Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930414 - Número de Diario 17
(L55A2PcpN017F19930414.xml)Núm. Diario: 17ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, miércoles 14 de abril de 1993 No. 17
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Fernando Ortiz Arana. Se aprueba y se turna a la Cámara de Diputados.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Código de Justicia Militar. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de dos Culturas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.
COMISIÓN PERMANENTE
Para expresar sus comentarios sobre las labores de esta Comisión Permanente, toman la palabra los legisladores:
Juan Gualberto Campos Vega
Carlos Enrique Cantú Rosas
Israel González Arreguín
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Rodolfo Becerril Straffon
INFORME DE LABORES
De los trabajos efectuados por la Comisión Permanente.
COMISIONES DE CORTESÍA
Para participar de la terminación de las sesiones de la Comisión Permanente.
DECLARACIÓN DE CLAUSURA
La Presidencia formula la declaratoria.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
ASISTENCIA
El Presidente: -Se ruega a la Secretaría pasar lista de asistencia y se ruega también a los señores legisladores ocupar sus asientos, por favor.
La secretaria senador María Elena Chapa Hernández: -Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente: hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.25 horas): -Se abre la sesión.
Ruego a la Secretaría dé cuenta del orden del día.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Comisión Permanente.- Primer Receso del Segundo Año de la LV Legislatura.
Orden del día
14 de abril de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de ciudadanos legisladores.
Iniciativas del Ejecutivo
De Ley de Nacionalidad.
De decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
De decreto que reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
De Ley Federal de Sanidad Animal.
Intervención de ciudadanos legisladores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.
Informe sobre las actividades realizadas por la honorable Comisión Permanente.
Designación de comisiones de cortesía.
Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura, celebrada el día cinco de abril de mil novecientos noventa y tres.
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con veintiocho minutos del día cinco de abril de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veinticuatro legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación del diputado Joel Guerrero Juárez, por la que solicita licencia para ausentarse de su cargo. Sin discusión, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo cuarto aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
La Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Jalisco y Yucatán, por las que informan de diversas actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Quince oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Cámara de Senadores.
Se da cuenta con un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Dante Delgado Rannauro, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Italia.
La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Hacen uso de la palabra los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en pro y Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, también a favor.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que el ciudadano Dante Delgado Rannauro se encuentra en uno de los salones anexos al de sesiones y designa una comisión para que lo introduzca en el salón y la acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del recinto.
Otro dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Gustavo Iruegas Evaristo, como cónsul general de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. La Asamblea dispensa la segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Iruegas Evaristo y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al Cónsul de México, hasta las puertas del salón. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
También se dispensa la segunda lectura a tres dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Alfredo Delgado Valdés, Roberto Noé Samuel Marín Marín y Víctor Manuel de la Peña Cortés. Se aprueban en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Se someten a discusión siete dictámenes de la misma comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Jesús Márquez Vázquez, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jesús Coronel Portilla, Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Chiapa Aguirre y Antelmo Jiménez Jiménez. No habiendo quien haga uso de la palabra, en sendas votaciones económicas se aprueban y pasan al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, pueda prestar sus servicios en la embajada Real de Dinamarca en México. En votación económica se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien, en relación con las vacaciones de Semana Mayor, solicita que las denuncias que presenta, se turnen a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal. Se turna a las comisiones de Turismo, de Comercio, del Distrito Federal, de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, de Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional.
Para referirse a los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio, hacen uso de la palabra los legisladores: Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática en dos ocasiones; Guillermo Flores Velasco del mismo partido; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Javier
Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional y Artemio Iglesias Miramontes, del mismo partido. Se turnan las solicitudes del diputado Calderón Salazar a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Comercio y se pide a la Secretaría que cumplimente la solicitud del senador Iglesias Miramontes.
