Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930114 - Número de Diario 4
(L55A2PcpN004F19930114.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortíz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., jueves 14 de enero de 1993 No. 4
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES
Dos, del Congreso del Estado de Oaxaca, por las que se informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado.
De la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la que remite una iniciativa, misma que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Por el que se informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Carlos Salinas de Gortari, nombró a los licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Se turna a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alfredo del Mazo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de España. Se turna a la Primera Comisión
Con el que remite la hoja de servicios del ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró a la ciudadana Sandra Fuentes Beráin - Villenave, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Gobierno de Canadá. Se turna a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULAR
Oficio del ciudadano Juan Di Costanzo Zaragoza, por el que solicita el permiso constitucional necesario para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que:
El ciudadano Miguel Otto Scherwarz Marx, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en esa misma entidad federativa;
El ciudadano Alberto Elizondo Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción en esa misma entidad y en el Estado de Tamaulipas;
El ciudadano Carlos Gil Ortiz, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Veracruz, Veracruz;
La ciudadana Santa Mónica Urrea Enríquez, pueda prestar sus servicios en el Departamento de Agricultura del Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y
La ciudadana María Estela Galindo Navarro, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de los licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda, como magistrados de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para su efectos constitucionales.
Rinden protesta.
GOLFO PÉRSICO
Declaración política presentada por el diputado José Antonio González Fernández, en relación con los acontecimientos bélicos en el Golfo Pérsico.
Para comentar los mismo hechos, toman la palabra los legisladores:
Héctor Terán Terán
Roberto Robles Garnica
Israel González Arreguín
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
Ángel Ventura Valle
ESTADO DE YUCATÁN
Para referirse a la situación política en el Estado, hacen uso de la palabra los legisladores:
Juan de Dios Carlos Lozano
Carlos Sobrino Sierra
Juan de Dios Castro Lozano, para rectificar hechos.
Se turna la denuncia del diputado Castro Lozano, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
GABINETE PRESIDENCIAL
Para comentar los cambios en el mismo, hacen uso de la palabra los legisladores:.
Guillermo Flores Velasco
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta un punto de acuerdo.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Juan de Dios Castro Lozano
César Augusto Santiago Ramírez
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Guillermo Flores Velasco, para contestar alusiones personales.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, en pro de su propuesta.
Manuel Díaz Infante., en contra.
Se desecha la proposición del diputado Amezcua Dromundo.
SOLICITUDES DE LICENCIAS
De los diputados César Augusto Santiago Ramírez y Eloy Cantú Segovia. Se aprueban los puntos de acuerdo respectivos.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de los licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Rinden protesta.
SALARIOS MÍNIMOS
Toma la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para presentar un punto de acuerdo respecto de la política económica y social del país.
Sobre el mismo tema hacen uso de la palabra los legisladores:
Miguel Ángel León Corrales
Ramón Serrano Ahumada
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Fernando Francisco Lerdo de Tejada
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Miguel Ángel León Corrales, para rectificar hechos.
Rodolfo Becerril Straffon, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Rodolfo Becerril Straffon, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Rodolfo Becerril Straffon, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Se desecha la proposición del diputado Amezcua Dromundo.
Toma la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para someter a la consideración de la Asamblea una propuesta alternativa respecto al mismo tema.
Para hacer comentarios al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores:
Artemio Iglesias Miramontes
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Se desecha la propuesta alternativa.
LÍMITES TERRITORIALES
Para comentar el que celebraron las autoridades del Estado de México y del Departamento del Distrito Federal, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Fernando Lerdo de Tejada
Guillermo Flores Velasco
Manuel Aguilera Gómez
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Pronunciamiento político, firmado por todos los grupos parlamentarios, presentado por el senador Germán Sierra Sánchez.
Para expresar sus comentarios al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Guillermo Flores Velasco
Juan Calderón Hinojosa
Carlos Enrique Cantú Rosas
Ramón Mota Sánchez
RELACIONES MÉXICO - EUA
Para comentar la entrevista entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari y el Presidente electo de los Estados Unidos de América, toman la palabra los legisladores:
Oscar Cantón Zetina
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Miguel Ángel León Corrales
Carlos Enrique Cantú Rosas
Blanca Ruth Esponda Espinosa
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Sobre el desastre en el Estado, hacen uso de la palabra los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano, presenta una declaración política.
Guillermo Flores Velasco, presenta un punto de acuerdo.
Héctor Terán Terán
Carlos Enrique Cantú Rosas
César Moreno Martínez de Escobar
Se tiene por formulada la declaración y el punto de acuerdo se turna a las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.
REFUGIADOS GUATEMALTECOS
Toma la palabra al diputado Miguel Ángel León Corrales para formular un pronunciamiento en relación con su repatriación. Se da por formulado.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de México, a la sesión solemne en la que el Gobernador de esa entidad, presentará su IV Informe de Gobierno. Se designa Comisión para representar a la Comisión Permanente.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Presentada por el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
ORDEN DE DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente
Hay una asistencia de 33 representantes. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.30 horas): - En consecuencia se abre la sesión. Ruego a la Secretaría dar cuenta con el orden del día para la misma.
ORDEN DEL DÍA
El Secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo año.- LV Legislatura.
Orden del día
14 de enero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Oaxaca.
Comunicaciones de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró a los ciudadanos licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Alfredo del Mazo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el gobierno de España.
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró a la ciudadana Sandra Fuentes - Beráin Villenave, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México, ante el Gobierno de Canadá.
Solicitud de particular
Del ciudadano Juan Di Costanzo Zaragoza, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Otto Schwarz Marx, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel, en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Elizondo Treviño, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile, en Monterrey con circunscripción consular en los Estados de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Gil Ortiz, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile, en Veracruz, Veracruz.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Santa Mónica Urrea Enríquez, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
De las Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Estela Galindo Navarro, para prestar servicios como secretaria en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Dictamen a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de los ciudadanos licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañedas, como magistrados de sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Comentarios del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el conflicto surgido en Irak.
Intervención del ciudadano diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar la situación política del país.
Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, respecto al desempleo y al incremento en los salarios.
Intervención del ciudadano diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para comentar el acuerdo sobre límites territoriales, celebrado entre las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México.
Pronunciamiento a cargo del ciudadano senador Germán Sierra Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acerca del cumplimiento de los acuerdos de pacificación en la República de El Salvador.
Consideraciones de la ciudadana diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno a la entrevista del presidente licenciado Carlos Salinas de Gortari, con el Presidente electo de los Estados Unidos de América William Clinton.
Intervención del ciudadano diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las inundaciones ocurridas en el Estado de Baja California.
Intervención del ciudadano diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la repatriación de los refugiados guatemaltecos.
Comunicaciones de ciudadanos legisladores.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día seis de enero de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintinueve minutos del día seis de enero de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Tlaxcala a la sesión solemne en la que el ciudadano Antonio Alvarez Lima, rendirá protesta como gobernador constitucional de esa entidad. Se designa Comisión para representar a la Comisión Permanente.
Un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que informa del inicio de su primer período de sesiones y de la elección de Presidente. De enterado.
El Presidente da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la solicitud de permiso constitucional para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional a fin de efectuar una visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
El mismo Presidente instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si considera el oficio con el que acaba de darse cuenta, como de urgente resolución y, desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, solicita que se distribuya copia del documento a todos los legisladores, los que, por instrucciones del Presidente, así hace la Oficialía Mayor y, en votación económica, la Asamblea considera el asunto, como de urgente resolución.
Para expresar sus opiniones el respecto, hacen uso de la palabra los legisladores: José Antonio
González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en contra; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro y Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el proyecto de decreto y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por treinta votos. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nombró a los licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda, magistrados de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Se turna a la tercera Comisión.
Cinco oficios más de la misma Secretaría, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Miguel Otto Schwarz Marx, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en la ciudad de Monterrey, con circunscripción en el Estado de Nuevo León; Alberto Treviño Elizondo, pueda aceptar el cargo de cónsul honorario de Chile, en la misma ciudad, con circunscripción en los estados de Nuevo León y Tamaulipas; Carlos Gil Ortiz, pueda aceptar el cargo de cónsul, honorario de Chile en Veracruz, Veracruz; Santa Mónica Urrea Enríquez, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y María Estela Galindo Navarro, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Se turna a la Primera Comisión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política de su partido, respecto de los hechos poselectorales en el municipio de Yurécuaro, en el Estado de Michoacán.
Para expresar sus opiniones respecto a este asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Artemio Iglesias Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Juan Calderón Hinojosa, del Partido del Acción Nacional; Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Ernesto Luque Feregrino, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar un punto de acuerdo, respecto de la circulación de la nueva moneda mexicana, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien cuenta con las firmas de legisladores representantes de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.
Hacen uso de la palabra para expresar sus opiniones al respecto, los diputados Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Sales Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el mismo sentido. Se turna a las secretarías de Hacienda y Crédito Público de Comercio, al Banco de México y a la Procuraduría de Protección al Consumidor.
Para expresar sus opiniones respecto de la contaminación en el Valle de México, hacen uso de la palabra los legisladores:
Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición a efecto de que comparezcan los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, el jefe del Departamento del Distrito Federal y el Procurador Federal de Ecología y Medio Ambiente; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Orduña Muñoz, del Partido
Acción Nacional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los legisladores Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul, el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, declina su participación.
La proposición del Partido de la Revolución Democrática, se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, del Distrito Federal, de Salud y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
La Secretaría da lectura a la proposición del Partido Popular Socialista, misma que se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y del Distrito Federal.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves catorce de enero de mil novecientos noventa y tres a las once horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada señor Presidente.
COMUNICACIONES
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. - Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México D.F.
La Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, tomó la protesta de Ley, al ciudadano Benjamín Rodrigo Cabrera Robles, como diputado propietario por el Primer Distrito Electoral de esta entidad, con cabecera en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en sustitución del licenciado José Antonio Hernández Fraguas, quien por motivos de orden personal impostergables solicitó licencia por tiempo indefinido.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".
Oaxaca de Juárez, a 27 de noviembre de 1992. - Diputado secretario Juan Orozco Ibarra y diputado secretario Enrique Martínez Hinojosa.»
De enterado.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. - Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
En cumplimiento de preceptos legales, comunicamos a usted (s), que la LV Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, procedió a la elección de Presidente y vicepresidente para los primeros quince días del mes de diciembre, habiendo resultado electo por mayoría de votos los ciudadanos diputados:
Presidente licenciado Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y vicepresidente Moisés Marcelo Toscano Clavel.
Reiteramos a usted (s), las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".
Oaxaca de Juárez, a 27 de noviembre de 1992. - Diputados secretarios: Juan Orozco Ibarra y Enrique Martínez Hinojosa.»
De enterado.
INICIATIVA
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Ciudadano diputado licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
La II Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en la sesión efectuada el día 15 del mes en curso, aprobó, por unanimidad de votos, el dictamen de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, de Administración y Procuración de Justicia, Prevención y Readaptación Social y Protección de Derechos Humanos, así como el Reglamento Interior, en el que se contiene el Proyecto de Iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción VI, base tercera, inciso J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos enviar a esa honorable Cámara, la iniciativa de Ley de referencia, para los efectos constitucionales y legales correspondientes.
Reiteramos a usted nuestra distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 31 de diciembre de 1992.
La Presidencia de la mesa directiva, representante Juana García palomares, secretaria representante Patricia Garduño Morales.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, de Administración y Procuración de Justicia, Prevención y Readaptación Social y Protección de Derechos Humanos y de Reglamento Interior, fueron turnadas para su estudio y dictamen, la propuesta de iniciativa de Ley para la creación de la Defensa General de los Derechos Humanos en el Distrito Federal así como la propuesta de un punto de Acuerdo relativo también a la formación de un organismo defensor de los derechos humanos para el Distrito Federal y a la elaboración de la respectiva ley orgánica, presentadas respectivamente por los grupos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática en esta Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; y 45, 48, 105 y 108 de su Reglamento Interior, se abocaron al análisis y estudio de las presentes, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. La propuesta de Iniciativa de Ley para la creación de la Defensa General de los Derechos Humanos en el Distrito Federal, fue formulada por la ciudadana representante María del Carmen Segura Rangel a nombre del partido Acción Nacional al Pleno de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal el día 15 de enero de 1992, misma que fue turnada a estas Segunda y Décimo Segunda Comisiones por los ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva.
Dicha propuesta se refiere a la creación de un organismo autónomo de naturaleza administrativa de participación ciudadana, encargado de promover el respeto y la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal.
2. La propuesta de Punto de Acuerdo para la formación de un organismo defensor de los derechos humanos para el Distrito Federal y la elaboración de ley orgánica respectiva así como para que la misma propuesta se turnase a las Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, fue formulada por la ciudadana representante Adela Salazar y Carbajal al Pleno de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal el día 15 de mayo de 1992 la que fue turnada a la Primera, Segunda y Décimo Segunda Comisiones por la Oficialía Mayor.
Estas Comisiones determinaron que son competentes para conocer, analizar, deliberar y concluir respecto a las propuestas turnadas, las que dictaminan en los términos del presente documento.
PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL
Conforme a la reciente adición del apartado B, al artículo 102 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, es jurídicamente viable que el Distrito Federal cuente con un organismo de protección de los derechos humanos, creado mediante la Ley que en su momento expida el Congreso de la Unión en ejercicio de
la facultad legislativa que para el propio Distrito Federal le otorga la fracción VI del artículo 73 constitucional.
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene la facultad de presentar iniciativas de Ley a cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en materias relativas al propio Distrito Federal, de conformidad con la fracción VI, Base 3a., Inciso j) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CONSIDERACIONES
La protestas de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática fueron presentadas con antelación a la publicación de la reforma al artículo 102 constitucional y a la de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo coincidentes fundamentalmente en la necesidad de la existencia de un organismo de protección de derechos humanos para el Distrito Federal a través de la expedición de la correspondiente Ley.
En efecto, el Decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 22 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de los mismos mes y año, adiciona con un apartado B el referido artículo, disponiendo la creación de organismos de protección de los derechos humanos otorgados por el orden jurídico mexicano, en los ámbitos federal y locales, los cuales conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, debiendo formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y con facultades para presentar denuncias y quejas antes las autoridades respectivas.
Asimismo, establece como excepción para dichos organismos el conocimiento de los actos del Poder Judicial de la Federación, asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
El artículo Segundo Transitorio del Decreto de que se trata, prevé que "Las Legislaturas de los Estados dispondrán de un año a partir de la Publicación de este Decreto para establecer, los organismos de protección de los derechos humanos".
Con fecha 29 de junio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ordenamiento orgánico que se ajusta a los principios constitucionales contenidos en el Decreto antes mencionado.
Las Comisiones que dictaminan trabajaron a base de subcomisiones que se reunieron en diversas ocasiones, discutiéndose con amplitud los temas considerados de mayor importancia, identificándose como tales los relativos a los requisitos que debieran cumplirse para ostentar la titularidad del organismo, el origen del nombramiento de dicho titular, el órgano de aprobación de tal nombramiento, la competencia y la autonomía del organismo protector de los derechos humanos en el Distrito Federal.
En sesión de esta Asamblea de fecha 15 de julio de 1992, las Comisiones Segunda y Décimo Segunda expresaron que, en el seno de las mismas se acordó: "esperar a que el honorable Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B constitucional, por lo que hace a la Comisión de Derechos Humanos, acto que se produjo en días pasados, sin perjuicio de ir avanzando en el estudio relativo, pero también con la convicción sobre la convivencia de tener la referencia de la Ley señalada": asimismo, se solicitó la ampliación del plazo de 30 días para dictaminar a que se refiere el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior de la propia Asamblea, lo que fue probado por el pleno en la sesión citada.
Del estudio mencionado en el párrafo anterior se desprendió que existían diferencias de fondo entre la propuesta de iniciativa del Partido Acción Nacional y la Ley referida, fundamentalmente en cuanto a las competencias, configurándose en el proyecto de iniciativa de que se trata, un esquema de organismo diferente al contemplado en el marco de la Ley Nacional, lo cual lleva a la consideración de que con el perfil propuesto habría fusión de competencias de organismo de protección de derechos humanos con las que en nuestro orden jurídico están reservadas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a órganos sancionadores de diferente naturaleza. Lo anterior se aprecia en el artículo 13 del proyecto de mérito, que en su parte conducente proponía:
"La Defensoría General de los Derechos Humanos en el Distrito Federal, tiene las siguientes funciones:
I. Orientar y recibir las quejas que formulen las particularidades sobre actos de los servidores públicos contrarios a los principios de legalidad,
Honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; determinar su procedencia y sustanciar los procedimientos pertinentes a su tramitación, en coordinación con las autoridades encargada de investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos, conforme a la legislación aplicable.
VI. Verificar la eficiencia, diligencia y honestidad en los servicios de defensoria de oficio que presta en Estado en materia penal, familiar, civil y del arrendamiento inmobiliario, haciendo del conocimiento del titular de la Defensoria de Oficio los resultados de la labor realizada."
El día 24 de noviembre de 1992, como invitado de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea, asistió el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor doctor Jorge Carpizo McGregor, en dicha sesión los presidentes de las comisiones que dictaminan formularon preguntas sobre los temas torales discutidos en el seno de las subcomisiones, así mismo, cada grupo partidista lo cuestionó en relación a otros puntos relacionados con organismos de protección de los derechos humanos.
Por lo anterior y atento a que corresponderá al Congreso de la Unión la expedición de la respectiva ley local para el Distrito Federal, las Comisiones Unidas que dictaminan, con la participación de todos los grupos partidista, valoraron la convivencia de observar en términos generales el marco también general que fue dado por dicho Congreso a través de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formulándose al efecto el proyecto de iniciativa de Ley correspondiente.
En virtud de las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas, Primera, Segunda y Décimo Segunda de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, dictaminan:
Primero. Se aprueba el proyecto de Iniciativa de Ley de la Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal.
Segundo. Se acuerda la Presentación el Proyecto de la Iniciativa ante el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Así lo resolvieron y firmaron los ciudadanos representantes integrantes de la Primera, Segunda y Décimo Segunda comisiones de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal a los once días del mes de diciembre de 1992. - Representantes: María del Carmen Segura Rangel, Eduardo Escobedo M., Amalia D. García Medina, Carlos Hidalgo Cortés, Miguel Sosa Acosta, Patricia Garduño Morales, Carolina O Farrill Tapia, Rodolfo Fragoso V., Arturo Barajas Ruiz, Hilda Anderson Nevares, Alberto Banck Muñoz, Francisco Elizondo M., Juana García Palomares, Pablo Gómez Alvarez, Arturo Larrazabal Breton, Carlos Omaña Herrera, Bernardo Quezada Salas, Oscar Mauro Ramírez A., Juan Carlos Sánchez Magallán, María Valdez Romero, Franklin Vicencio del Ángel, Rogelio Zamora Barradas, Juan Carlos Sansores Betancourt, Belisario Aguilar Olvera, Román Barreto y Rivera, Roberto Campa Cifrian, Adolfo Flores Rodríguez, Máximo García Fabregat, José Luis González Sánchez, Marcos Gutiérrez Reyes, Armando Jurado Alarid, Domingo Suárez Nimo, María del Carmen Bustamante, Jaime del Río Navarro, Hugo Díaz Thome, Hiram Escudero Alvarez, Jorge Gaviño Ambriz, Alejandro Rojas Díaz Durán, Jorge Shiaffino Isunza y Demetrio Sodi de la Tijera.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Esta Asamblea de representantes del Distrito Federal consciente de la participación que en el proceso legislativo para la ciudad de México le confiere nuestra Carta Magna y sumándose al esfuerzo nacional emprendido en aras del reforzamiento del sistema de protección de derechos humanos a través de la creación de organismos que lo complementan y enriquecen, ha considerado impostergable la presentación ante esa soberanía de la iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Los organismos como el que nos ocupa configuran un esquema de protección de derechos humanos que por su propia naturaleza ejercen funciones que de ningún modo son substitutivas de las que son propias de los organismos jurisdiccionales. En efecto, nuestro país cuento con un sistema de tutela de sus derechos humanos que ha venido perfeccionándose en el devenir de la evolución de las instituciones jurídicas y políticas, que va desde la existencia de recursos administrativos hasta el juicio de amparo, complementándose ahora con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en caso de ser aprobada la presente iniciativa, con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, insertándose, de este modo, nuestra ciudad en lo que se ha llamado el sistema nacional de derechos humanos.
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal asumiendo la corresponsabilidad en el
cumplimiento del mandato constitucional previsto en el apartado B, del artículo 102, determinó la formulación de la presente iniciativa, para ser enviada al Congreso de la Unión, que legisla para el Distrito Federal en esta materia, conforme al cual se regularía un organismo de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos previsto en el orden jurídico mexicano, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio del Distrito Federal y que ejercería sus funciones de manera autónoma al establecerse que no recibirá instrucciones o servidor público alguno.
La competencia de este organismo se surtiría cuando las presuntas violaciones de derechos humanos se imputen a cualquiera autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración e impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el propio Distrito Federal y se realizaría a través de procedimientos exentos de rigorismos formales, dado el carácter de ombudsman como promotor de justicia.
Integraría al organismo un Presidente, un Consejo, visitadores que auxiliarían al Presidente de la Comisión y lo sustituirían en sus ausencias, así como el demás personal que sea necesario para el desarrollo de sus actividades: el mencionado Consejo quedaría formado honoríficamente por personas de prestigio reconocido en la sociedad, nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sujetos a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En cuanto al Presidente de la Comisión, su nombramiento recaería en un mexicano de reconocido prestigio público que deberá acreditar poseer, tanto conocimientos generales en materia de derechos humanos como el marco normativo que en la materia es vigente para el Distrito Federal y se sujetaría igualmente por el titular del Poder Ejecutivo Federal a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Su imparcialidad e inamovilidad se manifiestan dentro de la iniciativa en las incompatibilidades y en la sujeción de su responsabilidad a lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para la formulación del nombramiento del Presidente de la Comisión por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, se prevé que este último pueda a través del jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitar opiniones de asociaciones y colegios y en general de entidades o de las personalidades que estime conveniente.
Las facultades que se le atribuirían al organismo, de conformidad con el apartado B, del artículo 102 constitucional, comprenden desde la recepción e investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, cometidas por autoridades o servidores públicos de competencia local en el Distrito Federal, hasta la formulación de recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y desde luego, en aras de la congruencia con los altos objetivos de dicho organismo, se le otorgarían facultades de formulación de propuestas conciliatorias entre los involucrados así como la de proponer a las instancias competentes la elaboración de proyectos de modificaciones legales, reglamentarias y de prácticas administrativas.
Es posible que en los procedimientos de investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, se configuren conductas delictivas, ya sea de particularidades o de autoridades o servidores públicos o infracciones administrativas de estos últimos, siendo entonces convenientes dotar a este organismo de la facultad de presentar quejas y denuncias ante las autoridades respectivas.
Sobre la competencia en materia de centros de detención, internamiento y centros de readaptación social, se establecería la concurrencia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo ejercicio estaría determinado por los mecanismos de coordinación que al efecto se instrumentasen.
Acorde con las limitaciones constitucionales a la competencia de los organismos de protección de los derechos humanos, la Comisión del Distrito Federal no podrá conocer de actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, ni de conflictos de carácter laboral.
Concerniente a la resoluciones de carácter jurisdiccional y en virtud de que la facultad de actuación se tendría respecto de actos administrativos presuntamente violatorios de derechos humanos, se prevé la diferencia entre éstos y las resoluciones jurisdiccionales de fondo, entendiéndose que éstas son materialmente las que resuelven controversias aplicando la ley a casos concretos o que implican una valoración y determinación jurídica o legal, independientemente de la naturaleza y de la materia de competencia del órgano que las dicte.
Dada la calidad de quienes integrarían al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se le atribuyen entre otras, facultades para determinar los lineamientos generales de actuación del organismo, para aprobar el Reglamento Interno y paras opinar sobre el proyecto de informe anual que formularía su Presidente.
Corresponden al Presidente como titular y responsable del organismo, facultades para dirigirlo administrativamente y para establecer las políticas que habrán de seguirse ante organismos nacionales e internacionales en la materia que es competencia de la Comisión. Queda también bajo su responsabilidad la emisión de suscripción de los acuerdos y recomendaciones que resulten de las investigaciones efectuadas.
En virtud de la existencia de diversas organizaciones de carácter privado cuyos fines son la protección y defensa de los derechos humanos, se estima necesario disponer para ellas un canal de comunicación con el organismo cuya creación se pretende, en este sentido, se propone la celebración de reuniones de éstas con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Dado que la titularidad unipersonal del organismo impediría la eficacia deseada en el desarrollo de sus funciones esenciales del mismo, se prevé en auxilio de su Presidente como ya se mencionó, la participación de los visitadores, a cuyo cargo estarían las labores de admisión e investigación de las quejas y denuncias así como la formulación de los proyectos de acuerdo y recomendaciones para someterlos a la consideración y aprobación del mencionado titular. En el mismo sentido, para reforzar la eficacia en las acciones de este organismo, se establece la desconcentración administrativa.
En relación al procedimiento, dada la eficacia que ha demostrado en la práctica el que ha implementado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se determinó adoptar los términos establecidos para la misma, incluyéndose algunas variantes tendientes a su mejoramiento, en este orden de ideas, se plantea que, por lo que hace a las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos humanos, puedan acudir a denunciar presuntas violaciones de derechos humanos, sin importar las características de las personas que representen.
En el mismo tenor se inscribe la consideración de no contar plazo alguno de los dispuesto en esta iniciativa, para el caso de presuntas violaciones de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física o psíquica de las personas, así como las de esa humanidad, conceptuándose como tales las que atenten contra la comunidad o grupo social en su conjunto.
Por otra parte, atento que el organismo a cuya creación se aspira no es de ningún modo sucedáneo de los tribunales, se considera que los actos que integran el procedimiento a cargo del mismo no afectarían el ejercicio de otros derechos ni mecanismos legales de defensa, lo que para no generar falsas expectativas a los quejosos o denuncias deberá señalarse en el acuerdo de admisión que se dicte, circunstancia que responde a la naturaleza de los organismos protectores de derechos humanos como este, dado que sus intervenciones se traducen en excitativas de justicia.
Considerando el gran número de autoridades y servidores públicos que ejercen competencia en el territorio del Distrito Federal, es probable que ocurran actos presuntamente violatorios de derechos humanos cuya fuente no sea plenamente identificada por el quejoso denunciante en el momento en que estas se generen, por lo que se establece que las quejas y denuncias en estos casos serán admitidas a condición de que se logre esa identificación durante la investigación que se realice.
En virtud de las estructuras jerarquizadas en la que actúan las autoridades y servidores públicos, se establece que la queja o denuncia admitida, además de ponerse en conocimiento de éstos, cuando sean señalados como presuntamente responsables de actos violatorios de derechos humanos, deberá hacerse del propio del titular del órgano de que dependan, pues se estima que éste, dada la responsabilidad que tiene en la conducción del mismo, influirá para hacer más eficaces los acuerdos y recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Se dota al organismo de un carácter de amigable componedor, la facultársele para formular propuestas conciliatorias entre los involucrados en los procedimientos de que conozcan, si la naturaleza del asunto lo permite, debiéndose acordar la conclusión del expediente respectivo sólo cuando la autoridad o servidor público responsable le acredite haber dado cumplimientos a las medidas conciliatorias adoptadas.
En materia de pruebas, es amplia la facultad para recibir, admitir y desahogar todas aquellas
que sean ofrecidas o que se allegue de motu propio el organismo, a condición de que se encuentren previstas como tales en el orden jurídico mexicano.
Dentro de los lineamientos constitucionales, en la iniciativa se regulan los acuerdos y recomendaciones como el resultado de una de las actividades esenciales de la Comisión y cuya responsabilidad correspondería a su titular. Es así que las recomendaciones no son imperativas para las autoridades o servidores públicos a los cuales se dirigen y por ello no pueden anular modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los que se inició el procedimiento puesto que su fuerza gravita en la autoridad moral del emitente en su publicidad y como consecuencia de ésta en la opinión pública, de no ser así se desvirtuaría la propia naturaleza del organismo para intentar convertirlo en un tribunal. Aún más, se dispone que quien acepte una recomendación, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.
Se propone que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estaría facultada para investigar de oficio determinadas áreas de actuación relacionadas con recomendaciones emitidas, para efectos de formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir la recurrencia de violaciones de derechos humanos en aquellos casos en que de las recomendaciones aceptadas, resulte evidente su frecuencia y para instrumentar sus propuestas de modificaciones legales, reglamentarias y prácticas administrativas.
Toda vez que gran parte del éxito de las labores de este organismo se encuentra referida a la opinión pública y a la publicidad de sus actos, se plantea la obligación del Presidente de la Comisión de enviar un informe anual sobre sus actividades titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, correspondiendo la carga de la difusión de dicho informe como es lógico a la propia Comisión, a esta representación ciudadana en virtud de la función que ha venido desempeñando y de su interés en coadyuvar en su tarea y al Departamento del Distrito Federal que por la cobertura con que cuenta haría factible una divulgación de mayor extensión.
En el informe referido deberán señalarse de manera resumida al número y características de las quejas y denuncias, los resultados de la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, las cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad, las propuestas para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar prácticas administrativas.
Se prevén en capítulo las obligaciones de toda autoridad o servidor público de proporcionar la información que solicite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en general la de colaborar dentro del ámbito de su competencia con la citada Comisión.
La presunta responsabilidad penal y administrativa en que incurriesen las autoridades, servidores públicos o particulares durante y con motivo de los procedimientos incoados entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, daría origen a la denuncia por ésta de los probables delitos o infracciones en los términos de las disposiciones que resulte aplicables y para el caso de actitudes u omisiones que impliquen evasivas o entorpecimiento por parte de autoridades o servidores públicos, además podría formularse un informe especial al respecto.
Destaca en la iniciativa un capítulo que regula la promoción y la difusión de los derechos humanos, cuyo propósito es la formación de una cultura de conocimiento y respeto hacia los mismos, previéndose el efecto, la celebración de convenios para la divulgación y capacitación en esta materia, enfatizando dicha actividad en las áreas de procuración y de impartición de justicia administrativa y de seguridad pública. En el mismo contexto insertan, por una parte la obligación para los órganos de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia de incorporar en sus programas de formación y capacitación, contenidos en materia de derechos humanos y finalmente la posibilidad de que la Comisión acceda a espacios en radio y televisión.
Un aspecto importante en el ejercicio de la autonomía del organismo de que se trata lo constituye la facultad de elaborar y enviar su proyecto de presupuesto anual de egresos directamente al titular de la dependencia encargada de la materia.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el inciso J) de la base 3a., fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, esta II Asamblea de Representantes del Distrito Federal, somete a la consideración del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tendrán aplicación en el Distrito Federal en materia local de derechos humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, en los términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano.
Artículo 3o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conocerá de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal.
Artículo 4o. Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes correspondientes las autoridades o servidores públicos que ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con funcionarios de dicha Comisión.
Artículo 5o. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán ser ágiles y expeditos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo a los principios de buena fe concentración y rapidez y se procurará en la medida de lo posible en contacto directo y personal con quejosos, denunciantes, autoridades o servidores públicos para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
El personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá dar trato confidencial a la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.
Artículo 6o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía, no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno.
CAPÍTULO II
De la integración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 7o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se integrará con un Presidente, un consejo, los visitadores que determine su Reglamento interno, los cuales auxiliarán al Presidente y lo sustituirán en sus ausencias, así como por el personal necesario para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 8o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles:
II. Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento.
III. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos así como del marco normativo vigente para el Distrito Federal en esta materia; y
IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio público además de no haber sido condenado por delito intencional o preterintencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Artículo 9o. El Presidente de la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación en su caso, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por las dos terceras partes de sus miembros presente.
El titular del Poder Ejecutivo Federal, para la formulación del nombramiento podrá, a través
del Jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitar opiniones de asociaciones y colegios y en general de entidades o de las personalidades que estime conveniente.
Artículo 10. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrado y confirmado en su caso, solamente para un segundo período en los términos del artículo anterior.
Artículo 11. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estará formado por diez ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad y cuando menos siete de ellos no deberán ocupar ningún cargo, comisión o empleo como servidor público. Al frente de ese órgano estará el Presidente de la Comisión.
El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario, con excepción del de su Presidente.
Cada año deberá ser sustituido el miembro de mayor antigüedad de dicho Consejo.
Artículo 12. Los miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y aprobados en su caso, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
El Consejo contará con un Secretario Técnico, quien será nombrado por el propio consejo a propuesta del Presidente de la Comisión y dará trámite a las resoluciones de dicho consejo en los términos que disponga el Reglamento interno.
Artículo 13. Los visitadores serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.
III. Tener título de licenciado en Derecho y contar con tres años de ejercicio profesional cuando menos:
IV. No haber sido condenado por delito intencional o preterintencional; y
V. Ser de reconocida buena fama.
Artículo 14. las funciones del Presidente y de los Visitadores son incompatibles con cualquier cargo, comisión o empleo públicos o privados o con el desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades académicas.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los Visitadores no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones que emitan o por los actos que realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos, que les asigne esta Ley.
Artículo 16. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad sólo por causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, el Presidente será sustituido interinamente por alguno de los visitadores, en los términos que señale el Reglamento Interno, en tanto se determina otro titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conforme al artículo 9o., de esta Ley.
CAPÍTULO III
De las atribuciones y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 17. son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.
II. conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local del Distrito Federal a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley.
b) Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Federal o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente
tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.
III. Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las autoridades o servicios públicos presuntos responsables, para la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
IV. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas:
V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal.
VI. Proponer a las diversas autoridades del Distrito Federal en el ámbito de su competencia la formulación de proyectos de las modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal redunde en una mejor protección de los derechos humanos.
VII. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en su ámbito territorial:
VIII. Expedir su Reglamento interno.
IX. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos.
X. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los centros de detención, de internamiento y de readaptación social del Distrito Federal estén apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico de reos o detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. Estas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que en la materia correspondan también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para su ejercicio se promoverá la instrumentación de los mecanismos de coordinación que sean necesarios al efecto.
XI. las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.
Artículo 18. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no podrá conocer de los casos concernientes a:
I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional;
III. conflictos de carácter laboral, salvo los actos u omisiones a que se refiere el último párrafo del artículo 19 de esta Ley; y
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos jurídicos.
Artículo 19. Para los efectos de esta Ley se entiende por resoluciones de carácter jurisdiccional:
I. las sentencias o laudos definitivos que concluyan la instancia;
II. las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso;
III. Los autos y acuerdos dictados por el Juez o por el personal del Juzgado o Tribunal u órgano de impartición de justicia, para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación jurídica o legal; y
IV. En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones anteriores.
Todos los demás actos u omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las fracciones anteriores, serán considerados con el carácter de administrativos y en consecuencia, susceptibles de ser reclamados ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
CAPÍTULO IV
De las facultades del Consejo y de los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 20. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Establecer los lineamientos generales para las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como las reformas al mismo;
III. Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
IV. Opinar sobre el proyecto del informe anual que el Presidente de la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe enviar en los términos del artículo 22 fracción VII, de esta Ley, así como de otros asuntos que le someta el propio Presidente, incluyendo el supuesto a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley;
V. Pedir al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, información sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión; y
VI. Conocer el informe del Presidente respecto al ejercicio presupuestal.
Artículo 21. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá en sesión ordinaria cada mes y en sesión extraordinaria mediante convocatoria de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria o a solicitud que le formulen por lo menos tres de sus integrantes, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.
Artículo 22. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Actuar como representante legal de la comisión;
II. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal de la misma.
III. Establecer las políticas generales que en materia de derechos humanos habrán de seguir la comisión ante los organismos nacionales e internacionales;
IV. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en la materia de su competencia;
V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las actividades de la Comisión.
VI. Distribuir y delegar funciones a los visitadores;
VII. Enviar anualmente un informe al titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sobre las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
VIII. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales para el mejor cumplimiento de los fines de la Comisión;
IX. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que resulten de las investigaciones efectuadas;
X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el Distrito Federal.
XI. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el correspondiente informe sobre su ejercicio, para ser presentado al consejo de la misma; y
XII. Otras que le señale la presente Ley y las que sean necesarias para el debido desempeño de su cargo.
Artículo 23. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá llevar al cabo reuniones con organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos legalmente constituidas, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión, considerando al efecto el listado que de las mismas integre dicha Comisión.
Artículo 24. Los Visitadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes;
I. Recibir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los afectados, sus representantes o los denunciantes.
II. Iniciar de oficio, discrecionalmente la investigación de las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación social y que sean de su competencia;
III. Efectuar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación la solución inmediata de las violaciones a los derechos humanos;
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su consideración y en su caso aprobación; y
V. Las demás que le sean conferidas en otros ordenamientos legales, reglamentarios y por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Artículo 25. Tanto el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como los visitadores tendrán en sus actuaciones fe pública, para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o denuncias presentadas ante dicha Comisión.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por fe pública la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se les atribuya en términos del artículo 43 de esta Ley.
Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará el funcionario correspondiente.
Artículo 26. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá constar con unidades desconcentradas para la atención y seguimiento de los asuntos de su competencia en los lugares que considere pertinente, según lo establezca su Reglamento Interno.
CAPÍTULO V
Del Procedimiento
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 27. Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas contra dichas presuntas violaciones, ya sea directamente o por medio de representante legal.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero; los hechos se podrán denunciar por cualquier persona, aun cuando sea menor de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos humanos, podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos.
Artículo 28. Las quejas y denuncias sólo podrán presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos o de que el quejoso o denunciante hubiera tenido conocimiento de los mismos, el plazo podrá ampliarse en casos graves a juicio de la Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
En casos de presuntas violaciones de los derechos a la vida a la libertad y a la integridad física y psíquica de las personas o de lesa humanidad, es decir, que atenten contra una comunidad o un grupo social en su conjunto, no contará plazo alguno.
Artículo 29. Para la presentación y atención de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en los casos que ésta considere urgentes todos los días y horas son hábiles.
Artículo 30. Las quejas se presentarán por escrito con firma o huella digital o datos de identificación y en casos urgentes o cuando el quejoso o denunciante no pueda escribir o sea menor de edad, podrán presentarse oralmente o por cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica, debiendo en este último caso rectificarse dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
Cuando los quejosos se encuentren privados de su libertad sus escritos deberán ser remitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según corresponda por los encargados de los centros de detención internamiento o de readaptación social del Distrito Federal o por la autoridad o servidor público de mayor jerarquía del lugar donde se encuentren los quejosos, asimismo podrán ser entregados directamente a los visitadores; de igual modo podrán presentar su queja por vía telefónica.
Artículo 31. La formulación de quejas y denuncias, así como los acuerdos y recomendaciones que emita a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder conforme a los ordenamientos
aplicables no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Artículo 32. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en todo caso orientará y apoyará a los quejosos y denunciantes sobre el contenido de la queja o denuncia y tratándose de personas que no entiendan correctamente el idioma español, les proporcionará gratuitamente un traductor.
Se pondrán a disposición de los quejosos y denunciantes formularios que faciliten el trámite.
En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan señalar a las autoridades o servidores públicos que consideren hayan afectado sus derechos, la queja será admitida si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos.
Artículo 33. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registrará las denuncias y las quejas que se presenten expidiendo un acuse de recibo de las mismas en su caso.
Cuando considere que la instancia es inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada se rechaza mediante acuerdo motivado que emitirá en un plazo máximo de diez días hábiles. No se admitirán quejas o denuncias anónimas.
Cuando notoriamente la queja o denuncia no sea competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se proporcionará al quejoso o denunciante orientación a de que acuda a la autoridad o servidor público al que corresponda resolver el asunto.
Artículo 34. Cuando el contenido de la queja o denuncia sea oscuro no pudiendo deducirse los elementos que permitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se requerirá por escrito al interesado para que la aclare en caso de no hacerlo después del segundo requerimiento, se archivara el expediente por falta de interés.
Artículo 35. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de su Presidente y previa consulta con el consejo, podrá declinar conocer de un determinado caso, si éste puede lesionar su autoridad moral o autonomía.
Artículo 36. Una vez admitida y registrada la queja o denuncia la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá ponerla en conocimiento de las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables y al titular del órgano del que dependan utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica, solicitando a las primeras un informe escrito sobre los actos u omisiones que se les atribuyan en la queja o denuncia.
El informe será rendido, en un plazo de quince días naturales, contados a partir de que la autoridad o servidor público reciba el relato de los hechos y el requerimiento por escrito. Si a juicio de la Comisión la situación es urgente dicho plazo podrá reducirse.
Artículo 37. En el informe mencionado en el artículo anterior la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable debe hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, la existencia de los mismos en su caso, así como los elementos de información que considere necesarios para la documentación del asunto.
Artículo 38. La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoya, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva para la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable de la queja o denuncia tendrá el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al dictar su recomendación tendrá por ciertos los hechos materia de la queja o denuncia salvo prueba en contrario.
Artículo 39. El Presidente de la Comisión Humanos del Distrito Federal o los Visitadores, podrán solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.
Dichas medidas pueden ser precautorias de conservación o restitutorias según lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 40. Admitida la queja o denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal procurará la conciliación de las partes siempre dentro del respeto a los derechos
humanos que se consideren afectados que de lograrse dará origen a la conclusión del expediente siempre que la autoridad o servidor público le acrediten dentro del término de quince días hábiles haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 41. Cuando la queja no se resuelva de manera inmediata, la Comisión iniciará las investigaciones del caso, para lo cual tendrá las siguientes facultades:
I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de derechos humanos, la presentación de informes o documentos complementarios;
II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores públicos documentos e informes, relacionados con el asunto, materia de la investigación;
III. Practicar visitas e inspecciones, mediante personal técnico o profesional;
IV. Citar a las personas que deban comparecer como testigos o peritos; y
V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.
Sección Segunda
De las Pruebas
Artículo 42. Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un expediente de queja o denuncia por presuntas violaciones a derechos humanos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá solicitar la rendición y desahogar todas aquellas pruebas que resulten indispensables con la sola condición de que éstas se encuentren previstas como tales por el orden jurídico mexicano.
Artículo 43. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones o bien que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal requiera y se allegue de oficio, serán valoradas en su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia y de la legalidad a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.
Artículo 44. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.
Sección Tercera
De los Acuerdos y Recomendaciones
Artículo 45. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puede dictar acuerdos de trámite, en el curso de las investigaciones que realice los cuales serán obligatorios para los particulares y autoridades o servidores públicos que deban comparecer o aportar información o documentos, y su cumplimiento traerá aparejadas las sanciones y responsabilidades señaladas en el Capítulo VIII de esta Ley.
Asimismo en el caso en que se compruebe que las autoridades o servidores públicos no hayan cometido las violaciones de derechos humanos que se les hubiesen imputado la Comisión dictará el respectivo acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 46. Concluida la investigación, el visitador correspondiente formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.
En el proyecto de recomendación se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes mencionados serán sometidos al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para su consideración y resolución final.
Artículo 47. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estudiará todos los proyectos de Recomendación y los Acuerdos de No Responsabilidad que los Visitadores presenten a su consideración, formulará las modificaciones las observaciones y las
consideraciones que resulten convenientes y, en su caso los suscribirá.
Artículo 48. La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija, asimismo no podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia.
En todo caso una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate deberá informar dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. En su caso, deberá acreditar dentro de los diez días siguientes que ha cumplido con la recomendación. El plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo requiera.
Artículo 49. La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.
Artículo 50. Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que hayan sido aceptadas por autoridades o servidores públicos resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos humanos la Comisión estará facultada hará investigar de oficio el área de actuación con que se relacionen dichas recomendaciones, para efectos de formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas en términos de la fracción VI del artículo 17 de esta Ley.
Artículo 51. La Comisión decidirá de manera discrecional si proporciona o no alguna prueba que obre en su poder y le sea solicitada.
Artículo 52. Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad se referirán a casos concretos; a las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.
Artículo 53. Contra los acuerdos, resoluciones definitivas o por omisiones o inacción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como contra el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la misma, los particulares podrán interponer los recursos de queja o de impugnación que se substanciarán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos según establezcan su Ley y su Reglamento.
Sección Cuarta
De las Notificaciones
Artículo 54. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal notificará oportuna y fehacientemente a los quejosos los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución de la misma, y en su caso el acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 55. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá publicar en su totalidad o en forma abreviada, las recomendaciones de la Comisión. En casos excepcionales podrá determinar si las mismas sólo debe comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias específicas.
CAPÍTULO VI
De los informes
Artículo 56. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal enviará un informe anual, al titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, al jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sobre las actividades que haya realizado en dicho período. Dicho informe será difundido de la manera más amplia para conocimiento general.
La difusión del informe a que se refiere el presente artículo estará a cargo tanto de la propia Comisión como de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 57. Los informes anuales del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán contener una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado los efectos de la labor de conciliación: las investigaciones realizadas las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen emitido los resultados logrados así como las estadísticas y demás datos que se consideren de interés.
Asimismo, el informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes.
Se informará también, sobre cada uno de los programas generales que la Comisión lleva a cabo.
Artículo 58. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá con el jefe del Departamento del Distrito Federal y los titulares de los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, para dar a conocer el informe a que se refiere el presente Capítulo.
CAPÍTULO VII
De las obligaciones y colaboración de las autoridades y servidores públicos.
Artículo 59. Todas las autoridades y servidores públicos en los términos del artículo 3o. de esta Ley, involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inclusive aquellos que no hubiesen intervenido en los actos u omisiones reclamados o denunciados, pero que por razón de su competencia, facultades y actividad, puedan proporcionar información pertinente deberán cumplir de inmediato con las solicitudes de la Comisión en tal sentido.
Artículo 60. Cuando las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentos afirmen que tienen carácter confidencial, comunicarán a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal las zonas para considerarlos así. En este supuesto la Comisión tendrá la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen la información o documentos la que manejará en la más estricta confidencialidad.
Artículo 61. Todas las autoridades y servidores públicos, colaborarán dentro del ámbito de su competencia con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
CAPÍTULO VIII
De la responsabilidad de las autoridades y servidores públicos
Artículo 62. Las autoridades o servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones indebidos en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Artículo 63. Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades o servidores públicos que deban intervenir o colaborar en las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no obstante los requerimientos que ésta les hubiese formulado la Comisión podrá rendir un informe especial al respecto.
La Comisión denunciará ante los órganos competentes los presuntos delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trata independientemente de las conductas o actitudes previstas en el párrafo anterior.
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión incurran en presuntas infracciones o en delitos serán denunciados ante la autoridad competente.
Artículo 64. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá asimismo solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones administrativas que procedan por las presuntas infracciones en que incurran las autoridades o servidores públicos durante y con motivo de las investigaciones que realice dicha Comisión. El organismo disciplinario informará a la Comisión acerca de las sanciones impuestas en su caso.
Artículo 65. Además de las denuncias de delitos e infracciones administrativas en que puedan incurrir autoridades o servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal esta tendrá a facultad de solicitar amonestaciones por escrito públicas y privadas, según el caso, al titular del centro de trabajo de aquellos.
CAPÍTULO IX
De la promoción y difusión de los derechos humanos
Artículo 66. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la promoción y difusión de una cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos, podrá:
I. Celebrar convenios con las dependencias y órganos referidos en el artículo 3o. de esta Ley tendientes a la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación en materia de derechos humanos.
II. Promover ante las autoridades competentes la celebración de convenios con la Secretaría de Educación Pública dirigidos al
fortalecimiento del contenido básico en materia de derechos humanos en los diversos ciclos educativos;
III. Elaborar material audiovisual para dar a conocer sus funciones y actividades; y
IV. Formular y ejecutar un programa editorial.
Artículo 67. En la celebración de convenios con el Departamento del Distrito Federal se atenderán sin exclusión de otras, aquellas áreas estrechamente vinculadas a los derechos humanos como la Secretaría General de Protección y Vialidad, el sistema de reclusorios y centros de readaptación social del Distrito Federal y juzgados calificadores.
Con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal los convenios considerarán fundamentalmente las actividades del Ministerio Público y de la Policía Judicial.
Artículo 68. Los órganos de seguridad pública y de procuración y de impartición de justicia incorporarán en sus programas de formación y de capacitación contenidos en materia de derechos humanos tendientes a su conocimiento y práctica.
Artículo 69. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá acceso en los términos de las leyes respectivas a la radio y televisión para la divulgación de sus funciones.
CAPÍTULO X
Del régimen laboral
Artículo 70. El personal que preste sus servicios en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará regulado por las disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria de dicho apartado, teniendo en todos los casos la categoría de empleados de confianza, debido a la naturaleza de las funciones que esta desempeñe.
CAPÍTULO XI
Del patrimonio y del presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 71. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al titular de la Secretaría encargada de esa materia.
Artículos transitorios
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales que requiera inicialmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, serán proporcionados por el Departamento del Distrito Federal, con cargo a su presupuesto.
Artículo tercero. El titular del Poder Ejecutivo Federal enviará a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su aprobación, el nombramiento del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo cuarto. El Presidente de la República enviará a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su aprobación los nombramientos de los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el término de los 115 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo quinto. Los primeros miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizará una insaculación para conocer el orden en que serán substituidos. La primera substitución conforme este ordenamiento, se realizará dentro de los primeros 6 meses de 1994.
Artículo sexto. El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será expedido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Artículo séptimo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrá conocer sobre presuntas violaciones a derechos humanos aun cuando se hayan realizado con la anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo octavo. La Secretaría de Gobernación dispondrá el mecanismo necesario para asignar del tiempo que al Estado corresponde en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, el respectivo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Recibo y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados.
OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTOS (I)
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
El ciudadano Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, ha tenido a bien nombrar a los ciudadanos licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución General de la República, acompañándoles con el presente el curriculum vitae, acta de nacimiento y cédula profesional de cada uno de los propuestos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 7 de enero de 1993. - El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
CONDECORACIÓN
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 16 de diciembre próximo pasado:
"El ciudadano licenciado Alfredo del Mazo, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España. Para tal efecto y a fin de que se integre en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunica que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1993. - El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El Secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el día 16 de diciembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de Fuerza Aérea piloto Aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Sergio Alejandro Escobar Juan (5564469), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo,
para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al transcribir a ustedes lo anterior y en atención a que la honorable Comisión Permanente se encuentra en su Primer Receso del Segundo año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura, envío con el presente la hoja de Servicios que en el mismo se cita, para los fines legales procedentes, y con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 5 de enero de 1993. - El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
NOMBRAMIENTOS (II)
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 6 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Sandra Fuentes - Beráin Villenave, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Gobierno de Canadá. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos de la interesada."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 7 de enero de 1993. - El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULAR
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Señor diputado: En mi carácter de ciudadano mexicano me dirijo respetuosamente ante usted, con el propósito de solicitar por su apreciable conducto al honorable Congreso de la Unión me sea otorgado permiso para ejercer, con base en Tampico, Tamaulipas, y en la jurisdicción del Estado de Tamaulipas, las funciones propias del cargo de cónsul honorario de Italia; nominación que el Gobierno de la República Italiana me ha concedido como se reporta en la fotocopia del documento que se anexa, emitido por la Embajada de Italia en la Ciudad de México.
Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva dar al presente, manifiesto a usted mi domicilio particular: sito en Avenida Madero Oriente 502 colonia Unidad Nacional, Ciudad Madero Tamaulipas 89410 en donde me encuentro a su disposición para la recepción de correspondencia concerniente a este asunto.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 1992. - Licenciado Juan Di Costanzo Zaragoza.»
Túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 24 de noviembre de 1992, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Otto Schwarz Marx, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará al Gobierno de Israel, serán de carácter estrictamente consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Otto Schwarz Marx, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 7 de enero de 1993. - Presidente diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario diputado Miguel Ángel León Corrales, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado José Antonio González Fernández, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de diciembre de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Elizondo Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Monterrey con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de Chile, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Elizondo Treviño, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Monterrey con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 8 de enero de 1993. - Presidente diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario diputado Miguel Ángel León Corrales, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado José Antonio González Fernández, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
El mismo Secretario:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de diciembre de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Gil Ortíz, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Gobierno de la República de Chile, en Veracruz, Veracruz.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de la República de Chile, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Gil Ortíz, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Gobierno de la República de Chile, en Veracruz, Veracruz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 8 de enero de 1993. - Presidente diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario diputado Miguel Ángel León Corrales, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado José Antonio González Fernández, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Padilla Ahumada:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 16 de diciembre de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Santa Mónica Urrea Enríquez, pueda prestar servicios como secretaria bilingüe en el departamento de agricultura, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesada prestará en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, serán como secretaria bilingüe en el departamento de agricultura.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional, y
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Santa Mónica Urrea Enríquez, para que pueda prestar servicios como secretaria bilingüe, en el Departamento de Agricultura en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 8 de enero de 1993. - Presidente Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario diputado Miguel Ángel León Corrales, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique
Cantú Rosas, diputado José Antonio González Fernández, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
El mismo Secretario:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 11 de diciembre de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Estela Galindo Navarro, pueda prestar servicios como secretaria en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Estela Galindo Navarro, para prestar servicios como secretaria, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México Distrito Federal, a 8 de enero de 1993. - Presidente diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario diputado Miguel Ángel León Corrales, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado José Antonio González Fernández, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Roberto Robles Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Tercera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión que suscribe se turnó el expediente formado con motivo de la designación que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o., de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, hizo el ciudadano Presidente de la República en favor de los ciudadanos licenciado Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
La Comisión dictaminadora desea destacar que de la revisión del expediente respectivo, se concluye que los licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda, cumplen con los requisitos previstos en el artículo 4o., de la Ley citada, pues los mismos acreditaron que son mexicanos por nacimiento; mayores de 35 años y menores de 65; que cuentan con el título de licenciado en derecho registrados por la dependencia facultada, con cédula profesional número 1028088 de fecha 29 de noviembre de 1985, número 525287 de fecha 3 de noviembre de 1978 y número 994025 de fecha 20 de junio de 1985, respectivamente; y tienen experiencia de más de cinco años en materia fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la consideración y aprobación, en su caso, de esta honorable, Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 3o. último párrafo de la Ley Orgánica
del Tribunal Fiscal de la Federación, aprueba los nombramientos expedidos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de los ciudadanos licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda, como magistrados de sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 11 de enero de 1993. - Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano, secretario senador Carlos Sales Gutiérrez, diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, senador Rogelio Montemayor Seguy, senador César Moreno Martínez de Escobar, diputado Efraín Zúñiga Galeana, senador Gustavo Salinas Iñiguez, senador Orlando Arvizu Lara, senador Oscar Cantú Zetina, diputado Manuel Díaz Infante.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias señor Secretario.
Encontrándose en uno de los salones contiguos a éste de sesiones de la Comisión Permanente los ciudadano licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda, cuyos nombramientos como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, acaba de aprobar esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa para que los introduzcan en este salón y los acompañen a rendir la protesta de Ley, a los legisladores: diputados Juan de Dios Castro Lozano y senador Orlando Arvizu Lara.
Les rogamos cumplir con este cometido.
El Presidente: Esta Presidencia ruega a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadanos Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda.
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrados de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien prosperidad de la unión?
Los ciudadanos licenciados Adalberto Gaspar Salgado Borrego, María de los Ángeles Garrido Bello y Dora Luz Campos Castañeda: - Si, protesto.
El Presidente: - Si no lo hiciéreis así, que la Nación os lo demande. ¡Felicidades!
Se ruega a la Comisión designada, acompañar a los magistrados, cuando deseen retirarse.
GOLFO PÉRSICO
El Presidente: - Continuamos con los diversos puntos contenidos aún en la agenda de esta sesión y concedemos el uso de la palabra al señor diputado José Antonio González Fernández, para presentar una declaración política respecto a los acontecimientos ocurridos recientemente en el Golfo Pérsico.
El diputado José Antonio González Fernández: - Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente:
México quiere un mundo de paz, y quiere un mundo en paz, porque México es un país de paz. México es un país de paz, en palabras del Presidente Carlos Salinas de Gortari, que precisamente se refirió así hace dos años con el conflicto que hoy renace en el Golfo Árabe Pérsico. Y México es un país de paz, porque lo ha probado así a lo largo de su historia, con hechos, en la práctica; México siempre ha antepuesto la negociación y el diálogo para dirimir conflictos entre naciones. Es un país, el nuestro, reconocido internacionalmente por ser pacifista, y además lo recordamos día a día en el frontispicio del recinto de la Cámara de Diputados: "Entre los Individuos Como Entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno Es La Paz".
Y por eso queremos hoy la paz en el mundo, ya que todos los aquí presentes, legisladores de los partidos políticos que forman parte de la Permanente, estamos consternados y preocupados por los sucesos del día de ayer en Irak.
Por ello es que nos hemos dado a la tarea de dialogar y de buscar y hacer un llamado, a través de una Declaración Política que hemos suscrito los partidos políticos, para el cese del fuego, de las hostilidades y de la guerra.
La guerra, señores diputados y señores senadores, integrantes de la Permanente, es una salida falsa a la solución de controversia; la guerra es un acto de barbarie y es un acto que debemos de reprobar todos. Por ello estamos en contra de la intervención y estamos en contra de soluciones armadas a conflictos entre naciones.
Dicho lo anterior y reconociendo que en este punto todos coincidimos en los partidos políticos, aunque en algunos aspectos con ópticas distintas, hemos podido lograr una declaración política que a nombre de los mismos voy a dar lectura, en la inteligencia de que como lo he señalado, tenemos, como lo he dicho también, posiciones particulares sobre este tema:
"Declaración Política de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión Sobre la Situación del Golfo Árabe - Pérsico.
Expresamos la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realice un esfuerzo serio y eficaz para la solución global de la crisis existente entre Irak - Kuwait y las fuerzas multinacionales para garantizar una paz basada en la justicia y en el respecto internacional, lo cual es una exigencia impostergable.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de enero de 1993. - Por el Partido Revolucionario Institucional, senador Humberto Lugo Gil, diputado Fernando Ortíz Arana y diputado José Antonio González Fernández; por el Partido Acción Nacional, senador Héctor Terán Terán; por el Partido de la Revolución Democrática, senador Roberto Robles Garnica; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos E. Cantú Rosas; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Israel González Arreguín; por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo."
Señor Presidente: Dejo el documento para los efectos pertinentes. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado. Esta Presidencia les informa, señores legisladores, que tenemos registrados a varios compañeros para participar respecto al contenido de esta Declaración Política, y son los siguientes:
El senador Héctor Terán, del Partido Acción Nacional; el senador Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; y el senador Ángel Ventura Valle, del Partido Revolucionario Institucional.
Concedemos la palabra al senador Héctor Terán Terán, para referirse al asunto contenido en la Declaración Política.
El senador Héctor Terán Terán: - Integrantes de la Comisión Política; personas que nos acompañan:
Hoy nos toca, en esta tribuna, hablar de otra tragedia más en nuestro mundo, ocasionada por la violencia que es la definitiva comprobación de que el diálogo no ha sido efectivo, ni que se han respetado las reglas del derecho internacional.
Ese país vive una doble tragedia; el de verse masacrado por una tiranía interna, y el de verse masacrado por una coalición de fuerzas externas, que no han podido alcanzar la negociación a través del diálogo.
Y esto es grave para el pueblo iraquí; para este pueblo que está sufriendo los estragos, en muchas ocasiones, de los intereses que detrás de esas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se toman. Porque a lo largo de los días, después de la terminación de la guerra mundial, cerca de 300 conflictos, violentos y de guerras, se han realizado y siempre han sucedido en los países atrasados, en los países que no tienen una economía desarrollada y estable.
A los altos niveles no ha habido grandes conflictos, no ha habido problema; porque existe, desgraciadamente, el tráfico del armamentismo, el tráfico de la tecnología para crear instrumentos de guerra, que es el 70% de las transferencias que hay en el mundo, cuando las otras transferencias, las que van buscando el mejoramiento de la sociedad, de la producción, de la economía, para elevar y mejorar la vida del hombre, no se ven con la frecuencia que se ven las otras transferencias tecnológicas.
Este es un esquema donde las fuerzas externas atacan a un país; que es atacado todos los días por un Gobierno antidemocrático y dictatorial. Y proviene también de una constitución de organismos internacionales surgidos de una guerra mundial, pero que no han dejado en libertad a los pueblos que manejen sus decisiones en esos organismos.
¡Nos oponemos al veto que existe en el Consejo de Seguridad! Y proponemos la democratización de las decisiones de las Naciones Unidas, como camino para acabar con el hegemonismo y con la prepotencia de los poderosos para influir en los países, como decía hace unos momentos.
Y todavía existen fuerzas que se resisten, porque viven de la economía de guerra. Cuando un país de los poderosos dice: "Vamos a bajar el presupuesto de defensa", surgen movimientos de resistencia, porque se benefician con la existencia de la industria militar. Surgen movimientos de resistencia de los que están coligados con fuerzas opositoras violentas de los otros países. Surgen fuerzas que impiden que ese presupuesto, que ese valor, que esos recursos económicos sirvan para bajar fundamentalmente los déficits tremendos de las potencias mundiales; que en la medida que crecen, es en la medida que impiden que los otros países puedan desarrollarse, porque requieren de instrumentos de inversión externa para poder iniciar un proceso de despegue económico.
Es también la economía de guerra metida en estos asuntos. Es cuestión también de libertad, porque implica el reconocimiento de la autodeterminación en un sistema democrático, donde se respete la voluntad del pueblo. Es también cuestión de derechos humanos. Es cuestión del reconocimiento de la dignidad de la persona que tiene inteligencia, voluntad para poder determinarse en lo personal y en lo colectivo.
Por eso, apoyamos esta declaración que se acaba de leer. Hacemos votos porque los ciudadanos del pueblo, los ciudadanos de la humanidad, los gobiernos conscientes de lo que es esta violencia para la paz y la tranquilidad del mundo, se unan a esta declaración, declaración, como lo dijo el diputado, declaración de paz, de paz, que es la tranquilidad en el orden y es a lo que aspiramos quienes militamos dentro de las filas de Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor senador.
Ahora, concedemos la palabra al señor senador Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Roberto Robles Garnica: - Señor Presidente, honorable Asamblea:
Ayer, 13 de enero, fue una vez más víctima de bombardeos por fuerzas de Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia, el país iraquí. Se sabe que 100 aviones durante tres horas arrojaron centenares de toneladas de explosivos sobre un territorio que no pudo exhibir capacidad de defensa.
El señor Bush, a punto de dejar el cargo, no quiso irse sin añadir a sus glorias guerreristas una agresión más a Irak. Irak no es un país tan distante para que sus desgracias nos sean ajenas, porque si él, el país agredido está en el Medio Oriente, ayer fue Panamá y mañana puede se cualquier otro país que esté en la mira imperial del complejo político - militar de Estados Unidos de América.
La decisión de ayer fue procedida por una campaña de distorsión de las acciones del Gobierno iraquí, campaña apoyada en una imposición inmoral que creó una zona de exclusión que de hecho divide a ese país en tres partes.
Los representantes iraquíes han declarado en las Naciones Unidas que no tienen ninguna intención de probar la posición del Presidente electo Clinton. Luego entonces, no había ninguna justificación para el bombardeo bárbaro de ayer.
El comandante en jefe del Estado Mayor conjunto de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América, declaró textualmente que "ellos son la última esperanza de la tierra y que asumen esa responsabilidad". Reafirman así que son el gendarme del mundo. Esta posición militar ha sido rechazada por toda las fuerzas humanitarias del planeta. Nadie acepta que los militares norteamericanos que están en el interés exclusivo de defender su preeminencia en su país, sean quienes tengan orden en los problemas internos de países ajenos.
Viene al caso hablar de esto, porque pareciera ser que hay compatriotas que pudieran olvidarlo y que supongan que en Estados Unidos de América hay fuerzas preeminente con las cuales se puede negociar todo de buena fe. Estados Unidos de América han tenido y tienen y lo más probable es que tendrán solo intereses en el mundo, no amigos, ésa es una frase acuñada por un jefe de Estado norteamericano hace muchos años y sigue teniendo validez, cuantas veces se olvida esto, se puede cometer un error, México tiene que seguir manteniendo su política internacional que le dio prestigio e hidalguía en el pasado, ésa es su mejor defensa, tener una política internacional consecuente con su mejor tradición, es una de las armas mejores para preservar la soberanía nacional y para estar siempre en posición de negociar todo con dignidad; por ello el problema iraquí hoy, el problema de Granada y Panamá antes, fueron problemas de México
como son problemas de todos los países que no pueden evitar las consecuencias de estar sufriendo a diario la injerencia y las imposiciones discretas, encubiertas o abiertas de los intereses norteamericanos, ésa no es una posición antiyanqui por vocación, ésa es la realidad de ese país, cada vez que los gobernantes, los funcionarios y los particulares o los jefes políticos de nuestro país van a Estados Unidos de América, debieran tener presente siempre esta realidad, no equivocarse, no confundirse, no pensar que las cosas han cambiado, los intereses de los círculos gobernantes norteamericanos de hoy son los mismos intereses de ayer.
Yo termino haciendo una reflexión, ciertamente no podemos evitar la frontera, con sus miles de kilómetros, no podemos evitar el intercambio, hasta hay que fomentarlo, pero siempre teniendo presente con quién se está negociando, con quién se está hablando para nunca hacer concesiones que sean lesivas al interés nacional.
Nosotros apoyamos la declaración política que se dio a conocer no obstante su gran suavidad, porque el gran problema ya es que las Naciones Unidas ya no representan los intereses de la comunidad internacional, la estructura del Consejo de Seguridad de la Asamblea General son estructuras que derivaron de la Segunda Guerra Mundial y que correspondieron a las necesidades de la época, que ya no son las de ahora; el Consejo de Seguridad ya no es sino el coto cerrado de las maniobras de la política internacional de Estados Unidos de América, México no tiene por qué aceptar eso, es tiempo de que nuestro país no tan solo declare, como lo ha hecho, que está en favor de la democratización de las Naciones Unidas, sino que debe promover en diversos foros, en todos los que pueda, que esa democratización debe realizarse para que el Consejo de Seguridad sea lo que ahora es, el centro generador de las guerras actuales. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor senador; concedemos la palabra al señor diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su venia señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros legisladores:
La guerra en todos los momentos de la historia del mundo no ha sido otra cosa más que destrucción y exterminio; no ha sido más que pretexto de las fuerzas poderosas del momento para extender el dominio sobre los pueblos del mundo.
La acción militar de Estados Unidos de América y sus aliados ocurrida el miércoles 13 de enero sobre Irak, adiciona nuevos factores de incertidumbre para la paz internacional. Esta intervención muestra una actitud agresiva por parte de los norteamericanos, muestra una posición regresiva a los adelantos que los pueblos del mundo habían alcanzado en la solución de los conflictos.
Nosotros consideramos que la claridad de diseñar un nuevo orden mundial que permita resolver pacíficamente las controversias entre las naciones debe ser defendida por los mexicanos, porque no es la soberanía bélica el método apropiado para encarar las diferencias entre los países; ésta alimenta la desazón y cultiva el rencor del que se benefician los nuevos aspirantes a posiciones hitlerianas.
La esperanza que abrió la práctica desaparición de la bipolaridad estratégica no ha sido aprovechada. Por desgracia el polo que frenaba las ambiciones guerreras del vecino del norte, resultado de su crisis, no sólo no ha cumplido un papel de freno al polo sobreviviente; la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cumple un penoso desempeño de apoyo a la política desestabilizadora de Estados Unidos de América y sus aliados.
Con el empleo de las naciones Unidas en la cobertura legal de estas acciones, presenciamos situaciones que bien pudieran convertirse en nefastos precedentes para las relaciones internacionales; instrumentos de la pacificación están siendo utilizados para convalidar agresiones militares como las ocurridas contra Irak.
Hace dos años presenciamos uno de los más salvajes hechos de guerra, presenciados por el hombre en cualquier época. Millones de toneladas de bombas fueron lanzadas sobre Irak, y el único objetivo era obligar a que su líder Saddam Hussein, decían, desalojara Kuwait. Millones de personas padecieron las tremendas consecuencias de los desvaríos de los mercaderes de la guerra, la acción de entonces sobrepasó con mucho los propósitos originales de la acción aprobada por la Organización de las Naciones Unidas; no sólo se expulsó a las fuerzas militares de Irak de su vecino, so sólo se expulsó a las fuerzas militares, sino que se le humilló al pueblo iraquí y se le obligó a reconocer una partición de su territorio.
Se interfirió en los asuntos internos estimulando a las fuerzas de secesionistas de ese país árabe, de esa manera quedó claro que el propósito de
Estados Unidos de América y de sus socios políticos y rivales comerciales, era consolidar el control económico de la región, el área petrolera más rica del planeta; el cumplimiento del derecho sólo fue un ardid, como nuevamente en la misma situación fue enarbolado ayer.
No es cierto que sea el criterio de cumplimiento cabal del derecho internacional lo que motiva este tipo de acciones. Si esto fuera cierto, se aplicarían actitudes similares en el caso del conflicto de Israel - Palestina. Todos sabemos que existen resoluciones de las Naciones Unidas para el Medio Oriente, que no han sido acatadas por Israel, precisamente porque Estados Unidos de América y sus aliados han aplicado su antidemocrático derecho de veto.
Nos preguntamos: ¿dónde queda pues la actitud de firmeza de las principales potencias para hacer valer los derechos del pueblo palestino para tener un Estado y un territorio propio?
No más bombas en Irak. Con más bombas en cualquier país, no se resolverán los problemas de la región, por el contrario, se fomenta la rivalidad y animosidad en la zona. Se debe cuidar que se propaguen estas dificultades a los focos conflictivos de Europa del este. El mundo perdería si se establecieran vasos comunicantes entre las corrientes fundamentalistas de Europa y de Asia. La paz global se pondría en entredicho. No se debe jugar con fuego. Las dificultades entre las potencias industriales no deben ser resultas mediante el distraccionismo guerrero. Perderíamos todos.
En nuestra tradición histórica contamos con principios de política exterior que deben ser aprovechados. El principio juarista de solución pacífica de los problemas entre las naciones, debe ser impulsado. En este caso debemos tener una postura categórica, debemos pronunciarnos para que nuestro país haga un llamado a las partes y resuelvan, por caminos diplomáticos, sus diferencias.
Debemos cuidar muy celosamente que las Naciones Unidas se conviertan en instrumentos de guerra. Nosotros no podemos permitir que esto suceda, porque se están desvirtuando sus principios pacíficos. Este organismo internacional debe ser democratizado. La conformación orgánica inicial perdió sentido con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Debe desaparecer el Consejo de Seguridad tal como hoy se encuentra. Ninguna potencia debe gozar del derecho de veto; su estructura y funcionamiento deben estar acordes con la realidad de un mundo multipolar. Debe acabarse la prepotencia del bloque vencedor de la guerra fría.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción nacional, condena la agresión militar a Irak y convoca a las partes a la solución pacífica de las controversias. Respaldamos en todo lo que vale la propuesta que se hizo inicialmente por el análisis de este conflicto, y respaldamos el que nuestro Gobierno se pronuncie en las Naciones Unidas, para que cese esta campaña militar en contra de Irak. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros de la Comisión Permanente:
Hay algunos antecedentes inmediatos del hecho lamentable que hoy estamos comentando. El mes pasado de 1992, las agencias de prensa que difunden las opiniones del Gobierno norteamericano, con intensidad declararon que se estaban dando concentraciones de tropas iraquíes en la zona norte de ese país; sin embargo, se trata de versiones unilaterales.
Estados Unidos de América mandó aviones militares a lanzar bombas incendiarias en zonas agrícolas y conjuntos residenciales en varias zonas del norte de Irak, violando el espacio aéreo de ese país.
El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América, declaró que era probable que Irak llegara a tener material nuclear en un tiempo próximo de cinco a siete años. Esta versión del director de la Agencia Central de Inteligencia, contrasta con los informes que han dado los equipos de la Organización de las Naciones Unidas, los informes oficiales de la organización de las naciones Unidas, que son fruto de más de mil visitas de los técnicos y expertos de esa organización que recorrieron el territorio iraquí, en cumplimiento de la Resolución 687 de la Organización de las Naciones Unidas.
Estos informes, producto de esos recorridos, de esas más de mil visitas, llegan a la conclusión de que el programa nuclear de Irak está en cero. Así, pues, tenemos una serie de versiones unilaterales que chocan con los informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas.
Esa serie de versiones unilaterales son las que dan pie al hecho que ocurrió anoche: una fuerza combinada aérea de 100 naves pertenecientes a Estados Unidos de América, a Francia y a Inglaterra, realizaron una incursión bélica y bombardearon territorio iraquí.
Estados Unidos de América y sus dos aliados declaran que fue una acción justa, y que volverán a emplear la fuerza cuantas veces sea necesario para obligar a Hussein a cumplir los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas, contenidas en el Acta 688 de 1991.
Irak por su parte explica que los movimientos de tropas en la zona sur del paralelo 32, incluyendo la entrada a una parte del territorio Kuwait, es en cumplimiento de un acuerdo específico celebrado con el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, Bhutros Ghali, de disponer de un plazo, que terminaría el día 15 de enero próximo, para retirar sus emplazamientos de armas en toda la zona al sur del paralelo 32.
Estamos pues ante un problema que tiene dos vertientes. El primero que salta a la vista, el primer aspecto que salta a la vista, es que estamos frente a una acción de carácter unilateral, unilateral; no se trata de la realización de ninguna acción acordada por ningún órgano multinacional; no hay ninguna decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni de órgano alguno otro, para que se realizara esa acción bélica. Es una acción decidida por un Gobierno en particular, el de Estados Unidos de América, contando con el apoyo de dos más, que agreden a un país, sin base alguna.
Así, el agonizante Gobierno de George Bush, agrega una acción bélica más a los más de 200 conflictos de ese carácter, que tenemos que lamentar los seres humanos en lo que va de este siglo.
Nuevamente el Gobierno de Estados Unidos de América, asume la posición de Gran Garrote, la política de Gran Garrote, aquella vieja política, reprobada y repudiada por todos los pueblos del mundo.
Aquí se han usado calificativos fuertes por varios de los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra; se ha comparado a Bush con Hitler. No es exagerada la comparación. Otra vertiente del problema es el asunto del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, que nada tiene que ver con esta acción en particular, con la que hoy estamos lamentando y que, reitero, es una acción puramente unilateral, una intervención clara y concreta, una agresión clara y concreta de un conjunto de tres países, encabezados por uno en especial: Estados Unidos de América, contra Irak. Sin embargo, el Consejo de Seguridad creó el antecedente, y, en efecto, es lamentable y aquí afortunadamente veo que hay consenso en ese aspecto, creó el antecedente al llegar a la resolución que nada tienen qué ver con la esencia de la Organización de las Naciones Unidas con el hecho para el cual fue creada esta Organización.
La Organización de las Naciones Unidas fue creada para presentar la paz, para buscar la solución negociada de los diferendos. Se trató de encontrar nuevas fórmulas y nuevos mecanismos de organización, dado que la organización que antecedió a la Organización de las naciones Unidas había resultado incapaz de detener las acciones bélicas, de cumplir esas viejas aspiraciones de la humanidad para erradicar la amenaza de la guerra de la faz de nuestro planeta.
Sin embargo, en la etapa reciente el Consejo de Seguridad ha recurrido al mecanismo que podríamos decir "de querer apagar el fuego por medio de arrojarle galones de gasolina". Este procedimiento nada tiene qué ver, reitero, con la esencia de la Organización de las Naciones Unidas; ya no es la búsqueda de la solución pacífica de los diferendos; ahora se aprueban acciones bélicas, supuestamente para evitar la guerra, supuestamente para evitar la guerra; guerra para evitar la guerra, ¡qué absurdo!
Bien puede decirse que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el actual panorama mundial, se ha convertido en el nuevo ministerio de colonias de Estados Unidos de América o en una extensión más del Pentágono, simplemente un instrumento para llevar adelante la política unilateral bélica, que nada tiene de pacífica, de esa potencia norteamericana.
En el fondo de todo este problema, compañeras y compañeros, desde sus orígenes hace dos años y nuevamente hoy, no cabe duda alguna de que está el interés por el control del mercado petrolero mundial. Así lo denunciamos en su momento y, sin duda, ese sigue siendo el fondo del asunto.
En la región del Golfo Arábico Pérsico se concentran poco más de dos terceras partes de las reservas probadas de petróleo del mundo en nuestros días; entre el 72% y el 73%, para ser más precisos, de esas reservas.
Interesa fundamentalmente al Gobierno de Estados Unidos de América tener el control de
esas reservas, para seguir ejerciendo una posición hegemónica en la determinación de los precios del petróleo en el mercado mundial. Ese, y de ninguna manera ninguna consideración de orden humanitaria ni democrática, es lo que ha movido hace dos años ya, y hoy nuevamente, a Estados Unidos de América a una acción semejante, equiparable a la que realizaron contra Granada, a la que realizaron contra Panamá y a las muchas que a lo largo de la historia han realizado contra nuestro propio territorio nacional y contra el pueblo de México.
El imperialismo sigue siendo el imperialismo.
Urge el cese de las hostilidades. No se valen las agresiones unilaterales de ninguna manera. Debemos condenar eso con toda energía y decisión. Muchas gracias.
El Presidente: - Antes de conceder la palabra al siguiente orador, esta Presidencia informa que está presente también en esta sesión el señor diputado Adrián del Arenal en sustitución del diputado Víctor Orduña.
Concedemos la palabra ahora del señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores senadores, señores diputados:
El principal foco de tensiones en el Medio Oriente es el Golfo Pérsico. Desde el año de 1991 en que estalló la Guerra del Golfo Pérsico confrontó a las potenciales occidentales encabezadas por Estados Unidos de América contra el régimen de Saddam Hussein en Bagdad por la invasión del territorio de Kuwait, nación petrolera proveedora de Francia, Inglaterra y Estados Unidos de América.
Después de la Guerra del Desierto continuaron las tensiones diplomáticas entre Irak y Estados Unidos de América, primero en una serie recíproca e interminable de amenazas que fueron la constante de las relaciones sostenidas entre ambos países durante todo el año de 1991.
Lógicamente la tensión era romperse por el punto más difundido de la situación, la cuestión de los arsenales defensivos de Irak que lógicamente mantuvieron en un clima de predisposición a Estados Unidos de América y sus aliados atlánticos, empleando presiones y denuncias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, Consejo que ha manifestado más de una vez su tendencia obediente a los intereses de Estados Unidos de América en la zona del Medio Oriente. Ni el bloqueo comercial, ni las sanciones económicas, ni las amenazas veladas de compeler a Irak a acatar las recomendaciones y acuerdos del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, han servido para contener el clima beligerante y las negociaciones que constituían el último dique que contenía la presión militar que fue rota el día de ayer, 13 de enero de 1993, con el sorpresivo ataque multinacional a las posiciones defensivas de los iraquíes.
Desde fines de noviembre del pasado año, un portaaviones de la marina americana, un crucero, un destroyer y 10 navíos combinados de Francia y Gran Bretaña como convoy de refuerzo, entraron en el Estrecho de Ormuz y se apostaron en el Golfo Pérsico frente a la costa de Kuwait para lanzar el ataque. Bush dio la orden de realizar el ataque y a las pocas horas de producido el incidente, Clinton emitió un comunicado apoyando la decisión de la administración de Bush.
Los conflictos bélicos en Medio Oriente han tenido siempre un común denominador, las ambiciones de occidente por controlar el petróleo y los hidrocarburos que apesar de la era cibernética y nuclear que el mundo vive, siguen siendo un factor estratégico de denominación.
Estados Unidos de América, se ha dicho en repetidas ocasiones en esta tribuna, no tiene amigos sólo intereses. Nosotros, a través de la historia, en varias ocasiones hemos sufrido sus intentos expansionistas y hegemónicos, considerándose patrones del mundo, han aplicado en contra de muchas naciones la política del big stick o gran garrote y a la fecha en sus amplios territorios todavía se reencuentran representantes de un vergonzoso pasado que consideran que los intereses que sostienen la soberanía de una nación, pueden defenderse tan ampliamente como el alcance de la boca del fuego de sus cañones.
Esto parece confirmarse cada vez que pretende imponer su dominio sobre alguna nación, con el argumento de la fuerza no siempre con el de la razón. Irak, un pueblo musulmán, ha venido siendo blanco de las hostilidades bélicas de Estados Unidos de América y para ello ha contado con una especie de complicidad del Consejo de Seguridad de las Organizaciones Unidas, cuya sede se encuentra en Nueva York.
Con tal circunstancia se ha logrado concitar el apoyo de otras naciones como ocurrió con la llamada de la Guerra del Desierto.
El papel que debería de desempeñar la Organización de las Naciones Unidas, no es el de fungir como celoso guardián de los intereses de algún país en especial, sino para luchar porque reine la paz, el respeto al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos, la concordia entre las naciones. Sus esfuerzos deberían ser encaminados hacia ese objetivo concreto y no de imponer o tratar de imponer por la fuerza el dictado y las órdenes que emanan de la Casa Blanca.
Hoy, ante una nueva embestida de las tropas norteamericanas en contra del pueblo iraquí, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se suma al clamor mundial y al rechazo de los países que como México son amantes de la paz, están expresando por todos los confines de la tierra que cese la violencia y la guerra; que las tropas norteamericanas abandonen territorios extranjeros y que se busque en el seno de las Naciones Unidas y de otros organismos internaciones, cuya misión es lograr la concordia mundial, soluciones pacíficas, justas y satisfactorias que alejen el peligro de una nueva conflagración mundial que dado el enorme avance del armamentismo, sería tal vez la última en nuestro planeta.
En tal circunstancia y por las razones expuestas, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha firmado el punto de acuerdo que al inicio de esta sesión fue dado a conocer a todos ustedes. Muchas gracias señores.
El Presidente: - Concedemos la palabra para finalizar este debate en los términos del registro que tiene esta Presidencia, al senador Ángel Ventura Valle, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Ángel Ventura Valle: - Con su venia, señor Presidente; señores legisladores:
Diversos planteamientos se han hecho aquí en torno a la declaración política presentada por la fracción parlamentaria de mi partido sobre la crisis existente en Irak.
Coincidimos plenamente con lo aquí expresado por los señores legisladores de diversas fracciones parlamentarias en torno al conflicto del Golfo árabe - asiático, en que es un asunto que reviste un gran riesgo en contra de la paz mundial.
Nuestro país, como aquí se ha dicho y bien dicho, es una nación con una larga tradición de paz y ha promovido ante la comunidad de naciones, el respeto al derecho internacional como el mecanismo idóneo para garantizar la paz y la estabilidad.
Los principios fundamentales de nuestra política exterior establecen el respeto a las normas del derecho internacional de la cooperación y concertación entre las naciones, y a la solución pacífica de controversias, y se opone al uso de la fuerza.
Nuestras tesis juaristas son la fuerza moral que guía la política exterior de nuestro país.
Coincidimos en que la Organización de las Naciones Unidas se reforme con objeto de democratizar sus órganos y hacerla más efectiva, para promover y conservar la paz en un ambiente de equidad y desarrollo de todos los pueblos del orbe.
Es por eso que apoyamos la declaración política sobre el conflicto en oriente, y hondamente preocupados hacemos un llamado urgente al cese de las hostilidades, a la búsqueda de una solución pacífica de controversias y a una solución por la vía diplomática en dicho conflicto. Muchas gracias.
ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente: - Pasamos a otro asunto, señoras y señores legisladores, y concedemos la palabra al señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política en el Estado de Yucatán.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores miembros de la Comisión Permanente:
Yo no diría que voy a referir con toda su amplitud a la situación política del Estado de Yucatán; hacerlo distraería muchas horas del tiempo de que dispone esta Comisión Permanente. Es un Estado donde ha habido represión de parte del Gobierno estatal. Y si digno de parte del Gobierno estatal una represión que imputo directamente a la titular del Poder ejecutivo: gobernadora interina del Estado.
Ha habido muchos incidentes entre el gobierno del Estado y los grupos de oposición. Podría referirme también a la situación económica que priva en el campo yucateco; y lo haré incidentalmente,
porque toca uno de los puntos que motivan mi intervención en la tribuna de la Comisión Permanente ante los legisladores que la integran.
Señores, en el Estado de Yucatán por el agotamiento de la estructura fincada en la explotación del henequén, el Gobierno Federal decidió tomar una serie de medidas con el propósito de buscar salidas alternas; medidas que afectaron a buen número de familias del medio rural del Estado de Yucatán, sobre todo a aquellas que estaban estrechamente vinculadas en su economía, con la explotación del henequén, esta decisión del Gobierno Federal, como muchas de las que ha tomado en los últimos años, cuando no se dan cauces o medidas alternativas para mejorar la economía de quienes resultan afectados con esas medidas.
No voy a profundizar sobre el estudio económico que dio lugar a la medida. El hecho es que resultaron afectadas familias que cuando menos implican afectación económica en 62 de los 106 municipios del Estado de Yucatán.
No soy del Estado de Yucatán. No soy originario del Estado de Yucatán. Soy diputado de la nación y el problema que voy a tratar vinculado con este tema, todos ustedes, señores senadores y diputados, estarán de acuerdo conmigo, después de que termine mi exposición, de que debe existir una preocupación especial por la situación específica del caso concreto que voy a exponer:
La decisión de los campesinos yucatecos ante esa medida del Gobierno Federal, cuando no ha habido una situación previa de convencimiento; cuando no se han establecido medidas alternativas que puedan suavizar el impacto, evidentemente fue la de manifestar su descontento. Y manifestarlo públicamente, porque quiero decirles que aveces se dice que somos los diputados y los senadores de la República, la voz del pueblo de México. Pues yo quiero, señores, decirles que el problema no es de voz; el pueblo de México, hasta el más modesto mexicano, tiene voz y muy fuerte; el problema es de oído; de escuchar esa voz cuando la protesta va dirigida a los órganos del Gobierno. Esas manifestaciones se empezaron a dar con mayor frecuencia, ¿fueron 100, fueron 200, fueron 300 manifestantes? Yo siento que el número de manifestantes no es lo determinante, sino la justicia de su reclamo. El derecho de uno, la situación de un mexicano, de uno sólo, que no encuentra en la comunidad en que vive, los medios para desarrollarse en plenitud, debe interesarnos a todos los legisladores.
El problema, señores, como se da en muchas ocasiones, como se dio en Jalisco, con un gobernador cavernícola, como se ha dado a veces en San Luis Potosí, cuando han estado en el Poder Ejecutivo titulares que no encuentran en el diálogo la vía de solucionar los problemas, sino que la vía la encuentran en la represión, bueno, pues la señora gobernadora del Estado encontró como medio para tratar de contestar, de dar respuesta a los reclamos de sus conciudadanos yucatecos, la represión. Una represión que se llevó a cabo el 25 de junio de 1992; una represión donde golpeadores enviados por el Gobierno del Estado, protegidos por la Policía Judicial del Estado de Yucatán, disolvieron la manifestación de los campesinos inconformes.
Y claro, señores, las declaraciones de las autoridades es que no podemos permitir que se altere la paz social; que no podemos, señoras y señores, permitir el quebrantamiento de la Ley, y por supuesto, señoras y señores, de los manifestantes fueron detenidos más de 40 el día 25; detenciones sucesivas en los días subsecuentes. Se integraron con una rapidez extraordinaria las averiguaciones previas por parte del Ministerio Público Federal, y por supuesto, su dirigente, su líder de los manifestantes, Sederino Salazar, se ejercitó acción penal en su contra, porque ustedes y yo sabemos que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público Federal, y hubo, según el Gobierno estatal y según el Ministerio Público, delitos que se cometieron en esa manifestación por parte del dirigente.
¿Qué delitos? Antes era: disolución social en el plano federal, era el arma del Gobierno Federal cuando se trataba de reprimir las manifestaciones que periódicamente se realizaban. ¡No!, señores, los códigos penales de los estados, en Yucatán se llama: Código de Defensa Social, ya traen un catálogo de delitos; en toda la República existen. Se pueden adecuar las conductas de los manifestantes a los tipos contenidos en el Código Penal: Asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, motín... Hay muchas figuras delictivas en el Código Penal.
Pero aquí, señoras y señores, se hizo consistir entre otros muchos, el delito de lesiones; lesiones que ponen en peligro la vida. Y uno de los lesionados, el que resulta principalmente ofendido, es el señor Nicomedes Chan Uc, quien resultó lesionado con motivo, se dice, de las agresiones de que fue objeto en esa manifestación del 25 de junio de 1992.
¿Que tipo de lesiones sufrió el señor Chan Uc? Bueno, señores, están muy descritas en el certificado
médico de lesiones que obra en el proceso, que obra en el sumario penal: traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, dice el certificado médico. Una de las lesiones que le provocó conmoción cerebral, pérdida de la conciencia durante un lapso que no se determina en el certificado médico de lesiones.
Y por supuesto, señoras y señores, aparece en la averiguación previa la declaración del ofendido. Donde acusa, precisamente, al dirigente de los manifestantes y a otros más de ser los causantes de las lesiones. Fue sometido a puntapié, golpes, lesiones graves, que originaron su hospitalización. ¡Y al líder de los manifestantes, por supuesto, señores, se le decretó formal prisión!
Dice la Constitución que para el auto de formal prisión se requieren datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Probable. No voy a discutir en este momento el problema de la prisión preventiva. No voy a convertir en tema de esta intervención el aspecto jurídico del proceso penal.
Yo pienso que el juez, quizá, decretó conforme a la Constitución el auto de formal prisión, apegado a las pruebas de sumario. Quiero darle al señor juez la duda, la duda de no estar involucrado en la consigna del Gobierno estatal.
Pero lo que yo vengo a afirmar, señoras y señores, en esta intervención, es lo que vengo a afirmar, señoras y señores, es no la buena fe del Ministerio Público; la mala fe del Ministerio Público Estatal del fuero común. ¡La vinculación de responsabilidades entre el Agente del Ministerio Público que integró la averiguación, con la del titular del Poder Ejecutivo! ¡La intervención de los médicos legistas que formularán el certificado médico de lesiones! ¡Que establecieron lesiones que ponen en peligro la vida y que impiden, señores legisladores, que desde el 25 de junio de 1992 a la fecha, cuatro personas recuperen su libertad! ¡Y que siendo inocentes, señoras y señores, estén privados de su libertad!
¡Claro que el juez declaró! Que el juez declaró ya, y aparece en la prensa, que los señores procesados o inculpados, como se les llama en los nuevos códigos, interpusieron amparos. ¡Y que dichos amparos fueron perdidos ya en primera instancia! ¡Y Quizá se haya interpuesto recurso de revisión y no dudo que lo pierdan, señoras y señores! No dudo que pierdan el recurso de revisión.
¿Por qué razón? Porque si hay un sólo testigo que declare imputar una conducta a los procesados, con uno sólo basta para satisfacer el requisito constitucional de la forma prisión. ¡Quizá no para sentencia definitiva en el proceso, pero sí para la formal prisión!
¡Nada más que, señoras y señores, el ofendido, el que sufrió traumatización con motivo de la conducta de los manifestantes, el ofendido que perdió la conciencia y estuvo hospitalizado, como dice cierta obra clásica: "goza de cabal salud"!
Y comparece, aquí tengo el documento, comparece ante la sede consular de México en la ciudad de Los Ángeles, California, Nicomedes Chan Uc, ante Fausto Zapata Loredo, y una vez que ha conocido lo que aparece por él declarado en el sumario penal y una vez que dice haber conocido el certificado de lesiones que obran en el sumario, supuestamente sufridas por él, declara su intervención en los hechos del 25 de junio de 1992 y dice que sintió un golpe en su brazo izquierdo, que fue atendido, que le dijeron que estaba bien, que le pidieron que permaneciera, que le dieron 100 mil pesos para las cenas de los dos días siguientes, que le hicieron firmar un papel sin manifestarle el contenido; tiene nada más instrucción primaria como educación, eso dice en los generales que da; y que goza de cabal salud, que él ni hizo las declaraciones, ni hizo las imputaciones que aparecen en el sumario, ni sufrió las lesiones que aparecen en el sumario; en otras palabras, señoras y señores, fue una averiguación amañada por la institución de buena fe, que es el Ministerio Público Estatal.
Señoras y señores legisladores, esto que parece puede ser intranscendente, revela una importancia mayor que la que a primera vista pudiera tener de una narración sucinta de estos acontecimientos; revela la intención deliberada del Gobierno estatal de amañar una averiguación previa; revela el haber asentado declaraciones falsas en el sumario penal con la intervención del responsable de integrar la averiguación previa; revela, señores, involucrar a profesionistas, como los médicos legistas. ¿Con qué propósitos?, ¿para lograr la justicia? No, señores; con propósitos de carácter político, de carácter represivo.
Y son cuatro yucatecos los que permanecen privados de su libertad desde junio del año pasado, por la responsabilidad, por la irresponsabilidad diría yo, iría más allá, por el dolo de una gente del Ministerio Público. Y yo me pregunto: ¿El agente del Ministerio Público actuó
sin conocimiento de la titular del Poder Ejecutivo ante un problema de esta naturaleza? y yo me pregunto: ¿la gobernadora del Estado de Yucatán desconocía la situación real de este proceso?
¡Claro!, nosotros estamos sentados en las curules. No hemos sabido, la mayoría al menos, lo que es estar privados de la libertad con prisión preventiva. ¡No hemos sabido lo que significa 30, 60, 90, 200 días de prisión, con la vida en cárcel, con el impacto familiar, con la violación a derechos que esto implica!
¿Y la gobernadora? ¿Y el procurador? ¿Y el agente del Ministerio Público? ¿Quién es más delincuente, señoras y señores legisladores, los que están detenidos, los que protestaron por la situación económica tremenda que parecen en sus familias, los que no cometieron más delito que el ejercicio de un derecho que les confiere el artículo 9o. y el artículo 6o. de la Constitución? ¿O el señor procurador?, o ¿la señora gobernadora?, o ¿los señores médicos que elaboraron esos certificados médicos falsos?
Señores, no digo más, es un problema de derechos humanos. Paso a la Secretaría mi solicitud para que se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas, para que recabe información sobre la situación que guardan estos cuatro hermanos yucatecos compatriotas mexicanos nuestros, que han sufrido cárcel, que han sufrido injusticias en un sistema como el que impera en Yucatán, y yo pido que el senador por Yucatán, que está aquí, no tome de primera mano lo que acabo de decir, porque a la mejor el documento es falso, a la mejor no es verdad que compareció el ofendido ante el cónsul en Los Ángeles, a la mejor es un recurso de la oposición para llevar agua a su molino, pero que se apiade de sus cuatro coterráneos yucatecos, como nos debemos apiadar todos los legisladores de esta Comisión Permanente y no la semana que entra, el miércoles, ni el mes que viene, tomen en cuenta que es terrible durar un día en prisión, y más por la injusticia. Muchas gracias.
Comisión Permanente: De acuerdo con lo expuesto en tribuna, el suscrito diputado solicita que la Comisión de Gestoría y Quejas, de la Cámara de Diputados, recabe información de las autoridades competentes del Estado, sobre la situación que guardan los detenidos con motivo de los sucesos que aquí han sido narrados.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente a 14 de enero de 1993. - Diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor senador Carlos Sobrino, en términos del artículo 102 del Reglamento interior.
El senador Carlos Sobrino Sierra: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Quiero iniciar mi intervención, porque creo que es necesario hablando del proyecto de desarrollo de la zona henequenera, creo, en honor a la verdad, que quitarles un poco de tiempo para algo que es fundamental para el desarrollo de mi Estado, es algo que deben de ceder y como la argumentación del legislador que me antecedió en la palabra inicia con ese tema, voy a hacer lo propio.
El henequén, como todos ustedes saben, está íntimamente ligado a la historia de nuestro pueblo, se remonta desde principios de siglo y es avanzado este, cuando se enfrenta a situaciones de mercado, que lo afecten en su economía y deterioran su proceso productivo, el henequén es de alguna manera agredido por el desarrollo tecnológico, la presidencia de fibras sintéticas que abarrotan los mercados, tecnologías nuevas de almacenamiento que dispensan el uso de fibras naturales eliminan proporcionalmente y año con año volúmenes importantes de una fibra que era razón de la producción de gran parte de mi Estado, eso que es lo fundamental, inicia el deterioro en las relaciones que se dan entre los trabajadores henequeneros, deterioro porque el producto que ofrecen al mercado no satisface las necesidades económicas que tienen y es ahí donde económicas que tienen, es ahí, donde a mediados de este siglo que próximamente concluye, el Estado mexicano asume la responsabilidad de participar siempre en la proporción faltante que el mercado no daba para restituir la fuerza de trabajo.
Esto es, se inicia una cadena larga de subsidio federal y estatal a quienes de alguna manera dieron la vida y el trabajo permanente para extraer el henequén de nuestras plantas nativas.
Estos años de poca respuestas productiva como todos ustedes saben, deja poca trasparencia en las tareas de los factores de la producción, esto es, quedan obscuras las tareas de proceso productivo; la razón del trabajo y el salario pierden esencia porque el producto final no tenía intercambio real de lo que se le había aplicado como esfuerzo de trabajo.
A finales de los ochenta, la situación era tan crítica que seguían existiendo más de 40 mil
familias campesinas dedicadas fundamentalmente a un cultivo que ya en estas épocas ni daba los volúmenes de producción de principios de siglo, ni mucho menos restituía a través de su valor, el esfuerzo emprendido; y todos los demás mexicanos del resto del país a través de nuestros impuestos, restituíamos a través de la justicia social vía subsidios, una cantidad de recursos que pudiera resolver ese problema.
Tantos años de ese proceso, creó una capa social que administraba el recurso; cientos de instituciones, personas que venían de la burocracia éjida, autoridades ejidales, estructuras que distribuían el trabajo, que al estar distribuyendo trabajo que no se generaba o al estar rescatando cosechas de henequén que no tenían valor en el mercado, también confundían y fueron confundiendo con los años las tareas que le correspondían.
Esto es, se creó un pequeño grupo que administraba la pobreza henequenera Y el subsidio del Gobierno. A este pequeño grupo es a quien menos le interesaba cualquier modificación cualitativa de la situación henequenera; llevábamos más de 15 años de esfuerzo continuos para buscar actividades productivas distintas al henequén para estas 40 mil familias; participamos en actividades, los yucatecos productivos, como la porcicultura, para tratar de ocupar a quienes de ninguna manera encontraban la razón de su subsistencia en el henequén, en tareas propiamente productivas.
Como éstas, otras más, las hortalizas, la ganadería bovina, actividades agrícolas y otras que tal vez no tengan sentido decirles, pero lo que sí les puedo decir es que del asunto henequenero se complica además de la situación social, las condiciones de pobreza en los recursos naturales; no es fácil para un henequenero y mucho menos para un yucateco que conoce bien el tema, desechar la idea de la enorme cantidad de trabajo que requiere hacer alguna actividad productiva distinta al henequén en una zona pedregosa con una poca capa de tierra fértil en espacios muy pequeños y con un gran cantidad de yucatecos, prácticamente el 40% del Estado, viviendo y subsistiendo de lo que yucatecos en el siglo pasado señor diputado, emprendieron con gran esfuerzo que es la empresa henequenera.
Pero en esfuerzo de salirnos de ahí, la tarea es ligarnos de ese proceso productivo que ya había dejado de tener eficiencia económica y que por lo tanto no substituía de trabajo, también se topó con condiciones de gente que no veían nada bien las nuevas actividades, el dejar la simulación de hacer como que trabajo y tu Gobierno, a través del crédito, darme el pretexto del subsidio para subsistir y tratar de emprender una nueva tarea en la zona henequenera que era restituirle con justicia social al henequenero de muchos años de trabajo con recursos suficientes, con tecnología adecuada, una nueva actividad de trabajo totalmente distinta a la que ya le dejaba de ser redituable.
Ese esfuerzo extraordinario ha llevado muchos años y muchas generaciones de campesinos en su lucha, también extraordinaria participación de técnicos profesionales en la materia, yucatecos.
Todo esto ha provocado y ha logrado desarrollar una infraestructura productiva distinta al henequén en zona henequenera, y llegó el momento, después de años de trabajo en materia de diversificar y de invertir en capital, que teníamos los yucatecos que dar el paso de convertir ese pobre subsidio insuficiente en recursos alentadores, en recursos nuevos que vinieran a abrir nuevos procesos productivos, y que permitieran al campesino ejercer su fuerza de trabajo en tareas más rentables, más dignas y de mayor justicia social.
Pero todo proceso de modificación en las estructuras sociales y económicas, en cualquier parte de la sociedad mexicana y del mundo, tienen como consecuencia que grupos muy pequeños de la sociedad se vean lesionados en sus intereses. Ese personaje humanitario, esos cuatro yucatecos a los que usted me exalta reconocer el término de tiempo que llevan en prisión, y por lo tanto tener el dolor de no agredirlos, son parte de esa burocracia, fueron gerentes de instituciones que administraron esa pobreza, que tuvieron la oportunidad de hacer algo por los campesinos y que a la hora del cambio real, tomaron la decisión de encabezar un grupúsculo muy pequeño, tiene razón, comparado con el universo de trabajo y de gente que es la zona henequenera, para quejarse de ese cambio, de esa modificación.
Hay un viejo dicho en mi tierra que dice: "a las cosas de Yucatán hay que dejarlas como están", y no, en las cosas de Yucatán se requiere un enorme esfuerzo de trabajo, y la zona henequenera en lo particular lo requería, y estar convencidos de que ese pequeño grupo de gente que antes administraba el subsidio, no iba a permitir una nueva operación critica distinta al henequén, radicada y basada fundamentalmente en tareas productivas, recursos que iban encaminados fundamentalmente no a comprar la conciencia de la comunidad henequenera, sino
invertir en tareas productivas, y por cierto yo entiendo la falta de información en algunos casos de quien me antecedió en la palabra, cinco veces más grande el volumen de recursos que lo que antes se daba en zona henequenera anual, cinco veces más grande el volumen de recursos dirigidos a esas 40 mil familias henequeneras, pero el proceso de cambio, y aquí sí permítanme enriquecer el conocimiento de ustedes, no se dio de la noche a la mañana, no fue una decisión del Estado mexicano de decirles: aparece el henequén y ahora nuevas fuentes de operación; fue necesario la consulta a más de 62 municipios que integran la zona henequenera, se hizo una consulta abierta y convocada públicamente, en la que participamos por cierto, legisladores de todos los partidos políticos que tenemos en Yucatán...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, tiene usted la bondad de preguntarle al orador si acepta una interpelación, si es que usted la autoriza también.
El Presidente: - Con todo gusto señor diputado. Señor senador, ¿admite usted que le formule una interpelación el señor diputado Juan de Dios Castro?
El senador Carlos Sobrino Sierra: - Prefiero desarrollar todo mi tema, y concluido éste con todo gusto.
