voto es un delito, y por lo tanto debe ser castigado, y para ello debe ser denunciado.
¡Patria ya para todos! Perdonen el lapso, a veces sí he tenido un sueño: que el Partido Revolucionario Institucional no fuera lo que estoy leyendo y que se pudiera hablar por él a nombre también de la democracia. Desgraciadamente esto hoy no ocurre. Gracias por su atención.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Luján Gutiérrez.
El diputado Jesús Luján Gutiérrez: - Señor Presidente: señoras y señores legisladores: Anoche, a altas horas de la misma, según informes que nosotros tenemos aquí en el Distrito Federal, a nuestro juicio prácticamente se dio un albazo de carácter electoral.
Recuerdo que cuando las discusiones del actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una figura contra la que todos los partidos políticos estuvimos en contra, y que
existía en el Código Federal Electoral anterior, era el de los auxiliares de los organismos de carácter electoral, que se habilitaban para que cumplieran su función el día de las elecciones, que en la práctica substituían la autoridad de los funcionarios de carácter electoral. Esto quedó abolido en el Código Federal Electoral, en el Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, perdón.
Hoy firmamos nosotros un documento, una declaración que en el quinto punto dice expresamos nuestra voluntad y nuestro compromiso con el desarrollo de una jornada electoral apegada al estado de derecho; su realización en un clima de paz y tranquilidad sociales fortalecerá el avance democrático de la nación.
Nosotros estamos de acuerdo con esta declaración y en tal virtud, yo desde esta tribuna llamo a las autoridades superiores del Instituto Federal Electoral, para que desconozcan todo acuerdo que pretenda atropellar la autoridad de los funcionarios de casilla y de los propios representantes de los partidos políticos, porque estos coordinadores, que se propusieron por parte de los vocales ejecutivos de los Consejos Electorales, no son más que los auxiliares electorales que en el pasado contribuyeron a vulnerar en mucho los resultados de las propias elecciones.
El argumento que plantean, es que es necesario que haya un equipo numeroso, son decenas por distrito electoral, en algunas rebasa las centenas, que servirán inclusive para ir a levantar a los presidentes de las casillas electorales, en el supuesto de éstos no lo hagan a tiempo; que estarán atentos a que tengan toda la papelería adecuada para la instalación de la casilla; que se instalen a tiempo; que les lleven sus alimentos a su hora, y que además auxilien a los presidentes de las casillas en el traslado de las urnas electorales ante los consejos electorales.
Esto, a nuestro juicio, es atentatorio a la legislación, y en atención a este documento que acabamos de firmar, yo demandaría además del Instituto Federal Electoral, sanciones ejemplares que para quienes pretendan, mediante albazos, vulnerar la legislación y atropellar los derechos de los funcionarios de carácter electoral.
En función de esto, compañeros, creo que debemos de estar muy atentos como representantes del pueblo de México y no dejar pasar desapercibido agresiones como en las que en algunos distritos del Distrito Federal, se lograron el día de ayer, porque no en todos los Consejos Distritales se logró y en otros no. Estaremos atento.
En ese sentido nosotros ratificamos nuestra firma a la declaración que se ha planteado aquí por parte del diputado Gómez Villanueva. Muchas gracias.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Señor presidente, pido la palabra para el mismo tema.
El Presidente: - Tiene la palabra.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - Gracias, señor Presidente. Senadores y diputados, miembros de la Comisión Permanente. Dentro de este tema que estamos tratando, quisiera exponer, a pedimento de los ciudadanos del estado de Guanajuato, lo siguiente:
Se ha hecho público que el Ejército Mexicano patrullará el territorio de Guanajuato este próximo 18 de agosto, día de las elecciones. Tal medida no tiene justificación política ni tampoco jurídica, pues como ustedes saben, conforme el artículo 129 de la ley fundamental de la República, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta convención con la disciplina militar.
La función política preventiva, compete a los municipios, según lo dispone el inciso H de la fracción III del artículo 115 constitucional. "El ejército no debe asumir funciones de seguridad pública, y debe actuar durante las elecciones, sólo a requerimiento expreso de la autoridad electoral, cuando algún motivo o hecho exija su participación".
Con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a su consideración los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conmina respetuosamente al Ejército Mexicano, para que este próximo 18 de agosto, actué conforme lo dispone el artículo 129 constitucional, y evite tener participación en las funciones de seguridad pública que competen a las autoridades municipales.
Segundo. Asimismo exhorto a los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral, para que por todos los medios a su alcance eviten que el Ejército Mexicano tenga intervención en el proceso electoral, fuera de los marcos de la legalidad. Muchas gracias.
El Presidente:- Para proceder de acuerdo con el 58 esta propuesta, vamos a desahogar primeramente el pronunciamiento presentado a esta Comisión Permanente. Y en virtud de tratarse de un pronunciamiento suscrito por integrantes de todos los partidos políticos y sus grupos parlamentarios que integran esta Comisión Permanente, consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada, señor Presidente.
El Presidente:- Recogemos la sugerencia del diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, para darle a este pronunciamiento la difusión más amplia en la República Mexicana.
Conforme la propuesta que se acaba de presentar, de acuerdo con el 58, se abre el registro de oradores. En contra el senador Alonso Aguirre Ramos.
Si no hay quien haga uso de la palabra, tiene la palabra el senador Alonso Aguirre Ramos, en contra.
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Con su permiso señor Presidente; compañeros senadores y diputados: Aquí se ha venido a hacer una proposición argumentando que el ejército en los términos de la Constitución, no tiene capacidad para participar en el mantenimiento de la seguridad interior.
Quiero exponer que en los términos precisamente del artículo 129, se dice textualmente que: ".solamente habrá comandancias en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión".
Aquí no estamos hablando de fortalezas; estamos hablando del cumplimiento de una misión. En la primera parte del propio artículo 129, señala que ".puede ejercer funciones que tenga exacta conexión con la disciplina militar". Yo me voy a permitir leer el contenido de la ley orgánica del ejército, fuerza aérea, que también es idéntico al de la Armada de México, que señala en su artículo 1o.: "Son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:."
Y la número dos es: "Garantizar la seguridad interior".
Como se ve el ejército está cumpliendo una misión estricta se su disciplina, porque la Ley Orgánica le asigna esa misión en los términos constitucionales.
Ahora bien, es conocido de todos nosotros, que en los estados y municipios, las fuerzas para el mantenimiento del orden no siempre son las que se requieren para todos los aspectos que se presentan. Y es por eso que el ejército, también cumpliendo una de las misiones que tiene dentro de la propia Ley Orgánica, auxilia a las autoridades civiles en el cumplimiento de sus funciones.
Es así como se le ha podido al ejército, no que participe en forma de andar presentándose para que los ciudadanos se atemoricen, sino al contrario, para dar paz, para dar seguridad y para lograr que estas elecciones se realicen en las mejores condiciones de orden en beneficio de los propios intereses políticos de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:- El diputado Enrique Rojas Bernal, tiene la palabra.
El diputado José Enrique Rojas Bernal:- Gracias, ciudadano Presidente. Ciudadanos miembros de la Comisión Permanente: El proceso electoral es y ha sido una tarea que los ciudadanos mexicanos en su mayoría hemos querido entender como una actividad que establezca el procedimiento democrático para la transición del país a una nueva situación política.
Este procedimiento hemos entendido que se hace de acuerdo a la legalidad y a las disposiciones constitucionales y de la ley secundaria. Y sabemos también que desde el punto de vista político y social, a pesar de los reclamos sociales, en materia económica, en materia política y estrictamente en materia electoral, no han sido suficientemente atendidos. Ya pesar de no ser suficientemente atendidos estos reclamos sociales, políticos y electorales, la población, la
ciudadanía, sabe por su propia experiencia que el proceso electoral debe ser pacífico, que debemos de respetar la legalidad en todas sus instancias.
El país se prepara para una actividad electoral pacífica, no para una actividad electoral donde la violencia, la intranquilidad o el rompimiento de la paz interna, amerite la intervención de las Fuerzas Armadas con fines que no estén estrictamente establecidos en el 129 constitucional.
Es evidente, porque lo hemos visto en ocasiones anteriores, y puedo mencionar los estados de Michoacán y Guerrero, en elecciones locales, donde el ejército patrulló, donde el ejército manifestó su poderío y de alguna forma, subliminal, como se le llama ahora o explícita, como podríamos decirlo, hace sentir la fuerza, el amago, funciones que de ninguna manera tiene ni debe de tener el Instituto Armado.
Sabemos del respecto que los mexicanos tenemos por el Ejército Mexicano. Y este debe de mantenerse. Exponer al Ejército, exhibir al Ejército haciéndolo patrullar las calles con el fin de atemorizar a la población, es evidentemente un riego político y una falta de respeto al Ejército Mexicano.
Lo que aquí expusimos, lo sostenemos. Debe de mantenerse estrictamente la disposición constitucional. No hay ruptura de la paz interior; no hay necesidad de que el ejército patrulle. ¡Esa es nuestra exigencia!
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:- Señor Presidente; compañeras; compañeros legisladores: Yo siempre he sentido un orgullo porque todavía podamos afirmar que a nivel de América Latina disponemos del mejor ejército, cuando menos de uno de los mejores, pero para mí es el mejor. Pero esto del mejor ejército tiene qué ver con su filosofía tradicional, con su comportamiento hacia la población, con su composición.
La tradicional filosofía de nuestro ejército, ha sido que éste es para preservar y mantener nuestra soberanía nacional. Esto ha inculcado, nuestro cuerpo, una actitud patriota, una actitud de saber que ante todo es un garante de la soberanía de nuestra nación.
No fue por nosotros sino por los norteamericanos que esta filosofía se ha venido corrompiendo y deteriorando. Por los intereses de los norteamericanos y en las escuelas que ha puesto incluso en América Latina y a oficiales que han capacitado también en Estados Unidos de América, han venido inculcando otra doctrina muy diferente a la tradicional nuestra. ¡Y es que el ejército no es ya para la defensa de la soberanía nacional! Esto evidentemente choca con intereses de Estados Unidos de América, sino que el ejército es la seguridad interna, es para la lucha interna, es para mantener y preservar la paz interna.
Y así los ejércitos en América Latina se han venido degradando: de ejércitos garantes de la soberanía a ejércitos policías.
No es nuestro caso, pero este fenómeno está presente en nuestro país. Este fenómeno ha sido un interés constante de los Estados Unidos de América, de que sobre todo esa sea su característica. ¿Para qué en estos tiempos un ejército para defender dicen los norteamericanos la soberanía, si lo queremos es un ejército para los problemas internos?
Este es el aspecto que a nosotros no nos ha corroído y que nos permite hablar que todavía tenemos el mejor ejército de América Latina. Pero cuando a nuestro ejército cada vez más se le usa en problemas que puedan ser más de corte policial o de otra naturaleza, a nuestro ejército se le está socavando esa filosofía, esa doctrina tradicional.
No es la Constitución la que da la base. Nada tiene qué ver el que diga que las actividades deban tener exacta conexión con la disciplina militar. Es una ley orgánica evidentemente que ya establece, que la ley., que garantizará la seguridad interna. Y tiene qué ver con estos cambios que se han promovido desde los Estados Unidos de América y que ha degradado a otros ejércitos de América Latina.
Pero aun partiendo de que exista esa situación y de que esto ya está en la ley orgánica, yo pregunto: ¿Cuál es el seguridad interna que se está viendo amenazada con una elecciones, ante las cuales incluso acabamos de aprobar un llamado a que se mantengan dentro de la legalidad? ¿Quién amenaza hoy en nuestro país la seguridad interna¿ ¿Cuál es el elemento que configura ya la sospecha fundada de que está en peligro nuestra seguridad interna ante las elecciones del 18 de agosto y que por lo mismo el ejército deba patrullar?
Me parece lo digo, por el respeto que le tengo a nuestro ejército, que eso no ayuda a nuestro
ejército ni ayuda a nuestro país. Pero además no olvidemos otra cosa, México no es un país donde podamos ignorar un fenómeno presente y actuante, el hecho de que padecemos y como último de los reductos en el mundo: ¡un régimen de partido de Estado! Donde evidentemente el ejército aunque no lo quiera se ve ligado y no debe estarlo a este fenómeno, cuando patrulla de frente a las elecciones.
Si me permiten un ejemplo diré, que lo estaba recordando, está muy desproporcionado. Pero es como aquél que me platicaba un amigo, de que en alguna riña con un compañero de él, el papá de su compañero llegó con un arma, y le dijo: "no hay problema, es para que peleen limpiamente. Yo sólo vengo a asegurar la limpieza del pleito y que gane el mejor. "Es obvio que aquél niño que no tenía a su papá ahí pues se dejó perder.
No es lo que nosotros creamos, es lo que realmente ocurre, la población sí se siente atemorizada y siente, y no debe de ser así porque debe seguir respetando y queriendo a nuestro ejército, siente que el ejército está para presionarlo, para intimidar su propio voto. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué si no hay nada o ningún hecho que configure que diga: estamos ante un estado, donde eminentemente se amenaza la seguridad interna? Puede estar el ejército en sus cuarteles, ante cualquier indicio, evidentemente podría movilizarle, pero hacerlo de antemano, me parece que se rebasa la propia normatividad bajo la cual debe actuar el ejército. Me parece que es nocivo para las elecciones; me parece que se consigue un propósito, aunque no se busque, que es presionar e intimidar a la población; y me parece que esto afecta el voto, pero afecta también a nuestro cuerpo, a nuestro ejército.
Por eso yo pido: Apoyemos la propuesta que ha sido presentada aquí por el diputado Enrique Rojas Bernal, en el entendido, por supuesto, que eso es de ley, que si hubiera elementos pues el ejército podría intervenir, pero hacerlo de antemano, no vemos razón, causa, ni motivo. Gracias.
El Presidente:- Se concede la palabra al diputado Américo Flores Nava.
El diputado Américo Javier Flores Nava:- Con su permiso, señor Presidente: Desafortunadamente hay, en materia cástrese, y más en materia jurídica - castrense, en términos generales, un desconocimiento de la ley. Un desconocimiento de las "misiones" y las "funciones" que las fuerzas armadas tienen.
Las misiones de las fuerzas armadas son, como debe ser sabido por todos, en términos generales y en términos muy particulares, el interés supremo de la nación.