Sube a la tribuna el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien formula una denuncia sobre supuestos actos ilícitos cometidos en perjuicio de ciudadanos vecinos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Apoya la denuncia el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Insértense los documentos presentados por el diputado Cantú Rosas, en el Diario de los Debates y túrnese la denuncia a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Derechos Humanos.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura a un memorial de trabajadores del Instituto Mexicano del Café y desde su curul, el diputado Cantú Rosas se solidariza con el documento que se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
El Presidente informa del sensible fallecimiento del licenciado Eduardo Luque Loyola, diputado a la cuadragésima quinta y cuadragésima nona legislatura de la Cámara de Diputados y, puestos todos de pie, se guarda un respetuoso minuto de silencio en su memoria.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles catorce de abril de mil novecientos noventa y tres a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún legislador desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún legislador que desee hacer observaciones a la misma?
De no ser así, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Señor Presidente, está aprobada el acta.
SOLICITUD DE LICENCIA
El Presidente: - Señores legisladores, de acuerdo al orden del día hay una comunicación de un legislador que doy cuenta de la misma. Es una comunicación del diputado Ortiz Arana.
«Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
Fernando Ortiz Arana, diputado federal propietario a la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ante ustedes comparezco para exponer:
Que con fundamento en lo previsto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio del presente a solicitar se me conceda licencia para separarme de mis funciones de diputado federal propietario.
En mérito a lo expuesto y fundado atentamente pido:
Único. Se me tenga por presentado solicitando se me conceda licencia para separarme de mis funciones como diputado federal propietario, miembro de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a partir de esta fecha.»
México D. F., a 14 de abril de 1993.
En consecuencia, proceda la Secretaría conforme al trámite correspondiente.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -De conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están a discusión los siguientes
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el primer distrito del Estado de Querétaro, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie... Aprobados. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY DE NACIONALIDAD
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente adjunto a ustedes las siguientes iniciativas.
I. Iniciativa de Ley de Nacionalidad.
II. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
III. Iniciativa de decreto que reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
IV. Iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 12 de abril de 1993.- El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido."»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La vocación de los mexicanos, ha llevado a nuestra patria a establecer un régimen político y de derecho producto de la primera revolución nacionalista y popular de este siglo; un fenómeno que responde en lo interno al concepto intrínseco de soberanía y, en lo externo, al concepto de independencia, es decir, de defensa a nuestro derecho de autodeterminación.
Para alcanzar los objetivos que persigue el Estado mexicano: soberanía, democracia, crecimiento y bienestar, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, propone la modernización nacional como estrategia. Es por ello que la modernización del Estado, tiene el irrenunciable propósito de fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático.
El mundo vive transformaciones profundas en todos los órdenes. La fortaleza y la soberanía de México no se agotan hoy en sus fronteras. Deben hacerse valer también fuera de nuestro territorio, en el tablero de nuestra interdependencia y globalización.
Nuestra historia nos enseña que podemos salir a conquistar nuestro lugar entre las naciones con sana confianza en la fuerza y en la permanencia de nuestra cultura. A lo largo de los siglos hemos conservado las tradiciones más antiguas y hemos absorbido las corrientes más modernas. Los rasgos de identidad y pertenencia a una nación viven con vitalidad única en lo profundo de cada mexicano. El sentido de nacionalidad nos da hoy seguridad y entereza para cruzar fronteras y salir al mundo.
A pesar de las dificultades históricas los mexicanos hemos construido una gran nación. Su fortaleza, basada en la voluntad nacional, le ha dado sustento ideológico al Estado mexicano, sin ceder en nuestros valores esenciales.
Desde la época colonial; desde los orígenes constitucionales de la legislación relativa a la nacionalidad, en nuestro país se gestó un sentimiento nacional y, por ende, el surgimiento de una nacionalidad como factor aglutinante de los habitantes de su territorio; un vínculo que se formó de acuerdo a las circunstancias concretas del desenvolvimiento histórico, de su idiosincrasia nacional y de sus tradiciones políticas. La nacionalidad mexicana es producto de nuestra identidad cultural.
