Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19920709 - Número de Diario 25
(L55A1P1oN025F19920709.xml)Núm. Diario: 25ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., jueves 9 de julio de 1992 No. 25
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
MINUTAS DEL SENADO (I)
NOMBRAMIENTOS
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar servicios como chofer en la embajada de Tailandia en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PERMISO PRESIDENCIAL
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, durante los días del mes de julio que se requieran a fin de realizar visitas de trabajo a los Estados Unidos de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Francia, Reino de España y a la República de Hungría.
Se dispensa la segunda lectura. Para su discusión interviene los diputados:
Ricardo Valero Recio Becerra, en contra.
Rodolfo Becerril Straffon, en pro.
Ricardo Valero Recio Becerra, para contestar alusiones personales.
Martín Tavira Urióstegui, en pro.
Rogelio Villareal Garza, en pro.
Gonzalo Altamirano Dimas, en pro
Héctor Israel Ortiz Ortiz , en pro.
Se aprueba el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIÓN
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para que pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Se dispensa la segunda lectura, sin discusión se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
De la Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y de Energéticos, con proyectos de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY QUE ARMONIZA DIVERSAS DISPOSICIONES CON EL ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y COMERCIO, LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PARA SIMPLIFICACIÓN FISCAL
Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Cerna.
Para expresar sus opiniones en lo general, hacen uso de la palabra los diputados:
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, en contra.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien solicita un receso de treinta minutos.
Liliana Flores Benavides, en contra.
Roberto Soto Prieto, en pro.
José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, en pro.
José Ramos González, en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Jorge Flores Solano, en pro.
Manuel terrazas Guerrero, en pro.
Para expresar sus opiniones y hacer proposiciones en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Fauzi Hamdan Amad
Rubén Pabello Rojas
Servando Antonio Hernández Camacho
Javier Garduño Pérez
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Ovidio Pereyra García
Javier Garduño Pérez
Roberto Soto Prieto
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Alfredo Lujambio Rafols
Enrique Edgardo Jacob Rocha
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba en lo general y en particular el proyecto de Ley que Armoniza Diversas Disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los Tratados para Evitar la Doble Tributación y para Simplificación Fiscal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
MINUTA DEL SENADO (II)
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Oficio por que se remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión correspondiente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Distrito Federal.
Hacen uso de al palabra sobre este dictamen, los diputados:
Mario Nava Salgado, para proponer una modificación. Se aprueba.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona dos artículos transitorios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Para expresar sus opiniones al respeto, hacen uso de la palabra los diputados:
Juan Ramiro Robledo Ruiz, a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen.
Rosa Albina Garavito Elías, en contra.
Gabriel Mendoza Manzo, para rectificar hechos.
Juan Uzcanga Escobar, en pro.
Amador Rodríguez Lozano, para rectificar hechos.
Juan Gualberto Campos Vega, en contra.
Manuel Garza González, en pro.
Juan Manuel Huezo Pelayo, en pro.
Jesús González Reyes, en pro
Francisco Dorantes Gutiérrez, en pro.
José Porfirio Alarcón Hernández, presenta proposición.
Eloí Vázquez López, en contra.
Irma Piñeiro Arias, en pro.
Javier Centeno Avila, para hacer una proposición.
Se someten a discusión las diversas proposiciones presentadas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona dos artículos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE TABASCO
Denuncia presentada por el diputado Miguel Vázquez Hidalgo, sobre deterioro ecológico en zonas petroleras de dicho Estado.
Sobre el mismo asunto intervienen los diputados:
Juan José Rodríguez Prats, para rectificar hechos.
Juan Antonio Nemi Dib, para rectificar hechos.
Miguel Vázquez Hidalgo
Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
ESTADO DE CHIAPAS
Denuncia presentada por el diputado Hugo Palacios Laguna. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
COLEGIO ELECTORAL
La Asamblea se constituye en Colegio Electoral, para conocer del proceso electoral extraordinario celebrado en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila. Es de primera lectura.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión .
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE ZERMEÑO INFANTE
ASISTENCIA
El Presidente:- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Josafat Arquímides García Castro:- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 389 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente:- Esta Presidencia informa que se encuentran sesionando en algunas oficinas de este recinto algunos de los grupos parlamentarios.
(A las 12.20 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Josafat Arquímides García Castro:- Se va a dar lectura al orden del día.
"Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
9 de julio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minutas
Con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
Con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales en la embajada de Tailandia, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del Territorio Nacional, durante los días del mes de julio que se requieran a fin de realizar visitas de trabajo a Estados Unidos de América, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Francesa, España y a la República de Hungría.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge en grado de Gran Cruz de Caballero Honorario que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos con Proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con Proyecto de Decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los tratados para evitar la doble tributación y para simplificación fiscal.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que
adiciona dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Colegio electoral.
Denuncia sobre el deterioro ecológico en las zonas de Tabasco por Petróleos Mexicanos, a cargo del ciudadano diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo. del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:- En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Josafat Arquímides García Castro:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura.
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día siete de julio de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Gustavo Carvajal Moreno
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos. siendo las doce horas con tres minutos del día siete de julio de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos noventa y cinco, diputados, el Presidente declara abierta la sesión y la Secretaría informa que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se encuentra en una reunión privada, pero que en unos minutos se incorporara a la Asamblea.
La misma Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior y que no hay nadie que la impugne, la Asamblea dispensa la lectura a ese documento y lo aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentran los ciudadanos Alfredo Gómez Gómez y Alberto Monterde Reyes, electos como diputados suplentes en los distritos decimosegundo de Jalisco y trigésimo nono del Distrito Federal y designa a una comisión para que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir sus protesta como diputados federales.
Terminado el acto protocolario, los diputados entran en funciones de inmediato.
La Secretaría da cuenta con los oficios con los que se acompañan los informes que rinde el Consejo Distrital Electoral del Quinto Distrito del Estado de Coahuila y el informe del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre los trabajos desarrollados por ese organismo en la elección extraordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa en ese distrito, así como las resoluciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral respecto a los recursos de inconformidad interpuestos con motivo de ese proceso electoral. Los tres documentos se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a las fracciones primera y octava del artículo vigésimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia.
Hace uso de la palabra el diputado Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos cuarto y vigesimoséptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.
En virtud de que los dictámenes de las comisiones de Hacienda y Crédito Pública, con proyecto de Ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los tratados para evitar la doble tributación y para simplificación fiscal; de la Comisión del
Distrito federal con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito federal y de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, han sido impresas y se están distribuyendo entre los diputados, la Asamblea les dispensa la primera lectura.
Para rectificar hechos respecto de los trámites anteriores, hace uso de la palabra el diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática.
Por las mismas razones que los anteriores, se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona con dos artículos transitorios el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La Secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José María Pérez Gay, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Alemania. Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión, hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional y, para presentar el voto particular del Partido Popular Socialista, el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
Presidencia del diputado
Jorge Calderón Salazar
La discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Jaime Muñoz Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado
Gustavo Carvajal Moreno
Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, en pro; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Luis Dantón Rodríguez Jaime, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite los proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda salir del territorio nacional a fin de efectuar visitas a los Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Hungría y el Reino de España y para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, el primero, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
A las quince horas con cincuenta y cinco minutos, el Presidente decreta un
RECESO
y cita para continuar la sesión el día de mañana, miércoles ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, a las diez horas.
Presidencia del diputado Gustavo Carvajal Moreno
A las once horas con dieciocho minutos del día ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, se reanuda la sesión.
Continúa la discusión en lo general de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y hacen uso de la palabra los diputados: Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana,, en pro; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra; Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Presidencia del diputado
Jorge Zermeño Infante
Para rectificar hechos y contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones;
Presidencia del diputado
Gustavo Carvajal Moreno
Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una
interpelación del diputado Terrazas Guerrero, en dos ocasiones; Pablo Emilio Madero Belden, del Partido Acción Nacional; Francisco Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional y Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Continúa el debate en lo general y se concede el uso de la palabra a los diputados Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en pro; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra.
El Presidente informa que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se acorta el tiempo de tribuna para cada uno de los oradores, a quince minutos.
En su turno para expresar sus opiniones en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Cuauhtémoc López Sánchez Coello, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Francisco Salazar Sáenz, del Partido Acción Nacional, en pro; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra y contesta a una interpelación del diputado Calderón Hinojosa; Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Gaytán Márquez; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista para rectificar hechos.
Expresan su opinión en lo general de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los diputado: Tomás González de Luna, en pro; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rodolfo Toxtle Tlamani, en pro; José María Téllez Rincón, en contra y Javier Centeno Avila, en contra.
Continúan debatiendo los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra, Juan Rodríguez Pratts, del Partido Revolucionario Institucional en pro; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan, para su discusión en los particular, los artículos primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo, octavo, decimoprimero, decimosegundo, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo; vigesimoprimero, vigesimosegundo, vigesimotercero, vigesimoquinto, vigesimonoveno y trigésimo segundo.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiocho votos.
Se inicia la discusión en lo particular de los artículos impugnados y hacen uso de la palabra los diputados Marco Antonio Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición respecto al artículo primero y Luis Beuaregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, quien se pronuncia en contra de la proposición.
A solicitud de la Presidencia, la Asamblea, en sendas votaciones económicas, aprueba que las propuestas de los diputados, así como la votación de los artículos a discusión, se realice al terminar el debate.
para expresar sus opiniones y hacer proposiciones respecto de diversos artículos, hacen uso de la palabra los diputados Pedro Macías de Lara, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo segundo; Irma Piñeiro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, en favor del dictamen; Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo cuarto y Eduardo Cristerna González, del Partido Revolucionario Institucional, apoyando la proposición.
La Asamblea considera suficientemente discutido el título primero Se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el título segundo, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone reformas a los artículos sexto, séptimo y octavo; José Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en por del artículo sexto, conforme al dictamen; Rubén Pabello Rojas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen y acepta una interpelación
del diputado Saucedo Pérez; Francisco Paoli Bolio, quien hace una proposición respecto del artículo séptimo, a nombre del partido Acción Nacional; Layda Sansores San Román, del Partido Revolucionario Institucional, quien opina en contra de la proposición del diputado Saucedo Pérez y en pro de la del diputado Paoli Bolio; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y en el mismo sentido, el diputado Jorge Mendoza Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Continúa la discusión del título segundo y hacen uso de la palabra los diputados Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone una modificación al artículo noveno; Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, a favor de la proposición; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien propone modificación al artículo décimo primero; Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Francisco Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición respecto del artículo decimosegundo y Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones a los artículos decimoprimero y decimocuarto; Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, quien apoya la proposición del diputado Paoli y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, quien propone modificación al artículo decimocuarto.
Presidencia del diputado
Samuel Moreno Santillán
Para continuar el debate de los artículos impugnados en el título segundo, hacen uso de la palabra los diputados Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, en favor del dictamen y de la propuesta respecto del artículo decimocuarto;
Presidencia del diputado
Gustavo Carvajal Moreno
Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional quien propone modificación al artículo decimoquinto; Juan Ramiro Robledo Ruiz, en favor de la proposición del diputado Zavala; José Hernández Avila, del Partido Acción Nacional, presenta proposición respecto del artículo decimosexto; Oscar Pimentel González del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional quien hace una proposición de reforma al artículo decimoséptimo y Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática respecto de este mismo artículo.
La Asamblea considera suficientemente discutido el título segundo y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el título tercero, hacen uso de la palabra para presentar reformas o expresar sus opiniones, los diputados Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional respecto del artículo vigesimoprimero; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y referirse al artículo vigesimoprimero.
El Presidente ordena que la proposición del diputado Becerra González, se reserve para su oportuna votación.
Continúan en el debate los diputados Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en por del dictamen y contesta una interpelación del diputado Aguilar Coronado; Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional, con proposición respecto del artículo vigesimoprimero; Juan Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de esta proposición; Salvador López Sánchez, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo vigesimosegundo; Arturo Montiel Rojas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro de la propuesta del diputado Bravo Mena; Manuel Rivera del Campo, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo vigesimotercero y Miguel Castro Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional, en favor de la proposición sobre el artículo vigesimotercero.
La Asamblea considera suficientemente discutido el título tercero y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Para presentar reformas o adiciones al artículo vigesimoquinto, del título cuarto, hacen uso de la palabra los diputados Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional y Domingo Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática. En pro del dictamen el diputado Luis Dantón Rodríguez Jaime y para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados Alfredo Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Luis Dantón Jaime, del Partido Revolucionario Institucional,
en dos ocasiones y Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el título cuarto y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el título quinto, expresan sus opiniones o presentan proposiciones, los diputados Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo vigesimonono; Raymundo Cárdenas García, del Partido de la Revolución Democrática, respecto de los artículos vigesimonono y trigésimo segundo; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto del artículo vigesimonono; Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto del artículo vigesimonono; Luis Fuentes Mena, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar las proposiciones de los partidos del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana; Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional, a favor de la proposición del diputado Cárdenas Hernández y Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para retirar sus proposición respecto del artículo vigesimonono y apoyar la del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el título quinto y la Secretaría por instrucciones de la Presidencia, somete a consideración de la Asamblea las proposiciones presentadas durante el debate, de las cuales, se aprueban, del Partido Acción Nacional, las que se refieren a los artículos cuarto, séptimo, decimosegundo; decimocuarto; decimoquinto, vigesimoprimero, vigesimosegundo y vigesimotercero; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, las que se refieren a los artículos noveno y vigesimonono; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, las que se refieren a los artículos decimoprimero y vigesimonono; del Partido de la Revolución Democrática, las que se refieren a los artículos decimocuarto y trigésimo segundo y del Partido Revolucionario Institucional, la proposición que se refiere al artículo decimoséptimo.
Desde su curul, el diputado José Antonio González Fernández hace una aclaración sobre una proposición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, misma a la que se le da lectura nuevamente y se aprueba como consta en los documentos del Diario de los Debates.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal de los artículos impugnados, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos ocho votos en lo que se refiere a los artículos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimoprimero, decimocuarto, vigesimoprimero, vigesimosegundo, vigésimo tercero, vigesimoquinto y trigésimo segundo; y por trescientos sesenta y tres votos, en lo que se refiere a los artículos primero, segundo, decimosexto, decimoséptimo y vigesimoquinto.
El Presidente hace la declaratoria correspondiente y se turna al Senado para sus efectos constitucionales.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento veintitrés del Código Penal del Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
El Presidente declara que la Asamblea se erige en Colegio Electoral, para conocer de las elecciones extraordinarias celebradas el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y dos en el quinto distrito electoral federal del estado de Coahuila; da lectura a las bases que regirán los trabajos del Colegio Electoral y la Asamblea, en votación económica, aprueba la proposición de la Gran Comisión para integrar la comisión dictaminadora a la que se turnan todos los documentos del proceso electoral en cuestión.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dos horas con treinta y dos minutos del día nueve de julio de mil novecientos noventa y dos, citando para la que se llevará a cabo hoy mismo a las once horas.»
El Presidente:- Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y, si algún diputado desea alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Josafat Arquímides García Castro:- Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Aprobada el acta señor Presidente.
MINUTAS DEL SENADO (I)
NOMBRAMIENTOS
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:
« Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 7 de julio de 1992.- Senadores: Antonio Melgar Aranda, secretario; Oscar Ramírez Mijares, secretario.»
« MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Australia en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 7 de julio de 1992.- Senadores Manuel Aguilera Gómez, Presidente: Antonio Melgar Aranda, secretario; Oscar Ramírez Mijares, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 7 de julio de 1992.- El Oficial Mayor licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo secretario:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Australia en Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 7 de julio de 1992.- Senadores: Antonio Melgar Aranda, secretario; Oscar Ramírez Mijares, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Australia en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco. Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 7 de julio de 1992.- Senadores Manuel Aguilera Gómez, Presidente; Antonio Melgar Aranda, secretario; Oscar Ramírez Mijares, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 7 de julio de 1992.- El Oficial Mayor licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda desempeñar sus servicios como chofer en la oficina de asuntos comerciales de la embajada de Tailandia en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 6 de julio de 1992.- Senadores: Alger León Moreno, secretario; María Elena Chapa Hernández, secretaria.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar sus servicios como Chofer en la oficina de
asuntos Comerciales de la embajada de Tailandia en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 6 de julio de 1992.- Senadores Manuel Aguilera Gómez, Presidente; Alger León Moreno, secretario; María Elena Chapa Hernández.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 7 de julio de 1992.- El Oficial Mayor licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PERMISO PRESIDENCIAL
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto, por el cual el Senado de la República concede permiso al Presidente de la República, para ausentarse del territorio nacional durante el mes de julio de 1992.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al análisis de la presente, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La minuta con proyecto de decreto por el cual se otorga al Ejecutivo Federal permiso para ausentarse del territorio nacional en el mes de julio de 1992 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el día 7 de julio de 1992.
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conforme al reglamento, ordenó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores".
Esta comisión con las facultades anteriormente referidas se permite presentar el presente dictamen bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
La minuta con proyecto de decreto, por la cual el Presidente de la República solicita permiso al honorable Congreso de la Unión para ausentarse del territorio nacional en el mes de julio del presente año, refiere, que el día 14 de julio ocurrirá en visita de trabajo a los Estados Unidos de América y del 17 al 29 del mismo mes realizará visitas oficiales al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a la República francesa; así como participará en la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en España y realizará una visita de Estado a la República de Hungría.
Refiere la Minuta que uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, para la acción de México en el mundo, es apoyar y promover la cooperación internacional como instrumento idóneo para que la comunidad de naciones alcance mejores niveles de entendimiento y desarrollo. Destacándose la necesidad de incrementar la cooperación y buscar un mayor acercamiento con aquellos centros que inciden de manera decidida en la dinámica y el crecimiento mundial.
Ante este tenor, nuestro país ha ampliado su marco de relaciones con los países de América del Norte, con la Comunidad Europea, con Japón y los países del Pacífico Asiático y con la Europa Central.
Continúa señalando la minuta que: "Nuestro país ha desplegado acciones dirigidas a diversificar sus relaciones y a vincularse de una manera más eficaz con los nuevos centros de la dinámica económica internacional y con América Latina, ámbito de nuestras afinidades culturales o históricas. Con ello hemos ampliado el diálogo político, el acceso de nuestros productos a otros mercados y la cooperación en materia científica y cultural".
Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción X; dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, se encuentra la de dirigir la política exterior y, como uno de los principios, buscar la cooperación internacional para el desarrollo.
Es en este sentido la iniciativa del Ejecutivo y la Minuta enviada por el Senado de la República y esta Comisión, concuerdan en que la visita de trabajo a celebrarse en los Estados Unidos de América, a invitación del Presidente George Bush, tiene por objeto revisar los asuntos
bilaterales más importantes y delicados de nuestras relaciones y , en particular, los desarrollos más recientes como son: la cooperación judicial entre los dos países, el combate conjunto al narcotráfico, los asuntos migratorios y las situaciones constantes de violencia en la zona fronteriza.
La Comisión que suscribe, manifiesta que es necesario e importante sostener el diálogo a todos los niveles y en especial, al que se da en las reuniones de trabajo entre los titulares de los Poderes Ejecutivos de ambos países, con el objeto de mantener un clima de entendimiento, confianza y cordialidad con un vecino con el que compartimos una frontera territorial de más de tres mil kilómetros, a lo largo de la cual se produce un intenso cruce de personas, de bienes y servicios, así como de relaciones comerciales, situaciones políticas y sociales, que siguen siendo preocupación del Gobierno Mexicano.
Otro de los puntos de la agenda a tratar, es el relacionado con las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, los Estados Unidos de América y nuestro país, por lo que se hace importante esta reunión, dado que dichas negociaciones se acercan a su última fase.
Con relación a la visita a Europa Occidental, el Ejecutivo Federal busca profundizar el diálogo político e incrementar las oportunidades de cooperación, así como diversificar y fortalecer los intercambios de nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos.
Es en tal sentido que en las visitas oficiales al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, México ve grandes posibilidades de fortalecer el intercambio, ampliar las conversiones y dar un mejor acceso a nuestros productos. Es interés de nuestro Gobierno, establecer un alto diálogo político con el Primer Ministro, que permita que, en la amistad y el respeto, continúen avanzando nuestras relaciones en el futuro.
Un antecedente de nuestros avances en las relaciones económicas, es que entre 1985 y 1991, nuestro comercio bilateral se duplicó y la inversión británica en México se ha ampliado y consolidado, situación que puede dar una idea del excelente estado que guarda la relación bilateral y la conveniencia de profundizarla e intensificarla, para lo cual el Ejecutivo Federal dialogará con el Primer Ministro de ese país, señor john Major.
En referencia a la visita oficial a la República francesa, la comisión que suscribe, concuerda con la minuta enviada por el Senado, de que la presencia del Presidente de la República, constituye una ocasión para continuar el diálogo con sus autoridades ejecutivas, particularmente con el señor Presidente Francois Mitterrand y con el señor Pierre Beregoboy, Primer Ministro, así como hombres de negocios de ese país, en que tienen interés en los programas de desarrollo de México.
En tal sentido, señala la Minuta, que Francia es un país que ofrece magníficas oportunidades para la diversificación de las relaciones comerciales, financieras, culturales y científicas de México. Su alto grado de desarrollo, así como la complementrariedad con la economía mexicana, han colocado a dicho país en un importante lugar de nuestro intercambio económico.
La firma del Acuerdo Marco de Cooperación México- Francia, en febrero pasado, es un fiel reflejo de la dinámica que han adquirido las relaciones entre ambos países, así como del deseo compartido por darles una vigorosa proyección hacia el futuro.
Otro objetivo de esta visita, es reunirse con los miembros del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el que México despliega un proceso de acercamiento, dado el importante foro internacional que significa éste.
Como otra etapa de la gira de trabajo del Ejecutivo Federal, se encuentra la participación en la II Cumbre Iberoamericana; como consecuencia de la primera, celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la que concurrieron los Jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; en la que se suscribió la "Declaración de Guadalajara", que señaló diversas aspiraciones y compromisos comunes en materia de vigencia de derecho internacional, desarrollo económico y social y educación y cultura y en la que se convino llevar a cabo esta segunda en España.
Esta Cumbre busca propiciar entendimientos y promover mayor número de proyectos de cooperación.
Finalmente, como última etapa de la gira de trabajo a Europa, propone la Minuta, llevar a cabo una visita de Estado a la República de Hungría, primera de un Presidente mexicano a ese país en dieciocho años de relaciones diplomáticas.
La comisión coincide, que siendo Hungría uno de los primeros países de Europa Central en registrar cambios sociales, económicos y políticos en la búsqueda de la renovación de sus estructuras de organización, constituye un reto para el nuevo orden internacional, por lo que es importante impulsar el diálogo y colaboración con sus instituciones, a fin de explorar programas concretos de cooperación bilateral y regional con grandes posibilidades futuras de llevarse a cabo.
Esta comisión se permite señalar que, conforme al turno de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara, se recibió la opinión favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la minuta en estudio, misma que se anexa al presente dictamen.
Por las anteriores consideraciones, esta comisión se permite proponer a la consideración de este Honorable Pleno, el siguiente dictamen que contiene proyecto de:
DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional durante los días del mes de julio que se requieran, a fin de realizar una visita de trabajo a los Estados Unidos de América; efectuar visitas oficiales al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a la República Francesa; participar en la II Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en España; y realizar una visita de Estado a la República de Hungría.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, D.F. a 8 de julio de 1992.
Primera lectura.
El Presidente:- Esta presidencia instruye a la secretaría, consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:- Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Se dispensa la segunda lectura, señor presidente.
El Presidente:- En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto. Esta presidencia informa que se han inscrito los siguientes oradores: En contra, diputado Ricardo Valero: para razonar su voto, el diputado Martín Tavira Urióstegui; para razonar su voto, el diputado Gonzalo Altamirano Dimas; a favor el diputado Rodolfo Becerril Straffon, el diputado Rogelio Villarreal Garza y el diputado Héctor Ortiz Ortiz.
En consecuencia, tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Oscar Ricardo Valerio Recio Becerra:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro voto, como fue anunciado anoche en la sesión que sostuvo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es en contra del dictamen; lo es por razones distintas que me permito comentar con ustedes, unas son de fondo y atañen directamente al contenido de la visita y, otras se refieren a los términos y la forma en que está elaborado este proyecto de decreto en la Cámara de Diputados.
El jueves de la semana pasada, hace una semana precisamente, aparecieron simultáneamente, como información del gobierno de México, dos noticias, separadas, aisladas, sin conexión entre sí, una que daba cuenta de la terminación de las reuniones que se llevaron a cabo en la cancillería mexicana entre delegaciones del gobierno de los Estados Unidos de América y el de México, en relación con los temas de que se ocuparon en las dos semanas anteriores.
La otra anunciaba la aceptación en principio, pero al fin y al cabo la aceptación, para realizar una visita, un viaje a los Estados Unidos por parte del titular del Poder Ejecutivo mexicano, en San Diego, el día 14 del ahora mes en curso.
En la Cámara de Diputados habíamos venido, con razón, tratando el primer tema, en cierta forma se había suspendido nuestro debate y nuestro intercambio de puntos de vista en las sesiones plenarias, de manera general aquí, pero la semana anterior a la que me refiero, se habrían presentado puntos de vista, consideraciones, a
propósito de un tema de la importancia, de la magnitud, del alcance, como es éste.
En cierta forma quiero decirlo ahora aquí hubo una especie de tregua para celebrar algunas consultas y llevar a cabo conversaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto fueron muy útiles en términos de la información que se nos proporcionó. Pero con el propósito de una vez recabada esa información pudiéramos también retomar este tema en la Cámara de Diputados.
El jueves, entonces, también de la semana pasada, la mesa directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores por segunda ocasión en los últimos días, para recibir información a propósito de este tema, información que efectivamente nos fue proporcionada.
Se hizo en la segunda de las visitas, el jueves pasado, por parte de un alto funcionario, el subsecretario A de Relaciones Exteriores, una explicación, acompañada de un balance de lo que habían sido las conversaciones que culminaron la semana anterior.
En esta información se nos dijo, con algún antecedente anticipado, anteriormente, que el propósito principal de las reuniones entre las dos delegaciones, no se había alcanzado, no se había cumplido, pero que el resultado tenía ambos aspectos, lados positivos, lados negativos y así nos fue presentado.
Inicialmente se nos explicó que había por supuesto más de una razón para considerarlo de esa manera, que el requisito sine qua non por parte del gobierno de México para estas conversaciones, radicaba en la repatriación o devolución de los mexicanos secuestrados, sobre todo el doctor Alvarez Macháin, también el señor Verdugo, para tratar junto con esto algunas otras consideraciones. Pero esto era el requisito fundamental calificado como sine qua non por la propia Cancillería mexicana.
Naturalmente existirá el otro antecedente, el antecedente de haber tomado el lunes 15 de julio, al conocerse el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos la decisión por parte del gobierno mexicano de suspender temporalmente las actividades de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico (DEA, por sus siglas en inglés) en México que fue, también debemos recordarlo, considerar por todas las fracciones parlamentarias y por todos los partidos políticos con representación en esta Cá- mara, como positivo y coincidente con sus cri- terios, con los criterios de la Cámara esa medida.
Después vino al día siguiente con una cifra récord la rectificación y se autorizó 24 horas después el funcionamiento de las actividades de esa Agencia en México.
Son pues algunos antecedentes que tenemos que tomar en consideración para analizar que nuestra propuesta conjuntamente, la evolución de estos temas y lo que está en buena medida en la base de la visita del titular del Poder Ejecutivo de México a los Estados Unidos de América.
Los resultados de las reuniones son de muy distinto tipo, varios, no me propongo enumerar todos y menos todavía referirme a cada uno de ellos en detalle, pero si al menos mencionarlos y tratar de extraer de ellos las consideraciones principales, lo sobresaliente en ese sentido.
Por la parte mexicana, primero: Un acuerdo que podríamos llamar intrainstitucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en donde se regulan las actividades no solamente de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico en nuestro país, si no también las actividades que realizan otras agencias de gobiernos o dependientes de gobiernos extranjeros, particularmente los Estados Unidos de América, en el nuestro.
El punto más importante de estos acuerdos intrainstitucionales, intrasecretariales, es el que se refiere a las tareas que de por sí son las que deben concretarse las actividades de esos agentes exclusivamente de enlace con las autoridades mexicanas y algunas más. Pero esa es la principal que bien se sabe ha sido violada de manera sistemática y permanente.
Inclusive en la actualidad tenemos dudas, por lo menos en el pasado y el más inmediato, que no se han constreñido a esto que ahora señala el acuerdo, el decreto, pero que está presente en todos los programas con toda la antelación.
La segunda decisión, el proyecto de modificaciones del Código Penal, para que se penalice con un sentido riguroso, la colaboración de mexicanos en las prácticas de los secuestros y que figure en esa legislación en el Código Penal, tema que ya está desde luego siendo atendido también en el Poder Legislativo y en los próximos días llegará a la Cámara de Diputados.
Adelanto acerca de estas dos cuestiones algunos elementos. No se trata de analizarlos por ahora,
en su momento desde luego también los abordaremos. Pero en primer lugar la característica, el rasgo de ambas, de que se trata de decisiones internas que pudieron haberse tomado ahora o en cualquier otro momento. Pero que son decisiones internas del gobierno y que no tienen necesariamente una vinculación, una relación estrecha ni comprometen de ninguna manera a la otra parte.
Es más, en ninguno de los casos hay la mínima reciprocidad, la mínima reciprocidad siquiera, la intención de las otras partes del gobierno norteamericano de actuar en un sentido siquiera generalmente similar o coincidente paralelo. Son las dos de ese tipo.
En cuanto a las reformas del Código Penal, nos preguntamos desde ahora, existe la figura en las disposiciones legislativas mexicanas, en la Constitución, si es necesario o no.
En segundo lugar, si deberían constreñirse tan sólo a estos delincuentes, los caza- recompensas, como se denomina e identifica ahora, si no deberían considerarse al mismo tiempo y como traición a la Patria, muchas otras actividades tan dañinas, tan perjudiciales para nuestro país, que en tan alto grado lesionan la soberanía por ejemplo y, que están también asociadas con ese tipo de actividades. Por ejemplo y, lo queremos mencionar de manera deliberada, porque es un punto esencial en toda esta problemática, la función, la participación, no de los caza- recompensas, sino de funcionarios de distintas instituciones a nivel federal y a nivel estatal que están asociados, ligados a esta misma práctica y que sin embargo, no quedan contemplados en esta iniciativa, muy limitada para no hablar de muchas otras formas de traición a la patria, que se presentan en el mundo contemporáneo.
Son algunas preocupaciones, las mencionamos, pero quisiéramos seguir centrando nuestra argumentación y nuestro razonamiento en la otra dirección.
¿Qué más se obtuvo como resultado de las conversaciones, de las reuniones en dos semanas?
Primero. La revisión del Tratado de Extradición; ahí no se logró nada. También nos puede explicar, no se logró nada. ¿por qué¿ Por razones de fondo éstas las declaró el embajador de los Estados Unidos en México, el hecho de que el gobierno de ese país ha suscrito más de 100, 102, tratados similares y que entonces no puede dar un trato preferencial o distinto, privilegiar ninguno de estos tratados. Entonces hay una imposibilidad, de entrada, que no se reconoce, sin embargo.
La otra, en el seno mismo de las negociaciones temporal y circunstancial; no se puede modificar el Tratado de Extradición prohibiendo expresamente el secuestro en otros países, tal como corresponde y coincide con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, por consideraciones, por consideraciones y, lo subrayó porque fue la explicación que se hizo, que corresponden al momento político, al proceso electoral que se desarrolla en los Estados Unidos y que impide que se tome una decisión.
Entonces la resolución, el acuerdo en este sentido, es simplemente de carácter formal; se remite el tema al mes de septiembre, cuando va a tener lugar una nueva reunión de la Comisión Binacional, México - Estados Unidos, para volverse a tratar, pero en las mismas circunstancias y con los mismos elementos que desde ahora hicieron imposible la revisión del Tratado de Extradición. Es decir, el proceso electoral en los Estados Unidos y los más de cien tratados suscritos por este país.
Una carta personal del Presidente Bush, dirigida al Presidente Salinas, en donde le dice: "Que no está en la intención del gobierno de los Estados Unidos de América continuar, proseguir con esta práctica". Y hay un compromiso de no hacerlo en el futuro.
Desde luego, no tiene, a diferencia de lo que hubiera sido la precisión en el Tratado de Extradición, ningún compromiso, no se establece ningún compromiso de carácter jurídico y, por otro lado, lo que es obvio, no puede ir más allá de las funciones y la temporalidad de la permanencia de este presidente, el del Gobierno de los Estados Unidos de América, en el poder. Es decir, no puede tener una validez que vaya más allá de este año; seis meses, en el mejor de los casos.
Un elemento fundamental para considerar, para visualizar este problema y que fue reconocido en las conversaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores y creo que no lo debemos de perder de vista, es el siguiente:
A diferencia de lo que se cree, el fallo de la Suprema Corte de Justicia no es un fallo que haya obedecido a una causa iniciada en ese órgano del Poder Judicial Norteamericano, sino a un proceso iniciado por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América. Quiere decir que el mismo Poder Ejecutivo tiene muchas
posibilidades de iniciativas, en relación con ese mismo fallo, una, la más evidente, la más clara, el retiro, la rectificación de su propia demanda, que es del Ejecutivo, no es algo, aun considerando la separación de poderes que puede existir en ese país, algo en que si existiera la voluntad política y la determinación de solucionar un problema, no pudiera al menos iniciarlo el Poder Ejecutivo, el propio presidente Bush. Es al contrario, él mismo lo ha iniciado en esta etapa y en las funciones que le ha correspondido desempeñar en el pasado mediato e inmediato. Ese es el asunto.
Y sobre ese tema que no podemos perder de vista, es el fundamental, porque no se logró absolutamente nada de esas reuniones, más que la promesa, el compromiso, no sustanciado, ni fundamentado jurídicamente, por una parte, ni lo que fueron los objetivos de las mismas reuniones entre estas comisiones que se iniciaron a partir del día 17, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la realidad del asunto.
Por eso, extraña que a posteriori la Secretaría de Relaciones Exteriores haya dicho que el objetivo se cumplió. El Secretario de Relaciones Exteriores manifestó eso, que se cumplió en plazos inusitadamente rápidos. ¿Qué se cumplió?, pues simplemente una reunión que no pudo concluir y que, desde luego, no resolvió el problema principal.
Ese es el asunto de fondo y que en realidad, más que hacernos pensar en que se cumplieron los propósitos de la Comisión y se resolvió satisfactoriamente para los intereses de México, en realidad, por decir lo menos, se aplazó lo que era el objetivo fundamental del país.
Recuerdo y, casi es innecesario hacerlo, que el gobierno mexicano calificó el acto y el fallo de la Suprema Corte como contrario a las disposiciones y a las normas del derecho internacional. Segundo, que se dijo que era, ese mismo acto, una ofensa y una lesión muy seria a nuestra soberanía. Lo que quiere decir que no es que se hayan cumplido los objetivos que se trazó el gobierno de México al propiciar la reunión de las comisiones, sino más bien que se vio obligado, cuando por vez primera tomó una decisión que le podría permitir no solamente mantener la dignidad y el ejercicio de su soberanía, sino tener también capacidad de negociación, la de la suspensión de las actividades de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, que rectificó de inmediato y, posteriormente la aceptación del viaje en estas condiciones de la visita a los Estados Unidos.
Ese es el tema, ése es el asunto, ésa es la cuestión de fondo. Cuando no está resuelto esto que en los mismos términos empleados formalmente por el gobierno de nuestro país, se produce el propio viaje. Y ni siquiera hay una explicación o una manifestación definida de que el propósito del viaje mediante el diálogo, en el que todos nosotros, en todo caso, estamos de acuerdo, pudiera ser el que estuviera en la base de la aceptación de la visita. Más bien son otros los elementos los que tendríamos que tomar en consideración para entender el porqué de la aceptación de la visita y cuál es el objetivo que en ella se procura, en ella se busca.
En realidad lo que ha quedado de manifiesto y, esto es la materia principal de nuestra preocupación, es la altísima vulnerabilidad y la debilidad de las posiciones del gobierno de México. Esto es así porque como lo hemos mencionado y ahora ha quedado perfectamente evidenciado, hay un propósito que es, a pesar de que se sostenga formal y retóricamente lo contrario, el que está dirigiendo y orientando las decisiones básicas esenciales de la política exterior de México y es los que significa para el actual gobierno mexicano la suscripción del Tratado de libre Comercio, el Tratado Trilateral, éste es el objetivo al que se subordinan las demás cuestiones a más de asuntos que ignoramos en todo caso, no lo sabemos a ciencia cierta, pero de otros elementos de juicio, de otras evidencias de información, esté en manos del gobierno norteamericano acerca de lo que es la realidad del funcionamiento del narcotráfico y las complicidades en el caso de México y que se pongan sobre la mesa o se utilicen en el momento de las negociaciones.
Por el contrario, la decisión en este momento debería ser una exacta y diametralmente distinta a lo que es la decisión de aceptar la invitación, la convocatoria como también se ha dicho. En ningún otro momento como éste se hace indispensable para la salvaguarda de los intereses de México la suspensión provisional, si se quiere, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio como ahora. En primer lugar porque bien se sabe que no va a poder ser ratificado en este mismo año sino con posterioridad a que culminen las elecciones en los Estados Unidos. En segundo lugar porque la moneda está en el aire, no se sabe cuál será la composición del próximo Congreso Norteamericano y ahí habrá la ratificación indispensable. No se sabe tampoco cuál será el resultado electoral norteamericano y se sabe por otro lado de las distintas visiones y posiciones que tienen los candidatos para ocupar la Presidencia de la República de ese país pero sobre todo es extraordinariamente riesgoso para
nuestro país porque en un momento como este, electoral, en donde fundamentalmente se trata sobre todo en los Estados Unidos de asegurar clientelas, las posibilidades de una posición legible, favorable a los intereses de México se reducen, se minimizan, de hecho se desvanecen.
Esa es la propuesta, esa debería ser la iniciativa, la que correspondiera a la gravedad; si vamos a ser medianamente congruentes con nuestras formulaciones frente a hechos extraordinariamente serios y lesivos para nuestro país, como el fallo de la Suprema Corte de Justicia y, todo lo que la presidió y la acompañó y desde luego la perspectiva del Tratado de Libre Comercio; pero no se va suspender esa negociación por la sencilla razón de que para este gobierno, como también lo hemos subrayado y lo repetimos ahora, las políticas fundamentales, económicas y sociales, las modificaciones muchas de las modificaciones en el Poder Legislativo frente a las iniciativas del Ejecutivo han tendido a pavimentar precisamente la aplicación de ese Tratado de Libre Comercio en nuestro país; de eso depende, de una expectativa extraordinariamente riesgosa que implica en cálculos del mismo gobierno mexicano que por medio de ese tratado haya un flujo mínimo de 15 mil millones de dólares anuales, de ese tratado depende no sólo el funcionamiento de la relación bilateral o trilateral si se quiere, sino de la economía con sus tendencias neoliberales y privatizadoras actuales, sino también la estabilidad del país y por supuesto la renovación en los términos estrechos, cerrados, la reproducción del mismo grupo tecnocrático en el poder.
Todo eso es lo que está en juego y por eso es que no ha habido vacilación para ir a los Estados Unidos; a tratar, como dice la iniciativa, de manera general, ciertos asuntos, pero sobre todo asegurar la federación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y expresar por primera vez en la historia, al menos contemporánea del país, una preferencia muy clara por una candidatura, la del Presidente Bush para su reelección en los Estados Unidos de América
Por eso y en esa parte, estamos en desacuerdo en la visita.
En lo que hace al Proyecto de dictamen, seré más rápido, pero quiero mencionar los principales elementos:
Primero, hemos mantenido... hemos sostenido y hemos impulsado en la Cámara y parece ser una preocupación en la que coincidimos pero que sin embargo no se practica y no se cumple, al menos del todo, de que la Cámara, como dijo ayer un diputado del Partido Revolucionario Institucional, cumpla un trámite; no queremos ser una Cámara de trámite, una Cámara simplemente que le de entrada y le ponga un sello a las iniciativas provenientes del Ejecutivo, entre ellas la que ahora tenemos a consideración.
No, no se trata de eso. Se trata de emitir una opinión, un punto de vista que podemos desde luego convenir y que corresponda a la visión de la Cámara de Diputados sobre una variedad muy importante de asuntos que están involucrados en estos temas, en esta visita tal y como puede ser desarrollada, e inclusive está planteada pero que no figuran aquí.
Se trata de dos etapas en un viaje durante el mes de julio; las consideraciones con respecto a la primera, que es la central, las hemos hecho. En cuanto a la segunda, queremos decir también en esta tribuna, que somos favorables a la realización de ese viaje en todas sus etapas, en los cuatro países y para las actividades que ahí se anuncia en Europa, lo cual no nos libera sino por el contrario, nos compromete y nos obliga a dar una opinión fundada y algo más que simplemente la aprobación en base a generalidades.
Nos preguntamos por ejemplo, nos preguntamos si la Cámara de Diputados o cada uno de nosotros que la integramos, no podemos decir algo, no nos podemos hacer algunas preguntas, como por ejemplo una muy elemental: si se está cumpliendo la diversificación indispensable y ofrecida por el gobierno mexicano en las relaciones internacionales del país con esta visita, ¿en dónde quedó, en dónde quedó el interés de hace dos años que señalaba la Cuenca del Pacífico como el área prioritaria?, ¿cuándo sabemos, porque está en la información, que se difieren sin fecha para poder realizarse visitas de Estado a esos países, de la parte mexicana?.
Le ruego, señor Presidente, me permita unos minutos para poder concluir. Muchas gracias.
No debemos preguntarnos ¿porqué no ha habido reciprocidad de parte de los gobiernos de los países que ahora se visitan?
El Jefe del Ejecutivo Mexicano estará por segunda vez en España y ya realizó una visita de Estado, no ha habido reciprocidad; el Primer Ministro de la Gran Bretaña no ha venido a México, ninguno de los primeros ministros; el Presidente de Francia no ha venido a México, sin embargo es la segunda visita.
Hay un asunto ahí en relación con la reprocidad y del cual no es del todo lejano el asunto de la terminación, de la culminación del Tratado de Libre Comercio. Se quiere saber que niveles, qué márgenes hay de esa diversificación o qué tanta dependencia no se confirma por parte de México con la suscripción de esos tratados hacia los Estados Unidos.
Frente a Hungría o la visita a Hungría, podemos plantearnos muchas cuestiones, siquiera pensar un poco en el tema. ¿No sabemos que es uno de los países que tiene las más altas posibilidades dentro de los países que pertenecieron a las comunidades socialistas, a los países socialistas del este, de incorporarse vamos a ver en qué términos esa experiencia, a los procesos de integración económica europeos, cuando estamos en etapas coincidentes aunque con diferencias muy notables?
Y frente a la cumbre de países de Iberoamérica que se celebrará la segunda cumbre en Madrid, ¿no tenemos una sola idea qué plantearnos?, ¿o acaso no sabemos que por ejemplo entre los países participantes los de la península Ibérica tiene un gran interés?, pero en su prioridad; su prioridad está concentrada en Europa y en cambio nosotros pretendemos colocar formalmente la prioridad ahí cuando la prioridad debería estar en el marco por supuesto también de la construcción de la comunidad iberoamericana pero en la integración de América Latina como paso previo y expresado y presente en la propia cumbre.
¿No podemos decir nada? ¿No se nos ocurre que esta segunda cumbre va a tener lugar durante el quinto aniversario del Encuentro de Culturas de Mundos etcétera, y no alguno de nosotros, algún diputado, puede expresar alguna opinión, por ejemplo frente al tratamiento que debe ocupar en esas celebraciones la visión, el punto de vista de los grupos indígenas en nuestro país?, pero no...
El Presidente: - Permítame, señor diputado, permítame tantito. Pido a los compañeros que guarden respeto para el orador que pidió un tiempo razonable para terminar su intervención. Continúe usted, señor diputado.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Muchas gracias, señor Presidente y culmino esta exposición en breve.
Si se revisa este proyecto de dictamen, podrán identificarse algunas cuestiones muy claramente. La primera, que aunque tiene elementos importantes de consideración, la minuta del Senado de la República no hace sino reproducir en palabras más o menos cambiadas más bien en el orden, lo que ya dice la iniciativa del Ejecutivo y, que el proyecto de decreto por parte de la Cámara de Diputados no hace sino hacer suyo o no va más allá de hacer suyo simplemente lo que la minuta de la Cámara de Senadores establece.
Entonces cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel. Primero, hay cuestiones de fondo en el viaje que no son considerados aquí.
Dijimos el día de ayer inclusive, frente a una petición que atendimos de un compañero diputado, en el sentido de que si podíamos diferenciar nuestro voto, haciendo la separación y la división entre las dos etapas, a favor de la visita a Europa y consideraciones distintas en cuanto al encuentro en San Diego y dijimos que sí; lo que ocurre es que no sabemos si de manera deliberada, deliberada lo es pero con qué intención, el decreto es único y, aquí no quisimos hacer siquiera un esfuerzo para que el decreto tuviera los dos elementos, los dos planos que nos permitieran opinar en una dirección y en otra. Entonces, por inoportuno, por contrario a lo que incluso el gobierno mexicano ha declarado en relación con el tema del narcotráfico, en relación con el tema de la soberanía, consideramos, con el proceso electoral que se lleva a cabo en los Estados Unidos, la preferencia marcada por vez primera en favor de un candidato, la incorporación a su campaña, por todo eso ratificamos: estamos en contra de la visita a los Estados Unidos y de ese encuentro y, en cuanto a la segunda parte, aunque estamos a favor con consideraciones que podríamos haber hecho en un marco distinto, en la Cámara de Diputados, en donde no simplemente se reprodujeran generalidades y no se aportaran los elementos que tenemos obligación de aportar, que son los que se contienen en la iniciativa, nuestra opinión es en este sentido en contra del proyecto que ahora se presenta y se dictamina. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Ricardo Valero.
Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra el señor diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su permiso señor Presidente.
Nunca será suficiente hablar sobre las bondades y aciertos de nuestra política exterior. Este rubro
es quizá uno en donde mayor coincidencia de las distintas fracciones parlamentarias existe.
En relación a los recientes sucesos que derivaron del fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, esta Cámara hizo un pronunciamiento político en donde calificó ese fallo de criminal y de aberrante.
Se ha cuestionado posteriormente que la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, de suspender sólo por unas cuantas horas la operación de las actividades de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico en México y después modificar esa posición, significaba a los ojos de algunos la queja y pérdida de dignidad.
Lo que se olvida es que esa decisión de la Cancillería mexicana obedeció a un propósito táctico fundamental, que el de llamar la atención al más alto nivel en el país vecino, para que se reanudara un diálogo y se establecieran nuevas condiciones para la operación de los agentes de esa organización en nuestro país. Logrado el propósito no tenía sentido prolongar la decisión, puesto que la colaboración que existe entre ambos países a ambos beneficia. Tan solo el día 15 de junio, en que se hizo el anuncio público de esta decisión, por consecuencia de la colaboración que existe entre policías de ambos países, se decomisaron una importante cantidad de kilogramos de cocaína.
En los diez días en que duró la negociación, igualmente hubo decomisos de significación que acumulan el éxito de esta política de colaboración. No tenía pues sentido cancelar un esfuerzo fundamental de colaboración, para contrarrestar el tráfico y la producción de estupefacientes. Lo que sí tenía sentido era llamar la atención de las altas autoridades del país vecino, para revisar la decisión de la Suprema Corte de Justicia y eso lo hemos hecho con dignidad, con apego a los principios, en seguimiento de la trayectoria diplomática de nuestro país. ¿O a caso no es diplomacia negociar y conversar¿ ¿Acaso no es diplomacia y un éxito en que en todo el mundo haya habido manifestaciones de condena al fallo de la Suprema Corte de Justicia¿ ¿No es acaso un éxito de la diplo- macia mexicana en el en América Latina, en Europa, en Canadá, haya habido condenas en voz alta al fallo de la Suprema Corte de Justicia? Sin duda de que éste es uno de los éxitos logrados en esta negociación.
Que no se consiguió todo. Cierto. En ninguna negociación se consigue todo. No es aparentando olvidos o escondiendo la historia como vamos a construir una relación respetuosa y constructiva. Tenemos presente siempre nuestra historia; nunca hemos coincidido en materia de política exterior con Estados Unidos. Tenemos serias diferencias, ayer, hoy y probablemente mañana.
Cerca de 240 millones de cruces fronterizos hablan de las dificultades y de la complejidad de nuestra relación con el país vecino. Tenemos problemas de límites, de plantas que se quieren construir a cien kilómetros en materia de desechos tóxicos, tenemos intervenciones frecuentes de la policía fronteriza, tenemos un sinnúmero de problemas con este país, que es el más poderoso del mundo.