De ninguna forma, de ninguna manera las fuerzas armadas hacen, como se expresó aquí en la tribuna de manera absolutamente superficial, hacen sentir su fuerza y mucho menos en sentido negativo en contra, señores legisladores, de un pueblo del cual proceden, Las fuerzas armadas, se han dicho y no como una frase sino como una realidad, y hoy lo reitero, las fuerzas armadas son: el pueblo mismo en uniforme.
El marco jurídico de su quehacer está perfectamente definido, especialmente sería conveniente que levásemos al artículo 13 de nuestra propia Constitución. Su quehacer está fundamentando en dos grandes vertientes, que son: La soberanía nacional y la seguridad exterior. Y su independencia y seguridad interior., así como la conservación de la integridad territorial.
El preservar estas dos grandes vertientes son las misiones; de ahí nacen las funciones de las fuerzas armadas.
Estas no realizan, instinto, bajo ningún concepto funciones de policía, ni dependen mucho menos de ideas, como se ha pretendido señalar aquí, del exterior, y menos una institución o unas instituciones tan valiosas, tan leales, tan íntegras, como son: El Ejército, la Fuerza Aérea y La Armada de México.
No podemos establecer "supuesto", señores legisladores. Ahí dicen: "Ahí creen", "se comenta", "se presume", no se pueden establecer supuestos de ninguna naturaleza en esto. Y mucho menos supuestos de intervención de las fuerzas armadas que puedan ser ilegales, ilegítimos o que vayan en contra del deseo del pueblo mexicano en las próximas elecciones, o simplemente que sean acciones contrarias a la ley.
Las fuerzas armadas mismas llevan a cabo sus funciones, sus misiones, bajo un marco jurídico rígido, absolutamente rígido, pero de ninguna manera, de ninguna forma podemos establecer que esto vaya a ser consecuencia para una intimidación a la población, y es menester recordar que las fuerzas armadas, repito, pueden actuar perfectamente conforme a la ley, a petición de las autoridades federales en el caso correspondiente.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):- ¿Me permite una pregunta, señor Presidente?
El diputado Américo Javier Flores Nava:- Como no, señor Presidente.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):- Señor diputado Américo Flores Nava, usted ha establecido la consideración de que no podemos actuar por supuestos y que evidentemente el ejército puede actuar a solicitud de autoridades y siempre y cuando esto se encuadre en la ley. Sucede que el marco que podría justificar el patrullaje del ejército, que no es esencialmente su función, es que estuviera en peligro, en riesgo la seguridad interna. Yo quisiera saber si hay algún elemento o elementos que nos hablen y que justifiquen el patrullaje del ejército, si verdaderamente se considera que está en peligro con las elecciones del 18 de agosto la seguridad interna y cuáles son los elementos entonces que configuren esta situación, que nos permiten desde ahora decir que se pone en peligro la seguridad interna.
El diputado Américo Javier Flores Nava:- Por el contrario, señor diputado, quiero recordarle que el supuesto lo manejó aquí el señor diputado Rojas, no lo manejamos nosotros. El supuesto de esa situación es un supuesto, una suposición, un "por ahí dicen" que manejó el señor diputado Rojas.
Quiero establecer también que en última instancia la ley fundamental de la nación, en los artículos que previene lo relativo a las fuerzas armadas, tiene a su vez leyes orgánicas o leyes reglamentarias que establecen las facultades, las obligaciones, como es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, la Ley Orgánica de la Armada y una serie de dispositivos jurídicos castrenses que otorgan facultades, pero en ningún momento se ha establecido la existencia de un patrullaje que, a solicitado de una autoridad federal en el caso correspondiente, pudiera llevarse a cabo. Y quiero señalar, quiero establecer perfectamente bien que tampoco es posible, ni siquiera concepto, conminar a una institución de la integridad, de la lealtad para con la nación, como es el Ejército nacional.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que este asunto se someta a votación. Muchas gracias.
El Presidente:- El diputado Juan Antonio García Villa tiene la palabra.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Señor Presidente, quiero hacer una pregunta.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Rojas Bernal.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Gracias, señor Presidente: Señor diputado, usted ha citado aquí un artículo, el 13 constitucional.
El diputado Américo Javier Flores Nava:- La segunda parte sí, señor diputado.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Se refiere este artículo exclusivamente al fuero de guerra, pero de ninguna manera el tema que estamos tratando, primero; segundo; de acuerdo a la disposición del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿hay alguna petición expresa del Instituto Federal Electoral o de las autoridades electorales estatales, para que el ejército en todo caso patrulle con antelación a la propia elección?, primera pregunta; segunda; Si no existe, como usted lo asegura, ¿podría usted afirmar que el ejército no patrulla ni patrullará con antelación ninguna de las ciudades ni ningún territorio donde actualmente se asegura que la está haciendo?
El diputado Américo Javier Flores Nava:- Con su permiso, señor Presidente. Con relación a la primera pregunta, quiero establecer, señor diputado, no comentarle, establecerle, que la segunda parte del artículo 13 constitucional, a partir del punto y aparte, donde se establece: subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, etcétera, establece la disciplina del ejército, la disciplina de la armada, la disciplina de la Fuerza Aérea para el cumplimiento de sus normas. El no cumplimiento, el incumplimiento de ellas puede provocar la comisión de un hecho delictivo o de una falta contra la disciplina militar.
En segundo lugar, yo no he sido el que manifieste el supuesto de que se vaya a patrullar, esa fue una manifestación del señor Rojas, así que no puedo responderle, tan es así que está perfectamente señalado en el punto de acuerdo que no propone.
Por otro lado, quiero señalarle también que no puedo presumir de ninguna manera que se vaya
a patrullar o no, que se vaya a vigilar o no, que se vaya a tratar de mantener la seguridad interior de la nación, el orden de la misma o no, si no hay un requerimiento correspondiente por parte de las autoridades federales. Y no solamente las electorales, quiero decirlo, también puede ser el Ministerio Público Federal o un juzgado de distrito o el Poder Judicial Federal. Gracias, señor Presidente.
El Presidente:- García Villa tiene la palabra.
El diputado Juan Antonio García Villa:- Señor Presidente. Señores miembros, diputados y senadores de la Comisión Permanente. Efectivamente una larga experiencia nos demuestra por desgracia que cuando en alguna entidad federativa se celebran elecciones muy competidas sea que éstas coincidan o no con elecciones federales, suele asignarse al ejército desafortunadamente una participación que no está fundamentada en el texto constitucional.
Ya de por si, señores legisladores, es extraordinario el hecho de que sólo aparezcan los militares en elecciones competidas, lo cual no escapa a la población que naturalmente de encuentra en plena efervescencia, precisamente por lo competido de las elecciones la participación del ejército.
Y como los dos señores legisladores que por el Partido Revolucionario Institucional han intervenido aquí son militares, yo quiero aclarar que me une una lejana relación de parentesco con el creador del ejército moderno, el general Joaquín Amaro, y por eso siento tener que decir esto porque me apena, como seguramente les apenará a muchos militares, tener que desarrollar en períodos de elecciones labores y tareas que en sentido estricto no se ajusten a las disposiciones de la Constitución.
Como aquí lo han mencionado los señores diputados, Guerra y Bernal, efectivamente el artículo 129 del texto constitucional que sin duda está muy encima del cualquier ley secundaria o reglamento que al efecto establezca disposiciones en contrario: "En tiempo de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar."
Y se antoja una pregunta: ¿salvo algún disturbio que provoque alguna alteración del orden público, qué conexión razonable se puede establecer entre las tareas del proceso electoral, especialmente las de la jornada electoral, y la disciplina militar?
Especialmente las de las jornada electoral y la disciplina militar. Sería francamente un ejercicio difícil tratar de establecer posibles o eventuales conexiones entre estas tareas fundamentalmente cívicas, políticas y electorales, en conexión con la disciplina militar.
Se ha mencionado aquí el texto del artículo 129 constitucional, y también desde de mi punto de vista sin venir a cuento con el tema que ahora se discute, la segunda parte del artículo 13, pero no se ha mencionado señores diputados, lo que con mayor claridad aún establece al respecto el artículo 122 de la Constitución, al que me voy a permitir dar lectura. Dice el artículo 122: "Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior, y agrega. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestará igual protección siempre que sean excitados por la Legislatura del estado o por su Ejecutivo si aquella no estuviere reunida".
Este artículo contempla la posibilidad de que el Ejercito intervenga, por un lado cuando se trate de un problema extremo que afecte, como puede ser una invasión o violencia exterior, a uno de los miembros del Pacto Federal, pero también se refiere a la intervención del Ejercito en caso de sublevación o trastorno interior.
Pero dirán ustedes: esta segunda parte del 122 constitucional corresponde a la intervención del Ejercito no en todo el territorio nacional, sino cuando solamente se requiere para una entidad federativa específica, y es el caso señores diputados, que la intervención del Ejercito no suele ser uniforme en todas las entidades cuando se celebran elecciones federales. Como ya lo ha mencionado, curiosamente esta presencia se multiplica o se intensifica en aquellos estados donde se esperan las elecciones más competidas, ahora concretamente, entre otros, el estado de Guanajuato.
Sin duda la eventualidad de un trastorno interior deriva de elecciones estatales, porque está en disputa la gobernatura del estado y la Legislatura local. Entonces estamos en el supuesto segundo del artículo 122, que para esta intervención del Ejercito más allá de la que concede el artículo 129, cuando se excede en relación con la disciplina militar, requeriría una solicitud, si hemos de guardar el orden constitucional de la Legislatura de Guanajuato, y si ésta no se encuentra reunida el gobernador de esa propia entidad.
Vamos a darle señores legisladores, a esta intervención que por lo menos no se niega, aunque
no se reconoce eventual del Ejercito concretamente en Guanajuato, los ámbitos que pueden tener dentro del marco constitucional, si no de otra manera, cualquier participación que después se advierta, y no se haya cumplido con los preceptos constitucionales, nos estaríamos colocando no solo al margen de la legalidad, sino en la inconstitucionalidad plena.
Deben reconocer los señores diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, que sería eventualmente necesaria la excitativa de la legislatura o del gobernador de Guanajuato para cualquier intervención que el Ejercito pudiera tener en estas elecciones, más allá de lo que autoriza el artículo 129 de la Constitución.
Creo que ya es tiempo de que reivindiquemos, señores legisladores, no sólo la institucionalidad del Ejercito mexicano. No es suficiente decir que es el pueblo vestido de soldado. Es necesario que nos atengamos al marco de derecho, al estado de derecho, y que el Ejercito tenga en su caso la intervención que estrictamente pudiera tener de acuerdo a la Constitución.
En consecuencia apoyaremos la promoción presentada por los señores diputados, en la inteligencia de que no desconocemos la posibilidad de esa intervención siempre y cuando, conforme al 122, se altere el orden interior y su cumpla con los requisitos para esta participación del Ejército.
No se trata, a estas alturas, en vías de entrar a la modernidad, señores legisladores, de que el país se exhiba en tiempo de elecciones el día de la jornada electoral, que debería ser una auténtica fiesta cívica, como un país tomado por los militares. Si algunos no les gusta que en el extranjero se conozca nuestra realidad no demos razones ni pretextos para que esa realidad, deformada o no, sea conocida en el exterior. Muchas gracias.
El Presidente:- El senador Alonso Aguirre Ramos, tiene la palabra.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez (desde su curul):- Señor presidente, ya que están leyendo textos constitucionales creo que el artículo 89 constitucional, fracción VI, señala con toda precisión también las funciones del Ejercito, y por eso la Ley Orgánica puede reglamentarlo. Quisiera el presidente ordenar que se lea el artículo 89, fracción VI, de la Constitución, para conocer qué es lo que puede hacer el Ejercito y cuáles son sus funciones.
El Presidente:- Proceda la secretaría a dar lectura a este precepto.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:- Artículo 89, fracción VI, "...disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, del ejército terrestre, de la marina de guerra y la fuerza aérea, para seguridad interior y defensa exterior de la federación".
El diputado Juan Antonio García Villa:- Señor, si usted desea un comentario de mi parte, mi punto de vista, es que esta participación del Ejercito, como atribución el Ejecutivo Federal, supone, como se acaba de leer, que está en riesgo la seguridad interior del país, y en todo caso, yo quisiera que usted me afirmara o desmintiera lo que voy a decir, tendría que estar en los términos del artículo 29 de la Constitución.
El Presidente:- El senador Alonso Aguirre Ramos, tiene la palabra.
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Aquí se ha señalado una serie de aseveraciones que creo yo no están tomando en cuenta nuestra legislación. Y yo me voy a permitir leer, si me lo permite la presidencia, el artículo 131 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice: "...las autoridades federales, estatales y municipales, están obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto Federal Electoral, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública, necesario para le cumplimiento de sus funciones y resoluciones".
Y el 239, señala, textualmente: "...para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Federación, de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto Federal Electoral y los presidentes de las mesas directivas de casillas en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones de este código.
De tal manera...
El Presidente:- ¿Permítame una pregunta el orador?
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Ciudadano senador: de acuerdo precisamente al 239 que acaba usted de citar con el presupuesto de que se trataría de asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, porque así lo establece con toda
precisión la lectura del artículo 239, su fracción primera.
Quiero preguntarle: ¿Existe algún requerimiento de los órganos del Instituto Federal Electoral o de los presidentes de las mesas directivas de casilla, para que participe en esto o sea asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, el Ejército?
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Esto, según se tiene entendido, es una petición de los órganos electorales que precisamente al partido de usted fue el único que no lo aceptó.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Mi segunda pregunta si me permite.
De acuerdo al 239, de establece claramente que será para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. ¿Estamos ya en jornada electoral?
El senador Alonso Aguirre Ramos:- No señor. Pero los planes que está preparando el ejército indudablemente no son a desplegarse en este momento, sino que serán ejecutados de acuerdo con la peticiones ya específicas que hagan las autoridades electorales. Se hacen previsiones como todo los planes militares, que se hacen con base en hipótesis, que sino se realizan las hipótesis, no entran en juego los planes. Esa es la mecánica de la planeación. Y así es como actúa el ejército, y así es como está preparando todas estas actividades.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Sin abusar. ¿Me permite la tercera?
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Pues yo quisiera que usted me dejara terminar.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul):- Muchas gracias.
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Se trato también aquí un ejemplo: el caso de Michoacán, que es totalmente diferente al que estamos ahorita tratando, porque ahí el orden estaba alterado precisamente por el comportamiento de determinados grupos. Y el ejército participó precisamente para establecer el orden. Así que creo que no viene el caso traer en este momento el caso de Michoacán.