En ese contexto se ubica la presente iniciativa de Ley de Nacionalidad, que someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la cual tiene como finalidad actualizar la legislación en la materia, que data de 1934; precisar los derechos de los nacionales mexicanos y simplificar los procedimientos de naturalización, manteniendo el Estado mexicano la discrecionalidad para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana.
Los mexicanos hemos vivido y superado retos formidables desde la consumación de la independencia y hemos aprendido a relacionarnos con nuestra circunstancia internacional. México, como todos los países del hemisferio occidental, ha sido país de inmigración; una inmigración que entremezcló su sangre con la de la población indígena, dando lugar a lo que actualmente somos, una nación orgullosa de sus orígenes indígenas, mestizos y criollos.
Fue así que el Constituyente Permanente, en el artículo 4o. de la Carta Magna, plasmó el principio de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y dispone la protección de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social. De esta manera, la Constitución reconoce ahora el carácter pluriétnico de la nación y defiende los intereses indígenas como los definen sus propias comunidades. En síntesis, avanzamos hacia un reconocimiento mejor de la voz diversa y plural de la sociedad. Somos todos corresponsables del avance de la nación.
Con los países a los que nos unen vínculos históricos hemos llevado el acercamiento y cooperación a nivel sin precedente, y con los nuevos bloques regionales estrechamos nexos para fortalecer la participación de nuestro país en el mundo. El mantenimiento del proyecto nacional nos reta entonces, a continuar insertándonos en el ámbito internacional con el dinamismo que nos ha caracterizado en los últimos tiempos.
En los sesenta años de vigencia de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, el mundo ha vivido cambios muy importantes que, en buena medida, han afectado a las diversas legislaciones en la materia a nivel mundial.
A partir de 1934, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sufrido cambios en materia de nacionalidad, que se han plasmado por el legislador ordinario en la Ley de Nacionalidad y Naturalización. Sin embargo, se considera necesaria la expedición de un nuevo ordenamiento que regule el estatuto jurídico de las personas a las que las leyes otorgan la calidad de mexicanas, así como suprimir disposiciones que ya se encuentran previstas en otros ordenamientos vigentes.
La evolución del concepto de nacionalidad en nuestros textos constitucionales a partir de la independencia, ha pasado desde la carencia de una determinación expresa del elemento humano del Estado, hasta la tercera y última reforma del actual texto constitucional, que contempló, desde 1974, que los extranjeros, varones y mujeres que contrajeran matrimonio con mexicanos, pudieran obtener la nacionalidad mexicana por naturalización.
El texto constitucional vigente señala quiénes tienen derecho a la calidad de mexicanos. Dicho concepto de nacionalidad ha evolucionado en el sentido de reconocer, en un principio, sólo la posibilidad de la transmisión de la nacionalidad por la vía paterna, hasta la actualidad en que se reconoce también por la materna y de otorgar la naturalización al varón o mujer extranjeros que contraigan matrimonio con mexicano, y no únicamente a la mujer extranjera que se casara con mexicano.
La iniciativa que someto a la consideración de esa honorable Representación Nacional, precisa su aplicación en todo el territorio nacional y señala con claridad, en respeto al texto constitucional, que únicamente la Ley Federal puede modificar los derechos civiles de que gozan los extranjeros, por lo que en dicha materia la Ley de Nacionalidad y los códigos Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles, serán obligatorios en todo el país.
Asimismo, en la iniciativa se reitera a la Secretaría de Relaciones Exteriores como dependencia responsable de la aplicación de la Ley y se hace una depuración de los conceptos que, sobre nacionalidad, contiene la Ley actual.
Igualmente, la iniciativa, de aprobarse, contemplaría a la nacionalidad mexicana como única, así como definiría a los mexicanos por nacimiento y por naturalización; a las personas morales de nacionalidad mexicana, y los medios idóneos de prueba de la nacionalidad mexicana.