El hecho de que un incidente, por importante que éste haya sido, no deba contaminar las otras facetas de la relación, no supone abandonar la política de principios, pero tampoco supone romper el diálogo, romper las pláticas. Este asunto no está concluido. Si hubiese necesidad de buscar argumentos, que no los hay, porque la petición del presidente es bastante clara, en opinión nuestra, yo utilizaría los propios argumentos del compañero Ricardo Valero para justificar el por qué es conveniente un acercamiento al más alto nivel entre el presidente de México y el presidente de los Estado Unidos, porque en ese diálogo se puede hablar de muchas otras y entre otras de los recientes acontecimientos que han sacudido nuestra conciencia nacional y han nutrido nuevamente las raíces y las esperanzas de nuestro nacionalismo viviente.
La entrevista que sostendrán no tiene por otro lado un carácter oficial, es una invitación que nos hace el primer mandatario y habría que evaluar ¿qué es lo que pudiera significar un desaire a una invitación? Porque no se trata sólo de decir que es inoportuna e inconveniente; ir o no ir, tiene consecuencias políticas. Se trata de un encuentro, que aunque no tenga el viso oficial, como lo es el caso del recorrido que hará por varios países de Europa, tiene un alto significado político, más hoy que se han recrudecido las intervenciones de la policía fronteriza en nuestro país y que han sido motivo de preocupación por parte de todos los diputados; más hoy que la Suprema Corte de Justicia quisiera hacer legal sus leyes fuera de sus fronteras, darle extraterritorialidad al acervo jurídico norteamericano.
Hoy se justifica este viaje, no es el primero. Desde noviembre de 1988, se encontraron los presidentes Bush y Salinas y ahí se hablaba en Houston del Espíritu de Houston, del espíritu que habría, a través del diálogo, de permear el grueso de nuestras relaciones con ese país.
¿Que es una prioridad la política con Estados Unidos¿ Sí lo es, sí lo es por muchísimas razones, que se han dicho aquí hasta la saciedad. Una frontera de más de tres mil kilómetros, una población mexicana de 4.7 millones en Estados Unidos que podía llegar a 15 si consideramos a todos aquellos americanos de origen mexicano. Porque tenemos más de 44 puntos fronterizos. porque comerciamos más del 70% con ese país. Porque tenemos problemas en materia de límites de aguas, de narcotráfico, de producción, etcétera, tiene prioridad.
Pero también es cierto que no hemos puesto los huevos en una sola canasta. En estos últimos años se han abierto más de cinco Embajadas en la Cuenca del Pacífico. La política de acercamiento en América Latina es reconocida en todo el continente. El Presidente Mitterrand recientemente ha subrayado el activismo de la política exterior mexicana y le ha dado un amplio y público reconocimiento.
Nosotros pensamos que este viaje es parte de esta beligerante, dinámica política exterior que se ha emprendido y consolidado en estos años. La Agencia Federal contra el Narcotráfico opera aquí desde 1973, sin embargo, cuando el ex subsecretario Valero fungía como tal en esa época, no había habido reglas de operación para esta agencia internacional.
Es en estos, justamente en estos años, cuando los límites para que esta agencia opere en el país han sido hechos públicos. Ha habido acuerdos de colaboración mutua, tratados de orden jurídico en varios planos. Se dice que no es original la aportación de nuestra Cámara en relación a este tema.
Primero, hay que recordar la Constitución que, con toda precisión en la fracción X del artículo 89 señala que es atribución del ejecutivo la política exterior.
En segundo lugar, habría que decir que aquí debatimos, opinamos, no porque consideremos este es asunto de mero trámite. La política exterior, como la interior, son temas de interés nacional, son temas que atañen sobre todo a la representación popular. Pero no podemos extralimitarnos en nuestras funciones violentando lo que establece nuestra Carta Magna.
La política exterior la ejecuta el ejecutivo valga la redundancia. Nosotros aquí evaluamos esta política exterior, año con año y en cada vez de las 38 visitas que el Presidente ha hecho en estos años al extranjero, hemos debatido de asuntos que competen a México con el extranjero.
Que la política exterior está supeditada al Tratado de Libre Comercio, falso. Nos interesa efectivamente el Tratado de Libre Comercio. Nos interesa vincularnos al mundo global hoy en curso. No nos interesa dejarnos arrastrar por la marejada de los acontecimientos. Sentimos que sería altamente irresponsable una política de autarquía y de cerrazón.
Tenemos que enfrentar, hoy, las nuevas condiciones del mundo, la nueva fábrica mundial que hace un automóvil producido en Detroit se haga con partes de 16 países en 16 partes del mundo. No podemos estar ajenos a este mundo global.
Tampoco se trata de incentivarnos de manera crítica, se trata de estar acorde con los tiempos que corre y la política exterior ha respaldado en todos sus ámbitos de acción este gran proyecto en el que estamos hoy inmersos y que es el que se vértebra alrededor de la modernización nacional.
Aquí se ha hablado de los limitantes del Código Penal, se ha hablado de las reglas para operación de la Agencia Federal contra el Narcotráfico. Se ha dicho que la carta personal del presidente Bush, no tiene ningún significado. Yo pienso por el contrario, que aunque no tenga los alcances que quisiésemos que tuviera, expresa una voluntad política expresa del Presidente del vecino país para que las cuestiones se resuelvan por medio del diálogo. Se dice que esta carta en el mejor de los casos tendrá un alcance de 6 meses.
¿Acaso podríamos esperar en estas a veces rijosas relaciones con el país vecino, tener una garantía de siglos para el desarrollo de nuestras relaciones?, creo que las negociaciones difíciles que se sostuvieron recientemente estuvieron preñadas de avances; avances en varios sentidos y no todo está dicho.
Quizá y ese sería nuestro deseo, el presidente pudiese convencer al Presidente Bush, de que el gobierno norteamericano pudiera establecer una decisión diferente a aquélla que adoptó el fallo de la Suprema Corte.
Se ha dicho que no somos originales. Yo acabo de leer una buena parte de la versión estenográfica de este debate en el Senado y también encuentro que hay muchas cosas en común entre lo que ha dicho mi colega y lo que ha dicho otro compañero de su partido en el Senado.
¿Dónde está pues la aportación?, si estamos hablando de originalidad seamos parejos. Aquí
hemos hecho un balance de la política exterior muy apresurado. Pero básicamente hemos considerado en el dictamen, la importancia que tiene para México el que el presidente Salinas vaya a San Diego, esté en la Cumbre Iberoamericana que hará una revaloración de la declaración de Guadalajara, le dé seguimiento a los acuerdos para evitar la doble tributación que se sugirió con Francia y se aceleren las negociaciones para aumentar las relaciones económicas con Inglaterra que en los últimos cinco años se han duplicado.
En el caso de Hungría y con esto termino, es importante destacar que después de 18 años de relaciones diplomáticas, es la primera vez que un Presidente mexicano acude a ese país y eso significa una entrada importante a los países del Este, que también forman parte de la configuración económica mundial.
Por lo anterior, solicito a mis compañeros diputados, aprobemos el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Rodolfo Becerril.
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el señor diputado Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente muchas gracias; compañeras y compañeros diputados:
Sí se establece el diálogo, incluso la polémica bienvenida; no es con el propósito de prolongar este punto y menos aún de aplazar otros que pertenecen a la agenda que nos hemos propuesto para el día de hoy.
Sin embargo, hay una serie de inexactitudes y de interpretaciones arbitrarias, de cuestiones que hemos planteado en lo dicho por el señor diputado Rodolfo Becerril, hace un momento. Señalamientos que pueden aparentemente ser ciertos. Pero deducciones que deforman la verdad de lo que hemos sostenido y reiteramos ahora aquí:
1. Que nos oponemos a los encuentros entre jefes de Estado y no privilegiamos el diálogo y la negociación, como instrumentos de acercamiento y de negociación. Exactamente lo contrario. Creemos en el diálogo; creemos en estas visitas de jefes de Estado al más alto nivel. El problema es de otra naturaleza y éste se elude. El problema es qué se plantea un gobierno y en qué circunstancias, o un jefe de Estado y de qué instrumentos se vale o utiliza para tener condiciones en el desarrollo de ese diálogo.
Por ejemplo, a estas alturas ¿cuál iniciativa de las que se anunciaron la semana pasada se ha cumplido¿ Algunas de entrada, por ejemplo, ya se cancelaban con argumentos por cierto, si no falsos, al menos discutibles.
Llevar el asunto del fallo de la Suprema Corte de Justicia a la Corte Internacional de La Haya, por ejemplo. ¿Dónde está esa iniciativa? Digo que se descalifica porque al mismo tiempo se dice que los Estados Unidos de América no reconoce, el gobierno norteamericano no reconoce competencia o jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y eso qué? A veces se la concede y a veces no. El problema es que nos decidamos a presentarla bajo cualquier término, se trate del caso de los mexicanos secuestrado en México y trasladados a los Estados Unidos de América, o se trate simplemente de la fundamentación del fallo y su contradicción abierta con las normas de derecho internacional.
Pero ¿en dónde está la iniciativa, dónde está la iniciativa en la Corte Interamericana de Justicia, dónde hay alguna? Todo esto más otro tipo de decisiones son las que le darían posibilidades y una mejor capacidad y posición de negociación en la entrevista. Pero no se da nada de esto, sino por el contrario, dejándolas de lado, así se presentó.
Entonces el problema no es tanto en la reunión y el diálogo en sí mismo, sino de los elementos con que se cuenta y que sí están disponibles y que no se utilizan deliberadamente o porque no se desea tener otro efecto, que correspondiera, éste sí, a la defensa, a la protección del interés mexicano.
La expresión internacional de condena al fallo, a la decisión de la Suprema Corte sea un triunfo de la diplomacia mexicana ¡Falso¡ El alcance de ese fallo, aun que se refiere a México o a un connacional mexicano, tiene efectos internacionales y es lo que han repudiado y con mayor precisión que lo ha hecho el gobierno de México, muchos otros países en defensa de sus intereses.
Quisiéramos, por ejemplo, que nos hubiéramos aproximado como país, a lo que los países del Cono Sur y de otras latitudes, pero sobre todo a seis países del Cono Sur, expresaron en relación con lo que significa la violación al derecho
internacional contenido en ese fallo. Ese es le asunto. Que no se considera, no se contemplan en nuestras consideraciones la existencia de un mundo de relaciones global es ¡Falso¡ Falso porque el problema no es ése, el problema es la necesaria puesta en consideración y análisis crítico de esa visión, pero sobre todo, el pensar que de esa contemplación de lo que ocurre en las relaciones internacionales contemporáneas, hay una sola vía, que es la vía que sigue el gobierno de México y que lamentablemente nos llevan, no a la diversificación como se proclama, sino la concentración de la dependencia y de la construcción, la profundización de un solo canal lineal o el mayor, el definitivo en nuestras relaciones internacionales hacia los Estados Unidos, que es una de las consecuencias y no por cierto secundaria, del tratado de libre Comercio en los términos en que se negocia.
¿Qué, que se hizo en el pasado inmediato en relación con las reglas del narcotráfico¿ Se hicieron otras cuestiones, pero ese no es el asunto; las reconocemos son necesarias. Lo que nos preguntamos es por las reciprocidades ¿Dónde están las reciprocidades que espera o que busca México y que no se dan?
Y, por último, no se logró el objetivo de las conversaciones, atraer la atención era una primera parte, se sabía que eran las bases para la extradición o el traslado de los mexicanos. Ese es el punto. Si éste fuera el propósito de la visita a San Diego, tendríamos otras consideraciones qué hacer. No siendo ese el caso entonces no es claro, ni muchísimo menos que haya...
El Presidente: - Señor diputado Valero, con todo respeto.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Gracias.
El Presidente: - Gracias. Y pido a los compañeros diputados que tengan respeto para los oradores.
Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, el señor diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; distinguidos compañeros diputados:
Los viajes del Presidente de la República no son buenos ni son malos en sí mismos, depende de los objetivos que un Presidente de la República se propone alcanzar mediante los viajes al exterior.
¿Cuántas veces los Presidentes de la República han sido criticados por sus frecuentes salidas del país?. Pero hay que juzgar los frutos que se han obtenido con los mismos. Recordemos los esfuerzos de algunos Presidentes, como López Mateos, por ejemplo, que tenía todo el interés de diversificar nuestros canales de comercio, para que México fuera cada día más independiente de la potencia del norte. Fue el único Presidente y eso hay que reconócelo, que se atrevió a declarar en la propia Casa Blanca que el problema número uno de México era el de los Estados Unidos.
Hay múltiples y complejos problemas que afrontar en política exterior. Desde luego, como aquí se ha dicho, hay múltiples cuestiones entre México y los Estados Unidos que el gobierno de nuestro país necesita encarar con patriotismo, con decisión mexicana, basada siempre en las normas del derecho internacional y en las tradiciones de nuestro pueblo.
Se han mencionado esos problemas, pero es necesario reiterar una y otra vez.
Yo diría, compañeros diputados, que muchos de los principios de la política internacional de nuestro pueblo han surgido de nuestras relaciones con el país del norte. Si nosotros revisamos los principios proclamados por
Venustiano Carranza el 1o. de septiembre de 1918 y en donde delineó de una manera muy clara los principios de la política internacional de nuestro país, se dieron en un momento esos pronunciamientos en que las agresiones de los Estrados Unidos estaban a la orden del día. Parece una paradoja, parece una paradoja, pero la contribución de los pueblos al enriquecimiento de los principios de las normas del Derecho Internacional se han dado en confrontación con las grandes potencias, el Derecho Internacional de nuestro tiempo no lo han hecho las grandes potencias, lo han hecho los pueblos que han luchado por su libertad, por su soberanía, por su independencia.
Naturalmente que hay múltiples problemas entre México y los Estados Unidos, ¿Quién lo ignora?, nuestro pueblo ha contribuido con su talento al desarrollo de la economía de los Estados Unidos, el Estado de California que puede competir en su desarrollo económico en el comercio con grandes países del mundo debe en gran parte su pujanza a la presencia de nuestros connacionales
que trabajan en el campo, trabajan en las fábricas y por qué no decirlo, también iluminan la cultura de aquél país. Pero a pesar de que nuestro pueblo ha dado su sudor, su sangre y su talento al desarrollo económico de los Estados Unidos no recibe los beneficios que reciben los propios nacidos allá; se les niega los derechos sociales, se les niega el respeto a los derechos humanos, el maltrato, el encarcelamiento, los atropellos a nuestros connacionales están a la orden del día, ese es un grave problema que debe estar en la agenda permanente de las relaciones entre México y Estados Unidos.
Los atropellos frecuentes a la seguridad, a la soberanía de nuestro país, los basureros tóxicos con que nos amenaza el imperialismo, la construcción de la barda de cemento que causaría daños incontables a alas fuentes de abastecimiento del precioso líquido en la Baja California, en fin compañeros diputados, las intervenciones de la policía norteamericana en nuestra vida interna, aquí se ha ponderado los beneficios de lo que se llama la colaboración entre la Agencia Federal contra el Narcotráfico Y la Policía Mexicana se dice colaboración que ha contribuido que en los últimos tiempos se hayan podido capturar a delincuentes y decomisar cuantiosos cargamentos de estupefacientes, pero yo diría compañeros diputados, por encima de los éxitos en la lucha contra el narcotráfico está la soberanía y la independencia de México, lo reiteramos, lo reitero una vez más en nombre del Partido Popular Socialista en esta tribuna, México tiene los elementos técnicos y humanos para afrontar el problema del narcotráfico sin que una policía extranjera esté metida en nuestro territorio y causando incontables problemas.
El secuestro de nuestros connacionales por parte de los Estados Unidos es otro problema que no debemos olvidar, ya hemos hablado de este asunto en esta tribuna, la gravedad que reviste que el más alto tribunal de justicia de los Estados Unidos amenace no sólo al pueblo de México sino a todos los pueblos del mundo; México claro ha protestado, pero falta mucho por hacer, nosotros hemos reiterado nuestra demanda de que le caso se lleve a dos vertientes, a la vertiente política que es la Asamblea General de las Naciones Unidas y la vertiente estrictamente jurídica que es el Tribunal de la Haya.
Porque en efecto, el artículo 36 del Estatuto de ese Tribunal puede esclarecer con conflictos; es decir el Tribunal de la Haya tiene jurisdicción para interpretar los principios y las normas del derecho internacional y también para dar una opinión fundada sobre las relaciones entre dos o más países.
Es un recurso que México deba utilizar; que el gobierno norteamericano no quiere someterse al tribunal, allá su decisión antijurídica; allá su posición prepotente, pero desde luego el no someterse a una decisión del Tribunal de La Haya significa un reto al mundo, un reto al derecho internacional, un reto a la moralidad internacional.
Nosotros quisiéramos que en el próximo período de sesiones de la Asamblea General de los Estados Unidos, resonará la voz de México proponiendo solución es concretas a esta práctica política de los Estados Unidos de agredir a los pueblos y de pisotear las normas y los principios del derecho internacional.
Compañeras y compañeros diputados, éstos son los asuntos prioritarios, no el Tratado de Libre Comercio, no el Tratado de Libre Comercio, éste es asunto prioritario para el gobierno del señor Bush, considera que puede engarzar a nuestro país al bloque del norte donde el imperialismo norteamericano tiene la hegemonía.
El Plan de las Américas, o la Iniciativa de las Américas no tiene otro propósito más que el de establecer un bloque de competencia con los otros dos en donde los Estados Unidos tengan la voz, la palabra, la decisión, la hegemonía.
Para nuestro pueblo no es prioritario el Tratado de Libre Comercio.
Que vamos a recibir ríos de dólares para que vengan a fomentar el desarrollo económico, en o compañeros diputados no va a se la solución para nuestro desarrollo independiente.
La experiencia de tantos años demuestra que el desarrollo, entre comillas, de los países con capital extranjero, forja economías cada vez más dependientes La experiencia de México es aleccionadora, por eso la demanda de las fuerzas revolucionarias durante mucho tiempo fue la detener una ley que condicionara, que sujetara a las reglas de nuestro país, la inversión extranjera, porque la inversión extranjera pueda deformar el desarrollo económico; puede descapitalizar a nuestro país; puede contribuir a que la economía en suma, se someta a la economía poderosas; la economía de México se someta a la economía de los Estados Unidos.
Nosotros no estamos de acuerdo, como ustedes ya lo ha conocido, en este Tratado de Libre Comercio entre dos economías desiguales, asimétricas, porque hay que ver la experiencia que tiene Canadá.
La pequeña y mediana industria en ese país, han ido sucumbiendo con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos y los efectos comenzamos a verlos en México.
Ahora bien, por lo que respecta al viaje a Europa Es correcto que se busquen nuevas vías para nuestro comercio, para nuestras relaciones económicas. Estamos de acuerdo en que México debe seguir haciendo esfuerzos para diversificar su comercio exterior, porque no debe ser una fatalidad histórica, las fatalidades están descartadas o deben estar descaradas en la lucha de nuestro pueblo. No es una fatalidad histórica que nosotros precisamente tengamos esta relación eterna, en donde más del 70% de nuestro comercio se hace con el país del norte. La vecindad nos obligará naturalmente a mantener los vínculos, pero nosotros necesitamos salir de esta camisa de fuerza, salir al mundo para poder comercial con todos los pueblos.
Es una oportunidad que no se deba perder la segunda reunión de la Cumbre Iberoamericana que va a tener lugar en Sevilla.
¿Cuál fue la experiencia de la primera? Nosotros lo dijimos. Una de la virtudes de la Cumbre de Guadalajara fue ésta, haberse reunido nuestros pueblos de América Latina con los dos de Europa con quienes tenemos parentesco cultural sin el permiso, sin la asistencia, sin la autorización de los Estados Unidos; es decir, fue una manifestación de independencia de nuestros países y la Declaración de Guadalajara debe enriquecerse ahora, nuestros pueblos deben reiterar su decisión de ser libres, de no estar sujetos a hegemonías económicas y políticas, de forjar su unidad por sí mismos, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, etcétera, porque nuestros pueblos tienen muchas cosas en común, sus economías tienen simetría y entre nosotros hay intereses de hermanos para defender juntos nuestro desarrollo.
La voz de México debe hacerse oír en aquel país. Ninguna amenaza para América Latina debe pasar desapercibida. Cuba debe ocupar su lugar como lo ocupó en Guadalajara; su gobierno debe gozar del respeto con que fue recibido por los jefes de Estado de Guadalajara. Nada contra Cuba porque Cuba hoy, pésele a quien le pese, representa una trinchera de la independencia y la soberanía de nuestros pueblos; a pesar de que es un país pequeño, con 10 millones de habitantes, tiene la autoridad moral para decirle a sus hermanos de América Latina; juntos debemos nuestro destino. sin hegemonías externas.
Compañeras y compañeros diputados: la cumbre que ahora va a tener lugar, la Cumbre Iberoamericana, en Sevilla, debe acentuar los pronunciamientos de dignidad nacional. Es una oportunidad que el gobierno mexicano no pueda desaprovechar.
Tribuna de la Haya, Asamblea General de la Naciones Unidas, pero es posible, es conveniente, es oportuno que la Cumbre Iberoamericana haga un pronunciamiento contundente en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Nuestros pueblos no aceptarán jamás que un país por poderoso que sea, aplique sus leyes más de las fronteras y que secuestre nuestros connacionales de rango que sean para juzgarlos en su propio territorio, porque ésta en una ofensa a nuestra soberanía, a nuestra dignidad que no podemos tolerar jamás; ésta es una oportunidad que México no pueda desperdiciar, para que México, con la dignidad que lo ha caracterizado en su política internacional, levante su voz y los pueblos todos de América Latina tentados en aquel foro, hagan una condena unánime contra esta política de hegemonismo, esta política de soberbia de un coloso que se niega a oír la voz de la razón, la voz del derecho, la voz de protesta de los pueblos del mundo.
El Partido Popular Socialista por mi conducto, señoras y señores diputados, está de acuerdo en dar su voto para que el Jefe del Ejecutivo salga a este viaje, pero con estas consideraciones, con estas posiciones contundentes nuestras, que consideramos con las posiciones de las fuerzas más avanzadas de México y ¿por qué no decirlo?, de las fuerzas que están aquí en el parlamento Mexicano, dentro y fuera del Partido Revolucionario Institucional. Todos juntos, las fuerzas patrióticas, debemos manifestar nuestro sentimiento de unidad nacional para cobijar a nuestro pueblo de las asechanzas del exterior.
Compañeras y compañeros diputados, en estos momentos difíciles, nosotros no hablamos solo de la unidad de las fuerzas revolucionarias o antiimperialistas simplemente, hablamos de la unidad nacional, como se habló de la unidad nacional en los años cuarenta, cuando México y los pueblos del mundo afrontaban las amenazas de fascismo; volvemos a levantar la voz de la unidad nacional, para que nuestro pueblo tenga la fuerza suficiente y se enfrente a los peligros y pueda decirle al mundo; aquí está nuestra historia, aquí está nuestro pueblo conducido por nuestros grandes hombres del pasado, listos nuestros pueblos y nuestros grandes hombres a dar una nueva batalla para la independencia
nacional y para la dignidad del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Gracias señor diputado Martín Tavira.
Para hablar en pro tiene el uso de la palabra el señor diputado Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rogelio Villarreal Garza: - Con su venia señor Presidente: Compañeras y compañeros diputados:
Coincidimos con la tesis planteada por el Partido Popular Socialista en materia de relaciones exteriores y, coincide en gran parte con las tesis de mi dilecto amigo el maestro Tavira.
Efectivamente maestro Tavira, nuestro país debe de encarar con patriotismo, las ofensas a su soberanía, ala falta de respeto a la soberanía. Por supuesto que sí, por supuesto que coincido con usted en esa unidad nacional en la lucha por la soberanía de nuestra nación; por supuesto que coincido con usted en ese llamado a la unidad nacional, parta que nuestro Presidente se afrente y encare el problema de la soberanía nacional.
Quiero anotar, maestro Tavira, que el promedio de todos los acuerdos en la Lucha del narcotráfico es el respeto a la soberanía y que precisamente cuando se altera ese problema, cuando se altera la soberanía, surgen serios problemas entre los países.
Hoy nos ocupamos en esta ocasión de un dictamen para aprobar el viaje del presidente a los Estados Unidos y a algunos países de Europa y, hemos concentrado fundamentalmente es la atención en Estados Unidos, en Estados Unidos por los acontecimientos ocurridos últimamente. Pero efectivamente, las entrevistas entre los ejecutivos de México y Estados Unidos, han sido frecuentes: el 22 de noviembre de 1988, siendo presidente el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se realizó la primera de una serie que nuestro presidente ha realizado y si mal no recuerdo, con esta que se discute en esta sesión son 10 entrevistas y, seguramente han de multiplicarse, porque nuestras relaciones tienen una acción, una dimensión y una dinámica muy significada, que aunados a la intrincada y compleja interacción económica, política y social, derivadas de una serie de asuntos en que los más importantes habrán de plantearse con patriotismo en esta ocasión.
Seguramente. seguramente esta entrevista a de ser fundamental para el destino de México.
Nuestra frontera con Estados Unidos de Norteamérica es la más grande del mundo que existe entre dos países. Por eso hay que reconocer en esta realidad el adentrarse en los temas de cooperación y complementación y anotar con mayúsculas, resolver con respeto a las soberanías de ambos estados, el encontrar los caminos para resolver con entereza las diferencias que nos separan y que en estos momentos seriamente nos afectan y con certeza atender las dificultades que puedan gravar las zanjas de nuestras diferencias.
Nuestras relaciones demandan civilidad, respeto, justicia, entendimiento, confianza y éste es precisamente el momento en que el Ejecutivo de México ha de plantear nuestro problema en cuanto a nuestras relaciones.
No podemos aislarnos; ahora más que nunca necesitamos de serios y profundos planteamientos. Es frecuentemente, en estos momentos, cuando se ha de tratar y encontrar caminos para mejorar nuestras relaciones.
Por eso yo insisto y solicito de ustedes su voto aprobatorio para este dictamen Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Rogelio Villarreal Garza. Para razonar su voto, tiene el uso de la palabra el señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas del Partido Acción Nacional.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor presidente. Compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer fue sometido a la consideración de las Comisiones de Gobernación para su estudio y dictamen y, de relaciones Exteriores para su opinión, el asunto que toca en estos momentos discutir.
Queremos decir previamente a este respecto, que ojalá con las reformas al Reglamento Interior del Congreso, la Comisión de Relaciones Exteriores esté en posibilidades, ya no solamente de dar una opinión sino también de tener una intervención conjunta con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se ha mencionado en esta tribuna por los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, que el diálogo y la negociación, son formas de entendimiento no solamente entre los hombre sino entre los pueblos efectivamente.
Pero si solamente el diálogo y la negociación como tal fuera forma de relacionarse en el terreno internacional, el Congreso de la Unión,
la Cámara de Diputados no estaría en estos momentos discutiendo lo que establece el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde faculta al Congreso de la Unión para autorizar el permiso al Presidente de la República, el permiso para ausentarse del territorio nacional.
En este contexto debemos de ver la simpleza del texto y la importancia de lo que estamos discutiendo en estos momentos. Ya de alguna manera lo dijo Martín Tavira que hay que analizar los objetivos propuestos en la iniciativa, qué objetivos van a tener los viajes y qué beneficios va a obtener nuestro país.
Aunado a esos objetivos hay que analizar también las circunstancias políticas en que se dan estos viajes. Ha habido otras coacciones en que la autorización al Presidente se da sin discusión alguna porque vemos como principio que el diálogo y la negociación entre los pueblos en un punto importante para esta interdependencia entre las naciones.
Solamente que ese viaje que realiza el Presidente de México se da en circunstancias especiales que ya de alguna manera han sido tocadas en esta tribuna. En efecto, después de la decisión de la corte norteamericana respecto a uno de los secuestros perpetrados en nuestro país, atrajo no solamente la atención de los mexicanos y la protesta de los mexicanos, no solamente por ese secuestro sino por otros más que se han dado en territorio nacional.
Esa forma de pretender hacer se justicia por parte de un país, es reprobable y lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora. No solamente la comunidad nacional se expresó en contra de esas formas de pretender hacer justicia, los jefes de estado de la mayoría de los países latinoamericanos o la totalidad podríamos decir, se pronunció en contra de esa decisión de la Corte norteamericana y en contra de los secuestros como forma de hacerse justicia por parte del país del norte.
Posteriormente vinieron negociaciones al más alto nivel, que ya se nos ha informado en esta tribuna, de las reuniones que ha tenido la Comisión de Relaciones Exteriores con funcionarios de la propia Secretaría.
Además de lo que la propia prensa dio cuenta respecto a las negociaciones, se habló de la actuación de la Agencia Federal contra el Narcotráfico en nuestro país; se habló del tratado de extradición que ya se nos dijo, va a ser analizado posteriormente y no pudo ser modificado en esta ocasión.
Y también se habló de un intento frustrado por parte de nuestros funcionarios de firmar un memorándum de entendimiento en el cual las autoridades norteamericanas deberían de comprometerse a respetar la soberanía de México y a desterrar el secuestro como forma de hacerse justicia.
El propio Secretario de Relaciones Exteriores, Solana, reconoció que las negociaciones no habían sido satisfactorias. Así con este marco de resultado se nos informa de un viaje del Ejecutivo a varios países europeos y a los Estados Unidos.
Obviamente que es necesario que el Ejecutivo vaya a una y a otra parte; a una a Europa, a seguir fortaleciendo los lazos que nos unen con esos países, a buscar nuevos mercados económicos que requiere nuestro país y a seguir abriendo las expectativas de entendimiento.
Pero también es necesario que se hable al más alto nivel, con el Presidente de los Estados Unidos, para definir aquellos asuntos que no pudieron concretarse en éste. En las reuniones con funcionarios del más alto nivel, pero sin llegar al Poder Ejecutivo. Ahora es el momento; ahora debe ser la oportunidad para el Presidente de Estados Unidos, enmiende algunas de las situaciones irregulares y de las agresiones que ha sufrido nuestro país.
Ojalá y ese encuentro sea motivo para que se den buenas noticias y las relaciones de México y los Estados Unidos no se estanquen.
Solamente que queremos hacer una consideración: la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Presidencia de la República, deben de tener la sensibilidad para analizar el entorno y la situación en que se están dando estas relaciones.
A nosotros, a la bancada de Acción Nacional, nos hubiera gustado que este encuentro se hubiera dado en un marco distinto; tal vez unos metros más hacia nuestras fronteras y no en la forma en que se está dando en estos momentos. Pero consideramos también que la situación, las relaciones con los Estados Unidos, no es la óptima en estos momentos y es necesario entrar al diálogo, al entendimiento, para zanjar esos problemas que están debilitando estas relaciones.
Con estas salvedades para que en lo futuro los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la propia Presidencia de la República, analicen con mayor profundidad el entorno y tengan una mayor sensibilidad hacia el futuro de los encuentros en todos estos mandatarios, nosotros vamos a dar nuestro voto aprobatorio porque consideramos que México debe de mantener su exigencia de respeto a la soberanía y de superar otros problemas que nos dividen con el país del norte. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra el señor diputado Héctor Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Ortiz Ortiz: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He venido a esta tribuna para expresar las razones que a mi juicio fundamentan la necesidad de que el Honorable Congreso de la Unión autorice al Titular del Poder Ejecutivo Federal ausentarse del territorio del país para realizar varías y muy importantes visitas de Estados, los días 14 y 17 al 29 de los corrientes.
Nadie en este Honorable Cuerpo Legislativo desconoce que los signos de nuestro tiempo son de la interrelación entre naciones, de que en nuestros días no existe posibilidad de subsistencia en condiciones mínimas de bienestar para la población, si no se dan a partir de la cooperación internacional.
De ahí la importancia que nuestro país amplíe su participación y presencia en el mundo, diversifique sus relaciones y se vincule de una manera más eficaz con los centros de la dinámica económica internacional, fortalezca nuestros principios de política exterior y preserve y acreciente nuestra soberanía nacional.
Nunca como ahora ha sido fundamental la visita que el Presidente de México realice a los Estados Unidos de América. Las relaciones entre ambos países son complejas por su multiplicidad y su naturaleza. Los programas contra el narcotráfico, la negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y otros temas, requieren que se mantenga un diálogo permanente, con respeto recíproco que garantice una relación sana con nuestros vecinos del norte.
La presencia de singular número de jefes de estado y de gobierno de Iberoamérica en Guadalajara el año pasado, constituyó en espacio de convergencia, de aspiraciones y compromisos comunes. La Segunda Reunión Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en España, justifica la necesidad de que el Presidente Salinas asista con la representatividad, con la representación que dignamente ha sostenido en todas sus visitas al exterior.
Las visitas que el titular del Poder Ejecutivo se propone realizar a Gran Bretaña y Francia, serán sin duda de utilidad trascendental para el país. El comercio bilateral se ha incrementado notablemente en ambos países y esta visita diversificará y enriquecerá nuestros contactos con esas naciones.
La reunión del Presidente Salinas con los jefes de estado, fortalecerá una relación estrecha con estas naciones.
Ya se ha dicho aquí que la visita del Presidente de México será la primera que un presidente nuestro realice a esa nación en 18 años de relaciones. La circunstancia de que Hungría hayas sido uno de los primeros países de Europa Central que registrara cambios sociales, económicos y políticos, de gran trascendencia, justifica la presencia del Titular del Ejecutivo en ese país, para incrementar la cooperación y el diálogo entre ambas naciones.
Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, solicito a esta Honorable Asamblea otorgue su voto favorable a la autorización, para que el titular del Poder Ejecutivo pueda ausentarse del país en las fechas indicadas y hacer realidad los propósitos que se han enunciado en la iniciativa, cuyo proyecto de dictamen se ha debatido ampliamente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias señor diputado Héctor Ortiz.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
El secretario Jaime Rodríguez Calderón: - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el Proyecto de Decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
El secretario Jaime Rodríguez Calderón: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 356 votos en pro y 20 votos en contra.
El Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 356 votos.
El secretario diputado Jaime Rodríguez Calderón: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
CONDECORACIÓN
El secretario Jaime Rodríguez Calderón:
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge en grado de Gran Cruz de Caballero Honorable que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge en grado de Gran Cruz de Caballero Honorario que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 8 de julio de 1992.- Diputados Presidente, César Augusto Santiago Ramírez; secretarios, Salvador Valencia Carmona y Juan de Dios Castro Lozano; José Octaviano Alniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Juan José Bañuelos Guardado, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Eloy Cantú Segovia, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllas, José M. Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo M., Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unsueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana."
Es de Primera Lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a difusión y votación de inmediato.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. señor Presidente.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta que contiene proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales enviadas por la honorable Cámara de Senadores.
Esta Comisión, en apego a los artículos 56, 64 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; 87, 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis del presente asunto, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La minuta que contiene el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, fue turnada para la honorable Cámara de Senadores y presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados el día 2 de julio de 1992.
Conforme al reglamento el Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados, ordenó lo siguiente: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
Esta Comisión conforme a los preceptos anteriormente señalados y tal y como lo refiere la Minuta, materia del presente dictamen, celebró, en atención al acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los diversos grupos partidistas que integran el Congreso de la Unión, trabajos en conferencia con representantes de la honorable Cámara de Senadores el día 29 de abril de 1992
Con base a los trabajos realizados los miembros de la Comisión que suscribe se permite presentar el siguiente dictamen, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La minuta que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, señala que esta Ley fue publicada el 14 de mayo de 1986 en el Diario Oficial de la Federación y cuyo objeto es "regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal", cuyo fundamento se da en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa presentada por el Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, refiere que: "Las entidades paraestatales típicas de la administración pública federal se encuentra reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ordenamiento que busca reforzar su autonomía de gestión, a través de mecanismos que faciliten sus relaciones con
el Gobierno Federal, confiriendo una mayor capacidad de decisión a los órganos de gobierno".
En el párrafo segundo del artículo 3o. de la citada ley, se excluye expresamente a la Procuraduría Federal del Consumidor de la observancia de esta ley, en virtud del objetivo y la naturaleza de las funciones que desarrolla esa entidad y que basa su organización, funcionamiento y control apegada a las normas que se establecen en la Ley Federal de Protección de Consumidor.
Atendiendo que el Constituyente Permanente, aprobó las reformas de los artículos 27 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión aprobó la Ley Agraria, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 28 de enero y 26 de febrero del año en curso, a través de las cuales se le otorga el rango Constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la fracción XIX, del citado artículo 27 posibilitó la creación de un organismo para la procuración de la justicia agraria, mismo que fue creada a través de la Ley Agraria, la minuta que remite la colegisladora, atendiendo el sentido de la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, busca que estos organismos atendiendo a su naturaleza se encuadren en la hipótesis del segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Respecto a la Procuraduría Agraria, es necesario señalar que en el artículo 134 de la Ley Agraria, ya refiere que ésta, es una organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizados de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Por lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiere que, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
En tal sentido y atendiendo a las funciones y a los objetivos que persiguen tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Agraria; la primera: protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o contenidos en tratado o convenciones internacionales vigentes en la República; y la segunda: con funciones de servicio social, encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas; cada una apegándose a lo dispuesto por las leyes aplicables a las mismas: Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ley Agraria, respectivamente, resulta congruente la propuesta, desde la iniciativa y consecuentemente la minuta en estudio de excluirlas de la observancia de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Respecto de las modificaciones a la iniciativa, se buscó la adecuación de las reformas que el Congreso de la Unión ha realizado a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en particular, se omite la mención que se hace con respecto a entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, del texto de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y que dicha referencia se realice, como es correcto, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se propone modificar los artículos 9o.; 10 y 68, preceptos en que se otorgaban responsabilidades compartidas a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Programación y Presupuesto; y por lo que hace a los artículos 12; 16; 24, en su primer párrafo; 39, en su segundo párrafo; 41; 51 y 58 en sus fracciones IX, XIII Y XVIII, la referencia se realizará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anteriormente expuesto y con las facultades anteriormente citadas, la Comisión que suscribe se permite proponer a la consideración y aprobación de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., segundo párrafo; 9o, primer párrafo; 10, segundo párrafo; 12; 16; 24, primer párrafo; 25, fracción V; 32, primer párrafo; 39, segundo párrafo; 41; 51; 58, fracciones IX, XVII y 68, primer párrafo de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:
Artículo 3o.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Federal del Consumidor, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento.
Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá miembros en los órganos de Gobierno y en su caso en los comités técnicos
de las entidades paraestatales. También participarán otras dependencias y entidades, en la medida en que tenga relación con el objeto de la entidad paraestatal de que se trate; todas ellas de conformidad a su esfera de competencia y disposiciones relativas en la materia.
Artículo 10.
Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, harán compatibles los requerimientos de información que se demanden a las dependencias y entidades paraestatales racionalizando los flujos de información.
Artículo 12. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación, la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la Administración Pública Federal.
Artículo 16. Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.
Artículo 24. Los organismos descentralizados deberán inscribirse en el Registro Público respectivo que llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 25.
I a IV.
V. El acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la dependencia coordinadora del sector en su caso que señale las bases de la fusión, extinción o liquidación, de conformidad con las leyes o decretos que ordenen las misma, y
VI.
Artículo 32. Cuando alguna empresa de participación estatal mayoritaria no cumpla con el objeto a que se contrae el artículo 30 o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraestatal desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la enajenación o participación estatal o en su caso su disolución o liquidación. Para la enajenación de los títulos representativos del capital de la Administración Pública Federal, se procederá en los términos que se disponen en el artículo 68 de esta Ley.
Artículo 39.
La dependencia coordinadora del sector al que corresponda la empresa, en lo que no se oponga a su regulación específica y de conformidad a las normas establecidas al respecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intervendrá a fin de señalar la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o partes sociales y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa.
Artículo 41. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien será el fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, cuidará que en los contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá existir obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 51. En la formulación de sus presupuestos, la entidad paraestatal se sujetará a los lineamientos generales que en materia de gasto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a los lineamientos específicos que defina la coordinadora de sector. En el caso de compromisos derivados de compra o de suministro que excedan el período anual del presupuesto, éste deberá contener la referencia precisa de esos compromisos con el objeto de contar con la perspectiva del desembolso a plazos mayores de un año.
Artículo 58.
I a VIII.
IX. Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los convenios de fusión con otras entidades;
X a XII.
XIII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las empresas de participación estatal mayoritaria. En los casos de los excedentes económicos de los organismos descentralizados, proponer la constitución de reservas y su aplicación para su determinación por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XIV a XVI.
XVII. Aprobar las normas y bases para cancelar deudas a cargo de terceros y a favor de la entidad paraestatal cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Coordinadora de Sector;
Artículo 68. La enajenación de Títulos representativos del capital social, propiedad del Gobierno Federal o de las entidades paraestatales, podrá realizarse a través de los procedimientos bursátiles propios del mercado de valores o de las sociedades nacionales de crédito de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, México, D. F. a 8 de julio de 1992.
Es de primera lectura.
LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se ha distribuido entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos.
Honorable asamblea : a las comisiones unidas de Gobernación de Puntos Constitucionales y de Energéticos de esta honorable Cámara de Diputados todos les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 56, 57 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis y estudio de la presente iniciativa, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
La iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios fue enviada por el Titular de Poder Ejecutivo Federal y presentada ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 2 de julio de 1992.
Conforme al Reglamento, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara, dictó el acuerdo de turnar la iniciativa para su estudio y dictamen a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos.
En reunión posterior, realizada por el pleno de dichas comisiones se acordó integrar un grupo plural de ambas comisiones para que elaborara el Proyecto de Dictamen correspondiente.
Asimismo, se realizaron trabajos en Conferencia con un grupo de Senadores y miembros de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos, con el objeto de intercambiar opiniones sobre la iniciativa en estudio.
Con fecha 7 de julio de 1992, el Director General de Petróleos Mexicanos, compareció ante el pleno de las comisiones unidas, para informar
sobre el alcance y contenido de la iniciativa propuesta. En esa comparecencia todos los Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara, formularon preguntas que fueron contestadas; de igual forma fijaron la posición de su partido, habiendo recibido comentarios del director acerca de dichas posiciones
Es pertinente dejar establecido que todas las intervenciones fueron sumamente útiles para definir los motivos, justificaciones y alcances de la iniciativa, lo que se incorporó a este dictamen en lo esencial.
Además de lo anterior, el grupo plural sesionó para analizar y tomar en cuenta los puntos de vista vertidos en la comparecencia y los que cada Grupo Parlamentario consideró conveniente integrar al presente dictamen.
En virtud de los expuesto, las comisiones unidas se permiten presentar las siguientes
CONSIDERACIONES
El dominio directo de la Nación sobre el subsuelo desde 1917, y su exclusividad en la explotación y aprovechamiento del petróleo y el gas desde 1940, fueron decisiones políticas fundamentales que fortalecieron al Estado mexicano.
En cada etapa de su historia, Petróleos Mexicanos se actualizó para responder a los intereses de la nación. La expropiación de las instalaciones petroleras no fue por sí sola, la condición del aprovechamiento integral de este recurso Petróleos Mexicanos ha crecido, siendo hoy una empresa pública fundamental para la economía nacional, y para impulsar permanentemente el desarrollo social y económico del país.
A partir del programa de modernización el sector energético, Petróleos Mexicanos asumió la tarea de acelerar su transformación para hacer frente a los crecientes requerimientos del mercado nacional y a los riesgos de la compleja competencia que se afronta en los mercados internacionales, incrementando la eficiencia de la industria petrolera en beneficio del país.
Esta empresa ha cumplido con la responsabilidad que el Estado le asignó. Desde su origen, sus actividades han crecido en el marco de la ley y su dimensión demanda reestructurar su organización, ya que ha multiplicado su tamaño y se hace necesario agilizar y simplificar procedimientos para aprovechar al máximo sus potencialidades.
Las comisiones unidas toman en cuenta que el proceso actual de reestructuración de esta entidad se inició en la presente administración, a fin de garantizar la modernización energética del país con abastos cada vez más cercanos a la calidad y precios internacionales que alienten, sin deteriorar la sana competividad de todo el aparato industrial nacional y al mismo tiempo incrementen la generación de excedentes petrolíferos, reduciendo costos y realizando una explotación racional de las reservas.
El proceso de modernización pretende alcanzar la excelencia productiva, equilibrar líneas de producción, suprimir dispendios desarrollar la seguridad industrial y garantizar la de la población, cuidar la ecología y en síntesis, hacer más con menos y hacerlo mejor.
La comisión reconoce que existe rezagos así como avances y que debe acelerarse el proceso de modernización. Por ello la iniciativa tiene por objeto adecuar la organización de Petróleos Mexicanos, para realizar las actividades operativas que abarca la industria, por medio de organismos descentralizados subsidiarios, con autonomía técnica y sin menoscabo de la unidad de acción de la industria petrolera estatal.
1. El Estado y el petróleo
Petróleos Mexicanos, ha tenido una gran significación en la historia contemporánea. Su origen deriva de una decisión en defensa de la soberanía nacional; su desempeño refleja la capacidad de los mexicanos para construir una empresa de la mayor envergadura en el escenario mundial, que ha sido siempre un símbolo del nacionalismo mexicano y columna vertebral del desarrollo del país por el sorteo que ha otorgado a los diversos sectores de la producción y a la economía en su conjunto. Asimismo, ha dado seguridad en la obtención de recursos vitales y para acceder a los recursos financieros que permiten satisfacer las demandas nacionales.
La nacionalización de la industria petrolera tuvo lugar en el contexto de un mundo cambiante en donde había que refrendar y fortalecer la soberanía nacional. El petróleo es un recurso estratégico para el crecimiento y la seguridad mundial, por ello es ambicionado y genera disputa entre las naciones.
Para México, ha significado múltiples posibilidades en la toma de decisiones estratégicas para la economía nacional, el intercambio comercial con el mundo, y en la capacidad de negociación en el ámbito internacional.
El petróleo ha permitido al Estado mexicano sortear la transición de la década de los ochenta y sentar las nuevas bases productivas que permitirán al país caminar hacia el siglo XXI, con mayor certidumbre y mejores oportunidades. Esta es la responsabilidad de sociedad y gobierno durante estos últimos años del milenio.
Las transformaciones aceleradas del orbe, nos exigen tomar nuevas decisiones para mantener nuestro desarrollo. Hemos de cambiar para enfrentar desafíos inéfitos, ratificado principios y funciones esenciales del Estado.
Con el propósito de dar sustento a nuestro futuro como selo dieron con gran visión los Constituyentes de 1917 y los hombres de la exportación en 1938, hemos de seguir aprovechando racionalmente los recursos naturales, en especial el petróleo, en beneficio de todos los mexicanos y para fortalecer la soberanía nacional.
2. El petróleo y su marco legislativo
La Costitución de 1917 consagra la propiedad de la Nación sobre todos los recursos naturales y, en particular, del subsuelo. El petróleo, no obstante, se mantuvo regulado por las disposiciones en materia de minería, hasta la primera Ley Reglamentaría del 16 de diciembre de 1925 que conserva el otorgamiento de concesiones a particulares, aun cuando declara de utilidad pública la industria Petrolera.
Son conocidas las causas que motivaron la expropiación de los bienes de esta industria: conflictos laborales, negociaciones infructuosas, amenazas de suspendasión de abasto, con la consecuente paralización del transporte y de la industria; y por último, el desacato a la resolución del más alto Tribunal de la Nación.
Después de la expropiación, el 8 de junio de 1938 se crea Petróleos Mexicanos por Decreto del Congreso de la Unión, institución pública que poco tiempo después absorbe a todas las entidades del gobierno que realizaban distintas actividades de esta industria.
El siguiente paso fue la reforma constitucional de 1940, que termina con el régimen de concesiones para la explotación petrolera.
Las leyes emanadas de la Cosntitución en materia de petróleo, fueron ampliado paulatinamente las tareas que conformaban a la industria petrolera estatal y adecuado su estructura a fin de satisfacer nuevos requerimientos sociales, por razones o innovaciones tecnológicas, por mayor disposición de recursos financieros, o por la ampliación e incorporación de nuevos sectores.
En la Ley Orgánica de 1940, la industria petrolera sólo comprendía "el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo". La Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional de 1941, amplió las actividades de la industria petrolera, para considera dentro de ella a "la explotación, el transporte, el almacenamiento, al refinación y la distribución del petróleo, así como la elaboración y distribución de gas artificial."
La Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1958, suprime definitivamente la posibilidad de otorgar concesiones y establece las bases de un sistema jurídico petrolero conforme con el texto constitucional, como lo manifiesta en su exposición de motivos, que señala: "...reformada la Cosntitución en el sentido de que nos e expidan concesiones y que sea la Noción la que lleve a cabo la explotación del subsuelo, el gobierno debe aplicarse directamente a la explotación integral del petróleo.."
En 1960 se adiciona el precepto establecido" que en materia de explotación del petróleo no se otorgarán concesiones, no contratos, no subsistirán los que en su caso se hallan otorgado," con lo que se integra el texto vigente hasta la fecha.
En el marco de la Ley Orgánica vigente, se modificó el funcionamiento tradicional de las subdirectores operativas de Petróleo Mexicanos, para convertirlas en divisiones especializadas, estructuradas por línea integradas de negocios.
Conforme se expresa en la exposición de motivos de la Iniciativa, han transcurrido más de treinta años desde que la Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo inció su vigencia.
Las divisiones operativas cumplieron con sus propósitos; por lo tanto, es conveniente avanzar creando un conjunto de organismo avanzar creando un conjunto de organismos públicos descentralizados; el primero con el carácter de superior de la industria petrolera nacional y 4 con el carácter de subsidiarios encargados de la gestión técnica operativa.