Continuando con el tema que creo, insisto, es de fundamental importancia para entender quiénes son estos cuatro personajes que están en la cárcel, el proceso de desarrollo de la zona henequenera exigió una consulta diaria, en cada uno de los 62 municipios, insisto, en donde estuvieron presentes diputados de todas las fracciones parlamentarias federales, reuniones en donde a detalle a cada de los ejidos involucrados se les informó cuáles eran las tareas próximas de reordenación henequenera, en qué consistían, cómo se iban a distribuir los recursos nuevos, qué alternativas de producción pretendían y solicitaban ellos y con ayuda de los técnicos elaborar los proyectos de inversión, la seguridad de contener y de mantener la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que era clave, básica de la relación anterior de zona henequenera, de que muchos de estos henequeneros se habían quedado en la actividad henequenera nada más para mantener el seguro social, y a través de este pretexto mantener una manera muy desordenada de hacer las cosas en zona henequenera, y por cierto muy injusta, no cuatro yucatecos que están en la cárcel pagando delitos que el ministerio público y las autoridades judiciales tienen suficientes elementos en sus expedientes para determinar si procede o no que estén en la cárcel; no, no cuatro, 40 mil familias yucatecas, encadenadas a un proceso productivo, viejo, antiguo y corrupto, que muchas, mucha gente de la sociedad yucateca denunciábamos que no podía continuar, que teníamos que cambiar, y que no bastaba el apoyo que el Gobierno Federal y el estatal daban a través del subsidio, sino que se requería capitalizar la zona henequenera para rescatar a estos 40 mil ciudadanos, padres de familia, que merecen una justicia social y una manera de vivir igual que cualquier zona del país.
Ese era el esfuerzo y ése era el reto. Por eso se dieron a la tarea los yucatecos en los 62 municipios de informar al detalle; pero no suficientes las informaciones directas, se pasó a las listas de campesino por campesino. Ahí en donde en su propia comunidad tuvieron tiempo suficiente para tomar decisiones conforme a su futuro, se decidió el cambio de la zona henequenera; que cierto, motivó, claro está, que un grupo de gente que fue administradora antigua de este proceso, se viera lesionada en sus intereses particulares, y acudieron a la plaza pública de la ciudad de Mérida a manifestar su inconformidad, que cuanto fue el tiempo de que lo hicieron, en el orden que lo establecieron las leyes, ahí estuvieron presentes los tiempos y el tiempo necesario, ocupando el espacio completo, nadie se interpuso con ellos.
Pero yo aquí sí quiero aclarar, los personajes de los que se trata, en este momento están en periodos de pruebas; en este momento han recurrido a todas las instancias que la Ley les permite, las han ocupado, ha habido permanente relación con ellos en la tarea de investigación de parte del ministerio público, y baste leerlo en las notas de prensa.
Ellos tienen el proceso que otros ciudadanos yucatecos cursan por asuntos penales, y a ellos esperamos, con toda franqueza, que concluya de la manera justa y adecuada, y que se le dicte la pena o la salida de la cárcel, sí así fuera necesario.
En ese asunto corresponde a las autoridades judiciales, no me voy a meter, sino lo que voy a hacer es exhortar, igual que usted, que continúen las revisiones y que se hagan conforme a derecho, que se revise adecuadamente. Ya se hizo por parte del mismo grupo que hoy los asesora, una intervención en derechos humanos y éste ha tomado cartas en el asunto. Nuevamente se revisa y nuevamente debe ser revisado; estoy totalmente de acuerdo.
Pero lo que no podemos dejar de decir, es que de ninguna manera podamos permitir que en la tribuna se venga a decir que la anterior situación de zona henequenera era la de justicia social, y que la actual reprime, que la actual persigue, que la actual es injusta. No señores, la situación que todos los henequeneros de mi Estado venían persiguiendo año con año, en décadas, al fin hizo justicia el Estado mexicano, entregando los mecanismos de capitalización para resolver sus problemas más urgentes a través del trabajo.
Ya no querían seguir a través de subsidios ligados a un proceso vergonzante; tenían que salir a buscar el éxito y el futuro de sus familias, a través del proceso productivo, como lo hacemos todos los humanos de este planeta.
Esa es la tarea que con dignidad ha desarrollado el Gobierno del Estado, que con dignidad ha fortalecido el Gobierno Federal, como pago, como pasivo a la sociedad henequenera; ése es el pasivo que el teníamos a los hombres henequeneros.
Por eso usar el asunto de estos cuatro delincuentes para a través de él decir que los compañeros que están en la prisión venían encabezando la justicia social que los henequeneros pretendían, me parece ligero y no suficiente, y creo que por eso era necesario ahondar en el tema. Creo que los legisladores que estamos en la Permanente le dedicamos el tiempo necesario a temas tan importantes como éste.
Insisto, con relación al asunto judicial, sé que las autoridades judiciales de mi Estado, que los médicos que desarrollan tareas en este sentido, son profesionistas que nos demuestran todos los días su deseo de superarse y trabajar adecuadamente. Quiero esperar que de ellos, que de los jueces, que del ministerio público, de los defensores de Salazar y de los otros tres compañeros que están en la cárcel, se dé un proceso limpio, legal, para que tengan el merecimiento que sus acciones determinaron.
No vamos de ninguna manera ni a pedir que queden en la cárcel ni a pedir que salgan, vamos a pedir que las autoridades judiciales actúen con justicia.
Pero en el caso de la zona henequenera, vamos a pedirles el compromiso de continuar apoyándolos a través de este programa renovador de justicia social, que ha sacado al subsidio de nuestra geografía y ha metido el nuevo concepto de productividad, de rendimiento y de trabajo, sin dejar lo que en justicia social les corresponde:
Continuar el seguro social atendiendo a los campesinos; continuar informándoles el Estado de las tareas que se vienen desarrollando y que sean actores, decisores, que decidan sobre su futuro.
Esto es lo que yo tengo que decir con relación a las imputaciones hechas aquí.
El panorama que se vivió en Yucatán, por los ojos de los yucatecos, es muy distinto al aquí expresado. Muchas gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Se le concede la palabra en términos del 102, señor diputado Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Los que vivimos en zonas geográficas distintas a la de Yucatán, pues, aprovecharemos en todos lo que vale la información, los datos que el señor legislador nos ha dado acerca de la explotación del henequén, y sobre todo los de la oposición, los de la oposición aceptamos el reconocimiento que el señor legislador hace del fracaso terrible, terrible, de la política gubernamental en materia agraria en el Estado de Yucatán durante décadas, como él acabó de decir, en que los campesinos recibían subsidio sin trabajar. Yo no sé qué piense el líder Victor Cervera Pacheco, que durante muchos años fue dirigente de esos ejidatarios.
Pero no era el tema, señor legislador. El tema no era agrario. No requeríamos una explicación tan amplia, tan vasta como la que usted dio acerca del fracaso de la explotación del henequén y la necesidad de que se tomaran medidas por parte del Gobierno Federal para rectificar conductas equivocadas, muy tarde por cierto.
Ya en 1970 - 1976, ¿usted se acuerda de Oscar Bahuer Herrera, señor legislador? ¿Qué dijo Bahuer Herrera? Lo que vino a decir ahora, nada más que entonces no le hicieron caso: En México el ejidatario está organizado para votar, pero no está organizado para producir. Y no lo descubrieron ni los presidentes de la República de entonces, de aquellas épocas, y muy tarde, y muy tarde, señor legislador, los legisladores de su partido.
Pero ése es un tema aparte.
La acusación era muy concreta. Yo no quiero saber el historial, el historial de los cuatro
detenidos en Yucatán; yo pienso que puedo haber sido de filiación priísta alguno de los detenidos, o pudo haber sido alguno de los destacados dirigente de su partido.
Yo hice una imputación muy clara y muy concreta, dije: No voy a entrar al análisis del problema del henequén.
El problema es la imputación que hice al agente del ministerio público del fuero común, y usted no dijo nada, no dijo absolutamente nada, señor senador.
Usted dijo algo que yo confirmé en mi primera intervención. Dijo: señores, están ante las autoridades competentes los procesos de los detenidos.
Yo dije, claro si el Gobierno Federal le imputa a usted, no legislador porque goza de fuero, la Comisión de un delito y le involucra testigos falsos, señor legislador; pues yo le aseguro que si ejercitan acción penal contra usted, le decretan formal prisión, le aseguro que si interpone el juicio de amparo ante un juez de distrito contra el auto de formal prisión, se lo niegan. Y si interpone el recurso de revisión contra la negativa del amparo, se lo niegan también, porque el problema, señor legislador, es de origen.
El problema es la mala fe del ministerio público. El problema es de responsabilidad de funcionarios públicos. La titular del poder ejecutivo observó la agresión, señor legislador, pero pudo haberlo observado y pudieron haber intervenido las fuerzas policíacas del Estado. Y pudo haber detenidos y si cometieron delitos, si son delincuentes, señor legislador, estoy de acuerdo con usted, que se castiguen.
Que se ejercite acción penal pero de buena fe no prefabricando pruebas. Y aquí tengo la prueba, señor legislador, se la paso, por eso le dije que podía usted examinarla. La prueba del ofendido donde dice que sus declaraciones son falsas, donde dice que no sufrió de agresiones, no le interesa la filiación política de los detenidos, de antemano le digo que no son miembros de Acción Nacional. De antemano le digo que si fueran miembros de Acción Nacional o miembros del Partido Revolucionario Institucional, con la misma enjundia subiría a esta tribuna a defender su derecho de no ser privada su libertad sin pruebas.
E hice un llamado, señoras y señores, para que se someta y se facilitará la presidenta es delegada en el Estado de Yucatán por parte del Partido Revolucionario Institucional, o ha sido delegada, para que Gestoría y Quejas recabe la información, y si resulta que esta documentación es auténtica, yo no me siento satisfecho, ni me sentiré satisfecho con que los detenidos, señor legislador, queden libres y recuperen su libertad. Me sentiré satisfecho de confirmar lo que usted dijo, que los delincuentes sean castigados.
Y si se prueba que este documento es auténtico y los detenidos salen libres o mediante incidente de desvanecimiento de datos quedan en libertad o mediante desistimiento de la acción penal por parte del procurador, entonces, señor legislador, que los delincuentes, delincuentes con toda sus letras, de delitos del orden común previstos en su Código de Defensa Social, médicos, agente del ministerio público adscrito al juzgado que ejercitó la acción penal, procurador de justicia del Estado y gobernadora interina sean castigados conforme a la Ley. Gracias.
El Presidente: - Con fundamento en lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional esta Presidencia turna la propuesta que presentó el diputado Juan de Dios Castro Lozano a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
GABINETE PRESIDENCIAL
El Presidente: - Pasamos a un asunto diverso y concedemos la palabra al señor diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna a abordar un punto que tiene qué ver con la situación política nacional, en particular son los recientes cambios que se realizaron en el gabinete del licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Si bien es cierto que Salinas de Gortari tiene facultades constitucionales para poder hacer tanto designaciones como remociones de todos los secretarios del despacho, como lo marca el artículo 89 fracción II de la Constitución, este asunto es un asunto de interés nacional, es un asunto de interés público y es un asunto que tiene qué ver con los tiempos de cambio, los tiempos de reforma política, que tiene qué ver con el momento político que se está viviendo en vías a la contienda electoral de 1994.
Por estos motivos consideramos que no resulta ocioso el debatir este tema y hacer algunas reflexiones en lo particular, ya que consideramos que es importante que el Ejecutivo en todo caso tome en cuenta, tome en consideración estas opiniones que va a emitir o que pudiera emitir esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión; es decir, a nosotros sí nos interesa que los cambios no queden como están, que realmente exista una rectificación con base en esa cuestión, a ese poder moral que tiene el Congreso de la Unión, a ese poder moral que tiene nuestra sociedad, a ese poder moral que tienen centros importantes de opinión pública nacional.
Nosotros afirmamos que las recientes designaciones y remociones que ha hecho el licenciado Carlos Salinas de Gortari, no van de acuerdo con ese interés nacional, sino que al contrario, es bastante lamentable que estas designaciones se hagan por motivos, en primer lugar de intereses unipersonales de la figura presidencial; que sean hechos por intereses del partido de Estado, que sean hechos por el interés de una élite del apartado de Estados. Eso para nosotros es bastante lamentable.
Al analizar los múltiples cambios que se han realizado vemos que éstos se han llevado a cabo sobre un conjunto de criterios que podríamos precisar a continuación, que están bastante alejados del interés de la nación.
Estos cambios y estas designaciones y remociones se han hecho por ejemplo con premio al servilismo político, tenemos los ejemplos de Eduardo Villaseñor, Gonzalo Martínez Corbalá, Fernando Hiriart, Martínez Villacaña, entre otros. Estas remociones y estos cambios se han hecho también considerando el criterio de los amigos de Salinas, el ejemplo más destacado es el ejemplo del ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lozoya Thalman.
Estos cambios se han hecho bajo el criterio de un cambio en la línea política, del tratamiento de la política interna, de la política de concertación al interior de nuestro país, es un cambio al endurecimiento, de línea para tratar los graves problemas políticos y sociales que tiene nuestro país.
Estos cambios también se han hecho para resolver el desgaste político que tiene el partido de Estado, el desgaste que fue reconocido en la reunión que tuvo Salinas con distinguidos priístas pocos días antes del Informe Presidencial.
Entonces son motivos totalmente ajenos al interés nacional, al interés público los que han motivado las recientes designaciones, las recientes remociones, y eso es bastante preocupante.
Por ejemplo, si pasáramos a analizar uno de los cambios más importantes que fue la designación del secretario de Gobernación, de Patrocinio González Garrido, vemos que nos preocupa bastante, a la sociedad civil, que es expresado en la opinión pública, precisamente porque este personaje es el que contrario a lo que manifiesta nuestra Constitución y podríamos decirlo así, la Ley que tiene qué ver con esto de la administración pública federal, en cuanto a cuáles son las funciones del Secretario de Gobernación, que me voy a permitir simplemente hacer referencia al artículo 27 que son las facultades de la Secretaría de Gobernación en su fracción IV, que dice: "Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, y dictar las medidas administrativas que se requieran para ese cumplimiento".
Esa fracción, la fracción VII que tiene qué ver en las relaciones de este mismo artículo 27 de la Ley Orgánica, que tiene qué ver las relaciones entre el Poder Ejecutivo y otras dependencias: la fracción XI y otras fracciones que tienen que ver con las funciones de la Secretaría de Gobernación, no se cumplen; no hay la capacidad ética, la capacidad profesional de un funcionario de la administración pública, para ejercer este cargo. Y no la hay porque precisamente este personaje de la administración pública se ha distinguido a cargo de la gubernatura de Chiapas, de una serie de violaciones a esta garantías individuales.
Y de esto, no ha dado cuenta solamente la oposición; no ha dado cuenta solamente la opinión pública, ha sido resoluciones de una Comisión que creó estas soberanía y que ha logrado ganar el consenso de tener autoridad moral para la defensa de los derechos humanos, bastante golpeados en nuestro país.
Las referencias que se han hecho en la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso también en organismos internacionales de derechos humanos, nos hacen ver por ejemplo este rosario de violaciones de Garrido. Voy a permitirme hacer esto:
Haciendo un recuento del papel del licenciado Patrocinio en materia de violación a los derechos
humanos, encontramos lo siguiente: tortura y tantos crueles, inhumanos o degradantes. Estos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dan cuenta de 49 personas, entre las que destacan militantes del Movimiento Popular Exocomunitleco, campesinos chichilpas, Constantino Estrada, que perdió un ojo, este hecho fue provocado por la policía judicial del estado; indígenas tzetzales que sostenían plantón en Palenque; de esto son responsables 200 agentes aproximadamente de la policía judicial y seguridad pública del Estado
Intimidación, 26 personas entre las que destacan militantes de Escuintla, intimidados por alrededor de 300 agentes de la policía de seguridad pública y judicial del Estado.
Indígenas tzotziles de San Juan Chamula, Joel Padrón, párroco de Simojovel y Samuel Luis, presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas", responsable de estos hechos no identificados. Privación arbitraria de la libertad aproximadamente a 128 personas, entre las que destacan Lorenzo Gómez Jiménez, juez municipal de Palenque, encarcelado con 107 indígenas tzetzales; responsables: los agentes de seguridad pública y policía judicial.
Tres indígenas de Ocotzingo, responsables: agente de la policía judicial del Estado.
El líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Alfonso Martínez Moreno, responsables: agentes de la policía judicial del Estado.
Privación ilegal de la libertad, aproximadamente a más de 200 personas, entre las que destacan 87 indígenas de Amatlán, trabajadores del Instituto Nacional Indigenista, en San Cristóbal de las Casas; responsables: también agentes de la policía judicial del Estado.
Agresión contra grupos, aproximadamente también en estos grupos destacan indígenas de Palenque, de San Juan Chamula, de Ocotzingo, de Chimol, de Simojovel, de Amatlán, etcétera.
Denegación de la justicia, también bastantes casos, más de 63 casos, en el penal del Cerro Huesco, 101 indígenas de los grupos tzetzal, chol tzotzil, zoque, man; responsables: autoridades federales y estatales.
Grupos de personas del círculo cultural gay, también no han sido atendidas las denuncias sobre asesinatos de homosexuales, etcétera.
Injerencia arbitraria e ilegal, aproximadamente también ocho casos, entre los que destacan la Cooperativa Flor de Amatlán, la cooperativa, éstas son cooperativistas indígenas y los responsables también son la policía judicial, todavía sin determinar exactamente qué agentes hicieron todo esto.
La Universidad de Chapingo, destruidos y saqueados sus viveros; responsables también.... Chapingo tiene una universidad allá, los responsables, la Policía Judicial también.
Bueno, a todo este rosario, vemos que el responsable de la política interior de nuestro país, el responsable de lograr esa reconciliación nacional, esa unidad nacional, es el que se ha distinguido por respetar lo menos posible, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También hay unas tablas en donde se comparan los distintos estados en cuanto a casos de tortura, ejecución arbitraria, privación ilegal de la libertad; se ve que el Estado de Chiapas es el Estado que ocupa el primer lugar, bastante ampliamente sobre el resto de los estados. Por ejemplo, en tortura, 49 casos; la mayoría de los estados tienen cinco, dos, cuatro, nueve casos, 10 casos en Jalisco, en Morelos ocho, etcétera.
Ejecución arbitraria, son pocos casos, más o menos están en promedio nacional; privación ilegal de la libertad, hay 128 casos comparados con otros estados, que tienen cifras de un dígito solamente; privación arbitraria de la libertad, también una cifra de 34 casos, todos estos sucedidos durante la administración de este célebre personaje de la administración pública.
Si vemos que el responsable de la política interior de nuestro país tiene estos negros antecedentes que le hacen ver que no está capacitado ni ética ni moral ni profesionalmente para ocupar este cargo, ¿por qué el Ejecutivo insiste en realizar esta designación? Creemos que es bastante lamentable y que hay que hacer algo para que el Presidente pueda tener más cuidado en la elección de sus funcionarios y que se atienda el interés público y no intereses estrictamente personales.
Si pasáramos también a comentar otra designación que también nos parece bastante importante, la designación de Jorge Carpizo, que pasa a ser ahora Procurador General de la República, también creemos que es bastante lamentable que se haga esta remoción donde no hay ningún respecto del Ejecutivo, incluso por el debate que
se dio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando hablamos de una figura que estuviera por encima del Poder Ejecutivo, que pudiera tener la autoridad moral, estamos convencidos que la labor de Carpizo de alguna manera iba en ese sentido, de lograr, de tener tantas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué se le cambia si estaba trabajando bien? O sea, había satisfacción de la sociedad. ¿Por qué en lugar de dejarlo en ese papel de la administración, o en ese papel que vimos, se le pasa ahora a ser el Procurador?
O sea, en una actitud, va a ser el acusador del Estado el que tiene las recomendaciones que no ha cumplido. Creemos que eso es también bastante lamentable; se ha comentado en múltiples artículos de la opinión pública nacional, y creemos que se deba rectificar en esta situación.
Que no es posible tampoco admitir que el Ejecutivo, con vías a superar esa crisis política, haga los cambios que quiera y pase del Partido Revolucionario Institucional al Ejecutivo y del Ejecutivo al Partido Revolucionario Institucional, sin el menor respecto, sin la menor sensibilidad política a los tiempos de cambio.
No estamos de acuerdo con este cambio de línea, de estos personajes que van a pasar ahora a evitar que se logre la conciliación nacional, se logre aterrizar, se logre concreta una verdadera reforma política como la exigen los tiempos de cambio en nuestro país.
Nosotros creemos también que estas designaciones nos llevan a reflexionar seriamente sobre la necesidad de hacer importantes reformas a la Constitución, para de alguna manera limitar la capacidad del Ejecutivo, esa capacidad unipersonal que atenta contra nuestro régimen republicano, contra la democracia.
Creemos que debe participar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores para que de alguna manera se matice el nombramiento de estos funcionarios, para que se cumpla este propósito, de que son servidores públicos que tienen una capacidad política, una capacidad administrativa, una capacidad profesional y, sobre todo, un peso político moral, ético, que realmente los haga responder a las necesidades de nuestra nación.
Por eso, lamentamos estas designaciones y hacemos ver que uno de los puntos que tendremos que discutir en la reforma política que está agendada en estos tiempos y que el Congreso de la Unión tendrá qué ver, será esta propuesta de lograr un verdadero equilibrio entre los poderes de la Unión.
Por estas reflexiones, agradezco su atención. Muchas gracias.
El Presidente: - Señoras y señores legisladores: Doy cuenta a ustedes que en el asunto tratado por el diputado Guillermo Flores, se han registrado los siguientes legisladores: la diputada Blanca Esponda Espinosa, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, el diputado Juan de Dios Castro Lozano, y el diputado César Agusto Santiago Ramírez. En este orden, concedemos la palabra a la diputada Blanca Ruth Esponda.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, ciudadano Presidente, compañeros legisladores:
Quisiera comenzar destacando que en materia de designaciones presidenciales no esperamos compresión de los partidos opositores, porque estamos ciertos de que detrás de las impugnaciones que ellos formulan subyace un proyecto político y de gobierno completamente distinto al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha legitimado al pueblo de México.
En México no tenemos un cogobierno, ni avanzamos hacia allá. Pero sí creo que los partidos políticos que tendrán sugerencias qué hacer, las expresarán en su momento, cuando se discuta una reforma política, que va mucho más allá de la sesión que hoy nos ocupa.
Rechazamos aquí, por lo tanto, cualquier sugerencia destinada a suponer que este cuerpo legislativo pudiera siquiera exhortar o invitar al titular del Poder Ejecutivo a una rectificación.
La rechazamos porque no es válida, porque es improcedente y porque además no refleja la posición política de un legislador que se apega a su Constitución y a su norma jurídica.
Sí creemos que la decisión presidencial está estrictamente ajustada a derecho, como aquí se reconoce. Y que el mandato presidencial se ejerce con firmeza, con claridad y con un rumbo definido.
Existe en estas designaciones el ánimo político de fortalecer el aparato institucional, con el cual se realizan cotidianamente las tareas del Gobierno.
Se trata aquí, sobre todo en el caso de la Secretaría de Gobernación, de la integración de un equipo sólido, probado, eficaz de la tarea política, con una alta calidad moral. Es el titular de esa dependencia más los demás funcionarios que la integran y que previsiblemente la integrarán esta tarde, los que debidamente articulados, fortalecidos en esa tarea de conducir el diálogo, la concertación política con los partidos, que se fortalecerá.
Yo creo que en estos momentos, más allá de la astucia, tanto en el debate como en la acción política, es muy importante anteponer la razón y el ejercicio de la inteligencia para hacer de ese diálogo, al que convoca el Gobierno de la República, un ejercicio constructivo que fortalezca nuestra vida democrática.
Yo creo que cada vez más debemos alejarnos de un discurso político que es a veces infundadamente recriminatorio, porque no tiene sostén en la realidad. Considero que el hecho de que el titular del Ejecutivo, al designar al nuevo responsable de la Secretaría de Gobernación haya señalado que lo hizo con el propósito de asegurar la legalidad de los actos y de los procesos políticos en el ámbito de la competencia federal, genera un clima de seguridad jurídica y un clima de certidumbre en la negociación. Pero que ciertamente, como él mismo lo afirmara, esta legalidad debe prevalecer en el acuerdo entre los partidos, ¡nada por encima de ella o atrás del derecho!
Yo creo que si los mexicanos entendemos y aprendemos que la Ley y como suprema norma la Constitución, es la que rige y orienta los actos, tanto individuales como colectivos, estaremos cada día en mejores condiciones de avanzar en nuestro interés porque nuestra República esté adecuadamente representada y sobre todo fortalecida en el ámbito federal, pero también en la competencia de los estados y de los municipios.
También dijo el señor Presidente que lo hacía para contribuir a fortalecer con eficiencia y firmeza la estabilidad política del país, que es un valor altamente apreciado por la sociedad mexicana.
Convengamos, compañeros de los distintos partidos representados en esta Comisión Permanente, que la estabilidad política de la nación está más allá del interés de uno o dos partidos políticos, es un valor superior de la sociedad nacional, algo por lo cual todos podemos y estamos obligados a contribuir.
Y finalmente señala el ciudadano Presidente que hace este nombramiento porque existe la rectificación de la voluntad política para la ampliación de las libertades y la construcción de cauces para ese avance democrático nacional que no se inicia en este momento, sino que es producto de un esfuerzo continuo, de un esfuerzo permanente, sistemático, del Gobierno de la República, y a cuya concurrencia reconocemos la aportación significativa y trascendente que en su momento han hecho las distintas fuerzas políticas de la nación.
Pero de ahí a presuponer que el relevo en la Secretaría de Gobernación significa o tiene la intención de un cambio en la forma de dialogar o de concertar con los partidos de oposición, realmente es desconocer la fuerza de nuestras instituciones y equivale a negar también la fuerza de los propios partidos de oposición, que descansa en su capacidad de convocatoria social.
El trato de Gobernación con los partidos de oposición, ha sido y seguirá siendo dentro de la Ley y corresponderá al peso específico de los partidos sus propios avances, no será el resultado de la voluntad ni de un hombre ni de una sola dependencia, ahí simplemente se legitima lo que se conquista en la voluntad ciudadana.
Cómo puede afirmarse hace unos minutos a priori que no se cumple con la función establecida en la Ley Orgánica de dicha dependencia cuando el funcionario apenas acaba de iniciar su ejercicio, muchas veces el prejuicio ciertamente nubla la razón, impide reconocer la realidad, impide aceptar los avances, es importante, pues, reconocer que si bien las instituciones las encarnan los individuos y son ellos, son los hombres lo que hacen las transformaciones sociales, son éstas las que moldean al individuo pero también son las estructuras sociales, es el combate cotidiano por la conquista política lo que define el avance en la conciencia de un hombre en la tarea de gobernar.
Quisiera también, señores legisladores, porque me resulta como chiapaneca incómodo, en ocasiones incluso ofensivo aceptar aquí algunos pronunciamientos que se hacen, yo lo entiendo, en función del interés de un partido político pero no siempre apegados ni a la realidad ni apegados a la buena fe, porque se afirma a veces con suma ligereza que en Chiapas existe un estado de flagrante violación sistemática de los derechos humanos, eso es falso, es falso porque si bien es cierto que sobre todo cuando algunos grupos sociales se han manifestado en un estado en donde las contradicciones sociales son agudas, en donde la pobreza extrema, la desigualdad social es lacerante y ofensiva a la propia vida
democrática y vida social de la nación, existe a veces una enorme irresponsabilidad política en los liderazgos, liderazgos que usan como carne de cañón a los individuos cuya ignorancia les impide advertir la falacia del trámite de la gestión o de la lucha en la cual nos embarcan. Entonces ocurre un fenómeno que muchas chiapanecos han tenido, han pagado con su propia experiencia dolorosa, esa inexperiencia e irresponsabilidad en los liderazgos espúreos. En Chiapas prevalece un estado de derecho, en Chiapas prevaleció durante estos cuatro años de la administración del licenciado González Garrido una enorme capacidad de diálogo, una enorme capacidad de concentración, hubo expresiones, es cierto, de diálogo áspero en el inicio pero de concentración, se escucharon razones y se accedió cuando ahí la mayoría de razón se impuso.
Yo quiero leerles compañeros diputados, algo que seguramente pasó por ustedes porque fue publicado por La Jornada en días pasados y es una opinión que yo espero en cierta medida arroje luces sobre lo que en mi Estado ocurrió en estos cuatro años. Esta opinión se indica diciendo: "Considero que el licenciado González Garrido supo escuchar opiniones diferentes sobre los problemas que se presentaron y fue capaz de dar marcha atrás a los problemas que se suscitaron." Esto habla bien de él, porque supo reconocer cuando no le asistió la razón.
Además la intención del ex gobernador, fue siempre aplicar la Ley en su más estricto cumplimiento, incluso propuso modificaciones a las leyes para defender los casos de los más indefensos como fue la legislación en favor de los indígenas y de los encarcelados. Y también supo exigir cárcel a funcionarios de su Gobierno que violaron la confianza de los ciudadanos y de amigos que abusaron de su función de ellos todavía están en prisión.
Y el comentario sigue en este tenor: "...señores, este comentario es del obispo de Tapachula, de monseñor Felipe Arizmendi Esquivel..."; y ello lo traigo a colación, porque creo que refleja muy bien como la relación entre Gobierno e Iglesia de mi Estado fue transformándose a medida que se fueron conociendo los interlocutores; a medida que se fue compartiendo una idea común de lo que tenía qué hacerse en Chiapas para mejorar la condición de los indígenas, de los marginados y de todos aquellos que han sido sometidos a la sobreexplotación por un cacicazgo pernicioso que todavía prevalece en mi Estado y que no es otra cosa, sino producto de las comisiones de aislamiento en que mi Estado vivió a lo largo de muchas décadas mientras que la nación en el norte se desarrollaba, crecía, se industrializaba, Chiapas vivía sumida en sus rezagos ancestrales, en su comunicación y sobre todo en sus propios conflictos añejos de cultura y de sociedad confrontada a veces artificiosamente desde afuera.
Vale la pena también subrayar que el nuevo funcionario de la Secretaría de Gobernación es un hombre con una destacada formación jurídica, política, profesional; tiene amplia trayectoria en el servicio público y fueron precisamente estas cualidades las que definieron el destino y el rumbo de su tarea en el Gobierno de mi Estado.
Ahí lo que se propuso fue configurar un nuevo Chiapas, con nuevos valores para la sociedad, una revisión de los añejos y profundos rezagos, y un compromiso entre los distintos agentes e interlocutores sociales para sacar adelante el compromiso colectivo que era mejorar las condiciones de Chiapas.
Hubo una renovada capacidad de respuesta social, política y económica de las instituciones, éstas se depuraron, pero hubo firmeza en el mando porque era necesario y eso fue lo que precisamente permitió crear una nueva relación entre Gobierno y sociedad; se reanimó la moral pública y subsistieron por supuesto diferendums con ciertos sectores de la sociedad, porque reconocemos que la nuestra al igual que la sociedad nacional, es una sociedad plural, es una sociedad llena de contradicciones, pero también reconocemos que estas contradicciones sólo pueden resolverse dentro de la Ley y siempre con un ánimo constructivo de crear compromisos entre los distintos sectores políticos.
Yo creo que si los chiapanecos pudimos recuperar confianza y seguridad en nuestra propia fuerza y destino gracias a un mandato eficaz, a un mandato comprometido con los indígenas, con la educación y con la ecología del Estado, así como la paz y la estabilidad política, la nación puede estar tranquila porque esos son los derroteros que se le presentan a futuro.
Y en esta tarea, el titular de esa Secretaría no está solo; estará acompañado de subsecretarios de una alta y probada calidad moral y calidad política, y esa calidad moral será precisamente la garantía de un buen diálogo, de una concertación dentro de la Ley, del cumplimiento de los compromisos que aún se contraigan, y también del mantenimiento de la paz y de la seguridad en nuestra nación.
La estabilidad política señores, es un valor supremo de la sociedad que está más allá de los intereses, muy legítimos, muy válidos, de las distintas corrientes y fuerzas representadas en los partidos políticos y por sus personeros que tanto respeto nos merecen. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias señor presidente:
Externaré de manera breve cuatro reflexiones, y presentaré una proposición de punto de acuerdo en esta primera intervención mía en este tema de comentarios en torno a la vida política nacional. Quizá haya necesidad de otras incursiones a esta tribuna.
La primera reflexión es en el sentido de fijar la posición del Partido Popular Socialista con relación al licenciado Fernando Gutiérrez Barrios, anterior secretario de Gobernación. Para nosotros se trata de un político responsable, de larga trayectoria; no tenemos duda alguna de que es un patriota, un hombre progresista vinculado a intereses de carácter popular. De su concepto elevado de la dignidad deja constancia el texto de la carta de renuncia de que dio cuenta la prensa nacional.
En segundo lugar, la segunda reflexión es en torno a las características de su sucesor, el licenciado Patrocino González Garrido, y también en torno a las características del doctor Carpizo, que accede a la Procuraduría de la República.
Por lo que hace al nuevo titular de la secretaría de Gobernación, el Partido Popular Socialista no objeta su designación. Se trata, a nuestro juicio, de un político capaz, de cuya conducta no tenemos queja, no hemos tenido con él hasta hoy ningún tipo de contratiempo que no sea dilucidable en los términos del debate político civilizado. Consideramos que tiene las cualidades como para cumplir estas nueva elevadas responsabilidades de un modo adecuado; esperamos que así lo demuestre en el ejercicio de sus funciones.
Respecto al doctor Carpizo, queremos también dejar constancia de que nos parece un hombre capaz, preparado, honesto, y que esperamos de él también rectifique, en el ejercicio de sus funciones, el reflejo de estas cualidades, de las que ha dado prueba a lo largo de su trayectoria en la vida pública nacional.
La tercera reflexión es en torno a las circunstancias políticas en las que se da esta substitución de funcionarios diversos.
Para el Partido Popular Socialista es evidente de que se trata de un descarte, de un descarte prematuro que elimina a una de las figuras más destacadas, de entre las que se manejaban como aspirantes a la Presidencia de la República por parte del Partido del Gobierno.
Es un hecho sin precedentes, que este descarte se dé un año antes, 10 meses antes, nueve meses antes tal vez, del momento en que debe hacerse pública la postulación del candidato del partido gubernamental. Es este hecho que no tiene precedentes, a nuestro juicio refleja la falta de oficio, la inexistente sensibilidad de un equipo de técnicos, tecnócratas les llama la voz pública, y retira los peligros que es para la nación, para el pueblo y para todas las fuerzas y corrientes políticas el que un grupo así, un grupo de esas características, sin sensibilidad ni oficio político, aceparen las posiciones cupulares en la dirección del Estado; refleja asimismo este descarte prematuro lo agudo de las contradicciones internas, en este momento todavía distante, 10 meses probablemente, del momento en que se hará pública la designación del candidato del partido gubernamental.
Es claro que no sólo hay lo que comúnmente se llaman "golpes bajos" o "patadas debajo de la mesa", sino es evidente que esta vez se han llegado a situaciones mucho más agudas que en sexenios anteriores, de otra manera no podría entenderse un descarte de esta magnitud y en este momento político.
Esto se ha reflejado también en llamados a evadir los periodicazos y los golpes por debajo de la mesa, con la idea de que si se evitan estas prácticas pudiera sanearse la política nacional. Para el Partido Popular Socialista, y ésta es la cuarta reflexión, esto constituye un nuevo error. Lo que se pretende fortalecer con este tipo de llamados y recomendaciones, es la concentración de poder en unas solas manos, las del Presidente de la República, más allá de lo que es deseable y aconsejable desde el punto de vista de los intereses de la nación y del pueblo en un momento como éste.
Por el contrario, para nosotros lo sano, desde el punto de vista democrático, es que tanto las fuerzas políticas como las personalidades en lo individual, que aspiran a contender por la jefatura del Ejecutivo en 1994, se expresen de manera pública, dando a conocer sus posiciones
programáticas, sus concepciones respecto al porvenir de México, a la vía histórica de desarrollo, a la estrategia por lo que debe caminarse, sobre todo en este momento cuando está a la vista de todos en nuestro país y en el mundo, la caducidad de la vía neoliberal, por la cual se ha caminado en los últimos 10 años en el caso de nuestro país, 12 en el caso de otros países del mundo.
Esas son las cuatro reflexiones, y por último la proposición.
Han sido sustituidos diversos funcionarios del Ejecutivo, la mayoría de ellos sin que haya una razón desde el punto de vista de los intereses de la nación y del pueblo. Sería conveniente que hubiera una situación más, en este caso sí fundamentada en interés de sectores mayoritarios de la población.
Hay un funcionario, un secretario de Estado, que se ha caracterizado por incumplir las funciones que le son propias, por haberse puesto al servicio de intereses minoritarios, de actuar en contra de los intereses concretamente de los trabajadores, y por el contrario supeditarse y actuar en favor de los intereses de tipo patronal, me refiero expresamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Abundaré un poco en las razones por las cuales demandamos su remoción, cuando se abra a debate este asunto, y por lo pronto daré lectura a la propuesta de punto de acuerdo, que dice así:
"Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presento a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda dirigirse en términos respetuosos al ciudadano jefe del Ejecutivo, licenciado Carlos Salinas de Gortari, para que en uso de sus facultades solicite la renuncia o lleve a cabo la destitución del ciudadano licenciado Arsenio Farell Cubillas, en su calidad de secretario del Trabajo y Previsión Social, en virtud de que en el ejercicio de sus funciones se ha caracterizado como un claro y definido enemigo de los intereses de la clase obrera en particular, y en general de todos los trabajadores de México, y así también como fiel servidor de los interese patronales nacionales y extranjeros.
Señor Presidente, está firmada conforme a reglamento y la entrego a la Secretaría para su trámite correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Le vamos a dar trámite en los términos del artículo 58 a su propuesta, diputado Cuauhtémoc Amezcua, una vez que terminemos el debate dentro del cual ustedes la han presentado, si le parece.
Concedemos la palabra entonces al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores diputados, señores senadores:
Hemos escuchado con profunda atención las diversas participaciones que representantes de acreditados grupos políticos en esta tribuna.
En todas ellas parecemos encontrar un punto de convergencia o punto de coincidencia o común denominador: el deseo fundamental de que el Ejecutivo del país con toda oportunidad ponga a consideración de esta soberanía, los nombramientos que actualmente, conforme a un precepto constitucional, le corresponde señalar.
Probablemente en el fondo de estos antecedentes, estos deseos y este criterio se encuentren profundas realidades, legitimidad y profundos avances de contenido eminentemente moral. Pero actualmente, mientras no se reforme la Constitución, mientras este artículo sea preceptor de las facultades del Presidente de la República, no podríamos en esta representación, bajo ninguna circunstancia, limitar esta facultad, aun cuando las determinaciones no fueran de profunda satisfacción de equilibrio o al gusto o al corte de todas y cada una de las fracciones parlamentarias, que con toda legitimidad, a través de una lucha democrática, estamos oportunamente acreditados en estos trabajos legislativos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en un futuro próximo de proponer, habrá de proponer, conforme a este señalamiento, tras un proyecto de reformas precisamente a este precepto constitucional, que en su artículo 89, fracción II, otorga al Ejecutivo de la nación las facultades en cuyo ejercicio está avalando los cambios que hoy nos conjuntan para hacer la discusión y la emisión de opiniones en esta tribuna.
Nosotros consideramos que ante la proximidad de eventos electorales de fundamental
importancia en la vida política del país, el Gobierno de la República empieza a realizar las jugadas que estima pertinentes en el tablero del ajedrez político nacional, con miras a las elecciones federales de 1994.
Los recientes cambios que el Presidente Carlos Salinas de Gortari, en estricto ejercicio a las facultades que le concede la Constitución General de la República, ha formulado, han captado la atención, el comentario y la discusión de los analistas políticos y sembrado la inquietud entre toda la ciudadanía.
Aunque se especula y los rumores circulan por todo el territorio nacional, nadie sabe a ciencia cierta, salvo el responsable de estos nombramientos, las razones de fondo de tales cambios. Esto ha creado incertidumbre entre los sectores del país, más aún con la evidente simbiosis que se observa entre el Gobierno y el partido oficial, extrañamente hay cambios en el gabinete y simultánea y concordantemente también los hay en el Partido Revolucionario Institucional, ¿ a qué obedece esta coincidencia? Sólo a la lógica del poder.
Hay un nuevo responsable de la política interior y hay quienes encontramos en este cambio mensajes cifrados para algunos partidos políticos y para participantes cívicos de los cuatro puntos cardinales del país.
Sin embargo, el Presidente de la República, destacó la atención gubernamental al establecer procesos electorales en paz, logrando una nueva relación entre las autoridades y los partidos de oposición, lo cual a nuestro juicio resulta urgente e imprescindible, si consideramos que en el presente sexenio, a la fecha se han dado 16 interinatos en las gubernaturas, en los estados y en la mayoría de ellos ha existido ausencia de credibilidad ciudadana.
Ocasionados fundamentalmente porque en algunos estados, municipios y distritos del país, los recursos nacionales que corresponden al pueblo han sido empleados fundamentalmente en desviaciones económicas para impulsar la candidatura de los protegidos. Y lo que resulta más grave, para ejercitar acciones de venganza, como hace unos momentos en esta tribuna se señalaba, de represalia y revanchismos, en contra de aquellos candidatos de oposición, cuyo único delito podría ser ante los ojos de algunos gobernantes, el no haber cubierto la publicidad de su campaña con las sigla tricolores, mediante las cuales muchos amorales individuos protegieron sus latrocinios.
Los colegios electorales, en estos procesos de los que estamos haciendo referencia y que se vivieron durante el año recientemente en conclusión, se constituyeron en cadalso de la democracia. El marideo fue insultante y obligó a los partidos de oposición, con dignidad y respeto a nuestros electorales, a retirarnos en ocasiones de las discusiones formales de dichos foros.
El propósito del Partido Revolucionario Institucional y del sistema fue vencer a como diera lugar y contra esto no existe reforma política que posibilite algún avance democrático. Esto es la consecuencia inmediata de la vinculación del gobierno con su partido y de la cláusula de gobernabilidad que resulta a todas luces obsoleta e inconstitucional.
La determinación del Estado en materia electoral es inequívoca, no hay duda de ello, no admite la alternancia en el poder ni un régimen plural de partidos ni tiene la intención de respetar el voto, sólo se pretende garantizar la continuidad de un sistema y el que el poder no dimana del pueblo, sino del Gobierno y sus protegidos.
Conocemos las limitaciones que los intereses del pasado, establecen en los organismos gubernamentales federales, pero esto de ninguna manera justifica la pasividad de algunas de nuestras autoridades que actúan con indolencia, con miedo o con temor, frente a los permanente infractores, caciques y líderes corruptos.
Se nos ha convocado a la unidad, a la conciliación, a la armonía, pero se nos trata como enemigos; se nos agrede y se nos despoja de auténticos triunfos obtenidos en las urnas electorales. Artificiosamente se crean en los estados colegios u organizaciones para calificar los procesos que se alejan radicalmente de su conducta y en sus obligaciones de respeto a la legalidad y al derecho y por ende se mutila la esperanza del pueblo de México al convertirse, como ya se dijo en pasadas ocasiones, en cadalsos electorales en los cuales se sacrifican los más caros anhelos de auténtica, verdadera y real justicia electoral.
Hay cambios en la Procuraduría General de la República y consecuentemente también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El doctor Jorge Carpizo McGregor se convierte de pronto de vigilante a perseguidor, obligado a cumplir con las 32 recomendaciones que desde la presidencia de dicha Comisión había girado a la dependencia que ahora encabeza; mientras quien lo sustituye, Jorge Madrazo, es impugnado.
porque nadie ignora sus ligas con el ahora procurador y se infiere también lógicamente con ello su posible sumisión; de esta manera, queda en entredicho la independencia, la autonomía, la libertad, la energía, la determinación, la claridad y la validez con la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita cumplir fielmente con su cometido de resguardar las garantías individuales que consagra la Constitución.
La tarea del doctor Jorge Carpizo no es fácil al frente de la Procuraduría General de la República, desafortunadamente esta institución parece estar definitivamente condenada a la corrupción, prepotencia y arbitrariedad de sus elementos; no han bastado a la fecha las cinco reestructuraciones que al momento se han tenido durante el presente sexenio; se requiere no sólo un abogado prestigiado al frente de la misma, sino además que tenga la mano firme como para lograr lo que sus antecesores Enrique Alvarez del Castillo e Ignacio Morales Lechuga dejaron inconcluso: el saneamiento y la moralización de los cuerpos policiacos.
La violación a los derechos humanos en México continúa siendo una práctica generalizada; el uso de la tortura, los malos tratos, de la artificiosa integración de procesos penales de los diferentes cuerpos policiacos en contra de la ciudadanía, es reclamo constante.
Centenares y miles de personas han sido agredidas, maltratadas y arbitrariamente detenidas por las fuerzas de seguridad. Las características a todas las violaciones, es el elevado grado de impunidad con que se protege a los infractores.
En este sentido, resulta revelador que los cinco años de vigencia de una Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura no ha logrado emitir a la fecha una sola sentencia por la Comisión de dicho delito.
En relación al cambio operado en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en donde ha sido nominado Emilio Lozoya Thalman, anterior director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá observarse el manejo que le dé a los dos renglones estratégicos para el desarrollo del país y que tiene qué ver directamente con la soberanía nacional; la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que corresponden al sector energético del país; pero que han sido históricamente el blanco de las ambiciones desmedidas del vecino país del norte.
Los partidos políticos esperamos y concretamente en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, deseamos que el cambio de responsable en la Secretaría de Gobernación coadyuve efectivamente para lograr una mejor relación entre las autoridades gubernamentales, electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general, a fin de que efectivamente se llegue a acciones que respetando las diferencias ideológicas y programáticas que cada uno sustentamos, se llegue al impulso de la democracia y al respeto auténtico de la voluntad popular, lo mismo que a una reforma electoral donde se sienten las bases de procesos efectivos, limpios y democráticos.
El doctor Jorge Carpizo McGregor, esperamos traduzca en hechos las palabras pronunciadas a lo largo de los últimos 30 meses que estuvo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión que por cierto surgió el 6 de julio de 1990, cuando expresó que: "Ninguna posible violación a los derechos humanos debe de quedar impune, al Estado mexicano no puede permitir que los agentes sociales y servidores públicos de todas las jerarquías, en lugar de que sus actos estén regidos por la moral jurídica y el afán de servicio, puedan caer en arbitrariedades y violaciones a los derechos de quienes por Ley están obligados a protegerlos.
De Emilio Lozoya Thalman, que preserve en el renglón energético la soberanía, la independencia en su manejo que a México corresponde.
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mantendremos especial atención a la conducta de estos nuevos funcionarios, observando su relación al respeto al sufragio y a la voluntad popular, a la inviolabilidad de los derechos constitucionales que a los mexicanos corresponden; a la estricta y permanente defensa de los derechos humanos, así como la eficacia en el combate al narcotráfico y a a independencia mediante al cual el Gobierno de la República se conduzca en el manejo y operatividad de los energéticos, aspectos éstos de fundamental importancia en la vida nacional y que servirán para calificar con toda justicia y oportunamente, la eficacia o el fracaso de la cambios señalados.
Por su atención diputados, muchas gracias.
El Presidente: - Concedemos la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, señoras y señores legisladores:
Cuando se habla de la facultad que tiene el Presidente de nombrar libremente, así dice la fracción del artículo 89 de la Constitución General de la República, a los secretarios de Estado, se dice que vivimos un régimen presidencial, no un régimen parlamentario y que existe libertad absoluta para el Ejecutivo Federal, de nombrar a los secretarios que integran su gabinete. Esto, señores legisladores, es así. Bien es cierto que se ha tratado de atenuar el presidencialismo establecido en la Constitución con algunas disposiciones, como son por ejemplo el artículo 93 de la Constitución, que permite citar a un secretario de Estado.
Y ciertamente se establecieron esos dispositivos para evitar una confrontación entre dos poderes, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De tal manera que a los secretarios de Estado, se les pueda exigir tres responsabilidades: la técnica, la penal y la política. Y precisamente al exigir a un secretario de Estado, alguna de esas responsabilidades, es una manera de que el Poder Legislativo dispone para expresar su inconformidad con alguna conducta del Poder Ejecutivo.
En relación con los recientes cambios, señoras y señores legisladores, yo no voy a discutir la facultad del Presidente para nombrar a sus secretarios de Estado.
Ciertamente, constitucionalmente tiene esa facultad. Pero si constitucionalmente tiene esa facultad, en alguno de los organismos en que se produjeron esos cambios, sí es conveniente hacer algunas reflexiones que afectan la vida política del país y afectan, ¿por qué no decirlo?, los derechos de los mexicanos.
Yo recuerdo haber leído una declaración de uno de los titulares recientemente nombrados por el Presidente. "Como político, yo soy yo. Soy Patrocinio. Soy mi formación; mi carrera, mi ideología, mi militancia, mi trayectoria, mi realidad y mis circunstancias". Parangonando quizá a aquel intelectual español. destacado; "Yo soy yo y mis circunstancias". "Hoy soy solo mi compromiso con ustedes, con mi partido y con el destino y la grandeza de Chiapas".
Quizá, señores legisladores, en esas palabras el que entonces era titular de una candidatura al Gobierno de una entidad federativa, establecía dos compromisos con su partido y con su Estado. No nos aclara esa declaración, declaración interesante, cuál sería su compromiso cuando estuviera en contradicción los intereses y la grandeza del Estado de Chiapas con los compromisos de su partido.
Y ahora, nombrado Secretario de Gobernación, hizo una declaración similar, una declaración que en la oposición desearíamos que se tradujera en conductas concretas en beneficio de la vida política del país, sobre todo por tratase de la Secretaría que es: la Secretaría de Gobernación. "Reconociendo, dijo, mi militancia, reconociendo, dijo, mi militancia", reconociendo, repito, su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, trataría, trataría, y supongo que eso quiso decir, que los compromisos que adquiere, que adquiere con la nación, con el país como Secretario de Estado, estarían libres, por encima de los compromisos con su partido.
Yo recuerdo otro Secretario de Estado que dijo: "Mi lealtad está con el Presidente de la República. Mi lealtad está, en primer lugar, con el Presidente de la República". Secretario de este sexenio. La vocación política, señoras y señores legisladores, cuando se desempeñan cargos de elección popular, debe estar fincada en una convicción por encima de los intereses personales, los intereses del partido, se dice; pero yo pienso que por encima de los intereses del partido están los intereses de la patria.
Hay algunos destellos, algunos indicios de cómo será la línea que llevará a cabo una de las principales secretarías de Estado en este año, que es político - político y en el año próximo que es un año político - político - político.
Ya debatió el señor Secretario con la oposición. En esa reunión que se llevó a cabo el día de ayer, ya debatió con la oposición, ya sostuvo sus puntos de vista. Entró a debate. ¡Qué bueno! Es un distinto estilo.
Algún comentarista dijo: "Para evitar, para evitar que se diga que el nuevo estilo es de conciliación".
Yo no quiero pensar, de diálogo, ¡yo no quiero pensar que el contenido del debate del señor Secretario llevaba esa implicación!, sino quiero pensar generosamente que llevaba el sentido defender una manera de pensar y un punto de vista que él consideraba útil sostener, como miembro del Instituto Federal Electoral, como Presidente y con voto de calidad.
¡Pero además, señoras y señores, sin perder de vista algo que es importantes: que es el Secretario de Gobernación! ¡Que es, repito, el Secretario de Gobernación! ¡Con todas y cada una de las facultades que a esa Secretaría confiere la Ley!