Entre las innovaciones contempladas en la presente iniciativa de Ley, se encuentra hacer optativa la obtención del certificado de nacionalidad, para los mexicanos por nacimiento a quienes otro Estado pueda atribuir su
nacionalidad; en cuyo caso bastará acompañar prueba de la nacionalidad mexicana y presentar solicitud por escrito formulando las renuncias y protesta correspondientes.
Otro importante aspecto novedoso del proyecto de Ley, consiste en la supresión de la intervención judicial en el procedimiento de naturalización actualmente denominada ordinaria, convirtiéndolo, en un trámite exclusivamente administrativo.
De esta manera, en el procedimiento de naturalización, de resultar aprobada la iniciativa, el extranjero debería acreditar que habla español, que tiene su domicilio en territorio nacional y que está plenamente integrado a la cultura nacional, así como formular las renuncias y protesta y acompañar la documentación que fije el Reglamento. Fuera de ciertos casos de excepción, como sería el de los iberoamericanos o españoles; los que tengan hijos mexicanos por nacimiento, o los que hayan prestado servicios o realizado obras destacados en beneficio de la nación, tendrían que comprobar su residencia legal en el país de por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización, así como que no han interrumpido esa residencia.
En cuanto al otorgamiento de las cartas de naturalización, se señalan expresamente los casos en que la Secretaría de Relaciones Exteriores la debe negar. Asimismo, para evitar la expedición de carta a extranjero cuya conducta pudiera ser reprobable, se deja a la Secretaría la discrecionalidad necesaria, para no otorgarla cuando no lo considere conveniente para el país.
Se incluye un capítulo relativo a la pérdida de la nacionalidad, en el que se contemplan tanto las causas de pérdida de la nacionalidad, como la posible renuncia que se haga a la nacionalidad mexicana al tener derecho al mismo tiempo a una extranjera.
De la lectura del texto constitucional en materia de causas de pérdida de la nacionalidad, se percibe la tendencia de evitar la múltiple nacionalidad; es así que la nacionalidad mexicana, se pierde simplemente por la "adquisición voluntaria" de una nacionalidad extranjera.
Para proteger a nuestros connacionales que viven en el extranjero, se conserva la previsión contenida en la ley vigente, en el sentido de no considerar adquisición voluntaria, la naturalización que hubiere operado como condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el adquirido. Asimismo, como protección adicional a nuestros compatriotas, expresamente se determina que el patrimonio en territorio nacional de los mexicanos por nacimiento que pierdan la nacionalidad mexicana, no debe sufrir menoscabo alguno por este hecho.
La pérdida de la nacionalidad mexicana únicamente podrá darse en los casos previstos en la Constitución. Al efecto, en apego a lo dispuesto en la propia Carta Fundamental, se prevé un procedimiento ante la Secretaría, mismo en el que se deberán respetar, invariablemente, las garantías de audiencia y legalidad.
En la presente iniciativa se prevé un capítulo relativo a la recuperación de la nacionalidad, tanto por parte de los mexicanos por nacimiento como por parte de mexicanos por naturalización. En el caso de aquellos, la nacionalidad la recuperaría con el mismo carácter, con lo que se respetaría una estricta igualdad.
Finalmente se incluye un capítulo relativo a las infracciones administrativas. De esta manera, se sancionan con multas elevadas las infracciones más comunes en materia de nacionalidad, previéndose, además la facultad de la Secretaría para dejar sin efectos el documento que se hubiere expedido con violación a lo dispuesto en esta Ley.
De especial gravedad es la conducta consistente en contraer matrimonio con extranjero con el solo objeto de obtener la nacionalidad mexicana. Por ello, se establece multa por un monto superior a la que corresponde a otras infracciones de menor trascendencia. En la Ley de Nacionalidad y Naturalización en vigor no se prevé sanción alguna por la realización de esta reprobable conducta.