Los requerimientos de la modernización de Petróleos Mexicanos implican acelerar el paso en la formación de una nueva cultura institucional que obliga a descentralizar funciones y responsabilidades; que cada persona sustante los
valores de la eficiencia, la innovación, la seguridad y al preservación del medio ambiente con sistema de evaluación de resultados que premien la productividad.
Recogemos como compromiso político de la administración la necesidad de que Petróleos Mexicanos sea económicamente eficiente, competitivo, que maximice resultados y minimice costos, sin abandonar su papel como importante instrumento de la política económica y social del Estado. Reconocemos que para lograr estos propósitos es necesario la educación formal de centros de costeo y utilidades y que la regulación permita una plena autonomía de gestión que incentive la productividad del personal y de las unidades de trabajo y se responsabilice de los resultados.
Todo lo anterior debe destacar la consideración de que la industria petrolera es una actividad estratégica, porque los recursos petroleros son patrimonio de la Nación, que deben ser administrados en su beneficio.
También debe ratificarse que la legislación recoge el principio histórico de nuestro país de que Petróleo Mexicanos es el organismo al que se le ha encargado el manejo de la industria petrolera estatal, tal y como lo determina la Ley Reglamentaria vigente.
No soslayamos lo que se ha comentado en el seno de las comisiones unidas que dictaminan, de que en el mercado petrolero internacional no priva un régimen de competencia perfecta, sino que prevalecen formas oligopólicas de producción y comercialización. Por ello, las corporaciones petroleras de todo el mundo propenden a integrarse verticalmente en grandes conglomerados. Sea para aprovechar economías de escala o de poder económico, controlar reservas, mercados al mayoreo o al detalle, consolidarse en cadenas de industrias con mira a compensar fluctuaciones de precios, además de lograr especializaciones con altos valores agregados.
Querámoslo o no, en situaciones de competencia monopólica existen ventajas al tamaño y control del mercado en los que México está obligado a participar Tenemos conciencia, asimismo, de más la lucha por el petróleo alcanza las formas más sofisticadas de acción hasta llegar a la guerra entre las naciones
Ante este panorama, debe quedar claro que cualquier intento de modernización no debe afectar la unidad productiva y de mercado del petróleo; y por ello, es conveniente resaltar la importancia de la función social que Petróleo Mexicanos cumple para generar, multiplicar e impulsar el desarrollo nacional, apoyar el crecimiento de la mediana industria, formar recursos humanos especializados y atender múltiples aspectos para mejorar la calidad de vida de la población, y que "romper la unidad productiva y de mercado de Petróleos Mexicanos significa demoler uno de los diques de defensa de la autonomía del país y gobierno", así como "privatizar el petróleo significa cederlo en la práctica al exterior". Por lo tanto, la modernización debe cumplirse reguardando cabalmente el manejo estatal y la integración del mercado petrolero.
3. la nueva Ley Orgánica
La nueva Ley Orgánica de Petróleos mexicanos, según se expresa en la iniciativa, se elaboró en torno a dos principios fundamentales:
1) Mantener la propiedad y el control por parte del estado mexicano sobre los hidrocarburos;
2) Conservar la conducción central de Petróleos Mexicanos sobre cada una de las áreas en que se estructuran las diversas actividades de la industria petrolera estatal, que van desde la explotación, hasta la comercialización de los productos.
Del conjunto de organismos público descentralizados que se proponen, se crea uno de carácter superior encargado del manejo central de la industria para asegurar su integración y unidad de acción, y cuatro para hacerse cargo de las áreas operativas, teniendo el carácter de subsidiarios del organismo superior. Esto constituye una innovación en el Derecho Administrativo mexicano al crear organismos subsidiarios del órgano superior de gobierno de la industria petrolera estatal, fórmula con la que se garantiza la imposibilidad de que participen ellos cienista o accionistas o asociados, preservando de esta manera la exclusividad que otorga la Constitución para el manejo de la industria petrolera estatal. Diversas fórmulas se hubieran empleado si se permitiera cualquier injerencia en ello procedente de particulares.
En cambio, queda claro que los organismos podrán asociarse con terceros en otras entidades o empresas para la realización de fines que no sean exclusivos de la citada industria, asimismo crear filiales como lo ha venido haciendo.
Resulta relevante enfatizar que el organismo superior definirá la estructura estratégica
Institucional, asignará recursos y mantendrá el control de los organismos mediante la integración de planes operativos, la óptima globalización de actividades y la revisión de presupuestos de operación e inversión, asimismo vigilará las normas que reglamentarán las funciones de apoyo que se descentralizan a los organismos. En resumen, se trata de que el organismo central mantenga el mando institucional y la dirección estratégica.
La creación de los organismos subsidiarios se justifica plenamente, con la ventaja de que tendrán la obligación de formular sus propios estados financieros, lo que permitirá separar los resultados de cada rama de actividad, evaluar su desempeño y administrares con autonomía de gestión, De Igual manera, se podrá establecer fronteras eficaces entre los organismos, creando así las condiciones necesarias para negociar precios de cada uno de los flujos de producción y servicios que pasen de un organismo a otro.
Se logrará también delegar la autoridad a cada uno de los organismos, haciéndolos responsables de sus resultados y cada uno tendrá la organización que mejor le convenga.
Por lo que se refiere alos organismos encargados del gas y petroquímica básica y de la petroquímica en general, la estructura oligopólica del mercado mundial, los ciclos de inversión en las cadenas productivas y el dinamismo tecnológico, cran retos muy complejos que implican el establecimiento de alianzas estratégicas que permiten completar procesos y aprovechar economías de escala para lograr incrementar la eficiencia y la productivas, logrando con ello ciclos adecuados para financiar la inversión en el campo tecnológico yl a adquisición de mercados.
No escapa a nuestra consideración las enormes dificultades que tendrán que vencerse, lo que implica la trascendencia de esta modernización para uno reorganización a fondo con nuevos y mejores sistemas gerenciales que permitan medir y evaluar resultados, optimizar la información, mejorar los sistemas de presupuestación, asegurar que el cuerpo directivo disponga de elementos adecuados para la auténtica evaluación y seguimiento del gasto de inversión, llevar a cabo una radical simplificación estructural y desconcentrar geográficamente la ubicación de los mandos operativos.
Particular interés produjo el análisis de la situación de los trabajadores del sector, verificado que la iniciativa garantiza sus derechos laborales, tanto individuales como de organización gremial y que los cambios que esta iniciativa implica se harán con estricto respeto a estos derechos.
El análisis riguroso que hemos realizado nos confirma que el marco jurídico básico de la industria Petrolera no se modifica. La industria Petrolera estratégica no se cede a particulares ni se comparte con ellos y, por lo tanto, que la exclusividad que la ley le otorga a Petroleros Mexicanos para explotar, explorar y comercializar los hidrocarburos no sufre merma o disminución alguna. La reorganización espera fortalecer a la empresa, manteniéndola como una industria integral, eficiente, productiva y competitiva.
Reconocemos que "esta Ley Orgánica no modifica el régimen jurídico a que está sujeto el Petróleo mexicano", y que ello no implica ni cambio de rumbo ni cambio de dueño por que se apega al espíritu del artículo 27 Constitucional en la lucha por la soberanía emprendida desde 1917, reafirmada en la expropiación de 1938 y sustentada en el nacionalismo activo que nos permite afianza identidad, defender soberanía y consolidar independencia.
4. Modificaciones propuestas a la iniciativa
El grupo plural que trabajó para elaborar el proyecto del presente dictámen recibió de diversas fracciones parlamentarias la opinión de que era necesario hacer las siguientes modificaciones al texto de la iniciativa:
En su artículo 3o. después de la fracción IV se incluye el párrafo signente:
"Las actividades estratégicas que la ley encarga Petroleros Mexicanos- Explotación y Producción, Petróleos Mexicanos-Refinación y Petróleos Mexicnaos-Gas y Petroquímica Básica sólo podrán realizarse por estos organismos".
En el artículo 4o. se da mayor claridad con la signente redacción.
"Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y lo organismos subsidiarios podrán celebrar toda clase de actos, convenios y contratos; suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito; y llevar a cabo todos los actos jurídicos que requerían para el cumplimiento de sus respectivos objetos, con sujeción a las disposiciones aplicables".
En el artículo 9o. con el objeto de aclarar quienes integrarán el Consejo de administración de los
organismos subsidiarios, en vez de la expresión "...tres representantes de la industria petrolera", queda en los términos siguientes:
"...los tres directores generales delos otros organismos públicos descentralizados subsidiarios."
En el artículo 10. se cambia el último párrafo de este artículo, para quedar como sigue:
"Las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación, podrán llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias o filiales cuya constitución o establecimiento deberá ser sometida por los Consejos de Administración de los organismos subsidiarios al de petróleos Mexicanos, al igual que su liquidación, enajenación o función. Asimismo, se someterá a aprobación del propio consejo la enajenación de las instalaciones industriales".
Con esta redacción se resalta que dichas empresas son las que pudieran realizar actividades no reservadas a la nación.
En el artículo 11 se ejecutan las siguientes modificaciones:
En la fracción V se agrega:
"...,así como la enajenación de instalaciones industriales ".,
en la fracción IX se adiciona:
"Cuida de la observancia de las disposiciones relativas a normalización, seguridad industrial y medio ambiente".,
Se agrega otra fracción que será la X, recorriéndose el orden al numeral signente:
"X. Proponer medidas para asegurar la calidad de los productos, así como el desarrollo tecnológico correspondiente".
En el artículo 12 se precisa el trámite legal correspondiente y se agrega un párrafo igual al que tiene la ley en vigor en su artículo 7o., dejando aquí establecido que se requiere del decreto de el Ejecutivo Federal, cuando se trate de bienes inmuebles del dominio público.
El texto aprobado del dominio es el signente:
"Cuando las operaciones tengan por objeto bienes inmuebles del dominio público de la federación, se someterá al Ejecutivo Federal el decreto de desincorporación correspondiente."
Finalmente, en el Artículo Décimo transitorio, deberá usarse el nombre adecuado de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue:
"Artículo décimo. Los laudos de carácter laboral se ejecutarán en los términos que determinen la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las juntas especiales del referido tribunal".
Por estas razones, estas comisiones unidas ponen a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el presente
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y de los organismos descentralizados subsidiarios en los términos que esta ley establece, y de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo y sus reglamentos.
Artículo 2o. Petróleo Mexicano, creado pro decreto del 7 de junio de 1938, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en esta ley, ejercer la condición central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo.
Artículo 3o. Se crea los siguientes organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismos que tendrán los siguientes objetos:
1. Petróleos Mexicanos - Exploración y Producción; exploración del petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización;
II. Pemex-Refinación: procesos industriales de la refinación; elaboración de productos
petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados;
III. Pemex - Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidroceptibles de servir como materia primas industriales básicas; y
IV. Pemex - petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica así como su almacenamiento, distribución y comercialización.
Las actividades estratégicas que esta ley encarga a Pemex - Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex - Gas y Petroquímica Básica, sólo podrán realizarse por estos organismos.
Petróleos Mexicanos y los organismos descritos estarán facultados para realizar las operaciones relacionadas directo o indirectamente con su objeto. Dichos organismos tendrán el carácter de subsidiarios con respecto a Petróleos Mexicanos, en los términos de esta ley.
Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios podrán celebrar toda clase de actos, convenios y contratos; suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito; y llevar a cabo todos los actos jurídicos que requieran para el cumplimiento de sus respectivos objetos, con sujeción a las disposiciones aplicables.
CAPITULO II
Organización y funcionamiento
Artículo 5o. El Patrimonio de Petróleos Mexicanos y el de cada uno de los organismos subsidiarios estará constituido por los bienes, derechos y obligaciones que hayan adquirido o que se les asignen o adjudiquen; los que adquieran por cualquier título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se les otorguen; los rendimientos que obtengan por virtud de sus operaciones y los ingresos que reciban por cualquier otro concepto.
Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios podrán responder solidaria o mancomunadamente por el pago de las obligaciones nacionales e internacionales que contraigan.
Petroleros Mexicanos y los organismos subsidiarios administrarán su patrimonio conforme a las disposiciones Legales aplicables y a los presupuestos y programas que formulen anualmente y que apruebe el órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos. La consolidación contable y financiera de todos los organismos será hecha anualmente por Petróleos Mexicanos.
Artículo 6o. Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un Consejo de Administración, que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera, sin perjuicio de la autonomía de gestión de los organismos. El director general será nombrado por el Ejecutivo Federal.
Artículo 7o. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de once miembros propietarios, a saber:
Seis representantes de estado designados por el Ejecutivo Federal y cinco representantes del Sindicato Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de petróleo Mexicano.
El Presidente del Consejo será el titular de la coordinadora del sector al que está adscrito Petróleos Mexicanos y tendrá voto de calidad.
Por cada uno de los consejeros que se designe se nombrará un suplente. Los suplentes de los consejeros que representan al estado será designados por los respectivos titulares y los de los consejeros sindicales serán designados por el sindicato, debiendo reunir los mismos requisitos exigidos par los propietarios
Artículo 8o. Cada uno de los organismos subsidiarios será dirigido y administrado por un Consejo de Administración y por un director general nombrado por el Ejecutivo Federal.
Articulo 9o. El Consejo de Administración de cada uno de los organismos subsidiarios, se compondrá de ocho miembros y sus respectivos suplentes. Los titulares serán: cuatro representantes del Gobierno Federal; designados por el Ejecutivo Federal, los tres directores generales de los otros organismos públicos desentralizados subsidiarios, y el director general de Petróleos Mexicanos, quien lo presidirá.
Artículo 10. Los consejos de administración de Petróleo Mexicanos y los de los organismos, tendrán las atribuciones que les confieren las disposiciones legales aplicables y esta ley,
conforme a sus respectivos objetos. Quedan reservadas al órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos las facultades que requiera la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca a la industria petrolera incluyendo, en forma enunciativa petrolera incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa: aprobar, conforme a la policía energética nacional, la planeación y presupuestación de la industria petrolera estatal en su conjunto y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma. Asimismo se reserva al propio órgano de gobierno el establecimiento de las políticas y lineamientos necesarios para lograr un sano equilibrio económico y financiero entre los organismos, así como para permitir el adecuado manejo y administración de los bienes que el Gobierno Federal destina a la industria petrolera.
Las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación podrán llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias o filiales, cuya cosntitución o establecimiento deberá ser sometida por los consejos de administración de los organismos subsidiarios al de petróleos Mexicanos, al igual que su liquidación, enajenación o función. Asimismo, se someterá a aprobación del propio Consejo la enajenación de las instalaciones industriales.
Artículo 11. Serán facultades y obligaciones de los directores generales las siguientes:
I. Administrar y representar legalmente a los organismos;
II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como lo presupuestos de los organismos, y presentarlos para su aprobación que corresponda;
III. Cumplir los fines del organismo de manera eficaz, articulada y congruente con Petróleos Mexicanos y los otros organismos, conforme a la planeación y programas estratégicos de la industria petrolera estatal;
IV. Remitir, por los conductos debidos, la información presupuestal y financiera que corresponda al organismo, para su integración la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal. Los directores generales de los organismos subsidiarios deberán hecerlo a través de Petróleos Mexicanos.
V. Someter ala aprobación del Consejo de Administración que corresponda, los proyectos de organización, y los creación, liquidación, enajenación o función de empresas subsidiarias o filiales; así como la enajenación de instalaciones industriales.
VI. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación, vigilar la implantación y cumplimiento de medidas correctivas e informar trimestralmente los resultados a su órgano de gobierno;
VII. Asignar responsabilidades, delegar atribuciones y proponer al Consejo de Administración que corresponda el nombramiento y remoción de los funcionarios de los dos niveles inferiores al propio;
VIII. Ejercer las facultades que en materia laboral determinen la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales de la industria petrolera estatal, y opinar sobre los asuntos de su competencia en la contratación colectiva;
IX.Cuidar de la observancia de las disposiciones relativas a normalización, seguridad industrial y medio ambiente;
X. Proponer medidas para asegurar la calidad de los productos, así como el desarrollo tecnológico correspondiente.
XI. Las otras que determinen las leyes y demás disposiciones aplicables.
Artículo 12. En su carácter de representantes legales, los directores generales tendrán todas las facultades que les corresponde alos mandatarios generales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y de dominio, así como las que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los primeros tres párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal aplicable en materia federal; para formular querellas en los casos de delitos que sólo se pueden perseguir a petición de la parte afectada y para otorgar el perdón extintivo de la acción penal; ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo, así como comprometerse en árbitros y transigir. Los directores generales podrán otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero cuando sean en favor de personas ajenas a los organismos, deberán recabar previamente el acuerdo de su Consejo de Administración.
Es su carácter de representantes legales, los directores de Petróleos Mexicanos y los funcionarios inmediatos inferiores a los titulares de los organismos, tendrán también las facultades de los organismos, tendrán también las facultades de mandatarios generales en los términos antes
apuntados, exclusivamente para los asuntos relacionados con las funciones de su competencia y para aquellos que les asigne o delegue expresamente el director general correspondiente.
Cuando las operaciones tengan por objeto bienes inmuebles del dominio público de la Federación, se someterá al Ejecutivo Federal el decreto de desincorporación correspondiente.
Artículo 13. Quedan además reservadas al director general de Petróleos Mexicanos las siguientes facultades:
I. Elaborar, con la participación de los organismos subsidiarios, planeación y presupuestación estratégica de la industria petrolera en su conjunto y someterla a la aprobación de su Conjunto de Administración;
II. Formular los programas financieros de la industria; definir las bases de los sistemas de supervisión, coordinación, control y desempeño de los organismos para optimizar su operación conjunta; y administrar los servicios comunes a los mismos:
III. En los términos del aparato "A" del artículo 123 constitucional y de Ley Federal del Trabajo, convenir con el Sindicato de Contratos Colectivos de Trabajo y expedir el reglamento de Trabajo del personal de Confianza, que regirán las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y de los organismos;
IV. Resolver conflictos que se susciten entre los organismos sobre sus ámbitos de actividad; y conocer de asuntos trascendentes para la industria;
V. Las demás que le confieren las leyes y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 14. En todos los actos, convenios y contratos en que intervengan los organismos decentralizados a que esta ley se refiere, serán aplicables las leyes federales; las controversias nacionales en que sean parte, cualquiera que sea su naturaleza serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.
Artículo 15. El órgano de vigilancia de cada uno de los organismos descentralizados estará integrados por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, quienes desarrollarán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Petróleos Mexicanos establecerá un órgano de control de la industria petrolera estatal que coordinará las actividades de los órganos internos de control de los organismos subsidiarios, y que podrá realizar la fiscalización directa de los mismos, conforme a las disposiciones legales procedentes.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 23 de enero de 1971 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1971.
Tercero. En tanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de esta ley, se aplicará el vigente en lo que no se oponga a la misma.
Cuarto. El domicilio legal de los organismos creados por esta ley será Distrito Federal, hasta en tanto en disposiciones reglamentarias se establezca, en su caso, otro diverso.
Quinto. Al entrar en vigor la presente ley, el consejo de administración de Petróleos Mexicanos proveerá lo necesario para llevar a cabo la formalización de los actos jurídicos que procedan, a efecto de determinar los derechos y obligaciones que regularán las relaciones operativas entre Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios creados por esta ley, en materia financiera, certifica, fiscal, presupuestal, contable, de aplicación de excedentes y demás que resulten pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.
Sexto. Los bienes inmuebles, el personal, los recursos presupuestales financieros y materiales, incluidos mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivo y en general el equipo e instalaciones cuya administración y manejo tiene encargados Petróleos Mexicanos, se transferirá a dichas entidades subsidiarias para constituir su patrimonio y cumplir con su objeto, en los términos de esta ley. Dicha transferencia se llevará aplicables, en un lapso no mayor de un año a partir de la vigencia de esta ley. Las transferencias de bienes inmuebles no implicarán cambio de destino.
Séptimo. Al asumir la realización de los objetos que esta ley les asigna, los organismos descentralizados que se crean se subrogarán en los
derechos y obligaciones de Petróleos Mexicanos que les correspondan; por consiguiente, competerán a los propios organismos las pretensiones, acciones, excepciones, defensas y recursos legales de cualquier naturaleza, deducidos en los juicios o procedimientos en los cuales Petroleros Mexicanos tengan interés jurídico en la fecha de la transferencia de los asuntos.
Octavo. Lo establecido en esta ley no afectará en forma alguna, las obligación es de pago nacionales e internacionales contarías por Petróleos Mexicanos con anterioridad a la vigencia de este ordenamiento. Por consiguiente, los organismos subsidiarios que esta ley establece, serán solidariamente responsable de dichas obligaciones.
Noveno. La adscripción de los trabajadores a los organismos se hará en los términos previstos por el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, con la intervención que al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana le confieren la Ley Federal de Trabajo y dicho Contrato Colectivo, y con pleno respeto de los derechos de los trabajadores.
Décimo. Los laudos de carácter laboral se ejecutarán en los términos que determine la Junta Federal de conciliación y Arbitraje, así como las juntas especiales del referido tribunal.
Undécimo. Las menciones que leyes o reglamentos vigentes hacen de Petróleos Mexicanos, se entenderán referidas al propio Petróleo Mexicanos, se entenderán referidas al propio Petróleo Mexicanos o a los organismos subsidiarios, según corresponda, atendiendo al objeto de cada uno de los términos de esta ley.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 8 días del mes de julio de 1992."
Es de primera Lectura.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente: -El signente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria María Clara Mejía Guajardo:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
"Comisiones unidades de Trabajo y Previsión Social y de seguridad Social.
Honorable Asamblea: a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, fue truncada para su estudio, análisis y elaboración del presente dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que envía la Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 72, inicio A, de la Costitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones unidas, en uso de las facultades que les otorgan los artículo 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron el estudio y análisis de la mencionada minuta bajo los siguientes.
ANTECEDENTES
En febrero de 1992, durante el período de sesiones extraordinarias, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Disputados suscribieron un pronunciamiento tendiente a llegar a los acuerdos que permitieran establecer durante el presente período ordinario de sesiones, mecanismos para lograr la elevación del nivel de vida de los pensionados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de los trabajadores al Servicio del Estado.
Con fecha 4 de junio, un grupo de diputados de la LV Legislatura, presentó al Pleno de la
Cámara una iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, cuyo objeto beneficiar a los pensionados que estuvieran afiliados a dicho Instituto.
La anterior iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de Junio y remitida al Senado Para sus efectos constitucionales.
Con fecha 23 de junio y con fundamento en los dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Cosntitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso General, vía la Cámara de Senadores, al iniciativa de modificaciones al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual dio origen a la minuta que hoy se dictamina.
Para el efecto las comisiones que suscriben integraron un grupo de trabajo el cual celebro una conferencia con integrantes de la honorable Cámara de Senadores el día 29 de Junio de 1992.
Una vez analizada y discutida en la colegisladora ésta aprobó la iniciativa con fecha 6 de julio, habiéndose turnado a esta Cámara Para sus efectos Constitucionales.
El 9 de julio se reunieron las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, en donde se aprobó en sus términos el presente dictamen con base en las siguientes.
CONSIDERACIONES
El Ejecutivo ha juzgado prioritario impulsar la protección de los Mexicanos, mediante servicios y prestaciones oportunas, eficaces, equitativas y humanitarias, como objetivo de las políticas de salud, asistencia y seguridad social, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
Se había encontrado el mecanismo necesario para apoyar a los pensionados del Seguro Social y aún no se encontraba el adecuado para beneficiar a aquellos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De conformidad con lo anterior, el Ejecutivo se propuso identificar las posibilidades concretas de apoyo a los trabajadores jubilados que brindaron su mejor esfuerzo productivo al servicio del Estado, sin comprometer el equilibrio financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Concretamente, la iniciativa del Ejecutivo tiene el propósito de eliminar la cotización que los pensionistas deben cubrir, para que ellos y sus familiares derechohabientes puedan gozar del seguro de enfermedades, de maternidad y medicina Preventiva, sin el costo que actualmente afecta sensiblemente sus ingresos como pensionados.
La reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en caso de aprobarse el Presente Dictamen, exime a los pensionistas de la obligación que dicha ley a la fecha contempla.
En fondo de la iniciativa que propone el Ejecutivo, cosiste en establecer la forma como deberá distribuirse en lo sucesivo, la cotización mencionada, entre las diversas dependencias o entidades públicas y el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Estas Comisiones Unidas coinciden con el Ejecutivo al afirmar que esta Iniciativa constituye una actividad solidaria con los Pensionistas a quienes se busca apoyar.
La minuta que se dictamina, se entiende como una respuesta a las justas demandas de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por las anteriores consideraciones, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, se permiten someter a consideración del Pleno el signente.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo único. Se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, para quedar como sigue:
"Artículo 25. La cotización del seguro de enfermedades, y medicina preventiva que establece este capítulo en favor de Pensionistas y sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma:
I. 4% a cargo del instituto, sobre la pensión que disfrute el pensionista: y
II. 4% de la misma pensión a cargo de la dependencia o entidad."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La distribución de porcentajes de cotización a que se refiere la reforma del artículo 25 se aplicará a partir del 1o. de enero de 1993.
De la fecha de entrada en vigor de presente decreto, al 31 de diciembre de 1992, la cotización respectiva, se cubrirá en la signente forma.
I. 6% a cargo del instituto , sobre las pensiones que disfruta el pensionista, con recursos propios, y
II. 2% de la misma pensión, a cargo de la de dependencia o entidad
En el caso de que se trate de las pensiones, mínimas, el pago de la cotización íntegra del 8% se distribuirá por partes iguales entre la dependencia o entidad correspondiente y el instituto.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, D.F. a 9 de julio de 1992."
Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY QUE ARMONIZA DIVERSAS DISPOSICIONES CON EL ACUERDO DE ARANCELES COMERCIO, LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PARA SIMPLIFICACIÓN FISCAL
El Presidente - El signente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo de Aranceles y Comercios, los tratados para evitar la doble tributación y para simplificación fiscal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura, señor Presidente.
* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 24 del día 7 de julio de 1992.
El Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general.
Esta Presidencia informa que con base en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Angel Aceves Saucedo y Jorge Flores Solano solicitan que el diputado Fernando Rodríguez Cerna fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el señor diputado Fernando Rodríguez Cerna para fundamentar el dictamen.
El diputado Fernando Rodríguez Cerna: - Con su permiso señor Presídete; compañeras y compañeros diputados:
Como es del conocimiento de todos ustedes, en días pasados el Ejecutivo Federal presentó a esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de ley que armoniza diversas disposiciones con el acuerdo general de aranceles y comercio, los tratados para evitar la politributación y para simplificación fiscal, misma que en su oportunidad fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Con la responsable participación de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión, se analizó, estudió y discutió la iniciativa en una atmósfera de respetuosa concordia, expresión de la madurez política y del celo por cuplir respetuosamente un cometido común que nos compromete como representantes del pueblo.
Producto de esos trabajos es el dictamen que ahora se pone a consideración de este honorable pleno.
La Comisión consideró que la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo significa un serio esfuerzo que forma parte del proceso de simplificación y modernización de la estructura tributaria que, sin apartarse de los principios de equidad y eficiencia, se propone mejorar la administración en beneficio del desarrollo del país.
Representa también la voluntad política de dar el debido cumplimiento a los compromisos adquiridos por México al adherirse al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, como lo es el Código de Valoración Aduanera previsto dentro del Código de Conducta del citado acuerdo y, como su titular lo indica, cumplimentar los tratados para evitar la doble tributación.
La diversidad de los asuntos que en la iniciativa se tratan, son expresión del andamiaje normativo
sobre el que se sustenta la compleja pero vigorosa dinámica de un país decidido a no quedarse a la zaga del desarrollo y decidido también a alcanzar una mejor interpelación comercial con otro país.
En lo interno, equidad y eficiencia en la administración impositiva, simplificación y modernización de la estructura tributaria.
En lo externo, agilización hacia la competitividad y estricto cumplimiento a los tratados legalmente concertados.
La Comisión estimó conveniente efectuar algunas modificaciones que se juzgaron necesarias. En cada caso, se hicieron las consideraciones correspondientes; en otros, se recomendó su supresión, como es el caso de la propuesta del Ejecutivo para establecer el foliado de mercancías de producción nacional por no resultar acorde con el resto de las medidas de simplificación propuesta en la iniciativa.
En fin, encontrando conveniente adecuación de las propuestas con los altos fines a que la iniciativa se erige, así como la concurrencia de ambos con los superiores de México, la Comisión elaboró el dictamen que respetuosamente me horno en fundamentar ante ustedes.
De esta manera, tenemos que en materia de Código Fiscal de la Federación la Comisión considera conveniente adecuar ciertos mecanismos acordes con las recientes modificaciones en materia de regulación monetaria.
De sobresaliente importancia consideramos las propuestas contempladas en la iniciativa en materia de sanciones fiscales, por ello estamos adecuado que se establezca un mecanismo de graduación con respecto a la imposición las mismas , tomando en consideración las características del infractor, hecho que dará mayor equidad en su establecimiento.
En materia de delitos fiscales y como una extensión de la garantía de libertad bajo caución a que se refiere la fracción I del artículo 20 constitucional, sin dejar de hacer énfasis en lo grave que resulta para la sociedad la comisión de delitos fiscales, se establece una novedosa fórmula que permite al procesado obtener su libertad caucional para aquellos delitos cuya pena exceda del término medio aritmético de cinco años.
A este respecto se propone la correspondiente modificación al artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales; se vigila que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, por encima de las penas privativas de su libertad. De esta manera se prestó oídos a una demanda de diversos sectores de la sociedad y se atiende a compañeros diputados que en su momento hicieron esta observación.
En otro orden de ideas, con la finalidad de que los municipios donde existen puentes de peaje operados por la Federación, cuenten con mayores recursos que pueden destinar al mejoramiento de su sistema vial, esto es, a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras en esta materia, mediante la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, se abre para ellos la posibilidad de celebrar convenios con la Federación y con el receptivo Estado, a fin de crear fondos, con aportaciones en partes iguales para ese fin, participando así hasta de un 10% del monto total de los ingresos provenientes de la operación del puente de peaje de que se trate.
La libertad de los municipios se preserva, ya que los convenios derivarán de su libre decisión y la inversión de los fondos creados como resultado de los convenios en un rubro específico, no coarta, sino libera otros recursos para ser aplicados a otros renglones igualmente importantes de sus programas de obras públicas.
Debido a las crecientes necesidades de tener un sistema aduanero más eficiente se considera adecuada la modernización del mismo, toda vez que éste coadyuva al impulso económico que se pretende dar a nuestro país, a través de la apertura comercial. Es por ello que se requiere de un esquema que armonice nuestro sistema con el de nuestros principales socios comerciales.
Las razones expuestas anteriormente así como la adhesión de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio y los compromisos adquiridos en virtud de dicha adhesión, motivan el que hoy se estén afectuando las modificaciones que se a la Ley Aduanera. Las modificaciones que se proponen, se basan en lo preceptos del Código de Valoración Aduanera del mencionado Acuerdo y en las diversas notas interpretativas que sobre los mismos se han elaborado, lo cuales han sido ya ratificados por la honorable Colegisladora, por lo que han pasado a formar parte de nuestro sistema jurídico.
En base a dicho acuerdo, comúnmente conocido como GATT, se considera pertinente establecer la base gravable del Impuesto General de Importación partiendo del valor de transacción que declare el importador, incorporando distintos métodos que se aplicarán en orden sucesivo y
por exclusión. De esta forma se modifica algunas obligaciones y responsabilidades en materia de importación de mercancías, con motivo de la inclusión de un nuevo método de validación de éstas, que al ser internacionalmente aceptado, constituye la eliminación de barreras no arancelarias al comercio.
Se contempla además la agilización de la respuestas de los particulares por parte de la autoridad aduanera, procurando que dichas respuestas se efectúen cada vez de manera más expedida.
En materia de reexpedición de mercancías, se contemplan mayores facilidades para su internación al resto del país. Se prevé también la creación de un procedimiento simplificado, cuando se realice la importación o exportación de mercancía que no estén sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias, que por su importación o exportación no causen otros impuestos. Para efectos de otorgar una mayor simplificación en materia tributaria, y armonizar nuestras disposiciones legales en materia de tratados de doble tribunación, la Comisión de Hacienda considera conveniente las reformas que se proponen en los diversos ordenamientos fiscales que se enumeran a continuación:
Desaparece en materia de impuestos sobre la renta de impuesto al activo, la obligación de efectuar un segundo ajuste a los pagos provisionales a dicho impuesto.
Como una medida tendiente a aliviar la carga administrativa y financiera de los empresarios con ingresos menores a dos mil millones de pesos en el ejercicio, se otorga, en materia del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, el beneficio de hacer los pagos provisionales de estos en forma trimestral.
Tratándose de patrones que efectúan sus pagos provisionales trimestralmente, se les permitirá que en estas fechas realicen el entero de los impuestos retenidos en su carácter de patrón.
Se uniforman con la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fecha del pago del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre automóviles nuevos, y del impuesto por erogaciones, por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.
Se fija un límite de deducibilidad de los donativos efectuados a instituciones autorizadas para recibirlos, por parte de las empresas que los otorgan. Esta regla no se aplicará en el caso de personas morales cuyo capital sea detentado en un 90% por instituciones autorizadas para recibir donativos.
Relacionado con lo anterior, se determina que el monto de los donativos que podrá deducirse por ejercicio, no excederá del 20% de la utilidad fiscal.
Para el caso de las personas morales no contribuyentes, autorizadas para recibir donativos deducibles, se señalan en la Ley del Impuesto sobre la Renta cuáles son los requisitos que harán de cumplir para recibir dichos donativos.
Tratándose del Sistema de Ahorro para el Retiro, se otorga a los trabajadores de la administración pública federal los mismos beneficios de los que ya gozan los trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social.
Se libera a los trabajadores cuyos ingresos totales provienen de un solo patrón, de la obligación de presentar declaración anual, cualquiera que sea el monto que haya obtenido.
Se otorgan exenciones en el Impuesto sobre la Renta a los extranjeros que temporalmente prestan sus servicios en el país, y se aclaran los casos en los que el ingreso proveniente de la prestación de estos servicios estará gravado.
Por lo que toca al Impuesto al Valor Agregado, se propone gravar alimentos que por no ser de primera necesidad no deben de quedar exentos.
De conformidad con los compromisos adquiridos en materia de comercio exterior, relacionados con la no discriminación, se modifica la tasa aplicable ala champagne en el impuesto especial sobre producción y servicios, las cuales estará gravada en razón de su graduación alcohólica.
Con motivo de la apertura comercial de nuestro país, y para efectos de darle un tratamiento fiscal más competitivo con los mercado internacionales, se reduce la tasa aplicable a la cerveza en el impuesto especial sobre producción y servicios de la misma que se reducirá paulatinamente del actual 25% a 19%.
En lo que respecta a la ley del Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Automóviles, las medidas propuestas beneficiarán al sector del auto transporte de carga de pasajeros.
Tomando en consideración la naturaleza y fines de las asociaciones religiosas, se les otorga una
exención temporal en el pago, en el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Las reformas a la Ley del Tribunal Fiscal de la Federación, buscan acercar los órganos de impartición de justicia a los contribuyentes.
Compañeros diputados, he venido a esta tribuna no sólo para fundamentar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que la comisión pone a su consideración acerca de la iniciativa de ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los tratados para evitar la doble tributación y para la simplificación fiscal, no sólo para ahondar en sus fundamentos y motivaciones, no sólo para ampliar su explicación, sino también a solicitar para él su voto favorable, su voto aprobatorio. Al hacerlo, tengo la convicción de que se trata de una iniciativa que responde a una exigencia de armonía y congruencia dentro del sistema jurídico y frente a los convenios legalmente suscritos por nuestro país en materia de aranceles y comercio, y a los tratados para evitar la doble tributación; que se apega a los principios de equidad y eficiencia en la administración impositiva; que se inserta en el gran objetivo de simplificación y modernización de la estructura tributaria; que recoge los reclamos de una ciudadanía consciente y propositiva; que amplía y hace extensivas diversas medidas de simplificación y actualización, necesarias para el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; que abre la posibilidad de que algunos municipios participen de mayores ingresos federales y, por sobre todo, que sirve a México. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias señor diputado Fernando Rodríguez Cerna.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
Al venir a esta tribuna a fijar la posición de mi partido en relación a esta iniciativa, tengo que hacer una breve introducción, ya que la iniciativa en sí es bastante compleja.
Estamos hablando de tres áreas, una se refiere a los acuerdos en relación a la valoración aduanera y a la actualización de nuestra legislación en esta materia. Otra se refiere a los tratados para regular la doble tributación entre diferentes países. Y la tercera que es la que motiva mi presencia en esta tribuna, es lo que eufemísticamente se llama, simplificación y actualización, que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Quiero señalar que esta iniciativa afecta en forma directa a 134 artículos de 13 leyes diferentes y no estoy tomando en cuenta ni las diferentes fracciones, que son varias, ni las disposiciones de vigencia anual, ni los artículos transitorios, estamos realmente ante una gruesa iniciativa; numerosa iniciativa de reformas, adiciones e incluso de derogación de diferentes artículos.
Quiero también dejar constancia en el sentido de que la Comisión correspondiente se abocó a revisar minuciosamente esta iniciativa y esto se ve muy claramente cuando comparamos a la iniciativa presidencial con el dictamen de la Comisión, realmente hay una enorme cantidad de modificaciones.
Lo que nos obliga a intervenir y ya lo decíamos anteriormente, es la parte correspondiente a la simplificación y esto nos hace decir aquí: "alguien tiene que decir: basta, ya"; alguien tiene que manifestar aquí su inconformidad con los procedimientos que se utilizan en materia de legislación tributaria. Antes de que a alguien se le ocurra tatuarnos en los brazos: Registro Federal de Contribuyentes, creo que debemos de decir: "Ya basta".
Estamos aquí hablando de una simplificación administrativa y estamos hablando de 134 artículos principales de 13 leyes. Estamos hablando que la pura simplificación, las normas de la simplificación por sí mismas, ya son bastante complejas de entender. Si estamos simplificando en este volumen, ¿de qué tamaño es el problema de la complejidad fiscal?
Y tenemos que decir: "Basta ya", porque no hay seguridad jurídica con esta gran cantidad de cambios. Estamos a mitad de año y de hecho nos viene una iniciativa voluminosa, llena de detalles.
Y aquí no estamos señalando también los criterios que publicó la Secretaría de Hacienda en su oportunidad y que también son una gran cantidad de disposiciones que nos ilustran la complejidad de nuestra legislación tributaria.
¿Por qué decimos que "basta ya"?
La iniciativa de reformas también muy abundante, que nos llego a fines del año pasado, fue elaborada en la Secretaría de Hacienda, y aquí con modificaciones pero en lo general fue aprobada esta propuesta que no es más que la continuación de la política implementada.
No fueron los alegatos de los señores diputados aquí presentes, los que lograron las reformas a la legislación tributaria; fue la protesta generalizada de la población a través de los organismos intermedios, a través de un Congreso de Contribuyentes y a través de la evidencia de los hechos de que muchas de las medidas eran imposibles de cumplir en la práctica, que se decidieron a hacer esta iniciativa de modificación. Llega aquí y a pesar del buen trabajo que se realizó en la comisión, del cual no participamos pero reconocemos, de una manera o de otra, se va a aprobar en los términos generales que plantea la Secretaría.
Yo creo que esto implica dos vertientes: Por un lado habla muy mal en relación a la dignidad de este órgano legislativo. Estamos aquí de valedores o validadores de las iniciativas. Pero habla más mal en sentido de que el origen del sistema parlamentario moderno o del Poder Legislativo, era la reunión de los contribuyentes para negociar con el señor de la época el pago de los impuestos.
Nuestro voto va a ser en contra, a pesar de que muchas de las disposiciones votaremos a favor, porque consideramos que mientras que no se haga un replanteamiento de la política fiscal de México, no podemos seguir dejando pasar aquí en un sentido y en otro, toda clase de modificaciones, algunas muy fundadas y otras francamente absurdas.
Creo que ha llegado el momento que precisemos a nivel constitucional y no únicamente como lo establece la fracción IV del artículo 31, en cuanto a nuestra obligación de contribuir proporcional y equitativamente a los gastos públicos, creo que ha llegado el momento que precisemos constitucionalmente, hasta cuánto estamos obligados a pagar de impuestos. Cuando acumula uno diferentes impuestos, cuando se manejan directos con la dureza que se están manejando, pero a la vez tenemos un impuesto indirecto, un impuesto al consumo de un 10% que ese sí grava indiscriminadamente, creo que debemos replantearnos nosotros mismos, hasta cuánto estamos obligados a contribuir. ¿Qué quiere decir eso de proporcional y equitativamente? ¿Todos los gastos que se les ocurran los tenemos que financiar?
Creo que aquí debemos meditar. Volveríamos al status de siervos pasados ciertos niveles y en una exageración, podríamos pasar incluso a algo más que siervos. Si vamos a tener que contribuir con todo nuestro trabajo al sostenimiento de muchas veces un aparato innecesario, improductivo o ineficiente.
Una segunda pregunta que debemos responder a nivel constitucional, es cuánto tiempo debemos dedicar a cumplir estas obligaciones, porque me he dado cuenta que ni los contadores tienen seguridad de cómo se aplican este cúmulo de disposiciones fiscales.
Y esto sería lo de menos si no hubiera consecuencias penales. Cualquiera de nosotros que no sepa la contabilidad sé que aquí hay varios contadores, no tenemos más remedio que firmarle al contador la declaración como viene; podremos hacer una revisión superficial, pero no vamos a corregirlo, y si el contador o su ayudante se equivocaron o no tuvieron cuidado, nos encontramos con que podemos ser delincuentes, ahora sí, gracias a las reformas propuestas vamos a salir en libertad, en lo que se tramita el juicio, pero obviamente no es nada halagador el planteamiento.
Creo que debemos definir, dada la responsabilidad que hoy en día tenemos en esta materia, hasta dónde estamos obligados a dedicar parte de nuestra vida a cumplir con las obligaciones fiscales.
Y hablando de obligaciones, creo que también habría que establecer los límites de esas obligaciones. En buena medida para poder trabajar necesitamos cumplir una serie de disposiciones que van desde contar con una caja registradora, que muchas veces o en buena parte ya va a asignar Hacienda gracias a los reclamos y que por cierto asigna a empresas que no las requieren, porque facturan, por ejemplo, sistemas de cómputo para rendir informes, cuentas de cheques para el manejo de los recursos, etcétera.
Estamos ya con una serie de limitaciones que en el fondo vulneran muchos de nuestros derechos civiles.
Por lo anterior, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana queremos aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a las autoridades fiscales en cuanto a la necesidad de una verdadera simplificación administrativa y un llamado a este Congreso, invitándolo, a esta Cámara, invitándola a votar en contra de la iniciativa, para que en su oportunidad, se replantee a nivel constitucional, los derechos y las obligaciones de los contribuyentes que dadas las circunstancias actuales, han cobrado una gran dimensión, ya que de una manera o de otra, se vulneran muchos derechos civiles de ellos. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - ¡Para rectificar hechos, para rectificar hechos!
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Señor Presidente: De manera formal y respetuosa quisiera solicitarle a usted, si lo cree pertinente y esperando no violentar ningún procedimiento parlamentario, tenga a bien decretar un receso de 30 minutos. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ¡Señor Presidente¡
El Presidente: - Sí, señor diputado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Como muy bien sabe el diputado Calderón, en estos momentos se encuentran trabajando varias comisiones. Los compañeros diputados se encuentran en estos momentos en otros trabajos de la Cámara, pero están en el mismo recinto. Está trabajando la Comisión de Población y está trabajando la Comisión que está viendo el dictamen del V distrito y hay otros compañeros que están en el restaurante y en la comida.
Entonces yo creo que hemos iniciado una práctica muy saludable, en el sentido de que no se interrumpa el debate, toda vez que los que están interesados en este tema se encuentran presentes. En todo caso pues que se convoque a los compañeros, si esa fuera la resolución final.
RECESO
El Presidente: - Esta Presidencia, en base a las consideraciones que se han hecho y por respeto al debate que se tiene que realizar en este recinto, considera que en virtud de la cantidad de diputados que se encuentran en este momento, debe ser necesario decretar un receso de media hora, para que terminen de comer los diputados que se encuentran y se terminen las Comisiones en las que están trabajando.
Decretamos un receso de 30 minutos para continuar la sesión.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
(Desorden)
El Presidente: - Es evidente que no existe el quórum suficiente en este momento, ni siquiera para someterlo a votación.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ¡En términos del 112!
El Presidente: - ¿Solicita usted que se pase lista en los términos del 112?
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ¡Sí!
El Presidente: - Proceda la Secretaría a tomar lista de asistencia.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón: - Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
El Presidente (a las 15:30 horas): - Permítame, señor secretario.
En virtud de que es evidente que hay quórum, tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Flores Benavides. (Aplausos.)
Esta Presidencia solicita a los señores diputados que se sirvan tomar sus lugares y guardar orden para escuchar con respeto a la oradora.
Tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hace un momento, que me tocaba subir, pensé que iba a exponer solamente para la versión estenográfica. Afortunadamente aquí hay más compañeros y voy a plantear mis observaciones.
De entrada, yo quiero decir que nosotros reprobamos el procedimiento con el cual se discuten las leyes en esta Cámara y quiero hacerlo una vez más, esto lo planteamos nosotros en la Comisión de Hacienda, pues hay cosas que no estamos de acuerdo y cosas que ya nos tienen realmente fastidiados.
Pasan cosas inusitadas. Aquí también se cuentan votos de más. También se pierden iniciativas, este es el caso de la iniciativa de la reglamentaria del Petróleo, que yo personalmente planteé aquí y que no llegó a la Comisión de Energéticos, más que la iniciativa que el Ejecutivo había enviado, a pesar de que entró el mismo día y casi a la misma hora.
Este tipo de cosas no pueden seguirse permitiendo y pareciera ser que en la Comisión de Hacienda se han especializado en puros dictámenes, como si fueran puestos de comida rápida, y se aprueban cosas que a veces son hasta contradictorias.
Los eufemismos, como disfraz de una realidad, suelen revestir muchas veces crueldad y absurdo. De esta manera nadie es menos ciego porque se le llame invidente, ni nadie está menos loco si se le llama que tiene limitaciones o se le dice que tiene limitaciones cerebrales.
Asimismo, para los trabajadores resulta igual de cruel que se les despida o que se les reubique y con este mismo razonamiento las devaluaciones dejaron de existir en México hace varias décadas, porque ahora sólo hay ajustes monetarios.
En esta lógica no nos debe extrañar que se nos presente una ley que armoniza diversas disposiciones, toda vez que si bien el término "armonizar" resulta inocuo y sin trascendencia legal, en los hechos es un eufemismo para adecuar nuestra legislación a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
De esta manera, nadie podrá decir que somos menos libres, ya que de acuerdo con lo planteado en la iniciativa, simplemente estaremos armonizados.
Lo anterior podría pensarse como un tema de ironía o de poca trascendencia, pero sin embargo nos lleva a meditar acerca de varios puntos como son:
1. La relatividad de nuestra política fiscal. Como es de conocimiento general, hasta hace poco tiempo la verdad sostenida por la Secretaría de Hacienda era irrebatible y quien ponía en duda tal característica se convirtió en reo o sufrió en su patrimonio las consecuencias de tal osadía.
Asimismo, de nada sirvieron las quejas y los reclamos presentados por medio de recursos legales o por gestión directa, ya sea por particulares o por representantes de sectores. De nada han servido los reclamos de la sociedad, toda para cancelar lo que también eufemísticamente podríamos llamar "rigor fiscal".
Pero, por otro lado, sólo bastó con que en la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio se pidiera que se modificara nuestra reglamentación fiscal para que de inmediato el Poder Ejecutivo presentara un proyecto de ley para armonizar nuestros dispositivos jurídicos con la voluntad de los poderosos vecinos.
2. La eficiencia como norma fundamental del sistema tributario mexicano. También en forma eufemística la eficiencia pasa a ser el criterio fundamental, sustituyendo a la proporcionalidad y a la equidad sostenidas por la fracción IV del artículo 31 constitucional, lo cual provoca que la voluntad ciudadana se selle con todos los designios de eficiencia y productividad del sistema recaudatorio, dentro del cual destaca el sistema de auditoría, pero no encontramos en correspondencia disposición alguna que proteja al particular mexicano de los dumpings o de las prácticas comerciales viciadas, vía impuestos o aranceles.
De ahí cabría preguntar: ¿Acaso nuestros vecinos norteamericanos se encuentran también armonizando sus leyes? ¿Acaso no existen en sus disposiciones prácticas que lleven a una doble imposición? ¿Acaso aquéllas leyes que tanto se festinaron a fin de año al ser aprobadas, han dejado de ser justas, por lo que ahora se requiere armonizarlas?
En este orden de ideas, lo primero que llama la atención es la modificación del sistema de folios contenida en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; sistemas éstos que fueron fuertemente objetados por nuestra contraparte en el Tratado de Libre Comercio, pero jamás fueron objetadas por oponerse al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, aún cuando desde la fecha de su aprobación tal convenio multilateral tenía plena vigencia.