Yo quisiera más que declaraciones, más que contenidos que se puedan deducir de un debate,
más que deducciones que podamos tomar o hacer de la vida pasada del actual Secretario y de su futura actuación como Secretario de Gobernación, yo ansío, señoras y señores, vivir en un sistema como ¡como la Constitución dice!
¿Y saben qué?, ¡el mejor programa de Gobierno de cualquier candidato presidencial, cualquiera, sería establecer fachadas, pero fachadas con profundidad! No es frase mía. No es idea mía en este debate y en esta intervención. Es frase de un destacadísimo legislador en una reforma política y de quien me siento orgulloso que haya sido mi jefe nacional, cuando yo era joven: Adolfo Christlieb Ibarrola.
¿Qué decía Christlieb? Decía Christlieb: "Las fachadas que marca la Constitución, que tengan profundidad". Que el Presidente sea el Presidente de la República. Que el Congreso de la Unión sea el Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere la Constitución y que se ejerciten. Y que el Poder Judicial depositado en la Corte, tribunales de circuito, juzgados de distrito, sean eso: Poder Judicial. ¡Nada más, ni nada menos!
¡Y que los partidos, señoras y señores legisladores, sean eso: partidos políticos, no dependencias del Gobierno!
¡Que no exista, que no exista, señores, esa simbiosis entre Gobierno y partido! ¡Y que no exista en el principal funcionario, encargado de intervenir en el proceso electoral, esa simbiosis; esa simbiosis, señores, entre priísta y Secretario de Gobernación!
Y una observación más, señoras y señores, que me preocupa, me preocupa mucho. Cuando se aprobó por el Congreso, más bien por el órgano que establece el artículo 135 de la Constitución General de la República, la reforma al artículo 102 de la Constitución, el apartado B del 102, qué curioso, la creación del ombudsman, precisamente en el artículo que habla de la facultad de quien persigue la comisión de delitos, como relacionando el 102 con el 21 constitucional, y se creó el ombudsman y se pensó como titular... ¡Ah!, se dijo independencia, autonomía.
Yo siento que le falta todavía autonomía financiera al organismo de los derechos humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; una reforma similar a la de la Corte, para que ejercite su propio presupuesto. Y quizá buscar una fórmula mejor, señoras y señores, por tratarse del ombudsman, una fórmula mejor, señoras y señores, para la designación del Presidente.
Pero en fin, no entro en el problema del procedimiento de su designación. El hecho es que con una, yo reconozco, buena imagen Jorge Carpizo, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la formulación de una serie de recomendaciones a distintas autoridades emanadas de distintos partidos por elección popular y por designación, en caso de funcionarios, realizó un trabajo que reconocemos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se le nombra ahora Procurador General de la República, un buen antecedente. Pero como ya se dijo aquí, tendrá como primer paso que atender todas las recomendaciones que como Presidente de la Comisión nacional de los Derechos Humanos hizo a la Procuraduría como órgano del Estado.
Y francamente no me agrada la solución que se intentó dar con interpretación analógica de la ley. Queda como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el primer visitador general. Dirán: ¡señor!, así lo dice el artículo 14; sí, así lo dice el artículo 14, pero yo creo que fue aplicado incorrectamente; es mi opinión, una muy modesta opinión.
Yo siento que hay una laguna en la Ley. Siento que para atender la disposición constitucional el Presidente debió, ¡debió!, realizar el nombramiento de nuevo Presidente, no dejar transcurrir el término que ya ha transcurrido, exactamente con la misma rapidez con que se resolvió el nombramiento de una cargo más difícil; se aceptó la renuncia del señor Secretario en la mañana y a las 12.00 del día se aceptó. Pero para Derechos Humanos no se hizo así.
Dice el artículo 14 de la Ley: "El presidente de la Comisión Nacional podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad sólo por las causas, ¡sólo, señores!, por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es la hipótesis, no es una destitución, es una renuncia.
Pero dice el artículo 14: "En este supuesto". Si no tuviera estas palabras: "En este supuesto", pudiéramos dar cabida a la interpretación analógica y aplicar el 14. "El Presidente será sustituido interinamente por e primer visitador general, en tanto no se designe nuevo Presidente de la Comisión Nacional". "¡En este supuesto!, ¡sólo en el caso de destitución, no en otro!", dice el 14.
Bueno pero a lo que iba era a esto, señores, yo me adelanto y me anticipo. Yo no quisiera que el nuevo Presidente, con todos los méritos
que reconozco del señor visitador general, Presidente interino, a mi juicio quebrantando el artículo 14, fuera ratificado como Presidente. Y, ¿saben por qué? Dejo a salvo su rectitud y honestidad; dejo a salvo, repito, su actuación como visitador; lejos de mí hacer una crítica en ese sentido, de una labor que han desarrollado cuando menos con patriotismo, que ya es mucho, yo no debiera decir cuando menos, con patriotismo; no señores, hay que establecer una situación que debe ser considerada. ¿Quién recibe, quién es el destinatario del Gobierno Federal de la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? La Procuraduría, señores.
El señor visitador, con a lealtad y la vinculación estrecha que tuvo con quien fue su presidente del organismo al cual pertenece, ahora es el Procurador General de la República. Yo siento y no niego que pueda tener la entereza para hacer las recomendaciones con la misma fuerza, señores, ¿para qué correr riesgos? ¿Para qué establecer el predicamento del conflicto? No me parece que sea el adecuado como presidente interino ni me parece, pero así está la Ley interpretada de a manera como acabo de exponer, ni me parece tampoco que pueda ni sea conveniente para el país ni para los derechos de los mexicanos la ratificación en su favor.
Señoras y señores legisladores, tomen mi intervención como reflexiones, preocupaciones de un legislador mexicano que comparte con ustedes el deseo de seguir luchando al nivel de nuestras responsabilidades como legisladores por engrandecer una patria que no es escenario, y que no es geografía, sino que está hecha con la participación y el trabajo de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado César Augusto Santiago Ramírez.
El diputado Cesar Augusto Santiago Ramírez: - Gracias señor Presidente:
Por supuesto que tomo las reflexiones del diputado Castro como sustento y legado de su intervención, las tomo con una gran seriedad de su intervención, las tomo con una gran seriedad no sólo por la importancia del fondo de su comentario en la tribuna, sino por una íntima y arraigada convicción diputado Castro, nunca acostumbro prejuiciar la vida y la actitud de ningún ser humano; por eso siempre pienso que las intervenciones de los diputados son de buena fe, por eso siempre pienso que las intervenciones políticas son de buena fe, son vehementes, quizá enérgicas, pueden provocar controversias y motivar desacuerdos pero siempre la buena fe.
No por algo uno de los principios centrales de nuestra vida jurídica es la presunción de inocencia, es el señalamiento de que todos son inocentes o se presumen, salvo prueba en contrario, y en las largas ocasiones en que en las tribunas de las cámaras hemos compartido comentarios y reflexiones en ésta y en otras legislaturas, he tenido como una profunda convicción el no adelantar juicios ni señalar prejuicios, mucho menos calificar peyorativamente a los partidos políticos ni a las instituciones, salvo prueba en contrario.
Yo estoy seguro que ése fue el ánimo del diputado Castro en su intervención anterior cuando hablaba del Procurador de Justicia del Estado de Yucatán, que se vea, que se analice su conducta y nada más, no podemos adelantar si es o no responsable, sería violentar nuestro principio ético fundamental, ¿por qué juzgarlo en un tribunal que no tiene competencia, por qué juzgarlo en ausencia, por que enlodarlo sin darle siguiera la garantía de audiencia?
No, yo creo que el diputado Castro haya pensado eso, no lo pensaría jamás. Yo creo que él señala en la conducta que a él le puede parecer contradictoria o quizá hasta irregular, pero nada más. Será la autoridad la que decida al final de cuentas.
En ese sentido me apoyo en lo que el señor diputado Castro decía con legítimo orgullo, tomado de una expresión de un dirigente de su partido, que él respeta, yo también; que el Presidente sea el Presidente; que el Congreso sea el Congreso; que el Poder Judicial sea el Poder Judicial; que los partidos políticos lo sean; y que la sociedad tome su sitio y ubicación consecuente, estoy de acuerdo, y él seguramente que está de acuerdo, lo citó y en su propia argumentación le dio contenido; "... no voy a discutir la facultad del Presidente para nombrar a los secretarios del despacho...", dijo en su intervención.
Vamos a hablar entonces de lo que puede motivar su reflexión que yo también adelanto con usted.
"Veamos algunos indicios, veamos algunas señales", dijo el diputado; las veamos pues. Para principiar, debo decirle al diputado Guillermo Flores del Partido de la Revolución Democrática, que en estas señales y avisos que tendremos que comentarlos de manera conjunta, yo no podría estar de acuerdo con usted por tres razones esenciales.
No es el mismo debate con Acción Nacional, pero de todas maneras creo que en contexto de
esta reflexión que haré podremos encontrar coincidencias para justificar mi argumentación.
No estoy de acuerdo diputado Guillermo Flores, por tres razones fundamentales que ojalá compartan conmigo. La primera tiene qué ver con mi Estado, con el Estado de Chiapas; la segunda tiene qué ver con la personalidad de los nombrados, ahora cuestionados por usted; y la tercera, que adelanto una disculpa para todos mis compañeras y compañeros diputados, tiene qué ver con la ética, tiene qué ver con la función que desempeñamos, tiene qué ver en efecto, diputado Castro, con la lucha honesta que hacemos en el Congreso para dar respetabilidad y presencia a nuestro trabajo.
Con Chiapas Guillermo, Chiapas es una entidad que tiene una importancia destacada en la República Mexicana; "lugar de nuestras querencias", dicen en mi pueblo, que no debe obnubilar nuestras objetividades, digo yo. Un lugar que por muchos años, como pocos otros lugares, ha luchado por preservar una cultura indígena tan limpia, tan pulcra, tan auténtica como ya no vemos en otras entidades de la República.
Ahí hay más de 1 millón de indígenas, aferrados a su vida; aferrados a su cultura; aferrados a sus tradiciones y a sus propuestas políticas también. Y los chiapanecos todos, hemos convivido con esta cultura, la hemos respetado siempre y ahí están, con sus problemas, con sus contradicciones, con su búsqueda para integrase.
Y hay un largo debate en este asunto Guillermo, no es una cosa sencilla, porque es largo también el tramo que hemos caminado en tratar de preservar esta cultura y legar elementos para que subsista, se mantenga, se fortalezca, y todo arranca de una pregunta elemental: ¿integrarnos a qué, integrarnos con qué, integrarnos con quién o dejarlos que ellos sigan siendo lo que han sido siempre, una cultura, una presencia política, un estilo de vida?
En Chiapas entonces, acometer el tratamiento político de la entidad, exige un talento y una disposición especial, exige una voluntad de comprensión primero y de respeto profundo a lo que estas culturas significan.
Y yo, que con tanto cuidado he visto como en Chiapas ha ido evolucionando esta sociedad para seguir apoyando a la patria y para seguir siendo Chiapas, honestamente quiero compartir con ustedes mi profunda satisfacción de decir con toda sinceridad y sin ambages, que en Chiapas se ha hecho un buen trabajo, que en Chiapas ha habido una voluntad para presentar alternativas reales, para acabar con esquemas de simulación, para no decir que se están haciendo cosas aun cuando no se estén resolviendo las cuestiones de fondo. Se han encarado las cosas con valor y con decisión, y por supuesto que se han enfrentado los riesgos, por supuesto que han sido decisiones formidables, por supuesto que han habido intereses que se han tenido que violentar, siempre en función de mantener un interés general, de preservar una voluntad superior que es la del fortalecimiento y el engrandecimiento de Chiapas, por eso creo que no es el momento ni es prudente hacerlo, y por eso creo que ligar este desarrollo con la designación de un funcionario de cualquier nivel que sea, no es justo para Chiapas y para los chiapanecos.
La segunda cuestión tiene qué ver con nuestra voluntad para volver a darle a nuestra participación la ética que proviene de la satisfacción de ser políticos y cumplir plenamente con nuestra responsabilidad política. Decía hace un rato Juan de Dios Castro; el Secretario, cuando fue gobernador dijo: "Yo soy yo y mi circunstancia", y reconoció su militancia, y reconoció su trayectoria dentro de las filas de su partido político, y reconoció su formación profesional y su trayectoria pública. A mí me parece que es muy correcto. Yo diría que al revés, es muy acertado que haya reconocido este asunto, y yo creo que el fondo de la participación política está en reconocimiento y la reafirmación en todos los políticos, de que por lo que luchamos constituye nuestra mejor oferta en función de los intereses de la nación. La lucha de los partidos políticos no tendrá sentido si esto hubiera organizado en función de intereses superiores de servir a México.
Son visiones distintas, son opciones, son opiniones, pero yo creo que no es justo cuestionar que en el desempeño político pulcro, partidista, vehemente, sustentado en ideología partidaria, haya ni siquiera por asomo un interés de no poner primero los intereses supremos de la nación.
Y a mí me parece que el señor Secretario de Gobernación ha sido claro en decir que su función fundamental, será velar porque se cumpla la Ley; será buscar que el espacio del diálogo y de la concertación política se den en el marco que establece nuestro estado de derecho. A mí me parece que es muy acertado; a mí me parece que es muy conveniente que se establezca una precisión de este tipo; a mí me conviene destacarlo muchas veces, porque estos convencido de que una afirmación categórica trae aparejado un compromiso y una profunda responsabilidad.
por eso esta afirmación y por eso insisto en ella, por eso creo que es una afirmación acertada. Lo demás, señoras y señores legisladores, son suposiciones, apreciaciones, comentarios o prejuicios que debemos poner en su perspectiva correcta.
Finalmente, la última reflexión, que también podría concretar diciendo que esta serie de afirmaciones que hemos hechos aquí no son justas con el trabajo que los diputados, que los senadores de todos los partidos políticos hemos venido haciendo en estos últimos años.
Quiero adelantar que quizá la expresión "no sea justo" no es adecuada, pero no encuentro otra más afortunada en este momento.
Yo creo que no es justo porque en estos nuevos espacios que estamos construyendo todos en la Cámara mexicana, hay sin duda una voluntad manifiesta de fortalecer al Poder Legislativo, de darle a la Cámara la prestancia, el respeto, la opinión que nunca debe perder en la vida mexicana.
Evidenciar ante los mexicanos que somos capaces de disentir, de enfrentar nuestras razones, de confrontar nuestras divergencias, pero que somos maduros, que entendemos nuestra responsabilidad, y que por encima de todo somos diputados de la nación, empeñados en dar respetabilidad y prestancia a nuestro órgano deliberativo.
Aquí hemos estado muchos, muchas veces, y hemos dejado nuestro esfuerzo, grande o pequeño; hemos dejado trozos de nuestra presencia vivencial. Yo quiero creer que siempre lo hemos hecho de buena fe; yo quiero creer que siempre lo hemos hecho pensando en el destino superior de México; yo quiero creer que lo hemos hecho siempre prensando en que nuestra vida política es útil, y que autodenigrarnos sólo motivaría un desmérito al trabajo y a la voluntad que expresa hoy esta nueva Legislatura.
Dejemos, pues, en la reflexión final la voluntad de mi partido por señalar con gran claridad, que en efecto no compartimos la argumentación que cuestiona o prejuicia un procedimiento plenamente ajustado a la Ley; que no nos parece conveniente adelantar juicios o expectativas, en mérito de la congruencia de un discurso político, cuando sólo hay el sustento de una suposición o, en el mejor de los casos, de una reflexión de cuestiones no propias del asunto que discutimos.
Y finalmente, que con el compromiso que en la declaración que sustenta los cambios y en las expresiones de quienes han accedido a las nuevas posiciones políticas, encontremos todos la oportunidad, para seguir avanzando por el bien de México. Eso es todo, señor Presidente.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente: - Para contestar alusiones, tiene la apalabra el señor diputado Juan de Dios y después, por el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Guillermo Flores.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Advertí en el discurso del señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, una moderada, debo reconocerla, manifestación de inconformidad con alguna expresión que utilicé en mi discurso. Sí, hable yo de la simbiosis partido - Gobierno, diputado.
Mire usted, yo quisiera, honradamente, que se diera garantía de audiencia al Procurador de Justicia del Estado de Yucatán, ojalá, lo dudo mucho que se produzca; sería el más interesado, porque eso significaría que se iniciaría el juicio de responsabilidad en su contra, y atendiendo la Ley se le daría garantía de audiencia, yo soy el primero en pedirla para él.
No estoy pidiendo el juicio en este momento.
Y en cuanto el resto de su exposición, señor diputado, si el discurso que pronunció César Augusto Santiago Ramírez, secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional y muy pronto subsecretario de Gobernación, se diera en abstracto, se diera en el país de las maravillas, se diera en algo ajeno a la realidad, yo no pondría ni un ápice de objeción a su discurso. Pero, caray, señores, se da en condiciones tales en que la terca realidad golpea a un número importante de mexicanos.
No fue nada nuevo la declaración del Secretario de Gobernación, que ajustaría su conducta al imperio de la Ley y velaría por el imperio de la Ley, lo han dicho todos, César Augusto.
Lo dijo Ortiz Rubio, como Presidente de la República, todos sabemos en qué condiciones; lo dijeron en su tiempo Cárdenas, en 1940, Abelardo L. Rodríguez, anteriormente. Lo dijo Miguel Alemán, lo dijo Ruiz Cortines.
Lo dijeron tantos, César Augusto, lo han dicho tantos, que por favor déjenos a la oposición todavía el derecho de desear esto que se dice en las palabras se traduzcan en conductas concretas en la realidad. Gracias.
El Presidente : - Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia señor Presidente; compañeros diputados, compañeros senadores:
Subo a esta tribuna para precisar algunas cuestiones en relación al discurso presentado por el diputado César Augusto Santiago. El hace referencia que no está de acuerdo con mi intervención sobre tres puntos: El Estado de Chiapas, la personalidad de los nombrados, dice, y problema de ética.
Creo que es conveniente cuando se abre un debate político precisar exactamente los temas a discusión y creo que quedó muy clara en mi intervención la crítica, la crítica a la que tenemos derecho todos los partidos políticos, que es parte de la función propia de los partidos políticos.
Que no podemos esperar dos años más para que incluso se unifique la oposición y el partido de Estado en la crítica de esos funcionarios que no supieron cumplir, que ahora es el momento adecuado para realizar esa función.
Por eso nuestra intervención no va tanto a la crítica personal de los funcionarios, tanto los designados como los removidos, nuestra crítica va en el sentido de que el sistema político que sentimos se encuentra en crisis, hacemos una crítica a este presidencialismo exagerado que ahoga la vida democrática y republicana de nuestro país.
Hacemos la propuesta concreta de que en el proceso de reforma política, unos de los cambios sea precisamente el lograr el equilibrio republicano de los poderes de la federación. Esa es la propuesta en concreto que estamos haciendo y en concreto estamos hablando en particular de que en este artículo constitucional hagamos un planteamiento para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tengan qué ver con el nombramiento de dos funcionarios.
Está a debate, es una propuesta, no estamos diciendo que esto vamos a imponer como cuestión, estamos convencidos de que hay razones y fundamentos para argumentar esta propuesta. Y que ésa es una necesidad de nuestro país precisamente por el conjunto de deficiencias que se muestran, el conjunto de problemas políticos que se presentan en el conjunto de las designaciones, nos hemos centrado en el debate fundamentalmente en dos nominaciones, fundamentalmente son muchas, pero en todas se ha señalado en mi intervención una serie de características que no son del interés de nuestra nación.
Entonces en concreto no hemos debatido la situación del estado de Chiapas, debatimos el problema de un gobernador que desgraciadamente el mayor número de recomendaciones de todos los gobernadores es por violación sistemática de los derechos humanos.
Yo no mostré en ningún momento testimonios de nuestro partido, que tenemos un documento sobre Derechos Humanos Nacional, ni planteé ningún otro de los planteamientos que han hecho de denuncias internacionales y nacionales en los miembros de opinión, sino solamente me refería a denuncias fundamentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y en función de la labor que tiene la Secretaría de Gobernación de ser garante de una política interior, de la política electoral, de todo el sistema electoral, de estar como puntual de la organización de las elecciones, porque también es otro punto que no está resuelto, como los problemas políticos, y que la reforma política tiene qué ver. Entonces creo que es muy importante y sobre todo también esa simbiosis que se ha señalado aquí entre el partido y el Estado que no sabe uno quién es quién y que aquí mismo se ha señalado esto. Hoy nos habla César Augusto como diputado y mañana estaremos platicando con él como representante del Poder Ejecutivo. Y entonces qué vino a defender , ¿a Chiapas, al gobernador anterior, al Secretario de Gobernación, la dignidad del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo? No entiendo yo esa simbiosis realmente, y creo que es bastante dañina para la situación de nuestro país, la situación política de nuestro país.
Sintetizando, no se trata de hacer una polémica por hacer la polémica, se trata de que el Ejecutivo por hacer la polémica, se trata de que el Ejecutivo sí sea más cuidadoso en sus nombramientos, que respete, que tengan sensibilidad política, hay problemas en esas nominaciones, problemas que lesionan la vida política de nuestro país. El Ejecutivo tiene que ser cuidadoso. Está claro que no tenemos facultades constitucionales para decir nada sobre esas designaciones, es nuestra autoridad moral la que nos permite, es ese derecho de los partidos que tenemos de hacer críticas y señalamientos a la actuación pública
de los funcionarios de la administración. Ese es el derecho y tenemos todo el derecho para incluso mostrar esas opiniones que son fundamentadas, serias, responsables, de buena fe, en ánimo del interés nacional.
Seguramente no vamos a coincidir con César Augusto ni con muchos representantes del partido de Estado, pero ésa es nuestra opinión y tenemos fundamento del propio Gobierno, salieron a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos los planteamientos que se han hecho aquí, las recomendaciones que se le hicieron llegar a Patrocinio. No discutimos su personalidad, es el sistema lo que requiere una reforma y es el compromiso que debiéramos sacar ahorita aquí también de César Augusto, próximo miembro del gabinete. Y juntos trabajemos en esa reforma política que es una necesidad para todos los mexicanos para con hechos concretos engrandecer nuestro país, para con hechos concretos resolver los problemas que tiene millones de mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente: - Señoras y señores legisladores:
En el curso de este debate, el Partido Popular Socialista, a través del diputado Cuauhtémoc Amezcua, presentó una proposición fundamentándola en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; los extremos que este artículo previene se cumplen en la propuesta toda vez que fue presentada por escrito, suscrita por su autor, y ahora procede, en términos del propio precepto, solicitar a esta Asamblea determine si hay orador en pro y en contra; establece la fracción II que sea un solo orador y que se dé preferencia al autor de la proposición.
Por ello esta Presidencia le pregunta si él va a hablar en por de su propuesta.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Sí.
El Presidente: - Tiene la palabra en pro y en contra el diputado Manuel Díaz Infante. Adelante señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - La propuesta que formule para que en términos respetuosos esta Comisión Permanente se dirija al Presidente de la República en demanda de que en uso de sus facultades solicite la renuncia o lleve a cabo la destitución del ciudadano Arsenio Farell Cubillas en su calidad de secretario del Trabajo y Previsión Social, se fundamenta en el incumplimiento de las funciones principales que debiera atender dicho funcionario.
La Ley de la Administración Pública Federal dice en su artículo 40, fracciones I y II lo siguientes:
Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción I. "Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos".
En la segunda, "Procurar el equilibrio entre los factores de la producción de conformidad con las disposiciones legales relativas".
Si examinamos una a una, las ramas de la producción, todas ellas, sin una sola excepción, ni siquiera en la industria manufacturera; ni en ninguna otra, se ha mantenido esta noción de equilibrio entre los factores, dado que, hemos vivido una etapa durante la cual cada vez participa de manera creciente en el producto interno bruto, la parte patronal, la parte de captación de utilidades y cada vez de manera decreciente en el producto interno bruto, la parte de salarios. Absolutamente en todas las ramas, incluida la industria manufacturera.
Hay un evidente y claro abandono del principio del equilibrio entre los factores de la producción.
Y por otro lado también lo hay por cuanto a vigilancia, observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123, dado que éste establece, para no extendernos mucho, solo tocando alguno de los aspectos medulares, en su fracción VI, párrafo segundo, que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos.
Y luego establece en el párrafo tercero, los mecanismos por los que se debe establecer ese salario mínimo, compete decíamos, al secretario del ramo, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123.
Hemos vivido un proceso por el cual, así lo reconoce el Presidente Carlos Salinas de Gortari, y así lo reconoce el doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, de modo explícito ambos funcionarios, hemos vivido un proceso por el cual
el salario mínimo sigue reduciéndose día a día, según los estudios del Instituto Nacional de la Nutrición, el costo de la canasta básica en este momento, equivale a poco más de tres veces el salario mínimo. No se está cumpliendo con el mandato constitucional y el funcionario encargado de vigilar que esto se haga, está incumpliendo sus funciones.
Por último añadiré, que está muy a la vista el tratamiento que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha dado a la huelga de los trabajadores textiles de la rama del algodón, a la huelga de Siderúrgica Nacional, el tratamiento en el caso de los trabajadores de Volkswagen, que condujo a una liquidación en condiciones inmorales e inadmisibles, los despidos masivos de petroleros y bancarios, la liquidación de los trabajadores de la planta 1, de Tamsa, el tratamiento que se ha dado a los trabajadores de la Secretaría de la Salud, a los trabajadores agrícolas de la frontera norte, la virtual restricción del derecho de huelga en que hemos vivió, no sólo durante los cuatro años de este sexenio, si no durante los años anteriores en que estuvo fungiendo el propio secretario, el propio licenciado Arsenio Farell Cubillas, como secretario de Trabajo y Previsión Social, la agresión de que han sido víctimas los contratos Ley y no me extendería más, creo que con esto hay argumentos suficientes como para fundamentar el punto de acuerdo que puesto a la consideración de esta Comisión Permanente. No sólo eso, quizá hasta para instituir juicio político al funcionario en cuestión, lo cual sería cuestión a revisar en otro momento, por ahora, ésa es la propuesta y ésos son los argumentos con que la fundamentamos. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra en contra el señor diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos solicitado ser inscritos en contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de nuestro Reglamento, en virtud de que no coincidimos con el punto de acuerdo que propone el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista. Y vamos a hacer unos breves comentarios con ustedes, del por qué no estamos de acuerdo y no podremos coincidir con el mismo.
En primer lugar el artículo 79 de la Constitución General de la República, consigna las atribuciones que tiene la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En este artículo 79, en sus ocho fracciones, analizándolas cada una de ellas, podremos concluir que no existe posibilidad legal alguna para actuar en el sentido que lo propone el ciudadano diputado. En consecuencia lógica, ni con la Constitución General de la República, ni la Ley Orgánica, ni el Reglamento Interior de nuestro Congreso, marca una disposición que permita emitir un punto de acuerdo de esta naturaleza; en tal sentido la Comisión permanente no puede pronunciarse por ello.
En tercer lugar, aquí se ha comentado ya por distintos compañeros diputados y distinguidos juristas, el compañero Juan de Dios Castro, el compañero César Augusto Santiago y otros compañeros diputados ya lo han consignado, pero vale la pena volver a recordarlo.
Es facultad exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con la fracción II del artículo 89 de la Constitución, nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. En este caso, nosotros consideramos que la Comisión Permanente, siendo particularmente escrupulosa en la observancia de los ordenamientos legales, no puede recomendar, ni siquiera recomendar al ciudadano Presidente, que destituya a alguno de sus colaboradores, amen de que como lo dijo aquí también Juan de Dios Castro y el propio Cuauhtémoc Amezcua, existen otros mecanismos de índole jurídico - administrativa, para fincar responsabilidades en su caso.
También nos hemos inscrito en contra de la propuesta porque la misma es ambigua, según nuestro punto de vista, aun cuando ha sido ampliada en algunos puntos de la segunda intervención del compañero diputado. Es un acto que nosotros vemos que está hecho en términos generales y , repito, ambiguos.
Yo creo, compañeros diputados, que el Estado ejerce su poder en el marco de la Ley, y que en la Secretaría del Trabajo se busca concertar voluntades y promover consensos, dando cumplimiento de conformidad a lo que dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 40 y por supuesto, la Ley Reglamentaria del artículo 123 constitucional, y obviamente el artículo 123 constitucional.
Nosotros, creo, que debemos de desterrar la idea de que Estado y sociedad puedan estar enfrentados como aquí lo dice el compañero Cuauhtémoc Amezcua; nada más remoto. Nosotros creemos que con responsabilidades, obviamente distintas, tanto las autoridades como los trabajadores, están unidos en el altísimo fin de
proteger y de promover el bien de todos y cada uno de los mexicanos.
Nosotros como legisladores debemos de buscar convergencias en todo momento y no división entre gobernantes y gobernados.
Una última consideración. Es conveniente recordar a la Asamblea, que en caso de conflictos, de conflictos laborales, es la Junta Federal de Conciliación o la Junta Local, la que en su caso debe de definir quién tiene la razón, a quién le asiste el derecho, y por supuesto no es el Secretario del Trabajo el responsable de esta materia.
Por las razones antes expuestas, es que solicito a mis compañeros representantes, su voto para que sea rechazado el punto de acuerdo propuesto. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría, en los términos previstos en la fracción III del artículo 58 , si se admite o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Los legisladores que estén porque se admita a discusión, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...
Los legisladores que estén porque sea desechada, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del partido Popular Socialista, para referirse a cuestiones relativas al incremento de los salarios y al desempleo. Se le concede la palabra al señor diputado.
Antes, diputado, voy a hacer una súplica. Si me permite antes de desahogar este punto, dar cuenta con dos comunicaciones que suscriben dos señores diputados federales.
Para este propósito ruego a la Secretaría dar lectura a la comunicación que dirige a esta Comisión Permanente el señor diputado y compañero César Augusto Santiago Ramírez.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
César Augusto Santiago Ramírez, diputado propietario por el principio de representación proporcional en la 3a. circunscripción electoral de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ante ustedes, de manera respetuosa, comparezco para solicitar.
Que con fundamento en lo previsto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se me conceda licencia previa para cesar en mis funciones representativas y estar en posibilidad de acceder a un cargo en el área del Poder Ejecutivo Federal. La licencia que solicito tendrá la duración que corresponda a la nueva ocupación.
Es competente esta Comisión Permanente para conocer y resolver respecto a mi solicitud en los términos previstos por la fracción VIII del artículo 79 constitucional.
Quiero dejar constancia a todos los compañeros integrantes de esta Comisión Permanente, de las atenciones que me dispensaron en las diversas encomiendas que me fueron asignadas y de manera especial a su Presidente, entrañable amigo, Fernando Ortiz Arana.
Sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 14 de enero de 1993.- Diputado César Augusto Santiago Ramírez.»
El Presidente: - Gracias, señor Secretario, señoras y señores legisladores:
De conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
"Primero. Se concede licencia previa al diputado César Augusto Santiago Ramírez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la tercera circunscripción plurinominal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir
de esta fecha y durante el tiempo que dure su encargo.
Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente.
Tercero. En virtud de que el diputado César Augusto Santiago Ramírez forma parte de esta Comisión Permanente, llámese al sustituto."
Ruego a la Secretaría ponga a discusión y a votación el punto de acuerdo.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... A probado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
Damos cuenta con la comunicación del diputado Eloy Cantú, para ponerla a consideración de la Comisión Permanente.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
Eloy Cantú Segovia, diputado federal propietario a la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, electo por el 7o. distrito electoral federal del Estado de Nuevo León, ante ustedes, de manera respetuosa, comparezco para solicitar:
Que con fundamento en lo previsto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se me conceda licencia previa para cesar en mis funciones representativas para estar en posibilidad de acceder a un cargo en el área del Poder Ejecutivo Federal. La licencia que solicito tendrá la duración que corresponda a la nueva ocupación.
Es competente esa Comisión Permanente para conocer y resolver respecto a mi solicitud en los términos previstos por la fracción VIII del artículo 79 constitucional.
Por las atenciones que les merezca esta solicitud expreso mi reconocimiento y amistad.
Palacio Legislativo, enero 14 de 1993. - Diputado Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos.»
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
De conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia pone a consideración de esta Asamblea, los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
"Primero. Se concede licencia previa al diputado Eloy Cantú Segovia, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el VII distrito del Estado de Nuevo León, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente."
Ruego a la Secretaría ponga a discusión y a votación el punto de acuerdo.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
NOMBRAMIENTOS
El Presidente: - Un asunto más, previamente a darle la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, para el que ya inscribió en el orden del día, es el siguiente:
Esta Presidencia recibió de la Tercera Comisión de Trabajo el dictamen relativo a los nombramientos de los ciudadanos licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el dictamen a los integrantes de esta Comisión Permanente.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
"Tercera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión que suscribe se turnó el expediente formado con motivo de la designación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o., de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, hizo el Presidente de la República en favor de los ciudadanos licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
La Comisión dictaminadora desea destacar que de la revisión del expediente respectivo, se concluye que los licenciados José Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, cumplen con los requisitos previstos en el artículo 4o., de la Ley citada, pues los mismos acreditan que son mexicanos por nacimiento; mayores de 35 años y menores de 65; que cuentan con el título de licenciados en Derecho registrado por la dependencia, mismos que fueron expedidos, el 20 de marzo de 1984 y 9 de julio de 1970 respectivamente; y con experiencia de más de cinco años en Materia Fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la consideración y aprobación, en su caso, de esta honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 3o., último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, aprueba los nombramientos expedidos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de los ciudadanos licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 14 de enero de 1993. - Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente; senador Carlos Sales Gutiérrez, secretario; diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, senador Rogelio Montemayor Seguy, senador César Moreno Martínez de Escobar, diputado Efraín Zúñiga Galeana, senador Gustavo Salinas Iñiguez, senador Orlando Arvinzu Lara, senador Oscar Cantón Zetina y diputado Manuel Díaz Infante."
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
En virtud de que se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández, cuyos nombramientos como magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación acaba de aprobar esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa para que los introduzcan a este recinto y los acompañen al momento de rendir la protesta de Ley, a los siguientes legisladores: diputado Manuel Díaz Infante y senador César Moreno Martínez de Escobar.
Se ruega cumplan con su cometido.
Se ruega a todos los presentes ponerse de pie.
Ciudadanos José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
Los licenciados José Gabriel Salinas Gutiérrez y José Manuel Bravo Hernández: - ¡Sí, protesto!
El Presidente: - Si no lo hacereis así, que la nación os lo demande.
Felicidades, señores magistrados.
SALARIOS MÍNIMOS
El Presidente: - Continuamos, señoras y señores legisladores, con nuestra amplia agenda de esta sesión. Y concedemos la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para referirse a cuestiones relativas al incremento de los salarios y al desempleo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Muchas Gracias.
Para el Partido Popular Socialista compañeras y compañeros diputados y senadores, señor Presidente, el aspecto de la forma en que se distribuye el ingreso y la riqueza nacional, es un aspecto fundamental para determinar el carácter positivo o negativo de la política económica y social que esté llevándose a cabo.
Hemos venido debatiendo y este tema en otros momentos de nuestro ejercicio legislativo, aquí mismo en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e incluso en algunas comparecencias, concretamente en la más reciente que tuvo ante la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Pedro Aspe Armella hemos señalado con las cifras gubernamentales, con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con las cifras del Banco de México, con las cifras de los anexos al informe Presidencial, con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin recurrir a otras necesariamente, que también las hay, por ejemplo las de la Comisión Económica Para América Latina, pero si embargo, para evitar la dispersión desde el punto de vista de las fuentes de información y posiblemente de la metodología seguida, hemos venido argumentando con las propias cifras gubernamentales y sosteniendo la tesis de que seguimos sumidos en un proceso de reducción de salarios, de concentración de la riqueza en pocas manos y eso nos parece inadmisible, nos parece que eso condena a la política gubernamental que en su conjunto, en su aspecto económico y social sobre todo, la señala como contraria a los intereses de la gran mayoría de los mexicanos.
Recientemente se han producido declaraciones del Jefe Ejecutivo y declaraciones del Secretario de Hacienda en las que por el contrario señalan que a su juicio el desarrollo general de la política gubernamental, particularmente de la política económica y social es positiva y abundan y enfatizan en el ángulo específico de la política salarial, manejan algunos ángulos informativos con el contenido y la orientación de que hay un proceso de recuperación de los salarios y que hay a la vez un proceso de reducción del desempleo.
Entonces abordaré en primer término un examen un poco global de la política económica a partir del mensaje a la nación, al pueblo de México, que diera a conocer, que expresara al Presidente de la República el pasado domingo 10 de los corrientes, comentaré el contenido de este mensaje y posteriormente enfatizaré particularmente esos aspectos de la distribución del ingreso.
Es verdad, debemos coincidir en que es correcta la afirmación del mensaje presidencial del 10 de enero, en cuanto a que ha habido una reducción considerable de la tasa de inflación; lo lamentable a nuestro juicio es que el precio de ese resultado ha sido excesivamente alto y lo han pagado únicamente las capas populares de la población los obreros, los campesinos, la gran mayoría de los empleados públicos y privados, lo que comúnmente denominamos clase media, los trabajadores en general.
En efecto, el instrumento fundamental para combatir la inflación lo han sido los llamados pactos cuya característica esencial ha sido la de ser instrumentos para la redistribución de la riqueza nacional, que tienden a concentrar porciones cada vez mayores en grupos, cada vez más breves, y a la vez reducen la participación de la gran mayoría de nuestra población.
En ese mismo rubro, en el mensaje del domingo 10, se habló de la reforma monetaria, del nuevo peso, al que se comparó con el que conocieron nuestros padres. Esta expresión del nuevo peso, compararlo con el que conocieron nuestros padres, es ajena a la realidad.
La verdad es que cada peso de los que conformaban el salario mínimo hace apenas 16 años, compraba tres veces más satisfactores de los que puede adquirir cada nuevo peso introducido con la reforma monetaria en curso. Así pues, la reforma monetaria, reiteramos, es técnicamente inocua e intrascendente y de ninguna manera puede convertirse, si no es esto más que como un mero recurso retórico, en la expresión de un éxito que muy lejos estamos de vivir en materia de política económica y de política social.
Se declara también que nuestra economía está creciendo, pero esta afirmación tampoco se ajusta en términos absolutos a la realidad; lo cierto es que la tendencia es francamente recesiva, según lo reconocen los propios datos gubernamentales, así, según las cifras de los anexos al Informe Presidencial, el incremento del producto interno bruto va a la baja.
En 1990 fue del 4.4%; en 1991 del 3.6%; en 1992 probablemente del 2.7%, y no se espera que la cifra de 1993 exceda a la de 1992.
Se anuncia un propósito, una intención que es sin duda loable, la de incrementar la construcción de viviendas en 320 mil; es una cifra considerable, si bien modesta, desde el punto de vista de las necesidades; las necesidades de vivienda andan por encima del orden de 8 millones
en el país, sólo en el Distrito Federal por ahí de un millón. No sería malo sin embargo que se construyeran 320 mil viviendas, como un mecanismo para aliviar el rezago enorme en esta materia.
Sin embargo, preocupa al Partido Popular Socialista y desea compartir esta preocupación con todos ustedes, compañeros legisladores, el problema de cuál pueda ser la base financiera para trazarse una medida o un propósito de este carácter.
El monto requerido para construir 320 mil viviendas populares de un tipo muy modesto, sería aproximadamente del orden de 21 billones 120 mil millones de viejos pesos. Esa cifra equivale a 2.7 veces el presupuesto público total de solidaridad y desarrollo regional durante todo 1993. Equivale también al 47.4% del presupuesto público de educación, para tener algunos referentes.
No advertimos en el examen del presupuesto de egresos, que fue motivo de análisis en la Cámara de Diputados, el que fue aprobado por la mayoría priísta, no encontramos el sustento financiero para un compromiso de este carácter. Probablemente se esté pensando en descansar esa responsabilidad en la iniciativa privada, probablemente se esté pensando en que sean los particulares los que construyan viviendas; en esa magnitud, si es así, no correspondería al Jefe del Ejecutivo asumir como compromiso suyo una tarea que estará en manos totalmente distintas y ajenas y que desde luego no tendría nada qué ver con el interés de satisfacer necesidades sociales, sino estaría específica y únicamente en el ámbito de las relaciones de mercado, quién puede vender, con qué interés construye y vende, quién pude comprar.
Evidentemente que si esto va a las condiciones de mercado, el tipo de vivienda y el costo de venta de las mismas, hará que el 80% de la población, es decir todos aquellos mexicanos con ingresos de cuatro salarios mínimos o menos, no tengan nada qué ver con la perspectiva de tener acceso a alguna de esas 320 mil viviendas.
Promover más empleos, se dice en el propio mensaje del domingo 10, pero no se expresan qué medidas se llevarán a cabo para dar sustento a ese compromiso. A juicio nuestro, sería menester antes, para poder cumplir con un compromiso de esas características, abandonar del todo la política que se ha seguido durante estos cuatro años y durante los seis años anteriores. El neoliberalismo en ninguna parte del mundo, y México no es la excepción, ha contribuido a la creación de empleos, por el contrario, ha contribuido a incrementar el, ejército de desempleados.
Se habló en el propio mensaje, del Tratado de Libre Comercio, al que se calificó como un instrumento adicional para la creación de empleos. Lo previsible, sin embargo, es que dicho tratado, de ponerse en marcha, acelerará el proceso que hemos venido viviendo en los últimos años, de quiebra de miles de empresas de capital nacional de diversa magnitud, empresas medianas sobre todo empresas pequeñas y micro. Como resultado de ese proceso, muchos compatriotas han sido ya despojados de su plaza de trabajo, y muchos más lo serían en el futuro inmediato.
La instalación en nuestro país de algunas decenas de empresas de capital extranjero, nos diría nuestro buen amigo el diputado Javier Garduño Pérez, crearán un fenómeno a la inversa y propiciarán el que se generen nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, si razonamos ese argumento que es válido, y lo cotejamos con el otro, con el de las empresas que son desplazadas, que son llevadas a la quiebra y a su desaparición, encontramos que las que desaparecen son mucho más en número que las que se instalarían, presumiblemente, que las que se instalarían en nuestro país, empresas de capital extranjero inducidas por el interés de aprovecharse de nuestra fuerza de trabajo excesivamente barata, en términos generales cuentan con un equipamiento tecnológico más moderno que las que están desapareciendo, y por lo mismo ocupan mucho menor cantidad de fuerza de trabajo con relación a las unidades producidas.
Por lo tanto, a partir de esos dos cotejos, número de empresas que desaparecen, número de empresas que presumiblemente se instalarían, mayor equipamiento tecnológico de las que llegarían que de las que desaparecen, es evidente que el saldo, al poner en un platillo de la balanza a quienes pierden su trabajo y a quienes podrían conseguirlo por la otra vertiente, es extremadamente desfavorable; es decir, evidentemente se acrecentará el ejército de los desempleados en nuestro país.
Se exalta en el propio mensaje la reforma educativa como un hecho prometedor de una vida mejor para los mexicanos, pero hasta ahora no se valora públicamente con suficiente intensidad el hecho de que tal forma liberará al Estado en el nuevo texto constitucional y en el actual contexto político y económico, de cumplir con el deber de impartir educación en otros grados
Y niveles más allá de preescolar, primaria y secundaria, y por lo tanto esta reforma ha resultado profundamente elitista, regresiva y antisocial, al abrir las posibilidades de la privatización, entre otras, de la educación normal para maestros, de la educación científica y técnica, de la educación superior, en términos genéricos.
Se hablo en el propio mensaje de responder a los campesinos en la tarea de la transformación de la vida rural. Lo cierto es que la reforma contrarrevolucionaria realizada al artículo 27 de la Ley Suprema, creó la base jurídica para la destrucción del ejido y de la comunidad. Esa medida ya, en este momento, se está reflejando en el acrecentamiento de la miseria de los campesinos y en el incremento de la migración hacia las ciudades, y ese proceso, previsiblemente deberá multiplicarse en mucho en los meses venideros.
Y otra preocupación respecto a la protección del medio ambiente, también se ha mostrado el interés gubernamental por atender esta esfera en la que hay tanta sensibilidad y tanto interés por parte de toda la población; sin embargo, aquí nuevamente nos preocuparía el problema del financiamiento.
La asignación presupuestal para el Programa de Protección Ecológica durante 1993, fue de 1 mil 563 millones 7001 mil nuevos pesos, lo cual equivale al 0.77% del presupuesto público programable.
Tal monto será aplicado por 11 dependencias, 24 entidades y por instituciones de crédito, a través de apoyos financieros, según se publica en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este programa, sin embargo, comparado con 1992, tiene una disminución real de 40%. Bueno, no se refleja entonces en los términos financieros la preocupación por atender el problema ecológico tan severo que vive nuestro país.
En el área de los salarios específicamente, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publicaron un desplegado el día de ayer, miércoles 13 de enero, en el periódico El Nacional, no sé si en algunos otros diarios, al que titula "Producción, salarios y productividad en la economía mexicana. Los hechos, 1989 - 1992". Y de esto destacaría la insistencia en el argumento que ha venido manejando la parte gubernamental, y concretamente el doctor Aspe, de señalar que los salarios de la industria manufacturera han tenido un crecimiento importante en este desplegado, y ya antes de una intervención muy reciente del doctor Aspe, se hablaba de un 28.9% de incremento.
Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, es bastante cuestionable el tomar solo un pequeño elemento del universo en su conjunto que se esté discutiendo y sustraerlo de contexto para hacer un análisis sobre mejora o deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios. Eso se hace cuando sólo se toman los salarios manufactureros, como lo ha venido haciendo el doctor Aspe.
No es válido desde un punto de vista metodológico, serio, desde ningún punto de vista metodológico serio.
Tampoco es válido que se escoja sólo un período muy reducido, cuando lo que se debe tomar es la muestra en su conjunto de toda la fase en que se ha aplicado una determinada política.
En nuestro caso, si no nos ocupamos solamente de los salarios manufactureros, sino de los salarios contractuales en su conjunto, no encontramos que no hay mejoría de un solo peso, sino retroceso, y más aún si abordamos los salarios todos en conjunto, ya no solo los contractuales.
Entonces seguimos viviendo un proceso de franco deterioro de la capacidad adquisitiva, de la que en todo caso, se diría, escapan apenas algunas ramas de la producción, concretamente los trabajadores de la industria manufacturera, que son los que ha tomado como ejemplo el doctor Aspe.
Podríamos añadir dos ramas más de la producción, servicios financieros, comercio, hotelería y turismo, y nada más, todas las demás ramas de la producción, en todas ellas, el salario sigue con franco deterioro, es decir, salvo un pequeño número de trabajadores, la gran mayoría sigue sufriendo la merma considerable y permanente de sus ingresos.
Pero todavía, esto, esta aceptación en principio de que en esas ramas pudiera haber mejoría, se constriñe solamente a un período muy breve, al período 1989 - 1992; pero si examinamos el período en su conjunto, en el que se ha aplicado la política neoliberal, 1980 - 1990, 1982 - 1992; para ser más concretos, entonces no hay una sola rama ni siquiera salarios manufactureros, ni siquiera comercios, restaurantes y hoteles, ni siquiera servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, donde se registre la menor mejoría.
Así, por ejemplo, los salarios de la industria manufacturera tendrían una caída en el período 1982 - 1992 del orden del 15%, y probablemente son los mejor librados; en otros la caída se va al orden del 66% o más; es decir, una reducción dramática, la necesidad de trabajar tres jornadas de hoy para poder comprar y consumir lo que se compraba y consumía con una sola jornada de hace 10, 12 ó 15 años.
No hay, no hay, pues, ninguna razón si no es muy retorcida la argumentación y la metodología para darle sustento, no hay ninguna razón para hablar de recuperación salarial, como tampoco la hay para hablar de reducción de la tasa de desempleo.
El poder público expresa cifras muy cuidadas para hacer aparecer una tasa de desempleo pequeña, pero aun el propio poder público reconoce para este momento, con sus cifras reducidas, un 2.9%, frente a un 2.7% de 1989; es decir, tendríamos un crecimiento de la tasa del desempleo del orden de dos décimas de punto porcentual.
Sin embargo, ya hemos explicado en otras ocasiones, en otros debates, que las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática manejan diversos rubros, bajo diversas expresiones conceptuales, una serie de capítulos que tienen qué ver con el desempleo, que usualmente la parte gubernamental sólo toma uno de esos rubros, y es el que da 2.9%; pero que, si se toma ése y se le añaden los otros rubros, también del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, también de datos oficiales, entonces nos lleva esto a un monto ya no del 2.9%, sino a un monto del 25 punto algo por ciento, dependiendo del momento exacto de la muestra.
Es decir, uno de cada cuatro mexicanos, desde el punto de vista de la población económicamente activa, es víctima del desempleo en nuestro país. Es una situación verdaderamente inadmisible, inmoral.
Por todas estas razones, compañeras y compañeros legisladores, y considerando que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada por senadores y diputados representantes del pueblo y de la nación, tiene sin duda facultades para expresarse en temas tan sentidos para el pueblo de México, para los trabajadores que son la gran mayoría de la población nuestra, como es éste de la concentración creciente de la riqueza en pocas manos, y para ser llamados y exhortados, si bien no para legislar que evidentemente no las tiene, no en esta materia, no como Comisión Permanente, me permito poner a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.
Dice así. Considerandos:
Primero. Que la política neoliberal fue una moda, fue un moda emergente en el escenario del mundo hace 12 años y resultó efímera.
Segundo. Que en efecto la política neoliberal vista como estrategia de desarrollo ha fracasado en todos los países donde se aplicó sin excepción.
Tercero. Que en ninguna parte propició el bienestar social sino que por el contrario aceleró el proceso de la concentración de la riqueza en muy pocas manos, condenando a una creciente pobreza a los sectores mayoritarios de la población.
Cuarto. Que condujo a una pérdida creciente de la soberanía de los países en vías de desarrollo y a una peligrosa acumulación de fuerza en el escenario mundial, a la potencias imperialistas llenándolas de prepotencia, según comentábamos ya en el primer tema del orden del día de esta misma sesión.
Quinto. Que el caso de nuestro país ha llevado a más de la mitad de la población a vivir por abajo de los umbrales de la pobreza, también cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía he informática, y ha sumido a uno de cada cinco mexicanos en la absoluta miseria.
Sexto. Que de igual manera ha hecho perder soberanía a la nación mexicana estrechando ominosamente sus perspectivas históricas.
Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda dirigirse en términos respetuosos al Jefe del Ejecutivo, convocándolo al ejercicio de una reflexión autocrítica respecto a la estrategia económica, política y social, que se ha aplicado desde el inicio del actual Gobierno a la vista de los resultados profundamente negativos que ha traído a la nación y al pueblo.
Lo convocamos para que abandone de inmediato esta vía y trace otra, condensada, discutida y elaborada conjuntamente con las fuerzas políticas y sociales de carácter patriótico, democrático y progresista de nuestro país, para marchar hacia la reconstrucción de la economía nacional, hacia una equitativa distribución del ingreso y hacia el rescate y la consolidación de la soberanía nacional.
Está firmado por un servidor, señor Presidente, el punto de acuerdo que proponemos y lo entregamos a la Secretaría para su trámite respectivo. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Si le parece, reservamos su propuesta para darle trámite al final del debate como hicimos en un caso anterior y nos ajustaremos al 58 del reglamento.