En segundo lugar, quiero manifestar que como se ha dicho aquí pero quiero enfatizar, el ejército, la fuerza aérea y la armada nacionales, tienen una ley orgánica en donde se tiene que cumplir varias misiones. Desde luego a la más importante defensa del territorio nacional, la defensa nacional, la integridad de nuestros territorios. Pero también hay otras de significada importancia: como son el colaborar con la población en casos de desastre. Si nosotros siguiéramos el orden constitucional en los términos tan limitados como se ha señalado aquí, las tropas estarían en sus cuarteles y la cometida a un desastre por inundación o por incendio. Creo que es una interpelación demasiado limitada, de lo que es el artículo 129.
Nosotros, las fuerzas armadas, y hablo en esa forma porque soy soldado de formación, soy soldado de profesión, estamos seguros de que el comportamiento del ejército, que estará totalmente apegado a la ley, y en ninguna forma se va a lograr ese atemorizamiento al que se refiere al señor diputado Guerra, siempre lo señala como una cuestión totalmente subjetiva, porque dice: "Me parece que va a atemorizar" "Yo creo que va a atemorizar",. Aquí debemos hablar en una forma más objetiva.
Se señala también que hemos modificado las misiones del ejército por una presión de Estados Unidos. Quiero manifestar que fue precisamente la LIII Legislatura, la que hizo esta ley orgánica que está rigiendo al ejército, a la fuerza aérea, y también hizo lo propio con la ley orgánica de la Armada. Así que de ninguna manera nosotros podemos decir que estamos sujetos a presiones para modificar nuestras leyes internas, porque ésta creo yo que es una aseveración demasiado aventurada y que no la podemos aceptar.
En tal virtud creo yo, señor presidente, que debemos pasar a la votación y pido yo que sea rechazada. (Aplausos.)
El Presidente:- Diputado Guerra, tiene la palabra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:- Gracias, señor presidente; compañeros: Yo no tengo la sospecha, yo no tengo la seguridad de que los ciudadanos sienten una presión cuando sin una razón legal que justifique la presencia del Ejército, éste patrulle a la ciudad. Y establecí por qué. Vivimos en un régimen de partido de Estado, evidentemente. Esto no es bueno para nuestro Ejército, pero entraña también que la gente, no digo toda, pero mucha gente sí se siente presionado, sin duda alguna es esto.
Yo creo en esto, senador, que habría que estar del otro lado, del lado de la oposición para sentir esta presión. No creo que los del Partido
Revolucionario Institucional ni usted ni mucha gente sientan esa presión, porque no es quien la siente, quienes la sienten es quienes están del otro lado precisamente, quienes van a votar en contra del Partido Revolucionario Institucional, que dicen: "Bueno, y el Ejército para qué."
Por demás, yo quiero establecer un hecho de manera categórica: Hemos revisado con el auxilio de los diputados de todos los partidos y senadores, legislación constitucional en materia del Ejército, y nos han venido a referir también aquí algunas leyes secundarias.
En todos se justifica la intervención del Ejército a solicitud de autoridades para asegurar, para garantizar la seguridad interna, para asegurar el orden el día de las elecciones.
El problema es, y es lo que vuelvo a preguntar: ¿Qué hechos existen hoy que nos permitan establecer que unas elecciones competidas, ya de por sí son una amenazan a la seguridad interna y son una amenaza al orden el día de las elecciones? Eso no le encuentro yo la justificación legal, y perdóneme pero el Ejército no está obligado a acatar órdenes que no se fundan en la legalidad. esta es la solución.
Nos dice el senador que la hipótesis. cuáles son los elementos de esta hipótesis que nos dice "seguramente o probablemente va haber disturbios", "seguramente se va a perturbar la seguridad interna de una entidad" ¿Cuáles son esos elementos que se requieren mínimamente para decir: "Esta decisión está fundada de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley". Simplemente la suposición que a alguien se le ocurre, o el hecho de que algunos partidos lo hayan aprobado, no es razón legal suficiente. Este es el problema.
Qué elemento, qué dificultad tendría el Ejército en los cuarteles, en las fortalezas si hubiera algún indico, y yo eso no lo he negado, y ante evidentemente órdenes de carácter legal, perfectamente establecido, buscar restablecer el orden. Pero de antemano poner a patrullar al Ejército para establecer un orden que simple y sencillamente no se ha roto, de antemano sin requerir la presencia del Ejército en función de patrullaje, sin establecer siquiera en base a qué se hace; esta decisión es ilegal. Aquí nos pueden seguir refrescando artículos, pero en todo momento se establece que se actúa ante evidentemente, elementos que afectan la seguridad interna, ante elementos, sin duda alguna, que rompen el orden el día de las elecciones. ¿Cuáles son esos elementos? Es lo que yo pregunto.
¿Acaso en este país toda elección competitiva es sinónimo ya de que va a haber desastre, de que va a haber problemas? ¿Acaso este país no puede tener elecciones internas competidas porque de antemano ya se supone...? ¿Así están las cosas? ¿Así está la conciencia, así está la idea? Este es el problema.
Yo digo, compañeros legisladores.
El diputado Américo Javier Flores Nava (desde su curul):- Señor Presidente: Deseo formularle una pregunta al orador.
El Presidente:- ¿Si acepta el orador?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:- Sí, por supuesto.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Américo.
El diputado Américo Flores Nava (desde su curul):- Con su permiso señor presidente. Señor diputado Guerra, aparte de una versión periodística, de un a nota periodística y de la manifestación del señor diputado Rojas al presentar los puntos de acuerdo, hay algún fundamento, algún fundamento porque la nota periodística es producto de una expresión de un candidato al gobierno del Estado de Guanajuato. Aparte de esos dos elementos evidentemente subjetivos, a ni juicio personal, ¿hay algún elemento que tenga usted para establecer que hay ese patrullaje o que va a haber ese patrullaje o que va a haber esa intervención? Gracias por la respuesta, señor diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:- Y gracias por la pregunta. Se lo voy a tomar por el lado bueno, diputado. Yo quisiera tener la seguridad que intenta transmitirme sus palabras de que en efecto el Ejército no va a patrullar y eso es lo que quisiera, más que el asunto darle procedencia, lo que queremos es esa garantía, esa seguridad. Quisiera tomárselo por el lado bueno.
Pero usted debió de haber escuchado también al compañero senador, cuando el dijo: "A solicitud sí, a la solicitud de las autoridades electorales y sólo con la oposición de su partido, es que se le requirió el Ejército".
O sea, no solo tengo los elementos periodísticos, no solo tengo la visión de mi candidato a gobernador en el estado de Guanajuato. tengo aquí también la versión del senador, que es parte del Ejército y que me está diciendo que así va
a ser. Y entonces yo por eso tengo razón de insistir: ¿En qué documentos legales se funda de antemano y con esta antelación este patrullaje del Ejército? ¿Cuáles son los elementos que desde ahora se pueden establecer para decir que se afecta nuestra seguridad interna y que se afecta el orden el día de las elecciones?
¡Mientras no me den esos elementos, aquí, en Guanajuato, por los ciudadanos legisladores, por el Gobierno, por las autoridades electorales, lo que están haciendo es una ilegalidad y están comprometiendo a nuestro Ejército en labores que no tienen razón ni derecho ningún gobierno de comprometerlo, porque debe de estar por encima incluso de los políticos mezquinos inmediatos, incluso de un gobierno determinado! Por su atención, gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el señor senador Alonso Aguirre Ramos.
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Quiero aclararle al señor diputado Guerra, que a lo que voy me referí es que los planes de ejecución se basan siempre en una hipótesis, no necesariamente tienen que cumplirse. Hacemos la hipótesis de que como estamos no temporada de lluvias se va a inundar el área correspondiente al río Papaloapan; y hacemos las previsiones para hacer frente a esa situación, pero no quiere decir que necesariamente se va a desbordar el río, estamos pendientes para poder mejor cumplir una función, ante la hipótesis que se vaya a hacer una hipótesis de ese tipo, que ya fue apuntada con la opinión contraria de su partido, porque hay una incapacidad de las fuerzas de seguridad del estado para poder garantizara el orden, en caso de que éste llegue a alterarse por razones de los comicios.
El Presidente:- ¿Le permite una pregunta al diputado?
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Sí señor.
El Presidente:- ¡Adelante, diputado Guerra!
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):- Gracias, senador. No sí usted esté de acuerdo con la consideración que la hipótesis válida en este caso es solo la que establece, la que configuraría un cuadro previsto por la ley, es decir, que se amanece la seguridad interna o bien que se altere al orden y yo insisto, ¿cuáles son los elementos que desde ahora permiten fincar tal hipótesis? ¿Cuáles son las irregularidades de los disturbios, los índicos?
Es una inundación, está claro: cae una lluvia creciente, se está inundando una parte y es perfectamente previsible que puede ocurrir en otra parte y hay que adelantarse, ¿cuáles son, en este caso, los elementos que fundan dicha hipótesis de que se va a alterar la seguridad interna en Guanajuato o se va a alterar el orden el día de las elecciones?
El senador Alonso Aguirre Ramos:- Yo no estoy diciendo que la hipótesis sea la que altera el orden, sino que la hipótesis es que las fuerzas sean requeridas en los términos del 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es algo que es legal. Esas son las hipótesis en las que se está basando toda la posible participación. Y, señor Presidente, creo que podemos pasar a la votación y pedir que sea rechazada, nuevamente.
El Presidente:- Consulte a secretaría a la asamblea si considera la proposición del diputado Enrique Rojas Bernal, del Partido de la Revolución Democrática, ampliamente discutida.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:- En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente:- Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
El diputado Jesús Luján Gutiérrez (desde su curul):- Señor Presidente, yo le pediría que en la propuesta presentada se leyeran los puntos de acuerdo.
El Presidente:- Lea los puntos de acuerdo.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conmina respetuosamente al ejército mexicano para que este próximo 18 de agosto actúe conforme lo dispone el artículo 129 constitucional y evite tener participación en las funciones de seguridad pública que competen a las autoridades municipales, patrullando el territorio nacional o realizando cualquier otra función que sea propia de la autoridad civil o electoral."
Segundo. Asimismo, exhorto a los representantes del Poder Legislativo ante el Congreso Nacional del Instituto Federal Electoral, para que por todos los medios a su alcance eviten que el ejército mexicano tenga intervención en el proceso electoral fuera de los marcos de legalidad."
El Presidente:- En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea si se admite, o no a discusión la propuesta del diputado Enrique Rojas Bernal, del Partido de la Revolución Democrática.
La secretaria, senadora Idolina Moguel Contreras:- En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición del diputado Rojas. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie. Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie. Desechada, señor Presidente.
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente:- El diputado Juan Antonio García Villa, en su carácter de representante de la primera minoría de la Cámara de Diputados ante el Consejo Electoral de la Instituto Federal Electoral, tiene la palabra.
El diputado Juan Antonio García Villa:- Señor Presidente; señores legisladores: En la sesión que esta Comisión Permanente celebró el día 17 de julio, el señor diputado Juan Guerra Ochoa propuso y se aprobó, hacer una excitativa a los miembros del Poder Legislativo acreditados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que informaran, en su carácter de tales, respecto de los trabajos de levantamiento o confección del nuevo Padrón Electoral y la entrega de credenciales.
Para cumplir con esta encomienda de la Comisión Permanente y ante la inminencia de la culminación del proceso electoral, deseo presentar, señor Presidente, o leer, mejor dicho, una versión abreviada del informe que presentaré a la Comisión Permanente y también a la Cámara de Diputados. Dice así:
"En mi carácter de consejero designado por la Cámara de Diputados ante el Consejo Federal del Instituto Federal Electoral, a propuesta de la primera minoría, doy cumplimiento al llamamiento aprobado por la Comisión Permanente del Congreso en su sesión del pasado 17 de julio, a propuesta formulada por el diputado Juan Guerra Ochoa, en el sentido de solicitar a los consejeros del Poder Legislativo ante el mencionado órgano electoral, la presentación de un informe sobre la conformación del nuevo padrón electoral y la entrega de credenciales para votar. Al respecto, me permito informar lo siguiente:
En sesión celebrada el pasado 24 de julio por el Consejo General del instituto, su director general informó que el número de ciudadanos a quienes se entregó su credencial para votar hasta el día 21 de julio de dicho mes, fecha en que se dio por concluido el reparto, fue de 36 millones 400 mil 125 credenciales, que representan el 92.1,% del número total de ciudadanos que lo solicitaron; cabe señalar que no se hizo la aclaración expresa de que haya sido esta cifra información preliminar.
Un día después, el 25 de julio, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informó a la Comisión Verificadora de los resultados de los trabajos del padrón electoral 1991, integrada esta comisión por acuerdo del Consejo General del instituto de fecha 24 de julio, que según cifras preliminares, se dotó de credencial para votar a 36 millones 355 mil 033 mexicanos.
En esta ocasión se proporcionó la información no sólo por entidades, sino de cada uno de los 300 distrito electorales de país.
Cabe saber notar que entre las cifras proporcionadas por el director general del instituto y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, respectivamente, el 24 y 25 de julio, existe una diferencia no aclarada de 45 mil 092 electores, de los que 45 mil 091 se localizan en el estado de Jalisco y uno de ellos en el Distrito Federal.
Aunque se ha informado que el porcentaje de ciudadanos que recibieron su credencial para votar fue del 92% de los que solicitaron, resulta pertinente señalar, sin embargo, que en realidad se trata del 83.5% de ellos, si se considera el número de los que se logró captar en el catálogo general de electores y apenas el 79.3% del número de mexicanos mayores de 18 años, según las cifras del Censo General de Población y Vivienda de 1990.
Asimismo, es necesario aclarar que posteriormente el Registro Federal de Electores informó que al eliminar las solicitudes de inscripción al padrón electoral que se detectaron duplicadas y que fueron 476 mil 372, la cifra definitiva del total de empadronados suma 39 millones 26 mil 670, por lo que el porcentaje nacional de
distribución de credenciales se sitúa no en el 92%, sino en el 93.1%.
En adición a lo anterior, en la información proporcionada por distritos, destacan los siguientes 10, por su baja proporción de credenciales entregadas, en relación con el número de ciudadanos que la solicitaron:
Distrito VI de Baja California, cabecera Tijuana, con el 85%; I de Jalisco, Guadalajara, 85%; IX de Sinaloa, Culiacán, 85%; II de Colima, Manzanillo, 84%.