Dado que estas infracciones comúnmente implican la comisión de delitos contemplados en la legislación penal, expresamente se señala que las sanciones que se impongan en la vía administrativa serán sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso procedan.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE NACIONALIDAD
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en
toda la República. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En los casos de naturalización, pérdida de la nacionalidad y recuperación de la misma, la Secretaría de Relaciones Exteriores recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores;
II. Certificado de nacionalidad: El instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento;
III. Carta de naturalización: El instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros;
IV. Extranjero: Aquél que no tiene la calidad de mexicano, y
V. Domicilio conyugal: El establecimiento legalmente por los cónyuges en territorio nacional, en el cual vivan de consumo por más de dos años.
Artículo 3o. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaría, los informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones materia de esta Ley.
Artículo 4o. Sólo la Ley Federal puede modificar y restringir los derechos civiles de que gozan los extranjeros; en consecuencia, esta Ley y las disposiciones de los códigos Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles serán obligatorios en todo el país en dicha materia.
Artículo 5o. Para todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento se aplicarán supletoriamente los códigos citados en el artículo anterior.
CAPITULO II
De la nacionalidad
Artículo 6o. La nacionalidad mexicana deberá ser única.
Son mexicanos por nacimiento:
I. Los nacidos en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los nacidos en el extranjero de padre o madre mexicanos, y
III. Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.
Artículo 7o. Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros a quienes de acuerdo con la presente Ley, la Secretaría otorgue carta de naturalización, y
II La mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro del territorio nacional.
Artículo 8o. Se presume, salvo prueba en contrario, que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste.
Artículo 9o. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal.
Artículo 10. Son prueba de nacionalidad mexicana:
I. El acta de nacimiento expedida observando lo previsto en la legislación civil federal;
II. El certificado de nacionalidad que la autoridad expedirá a petición de parte;
III. La carta de naturalización;
IV. El pasaporte vigente;
V. La cédula de identificación personal, y
VI. Las demás que señale el Reglamento de esta Ley.
Artículo 11. Para comprobar la nacionalidad mexicana la Secretaría podrá exigir, en los casos que señale el Reglamento de esta Ley, las pruebas supletorias y complementarias que estime convenientes.
Artículo 12. Los mexicanos por nacimiento a quienes otro Estado pueda atribuir su nacionalidad, podrán optar por la nacionalidad mexicana o extranjera a partir de su mayoría de edad.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior que quieran optar por la nacionalidad mexicana,
deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito y formular las renuncias y protesta a que se refiere el Reglamento.
Artículo 13. Sólo con poder especial que contenga las renuncias y protesta que debe hacer el interesado personalmente, podrá ser representado en los procedimientos a que se refiere el artículo anterior.
CAPITULO III
De la naturalización
Artículo 14. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá presentar a la Secretaría, solicitud en la que formule las renuncias y protesta y acompañar la documentación que fije el Reglamento, manifestando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana.
Para efecto, será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
El extranjero deberá acreditar que sabe hablar español, que será integrado a la cultura nacional, que tiene su domicilio dentro de territorio nacional y, salvo lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de esta Ley, deberá, además, probar su residencia legal en el país de por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización, así como que no ha interrumpido esa residencia.
Artículo 15. Por lo que hace al requisito de residencia, bastará que el extranjero que desee naturalizarse acredite una residencia en el país mayor de dos años inmediatamente anteriores a su solicitud, cuando:
I. Tenga hijos mexicanos por nacimiento;
II. Sea iberoamericano o español o
III. Haya prestado servicios o realizado obras destacados en materia cultural, científica, técnica artística, deportiva o empresarial, que beneficien a la nación.
Artículo 16. El extranjero que habiendo contraído matrimonio con mexicano, viva de consumo con su cónyuge en el domicilio conyugal podrá naturalizarse mexicano.
Salvo nulidad del matrimonio, el extranjero que adquiera la nacionalidad mexicana con base en el párrafo anterior conservará ésta, aún después de disuelto el vínculo matrimonial.
Artículo 17. A los hijos y adoptados, sujetos a la patria potestad del extranjero que se naturalice mexicano, así como a los menores extranjeros adoptados por mexicano que tengan su residencia en territorio nacional, se les otorgará carta de naturalización previa solicitud de quienes ejerzan la patria potestad, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoría de edad.