Tiene ahora la palabra el señor diputado Miguel Angel León Corrales del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con la venta de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
Las afirmaciones de Pedro Aspe, secretario de Hacienda y Crédito Público en el sentido de que la disminución del salario, el crecimiento del desempleo y la falta de crecimiento de la inversión en México son mitos geniales hechos el pasado mes de enero frente a la comunidad académica y exalumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, motivan a nuestro grupo parlamentario a hacer en esta alta tribuna algunos comentarios:
Las conclusiones a las que ha llegado el Secretario de Hacienda desde su cómodo gabinete parecen obedecer a la realidad de un país que no es el nuestro. Para nosotros, salario y empleo son dos rubros de la deuda social que el régimen no ha podido saldar con la población más desprotegida. Si alguna duda cabe, baste recorrer nuestro país para constatar que los más de 40 millones de mexicanos ubicados oficialmente en la pobreza no son solamente un cifra fría, sino una verdad lacerante e inocultable que solamente el Gobierno parece no ver.
Pero la polémica la abrió realmente al Presidente de la República con motivo de la salutación de año nuevo ante la dirigencia del Congreso del Trabajo del día 5 del mes en curso. Lo que sucede es que el Secretario de Hacienda fue mucho más áspero en sus declaraciones y quizá por ello convenga demostrar que los datos hechos públicos por sindicatos, empresarios, investigadores universitarios, partidos políticos, entre los que nos incluimos, y las propias cifras oficiales, dejan en claro que Pedro Aspe se ha puesto contra todos.
Para nadie es desconocido que el salario ha sido uno de los renglones más golpeados por la política económica de los gobiernos priístas, no obstante la disposición constitucional de proporcionar a los trabajadores salarios que deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria a los hijos tal y como lo establece el artículo 123.
Su insuficiencia, el aplazamiento indefinido de una verdadera y generalizada recuperación de su poder de compra y su persistente caída, son un hecho irrefutable. No sólo las organizaciones obreras lo reconocen, los organismos patronales coinciden en señalar la contracción del salario como un grave problema social y como uno de los principales obstáculos al crecimiento del mercado y de la economía.
El Congreso del Trabajo dio a conocer recientemente cifras de la Organización Internacional del Trabajo que establecen una relación de ocho a uno entre los salarios de México y Estados Unidos. Sostiene también que el 92% de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, gana de uno a menos de dos salarios mínimos.
El Presidente de la Asociación Nacional de Estudios para la Defensa del Consumidor, afirmó que los salarios perdieron 20% de su poder adquisitivo sólo en la primera semana de 1993.
Se ha demostrado ya incluso con estadísticas oficiales, la caída del salario real y el carácter insuficiente y no generalizado de la recuperación que hoy pregona Pedro Aspe para los salarios manufactureros, como lo sustentaremos en esta tribuna. Pero lo más delicado del asunto es que la contención de los salarios forma parte fundamental de la estrategia económica del salinismo.
Para el control de la inflación, el saneamiento de las finanzas públicas, el fomento de las exportaciones y la atracción de la inversión privada nacional y extranjera, sostenemos la idea de que el férreo control de los salarios ha sido y es un instrumento clave. La prueba de ello es la persistente caída de los salarios mínimos que en lo que va del actual sexenio se han deteriorado
en más del 20%, cosa que ni Aspe puede negar. Todos sabemos que esa es una política deliberada del Gobierno, ya que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se ha convertido en un apéndice claro del gabinete económico.
La última prueba de que la contención de los salarios es política oficial, la tuvimos en la firma del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, en este instrumento el Gobierno volvió a imponer un nuevo castigo al salario mínimo, y por primera vez ató a los salarios contractuales al tope definido por éste, disponiendo que para 1993 no deben aumentar más de un dígito, incluyendo el renglón de prestaciones.
Asimismo, los salarios del sector público han sido duramente castigados, de conformidad con nuestras estadísticas, el deterioro de los salarios de los trabajadores al servicio del Estado en el período 1984 - 1991, ha sido para el sueldo mínimo burocrático, de 46%; para el sueldo promedio, de 44% y para el sueldo máximo mensual, en el orden del 38%.
Conviene recordar que el aumento recibido por los servicios públicos a finales de 1992 fue del 7%.
Por otra parte, de acuerdo a la investigación del taller de análisis económico de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, las remuneraciones promedio pagadas a los trabajadores agrícolas, perdieron el 51% entre 1982 y 1991. De este sector no se dice absolutamente nada aun y cuando con las reformas constitucionales en materia agraria, se incrementará el número de los proletarios del campo.
En alianza patrones y Gobierno con la docilidad de representantes obreros oficialistas, han provocado un desplome brutal de los salarios. Así, en 15 años los salarios mínimos han perdido entre el 67 y 68% de su poder de compra. Estas cifras, del 67 y 68%, que son cifras en base a nuestros datos estadísticos, son muy similares a las que dio a conocer la Confederación de Trabajadores de México, que fueron consignadas en la Prensa el día de ayer y que ubican la pérdida real del salario mínimo en 64.5% exactamente para el mismo lapso.
Como lo han reconocido Salinas de Gortari y Pedro Aspe, la productividad de los pasados cuatro años se ha incrementado a pesar del castigo en los salarios. No obstante, con bajos salarios la productividad tiene un límite. De no conseguirse una recuperación salarial en un plazo razonable, los conflictos obrero - patronales irán en aumento. Si la solución a éstos va a ser la misma que se aplicó a los trabajadores de la Volkswagen es previsible que no haya mayores índices de productividad, sino un nuevo conflicto ahora latente a causa de la inconformidad obrera.
En estas condiciones es preciso que las negociaciones contractuales gocen de la más amplia libertad para llegar a convenios que beneficien a los trabajadores y sus familias.
En cuanto a los salarios mínimos generales y profesionales, en su oportunidad daremos a conocer un punto de acuerdo al respecto, que corrige el arbitrario 7.02% con el que fueron incrementados este año.
La exigencia de un salario constitucional es hoy más que nunca, un reclamo de elemental justicia para quienes producen la riqueza de nuestra nación. Si se quiere trabajadores productivos y competitivos, se necesita proporcionarles los medios para su adecuada alimentación y reproducción. Con los actuales salarios, es imposible.
Hoy por ejemplo, un kilo de carne cuesta 16 nuevos pesos, en cambio, con un día de salario mínimo, un obrero apenas gana 14.27 nuevos pesos. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos trabajadores mexicanos se dan el lujo de comer carne una vez al mes.
Ahora bien, por otro lado las estadísticas oficiales de desempleo en México son sumamente engañosas.
En su IV Informe de Gobierno, el licenciado Salinas de Gortari, nos dice que de enero a junio de 1992, la tasa de desempleo abierto de las 16 principales zonas metropolitanas del país se situó en 2.9%.
Pedro Aspe por su lado nos indica en las declaraciones ya citadas, que la tasa de desempleo, de acuerdo con los parámetros que siguen los países de la Organización Internacional del Trabajo, pasó en México, de 1989 a 1992, de 2.6 a 2.9%, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística.
En ambos casos significa que tres de cada 100 personas integrantes de la población económicamente activa se encontraban sin empleo y habían emprendido una búsqueda activa de ocupación. La forma de calcular el desempleo abierto, explica estas cifras tan bajas. De acuerdo con el investigador Carlos Salas, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, según la convención de la Organización Internacional del Trabajo, una persona se debe considerar ocupada si trabajó cuando menos una hora durante el período de referencia usado para aceptar información de empleo, sea por la vía de un censo o de una encuesta. En México el período de referencia es una semana anterior al levantamiento de la encuesta nacional de empleo urbano.
Así, para que una persona se clasifique como ocupada en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, basta con que declare haber trabajado una hora durante la semana anterior al momento en que se le aplica la encuesta, así haya sido, incluso, como un trabajador familiar no retribuido.
Consecuentemente para ser considerada como desempleada una persona, debe estar sin trabajo y no haber trabajado siquiera una hora en la semana anterior al levantamiento de la encuesta.
También de conformidad con esos criterios, para que alguien se le considere como desocupado abierto, debe cumplir con la condición de haber buscado trabajo a lo largo de un período no mayor de dos meses anteriores al momento de llevar a cabo la encuesta.
Lo expuesto, aunado a otras características metodológicas en la determinación del desempleo abierto, y la falta de un seguro del desempleo en México que permita a los desocupados buscar empleo por espacio de varios meses, hacen que los datos oficiales en nada se asemejen a la realidad.
Por otra parte, conviene señalar que debido a la reestructuración productiva; cientos de obreros han sido echados a la calle y han ido a engrosar las filas del comercio ambulante. De acuerdo con datos del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, uno de cada tres mexicanos integrantes de la población económicamente activa entre 1989 y 1992, fue absorbido por la economía informal.
Con el fenómeno del desempleo y la necesidad de los habitantes de conseguir un ingreso para subsistir, la estructura ocupacional de nuestro país ha ido cambiando; actualmente predominan las actividades comerciales y de servicios.
Una consecuencia adicional del crecimiento de las actividades no remuneradas, es que los empleos conseguidos son cada vez más precarios tanto en su estabilidad como en su ingreso. De lo que se trata es de encontrar trabajo a como dé lugar, no importa en qué condiciones.
Para nuestro grupo parlamentario, es sintomático que no se considere el impacto de la migración al vecino país del norte en los índices del desempleo. La única explicación que nosotros encontramos a esto, es un evidente labor de maquillaje para ocultar su elevado porcentaje.
Por ello nos resultan más creíbles las cifras proporcionadas por las centrales obreras y las agrupaciones patronales.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en su más reciente número del boletín macroanálisis, sostiene que la desaceleración de la actividad económica, aunada a la reestructuración productiva de las empresas públicas y privadas, ha tenido diversos impactos de ocupación de la fuerza de trabajo. En efecto, afirman, durante el primer semestre de 1992, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que se presentó un disminución en el empleo equivalente a 125 mil puestos.
Por su parte la Confederación de Cámaras Industriales, en un estudio declara: Que en tanto que la productividad en algunas ramas industriales ha aumentado hasta en 56% en los últimos meses, el empleo ha disminuido incluso a niveles más bajos que en 1980. Un caso concreto, nos dicen es el de la industria manufacturera, donde el empleo es hoy alrededor de 15% inferior al de la década pasada, y los salarios 30% menores a esa fecha.
La Confederación de Trabajadores de México en su balance de 1992 destacó que hubo recortes de personal en Tubos de Acero de México, Sociedad Anónima, en Astilleros Unidos de Veracruz, en los ingenios azucareros, en los restaurantes, maquiladoras, en Mexicana de Aviación, en la industria textil, siderúrgica, minería, madera, de papel, y en los medios de comunicación, que supera el medio millón de trabajadores que quedaron sin empleo este año.
Con ello, dice la Confederación de Trabajadores de México, el desempleo alcanza ya a 6 millones de mexicanos.
La empresa constructora Wartton contradice también a Pedro Aspe, al indicar que la tasa de desempleo abierto en el país se calcula en poco más del 9% de la población económicamente activa, al término de 1992.
En el anexo estadístico del Cuarto IV de Gobierno, encontramos datos que confirman este hecho. El total de puestos de trabajo remunerados en México en 1980 era de 20 millones 281 mil. Y para 1990 aumentó en 22 millones 583 mil. Lo que indica que en una década el número de plazas se incrementó en 2 millones 302 mil. Pero aquí habría que recalcar que la población económicamente activa creció en más de 10 millones de personas en ese mismo lapso. Sólo por esta diferencia tenemos que en esta década, entre 1980 y 1990, un déficit ya de 8 millones de plazas.
En ningún año de la década pasada, ni en ningún año del actual sexenio, la creación de nuevas plazas de trabajo ha correspondido siquiera a la mitad de las requeridas por el crecimiento de la población.
El Partido de la Revolución Democrática por su lado ha sostenido que la cifra de desempleo que se proporciona oficialmente es engañosa, no únicamente por lo que ya documentamos, sino porque además si nos atenemos a ella, si esa cifra de 2.9%, que tanto pregona Aspe, es cierta, entonces, compañeras y compañeros, resulta que el desempleo en México es menor que el de países como Estados Unidos de América, Japón o la Gran Bretaña, que reportan una tasa de desempleo abierto del 7.5%, 6.6% y 7.5%, respectivamente.
Por todas estas razones, nosotros queremos proponer a esta Comisión Permanente un pronunciamiento político en el siguiente sentido:
"Los Grupos parlamentarios integrantes de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comprometidos con el respeto y la plena vigencia de las garantías sociales y los derechos de los trabajadores mexicanos, estimamos conveniente que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reúna para reconsiderar el porcentaje de aumento a los salarios mínimos generales que regirán en 1993.
En virtud de lo expuesto y de que existen condiciones económicas que lo justifican, nos pronunciamos porque el Secretario del Trabajo y Previsión Social, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción I del segundo párrafo del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, solicite al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos convoque a los sectores productivos para que en el seno de dicha comisión dialoguen en torno a una nueva revisión de salarios mínimos, que respete los requisitos conferidos a los mismos por nuestra Carta Magna."
Compañeras y compañeros: Para nuestra fracción parlamentaria si algún mito existe, es el que nuestros gobernantes pretenden crear en torno a las bondades de su llamado liberalismo social, que lo único que ha provocado es reducción del salario, pobreza y desocupación de miles de mexicanos. Muchas Gracias. Dejo a la Secretaría mi propuesta.
El Presidente: - Su propuesta, señor diputado, la vamos a reservar para dar cuenta con ella y tomar la opinión de los miembros de la Comisión Permanente, al finalizar el debate.
Concedemos la palabra al señor senador Ramón Serra Ahumada, para referirse al tema que nos viene ocupando.
El senador Ramón Serrano Ahumada: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Uno de los retos más importantes de la actual administración, lo constituye la conjugación de la recuperación gradual del crecimiento, sobre la base de una estabilidad económica que ofrezca los suficientes atractivos para el incremento de la inversión, que lleve a la ampliación de la oferta del empleo productivo y, sobre todo, bien remunerado.
No se puede hablar del binomio empleo - salario sin revisar analíticamente la situación económica interna y externa del país. A pesar de ineficiencia de nuestra economía, es indudable que en 1992 se obtuvieron logros que nos permiten, a través de una estricta disciplina fiscal y monetaria, avizorar la tan ansiada estabilidad económica.
Sin embargo, es necesario hacer énfasis en que por mucho tiempo el país transitó por una crisis económica aguda que deterioró el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, particularmente de los trabajadores. No debemos olvidar que años atrás se llegaron a registrar cifras inflacionarias de tres dígitos, lo que impedía la cristalización de cualquier esfuerzo para elevar los niveles de bienestar de los mexicanos, sobre todo de los de menores recursos.
Cierto que el poder adquisitivo de los trabajadores de México se ha deteriorado en los últimos años, incluso en algún momento de manera preocupante, ya que en tanto los precios crecían de manera geométrica, los salarios apenas experimentaban ligeros incrementos. Aunado a lo anterior y por la dinámica económica que el país registraba, el fantasma del desempleo se convirtió en una realidad alarmante, ya que no
existían las condiciones suficientes para satisfacer las demandas de la población, que requería trabajo y en algunos casos se perdieron algunas fuentes que generaban un número importante de empleos.
El subempleo pasó a ocupar un lugar importante en la economía nacional, ya que las personas que perdían sus fuentes de trabajo o bien las que no encontraban ocupación, tuvieron necesariamente que ingresar a las filas de la economía informal para satisfacer esos requerimientos prioritarios.
Reordenar nuestra economía era impostergable; combatir vicios añejos, imprescindible, y revertir tendencias negativas, una necesidad. Por ello, se adoptaron medidas en materia de política económica que permitieran salvar la crisis en que transitábamos.
Es por todos conocida la estrategia que en materia económica se ha adoptado para reiniciar el crecimiento del país. Sin embargo, deseo enfatizar que el principal logro de Gobierno y sociedades, es que a pesar de momentos difíciles, nunca se extravío la convicción de que unidos podríamos salir adelante.
En tanto en otros lugares se confrontaba, en nuestro país se conciliaban y se concertaban los intereses y esfuerzos entre el Gobierno y los sectores productivos del país. Sin lugar a dudas, ello ha sido fundamental para paulatinamente salir de la crisis y retomar el camino del crecimiento y de la estabilidad económica que todos los mexicanos reclamamos.
Efectivamente, los trabajadores son quienes han llevado en sus hombros el peso de la reordenación económica del país. Por ello, escuchar sus demandas de un pronto reencuentro con mejores niveles de vida no sólo es comprensible, sino es de justicia elemental.
Hoy en día podemos los mexicanos expresar con satisfacción que en virtud de nuestra unidad y solidaridad, empezamos a revertir tendencias económicas negativas para vislumbrar expectativas más alentadoras. En este punto es conveniente citar que el fantasma de la inflación, si bien es cierto no lo hemos erradicado de manera definitiva, ahora se mantiene en niveles razonables, a pesar de que en 1992 no se logró reducirla a un dígito. Se espera que continuando el esfuerzo inicial, para el presente año se obtenga esta meta.
Al reducir sustancialmente el índice inflacionario, el poder adquisitivo de los trabajadores experimentará una recuperación importante, permitiendo elevar sus niveles de bienestar. Igualmente, el país obtiene hoy en día tasas de crecimiento económico, que sin ser espectaculares, nos permiten con solidez esperar que en los próximos años la recuperación sea más tangible y sus beneficios lleguen de manera más clara a toda la población.
El salario real ha experimentado una tendencia, aunque ligera, de crecimiento y en algunos sectores de la economía tenemos cifras que presentan un dinamismo mayor que nos señalan indicios claros de la recuperación económica. Sin embargo, habremos de adoptar nuevas estrategias y ensayar nuevos mecanismos que permitan a los trabajadores contar con mayores ingresos que posibiliten mejores niveles de vida. De esta manera, los trabajadores organizados han recurrido en tiempos pasados a la revisión directa de sus contratos colectivos, permitiéndoles obtener resultados más ventajosos.
En el período enero - septiembre de 1992 obtuvieron un promedio anual de incremento del orden del 16.5%, a diferencia del 14.2% de aquellos que acudieron a la conciliación de las autoridades. Conveniente resulta entonces que para mejorar los niveles salariales de los trabajadores, se realicen las revisiones contractuales empresa por empresa, ya que de esta manera seríamos congruentes con nuestra posición de que cada una de ellas tiene características particulares, posición diferente en el mercado y capacidad económica distinta.
Fórmula imprescindible hoy en día para encontrar mayor equidad en la retribución salarial, es la invocación del concepto de la productividad, ya que a mayor productividad, debe también otorgárseles mayores ingresos a los trabajadores, quienes son los protagonistas esenciales de su logro. No debemos pasar por alto que hoy más que nunca el concepto de productividad debe ser factor fundamental en nuestras actividades económicas, ya que estamos en el umbral del tratado comercial más importante del mundo, por el número de personas involucradas y si no tenemos como premisa fundamental el concepto de productividad, no podremos ser competitivos y los beneficios que esperamos generen una economía diestra, no llegarán en la medida de lo esperado.
Sin lugar a dudas, el reto que enfrenta el país en materia de empleo y de recuperación de los salarios reales es formidable, ya que implica toda una serie de factores que deberán conjugarse, que permita al país obtener tasas de crecimiento
superiores a las del crecimiento de la población y de esta manera responder a las demandas que en materia de empleo requieran las presentes y futuras generaciones de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, en términos del artículo 102 del reglamento.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Es interesante ir cortejando los puntos de vista en torno a este tema, con la idea de que pudiéramos ir buscando acercamientos y concentrando los términos de los diferendos.
Nos dice nuestro respetado compañero de Comisión, el Senador Serrano, nos dice que vivíamos ante una situación de crisis, que en esa situación de crisis la inflación era un fenómeno mucho mayor, que ahora que alcanzaba una tasa preocupante, que ahora se ha reducido de manera sustancial; estamos de acuerdo, no tenemos discrepancia en esta cuestión.
Nos dice que en aquella época de crisis, el crecimiento acelerado de los precios iba dejando en rezago los incrementos salariales; también estamos de acuerdo.
Nos dice que ahora se ha abatido la inflación y por lo tanto ya el incremento de los precios no es al ritmo que se dio en aquella época; también estamos de acuerdo.
¿Dónde estaría la discrepancia? No nos dice el compañero Serrano, quedaría algo así como tácito, no lo expresó, quedaría como tácito que si antes teníamos una información, una tasa inflacionaria alta, probablemente los salarios se estuvieran deteriorando muy gravemente; que ahora que tenemos una tasa baja, probablemente ya no se deterioren o no se deterioren tanto.
Bien, es muy fácil someter a datos empíricos, cotejar con datos muy objetivos para ver qué tan válida es esta concepción. Esto nos llevaría a que la etapa del anterior modelo, que ahora se critica por populista y paternalista, con toda su fase de crisis, de alta tasa de inflación, pues valorarámos cuál fue el grado de deterioro que alcanzaron los salarios; ese modelo, como todos sabemos, se abandona en 1982 para entrar al modelo actual.
Lo que nos dicen los datos empíricos, los datos estadísticos concretos, los datos oficiales, sin recurrir a fuentes distintas, para no tener un embrollo más en nuestra discusión, es que el deterioro real de los salarios en aquella fase, en aquella etapa de altas tasas de inflación, con aquel otro modelo que abandonamos y que consideramos negativo, aquel del paternalismo y del populismo, la tasa de deterioro salarial era bastante menor que ahora, se sigue deteriorando los salarios y de una manera más acusada, a pesar de que hemos reducido la tasa de inflación.
Eso es lo que nos dicen los datos empíricos y bueno, la preocupación nuestra es muy aguda, nosotros no justificamos la política económica y social del Gobierno de López Portillo, por ejemplo, no la justificamos, no la compartíamos, la criticamos muy severamente, no es el modelo que estamos proponiendo, pero con todo y eso el deterioro salarial fue bastante menor en el período 1976/1982, que el deterioro salarial en la nueva fase del modelo neoliberal o liberal social o como gusten llamarle, es el nuevo modelo.
Entonces no basta con reducir la inflación y estar esperando que las fuerzas del mercado, a que el desarrollo, a que el crecimiento, que no desarrollo, desarrollo es otra cosa, que el crecimiento de la economía alcance tasas superiores al crecimiento de la población y que eso por sí sólo pues vendrá dando alguna redistribución tal para que algún día mejoren los salarios, vemos que eso no funciona, nunca ha funcionado; no funcionó antes de que se aplicara aquel modelo, aquel modelo que se abandonó en 1982, no funciona ahora, no operan las leyes del mercado en ese sentido, no es posible ni teórica ni prácticamente, ni empíricamente se puede demostrar eso.
Estamos teniendo tasas de crecimiento económico por encima de las tasas de incremento demográfico, es cierto, pero no está operando en una distribución equitativa del ingreso, sino en una distribución concentrada en pocas manos. Esa es nuestra preocupación, resulta que con tasas elevadas de inflación salen perdiendo los trabajadores, salen ganando los capitalistas y que después con tasas reducidas de inflamación nuevamente salen perdiendo los trabajadores y salen ganando los capitalistas. En nuestra opinión no se vale, hay que buscar una solución de otro carácter. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Autentico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor presidente, señores senadores; señores diputados:
El proceso de estabilización de la economía mexicana durante la década de los ochenta y los años recientes, ha traído consigo costosos sacrificios para algunos sectores, en particular para los asalariados y en menor medida para algunos otros grupos sociales y lacerantes efectos para los grupos desposeídos.
La pérdida del dinamismo de la economía y el crecimiento de los precios, se ha reflejado entre otros, en una lenta evolución de empleo y una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores.
En el último caso, si se toma como indicador el índice de salarios y prestaciones medias en la industria manufacturera, publicada por el Banco de México, se observa un retroceso en términos reales de un 18.4% en el año de 1992, en relación con 1980, y una disminución del 25.9% si se emplean los totales de salarios.
Sueldos y prestaciones, aun cuando cabe observar desde ambos casos, una ligera recuperación en los últimos cuatro años. Al respecto, cabe hacerse notar que tal evolución se debe al dinamismo registrado en la industria maquiladora, a la desgravación fiscal de los estratos menores y a la compactación de las prestaciones en este indicador.
Es un hecho reconocido por las fuentes oficiales de información estadística, que una proporción importante de la producción manufacturera proviene del sector que se dedica a las exportaciones en particular. El sector automotriz da cuenta del 34% de las exportaciones manufactureras, en este sentido la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Hacienda, publican una serie de cuadros que pretenden desmentir las afirmaciones planteadas por sindicalistas estudiosos de la materia, en el sentido de que ha aumentado el desempleo y se ha deteriorado el salario.
Los cuadros estadísticos hablan de una mayor productividad y un aumento en la producción manufacturera, pero esta información en nada contradice el hecho de que ha aumentado el desempleo, pues como decíamos al principio, estos aumentos se han visto restringidos a áreas muy especificas de la economía, como el mencionado en el sector automotriz. Asimismo aumentos en la productividad han sido obtenidos gracias a la implantación de métodos gerenciales más eficaces, por lo general han significado recortes de personal.
Las áreas de microindustria relacionadas con la industria del juguete, la mueblería y otras altas generadoras de empleo, han sido arrasadas por la apertura comercial. En este sentido, el propio Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática habla de 5 millones 300 mil mexicanos desocupados parcialmente; es decir, que laboran menos de 35 horas a la semana. También fuentes oficiales confirman la profunda crisis que se ha cernido sobre el campo mexicano, lo que ha significado una expulsión de un gran número de familias campesinas que acuden a las ciudades de Estados Unidos de América.
Dentro de este comportamiento, los salarios de los trabajadores parecen ser los más afectados, ya que si se toma como un indicador de las remuneraciones de estos grupos el salario mínimo, éste ha crecido en promedio a un menor ritmo de los precios. Así, de 1986 a 1992, se observa una pérdida continua en el poder adquisitivo del salario, en relación al avance promedio de los precios, y en menor medida si se compara el crecimiento diciembre - diciembre de ambas variables.
Los mecanismos de concertación en las distintas etapas del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, mantienen un efecto no sólo sobre los salarios, compromisos contractuales, y por tanto en la dispersión de la estructura salarial. Adicionalmente, si bien se dice que los bajos salarios han emprendido una mayor tasa de desempleo abierto, lo cierto es que han estimulado las ocupaciones en el sector informal de la economía.
Un ejemplo de ello es la acelerada expansión de comercio en las calles y en grandes ciudades del país. De la misma forma, la reestructuración de algunos sectores de la economía, incluyendo al sector público, la menor tasa de expansión de otros, y el estancamiento de las actividades en el sector agrícola, han resultado en una menor creación de empleos, y por esta vía una disminución relativa de las remuneraciones al factor trabajo.
Si hubiera disminuido el desempleo, habríamos visto un descenso de la economía informal, una disminución de los mexicanos que emigran al otro lado, y una disminución también de la criminalidad en las ciudades. Sin embargo, estos tres fenómenos no sólo no han disminuido, sino que se han acentuado y muchas veces hemos visto nuestro zócalo convertirse en campamento de desempleados.
Con profunda visión social, el Constituyente de Querétaro incluyó en el artículo 123 fracción VI, párrafo segundo, que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos, y que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Estos criterios constitucionales, son anhelos populares no cumplidos, dado que el salario mínimo que perciben los trabajadores por jornadas extenuantes de trabajo, no sólo resultan ser raquíticos, sino poco estimulantes y hasta inconstitucionales.
No hay en la justicia retributiva, ni se cubren con él las necesidades sociales que menciona el artículo 4o. constitucional, párrafo segundo, tercero, quinto y sexto del citado ordenamiento, en relación a las necesidades mínimas de vivienda decorosa y a la salud tanto física como mental de los menores.
Por lo anterior, el aumento del 7.5% ofrecido al pueblo trabajador, no es retributivo ni ayuda en forma alguna al bienestar de su familia. Con estas bases, una central obrera ha intentado hasta en tres ocasiones el amparo de la justicia federal, sin haber conseguido a la fecha siquiera se le dé entrada a dicha demanda, a pesar de que a juicio nuestro, se ajusta en estricto a los requisitos que al efecto establece el artículo 103 constitucional.
El juez Rolando Rocha Gallegos, considera que el incremento otorgado es suficiente para atender a las necesidades de una familia obrera. Esto ha sido lo argumentado para desechar el juicio de garantía solicitado. Al juzgador le parece suficiente un salario de 14 pesos con 27 centavos, que equivale a la percepción obrera de hace 30 años, pero sin el poder adquisitivo de aquel entonces.
En materia de desempleo e insuficiencia de salarios, hay ejemplos palpables: los trabajadores despedidos de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría, que han puesto en evidencia que una es la política teórica del Gobierno en materia de conservación de empleos, y otra muy distinta es la realidad que sufren los desempleados.
Otro caso es el de los jubilados. Miles de personas de edad madura y avanzada edad, que en su oportunidad dieron en su juventud y entregaron sus esfuerzos en la producción, ahora viven en la más completa penuria, sin olvidar la dramática situación de los trabajadores migratorios, orillados a abandonar el país por falta de trabajo y sometidos en el extranjero a reiteradas y constantes violaciones.
Es por ello que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana insiste en variar el rumbo de la estrategia económica nacional, sobre todo en lo que toca a la insistencia en generar un superávit de las finanzas públicas y en dedicar todos los recursos, producto de la venta de las paraestatales, a la reducción de la deuda externa.
El salario mínimo jamás será suficiente en tanto no se establezca un efectivo control de precios, pues basta se anuncie cualquier aumento salarial, para que se dé una inmediata reetiquetación de los precios de artículos básicos, incluso antes de que el trabajador perciba la mejoría salarial.
Hacer una revaloración del poder adquisitivo de los trabajadores y equipararlo a los precios, seguido de un control estricto para que el valor de los artículos no rebase el poder adquisitivo.
No es justo que si la inflación creció en 1992 por encima del 11%, el trabajador sólo reciba actualmente un incremento salarial del 7.5%
En razón de los múltiples planteamientos anteriormente señalados, consideramos indispensable se convoque con la urgencia que el caso requiere, a los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fin de que razonada y reflexivamente reconsideren las carencias que vive la población laboral del país e incrementen sustancialmente los salarios mínimos generales. De lo contrario, de no atender de inmediato esta medida, haciendo caso a los justos reclamos de los desposeídos, veremos por todos los confines de la patria ejércitos de miseria, formados con soldados de la desocupación.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada, para referirse a este asunto.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada da Luna: - Con su permiso, señor Presidente, señores legisladores:
Los priístas no estamos conformes con el nivel actual de los salarios. Queremos que nuestros obreros, que nuestros campesinos, que las clases populares, tengan un poder adquisitivo más alto, y que por lo tanto el salario sea efectivamente remunerador, que haya medidas específicas para incrementar el empleo, para elevar el salario y para que el poder adquisitivo se incremente.
Pero los priístas queremos que esto se realice en forma decidida y de manera permanente; no queremos que el incremento en los sueldos, en los ingresos, sea simplemente una ilusión, una
situación pasajera, que con el paso del tiempo se revierta precisamente en contra de los que menos tienen.
Los priístas por lo tanto creemos que debemos de llegar a una situación estable y consolidada y no a una mejoría salarial únicamente o a una mejoría salarial por decreto.
Y para ello creemos y consideramos que es necesario para lograr este incremento real, estable y permanente, que es necesario, en primer lugar, disminuir la inflación en forma efectiva y, en segundo lugar, elevar los niveles de inversión.
Y en esto la administración actual tiene realmente un récord, un registro impresionante. La inflación de este año, de 11.4%, resulta ser la inflación menor de los últimos 20 años. Si nosotros consideramos que de 1972 para acá ha nacido el 55% de la población que actualmente hay en nuestro país, pues, entonces podríamos decir que ese 55% de los habitantes de México no conocían niveles de inflación como los que estamos viviendo en la actualidad.
En 1988 teníamos una inflación de cerca de 200%; para 1989 tuvimos una inflación del 50%; ahora, solamente cuatro años después, la inflación es del 11.4% y la meta que se ha establecido para este año de 1993 es la de llegar a un dígito: a 7%.
Esto es importante, compañeros legisladores, porque ya en el pasado vivimos situaciones en donde existía la carrera entre precios y salarios, y siempre fue en contra de los salarios. Por esa razón, mantener niveles de inflación controlados es un factor fundamental e imprescindible para elevar el nivel adquisitivo.
Lo importante, además, es que esta inflación se ha alcanzado con niveles de crecimiento, un crecimiento de 2.8% en 1992, y se ha planteado uno de 3% para 1993.
Nos comentaba el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, de su consideración de que este crecimiento es realmente recesivo, y yo quisiera señalar al respecto que este crecimiento nosotros lo tenemos que entender a la luz de lo que está sucediendo en otras economías.
En Estados Unidos de América hay un crecimiento menor del que se esperaba, pero al fin y al cabo un crecimiento de aproximadamente 2%, mientras que en Europa y en Japón nos enfrentamos con una situación de verdadera recesión.
Ante esta situación, un crecimiento del 3%, meta para el próximo año, puede no ser impresionante, pero constituye tres veces y medio más que el promedio internacional. Y si ahí nos ubicamos, entonces vemos que los esfuerzos de la economía mexicana realmente están dando resultados.
Y la baja de inflación la logramos no sólo con crecimiento, sino además con pleno abasto; esto es, sin inflación reprimida. Y esto pudo ser posible, en gran parte, gracias al establecimiento de un instrumento que nos ha dado grandes resultados, como han sido los distintos pactos.
En este pacto, por supuesto que reconocemos el sacrificio y el esfuerzo que han realizado, sobre todo los obreros y los campesinos, pero ha podido funcionar debido también a la amplia participación de los empresarios que han visto reducidas sus utilidades, y del Gobierno, que no ha elevado sus ingresos y que ha mantenido los precios y las tarifas también a la baja.
La inversión es el otro elemento fundamental que se requiere para elevar los salarios. Es la única forma de crear empleos verdaderamente productivos y la inversión que ha existido en nuestro país en los últimos cuatro años también resulta ser muy significativa.
En 1989 tuvimos un incremento de 6.5%; en 1990 de 13.4%; en 1991 de 8.5 y en 1992 las cifras estimadas nos dicen que el incremento de la inversión será cercano al 10%. Son estos elementos los que realmente nos permiten ver que la tendencia de nuestra economía es la adecuada y que realizamos por lo tanto avances significativos.
En materia de salarios se señaló aquí que éstos no se han incrementado y si bien el diputado Cuauhtémoc Amezcua nos señala que en algunos casos esto no ha sido así y que si se reconoce el incremento salarial en algunas ramas económicas, como resultan ser las de manufacturas y comercio, publicadas en todos los periódicos el día de ayer, pero también en las de servicios financieros, hotelería, turismo y algunas otras, se nos señala que el tiempo en donde se toman estas series es muy corto y por lo tanto no es válido.
Yo quisiera señalar al respecto que creo que precisamente el tiempo 1989 - 1992, nos marca la pauta de una política económica que ha logrado tener resultados concretos y específicos y que por lo tanto podemos darle seguimiento preciso en ese período. Empezamos con una base muy baja efectivamente en 1988, pero la tendencia
es clara y el crecimiento real en los salarios ha sido durante todos los años de este período.
Con relación al desempleo, preocupación que también tiene Miguel Angel León, se señala que las estadísticas de desempleo son engañosas y que únicamente tomamos en consideración los índices y los indicadores que señala la Organización Internacional del Trabajo.
Yo quisiera señalarle al diputado León Corrales, que esto no es así, ya que efectivamente, como el propio diputado Amezcua lo señalaba, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha expedido otra serie de indicadores, porque considera que la tasa de desempleo abierto no es una tasa que realmente nos refleje la realidad de nuestro país y que por lo tanto es necesario y es conveniente tomar otros elementos en estos indicadores.
Así, se habla de una tasa de presión general que incluye además del desempleo abierto, aquellos que estando ocupados, buscan un trabajo adicional, situación que resulta ser común precisamente en nuestro medio. Existe otra tasa que nos indica a los desocupados abiertos, más aquellos que trabajan menos de 15 horas a la semana. Otra más que nos dice y que considera dentro de estos indicadores de desempleo o subempleo el porcentaje de ocupados que ganan menos del salario mínimo y trabajan más de 48 horas a la semana, para llegar a una tasa que toma la desocupación abierta, más la ocupación de aquellos que trabajan 35 horas a la semana.
Me refiero a estos datos, señores legisladores, porque son publicados periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y nos dan distintos elementos de cuáles son las verdaderas tasas de desempleo y subempleo en nuestro país, y efectivamente, si se comparan con la tasa de desempleo abierto, tomada por la Organización Internacional del Trabajo, y que resulta para 1992 ser de 2.9%, efectivamente estos otros indicadores nos llevan a elevar estas tasas de desempleo o subempleo.
Algunas de ellas nos señalan que hay índices del 6.6%, del 10.9% o del 21%, según se tomen en consideración. Pero independientemente de eso, como ya se había señalado, lo importante es que la tendencia es a la disminución, independientemente de cualquiera de estos índices que nosotros consideramos, en todos y en cada uno de ellos considerados, comparados con 1988, en todos hay una disminución importante del desempleo y del subempleo.
De tal manera que consideramos que no es tan relevante el indicador que se tome, sino sobre todo la tendencia específica al respecto. ¿Cómo se ha logrado esto?, bueno, pues esto se ha logrado entre otras formas, porque se ha trabajado en una corrección financiera importante, que nos ha llevado a disminuir en forma significativa el pago de nuestra deuda interna y a terminar con los déficit que existían en el sector público.
En la actualidad, sabemos, lo vemos, hay todavía mucha pobreza en nuestro país y nos rebelamos contra esa situación. Creemos que es necesario hacer todos los esfuerzos para elevar el nivel de vida de muchos de nuestros compatriotas, para elevar sus oportunidades y su nivel de ingreso; pero hacerlo en forma efectiva y real nos tiene que llevar a reconocer que el gasto social en la actualidad resulta ser mucho más alto que en el pasado, y que este año es precisamente el más alto de los últimos 10, el 53% del gasto programable está destinado al gasto social, que es en términos reales mayor en 70% al de hace cuatro años.
Sólo así podremos enfrentar en forma efectiva e impactar la pobreza que todavía nos rodea, y las cifras precisamente nos indican que ésa es la tendencia, y que el gasto social que ha aumentado significativamente en estos cuatro años, nos da elementos para poder luchar en forma más definitiva contra este fenómeno.
Quisiera yo, para señalar que estamos de acuerdo en que el incremento en los salarios no puede realizarse a través de políticas de filtración o de cascada, como se han dado a conocer y que la única forma por lo tanto no es el mejorar exclusivamente el mercado para que como sobras de su mejor eficacia, los salarios se incrementen; no. Hay políticas específicas de productividad, de capacitación y de mejoramiento.
Y yo creo que resulta ser muy significativo el hecho de que las empresas que pagan ahora mejores salarios que aquellas que realmente han podido elevar sus costos en este elemento, son aquellas que han procedido a una mejor modernización, esto es, aquellas que se han desendeudado, aquellas empresas que han invertido en equipo y en capital y que, por lo tanto, están en mejor situación de enfrentar ahora la competencia.
Por estos motivos, compañeros legisladores, creemos que la política económica ha sido correcta. Consideramos que la política económica tiene tendencias muy claras de mejoría y que
además ésta nos permitirá, en plazos específicos, como ha empezado a ser ya, elevar todavía más, elevar de manera significativa, elevar de manera importante el poder adquisitivo del salario.
Unas reflexiones sobre lo planteado en esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, por cinco minutos, en términos del 102 del Reglamento.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Algunos de los asuntos que trató el compañero diputado Fernando Lerdo de Tejada, crecimiento de la economía en el contexto de la economía mundial.
Estamos, hemos afirmado aquí, en una situación de crisis generalizada del modelo neoliberal. La economía mundial está creciendo por ahí del 1% o un poco menos. Las economías de los países capitalistas de más alto desarrollo, están en franca recesión. Y, ya esto fue parte de lo que discutíamos con el doctor Pedro Aspe y ahora lo retoma el compañero Lerdo de Tejada, él dice: "Si comparamos nuestra economía con la de Estados Unidos de América, Japón o Alemania, nos va requetebien, 2.7% para 1% o menos". Sin embargo, otra vez tenemos problema de parámetros. Hay ciertos procedimientos metodológicos aceptables y otros no aceptables, independientemente de concepciones ideológicas, políticas o programáticas.
Y una verdad que es aceptada por todos los economistas desde siempre, es que no se vale comparar en cuanto a tasas de crecimiento, las economías de los países de alto desarrollo con las economías de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El peso inercial de una economía muy grande, es muy distinto: Para una economía muy grande, una tasa de desarrollo del 2.5%, el 2.7%; sería una muy alta tasa de desarrollo, una tasa de desarrollo del 3%, del 3.5% sería extraordinariamente alta. Para una economía pequeña, para una economía de un país en vías de desarrollo, una tasa de crecimiento del 2.7%, es francamente reducida; no vale pues comparar peras con manzanas o goles metidos en un partido de fútbol con carreras, en un partido de beis, porque en uno habrá mucho más que en el otro, se trata de parámetros muy diferentes. No corresponde a los mismos criterios.
Ya cuando debatíamos con el doctor Aspe, veíamos este asunto y le pedíamos que por qué no comparábamos el 2.7 más que modesto de crecimiento, que no de desarrollo de nuestra economía, con algunas semejantes o menores todavía, y entonces veíamos el caso de Colombia que está creciendo a un promedio de 4%; el caso de El Salvador que está creciendo a un promedio de casi el 4%, 3.8; el caso de Guatemala, que tiene un porcentaje semejante; el caso de Portugal, una economía parecida a la nuestra, que está creciendo arriba del 5%; el caso de la India, que está creciendo a casi un 8% anual; ¿dónde queda nuestro 2.7?
El caso de Corea del Sur, de Singapur, que están creciendo también por ahí del 8% anual en promedio, y como se ha manejado mucho entre los criterios neoliberales que era necesario privatizar para que creciera la economía, que era uno de los elementos fundamentales, cotejábamos con un país que tiene el 80% de su economía en manos del Estado, porcentaje brutal si comparáramos con los nuestros. Nosotros lejísimos estuvimos en cualquier momento de llegar al 80% de la economía en manos del Estado. Quien tiene el 92% de la economía en manos digamos de propiedad social o socialista, y sólo menos del 8, 7 punto algo en manos privadas, es la República Popular China. Y con esa economía en manos del Estado, casi en su totalidad tiene el impresionante promedio de crecimiento de 12.1% ¿Qué haría el doctor Aspe? ¿Le dará un infarto si él pudiera lograr algo semejante con la política neoliberal? 12.1% de crecimiento anual promedio en los tres últimos años. Economía en manos del Estado.
Eso sí destruye muchos mitos neoliberales y privatizadores; ahí sí se vale hablar de mitos.
Nos dice el compañero Lerdo de Tejada, sobre el problema que los compañeros del Partido Revolucionario Institucional están, porque la mejoría de los salarios sea real, larga y sostenida, que no sea efímera. Estamos totalmente de acuerdo; nosotros tampoco estaríamos interesados en una mejoría efímera.
El problema está. Lo que nosotros criticamos es el hecho, de que hasta hoy no se ha dado ni efímera, ni larga, ni sostenida. Lo que vamos teniendo es un constante y creciente deterioro de los salarios; antes por la inflación alta, ahora por la inflación baja, se siguen deteriorando los salarios. La baja en la tasa de inflación no ha corregido el problema, lejos de corregirlo, hasta ahora la reducción de la capacidad adquisitiva se sigue acelerando cada vez más. No es por ahí. Ese es el problema y no otro.
Mencionaba el compañero Lerdo de Tejada, el salario mínimo y antes lo había tocado también
nuestro compañero diputado Carlos Enrique Cantú, 14 nuevos pesos y fracción. Y bueno, está ahí a la vista de todo mundo la tabla elaborada por el Instituto Nacional de la Nutrición que citó la Confederación de Trabajadores de México, que está dando una pelea que nosotros respetamos y saludamos en torno a este problema. Bueno, pues esto está ahí desglosado. La canasta básica:
Un kilo de tortilla, 750 viejos pesos; medio kilo de jitomate, 3 mil viejos pesos; medio kilo de frijol, 2 mil 500; 200 gramos de sopa de pasta, 650 pesos; medio kilo de arroz, mil 500 pesos; 50 gramos de café, mil pesos; dos litros de leche de la Compañía Nacional de Subsistencia Populares, mil pesos; un kilo de verdura, 3 mil 500; medio kilo de fruta de temporada 2 mil pesos; un cuarto de azúcar 390 pesos; medio kilo de huevo, mil 900 pesos; un cuarto de retazo con hueso, 3 mil 250; un cuarto de aceite, 750 pesos; gas doméstico, 600 pesos; luz eléctrica, mil pesos; artículos de limpieza, 2 mil 250 pesos; renta o valor predial, 11 mil 600 pesos, se me hace bajísimo el criterio que siguió en este sentido, por lo menos en el de las rentas el Instituto Nacional de la Nutrición, pero démoslo por bueno, 11 mil 600 pesos renta o valor predial, agua, mil pesos, calzado, 3 mil pesos, a lo mejor esto era con las rentas congeladas que ya no operan ¿verdad? ya las echamos atrás; salud, 500 pesos, educación 500 pesos, diversión 500 pesos, transporte, mil 600 pesos. Total 48 mil 190 pesos; 48 nuevos pesos con 19 centavos, para 14 pesos 30 centavos nuevos pesos de ingreso.
¿Qué pasa con esa enorme cantidad de mexicanos que no alcanzan a tener 48 nuevos pesos con 19 centavos de ingreso? Es más de tres veces el salario mínimo, bastante más.
Y miren ustedes el dato, también del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a este momento es el 81.86% de la población que no alcanza a comprar esta canasta básica. 81.86%, más de ocho de cada 10 mexicanos no alcanza a satisfacer las necesidades mínimas. Es verdaderamente dramático el asunto.
Ojalá y la política neoliberal estuviera dando resultado y todo fuera cosa de, bueno, pues insistir y esperar. No está dando, lo que está haciendo es agravar, agravar en mucho la situación de las masas asalariadas.
Esta es nuestra gran preocupación. Creemos que esto no puede seguir así. Es un debate muy oportuno, justamente porque estamos en un año muy político, porque estamos en un año de grandes decisiones políticas, porque el próximo año tendremos un proceso electoral y porque nosotros nunca hemos visto los procesos electorales con un criterio estrecho de interés estrictamente partidista, sino con un interés de orden social, de orden popular, de orden nacional.
Interesa debatir estos problemas e interesa que quienes tienen interés serio en la solución de los grandes problemas del país, entren al debate, entren al conocimiento y vayan definiendo posiciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Bien. La discusión que estamos dando aquí en torno a la problemática de los salarios, de alguna manera tiene qué ver con lo que se ha planteado en esta última semana desde el sector oficial.
Yo en mí intervención decía que el 5 de enero, en una comida del Presidente de la República con la cúpula del Congreso del Trabajo, Salinas de Gortari afirmó "que en ningún año de su Gobierno se ha perdido salario real". La afirmación de él fue muy categórica: "En ninguna año de su Gobierno se ha perdido salario real, año por año y rama por rama". Dice.
Al día siguiente, el Secretario de Hacienda, acorde con este planteamiento de Salinas, planteó "que es un gran mito decir que no aumentó el salario".
La discusión desde el punto de vista es en los siguientes términos:
Que tanto Salinas como Pedro Aspe al ejemplificar en términos de índices, en términos de cifras, que el salario no ha perdido año por año y rama por rama, se están refiriendo siempre, ambos, a los salarios del sector manufacturero.
Nosotros cuando afirmamos que el salario sí ha ido perdiendo su espacio en todos y cada uno de los años del Gobierno salinista, nos atenemos para la comprobación al salario mínimo.
En el caso de Salinas y Aspe se refieren a los salarios más altos de la clase obrera en este país. En el caso nuestro nos referimos a los mínimos. Hablemos de qué representa cada parte.
El Gobierno ha venido pregonando que la población que recibe el salario mínimo en México ha estado decreciendo año por año. Se refiere a la última década y en particular a la parte que corresponde al sexenio salinista.
Pero, según los datos del último censo general de población, el de 1990, la población que está sujeta a un salario mínimo abarca el 26.5%. Y en cambio la población que está sujeta a los salarios de la industria manufacturera, representa aproximadamente el 12% de la clase obrera.
Entonces, en ese sentido, lo primero que habría que cuestionarse aquí es:
¿Qué resulta más representativo al hablar de los salarios, si referirnos a los salarios mínimos que tienen que ver con la cuarta parte de la población obrera o referirnos a los salarios de la industria manufacturera que tienen que ver solamente con el 12% de la clase obrera?
Y en este sentido nosotros somos muy categóricos. Si queremos hablar de la problemática del salario en este país, tendríamos que empezar por referirnos a la problemática del salario mínimo, porque no hay ningún otro sector de la clase obrera que sea mayoritario a este porcentaje de aproximadamente el 25% de la población obrera que gane el salario mínimo. Cualquier otro sector de la clase obrera que no gana el salario mínimo es inferior, pero por bastante, a la población que gana el salario mínimo.
Entonces, repito, si nos vamos a poner a hablar con seriedad, me parece que tanto Salinas como Aspe, en efecto, son muy inteligentes al referirse principalmente al salario de la industria manufacturera y evadir la problemática de los salarios mínimos, pero nosotros consideramos que dicha problemática no se debe de evadir.
Veamos cuál ha sido el comportamiento de los salarios mínimos en el período salinista. Y para evitar nuevamente esta discusión en torno a cuáles son nuestras fuentes, las que como fracción parlamentaria utilizamos, los siguientes datos son sobre la base de los salarios de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y sobre la base del índice nacional de precios al consumidor del Banco de México. Sobre estas dos fuentes, la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, nosotros hemos hecho la deflactación, para precisar si en efecto ha habido una pérdida o no del salario.
En 1989 aumentó el 4.34%, en efecto, pero debido a que se adelantó el aumento de 1990 y se hizo en diciembre de 1989. Entonces, en realidad en diciembre de 1989 hubo dos aumentos, el de 1989 y adelantado el de 1990, entonces tenemos una cifra de un aumento del 4.34%. Pero en 1990 la pérdida fue del 9.16%. En 1991 la pérdida fue del 5.03%. Y en 1992 la pérdida fue del 10.64%.
El diputado Lerdo de Tejada nos decía que la mejor manera de abatir los bajos salarios es abatir la inflación. Pero yo le estoy planteando aquí con toda claridad, en base a fuentes oficiales, que tomando en cuenta la inflación de cada uno de los cuatro años del Gobierno salinista, la pérdida del salario mínimo, tomando en cuenta esa inflación, nos da la cifra de una pérdida del 20.50%.
En ese sentido, él decía que la población obrera no requiere en este país un aumento salarial por decreto. Pero la mayoría de esta Cámara sí acepta un tope salarial por decreto. Eso nos parece clara y francamente contradictorio.
Entonces, nosotros partimos de que el salario sí ha decrecido en este país, sobre la base del análisis de los salarios mínimos y sobre la base de fuentes claramente oficiales: la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Banco Nacional de México.
Ahora bien, Salinas y Aspe se refieren a los salarios de la industria manufacturera y, decía yo al principio, la afirmación de Salinas fue muy categórica. En esta industria manufacturera, Aspe lo repitió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, los aumentos salariales han sido año por año y rama por rama.