En este mismo orden, en el párrafo segundo de la modificación al artículo 92 del Código Fiscal, propuesta por el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a la cual: "Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aún cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles o propiedad particular". De esta manera nos encontramos ante una disposición de muy difícil armonización y que implica una definición absoluta por cuanto que aún los bienes incorporeos, pero aún más los metafísicos, serían parte de ella.
Con respecto a la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 9-A, si bien es cierto que la creación de un fondo necesita de aportaciones, éstas deben ser proporcionales a las partes, además de que debe firmarse un convenio entre la Federación, estado y municipios, en donde existan puentes de peaje para fijar el monto de las aportaciones equitativamente.
El hecho de fijar un porcentaje desproporcional e inequitativo del 10% para dos de las terceras partes en materia de puentes de peaje, contribuye a que la Federación otorgue cada vez menos recursos a los estados y éstos a su vez a los municipios, para la construcción de la infraestructura necesaria.
Este hecho indica que se están haciendo pequeños remedios en aspectos aparentemente intranscendentes para evadir la revisión de todo el sistema fiscal.
Por último, es importante recalcar que aunque el porcentaje fijado aparentemente no afecta a ninguna de las partes y que cada una se queda con recursos para administrarlos, es desproporcional e irrisorio con respecto a los recursos de la Federación y no sirve para los servicios demandados por los municipios.
En la Ley Aduanera, que aquí es donde existe un mayor número de modificaciones, en lo que toca a las modificaciones propuestas a la Ley, encontramos graves vicios de origen, toda vez que textualmente se pide en el dictamen aceptar la adecuación de la legislación aduanera a los principios del Código de Valoración Aduanera del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, sin que en ninguna parte del dictamen ni de la iniciativa se señale en qué consisten dichas adecuaciones, ni mucho menos cuál es el motivo de someter nuestra legislación a los mandatos de tal acuerdo, hoy, ni se explica la razón por la cual dicha adecuación se tiene que hacer hasta ahora.
En ese sentido destacaríamos: en el artículo 28, como punto especial de polémica, llama la atención el segundo reconocimiento aduanal, mismo que crea dudas acerca de las bondades tan comentadas del semáforo fiscal así como el hecho del renacimiento de la figura de Vista Aduanal, sólo que ahora con carácter particular y denominado dictaminador aduanero. En las reformas no encontramos ninguna reglamentación en torno a los casos en que se presenten discrepancias entre el primero y el segundo semáforo de reconocimiento, ¿Cómo se resolverán esas diferencias? ¿Que despacho tendrá mayor jerarquía o qué opinión decidirá el conflicto, la del agente, la de vista, la del dictaminador o la de cualquier otro funcionario? Tampoco se señalan en estas propuestas de reformas si los dos despachos serán autónomos ni las ventajas que puede implicar que empresas particulares se encarguen del segundo reconocimiento ni cómo será la selección de estas empresas y si existirá algún candado que evite nexos entre las empresas aduaneras particulares y las empresas importadoras.
La sanción de irregularidades en esta materia es una figura importante; sin embargo se propone que cuando un dictaminador aduanal autorizado cometa alguna infracción se le imponga una pena muy severa, deberá pagar 20 veces el monto de las contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades en que se incurrieron, en tanto no se exigirá ninguna responsabilidad ni se impondrá ninguna sanción a la empresa para la que preste sus servicios el dictaminador de que se trate permitiéndose así una injusta distribución de responsabilidades y de sanciones.
Los dictámenes aduaneros tampoco adelantan mucho con su reglamentación puesto que la misma, como ya es costumbre, queda sujeta a las reglas que al efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero lo que no se olvidó fue el hecho de salvar cualquier posibilidad de cambio de opinión reservando el derecho de la autoridad aduanera para objetar el valor de las mercancías. En el artículo 30 aquí resulta irónico que se fije un plazo máximo de 4 meses para resolver consultas puesto que tal término deja en estado de indefensión a cualquier particular mientras se resuelve la consulta, además de que cuatro meses hábiles son demasiado tiempo para establecer un comercio eficiente.
En el artículo 48 el cambio de conceptos de valor normal de las mercancías al valor en aduana de las mercancías para determinar la base gravable del impuesto general de importación, provocará una reducción sustancial de ingresos fiscales por este rubro y permitirá el paso a prácticas desleales al interior de nuestro mercado. La determinación de la base gravable de las mercancías importadas a través del valor en aduana, permitirá una subfacturación que las empresas transnacionales podrán aprovechar en la medida en que tendrán posibilidad de introducir al país productos subsidiados con un menor precio al de los productos nacionales, sin que la política fiscal nacional ponga contrapeso al dumping pagando de esta forma una tasa menor a la real y golpeando severamente a la industria nacional.
Siguiendo con esta tónica se propone reformar al artículo 48, también eliminando los precios oficiales que fija y modifica la Secretaría de Comercio y cuyo objeto es evitar que ciertas importaciones puedan ocasionar perjuicios a la industria o a la economía nacional, así con los precios oficiales la Secretaría de Comercio protegía a la producción de mercancías industriales nacionales pero también de productos agrícolas
y alimenticios fomentando su producción y defendiendo la independencia alimentaria del país y a su soberanía, con propuestas de reformas como estas avanza la aplicación del modelo neoliberal que beneficia y atrae el capital extranjero a través de una política de apertura indiscriminada y de atractivas políticas salariales, fiscales, etcétera, y que deja desprotegida a la economía nacional, ignorando así el objetivo constitucional de utilizar los diferentes instrumentos de la política económica, incluida la fiscal, para beneficio y desarrollo del pueblo mexicano.
Se asegura que la denominada reexpedición de mercancías usadas en las franjas fronterizas al resto del país, es hoy una medida oportuna; sin embargo consideramos que la aplicación de tal medida no beneficiará al consumidor nacional y generará más problemas de los que pretende remediar al perjudicar a industrias nacionales como la textil y la de productos electrodomésticos que tanto esfuerzo han costado a los mexicanos.
Ante esto cabe preguntar, ¿en qué se basa la oportunidad de tal medida? ¿es que acaso el consumidor nacional no tiene derecho o sencillamente no puede acceder a artículos de primera mano? ¿o se deberá a que la industria nacional que defendemos no tiene cabida en el proyecto gubernamental? o peor aún, ¿será que no existe ya nada que proteger porque estas pequeñas y medianas industrias están ya heridas de muerte por la embestida neoliberal o porque prácticamente ya no existen?
En su artículo 60, la Ley Aduanera, nos plantea que aunque es correcto relevar a los pasajeros de la obligación de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del domicilio de circunscripción de la autoridad fiscal, esto coloca en ventaja a los extranjeros frente a los mexicanos, por cuanto que siempre habrá mayor aseguramiento en los bienes de los infractores nacionales que en el de los extranjeros.
Por otro lado, en el artículo 72, la importación habitual a la que se refiere el artículo 72 de la ley que estamos comentando, al quedar sujeta a las variables de las denominadas reglas generales, difícilmente tendrá seguridad jurídica.
A pesar de que no debe protegerse actos ilícitos, debe censurarse la escasa técnica jurídica con la que se presenta el segundo párrafo del citado artículo 72, ya que si se pretende que se sustituya al contrabando como delito, tal consideración debió hacerse en el Código Fiscal o en el Código Penal, pero nunca en la Ley Aduanera y por otro lado, una multa equivalente a 20 tantos del valor comercial de las mercancías importadas, ilegalmente suponemos, nos da un claro ejemplo de lo que se entiende por multa confiscatoria y que se encuentra prohibida por nuestra Constitución.
A pesar de lo anterior, no encontramos voluntad para el apoyo de la industria nacional, ya que el esquema que se propone a favor de las empresas de un programa de exportación no es suficiente.
Artículo 81. Se permitirá y fomentará el cambio de régimen de importación temporal al de importación definitiva.
Para el caso de importaciones temporales, realizadas al amparo del programa de exportación autorizado por Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cambio de régimen podrá efectuarse sin el pago de la actualización y los recargos requeridos. Esta modificación no sólo implicará que el fisco no reciba ciertos recursos, sino también que se legisle y promueva un modelo industrial apropiado y dependientes, donde las maquiladoras serán el sustento.
La maquilización de la economía traerá graves efectos en tanto que este tipo de industrialización profundizada la dependencia tecnológica y financiera, impide la integración y el desarrollo autosostenido de la economía, agravando el desabasto, los cuellos de botella y las diferencias en el grado de desarrollo y de los diferentes sectores y ramas de la economía.
Hace uso únicamente de la fuerza de trabajo aprovechando los bajos salarios, sin preocuparse por la capacitación de los trabajadores y dadas las características de estas plantas industriales.
No requiere ni está obligada a consumir insumos nacionales, por lo que las importaciones se incrementarán sustancialmente, desequilibrando aún más la balanza comercial, sobre todo si esta producción no se canaliza ya a la exportación.
No constituye y mucho menos con la propuesta de reforma, una fuente de recursos en la medida de que cuentan con ventajas fiscales, constituye una inversión en gran medida volátil, dadas las características de la planta dictadas por la producción que en ella se realiza: montaje, ensamblaje y acabado.
Todas estas características llevaron a calificar a la maquila como un medio de industrialización excepcional, que se limitaría incluso
geográficamente. Hoy con la propuesta de fomentar el cambio de régimen de importación temporal a definitivo, se corre el riesgo de maquilizar a la economía.
Si se aprueba esta modificación, se estará apoyando y acelerando el proceso de desindustrialización que vive el país desde 1982 y se agudizará la dependencia que en materia industrial tenemos del exterior, sobre todo de Estados Unidos de América.
En el artículo 127 observamos la misma tendencia señalada y que nos hace ver que el quitar el requisito de foliado de mercancías de producción nacional, fue únicamente para efecto de establecer un mecanismo similar al que se pretende establecer con respecto a las mercancías de procedencia extranjera, petición ésta muy señalada por nuestras contrapartes en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Continuando con los eufemismos, se nos propone adicionar con preceptos que permitan negociar beneficios que normalmente se contienen en los tratados para evitar la doble imposición internacional. A este respecto, es necesario aclarar que las leyes nunca han sido instrumentos idóneos para negociar beneficios, por cuanto que ellas son disposiciones de carácter obligatorio, esto es, no sujetos a negociación alguna, pero aún así, la imposición de cargas a los particulares es un acto de gobierno decretado por el poder público, mismo que por lo menos en el momento actual no pensamos deba ser abandonado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de los particulares; cuando mucho existen en la ley fiscal diversas opciones, pero es contrario al espíritu de esta ley y a la voluntad de los funcionarios, desde el secretario de Hacienda hasta el más humilde auditor, el negociar los beneficios de la reglamentación fiscal.
No obstante lo anterior, lo que en realidad pretende reglamentar esta reforma, es la posibilidad de fijar un límite máximo de deducibilidad de donativos a instituciones autorizadas para recibirlos, con todo y lo defectuoso de la terminología que maneja el dictamen en su página 55.
Es a todas luces evidente que no puede aplicarse el mismo tratamiento a todas las instituciones establecidas en el listado del artículo 70 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que jamás será lo mismo aquellas constituidas por sus propios beneficiarios para atender a sus necesidades de vivienda, de consumo o de educación, en comparación con los donativos y los grandes manejos hechos por las grandes corporaciones religiosas o las grandes empresas transnacionales que pueden evadir impuestos.
En este orden de ideas, no puede tratarse de la misma manera a las organizaciones no gubernamentales que diariamente prestan un servicio a la comunidad, frente a las fundaciones empresariales creadas para adquirir obras de arte y fomentar la contemplación estética entre sus ejecutivos, sus familiares y su selecto grupo de amistades, pero tampoco es correcto manejar una política de restricción en materia de donativos, en donde son ellos necesarios por la nula y deficiente inversión gubernamental en áreas en donde es necesario mayor impulso.
Resulta contrastante el hecho de que mientras existe severidad con los donativos, por otro lado se fomenta la inversión especulativa con tratamientos fiscales favorables.
Por otro lado mientras el donador nacional está sujeto a una serie de cortapisas, el donador extranjero tiene todas las facilidades que le otorga la falta de control y de control y de mecanismos idóneos para regular la corrección de su donación. He aquí un punto más en la falacia, que supone el dar trato nacional al inversionista extranjero, ya que el mismo no puede quedar sujeto a las regulaciones de nuestro país.
Jurídicamente eso es inaceptable y es una aplicación retroactiva de la ley el fijar mayores requisitos a las personas morales para recibir donativos que los han venido teniendo hasta ese momento.
Si bien se puede decir que las deducciones son concesiones de la ley, sujetas a los periodos que la misma establezca y que en consecuencia al modificarse la ley quedan también éstas modificadas, no es menos cierto que la aplicación de las normas sobre sujetos, objetos, bases y tasas o tarifas de los impuestos son de aplicación estricta, es decir no cabe la interpretación y son estas normas, por su naturaleza, las cuales son cumplidas por los particulares, por lo que la modificación de leyes sin atender a los requisitos de legalidad, resulta arbitraria e injusta.
Resulta asimismo ultrajante para el trabajador mexicano el hecho de que los ingresos por salarios de residentes en el extranjero, queden exentos de impuestos cuando el ingreso del trabajador mexicano está sujeto al pago de impuesto sobre la renta, Seguro social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, impuesto al valor agregado y demás impuestos que le afectan indirectamente, amén
de aquellos que gravan los servicios que les son indispensables para su subsistencia.
Aeste respecto se pretende pisotear el espíritu del artículo 123 constitucional, amén de las disposiciones legales, a la luz de las cuales se pretende garantizar el derecho al trabajo de los mexicanos. El absurdo de esta disposición viola asimismo la garantía de igualdad expresada en el artículo primero de nuestra Carta Magna, por cuanto otorga a los residentes en el extranjero privilegios de los que no gozan los mexicanos que viven en el país.
Resulta preocupante la generalización de productores e importadores de gasolina o diesel, para ocupar obligaciones que antes sólo pertenecían a Petróleos Mexicanos. Este fue un punto importante de debate en la comparecencia del señor Rojas.
Es del conocimiento común el hecho de que toda obligación genera un derecho correlativo y en este sentido ha sido rica la producción jurisprudencial de la Segunda Sala de nuestro más alto Tribunal, al tener por autorizables las solicitudes respecto de las cuales existe tarifa o tasa impositiva, toda vez que ello es un signo inequívoco de su licitud, independientemente del cumplimiento de los requisitos que al efecto tenga que llenar.
En la especia, al generalizarse la mención de productores o importadores de gasolina y diesel, sólo podemos concluir válidamente que en este sentido se ha inclinado la actividad monopólica del Estado para tal actividad ejercida por Petróleos Mexicanos.
Una pregunta difícil o quizás dolorosa respuesta, sería aquella con respecto al derecho que tendría una empresa petrolera diversa a Petróleos Mexicanos para vender gasolina o diesel dentro de la República, si paga impuesto por ello.
Independientemente de lo anterior, a nadie puede convencerse de que la norma que se propone responde a una mera adecuación gramatical, o bien a la ampliación del espectro jurídico para llenar lagunas que eran inexistentes en la legislación que se pretende reformar.
El silencio otorga y en este caso los motivos expresados, tanto por el Ejecutivo como por la dictaminadora no hacen sino confirmar el planteamiento aquí expresado.
La subordinación del Ejecutivo Federal al gobierno norteamericano, se encuentra expresado en el anexo 8-1 del denominado borrador de Virgina, del 5 de junio de 1992, de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es para aplicarse a Petróleos Mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad y a sus sucesores y asignatarios.
Se señala el comportamiento comercial respectivo y en tal concepto se pretende defender la soberanía nacional, supeditando los bienes y servicios de dichas empresas, mediante la actuación única, de acuerdo con consideraciones comerciales, la extensión de trato nacional a las personas físicas y morales norteamericanas y canadienses, pero sobre todo sin limitar la generalidad de lo procedente, proporcionará a personas físicas y empresas de los otros participantes, pleno y favorable posibilidades de competir para participar en compras y ventas de bienes.
La conclusión, compañeros, es clara y no debe y no puede deberse a la mera casualidad, sobre todo en momentos en que el gobierno está dispuesto a apostar todo lo que sea con tal de lograr la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Sólo falta conocer si la renuncia que implica esta disposición sea satisfactoria al gobierno norteamericano o bien se convocará a otro período de sesiones, para garantizar las abstenciones que implican las negociaciones citadas, entre las que destacan el renunciar a la reclamación de soberanía o mencionar una instrucción gubernamental, con lo que Petróleos Mexicanos dejaría de ser el agente exclusivo del gobierno federal para actuar exclusivamente en relación a las políticas dictadas por quien gobierna el Tratado de Libre Comercio.
No puede pensarse siquiera en la autonomía del derecho fiscal, por el simple hecho de que a todo impuesto se corresponde una política definida, es decir, no existe ni ha existido en la historia caso alguno en el cual un impuesto haya nacido por generación espontánea, sino que el impuesto es la forma típica de ingreso del poder público, pero también mediante él mismo se reglamenta y se controla la licitud de los actos de los particulares.
Entonces no cabe otra respuesta, estamos frente a una sesión de soberanía, con el fin inconfesable de mantener un poder impopular al costo que sea.
El compañero Jorge Calderón hará una propuesta concreta de los artículos que tenemos reservados. Gracias.
El Presidente: - Gracias diputada Liliana Flores Benavides. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Soto Prieto: - Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Vengo en este momento a fijar la posición de mi partido, el Revolucionario Institucional respecto a la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y que fue discutida, analizada en comisiones y se estableció un dictamen.
El objeto de esta iniciativa es continuar con el proceso de simplificación y modernización de la estructura tributaria y continuar en la búsqueda de la mejor aplicación de los principios de equidad y eficiencia para mejorar la administración impositiva en provecho del desarrollo del país.
La defraudación fiscal que establecen los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, establece como sanción, en algunos casos, la privación de la libertad.
En esta iniciativa que envía el Ejecutivo, se establece el beneficio de la libertad bajo caución para los procesados por delitos fiscales, aún cuando el término medio aritmético de la pena exceda a cinco años de prisión, proponiéndose en la iniciativa, en el estudio, la reforma correspondiente al artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, desde luego garantizando el interés fiscal del principal y los accesorios.
Congruente con el cambio antes mencionado, se propone eliminar del monto de las contribuciones omitidas que sirvan de base para fijar la pena, los conceptos de actualización y recargos generados en las contribuciones omitidas, ya que de esta forma se atenderá al valor de la contribución omitida al momento de la comisión del delito y no a valores que pueden ser modificados por el simple transcurso del tiempo y la inflación, hecho que otorga una mejor seguridad jurídica.
También esta iniciativa tiene aspectos muy positivos para el contribuyente. Las multas que iban del 70 al 100%, antes eran del 100% exclusivamente y de ahí para arriba y para los efectos de la demanda se tomará el domicilio del demandado.
Otro punto que es muy importante, es el impuesto sobre la renta, el pago provisional que se propone para contribuyentes es de hasta dos mil millones de pesos y que sea trimestral. Quiero enfatizar que este apoyo que dan las autoridades fiscales al contribuyente, es un apoyo muy saludable, porque el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo y todos los impuestos que se pagan mensualmente hasta ahorita, con esta modificación creo que se otorga un financiamiento muy saludable al contribuyente, ¿Por qué? Porque en el futuro va a poderlo pagar en el mes de abril, julio, octubre y enero, en lugar de hacerlo mensualmente, independientemente de la carga burocrática de declaraciones viene un apoyo muy saludable para el contribuyente.
Se elimina el segundo ajuste. Este también es algo muy saludable para los contribuyentes porque ya no van a tener que hacer mas que estas cuatro declaraciones y el primer ajuste que se hace en la segunda mitad del sexto mes.
Examinar otro punto que es muy importante, es eximir al contribuyente de presentar declaraciones a quienes exclusivamente obtenga ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio subordinado cuando sus ingresos se hayan obtenido de un sólo empleador independientemente del monto. Esto también es una reducción de trámites para el contribuyente.
Hay otras modificaciones que son exclusivamente adecuaciones en los artículos 70, 77, etcétera, pero que desde luego creo que son mucho muy saludables para el contribuyente.
Por este motivo yo quiero pedirle a esta honorable Asamblea que apoye este dictamen para que sea aprobado. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias señor diputado Soto Prieto. Tiene la palabra el diputado José Antonio Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra: - Señor Presidente; compañeros diputados:
No es común que en estas fechas del año estemos discutiendo cambios a las disposiciones fiscales. Normalmente esto se da a fin de año. Y normalmente las disposiciones tienen vigencia por el año siguiente.
Sin embargo el día de hoy nos encontramos con cambios a diversas leyes; cambios que modifican disposiciones que apenas habíamos aprobado hace algunos meses.
En su número, la mayor parte de estos cambios corresponden a la Ley Aduanera. Precisamente para homologar nuestra legislación aduanera al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio y prepararnos para el eventual Tratado de Libre Comercio.
En el caso de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, hay varias resoluciones, muchas de ellas que ya se habían dado por resoluciones misceláneas. Con relación a esta ley, lo más significativo es lo siguiente: La eliminación del segundo ajuste del pago provisional de las personas morales. El pago trimestral del contribuyente persona física y moral, con ingresos menores a dos mil millones de pesos.
El tratamiento específico a las asociaciones religiosas como personas morales no lucrativas; el tope a la deducción por donativos de hasta un 20% sobre la utilidad fiscal. En el caso de la ley correspondiente a la coordinación fiscal, anotamos un estímulo para mejorar por parte de los municipios, sus carreteras.
En el Código Fiscal, no se incluyen los recargos y actualización para el monto base de la pena. Esto, hay que anotarlo también, derivado de ejecutorias de la corte.
El monto de las multas bajo un esquema mínimo y máximo, del 70% al 100%. Eso fue introducido por haber sido declarado inconstitucional, tal como se encontraba por la Corte.
Y lo que consideramos el cambio más importante, el que corresponde al artículo 92 del Código Fiscal. Y sobre esto quisiera referirme a la discusión que en esta tribuna se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 1991. En aquella ocasión nuestro compañero diputado Fauzi Hamdan, estableció en esta tribuna que para evitar estar subordinado a una prisión preventiva, en una presunta culpabilidad, sin que haya sentencia y alcanzar los logros de los derechos humanos de los cuales formamos parte en los Tratados respectivos, proponía a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, un cambio al entonces artículo 115-C, que decía lo siguiente:
"Tratándose de los delitos fiscales, sea cual fuera la pena establecida en este capítulo, el procesado tendrá siempre el derecho de libertad caucional. Siempre y cuando garantice el interés fiscal ante el juez que conozca de la causa penal en cualesquiera de las causas previstas en el artículo 141 del Código Fiscal.
Nos da gusto, aunque haya sido algunos meses después, que la autoridad haya tenido la sensibilidad, que no tuvo en esa ocasión y que ahora proponga esto por lo que luchamos los diputados de Acción Nacional en esa ocasión. Compañeros diputados:
Hemos insistido y lo seguiremos haciendo, por un régimen fiscal simplificado, equitativo, claro y accesible, para toda la población del país, régimen que tome en cuenta la capacidad económica y administrativa de la población. Es inadmisible y poco práctico, que en aras de una supuesta justicia tributaria se introduzcan conceptos terriblemente complicados e inaccesibles para el contribuyente promedio.
Es evidente y constante, el clamor popular en contra de las disposiciones fiscales complejas, clamor al que nos hemos hecho eco y seguiremos haciéndolo porque no sólo es conveniente y necesario por el bien y la tranquilidad de los contribuyentes, sino porque estamos seguros que de ninguna manera se vería reducida la recaudación, sino por el contrario, bajo esas condiciones, estamos seguros se incrementaría.
Algunas de las áreas en las que debemos abocarnos por ser de obvio rechazo, anotaré en forma enunciativa, más no limitativa, las máquinas registradoras, sobre todo a los pequeños comerciantes; deducciones con exceso de requisitos y en algunos casos, difamantes. El subsidio tremendamente complicado a los salarios, el régimen simplificado, falsamente simplificado, la obligación de la impresión de las facturas, obligación que inclusive por gente que está en el medio, impresores, comentan que todos los impresores ya autorizados para esta ahora controlada impresión de comprobantes fiscales, no se darán abasto, no se darán abasto para contar, para el mes de octubre, que ha sido el período ampliado por parte de la Secretaría de Hacienda, para que todos los causantes del país puedan imprimir sus comprobantes.
Por otro lado, no estamos de acuerdo en que la Secretaría de Hacienda legisle mediante reglas generales o a través de resoluciones misceláneas, en las que incluso define nuevas figuras que la ley no contempla. Considerando todo lo anterior, los diputados de Acción Nacional vemos con buenos ojos todo aquello que clarifique o simplifique el régimen fiscal y que se incluyan precisamente donde deben estar, es decir, en la ley.
A pesar de que solamente sean unos cuantos, dejamos constancia de que nuestra preocupación sigue en el sentido de leyes claras, accesibles, sencillas, proporcionales, con permanencia. Y que los contribuyentes tengan la seguridad jurídica elemental y fundamental. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José Ramos González: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa que envía el Ejecutivo, que simplifica diversas disposiciones fiscales, disminuye trámites, reduce sanciones económicas y eleva la protección jurídica de los contribuyentes, con esta iniciativa se otorga libertad bajo fianza en todos los casos de delitos fiscales, por una caución especial, posibilitando la aplicación de multas de acuerdo con la condiciones y características individuales del infractor, característica que marca un cambio fundamental y trascendental en las relaciones fiscales; el más importante desde que se establecieron esas disposiciones en respuesta a la petición de diversos grupos de la sociedad y a la observancia de fallos que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la constitucionalidad de sanciones que no atienden a las condiciones individuales de los infractores. Sin duda los delitos fiscales deben ser castigados, sin embargo la iniciativa propone que los 30 millones que se establece como requisito para que la penalidad no exceda en su media aritmética de cinco años, no debe influir o no debe de actualizarse, ni se le deben de aplicar recargos, esto es con el propósito de mantener la referencia de los créditos fiscales, de acuerdo a la fecha en que éstos se originaron, no aumentando con ella la penalidad por el simple transcurso del tiempo.
La reforma a la Ley Aduanera y las adecuaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta se inscriben en el contexto de una red de tratados para evitar la doble tributación, así como cancelar cargas impositivas excesivas y obstáculos a los intercambios de capitales, bienes, servicios y personas. Con la adhesión de México al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio desde 1986, el país acordó suscribir los códigos de conducta entre los cuales se encuentra el Código de Valoración Aduanera, el cual se debe de aplicar a partir de 1993, por lo que se propone también la adecuación de la legislación aduanera para eliminar criterios discrecionales de valoración de mercancías.
Esta adopción obligada de nuestra Ley Aduanera, el Código de Valoración Aduanera tiene fin de evitar prácticas que constituyan barreras no arancelarias al comercio internacional. La propuesta establece un sistema uniforme, ágil, equitativo y neutral, que se aplica a todos los países adheridos al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio y que se basan fundamentalmente en la factura de adquisición de la mercancía, en lugar del valor usual de la competencia.
Por otro lado, se incorpora la exención de manera permanente en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la exención a los ingresos de fondos de pensiones extranjeros, cuando en su país estén libres de contribución, a efecto de dar mayor seguridad jurídica y tranquilidad a los inversionistas foráneos institucionales.
En cuanto a la agilización de trámites la iniciativa propone diversas medidas de simplificación fiscal para que los contribuyentes de mediana capacidad administrativa presenten en forma trimestral sus declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, el impuesto al activo, producción y servicios, adquisición de inmuebles, así como pagos provisionales.
Creemos que esta reforma tributaria tiene como objetivo básico incentivar la confianza del empresario nacional, con el fin de propiciar una mayor participación de las empresas en el proceso productivo. La reestructuración que se está dando al interior de la Ley Aduanera, incentivará la integración más directa de la inversión extranjera en áreas que es necesario apuntalar para participar en los mercados internacionales, sin duda.
En síntesis, creemos que esta iniciativa otorga la posibilidad de ampliar el cumplimiento de los ordenamientos fiscales que hoy se modifican, estableciendo un régimen tributario más ágil y sencillo.
Por las consideraciones anteriores, nuestra fracción apoya en lo particular y en lo general esta iniciativa. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)
El presidente: - Gracias, señor diputado Ramos González. Tiene el uso de la palabra el diputado
Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia señor Presidente; estimados compañeros y compañeras legisladores:
Antes de iniciar los comentarios específicos sobre cuatro aspectos de este paquete de leyes que estamos discutiendo, quisiera dirigirme a los diputados presentes y a los ausentes que supongo algunos podrán escucharme por los monitores de televisión, sobre cuestiones de tipo de procedimiento, forma y práctica parlamentaria.
Discrepo, aunque sé que es una opinión reiterada de numerosos legisladores, con la práctica de no hacer un receso para continuar adecuadamente nuestro debate después de tomar nuestros alimentos. Les puede parecer insustancial esta opinión. Pero resulta adecuado establecer ritmos y tiempos convenientes de discusión.
Este período ordinario de sesiones se debería haber iniciado, como todos sabemos, el 15 de abril. Por motivos relacionados con fiestas religiosas iniciamos actividades efectivas días antes. Y es de todos sabido que fue en los últimos días de junio e inicios de este mes de julio cuando llegan a la Cámara de Diputados un paquete de leyes, entre ellas la ley que estamos discutiendo en este momento, el paquete de reformas fiscales, algunas de ellas de importancia trascendental. Aunque no fueran de importancia trascendental, hay que destacar que resulta absolutamente inadecuado el que teniendo el Poder Ejecutivo Federal tiempos sobrados el año pasado y en enero, febrero, marzo y la primera mitad de abril para formular sus propuestas e iniciativas de ley como le corresponde, escogiera los últimos momentos.
Casi duró un mes, compañeros legisladores, un mes de actividad de la Cámara de Diputados sin aprobar una sola disposición legal, sino en discusiones específicas sobre problemas diversos. Legítimos todos. Pero fue un tiempo que no pudimos dedicar a análisis en comisiones, con los tiempos adecuados para discusión de propuestas de ley específicas.
Y ya ha sido reconocido explícitamente la inconveniencia de estas propuestas en el último momento, por todas las fracciones parlamentarias, cuando dos leyes, La Forestal y la de aguas, al igual que otra más que es de carácter reglamentaria: la Ley Orgánica del Congreso, fue diferida su discusión. No estoy hablando de algo que no sea conocido por todos. ¡Enhorabuena, enhorabuena que hubo la sensatez para que esta discusión se haga! Y resulta también inconveniente que a veces discusiones, muy complejas, que exigen carácter técnico, consultas con asesores, consulta de documento y material de análisis, se tengan que hacer entre platillos, alimentos, en desayunos, comidas o cenas, sin tener la infraestructura técnica y los mecanismos de trabajo adecuados.
Y más aún resulta inconveniente el que se obvien discusiones, se omitan lecturas de documentos importantes en los trabajos de las Comisiones y no tengáos los tiempos adecuados para ello.
Para terminar este punto. Hace unos minutos no fue un servidor de ustedes quien solicitó que se pasara lista. Fue un diputado, un diputado del Partido Revolucionario Institucional respetable. Yo sólo solicité el que hubiera un receso, en virtud de que resulta inconveniente desde todos puntos de vista hablar ante un auditorio vacío.
Por ello es.. ¡Tengo el uso de la palabra, estimado diputado! Si usted considera pertinente discrepar con un servidor, haga una interpelación formal o pida después de mí intervención la palabra para hechos. (Aplausos.) Para finalizar, pues, estimaba pertinente que hubiera esa situación. Cuando me toque ejercer si es que las condiciones lo permiten en el futuro la función de Presidente, ratifico mi disposición en el futuro los acuerdos de la Comisión de Concertación, lo hice; sin embargo mi intervención del día de hoy en ejercicio de las facultades autónomas como diputado no siendo Presidente en ejercicio.
Entrando en materia estimados legisladores, la Ley que estamos analizando tal como la intervención de la diputada Liliana Flores, que me antecedió en el uso de la palabra, establece: incluye algunas modificaciones importantes en ciertos artículos que aquí han sido escasamente comentados por los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra y que han defendido ciertos puntos. Que bueno que hay ciertas medidas de simplificación fiscal, qué bueno que aquellos causantes que tengan un solo patrón, se les omita de las obligaciones que tenían, de presentar declaración especialmente que anteriormente aquellos que tenían ingresos superiores a cinco salarios
mínimos debían presentar esa declaración y hay otro tipo de disposiciones que pudieran ser positivas en algunos aspectos, pero quisiera enterar algunos puntos que nos parece importantes al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y sobre la cual queremos presentar propuestas particulares.
En primer término lo relativo al porcentaje de 10% sobre ingresos de puentes de peaje. Aquí hay un elemento que resulta incongruente en la voluntad que está expuesta supuestamente en los considerados; este punto es que la Federación se obliga, es decir no se obliga, se crea la posibilidad de una transferencia del 10% de los ingresos por puentes de peaje a estados y municipios y resulta a todas luces incongruente, sobre todo a quienes hemos residido en poblaciones que tienen esos puentes de peaje, hablar únicamente de una aportación del 10% de los ingresos por cuotas de peaje cuando sabemos que la infraestructura vial, en la infraestructura de comunicaciones de numerosos municipios que tienen esos puentes de peaje se ve severamente deteriorada por el tráfico pesado que afecta gravemente numerosas poblaciones en esos momentos.
Por lo anterior resulta mucho más conveniente establecer un mecanismo que deje la posibilidad de aportaciones que vayan del 25% al 50% de los ingresos por puentes de peaje, aportación de la Federación, sin establecer la obligación de que los estados y municipios hagan una aportación idéntica, eso sería apenas restituir así sea en pequeñas escala los deterioros que sufre la infraestructura vial de un municipio por concepto de estos propios puentes de peaje.
Otro punto más, lo relativo al artículo 48 de la Ley Aduanera, la redacción anterior del artículo 48, anterior en términos debiera decir vigente, del artículo 48 establece dos elementos que no se han aquilatado en su importancia, el primer elemento es en el 48 vigente que la base gravable del Impuesto General de Importación es el valor normal de las mercancías a importar, hay otros considerados en los 3 párrafos siguientes y hay un elemento adicional y es el hecho de que como excepción a lo dispuesto en el párrafo 1o. la Secretaría de Comercio escuchando a la de Hacienda y en los términos de la legislación respectiva, podrá fijar y modificar los precios oficiales de la mercancías de importación.
Esta disposición fue muy importante en materia alimentaria especialmente, en donde se mantenían facultades regulatorias de la Secretaría de Comercio y Hacienda y Crédito Público para evitar precisamente que las fluctuaciones de precios en el mercado internacional afectarán de manera desfavorable la política de abasto y acopio establecida por el Gobierno Mexicano a través de Compañía Nacional de Subsistencia Populares y afectara también a los productores agrícolas mexicanos que tenían en un momento determinado precios de garantía o había sistemas de regulación.
En la práctica, esto significa después de casi una década de una abrogación en los hechos de las facultades rectoras del estado en materia económica, incluir en una disposición aduanal prácticamente la facultad irrestricta que tendrán los importadores de establecer aquel precio que crean pertinente en la factura en la cual definen su mercancía a importar y nos deja desarmados como ya lo explicó la diputada Liliana Flores, en materia de prácticas desleales su facturación o prácticas en materia de dumping.
Si este articulado que nos proponen fuera acompañado de un paquete de reformas legales precisamente para evitar prácticas desleales, dumping o su facturación, podría entonces se aprobado; pero así, sin presentar una visión integral de reformas fiscal, sin presentar un visión integral de qué estamos negociando en el Tratado de Libre Comercio, sin presentar una visión integral de la política de comercio exterior de la República mexicana, en estas condiciones y repito, en ausencia de esta visión de conjunto que ha estado ausente en muchas de las discusiones que hemos tenido en los últimos meses, evidentemente no podemos estar de acuerdo, por ello estimamos pertinente en una propuesta particular, retomar el espíritu y algunos aspectos de la formulación previa, mejor dicho, de la formulación actual que tiene el artículo 48.
Otro punto más es el relativo al artículo 81 de la Ley Aduanera. Pareciera, a veces pensamos por el número de asistentes o por la rapidez con la que fue discutido este dictamen, apenas un martes del anteproyecto y pocos días después, apenas 48 horas después, se aprobó el proyecto de dictamen en una reunión rapidísima con omisión de la lectura del dictamen y sin un debate adecuado.
Parecería que estas discusiones en torno a articular una ley aduanera, nada tiene que ver la vida de millones de mexicanos, resulta que lo que está en juego en el artículo 81, es nada menos que el sistema industrial creado por las empresas maquiladoras bajo el régimen de importación temporal para agregar fuerza de trabajo al
proceso y al valor de las mercancías y reexportar esas empresas maquiladoras en base al artículo 81, se convierten en plantas industriales que podrán competir con la planta industrial mexicana, sin estar sujeto de manera directa a las regulaciones económicas y a los mecanismos de fomento industrial que por décadas ha creado el Gobierno mexicano a través de diversas disposiciones que establece la rectoría económica del Estado.
Y en un proceso en el que ya existe una dinámica de desindustrialización, en que hay cierre de numerosas medianas y pequeñas empresas, en un momento en que plantas textiles y numerosas empresas mexicanas están sufriendo el embate de una competencia desleal del comercio exterior, y en un momento estimados legisladores, en que tuvimos el año pasado un déficit de la balanza en cuenta corriente de más de 13 mil millones de dólares, teniendo este año la posibilidad de que nuestro déficit en cuenta corriente sea de 18 mil millones de dólares, crear este mecanismo con las facilidades extremas que aquí se establece, de conversión, de importación temporal a importación definitiva y además con facilidades, significa crear condiciones fiscales en lo que es la discusión de la Ley Aduanera, que favorezca el crecimiento exponencial de nuestro déficit comercial y crear la posibilidad entonces de competencias desleales, de plantas maquiladoras creadas con otro objetivo para competir en nuestro sistema económico interno.
De nuevo, si esta disposición de facilidades fuera acompañada de un paquete de políticas de fomento a la industria mexicana; fuera acompañada de disposiciones legales que favorecieran la protección a industrias que tienen sectores altamente declinantes; si fuera acompañada de un paquete de reformas legales que garantizara el interés nacional en la industria mexicana, podría ser aprobada con ciertas modificaciones, pero de la manera como está formulada, evidentemente no coincidimos que se trate de reformas insubstanciales que por mero trámite debemos aprobar simplemente levantando nuestra mano.
No es un problema de reformas insubstanciales, es un problema que puede afectar la planta productiva, especialmente de aquellos sectores en que las maquiladoras pueden dañar a segmentos de la industria mexicana.
Otro punto más, el relativo a los artículos 146 y 147-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Resulta estimados legisladores, que en la legislación vigente, la exención del pago a extranjeros, valga la redundancia, residentes en el extranjero, era únicamente de 15 días, y en ese sentido se establecía un mecanismo de exención fiscal por ese período, pero comparando esa disposición con la que hoy se nos presenta, se nos propone estimados legisladores, que demos una exención fiscal a esas personas del extranjero, y no conocemos ninguna ley de los Estados Unidos que dé a los trabajadores mexicanos, residentes de Estados Unidos en situación de trabajadores temporales, como trabajadores agrícolas o cualquier otra situación, una exención fiscal equiparable por un lapso de 182 días. No conocemos ninguna disposición. Y no hay ni la iniciativa enviada por el Ejecutivo el dictamen a discusión, ninguna argumentación que explique porqué se extiende el período de exención fiscal a los extranjeros, de 15 días a 182 días, ninguna.
Ahora bien, si ustedes estimados legisladores, están de acuerdo en dar esta exención fiscal a los extranjeros, si están de acuerdo en ello, en ampliar prácticamente en 167 días esa exención fiscal, díganlo claramente y expliquen las razones. Para el Partido de la Revolución Democrática no hay fundamento que permita consolidar un apoyo a tal propuesta de expansión a tal nivel de esa exención fiscal, ni para los salarios ni para otro tipo de ingresos o recibos por honorarios.
Un elemento más, precisamente con esta invasión transnacionalizante a nuestro país, numerosas empresas constructoras con base y domicilio fiscal en los Estados Unidos, están realizando muy diversas actividades económicas, algunas de ellas no sólo de consultoría en estudios, sino incluso en algunos aspectos que tienen que ver con sistema productivo, y basta con que esa empresa fije un término exacto de 182 días para su labor de consultoría para que goce, independientemente del ingreso que tenga, de una extraordinaria exención fiscal y eso no nos parece correcto y no creemos que sea conveniente para los contribuyentes mexicanos que año tras año, mes tras mes y día tras día, tienen que pagar toda clase de impuestos directos e indirectos y comprometerse a la defensa de nuestro interés nacional.
Un elemento más es el relativo al artículo 11 de la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios.
El diputado Alejandro Encinas formuló al contador Rojas, Director General de Petróleos Mexicanos, una pregunta específica que no fue respondida, diciendo que iba a estudiar el problema.
El hecho es que existe un artículo 11 de la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios vigente, que establece un cierto mecanismo de gravamen fiscal para cigarros, para importadores de cigarros, pero en esta propuesta de ley, como si fuera un problema irrelevante o insustancial, se establece facultades de imposición y gravamen fiscal a importadores de gas y gasolina. perdón, de gasolina y diesel, y pido a ustedes disculpas por este lapsus, pero se refiere a gasolina y diesel.
Pues bien, resulta que en la redacción que se nos propone en el dictamen, no hay ninguna consideración que establezca la facultad de Petróleos Mexicanos para ser quien establezca los mecanismos, formas, convenios y la capacidad de regulación, control y supervisión en materia de esta eventual importación de gasolina o diesel.
Hasta aquí podría parecer una omisión involuntaria, un lapsus de quien hace la propuesta de ley, de poner en el artículo 11 gasolina o diesel, pero esto tiene consecuencias. Ya la diputada Liliana Flores explicaba que cuando está de manera explícita la mención en una ley relativa a comercio exterior, la posibilidad de gravar ese artículo, existe la posibilidad de que un particular pueda solicitar, y existe jurisprudencia, esa facultad de importación.
Pero no termina ahí el problema, resulta que ya ha sido del conocimiento de la opinión pública mexicana, el borrador de Virginia, que seguramente algún diputado o asesor podrá cuestionar su validez, pero numerosos indicadores muestran que este borrador de Virginia, que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha traducido ya al español y que está dispuesto a entregar a cualquier diputado que lo solicite una copia, en el borrador de Virginia se establece ya disposiciones altamente lesivas para nuestra soberanía, como propuestas para ser aprobadas en el Tratado de Libre Comercio, y particularmente propuestas relativas a mantener en el artículo 5, apartado a), mantener cuotas de exportación a Estados Unidos y Canadá, independientemente de nuestras propias necesidades.
En el párrafo b; de ese mismo artículo quinto del borrador de Virginia, se establece que no tenemos facultad para definir de manera autónoma nuestros precios de exportación, y se establece una facultad de regulación trinacional sobre nuestra exportación. Lo más grave sin embargo, y de esto no pareciera que se está tomando en cuenta la gravedad de hecho, que el anexo 8.1 establece particularmente en el punto 2, inciso 3, que no podrá haber limitación a la intervención de entidades extranjeras en el sector energético mexicano. Omitió la lectura por ser de compleja discusión este punto.
Para terminar, si establecemos que hay una propuesta de gravamen a importaciones de gasolina y diesel, sin hacer una mención explícita a la ley regulatoria del 27 constitucional en materia de energía, si establecemos la existencia ya de un borrador de energéticos del Tratado de Libre Comercio, que da enormes facilidades a la penetración extranjera en el sector energético mexicano, y si consideramos, repito, la jurisprudencia que ya existe de que aquello que está en una disposición legal como lícito para importar, puede ser sujeto de importación de un particular, estamos entonces ante dos palabras, dos palabras que se incorporan a un artículo perdido de la Ley de Impuestos Especiales a Producción y Servicios, que puede tener enorme importancia en la vida económica de la nación, y significaría de contrabando, a menos que aquí se venga a explicar lo contrario, introducir un elemento que puede afectar la soberanía del país en materia energética, por ello es que en este punto en lo particular, nosotros pensamos que debe ser quitando de este artículo la mención relativa a gasolina y diesel, y en otra ley, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, la reglamentaria del 27 o en otra, establecer bajo qué mecanismos Petróleos Mexicanos puede hacer importaciones y de qué forma esto puede ser un elemento que no afecte la soberanía, y ahí establecer los mecanismos fiscales adecuados, pero no de esta manera señores diputados; no estamos de acuerdo en este elemento.
Y por último, un aspecto que ya comenté pero que consideramos positivo, y lo menciono porque muestra por dónde sí hay que caminar en materia de reforma fiscal: el artículo 81, fracción tercera, que se deroga del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 82, fracción tercera apartado B, que se incorpora una modificación. Esto es lo que permite precisamente que las personas que tienen un solo patrón pueda evitar presentar declaración fiscal independientemente de sus ingresos. Ojalá que a los legisladores mexicanos se nos presentara con más frecuencia este tipo de iniciativas que defienden los intereses del contribuyente.
¿Por qué digo esto¿ Porque miren, si ya hay un sistema fiscal complicado, inequitativo, donde la mayor parte de los ingresos los concentra la Federación y no los estados y municipios como en otros países del mundo, y si además el Estado
no regresa a la sociedad la totalidad de lo que recupera por la vía de impuestos, recordemos que hay 18 billones de recaudación fiscal que no están siendo entregados a la población, y que se fueron a un fondo de contingencia por concepto de superávit fiscal. Y esto es así si una masa enorme de recursos de la nación fue usada para el servicio de una deuda externa que no era ni correspondía a las necesidades del interés nacional, si gran parte de los recursos nacionales fue destinada a una transferencia de recursos, hay razón entonces para no solamente exigir equidad en el cobro de impuestos, sino para exigir al Gobierno Federal una administración fiscal rigurosa, una capacidad de gasto conforme a las necesidades de la nación, y un sistema fiscal acorde con la defensa de nuestra independencia y de nuestra soberanía nacional. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente:- Gracias señor diputado Jorge Calderón Salazar.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Flores Solano:- Con su venia, señor presidente; compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna en relación al dictamen que estamos aprobando en esta ley, que contiene, como se ha dicho aquí en la tribuna por otros diputados de otros partidos, temas trascendentales, nadie, absolutamente nadie minimiza el esfuerzo del Ejecutivo por acercar y perfeccionar nuestro sistema fiscal a criterios de justicia y de equidad.
Discutimos este dictamen en el seno de la comisión, después de circularlo entre todas las fracciones parlamentarias, con el suficiente tiempo para su análisis y discusión. Se fue claro en el sentido de que los partidos y los diputados en general tendrán reservado su derecho al uso de esta tribuna para establecer sus disidencias y coincidencias, ejercicio que estamos realizando esta tarde.
Esta ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los tratados para evitar la doble tributación y para la simplificación fiscal, contenida en este dictamen, viene pues a través de una serie de medidas a adecuar nuestro sistema impositivo par que siga siendo y lo sea cada vez más un eficiente instrumento recaudatorio; ésa es su función, no otra.
Encontramos en el seno de las modificaciones medidas que indudablemente la habrán de facilitar a los contribuyentes el pago de sus obligaciones. Encontramos que una vez que el proceso inflacionario ha sido reducido, la autoridad permite a los contribuyentes de cierto nivel de ingreso, contribuyentes medios y pequeños diríamos, la posibilidad del pago trimestral en vez de mensual en los anticipos de impuestos o los pagos provisionales, ya se mencionó aquí que se elimina un factor de ajuste que bien, en su tiempo, tuvo razón de ser en virtud de proceso inflacionario que erosionaba la base tributaria en perjuicio de todos los mexicanos que nos beneficiamos a través del gasto público.
Encontramos también modificaciones en relación con los delitos fiscales de manera importante, pero que el ejecutivo quiere seguir significando ese grave compromiso que tenemos los mexicanos de contribuir al gasto público, por lo cual no es un delito patrimonial cualquiera, es un delito que afecta el patrimonio de todos los mexicanos. Sin embargo, la autoridad establece ahora, si ustedes lo aprueban, la posibilidad de que las personas que se encuadran en los delitos de defraudación fiscal puedan obtener la libertad bajo fianza si cubren una caución especial, aparte de garantizar el interés del fisco que es el interés de todos los mexicanos.
Vemos modificaciones que suavizan la aplicación de la ley para cuestiones, es cierto, que nos son importante en términos de tratados, en términos de compromisos que ha adquirido nuestro país, algunos de ellos firmados por el Senado, como los que se desprenden del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, publicados en el Diario Oficial de la Federación esos compromisos y que en razón de esos textos que en materia aduanera existe, ahora la legislación aduanera también contempla sus modificaciones correspondientes.
Establece mecanismos novedosos para seguir garantizando que el pago de los impuestos se haga correctamente, como es la doble revisión que aleatoriamente se establece y la posibilidad de que haya la intervención de terceros en la definición de las bases de los impuestos correspondientes.