Primero de Nayarit, Tepic, con 84%; III de Durango, Canatlán, 83%, XII de jalisco, Ameca, 83%; XIII de Jalisco, Tlaquepaque, 83%; I de Baja California, Mexicali, 81%; y, VI de Jalisco, Yuhualica, 74%.
Respecto al método para la integración de las cifras relativas a la etapa de entrega de credenciales, es de hacer notar que no se previó la generación oportuna de información a nivel de sección electoral, lo cual francamente sorprende por la importancia que la sección electoral tiene como unidad territorial básica.
Es de hacer notar, por otra parte, que en le informe de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores rendido el 31 de julio a la Comisión Verificadora del Consejo General, explica que como consecuencia de los errores e insuficiencia en los controles en el operativo de campo, en los controles en los centros de cómputo y los controles de calidad en el operativo de la distribución de credenciales, se detectó, según reconoce el propio registro, que algunos ciudadanos acudían a los módulos a recoger su credencial y ésta no se encontraba disponible.
Para subsanar la irregularidad se estableció un procedimiento de reposición de credenciales, el cual fue aprobada por el grupo de asesores técnicos de los partidos políticos.
Cabe hacer mención que la solicitud de reposición a que aquí se hace referencia, no corresponde en realidad a la figura legal que con la misma denominación se menciona en el artículo 164 párrafo tres del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El mismo informe del registro señala que el grupo técnico se planteó la posibilidad de que las credenciales pendientes de entregar derivadas de este procedimiento, pudieran distribuirlas antes o durante el plazo que tuvieran los partidos políticos para hacer observaciones al estado nominal de electores, a fin de satisfacer las solicitudes de reposición que se recibieran.
Sin embargo, el posterior acuerdo del Consejo General del Instituto de destruir las credenciales que no hubieran sido recogidas al 21 de julio, obligó a suspender el procedimiento de distribución de credenciales derivados al proceso de reposición.
De acuerdo a la información del registro el total de solicitud de reposiciones, fue de 264 mil 483, de este total, según el propio registro, se observó que el 26% correspondían a registros que aparecían duplicados en la base de datos.
Otra parte de las mencionadas 264 mil solicitudes por el equivalente al 31% se logró repartir antes del 21 de julio, quedando pendiente de distribuir 111 mil 277 credenciales, cifra ésta que desde mi punto de vista puede considerarse en todo caso como la mínima documentada, pues el procedimiento aplicado para resolver mediante la vía de reposición de credenciales los casos de los ciudadanos que no encontraron disponible su credencial, no fue este procedimiento de aplicación general, según numerosos testimonios recabados, que no niega ni el propio Registro Federal de Electores.
De ello se desprende, señores legisladores, que el número de mexicanos que quedaron esperando sin responsabilidad por parte de ellos su credencial para votar y no la recibieron, debe hacer sido mucho muy superior a los 111 mil que reconoce el Registro Federal de Electores.
Por lo que hace a los análisis relativo a la cobertura en el reparto de credenciales y a la imparcialidad en el mismo, la Comisión Verificadora nombrada por el Consejo Nacional del Instituto, conoció de los resultados de sendos ejercicios cuyos procedimientos y metodología fueron diseñados por el grupo de asesores técnicos de los partidos políticos.
Por lo que ve a la cobertura, se diseñaron, dos muestras de 30 distritos cada una, con información de 16 secciones electorales para cada distrito; para la selección de 30 distritos se tomaron como base los resultados por partidos, mayoritarios y oposición, de la elección de diputados de mayoría relativa celebrada en 1988, y para los otros distritos de consideró similar criterio, pero referido a la elección presidencial del mismo año.
De acuerdo a los resultados presentados, la muestra de la elección para diputados de mayoría relativa, arrojó un promedio de cobertura
en la entrega de credenciales del 93.6%, y la presidencial del 93.5%, porcentajes muy similares al nacional ajustando, que como se dijo, informó finalmente el registro fue del 93.1%.
Sigue pendiente, sin embargo, señores legisladores, la realización de la segunda etapa de verificación relativa a la cobertura, a fin de profundizar en el análisis sobre la veracidad de las cifras proporcionadas por la dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para lo cual se hará necesario confrontar los documentos fuente, tanto de solicitudes de inscripción al padrón electoral como recibos de entrega de credenciales para votar por muestreo, contra listados nominales de electores. Asimismo queda pendiente y ha sido aprobada, la realización de visitas domiciliarias para comprobar directamente con los ciudadanos la entrega física de sus credenciales para votar.
Personalmente estimo que en tanto no se realicen estas pruebas, queda pendiente de avalar sin reservas, la cobertura en el reparto de credenciales para votar.
Por lo que se refiere a la imparcialidad en la distribución de las propias credenciales, es decir a la ausencia de selectividad en el desarrollo de esta tarea, se aplicó por parte de los técnicos del registro la técnica estadística conocida como "análisis de regresión", a fin de observar sobre el universo de los 300 distritos electorales y de acuerdo a los resultados de los comicios de 1988, si algún partido se vio favorecido en perjuicio de los demás por lo que hace a la entrega de credenciales.
Los resultados de este ejercicio indican que no hay correlación entre las cifras distritales de cobertura en el reparto de credenciales y los resultados electorales alcanzados por los partidos políticos en 1988. Esta conclusión de ausencia de correlación de ha pretendido presentar a la opinión pública como la base para afirmar que hubo imparcialidad en los trabajos relativos al padrón electoral 1991. Sin embargo, estimo, porque es de sentido común, que los resultados de la aplicación de esta técnica resulta desproporcionado de ellos derivar semejante conclusión, lo que sólo podrá sostenerse hasta que este mismo ejercicio de análisis de regresión se efectúe, aunque no sea para el universo sino para que una muestra, a nivel de secciones electorales y se realicen tareas de verificación también ya aprobadas pero no realizadas con idénticos propósitos, es decir si hubo o no selectividad en los distritos, que de manera particular sean del interés de los partidos políticos. Finalmente, señores legisladores, con motivo de la preparación de este informe, fui tomando conocimiento de numerosas fallas e insuficiencias, principalmente de carácter técnico, algunas graves y otras leves, que sin duda afectaron los trabajos relativos a la conformación del nuevo padrón electoral y ala expedición y entrega de las credenciales para votar.
Por tratarse de aspectos demasiados técnicos y muy especializados, agrego a este informe un anexo sobre estas cuestiones técnicas. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):- Pido la palabra para hacer una pregunta al diputado.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):- Como esta Comisión Permanente aprobó solicitarle a todos los comisionados del Consejo General del Instituto Federal Electoral un informe, y sólo lo presenta usted, diputado García Villa, quiero preguntarle, ¿qué ocurrió con los otros compañeros, si es que lo suscriben o no lo suscriben? Esa es la primera.
En segundo lugar, como es el único informe que se ha presentado, en el tiempo que era pertinente, previo a las elecciones y como fue solicitado por la Comisión Permanente, le quería solicitar la manera más atenta, si usted juzga pertinente, ponerlo a consideración de esta Comisión Permanente, para que se aprueba como el informe que solicitó esta Comisión Permanente, y por lo tanto pueda tener dicho reconocimiento. Por sus respuestas, gracias.
El diputado Juan Antonio García Villa:- Respecto a la primera inquietud, señor diputado Juan Guerra, debo decir que yo entendí que esta Comisión Permanente había aprobado solicitar a los consejeros del Poder Legislativo, ante el Consejo General del Instituto, presentaran cada uno sus respectivos informes, toda ves que su actuación en el seno de este órgano, necesariamente es personal. En este sentido, este informe exclusivamente lo suscribo yo y es de mi absoluta responsabilidad.
Por otro lado, entiendo que es simplemente un informe; no concluye, no tiene puntos de consideración, no se deliberó por parte de otros miembros del Consejo General o de esta Comisión Permanente y considero en lo personal que pudiera simplemente considerarse como un
informe, en todo caso susceptible de ser discutido, si algunos puntos de los contenidos en él, consideran algunos de los señores miembros de la comisión que son de suyo discutibles.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Luján.
El diputado Jesús Luján Gutiérrez: - Señor Presidente; señores miembros de la Comisión Permanente. Con relación al cuestionario que hizo el diputado Guerra, para mi quedó muy claro que la petición era para el consejero, representante del Poder Legislativo, que se encuentra formando parte de esta Comisión Permanente, y no para todos los miembros del Consejo General que estamos aquí dentro de la Comisión Permanente.
Yo formo parte de la Comisión General, pero yo representó ahí a mi partido, y es el único al que debo yo rendirle informes y de ninguna manera aceptaría yo una conminación de este tipo, por más elevado que sea el rango de este alto cuerpo colegiado. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador Enrique Carrillo Silva.
El senador Enrique Carrillo Silva: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores miembros de la Comisión Permanente: He escuchado con gran interés el informe del señor diputado Juan Antonio García Villa. Un informe que rinde en su calidad de consejero, representando a la primera minoría de la Cámara de Diputados. El ha manejado la información que oficialmente se ha tenido en el seno del Registro Nacional de Electores y a su vez aprobada en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Pero a nuestro juicio ha incurrido en una tendencia eminentemente partidista. Ha manejado no los datos y el comportamiento de todos los partidos. Ha maximizado aquellos distritos en los cuales en 1988 Acción Nacional tuvo triunfos pero de más baja credencialización.
Con esa misma información y una información no parcial, nuestros representantes ante el Instituto Federal Electoral y la Comisión de Vigilancia, junto con ellos, también nosotros hemos hecho un análisis cauteloso, realista, cuidadoso, el cual en forma muy general quiero poner a consideración de ustedes, ya que tenemos la información nacional por entidad federativa y por entidad federativa y por distrito.
Quiero decirle a los integrantes de Acción Nacional, porque, insisto, su informe ha sido un informe tendencioso apegado a los valores y principios que ellos mismos manejan.
En 1988 Acción Nacional ganó 38 distritos; el promedio de credencialización en esos 38 distritos fue de 91.5%, muy semejante a la media nacional, teniendo distritos con un máximo de credencialización de 97.9% y el mínimo que aquí se le trató de dar mayor peso, sólo uno de 85%.
Quiero decir que en 25 distritos de los ganados por Acción Nacional en 1968, el 65.8% tiene un porcentaje de credencialización mayor al 90% y sólo 13 de ellos, el 34.2% tiene un porcentaje menor al 90% insistiendo que en sólo uno de sus distritos, obtuvo el 85% de credencialización.
Siguiendo el análisis institucional para todos los partidos, creo que debemos también dar la información de las condiciones de credencialización que tuvieron los demás partidos políticos aquí representados, que tuvieron algunos triunfos electorales en 1968.
El Partido de la Revolución Democrática, con 18 distritos ganados, también el promedio de credencialización en esos distritos, supera el 90%: fue 91.5%.
El que mayor credencialización obtuvo, fue 98.3 y el que menor credencialización obtuvo, fue de 88.9%. El Partido Popular Socialista, con cuatro distritos ganados, el porciento de credencialización fue 93.5%, teniendo un distrito con máxima credencialización de 98.2% y en el que menos credencialización obtuvo fue 91.4%.
El Auténtico de la Revolución Mexicana, igualmente con cuatro distritos ganados. El promedio de credencialización fue de 95.2% teniendo un máximo de credencialización de 95.7 y un mínimo de credencialización de 88.1%.
Este es, compañeros legisladores, la realidad, el análisis general, el análisis con las mismas cifras, el análisis sujeto a cualquier comentario y a cualquier aclaración sobre documentos que también los tenemos, pero que esto representa la realidad del país.
Una cosa a la cual también quiero hacer mención, que nos debe extrañar, es que todo acuerdo en la Comisión de Vigilancia. Todo acuerdo delegado al grupo de asesores técnicos de los partidos políticos, se toma con el apoyo y la intervención de ellos. Me extraña mucho que aquí no sepan delegar la autoridad algunos partidos y no crean o desechen los acuerdos tomados por los propios representantes de sus partidos.
Efectivamente, faltan dos etapas en este proceso de credencialización. Estas dos etapas se van a llevar a cabo y se ha delegado que esas dos etapas serán analizadas y estudiadas por el grupo de asesores políticos de los partidos y por la Comisión de Vigilancia.
La verificación, como se ha dicho aquí, a nivel de los centros regionales de cómputo, que es una verificación eminentemente documental, que sería la segunda etapa, irá posteriormente seguida por la tercera etapa que corresponderá al muestreo que se llevará directamente casa por casa al nivel de las secciones electorales.
Hasta allí quiero manifestarles a ustedes cuál es la realidad no sesgada, la realidad auténtica, la realidad que viene el Partido Revolucionario Institucional a poner frente a los partidos de oposición, a hacer las aclaraciones pertinentes.
Sentimos que en poco van a varias los resultados de la segunda y la tercera etapa porque se están presentando con la aprobación insisto, de los asesores técnicos de los partidos políticos, los marcos muéstrales en los cuales se va a llevar a cabo esa verificación.
Ya la primera etapa concluida, tenemos, si somos honestos, que reconocer los trabajos del Instituto y del Registro Federal Electoral. Bajo esas bases se va a dar el proceso el próximo domingo. Pero eso no invalida que puedan los partidos de oposición, si se obtienen algunos resultados con distintas tendencias a los que ahora nosotros podemos conocer, que son los fidedignos, puedan establecer sus recursos que el propio código lo establece y poder recurrir a las autoridades electorales o, en su caso, el Tribunal Federal Electoral.
Como partido, nos interesa la legalidad, la transparencia, la certeza y la credibilidad en el proceso electoral. El día 18 será la prueba máxima. Aquí, acabamos de firmar todos los partidos una declaración, una declaración que a nuestro juicio debe ser la única bandera de seguridad y de certeza, con lo cual debemos contender todos los partidos y que si ganan algunos distritos, bien ganados; pero en base a esa legalidad y a esa certeza.
Y quedo a las órdenes de mis compañeros miembros de la Permanente, de otros partidos políticos, para sentarnos, si así creen necesario, el por qué de esa información, que no es otra que la que ellos mismos manejan en forma tendenciosa para minimizar las acciones del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias.
El diputado Jesús Luján Gutiérrez (desde su curul): - Señor Presidente, si me permite, deseo hacer una aclaración pertinente al senador.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Luján.
El diputado Jesús Luján Gutiérrez (desde su curul): - Tengo interés de saber cuál es la "fuente" de los triunfos electorales a los que usted se refirió, de partidos distintos a los del Partido Revolucionario Institucional. Porque menciona al Partido de la Revolución Democrática. Yo tengo entendido que no ha participado, por hoy, en ninguna elección federal el Partido de la Revolución Democrática.