Quisiéramos nosotros aquí precisar algunos datos que hemos tomado, esto lo quiero dejar perfectamente claro, lo hemos tomado del anexo del último informe presidencial que se nos entrega a los diputados y que nos ofrece la siguiente información:
De las diversas ramas de la industria manufacturera, la que tiene que ver con la industria textil vió caer su salario real de 1989 a 1991, el de la lana en 17.31%, el de la seda en 14.40, el del algodón en 13.68, el de los géneros en 10.75 y el de los encajes y cintas en 10.29. Lo mismo sucedió con el contrato - Ley de la transformación del hule en productos manufacturados que perdió 15.82% y el de la industria azucarera y alcoholera que perdió 21.39%. Estamos hablando de varias ramas que tienen que ver con la
industria textil y estamos hablando de la rama de la transformación del hule y el de la industria azucarera y alcoholera. Son datos del Anexo del último Informe de Carlos Salinas de Gortari y bastan estas ocho ramas o subramas del sector manufacturero, para demostrar con propia información oficial que las afirmaciones vertidas esta última semana por Carlos Salinas de Gortari y por Pedro Aspe son en realidad un mito bastante genial. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Rodolfo Becerril, en términos del artículo 102.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su permiso, señor Presidente:
En repetidas ocasiones en este Congreso se han observado diferencias de apreciación respecto a las cifras de la economía mexicana. Algunas veces es porque el indicador que se utiliza es diferente y a veces porque la teoría económica que sirve de sustento para analizar las cifras, también es diferente. Cuando hablamos de deuda, por ejemplo, algunos toman en cuenta la deuda pública total, otros la deuda externa neta, otros la deuda privada y eso produce algunas confusiones.
Nosotros pensamos que lo que tiene qué ver con salarios, independientemente de la generalizada preocupación porque éstos crezcan y de la inconformidad de distintos representantes populares por la capacidad adquisitiva de los mismos, sí conviene hacer algunas consideraciones respecto al peso específico que hoy tiene los salarios mínimos en el análisis del poder adquisitivo de la población.
Efectivamente, si nosotros analizamos exclusivamente el indicador salario mínimo, podemos observar que el poder adquisitivo del mismo ha disminuido o disminuyó en 1992 en cerca del 10%; pero si eso lo contrastamos con la tendencia de las remuneraciones en el sector manufacturero, nos encontramos que éstas, como aquí se ha dicho hasta el cansancio, serían incrementadas en términos reales en alrededor del 7.5%. Lo que quizá habría que ponderar es que durante los últimos años la recomposición del mercado laboral ha provocado que el salario mínimo se muestre cada vez menos como un índice representativo del valor de la mano de obra; actualmente sólo el 7.5% de la población económicamente activa, de las 16 principales ciudades del país tienen hasta un salario mínimo o en otras palabras, hace cuatro años, de la población que tenía remuneraciones, el 35.40% tenía salario mínimo...
El Presidente: - Con permiso, diputado Becerril. ¿Admite una interpelación, señor diputado?
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con mucho gusto, diputado.
El Presidente: - La admite y esta Presidencia la autoriza; ahora sí puede usted realizarla.
El diputado Miguel Angel León Corrales (desde su curul): - Compañero, la cifra que yo di de la parte de la población obrera de este país, que recibe salario mínimo, lo dije muy claramente, es una cifra que se basa en el último Censo de Población y Vivienda y ahora usted menciona la cifra de 7.5%, no ha dicho cuál es la fuente y yo creo que lo va a decir. Pero mi pregunta es muy precisa, ¿los resultados del Onceavo Censo General de Población y Vivienda de 1990, desde su punto de vista son falsos? Esta es la pregunta, muy clara.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Los resultados del censo sin duda que no son falsos y son el elemento referencial estadístico más certero de que disponemos para hacer análisis económico, sin embargo el análisis económico no descansa sobre una fuente informativa, con frecuencia tienen que correlacionarse distintas fuentes para ponderar con toda precisión el objeto analizado.
Yo señalaba que hace cuatro años, alrededor del 40% de los asalariados estaban ubicados como que recibían salario mínimo y que hoy, concretamente en 1992, solamente el 10% de los asalariados tienen salario mínimo, lo que significa que el salario mínimo como punto referencial para el análisis de la situación económica de la población ha perdido peso específico.
Independientemente de este análisis que requeriría más tiempo, lo que no debe perderse de vista es en que, en países como el nuestro, los logros obtenidos no deben verse en cifras aisladas, sino que estas cifras son el reflejo de un esfuerzo rudo sobre nosotros mismos que siempre amenaza con escapársenos de las manos; no es fácil lograr una recuperación del crecimiento económico; no es fácil reducir la inflación a un dígito; no es fácil modificar la estructura de las exportaciones que antes dependían en un 70% del petróleo y hoy el 70% son manufacturas, y por eso es que las manufacturas se utilizan como punto referencial para muchos análisis económicos.
En los últimos años, si nos comparamos con otras economías de similar tamaño, el comportamiento
de la economía mexicana es relativamente satisfactorio; no con el caso de Costa Rica o Guatemala, que son economías de muy menor tamaño en relación a la mexicana, pero en América Latina si nos comparamos con Brasil o Argentina, Chile inclusive, el comportamiento de la economía mexicana es altamente satisfactorio.
Nosotros estamos ciertamente inconformes con el nivel de vida de la población. Estamos inconformes con el nivel de salario prevaleciente; sin embargo, para que éste aumente de manera consistente, se requiere cumplir varias condiciones y una de estas condiciones fundamentales es que la economía mexicana tenga estabilidad de precios y por eso la política económica se ha vertebrado en torno a ese propósito fundamental.
Tiempo habrá, una vez que las condiciones económicas así lo permitan, de ir aumentando los salarios y más que por decreto, por un aumento sostenido de la productividad, que es como funciona una economía moderna, como la mexicana empieza a ser. Solamente así, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Habría posiblemente distintos criterios para evaluar el porcentaje de quienes ganan salario mínimo o menos y posibles fuentes.
Si partimos de la definición de salario mínimo señalada en el artículo 123, al que hacíamos referencia en otro asunto tratado hoy mismo, esto nos puede hacer luz probablemente en este tema. Reitero el texto, segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123:
"...Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...".
Bien, eso es la definición constitucional de salario mínimo; vamos a ver cuántos mexicanos están, si es siete y medio o si es 40% quienes tienen el ingreso suficiente para tal fin.
Di lectura a los componentes de la canasta básica hace un rato, no los voy a repetir, y su costo de 48 nuevos pesos con 19 centavos. Según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señalé hace un momento, 81.86% de los trabajadores mexicanos ganan menos de los 48 pesos con 19 centavos; entonces, pues yendo a criterios de definición, para no enredarnos con otros de carácter menor, no es ni el siete y medio ni el 40%, es el 81.86%.
Hace rato se dijo aquí que la actual administración tiene algunos récords impresionantes en materia económica. Yo creo que para el Libro de Guiness hay que incluir entre los récords de esta administración el que ha llevado los salarios mínimos reales, es decir, la capacidad de adquirir la canasta básica, ha llevado por debajo de esos al 81.86% de la población, lo cual es criminal y nunca había ocurrido, ni con altas tasas de inflación, ni con bajas tasas de inflación, ni con partenalismo ni con neoliberalismo social o como se le quiera llamar. Y bueno, hay otros indicadores, pero los dejamos para otros cinco minutos si se presenta la ocasión. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Becerril por cinco minutos, en términos de 102 del Reglamento.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Para 1993 se ha fijado un incremento del salario mínimo del 7%, y del salario contractual de aproximadamente 9.9%, alrededor del 10%. Sin embargo, las presiones existentes en el mercado laboral, que sin duda existen por la demanda de mano de obra calificada, hacen pensar, y esto no es una afirmación de una sola fuente, sino de varios analistas económicos, que algunas industrias del sector manufacturero fundamentalmente, van a tener, mediante sus análisis contractuales, prestaciones de alrededor del 20%.
Lo que esto significa es, reitero, que el salario mínimo ya no es hoy en día como lo fue hace 10 años, la referencia básica para analizar cómo está el dinamismo de la economía mexicana. La formación bruta de capital, la inversión, las exportaciones, han crecido y no pueden crecer sólo a costa de un deterioro del poder adquisitivo. Sería ilógico económicamente.
Si bien algunas ramas han tenido deterioro, la dinámica que se observa en otros muchos aspectos de la economía mexicana, suponen que ha habido un aumento del salario, y suponen que hay también ahí un aumento del poder adquisitivo del mismo. Ciertamente que el piso de donde estamos saliendo es bajo, y que quizá el crecimiento y el repunte de los salarios hoy se vea mayor de lo que hubiese sido si el piso fuese superior, pero me parece que de 1988 a nuestros días, ha habido un repunte gradual del salario.
Aquí se ha dicho que por qué no comparamos ese nivel de salario con los niveles prevalecientes
en 1980 ó 1981, y no hay que olvidar que para todos los países subdesarrollados, todos, África, en Asia y en América Latina, 1980 fue calificado como la década perdida del desarrollo, y de cualquier análisis que hagamos de la situación económica, tienen que contextualizarse. Hoy la economía mundial está creciendo a 1.1% en el mejor de los casos, y eso sin duda que es un condicionante para el aumento de la productividad y de los salarios en nuestro país. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - El problema central para nosotros, lo planteé desde un principio, es el criterio de equidad o iniquidad en la distribución del ingreso.
En la etapa anterior al estallido de la Revolución Mexicana de 1910, que todavía conmemoramos, si bien con mucho menos fervor por parte de las autoridades que en otro tiempo, se argumentaba que la economía crecía, la economía aquélla, anterior a la Revolución, de la etapa porfirista, pero distribuía con enorme equidad. Para nosotros el criterio de distribución es fundamental, y nos vamos a los indicadores objetivos.
Ahora el compañero Becerril decía que no necesariamente el criterio salario mínimo, que hay que buscar otros, que si está creciendo la economía, pues seguramente debe haber algún crecimiento del salario. No, no lo hay, no lo hay. Los datos que ha manejado el doctor Aspe, los que manejó hace unos días en esa muy desafortunadamente intervención suya, quizá no tarde mucho en aprender que hay ocasiones que es mejor callar, y hay veces que por abrir la boca de manera inoportuna se pierde mucho.
Los datos que manejó en esa ocasión sólo se referían a tres; es decir, él tocó uno; en el desplegado que se publica hace unos días hay dos, y nosotros hemos manejado tres, tres rubros, tres ramas en las que sí hay incremento y lo manejamos en presencia del doctor Aspe en su comparecencia, sólo tres ramas: salarios manufactureros, comercio, restaurantes y hoteles, y servicios financieros. Nada más, son los únicos que tienen incremento.
Y bueno, también habría que ver su costo, por lo menos, por citar uno, en industria manufacturera se ha reducido sustancialmente el número de plazas, los trabajadores de esa rama han mejorado sus ingresos relativamente, subrayo la palabra relativamente, en los últimos tres años, pero hoy son menos trabajadores en la industria manufacturera que hace tres años, muchos menos, muchos ya no tienen ese ingreso, han sido despedidos, ahora están en el desempleo.
Pero bueno, ahí está el dato indicador del producto interno bruto. Bien, antes de citar lo del producto interno bruto. Decía, sólo esas tres ramas; en todas las demás hay descenso, en todas absolutamente en todas, según los propios datos oficiales. En el agropecuario, silvicultura y pesca, en minería, en construcción, en electricidad, gas y agua, en transportes, almacenamiento y comunicaciones, en servicios comunales, sociales y personales, en todas esas ramas de salarios contractuales hay reducción.
Y el promedio de todas las ramas, incluidas las tres con incremento, indican reducción de los salarios contractuales, si no se quiere usar el salario mínimo como indicador.
Pero si se quiere usar un criterio más global para medir el dinamismo de la economía y su impacto en la distribución, pues entonces sería el del producto interno bruto o el del producto de cada una de las ramas y qué porcentaje de ahí va al trabajo y qué porcentaje de ahí va a las utilidades empresariales.
Aquí alguien dijo hace algunas horas que, bueno, no sólo se están sacrificando los trabajadores, también sacrifican utilidades los empresarios. No es verdad, no es verdad en términos globales, ahí al revés, ahí ha crecido la tasa sustancialmente.
Y bien, ahí está, el porcentaje del producto interno bruto dedicado al salario, 1988 - 1990, comparando un plazo muy reciente, hay una reducción de 1.2 puntos porcentuales en la parte que va al salario, producto interno bruto, pero en cada una de las ramas también. Por ejemplo, en la rama agropecuaria de silvicultura y pesca, se reduce de 20.3% a 14.8%, la parte del producto, la parte de producción que va a salario, de 1988 a 1990.
Digamos, para citar algún otro ejemplo, en electricidad, gas y agua, se reduce de 32.4% a 27.6%; digamos, en transporte, almacenamiento y comunicaciones, de 26.3% a 20.5%; digamos, del propio servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, donde hay un incremento relativo de los salarios, ese incremento es mucho menor que lo que ha crecido la economía en esa rama; es decir, nuevamente tenemos el problema que crece el pastel que elaboramos todos los mexicanos, pero la parte, la rebanada de ese pastel
que va para los trabajadores es cada día menor, y la otra parte cada día es mayor.
Repito, en servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, donde hay un crecimiento relativo en los últimos tres años; sin embargo, al cotejar con el dato del crecimiento de la economía en esa sola rama, se reduce la participación salarial de 18.7% a 13.2%, y podría seguir dando más datos.
No, no hay salida. Partimos de un piso muy bajo, nos dice el compañero Becerril, cierto, pero nos fuimos hasta un sótano de octavo nivel, estamos mucho más abajo ahora que en el piso en que partimos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - ¿Usted recuerda, diputado Amezcua, que en las economías socialistas, que también ha usted estudiado, cuando se hacían análisis del ingreso nacional se decía que no se podía comparar el ingreso de las economías socialistas con las de Occidente, porque la manera de computar el ingreso en aquellos países era distinta a la que se utilizaba en Occidente?
Y, en efecto, en las economías del Este en muchas ocasiones el nivel de vida no tomaba en cuenta sólo las remuneraciones, sino los programas de carácter social.
Estuviésemos o no de acuerdo con estos sistemas de Gobierno, las propias Naciones Unidas reconocían que no eran comparables los ingresos de uno y otro país.
Yo quisiera introducir ahora un elemento de esa naturaleza. Hoy en México se han recuperado los programas de carácter social; más del 50%, como aquí se ha señalado, del gasto programable, se dedica a educación, salud, vivienda, alimentación y programas de este corte, que sin duda repercuten en las condiciones generales de vida de la población. Y ahí están las cifras.
El programa social, que se había diluido en la década perdida del desarrollo, hoy se recupera.
En segundo término, también habría que ponderar qué es lo que ha pasado en la estructura fiscal, como resultado de una serie de reformas de esa naturaleza.
Hoy, dentro de los ingresos del sector público, vía impuestos, descansan más en el capital que en los ingresos de los trabajadores, lo cual también repercute en términos de las condiciones de vida general de los trabajadores.
Usted señala que en algunas ramas, efectivamente, ha habido deterioros, sin duda, porque en una economía que acusa rasgos de desigualdad, en donde hay concentración del capital, a algunas ramas les va mejor que a otras, dependiendo de una serie de circunstancias a veces de carácter estructural y otras de coyuntura. Pero no podrá negar que el crecimiento del producto en estos años ha sido por encima del crecimiento de la población, y nosotros sabemos que en economía, para que un fenómeno adquiera esa virtud, debe reunir el carácter de estocástico; es decir, estadísticamente tiene que repetirse varias veces para que el fenómeno se pueda tomar como válido. Y hoy el producto ha crecido por encima del crecimiento de la población.
Que hay concentración, cierto. Decía un profesor que el subdesarrollo es como una jirafa: difícil de describir, pero reconocible a primera vista.
Tenemos problemas, tenemos rezagos, tenemos urgencias, pero eso no nos debe llevar a la autodenigración; al contrario, los logros alcanzados deben reforzar la confianza en nosotros mismos.
Tenemos hoy que buscar medidas para evitar que esta concentración se acentúe y poder erradicar los frutos que empeñosamente estamos alcanzando, para beneficio de toda la población.
Creo, yo sí, que sí hay salidas.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, de nueva cuenta, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, en términos del 102.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Bueno, desde luego que hay salidas, sino para qué estaríamos aquí discutiendo. Desde luego que hay salidas.
La primera es, desde luego, abandonar la política neoliberal que ha demostrado su fracaso total, yo lo planteé. Si queremos salir de problemas hay que abandonar lo que no funciona y hay que buscarle por otro lado.
Tampoco hay autodenigración, por lo menos no de mi parte; yo sigo sustentando las tesis que siempre he sustentado y las sustento con mucho orgullo, no las denigro.
Combato las tesis que impuso en México una corriente que copió modelos extranjeros, modelos que hoy han fracasado, al cabo de muy pocos años, y que lamentablemente todavía no reconocen ese fracaso. Entonces estaremos rezagados otra vez como hemos estado en otros momentos de la historia.
¿Cuándo abandonaremos el modelo neoliberal nosotros? Quizá, hasta dentro de dos años o dos años después de que lo hayan abandonado todos los demás países del mundo, si es así pues lo vamos a abandonar con mucho retraso y con mayores daños para la economía nacional. Ojalá que no haya que esperar todo eso, por eso invertimos esfuerzo y tiempo en debatir y en tratar de influir en las demás fuerzas políticas para unir esfuerzos en un trabajo de carácter constructivo.
Hay crecimiento de una serie de partidas de orden social, presupuestal, nos dice Rodolfo Becerril y tiene razón, pero no compensan la depauperación a que se somete a las grandes masas populares, la depauperación es de una enorme magnitud, no compensa.
Particularmente los recursos del Programa Nacional de Solidaridad con todo lo criticable del procedimiento que es otro problema que no es el de nuestra discusión hoy, sin embargo, alivian algunos problemas de carácter social pero sólo a ciertas capas de la población muy fácilmente localizables.
No se modifica el proceso de concentración se está dando de una manera muy acelerada e insultante. Ya la revista Expansión y otras publicaciones especializadas no sólo publican los datos concretos de la masa depauperada de la menor capacidad de compra de un número cada vez mayor de mexicanos, sino también la contrapartida. Cada día tenemos un pequeño grupo de multi, multimillonarios que entran a codearse con las principales grandes fortunas del mundo.
Es por eso nuestra preocupación y por eso nuestro interés en que veamos a fondo y con seriedad estas cosas y busquemos un nuevo camino para el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Vamos ahora señoras y señores legisladores a proceder a desahogar una propuesta presentada precisamente por el diputado Cuauhtémoc del Partido Popular Socialista y después un pronunciamiento político presentado por el Partido de la Revolución Democrática.
Para lo primero y toda vez que lleva ya mucho tiempo que fue dada a conocer la propuesta, le voy a pedir a la Secretaría de lectura a la propuesta que ha presentado el Partido Popular Socialista e iniciamos el trámite que establece el 58 del Reglamento.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda dirigirse en términos respetuosos al ciudadano jefe del Ejecutivo, licenciado Carlos Salinas de Gortari, convocándole al ejercicio de una reflexión autocrítica respecto de la estrategia económica, política y social, que ha aplicado desde el inicio de su Gobierno, a la vista de los resultados profundamente negativos que ha traído a la nación y al pueblo.
Lo convocamos para que abandone de inmediato esa vía y trace otra, discutida y elaborada conjuntamente con las fuerzas políticas y sociales de carácter patriótico, democrático y progresista de nuestro país, para marchar hacia la reconstrucción de la economía nacional, hacia una equitativa distribución del ingreso y hacia el rescate y consolidación de la soberanía nacional.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los catorce días del mes de enero de mil novecientos noventa y tres. La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El Presidente: - Secretario, ¿consultamos si hay orador en pro? Y con derecho de preferencia siendo el autor de la proposición.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Yo creo que ya con las múltiples intervenciones que ha habido queda suficientemente fundamentada, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente - ¿Orador en contra? Se hacen eco de la actitud del compañero Cuauhtémoc Amezcua, entonces rogamos a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite o no a discusión la proposición presentada por Cuauhtémoc Amezcua.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta si se admite a discusión o no la propuesta presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo del Partido Popular Socialista.
Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Desechada la proposición, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, ¿qué se le ofrece?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, ya lo sabe, que esta Presidencia es muy abierta en esas cosas.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - ¡Lástima que sea retirado mi admirado amigo el senador Humberto Lugo Gil, quería agradecer su solidaridad! Creo que en el fondo de su conciencia interpretó además a muchos otros compañeros que están aquí presentes.
Pero bien, en política hay tiempos y momentos y ya se expresarán estas cosas con toda claridad y a la luz del día en el momento oportuno.
Puesto que ha sido rechazada esta propuesta, más bien por razones de momento político, en mi opinión, que por razones de fondo, quisiera, señor Presidente, proponer una propuesta alternativa en torno al mismo problema de los salarios que en verdad nos preocupan mucho. Es muy breve y sin más fundamentación para no agotar el tiempo y la paciencia de mis compañeros paso a darle lectura. Dice así:
"CONSIDERANDOS
Primero. Que el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo igual que los otros pactos que le antecedieron, carece de validez desde el punto de vista jurídico;
Segundo. Que ha sido un instrumento por el cual se ha reducido la capacidad adquisitiva de los salarios condenando a las masas trabajadoras a una creciente pobreza;
Tercero. Que al mismo tiempo ha sido una herramienta para la concentración creciente de la riqueza en pocas manos;
Cuarto. Que es moral y políticamente inadmisible que ese proceso se siga dando.
Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia sobre la necesidad de que los salarios recuperen a la brevedad la capacidad adquisitiva que se les ha arrebatado.
En ese propósito exhorta al movimiento sindical en general, a que ejercite sus derechos durante los procesos de revisión contractual, sin admitir que la parte patronal o autoridades propatronales traten de coartar esos derechos, argumentando compromisos establecidos en el Pacto para la Estabilidad, la Competividad y el Empleo.
De igual manera exhorta a las autoridades laborales a hacer de lado dicho pacto y a cumplir con su obligación constitucional de tutelar los derechos de los trabajadores."
Este es el punto de acuerdo que someto a la consideración de esta soberanía, señor Presidente, lo estoy firmando y lo entrego en seguida a la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Le damos trámite con mucho gusto diputado Cuauhtémoc Amezcua y antes le damos la palabra, que la ha solicitado en este asunto, el senador Artemio Iglesias Miramontes.
El senador Artemio Iglesias Miramontes: - Gracias señor Presidente, compañeros legisladores:
Una gran astucia diputado Cuauhtémoc Amezcua. Toma la protesta en términos constitucionales, va al derecho sustantivo; como si éste no tuviera un procesal. Sin embargo, no voy a enmendar trámites a la Presidencia.
Acepto que el Reglamento dice: "La presidencia puede dar el trámite". Solamente que quede esto claro, desde un punto de vista de un servidor. No soy constitucionalista, quisiera serlo; mucho menos procesalista, dicen que es más difícil todavía. Pero tengo mis dudas de que si alguien en aquellos tiempos del reparto de la tierra invocara el 27 constitucional solamente, bueno, hay un procesal que se lo daba la Ley secundaria y en este caso también hay un procesal que se lo da el trámite. Pero dejémoslo de ese tamaño, solamente para que quede con claridad mi punto de vista a este respecto.
Creo que se ha discutido sobremanera y hasta, no la saciedad, no podría yo decirlo, di después de estas deliberaciones el pueblo de México tuviera un mejor salario, pues en buena hora prolongarlas y prolongarlas.
Se habló aquí de asimetrías; se puso a jugar, y eso es asunto suyo diputado Amezcua, a los Raiders con los del Politécnico; no. Creo que la gente estuvo en su función y en su papel.
Creo que se está de acuerdo en un aspecto: quienes crean o quienes creamos el producto interno bruto, cuáles son todos los agentes privados, públicos, de inversión, el aspecto externo. Y eso es lo que da la masa a los precios de mercado, de acuerdo con la definición de Zamora, nos guste o no nos guste es la que más se acerca. El producto interno bruto, es la producción de bienes y servicios de la sociedad en un año a los precios de mercado. Esa es la definición que de alguna manera aprendimos, nos gustara o no nos gustara el marginalismo de Zamora, pero no hay otra.
¿Quién y cómo se distribuye, este pastel que usted señala?, coincidimos en que en los últimos tiempos, y estará de acuerdo, los propios presidentes en su momento y expresidentes en reuniones, sobre todo de latinoamericanos, se llamó "la década perdida". Todos de una u otra forma, perdimos esa década. Es cierto que debe revertirse el proceso, por poner cuatro conceptos fundamentales de a dónde va la distribución del salario. Son salarios del producto interno bruto, salarios, utilidades, amortizaciones y subsidios. Los subsidios han bajado; las amortizaciones de capital también han bajado, esto es saludable; significa que el que hace una bodega no quiere rescatarla en seis meses o en un año, sino que son inversiones de más largo plazo y eso es saludable. Las utilidades sí dan un repunte, un repunte en la sociedad mexicana y contra el aspecto de los salarios.
Usted hace una propuesta en estos términos. Yo estaría de acuerdo, dice:
"La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se pronuncia sobre la necesidad de que los salarios recuperen a la brevedad posible la capacidad adquisitiva".
¿Alguien podría como buen mexicano, no envolverse en esta bandera?, es atractiva; es sugestiva; ¿quién no?, quién que dijera lo contrario, no tendría derecho a representar a nadie de ningún partido al pueblo de México. Hasta ahí.
Tiempo de Renato Leduc y circunstancia de Ortega y Gasset, nos dan la explicación de estos hechos. La evolución histórica no significa que con el Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, haya empezado la historia. ¡No! Muy lejos nosotros de esa consideración. Sin embargo sí hubo una serie de reconsideraciones, de orientaciones a la economía mexicana que es el punto a tratar, para no meter otros temas, que creo que van por el buen camino.
Dice la otra parte, que se les ha arrebatado. Ahí es donde el lenguaje no me parece lo propio y lo correcto. La primera parte es impecable, y la asumimos. Se les ha arrebatado.
Ya lo han explicado los diputados, diputado Lerdo de Tejada, que yo solamente ante las comisiones, si así es el turno, nada más haría un subrayado y ése es mío, en el cual condesciendo y estoy de acuerdo con todas esas circunstancias por él planteadas.
Plantea el diputado Cuauhtémoc Amezcua, en ese propósito exhorta al movimiento sindical en general, a que ejercite sus derechos durante los procesos de revisión contractuales. Creo que esta es una práctica de todos los días, también en función de cómo está cada una de las empresas, de cuál es su condición que ellos también la conocen a plenitud; cuando se dice que se liberó a trabajadores de los ingenios azucareros, yo quisiera que viéramos, qué sé yo, seis años, o 10 años atrás, y vea usted cuánto de la masa de recursos fiscales ustedes, los diputados, orientaban vía subsidios a la industria azucarera; es de traerlo de la masa que paga impuestos, de todo el pueblo mexicano para transferirlo, independientemente de que hubiera una compensación en producción, ya no digamos en productividad, que equiparara con esa masa de salario.
Y así tenemos una serie de industrias, de empresas, y no le niego, diputado Cuauhtémoc, nosotros, muchos de nuestra edad fuimos en su momento y en su tiempo, de una cultura estatista; no se lo puedo negar. Pero también tiene uno que revisar si aquello es lo correcto. El problema en la vida no es haber cometido algún error, sino persistir en él, por pruritos, o por cuestiones preconcebidas.
A muchos de nosotros, quizás, lamentemos que las economías centralizadas crecieron al 10, al 8 y al 12% en su momento y en su tiempo, pero éstas ya no existen, aunque hayan tenido una serie de glorias. Y quizá nosotros en muchos aspectos, diputado, íbamos con un rascacielos precioso, con todo lo mejor en la fachada que alguien aquí habló de ella esta mañana, y nos empezamos a enterar, cómo muchos países del mundo, que ese rascacielo estaba sobre pantanos o sobre arenas movedizas. Enhorabuena ciertos correctivos y ciertas orientaciones a la economía.
Usted señala que, sin admitir que la parte patronal o autoridades propatronales traten de coartar sus derechos argumentando compromisos establecidos en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el empleo. Usted señaló hace tiempo, casi juicio político contra Farell Cubillas, porque no concertaba los factores de la producción. Y bueno, todo contrato laboral y de trabajo tiene que pasar necesariamente, por lo menos, por dos partes: el trabajador y el patrón. Si es el Estado patrón, con la burocracia; si es la empresa del Estado, que es patrón y son los trabajadores, del otro lado, cuando no llegan a un acuerdo voy a utilizar el agua de otro de los diputados, pero tienen que estar de manera conjunta, por necesidad. Porque no pueden los obreros, de una u otra forma, pues bordar en el vacío, de aventar como volantes, a ver quién les hace caso.
Y en materia de revisión de contratos, o sea, laborales contractuales, hay cientos y miles de ellos que todos los días se producen en este país. Lo digo, por la región donde yo vivo. Creo que son, creo que son 15 mil pesos para un trabajador. "¿Cuánto cobras por ir a regar?". "Oye, pues te doy el mínimo". "Prefiero el ocio". Y así habla la economía, dentro del marginalismo el ocio es marginal en función de lo que no me interesa ganar.
Y dice: "Fíjate que yo pago tanto. Acércate a 25 o 30 mil pesos". Y el jardinero, el que tiene un jardincito en su casa o jardinsote, también le dice: "Te pago el mínimo". "No, me pagas tanto". Y ese es también un aspecto contractual, que todos los días se reproduce por cientos de miles de actividades obrero patronales, aunque no estén con registro.
En buena hora que vayan adelante en su lucha, como lo han hecho de manera persistente las organizaciones de trabajadores en este país.
Dice que tratan de coartar sus derechos argumentando compromisos establecidos en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
Hablamos de liberalismo. Dejar hacer, dejar pasar. En francés no lo sé. Pero eso es en buen cristiano, como se expresaba la tesis más prístina del liberalismo.
Y tengo para mí que el pacto, primero un tanto estático, de Estabilidad y Crecimiento. Había que poner un freno a la inflación y al mismo tiempo lograr crecimiento.
Recuerde que los setenta, avezados que son en la terminología de las ciencias, en base a los fenómenos que ahí están, se creó, creo que en Inglaterra mi inglés no es muy propio, nunca fui a colegio, siempre fui a escuelas públicas, creo que era Stanch Fleshion, Estancamiento con inflación. Que no contemplaba la teoría ni Keynesiana ni tampoco del otro lado de la Cortina contemplaban, el marxismo, que podía darse una inflación. Ahí había ocupación plena, ahí el Estado garantizaba los derechos. Y de repente nos dimos cuenta con Lech Walesa que estaban buscando por los vales, no se les había reducido su precios, se les habían reducido los gramos. Simplemente por el mismo vale, que al final de cuentas no es más que un fenómeno de inflación.
Y de repente la teoría económica no contemplaba estas cosas y se creo la pala StanchFleshion, estancamiento con inflación. Tendríamos que las amarras, la estabilidad y la estabilidad nadie, óigalo bien, nadie puede estar en contra de ella. Es un medio no es un fin, estoy de acuerdo, pero es un medio que garantiza seguridad en el ingreso bajo o alto que yo tengo.
Felizmente pasaron los tiempos en que los mexicanos a las 6 de la tarde, en lugar de quedarnos con los centavitos que traíamos, nos íbamos a comprar hasta un lápiz a la tienda; porque era más garantía que traer nuestro peso en la bolsa.
Hoy, felizmente, apunta de carácter estructural en esta dirección. Ahora se cambia por competitividad. Estoy de acuerdo que hay que crearla, Cuauhtémoc. Y estoy de acuerdo en la asimetría. Sabe como traduce el pueblo en el sentido más gráfico, ¡más gráfico! la asimetría con el país del norte, para no meternos en índices de productividad, la del estornudo y la pulmonía; así es la asimetría nuestra, aquella expresión que nosotros conocemos: "Cuando ahí estornudan, nosotros tenemos pulmonía". Esa es la mejor expresión de asimetría con el país del norte. La tenemos.
Pero buscamos competitividad y también el empleo. Ese es el nuevo sello del Pacto de Estabilidad, Competitividad y Empleo. Y a mí me parece esta práctica muy alejada, la más alejada del dejar hacer y dejar pasar. El Estado en aquellos productos fija su precio, por ejemplo, los timbres en correos, la electricidad y el petróleo, por poner los más sustantivos; a esto te vas a atener ciudadano. Los patrones, por lo menos, ¡por lo menos!, hacen un ejercicio y un compromiso y no quiere decir que no lo cumplan todos y tampoco quiere decir que no haya muchos
vivales que cualquier coyuntura o circunstancia se aprovechan de ellos, y creo que aquí no hay ningún legislador que los defienda a ellos, ninguno, ni a unos ni a otros.
Entonces, desde mi punto de vista, porque esto se aleja del liberalismo clásico, debemos saludar que exista un pacto en este país. Que se refuerce la participación, que se amplíe, que se reconceptualicen muchas cosas, estamos de acuerdo. Pero el instrumento es básico, es importante y ha dado resultados, si no los apetecidos nos lleva por la dirección correcta. Y lleva por la dirección correcta el hecho de que en el Estado mexicano se han corregido cifras macroeconómicas: inflación, la cifra del crecimiento; para uno puede ser muy baja, para otro muy alta, bueno, es cuestión de ópticas. Si a mi me preguntan que si quiero el 3%, pues a lo mejor yo sugeriría: ¿Por qué no echan a caminar la maquinita de centavos y pedimos prestado, como hicimos en los ochentas, 1979 - 1981, y después lo que el pueblo de México llama, todavía estamos viviendo la resaca de aquella feliz borrachera.
¡Y esto es mea culpa eh! Soy del partido y pude aplaudir en su tiempo esas cosas, no me retracto, pero dije: el problema no es cometer un error, sino persistir en él y hay que tener capacidad de crítica, de autoanálisis y de revisar y orientarse en la dirección correcta, que los tiempos, vuelvo a repetir, de Renato y las circunstancias de Ortega Gasset nos indican.
La orientación del gasto público, por el contrario, está, es la que ustedes los diputados han aprobado, de eso no tenemos ninguna injerencia los senadores, y yo la saludo y la aplaudo, porque ese gasto público hace que el Estado mexicano no abdique, por el contrario, refuerce la tesis del Estado justo que el pueblo demanda, entre otros conceptos para el Estado justo que lo define: educación, salud, servicios, agua potable, drenaje, que esos son asuntos que competen al Estado.
Quizá como a usted, la realidad, no sé si a usted lo habrá convencido, pero cuando yo fui a Nonoava en mi campaña política, nunca me pidieron que se comprara otro avión para alguna compañía de aviación del Estado mexicano, me pedían que interviniera para agua potable, para escuelas secundarias y para drenaje en ese pueblo.
Nunca nadie me pidió, lo digo y lo reitero, que tuvieran mejores asientos los aviones porque eran del Estado mexicano, hay cosas que puede hacerlas parte de la sociedad, que las haga con los ahorros y que las hagan también con los ahorros externos en la inversión extranjera, nadie puede detener y frenar ese fenómeno en el mundo, de ninguna manera, sería cerrarnos, sería someternos a la celda Cartuja en estos tiempos es innecesaria, por no llamar ramplonerías a veces, nacionalismo, soberanía pero sí bienestar para todas las clases trabajadoras; por eso en su propuesta no discuto el trámite a la Presidencia, pero sí quisiera apuntar este pequeño ejercicio y esta opción que tengo de las cosas. Es todo, señor Presidente.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuautémoc Amezcua Dromundo: - El neoliberalismo, compañero senador, compañeros diputados, no es idéntico al liberalismo clásico, por eso se le agrega el prefijo neo, el neo liberalismo vendría a ser una versión que retoma algunos aspectos del liberalismo, en estos tiempos en que se ha dado una enorme concentración de la riqueza en pocas manos, en que existen los monopolios, en que estos pasaron a tener una dimensión, más allá de lo nacional. No es el liberalismo de la época de la libre empresa, es imposible la libre empresa en nuestros días, tiene sus modalidades, tiene sus características; el neo liberalismo consistió en una estrategia para que el Estado de bienestar, para que el estado interventor, regulador de las relaciones intermonopólicas en los países imperialistas, se saliera momentáneamente de la escena para que pelearan en super libre y sin referí los monopolios entre ellos, esa estrategia hizo que muchos monopolios de enorme magnitud cuyos activos superaban en mucho a la economía nacional de muchos países, desaparecieran, quebraran de un día a otro y fueran absorbidos por otros supermonopolios.
Esa estrategia hizo que parte de los capitales que se habían refugiado en la especulación salieran de la especulación, para que entraran a la producción y lograr destrabar temporalmente la economía estancada de los países imperialistas, logró superar la fase de estaclación a la que se refiere el compañero senador.
Esa estrategia neoliberal tienen su vertiente para los países dependientes, no es idéntica, allá se trató de que los verdaderos dueños de la economía y fuerzas fundamentales, los supermonopolios privados, hicieran a un lado al Estado su instrumento para entrar a una pelea feroz; acá se trata de que los super monopolios de allá hagan a un lado al Estado de aquí para
que deje de proteger la soberanía nacional y puedan entrar, con mayor facilidad y apoderarse de nuestras fuerzas productivas.
Por lo tanto ellos establecen aquí, exigen el establecimiento aquí, de una serie de normas que no necesariamente se dan allá, simplemente en el problema de los déficits, cual es el déficit que se maneja en la economía norteamericana, igual se nos exige a nosotros. No entraremos mucho en detalle pero esto va a cuento por el problema del pacto, el pacto no es un instrumento de liberalismo clásico eso lo entiende bien el senador, no es un instrumento del liberalismo clásico, sí es en cambio un instrumento impuesto, un instrumento clásico del neoliberalismo dependiente.
Se trata de reducir artificial, arbitrariamente y por decreto la capacidad adquisitiva de los trabajadores, se trata de abaratar la fuerza de trabajo, porque eso lo exigen los monopolios para venir a invertir y si aquí priorizamos las inversiones extranjeras, entonces sacrificamos los ingresos de los trabajadores en aras de que vengan esos capitales extranjeros.
Eso es el pacto. Pero, dice el artículo 123 que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que no se puede renunciar a ellos, y que si se les arrancó una declaración de renuncia así fuera firmada, no por eso tiene validez y si aquí se ha arrancado un compromiso de que no reclamen más allá de un dígito de incrementos, eso no tiene validez desde el punto de vista de la Constitución de nuestro país, aunque el senador no sea constitucionalista yo creo que eso lo entiende.
Y arbitrariamente la Secretaría del Trabajo, aquí vienen las noticias de hoy, está hasta amenazando con auditorías fiscales a los empresarios que acepten incrementos mayores al 9.9% y eso no se vale. Claro tiene mucho derecho cualquier compañero a cambiar de punto de vista y de opinión, y dejar de ser estatísta y pasar a ser neoliberal, lástima que sea cuando el neoliberalismo está siendo abandonado en todas partes para pasar a tomar otros caminos más constructivos.
Como que escogió el momento más inoportuno el compañero senador para adoptar una vía que ya pasó de moda, que ha fracasado en todas partes y que todo mundo está abandonando.
Repito, no se vale violar la Constitución, no se vale imponer incrementos tope basados en un documento que no tiene validez jurídica alguna y por eso la propuesta que he sometido a la consideración de ustedes compañeros diputados y senadores.
Por otro lado, el Presupuesto de Egresos no lo aprobamos nosotros los diputados, lo aprobaron sólo los diputados del partido al que pertenece el señor senador. Muchas gracias.
El Presidente: - Con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional, esta Presidencia turna la proposición del diputado Cuauhtémoc Amezcua a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Rogamos a la Secretaría dé cuenta con el pronunciamiento político presentado por el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática y lo someta en lo económico a votación a los integrantes de esta Comisión Permanente.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 1993. Pronunciamiento político.
Los grupos parlamentarios integrantes de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comprometidos con el respeto y plena vigencia de las garantías sociales y los derechos de los trabajadores mexicanos, estimamos conveniente que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reúna para considerar el porcentaje de aumentos a los salarios mínimos generales que regirán en 1993.
En virtud de lo expuesto y de que existen condiciones económicas que lo justifican, nos pronunciamos porque el Secretario del Trabajo y Previsión Social en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción I del segundo párrafo del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, solicite al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos convoque a los sectores productivos para que en el seno de dicha Comisión dialoguen en torno de una nueva revisión de los salarios mínimos que respeten los requisitos conferidos a los mismos con esta Carta Magna.
Diputado Miguel Angel León Corrales y diputado Guillermo Flores V.
El Presidente: - Proceda a consultar en votación económica si se admite o se desecha el pronunciamiento.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha el Pronunciamiento Político presentado por el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada.
Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada... Se desecha señor Presidente.
LIMITES TERRITORIALES
El Presidente: - Gracias señor Secretario. Concedemos la palabra ahora al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al acuerdo sobre Límites Territoriales celebrado entre las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Con su permiso señor Presidente; señores legisladores:
Décadas de indefinición en los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México hicieron que algunos núcleos de población, que hoy son colonias, se volviesen tierra de nadie. Esta falta de claridad en los límites, originó una situación de franca inequidad, ya que la inversión pública fue muy escasa y por lo tanto estos núcleos de población se encontraron sin servicios básicos indispensables, como resulta ser el agua, el drenaje, el alumbrado público. La seguridad pública fue muy deficiente, ya que no acudían al llamado de la población cuando existían violaciones y faltas administrativas a las distintas reglamentaciones jurídicas.
La regularización territorial, los programas de regularización, prácticamente fueron nulos, debido a que no se sabía si estaban en el Distrito Federal o en el Estado de México, y el resultado ha sido una incertidumbre completa en la propiedad. La gente de estas colonias carece de escrituras, y en términos generales lo que provocó esta indefinición fue conflictos, violencia en algunos casos, disputas electorales desde luego y también un crecimiento completamente irregular de la zona.
Los orígenes, las causas, las podemos encontrar en la aprobación que hiciera el Congreso de los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México en 1898; estamos a cinco años de que se cumplan 100 de esa fecha, y en ese entonces, a través de la llamada "Línea Linares", llamada así porque fue elaborada por el equipo de trabajo del ingeniero Antonio Linares, se puso fin a múltiples conflictos entre ambas entidades, conflictos iniciados desde que se expidió la disposición de que el Distrito Federal contaría con el territorio correspondiente a tres leguas del zócalo capitalino.
Sin embargo, no obstante las disposiciones establecidas, la zona metropolitana de la Ciudad de México creció en proporciones inimaginables, y lo que eran campos agrícolas, zonas rurales francas, se convirtieron y dieron paso a centros urbanos, a una urbanización importante que hizo que la convivencia fuera más difícil, más compleja y por lo tanto hubiese más conflictos.
En 1968 estos conflictos que eran importantes, dieron lugar a que se creara en 1968, la Comisión de Límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, y sin embargo los intereses fueron tan encontrados que durante 22 años esta Comisión no pudo llegar a resolución sobre las disputas que se presentaban. Fue hasta 1990 cuando se reactiva la Comisión, derivado de un acuerdo, entonces firmado por todos los partidos políticos en la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y a las gestiones que se han realizado ahora en la Segunda Asamblea de Representantes y en el Congreso del Estado de México, que han realizado una reunión legislativa entre otros puntos tratando este problema. A partir de entonces, repito, la Comisión de Límites reactivó sus trabajos y se llevó a una solución que prácticamente establece nuevos acuerdos administrativos, para que estas poblaciones que encontraban disputa con relación a su pertenencia, tuviesen ya una clara competencia por alguna de las dos entidades.
Así, la Colonia San Felipe de Jesús pasó a la jurisdicción, o se ha acordado que pase a la jurisdicción del Distrito Federal, a la Delegación Gustavo A. Madero, mientras que el Estado de México ejercerá jurisdicción sobre un área de la zona denominada La Marquesa - El Zarco, la cual continuará conservándose como área de protección ecológica.
Por otra parte, un segundo acuerdo establece que las colonias Emiliano Zapata y Zona Arqueológica tengan un nuevo límite, en este caso la autopista México - Puebla, y que en las mismas por lo tanto haya una jurisdicción de las autoridades del Estado de México.
Estas respuestas y estas soluciones, resultado de acuerdos administrativos, fueron ratificadas el
domingo pasado por las autoridades de ambas entidades, quienes se han comprometido a elaborar un convenio amistoso en los términos del artículo 46 constitucional, y en su momento someterlo a la aprobación de este Congreso de la Unión y del Congreso Local del Estado de México.
Creemos firmemente que esta postura, esta voluntad viene a resolver en términos generales una problemática que se había presentado durante muchas décadas, afectando a estas comunidades, y que ahora da posibilidades de mejorar la prestación de servicios y de elevar efectivamente el nivel de vida de quienes ahí viven.
Algunos de los presentes hemos sido testigos durante tiempo, de la lucha de estas colonias por resolver su situación, por obtener certidumbre jurídica, por evitar la indefinición, y por lo tanto la violencia y el encono social.
Así creemos que estos convenios realmente permitirán que estas poblaciones se beneficien de manera efectiva.
Quisiera yo señalar, por ejemplo, que se anunció el domingo pasado por el gobernador del Estado de México, un programa de 2 millones de nuevos pesos, precisamente para dotar de infraestructura a la colonia Emiliano Zapata. Las obras se iniciaron a partir del día martes pasado.
Compañeros legisladores, el propósito de nuestro partido es hacer un reconocimiento al arreglo de la situación, a la voluntad política del Gobierno del Distrito Federal y del Estado de México por resolver esta añeja situación, y lo más importante es que la misma se ha resuelto gracias a la participación de representantes populares de distintas fracciones políticas, al esfuerzo de líderes y de vecinos y a la sensibilidad de las autoridades. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Lerdo de Tejada. Para el mismo asunto, tienen la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna para abordar este asunto del acuerdo sobre límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, que anunciaran el pasado domingo, tanto el regente Camacho Solís como el gobernador del Estado de México.
Y creo que la función en primer lugar de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es solamente de alguna manera decir, "echar porras", elogiar la actividad del Ejecutivo, sino significa vigilar el ejercicio de ese poder; vigilar para ver si va en el sentido, efectivamente, constitucional, en el sentido de las necesidades de la población.
Creo que se trata de hacer una valoración objetiva de este problema. Efectivamente, se trata de un problema añejo, o sea, muy viejo que no había sido ni siquiera, por parte de las autoridades tanto del Estado de México como del Distrito Federal, hasta esa administración, tratado más o menos seriamente, o sea, a fin de encontrarle una solución.
Aunque la lucha que han emprendido los vecinos también es bastante añeja, de por lo menos 20 años, y estos problemas se han presentado principalmente en dos de las nueve zonas donde hay problemas de límites. Estas han sido tanto la colonia San Felipe como en la colonia Emiliano Zapata y la zona arqueológica de la Ampliación Emiliano Zapata; son dos zonas, una en Iztapalapa, otra en la Delegación Venustiano Carranza.
De estos dos problemas, creo que hay que ser justos y reconocer que se ha resuelto parcialmente con esta propuesta un solo problema, o sea, en principio está resuelto el problema de los colonos de la San Felipe, pero no está resuelto el problema de las demandas que han hecho los vecinos de la Emiliano Zapata.
Creo que el procedimiento que se ha establecido también es el correcto, creo que hay que señalarlo también, es un acuerdo de intenciones que se está haciendo, que se va a someter a la Cámara de Diputados para su aprobación, que va a tener que ser ratificado por el Congreso del Estado de México, que va a ser, de alguna manera, como ha sido de alguna manera importante la participación de la Asamblea de Representantes. Todos estos aspectos hay que reconocerlos.
Que si bien es cierto, al observar tanto la Ley Orgánica donde se establecen los límites y el conjunto de acuerdos que existe, la San Felipe de alguna manera quedaba claro que no pertenecía al Distrito Federal, y hay en principio, una idea de compensación de esa zona, dotando al Estado de México de zonas de reserva ecológica en Cuajimalpa, en la zona que está en La Marquesa, cerca del Cerro de Las Cruces. O sea, hay un reconocimiento de un problema donde el Distrito Federal dice: Efectivamente, esta zona no me pertenecía, se me va a quedar, te compenso con esto.
Pero en el otro caso no hay esa solución, y creo que es donde han estado los problemas más encontrados, con mayor intensidad de conflictos, precisamente en la Emiliano Zapata y no tanto en la San Felipe. En la San Felipe se han presentado los problemas sociales que han vivido esas zonas y otras zonas que no se regularizaron: ausencia de servicios, inseguridad, una desatención de las autoridades, tanto del Estado como del Distrito, por esa indefinición que agravó aún más los problemas. Todos esos problemas se han presentado tanto en la San Felipe como en la zona de Emiliano Zapata.
Pero en la zona de Emiliano Zapata ha habido, a lo largo de varios años, incluso hechos de represión, detenidos, agresiones de la policía, tanto del Estado de México como de la propia policía del Distrito Federal. Ha habido huelgas de hambre, mítines, todo eso.
El día de hoy, desde ayer, antier, está un plantón permanente en la Asamblea de Representantes, están pláticas iniciadas con el gobernador del Estado de México, con el propio responsable de la Comisión Metropolitana del Distrito Federal, con representantes de la Asamblea, para tratar de alguna manera de modificar el acuerdo, para que sea este acuerdo mucho más amplio.
Este problema de la Emiliano Zapata está claramente definido que pertenece esa colonia al Distrito Federal, y se sustenta en múltiples documentos de carácter oficial, que creo que una comisión especializada, una comisión más bien debidamente constituida, como lo tiene esta Comisión Permanente, debiera empezar a conocer del caso, con los antecedentes, para que llegado el momento de que esta soberanía pueda emitir un dictamen al respecto, tenga los antecedentes necesarios y suficientes.
Creo que va a ser necesario conocer ese discurso, conocer el acuerdo que se había planteado desde el año de 1990, porque esa promesa también ya se había hecho desde antes de canalizar la iniciativa del licenciado Camacho y del anterior gobernador del Estado de México hacia el Congreso de la Unión, pero no había sido cumplida esa promesa de enviar esa iniciativa al Congreso de la Unión.
En función de esto, creo que hay que conocer todos los antecedentes. Efectivamente existe el Acta de Linares de 1898, existen diversos decretos de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1941, del 29 de diciembre de 1978, en donde queda claramente establecido que la línea que va de Diablotitla a otro punto, que ahorita no me acuerdo, que es Tampotán o algo así, esta línea está claramente definida y no concuerda con el pedazo, el tramo de la autopista México - Puebla. Y en dos acuerdos que se han planteado, se plantea pasar toda esta zona que pertenece al Distrito Federal hacia el Estado de México, porque no se toca expresamente de que se respetarán todos estos acuerdos.
Aún más, a partir de que esto está establecido en la Ley Orgánica, está establecido en decretos presidenciales, hay un conjunto de pronunciamientos de las autoridades del Departamento del Distrito Federal y resoluciones de carácter judicial que dan la razón a los vecinos de la Emiliano Zapata. Ellos han luchado por 20 años, ellos han logrado tener por ejemplo varias condiciones que los hacen ciudadanos plenos con antecedentes en el Distrito Federal. Ellos votaron en las elecciones pasadas y en las otras anteriores, en varias elecciones en el Distrito XL tienen su credencial de elector.
Ellos cuentan con algunos servicios del Departamento, Ruta 100, por decir algo, Servicios Médicos del Departamento, existe un centro comunitario en esa zona.
Ellos han también pagado impuestos al Distrito Federal. Ellos han tenido un conjunto de actividades que los han hecho, tienen por ejemplo su junta de vecinos, la asociación de residentes, perdón, de la colonia, esa incluso ha sido ganada por la oposición, hay un grupo opositor que no es de nuestro partido, pero que permanentemente ha tenido la presidencia de esa colonia y que ha habido una disputa en política incluso por las elecciones que se dan en esa zona.