En materia de impuestos especiales también se pretende alcanzar más rápidamente las tasas fiscales establecidas en artículos transitorios y, ajustar su nivel para que haya un beneficio en provecho de los contribuyentes.
Notamos, como aquí se han destacado, algunas modificaciones que entran el terreno de lo deseable, cuando lo deseable es: ¿por qué no se hace más¿, ¿por qué no se hace esta modificación en tal o cual sentido¿
Indudablemente las razones que se han expuesto aquí, algunas valederas, bajo los puntos de vista que se extremaron, pero que a nuestro juicio no nos llevan a considerar la conveniencia de lo que se propone bajo otros criterios que expondremos en su oportunidad y que quisiera levemente tocar en esta exposición general.
Por ejemplo, se nos mencionó aquí una serie todavía de disposiciones que parecen injustas, como las máquinas de comprobación fiscal, como un régimen simplificado que a juicio del que lo expuso no es tan simplificado y es difícil, pues quiero decirles que la autoridad en esa facultad que le hemos dado mediante reglas de carácter general, ha modulado los aspectos administrativos para otorgar facilidades a los contribuyentes dentro de lo que nosotros aprobamos a nuestras legislaciones.
Conocemos ahora, dentro de esos criterios generales, las cartas de los derechos del auditado, que establece con precisión de su defensa para limitar actuaciones equivocadas de los auditores, un procedimiento claro que debe ser entregado al inicio de las auditorías a los contribuyentes.
Conocemos una Ley Miscelánea, compleja y difícil, reconocerlo es justo, porque yo he dicho aquí en esta tribuna: la economía que está adquiriendo nuestro país es cada día más compleja y como compleja tiene que ser sujeta a su interpretación para que todos cumplamos con este mandato constitucional.
Se busca, es cierto, esta seguridad jurídica y debemos continuar en ese perfeccionamiento. Habrá otros cambios en las situaciones económicas, en los mercados financieros, en los mercados internacionales, en el mercado interno, que nos hagan necesario contemplar nuevos cambios a la ley y también generar nuevos criterios en busca de esa seguridad jurídica y de la justicia.
Aquí nos critica una medida que ha establecido el ejecutivo en la ley que comentamos como propuesta en materia de la Ley de Coordinación, para que los municipios estén en posibilidad de resolver sus problemas viales a través de un mecanismo que compromete el 10% de los recursos que la Federación obtenga por los puentes de peaje. Y, que ese mecanismo establece un convenio para que la Federación lo otorgue, que es un compromiso buscando que los estados y los municipios también parte de su gasto lo inviertan con ese mismo propósito.
Es un estímulo pues, al uso eficiente de sus recursos con un propósito determinado que estimamos conveniente.
Se nos cuestiona el hecho de que los puentes deterioran a los municipios. Yo creo que los puentes benefician a la Federación; Constituyen vialidades modernas que permiten el ejercicio de una actividad económica especial que de otra manera estaría deteriorada. Son una obra pública que genera economías externas y que podrían los municipios por la vía de impuestos locales, de contribuciones de mejoras, aprovechar el beneficio del valor que sube por las construcciones en este sentido.
Se busca que haya un esfuerzo municipal y que haya un esfuerzo estatal convenido; insisto en este propósito. No es un regalo ni es una asignación del gasto, porque el gasto en obra pública para carreteras está definido en el presupuesto. Este es un compromiso para que las obras que son particularmente de interés del estado o del municipio, tengan las posibilidades mediante la aportación del estado y el compromiso de la Federación, de realizar estas vialidades.
Se nos menciona aquí algunas críticas en relación a los ajustes que se hacen a la Ley Aduanera, particularmente en el artículo 81. Yo quiero decirles que éste no es un artículo para maquiladoras. Este es un artículo para los productores mexicanos que están integrados en los programas PITEX y que son empresas Altex, esto quiere decir Programas de Importación Temporal y programas de Exportación, con programas claros de exportación para gozar los beneficios de la importación temporal de maquinaria, que ahora mediante este artículo se posibilita que la maquinaria que se importó temporalmente, se constituya en inversión, es activo fijo que viene a incorporarse a nuestras plantas productivas y por lo tanto, dada la vocación exportadora, generarán indudablemente las divisas para reforzar nuestra balanza de pagos.
Estas medidas que ahora se materializan, recuerdo a mis compañeros que están con toda claridad sustentadas en un marco de política económica que nosotros conocemos con el nombre de Plan Nacional de Desarrollo que indudablemente en el esquema de financiamiento del mismo, estos recursos adicionales de una vez obtenidos por
la Federación, que se han dispuesto para el pago de la deuda tanto interna como externa, ahora favorecen a la ciudadanía porque a través de la reducción sustancial que ha habido en el pago de intereses, nos ha permitido el gasto social.
Por la importancia que tiene esta adecuación legislativa en el proceso de seguir buscando mejores formas para que lo mexicanos cumplamos con nuestra obligación constitucional de financiar los gastos públicos del Estado, es que propongo a esto soberanía su voto favorable al proyecto que estamos comentando. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Gracias diputado Jorge Flores.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado: Manuel Terrazas Guerrero:- Compañero presidente; compañeros diputados:
Queremos hacer los siguientes comentarios con relación a la iniciativa de ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Los tratados para evitar la doble imposición y para la simplificación fiscal.
Para entender en su justa dimensión la iniciativa que modifica diferentes leyes códigos, debemos tomar en cuenta a nuestro juicio, los siguientes elementos, cuando menos los tomamos nosotros en cuenta.
1o. Que sigue siendo una exigencia a resolver, avanzar más seriamente respecto a la relación entre régimen fiscal, régimen tributario y democracia, en cuanto precisamente a la democratización para que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen.
2o. Que la política fiscal del Estado está compuesta fundamentalmente por el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, a la estructura del gasto, al endeudamiento público interno y externo y a la operación en situación financiera, de las entidades y organismos autónomos.
3o. Que el objetivo final de la política fiscal debe ser el de la distribución del ingreso, por la vía del impuesto, el gasto y los empréstitos estatales.
4o. Que el estudio de la política fiscal está íntimamente relacionado con el análisis macroeconómico, ya que busca determinar el efecto que los cambios en los ingresos y en los gastos del gobierno producen sobre los grandes agregados económicos y, en particular, sobre el nivel del producto nacional.
5o. Que el uso de la política fiscal, como instrumento de política económica, tiene características distintivas, tales como la autorización de medidas de corto plazo y la de actuar fundamentalmente mediante cambios en el nivel agregado de los ingresos y los gastos públicos.
6o. Que la política fiscal también puede ser utilizada eficazmente para afectar el comportamiento de variables relacionadas con objetivos político-económicos mucho más importantes que el control del nivel del empleo y la inflación. Dentro de eso se encuentra el incidir en el proceso de desarrollo, alterando la distribución de los recursos a través de cambios producidos en el flujo de ingresos y en la estructura de precios relativos.
Tomando en cuenta lo anterior, considerando como marco indispensable, consideramos que la modificación y adecuación de leyes, así como de los diferentes códigos aplicados en todo el territorio nacional, tiene como objetivo funcionalizar y hacer más operativas las zonas fronterizas, implica llevar la competitividad de la economía interna al plano productivo, pretender homologar ordenamientos y tasas, por supuesto considerando la posibilidad de la firma del Tratado de Libre Comercio.
Teniendo a la vista que aún está planteada la cuestión, de que sigue aún sin tomarse en cuenta el aspecto de esta medida, la relación de esta medida con otro problema fundamental, el que se refiere a que no se considera debidamente ni las asimetrías económicas que tiene nuestro país respecto a Estado Unidos y Canadá, pero sobre todo las diferencias en cuanto a la gestión de la política fiscal de esos países y el nuestro.
La iniciativa que envía el Ejecutivo que simplifica diversas disposiciones fiscales, disminuye trámites, es verdad; reduce sanciones económicas y eleva la protección jurídica de los contribuyentes.
El grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, distingue dos elementos centrales al analizar esta iniciativa.
El primero se refiere a los asuntos relacionados con una serie de medidas que flexibilizan los ordenamientos.
El segundo, que se refiere a los procesos de adecuación, de actualización o de armonización de ordenamientos internos con los del exterior.
El primero y más importante para nosotros, es la flexibilización de ordenamientos legales y penales, vinculados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales que tienen o manifiestan implícitamente, elementos de regresividad en la política fiscal.
Ejemplo de esto es que en la iniciativa que comentamos, se establece dentro de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles que:
"Tomando en cuenta la naturaleza y fines de las asociaciones religiosas, resulta congruente la propuesta de incluir dentro de las exenciones, la de la adquisición de bienes que efectúan éstas."
Creemos que el argumento de que esta medida permitirá regularizar su patrimonio es débil e insuficiente. Debemos tener claro que toda omisión en el pago de impuestos debilita la hacienda pública y sobre todo limita el alcanzar uno de los objetivos básicos de cualquier política fiscal, la ampliación de la base gravable.
Destacamos lo anterior, considerando lo que se señale en el Capítulo Tercero de la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, referido a su régimen patrimonial que, "se le atribuye a la Secretaría de Gobernación la calificación acerca de si los bienes que pretendan adquirir las asociaciones tienen el carácter de indispensables, por lo que establece la obligación de las mismas asociaciones religiosas de obtener de manera previa la adquisición o posesión, una declaratoria de procedencia".
El grupo parlamentario nuestro, considera que no es conveniente para la hacienda pública este tipo de medidas, por manifestar violación a los preceptos constitucionales sobre la obligatoriedad de los impuestos.
Argumentamos esto, porque si también tomamos en cuenta las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación y al Código de Procedimientos Penales, podemos advertir que hay elementos de concesión excesivas a las personas físicas y morales que incurren permanentemente en incumplimiento de las leyes y códigos fiscales.
No es posible, a nuestro juicio, solamente establecer el beneficio de libertad bajo caución para los procesados por los delitos fiscales, aún y cuando el término medio aritmético exceda a cinco años de prisión. ¡Vaya, pues, esta medida ¡Que se establezca!
Pero podemos establecerlas sin considerar ese gran sector de mexicanos que no va a tener ese privilegio, que incurre en presuntos delitos patrimoniales de orden penal. ¿ No acaso obliga a esta Cámara de Diputados a examinar, a estudiar la necesidad de homologar esta medida a aquellos que incurren en presuntos delitos penales de orden patrimonial¿
Carteros, empleados de los grandes centros comerciales, funcionarios. Otra clase de mexicanos en cuanto a su sector social, que por situaciones especificas de carácter económico incurren en estos delitos.
Consideramos que la flexibilización del artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se establece que debe aprobarse la cobertura de una caución, es otro elemento que debemos cuestionar. Con esta medida se argumenta se evitará que el procesado se sustraiga de la acción de la justicia y sólo deberá ser recluido en el caso de que exista sentencia condenatoria.
Así pues, se otorgan elementos de defensa a los grandes infractores o evasores fiscales que, por cierto, son los que permanentemente caen en este tipo de delitos, aunque se considera que su peligrosidad está fuera de toda consideración para que sean objeto de estas medidas que se proponen.
Este tipo de medidas implican otorgamiento de mayores beneficios a los que ya los tienen. Al mismo tiempo, se genera la posibilidad de aplicar multas de acuerdo con las condiciones y características individuales del infractor; características que marcan un cambio fundamental y trascendental en las relaciones fiscales.
Sin duda los delitos fiscales deben ser castigados. Sin embargo la iniciativa es flexible nuevamente cuando proponen de los 30 millones que se establece como requisito para que la penalidad exceda en su media aritmética de cinco años, no debe incluir, ni debe actualizarse, ni se le deben aplicar recargos.
En dos instancias del proceso legislativo, de lo que se refiere a esta iniciativa y a la respectiva del Distrito Federal, nosotros hemos planteado ese problema. En la reunión de conferencia con el Senado de la República encontramos plena receptividad, comprensión de la necesidad de estudiar este problema. Recuerdo que el senador Rodríguez y Rodríguez decía: "es importante esta cuestión", debemos estudiar no sólo la conveniencia de homologizar, sino de despenalizar delitos de esta naturaleza. Creemos que estamos en el punto, aun cuando hay medidas que se
están estudiando; así fue informado en la reunión de la Comisión del Distrito Federal, para avanzar, a efecto que esta facilidad se otorgue también a tantos mexicanos que no son evasores fiscales y que no son grandes evasores fiscales, pero que son acusados de presunta responsabilidad en la comisión de robos, fraudes, de una serie de delitos patrimoniales.
Nuestro propósito es plantear la obligación moral de un compromiso para que también esta medida favorezca a miles, de trabajadores, sin ningún tipo, de carácter partidista, pero estamos en la obligación de hacerlo ahora que se va a establecer para los grandes evasores fiscales; que no son peligrosos para la sociedad, el que puedan obtener la libertad bajo caución, aunque la media aritmética de la sanción, del castigo, pase de los cinco años. Muchas gracias por su atención. (Aplausos)
El Presidente:- Gracias, señor diputado Terrazas.
Consulte la Secretaria el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba que se tome en una sola votación nominal, al concluir la discusión de los artículos en lo particular.
El secretario Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba que se tome una sola votación nominal al concluir la discusión de los artículos en lo particular.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se acepta, señor Presidente.
El Presidente:- Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular los siguientes artículos: Artículo 92, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional y Rubén Pabello Rojas, del Partido Revolucionario Institucional.
Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, diputado Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y artículo 49 de la Ley Aduanera.
Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal; artículo 29, 30, 48, 72 y 81 de la Ley Aduanera; artículos 24, 70, 77, 81, 82, 146, 147-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; artículo 11 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo los artículos 29-A 92, párrafo segundo del Código Fiscal; artículo 2-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
También el diputado Roberto Soto, del Partido Revolucionario Institucional, reserva los artículos, 70-B, 72, 146, 147-A, 154-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Enrique Jacob, artículo 15 transitorio de la Ley del Impuesto especial Sobre Producción y Servicios y el diputado Javier Garduño Pérez, el 81 y el 7o. Transitorio de la Ley Aduanera.
En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:- Con su permiso, señor Presidente:
Mi intervención se va a concretar exclusivamente para hacer una propuesta de modificación al cuarto párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación en que se otorga con gran beneplácito para el Partido Acción Nacional y creo que para todos los miembros de esta Asamblea, por primera vez en el Derecho Mexicano la libertad provisional tratándose de los delitos fiscales.
El dictamen que se presenta en términos generales es adecuado, es correcto, y todavía más, la propia iniciativa y el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público limita al Juez Penal dando bases para la fijación de la caución para obtener la libertad caucional tratándose de esta categoría de delitos fiscales.
Sin embargo el dictamen señala que esta libertad provisional mediante la caución será sin perjuicio e independientemente de la garantía del interés fiscal, esto significa que el procesado adicionalmente cuando se le liquide el crédito fiscal y pretenda impugnarlo y que se suspenda la ejecución para hacer efectivo ese crédito fiscal, tendrá adicionalmente que garantizar ese monto y consecuentemente la manera de hacerlo que son la vía que prevé el Código Fiscal de la Federación depósito, fianza, hipoteca o prenda, pero sentimos que no sería justo que el procesado habiendo ya garantizado íntegramente el interés fiscal tuviera igualmente que entregar una cantidad similar o análoga ante el juez penal para obtener su libertad caucional, su libertad provisional; consecuentes con ese principio y para darle precisamente bases a un juez penal de que en casos y circunstancias especiales y excepcionales pudiera disminuirse el monto de la cantidad que debe dar en caución para obtener su libertad provisional cuando ya esté garantizado íntegramente el interés del fisco, se propone una adición a este párrafo 4o., del artículo 92 de manera que en casos excepcionales y debidamente justificado, pueda el juez penal reducir el monto de la cuantificación sobre a cual se querelló la Secretaría de Hacienda cuando ya esté acreditado y demostrado el interés fiscal debidamente salvaguardado a favor de las autoridades fiscales.
Esto obedece en la práctica a que es frecuente que aquellos que son denunciados y considerados culpables del ilícito penal de carácter fiscal, no hubiera tenido en realidad injerencia directa en la comisión del ilícito, simplemente por haber desempeñado un cargo dentro del consejo de administración de la empresa sin haber llevado o verificado el manejo contable de ingresos, egresos, deducciones, etc., se le impute la evasión deducciones, etc., se le impute la evasión de impuestos y consecuentemente tenga que ir a responder penalmente sobre que no es culpable pero sí en forma general, desde el punto de vista civil, responsable.
Pero adicionalmente hay otras muchísimas hipótesis o supuestos en que ya el sujeto deja a veces de pagar impuestos cuando está de por medio la vida misma de su propia estructura operativa empresarial; salvaguardando o sopesando valores de dejar de pagar el impuesto al valor agregado, por ejemplo, a dejar de pagar el salario o sueldo de los empleados, indiscutiblemente el empresario prefiere pagar esto último, primero porque es un valor de mayor jerarquía y segundo, porque con eso sigue funcionando su empresa y con la esperanza de sacar del bache a su negocio, pues difiere el pago del impuesto.
Esta omisión parcial, a veces deliberada o no deliberada, provoca obviamente e indiscutiblemente un ilícito penal.
Bajo esta premisa, la idea es que se adicione precisamente un párrafo a este 92, dando el margen al juez penal de reducir la caución cuando el fisco está total y absolutamente garantizado en su interés fiscal.
Y en estos términos proponemos en consecuencia, que quede redactado el cuarto párrafo del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación:
En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia querella o en la declaratoria.
La citada cuantificación, sólo surtirá efecto en el procedimiento penal, cuando el término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito imputado, exceda de cinco años para conceder la libertad provisional, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional.
La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye la garantía del interés fiscal y aquí viene la adición que proponemos: Sin embargo, en caso de que el procesado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el juez, a solicitud del procesado, podrá reducir hasta 40% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción.
Los dos siguientes párrafos siguen igual en los términos en que aparece en el dictamen. Esta iniciativa de propuesta de modificación está suscrita por el diputado Diego Fernández de Cevallos y el de la voz y dejo a esta Secretaría la propuesta respectiva. Muchas gracias.
El Presidente:- Gracias diputado Fauzi Hamdan. Tiene el uso de la palabra sobre el mismo tema el diputado Rubén Pabello Rojas del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rubén Pabello Rojas:- Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de esta Asamblea:
Acudo a esta tribuna para comentar la propuesta del diputado Fauzi Hamdan en torno al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
Subrayo que la iniciativa del Ejecutivo Federal que se discute, es una muestra más de la mutua exigencia y apoyo entre el propio Poder Ejecutivo y el Legislativo, derivada del trabajo y el diálogo permanentes.
Frente al trabajo de la diferente fracciones parlamentarias dentro de comisión, el Ejecutivo muestra receptividad y se avanza así en el camino de la justicia. Esta actitud receptiva del Ejecutivo, queda de manifiesto en la iniciativa presentada a esta Cámara, el introducir la posibilidad de obtener la libertad provisional bajo caución y el establecimiento de dicha caución como un monto definido dentro del Código Fiscal de la Federación, lo cual muestra bondad de la propuesta, en el sentido de ubicar en un monto menor al que establece la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, ordenamientos que fijan que cuando el delito es intencional y representa para su autor un beneficio económico o que cause a la víctima daño o perjuicio patrimonial, la garantía será de cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños y perjuicios patrimoniales causados.
La consideración de establecer una caución limitada dentro del Código Fiscal, ya muestra, como mencioné, una consideración extraordinaria para que se pueda acceder al beneficio que se pretende otorgar de manera generalizada en el dictamen de esta iniciativa.
Por lo antes expuesto, aún cuando es aceptable como principio el introducir dentro del artículo 92 del Código Fiscal un mecanismo que permita flexibilizar la definición de la caución en consideración a que como se plantea aquí, existan motivos o razones que justifiquen alguna reducción de la propia caución, la reducción que fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, considera aceptable, es una equivalente al 20% del monto de la caución. Dicha reducción permite un margen suficiente de discrecionalidad al juez, para que se puedan valorar las circunstancias del procesado.
Con base en lo anterior, me permito someter al Pleno de esta honorable Asamblea, la adición de un quinto párrafo al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos. Se adiciona para quedar como sigue:
"Artículo 92. En caso de que el procesado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del procesado, podrá reducir, hasta en un 20%, el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción". El resto del artículo queda en los términos en que se ha debatido.
Firman por la Comisión de Hacienda, los compañeros diputados Angel Aceves, José Treviño Salinas, Jorge Flores Solano, Javier Garduño Pérez, Ovidio Pereyra García, y el de la voz Rubén Pabello López.» Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente:- Gracias diputado Rubén Pabello.
Tiene el uso de la palabra el diputado Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación a los artículos 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal y artículos 14 y 49 de la Ley Aduanera.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho:- Con su venia, señor Presidente:
Hoy se le da una pésima respuesta a una vieja demanda de los fronterizos de que sus municipios participen en los recursos de los peajes de los puentes.
En días pasados, en la prensa nacional el señor Presidente anuncia la participación que tendrán los municipios en los peajes de los puentes. Hoy y estamos encontrando en varios movimientos fiscales que cuando una legislación no concuerda con la realidad, las leyes de ser una solución se hacen un problema real, y hoy en las fronteras estamos viviendo este tipo de problemas, con la puesta en marcha de los semáforos fiscales, donde precisamente quienes están al frente de esta responsabilidad y bajo discreción de ellos mismos, no respetan lo que la ley acordó en estos casos y, querer hacer hincapié y querer buscar más problemas en la frontera, nos encontramos que en prensa fronteriza apareció una noticia de que al residente fronterizo se le otorgaba una franquicia familiar de 350 dólares, que aun en estas fechas no ha sido posible definir un método para poder controlar esa suma cuantificada y controlarla por la misma aduana.
En el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, le exige al municipio un convenio y al mismo tiempo el municipio tiene la obligación de preservar y mantener las obras de vialidad. Por lo que se ve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impone una obligación, y el municipio tiene que hacer gastos.
Un convenio que exige la Secretaría de Hacienda, que en primer lugar menciona: coordinarse con el estado. Ahora tendría que ver el municipio si el estado tiene interés en desarrollar ese tipo de obras, si el estado contempla o no recursos adicionales o no adicionales para poder llevar a cabo este tipo de obra.
Además tendrá que ejercer a lo mejor un criterio de que si dicha obra será trascendental para el mismo gobierno del estado, y en dado caso, si tiene suerte el municipio, pues ya obtendrá la primera firma.
Si la Secretaría de Hacienda ve factible los proyectos, y si le interesa también ese tipo de proyectos y convenio, pues entrará y el municipio puede que salga beneficiado.
Por todo lo anterior y, qué bueno que las palabras del presidente no fueran llevadas a esas leyes que imponen mucho, pero que no dan ningún resultado, sobre todo con los municipios que actualmente se encuentran en la frontera completamente abandonados.
En este convenio de tres, donde dos tienen muy poco beneficio, y uno es el municipio, pero es el que tiene la obligación, pero la realidad es que no tiene participación en el recurso.
Por lo anteriormente expuesto proponemos un nuevo texto al artículo 9-A, que dice lo siguiente:
"La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinará a los municipios en donde existan puentes de peaje, una participación del 10% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje correspondiente, los cuales se destinarán a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de las obras de vialidad. Estos recursos se entregarán directamente a los municipios."
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Servando Hernández Camacho.
Asimismo, quisiera comentar la iniciativa que propone modificación al artículo 14-A, que contempla que las personas que prestan sus servicios dentro de los recintos fiscales y fiscalizados, deberán portar gafetes, uniformes u otros distintivos que los identifique.
Naturalmente que esta disposición pues resulta innecesaria en virtud de que la misma ley aduanera en vigor obliga al agente aduanal y a sus empleados, dependientes, autorizados o apoderados, en su artículo 145, fracción VIII, tercer párrafo, a usar gafetes de identificación personal, y cuyo mal uso es sancionable con una suspensión de sus funciones por 90 días como lo establece el artículo 147 fracción V del mismo ordenamiento y, considerando que si un agente aduanal o cualquier persona que haga este tipo de trámites y que entre dentro de este artículo 14 incurre en dos suspensiones por ese motivo, en el caso del agente aduanal pues es la cancelación de la patente conforme a lo estipulado en el artículo 148 fracción VII del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propone que este artículo 14-A de la Ley Aduanera sea cancelado. Muy amables por su atención. Gracias.
El Presidente:- Gracias diputado Servando Hernández Camacho. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Garduño Pérez del Partido Revolucionario Institucional en relación a los Artículos 7o. y 81 de la Ley Aduanera.
El diputado Javier Garduño Pérez:- Señor Presidente; compañeros legisladores:
Con base en lo que acaba en este momento de exponer nuestro estimado amigo el Diputado Servando Hernández, quisiéramos simplemente comentarle cual es nuestro punto de vista sobre el artículo 14-A y el 114 de la Ley Aduanera.
Por lo que respecta al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, nuestro amigo, el diputado Ovidio Pereyra, será quien platique sobre este artículo de dicha ley.
Yo me concretaré solamente a decirle, compañero Servando Hernández y a la honorable Asamblea, que el artículo 14 de la Ley Aduanera nos habla de una reorganización en los recintos fiscales y fiscalizados, esto es, en todos los puertos aduaneros, los puertos marítimos, los aeropuertos, las aduanas interiores, las aduanas fronterizas, y todos aquellos particulares que tienen recintos fiscales o fiscalizados, la idea es poner orden en todos estos centros de operación aduaneros, en donde como ustedes saben los compañeros diputados que son del puerto de Veracruz, por ejemplo, que están muy atentos oyéndonos, a los diputados de Guerrero, los de Acapulco, las aduanas, es un centro de comercio, y lo que se requiere en este artículo 14-A es poner orden en la entrada y salida de estos recintos fiscales o fiscalizados, para evitar que personas ajenas a la operación aduanera estén realmente obstruyendo esta operación.
El 114 a que hace referencia don Servando Hernández, es exclusivamente obligación de los agentes aduanales para identificar a sus tramitadores, a sus empleados que están haciendo algún trámite de su agencia respectiva.
Entonces son dos cosas diferentes, una es para todo mundo, todos los que están concurriendo a los sitios fiscales o fiscalizados y otra cosa es requisito indispensable para los agentes aduanales que operan en las aduanas.
Yo me voy a permitir solicitarle autorización al señor Presidente de la Cámara de Diputados, que me permita posponer mis comentarios al artículo 81 y al artículo 7o. transitorio, para tratar de coordinar el debate, con lo que seguramente expondrán en esta tribuna los compañeros del Partido de la Revolución Democrática Me parece que don Jorge Calderón tiene alguna reflexión sobre el 81 y, yo quisiera la autorización de usted, señor Presidente, para permitirme en la iniciativa de Ley Aduanera. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:- Gracias señor diputado, está usted anotado también en el siguiente turno.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, en relación a los artículos 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal; 29, 30, 48, 72 y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo 11 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Artículos 29-A y 92, párrafo II del Código Fiscal y artículo 2-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su permiso señor Presidente; estimados legisladores:
Me limitaré a presentar algunos puntos de modificación de algunos artículos. En realidad los comentarios que en conjunto ha hecho la diputada Liliana Flores y un servidor, se han referido al conjunto de artículos que la presidencia indicó como aquéllos que habíamos reservado previamente.
Un elemento que nos parece útil, estamos terminando ya este período de sesiones. Pero que quizá podríamos programar como actividad regular en el período de sesiones ordinarias que se inicia el 1o. de noviembre de este año, es que en las comisiones al debatir las propuestas de ley específicas, podamos disponer todos los diputados miembros de cada comisión, de comparativo. Esto es un método habitual en algunas comisiones; con frecuencia se utiliza en el Senado de la República. Sabemos que particularmente en la LIV Legislatura, el Senado usó cada método y, resulta muy conveniente que cada diputado tenga conocimiento del texto vigente; conocimiento de la propuesta del Ejecutivo o del Partido en cuestión y conocimiento del cuál es la propuesta en el dictamen específico. Eso permite votar sobre una base más fundada; más sólida.
Las propuestas que vamos a entregar a la Secretaría se refieren: Una relativa al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en donde proponemos en el segundo párrafo del 92, que se consideren mercancías los productos, artículos y otros bienes, siempre y cuando las leyes no los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.
En el artículo 30, la Ley Aduanera, proponemos que las autoridades deberán resolver las consultas a que se refiere este artículo, en un plazo que no excederá de un mes.
Y proponemos en disposición transitoria, que lo dispuesto en el artículo 30, entre en vigor el 1o. de enero del año 1993.
En lo relativo también a Ley Aduanera, artículo 48, por los argumentos que no voy a repetir, pensamos conveniente que en el 48 repito, de la Ley Aduanera, se considerará, así proponemos ene l texto, defraudación fiscal y se castigará como tal, a toda práctica de subfacturación, entendiendo como tal, el consignar precios de venta inferiores al costo de las mercancías vendidas.
"El otorgamiento de facilidades al comprador, que harían reunidas la competencia de terceros en el mercado; la concesión de facilidades a los compradores que superen el precio de venta consignado, el otorgamiento de descuentos a fin de desplazar la oferta nacional, el uso de documentación sin soporte legal, y toda práctica tendiente a obtener ventajas fiscales en forma ilícita".
Previamente argumenté y argumentó la diputada Liliana Flores, por qué consideramos importante establecer claramente en el mismo artículo 48, la protección contra prácticas desleales de subfacturación.
En lo relativo al artículo 81, proponemos que de manera explícita quede establecido que este
artículo no será utilizado bajo ninguna circunstancia, por las empresas maquiladoras en detrimento de la producción nacional.
Si ese es el espíritu del legislador, creemos que debe de ser claramente presentado en el propio texto del artículo.
Por lo anterior y sin modificar el texto que ya está en el propio artículo en la propuesta de dictamen, en donde se diga lo siguiente:
"El cambio de régimen de importación temporal a régimen de importación definitivo, estará sujeto a la revisión y autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuyo criterio estará en función de los programas de fomento industrial de la regulación económica y del comercio exterior. Estas secretarías tendrán especial cuidado en la revisión y autorización de cambio de régimen de importaciones hechas por plantas industriales conocidas como maquiladoras, con objeto de que no se afecte el desarrollo de la planta industrial nacional ni se atrofie el desarrollo integral de la economía.
En todo caso se entenderá que se afecta el desarrollo de la planta industrial nacional cuando:
a) El cambio de régimen se solicite para nacionalizar bienes cuya oferta supere a la demanda nacional;
b) El cambio de régimen implique competencia desleal frente a productores nacionales;
c) El cambio de régimen provoque una invasión de bienes en el mercado que haga ruinosa la producción nacional;
d) Se solicite cambio de régimen para efectos de incumplir con las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley aplicable a la maquiladora solicitante, en su caso;
e) Exista vinculación directa entre la maquiladora y cualquier otra empresa que compita en el territorio nacional;
f) Las mercancías cuyo cambio de régimen se solicite no cumplan con las normas oficiales mexicanas;
g) No se garantice debidamente el pago de las obligaciones a las que se refiere el inciso d, de este artículo dentro de los tres días siguientes a aquél en que se solicite el cambio de régimen, y
h) Todas aquellas causas derivadas de las leyes especiales".
En lo relativo al impuesto sobre la renta, proponemos que además de las entidades a que se refiere el artículo 70-B de esta Ley, se mantenga en forma explícita, la facultad de deducciones a sociedades o a asociaciones que otorguen becas para estudios superiores, así como a instituciones de investigación científica y tecnológica, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.
En lo relativo al impuesto sobre la renta, el régimen fiscal de residentes en el extranjero, proponemos que se mantenga la duración presente en la actual ley, de 15 días como período exento, y coincidimos en que quien supere esos 15 días, pague aquello que está dispuesto en la propuesta del propio dictamen e idéntica propuesta hacemos para el 147-A, que también pensamos que en lo referente a honorarios, deben mantenerse la disposición de los 15 días con las disposiciones subsecuentes presentes en la propuesta de dictamen.
Y finalmente en el artículo 11, proponemos que debe simplemente en los términos siguientes:
"Los productores e importadores de cigarros para calcular el impuesto por enajenación de estos bienes, considerarán como valor el precio de venta al detallista de los mismos y este impuesto no se pagará por las enajenaciones subsecuentes".
En lo relativo al artículo 9-A, proponemos que "la Federación aporte al fondo para obras de vialidad de los municipios donde se encuentren puestos de peaje, del 25 al 50% de los ingresos por los puentes de cuotas de peaje y, que la aportación de estados y municipios se haga en función de su capacidad".
Aclaramos al respecto que en muchos casos efectivamente los puentes de peaje son convenientes para el desarrollo económico de la nación, de una región o de un municipio, pero que el deterioro de la infraestructura social al puente de peaje hace conveniente una medida fiscal en beneficio de estos municipios, sin establecer una obligación particular de porcentaje determinado a los estados y municipios de la Federación.
Omito la argumentación, porque ya hicimos anteriormente nuestra fundamentación de estos
artículos y, dejo a la Secretaría, para su consideración posterior, nuestras propuestas de articulado. Muchas gracias, señores.
El Presidente:- Gracias, señor diputado Jorge Calderón.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ovidio Pereyra García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ovidio Pereyra García:- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
A nosotros nos parece de una singular importancia el hecho de que se adicione el artículo 9o-A, dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, porque obviamente refleja el interés del Ejecutivo por mejorar, por apoyar, por adicionar previo convenio con la federación, los estados y los municipios las condiciones de los municipios. Porque con esto tendrán la oportunidad de tener dos tantos más de los recursos que puedan aplicar para la construcción de caminos, rehabilitación de calles, mantenimiento y ampliación de obras de vialidad.
Es comprensible que no todos los municipios son beneficiados, porque existe la condición de que exista un puente de peaje, que además de que beneficie económicamente a los municipios, dé la posibilidad de medir, a través de los ingresos de los puestos, el apoyo que se les pueda dar, previo acuerdo con los gobiernos estatales.
Yo lo vería esto como una mediado positiva de incrementar los programas de apoyo a los municipios y de beneficiarse y de hacer frente, en caso de que una de sus rúas se vea deteriorada, con estos recursos, No creo que haya imposibilidad de hacerlo, porque siempre habrá algún recurso que se pueda programar en los municipios para este mejoramiento y que los gobiernos de los estados regularmente siempre tienen programas de apoyos a la vialidad, por lo que se darían más recursos y más beneficios a los municipios.
La iniciativa que se presenta y la modificación que a través de la comisión se hace, dice que hasta un 10% de los ingresos de esos puentes se podrán utilizar, y obviamente si un municipio tiene un programa que alcance hasta un 3%, 4% ó 5%, en esa medida el gobierno del estado y la Federación participarán en ese programa. No le veo yo mas que beneficio para los municipios y esto se adiciona a los fondos ya establecidos de participación federal, y por supuesto, repito, es un beneficio para los municipios.
Por eso, yo pediría que se apruebe tal y como se presenta en el dictamen el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, contenido en la iniciativa de ley que armoniza diversas disposiciones fiscales.
Por otro lado, en el artículo 30 de la Ley Aduanera, consideramos que debe aprobarse tal y como lo está estableciendo la comisión, después del análisis hecho, porque un plazo, el plazo de ocho meses que se presenta para contestar una consulta, no cambia la oportunidad de la aplicación de la ley, ni estorba digamos para el cumplimiento, ni para el despacho de las mercancías en el recinto aduanal, porque de la simple lectura del artículo 30 nos damos cuenta que cuando se presenta una consulta, esa consulta, con el plazo razonable de 8 meses, no impide que se efectúe el pago de las contribuciones, de conformidad con la fracción arancelaria que el mismo importador o exportador considere aplicable, y se establece una regla en el propio artículo en donde se dice que si hay diferencias a cargo o a favor del importador y del exportador, habrá, sin sanción y sin actualización se podrá pagar la diferencia o la autoridad le devolverá la diferencia con intereses a favor.
Por tal razón, yo considero que el plazo establecido en el dictamen es razonable y que la vigencia se apruebe en los términos en que viene propuesta por la comisión, para que tenga los cuatro meses para expedir las consultas. Esto es compañeros la propuesta que mi partido hace en el sentido pues de que se aprueben tal y como vienen en el Dictamen de la Comisión. Muchas gracias. (aplausos)
El Presidente:- Gracias diputado Ovidio Pereyra. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Garduño Pérez:- Señor Presidente, honorable Asamblea:
En primer lugar debemos destacar las razones que tiene el Gobierno Mexicano para adoptar el Código de Valoración del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. De capital importancia resulta el que todos los países que adoptaron el acuerdo general vayan uniformando todos los elementos aduaneros para así darle certidumbre y eficacia a las transacciones comerciales y en forma general se aplique los mismos criterios aduaneros.
Este sistema de valoración aspira a ser un mecanismo equitativo, uniforme y neutro, excluye la
utilización de valores arbitrarios o ficticios parte de un principio elemental y sencillo, reconociendo que la base para la valoración en aduana debe ser en el mayor de los casos, en la mayor medida posible, su valor de transición. De esta forma la determinación del valor en aduana se basa en criterios sencillos y equitativos que se toman o se derivan de usos y principios generalmente aceptados en el comercio. Esto significa que los procedimientos de valoración deben ser de aplicación general, sin distinción de ninguna especie u origen, pero yo creo que lo más importante compañeras y compañeros como ventaja en la aplicación de esta valoración es realmente combatir el dumping al que hacía referencia el compañero Calderón.
En efecto, una de las formas más usuales para ganar mercados es la práctica desleal de ofrecer precios ocasionales y de inicio para apoderarse del mercado o bien inventar precios que ocultan un subsidio que compensa la realidad de la operación. Por eso la necesidad de establecer un método de valoración en la aduana que sea equitativo y de aplicación en todos aquellos países con los que México desarrolla su comercio internacional.
Con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en 1986 nuestro gobierno se comprometió a suscribir los códigos de conducta de dicho acuerdo, entre los cuales se encuentra el Código de Valoración Aduanera En 1988 el Gobierno notificó, el Gobierno Mexicano notificó la aceptación de este Código por las razones que antes expusimos y obtuvo una prórroga por parte del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de cinco años para su aplicación; esto es, México tiene de plazo hasta abril de 1993 para aplicar este método de valoración aduanera. Esa es la razón compañeros por la cual se trae en este momento a su consideración este nuevo método de valoración aduanera porque tenemos cinco años de plazo a partir de 1988, plazo que se vence en abril de 1993.
Pero en realidad, para que las autoridades y los ocurrentes al comercio internacional vayan tomando realmente práctica en la valoración, por eso es conveniente que en este mes se pueda ya legislar, se pueda expedir la ley y con ello pues se vaya modernizando todos los procedimientos aduaneros de nuestro país.
Los métodos de valoración que prevé el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, son seis, pero en la presente iniciativa sólo se presentan cinco, ya que el método de valor reconstruido que es uno que no viene en esta iniciativa se va a adoptar y así está el acuerdo de México con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, hasta el año de 1996.
En estas condiciones, la presente iniciativa contiene cinco métodos de valoración, éstos son la base para calcular los impuestos advalorem en el momento de las operaciones de comercio exterior, y se sostiene que el valor de las mercancías debe de reflejar de la manera más certera, el valor real; esto es, el valor de un bien deberá considerar todos los elementos y circunstancias involucradas en su adquisición, como pueden ser las variaciones en la cotización con motivo de diferentes niveles comerciales o de cantidad adquirida de bienes, beneficios adicionales pactados, tiempo y lugar en los que se realice la transacción.
El valor de transacción al que se refiere el artículo 48 de la iniciativa, es el método básico para determinar el valor de la mercancía y se dice que el precio de factura de las mercancías pagado o por pagar, con algunos ajustes que se señalan en los artículos 49 y 50 de la iniciativa, al precio de factura.
Esto, es, hay que agregarle, si es que es necesario, si nos los trae consigo ese precio de factura, algunos costos que en cualquier operación comercial van por cuenta del comprador, como son comisiones, gastos de empaque, embalaje etcétera. Algunos otros gastos que ya no son tan comunes, como materiales, piezas, elementos que se hayan utilizado en una producción especial de características específicas.
Así también, no comprenden algunos gastos del tipo de los que señala el artículo 50 de la iniciativa, como son gastos que se realizan después de la importación, como ejemplo: gastos de transporte de la frontera al destino final de la mercancía; construcción y montaje para almacenar la mercancía que se está importando y, pagos en el interior, posteriores inmediatos a la importación.
El segundo método es el método para determinar que la mercancía no vaya a tener un valor que está asociado con una vinculación entre comprador y vendedor. Entonces aquí, la aduana, la autoridad, tiene la obligación de detectar en la factura que se le esté presentando, si el precio que se está manejando es un precio que es producto de una vinculación entre comprador y vendedor.
Esto viene a influenciar desde luego, el precio pactado por pagar y se considera que existe una vinculación si el comprador y el vendedor están asociados en el negocio tal y como se señala en el artículo 52 de la iniciativa que el Ejecutivo somete a consideración de esta honorable Asamblea.
El tercer valor es el valor de transacción de mercancías idénticas. Cuando no se pueda aplicar el valor de transacción, entonces se puede aplicar el valor de transacción, entonces se puede aplicar e valor de transacción de mercancías idénticas a que se refiere el artículo 55 de la iniciativa. En este caso, se requiere que las mercancías idénticas, que sean idénticas; es decir, misma marca y producida en el mismo país, se hayan exportado a México en o cerca del mismo momento de la adquisición de la mercancía a valorar y los niveles de comercio y cantidades involucradas en la adquisición, deben ser parecidos, y si existiera más de un valor en esta comparación, el valor a utilizar será el más bajo. Esto es lo que dice el método de valor de mercancías idénticas del Código de Valoración Aduanera del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.
Pero tenemos otro método todavía más que es el valor de transacción de mercancía similar. Esto está en el artículo 55-A de la iniciativa a su consideración. Se deberá considerar que la mercancía similar puede ser de marca diferente, incluso producida en otro país diferente al de la mercancía que se está valorando, pero se debe tomar en cuenta el momento de adquisición en México más cercano al de la mercancía a valorar y los niveles comercial y cantidades deben de ser más o menos parecidas. Lo mismo si hay diferencias de valores en la estimación a valorar, se va a decidir sobre el valor más bajo.
Y por último, el quinto método es el método del valor de precio unitario de venta, que es el valor de mercancías similares o iguales que se hayan importado o vendido en territorio nacional, al precio de cada una de las mercancías que resulte de la venta de mayor cantidad de éstas en que se haya vendido el total de la importación.
Quiero decirles, compañeras y compañeros, que estos cinco métodos son métodos que están a cargo de la autoridad aduanera. Esto no va a tener que demostrarlo de ninguna manera el importador, el importador tiene que presentar su factura y si la autoridad aduanera considera que es un valor, no es el valor de transacción real, entonces por cuenta de la autoridad aduanera tiene que hacer toda la investigación y éstos son los métodos que le dan la propia ley a la autoridad aduanera para determinar el valor real.
De esta forma y mediante este mecanismo de sucesión y de sustitución en los cinco métodos que acabamos de explicar, se van aplicando los métodos de tal manera de que el valor de transacción con los ajustes que corresponda, no resulta ser el precio en la aduana porque hay una vinculación entre comprador y vendedor, tendrá la aduana que irse a los demás métodos, a fin de determinar el valor de transacción o el valor de la aduana.
Como se advirtió al inicio de esta exposición, la valoración en la aduana del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio no puede posponerse porque ello sería desproteger a nuestro país de no contar con un sistema de valoración, primero, que sea de práctica general, y segundo, que no contemple métodos que eviten la aceptación de precios ficticios que lesionen el interés de nuestro país.
Pasando a otra circunstancia de tipo aduanero, se referían los compañeros del Partido de la Revolución Democrática acerca del artículo 81. El artículo 81 tal y como se encuentra vigente, es un artículo que está permitiendo la importación temporal para aquellas empresas mexicanas que tienen programas de exportación, es el programa de importación temporal para exportar, pero se está refiriendo este artículo exclusivamente a activos fijos, exclusivamente a maquinaria; no a materias primas. Sin embargo también con base en este artículo 81 vigente, se han realizado algunas importaciones en forma temporal que posteriormente los importadores solicitan a las autoridades aduaneras a que se cambie el régimen de importación temporal por importación definitiva, pero efectivamente, no es justo, no es equitativo que alguien que tiene en mente importar definitivamente una maquinaria, a través de este procedimiento de importación temporal, detenga la recaudación o haga un espacio financiero, no pagar sus impuestos hasta que considera que su negocio es negocio y entonces tiene capacidad para pagar los impuestos, entonces, precisamente para acabar con ese tipo de procedimientos que no son justos para el resto de la industria, se propone en la iniciativa esta modificación al 81.
Sin embargo, estamos de acuerdo con los compañeros que han tocado este artículo, que no satisface realmente esta presentación de la iniciativa para poder realmente, primero,
tipificar que se trata de empresas que tienen programa autorizado para importar temporalmente activos fijos, que quede muy claro, activos fijos, y que posteriormente pueda quedarse esa maquinaria de forma definitiva en el país, incluso en este caso si cupiera, que no lo es, alguna maquiladora, nos convendría como país que el activo fijo que se importó temporalmente se quede en el país y se importe en forma definitiva.
En estas condiciones, yo quisiera someter a su atenta consideración esta propuesta que el Partido Revolucionario Institucional, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional somete a su atenta consideración y, dice así:
"Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera se detecta alguna irregularidad que dé lugar a alguna de... perdón, estoy leyendo otra cosa.
Con relación al artículo 81, y tratando de resolver el caso de importaciones temporales que se han venido sucediendo lo largo del tiempo, y que no tienen una relación directa con programas específicos de exportación, con metas definidas para alcanzar diferentes niveles de exportación, estas operaciones temporales se propone pasen a una temporalidad y de ahí nuestra propuesta para pasarlo al artículo séptimo transitorio en el que se dice lo siguiente: "Lo dispuesto en los artículos 27 actual, penúltimo párrafo que se reforma, y la adición de un penúltimo párrafo al mismo artículo 48-A, 55-E, 59 fracción II, 116 fracción VII y 145 fracción VII inciso E y, 181 primer párrafo, entrará en vigor el primero de septiembre de 1992, y lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 30, entrará en vigor el primero de enero de 1994".
Concretamente, el 81 quedaría de la siguiente forma:
"Las empresas que tengan programas de exportación autorizado por las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público podrán cambiar el régimen de importación definitiva de las mercancías que hubieran importado temporalmente, siempre que se trate de bienes de activo fijo importados al amparo del programa de exportación autorizado por las citadas dependencias. En este caso se deberán actualizar las contribuciones y cubrir los recargos que correspondan conforme a los señalado en el Código Fiscal de la Federación desde la fecha de importación temporal hasta el momento en que se cambie el régimen. Las empresas a que se refiere el párrafo anterior, podrán disminuir el valor de las mercancías al momento de la importación temporal, en la proporción que represente el número de días que el bien de que se trate permaneció en territorio nacional respecto al número de días en los que se deduce dicho bien, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; cuando se trate de bienes que no tengan porcientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará el número de días en los que los mismos se deducen es de 3 mil 650 días.
Las empresas a que se refiere este artículo, podrán optar por pagar el impuesto que les hubiera correspondido de importar la mercancía en la fecha del cambio del régimen aduanero, tomando como valor de importación el que resulte de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior y como arancel y tipo de cambio los vigentes en la fecha en que decide cambiar su régimen aduanero".
Esto es lo que sometemos a su atenta consideración, respecto al artículo 81, y pongo en manos de la Secretaría esta propuesta.
Finalmente también quisiéramos someter a la consideración de esta asamblea una modificación o una reforma al antepenúltimo párrafo del artículo 29 de la iniciativa que estamos sometiendo a esta Asamblea y, dice así:
"El dictamen aduanero tendrá el valor probatorio y alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, los dictaminadores aduaneros deberán ser autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo reunir los requisitos de capacidad, experiencia y probidad que establezca la mencionada dependencia. Dichos dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren con motivo del segundo reconocimiento respecto de los conceptos a que se refieren las fracciones I, II y III del presente artículo, y serán acreedores a una sanción equivalente, aquí viene el cambio, a cuatro tantos en lugar de 20 que traía la iniciativa y seis que traía el dictamen; ahora proponemos a cuatro tantos, del monto de las contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades detectadas por la autoridad, aquí viene el otro cambio, o a la cancelación de la autorización para dictaminar cuando las irregularidades detectadas así lo ameriten o sea, o cuatro tantos o la cancelación de la autorización para dictaminar; de acuerdo, es o cuatro tantos o la cancelación de la empresa a dictaminar".
Y luego sigue el último párrafo, punto y seguido:
"En el caso de que se aplique una sanción como consecuencia de la irregularidad, cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fijará ninguna responsabilidad ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus servicios dicho dictaminador."
Entonces también ponemos a consideración de ustedes esta propuesta y dejamos en la Secretaría el proyecto que estamos sometiendo a la consideración de la Asamblea. Disculpen por la tardanza, y gracias por su paciencia.