El senador Enrique Carrillo Silva:- Correcto, no. Sin embargo, de acuerdo a la constitución de los partidos y a las decisiones tomadas por los partidos que contendieron en 1988, se considera la Cámara de Diputados constituida por 18 diputados del Partido de la Revolución Democrática, que obtuvieron en forma directa o en coaliciones sus triunfos electorales en el proceso de 1988.
El Presidente: - El diputado García Villa tiene la palabra.
El diputado Juan Antonio García Villa: - Señor Presidente; señores legisladores: Creo que fui muy claro al presentar aquí un informe sobre una encomienda hecha por la propia Comisión Permanente del Congreso. Mi informe es de mí absoluta responsabilidad y por lo mismo la acepto y tengo que venir a defenderla aquí en este momento.
En primer lugar, dice el señor senador Carrillo que presenté solo información aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ya habíamos advertido, y yo personalmente lo hice en la sesión en que se aprobó la presentación de este informe, por parte de la Permanente el 17 de julio, que para los miembros consejeros del Poder Legislativo es muy difícil, porque además resultaría altamente cuestionado, presentar información a la que han rendido las fuentes naturales de la propia información, que son en primer lugar la Dirección General del Instituto y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal del Electores.
Pero luego el señor senador Carrillo entra en contradicción, porque dice que presento mi propia información. No, señor senador. Creo que he sido muy explícito al citar la fuente de cada uno de los datos especialmente numéricos que aquí mencioné.
Hecha esta aclaración, paso a rechazar enfática y categóricamente su acusación ligera, señor senador, de ser yo tendencioso en mi actuación como miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Usted puede consultar las actas que se elaboran a base de la versión estenográfica de las sesiones del Consejo General y podrá darse cuenta que nunca he asumido en las deliberaciones una posición abierta o encubiertamente partidista. Pero además, para su conocimiento, señor senador, podrá usted observar en esas actas que no en una, sino en varias ocasiones he votado de manera diferente a como lo han hecho, incluso en casos delicados, los representantes ante ese Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Creo que mejor demostración de mi esfuerzo por ser objetivo queda fuera de toda duda. Por eso no solamente rechazo su acusación sino que lo invito, ya que se ha puesto a las órdenes de los señores legisladores, que la investigue y con honorabilidad de hombre que le supongo, en la próxima sesión rinda un informe sobre el particular.
Dice usted que maximizó la baja credencialización en algunos distritos donde Acción Nacional obtuvo triunfos en 1988. Yo admito que con la rapidez con que se leyó este informe y no tiene usted disponible un texto del mismo, pueda haberse equivocado en su apreciación. Pero efectivamente mencioné, con la aclaración de que se trata de 10 distritos de 300, en los que la credencialización o entrega de credenciales fue inferior al 85%. Y para su conocimiento, señor senador, de esos 10 distritos, sólo dos fueron con mayoría de votos para la oposición.
Entonces no es cierto lo que usted vino aquí a afirmar con tanta ligereza que maximizó las cifras, donde usted supone que el reparto de credenciales fue bajo.
Dice usted, por otra parte, que las decisiones han sido en buena medida, o totalmente, no solo en buena medida, adoptadas en el seno de la Comisión Nacional de vigilancia por la previa aceptación del grupo de asesores técnicos de los partidos políticos. En dos o tres asuntos que yo menciono el informe, expresamente lo que acudir al expediente que para mi es una ficción legal de considerar como reposición de credenciales los casos de ciudadanos que no la encontraron en módulos y que desde el punto de vista de mero trámite es incluso un error que además contradice en cuanto a esta figura lo que señala el código en el artículo 163, según lo mencioné, se tomó ese a cuerdo, digo, con la aprobación del grupo de asesores técnicos de los partidos. Lo señalo expresamente, y en otros casos también.
Pero luego dice que no reconozco las decisiones que previamente han tomado los partidos y usted previamente exige una posición apartidista. Creo que se excede en sus pretensiones, señor senador, al exigir que sea imparcial por un lado, u objeto, para usar un término más adecuado y por otro lado, quiere que reconozca o que acepte lo que los representantes de mi partido, porque evidentemente tengo militancia, como la tienen los otros tres miembros del Consejo General acreditados por el Poder Legislativo. No es congruente su argumento.
Y luego usted mismo reconoce que faltan dos etapas del proceso de credencialización, usted dijo en dos ocasiones; quiso decir de verificación, de cobertura y de imparcialidad en el reparto de credenciales.
Con toda objetividad, mencionando incluso los resultados numéricos de los métodos estadísticos aplicados, yo mencioné aquí esa información, pero advertí que se trata de una primera etapa, que la segunda no se ha efectuado y que por lo mismo es temerario deducir conclusiones que no se derivan de la primera etapa; sin embargo usted sí adopta expresamente esa posición temeraria al decir: "Sentimos que poco van a variar los resultados de la segunda etapa del proceso de verificación." Yo no puedo decir lo mismo, que siento que no van a variar, porque entonces sí podría, con toda justificación, usted acusarme de no ser objetivo. Muchas gracias.
El Presidente: El diputado Lozano Gracia tiene la palabra.
El diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: - Señores legisladores miembros de la Comisión Permanente: Nos parece importante puntualizar aquí la posición del Partido Acción Nacional, ciertamente en varias ocasiones distinta a la actitud que ha asumido en ese órgano superior electoral el diputado Juan Antonio García Villa, cumpliendo y entendiendo el carácter de su representación del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados ante ese consejo y que, insisto, es distinta a la representación partidista que yo ostento actualmente ante el consejo general.
Y me parece importante mencionar o poner en la exacta medida en que se produjo, el informe
de la Comisión Verificadora, de la cual formé parte, ante el Consejo General, respecto de los trabajos practicados por dicha comisión, para verificar las cifras de cobertura del proceso de entrega de credenciales, asimismo como la imparcialidad o falta de selectividad en dicha entrega.
Como ya se ha dicho aquí, pero deseo reiterarlo porque es importante y porque hubo un manejo tendencioso en los medios de comunicación, este ejercicio de verificación se dividió en tres etapas y en la primera de ellas, los ejercicios que se llevaron a cabo llevaban como objetivo el verificar la cobertura de la entrega de credenciales; en la segunda parte, verificar el número de credenciales entregadas por distritos, en un ejercicio de correlación con los resultados electorales obtenidos en 1988.
Esta es una primera etapa nada más y de ella no se puede afirmar de ninguna manera que no hubo selectividad en la entrega de credenciales; lo que se puede afirmar, como lo dice el documento, creo yo puntualmente, es que de este primer ejercicio no se desprenden elementos que hagan presumir parcialidad en la entrega de credenciales, lo cual me parece muy distinto y además con la precisión de que está circunscrito a distritos electorales a esa realidad política geográfica en nuestra organización electoral y solamente en cuanto al número de credenciales entregadas, porque la selectividad ciertamente se puede dar de otra manera, con número igual de credenciales entregadas pero entregadas sólo a determinadas personas y entonces ya no estamos hablando de número de credenciales entregadas, sino de la forma en que se entregaron las credenciales. Eso puede ser selectividad pero eso no fue el motivo de análisis en este primer ejercicio.
Insisto, es importante dejar claro el manejo tendencioso en los medios de información, de que el ejercicio en ese sentido solamente se redujo a ver número de credenciales entregadas por distrito.
Estamos insistiendo porque también lo contemplan las etapas que faltan de llevar a cabo en la verificación de este ejercicio, en que en determinados distritos que ya hemos señalado al Registro Federal de Electores, se analice sección por sección, llegar al nivel de sección por sección y no solo quedarse en el nivel de entrega de credenciales por distrito, sección por sección, si hubo selectividad o no. Esto forma parte del informe y concretamente del antepenúltimo punto del informe de verificación en donde dice claramente que los partidos políticos, o mejor dicho, a petición de partidos políticos se hará análisis exhaustivo para verificar sección por sección si hubo selectividad o no. Entonces esta primera etapa se redujo exclusivamente en esa dimensión.
Estamos por llevar a cabo, entiendo que el día de ayer a las seis de la tarde, se reunió la Comisión de Técnicos que están diseñando la segunda y tercera etapas de verificación. Estamos por llevar a cabo esas. Y mientras esas no se realicen no tiene ningún partido político los elementos, objetivos, para llegar a juicios concluyentes sobre todo el ejercicio. Muchas gracias.
El Presidente: - Queremos agradecer al diputado Juan Antonio García Villa que en cumplimiento al acuerdo de la asamblea de la permanente, haya rendido el informe que se le solicitó y que como usted lo expresó es bajo su personal responsabilidad.
DEL ESTADO DE CAMPECHE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández.
El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; señores legisladores: "Notoria aprobacionne no din dinguen", (Lo que es notorio no necesita aprobarse). El señor Jorge Salomón Azar García, candidato al gobierno de Campeche por el Partido Revolucionario Institucional, ha hecho un pronunciamiento que lesiona gravemente la libertad política electoral a candidatos de oposición y viola flagrantemente, tanto los preceptos generales de la Constitución Política de la República como a la local de esa entidad y a la ley electoral campechana.
Con el referido pronunciamiento se coarta la libertad al voto, puesto que constituye una presión moral para los campechanos que para evitar represalias se abstendrán de votar a fin de no provocar las iras del candidato del partido del gobierno.
No es válido atribuir a los candidatos de oposición y en especial de Rosa María Martínez Denegri, candidato a la gubernatura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, actos difamantes, diatribas y amenazas, por el solo hecho de realizar las campañas electorales apegadas estrictamente a lo que estipula la ley de la materia o por el hecho de conquistar y concitar la voluntad popular.
El hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Campeche manifiesten su simpatía por Rosa María y reflejen en forma abierta la antipatía hacia don Jorge Salomón Azar García, ha desatado la ira del candidato del Revolucionario Institucional, a tal grado que sin cuidar las formas y haciendo gala de la falta de caballerosidad y falta de conocimiento del "Manuel de buenos modales", editando en veintidós cuartillas por el Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, cuya difusión fue muy privada y el Manuel de Carreño, sobre las buenas costumbres, este señor candidato en un mitin declaró, que en caso de llegar al gobierno su primer acto consistiría en meter a la cárcel a los candidatos de oposición y en especial a Rosa María Martínez candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Esto podrá parecer risible, pero es ante todo la comisión de un delito puesto que con tales declaraciones amaga a los ciudadanos que de buena fe temen a las iras del protegido del senador Colosio.
Por esta razón solicitamos de esta soberanía turne la presente denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para los efectos correspondientes. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Estima pertinente diputado, plantear el caso de Colima?
El diputado Juan Jaime Hernández: - Lo voy a retirar.
El presidente: - Lo va a retirar. Muy bien. De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del reglamento, se abre el registro de oradores.
En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Señor Presidente; señores legisladores: Voy a presentar una propuesta, para que el secretario de Salud, Jesús Kumate, y el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, comparezcan ante las comisiones de la Cámara de Diputados, de Salud y de Seguridad Social y de Programación y Presupuesto.
A efecto de fundamentar esta propuesta vamos a hacer consideraciones.
A pesar de las críticas de algunos medios de comunicación, donde con razón señalaban que está muy de moda hoy en día que vayamos solamente los diputados, los legisladores, al despacho de los funcionarios, porque éstos de alguna manera no son muy prestos a comparecer, nosotros decidimos que era pertinente asistir y que era conveniente además asistir a la reunión con el secretario Kumate. Poníamos en esto por delante algo que debe ser del interés de todos nosotros: ¿Cuál es la situación que guarda el cólera en nuestro país? ¿Cuales son las posibilidades de que esta enfermedad contagiosa se desarrolle, y cuáles son los dispositivos, los programas, las estrategias y las medidas que pone en práctica el gobierno a través de la Secretaría de Salud, y otras dependencias, para prevenir y para combatir esta enfermedad?
La verdad, lo digo desde ahora, para mí resultó decepcionante la reunión con el secretario Kumate. El nos explicó más o menos las características del vibrión cólera, el hecho de que hacía más de un siglo que no se presentaba en nuestro país, que era por lo tanto una enfermedad inexistente y que no había en consecuencia, personal capacitado ni preparado porque esta enfermedad no la había tenido desde hace más de un siglo. Y nos relató algo que ya lo había hecho a la Prensa, los casos, más de 400 enfermos, y los estados, alrededor de cinco estados que se han visto ya sujetos a la presencia del vibrión cólera.
Asimismo, como si fuéramos pacientes, más que legisladores, nos quiso trasmitir seguridad: "no se preocupen, no hay problema". Como por ahí alguien diría: "todo está bajo control".
Y en efecto ésta ha sido la tónica de sus declaraciones últimamente. Los brotes que surgen se cercan, no sé cómo le hace, la verdad, porque no se puede, se atacan, y no hay problema. Quiere en todo momento el secretario trasmitir una seguridad y me parece que con eso intentamos demostrarlo, se está haciendo un daño
a la población. Pero sus declaraciones han cambiado de tono. Hace seis meses no decía que era improbable aquí en México la presencia de esta bacteria; luego que era posible, y ahora, que no hay problema, que es controlable.
Información que nosotros requeríamos de qué condiciones tiene el Estado, el Estado mexicano o nuestro país, para que incluso esta epidemia se vuelva endémica; situación de qué recursos está moviendo el Estado, no encontramos. Sugerimos, incluso, que se analizara la posibilidad de un estado de emergencia preventivo y al Secretario le pareció risible, le pareció que eso que se había hecho en Guatemala, con mucho menos pacientes, estaba fuera de toda lógica: "¿Cómo, dijo, si nos están pidiendo ayuda; para qué decretan estado de emergencia si hasta ayuda nos están pidiendo. Para asustar a la población?"
Y todavía en un comentario totalmente fuera de las circunstancias, lo quiso hacer de manera jocosa, dijo: "Tal vez serviría pues solo para detener las peregrinaciones a la Virgen, porque eso nos puede ocasionar problemas.
En primer lugar, señores legisladores, queremos decirles que de toda América, México es el país que tiene las mejores condiciones para que se desarrolle el vibrión cólera de toda América, por razones varias.
En primer lugar, está, como existe en América Latina, nuestro atraso en materia de salud, en la disposición de agua potable, los rezagos en el manejo y desechos de aguas negras, de excretas.