Entonces creo que es de justicia, en base a todos estos antecedentes que existen, que sean retomados con seriedad y que en todo caso si bien el acuerdo en principio es positivo, porque ya hay una intención más manifiesta antes de enviar esta iniciativa al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, creo que se debieran escuchar los otros puntos de vista y conocer nosotros los antecedentes.
De todos estos antecedentes obran en mi poder un conjunto de documentos. Por ejemplo, cuento con el amparo, un amparo que le fue concedido al presidente de la colonia, al señor Ernesto Moreno, en donde hay un amparo en contra de las resoluciones que tanto del gobernador del Estado de México, del regente, del delegado de Iztapalapa, del director jurídico de la delegación, etcétera, del secretario de Gobierno del Estado
de México, esto es, una resolución la 288/88 que precisamente es un documento que les da protección de sus derechos a los ciudadanos de esta colonia del Distrito Federal.
Aquí está la fundamentación. Es un documento en que están claramente protegidos sus intereses, es una resolución judicial que tiene que respetar de alguna manera este acuerdo, que tienen que ser sensibles políticamente, tanto el gobernador del Estado de México como el regente de la Ciudad.
Peritajes que se han hecho, en donde se ha establecido claramente la línea establecida desde los arquitectos Linares, y en donde se establece claramente que no hay ninguna confusión para establecer esta línea divisoria, que esta colonia pertenece, están los planos de la colonia, peritajes que se han hecho, para establecer la pertenencia de éstos.
Los escritos que han girado, la lucha que han establecido los vecinos ha sido una lucha muy intensa, creo que tienen cerros de documentos, "un costal de promesas" de que van a ser considerados; su lucha ha sido muy intensa y creo que no es justo que de manera poco seria, digamos, sí al Ejecutivo, sin escuchar los planteamientos que tienen los distintos vecinos.
Con esto que quede claro, no quiero descalificar la labor que reconozco que se ha hecho de concertación, que se ha hecho desde la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, donde han participado asambleístas, han participado diputados, dirigentes populares, incluso representantes de la oposición en este debate yo reconozco que esa labor existe, sin embargo creo que el esfuerzo que se ha hecho todavía es insuficiente y que tenemos que avanzar para resolver este gran problema que nosotros todavía vemos.
Ya pasando a otro punto, también me mueve a la reflexión este problema. Creo que de alguna manera el problema de los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México es un problema que se empezó a hacer, podíamos decirlo así, crítico o tener un viso político a partir de hace unos 20 años. Y lo fue por el explosivo crecimiento demográfico tanto del Distrito Federal como la zona conurbada de este Distrito Federal, en donde ante la ausencia de una política de urbanización, de una política de desarrollo urbano, se fueron generando un conjunto de problemas que viven tanto los ciudadanos del Distrito Federal como los ciudadanos del Estado de México.
Recientemente por ejemplo, se ha formado aquí una Comisión para estudiar la reforma política, creo que éste es uno de los puntos también a debate que tenemos que reflexionar seriamente, porque se ha planteado la posibilidad y la necesidad de establecer el Estado de Anáhuac, se ha discutido como uno de los problemas, de los tantos problemas a discutir en la reforma política del Distrito Federal, el problema de los límites, porque se ha dicho que una simple línea no puede diferenciar los problemas, los grande problemas sociales, urbanísticos, económicos, de infraestructura, de los servicios: drenaje, agua potable, transporte, etcétera; todos estos problemas que se han presentado, una simple línea no puede decir: éstos son del Distrito o éstos son del Estado de Anáhuac o éstos son del Estado de México.
Es un problema bastante complejo, es un problema que tiene muchos ribetes, un problema completo, bastante complejo que hablar de la posibilidad de los cambios, de un cambio en los límites.
Creo que este acuerdo resuelve parcialmente ese gran problema y que ésta soberanía debería ir más a fondo y discutir el problema de contar con límites políticos diferentes que contengan, o sea, un poco los problemas urbanos de una manera distinta, sería un punto de vista que habría que profundizar, no creo que sea éste el momento de entrar al debate profundo, pero creo que sí vale la pena agendarlo como parte del debate, y reflexionar sobre la posibilidad, de en serio discutir sobre este problema, porque estamos hablando de una ciudad que ha crecido tanto, que se ha convertido en una megalópolis con grandes problemas y que tienen que ser atendidos con una nueva actitud de Gobierno, con un nuevo Gobierno, con una nueva relación entre Gobierno - sociedad y que tenemos que atender estos problemas.
Entonces en ese sentido también considero que el acuerdo que se ha establecido, si bien es positivo, todavía es limitado y que tendremos que adelantarnos a los tiempos para poder resolver los graves problemas que se presentan. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al senador Manuel Aguilera, para referirse a este asunto que viene ocupando los últimos minutos en la Comisión Permanente.
El senador Manuel Aguilera Gómez: - Con su permiso señor Presidente; compañeros legisladores:
Este es un tema sin duda singular, relevante e importante, que concierne a la vida de numerosas familias que desde hace varios años en efecto, han venido reclamando su reconocimiento de residencia en el Distrito Federal.
En mi calidad de Secretario General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, fungí como Presidente de la Comisión de Límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, lo cual me permite dar cuenta y seña brevemente, de lo que ha ocurrido en este aspecto.
Y también hacer algunas precisiones, porque da la impresión de que los límites se han venido variando a lo largo de los años. No. Un trabajo técnico encabezado por el ingeniero Antonio Linares, durante 1896 hasta agosto de 1898, se definieron los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal. Se conoce la línea que define estos límites, como la "línea Linares", en reconocimiento al trabajo del ingeniero que hizo estos trabajos topográficos.
Fue el 15 de diciembre de 1898, cuando el Congreso General aprobó este convenio donde se establecieron los límites. Desde entonces, no ha sido modificado, ninguna otra disposición del Congreso General ha modificado estos límites. sin embargo, la expansión urbana, no siempre de ordinario, no se ajustó al trazo de la "línea Linares" y esto dio lugar a situaciones francamente absurdas, por ejemplo, estamos hablando de la colonia que está en el nororiente de la ciudad, que es objeto de examen específico en este convenio. En esta colonia, la colonia "Emiliano Zapata", el trazo sólo, el sólo trazo de la autopista México - Puebla, fue un factor definitivo para replegar jurisdicción que venía ejerciendo desde siempre el municipio de Los Reyes, sobre zonas que actualmente se conocen como "Santa Catarina" y "San Miguel Teotongo", por una confusión originada por la lectura de las propias actas del "Convenio de Linares", pero esto ha dado origen a situaciones decía yo, que son francamente absurdas.
Por ejemplo, en San Felipe de Jesús, la aplicación estricta del convenio, del convenio de límites, daba lugar a que por ejemplo en una casa la recámara estuviera en el Estado de México y el comedor estuviera en el Distrito Federal. O en la zona de Tlanepantla, en Puente de Vigas, que las personas cuando entraban a su casa, entraban al Estado de México y cuando salían entraban al Distrito Federal.
Esa situación perduró insisto, porque la expansión urbana no se ajustó a la definición de los límites y las mojoneras en muchos casos, no se preservaron en pie.
En reconocimiento a estos problemas en 1968 el gobernador Fernández Albarrán, gobernador y Presidente de la Comisión de Límites, del Estado de México, promovieron ante el Distrito Federal, que se instalara la comisión bipartita. Se instaló, en efecto, pero no avanzó en nada en este proceso de redefinición de los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México.
Fue finalmente en 1990 cuando se instaló la Comisión y empezamos a trabajar para revisar todo el perímetro del Distrito Federal que fuera circundante con el Estado de México. Revisamos los límites a lo largo de 162 kilómetros de longitud; se precisaron 150 puntos de inflexión donde se instalan las mojoneras. Y se fueron planteando ajustes, de tal manera, que con el criterio de buscar accidentes topográficos, orográficos y urbanos definitivos, pudiéramos establecer los límites. Por ejemplo, si había una avenida, se estableció que por en medio de esa avenida se definieran los límites; si había un canal, que fuera el canal el que sirviera para la determinación de los límites; que fueran todos aquellos accidentes topográficos y todas aquellas conformaciones urbanas, se utilizaran para dejar en definitiva, precisados los límites.
¿Cuáles fueron los tres problemas fundamentales que tuvimos que enfrentar? Uno es el de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús corresponde a un ejido que en su momento fue vendido, como ocurrió en tantas y tantas zonas ejidales del Distrito Federal; la superficie del ejido en dos terceras partes estaba dentro de la jurisdicción del Distrito Federal, y el resto de la superficie, dentro de la jurisdicción del Estado de México, concretamente en el municipio de Netzahualcóyotl.
En esta zona comprende actualmente 117 manzanas, 3 mil 240 casas y alrededor de 18 mil habitantes. Sin embargo tenía una característica fundamental; San Felipe de Jesús formaba parte del tejido urbano del Distrito Federal, y el Estado de México tenía imposibilidades materiales para poder suministrar los servicios elementales. Por ejemplo, el agua potable no podía llegar a través del Estado de México y el Distrito Federal sí tenía posibilidades de hacerlo. Un factor era importante para que obstaculizara la prestación de los servicios públicos por parte del municipio de Netzahualcóyotl, y era el Río de los Remedios.
Era obvio que era necesario incorporar esa zona al tejido urbano del Distrito Federal. ¿Cómo hacerlo, cómo se planteó ante el Estado de México?
Se hizo fundamentalmente a partir de un principio, de una negociación que el Gobierno mexicano tuvo con el Gobierno de los Estados Unidos con motivo del Chamizal. Ustedes recuerdan que con una variación en el cauce del río, El Chamizal quedó dentro del territorio norteamericano y el Gobierno de Juárez empezó, desde esa época, una gestión política y jurídica ante el Congreso de los Estados Unidos, para la devolución de ese territorio.
Fue la Corte de La Haya la que dio razón al Gobierno de Juárez, en 1911, y sin embargo fue hasta 1960 cuando el Gobierno de los Estados Unidos accedió a devolver ese territorio. Pero en rigor no devolvió el territorio que se había llevado el río, sino que se convino hacer un tajo, de tal manera que fuera una compensación de superficie la que se reintegró al territorio nacional para hacer factible el cumplimiento de este acuerdo, de esta sentencia de la Corte de La Haya.
Con este mismo criterio se planteó lo de San Felipe; que esa parte de San Felipe se integre al Distrito Federal, y que el Distrito Federal compense en una zona de protección ecológica, superficie al Estado de México. Y así se hizo, se devolvió, se planteó la devolución al Estado de México de una superficie de dos kilómetros cuadrados, 200 hectáreas en una zona de protección ecológica, pero que además tenía una característica fundamental: Son terrenos propiedad del Gobierno Federal en el Parque Miguel Hidalgo. Por lo tanto lo único que se hizo es modificar las mojoneras, para que una parte del parque Miguel Hidalgo quedara dentro de la jurisdicción del Estado de México. Y se garantizó que estos terrenos no fueran reconvertidos en su uso, no solamente por la condición que tienen de propiedad del Gobierno Federal, sino con un decreto del Presidente de la República declarando esta zona, como zona de protección ecológica.
Sin embargo, cuando se firmó y se pactó esta transferencia, los comuneros de San Lorenzo Acopilco consideraron que les estaban agrediendo en sus derechos. San Lorenzo Acopilco es una comunidad que está junto al Desierto de los Leones, la cual ha venido reclamando terrenos en esa zona.
Nos comprometimos con los ejidatarios de San Lorenzo Acopilco que el convenio de límites no se presentaría ante el Congreso de la Unión, en tanto no fuera resuelta en definitiva la solicitud de restitución de las tierras de esta zona.
Se entregaron ya las tierras en San Lorenzo Acopilco por la vía de la restitución en el acuerdo presidencial correspondiente y esto allanó la posibilidad de proseguir con el arreglo en definitiva de los límites del Distrito Federal y el Estado de México.
Quedó sin embargo el asunto concerniente a la zona de Emiliano Zapata. En el convenio firmado en 1898, y yo recomendaría que quienes quisieran adentrarse en el conocimiento de ello se molestaran en conocer, en leer el Tratado de 1898, y van a encontrar que hay en el propio tratado dos versiones de este asunto.
Uno dice: los límites estarán determinados por la línea recta que una a dos mojoneras. La de Diablotitla y la de Tepozán. Eso significa que una parte de los terrenos de la zona de Los Reyes se incorporarían al Distrito Federal.
Pero en la base 18, en el acta 18 de este tratado, señala: que en compensación a que los terrenos de Tlanepantla se incorporan al Distrito Federal. Y se refieren a los terrenos éstos que en el plano del Distrito Federal forman una especie de octángulo, la parte más norteña del Distrito Federal. Esa se incorpora, la cerril, que pertenecía al municipio de Tlanepantla. Y en compensación a eso, dice el acta 18, los terrenos pertenecientes al pueblo de Los Reyes se incorporan al Estado de México.
Entonces en el texto, en el texto del acuerdo hay dos interpretaciones, dos posiciones. Y ésa ha sido la argumentación tradicional de quienes sobre todo en el Estado de México viven en el municipio de Los Reyes la Paz.
Hay otro hecho. Hasta 1953 todos estos terrenos, incluyendo como ya dije la zona industrial, Santa Catarina y San Miguel Teotongo, el Gobierno del Estado de México a través del ayuntamiento de Los Reyes ejerció soberanía y jurisdicción sobre estas tierras. Cobró el impuesto predial y lo que era el impuesto de ingresos mercantiles en esas zonas.
Cuando se construye la autopista, se va reconociendo esencialmente a la autopista como la línea natural de división entre el Estado de México y el Distrito Federal. Automáticamente la jurisdicción sobre Santa Catarina y sobre San Miguel Teotongo por parte del Distrito Federal se va ejerciendo y el municipio de Los Reyes ya no va ejerciendo autoridad sobre esas tierras.
Buscamos con todo cuidado, esto lo subrayo, buscamos con todo cuidado y buena fe la
posibilidad de poder atender los requerimientos de estos grupos de vecinos de Emiliano Zapata, para que pudieran ser incorporados o donde están sus casas pudieran ser incorporadas al Distrito Federal.
Había problemas de tradición, en cuanto al ejercicio de jurisdicción se refiere. Efectivamente Ruta - 100 entra, pero el Ruta - 100 entra a muchos otros lugares del Estado de México y no por esa razón se va a ejercer jurisdicción y soberanía sobre esa zona. Entra hasta Naucalpan, entra hasta Tlanepantla. En fin.
Sin embargo, la investigación que hicimos es que obviamente las escuelas son del sistema educativo del Estado de México; la policía es del Estado de México; el Registro Civil, la mayoría de los que allí habitan están inscritos en el Registro Civil del Estado de México y el Registro Público de la Propiedad ha inscrito las propiedades de esa zona.
Pero además, por mucho que quisiéramos avanzar en dejar resuelto este asunto a favor de este grupo de colonos, hay una realidad que es insuperable. No encontramos un medio que permitiera definir permanentemente los límites en esa zona. Y en esas condiciones lo que íbamos a provocar en el futuro eran aberraciones similares a las que tenemos en otras partes, porque no existen obstáculos físicos, ni accidentes topográficos ni medios urbanos que permitieran decir: por aquí van a pasar definitivamente los límites. Había aberraciones de tal extremo que tendríamos que haber pasado los límites por la corona de uno de los volcanes que están contiguos a Santa Catarina.
Por lo tanto, pese a la buena fe de todos los que estuvimos trabajando en la Comisión de Límites, no encontramos, lo digo con absoluta sinceridad, un medio que resultara adecuado y permanente para definir los límites en la zona de Emiliano Zapata, que no sea la autopista Puebla - México.
Sabemos que los arreglos de este género son complejos, complejidad que se acredita por el hecho de que en el país existen numerosos, numerosísimos casos de conflictos de límites entre estados que no se han podido resolver; arreglos de este género no siempre dejan satisfechos a todos los protagonistas ni a todos los interesados. Sin embargo, yo creo que es preferible avanzar en esta dirección y afrontar las consecuencias de un arreglo que satisfaga a la mayoría. Porque lo verdaderamente grave consiste en asumir una actitud pasiva, temerosa, indiferente a las realidades sociales, indiferencia y pasividad que cultivan la inconformidad colectiva.
El Congreso de la Unión recibirá en su momento el proyecto de arreglo amistoso entre el Distrito Federal y el Estado de México, en los términos que la Constitución manda, que previamente habrá de ser aprobado por el propio Congreso Local y esa será la ocasión para abordar todavía con mayor profundidad el conocimiento de esta, sin duda, compleja situación. Muchas gracias.
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor senador Germán Sierra Sánchez, para presentar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de los Acuerdos de Pacificación en la República de El Salvador.
El senador Germán Sierra Sánchez: - Con su permiso, señor Presidente:
El próximo día 16 del mes en curso se cumple un año de la firma del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de ese país, efectuado en el Castillo de Chapultepec de esta ciudad de México.
Este acuerdo sentó las bases para una convivencia armónica en aquella nación hermana y mediante el cual se precisó lo referente a las fuerzas armadas, a la política nacional, al sistema judicial, al tema económico y social, a la participación política del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, al cese del enfrentamiento armado y a la verificación por las Naciones Unidas del cumplimiento de ese acuerdo, así como lo relativo al calendario de su ejecución.
Este marco de compromisos concretos cristalizó uno de los grandes anhelos del pueblo hermano salvadoreño, que tras largos 12 años de guerra interna y pérdida invaluable de miles de vidas humanas, proyectaron una esperanza de paz, si bien la implementación del acuerdo ha tenido diversos problemas, se ha logrado una recalendarización en dos ocasiones para el cumplimiento de lo estipulado, de ahí que los hermanos salvadoreños continúen construyendo día a día la esperanza por encontrar el camino más expedito para la concreción del acuerdo aludido; además, estimamos pertinente destacar el hecho que el 15 de diciembre del año pasado se firmaron los acuerdos de paz de en la capital de El Salvador como seguimiento de dicho proceso de
pacificación y en cuyo acto se contó con la presencia de las partes involucradas y del secretario general de las Naciones Unidas Boutros Galhi; lo que refleja la importancia que esos acuerdos han tenido como parte fundamental de la pacificación en El Salvador, así como su innegable impacto y contribución a la estabilidad de la región centroamericana, igualmente son un reflejo fiel de la comunidad latinoamericana comprometida en los esfuerzos tendientes a la democratización y pacificación del área.
En un momento de la vida mundial caracterizada por varios signos de enfrentamientos fratricidas en naciones de otras áreas geográficas del orbe; los compromisos acordados han observado un retraso en su ejecución, principalmente en los temas relativos a la depuración de fuerzas, a la creación de la policía nacional civil, a la participación política del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el reparto de tierras y el inventario de armas de ex combatientes; no obstante, gracias a la oportuna intervención de las Naciones Unidas se logro una recalendarización de los compromisos en dos ocasiones.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desea externar su congratulación porque la convivencia de un pueblo hermano se encuentra en el horizonte cercano y a la vez expresa que esta convicción de solución pacífica de las controversias, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos para darse el Gobierno que decidan, es compartida por nuestra nación y El Salvador.
Por lo anterior: "Las fracciones representadas en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, manifestamos nuestro profundo deseo por el cabal cumplimiento de los acuerdos y por la pronta conclusión del proceso de pacificación.
Signan este documento, por el Partido Revolucionario Institucional, su servidor, senador Germán Sierra Sánchez, el diputado Rodolfo Becerril Straffon, por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Roberto Robles Garnica, por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Israel González Arreguín, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Carlos Cantú Rosas y del Partido Acción Nacional el senador Héctor Terán Terán, Poder Legislativo, San Lázaro, enero 14 de 1993".
El Presidente: - Gracias señor senador; informamos a los legisladores que se han inscrito varios compañeros en este asunto, para referirse al punto contenido en el pronunciamiento; ellos son: el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista; el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el diputado Ramón Mota Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Concedemos la palabra en este orden, al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - ¿Cuántos minutos?, tres minutos, pues vamos a hacerle la lucha.
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La suscripción de los acuerdos de Chapultepec fueron sin duda importantes en tanto que abrieron la posibilidad de la pacificación en El Salvador, después de muchos años de una guerra que tuvo un alto costo, de una guerra de carácter interno con un alto costo en vidas humanas.
Sin embargo, aunque éste es un hecho importante y por lo tanto es de saludarse el primer aniversario de la firma de estos acuerdos, sin embargo el Partido Popular Socialista tiene la preocupación de que ha habido insuficiencia en el cumplimiento de los mismos, por parte del Gobierno de aquél país, pero hay algunos hechos en especial que nos preocupan.
Parte de los acuerdos fue el de separar de sus funciones a los militares, particularmente a aquellos de alto rango que había pruebas, habían estado implicados en acciones represivas, violentas en contra de la población civil, en contra de los indígenas y de los campesinos.
Hay en esta situación, localizados 104 militares generalmente de alto rango la mayoría de ellos, y hasta ahora el Gobierno de Cristiani ha eludido el cumplir con el acuerdo de separarlos de sus funciones e incluso de sancionarlos a quienes hubieran incurrido en acciones de la mayor gravedad; hay un cumplimiento que apenas se aproxima al 30% en cuanto a este aspecto de los acuerdos, pero más grave aún, en alguno de los casos donde las responsabilidades son mayores, ocho militares de alto rango con graves cargos en su contra, el Gobierno les ha conferido cargos diplomáticos y los ha enviado al exterior para tratar de sustraerlos a la justicia.
Salta a la vista el caso del Coronel Errati, que era el jefe de un batallón llamado "Atlacatl", de negra memoria entre la población salvadoreña por sus acciones brutalmente represivas. Este cuerpo, este batallón cumplía tareas muy parecidas a las que en Guatemala han cumplido los llamados "Caibiles", sanguinarios de muy triste memoria; este batallón es responsable de crímenes atroces contra ciudadanos inermes y sobre todo de los sectores más humildes de la población de El Salvador, y ha sido uno de los funcionarios a los que se ha tratado de otorgar inmunidad por la vía de la asignación de cargos diplomáticos y su envío al exterior.
Hay consenso entre las principales fuerzas políticas de El Salvador, en el sentido de que estos 104 militares deben ser dados de baja, de que se debe cumplir con fidelidad lo establecido en los acuerdos de Chapultepec y los que se han derivado de los mismos, con esto ha coincidido el Arzobispo Rivera y Damas; con esto ha coincidido la U.D.N., Convergencia Democrática, el Partido Demócrata Cristiano, prácticamente todas las fuerzas, incluso sectores importantes del Partido Arena que es una de las fuerzas de extrema derecha en el escenario político de El Salvador.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, en comunicado fechado el 7 de enero y dirigido a la Comisión Especial creada para dar cumplimiento a los acuerdos de Chapultepec, precisó que el Gobierno de Cristiani no está dando cumplimiento adecuado a los acuerdos. A ese nivel está la objetividad y la comprensión en cuanto a las fallas por parte gubernamental.
Así pues, aprovechamos esta ocasión para saludar los acuerdos, su centenario, externar nuevamente al alto valor que sin duda tuvieron en su momento y el más alto todavía que están llamados a tener en el momento en que cumplan su cometido a cabalidad y para externar también nuestra preocupación por el incumplimiento parcial de una de las partes, en este caso el Gobierno de Alfredo Cristiani. Muchas Gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Compañeros legisladores: En obvio de tiempo, nuestro partido ratifica en todos sus términos la declaración que hoy han signado las distintas fracciones parlamentarias.
Pensamos que respetando el principio de autodeterminación de los pueblos, nuestro país ha ayudado al proceso de pacificación, y nosotros expresamos el deseo del cumplimiento de los acuerdos de paz, y expresamos el deseo de que se logre una paz duradera en la República hermana del El Salvador. Con esto ratificamos nuestro apoyo a esta declaración política. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado. Concedemos la palabra ahora al señor diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
"Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", nos recordaba hoy el diputado González Fernández hace ya algunas horas, citando la frase del Benemérito, y que corona el frontispicio de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
En este marco de respeto a la autodeterminación, es tema de nuestra intervención y de nuestra congratulación en esta Comisión con la Comisión, los hechos que en el hermano país de El Salvador se han dado en los últimos meses, a consecuencia de los acuerdos que por la paz, entre el Gobierno y la guerrilla salvadoreña fueron signados hace casi un año, el 16 de enero en nuestro histórico Castillo de Chapultepec, teniendo como testigos de esta firma no sólo personalidades civiles y eclesiásticas reconocidas por ambas partes, sino prácticamente a todos los mexicanos.
En Acción Nacional tenemos la esperanza de que en las conciencias de todos los hombres, en razón de su dignidad por naturaleza, origen y destino, crece día a día la convicción de que somos iguales unos y otros.
Cuando la humanidad, las naciones y la familia encuentren su propia alma, es decir cuando sus miembros reconozcan y asuman voluntariamente la solidaridad que los une indisolublemente unos a otros, aceptándose recíprocamente solidarios, llegaremos entonces a un verdadero humanismo, lograremos entonces un bien común universal.
Con el pueblo salvadoreño nos une, además de nuestra historia, esta esperanza solidaria. Nos congratulamos pues, porque los esfuerzos de búsqueda por la paz fraterna sigan fructificando. Hacemos votos porque este esfuerzo salvadoreño
crezca y se refuerce, de forma que ayude al desarrollo de ese pueblo.
Recordemos que el desarrollo de los pueblos sólo se puede dar en la paz, y la paz sólo puede darse en la justicia.
El Presidente: - Gracias señor diputado. Concedemos la palabra ahora al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: Señor Presidente; señores senadores; señores diputados:
El hermano pueblo de El Salvador ha vivido durante varios años un clima de zozobra, de sangre y de enfrentamiento interno, que no sólo le ha impedido vivir en concordia entre connacionales, sino que incluso le ha impedido crear las condiciones necesarias para aspirar a mejorar su sistema interno de vida.
México, nuestra patria, reconocida como un país amante de la paz, ha sido factor importante para lograr la anhelada paz de los salvadoreños; igual conducta debe adoptar en el caso de Guatemala, convirtiéndonos de esta manera en sede central, en ese eje motor de la paz centroamericana.
En El Salvador evidentemente hay intereses que se oponen al deseo de su población de lograr finalmente el éxito del proceso de pacificación.
Los mexicanos debemos llamar a la reflexión a las partes beligerantes, de manera que piensen en el bien común de esa nación y ceda cada una lo que tenga que ceder en aras de la tranquilidad del país.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, basado en su tradición y en sus postulados, se suma a la declaración política sobre la paz en El Salvador, con la esperanza de que será un instrumento eficaz que impulse el cabal cumplimiento de los acuerdos de pacificación que han sido signados por el Gobierno de la República de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, cuyas bases fueron sentadas precisamente en nuestro honorable Castillo de Chapultepec, en esta ciudad de México, el pasado 16 de enero de 1992.
Después de 12 años de guerra interna y pérdida invaluable de miles de vidas humanas, el pueblo salvadoreño ha venido alentando una esperanza: el acuerdo de paz celebrado hace un año entre el Gobierno de ese país y el Frente Farabundo Martí Liberación Nacional, sentando las bases para una convivencia armónica en aquella nación hermana mediante el cese de enfrentamiento armado y la verificación por las Naciones Unidas del cumplimiento de este acuerdo.
No obstante lo anterior, su materialización se ha visto obstaculizada para su ejecución, principalmente en las áreas relativas a la depuración de las fuerzas, a la creación de la policía nacional civil, a la participación política del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el reparto a los campesinos, trabajadores del campo y de los labriegos, de las tierras y el inventario de armas, propiedad de los ex combatientes.
Esta Comisión Permanente debe congratularse, a un año de la firma de este tratado, junto con el hermano pueblo salvadoreño, porque se avizora el término de un largo episodio de zozobra, enfrentamientos y sangre derramada entre hermanos, que no sólo les ha impedido vivir en concordia, sino incluso crear las condiciones necesarias para aspirar a mejores posibilidades de vida.
Coincidimos los mexicanos con los salvadoreños, en nuestras convicciones de solución pacífica de las controversias, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos para darnos el Gobierno que libremente decidimos, y consecuentemente a esta postura, en México, nuestra patria, ha fortalecido su prestigio en razón de haber sido un factor importante para lograr la paz en esta área de Centroamérica:
Hoy debemos llamar a reflexión a nuestros hermanos en conflicto, El Salvador, Guatemala y otros países de América Latina, de manera que hagan un esfuerzo para deponer cualquier otro interés en aras de la tranquilidad de sus connacionales, motivo por el cual, sustentado este criterio, somos signantes del acuerdo sostenido por las diversas fracciones parlamentarias. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Concedemos ahora la palabra en este asunto al señor diputado Ramón Mota Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ramón Mota Sánchez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En abundamiento a las expresiones aquí vertidas, manifestando deseos para que el proceso de paz de El Salvador se concrete lo más pronto posible, deseo señalar que los diferentes sectores de participación activa en la vida de nuestro país, así como los miembros de la fracción
parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, coincidimos plenamente con esos anhelos.
Reconocemos la complejidad que encierra la pacificación de un país centroamericano como es El Salvador, después de más de una década de lucha violenta y con cercanía a otros países del área Centroamérica, con situaciones políticas que han derivado también en confrontaciones cruentas; agravado este conflicto por la influencia ejercida de la ruptura del equilibrio del poder en el mundo, que aumenta la tensión y confusión política regional, en particular la disolución de fuerzas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la entrega y destrucción de sus implementos bélicos, la depuración de los bandos superiores y desactivación de unidades de élite del Ejercito salvadoreño, así como la creación de una policía nacional civil, sin dejar de mencionar la distribución de tierras, la participación política del frente, la reestructuración del sistema judicial, el establecimiento de un nuevo procedimiento electoral, además de las no menos importantes reformas económicas y sociales. Problemas que no han sido fáciles de implementar, para llegar a un acuerdo y ejecutarlo con eficiencia.
Todos estos problemas han llevado, lógicamente, a los varios ajustes en los calendarios de ejecución previamente aprobados.
Conocemos y entendemos estas dificultades, pero la vocación pacifista tradicional de México nos obliga a continuar insistiendo, perseverando para que nuestra voz se escuche en todos los ámbitos y se dé a conocer nuestra más vehemente aspiración porque este proceso de paz, en el que nuestro país participó en forma tan activa, intensa y particularmente significativa, cristalice a la mayor brevedad, llevado como reacción en cadena la paz a otras naciones y regiones del mundo. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Mota.
RELACIONES MÉXICO - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Presidente: - Concedemos la palabra, para un asunto distinto, al senador Oscar Cantón Zetina, miembro del Partido Revolucionario Institucional y quien formulará consideraciones en torno a la reciente entrevista del Presidente Carlos Salinas de Gortari con el señor William Clinton.
El senador Oscar Cantón Zetina: - De acuerdo al permiso otorgado por esta Comisión Permanente en su sesión anterior, el Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente electo de Estados Unidos de América, William Clinton, el pasado 8 de enero en Austin, Texas.
Se trato de un encuentro pleno de respeto y cordialidad. Sin duda beneficiará la relación bilateral de los países vecinos que, de suyo enfrentan una compleja, difícil convivencia. Las relaciones entre México y Estados Unidos de América al compartir una frontera común de 3 mil kilómetros y 500 millones de cruces al año, pueden llevarse al cabo, de muchas formas, pero sin duda estas relaciones serán más provechosas si ocurren dentro de la cordialidad, la amistad y especialmente dentro del respeto. Se tiene la voluntad de ambos gobernantes de mantener una buena relación personal.
Los problemas entre los países han existido y seguramente existirán en el futuro. Lo fundamental es que permanezca el interés recíproco de solucionarlos.
El Presidente Salinas de Gortari demandó una relación digna y respetuosa, constructiva, útil y beneficiosa, basada en el derecho internacional y la observancia irrestricta de nuestros principios fundamentales de soberanía y autodeterminación, de independencia nacional.
El Presidente Salinas de Gortari invocó la fuerza moral de Benito Juárez en el suelo del país más poderoso del mundo y lo hizo de frente a quien será su gobernante en unos días más. Dignidad y respeto siempre, subordinación nunca.
México refrenda así el siempre vigente espíritu del benemérito de las américas sin perder de vista la acelerada transformación de la sociedad mundial. México reafirma así su pasado y afronta con realismo su futuro.
En cuanto a logros concretos de la reunión, podemos mencionar el interés que el Presidente Clinton por el Tratado de Libre Comercio y su compromiso acerca de que el texto del tratado no será reabierto. Esto equivale a decir que se mantienen las ventajas negociadas de manera acertada para México.
También es importante destacar el rechazo que hizo el Presidente Clinton de los secuestros de ciudadanos mexicanos con el propósito de aplicar extraterritorialmente las leyes de Estados Unidos de América, o sea, respeto a la soberanía.
Así se concede la razón a la tradicional postura mexicana sometida a prueba recientemente y
defendida con energía y firmeza por el Presidente Salinas de Gortari, como también lo hizo este honorable Congreso de la Unión.
Una especial mención debe de hacerse al problema de los trabajadores migratorios que de México cruzan la frontera con Estados Unidos de América, se les brindará mayor atención por lo que toca a sus derechos humanos.
Asimismo se estableció intensificar recíprocamente la lucha contra el narcotráfico y se analizó a fondo el tema de la educación.
Consecuentemente, porque se han asentado las bases para una nueva y digna fase en las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos de América, a partir del respeto y el beneficio mutuo, los legisladores que suscriben, de tres partidos políticos, hacen el siguiente pronunciamiento acerca del encuentro del Presidente Carlos Salinas de Gortari y el Presidente electo William Clinton:
"Los representantes de las fracciones partidistas que abajo suscriben, miembros de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con relación a la visita de trabajo que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, realizó a la ciudad de Austin, Texas, a fin de entrevistarse con el Presidente electo de estados Unidos de América, William Clinton, saludamos la celebración de este encuentro.
Consideramos que con este primer acercamiento entre los dos presidentes, dada la importancia de fomentar los contactos entre los jefes de Estado, se logra dar inicio a una nueva etapa que se sustenta en el respeto a los principios y a las diferencias, bajo una relación amistosa y cordial.
Ello podrá contribuir a establecer un mejor entendimiento para analizar cada uno de los temas que componen la amplia y compleja agenda bilateral.
Coincidimos también que en dicho encuentro se sentaron las bases de una nueva relación acorde con nuestros principios de política exterior, de respeto a la soberanía, libre autodeterminación, no intervención y cooperación internacional.
Expresamos nuestro beneplácito por la disposición de ambos mandatarios al manifestar su compromiso por continuar impulsando la cooperación bilateral. Asimismo, manifestamos nuestra satisfacción por la propuesta de establecer un mecanismo personal de consulta directa a fin de confrontar los problemas que surjan entre los dos países.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 14 de enero de 1993.
Senador Humberto Lugo Gil, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Diego Fernández de Cevallos, por el Partido Acción Nacional; senador Oscar Cantón Zetina, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Israel González Arreguín, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El Presidente: - Gracias señor senador. Informo a los señores legisladores que se han inscrito varios compañeros para referirse a este asunto. Así está inscrito el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
En este orden, otorgamos el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; con su autorización, compañeras y compañeros legisladores:
Será corta mi intervención. Deseo, sin embargo dejar constancia de que discrepamos en la valoración que de esta entrevista se ha hecho en el documento al que ha dado lectura el compañero senador Cantón Zetina.
Nosotros advertimos y aquí lo señalamos en su momento, que la conducta del Gobierno nuestro, había sido tal en los meses anteriores a las elecciones en Estados Unidos de América, que se habían amarrado una serie de compromisos muy a la vista de todas las fuerzas políticas, que se había apostado demasiado, prácticamente todo a la reelección del Presidente George Bush; hubo muchos indicadores públicos de ese carácter, citaríamos sólo uno para no robar mucho tiempo: el aceptar una entrevista entre mandatarios en un estadio de béisbol y en un momento claramente electoral.
Y bueno, resultado de estos compromisos, de este cálculo erróneo respecto a los resultados electorales y al movimiento de fuerzas allá, posteriormente hubo que recomponer, hubo que
empeñarse en tratar de recomponer de manera acelerada y precipitada una relación con William Clinton en cuanto se advirtió el sentido de las elecciones que tendría que ser distinto.
Hubo pues, un esfuerzo acelerado, precipitado, en muchos aspectos desesperado por parte del Gobierno mexicano, extemporáneo, y todo esto puso en condiciones de desventaja al Gobierno de nuestro país.
Se llega pues a esta entrevista con esas desventajas a cuestas. Y los resultados, si bien la información en el lado nuestro de la frontera publicitan dos o tres aspectos, exaltándolos particularmente como resultados victoriosos para la diplomacia del Presidente Salinas, puntos a los que ha hecho referencia el documento al que dio lectura el compañero senador Cantón Zetina, no lo son tanto si se vé con una óptica menos parcializada, menos publicitada, la entrevista en su conjunto.
De hecho, Clinton ya venía manejando con antelación en su discurso en todos los foros, que su interés no era tanto el reabrir negociaciones, a la vista de que reabrir negociaciones complicaría este problema por varios años, no reabrir negociaciones con relación al Tratado de Libre Comercio, si no abrir negociaciones paralelas que, lo reiteró en la conferencia de prensa, es uno de los frutos, no hay en ese punto ninguna victoria real para la parte mexicana, simplemente reiteraron cada quien sus posiciones.
El otro aspecto que se ha publicado como victorioso para la diplomacia salinista y que trató el compañero Cantón Zetina, es el de el respeto a la soberanía, el de no otros secuestros, pero esto fue afirmado y matizado con una frase que le quita toda la fuerza si se dice sin ella: "... siempre y cuando haya respeto a la Ley", ¿cuál Ley? ¿Las Leyes extraterritoriales que ellos tratan de imponer? ¿Quién determinará en qué casos se está respetando la Ley y cuáles no?, no hay tampoco ahí ninguna victoria para la parte mexicana.
Nos parece que no había las condiciones para cosechar ninguna victoria, nos parece que no debemos echar campanas al vuelo o exaltar, citando solo algunos aspectos descontextualizados, para tratar de demostrar que hubo ventajas que en verdad no obtuvimos; había que hacer la entrevista, nos parece que no fue el momento ni las condiciones adecuadas; somos partidarios de relaciones internacionales con todos los países del mundo; somos partidiarios de relaciones muy intensas con Estados Unidos de América, con los que tenemos una enorme frontera y estamos obligados a tratar en torno a todos los temas de la agenda; somos partidiarios de que las relaciones se den a todos los niveles, a nivel parlamentario, a nivel del Ejecutivo, a nivel de los canales diplomáticos usuales, etcétera. Pero somos partidiarios de que éstas se den efectivamente en busca del mutuo beneficio y particularmente nos preocupa el beneficio nuestro, el de la parte mexicana. Nos parece que no había las condiciones para conseguirlo y que no lo hubo en este caso. Ese sería nuestro razonamiento de la discrepancia con relación al punto de vista expresado aquí por el compañero Cantón Zetina. Muchas Gracias.
El Presidente: - Concedemos la palabra al señor diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
La visita reciente de Carlos Salinas al Presidente electo de Estados Unidos de América, William Clinton, pretendió desde nuestro punto de vista, tres objetivos fundamentales:
En primer lugar, intentar corregir el error del Gobierno salinista de haber basado de manera fundamental, todo su proyecto económico en una posible reelección de George Bush.
El segundo objetivo de esta entrevista, fue intentar establecer una relación benéfica para los tiempos políticos y económicos del salinismo con el nuevo Gobierno demócrata.
Y en tercer lugar, intentar garantizar que no se abra un proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, firmado ya por los ejecutivos de Estados Unidos de América y México, y por el Primer Ministro de Canadá.
Nosotros sostenemos la posición de que el proyecto salinista depende, y esto cada vez en mayor medida, del ingreso de capitales extranjeros a nuestro país, para mantener equilibrada la balanza comercial que hoy se encuentra con un déficit, según cifras de la propia Secretaría de Hacienda, de 23 mil 121 millones de dólares. Para dar salida a este problema fundamental de la macroeconomía del proyecto salinista, evidentemente que al Tratado de Libre Comercio, se le ha planteado como un asunto que jugaría un papel básico.
Los resultados de la entrevista, aparentemente, subrayo la palabra aparentemente respondieron
a los objetivos buscados por Salinas. Sin embargo me gustaría aquí hacer algunas precisiones.
A pesar de que tanto el Presidente electo de Estados Unidos de América, como el Presidente de México, han asegurado que el texto del tratado no se abrirá nuevamente para ser revisado y renegociado, existen, en primer lugar, dudas en torno a los tiempos previstos para llegar a un acuerdo final sobre el Tratado de Libre Comercio, por un lado, y en segundo lugar, por otro lado, habría que analizar en sus justos términos el planteamiento de Bill Clinton, que aceptó nuestro Gobierno, en el sentido de realizar acuerdos paralelos en torno al Tratado de Libre Comercio, en lo que se refiere a la cuestión ambiental y en lo que se refiere a la cuestión laboral.
Sobre el primer punto, sobre el problema de los tiempos, quedó claro que el Presidente electo norteamericano, ha venido apoyando al Tratado de Libre Comercio, pero también queda muy claro que dentro de las filas demócratas existen divergencias en cuanto a su puesta en práctica. Yo menciono, por ejemplo, que hay sectores claramente proteccionistas en Estados Unidos de América, como es el caso del grupo que encabeza el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Planteo asimismo que existe un temor de parte de estos sectores a la pérdida de empleos y a la salida de capitales estadounidenses hacia México, atraídos por los bajos salarios y las escasas regulaciones que en nuestro país existen en torno al control ambiental. Esto hace que algunos sectores hagan oposición al Tratado de Libre Comercio.
Está claro que hay otros medios también allegados al Presidente electo norteamericano que están a favor del Tratado de Libre Comercio y su desarrollo, según lo negociado por Bush. Pero ¿Quién decidirá qué posición tomará Clinton, finalmente, frente al Tratado de Libre Comercio? Eso lo decidirán las principales fuerzas políticas que están en juego en aquel país, por un lado los empresarios que dependen principalmente del mercado nacional norteamericano y los grandes sindicatos, y por otro lado, los grandes consorcios transnacionales y el gran capital financiero.
Por lo tanto, nosotros planteamos que se puede argumentar en torno a que existen dudas acerca de los tiempos.
Por el lado de la parte mexicana, por el lado del equipo salinista, hay una evidente prisa por concretar hasta sus últimas consecuencias el Tratado de Libre Comercio.
Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el modelo de desarrollo ha convertido a la inversión extranjera en una pieza clave de todo el equilibrio macroeconómico.
Abrir el texto a la renegociación hubiese llevado los tiempos más allá de lo conveniente al grupo mexicano en el poder. Nos queda claro que ya ha empezado la lucha por la sucesión presidencial en este país, y que seguramente durante el segundo semestre de 1993, ya será público el candidato oficial, y con ello una cierta dualidad de poder que debilita a Salinas y a su equipo negociador; por eso la prisa. Pero no hay que confundir las necesidades del grupo en el poder y las necesidades del grupo en el poder y las necesidades de este país.
Concluir y poner en vigor a la mayor brevedad posible el Tratado de Libre Comercio, a costa de lo que sea, es conveniente al equipo salinista, nos queda muy claro, pero, repito, no al país.
Ahora bien, los negociadores mexicanos temen que una reapertura global de las negociaciones fortalezca las posturas proteccionistas o la postura aún más subordinante en puntos estratégicos como el energético.
Todos estos elementos llevan al equipo salinista a una urgencia que nosotros consideramos que podría ser peligrosa, que podría llevar a la búsqueda, a cualquier costo, de una aprobación y entrada en vigor rápida del Tratado de Libre Comercio.
Decía yo que nosotros planteábamos nuestras dudas en cuanto al aparente éxito del equipo salinista en la entrevista, en primer lugar, ya lo fundamenté, por el problema de los tiempos. No queda claro que los tiempos, que el sistema salinista viene planteando y que le urgen, realmente sucedan sobre la base de ese planteamiento.
Pero la segunda cuestión, por la cual fundamentamos que sólo es aparente el éxito, es en el sentido de que en efecto si bien es cierto que no se abrió la renegociación de manera global, también es cierto que la propuesta de Clinton en torno a acuerdos paralelos, en lo que se refiere a la cuestión ambiental y a la cuestión laboral, es una manera también muy clara de abrir la negociación.
Clinton espera mediar las presiones a las que está sujeto y lograr una aprobación del Congreso para el Tratado de Libre Comercio, si presenta paralelamente acuerdos que protejan a los empleos estadounidenses y sobre asuntos ecológicos.
En este sentido, en lo que respecta a los asuntos laborales, nuestro partido, conjuntamente con amplios sectores de la sociedad civil como la red mexicana de acción frente al libre comercio, hemos venido planteando que es la clave para conciliar los intereses en esta materia entre ambos países, es prohibir lo que podríamos llamar "el dumping laboral", es decir, evitar que los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo en nuestro país se conviertan en un elemento comercial.
En ese sentido sería necesario pactar un programa de transición hacia la homologación, hacia arriba de los derechos laborales.
En cuanto a la cuestión ambiental, no debemos olvidar que el triunfo demócrata le dio un nuevo peso a los problemas ambientales. El propio vicepresidente electo de estados Unidos de América se ha destacado en el tema. Y aun cuando en el Tratado de Libre Comercio se hace explícito el propósito de que el libre comercio sea congruente en la protección y conservación del ambiente, conteniendo cláusulas que reconocemos que son importantes en esta materia, como la de prohibir expresamente alentar inversiones a través de un relajamiento de las normas de protección ecológica e impedir propiciar el establecimiento, ampliación o adquisición de empresas eximiéndolas del cumplimiento de las normas ambientales, no obstante que reconocemos que este contenido importante está en el Tratado de Libre Comercio, consideramos por otro lado que estas disposiciones continúan siendo insuficientes.
Por ello consideramos que debe generarse un instrumento conformado por las distintas organizaciones defensoras del medio ambiente de los tres países que firman el tratado, y de todos los ciudadanos interesados, sin exclusiones, es decir, una Comisión Trilateral de Supervisión con participación no sólo de gobiernos, sino de organismos civiles, que puedan ser un referente moral que vigile, denuncie y promueva acciones frente a la violación de las normas de protección del medio ambiente.
Algunos de los temas que nosotros consideramos deben ser parte de esta discusión, son el traslado de la tecnología, la contaminación transfronteriza por los desechos tóxicos y peligrosos, el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas, así como los contenidos de la legislación ambiental de los tres países.
Creemos que en la discusión y en la negociación que se dé en torno a estos acuerdos paralelos, el referente a la cuestión laboral y el frente a la cuestión ambiental, el Gobierno mexicano debería evitar cometer el mismo error que cometió cuando se dio la negociación de varios meses del Tratado de Libre Comercio.
¿En qué sentido? En que el Gobierno mexicano en estos dos temas debe de abrir la participación, no solamente al equipo negociador del Ejecutivo, el Gobierno mexicano debería de abrir la participación a algunos sectores de la sociedad civil clara y perfectamente interesados en estos dos temas, que tienen propuestas, que tienen argumentos. Y consideramos también que el Gobierno mexicano debería de abrir en esta negociación la participación al Congreso de la Unión.
Cerrar la negociación solamente al equipo negociador del Ejecutivo, como se hizo con todo el Tratado de Libre Comercio sería repetir un error que el Partido de la Revolución Democrática ha venido criticando de manera clara y precisa, dando sus argumentos, y que consideramos que en estos dos temas tan importantes, el Gobierno mexicano debería de abrir espacios a otros grupos, a otros sectores.
Ahora bien, creemos que hay un tema que no fue replanteado por el Gobierno mexicano de manera incorrecta en las probables renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, en lo que se refiere a acuerdos paralelos. Si el Gobierno norteamericano exigió acuerdos paralelos en el tema ambiental y el tema laboral, el Gobierno mexicano debería de haber puesto en la mesa de esos acuerdos paralelos la cuestión migratoria.
Creemos que es necesario establecer un nuevo acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América. Un acuerdo como el que nosotros mencionamos debería de avanzar en la liberación del flujo de trabajadores entre los países, en concordancia con el libre tránsito de mercancías y capitales que está procurando el Tratado de Libre Comercio.
Al mismo tiempo, es indispensable hacer un acta de derechos humanos y laborales que proteja las condiciones laborales de los inmigrantes de México en Estados Unidos de América. No queremos exagerar al decir que el problema de los derechos humanos de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos de América, se está convirtiendo en un problema verdaderamente crítico, que requiere una atención diligente inmediata.
Por todas estas razones, porque consideramos que detrás de las apariencias en la entrevista
Clinton - Salinas, que algunos medios, sobre todo la televisión, se preocuparon a fondo por presentar esta apariencia, está el problema de los tiempos, está el problema de los acuerdos paralelos, que en la práctica significan de alguna manera una renegociación, y está el problema de los temas, como el migratorio, que el Gobierno mexicano evitó incluir en las negociaciones que se dieron en esta entrevista.
Por esta razones no estamos de acuerdo con el planteamiento que se nos hace y no lo aprobaremos. Gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados, señores senadores:
El pasado 8 de enero el Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, cumplió su novena visita a Estados Unidos de América para reunirse con el Presidente electo de ese país, Bill Clinton, entrevista extraoficial dado que el mandatario estadounidense aún no toma posesión.
La entrevista entre ambos mandatarios se dio precisamente poco tiempo después de que surgirán profundas discrepancias, a partir de junio de 1992, por el secuestro del médico mexicano Humberto Alvarez Macháin, quien fuera secuestrado para juzgarlo arbitrariamente en Estados Unidos de América.
La manifiesta violación a la soberanía nacional, levantó la protesta de amplios sectores del país y la inmediata intervención del Gobierno mexicano. Finalmente triunfó el derecho, no sé si la justicia, y el doctor Alvarez Macháin fue puesto inmediatamente en libertad.
Por otra parte, está latente también el caso del procesado Aldape Guerra, quien se encuentra condenado a muerte a pesar de sus múltiples y reiteradas aseveraciones de inocencia y la intervención de diversas agrupaciones de derechos humanos y del propio Gobierno mexicano para que se reconsidere el caso en alusión.
Igualmente tendríamos como diferencias inmediatas, discrepancias notorias e injustas; el injusto embargo atunero y el proteccionismo arancelario que en torno a este asunto ha tejido el vecino país del Norte para evitar que este producto mexicano ingrese a aquellos mercados.
El problema de los indocumentados, el combate al narcotráfico, las constantes violaciones al territorio nacional por parte de los agentes de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, en fin, todos ellos, conflictos propios de naciones unidas por la Geografía y en los cuales a pesar de que mayoritariamente ha sido temas anotados en la agenda de las 47 reuniones presidenciales entre México y Estado Unidos de América, a la fecha no se han encontrado soluciones a la mayoría de estos reclamos justificados.
En este marco existente en las relaciones de ambos países, se da esta Reunión Bilateral entre mandatarios de México y Estados Unidos de América, sin olvidar la presencia de un Tratado de Libre Comercio pendiente de autorizar por los congresos de ambos estados y que resulta de singular trascendencia para la vida económica y social de México, dado que en él están depositadas por parte de la entidad gubernamental, muchas de las esperanzas de progreso.
Se trató, y todo mundo lo supo, de una reunión extraoficial, los resultados de la misma pueden calificarse de alentadores y positivos; a la fecha sólo se ha informado al pueblo sobre tres aspectos de esta entrevista: primero, el Tratado de Libre Comercio en su texto definitivo no va a ser sujeto a renegociación o modificaciones posteriores, esto ajustado al fast - track que fue comprometido en su momento.
Segundo, que se obtuvo la buena disposición de Bill Clinton y su grupo de asesores para abrir las relaciones con México en un marco más proporcional a las necesidades de nuestra economía.