El Presidente:- Gracias, señor diputado Javier Garduño. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Soto Prieto:- Con su permiso, señor presidente:
Vengo a proponer varios artículos en relación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se propone precisar los lineamientos a los que deberán estar sujetos dichas instituciones. Por tal motivo, se propone reformar el artículo 70 B, de la ley antes citada, en sus fracciones I, inciso C, y segunda, derogar el inciso D de la fracción I, reformar las fracciones III y IV y adicionar una fracción VI a dicho artículo para quedar su texto en los siguientes términos:
Artículo 70-B, fracción I inciso C. Entidades que se dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI del artículo 70 de esta ley y que una parte sustancial de sus ingresos las reciban los fondos proporcionados por la Federación, estados o municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social y no reciban ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionados con su objetivo social.
2o. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial, el cumplimiento de su objeto social, sin que pueda intervenir en campañas políticas o se involucren en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación.
No se considera que influye en la legislación la publicación de un análisis o investigación que no tenga carácter proselitista o la asistencia técnica a un órgano gubernamental que lo hubiera solicitado por escrito.
3o. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a personas físicas o a sus integrantes personas físicas o morales salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales a que se refiere este artículo o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.
4o. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos en los términos de los incisos a y b de la fracción I del artículo 24 de esa ley.
5a... 6a. perdón. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general sigue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Compañeros Diputados, tomando en consideración la propuesta de la Comisión Dictaminadora en lo referente a influir en la fracción XV del Artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el antepenúltimo párrafo de dicho precepto, toda vez que las disposiciones ahí enunciadas se aplican a esta nueva fracción, del mismo modo considero necesario incorporar la mencionada fracción XV en el penúltimo párrafo del Artículo 72 de la mencionada ley, pues lo preceptuado en éste le es aplicable, por lo que el texto del penúltimo párrafo del artículo 72 habrá de quedar de la siguiente manera:
Artículo 72. Tratándose de las personas a que se refieren las fracciones V y XV del citado artículo así como las sociedades de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual en la que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dichas declaraciones deberán presentarse a más tardar en el mes de marzo de cada año.
En relación al texto propuesto para los artículos 146 y 147-A, considero necesario que los supuestos de exención previstos en dichos artículos se delimiten para que en caso de que los servicios prestados tengan una duración mayor de ciento ochenta y tres días consecutivos o no en un período de doce meses el impuesto se cause a partir del primer día en que se prestó el servicio y no a partir del día 184, a fin de guardar congruencia con los demás supuestos previstos en la ley para casos similares.
Asimismo, se propone eliminar la referencia a la conversión de moneda prevista en las fracciones I y II de dichos artículos, por resultar innecesarias.
Por tal motivo se propone a este Pleno, el siguiente texto a los segundos párrafos y fracción I y II de los artículos 146 y 147, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 146. Cuando el servicio prestado tenga una duración de 183 días o más, en un período de 12 meses, se aplicará lo siguiente: Primero, se estará exento por los ingresos que no excedan de 32 millones de pesos. Segundo, a los ingresos que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y no sean superiores a 256 millones de pesos, se le aplicará sobre el excedente el impuesto a que se refiere el artículo anterior, a la tasa del 15%."
"Artículo 147. Cuando el servicio prestado tenga una duración de 183 días o más, de un período de 12 meses, se aplicará lo siguiente: Primero, se estará exento por los ingresos que no excedan de 32 millones de pesos. Segundo, a los ingresos que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y no sean superiores a 256 millones de pesos, se les aplicará sobre el excedente el impuesto a que se refiere el artículo anterior, a la tasa del 15%."
Asimismo propongo a esta honorable Soberanía, que en el artículo 154-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se prevea el supuesto de que quedan exceptuados del pago de los impuestos a que se refiere el artículo 154 de dicha ley, los intereses que se deriven no sólo de créditos concedidos a entidades no financieras del sector público, sino también los que se otorguen a entidades financieras del sector público por los créditos que éstas destinen a las mencionadas entidades no financieras.
En tal sentido se propone el artículo 154 fracción I, quede en los siguientes términos:
"Artículo 154-A. Primero: Los que deriven de créditos concedidos al gobierno federal, a las entidades no financieras del sector público que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general y a las entidades financieras del sector público, siempre que éstas los destinen a otorgar créditos a las entidades no financieras antes mencionadas."
Esta propuesta tiene la firma de siete diputados de la fracción parlamentaria del partido. Pero antes de entregarla a la Secretaría, considero una obligación de mi parte, si estoy proponiendo estos dos artículos 146 y 147, escuché yo una proposición con la cual desde luego no coincido, y voy a tratar de ser lo más claro posible para explicar por qué todas las personas que trabajen en México bajo un patrón extranjero o del país, todas absolutamente, siendo la fuente de riqueza en México, deben de contribuir a las cargas públicas. Todas absolutamente.
Hay su diferenciación. Hay diferencias efectivamente. Pero todas absolutamente sean mexicanos o sean extranjeras. Ahora bien. ¿qué es lo que propone esta iniciativa¿, que cuando haya un pago a un extranjero que esté en el país y que sea por cuenta de un tercero en Estados Unidos, que tenga ya la residencia.
¿Por qué 183 días ¿Porque el artículo 9, si mal no recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, habla de que la residencia de 183 días, se obtiene la residencia.
Por eso a esas personas que hasta el año pasado no pagaban un solo quinto partido por la mitad, no pagaba, a ellas ahora se les va a conceder, efectivamente, que hasta 183 días y 32 millones y pico, esos no paguen. Pero ya pasado de esa cantidad, sí tienen que contribuir al gasto público. ¿Por qué¿ Porque muchas veces las empresas de Estados Unidos tenían ejecutivos aquí por corto tiempo y ordenaban que se les pagara una cantidad por cuenta de la empresa de Estados Unidos, creo que deben de contribuir a las cargas, y por eso se está haciendo.
Por lo que toca a las empresas de aquí, vuelvo a repetir, creo que no hay ningún problema, por que está perfectamente clarificado en la ley que siendo la fuente de riqueza en México, no hay ningún problema para que ellos paguen, y tienen forzosamente que pagar y está muy bien especificado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Creo yo que en los artículos 80 y 80a, para la cuestión de sueldos y salarios, y el 144 para los extranjeros, ahí está previsto perfectamente con toda claridad. Por eso en este momento yo le pido, y ésta es una explicación, que ojalá y que haya quedado claro, porque he escuchado aquí en la tribuna, que había una confusión. Se trata de ingresos que antes no pagaban hasta el 31 de diciembre no pagaba un solo centavo.
Dejo en poder de la Secretaría estas propuestas.
Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente:- Gracias, diputado Roberto Soto.
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, para rectificar hechos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Estimados compañeros legisladores:
Dedicar algunos minutos, en los tiempos que permite el Reglamento para hechos, a dialogar de estos temas, lo pensamos importante.
Escuchamos con atención la intervención que hizo el estimado legislador que nos antecedió en el uso de la palabra, y el artículo 146 dice claramente, el vigente, que quizá será derogado en próximos minutos; pero el 146 vigente dice explícitamente:
"Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere el artículo anterior, los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales que no tengan establecimiento permanente en el país, o que teniéndolo, el servicios no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que el servicio prestado tenga una duración menor a 15 días en un período de 12 meses".
Está hablando claramente de una duración específica que está sujeta a exención, y por tanto si lo comparamos con la nueva redacción, se habla claramente de un período de 83 días, de 183 días perdón.
Quizá es un problema también de interpretación del artículo 145 de la Ley vigente, pero ratificamos y, repito, que esto está sujeto a un examen quizá ya no tanto sólo de estructura legal, sino de cómo ha sido aplicado el 145 y 146 vigente, a un examen del régimen fiscal del que se han beneficiado los residentes en el extranjero, que obtienen ingresos en nuestro país bajo las consideraciones de estos artículos.
Para terminar, no deseo extenderme más, no encontramos, no encontramos estimados diputados de una lectura directa del 146 vigente, que establece este tope de 15 días, una evidencia de la superioridad de la presente disposición legal. Sin embargo, sí estimamos pertinente, por eso la modificación sólo la proponemos en términos de días que se haga lo que se establece en la fracción I, la II, la III y en el segundo párrafo del 146 que se propone en el dictamen, así como en el segundo párrafo y fracción I, II y III del 147 que se propone en el dictamen. Es pertinente gravar de manera precisa los ingresos que obtengan los extranjeros, una vez transcurrido el período de tiempo que el propio artículo establece.
Repito, es pertinente un sistema preciso de gravamen a los extranjeros, ¡a los residentes en el extranjero¡, que establece.
Pero el análisis estricto del 146 vigente no presenta evidencias de por qué se hace esta extrapolación a términos fiscales de la condición de ser residente más de 183 días para ser objeto de este gravamen fiscal. Gracias.
El Presidente:- Gracias, diputado Jorge Calderón.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:- Gracias, señor Presidente estimados compañeros diputados:
Subo a la tribuna nada más para hacer una proposición muy sencilla para modificar y estimo mejorar el texto del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Creo que en el espíritu del Ejecutivo, cuando presenta esta iniciativa, alienta algo positivo: que es fortalecer las finanzas de los municipios.
Propósito firme, compromiso muy serio de la diputación de Acción Nacional durante la presente legislatura será el llegar a presentar, en una fecha no lejana, a la consideración de ustedes una propuesta sólida sobre la Ley de Coordinación Fiscal.
Sin embargo, se advierte en este artículo, concretamente, una sana intención: se trata de ayudar a fortalecer esta economía, crónicamente raquítica de los municipios.
La propuesta nuestra va para reemplazar una palabra. El artículo 9o., que voy a permitirme leerles, 9o. "A", dice:
"La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes".
Esta es la primera parte del artículo. Nosotros proponemos que se sustituya la palabra "podrán", por la palabra "deberán". De otra manera queda esto a la discreción de algún funcionario el poder darle cumplimiento a esta atinada disposición.
Nuestra propuesta es sustituir esta expresión de "podrán" y hacerlo, darle el carácter de más definitivo y que sea ineludiblemente atendido por las autoridades federales.
La segunda parte se refiere a una propuesta que hacemos, en la parte final del artículo, donde se propone "una aportación que no excedería, dice el artículo" de un 10% del monto total de los ingresos que obtengan por la operación del puente de peaje de que se trate".
Señores diputados, la propuesta de nosotros, recogiendo este espíritu de mejorar y fortalecer las finanzas de los municipios donde existan estos puentes de peaje, es que se eleve al 20%, este porcentaje.
Dejamos en manos de la Secretaría esta proposición para hacer estas dos adiciones o mejoras al artículo 9o., de la Ley de Coordinación Fiscal. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente:- Gracias, señor diputado Alfredo Lujambio.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Con su permiso, señor Presidente, señores diputados:
En 1991 esta soberanía consideró prudente aprobar un mecanismo tendiente a sostener la recaudación en términos reales, proveniente del cálculo de la tarifa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable a los tabacos labrados.
En esa ocasión se aprobó ajustar la tarifa en función de la inflación y del crecimiento del producto interno bruto. Para precisar los términos aritméticos de dicho mecanismo y cumplir con el objetivo de recaudación, se propone al Pleno de esta Cámara se modifiquen los incisos c y d y se adicione un párrafo siguiente al inciso b, de la fracción V del artículo 15 de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
"Artículo 15. fracción V, inciso c. El factor de ajuste a que se refiere el inciso a se obtendrá restando a la recaudación obtenida por la venta de cigarros con filtro, en el año inmediato anterior, manifestada en la Cuenta Pública de la Federación, multiplicada por el crecimiento de la producción nacional estimado para el año adicionado de la unidad y por el factor de actualización estimado para dicho período, la recaudación enterada por la industria desde el mes de enero hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúa el cálculo y dividiendo el resultado de dicha resta entre el valor de las ventas estimadas para el período que va desde el mes en que se efectúa el cálculo y hasta el Final del mes de diciembre, tomando como referencia el volumen vendido en el año inmediato anterior y el último precio autorizado al mes del cálculo, multiplicado por la tasa que se deriva de dividir el resultado del inciso a, sin considerar dentro de éste la multiplicación por el factor de ajuste a que se refiere dicho inciso, entre el valor que se deriva del inciso b.
Inciso b. La tasa a que se refiere este precepto se aplicará a partir del mes siguiente a aquél en que se efectúa el cálculo y en ningún caso será inferior a 75% La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo, para calcular la tasa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación."
Dejo a la Secretaría esta propuesta, signada por seis diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.
(Aplausos).
El Presidente:- Gracias, señor diputado Enrique Jacob Rocha.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen en lo particular se encuentra suficientemente discutido.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si el dictamen en lo particular se encuentra lo suficientemente discutido.
Los diputados que estén a favor, hagan favor de manifestarlo...
Los diputados que estén en contra, hagan favor de manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a dar lectura y someter a la consideración de la Asamblea, en votación económica, las diferentes propuestas de modificación o reformas a los artículos reservados en el orden en que fueron presentados.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Propuesta por los diputados Diego Fernández de Ceballos y Fauzi Hamdan Amad, del Partido de Acción Nacional.
Artículo 92, 4o. párrafo del Código Fiscal de la Federación. En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico hará la cuantificación correspondiente en la propia querella o declaratoria.
La citada cuantificación solo surtirá efectos en el procedimiento penal cuando el término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito imputado, exceda de cinco años, para conceder la libertad provisional, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá en su caso la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorguen en los términos de este párrafo no sustituye a la garantía del interés fiscal; sin embargo en caso de que el procesado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Juez, a solicitud del procesado podrá reducir hasta el 40% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción.
Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquiera otros bienes aún cuando las leyes los consideran inalienables o irreductibles a propiedad particular. El monto de las cantidades en este capítulo se actualizará en el mes de enero de cada año con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato anterior, a aquél por el cual se efectué el cálculo, de conformidad con el procedimiento que se refiere el artículo 17-A de este Código.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El mismo Secretario:- Propuesta hecha por los diputados Jorge Flores Solano, José Treviño Salinas, Ovidio Pereyra García y otros del Partido Revolucionario Institucional, al artículo 92 del Código Fiscal, para adicionar un quinto párrafo: "en caso de que el procesado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial a solicitud del procesado podrá reducir hasta en un 20% el monto de caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente
La secretaria Julieta Mendívil Blanco:- El diputado Servando Hernández Camacho del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone en el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la siguiente propuesta:
"La Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinará a los municipios en donde haya puentes de peaje, una participación del 10% del monto total de los ingresos que obtengan por la operación de puentes de peaje correspondientes, los cuales se destinarán a la construcción mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad. Estos recursos se entregarán directamente a los municipios."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el artículo 14-A propuesto en la Ley Aduanera, propone sea derogado.
En votación económica, se pregunta si se admite se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Los diputados Gabriel Mendoza Manzo, Liliana Flores Benavides y Jorge Calderón del Partido de la Revolución Democrática, en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación hacen la siguiente propuesta:
"Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquiera otros bienes, siempre y cuando las leyes no los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Los diputados Liliana Flores Benavides, Jorge Calderón y Gabriel Mendoza Manzo del Partido de la Revolución Democrática, en la Ley de Coordinación Fiscal proponen que el artículo 9-A, quede como sigue:
"La Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estado y los municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se indiquen dichos puentes.
La aportación a los fondos mencionados se hará de la siguiente manera: La Federación participará con un monto del 25 al 50% del monto total de los ingresos que obtengan por la operación del puente de peaje de que se trate.
Los estados y municipios darán su aportación a dichos fondos única y exclusivamente de manera complementaria a la aportación de la Federación según su capacidad."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Los diputados Liliana Flores Benavides, Jorge Calderón y Gabriel Mendoza Manzo, proponen en la Ley Aduanera, que el artículo 30 quede como sigue:
"Las autoridades deberán resolver las consultas a que se refiere este artículo, en plazo que no excederá de un mes contado a partir de la fecha de su recepción por parte de la autoridad competente para resolverlas, pudiendo el interesado para tales efectos, presentar ante esta última autoridad, copia de la consulta formulada en los términos de la fracción I de este artículo.
Las autoridades podrán resolver conjuntamente las consultas cuando se formulen conforme a este artículo y la descripción arancelaria de las mercancías sea la misma. En estos casos se dictará una sola resolución, la que se notificará a los interesados.
Si transcurre el plazo antes referido sin que se notifique la resolución que corresponda, se entenderá que la clasificación arancelaria fue correctamente practicada.
Lo dispuesto en este precepto no será aplicable tratándose de mercancía prohibida o sujeta a restricciones o regulaciones no arancelarias."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Los diputados Liliana Flores Benavides, Jorge Calderón y Gabriel Mendoza Manzo, del Partido de la Revolución Democrática, hacen la siguiente propuesta en la Ley Aduanera, en la disposición de vigencia anual de la Ley Aduanera en el artículo 6o., para quedar como sigue:
"Durante el año de 1993, el texto del antepenúltimo párrafo del artículo 30 de la Ley Aduanera será el siguiente: Disposiciones Transitorias de la Ley Aduanera. Artículo 7o. Para los efectos del artículo 5o. de la presente ley, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias:
1. Lo dispuesto en el artículo 30, antepenúltimo párrafo, entrará en vigor el 1o., de enero de 1993."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Los diputados Jorge Calderón y Liliana Flores Benavides y Gabriel Mendoza Manzo, del Partido de la Revolución Democrática, proponen en la Ley Aduanera, en el artículo 48, un penúltimo párrafo, para quedar como sigue:
"Se considerará defraudación fiscal y se castigará como tal a toda práctica de subfacturación, entendiendo como tal el consignar precios de venta inferiores al costo de las mercancías vendidas; el otorgamiento de facilidades al comprador que harían ruinosa la competencia de terceros en el mercado; la concesión de facilidades a compradores que superen el precio de venta consignado; el otorgamiento de descuentos con el fin de desplazar a la oferta nacional; el uso de documentación sin soporte legar y toda práctica tendiente a obtener ventajas fiscales en forma ilícita."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
La secretaria María Clara Mejía Guajardo:- Propuesta del Partido de la Revolución Democrática por los diputados Jorge Calderón, Liliana Flores Benavides y diputado Gabriel Mendoza Manzo. En la Ley Aduanera se adiciona un último párrafo en el artículo 81:
"El cambio de régimen de importación temporal a régimen de importación definitivo, estará sujeto a la revisión y autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuyo criterio estará en función de los programas de fomento industrial, de la regulación económica y del comercio exterior. Esta secretaría tendrá especial cuidado en lo exterior, revisión y autorización de cambio del régimen de las plantas industriales conocidas como maquiladoras, con objeto de que no se afecte el desarrollo de la planta industrial nacional ni se atrofie el desarrollo integral de las economías; en todo caso se entenderá que se afecta el desarrollo de la planta industrial nacional y se atrofia el desarrollo de la economía cuando:
a) El cambio de régimen se solicite para nacionalizar bienes cuya oferta supera la demanda nacional.
b) El cambio de régimen implique competencia desleal frente a productores nacionales.
c) El cambio de régimen provoque una invasión de bienes en el mercado, que hagan ruinosa la producción nacional.
d) Se solicite el cambio de régimen para efectos de incumplir con las obligaciones derivadas a los contratos o a la ley, aplicados a maquiladoras solicitantes.
e) Exista vinculación directa entre las maquiladoras y cualquier otra empresa que compita en el territorio nacional.
f) Las mercancías cuyo cambio de régimen se solicite no cumplan con las normas oficiales mexicanas al respecto.
g) No se garantice debidamente el pago de las obligaciones a las que se refiere el inciso d, de este artículo, dentro de los tres día siguientes a aquél que se solicite el cambio de régimen.
h) Todas aquellas causas derivadas de las leyes especiales."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta por el diputado Jorge Calderón, diputada Liliana Flores Benavides y diputado Gabriel Mendoza Manzo:
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Artículo II, donde se modifica el párrafo tercero:
"Los productores o importadores de cigarros para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes, consideran como valor el precio de venta al detallista de los mismos. Este impuesto no se pagará por la enajenaciones subsecuentes."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática por la Diputada Liliana Flores Benavides y el diputado Jorge Calderón:
Impuesto sobre la renta. Se propone modificar el artículo 24 para quedar como sigue:
"Artículo 24. Las deducciones autorizadas en ese título deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos que para el efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se otorgue en los siguientes casos:
a) A la Federación, entidades federativas o municipios.
b) A Instituciones asistenciales o de beneficencia autorizada conforme a las leyes de la materia, así como a las asociaciones civiles que lleven a cabo actividades similares.
c) A las entidades a que se refiere el artículo 70-b de esta ley.
d) Para sociedades o asociaciones que otorguen becas para estudios superiores.
e) A instituciones de investigación científica y tecnológica inscritos en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.
El monto de los donativos que podrá deducirse en el ejercicio, no excederá del 20% de la utilidad fiscal que se determine de disminuir de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por ese título, sin incluir las deducciones por donativos.
En el caso de que se obtenga pérdida fiscal en el ejercicio en que se efectúen los donativos, lo mismo únicamente podrán deducirse en el ejercicio siguiente, siempre que dichos donativos, adicionados a los que, en su caso, se otorguen en este último ejercicio, no excedan del 20% de la utilidad fiscal obtenida en el mismo, sin considerar en dicha utilidad las donaciones por donativos de ambos ejercicios.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable a las personas morales cuyo capital social sea detentado por lo menos en el 90% por una institución autorizada para recibir donativos en los términos de esta ley."
Firman, la diputada Liliana Flores Benavides y Jorge Calderón.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo, Desechada, señor presidente.
Propuesta de los diputados Liliana Flores Benavides, diputado Jorge Calderón y diputado Gabriel Mendoza Manzo.
Impuesto sobre la renta. Se propone modificar el primer párrafo del artículo 146, para quedar como sigue:
"Artículo 146. Se exceptúan el pago del impuesto a que se refiere el artículo anterior, los ingresos por salarios, y en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, pagos por residentes en el extranjero, personas fiscales o morales que no tengan establecimiento permanente en el o que teniéndolo, el servicio de éste relacionado con dicho establecimiento, siempre que el servicio prestado tenga una duración menor a 15 días consecutivos o no, en un período de 12 meses."
En votación económica, se pregunta si se permite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada señor presidente.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma:- Propuesta que hacen los diputados Liliana Flores Benavides, Jorge Calderón y Gabriel Mendoza Manzo, del Partido de la Revolución Democrática.
Impuesto sobre la renta. Se propone modificar el primer párrafo del artículo 147-A, para quedar como sigue:
"Artículo 147-A. Se exceptúan del pago de impuestos los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo anterior, pagado, por residentes en el en el extranjero personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que el servicio prestado tenga una duración menor a 15 días, consecutivos o no, en
un período de 12 meses. El resto queda tal como lo propone la iniciativa."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. desechada, señor Presidente.
Propuesta que hacen los diputados Ovidio Pereyra, Horacio Guerra y Javier Garduño:
Se reforma el antepenúltimo párrafo del artículo 29 de la Ley Aduanera.
"Artículo 29. El dictamen aduanero tendrá el valor probatorio y alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Los dictaminadores aduaneros deberán ser autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debiendo reunir los requisitos de capacidad, experiencia y probidad que establezca la mencionada dependencia. Dichos dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren con motivo del segundo reconocimiento, respecto de los conceptos a que se refieren las fracciones I, II y III del presente artículo y serán acreedores a una sanción equivalente a cuatro tantos del monto de las contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades detectadas por la autoridad o la cancelación de la autorización para determinar, cuando las irregularidades detectadas así lo ameriten. En el caso de que se aplique una sanción como consecuencia de una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus servicios dicho dictaminador".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Aceptada, señor presidente.
Propuesta que hace el diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional:
"Artículo 81. Las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público, podrán cambiar el régimen de importación definitiva las mercancías que hubieran importado temporalmente, siempre que se trate de bienes de activo fijo importados al amparo de programas de exportación autorizados por las citadas dependencias.
En este caso se deberá actualizar las contribuciones y cubrir los recargos que correspondan conforme a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación desde la fecha de importación temporal hasta el momento en que se cambie de régimen.
Las empresas a que se refiere el párrafo anterior, podrán disminuir el valor de las mercancías al momento de la importación temporal, en la proporción que represente el número de días, el bien de que se trate si permaneció en territorio nacional respecto del número de días en los que se deduce dicho bien, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando se trate de bienes que no tengan por cientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número de días en los que los mismos se deducen es de 3 mil 650.
El secretario Josafat Arquimedes García Castro:- "Las empresas a que se refiere este artículo, podrán optar por pagar el impuesto que les hubiera correspondido al importar las mercancías en las fechas del cambio del régimen aduanero, tomado como valor de importación el que resulte de aplicar los dispuesto por el párrafo anterior y como arancel y tipo de cambio de los vigentes a esa fecha".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Aceptada, señor presidente.
Propuesta que hacen los diputados Ovidio Pereyra García, Horacio Garza y Javier Garduño.
Disposiciones sanitarias de la Ley de Aduanera.
"Artículo 7o. fracción I. Lo dispuesto en los artículos 25, actual penúltimo párrafo que se reforma en la adición de un penúltimo párrafo al mismo artículo 48-A, 55-E, 59 fracción II, 116 fracción XII y 145 fracción VII inciso e, entrará en vigor el 1o. de septiembre de 1992 y lo dispuesto en este antepenúltimo párrafo del artículo 30, entrará en vigor el 1o. de enero de 1994."
En votación económica, se pregunta si se permite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Aceptado, señor residente.
Propuesta presentada por el diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional:
En relación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuestos Sobre la Renta, se propone precisar los lineamientos a los que se deberán estar sujetas dichas instituciones. Por tal motivo se propone reformar el artículo 70-b de la Ley antes citada en sus fracciones I inciso C, y II; derogar el inciso D de la fracción I; reformar las fracciones III y IV y adicionar una fracción VI a dicho artículo, para quedar sus textos en los siguientes términos.
Artículo 60-b, fracción I inciso C.
"Entidades que se dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X Y XI del artículo 70 de esta Ley y que una parte sustancial de sus ingresos las reciban de fondos proporcionados por la Federación, estados o municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social, y no reciban ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionadas con su objeto social,
2o. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de un objeto social sin que puedan intervenir en compañías políticas o se involucren en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación. No se considera que influyan en la legislación la publicación de análisis o investigación que no tengan carácter proselitista o la asistencia técnica a un órgano gubernamental que lo hubiera solicitado por escrito.
3o. Que se destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente, retribuible a persona física alguna o a sus integrantes, personas físicas o morales, salvo que se trate en un último caso, de alguna de las personas morales a que se refiere este artículo o se trate de remuneración de servicios efectivamente recibidos.
4o. Que al momento de la liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos, en los términos de los incisos A y B de la fracción I del artículo 24 de esta Ley.
6o. Mantener a disposición del público en general, información relativa a la autorización para recibir donativos, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el plazo en los términos que mediante reglas de carácter general fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
En votación económica, se pregunta si de admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Aceptada, señor Presidente.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Propuesta presentada por el diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículo 72, en el texto de penúltimo párrafo, para quedar como sigue:
"Tratándose de las personas a que se refieren los fracciones V y XV del citado artículo, así como las sociedades de inversión a que se refiere este título, presentarán declaración anual en la que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar en el mes de marzo de cada año."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la propuesta anterior.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Se acepta, señor Presidente.
Propuesta hecha por el diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los artículos 146, fracciones I y II:
"Cuando el servicio prestado tenga una duración de 183 días o más en un período de 12 meses, se aplicará lo siguiente:
1. Se estará exento por los ingresos que no excedan de 32 millones de pesos.
2. A los ingresos que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y no sean superiores a 256 millones de pesos, se les aplicará sobre el excedente, al impuesto a que se refiere el artículo anterior a la tasa del 15%."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Se acepta, señor Presidente.
Artículo 147, fracción I y II, del Impuesto Sobre la Renta, Presentada por el diputado Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional:
"Cuando el servicio prestado tenga una duración de 183 días o más en un período de 12 meses, se aplicará los siguiente:
1. Se estará exento por los ingresos que no excedan de 32 millones de pesos.
2. A los ingresos que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y no sean superiores a 256 millones de pesos, se les aplicará sobre el excedente el impuesto a que se refiere el artículo anterior a la tasa del 15%"
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Se acepta, señor Presidente.
Propuesta presentada por los diputados Ovidio Pereyra García, José Treviño Salinas y otros del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Ley de Impuestos Sobre la Renta, artículo 154-A, fracción I:
"Los que deriven de créditos concedidos al gobierno federal a las entidades no financiadas del sector público que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general y las entidades financieras del sector público, siempre que éstas los destinen a otorgar créditos a las entidades no financieras antes mencionadas."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la propuesta anterior.
Los diputados que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Se aprueba, señor Presidente.
Propuesta hecha por el diputado Alfredo Lujambio, del Partido Acción Nacional. Artículo 9o.- A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
"Artículo 9o.- A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, los estados y los municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, deberán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes. La aportación de los fondos mencionados se harán en montos iguales por la Federación, estado y municipio, sin que la aportación de la primera pueda exceder un 20% del monto total."
En votación, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Se desecha señor Presidente.
Propuesta enviada por los diputados Juan José Treviño Salinas, Ovidio Pereyra y otros, del Partido Revolucionario Institucional, sobre las disposiciones transitorias de la ley del impuesto especial sobre Producción y servicios.
"Artículo 15, fracción V, inciso c. El factor de ajuste a que se refiere el inciso a, se obtendrá restando a la recaudación obtenida por la venta de cigarrillos con filtro, en el año inmediato anterior, manifestada en la Cuenta Pública de la Federación, multiplicada por el crecimiento de la producción nacional estimado para el año adicionado de la unidad y por el factor de actualización estimado para dicho período. La recaudación enterada por la industria es del mes de
enero hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúa el cálculo y dividiendo el resultado de dicha, resta entre el valor de la ventas estimadas para el período que va en el mes en que se efectúa el cálculo y hasta el final del mes de diciembre, tomando como referencia el volumen vendido en el año inmediato anterior y el último precio autorizado al mes del cálculo, multiplicado por la tasa que se deriva de dividir el resultado del inciso a, sin considerar dentro de esta la multiplicación por el factor de ajuste a que se refiere dicho inciso, entre el valor que deriva el inciso b".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Se acepta, señor Presidente.
Propuesta por los diputados José Treviño Salinas, Francisco Ordorica y otros, del Partido Revolucionario Institucional, sobre disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
"Artículo 15, fracción V, inciso d. La tasa a que se refiere este precepto se aplicará a partir del mes siguiente a aquél en que se efectúe el cálculo y en ningún caso será inferior al 75%. La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo, para calcular la tasa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los diputados quien estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. se acepta, señor Presidente.
Esas son todas, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de todos los artículos en un solo acto.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Se emitieron en lo general 369 votos en pro, 38 votos en contra 2 abstenciones por los artículos 30, 48, 72, de la Ley Aduanera, 24, 146, 147-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 11 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 29-A y 92 párrafo 2o. del Código Fiscal, 369 votos en pro, 38 votos en contra y 2 abstenciones; por el artículo 9o.- A del Código Fiscal 318 votos en pro, 89 votos en contra y 2 abstenciones. Por los artículos 81 fracción III y 82 fracción III apartado a, 389 en pro, 18 en contra y 2 abstenciones y por el resto de los artículos reservados en pro, 18 en contra y 22 abstenciones
El Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos, el Proyecto de Ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los Tratados para evitar la doble tributación y para simplificación fiscal.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco:- Pasa al senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
MINUTA DEL SENADO (II)
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
El Presidente:- Esta Presidencia informa que se recibió un oficio de la Honorable Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
Las secretaria Julieta Mendívil Blanco:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 9 de julio de 1992. Senadores secretarios: Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Artículo único. se reforman los artículos 85 a 92; se recorren en su orden el capítulo VII y sus artículos 93 a 124, para pasar a ser Capítulo VIII y artículos 113 a 144, respectivamente, reformándose el artículo 125; adicionan los artículos 93 a 112; se reforma la denominación del capítulo VI que comprenden los artículos 85 a 96, y se adiciona un capítulo VII que comprende los artículos 97 a 112, de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
CAPÍTULO VI
Registro Nacional de Población.
Artículo 85. La secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de las naciones que recidan en el extranjero.
Artículo 86. El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permiten certificar y acreditar fehacientemente su identidad.
Artículo 87. En el Registro Nacional de Población se inscribirá:
I. A los mexicanos, mediante el registro nacional de Ciudadanos y el Registro Menores de edad; y
II. A los extranjeros, a través del catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana,
Artículo 88. El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta Ley y su reglamento.
Artículo 89. El Registro de Menores de Edad. se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles.
Artículo 90. El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría de Gobernación.
Artículo 91. Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.
Artículo 92. La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del registro Nacional de Población. Asimismo, coordinará los métodos de identificación y registros de la independencia de la administración pública federal.
Artículo 93. Las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de gobernación celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:
I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;
II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, y
III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de las personas.
Artículo 94. Las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población.
Artículo 95. Las autoridades judiciales deberán informar a la Secretaría de Gobernación sobre las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que impliquen modificar los datos del registro de la persona.
Artículo 96. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación, sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de población, en los términos establecidos por el reglamento.
CAPÍTULO VII
Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana.
Artículo 97. El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad.
ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 98. Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.
El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca la reglamento.
Artículo 99. Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos:
I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente, y
II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.
Artículo 100. en los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos personales del interesado, conforme los disponga el reglamento de esta ley.
Artículo 101. La Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos
Las dependencias y entidades que encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación.
Artículo 102. Cuando la Secretaría de Gobernación encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.
Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante la Secretaría de Gobernación la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.
Artículo 103. Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad Ciudadana.
Artículo 104. La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.
Artículo 105. La Cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero y las personas físicas morales con domicilio en el país.
Artículo 106. Ninguna persona podrá ser sancionada por la no aportación de la Cédula de Identidad Ciudadana.
Artículo 107. La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación:
I. Apellido paterno, apellido materno, y nombre (s);
II. Clave Única de Registro de Población;
III. Fotografía del Titular;
IV. Lugar de nacimiento;
V. Fecha de nacimiento, y
VI. Firma y huella dactilar.
Artículo 108. Corresponde al titular de la Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y conservación.
I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años;
II. Cuando esté deteriorada por su uso, y
III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.
En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.
Artículo 110. Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de Identidad Ciudadana deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación, dentro de los 30 días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición.
Artículo 111. La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el reglamento de esta ley.
Artículo 112. La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral, la Información de Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la Ley. Igualmente podrá proporcionarla y las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 125. Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121,122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta Ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país, sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. La Secretaría de Gobernación mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación dará a conocer el Programa para el establecimiento e inicio de funciones del Registro nacional de Ciudadanos.
Cuarto. En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará la información que proporcionará el Instituto Federal Electoral proveniente del Padrón electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la credencial para votar con fotografía prevista en el artículo 164 del Código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, esta credencial podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. -México, Distrito Federal, a 9 de julio de 1992.- Senadores: Presidente, Manuel Aguilera Gómez; secretarios, Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
Se remite a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 9 de julio de 1992.- El Oficial Mayor licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Población y Desarrollo.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
*LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente.- El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman, y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del departamento del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura, señor Presidente.
Es de segunda lectura.
El Presidente:- En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa, que se encuentra inscrito el diputado Alberto Nava Salgado, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alberto Nava Salgado.
El diputado Alberto Nava Salgado:- Con su permiso, señor Presidente; estimados compañeras y compañeros diputados:
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 24 del día 7 de julio de 1992.
En forma muy breve, quisiera manifestar que dentro de la Comisión del Distrito Federal, distintos legisladores hemos manifestado nuestro interés en que las normas fiscales sean más justas y respondan mejor a la sociedad que está demandando.
Esa es la razón por la que el pasado 2 de julio diputados pertenecientes a distintos partidos coincidimos en la conveniencia de sugerir algunas modificaciones al texto actual de la ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
En un primer término, siendo congruentes con la capacidad jurídica para poseer y administrar bienes que se reconocen a las asociaciones religiosas, es necesario proveer dentro de los supuestos de la adquisición de inmuebles de los actos de operaciones de traslación de dominio que sobre dichos bienes celebran las asociaciones religiosas.
Igualmente, a fin de que en un período de transición durante el cual deberán integrar su patrimonio en un máximo de seis meses a partir de la fecha en que obtuvieran su registro constitutivo de la autoridad competente, las operaciones y adquisiciones de inmuebles no causarán el impuesto respectivo.
A este respecto, se adiciona la fracción XIII del artículo 26 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Por otra parte, consideramos de trascendental importancia los cambios que se pretenden introducir en el texto del artículo 150 de la Ley de hacienda del Departamento del Distrito Federal, ya que con ellos se extenderá el beneficio de la libertad provisional bajo caución a aquellos contribuyentes que habiendo omitido el pago de un impuesto, serán obligados por causas muy diversas, a permanecer aislados de la sociedad, no representando un peligro para la misma.
En este sentido, hace un momento aprobamos con razón una modificación a una norma de carácter muy similar a la que ahora nos ocupa. Es válida la argumentación que escuchamos y por ello quisiéramos someter a esta soberanía una modificación el párrafo sexto del artículo 150 de la Ley de Hacienda.
Actualmente el párrafo dice así: "aun cuando el término medio aritmético de la pena preventiva de libertad que corresponda al delito imputado exceda de cinco años, se concederá la libertad provisional. Para este efecto, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá en su caso la suma de las cuantificaciones antes mencionadas y las contribuciones adeudadas que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional,"
La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal. La modificación que se propone es la siguiente:
"En consecuencia, el procesado que hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, el juez. a solicitud del procesado, podrá reducir hasta en un 20% el monto de la caución, siempre que exista motivo o razón que justifique dicha reducción."
Esta modificación la firman el diputado Benjamín González Roaro, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional y un servidor, Alberto Nava, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia señores diputados, solicitamos la aprobación a estas modificaciones a la Ley de hacienda del Departamento del Distrito federal. Muchas gracias.
El Presidente.- Gracias señor diputado Alberto Nava Salgado. Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- en votación económica consulte la Secretaría si es de aceptarse la propuesta presentada por el diputado Mario Alberto Nava Salgado, del partido Revolucionario Institucional.
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Propuesta de modificación al sexto párrafo del artículo 150 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
"Aun cuando el término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito imputado exceda de cinco años, se considera la libertad provisional. Para este efecto, el monto de la caución que fije la autoridad judicial, comprenderá en su caso la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha que se promueve la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo. Se aprueba señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La secretaria Julieta Mendívil Blanco:- Se emitieron 386 votos en pro y 7 en contra.
El Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco:- Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
*CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona dos artículos transitorios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
*Esta dictamen fue publicado en Diario No. 24 del día 7 de julio de 1992.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la secretaria consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se le pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura, señor presidente.
Es de segunda lectura.
El Presidente:- En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que con base en lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados César Augusto Santiago y Amador Rodríguez Lozano, solicitan que el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el señor diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, por la comisión.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:- Señor Presidente: compañeras y compañeros diputados de México:
La propuesta que se presenta en el dictamen, es un buen ejemplo de las mejores formas democráticas. Si tal concepto tradicional de la democracia en su carácter político es el del gobierno de las mayorías, en esta época no puede entenderse sin la participación de todas las expresiones interesadas. Esto creo que nadie lo pondrá en duda.
Se dice que las oposiciones cogobiernan ejercitando su tarea esencial, es decir oponiéndose. En este ámbito, entre propuesta se sustancia el verdadero y más profundo concepto de democracia. Esto es en abstracto compañeros, una síntesis dialéctica de ideas y de práctica política.
La propuesta que se presenta en el dictámen no es solo ejemplo de resultado aritmético entre las posiciones de varias partes; es más que eso, es ciertamente la expresión del consenso político, como fórmula de modernidad política, como adjetivo de la buena práctica democrática, como
calificación indispensable de la función parlamentaria.
Esta propuesta que hoy nos preocupa compañeros, pasa aquí por el pleno de la cámara, virtualmente por su cuarta instancia de conocimiento y discusión. En efecto, si no formalmente, sí en realidad el contenido de estas adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, han transitado por un proceso de gestación, análisis, discusión y consenso en cuatro diferentes instancias donde confluyen las opiniones de las corrientes políticas existentes en México, manifestadas por las organizaciones partidistas que las representan.
Los antecedentes de esta modificación legislativa fueron ya del conocimiento de esta Asamblea compañeros, cuando se presentó como tal. antecedentes que aquí se reiteran en el dictamen, obligadamente en las consideraciones que fundamentan la petición para su aprobación que se plantea ahora para su discusión determinante.
Me refiero explícitamente compañeros diputados, a la inicial recomendación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, para adoptar los procedimientos y plazos que permitan poner en práctica el mandamiento legal de instituir hoy el principal elemento de certidumbre para las elecciones en México.
La indubitable identificación de los votantes, que deviene como tal en un instrumento personal para hacer posible, objetiva y universalmente el primer ejercicio político de la democracia, el sufragio. La credencial para votar con la fotografía del elector, constituirá simple y sencillamente elemento de confianza para todas las partes interesadas en los procesos electorales, para todas las partes compañeros diputados, para el cuerpo que elige que son los ciudadanos, para quienes representan el resultado de la voluntad electoral que son los elegidos, para las organizaciones que expresan las ofertas políticas en ideas y programas que son los partidos, y también, desde luego, obviamente para la entidad que los suma a todos, para el Estado, principal interesado en preservar y mejorar la más cualitativa institución democrática.
La propuesta de adicionar la ley que elige las elecciones federales, y por coordinación federal prácticamente todas las elecciones del país, nació de ese consenso original, consenso de cinco de los seis partidos que tienen vida nacional, pero sin la negativa expresa del restante. De la mesa recomendatoria pasó al nivel del acuerdo formal en el seno de la institución que tiene a su cargo de la ejecución de la función de organizar, de desarrollar y de vigilar las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral, y con esa misma cualidad conceptual, su Consejo General aprobó su contenido y expresó los motivos y fundamentos que se convirtieron en la iniciativa del proceso constitucional legislativo, traído a esta Asamblea con la firma de cuatro de los representantes de cuatro de las fracciones que constituyen hoy, en esta LV Legislatura la presente Cámara de Diputados.
A su trámite, compañeras diputadas y diputados, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, integró un punto de trabajo con diputados miembros de todos los partidos, que no solo ratificó el acuerdo de voluntades de su origen, sino que procedió a su examen, cotejando la compatibilidad entre el contenido de su texto y el propósito político buscado.
De este ejercicio, esencialmente parlamentario, se procedió a presentar y confrontar otras proposiciones, que de su análisis y discusión, alimentadas con la información técnica necesaria, enriquecieron el tenor de la iniciativa incluyendo a su redacción otros conceptos que aparecían como partes explícitas de los fundamentos y de los considerandos que les aportaron en todo ese proceso de su nacimiento y de su desarrollo prelegislativo.
Así, la Comisión de Dictamen acepto medularmente el proyecto del grupo de trabajado y aún lo mejoró, puntualizando su lenguaje para enviarlo, en los términos del documento en que ustedes conocen ya, a la consideración final de esta Cámara en Pleno.
El proyecto del dictamen recogía la mayor parte de los propuestos que tradujeron la mayor parte de los partidos e insertó materialmente a la categoría de norma, si bien transitoria, para regir un determinado procedimiento y un lapso de aplicación, las siguientes disposiciones:
La prevención de intensificar la campaña de actualización y depuración integral del padrón; la convocatoria a los partidos, y especialmente a los ciudadanos para que aporten su cuota de responsabilidad en esta tarea; la precisión de la numeración se cuenta en el seccionamiento por cada entidad federativa; la forma de participación de los partidos, en la vigilancia y en la supervisión de los trabajos técnicos y de campo de esta empresa política tan importante de todos que es el de la fotocredencialización; la exhibición del sumario y del empadronamiento, y
de esa tarea de aportar la identificación visual de los electores a la credencial para votar, que son las listas nominales a la vista de los mismos módulos de recepción; la especificación de los medios identificatorios de los votantes que tramiten y obtengan su credencial, y también la consigna de que sus constancias vayan al expediente de cada ciudadano.
Todos estos conceptos, compañeros diputados, quedan en las normas transitorias si su aprobación se da señores diputados, por haber resumido esa cualidad sustancial que califica, como digo antes todo este proceso legislativo, el consenso de los representantes de los partidos, y los diputados que hasta esta fase hemos participado en su desarrollo y en su integración reglamentaria.
Debo decir también sin embargo que hubo otras cuestiones que no se recogen en el texto del articulado que se dictamina a su consideración, por carecer de la opinión condensada del grupo de trabajo que lo preparó, y de la misma Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues todo lo que el dictamen inscribe fue aceptado con tal condición.
Por todo lo anterior compañeros,. me siento autorizado, me siento autorizado para pedirles el voto favorable en esta asamblea, tanto en lo general como en lo particular del dictamen.
Y respecto a esto voy a hacer una consideración final a ustedes, una consideración final sobre el voto general y el voto particular que pido.
El objeto principal de la iniciativa puede tener, no puede tener, hasta donde la lógica alcanza, objeción de nadie. Creo que todos los ciudadanos partidos y autoridades de este país, todos estarán acordes en que los votantes mexicanos tengan su credencial para votar con su propia fotografía; no podría imaginar a ningún diputado que se opusiera a esta sola disposición.
Esto consecuente y justifica el voto favorable en lo general de todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias, en mi opinión, compañeros diputados.
Las demás reglas complementarias para la mejor preparación y consecución de este objetivo principal que también se contienen en los dos artículos transitorios dictaminados, las demás reglas complementarias fueron propuestas que obligan a sus propositores a votarlas favorablemente, puesto que fueron aceptadas en el dictamen, puesto que son propuestas de ellos. Las que no fueron aceptadas no encuentran en el dictamen, desde luego, no se encuentran en el dictamen, y por eso precisamente no se pueden votar en contra ni siquiera en lo particular.
Quizá lo único que podría votarse en contra, en su caso, serían las propuestas de adición, no incluidas en el decreto que se presentan en el dictamen, que fueran planteadas en el curso de esta discusión plenaria, pero estos supuestos votos en contra sólo podrían ser de quienes no aceptan estas futuras y supuestas proposiciones, precisamente porque si están de acuerdo con el texto como se dictamina, es decir, por congruencia con su voto favorable en lo particular.
Por estas razones políticas, compañeros diputados, por estas razones también jurídicas, compañeros diputados, y por estas razones de simple y elemental lógica, compañeros diputados, pido el voto favorable en lo general y en lo particular para el dictamen que presenta a ustedes la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Muchas gracias señor Presidente. Muchas gracias compañeros por escucharme.
El Presidente:- Gracias señor diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Esta presidencia informa que se encuentran inscritos los siguientes diputados: Rosa Albina Garavito Elías en contra, Jorge Uzcanga Escobar del Partido Revolucionario Institucional, a favor, Juan Campos Vega del Partido Popular Socialista en contra, Manuel Garza González del Partido Revolucionario Institucional a favor, Manuel Huezo Pelayo del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Jesús González reyes del Partido de Acción Nacional, Francisco Dorantes Gutiérrez del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Eloy Vázquez López del Partido de la Revolución Democrática, Irma Piñeiro Arias del Partido Revolución Institucional Javier Centeno Avila.
Tiene el uso de la palabra la señora diputada Rosa Albina Garavito Elías del Partido de la Revolución Democrática para razonar su voto.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:- Con su permiso señor presidente, pedí hacer uso de la palabra para fijar la posición de mi partido en torno al dictamen que nos llega hoy a discusión.
Desde que llegó a esta Cámara la propuesta del Consejo del Instituto Federal Electoral para adicionar dos artículos transitorios al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hicimos manifiesta nuestra voluntad de contribuir al perfeccionamiento de esa propuesta.
Subrayamos la importancia de que esta Cámara no se convirtiese en instancia de trámite legislativo y asumiese su papel de órgano creador de Ley. Con oportunidad hicimos saber a la subcomisión encargada de elaborar el dictamen de la iniciativa que suscribieron cuatro partidos políticos, que nuestro voto estaría condicionado a la satisfacción de determinados cambios que consideramos sustanciales para garantizar un padrón electoral y una foto credencialización confiable.
Sostuvimos un diálogo con quienes integraron esa subcomisión en el que llegamos a diversas coincidencias, coincidencias que quedan incorporadas en el texto de los transitorios, cuya aprobación propone el dictamen. Sin embargo, no quedaron incluidos en él, aspectos de insoslayable importancia.
Nuestro grupo partidario hizo ver la necesidad de que los partido políticos tuvieran condiciones reales y subrayo: reales; para llevar a cabo la vigilancia de la inscripción de lo ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores así como la credencialización.
Derechos establecidos ya en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 166, para que estos derechos se hagan efectivos, propusimos que en cada módulo hubiere un representante de cada partido político nacional, y que cada comisión de vigilancia distrital llevara a cabo un programa de verificación y depuración del padrón, contando los partidos políticos para este fin, con el personal necesario que ellos eligieran para llevar a cabo el trabajo de gabinete y de campo.
Esta propuesta se sustentó en la conveniencia de contar con una verificación avalada por todos los partidos políticos, evitándose que cada uno, en condiciones de desigualdad, realizara su propia comprobación de confiabilidad del padrón. Quiero traer a esta tribuna, la situación que al respecto se está viviendo en los distintos procesos preelectorales de las distintas entidades federativas.