Esta enfermedad puede considerarse una enfermedad de la miseria y se desarrolló y se puede volver endémica, ahí en los países en donde las condiciones de vida son bajas y en donde hay rezagos que se han venido acumulando.
Esta panorámica la tenemos a nivel general y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dijo incluso en el informe que presentó ante la reunión de Guadalajara de que en América Latina se requerirían alrededor de 200 mil millones de dólares para superar nuestros rezagos en materia de salud y de sanidad.
Pero sus propias consideraciones sobre Perú, son en el temor de que las condiciones socioeconómicas son las que dan las mejores posibilidades para que se desarrolle, pero yo no he dicho que tenemos el mismo problema que América Latina, yo he dicho que somos el país número uno o el que tiene mejores condiciones para el desarrollo del vibrión cólera, porque esto, además, tiene que ver con los hábitos alimentarios de un país.
Nosotros, a diferencia de otras regiones, no es común, no es la mayoría, de utilizar palillos o tenedores; aquí, el manejo de los alimentos con las manos en una práctica común, si no, ciudadanos legisladores, ¿quiénes no hemos probado, por ejemplo, la sal pitiar? Todos lo hacemos con la mano, todos nuestros alimentos tienen un manejo más allá, obviamente ahora de lo que sería pertinente, de las manos.
Somos de los estados, de los países donde reinan las enfermedades de tipo diarréico, incluso en amibiasis, el mecanismo de transmisión exactamente el mismo que el del cólera; somos el país número uno en América, en todo el Continente Americano y el mecanismo de transmisión de la amibiasis en el cual reinamos, es exactamente el mismo que el del cólera.
Nuestro país tiene los siguientes porcentajes en consumo de agua potable: Con el esfuerzo extraordinario que realiza la Comisión Nacional del Agua, en tres semanas se logró potabilizar agua para seis millones de mexicanos más de los que ya se tenían, así se paso de 40 millones de mexicanos que consumen agua potable, en los próximos, vamos actualmente a 46 millones. Pero tenemos si tomamos en cuenta el censo, alrededor de 40 millones de mexicanos que no consumen agua potable en este país y que por supuesto... No sé si le da risa o si quiere alguna pregunta o algo así.
El senador Héctor Mayagoitia Domínguez (desde su curul): - ¿De dónde saca una cifra tan absurda como esa de 40 millones?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - De la Comisión Nacional de Aguas, señor, ¿tiene otras o de alguna dependencia? y se las tomo con mucho gusto si tiene otras, éstos son los datos oficiales, no estoy dando suposiciones.
Tenemos además el problema del drenaje, no hay mas que pasearse en los alrededores de esta ciudad; el drenaje, la materia fecal anda en el medio ambiente, en regiones marginales, aquí, las aguas negras corren sin mayor protección.
En provincia, en los mismos ríos donde caen las aguas negras, de ahí mismo también se toma el agua y, si no hay una respuesta, para el que se quiera reír y, hay una pregunta: ¿por qué
tenemos el primer lugar en amibiasis? y ¿por qué somos de los reyes en ese sentido?
A mí me parece más insigne lo que dice el Secretario de Salud, dice: que se va a acercar y se van a atacar los focos; éste cree que es la fiebre aftosa, aquella donde se cercaba el ganado y, evidentemente, con el rifle sanitario se podía acabar, ¿cómo puede cercar la materia fecal? ¿cómo puede aislar el lugar? ¿qué es cosa de encerrar como animales o como ganado a los hombres en un foco infeccioso y ya, su control para que no se propale la infección? ¿Cómo puede hacer evidentemente eso? Eso es falso totalmente, aquí hay una intención de minimizar el problema, incluso de negarlo, por dos razones políticas:
En primer lugar, las elecciones del 18 de agosto y esperamos que después de eso se abra el problema como es; en segundo lugar, porque esto del cólera echa por tierra toda la imagen que Salinas a querido dar hacia el extranjero, del país que somos, somos un país atacado por enfermedades tercermundistas que se habían desaparecido incluso desde el siglo pasado, somos un país con excelentes condiciones para que se desarrolle y si a él le parece, al Secretario de Salud, risible que se pueda implementar un estado preventivo emergente, porque no sabe para qué sería, si nos permite desde aquí le hacemos algunas sugerencias.
En primer lugar, desde hace seis meses, no de ahora, debería de haberse iniciado una campaña de educación y de difusión, de que lo que mejor podemos hacer, algo que ahora se está haciendo, pero desde hace seis meses se debería de haber empezado; el cuidado, la salud y la limpieza en el consumo de nuestros alimentos, eso en primer lugar lo deberíamos de haber hecho desde hace seis meses.
Evidentemente desde hace seis meses deberíamos de haber tomado medidas para que existieran antibióticos o tetracicilina, en las cantidades en que se requiere, porque hoy no los tenemos y hay que comprarlos; los necesitamos tener distribuidos en el país.
En segundo lugar, como es una enfermedad cuya muerte deviene por la pérdida de líquidos, deberíamos de contar con todos los recursos de hidratación y en distintas regiones.
En el siguiente lugar, de manera legal debemos de disponer de todos los recursos económicos que nos permitan ir subsanando nuestras deficiencias y nuestros problemas en sanidad, en tratamiento de aguas, en potabilización de agua.
Esto lo deberíamos de haber hecho, yo creo que ahora sí se están destinando algunos recursos, tan solo en mi estado, fue Kumate a decir que iba a haber una inversión de alrededor de 3 mil 500 millones, ¿de dónde los saca? No lo sé, ¿es del presupuesto regular de la Secretaría de Salud? Tampoco lo sé, ¿se están disponiendo recursos de otra parte del presupuesto? No lo sé es que requieren recursos y eso es correcto, lo que deploro es que esto se maneje, incluso, de manera soterrada, que no se diga abiertamente cuando es facultad de la cámara disponer del presupuesto en este país, eso debería haberse hecho de manera abierta.
La Organización o la Oficina Panamericana de la Salud tiene programas, tiene hasta presupuestos del costo de estos programas para regiones como México y toda América Latina. La Secretaría de Salud, si los tiene, son clandestinos y se los calla, porque a nosotros no nos enseño absolutamente nada.
Pero ahora vamos a otra cosa que también me quiero reír del Secretario de Salud: cuando le preguntamos por qué ese hostigamiento contra doctores que de acuerdo al cuadro clínico denunciaban casos de cólera, nos dijo: "Porque simple y sencillamente no se vale propalar este tipo de información, generar alarmas hasta que el laboratorio no demuestre si en verdad se está ante la presencia del vibrión cólera o no se está"
En epidemia es al revés, al cuadro clínico hay que tomarlo como que está en cólera, a reserva de que el laboratorio demuestre lo contrario, porque estamos ante una epidémica, simple y sencillamente, no al revés, de que no hay cólera hasta que el laboratorio nos demuestre lo contrario y así esto puede generalizarse, más cuando el análisis en el laboratorio, pues no es de manera rápida.
Tampoco nos dijo el Secretario de Salud y no lo sabemos, cuántos laboratorios de detección de vibrión cólera hay. Por los informes periodísticos sabemos que se hacen los análisis y se trasladan a la ciudad de México, no sabemos si existe uno por estado, cuántos existen por estado, pero esta es otra de las medidas que se deberían de tomar, incrementar el número de laboratorios de detección del vibrión cólera, evidentemente para no tener que estar haciendo todos estos movimientos.
Quisiéramos nosotros, con arreglo a estas consideraciones, que este problema en lugar de seguirse politizando, de seguirse ocultando y negando información, incluso algo que me parece que llama la dignidad de los legisladores que vayamos allá a que nos tomen el pelo, para que nos den información así como si fuéramos no sé qué sus pacientes, lo tomáramos en la gravedad que existe.
Si el legislador que se ríe o quien quiera, no comparte estas opiniones, discutámoslo, a mí lo que me preocupa y le preocupa a nuestro partido, en todo caso, es que si la amibiasis se ha desarrollado tanto y las enfermedades diarréicas son endémicas en nuestro país, existe el peligro, porque es el mismo mecanismo de transmisión, de que también el cólera adquiere esa característica: se estacan entre nosotros en algunas regiones, que impidamos esa situación, que dispongamos de los recursos que sean suficientes y en los lapsos los programemos, que sean necesarios para atacar todas nuestras deficiencias, que lejos de ocultarle o salirle al paso de esto deteriora nuestra imagen o que si reconocemos antes del 18 el problema se nos agrava, se entienda en todo caso que somos un país del tercer mundo, por más que algunos todavía y con derecho pueden aspirar al primer mundo, que tenemos este tipo de enfermedades y que tenemos condiciones de orden cultural, de orden de los razgos en salud y sanidad que, evidentemente, constituyen una amenaza, la más riesgosa, para que esta enfermedad se vuelva endémica.
Y que de acuerdo a esas características dispongamos de todos los recursos que sean necesarios a efecto de que se tomen las medidas pertinentes y preventivas y no se siga soslayando el problema, para que podamos enfrentarlo con todas nuestras capacidades.
Hay cosas que se desaprovecha, pero sin duda y lo quiero decir aquí, sin duda un llamado incluso del gobierno para atender todos unidos como mexicanos esta situación, difícilmente algún partido lo hubiera desoído. Por desgracia no ha habido ni la inteligencia para entender esa situación, y todo se va, simple y sencillamente, en minimizar el problema, un problema que habría que preguntarle a Kumate si puede volver endémico y seguramente su respuesta será, "no lo se" y con razón puede decir no lo sé, pero lo que estamos obligados es a tomar las medidas que requiere la situación.
Sólo les comentaré una cosa que también lo comentamos ahí con el secretario Kumate: En Perú el problema se volvió grave porque se ocultó dos años; se atendió o, no se atendió, mejor dicho, se soslayó y después, en lugar de tomar las medidas preventivas, cuando esto ya explota, cuando esto ya en algunas regiones se generaliza, no hay capacidad hospitalaria en nuestros países de América Latina para atender todos esos casos.
Por eso es que esto hay que prevenirlo, por eso, si es necesario, declarar un estado de emergencias preventiva, hay que hacerlo; hay que tomar todas las medidas y disponer todos los recursos de manera legal, que sean suficientes.
En consideración de lo anterior, presentamos estos
PUNTOS DE ACUERDO
"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera necesario que los miembros del Poder Legislativo Federal estén adecuada y oportunamente informados de la situación que guarda la salubridad general del país, con relación a la enfermedad del cólera, a efecto de que, en su caso, se puedan adoptar las medidas legislativas que el caso requiera.
Segundo. Asimismo, se pronuncia y hace una atenta excitativa a las comisiones de Salud y Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que se aboquen en ámbito de sus respectivas competencias, al conocimiento del problema del cólera en México y sus repercusiones en el gasto público.
Tercero. En atención a lo anterior, este órgano legislativo hace un atento como urgente llamado a estas comisiones, para que hagan comparecer ante ellas al Secretario de Salud, Jesús Kumate y al de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León, con el propósito de que informe todo lo concerniente a la enfermedad y a las medidas y necesidades presupuestarias que su combate y prevención requieran.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 14 de agosto de 1991."
Por su atención, gracias.
El presidente: se abre el registro de oradores, de acuerdo con el 58 del reglamento.
Tiene la palabra el diputado Cantú Cerna, en contra.
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Señor Presidente; señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, nuevamente viene a tratar en esta Comisión Permanente, ciertamente un tema importante, como es el del cólera, pero reitera argumentos que han sido suficientemente analizados,; reitera preocupaciones que han sido disipadas por las autoridades competentes y pasa por alto un acuerdo que aquí mismo se tomó en la Comisión Permanente, en el sentido de solicitarle a su directiva hiciera las gestiones correspondientes ante el titular de la Secretaría de Salud, para que pudiera darse un encuentro con él y los legisladores para tratar y comentar este importante asunto.
De acuerdo con ello, la presidencia de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, concertó un desayuno de trabajo que tuvo lugar antier, precisamente con el Secretario de Salud, el doctor Jesús Kumate. Todos nosotros, integrantes de esta Comisión Permanente, fuimos invitados oportunamente para asistir a ella; ahí se tuvo la oportunidad de escuchar las amplias explicaciones que fueron dadas por el doctor Kumate en torno a este tema del cólera.
Por medio de videos y de otros medios informativos se pudo ver exactamente en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus orígenes y causas, cómo debe tenderse, cómo debe prevenirse y qué es y cuáles son los programas que está implementando ya la Secretaría de Salud.
Se habló también y se dieron cifras y estadísticas sobre la incidencia que hasta el momento ha tenido esta enfermedad en nuestro país. Las cifras, desde luego, dan una señal de alerta, pero de ninguna manera son alarmantes.
Precisamente por ello se están llevando a cabo ya todas estas acciones para controlarla, para mantenerla, reducirla y eliminarla definitivamente de la población mexicana.
Sabemos muy bien que estos casos que se reportan hasta ahora son 402, en cinco estados de la República; sabemos muy bien también que si esta tendencia continúa y no con ello quiero decir que estemos de acuerdo que así sea, pero si así fuera, se llegaría a tener 1 mil 200 casos de esta enfermedad en el presente año.
Para ubicarnos en el problema, es conveniente mencionar que durante un año, en México se dan 3.5 millones de casos de diarrea, lo cual representa una incidencia de 9 mil 589 casos; esta misma enfermedad de diarrea produce 20 mil muertes al año, contra 3.2 casos que se darían durante este período si la tendencia continuara.
Eso es nada mas para ubicarnos exactamente en la dimensión en la que estamos frente a esa enfermedad que, repito, conocemos su seriedad, su gravedad, como ya lo está haciendo la secretaría del ramo a través de estas campañas y a través de las medidas correctivas y preventivas correspondientes.
En esta reunión que se tuvo con el Secretario de Salud hubo oportunidad por parte de los legisladores, de hacer las preguntas o los cuestionamientos que se estimaron convenientes; todas ellas fueron contestadas de manera amplia y precisa y se salió con la convicción de que las autoridades competentes están actuando con la seriedad, la responsabilidad y el profesionalismo necesarios para la erradicación definitiva de esta enfermedad, que por lo que se ve, ya no es tan seria en sí misma, sino que está resultando bandera para algunos partidos de la oposición que hablan de no politizar el tema y claramente lo están politizando, al hablar ya de las próximas elecciones, al hablar del Tratado de Libre Comercio y al darle una serie de implicaciones y derivaciones que son absurdas y totalmente improcedentes, pero que sí evidencias esa mala intención de alarmar a la población y de desprestigiar inclusive a nuestro país, cuando no existe, hasta el momento, razones para que eso se dé ni se presente.