Tercero, el Presidente Carlos Salinas de Gortari afirmó en la reunión que el ánimo de su Gobierno es el de fomentar más el comercio y las oportunidades recíprocas de ventajas y beneficios del tratado y que la nueva tónica en las relaciones México - Estados Unidos de América serán las de evitar el endeudamiento.
Propuso asimismo unas relaciones bilaterales donde impere el respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación.
En virtud de lo anterior, puede apreciarse que fue una reunión donde quedó manifiesta la buena intención de arribar a tiempos de mejor entendimiento entre México y Estados Unidos de América. Son muchos los conflictos comunes que deben abordar los gobiernos de México y Estados Unidos de América. Por parte de nuestro país debe insistirse en el respeto a nuestra soberanía nacional, en la urgente necesidad de que
se llegue a soluciones ciertas, concretas y de fondo en la solución a la injusta problemática que vive el mismo, de connacionales que emigran al vecino país en busca de las oportunidades de supervivencia que lamentablemente en la patria les son negadas.
Asimismo que cese ya el embargo atunero que resulta a todas luces injusto y arbitrario. A juzgar por las condiciones en que se desarrolló la reunión de referencia, hay buenas expectativas de entendimiento en el futuro de ambas naciones, dado que un nuevo estilo de Gobierno está instaurándose en Estados Unidos de América.
Una simple lectura cuidadosa de las versiones estenográficas de la conferencia de prensa ofrecida por los presidentes Salinas y Clinton al término de la reunión del pasado día 8, nos permite concluir lo siguiente:
Primero, la reunión arroja como resultado principal el inicio de una relación cordial y respetuosa, ello, es a todas luces un hecho positivo que con todo modifica la enorme complejidad de las relaciones bilaterales; ciertamente es mejor tener una relación fluida y directa entre los ejecutivos que una constante confrontación personal como sucedió en el pasado durante la presencia de James Carter y José López Portillo.
Con todo, no hubo un cambio significativo en los tiempos para ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Es cierto que el Presidente electo Clinton prometió formalmente no reabrir las negociaciones, pero también es cierto que confirmó su decisión de no enviar el texto del tratado al Congreso, sino hasta que se defina un paquete legislativo paralelo sobre los temas laboral y ecológico.
Sin embargo, en la mencionada reunión del día 8, el Presidente Carlos Salinas de Gortari dijo ante la mención explícita de un fondo financiero como el mencionado, lo siguiente, perdiendo el protocolo señalo "We want trade, not aid", queremos comercio no ayuda, y consideramos que en una expresión tan espontánea interpretó fielmente el sentir de los mexicanos que perciben que llegó el momento de mirarnos de frente y en la misma altura con el comercio y con la nación de Estados Unidos de América.
Estados Unidos de América quieren presentar un paquete paralelo. México requiere también alternativas para que de alguna manera, paliar las enormes desigualdades que existen entre nuestras dos economías; el fondo de compensación ya mencionado, es una idea que a nuestro juicio no debería de abandonarse.
En el tema ecológico nuestro país debe proponer una revisión y modificación del Convenio de la Paz que rige para una franja de 100 kilómetros a lo largo y ancho de ambas fronteras. Este convenio ya existente ha demostrado en la práctica ser demasiado laxo, impreciso, poco preciso y sin instrumentos adecuados para garantizar su cumplimento.
En tercer lugar, se encuentra la problemática de nuestros emigrantes, según documentos de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, 1992 vio el recrudecimiento y las violaciones contra nuestros connacionales. Nuestro país cuenta con vasta experiencia para proponer de inmediato a Estados Unidos de América medidas concretas que garanticen los derechos de estos emigrantes.
Otros temas muy importantes: Son los de la revisión del tratado de extradición, los del embargo atunero y muchos otros que se derivan de nuestra vecindad con el país más poderoso de la tierra, sin pasar por alto un nuevo convenio de extradición que con energía regularice e impida la presencia de entidades policíacas en nuestro país y permita ampliar los convenios de estructuración en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias señor diputado. Concedemos la palabra a la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores.
Me interesaba hacer una afirmación con el propósito de ir respondiendo algunas de las preocupaciones aquí manifestadas, por quienes me han precedido en el uso de esta tribuna.
Quisiera iniciar diciendo que en política lo que parece, es. Es un viejo adagio entre los políticos, pero con ello quiero afirmar que no se simuló en Agustin la buena relación con que dio inicio el vínculo entre el Presiente Carlos Salinas de Gortari y el Presidente electo de Estados Unidos de América, el señor William Clinton.
Por otro lado, también quisiera subrayar que las esperanzas de progreso no las alienta sólo el Gobierno, el Gobierno simplemente es vocero de las esperanzas de progreso que tiene y abriga
legítimamente un pueblo que tiene derecho a él. Y es el caso del pueblo mexicano.
Tengo la impresión de que lo que aquí se ha afirmado como triunfalismo, en realidad no lo es, sino simplemente que para los mexicanos pudimos advertir a través de los medios de comunicación que transmitieron en forma tan directa, tan clara la entrevista de prensa que ambos líderes concedieron a los medios, pudimos advertir con claridad la importancia de este diálogo, el marco de cordialidad, de respeto mutuo, de comprensión, pero más aún, de verdadera admiración externada públicamente por primera vez, por un líder de esa nación, nuestro vecino, por los comentarios acertados, oportunos que el Presidente Salinas le dio a solicitud del propio señor Clinton, en relación con temas que van más allá de la agenda bilateral.
¿Qué significa en realidad este diálogo? Es la demostración abierta y clara de ese enorme respeto que México ha podido ir construyendo a lo largo de estos años de esfuerzo y de una intensa relación con el exterior.
Respecto de los temas a abordar: en lo que toca al Tratado de Libre Comercio, vale la pena subrayar que el Presidente electo ya definió su postura, ya subrayó la trascendencia, la importancia de este acuerdo suscrito entre las tres naciones, porque también aquí hay que recordar que hay un tercer país interesado en que dicho acuerdo sea analizado, y en su caso aprobado por los poderes legislativos de cada una de esas tres naciones. Ya no está en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo Federal, en el caso mexicano, el abrir o el reabrir las negociaciones. El asunto está debidamente colocado en los poderes legislativos, y creo yo que si somos respetuosos y congruentes con nuestro mandato constitucional, tenemos que atenernos a ello.
Yo encontré en las intervenciones anteriores propuestas muy constructivas, sobre todo en lo que se refiere a la extensa agenda bilateral entre ambas naciones.
Como ustedes muy bien lo saben compañeros legisladores, porque nosotros aquí desde el Congreso hacemos lo que se ha dado en denominar la política diplomática y la diplomacia parlamentaria, como un instrumento complementario de ese ejercicio negociador que desde el Ejecutivo se realiza, bien a través del diálogo directo entre los titulares de los poderes ejecutivos, o bien a través de la diplomacia institucional y formal, pero nosotros desde el legislativo sistemáticamente a lo largo ya de 31 años, hemos venido abordando una extensa agenda de asuntos bilaterales, y sí es importante aquí por ello, la contribución que han hecho aquí los compañeros legisladores en el sentido de que algunos temas, que en esta ocasión por la brevedad del encuentro, toda vez que se trató de un encuentro de carácter informal, porque se tuvieron que abordar temas que forman parte de la prioridad del interés nacional, no fue posible tener entonces un diálogo extenso, de mayor amplitud, que hubiese requerido también de mayor tiempo, pero que sin embargo, cuando esa negociación bilateral avance, tendremos sin lugar a dudas, la oportunidad de discutir algunos temas planteados aquí por el compañero Cantú Rosas en relación con el embargo atunero, que a mi me parece que es un asunto que está presente en el ánimo sobre todo de quienes tenemos desde los puertos, intereses legítimos por representar a los grupos sociales y económicos que se han visto afectados por dicho embargo.
Pero también aquí hay que acotar, en realidad el embargo no ha detenido la fuerza productiva de los mexicanos, que se han visto obligados a buscar otros mercados con mucho éxito.
El proteccionismo arancelario y el asunto de los indocumentados, sin lugar a dudas son temas que generan compromiso.
También se señaló algo que yo quisiera enfatizar:
Nada define con mayor claridad el tono y la importancia del respeto mutuo y de la cooperación entre ambas naciones que la declaración contundente del Presidente Salinas cuando dijo: "Queremos comercio no ayuda". Con ello el Presidente quiere significar que queremos desarrollar a nuestras fuerzas productivas, que queremos desarrollar nuestra capacidad de intercambio, nuestra fortaleza económica, a partir del desarrollo de la libre empresa y también a partir del desarrollo de las fuerzas productivas de los trabajadores, mejorar la capacitación, mejorar los niveles de empleo, mejorar los salarios. Esta fue una exigencia que el Presidente Salinas mismo le planteó al Presidente electo Clinton, y a la cual se refirió el Presidente Clinton con respeto y admiración, y por qué no decirlo, con compromiso.
A mí me parece que esta cita que se dieron el Presidente Salinas y el señor Clinton, es una cita histórica porque se dio en una condición de relativa ventaja para México.
Nunca, en la historia de la relación bilateral, había ocurrido que un presidente mexicano en
funciones se reuniera con un presidente electo, siempre había ocurrido a la inversa. Recuerden ustedes, por ejemplo, la entrevista del Presidente electo Díaz Ordaz con el Presidente en funciones Johnson, o del Presidente electo Echeverría con el Presidente en funciones Nixon, en Estados Unidos de América.
En esta ocasión se invirtieron los papeles, y esto solamente es producto de esa política exterior dinámica, de respeto a los principios, de respeto y de lucha y de búsqueda de la soberanía nacional.
Y yo voy a decir aquí también algo que señaló el señor Clinton. Dijo: "En el caso de México, el Presidente Salinas y yo, hemos acordado el respeto mutuo a nuestras respectivas soberanías". Punto. Sin calificativos.
Cuando se refirió al entorno internacional, entonces, como es natural, el señor Clinton se refirió a la manera como ellos entienden su política de relaciones exteriores con el resto del mundo, pero en lo que toca a la relación con México, fue contundente: Respeto absoluto a la soberanía de México.
Es la primera ocasión, también histórica, que de un Presidente electo hemos tenido una afirmación de compromiso tajante, y que ciertamente determinará en buena medida el avance de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Creo, señoras y señores, que para el pueblo de México fue muy satisfactorio ver a su Presidente, a quien legítimamente representa los intereses de la nación ante el exterior, exponer con una gran apertura, con una gran cordialidad, en el marco de una relación de respeto mutuo, todos los intereses de México, sin ambages, sin limitaciones.
Ojalá que éste sea en realidad el signo de los nuevos tiempos de esta relación bilateral y que contribuya a fortalecer el crecimiento, el desarrollo de nuestro país. Por su atención muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente: - Gracias, diputada. Ahora concedemos el uso de la palabra al señor diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer referencia a los siniestros recientemente ocurridos en la ciudad de Tijuana, Baja California.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
He solicitado el uso de la palabra para buscar su solidaridad, su apoyo para el pueblo de Baja California.
Hoy los bajacalifornianos enfrentamos a la tragedia más importante de tiempos recientes de nuestro Estado; hoy enfrentamos un siniestro que ha cobrado innumerables vidas, que ha dejado sin hogar a miles de familias, que ha colapsado prácticamente nuestro Estado.
Esta es, compañeros legisladores, la peor tormenta de nuestra historia.
Prácticamente todo el Estado se encuentra colapsado. En Tijuana, que es la ciudad que más ha resentido ese siniestro, hasta este momento hay 17 muertos reconocidos oficialmente; hay 96 desaparecidos, que por desgracia seguramente ya perdieron la vida y se encuentran sepultados entre las toneladas de lodo que aún cubren esa ciudad.
Hay más de 16 mil damnificados en los distintos albergues que se han improvisado en esta ciudad; 20 mil personas con vivienda no habitable; los puentes están destruidos; las colonias populares están incomunicadas; la tubería, el drenaje, el gas y el pavimento se encuentran destruidos; el 90% de la industria de Tijuana, entre maquiladora, microindustria, se encuentra colapsada; el 10% del agua potable de la ciudad está inutilizada; el 50% de la población ha sufrido pérdidas totales.
En Mexicali hay 5 mil familias sin hogar; el 30% de la población está incomunicada; el Valle, quizá uno de los más productivos, aunque no de los más redituables del país, prácticamente el 75% de las cosechas están dañadas.
Ensenada también se encuentra incomunicada.
La transpeninsular, que es una de las más importantes carreteras, la más importante carretera del Estado, se encuentra incomunicada entre Ensenada y San Quintín; hay puentes derruidos; hay deslaves; hay también cientos de familias que han perdido sus casas; hay colonias sin transporte y sin agua.
En Tecate el 15% de la población se encuentra sin agua; la autopista, recientemente inaugurada, se encuentra cerrada por los deslaves y los derrumbes; hay colonias incomunicadas.
Es, sin lugar a dudas, la tragedia más grande que hemos vivido los bajacalifornianos.
Ya en los últimos años habíamos tenido un aviso de la naturaleza: En 1991 una tormenta de mucho menor intensidad cobró tres vidas. Hace tan sólo un mes otra tormenta, a finales de diciembre, también de menor intensidad, cobró ocho vidas y señaló las rutas y los lugares que iban a tener problemas si no se tomaban las previsiones del caso.
Las tragedias son siempre un elemento que sirve para reconocer el temple de los pueblos; es en las tragedias donde se ve el espíritu colectivo de las comunidades; es en las tragedias donde se ve la solidaridad de los individuos.
Baja California es un Estado formado por hombres y mujeres con una gran firmeza, con un gran espíritu de trabajo, con un gran espíritu para enfrentar la adversidad; son gente inconformes por naturaleza, que no se han resignado a las circunstancias en las que vivían y han ido a buscar a este Estado, que siempre los ha acogido con los brazos abiertos, mejores condiciones de vida.
Y hoy el pueblo de Baja California ratificó ese espíritu de solidaridad y compromiso; hoy los bajacalifornianos salieron a la calle, mostraron su afecto y solidaridad con sus vecinos, hoy la sociedad se encuentra trabajando, la sociedad está en la calle paleando el lodo, buscando a los desaparecidos, ayudando a sus vecinos a reconstruir sus hogares. Hay una gran solidaridad de toda la sociedad bajacaliforniana.
Y debo reconocerlo también que el Gobierno municipal, estatal y Federal han cumplido con sus responsabilidades.
Fundamentalmente debo hacer un reconocimiento a los bomberos, a los policías, a los servidores municipales y estatales, medios que han entregado su tiempo, su esfuerzo y su esperanza por ayudar a sus compatriotas. También un reconocimiento a la Cruz Roja quien desde el primer momento de la tragedia, a pesar de que en Tijuana sus instalaciones a las pocas horas de haber iniciado la tormenta prácticamente se convirtieron en un lago.
Hay un reconocimiento también que debo expresar a las señoras que integran el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California tanto estatal y municipal.
Pero sobre todo tengo que hacer un reconocimiento amplio al Ejército Nacional, quien desde el momento de la tragedia con todos sus elementos, con toda su capacidad, con todos sus conocimientos han estado todo el día sin dormir entregando su mejor esfuerzo para poder rescatar algunas personas con vida, para poder sacar a familias en zonas que quedaron incomunicadas, en algunos casos prácticamente utilizando procedimientos montañistas, que a mí me tocó ver, para poder usar un cañón donde se había caído el puente y se tuvo que cruzar con sistemas de alpinista. Mi reconocimiento también al Ejército Nacional por su entrega.
Pero la tragedia es mayor, sigue lloviendo en Baja California. Las presas prácticamente están a toda su capacidad, ya se han abierto incluso las compuertas, hay muchas familias todavía que siguen incomunicadas, se han encontrado casos de personas que prácticamente estaban a punto de morir de inanición porque no les llegaba el rescate. Y no porque no se quisiera sino porque la tragedia es mayor a los esfuerzos que hasta el momento se han conjugado.
Yo creo que se requiere un esfuerzo mayor. Yo soy de los que creen que se debe de aplicar el plan DN3E que es el plan de auxilio a la población en casos de siniestro.
En mi estado hay opiniones en contrario, sin embargo, creo que no solamente es importante y necesario que este plan se aplique de inmediato, no solamente porque eso significará mayores recursos que los que ya aquí se han expresado, fundamentalmente el apoyo importante y decisivo del Presidente Salinas desde el momento mismo de la tragedia, que ordenó una ayuda extraordinaria a Tijuana de 20 millones de pesos nuevos y que todo el apoyo se diera a través de las instituciones federales en el Estado.
Pero se requiere un esfuerzo adicional y sobre todo se requieren procedimientos, técnica y metodología, tácticas y estrategias, que tiene perfectamente definido el plan DN3E.
Curiosamente la ciudad de San Diego, una de las 10 mejores ciudades del mundo, muy bien planificada y muy bien urbanizada, que sufrió también como nosotros la tormenta, de inmediato declaró zona de desastre para recibir ayuda federal.
Todos sabemos muy bien que en muchos casos muchos gobiernos de los estados ante una circunstancia mucho menor que ésta, buscan que se aplique el plan DN3E porque saben que les van a significar recursos adicionales.
Creo yo que la protección y la seguridad de los bajacalifornianos demanda medidas extraordinarias.
Aquí se dijo en otro debate con mucha pasión, que además yo comparto esa tesis, que nosotros somos la voz del pueblo, pero que el pueblo tiene una voz más fuerte y más enérgica que la nuestra, y que no solamente se debe de tener el sentido de ser el portavoz del pueblo sino se dijo: se debe ser el oído del pueblo. Oigamos pues a ese pueblo que en estos momentos está demandando la aplicación de este plan de emergencia, que sienten que les va a dar seguridad y que les va a dar mayor apoyo.
Por esas consideraciones mi partido quiere hacer el siguiente pronunciamiento político.
"Las torrenciales lluvias que han azotado el Estado de Baja California los últimos días, han dejado un saldo de muerte y destrucción. Baja California y particularmente Tijuana viven una situación de desastre que ha cobrado ya más de 17 vidas y ha dejado sin amparo a más de 16 mil personas.
Ante las catástrofes, los mexicanos hemos actuado unidos y solidarios con las víctimas, México tiene una tradición de ayuda comunitaria que hoy debe manifestarse con toda plenitud.
Los bajacalifornianos, particularmente los tijuanenses, han respondido con entusiasmo y responsabilidad y han tomado a su cargo las tareas de rescate y apoyo de aquellos que aún se encuentran atrapados o que han perdido sus pertenencias por los efectos de la lluvia y el lodo.
Queda de manifiesto una vez más la fuerza y el vigor de la sociedad ante la tragedia, producto de las inclemencias del tiempo.
Los mexicanos debemos hacer un esfuerzo y en la medida de nuestras posibilidades aliviar el dolor que hoy afecta a los bajacalifornianos. Existen más de 96 desaparecidos, muchas colonias populares se encuentran incomunicadas, innumerables familias han sido afectadas por el siniestro, el comercio y la industria han sufrido daños severos, la mayoría de las colonias populares han quedado destrozadas, se requiere el esfuerzo de los tres niveles de Gobierno sin actitudes partidistas o exclusivistas para hacer frente a este desastre.
A pesar de que la respuesta de los distintos niveles de Gobierno ha sido pronta, las dimensiones de la catástrofe hace necesario incrementar la ayuda a los damnificados.
Por este motivo, los legisladores federales de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Comisión Permanente suscribimos la siguiente declaración política:
Nos solidarizamos con el pueblo y autoridades del Estado de Baja California ante la actual situación de desastre; asimismo, lamentamos la muerte de conciudadanos y expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas.
Hacemos un llamado a las autoridades y organismos públicos, así como a la ciudadanía en general para que dentro de sus respectivas responsabilidades, sin actitudes partidistas, incrementen su ayuda a quienes han sufrido los efectos de esta catástrofe natural en el Estado de Baja California y de inmediato se tomen las medidas para localizar a los desaparecidos. "Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias diputado Amador Rodríguez. Informo a la asamblea que se han registrado varios compañeros para hacer uso de la palabra en este asunto, el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, el senador Héctor Terán Terán, del Partido Acción Nacional, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el senador César Moreno Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
Damos la palabra al diputado Guillermo Flores Velasco, de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados; compañeros senadores:
Con respecto al problema que acaba de presentarnos el diputado Rodríguez Lozano, evidentemente consideramos que se trata de un asunto de interés nacional. Efectivamente nuestros compatriotas en Baja California, sobre todo en la parte norte, están ante un grave problema, un desastre civil, provocado por la naturaleza. Pero al mismo tiempo provocado por las condiciones propias del desarrollo económico de nuestro país y de esta zona del país.
Nosotros en particular, nos solidarizamos con nuestros compatriotas, creo que es un deber de esta honorable Comisión Permanente, hacerlo como lo ha hecho en la propia sociedad actual, unidos, y acudir en ayuda de nuestros hermanos de Baja California.
El Partido de la Revolución Democrática expresa su más amplia solidaridad con los damnificados
de Baja California, con nuestros compatriotas y estamos porque efectivamente salgan rápidamente del trance en que se encuentran.
Reconocemos nosotros también, de acuerdo a las informaciones que hemos tenido de nuestro partido, de la opinión pública, a través de los medios de comunicación, que se han estado tomando medidas tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ha actuado el Gobierno; ha actuado la sociedad civil también; en respuesta a este desastre, como efectivamente es una parte de la cultura del pueblo mexicano, actuar solidariamente ante los problemas que se presentan.
Nosotros consideramos sin embargo, que se requieren mayores aportaciones, mayores recursos porque efectivamente según la información que tenemos, hay graves afectaciones al comercio, a la agricultura, a la industria, a la infraestructura que ya de por si estaba deficiente y no es producto de la actual administración, sino producto del rezago de varios años en la infraestructura de estas principales ciudades donde se concentra además, la inmensa mayoría de la población de Baja California o sea, Tecate, Tijuana, que es donde están los más graves daños y Ensenada.
Es evidente por ejemplo que mientras en Estados Unidos, también llovió, también de manera abundante, por la infraestructura que se tiene, los desastres y las pérdidas materiales y humanas, son mucho menores. Es en la pobreza, es en la marginación, es en los problemas graves de contradicciones urbanas, donde se presentan mayores pérdidas. Entonces, parte del atraso que existe es el que ha provocado esta situación de gravedad.
Creemos que es urgente el que el Gobierno Federal destine recursos para atender los problemas de vivienda, los problemas de las comunicaciones que se encuentran interrumpidas, que esta ayuda le sea entregada al Gobierno de Baja California, para que continúe con los trabajos de reconstrucción, con los trabajos de auxilio a la población damnificada.
Consideramos en nuestro partido que este problema no debe ser politizado. Efectivamente Baja California es uno de los estados donde gobierna la oposición, es un gobernador de la oposición, que no se trata de que ahorita veamos el problema con un matiz de tipo partidario, que tratemos de sacar ventaja ante un desastre que están viviendo nuestros compatriotas; que se trata de actuar en estos momentos todos los partidos, la sociedad, civil, el Gobierno Federal, el Gobierno estatal y los gobiernos municipales unidos para sacar adelante estos problemas. Estamos convencidos que es un problema que no va a resolverse en los próximos días, no es un problema relativamente fácil; es un problema complejo que va a requerir esfuerzos.
Por ello, nosotros planteamos someter a su honorable consideración, un punto de acuerdo que presentamos el diputado Miguel León y su servidor:
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 14 de enero de 1993.
Con fundamento en la fracción tercera del artículo 79 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la situación actual del Estado de Baja California, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que se turne a la Comisión de Asuntos Fronterizos y a la Comisión de Asentamientos Humanos de la Cámara de Diputados, para que de manera conjunta se haga una valoración detallada de los hechos con la información de primer nivel, tanto de autoridades federales, estatales y municipales, como de organismos independientes y ciudadanía en general en Baja California.
Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputado Guillermo Flores y diputado Miguel León. Muchas gracias.
El Presidente: - ¡No se lleve la proposición, señor diputado! Si nos la deja ahí, por favor, para que se quede con ella la Secretaría.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Perdón señor. Le dejo el documento.
El Presidente: - Que amable, que amable. Gracias, Guillermo. Y ahora concedemos la palabra para este asunto al señor senador Héctor Terán Terán.
El senador Héctor Terán Terán: - Con su permiso. Debo agradecer y felicitar al diputado Amador Rodríguez Lozano por la proposición que hace de que esta Comisión Permanente, en una declaración pública, manifieste su solidaridad con los sucesos de Baja California.
No voy a volver a retratar la tragedia, porque ya bien lo han hecho los diputados que me precedieron.
Hemos tenido, por ahí, nuestro compañero diputado y su servidor, una diferencia en cuanto a que se debe declarar zona de desastre Baja California. Lo que se hizo fue declarar un estado de emergencia, a través de un decreto que consiste en que las autoridades municipales se hacen cargo de la coordinación para buscar los medios para enfrentar el problema; el Gobierno del Estado ayuda y participa, pero la coordinación queda en manos de los presidentes municipales. Y consiste también el medio este de emergencia, en que no se requieren en estos momentos, ciertos trámites que tiene qué hacer un Presidente municipal que cubrir con su cabildo y sus reglamentos para poder enfrentar con rapidez y precisión las necesidades que se van presentando.
Declararlo zona de desastre significaría, como lo dice nuestro compañero diputado, la intervención inmediata del Ejército, haciéndose cargo de la situación.
Por considerar que las autoridades municipales tienen los medios, tienen la capacidad y lo están demostrando hasta este momento, el estado de emergencia es el camino prudente.
Y también hay una situación de carácter político, no de carácter político partidista, sino administrativo. Hay que dejar hacer lo que puedan hacer las autoridades inferiores para que luego participen la entidades superiores. Ese es el principio nuestro que seguimos de subsidiariedad. No hay el deseo egoísta que no pudiera ser más que una manifestación egoísta el que se desprecie la ayuda de otras entidades federales.
Por lo que voy a leerles a ustedes, como se han desarrollado los acontecimientos, está bien que se siga en ese estado de emergencia y no se declare zona de desastre, por los motivos expuestos anteriormente.
Desde que comenzó la situación, desde luego el Presidente de la República se comunicó con el gobernador y le manifestó el apoyo económico y solidario del Gobierno Federal. E hizo una aportación a través de Solidaridad, de 20 mil millones de pesos.
En ese sentido llegó ayer el Titular del Programa Nacional de Solidaridad. El ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez afirmó "que la prioridad es ayudar a quienes fueron dañados en su patrimonio y rehabilitar sus hogares. Al tiempo que advirtió que no es el momento para discutir situaciones de carácter ideológico o partidista, ya que lo más importante es apoyar a la ciudadanía afectada por la tormenta. Y la ayuda, venga de quien venga, debe ser siempre ésa la finalidad".
Después de haber hecho él un examen de la situación, en compañía de las autoridades estatales y municipales, hace estas siguientes declaraciones:
Destacó... que en los recorridos por las áreas dañadas de la ciudad se pudo constatar el apoyo que se ha otorgado a la población afectada, por parte de las autoridades del Gobierno municipal, en coordinación con el Estado y la Federación, y particularmente con el Ejército Nacional.
Al referirse a la necesidad de declarar la entidad y particularmente a Tijuana como zona de desastre, el funcionario federal precisó que más allá de la retórica o más allá de declarar, se requiere que todas las instancias trabajemos de común acuerdo para resolver el problema. Yo no iría más allá de la retórica, subrayó.
Reiteró la disposición de la federación de apoyo a Baja California y dejó en claro que las instrucciones del Presidente de la República fueron en el sentido de sumarse a los esfuerzos del Gobierno estatal y municipal de Tijuana, para devolver la tranquilidad a quienes más fueron dañados por la tormenta.
En ese sentido, dijo que las dependencias federales se han sumado de manera coordinada para atender los problemas de las zonas afectadas, como el sur de Ensenada, donde están algunas áreas incomunicadas y en las cuales ya se está trabajando conjuntamente para llevar el auxilio a los residentes.
Subrayó la coordinación entre las dependencias del sector salud, la Secretaría de Comunicaciones, la Conasupo, la Comisión Nacional de Agua, Sedesol, porque el compromiso del Presidente Salinas, dijo, es apoyar al Gobierno del licenciado Ernesto Ruffo Appel. Y precisó que vamos por buen camino y existe una relación de respeto institucional y de coordinación mutua.
Para esto, también el Secretario de la Defensa Nacional estuvo allá para revisar la situación que prevalecía. El general Antonio Riviello Bazán, Secretario de la Defensa, estuvo el viernes en un recorrido por la zona afectada de la ciudad de Tijuana. El Presidente municipal le ofreció acompañarlo, pero él prefirió hacerlo con militares de la zona.
Y de regreso, vía telefónica, le manifiesto una felicitación al Presidente municipal por lo
satisfactoriamente que se estaban llevando a cabo las medidas de contingencia.
También estuvieron los licenciados Jorge Aguirre y Jaime Boy Martínez, enviados por la licenciada Socorro Díaz Palacios, subsecretaria de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, quienes rindieron a ella su informe en el mismo sentido.
Todo esto viene a confirmar que hay una coordinación de las autoridades locales y de las autoridades federales.
Consideramos que esta situación va progresando, en el sentido de ir mejorando la situación. Por ejemplo, en los albergues hace unos días se encontraban establecidos 64 albergues, hoy únicamente hay 45 albergues; había 5 mil 323 personas en albergues, hoy hay 4 cuatro 220 personas en albergues. Va mejorando la situación, a pesar de que la lluvia sigue, aunque disminuyó en intensidad.
Hay informes aquí sobre la salud, sobre los equipos que andan trabajando, sobre las ayudas recibidas de Estados Unidos, del Estado de Sonora, de la misma sociedad de Baja California; ha sido muy generosa, no sólo en las acciones para ayudar físicamente, sino también materialmente. Se ha puesto de manifiesto que en esos momentos de tragedia, cuando una colectividad se ve envuelta en una angustia y en una zozobra de tal naturaleza, aflora la solidaridad de las personas, olvidándonos de toda aquella cosa que nos divida política, religiosa, económicamente y nos une a todos los mexicanos.
Por eso es que agradecemos este acuerdo que se va a tomar de solidaridad con Baja California y, desde luego, lo apoyamos en toda su extensión. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, senador Terán.
Concedemos la palabra al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Le pedimos ser breve.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados y senadores:
Las tragedias que viven los pueblos establecen lazos de hermandad haciéndonos pasar por alto en momentos de dolor, circunstancias que en la diaria actividad nos dividen, nos separan o nos confrontan. Tal es el caso de lo que está aconteciendo en esa entidad fronteriza de Baja California, en donde aproximadamente 2 millones y medio de mexicanos, por encima de banderas e ideologías, sufren las consecuencias de los avatares de la naturaleza y se enfrentan a lo inhóspito y a las carencias, tratando de salir adelante solamente con su impulso y pretendiendo concentrar sus afanes para superar la dolorosa situación que están viviendo.
Resulta en ocasiones insensible o inexplicable, en auditorios de esta naturaleza, percibir lo que realmente acontece en latitudes, cuando muy distantes ellas se encuentran y que muchos solamente las conocen a través de las diarias informaciones.
Estamos a casi de 3 mil kilómetros de Baja California. La frontera norte del país, en su punto de mayor latitud y en el extremo fundamental. Pero esa frontera norte del país, al igual que toda la frontera norte del país, está saturada no solamente por originarios de esas entidades, con quienes podríamos tener mayor o menor identificación, sino está poblada, habitada, concurrida, sentida, sufrida y amada por miles de mexicanos que en busca de oportunidades se van a la frontera norte del país pretendiendo internarse a territorio extranjero en busca de oportunidades. Y cuando estas discusiones le son enfrentadas y devueltos al territorio nacional, se asientan, se posesionan y se ubican en algunos trozos de tierra de aquellas latitudes. No es diferente Baja California a Chihuahua, a Sonora, a Coahuila y a Tamaulipas, están saturadas nuestras fronteras de mexicanos de los cuatro puntos cardinales; se establecen en cada uno de nuestros pueblos fronterizos concentraciones representantes de las diversas etnias con diferentes orígenes y obviamente provenientes de diferentes estados, pero con el transcurso del tiempo si bien es cierto que arribaron en busca de internarse a Estados Unidos en busca de trabajo, con el transcurso del tiempo se asientan en esos lugares, forman una familia, crean hijos y aman entrañablemente la tierra.
Así pasa en toda la latitud norte y sur del país en donde mexicanos de todos los rumbos confluyen en esas latitudes conjuntando actividades, deseos, anhelos, esfuerzos y sacrificios; hoy vimos que Tijuana vive una gran conflagración, tenemos que hablar de Tijuana como nuestros hermanos mexicanos en donde por igual residen veracruzanos, tabasqueños, queretanos, tamaulipecos, poblanos y de todas las latitudes. Algunos de ellos pretendiendo refugiarse en su idiosincrasia forman comunidades, se asientan en colonias y se les identifica con esa plenitud, pero todos ellos en el desastre se hermanan para
enfrentarse directamente por encima de ideologías, de pasiones, de credos y de partidos para hacerle frente a los avatares de la naturaleza, la gente del norte formada no solamente por quienes son originarios de allá, ha endurecido su espíritu porque se enfrenta a la dureza, a la carencia y a lo inhóspito, tiene que enfrentarse con trabajo y en torno a ello fortalece su espíritu y logra salir avante en todos estos avatares.
Hace tiempo un tornado de semejantes características azotó parte de la costa de Estados Unidos, por la Florida, muy cercana a esas latitudes un ciclón devastó una amplia zona y el Gobierno de la República por primera vez en nuestra historia contemporánea atendió los llamados de nuestros conciudadanos y pudimos apreciar que a través de nuestras representaciones diplomáticas, mexicanos muy distantes de todas las latitudes y de todos los estados recibieron oportuna atención del Gobierno de la República que el sentido de responsabilidad y patriotismo les otorgó los recursos necesarios para hacerle frente a ese dolor que están sufriendo.
Considero sinceramente, señores senadores y señores diputados que es el momento de que el propio Gobierno de la República realice un extremo esfuerzo y atienda a aquellos millones de nuestros connacionales que carentes de todo están con la vista fija al centro del país esperando que las autoridades federales le den respuesta a muchas de sus carencias, en una tragedia en donde todos los mexicanos debemos de ser solidarios, no solamente para asignar en estos momentos un punto de acuerdo en un hermoso documento que mañana se relate en los principales periódicos del país, sino para llevar más allá de un simple documento una actitud de hermandad, solidaria, mediante la cual realicemos esfuerzos para que nuestros compañeros en Baja California tengan la atención requerida y se perciba de inmediato la presencia del Gobierno Federal solidario con las autoridades locales que no obstante su filiación política o partidista, nadie podría negarle su origen mexicano y en circunstancias como estas llegó el momento de olvidar diferencias y conjugar afanes para poder superar todos estos dolores que confrontan los compañeros del Estado de Baja California.
En tal circunstancia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se hace solidario por mi conducto con toda formalidad, con profundo sentido de responsabilidad y además con sentimiento personal a los dolores y angustias de aquellos mexicanos, a quienes debemos de enviarles también un mensaje en donde estamos presentes a través de estas actitudes dentro de este colegislador cuerpo, para tratar de realizar las gestiones pertinentes que nos permitan de inmediato obtener las ayudas que les den seguridad a estos compañeros e ilustres mexicanos.
En ese Estado está lloviendo desde hace siete días; desde hace siete días las presas están rebasando sus caudales, hoy mismo la lluvia se ha reiniciado con mayor fuerza, se están enfrentando a otros peligros y sería muy conveniente que este acuerdo definitivo de este Cuerpo Legislativo, de esta Comisión Permanente, llegara rápidamente frente a ellos y también nuestro llamado a las autoridades federales para que no escatime ningún recurso para que estos hermanos mexicanos sean atendidos en forma inmediata en los dolores que están viviendo. Muchas gracias.
El Presidente: Gracias señor diputado. Concedemos finalmente la palabra en este asunto al señor César Moreno Martínez de Escobar.
El senador César Moreno Martínez de Escobar: -Con su venia señor Presidente; compañeros legisladores:
Subo a esta alta tribuna para sumar unos breves comentarios sobre la situación que guarda el Estado de Baja California, muy en particular la ciudad de Tijuana con motivo del reciente fenómeno meteorológico que ocasionó severos daños.
Las recientes lluvias torrenciales que azotaron la entidad bajacaliforniana ocasionaron grandes daños a la economía y lamentables pérdidas humanas. La ciudad de Tijuana que fue la que más resintió la precipitación pluvial, está convertida en importantes zonas, en una ciudad desecha e incomunicada interiormente.
Como ya se dijo aquí, son 17 muertos reconocidos oficialmente, alrededor de 16 mil damnificados instalados en albergues, más de 20 mil personas con viviendas no habitables, con tubería de drenaje y gas destruidas, pavimentos reventados, derrumbes en cerros y praderas habitadas y una gran cantidad de viviendas desechas.
Como siempre sucede en estos casos, aunque existen zonas residenciales perjudicadas, la mayoría de los daños se concentraron en los lugares donde habita la gente de escasos recursos. Tijuana ha tenido un crecimiento demográfico explosivo al igual que muchas ciudades del país conjuntamente con la modificación de la traza
original de la topografía, provocada por una gran cantidad de asentamientos humanos que se han instalado en cerros, barrancos y cañones, modificando también los cauces de los escurrimientos pluviales, habrán hecho de esta natural, convirtiéndose estos en muchos casos en depósitos de basura de las comunidades.
Los servicios públicos no han seguido el ritmo del crecimiento de la ciudad, existiendo un gran rezago sobre todo en obras de pavimentación, drenaje y alcantarillado.
Hace alrededor de 13 años no llovía con esta intensidad en la zona, desde entonces a la fecha, el crecimiento de nuestra ciudad ha sido sorprendente. Al presentarse los pasados aguaceros torrenciales, los escurrimientos pluviales, la mayoría de ellos obstruídos en sus cauces normales, arrastraron consigo lo que encontraron a su paso, depositando en la ciudad una gran cantidad de tierra, piedras, lodo, basura, con las imágenes que a través de la televisión el país fue testigo y que hablan por sí solas, ocasionando en consecuencia los daños mencionados.
Ante esta situación, la sociedad y el Gobierno han participado de manera solidaria. El grupo central de auxilio, el Plan DN 3 - E, quiero hacer la aclaración, que es recibido en todos los casos por las autoridades locales, en el caso estatal por el señor gobernador y en los casos de los municipios por los presidentes municipales.
Aprovecho la ocasión para agradecer y reconocer al Presidente Carlos Salinas de Gortari, por su rápida y oportuna respuesta a las necesidades de los bajacalifornianos en estos momentos difíciles. Sus instrucciones precisas para que el Programa Nacional de Solidaridad que operó con gran eficiencia y participación solidaria, al Ejército nacional e instituciones del sector salud, de coordinarse y apoyar a las autoridades locales en las labores de rescate, atención médica y ayuda a damnificados, fueron atendidas en forma eficiente.
La sociedad en su conjunto ha estado participando, brindando ayuda y apoyo a los damnificados a través de la Cámara Nacional de Comercio, de clubes de servicio, de comunidades religiosas, jóvenes e instituciones educativas.
El Gobierno Federal ha enviado tres aviones Hércules cargados con víveres para la población damnificada. El Gobierno de Sonora también envió importante apoyo, al igual que particulares y organizaciones civiles del otro lado de la frontera.
Conjuntamente con estos requerimientos inmediatos que se están brindando a la población, se tendrán que realizar acciones posteriores, para hacer que la ciudad de Tijuana, y en menor proporción Ensenada, Tecate y Mexicali, vuelvan a la normalidad, tales como la rehabilitación de tuberías y pavimento dañado, construcción y rehabilitación de canales pluviales, reacondicionamiento de diques y desarenadores, dotación de terrenos para vivienda y lotes de materiales para construcción, rehabilitación y construcción de puentes y muros de contención, entre otras medidas.
Cada tres y seis años, los diversos gobiernos constitucionales, han participado realizando planos reguladores de desarrollo urbano, pero el crecimiento ha rebasado sus expectativas. Debemos aprovechar la amarga enseñanza que nos brinda la experiencia de lo sucedido en Tijuana, planear y diseñar para que el crecimiento de nuestras ciudades sea ordenada y firme, que otorguen tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, la que es necesaria para el trabajo y el progreso.
Urge la formación de un plan maestro de desarrollo urbano que actualice la necesidad de resolver de manera adecuada y efectiva, sobre todo en Tijuana, los escurrimientos pluviales superficiales y de alcantarillado, en el que se prevea, con una visión al futuro, el crecimiento que tendrá la ciudad.
En esta tarea, deben participar los tres niveles de Gobierno y organismos colegiados de la sociedad que tengan algo que aportar. La puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio impactará el crecimiento de nuestra ciudades fronterizas. Tomemos providencias para garantizarle a toda la población, un hábitat amable, y sobre todo que lo sucedido en Tijuana no se vuelva a repetir.
Compañeros legisladores, agradezco las muestras y el apoyo solidario a este acuerdo que se ha planteado. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias senador. Se tiene por formulado el acuerdo suscrito por todos los partidos políticos y por legisladores de los seis partidos políticos en la Comisión Permanente.
Por lo que toca a la proposición presentada por el señor diputado Guillermo Flores Velasco, esta Presidencia la turna a las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y Asuntos Fronterizos, ambas de la Cámara de Diputados.
REFUGIADOS GUATEMALTECOS
El Presidente: - Pasamos ahora a un siguiente asunto de los que tenemos aquí listados, y concedemos la palabra al señor diputado Miguel Angel León Corrales, para presentar un punto respecto a la repatriación de los refugiados guatemaltecos.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Quiero presentar un pronunciamiento político, firmado por las diferentes fracciones parlamentarias que conforman esta Comisión Permanente, y dice así:
"Las corrientes políticas nacionales representadas en la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, atentas a la situación por la que atraviesa el proceso de retorno de los refugiados guatemaltecos en nuestro país, manifestamos:
Que nos pronunciamos porque el retorno de nuestros hermanos guatemaltecos a su tierra natal se haga en entero respeto a su libertad, para decidir la forma y los tiempos de su retorno, y dentro de un clima en el que prevalezca el más escrupuloso respeto al ejercicio de sus derechos de expresión, reunión, igualdad jurídica y tránsito en su propia patria.
Por la importancia que tiene este asunto, nos mantendremos atentos a su desarrollo, a la vez que expresamos nuestra solidaridad con los hermanos guatemaltecos que deseen regresar a su patria, y con quienes decidan quedarse en suelo mexicano.
Igualmente coincidimos en hacer un llamado a las autoridades mexicanas e internacionales, para que sigan brindando a nuestros hermanos guatemaltecos que decidan retornar a su país, todas las facilidades para su transportación, alimentación y preservación de la salud.
Elevamos nuestros votos para que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, brinde a los guatemaltecos retornantes todo su apoyo, y logre que el Gobierno de Guatemala ofrezca las garantías para un retorno libre, seguro y digno."
Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Efraín Zúñiga Galeana y diputado Amador Rodríguez Lozano, por el Partido Acción Nacional, diputado Juan Calderón, por el Partido de la Revolución Democrática, su servidor, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, y por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua. Dejo a la Secretaría el pronunciamiento.
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Se tiene por formulado el pronunciamiento, a nombre de todos los legisladores, miembros de todos los partidos políticos que concurrimos a la Comisión Permanente.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
INVITACIÓN
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Escudo de Toluca. -Poder Legislativo.
Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Distinguido señor Presidente: El próximo miércoles 20 del actual, el ciudadano gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, rendirá ante la Legislatura Local su IV Informe de Gobierno, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Morelos de esta ciudad a las 11:00 horas.
Nos sentiríamos muy honrados con la representación que la Comisión Permanente pudiera designar para este trascendental evento en la vida política de nuestra entidad federativa.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Toluca, México, 14 de enero de 1993. -El Presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados del Estado de México, diputado Gabriel Ezeta Moll.»
El Presidente: -Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: senador Manuel Aguilera Gómez, y diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El Presidente: - Antes que continúe con el siguiente asunto, señor secretario, esta Presidencia
concede la palabra al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, que la había solicitado para tratar un asunto distinto a los que se han venido comentando.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores senadores, señores diputados:
En los términos del artículo 79, fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago llegar ante esta honorable Comisión Permanente la denuncia presentada por un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con referencia a hechos que en la misma se desprenden, solicitando para tal efecto, señor Presidente, su autorización para que el señor secretario de esta honorable Comisión Permanente dé lectura al documento correspondiente y una vez enterados los asistentes, se nos dé la firma correspondiente de Educación, de Justicia, de Asentamientos Humanos, de Ciencia y Tecnología, y cuantas más tengan aplicación al respecto.
El Presidente: - Con todo gusto, señor diputado. Vamos a rogar a la Secretaría que dé lectura a esto que es un memorial de particulares, y la Presidencia dará el turno que corresponda.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -"México, Distrito Federal, a 14 de enero de 1993.
Diputado Carlos E. Cantú Rosas.
Honorable Cámara de Diputados, presente.
Nos dirigimos a usted para pedir su apoyo en el momento que actualmente atravesamos los estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, ante las arbitrariedades de las autoridades de la misma.
La política administrativa de Miguel Angel Correa Castro, desde el primer momento en que toma posesión como director, ha consistido en una serie de corruptelas que han dañado la vida académica de nuestra escuela. Esto se ha cristalizado en las agresiones físicas y morales a diversos miembros de la comunidad, principalmente del sector estudiantil.
Su período de dirección se ha caracterizado por un abierto fomento y apoyo a grupos porriles reclutados en departamentos como Difusión Cultural y Actividades Deportivas, en donde se ingieren bebidas embriagantes; se ha permitido la venta de calificaciones en el Sistema Abierto; han otorgado puestos sin criterios académicos. Es el caso del arquitecto Héctor Mayagoitia Vázquez, que golpea compañeros, propiciando la violencia sin recibir castigo alguno, y, por el contrario, se le premió con la jefatura de la revista de Economía Política.
Nuestra escuela se ha convertido en un verdadero cuartel policiaco, implementando una exagerada y estricta vigilancia, en la que se catea a los alumnos, denigrando la más mínima dignidad humana.
Se ha cercado la escuela con alambre de púas, como si se tratara de un rústico establo y se ha intentado electrificar las rejas, pisoteando los derechos que mantienen la organización.
Todas estas anomalías llegaron a la cúspide cuando violando el Reglamento Interno y arrebatando a la comunidad el derecho de ser ocultada, se reelige el director otro período de tres años, pese a que tanto maestros, estudiantes y trabajadores protestaron por esto.
Para imponer la reelección se utilizó la violencia con armas punzo - cortantes, como tijeras de cortar pasto, zapapicos y otros objetos, así como la intimidación de filmar a toda aquella persona que está en contra de las medidas administrativas.
La represión sistemática continúa. Expresión de ello es que actualmente de la manera más impune se pretende expulsar sin ningún argumento académico a los estudiantes Isabel García, Héctor Hernández, Claudia Ríos, Alfredo Guerrero, Luis Humberto Canchola, Claudia Madrid, Francisco Sanabria, Noel Pineda, Luis Manuel Junco y otro compañero de los primeros años, de nombre Gilberto, y otras personas tienen anotación en su expediente.
Para esto se les adjudican delitos totalmente falsos, como son secuestros, daños en propiedad federal e intento de asesinato. Esta nueva represión se originó porque el director y todos sus allegados están en contra de la organización estudiantil, y el día 12 de octubre de 1992, haciendo uso de la violencia, se trató de evitar que el estudiantado de Economía participara en una marcha convocada por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME que partiría del Casco de Santo Tomás al Zócalo.
En esa fecha no sólo se nos golpeó, sino que tampoco se nos dio oportunidad de que se nos
atendiera en el Ministerio Público, diciendo de manera déspota que eran órdenes superiores.
Cabe mencionar que a la mayoría de la gente que se quiere expulsar sólo nos falta un semestre para terminar esta carrera, lo que es injusto que se nos trunque de esa forma toda una vida de estudio.
Ante esto, hemos recurrido a instancias como Derechos Humanos, en Gobernación pero el director no retrocede en su afán de expulsarnos.
Por otro lado, la base estudiantil ha estado inconforme pero jamás ha sido escuchada a pesar de que tres generaciones del turno vespertino han permanecido en paro activo desde el mes de diciembre.
El día de ayer 3 de enero de 1993 hubo un consenso de las asambleas generales del turno matutino y vespertino, la comunidad estudiantil decidió tomar las instalaciones y lanzarse a una huelga general indefinida a partir de las 22.00 horas pasado meridiano, pero la reacción de la administración no se dejó esperar y a las 5.00 de la mañana del día de hoy llegaron las autoridades con maestros incondicionales y agentes de seguridad del Instituto Politécnico Nacional y derribaron las rejas de la entrada.
Esto ocasionó discusiones que ellos respondieron con golpes resultando seriamente dañados un consejero de nombre Francisco Sanabria y una compañera de nombre Luz María, que fueron trasladados al Hospital General, otros tantos compañeros que recibieron bastantes golpes en la cara.
Entre los maestros golpeadores están el licenciado Francisco Gutiérrez Velázquez, Subdirector Académico; Contador Público, Gustavo Adolfo José Núñez, Jefe de Recursos Financieros; licenciado Sergio Sandoval, maestro; licenciado Federico García, jefe del Departamento de Distribución Cultural; licenciado Benjamín Méndez Baena del Departamento de Servicio Social; licenciado Francisco Villalobos, alias el "Chiquilín", maestro; licenciado Rómulo Olea Rodríguez, maestro; licenciada Reyna Ortiz, jefa del Departamento de Recursos Humanos; arquitecto Héctor Mayagoitia, Jefe de la revista de Economía Política; licenciado Pablo Rosales González maestro y otros más coludidos con los agentes de seguridad.
A pesar de que la toma de la escuela fue de manera pacífica, el licenciado Cuevas, abogado general del Jurídico del Instituto Politécnico Nacional, llegó amenazando a los estudiantes, se negó a levantar acta alguna que constara como se desarrolló esta actividad.
Hasta estos momentos el hospitalizado Francisco Sanabria está en estado delicado y nosotros seguimos recibiendo agresiones de las autoridades por lo que pedimos su intervención para que se resuelva este problema.
Estudiantes de Economía: María de la Luz Hernández Huerta, Gilberto Martínez Aguilar, Claudia Ríos Mendoza; Noel Pinada Baena; Héctor Hernández López; Isabel García M.; Martha Saucedo Real; Sola Blanco; Jorge, Claudia y Lis Panel Junco."
El Presidente: -Gracias, señor Secretario. Se trata de una petición de particulares y procede con fundamento en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, turnarla a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Continúe, señor Secretario, con los demás asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo año. - LV Legislatura.
Orden del día
20 de enero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Elección de vicepresidente de la Comisión Permanente.
Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite copia certificada de las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina a las que se refiere la resolución 290 VII, del OPANAL, adoptadas en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 26 de agosto de 1992, acompañadas de un memorándum de antecedentes.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Elena Moedano Alvarez y María Paula Ronquillo de Guerrero, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano licenciado Alfredo del Mazo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Juan Di Costanzo Zaragoza, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en Tampico, con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas. Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Fuentes - Beráin Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, ante el Gobierno de Canadá.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Otto Schwarz Marx, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel, en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Elizondo Treviño, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile, en Monterrey con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Gil Ortiz, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile, en Veracruz, Veracruz.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Santa Mónica Urrea Enríquez, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en el departamento de agricultura, en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Estela Galindo Navarro, para prestar servicios como secretaria en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente: (a las 22.07 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de enero a las 11.00 horas.
Se pasa a sesión secreta.