La subcomisión rechazó este planteamiento y en cambio propuso que la participación de los partidos políticos en la actualización y depuración integral del padrón electoral, fuera aprobada por la Comisión Nacional de Vigilancia, lo cual es un contrasentido legal, porque este derecho ya está reconocido por el propio Código en el referido artículo 166 y no es materia de un transitorio. De lo que se trataba era de discutir la forma de participación.
Tampoco está claro del deber del Instituto de proveer lo necesario para que se lleve a cabo la vigilancia.
El estado de indefensión en que partidos y ciudadanos nos encontramos frente al documento vertebral del proceso electoral, hace evidencia sobre esta insuficiencia. Y quiero ademas remarcar la insuficiencia de que este compromiso quede solamente plasmado en el acuerdo del Consejo Nacional de Vigilancia, recordar la experiencia de los comicios de 1991, los comicios federales.
Cuando se discutió en el Instituto Federal Electoral la conveniencia de pedir una nueva credencial de elector con fotografía, se consideró que el proceso de fotocredencialización, impedía la aplicación de la técnica censal. Por eso se hizo necesario, como lo reconoce el Informe de director ejecutivo del Registro Nacional Electoral, cito: "Efectuar la campaña anual intensiva de actualización del padrón electoral a que se refiere el artículo 146 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para terminar el proceso de empadronamiento, el último día de febrero de 1994". Termina la cita.
Eso supone, cuando menos, 20 meses efectivos de campaña intensiva que conforme al Código, consiste en convocar y orientar a la ciudadanía de cumplir con las obligaciones de empadronamiento y fotocredencialización. De este acuerdo implícito que suscribieron los partidos políticos en el seno del Instituto Federal Electoral, surgió nuestra propuesta de incluir en los transitorios, la obligación de que el Instituto realizara una campaña intensiva de actualización del catálogo general de electores y el padrón electoral, a que se refiere el artículo 146 del Código, desde que entraran en vigencia los transitorios hasta el 28 de febrero de 1994.
Los diputados que representaron al Partido Revolucionario Institucional en la subcomisión de dictamen, en consulta, a dicho de ellos, hecha al Registro Nacional Electoral, de electores, llegaron a la conclusión de que no era posible tal campaña por razones presupuestales. En contrapartida propusieron, como de hecho queda en los transitorios que ahora recibimos, que se llevara a cabo una amplia campaña de comunicación a fin de convocar y orientar a la ciudadanía
para que acudiera a los módulos a obtener su credencial para votar.
Existe una sustancial diferencia entre esta disposición y lo acordado en el Instituto Federal Electoral (IFE). Llamo la atención en torno a esa diferencia.
Lo que se acordó, lo que fundamentó ese acuerdo pluripartidario, y lo que finalmente nos está llegando, como dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Ahí el compromiso, en el Instituto Federal Electoral, fue de realizar una campaña intensiva durante veinte meses efectivos. El dictamen no refleja este compromiso.
De acuerdo con el párrafo uno del artículo 155 del Código de la materia, las listas nominales de electores, son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
El transitorio decimoctavo introduce una excepción a esta regla, dividiendo las listas en dos apartados, uno de los cuales contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que no hayan obtenido su nueva credencial para votar, con fotografía, hasta el 28 de febrero de 1994, pero la tramiten antes del 17 de julio del mismo año.
Ese apartado, y ahora también sobre esto llamo la atención con energía, abre las puertas a prácticas fraudulentas, pues si las mesas directivas de casilla no tienen certeza de que la credencial que les presente un elector es auténtica y fue obtenida legalmente, pueden permitir que voten personas al margen de la ley; esto no es una simple hipótesis, pues se ha constatado en otros procesos electorales; yo diría en todos los procesos electorales.
Para evitar eso, sugerimos que se elaborara una relación de quienes recibieran su credencial para votar después del 28 de febrero de 1994, listado que no impide la revisión y elaboración de las listas nominales. Esta relación debería incluirse como parte de la documentación y paquetes electorales. De esta manera se tendría plena certeza de los ciudadanos que hubieran obtenido lícitamente su nueva credencial para votar.
La negativa a esta propuesta fue rotunda. Se alegó incapacidad técnica para elaborar estas listas, y se dijo también que crearían confusión. Nos mantuvimos abierto a cualquier otra posibilidad que satisfaciera la solución del problema de fondo ocasionado por el segundo apartado de las listas nominales. No hubo respuesta. Se dio por cerrada la discusión con la aprobación del proyecto de dictamen en la comisión.
El asunto no es menor, pues está directamente relacionado con la confiabilidad del proceso de fotocredencialización, al igual que lo está la ausencia de condiciones reales para que los partido puedan llevar a cabo la vigilancia del padrón y de la expedición de la credencial para votar.
No son, pues, consideramos, asuntos menores los que quedaron insatisfechos en los cambios introducidos a los transitorios originales, y son de tal importancia que constituyen el motivo de nuestro voto.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere dejar sentado que ha continuado el esfuerzo que iniciaron nuestros representantes ante las diversas instancias del Instituto Federal Electoral (IFE), para llegar a acuerdos que permitieran contar con un padrón altamente confiable y una credencial para votar, que sirva de antecedente de la cédula de identidad ciudadana.
Conjuntamente hemos intentado plasmar en los transitorios lo que está acordado ya ante el Instituto Federal Electoral y perfeccionar estas disposiciones.
Sin embargo, las garantías que buscamos, con el fin de que la ciudadanía confíe en que se respetará su voto, no están dadas a plenitud en estos transitorios.
Pero eso no es todo, a tres escasos días de que se celebren las elecciones en Michoacán, mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, está viviendo una de las ofensivas más fuertes de parte del régimen del partido de Estado; como si se trátase de una reyerta donde se juegan los destinos personales de quienes detentan el poder y no la estabilidad social y política que nuestro país exige en este tránsito a la modernidad; el gobierno y su partido han hecho y siguen haciendo gala de prepotencia.
Un país moderno y democrático necesita de hombres y mujeres libres y dignos. La seudomodernidad del gobierno va por el camino de comprar conciencias, de apabullar razones con campañas de desprestigio, de derrochar los recursos del pueblo para servir a la causa del gobierno y de su partido.
Observadores imparciales nos hacen saber que en Michoacán no se cumplen las condiciones necesarias para una competencia electoral limpia. Las organizaciones de ciudadanos recomiendan a los partidos y cito: "considerar su retiro de las contiendas electorales posteriores a Chihuahua y Michoacán, para dedicarse a crear las condiciones mínimas, ¡mínimas¡ de respeto a los derechos políticos de los mexicanos".
¡A tal grado, señoras y señores diputados, ha llegado la devaluación de los procesos electorales ha hecho el gobierno y su partido¡
¿A dónde nos conduce esta política? ¿A qué niveles de enfrentamiento? ¿Son éstas muestras de civilidad? ¿Son acaso muestras de modernidad?
Nuestro partido está cumpliendo con la responsabilidad política que le corresponde: hacer un llamado a la cordura, hacer un llamado a manifestarse en las urnas, a no responder a ninguna provocación, a responder a los atropellos por las vías de la legalidad. ¡Ni un milímetro más allá de lo que las cauces legales nos permiten como ciudadanos¡
Desde aquí nuestro grupo parlamentario lo reitera. Pero desde aquí también alertamos al gobierno que los tiempos de instaurar las condiciones de una transición pactada a la democracia se están agotando.
El apabullamiento del adversario no es muestra de poder. Por el contrario, es muestra de debilidad, de miedo, y con miedo no se puede gobernar con respecto al estado de derecho.
Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática hemos también cumplido con nuestra responsabilidad: hacer un llamado para convertir a esta Cámara en el espacio de la concertación y el diálogo que pueda conducir a la reforma democrática que el país necesita.
Nuestro llamado lo respaldamos con propuestas. La que hicimos en la subcomisión de dictamen es muestra de ello. Con el dictamen que sale de la comisión y que hoy se votará se perdió otra oportunidad.
Para cumplir con un acuerdo, cualquiera que éste sea, es requisito insustituible que haya voluntad para cumplirlo. No encontramos, de frente a la situación preelectoral que se vive en Michoacán y en otros estados, la voluntad política que avale y que sustente esos acuerdos.
El ánimo con el que nuestro partido firmó este acuerdo, está defraudado. No votaremos ni a favor ni en contra del dictamen que hoy se somete a consideración.
Esta decisión tiene por supuesto un significado. Votarlo a favor sería tanto como avalar una conducta gubernamental y del partido oficial, que no sólo atropella acuerdos, sino la misma ley; como ya está ocurriendo en Michoacán con, entre otras violaciones, la falsificación del padrón y de la credencialización. De tal manera, de suprimir o adicionar ciudadanos a su antojo.
Votarlo en contra sería tanto como no suscribir nuestra voluntad para que la Cámara se convierta en el espacio de concertación para la reforma democrática. Nuestra decisión deja abierta la puerta para la reforma político - electoral que el país necesita.
Pero los legisladores del Partido de la Revolución Democrática no solamente cumplimos con nuestra responsabilidad legislativa, cumplimos también con el compromiso con el pueblo que nos eligió, con el compromiso al que nos llaman los votos verdaderos que hoy nos hacen ocupar una curul en esta Cámara.
Desde esta tribuna anunciamos que si el gobierno y su partido reiteran su voluntad de atropellar los derechos ciudadanos en los comicios del próximo domingo; estaremos al lado de esos ciudadanos ofendidos, con todas las formas de resistencia civil. Y haremos de la Cámara una extensión del espacio social y político para apoyar esas luchas. Desde aquí lo anunciamos.
A los llamados reiterados a que se abran los cauces del diálogo para la reforma democrática, sumaremos acciones que los refuercen. Y, como en todos los casos, el llamado lo suscribimos con propuestas.
Desde aquí anunciamos que antes de que esta período concluya, nuestro grupo parlamentario presentará a esta plenaria el proyecto de reforma constitucional en materia electoral, que sienta las bases para comicios limpios y transparentes.
De nuevo el gobierno y su partido tiene la palabra. Como el pueblo mexicano, el Partido de la Revolución Democrática espera la respuesta que restaure el estado de derecho en nuestro país, el respeto a la ley que haga de todos los mexicanos, ciudadanos libres y dignos. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputada Rosa Albina Garavito.
Para rectificar hechos tiene la palabra el señor diputado Gabriel Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Señor Presidente, compañeras y compañero diputados:
El Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, hace uso de esta tribuna para responder al presidente Carlos Salina de Gortari, respetuosamente y en buen uso de las tradiciones parlamentarias, el mensaje que ha dirigido por radio y televisión a los michoacanos en días pasados.
En dicho mensaje el licenciado Salinas ha hecho un recuento pormenorizado de las obras de beneficio social que su gobierno ha promovido en Michoacán desde 1988, año en que su partido y él mismo perdieran en el estado, durante los comicios federales, 12 de las 13 diputaciones, las dos senadurías y la elección para Presidente de la República, en una proporción de tres votos contra uno.
Ha aprovechado, además, para recordarnos que donde la convivencia se ha dado con mayor respeto y tolerancia, es decir, donde el Partido de la Revolución Democrática ha gobernado o ha ligado con el partido oficial, los avances en los hechos han sido mayores y la población se ha beneficiado más, o sea, las participaciones federales han llegado oportuna y generosamente.
De igual modo ha expresado, palabra más, palabras menos, que la inversión pública se ha canalizado a municipios y comunidades sin importar su orientación política y sin considerar de qué partidos han surgido las autoridades y que éstas tienen la obligación de servir a todos por igual.
Sin embargo, al parecer en el caso de este mensaje, el licenciado Salinas no se ha ceñido a su obligación de servir a todos por igual, pues sólo ha servido a los propósitos electorales de su partido.
Bien se ve que la situación michoacana debe preocuparle, cuando se toma la molestia de hacer propaganda subterránea, quién sabe si para influir en el resultado de los comicios o para convencer o para convencer de antemano a la ciudadanía de que el gobernador que el sistema ha escogido para encumbrarse en Michoacán es el adecuado; independientemente del tono conciliador y paternal que utiliza para recalcarle a los michoacanos la ayuda de la Federación, todo que dicho sea de paso contrasta vivamente con las irregularidades en el proceso electoral y en el incremento de la presencia de fuerzas militares en el estado, cabe preguntarse: ¿Qué inusitado interés ha despertado Michoacán en presidente Carlos Salinas, cuando no acostumbra dirigirse a la ciudadanía de ningún estado en particular antes de las elecciones? ¿Por qué no ha dado el mismo tratamiento a los comicios en Chihuahua, estado donde el proceso electoral es igualmente riesgoso para el partido oficial?, y si no lo hizo, según su versión para no intervenir en un proceso de incumbencia estrictamente local, ¿por qué ahora lo hace en Michoacán?, ¿no es la obligación del gobierno de la República el proporcionar las obras y servicios que el licenciado Carlos Salinas ahora proclama como una concesión graciosa? ¿A qué obedece el aumento desmedido de efectivos militares en un estado que está en calma si no es para inhibir la participación ciudadana al momento de votar o para contrarrestar la resistencia civil que un proceso viciado de origen genere .Por qué lanza un mensaje en apariencia no electoral en tiempos electorales.
Para el Partido de la Revolución Democrática no hay nada inusual en el mensaje, no tiene nada de raro; era de esperarse pues, el presidente Salinas está actuando conforme a su formación política y a sus convicciones partidistas. Es comprensible pero no es justificable porque por primera vez se preocupa públicamente por unas elecciones en las que su partido enfrenta a una oposición seria, incluso sería encomiable que una persona abogue y defienda su filiación partidista de día, de noche y de madrugada, de no ser porque lo hace desde Los Pinos. Tales procedimientos le están permitidos a un ciudadano cualquiera pero no al que ocupa el cargo detentado por el licenciado Salinas, puesto que él mismo ha declarado que gobierna para todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros, el licenciado Carlos Salinas de Gortari en su mensaje a los michoacanos ha estipulado que una de las bases firmes para un futuro promisorio en el estado es el respeto a los demás, siendo así, respeto le pedimos para la decisión que se manifieste en las umas.
Ha señalado también en aquella entidad que ya no se quieren obras a medias ni progreso a la mitad; coincidimos con eso y nos permitimos añadir que tampoco queremos democracia a la mitad.
Por último ha manifestado que en los hechos los michoacanos contaremos con el firme y
decidido apoyo de nuestro amigo el Presidente de la República. Pues bien, señor presidente Salinas, aprovechando su amable ofrecimiento, si es usted nuestro amigo, disponga lo necesario para dar marcha atrás con el fraude electoral en Michoacán. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Gabriel Mendoza.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Uscanga Escobar: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Aunque no es el tema que se estaba discutiendo en relación con el dictamen relativo a la aprobación de los dos transitorios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, creemos nosotros que el señor Presidente de la República tiene el derecho y tiene la obligación como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de poder asistir, de poder concurrir y de poder estar en todos los estados del país; no se justificaría que por campañas políticas que las tenemos en todos los tiempos y en todos los años, tuviésemos o tuviera que restringir el señor Presidente su actividad normal.
Lo hemos visto en todos los estados, en todos los estados sirviendo a todos los gobiernos sin importar partido político, sirviendo a los mexicanos y tratando de dar en todo el tiempo que ha tenido su mandato, un gran impulso de prosperidad al país.
No se vale que tratándose de problemas electorales, traigamos aquí cuestiones que ni están a discusión y que no es el momento, como en lo que se refiere a este dictamen.
Referido a lo que se ha dicho sobre los dos transitorios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, queremos hacer mención que desde 1989 en que la Comisión Federal Electoral y la Cámara de Diputados se dispusieron a realizar una serie de actividades tendientes a llegar a lo que hoy conocemos como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siempre campeó, a pesar de los diferentes enfoques y puntos de vista de los partidos políticos nacionales, siempre campeó las coincidencias de los partidos políticos representantes de las fuerzas políticas fundamentales del país.
Coincidencia de un mejor padrón electoral; coincidencia del registro nacional ciudadano, y coincidencia de que la credencial de elector para votar tuviera la fotografía para que hubiera una mayor identificación del elector.
En 1991 no se pudo llevar a cabo por cuestiones técnicas porque era un intervalo casi de 11 meses para las elecciones del 1991, y al terminar las elecciones del 1991, los partidos políticos: principalmente Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, fueron los que iniciaron para que se propiciara de inmediato y se expidiera la credencial de elector con fotografía.
Es importante señalar, como lo explicaron los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, en lo que se refiere que debe realizarse de inmediato una depuración y actualización integral del padrón electoral, sentimos nosotros que con estas instancias se logró el consenso básico entre ellos en cuanto a que es necesario e imprescindible que a la expedición de una nueva credencial para votar, con fotografía, le preceda, y es consenso de los partidos políticos la depuración integral del padrón, que consiste en lograr la correspondencia entre los documentos fuente, la información contenida en la base de datos y la correcta ubicación geográfica electoral de todos los ciudadanos registrados.
Con la depuración integral del padrón se detectarán y se resolverán los problemas de homonimias, inscripciones duplicadas, folios repetidos y muchas cosas más. Asimismo se procederá a dar de baja, en base a la información proporcionada por las autoridades competentes, a los ciudadanos ya fallecidos a los inhabilitados.
Cabe señalar que el operativo de expedición de la nueva credencial para votar con fotografía, es intrínsecamente depurador, lo que permite la actualización del padrón electoral, ya que habrá personal en cada módulo, encargado de atender a aquellos ciudadanos que lo soliciten, su inscripción al padrón, notifiquen su cambio de domicilio o soliciten la corrección de algún dato de su credencial. Esta operación en sí es una depuración integral del padrón.
Nosotros consideramos, porque así lo fija la ley, que los aspectos técnicos y operativos para lograr la depuración y actualización mencionadas deben de contemplarse en el seno de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, pues como se ha señalado, la competencia que le otorga en el artículo 166 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, éste es el órgano encargado para cuidar, para vigilar que la inscripción de los ciudadanos se haga en los plazos establecidos por la ley; además, que se vigile que a los ciudadanos se entregue oportunamente su credencial para votar, que se reciban las observaciones que los partidos políticos hagan de la lista nominal de electores, y muchas cosas que la Comisión Nacional de Vigilancia de manera normal lo vienen realizando.
Como se ha dicho es conveniente que el ciudadano se identifique al momento de acudir al módulo para inscribirse y al mismo tiempo para obtener su credencial con fotografía, es conveniente señalar que un doble control para que el ciudadano se identifique, tanto en el trámite, es decir el empadronamiento mismo, como en el momento de la entrega de la credencial, impactaría desfavorablemente el nivel de cobertura, en razón de que muchos ciudadanos carecen de algún medio de identificación y, consecuentemente, un número considerable de ellos quedarían imposibilitados para ejercer su derecho de voto.
Es importante señalar que en las zonas rurales indígenas y en algunas zonas urbanas marginadas, gran parte de la población no cuenta con ninguna identificación. De esta suerte, es necesario que en el seno de la Comisión de Vigilancia, único órgano autorizado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que se lleve a cabo este procedimiento, se lleven a cabo y se pueda recibir lo relativo a los medios de identificación para la entrega de la credencial; incluso, como lo han señalado algunos partidos, valorándose las alternativas como la declaración testimonial de terceros, en los términos en que se daría el artículo 18.
Esta fracción I evita incluso que el ciudadano entregue copia del medio en el que se identificó, no sólo para no desalentarlo a acudir a los módulos a obtener su credencial, sino porque como lo especifican las bases de legislación en el recibo de entrega de credencial se asentará la referencia del medio con que se identifique el ciudadano.
Recordemos que la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene dentro de sus actividades la de integrar el expediente único del ciudadano, que es totalmente diferente a su identificación.
finalmente destaquemos también que, en relación con la campaña de comunicación, la estrategia aprobada por la Comisión Nacional de Vigilancia el 30 de junio, y refrendada por el Consejo General el 3 de julio, tiende a ser una campaña intensiva, primero como debe de ser, en forma regional y después en forma nacional, sobre todo por que se refiere al número de módulos, al personal que intervendrá a los aspectos de comunicación, de convocatoria y orientación a la ciudadanía y a la extensión en el período de entrega de credenciales.
Se propuso que para vigilancia de la actualización y depuración del padrón electoral, así como de la fotocredencialización, en cada uno de los módulos y en los 18 centros regionales de cómputo instalados en el Instituto Federal Electoral, habrá un representante de los partidos políticos. Eso fue lo que se propuso por parte del Partido de la Revolución Democrática.
Las funciones que aquí se atribuyen a los partidos políticos para la vigilancia de la actualización, de la depuración y de la expedición de una nueva credencial para votar con fotografía, están contenidos, como ustedes mismos lo han dicho, en el artículo 166 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. No tiene ningún caso atribuirle funciones a los partidos políticos que ya están perfectamente determinadas en un artículo como es el 166.
Actualmente, por ejemplo, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, tiene mecanismos eficaces de control y los partidos políticos tienen acceso a los almacenes de los centros regionales de cómputo para constatar tres cosas: primero, la existencia física, la información contenida en los documentos fuentes, y por último los registros de las bases de datos.
En cuanto a que las comisiones de Vigilancia distritales elaboren un programa de verificación y depuración del padrón, y que los partidos estén representados en esa comisión, que deban de contar con el personal necesario que ellos elijan para llevar a cabo los trabajos de campo y llevar a cabo los trabajos de gabinete, y que deba de ser costeado por la dirección ejecutiva del Registro Nacional de Electores, les queremos informar sobre esto: los programas de verificación y depuración son estudiados, sancionados y aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia, en su caso son adaptados a la realidad local por la Comisión de Vigilancia y su realización siempre es a nivel estatal, incluso muchos de ellos coordinan varios estados, por lo que las comisiones de Vigilancia distritales solamente conocen los resultados de estos trabajos, pero no participan por cuestiones técnicas con ellos.
Además, los trabajos de verificación y depuración tienen una alta complejidad técnica y
requieren de un alto grado de especialización, y son como lo señala la ley, partes fundamentales de las actividades de las autoridades electorales y no de los partidos políticos.
La dirección ejecutiva del Registro Nacional de Electores, como lo señala la ley, considera la participación de los partidos políticos en las actividades que realiza, pero siempre con funciones de supervisión por parte de los partidos, de vigilancia y de evaluación de estas actividades, no de ejecución, que ésta es una actividad señalada directamente a las autoridades electorales.
Ahora bien, en cuanto a que la dirección ejecutiva debe entregar por separado a los partidos políticos una relación de sección por sección, tanto a los consejos locales como a los partidos políticos de los ciudadanos que hubieran obtenido su credencial para votar, después del 28 de febrero y hasta el 17 de junio, queremos expresar lo siguiente:
Desde el punto de vista jurídico las relaciones, como le llaman, que se propone, se asimilan, se equiparan a los listados nominales de electores, previstos en el Capítulo IV del libro cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en concordancia por lo establecido en el artículo 161 del mismo ordenamiento, también este listado debería ser entregado a los consejos locales, como lo señala el 161, por lo menos, 30 días antes de la celebración de la jornada electoral, es decir, que esta lista nominal, que es propiamente una lista nominal, una tercera lista nominal, debería ser entregada el 22 de julio de 1994, un mes antes de las elecciones.
Cabe mencionar que la fracción III del artículo 18 de la iniciativa que hoy discutimos, señala que el plazo para la entrega de la credencial para votar con fotografía, vence el 17 de julio de 1994; en consecuencia, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, tendría solamente cuatro días para elaborar dichas relaciones o la lista nominal tercero, lo que es en cuatro días imposible física y técnicamente realizarlo. De ninguna manera podría hacerse esta lista en cuatro días.
Desde el punto de vista técnico, basta saber que la información de los módulos tarda en llegar a los centros regionales de cómputo en un promedio de siete días, la captura de esa información es de siete a 15 días, la impresión es de 7 días, y la distribución es de uno o dos días. No es que no se acepte la proposición que se hace, es que no se puede comprometer a algo que de antemano sabe que no se puede ni física ni técnicamente poder cumplir.
Creemos nosotros que la comisión ha incorporado, porque ha habido voluntad política, y eso se ha reconocido, ha incorporado muchas sugerencias, muchas maneras de pensar que clarifican, que reafirman lo que ya habían aprobado, tanto los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia, como los consejeros del Poder Legislativo, de cinco partidos políticos y los consejeros magistrados.
Es indiscutible el compromiso y seriedad política con que se ha abordado el trabajo legislativo de este dictamen en le búsqueda del consenso, porque se llevaron a cabo muchas reuniones con el objeto de lograr obtenerlo, y sobre todo del respeto a los criterios y pareceres distintos, que hace patente el ejercicio de la libertad de las opiniones, elemento esencial de práctica democrática.
Sin embargo, ha quedado demostrado, de manera clara, que muchas de las peticiones no se pudieron establecer en el cuerpo del dictamen, porque es técnica y físicamente imposible, y porque hacerlo sería ir en contra de las disposiciones legales que están señaladas en el código.
Estoy convencido que el dictamen de la iniciativa que aquí discutimos refleja el consenso fundamental de las fuerzas políticas que integran esta representación, que enriquecieron con su participación y propuestas la iniciativa original, en el afán de mejorar y afinar aún más los procedimientos electorales vigentes.
No debemos olvidar que la cultura política empieza por ser cultura cívica y electoral, esencia del carácter participativo del ciudadano moderno y de las complejas exigencias de la sociedad actual.
Es indudable que los cambios de la época y de las transformaciones sociales, imprimen su sello en las instituciones democráticas del país y demandan su modificación al ritmo de los tiempos modernos, como lo ha hecho esta representación.
Algunas instituciones electorales han quedado atrás y eso hay que reconocerlo, reemplazada por otras, acorde con los tiempos cambiantes.
Hoy que se pretende renovar y revitalizar una de las instituciones fundamentales del derecho electoral mexicano arraigada en la conciencia democrática de la nación; la credencial para
votar, es loable el esfuerzo de consenso de las diversas fracciones parlamentarias, principales interlocutoras en este proceso de cambio de la legalidad electoral y representativa.
Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a esta soberanía su voto favorable, para que el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sea aprobado. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Jorge Uscanga. Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para reflexionar colectivamente sobre un aspecto que estoy seguro que a todos nos atañe. Hace ya nueve meses iniciamos nuestro ejercicio político como representantes de la nación, durante estos nueve meses, siete los hemos dedicado en este foro a discutir problemas nacionales, a confrontar tesis, a hacer propuestas respecto al rumbo que debe seguir nuestra nación.
Lo hemos hecho todos de buena fe, pensando siempre en el mejor destino para México.
Desde nuestras naturales ideologías y perspectivas, ha sido un esfuerzo que estoy seguro que todos coincidimos producto de la concertación y del talento de todos los que integran esta Cámara de Diputados.
En todos nosotros ha habido siempre una intención, elevar la dignidad y el decoro de la Cámara de Diputados. Esta alta tribuna de la nación, ha sido utilizada por todos los partidos políticos sin distinción. Desde circunstancias y problemas municipales que quizá deberían discutirse formalmente en otro foro, hasta problemas importantes para el futuro de nuestra nación.
Lo hemos hecho todos en un amplio ejercicio de libertad; lo hemos hecho todos siempre como he dicho, pensando en México. Y qué bueno que así haya sido, y qué bueno que esta Cámara sea el foro donde se discuten los problemas nacionales. Eso habla muy bien de todos los diputados que la componemos. Pero pienso, y estoy seguro que ustedes van a coincidir conmigo, que ningún partido político ni el mayoritario, ni el más modesto de los partidos políticos representados en esta Cámara ni todos los partidos políticos, podemos hacer de esta Cámara un rehén político para poder justificar una causa electoral, sea ésta o parezca legítima. Tenemos que darle a esta Cámara el decoro que se merece, así lo exige la nación y así lo demanda el ejercicio responsable de todos y cada uno de nosotros.
No se puede insisto, aunque parezca legítimo, aunque sea legítima la causa electoral, tratar de convertir a esta Cámara en un rehén de coyunturas electorales; tenemos que seguir manteniendo la dignidad y el prestigio y el decoro y la libertad de este cuerpo político.
Hay otros caminos; hay otras puertas abiertas; hay otros cauces que tenemos primeramente que ejercitar. Está abierto el camino para la concertación. Ahí están los organismos electorales que como aquí ha demostrado el diputado Uscanga, han servido para que todos los partidos políticos expresemos nuestros proyectos y lleguemos a consensos.
Ahí están los tribunales electorales que hemos conformado todos los partidos políticos. Existen otras vías que tenemos que utilizar antes de convertir a esta Cámara, insisto, aunque la causa pueda ser legítima, en un rehén político.
Yo conmino a todos los partido políticos, que sigamos elevando el nivel y la dignidad de esta Cámara de Diputados; que sigamos avanzando de buena fe, buscando mejores caminos para construir y perfeccionar la democracia en México Pero no es posible perfeccionar y construir la democracia con rencor. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Amador Rodríguez Lozano.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ya externamos en otra ocasión, cuando se recibió aquí la iniciativa cuyo dictamen hoy discutimos nuestro criterio acerca de su origen y algunos de los problemas que ello implicaba.
Hoy estamos analizando el dictamen del proyecto de decreto, que adiciona dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y el diputado Robledo Ruiz, encargado de fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, decía con justa razón, que nadie puede estar en contra de que se incorpore la fotografía a la credencial para votar.
Es lógico que esto así sea, porque ha sido una demanda vieja y reiterada de todos los partidos políticos distintos al partido del gobierno.
En lo que no estamos de acuerdo con el juicio del diputado Robledo, es que este solo hecho sea suficiente para estar en favor de este dictamen.
Nosotros hemos considerado, porque ha sido una demanda nuestra y también de otros partidos, que en la existencia de la credencial para votar con fotografía, es un hecho positivo. Eso creo que nadie lo discute. Pero nosotros hemos dicho que este hecho por sí solo, no garantiza ni asegura imparcialidad y legalidad en los procesos electorales, como afirma la iniciativa y reitera el dictamen que hoy debatimos.
¿Por qué pensamos que la credencial para votar con fotografía por sí sola no basta? Lo decíamos la ocasión anterior. Porque se va a hacer en base al mismo padrón que existe actualmente, y que es un padrón que aunque es mejor al que existía antes de 1991, aún no satisface a las diversas fuerzas políticas de este país; no es un padrón totalmente confiable. Y esto tiene diversos factores.
Uno de ellos es la falta de profesionalización, y otra cosa también es la falta de honestidad de muchos de los que contribuyen a elaborar este padrón electoral.
Se dice también que esta nueva credencial, como va a tener un código de barras, va a garantizar también que va a ser infalsificable y que no va a ser utilizada de manera inadecuada en el proceso electoral. Yo creo que este aspecto del código de barras, no está estrechamente vinculado al proceso electoral, porque a través de ese código se puede obtener el número de la credencial es similar o parecida a otra, a la que se le haya cambiado un dato, por ejemplo, la edad del que está inscrito. Entonces puede haber dos credenciales de elector con su código de barras, con los mismos datos a excepción de la edad, por ejemplo, en unos 44 años, unos 45 años, y van a consistir esas dos credenciales y van a poder ser utilizadas esas dos credenciales en el proceso electoral.
Puede servir el código de barras para contar los votos, pero no para verificar si se está utilizando fraudulentamente un instrumento que es importante y decisivo en la cuestión electoral.
Las autoridades del Instituto Federal Electoral dicen que este tipo de mecanismos que se le van a incluir a esta nueva credencial para votar, que dan seguridad, pueden servirle al ciudadano como un documento de identificación. Esa sería su justificación fundamental.
Y yo me pregunto: ¿y entonces qué caso tiene que estemos discutiendo o que vayamos a discutir una minuta que entró hoy?, que habla de otro aspecto importante, que es el Registro Nacional Ciudadano, que va a crear la cédula de identidad ciudadana y ahí se ha visto que ése es el instrumento idóneo para que todos los mexicanos podamos identificarnos adecuadamente, porque la mayoría del pueblo no tiene ese tipo de instrumentos. ¿Por qué esa duplicidad?
Pero además, me llama mucho la atención que venga el diputado Uscanga y nos diga, como si esto fuera a ser la panacea, que se va a iniciar un proceso de actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral, cuando el artículo 146 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que este proceso es permanente y que todos los principios de año, en enero y febrero se debe desarrollar una campaña pendiente a depurar y actualizar el Padrón Electoral, cosa que no se ha cumplido.
Pero además, hay una cuestión que a nosotros nos llama poderosamente la atención, y es el hecho de que no se haya optado por el camino adecuado y correcto en esta materia, que hubiese sido el de modificar algunos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se haya optado por añadirle dos transitorios.
Si nosotros analizamos el papel que tienen los artículos transitorios, pues como su nombre lo indica, no tienen un carácter permanente; funcionan mientras no entra la ley plenamente en vigor. El mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los transitorios que tiene originalmente, establece que por esta ocasión las prerrogativas se manejarán de tal o cual manera. Por esta ocasión el registro de nuevos partidos políticos podrá hacerse en tales o cuales plazos. Son excepciones antes de que entre plenamente en vigor este ordenamiento.
Pero estos dos transitorios que hoy nos presentan no tienen ese carácter, sino que van en contra
de algunos artículos establecidos en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por ejemplo, dice uno de los transitorios. "Para las elecciones federales, es el XVII, a celebrarse, no en 1994, a partir de 1994 o sea, para ésta y para todas las demás, podrá omitirse el número de las demarcaciones distritales". Y esto es contrario a lo establecido en el artículo 164 que dice que "la credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos". Y en el inciso b, establece distrito electoral uninominal.
Quiero dejar claramente sentada mi posición en este aspecto. Nosotros proponemos que desaparezca de la credencial para votar: "el distrito". Proponemos eso. Porque nos parece que sería un desperdicio que se hiciera una credencial ahora, con un gasto de dos y medio billones de pesos, cada una con su distrito electoral correspondiente. Y en la próxima elección federal nos dijeran que como va a haber una redistritación en el país, vamos a necesitar una nueva credencial para votar.
Se violentan otros procedimientos establecidos en la ley. El artículo 144 establece los mecanismos a través de los cuales los organismos electorales tienen que llevar al domicilio del ciudadano sus credenciales para votar.
Y en el transitorio XVIII se plantea una situación totalmente distinta, que obliga al ciudadano a ir necesariamente al módulo a recoger su credencial.
Y luego este aspecto de las listas nominales, que señalaba el diputado Uscanga Escobar. Aquí en este XVIII transitorio se dice que va a haber dos listas nominales. Una, que va a contener la relación de los ciudadanos que hayan obtenido su nueva credencial para votar con fotografía, hasta el 28 de febrero de 1994. Y otra lista nominal con los nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón que no hayan obtenido su nueva credencial.
Una leída al artículo 155 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos diría que las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
Otra contradicción entre los transitorios y los artículos de la ley. Nos parece que este camino no es el correcto. Y no es el correcto porque no decía el diputado Robledo Ruiz, que esta iniciativa ha tenido previamente cuatro instancias y han legislado quienes no debían hacerlo.
A nosotros nos parece sinceramente que el problema fundamental en torno al cual giran todas estas cuestiones de la credencial para votar y del padrón electoral, el problema de esencia, el problema que si no lo resolvemos no podremos darle una solución definitiva a estas cuestiones, es que hasta la fecha la elaboración del padrón electoral y de las credenciales para votar está en manos del gobierno, está en manos de un solo partido.
Mientras no resolvamos esta cuestión fundamental. Mientras no se incluya a los partidos políticos de manera realmente efectiva en el proceso, no va a haber confiabilidad en estos instrumentos electorales.
Nosotros reconocemos como positivo el establecimiento de los comités de Vigilancia. Nos parece también positivo la existencia de órganos técnicos que dependan del Registro Federal de Electores. Participamos en ellos y lo hacemos con la más grande voluntad de contribuir a mejorar esos instrumentos electorales. Pero estamos convencidos, y lo queremos dejar muy claro aquí que mientras no cambie la composición de quienes dirigen esos organismos no habrá nunca plena confiabilidad ni en el padrón, ni en los instrumentos para votar.
Esas son, compañeras y compañeros diputados, las razones que esgrime en esta ocasión el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para votar en contra de esta iniciativa y de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Juan Campos Vega.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Garza González, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Garza González: - Con su permiso, señor Presidente:
Al compañero diputado que me antecedió en la palabra bien le serviría una charla con el representante de su partido. En el Consejo del Instituto Federal Electoral ustedes propusieron, el Partido Popular Socialista propuso la numeración corrida y que no se expusiera el número del distrito en las credenciales.
Honorable Asamblea: el 30 de abril, cinco de los seis partidos representados en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, acordaron promover la adición de dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para instrumentar el procedimiento de incorporación de fotografía a la credencial para votar. Al hacerlo ratificaron la decisión de sus representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, que habían adoptado un día anterior.
Para promover la adición de los dos transitorios, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Auténtico de la Revolución Mexicana del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, así como el mío, el Revolucionario Institucional, convinieron un texto de iniciativa. Aquí hay que subrayar que no obstante que el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de sus representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia y ante el Consejo General del Instituto, votaron favorablemente a la propuesta de iniciativa, al presentarse ante esta Cámara, como ya lo hemos visto, ya no fue suscrito por la coordinación de su diputación.
El dictamen con proyecto de decreto con relación a la iniciativa que ha presentado al pleno de esta Asamblea la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, recoge prácticamente en sus términos el texto suscrito el 26 de junio por los coordinadores parlamentarios.
El dictamen señala que el artículo décimo transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales previó la posibilidad de votar con credencial sin fotografía para las elecciones federales de 1991, con base en la evaluación técnica que en su momento se realizó. Esta precisión del legislador posibilitó la entrega de más de 36 millones de credenciales. Sin embargo, el mandado legal es imperativo. Para las elecciones federales de 1994 todos los ciudadanos deberán votar con credencial que incluya su fotografía.
En razón de ello, con los dos artículos transitorios cuya adición se propone queda claramente precisada la obligación de expedir la nueva credencial con fotografía, como responsabilidad a cargo de la autoridad electoral correlativa de la obligación de los ciudadanos de obtenerla.
Así, los nuevos preceptos permitirán dar respuesta efectiva al interés de la ciudadanía, de los partidos políticos y del gobierno de la República, de contar con instrumentos electorales cada vez más confiables.
El proyecto que la Comisión somete a la consideración de este pleno recoge los aspectos fundamentales y administrativas pero lo enriquece con diversos aspectos.
Por lo que se refiere a la fracción I del artículo decimoséptimo transitorio la Comisión propone que para el efecto de la expedición de la nueva credencial para votar con fotografía, deberá realizarse una actualización y depuración integral del padrón electoral. De esta manera la Comisión atiende a la preocupación de los partidos políticos respecto a la depuración integral del padrón, a la correspondencia entre los documentos puente, la información contenida en la base de datos y la correcta ubicación geográfica electoral de todos los ciudadanos registrados, así como por cuanto hace a la reflexión y resolución de problemas de homonimias, inscripciones duplicadas, repeticiones de folios y cuestiones semejantes. La propuesta de la Comisión es precisa al establecer que las tareas de actualización y depuración de padrón deberán desarrollarse bajo la supervisión y vigilancia de los partidos políticos, en los términos que ellos mismos aprueben, junto con los procedimientos técnicos en el seno de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.
En este sentido, la propuesta es congruente con el principio que el propio Código establece al distinguir entre las tareas técnicas relativas al padrón responsabilidad del órgano electoral autónomo y las del seguimiento, supervisión, evaluación y vigilancia de aquellas que atañen a los partidos políticos y que realizan precisamente a través de las comisiones de Vigilancia a nivel nacional, local y distrital.
Las razones que justifican esta distinción hacen evidente lo inadmisible del planteamiento por el que resultaría que, además de ejercer los partidos políticos estas tareas de seguimiento, supervisión, evaluación y vigilancia que por su naturaleza les corresponden, sustituyeran al propio órgano en sus funciones como son los de verificar y depurar el padrón.
Los trabajos de verificación y depuración son parte consustancial de las tareas de la autoridad electoral. Además de revestir una gran complejidad técnica y requerir un alto grado de especialización, su realización exige la imparcialidad que es característica del órgano del Estado responsable de los procesos electorales, pero que no puede serlo de cada uno de los partidos políticos como parte interesada. Esta confusión entre las tareas de supervisión y vigilancia que corresponde a los partidos y las tareas
sustantivas, respecto de las cuales deben ejercerse a cargo de la autoridad, se pone de manifiesto cuando se pretende que personal destinado por los partidos políticos realicen tareas de gabinete y de campo con cargo por supuesto al presupuesto del Instituto Federal Electoral.
Las distribuciones de las comisiones nacionales, locales y distritales de Vigilancia, permiten a los partidos establecer medidas y parámetros para verificar que la operación del registro se sujete en todo tiempo a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad y certeza que lo rigen.
Los partido políticos tienen acceso a los almacenes de los centros regionales de cómputo para constatar la existencia física y la información contenida en los documentos fuente, así como a los registros de las bases de datos; además están facultados a ser permanentemente informados sobre los avances de los trabajos y cotidianamente lo son. Por todo ello, carece de sustento el pretender incorporar como disposición del Código en cada uno de los módulos en que se lleve a cabo la fotocredencialización, se requiera la presencia de un representante de cada uno de los partidos políticos, situación que además imposibilitaría desarrollar las tareas.
La Comisión recoge el texto de la iniciativa por el que se propone omitir en la fracción II del artículo decimoséptimo transitorio el número de las marcaciones distritales, ello conjugado con la propuesta de la Comisión; en el sentido en que se enumeren progresivamente las secciones electorales por cada entidad federativa, habrá de propiciar que las credenciales que se expidan puedan ser utilizadas en subsecuentes procesos electorales independientemente de las adecuaciones que llegaran a realizarse a la geografía electoral.
Este último tema, el referente a la demarcación de los distritos electorales uninominales y de los plurinominales no es materia de las disposiciones transitorias que se analizan pues hay que recordar que conforme a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales esta determinación corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral.
En la fracción I del artículo decimoctavo transitorio, la iniciativa contempla la obligación de los ciudadanos de acudir a obtener su credencial en los módulos que se instalen, ello como consecuencia del requerimiento técnico impuesto por la incorporación de la fotografía a la credencial.
Con objeto de asegurar una mayor confiabilidad en la expedición de las nuevas credenciales, la Comisión propone que el ciudadano se identifique en términos del artículo 217 del Código, así como que la constancia de entrega de la credencial que deberá consignar los medios de identificación utilizados, se integre al expediente del ciudadano.
Para dicha identificación, la propuesta de la Comisión remite al régimen que el Código mismo establece y que responde a una realidad nacional.
Desafortunadamente no todos los mexicanos están en posibilidad de identificarse con algún documento. Una propuesta en otro sentido, sería absolutamente inhibitoria del derecho al voto que sin distinción corresponde por igual a todos los ciudadanos.
Esta fracción I se complementa con el señalamiento que propone la Comisión, en el sentido de que se realice una amplia campaña de difusión para convocar y orientar a la ciudadanía.
La fracción II del artículo decimoctavo transitorio cuya adición se promueve, reviste particular importancia. Propone la iniciativa, recogida en sus términos por la Comisión, la elaboración de dos listas nominales.
Por cuanto a la primera, ésta habrá de elaborarse con los nombres de los ciudadanos que hasta el 28, de febrero de 1994 hubiera obtenido la nueva credencial para votar, con fotografía.
Esta lista corresponde a la prevista en el artículo 145 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el plazo es el consignado en el artículo 147 para un año electoral.
En términos del mismo Código, esta lista nominal debe ser entregada a los consejos locales, al menos 30 días antes de la jornada electoral, como todos sabemos. Por cuanto hace al segundo listado, éste habrá de elaborarse con los nombres de los ciudadanos que habiéndose inscrito en el padrón electoral dentro del plazo consignado en el artículo 147 señalado, a esa fecha, no hubieran aún obtenido su credencial.
La elaboración del segundo listado permitirá que quienes aparezcan en él, también puedan votar siempre y cuando hubieran obtenido su credencial a más tardar el 17 de julio de 1994.
La ampliación de casi cinco meses al plazo para la obtención de la credencial cinco meses, asegurará que todos los ciudadanos inscritos en el padrón estén en posibilidad de sufragar, por lo
que constituye una importante previsión dentro del régimen transitorio que se propone.
Esta ampliación, como ya explicó el compañero diputado Uscanga, hace improcedente la pretensión de realizar una campaña intensiva de actualización del padrón, de tal magnitud que comprendería desde la entrada en vigor de los transitorios en discusión, hasta febrero de 1994.
A los plazos expresamente previstos por el Código para la realización de las campañas intensivas anuales, los acuerdos adoptados en la Comisión Nacional de Vigilancia y el Consejo General del Instituto Federal Electoral, constituyen de hecho una campaña intensiva, primero en forma regional y después nacional, sin violentar las disposiciones del ordenamiento electoral.
Por otra parte, un segundo efecto de esta ampliación impide que por razones de carácter técnico y operativo sea posible establecer la obligación del órgano electoral de formular una tercera lista adicional a las ya comentadas.
En efecto, contra las pretensiones que en tal sentido se han formulado, el Registro Federal de Electores, a prácticamente un mes de elecciones, no estaría en aptitud de elaborar una tercera listas que relacionara los nombres de quienes hubieran recibido su credencial después del 28 de febrero de 1994 y mucho menos en tan corto tiempo también, entregar ésta sección por sección a los consejos locales para su distribución.
Admitir una pretensión semejante, afectaría sensiblemente el desarrollo de los trabajos del Registro Federal de Electores, pero además resultaría innecesario, porque la propuesta sancionada por la Comisión, prevé en la sección cuarta que para votar se requerirá no solo aparecer en cualquiera de las dos listas nominales, sino exhibir la nueva credencial.
Esto es, en el caso del segundo listado, el ejercicio del voto no supone únicamente aparecer en él, sino que requiere, además exhibir la nueva credencial.
Compañeros diputados, las razones expuestas acreditan de manera fehaciente la procedencia del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que está a su consideración; en tal virtud, procede aprobar en sus términos el proyecto de decreto que se propone. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Manuel Garza González. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Nuestro grupo parlamentario del Frente Cardenista, ha presentado junto con otras fuerzas partidarias de esta Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto de adición al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. Esta propuesta de reforma al marco jurídico reglamentario electoral, representa una muestra ejemplar de corresponsabilidad plural en la superación de nuestras leyes, un modelo que debe de continuarse en el trabajo parlamentario.
El hecho de que nuestra fracción parlamentaria haya suscrito esta propuesta multipartidaria, guarda una justificación de congruencia política con nuestra obra legislativa. En efecto, desde el debate de la reforma constitucional en materia político - electoral en 1989 y posteriormente los trabajos que dieron fruto al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales un año después, hemos sostenido que la ansiada transparencia electoral precisa de una credencial para votar, con fotografía.
En nuestra propuesta de codificación electoral, en abril de 1989, señalamos: la democracia política representativa requiere de una garantía imprescindible, el respeto estatal y el de las organizaciones partidarias del sufragio de ciudadanos. Una nación que no disponga de instituciones prácticas y ordenamientos legales que permitan el cumplimiento del respeto al voto, no podría ser considerada como democrática.
El sistema electoral de todo país que aspire a la democracia, precisa de un ordenamiento jurídico que haga posible la reproducción legal de la legitimidad de los órganos del poder público. No hay mejor legitimidad que satisfaga a representados y representantes, que aquella que deviene del mandato ciudadano comúnmente aceptado.
Las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que ahora discutimos, avanzan hacia rumbos de una mayor transparencia electoral; significan un ligero adelanto hacia la democracia representativa. Insistimos, un cambio importante para mejorar nuestras reglas de convivencia política, es el cambio concertado del ordenamiento legal, saludable mudanza que habrá de influir en
las instituciones electorales, con el fin de hacerlas más respetables; cambios que harían posible la vinculación directa entre democracia y participación ciudadana. Quienes luchamos por la democracia, somos conscientes que la menor actividad ciudadana en los procesos electorales, no sólo mengua legitimidad a los gobernantes y partidos, representa también un valladar al curso saludable de la nación.
Nuestra fracción parlamentaria, en el congreso extraordinario de 1989, presentó el mayor número de propuestas de reforma constitucional; fue quien abordó la reforma constitucional electoral más amplia y que en el terreno electoral acompañó la propuesta de cambio constitucional con un proyecto de reformas de 116 artículos del entonces Código Federal Electoral.
Desde agosto de 1989, presentamos una propuesta profunda de transformación electoral, una apreciación particular de lo que debería ser un sistema electoral avanzado que coadyuve al desarrollo democrático del país. Posteriormente, en abril de 1990, ofrecimos una iniciativa de legislación electoral, ajustada a los resultados del Congreso Extraordinario de 1989. Sus muros principales fueron el fortalecimiento a los derechos electorales de los ciudadanos y partidos, democratización de los órganos públicos electorales, la procuración de una mayor autonomía de los órganos electorales respecto a los poderes públicos, elevar la credibilidad de los procesos electorales, propiciar mejores condiciones para el respeto al sufragio y penalización más precisa y vigorosa a los delitos de índole electoral.
La necesidad de actualizar un padrón electoral confiable, debe acompañarse a la conveniencia de crear un mecanismo de transparencia en la identificación de los ciudadanos con derechos electorales. En ambos propósitos debe procurarse de manera simultánea, de ahí la pertinencia de esta iniciativa legislativa multipartidaria que hoy debatimos.