Por otra parte, el mismo Secretario de Salud, que como sabemos es una autoridad es un experto en materia de epidemiología, se puso a disposición y quedó a las órdenes de los legisladores para que en aquello que fuera necesario, él estaría dispuesto a contestar o a responder las dudas o a proporcionar los datos e informes que fueran necesarios.
Al mismo tiempo se habló ahí en esa reunión, de los recursos financieros que han sido destinados y que están preparados ya para destinarse en esta campaña en contra del cólera.
En tal virtud, yo considero que este asunto del cólera, esta enfermedad que ciertamente existe pero que ha estado siendo atendida y controlada, ya ha sido debidamente atendida por la secretaría de salud.
Existe también la Secretaría de Salud dispuesta a seguir dando la información que sea necesaria y por lo tanto yo considero que resulta ya
innecesaria e improcedente y, al mismo tiempo, estaríamos dándole a este asunto una importancia fuera de la que realmente tiene, con propósitos que no son precisamente legislativos y que nos llevan a que nosotros estaríamos incurriendo en una responsabilidad que no debemos asumir ni de tomar en estos momentos en los que está viviendo el país.
El asunto está en buenas manos, se está actuando con diligencia y con eficiencia y, por lo tanto, yo propongo y pido a la asamblea que el asunto sea desechado, por notoriamente improcedente, por ser algo que ya está atendido y por ser algo que también ya fue, en su momento, resuelto y atendido por esta propia Comisión Permanente.
Por lo tanto, señor Presidente, yo le solicito pase el asunto a votación y mi propuesta es en el sentido de que se rechace la propuesta del diputado Juan Nicasio Guerra. Gracias.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Gracias, señor Presidente. Tengo aquí un diario del tiempo de Maximiliano, de cuando nuestro país en el siglo pasado se vio afectado por el vibrión cólera. Igual se politiza el asunto por Maximiliano, igual ponderan las personas ligadas a él que no era conveniente porque podría ahuyentar incluso los buques franceses y que para el país no era pertinente; e igual como se intenta aquí, pues vota, sin mucho, con mucho o con poco, depende de cada quien, conocimiento de causa, nada más que entonces se votó si era contagioso o no era contagioso.
Aquí implícitamente lo que nos propone el diputado Napoleón es si votamos si se está haciendo lo correcto o no lo correcto porque es notoriamente improcedente porque ya están actuando muy bien.
Hay veces que amerita que nos quitemos un poco la camiseta, que seamos más responsables de lo que nuestro partido, nuestros intereses nos puedan llamar.
El asunto aquí no se está planteando una comparecencia para antes del 18, el asunto ya está planteado aquí, no más allá de lo que se ha planteado, esto se está planteando para después del 18, efectos electorales ya no son mayores.
Lo dijo el diputado y es algo de lo que yo señalaba. En efecto, se reconocen oficialmente 20 mil muertos anuales, niños, por enfermedades diarréicas. Es correcto. Ahora, lo que yo le quiero decir es que eso tiene ya entre nosotros décadas, que somos el país número uno en amibiasis, y entiéndame, por favor cuando le digo el cólera va llegando, hasta ahora no es tan grave pero se nos puede quedar, como se nos ha quedado la amibiasis, porque el mecanismo de transmisión es exactamente el mismo, se trasmite a través de materia fecal, es exactamente el mismo, y la falta de hábitos de limpieza en el consumo de alimentos, la falta también o los rezagos, nos pueden hacer que así como tenemos esa amibiasis, como tenemos esas enfermedades diarréicas y esas muertes de niños, se nos quede, con una desventaja aquí enorme, que el cólera es mucho más contagioso que esas enfermedades, ese es el problema.
O sea, lejos de dar argumentos usted o Kumate cuando dicen si tenemos esto y el asunto es menor, todos sabemos que los casos son menores, pero en verdad no creo que sean 400 pueden ser más, ni tampoco creo que sean cinco estados, seguramente son un poco más, pero aun no tenemos un problema ni tampoco tengo los datos precisos para empezar a dar nombres. Pero con todo el problema de hoy no es tan grave, pero puede en nuestra cultura alimentaria, en nuestros rezagos, en nuestra falta de sanidad, de salubridad, convertirsénos en un problema grave si no se toman todas las medidas del caso.
Yo le puedo agregar más, un estado de emergencia preventivo, es también para disponer de todo el personal, no teniendo ni personal capacitado en este país, porque es un siglo que la enfermedad más se presentó y la mayoría de los doctores ni enfermedades no conocen sus características. A estas alturas todo el personal médico, público y de instituciones privadas, debería de estar capacitado.
O sea, no estamos queriendo causar una alarma de más, no estamos diciendo que el problema ya lo tenemos y, ¡qué bárbaro! Eso los vamos a responsabilizar a ustedes, eso si, si no se toman las medidas. Lo que estamos diciendo es que hoy estamos a tiempo todos unidos de prevenirlo y que si el Secretario de Salud, si usted me lo contesta a lo mejor se lo dijo en privado y yo retiraría la propuesta, que le diga qué presupuesto se está destinando, tan sólo por ejemplo eso. Que nos diga en su programa qué laboratorios de detección se van a crear o qué programa tienen. ¡Qué nos diga evidentemente o que me desmienta si no somos el país número
uno en toda América en amibiasis y que exactamente el mecanismo de transmisión es el mismo!
O sea, si tuviéramos toda esta información, no, yo no puedo sentirme en una reunión donde el señor cree que está discutiendo no se con quién y se da el lujo de reírse, de decir qué estado de emergencia, ¡para que! En Guatemala, sólo para asustar a la gente y para detener las peregrinaciones. ¡O no sabía! yo creo que si lo sabe, o simplemente pensó que estaba ante una persona a la que se le podía tomar el pelo, y yo digo pues no.
Y lo necesitamos, vamos, ¡cuál es el temor que comparezca! Esto va a ser después del dieciocho que nos informe. Yo se lo digo desde ahora.
Estamos dispuestos el Partido de la Revolución Democrática a apoyar todos los recursos y en los tiempos que sean necesarios para subsanar nuestras carencias, lo que no estamos de acuerdo es que quizá estén utilizando recursos de manera ilegal, porque no son partidas o incrementos que ha aprobado la Cámara de Diputados que es a quien corresponde.
O sea, lo que nos interesa es que se hagan las cosas con transparencia y se hagan bien. En todo caso hay una diferencia entre ser gobierno y ser oposición. Como oposición nos corresponde denunciar, nos corresponde insistir en que las medidas no son las adecuadas o por lo menos lo que se nos ha informado es lo adecuado hasta ahora que quisiéramos discutir, eso nos corresponde como oposición. Como gobierno, ustedes y también los diputados tienen la responsabilidad de lo que ocurra si no se toman las medidas adecuadas. Gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si considera la propuesta ampliamente discutida.
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida: - Por indicación de la Presidencia se pregunta a los señores legisladores si la proposición está ampliamente discutida.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. suficientemente discutida.
El Presidente: - Ruego a la secretaría consulte a la asamblea si acepta o no a discusión la propuesta presentada.
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida: - En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie. Desechada, señor Presidente.
DENUNCIAS
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
El Presidente: Para presentar una denuncia respecto a un supuesto fraude tiene la palabra el diputado Enrique Rojas Bernal.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - Señor Presidente; señores senadores y diputados miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: El jueves 18 del presente año, en el boletín del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal se publicó una circular de su director general, licenciado Sergio Sandoval Hernández, mediante el cual se dispone:
1o. El archivo de folios de la dirección general del registro se constituirá en área de acceso restringido, pudiendo ingresar a la misma sólo el personal que labora.
2o. La consulta de los respectivos folios debe realizarse a través de las copias autorizadas correspondientes, tanto para el público como para áreas internas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
En atención a lo anteriormente dispuesto, este funcionario público, invocado el artículo 89, fracción III de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, estableció como pago por cada cuatro copias del folio, la cantidad de 13 mil pesos, importe que se deberá pagar en forma adicional a los derechos que se vienen cobrando por concepto de consulta directa, inscripción o registro de documentos.
Estas medidas, de por sí arbitrarias, son, a nuestro juicio, contrarias al carácter público que tiene el Registro Público de Propiedad, según el artículo 3001 del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común, que dice: "El registro será público, los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asuntos que obren en los folios del registro público y de los documentos relacionados con las inscripciones que
estén archivadas; también lo son a las que dispone la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal".
La Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal dispone que se cobre un derecho por la consulta directa de los folios, por eso, si tal derecho se cobra, también debe presentarse el servicio tal y como lo dispone la ley, no hay razón entonces para imponer una consulta indirecta a través de las llamadas copias autorizadas, cuya única diferencia con las certificadas es el sello y el derecho que se tiene que cubrir.
No dudamos de que puede resultar conveniente establecer el servicio de consulta de folios mediante copias autorizadas, pero creemos que debe mantenerse la libertad y el derecho del usuario para, si así lo considera conveniente, hacer la consulta directa de los folios.
Por otra parte, ustedes han de saber la importancia que tiene una consulta directa de los folios para la debida interpretación de los registros. Las medidas adoptadas por el director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal ya están acarreando consecuencias negativas en la rapidez, economía y eficacia de los negocios que requieren la consulta de folios. Los consultores profesionales y quienes solicitan sus servicios son los primeros afectados. En general todo el público se verá dañado por estas disposiciones a que hacemos referencia.
Hay que agregar que el cobro de los 13 mil pesos por copia no está dispuesto en la Ley de Hacienda del Departamento de Distrito Federal, es como en el caso del cargo 1148, un cobro que surge sin fundamento legal, no es posible que el Poder Legislativo disponga ciertas medidas a través de sus leyes y que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con ellas.
El Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, está prestando pésimos servicios y todavía así se vulnera la ley Compañeros legisladores: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se somete a su consideración la anterior denuncia y se solicita la adopción del siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las comisiones de Gestoría y Quejas y del Distrito Federal, así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a investigar los hechos aquí denunciados y adoptar las medidas que conforme a su competencia correspondan.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 14 de agosto de 1991." Muchas gracias.
El Presidente: Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Rojas Bernal.
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida: - En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
Los que estén porque se deseche la proposición ponerse de pie... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para que determine su competencia y emita el dictamen procedente.
DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CAPRICORNIO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Gracias, señor Presidente: Hay, ciudadanos legisladores, un problema que ya se ha presentado en algunas entidades y que la verdad parece que esto va a continuar, me refiero al hecho de que mucho mexicanos, con la dificultad económica que viven, la situación crítica, han venido disponiendo de sus ahorros, incluso sus jubilaciones, en empresas que luego no están suficientemente reglamentadas o que operan no como intermediarios financieros, sino de otras características, en donde, en estas empresas interviene luego Hacienda y, evidentemente se genera un caos con los ahorradores, porque ellos sienten que pierden ya la posibilidad de recuperar su dinero, que generalmente está en inversiones y a veces ni siquiera en eso; o también, cuanto estas empresas se declaren en quiebra, insolventes y por lo tanto sin posibilidades de cubrir con los adeudos que tienen con diversos ciudadanos. Este problema lo conocemos, lo hemos venido conociendo y, por desgracia, reitero, se sigue repitiendo.
En el noroeste del país, hablamos de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, esas empresas, en este caso la empresa Comercializadora Capricornio, Comercializadora Panamericana Capricornio, S. A. de C. V. y la empresa Brisamar, S. A., tienen en la zozobra, su situación actual, en la inquietud, a alrededor de 50 mil familias del noroeste de nuestro país.
Estas empresas, en el caso de la Comercializadora Panamericana Capricornio, es, al parecer, incluso de unos sobrinos de Mario Ramón Beteta, eso es lo que presupone la gente; evidentemente esto tal vez sólo tenga relación con el nombre de ellos, el nombre de ellos que aparece en este caso es Leonel Blanco Beteta, son propietarios los hermanos Beteta.
Esta empresa operada como comercializadora en la compra y la venta de productos y, evidentemente llegó a reunir una cantidad enorme de socios mutuarios a los que pagaba un interés o una prestación o derecho de regalías, más o menos del 7% en el peor de los casos, al 9% mensual sobre el monto de su inversión.
En el caso de la empresa Brisamar, ésta mas bien era constructora y también aceptaba socios y les pagaba por derecho de regalías o como lo consideren, alrededor del 10% mensual.
Una, la Comercializadora Panamericana Capricornio fue intervenida por Hacienda, por la Procuraduría General de la República y, sus propietarios incluso se han reunido con la gente; la Procuraduría General de la República no los halla, pero la gente sí y lo que ellos les han expresado es que están dispuestos a pagar y cubrir, siempre y cuando se les permita trabajar, que ellos en realidad nunca se declararon en quiebra, que podrían cubrir todos los adeudos, lo que pasa es que Hacienda las interviene, no los ha dejado trabajar.
Seguramente Hacienda intervino a presión de los bancos, porque no hay bancos que paguen estas cantidades; a molestia de los bancos y que muchos ahorradores hoy no van a los bancos, muchos de los bancos por eso están dos regionales en una situación difícil, pero el caso es que la impresión que tienen muchos de los accionistas, los mutuarios, es que el problema de ellos es por el gobierno.
Y en el caso de la empresa Brisamar, ésa, francamente se declaró en quiebra, están incautadas ahí sus propiedades, pero aquí no se detiene, hasta ahorita no se ha detenido a ninguno de los responsables, hasta ahorita quien está realmente en una situación difícil es la gente que ve perder sus ahorros.
Yo digo, compañeros, que aquí puede haber irregularidades, no me atrevo a ir más allá en el caso ¿fraude? y, sobre todo, me parece que ha habido negligencia y no una actitud, la que se requiere de parte de las autoridades, en la atención de este problema.
Muchos de la Comisión Permanente o algunos somos legisladores de aquellas entidades y me parece que como un deber, el más elemental como legisladores, cuando estamos hablando de 50 mil familias, cuando menos deberíamos de coadyuvar a esclarecer estos problemas y a buscarles alguna solución.
Con ese ánimo, les pongo a su consideración lo siguiente:
En relación con la denuncia presentada sobre la afectación de que son objeto aproximadamente 50 mil familias del noroeste del país, por presuntas irregularidades de la empresa Comercializadora Panamericana Capricornio, S. A. de C. V. y Brisamar, S. A. y porque existe la posibilidad del delito de fraude contra las numerosas personas afectadas, se demanda la urgente intervención de los legisladores para que coadyuven a una resolución que contribuya a hacer justicia a esos mexicanos.
Por tanto, los legisladores abajo firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la Unión, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente acuerda integrar una comisión apropiada que coordinándose con las autoridades correspondientes, coadyuve al esclarecimiento de los hechos en relación a las empresas citadas. Por su atención, gracias.
El Presidente: - Respecto a esta proposición, se abre el registro de oradores.
El diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿En qué sentido?
El diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez (desde su curul): - Yo le voy a hacer una recomendación en relación a este punto.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Anda.
El diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El caso que nos plantea en esta tarde el diputado Juan Guerra, es un caso que tiene lamentablemente dos o tres claros antecedentes en el país en los últimos meses y es un tema en el que debemos de ser sumamente cuidadosos los diputados y aquí puedo decir de que todos los partidos políticos estamos preocupados porque ha habido una serie de vívales que crean algunas empresas; sorprenden a gente de buena fe; muchos casos son como el que dice Juan Guerra, gente que se ha jubilado y que todo el dinero que obtuvo de su jubilación lo pone en manos de personas que no están autorizados a ser intermediarios financieros.
Caso clarísimo esta Comercializadora Capricornio, comercializadora, no banco ni financiera y, sin embargo, ahí llamaban a la gente de aquellas regiones, la gente de buena fe ponía sus ahorros, alguna pequeña cantidad que podían tener y obtenían mensualmente una tasa de interés más alta que la que les pagaban los bancos.
La gente actúa de buena fe, pero no así algunas personas, como el caso de este señor Blanco Beteta, que es prófugo de la justicia en este momento; las leyes que ya preveían castigos en contra de quienes utilizando membretes, sirvieran o trataran de ser intermediarios financieros, fueron modificadas por nosotros en la LIV Legislatura, a efecto de evitar, de prevenir, de inhibir y de evitar en la medida de lo posible este tipo de ilícitos. Los hay en el noroeste, también los hay en otras partes de nuestro país.
Es evidente que estamos preocupados porque repentinamente la tasa de inflación en nuestro país. Hace tres años, recordarán ustedes, una tasa de inflación de más de cien puntos, permitía que los Bancos pagaran de diez puntos. De pronto la inflación baja, la tasa de interés que pagan los Bancos tiene que ser menor. Pero nuestra gente, sobre todo de algunas pequeñas poblaciones, que no son muy duchos en este tipo de numerosos o de disquisiciones financieras, consideran que: Bueno, que el banco está pagando menos, me voy con tal empresa sin percatarse bueno, el banco está pagando menos, me voy con tal empresa. Y van con tal empresa sin percatarse de que esa empresa no tiene ni autorización para ser intermediario financiero y mucho menos, en consecuencia, la capacidad de poder hacerse responsable ante los créditos o las cantidades que les han sido entregadas. ¡Claro que nos preocupa! por eso, porque nos preocupa, hicimos modificaciones sustanciales a la ley dando mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria, y justamente la Comisión nacional Bancaria es la institución que se percató de que estos intermediarios financieros, concretamente esta "Capricornio" con estaba legalmente facultada para llevar a la práctica el tipo de actividades con el que estaba sorprendiendo a la ciudadanía.
Es cierto que estas personas al ser sorprendidas, huyeron. Son prófugos. La Procuraduría tuvo que intervenir ante el legítimo interés de todas aquellas personas que han sido sorprendidas.
Hay un argumento aquí mencionado que yo quisiera que con el mismo cuidado que hicimos las modificaciones legales correspondientes, lo meditaremos. es cierto que algunas de las personas sorprendidas dicen que sería conveniente que los delincuentes, o presuntos delincuentes, se les permitiera seguir trabajando para que les pagaran.
Déjeme explicarles a ustedes de qué estamos hablando. Una persona no autorizada a ser intermediario financiero, le ofrece a un grupo de personas en pequeñas poblaciones en la provincia mexicana, que les va a pagar, por así decir, el doble de la tasa de interés que paga un banco. Eso es muy atractivo, para mucha gente. Y de buena fe van y ponen su dinero ahí y empieza a llegar una gran cantidad de dinero. Conforme tienen ese flujo, pueden pagarle al que depositó antes. Sigue llegando flujo, siguen pagando. Pero es evidente que poco a poco el pasivo es muchísimo más grande, cada vez va siendo más grande que los activos, hasta que llega un momento en que toman esta cantidad o pueden tomar esta cantidad y huyen; o simplemente revienta el asunto.
Es decir, conforme haya flujo, ello puede seguir pagando. Entonces algunos ? ¿qué sugieren? por eso invito a su reflexión. Que estas personas, presuntos delincuentes que continúen trabajando para que puedan pagar, lo que estaríamos proponiendo es que los dejáramos que sigan sorprendiendo a otros mexicanos que les estarían dando su dinero poderles pagar a los primeros.
Yo creo que no tiene un sentido ni legal ni práctico ni adecuado.
Por todo esto, porque nos preocupan todas estas familias, yo considero, compañeros legisladores, que es conveniente que esta propuesta hecha o señalada por el señor diputado guerra, la pudiéramos asumir, pero de una manera diferente. Yo no considero adecuando que la Comisión Permanente forme una comisión con diputados o con legisladores nuestros. Lo que yo creo que es conveniente, es que en un caso en que se afecta a tantos mexicanos, sobre todo, insisto, muchos pusieron sus pequeños ahorros en manos de estas personas, que tengamos un seguimiento.
Y por ello, señor Presidente, cuando me preguntó usted si hablaría en pro o en contra, más bien hago una modificación.
Yo propongo que esta preocupación que creo que todos compartimos, se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas y que sea la Comisión de Gestoría y Quejas la que en su momento le dé seguimiento y oportunamente nos informe sobre este tipo de temas. Yo no creo que convenga hacer una comisión de legisladores específicamente sobre esto, y sí propongo que este tema lo turnemos a la Comisión de Gestoría y Quejas porque en efecto, afecta el patrimonio de muchas familias de mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:- Diputado Juan Guerra, tiene la palabra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Gracias, señor Presidente: Bueno yo, yo compañeros, no hice más que expresar una opinión de la gente cuando señalé que mucha gente se ha entrevistado en el caso de la empresa "Capricornio", con los propietarios y éstos les han expresado eso y la gente me lo ha transmitido. Yo me he reunido con la gente, como el diputado Rodolfo Armenta lo ha hecho en el caso de Baja California, yo en el caso de Sinaloa.
El problema en que sí quisiera que también se tomara en cuenta es que estas empresas no han iniciado sus actividades en el último año o en los dos últimos años. La "Capricornio" tiene como 10 años ya de operar. En el caso de la otra empresa, tiene también ya cuando menos unos 5 ó 6 años de estar operando, que había venido operando. Y tal vez puedan existir más.
Hasta ahora como el problema se presenta en entidades, lo hemos tomado como un problema: "bueno, es asunto de ellos". Pero pueden existir incluso más empresas y yo no sé..., lo que a la gente le llama mucho la atención, es que ellos dicen: "no las detectan. Existen. Saben las autoridades locales y federales que están operando".
Porque no se esconden, eh, no hay manera de esconderse clandestinamente, ir a operar allá y que te vaya llegando a un tugurio de uno por uno de los inversionistas. No, no existe esa manera, pues sería hasta ridículo.
Funcionan con oficinas abiertas al público, todo el mundo lo sabe, las autoridades lo saben. Y luego han operado desde hace varios años. Ahora este..., yo creo que alguien tiene que tomar este asunto y no seguirle sacando la vuelta.
En lo personal, yo hablé a la Secretaría de Hacienda para ver si era posible que me informaran como estaba la situación. Todavía estoy esperando respuesta, a ver si me puedo entrevistar con alguien. La verdad a mi no me interesa porque no es un asunto mío; es un asunto de 50 mil familias y yo creo que debe serlo también de nosotros.
Si lo turnáramos esto a la Comisión de Gestoría, sabemos como opera, yo le reconozco mucho y lo quiero decir a María Inés de su trabajo y su tesón, pero evidentemente a estas alturas en la Comisión de Gestoría quien está operando es la diputada María Inés, y lo hace sobre todo con escritos que dirige a las autoridades. Lo que yo quiero es que asumiendo nuestro papel de representantes populares, incluso yo decía que la propia Comisión podría tener algunas características de aquella región en su composición, hablemos con la gente, hablemos con los gobiernos estatales, con la Procuraduría General de la República de ser necesario, con Hacienda y coadyuvemos en la solución del problema.
La verdad no le veo yo qué problema puede existir al respecto. Creo que sería un comisión plural y creo que lo haríamos con la mejor de las intenciones. Por supuesto que desde ahora hay que advertir que no le vamos a poder nosotros dar las soluciones a la gente que tal vez ella quisiera: reintegrarle todo su dinero. Pero si la gente no sabe muchas veces ni siquiera cuántos bienes incautos, cuánto en operaciones, si se está en una cosa.
Y esto, yo digo puede existir ahí incluso un delito de fraude, o sea, sólo lo supongo. Así escribí incluso el punto. ¿Por qué negarnos nosotros como legisladores a auxiliar a esa gente? No creo la verdad que tengamos ocupaciones tan importantes que no nos permitan atender a esa gente.
Yo lo dejo a su consideración, pero mucho les agradecería que a esto se le diera turno y que evidentemente ya la Presidencia analizara la composición de tal comisión. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador Nicolás Reynés Berezaluce.
El senador Nicolás Reynés Berezaluce: - Señores legisladores, seré muy breve, sólo con un propósito: de que podamos estar orientados en torno a la propuesta que el señor diputado Guerra ha formulado a la Comisión Permanente.
Comparto la opinión del señor diputado Cuauhtémoc Anda, en el sentido se que este es un tema de gran importancia, que no podemos desatenderlo, que debemos estar pendientes con el propósito de que en su momento y determinada la presunta responsabilidad se ejercite acción penal, se castigue severamente y de ser posible estas personas mexicanas recuperen el dinero que aportaron y del que han sido probablemente, como lo dice el señor diputado Guerra, defraudados.
Sin embargo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no tiene facultad para integrar comisiones de este tipo. El artículo 93 Constitucional autoriza a las comisiones a integrar comisiones, pero como lo dice claramente "para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria".
Entonces la propuesta que el señor Cuauhtémoc Anda ha hecho a esta Asamblea me parece la justa por lo siguiente: Ya existe una denuncia de estos hechos ante la Procuraduría General de la República, el propio Procurador General de la República según nos hemos informado todos por la Prensa nacional, ya ha hecho algunas declaraciones sobre el particular. Sabemos que están escapando de la acción de la justicia los presuntos responsables, pero que la Procuraduría seguramente tiene tanto interés como nosotros de que estos hechos se esclarezcan.
Considero pues que esa propuesta del señor diputado Anda es justa, porque esto nos permitiría a todos nosotros conocer , a través de la Comisión de Información, gestoría y Quejas, cuál s el estado que guarda esa averiguación previa e iniciar un seguimiento estricto y, en un momento determinado, poder informar a la Comisión Permanente de los avances que se han tenido en esta materia.
Esto, independientemente de que los diputados en los particular pueden aportar todo su esfuerzo para que estos hechos puedan llegar a esclarecerse.
Yo siento pues que debemos ajustarnos a las disposiciones legales, que debemos interesarnos por este problema, sin lugar a dudas; pero que la solución no es que el Presidente de la Gran Comisión en este momento se ponga a designar una comisión, porque no está facultado para hacerlo conforme a la ley. Y entonces siento, señor diputado Guerra, ojalá que usted comparta esta opinión con nosotros, que debemos estar pendientes todos nosotros, a través de esa Comisión de la Cámara de Diputados, para que en un momento determinado se le haga el seguimiento que propone el diputado Anda a la averiguación que ya existe.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Pido la palabra ya para terminar.
El Presidente: - Adelante diputado Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Solo para decir que conforme a lo que el senador Reynés nos ha establecido, es procedente el curso que se le puede dar por la Comisión de Gestoría y Quejas.
Yo, sin embargo, les invito a los compañeros legisladores que así lo deseen, no como comisión sino en nuestra calidad de representantes populares y de la nación, que integramos una comisión los que estamos interesados para que junto a lo que establece el reglamento y que se hace a través de la Comisión de Gestoría y Quejas, los que estamos de acuerdo y en disposición, integremos una comisión y, evidentemente me refiero a todos los legisladores de estas partes que hemos señalado, y que coadyuven en este caso. tenemos como representantes de la nación y como representantes populares y como representantes evidentemente del Pacto Federal de los estados sobrados motivos y razones para hacerlo, incluso de esta manera. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si considera la propuesta suficiente discutida.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutida la propuesta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente: - Nuevamente le ruego consulte a la Asamblea si se admite o no a discusión la propuesta presentada.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión o no la proposición presentada. Los que estén por la afirmativa. ponerse de pie.
Los que estén porque de deseche la proposición, ponerse de pie... Aprobada.
El Presidente: - Con la aclaración que hizo el diputado guerra y la intervención del Cuauhtémoc Anda, se turna esta propuesta a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, primero, para que determina su competencia; y segundo, para que lleve a cabo lo que estime pertinente sobre el particular.
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la secretaría de Gobernación. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (II)
NOMBRAMIENTO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de relaciones Exteriores, dirigió a esta Dependencia del Ejecutivo, con fecha 13 del actual:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Arabia Saudita. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 14 de agosto de 1991.- El secretario. Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El Presidente:- Se pregunta a la asamblea si ya ningún legislador desea hacer uso de la palabra.
No habiendo, continué la secretaría.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida: - Agotados los asuntos en cartera, se va a proceder a leer el orden del día de la sesión próxima.
«Comisión Permanente.- Segundo Receso.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día.
21 de agosto de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Néstor Mayrén Solano, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Guillermo Hernández López y Fernando Zamudio Santoyo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
Cuatro de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados
militares a los ciudadanos Sergio Augusto Carro Bautista, José Carlos Merino Marín, Eduardo Romero Osorio y Herminio Burgos Domínguez.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Francisco Alfonso Hernández y Morales, para aceptar y usar la Condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de Guatemala.
De la Primera Comisión con proyectos de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Pizano y Saucedo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Francisco Morazán, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Juan Carlos Rodríguez Botello y Martínez Gallardo, para aceptar y desempeñar el cargo de asesor financiero del Presidente de Costa Rica.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el reino de Arabia Saudita.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 15.45 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá el próximo miércoles 21 de agosto, a las 11.00 horas.