En los considerandos de nuestras propuestas de reglamentación electoral, tocante a la credencial para votar con fotografía, señalamos: con el fin de evitar la manipulación dolosa de la identificación electoral, proponemos una cédula de identificación ciudadana con características que impidan la suplantación de votantes. Esa cédula sirve también como documento de identificación pública para los ciudadanos.
En aquella oportunidad, en abril de 1990, sostuvimos que el Registro Nacional de Electores debería ser concebido como órgano autónomo de interés público, con funciones técnicas y administrativas, encargado de la organización y levantamiento del censo ciudadano cada cinco años, de la creación, depuración y actualización permanente del padrón electoral único para todo el país, que se utilizaría en las elecciones locales, estatales y federales, y de la expedición de la cédula de identidad ciudadana.
Nuestra propuesta de cédula de identificación ciudadana, la propusimos como un documento mediante el cual el mexicano en edad de sufragar, acreditaría su carácter de elector, su ciudadanía y sus derechos.
La cédula de identidad ciudadana la entendemos como un instrumento público. La cédula de identidad ciudadana que propusimos se recoge de manera significativa en el artículo decimoséptimo transitorio que se pretende adicionar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que propone expedir una nueva credencial para votar con fotografía en las elecciones federales de 1994.
Avanza en la creación de un medio para la identificación plena del ciudadano, para que éste pueda ejercer los derechos que la Constitución y las leyes le confieren. Tal instrumento legal, a nuestro parecer, bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse como medio de control social o político que afecte las garantías individuales del ciudadano.
El año pasado el Instituto Federal Electoral se dio a la tarea de construir un nuevo padrón electoral, partiendo de base cero. Esta obra, que fue de un número muy importante de mexicanos, dotó a más de 39 millones de ciudadanos de un registro electoral, por un mejor sustento documental en cada caso, e inspiró el ánimo en el nuevo padrón de los electores, dejaba atrás sus suficiencias y errores que la obsolescencia provocó en el anterior.
La confiabilidad del padrón electoral, pudo probarse en los resultado favorables de las pruebas de verificación que al mismo se realizaron.
Los meses precedentes, partidos y autoridades electorales, hemos sostenido largas conversaciones con el propósito de arribar a puntos de acuerdo en cuanto al procedimiento y calendario que permitan concretar ese gran reto que significa dotar de credenciales con fotografía a más de 40 millones de mexicanos, si consideramos que al padrón electoral del año pasado se habrán de sumar los nuevos ciudadanos que se incorporen hasta los primero meses de 1994.
En el Instituto Federal Electoral se consideró con el consentimiento y apoyo de los partidos políticos que el órgano privilegiado de discusión de este tema lo fuera la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, habida cuenta de su integración pluripartidista.
En los primeros meses del año la comisión referida trabajó en estos menesteres, recibiendo los puntos de vista de los distintos partidos a través de sus representantes ante dichos órganos.
Finalmente, con fecha 19 de abril del año en curso, la Comisión Nacional de Vigilancia tomó el acuerdo de recomendar a los partidos políticos por conducto de sus representantes ante dichos órganos de vigilancia, la modificación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la adición de dos artículos transitorios que permitieran la regulación general del proceso de expedición y entrega de las credenciales para votar con fotografía.
Nuestro partido estuvo de acuerdo, recomendando ajustes a la redacción al proyecto, de adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fueron debidamente atendidas por considerarlas procedentes.
Esta iniciativa política legislativa, es un ejemplo de que en la reconstrucción democrática de la nación, es indispensable abundar en la concertación plural de intereses.
Se ha dicho que por razones técnicas no fue posible poner en marcha en 1990 la elaboración masiva de credenciales de electores con fotografía, y que éstas se usarían en los comicios federales del año después. Ahora, las fuerzas partidarias responsables, acometemos el compromiso de que para los próximos comicios federales se utilice un documento electoral más confiable, que sea requisito indispensable para sufragar una nueva credencial de elector con fotografía, así se haría más transparente el proceso electoral y se podría elevar la confianza ciudadana.
Pero el perfeccionamiento de las reglas electorales, es una tarea que debe ser asumida cada vez más por todas las fuerzas políticas. En este punto no parecen lógicas las discrepancias frontales, sobre todo si en este asunto se dan importantes convergencias programáticas en los partidos políticos nacionales, pero más allá del perfeccionamiento de la legislación electoral, debe quedar claro que sin un pacto de civilidad de las fuerzas políticas de la nación, que implican otra ética de comportamiento en las justas políticas, no se avanzará hacia la transición irreversible de lo que sería una verdadera democracia representativa para México.
Por lo anteriormente expresado, el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por mi conducto expresa el voto en favor del dictamen a dicha iniciativa en lo general.
Ahora bien, en lo particular quiero expresar una propuesta que mi partido por mi conducto expresa, de hacer un agregado a la fracción IV del artículo décimooctavo transitorio, porque nos parece que si estamos pretendiendo actuar con mayor limpieza, debemos evitar que quede alguna conyuntura donde a los funcionarios de casilla les quepa alguna mínima duda para poder permitir emitir el sufragio al verdadero ciudadano.
Nos parece que en la redacción del dictamen se está excluyendo el contenido del artículo 217, primer párrafo, donde se expresan las facultades o los medios para la identificación, aparte de presentar la credencial de elector y aparecer en la lista nominal.
Y como el texto del dictamen dice: "para los efectos del párrafo primero del artículo 217 de este Código, sólo, ahí es donde no coincidimos, podrán emitir su voto los ciudadanos que habiendo obtenido su nueva credencial para votar con fotografía la exhiban el día de la jornada electoral y aparezcan en cualquiera de las dos listas nominales.
Un ejemplo, puede haber algún parecido en la fotografía de credenciales de elector, puede haber algún parecido, pero lo que puede suceder es que los funcionarios de casilla por conocimiento directo sí pueden identificar que el portador de la credencial no es el indicado. Pero si se les limita a que se ajusten a lo establecido en el 217 por este dictamen, no podrían evitar que ese ciudadano votara, por lo que proponemos se anexe lo siguiente: "y sólo en caso de dudas por parte de los funcionarios de casilla de que el portador de la credencial sea el titular de la misma, se le requiere el cotejo de firma por separado".
Dejo a la Secretaría esta propuesta y muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Gracias, diputado Huezo Pelayo. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús González Reyes: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna en nombre de mi partido, el Partido Acción Nacional, para manifestar algunos puntos en relación con el dictamen que se discute. Un sistema democrático exige necesariamente un régimen electoral que también sea democrático, dicho de otra manera no puede haber un entorno democrático, un gobierno democrático, un sistema de vida democrático si no se tiene elecciones libres, competitivas, que propicien la alternancia en el poder.
La demostración más contundente de esta tesis la tenemos en los dramáticos cambios de Europa Central y del Este, en donde finalmente las sociedades de los países que en su nombre llevaban el agregado de democráticos o democracias populares pero que eran en realidad democracias simuladas, simplemente porque no tenían elecciones libres, elecciones democráticas, y no tienen remedio, señores diputados.
Unas elecciones democráticas exigen determinados requisitos. En México uno de esos requisitos es el de contar con un padrón electoral confiable, permanente, actualizado y que no excluya a nadie que en nuestro país tenga derecho de votar.
Sabemos perfectamente que en países de avanzada democracia hace ya muchos años superaron el problema que aún tenemos nosotros en materia de padrón electoral o quizá, sencillamente nunca lo tuvieron. Sabemos también que en algunos países ni siquiera es exigible a los ciudadanos una credencial para acreditar su calidad de elector a la hora de votar, situación que difícilmente podría darse ahora en nuestro país.
Pero en todo caso el requisito de quienes tienen derecho a votar en una democracia es un instrumento valioso para dar credibilidad a la propia democracia. Durante décadas en México y por desgracia éste no ha sido instrumento para la democracia, sino reserva de falsos votantes o mecanismo para excluir a muchos mexicanos de su derecho al voto.
Acción Nacional ha insistido por ello, en que el padrón sea permanente. Pues hay que recordar que antes se levantaba uno para cada elección, lo que propiciaba su utilización fraudulenta además de un excesivo gasto.
Después de que se logró su permanencia, se le desvirtuó mediante otros caminos, uno de ellos, repito, uno de ellos ha consistido en la suplantación de electores a la hora de votar. La forma de evitar en buena medida tal suplantación, está en que las credenciales llevan incorporada la fotografía del ciudadano. Esta ha sido pues una reiterada demanda de Acción Nacional para lograr limpieza en los comicios.
Después de una larga lucha en favor de esa exigencia, en 1990 se logró incorporar a la Ley Federal, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la disposición de que la credencial para votar contenga la fotografía del elector.
Previendo la imposibilidad técnica de que para las elecciones de 1991 se pudiera contar con la credencial con fotografía, el legislador mediante un artículo transitorio excluyó de este requisito a la elección de 1991. Pero sólo a la de 1991. Pasada la elección del 18 de agosto, se empezó a advertir que también habría imposibilidad técnica como era el rumor en determinados círculos oficiales, para que en 1994 contáramos ya con credencial con fotografía.
Con la iniciativa que hoy se pone a nuestra consideración para adicionar dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 17 y el 18, se establece ya con claridad, sin ambigüedades, de manera imperativa, que para 1994, los mexicanos contarán ahora sí, conforme a la vieja exigencia del Partido Acción Nacional y de otros grupos, con su credencial para votar que lleve incorporada su fotografía.
Por lo anterior, compañeros diputados, estamos a favor del dictamen. Pero también porque establece en las disposiciones transitorias de los artículos que se agregan, un procedimiento que contempla una previa actualización y depuración del padrón electoral, que mucha falta hace, supervisada por los representantes de los partidos políticos que esperamos se les dé amplia intervención para desarrollar con eficacia su labor de vigilancia.
Estamos también a favor del dictamen porque nos parece que el proceso para llevar a cabo lo que ya con gran tortura del idioma, se le llama la fotocredencialización. Es decir, a través de módulos a los que acudirán los ciudadanos ya incorporados al padrón, a gestionar su nueva credencial. Estamos también de acuerdo con la disposición que amplía la posibilidad de gestionar la nueva credencial hasta el 17 de julio de 1994. Es decir, hasta, un mes antes de la elección, aunque ello significará que por cada sección electoral se dispondrá de dos listados en lugar de uno.
Consideramos que es preferible este inconveniente que le de marginar a ciudadanos de su participación en los comicios.
El renombrado tratadista de las cuestiones electorales, el inglés Mackenzie, señaló hace tres décadas en su conocida obra "Elecciones libres", que administrar un registro de votantes que sea fiel reflejo del electorado, instrumento confiable y mecanismo de limpieza electoral, técnicamente no debe representar problema alguno.
Es decir, para tener un buen padrón no hay, no puede haber problema insuperable.
Mackenzie asegura que es un aspecto de la administración electoral que en una verdadera democracia debe de pasar de manera inadvertida. Si como dice Mackenzie, el padrón deja de ser entre nosotros un motivo de contienda, una piedra de toque, un elemento que atiza el conflicto, significará entonces que estamos en la vía de tener elecciones democráticas, libres, competitivas, y con resultados respetados.
En Acción Nacional, compañeras diputadas, compañeros diputados, esperamos firmemente que la iniciativa que hoy nos ocupa contribuya a ello precisamente, para bien de la democracia y para bien de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado Jesús González Reyes.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El señor diputado Robledo Ruiz, al fundamentar el dictamen, nos habla de la congruencia que existe en el dictamen. Convengo en parte en ello.
Pero existen aquí dos incongruencias muy importantes que quiero mencionar, por lo que hago las propuestas que presento.
En la primera propuesta, es en relación del artículo 17 del dictamen, que dice, en la fracción I:
"Se expedirá una nueva credencial para votar, con fotografía. Para el efecto deberá realizarse según la actuación y depuración integral del padrón electoral cuyos procedimientos técnicos, así como la forma de participación de los partidos políticos en la supervisión y vigilancia de estas actividades, serán aprobadas, escúchese bien, aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores".
Si acudimos a lo dispuesto en la ley de la materia. el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se contempla en el artículo 166, en sus incisos A y B, y los correspondientes, que la Comisión de Vigilancia no tiene atribuciones de ejecución y mucho menos para aprobar. ¿Por qué? Porque su misión concreta es de vigilancia.
Por esta razón propongo el siguiente texto para cambiar esta incongruencia legal, que dice así fracción I:
"Se expedirá una nueva credencial para votar con fotografía. Para el efecto deberá realizarse una actualización y depuración integral del Padrón Electoral cuyos procedimientos técnicos, así como la forma de participación de los partidos políticos en la supervisión y vigilancia de esas actividades, serán adoptadas por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.
Esto respecto a la primera propuesta.
En la segunda propuesta, en esta redacción también encontramos otra incongruencia, en realidad, muy importante.
Si para 1994 los electores están dotados ya de una credencial con foto, ¿qué objeto tiene dejar subsistente la fracción V del artículo 217 de la misma ley enunciada o mencionada?
El artículo 217 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dice: "Los electores votarán, dice en su primer párrafo, en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de la casilla, debiendo cumplir los siguientes requisitos: exhibir su credencial para votar". ¿Cuál? Pues por supuesto la que tenga ya credencial con foto.
Luego dice en el inciso B: "Identificarse por alguno de los siguientes medios:" y enuncia 1o., 2a., 3a., 4a., y 5a. y, en la 5a. dice: "Por el conocimiento personal que de él tengan los miembros de la mesa directiva". Si dejamos subsistente esta fracción, se prestará a alguna equivocación o error de algún Presidente de casilla y vamos a tener muchos problemas en las próximas elecciones de 1994.
Una incongruencia legal respecto de lo que dice el dictamen en su artículo 18, habla precisamente que para sufragar precisa el artículo 217 del presente Código. Y a este respecto, en la fracción IV, de este mismo artículo transitorio dice:
"Fracción IV. Para los efectos del párrafo primero del artículo 217 de este Código, sólo podrán emitir su voto los ciudadanos que habiendo obtenido su nueva credencial para votar con fotografía, la exhiban el día de la jornada electoral y aparezcan en cualquiera de los dos apartados de la lista nominal".
Por esta razón, vengo a hacerles esta segunda propuesta. Pidiéndoles que la deroguemos, para que solamente queden subsistentes las fracciones que son congruentes con esta realidad legal.
Hago entrega de las dos propuestas a la Secretaría, para los efectos legales.
El Presidente: - Gracias, diputado Francisco Dorantes.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Alarcón Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: - Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
La palabra escrita es uno de los medios que el hombre tiene para comunicarse, para expresar sus ideas y sus conceptos. En el trabajo legislativo la expresión de los conceptos jurídicos hace relevante la importancia de las palabras como medio para contener las normas.
En este contexto, concepto y palabra, norma y vocablo, deben tener una correspondencia perfecta, de ello depende en gran medida precisión y claridad de las leyes. Gramática y semántica adquieren particular interés, interés y uso como instrumento de expresión de las normas.
En este tenor, ponemos a la consideración de ustedes una modificación al párrafo segundo de la fracción I, del artículo 18, del artículo único de este dictamen. El párrafo al que aludo, dice:
"Para el efecto, se llevará a cabo una amplia campaña de comunicación, a fin de convocar y orientar a la ciudadanía."
La propuesta de modificación consiste en cambiar las palabras "... a la ciudadanía", por: "... a los ciudadanos". El texto quedaría como sigue:
"Para el efecto, se llevará a cabo una amplia campaña de comunicación, a fin de convocar y orientar a los ciudadanos."
¿Por qué se propone esta modificación? Porque la palabra ciudadanía expresa un estado civil de las personas, es una cualidad o calidad cívica. La modificación que se propone y que muy probablemente a muy pocos podría interesar, en lo cual queremos llamar la atención, debe precisamente, de acuerdo con el texto en el que se expresa precisamente las palabras "a la ciudadanía", debe dirigirse y sustituirse por las palabras "a los ciudadanos".
La ciudadanía, los términos, expresan una calidad de las personas, para hacer un símil, expresa el caso como cuando decimos la nacionalidad, que es otra de las calidades de una persona humana. Por esa razón, decimos: la ciudadanía, como calidad no escucha, no decide, no tiene voluntad; los que sí tienen voluntad, los que sí escuchan, son los ciudadanos.
Por estas razones, compañeras y compañeros, razones gramaticales ciertamente, semánticas ciertamente, conceptuales ciertamente, pero fundamentalmente jurídicas, es por las que pedimos se considere la proposición que dejo aquí en la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado José Alarcón.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vázquez López: - Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Yo no sé si alguien se sienta rehén o secuestrado, pero aquí nadie ha venido a tomar como rehén el proceso legislativo. Lo que pasa es que concebimos la ley como resultado de un proceso social, vivo, cambiante, basado en una realidad.
Entendemos que una ley a medida que cobra vigencia puede ir perdiendo positividad. Sabemos también que existen leyes que son voluntaristas y que a veces resultan nocivas, en la medida en que no son una expresión de los procesos sociales a los que quieren atender.
Justamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobado en 1989, demostró que no es el ámbito suficiente para resolver la conflictiva electoral de un complejo país como el nuestro, y ahí está la conflictiva del año 1991 que fue resuelta sobre la base de la acción presidencial y que las reproducciones estatales del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales no tuvieron el espacio suficiente para albergar todas las corrupciones.
Por eso, porque no vemos voluntad política en los sucesos posteriores al voto positivo que dimos en el Instituto Federal Electoral, porque no vemos en el gobierno una actitud que haya cambiado, por eso es que hemos decidido abstenemos y no porque queramos secuestrar el proceso legislativo. Para muestra daremos algunos botones, ya se dieron muestras en el caso de Michoacán, por cierto quiero decir que hablar de la credencialización como proceso real para las elecciones estatales significa actuar científicamente porque estamos atendiendo a la realidad y no a nuestra voluntad. Si vamos a aprobar un proceso de credencialización tenemos que considerar que esto tendrá a gente real, ejecutores reales y si por ejemplo en Oaxaca la estructura electoral que conformó David Palacios, aquí presente, en el año de 1986 y que sigue vigentes los mismos funcionarios, los mismos a los que hemos acusado de que hacen trampas, a pesar de que haya cambiado el titular, si ellos mismos siguen siendo los ejecutantes no hay ninguna garantía de que en Oaxaca por ejemplo en el año 1993 vayamos a tener un proceso de credencialización limpio, inobjetable.
Por ejemplo, en el año de 1992 no se instalaron los módulos de empadronamiento ni en los lugares ni con la puntualidad que se había acordado, las credenciales se distribuyeron a domicilio con extremada negligencia sobre todo en aquellas zonas en donde hay un partido de oposición que es más fuerte que el Partido Revolucionario Institucional.
Y en los comités de Vigilancia llegaba la gente a pedir credenciales y la credencial, imagínense, todavía no estaba impresa y así tenemos un padrón que no está depurado. Hay duplicidades localizadas, detectadas, denunciadas y que no han sido atendidas en el caso de un padrón como el de Oaxaca.
Para una elección que se va a realizar dentro de tres semanas, pero además en la misma forma selectiva en que se eliminaron del padrón y no se entregaron credenciales a 300 mil oaxaqueños en 1991, en 1992 hay 92 mil documentadas, publicadas por el propio Registro Federal de Electores, 92 mil credenciales que no fueron entregadas, un promedio para distritos federales de 9 mil credenciales que no fueron entregadas en el estado de Oaxaca, en las vísperas de un proceso electoral de cambio de gobernador, lo cual significa prácticamente que el 10% del padrón, lo cual significa la cuarta parte de la votación que tuvo el Partido Revolucionario Institucional en 1991 y significa una vez y media la votación del Partido de la Revolución Democrática de 1991. Así están las condiciones, son datos reales; entonces si queremos nosotros tener una credencialización adecuada, tenemos que aterrizar en la realidad. Nuestro Presidente nacional, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha dicho en distintos momentos que le concedemos al gobierno federal, le concedemos al gobierno, a pesar de que merece rechiflas, le concedemos el beneficio de la duda.
Eso es algo que hemos dicho, deseamos conocer la voluntad política de Salinas de Gortari; deseamos verla en resultados electorales respetados, ahí, en el escenario de los triunfos de la oposición, que se respeten.
Por eso, porque le concedemos el beneficio de la duda, hemos votado a favor en el Instituto Federal Electoral, porque había acuerdos explícitos y acuerdos implícitos en el documento que se aprobó.
Algunas de las cuestiones consideradas, la principal quizá que se ha agregado ya aquí y se ha hecho expresa, es el asunto de que habrá un número progresivo de secciones que impedirá la duplicidad entre distritos, pero además se dijo, se acordó, como fuerzas políticas, que habría un procedimiento de depuración integral del padrón electoral, hecho que ha venido aquí a radicar uno de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que la credencial será un instrumento de identidad pública reconocido y que los partidos políticos participarán de una manera directa en todo el procedimiento de credencialización.
Esos acuerdos políticos que fueron implícitos, que están explícitos...
El Presidente: - Permítame, señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Eloy Vásquez López: - Permítame terminar la frase nada más y ahorita lo atiendo con todo gusto.
Esos acuerdos que fueron explícitos algunos, implícitos otros, plantean la necesidad de que cada uno de los partidos involucrados hiciera un acto de voluntad política, y nosotros tenemos que decir con todas sus letras, la fotografía en la credencial de elector, fue una demanda conjunta del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y el hecho de que esté la credencial con fotografía hoy, es un triunfo de la unidad entre estas dos fuerzas política que realmente tienen la democracia para este país, y en contra de la voluntad inicial tanto del gobierno federal como del Partido Revolucionario Institucional.
Eso debe quedar claro, es resultado también de las movilizaciones realizadas el año pasado por Vicente Fox, por Salvador Nava y por Andrés Manuel López...
El Presidente: - ¿Acepta usted, señor diputado?... Cuando termine le acepta la interpelación. Continúe usted, señor diputado.
El diputado Eloy Vásquez López: - Sí, termino mi idea, señor Presidente, después atiendo al señor.
Pero el triunfo principal de la alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, es que hoy tengamos una reforma a la Ley de Población que establece el registro nacional ciudadano. Este es el triunfo de Salvador Nava, de Vicente Fox y de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí con todo gusto lo atiendo señor.
El Presidente: - Acepta la interpelación.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Hace un momento el orador dijo que había votado a favor de él, si no entendí mal, en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de la propuesta que establecía el procedimiento y los plazos para instituir a partir de ahora, la credencial para votar, con fotografía y que habrán votado a favor porque le concedían el beneficio de la duda al gobierno.
Quiero preguntar al orador señor Presidente, si no es más que un voto concediendo el beneficio de la duda, como dice, al gobierno, si no fue exactamente una propuesta del Partido de la Revolución Democrática en el seno de ese organismo electoral, una propuesta de ellos precisamente para que se aprobara ahí, lo que aquí se está discutiendo.
El diputado Eloy Vásquez López: - Le agradezco al señor diputado su pregunta y creo que ya la respondí. Dije, si no recuerdo mal: La demanda inicial fue una demanda del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, desde luego y el hecho de que esté la credencial con fotografía es un triunfo del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, es una demanda de ellos contra el Partido Revolucionario Institucional y los funcionarios que se oponían a que existiera ese requisito.
Dentro del proceso de (cómo podemos decir), fotografización de las credenciales, existen otros elementos adicionales que forman parte de la credencialización nacional que se requiere para 1994. Esos aspectos son los que requerían voluntad política, tal como estaban presentados en el Instituto Federal Electoral y tal como están presentados acá para aprobarse, no el hecho de que tuviera foto la credencial, sino la forma como se piensa credencializar a los ciudadanos para 1994, y esto tiene que ver con un hecho: hay quienes deseamos y estamos impulsando con toda nuestra imaginación y con toda la fuerza que nos dan nuestros votantes y nuestras convicciones, la transición a la democracia de nuestro país, y hay quienes ven en el proceso de credencialización una nueva forma de maniobrar para conservar privilegios y para conservar prácticas inadecuadas que alteran los resultados electorales.
Hay quienes lo ven así. No acuso a nadie, incluso concedo que dentro del Partido Revolucionario Institucional existen muchos ciudadanos, dirigentes, diputados, que están de acuerdo en un proceso de transición a la democracia. Coincidimos con ellos. Pero sabemos también que ahí se anidan los mapaches, que ahí también se anidan quienes alteran los resultados electorales y algunos de ellos llegan a estar ocupando cargos de elección importantes, incluso dentro de esta misma Cámara.
Por ese motivo nosotros tenemos que presentar las cosas tal como son. Hay un sector de la ciudadanía y de los partidos y de los políticos mexicanos que queremos la transición a la democracia. Eso creemos, que esta credencialización servirá justamente para abrir un camino de participación más limpia de los electores.
Hay quienes están preparándose para alterar los resultados de 1994. A ellos es a los que hay que cerrarles el paso. Por ese motivo, porque no sabemos en este momento qué actitud tomarán quienes tendrán que ejecutar estos artículos transitorios, si la actitud de quienes creemos en la democracia y quienes pensamos en la transición, o la actitud de quienes en el pasado, reciente incluso y ahorita en Michoacán y en otros lugares están ya alterando la participación de los ciudadanos a través del padrón y la credencialización, porque no sabemos quiénes serán los actores que ejercitarán esos transitorios, por eso es que nos abstenemos; sin embargo, seguimos manteniendo que se trata de un triunfo de las fuerzas democráticas de este país. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Eloy Vásquez. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeiro Arias, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El decreto de adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos, busca enriquecer y legitimar los instrumentos de normatividad de los procesos electorales. Esta necesidad sentida de la sociedad, es corresponsabilidad de los ciudadanos y de todos los partidos; nadie debe sentirse ajeno, es tarea de todos, es tarea de todos construir la vida democrática y encontrar las normas que correspondan al reclamo de la sociedad, una sociedad cada vez más crítica y tremendamente dinámica, que crea situaciones y las modifica continuamente.
La legislación electoral ha ido tomando de la vida política sus tiempos y sus cargos, aceptando los requerimientos de la ciudadanía e incorporándolos a la normatividad. La flexibilidad y la posibilidad de incorporar nuevas reglas, es signo de vitalidad y sensibilidad política. El estar atentos a lo que sucede y regularlo con normas que lo tornen viable y fluido, es un mérito y una obligación de los cuerpos legislativos.
La posibilidad que tenemos de votar modificaciones a los procedimientos electorales de hacer más rica la vida política, ajustada a los requerimientos actuales, es un rasgo de la nueva cultura política, que desde la tribuna estamos proponiendo todos los partidos políticos. El buscar la certeza en los procesos democráticos, es un objetivo de los partidos, de todos los partidos.
La voluntad y común concurrencia en el cumplimiento estricto de la legislación electoral, es indispensable, ya que sin esta participación cualquier modificación legal o incluso cualquier ley, resulta ociosa.
El presente dictamen nos da la oportunidad de incorporar a nuestra legislación electoral mecanismos nuevos, buscando mayor certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad en los procesos electorales. Este es un ejercicio que a todos compromete: ciudadanos, partidos, legisladores e instituciones, para dar respuesta a lo que la sociedad espera de quien la representa.
En las sesiones de los días 14 de febrero, 31 de marzo y 29 de abril del presente año, la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Federal Electoral, con el voto de cinco partidos políticos ahí representados, aprobó en lo general y en lo particular el informe relativo a la nueva credencial para votar con fotografía y, acordaron recomendar la adopción de un texto de iniciativa de ley para adicionar dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que hoy estamos presentando en este dictamen a la consideración de esta honorable Asamblea.
La elaboración del presente dictamen se desarrolló con apego total a las normas legales. Todos los partidos políticos representados en esta Legislatura, participaron con sus propuestas y comentarios y en la medida en que tuvieron consenso se incorporaron.
Ha quedado constancia en el debate que está por concluir, que las diversas propuestas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias, han enriquecido y fortalecido la propuesta original. Ratifico la proposición presentada por mi partido, el Revolucionario Institucional en el sentido ya expresado.
Hacemos nuestra la propuesta presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; no coincidimos con la del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y con la presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por no estar contempladas en el marco de la iniciativa que hoy comentamos.
En base a estas consideraciones me permito solicitar a ustedes el voto aprobatorio para el dictamen presentado por la Comisión. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputada Irma Piñeiro. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
Mi intervención va a ser muy breve. Asisto a esta tribuna para proponer un punto de acuerdo, dadas las condiciones de esta discusión, en el sentido de ir construyendo una nueva cultura política democrática, hacemos esta propuesta:
El grupo parlamentario independiente de esta LV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando que la democracia es una aspiración del pueblo de México, que las vías para que las elecciones sean transparentes, son perfectibles, que es un deber de todos los partidos políticos impulsar la participación de los ciudadanos en la vida política nacional, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO Que las diversas fracciones parlamentarias representadas en esta Legislatura, se comprometen a hacer las reformas constitucionales en materia electoral y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el próximo período ordinario de sesiones, para perfeccionar la democracia y garantizar las elecciones objetivas y transparentes en nuestra nación en el año de 1994.
Firman: Rosa Albina Garavito, coordinadora del grupo del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua, coordinador del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, coordinador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y su servidor, por el grupo independiente de esta LV Legislatura. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Javier Centeno Avila. Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Napoleón Gallardo Ledezma: - en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo único.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura y someter a la consideración de la Asamblea en votación económica, las propuestas de modificación o reforma al dictamen en el orden que fueron presentadas y posteriormente el punto de acuerdo también presentado.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Propuesta presentada por el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
En el artículo 18 propone que debe decir: "Para los efectos del párrafo primero del artículo 217 de este Código sólo podrán emitir su voto los ciudadanos que habiendo obtenido su nueva credencial para votar con fotografía, la exhiban el día de la jornada electoral y aparezcan en cualquiera de los dos apartados de la lista nominal y sólo en caso de duda por parte de los funcionarios de casilla de que el portador de la credencial sea el titular de la misma, se le requerirá el cotejo de firma por separado".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
"Artículo 17. Para las elecciones federales a celebrarse a partir de 1994, se estará a lo siguiente:
1. Se expedirá una nueva credencial para votar con fotografía. Para el efecto deberá realizarse una actualización y depuración integral del padrón electoral cuyos procedimientos técnicos, así como la forma de participación de los partidos políticos en la supervisión y vigilancia de estas actividades, sean adoptadas por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que dice:
"La derogación de la fracción V del artículo 217 ya que al identificarse el elector con credencial con foto resulte inoperante la disposición de que podrá ser identificado por el conocimiento personal que de él tengan los miembros de la mesa directiva."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta de los diputados José Alarcón Hernández, Guillermo Pacheco Pulido, Marco Antonio Haddad y Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional.
Modificación al párrafo segundo de la fracción I del artículo 18, del dictamen de decreto de adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone deba decir:
"Para el efecto se llevará a cabo una amplia campaña de comunicación, a fin de convocar y orientar a los ciudadanos."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Punto de acuerdo de los diputados Rosa Albina Garavito, Adolfo Kunz Bolaños, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Javier Centeno Avila.
"Que las diversas fracciones parlamentarias representadas en esa Legislatura, se comprometen a hacer las reformas constitucionales en materia electoral y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el próximo período ordinario de sesiones para perfeccionar la democracia y garantizar las elecciones objetivas y transparentes de nuestra nación en 1994."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria Julieta Mendívil Blanco: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 359 votos en pro, 5 en contra y 21 abstenciones.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos, el proyecto de decreto que adiciona dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La secretaria Julia Mendívil Blanco: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
ESTADO DE TABASCO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar denuncia sobre el deterioro ecológico en las zonas de Tabasco, por Petróleos Mexicanos.
El diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo: - El día de ayer 8 de julio, un contingente de miles de personas integrado por petroleros, campesinos, pescadores, cacaoteros, copreros y amas de casa, bloquearon el acceso vehicular al puerto petrolero y comercial de Dos Bocas, municipio de Paraíso, en la costa tabasqueña del Golfo de México.
Esta acción es la legítima respuesta de la población a los impactos contaminantes que ha propiciado la ineficiente y antiecológica operación de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y a la nula atención que le ha prestado a sus demandas de indemnización y recuperación productiva las autoridades públicas en general y de la mencionada empresa en particular, que incluye malos manejos y corrupción por cifras superiores a los 10 mil millones de pesos, que de acuerdo con las versiones oficiales, se habían orientado hacia la solución del problema.
Como es sabido, la actividad productiva de Petróleos Mexicanos en la zona ha propiciado la salinación de por lo menos 80 mil hectáreas agrícolas, mismo hecho que ha generado la ruina económica y el desempleo de miles de productores rurales.
Es por demás, señalar las consecuencias funestas que la pésima administración de la extracción de petróleo ha causado sobre el medio ambiente en la región.
Por otro lado, la actividad de Petróleos Mexicanos ha contaminado ríos, lagunas, esteros y mares de la zona, afectando en sus ingresos y recursos naturales, a centenares de pescadores ribereños; por supuesto también, la salud de los pobladores de la región se ha visto seriamente afectada, apenas el 7 de julio, el Partido de la
Revolución Democrática expuso esta problemática ante el titular de Petróleos Mexicanos, cuando compareció ante las comisiones unidas de Gobernación y Energéticos y las respuestas y los compromisos de solución, fueron absolutamente ignorados, a sabiendas de que existía la recomendación 10092 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que las diversas dependencias federales y estatales tomaran cartas para solucionar el asunto y de que por los caminos del sureste había salido una marcha para demandar inmediatas respuestas.
Queda claro entonces que el bloqueo del puerto de Dos Bocas es responsabilidad exclusiva de Petróleos Mexicanos, y que en consecuencia es su obligación proponer soluciones con sustento en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las demandas de los diversos grupos afectados.
En concreto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fiel a su compromiso de ser voceros de los grupos sociales afectados por la limpia política modernizadora de la administración salinista, canaliza la presente denuncia a fin de que se logre la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para dar solución a las demandas siguientes:
1. Recuperación productiva y ecológica de las 80 mil hectáreas afectadas por la salinación, producto de la operación ineficiente de Petróleos Mexicanos en las obras de infraestructura realizada en el puerto de Dos Bocas.
2. Investigación y en su caso el castigo procedente a los funcionarios públicos que han hecho un uso y manejo deshonesto de los recursos financieros destinados a los propósitos anteriores.
3. Recuperación productiva y ecológica de los cuerpos de agua dulce, ríos, lagunas y esteros, impactados por la ineficiencia productiva de los pozos petroleros de Petróleos Mexicanos, particularmente en la zona de Paraíso que afecta a productores acuicolas.
4. Indemnización y aplicación de planes de desarrollo sociales y ecológicos en las zonas afectadas, en los términos sugeridos por las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Queremos denunciar además que en el transcurso de las últimas horas han llegado al municipio de Paraíso y al poblado de Chiltepec, un número aproximadamente de 200 elementos de la policía antimotines. Lo más grave es que han incurrido al uso de la violencia para desalojar a los manifestantes que se encontraban en los lugares de acceso al puerto de Dos Bocas, resultando gravemente heridas tres personas con impactos de bala, las cuales se encuentran internadas en estos momentos, en el Seguro Social y hay un sinnúmero indeterminado de personas con diversas heridas y detenidos.
Como ustedes comprenderán, este último hecho ha generado una gran irritación entre los manifestantes, por lo cual es necesario que haya una inmediata intervención de las autoridades para evitar que esta situación se torne más difícil de resolver.
Responsabilizamos desde esta más alta tribuna de la nación, al gobernador sustituto del estado de Tabasco, de esta agresión, que en lugar de buscarle una solución pacífica y negociada al problema planteado por los militantes recurre al uso de la violencia para tratar de intimidarlos.
Nuestro estado de Tabasco hoy vive sin gobernador y mi afirmación se basa en lo siguiente:
1. A partir de la caída de Salvador Neme Castillo, por una decisión del señor Salinas, quien conduce el Poder Ejecutivo estatal, no puede si no lo dejan gobernar.
2. Mi afirmación es porque al caer Neme Castillo, todo su aparato burocrático se le dejó como quiste canceroso al nuevo gobernador.
3. Que por medio de nuestra mediación se le han hecho peticiones de soluciones a los problemas prioritarios de los tabasqueños, viviendo en carne propia la intolerancia, burocracia de los mandos medios de su gobierno.
4. Hemos tenido que venir a la Secretaría de Gobernación para mediar y denunciar los problemas que aquejan a los tabasqueños, porque al señor Gurría Ordóñez, sus funcionarios y su personal más cercanos, no dejan que se dé cuenta de la realidad que vive nuestro estado. Que a raíz que el señor Gurría Ordóñez llegó a la gubernatura, el pueblo tabasqueños pensó que al ser un personaje agradable y culto, iba a ser honesto y haría como cualquier país democrático una auditoría de Neme Castillo y no lo ha hecho. Que a 6 meses de estar en el poder estatal el pueblo ha buscado el diálogo en su gobernador, pero él y sus personeros no han querido escuchar a los tabasqueños.
Que hoy, 9 de julio de 1992, su mediocridad y poca capacidad de mando, el pueblo se revirtió.
Los tabasqueños cansados de su negligencia están tomando decisiones por sí mismos, se organizan y van a la Plaza de Armas y le reprochan a este gobernador: ¡que no sirve, que no los atiende y que no trabaja!
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 21, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso General, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita al Presidente de esta Asamblea turne la presente denuncia a las comisiones de Justicia y Medio Ambiente, Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas de esta honorable Cámara de Diputados, a fin de que intervengan para lograr una solución lo más inmediata posible de los problemas antes planteados. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:- Con su venia, señor Presidente:
Creo que unos de los temas que tal vez no ha merecido de nuestra parte la atención y el estudio adecuado, es la obra pública que tiene que realizar una entidad de gobierno y la relación que se tiene que establecer con los afectados por la obra pública.
Muchas veces en el afán de cumplir con un programa, de ajustarse en la realización de la obra pública, de obtener una riqueza nacional, hace que no se establezca con los afectados una relación transparente, clara y honesta. Y por otra parte el afectado, cuando detecta la urgencia, la necesidad de la obra pública y también sintiendo que los bienes que poseen no pueden sujetarse a un avalúo predial, exige un pago superior y se establece una relación que muchas veces desemboca en hechos violentos.
Petróleos Mexicanos ha actuado por muchos años en Tabasco. Los tabasqueños hemos aprendido a vivir con Petróleos Mexicanos, hemos recibido las aportaciones federales por las participantes que derivan de la explotación de ese recurso y hemos entendido que Petróleos Mexicanos es una riqueza nacional, sirve al país y que es algo que tenemos que convivir, amortiguando sus efectos, estudiando los problemas ecológicos, tratando con el viejo discurso político, de que los recursos de Petróleos Mexicanos se siembren, para que cuando el recurso no renovable se agote, quede la riqueza en el estado y no se vea dañada su economía.
Desde hace muchos años se vienen bloqueando pozos, se vienen bloqueando carreteras, buscando de Petróleos Mexicanos que pague las afectaciones y se agilicen los trámites correspondientes.
Me tocó, perdón que hable en primera persona y me refiera a esta experiencia personal, en los pasados meses llegar a Tabasco y conjuntamente con Manuel Gurría Ordóñez abrir las puertas de gobierno. Manuel Gurría Ordóñez cada viernes ha concedido audiencia pública y ha hecho gestiones ante Petróleos Mexicanos y ha tratado de resolver los problemas de los transitorios y agilizado los pagos de los afectados y el día de ayer se bloquea al puerto de Dos Bocas, el puerto más importante ahorita en Tabasco, en donde salen todos los bienes, en donde salen todos los materiales de construcción para las plazas de explotación y las plantas de explotación en la plataforma marítima y se ocasiona graves daños económicos a Petróleos Mexicanos y se ocasiona grave riesgo a todas las comunidades en el bloqueo de pozos. Porque pueden salirse de control, porque se les quita piezas a donde están, lo que les llaman las instalaciones de seguridad y que pueden provocar problemas y accidentes, y repito, ahí han ido las autoridades y los funcionarios, a través de un organismo creado para este efecto, que se llama Codespret, que es un organismo de intermediación entre el gobierno de Tabasco, los afectados y Petróleos Mexicanos, para tratar de agilizar los trámites y de agilizar los pagos.
Yo vengo a sostener que es falso que haya negligencia, que es falso que no haya una disposición del gobierno del estado, para atender a su pueblo y para atender a los afectados por una empresa pública. Y si vengo a exigir que haya solo un sentido de responsabilidad de parte de todos los partidos políticos, para que desechemos ese medio de presión, ese medio de bloqueo que daña a una empresa pública, que daña la riqueza nacional y que pone en riesgo y en peligro a los tabasqueños, a la ciudadanía, a los mismos afectados, para que busquemos en el diálogo, en la concertación, el estudio de las demandas que se fundamenten en los dictámenes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que ha hecho estudios para ver qué ha pasado en estas lagunas, para ver por qué se ha desplomado la producción cacaotera y la producción coprera y para que, en todo caso, se resuelva lo que en justicia procede. Pero que desechemos la presión y que no ocultemos que en ese procedimiento estamos distorsionando la ley, estamos bloqueando la actividad económica del estado
y estamos dañando a la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Rodríguez Prats.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Con su permiso, señor Presidente, señor Presidente; compañeros diputados:
Esta noche hemos escuchado una serie de informaciones que nos presenta el Partido de la Revolución Democrática, en torno a los problemas sociales y ambientales derivados de la explotación de hidrocarburos en el estado de Tabasco. Son de suyo y hay que decirlo, lamentables, porque no es posible que a estas alturas el desarrollo siga constituyendo un obstáculo para conservar el patrimonio ambiental de las próximas generaciones.
Sin pretender valorar aquí informaciones detalladas que requieren un análisis serio y, sobre todo, requieren prescindir de juicios de valor y de patrimonialismos políticos, debemos entender el derecho que tienen los tabasqueños a ser escuchados y a hacer valer sus derechos. Es por ello, señor Presidente, que con todo respeto yo le pido que en este momento se digne usted ordenar que la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática se turne a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta soberanía. Ahí, con objetividad, con frialdad y con profundo interés en servir a los tabasqueños, trataremos de dar respuesta y de cumplir con nuestro deber para con la patria. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Gracias, diputado Nemi.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo.
El diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo: - Quiero decirle al diputado Rodríguez Prats, que él menciona de que en Tabasco las puertas están abiertas todos los viernes para buscar solución, eso es totalmente falso, porque yo personalmente he ido a tratar de solucionar problemas y lo que pasa es que las escaleras del palacio de gobierno tienen un grupo de policías paramilitares, que denunció aquí también, del escalón operativo, vestidos de civiles, que es anticonstitucional señor Rodríguez Prats; eso es para empezar.
Otra cosa, que dice que no hay negligencia de parte del gobierno del estado de Tabasco. ¡Cómo es posible que haya mandado ahorita a los policías antimotines a golpear y herir, hasta muertos creo que hay, allá en Tabasco¡ Esto también que quede claro. Otra cosa, si los campesinos han tomado esa decisión es porque hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y lo que acaba de declarar en la Prensa ahora el señor Leopoldo Estrada es lo siguiente dice: "manifestó en un periódico local el señor Leopoldo Estrada Bernal, gerente, esto salió en los periódicos locales, manifestó Leopoldo Estrada que la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió la pata al emitir esa recomendación". Hágame usted favor cómo no se van a enojar los campesinos cuando no se le busca solución a los problemas.
Eso de que se están tapando pozos es por la negligencia del Presidente, dejó plantado la semana pasada porque siempre se ha buscado el diálogo, fueron los campesinos, los pescadores, los copreros a tratar de resolver y los pescadores a tratar de resolver los problemas y nunca se presentaron los funcionarios a tratar de ver esa situación, todo lo que dice el señor Rodríguez Prats que duró como secretario de Gobierno sabe bien de qué, por eso fue su renuncia porque había negligencia en cuanto a la atención a la ciudadanía. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre hechos sucedidos en Arriaga, Chiapas y Tapanotepec, Oaxaca.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna: - Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hace algunos años en la carretera México - Texcoco fue detenido y golpeado salvajemente por elementos de la Policía Federal de Caminos un automovilista y su acompañante, esto señores diputados hubiera pasado desapercibido y tampoco hubiera aparecido en las páginas de los más importantes diarios del país si uno de los golpeados no hubiera resultado ser un ex torero de fama internacional. Esto ocasionó que todos
absolutamente todos los diarios del país le dieran publicidad de lo ocurrido para que posteriormente fueran castigados estos elementos de la Policía Federal de Caminos.
Así pues, en esta ocasión hago uso de esta tribuna para denunciar los atropellos que elementos de esta corporación ejercen en contra de ciudadanos que quizá , no tengan el renombre de un ex torero pero que tienen sus mismos derechos y los cuales son atropellados.
El 15 de mayo del presenté año en la ciudad de Arriaga en el estado de Chiapas, el taxista de nombre Benigno Castillejos Balboa fue contratado por tres personas para que las llevara al poblado de Chahuites en el estado de Oaxaca, una vez estando en dicho lugar le volvieron a pedir que los trasladaran a Ixtepec - San Diego en el estado de Oaxaca lo cual accedió pero en el tramo ubicado entre los poblados de Tapanotepec y Janatepec aproximadamente en el kilómetro tres para ser más exactos junto al puente del Río Novillero y siendo las 9 de la noche fue detenido por los agentes de la policía federal en las patrullas con números 3164 y 3201 quienes con injurias e insultos, aquí le leo las palabras del quejoso, le dijeron: "hasta que te agarramos con las manos en la masa", seguido por una serie de insultos y le siguieron diciendo: "te vamos a entregar con los oficiales para que te den una golpiza o te mandamos a Matías Romero sin derecho a fianza e incomunicado o háblale a tu patrón y dile que venga preparado".
Cuando el dueño del taxi llegó, les ofreció 500 mil pesos para que lo dejaran libre, pero los agentes en forma sarcástica se rieron, argumentaron que eran cuatro y que iba a ser un millón por cada uno de ellos y que valorara su automóvil y sus placas y todavía mofándose le dijeron que les estaba saliendo barato, así es que el chofer de este taxi, tuvo que conseguir a como diera lugar tres millones, que fue lo que logró reunir, pero quedó su licencia detenida para que posteriormente le llevara el otro millón que le pedía.
Quizá, lo tomen como casualidad, pero esto se fundamenta con otro caso que ahora menciono; igualmente en el mismo tramo de Tapanatepec a Zanatepec, esto en el estado de Oaxaca, ocurrió otro caso el día 15 de marzo a las 23.00 horas y fue detenido por la patrulla federal, también con número económico 3164 el ciudadano Enrique Campos Medina, conductor del taxi del sitio Benito Juárez, de Arriaga, Chiapas.
A él le quitaron 1 millón 500 mil pesos, quedándose con la licencia hasta que les llevasen el otro millón y medio. Esto da a pensar que quizá, esté hablando sin bases, pero estos individuos que constantemente denigran la integridad de las corporaciones federales de caminos, deberían ser llamados a cuenta e imponerles que devuelvan todo lo que han tomado o han quitado y por si fuera poco, hace aproximadamente 15 días detuvieron a otro taxista, a otro chofer, el cual no quiso proporcionar su nombre por miedo de represalias y le quitaron 500 mil pesos y le dijeron que ya sabían que el chofer Benigno Castillejos los había demandado y que lo esperaban para golpearlo.
Así como este caso se sabe de otros cinco más, pero los cuales por medio a las represalias se negaron a dar sus nombres. De acuerdo con los hechos anteriormente denunciados, hago responsable directo a la Policía Federal de Caminos de la integridad física del señor Benigno Castillejos Balboa y su familia, así como también de la integridad física del señor Enrique Campos Medina, y me permito proponer a esta soberanía que esta denuncia sea turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Aquí anexo también la carta que el quejoso manda a este servidor. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gestoría y Quejas.
COLEGIO ELECTORAL
El Presidente (a las 23.48 horas):- Se declara la Cámara de Diputados de esta LV Legislatura en Colegio Electoral, en los términos acordados por el Pleno el día de hoy.
La Comisión especial designada por esta Cámara para elaborar el dictamen de calificación a las elecciones extraordinarias de diputados federales en el V distrito electoral federal del estado de Coahuila, presenta el dictamen a la consideración de la Asamblea.
En virtud de que ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Julieta Mendivíl Blanco: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
El Presidente: - Se levanta la sesión de Colegio Electoral.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Felipe Muñoz Kapamas:- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
"Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Primer Año. - LV legislatura.
Orden del día
10 de julio de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
Minuta
Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Lorenzo Leopoldo Pérez Padilla, Arsenio Lucio, Susana Cruz Herrera y Francisco Ruiz Romero, para que puedan prestar servicios en la embajada del Reino de Bélgica, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Chapa Salazar, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Australia, en Monterrey, con circunscripción consultar en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Flores de la Vega, para que pueda desempeñar el cargo del cónsul honorario de Australia, en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel López Martel, para que pueda prestar servicios como chofer en la oficina de Asuntos Comerciales en la embajada de Tailandia, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos.
De las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Energéticos, con proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Colegio Electoral.
Dictámenes de primera lectura, con los que la Secretaría dé cuenta."
El Presidente (a las 23.52 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día de mañana, viernes 10 de julio, a las 11.00 horas.