Artículo 18. La Secretaría negará a los extranjeros la expedición de la carta de naturalización por:
I. No cumplir con los requisitos que establecen la Ley o su Reglamento;
II. Poder alterarse el orden público o lesionarse el interés nacional;
III. Haber infringido esta Ley o su Reglamento;
IV. Haber sido sentenciados con pena de prisión por tribunales mexicanos o extranjeros en el caso de delito intencional, siempre que en éste último caso, la ley mexicana lo considere como tal, y
V. Los demás motivos que establezca el Reglamento, o cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría.
Artículo 19. Para acreditar el requisito de residencia exigido en este capítulo, el extranjero deberá demostrar su legal estancia en el país durante los plazos previstos en la presente Ley y que su principal objeto no sea el recreo o el estudio.
Artículo 20. La ausencia del país no interrumpe la residencia, siempre que no exceda de seis meses en total durante el período de dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de naturalización.
Artículo 21. El procedimiento de naturalización se suspenderá en los casos en que el interesado quede sujeto a proceso penal o extraditorio por delito intencional que merezca pena de prisión. La suspensión se prolongará hasta el término del proceso.
CAPITULO IV
De la pérdida de la nacionalidad
Artículo 22. La nacionalidad mexicana se pierde por:
I. Adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera, entendiéndose por tal obtención de
un documento oficial expedido por un Estado extranjero que lo acredite como su nacional.
No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la Ley, simple residencia o ser condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el adquirido;
II. Aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero;
III. Residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos en el país de origen, y
IV. Hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización, como extranjero, o por obtener y usar un pasaporte mexicano.
Artículo 23. El mexicano que al mismo tiempo tenga derecho a una nacionalidad extranjera podrá renunciar a la mexicana ante la Secretaría, siempre y cuando lo haga por escrito y llene los requisitos que señale el Reglamento.
Artículo 24. La pérdida de la nacionalidad mexicana sólo afecta a la persona que la ha perdido.
El patrimonio en territorio nacional de los mexicanos por nacimiento que pierdan la nacionalidad mexicana, no deberá sufrir menoscabo por este hecho.
Artículo 25. El procedimiento de pérdida de nacionalidad mexicana se sustanciará ante la Secretaría en los términos del Reglamento, debiéndose en todo caso, respetar las garantías de audiencia y legalidad.
Artículo 26. El mexicano que contraiga matrimonio con extranjero, no pierde su nacionalidad por el hecho del matrimonio.
Artículo 27. La adopción no entraña ni para el adoptado ni para el adoptante la pérdida o el cambio de nacionalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.
CAPITULO V
De la recuperación de la nacionalidad
Artículo 28. Los mexicanos por nacimiento que hayan perdido su nacionalidad, podrán recuperarla con el mismo carácter, siempre que manifiesten ante la Secretaría su voluntad de readquirirla, comprueben su origen, formulen las renuncias y protesta y satisfagan los requisitos que señala el Reglamento.
Artículo 29. Los mexicanos por naturalización que hubieren perdido su nacionalidad mexicana por residir en su país de origen durante cinco años continuos, podrán recuperarla con el mismo carácter, siempre que cumplan con los requisitos que señalan el artículo 15 de esta Ley y el Reglamento.
CAPITULO VI
De las infracciones administrativas
Artículo 30. Son infracciones administrativas:
I. Hacer el extranjero, las renuncias y protesta a que se refiere el Reglamento en forma fraudulenta o sin la verdadera intención definitiva y permanente de quedar obligado por ellas; en cuyo caso se impondrá multa de cien a doscientos salarios;
II. Obtener o intentar obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la Secretaría sin tener derecho a ella, con violación de las prevenciones de esta Ley o presentando ante ésta información, testigos o certificados falsos; en cuyo caso se impondrá multa de cien o doscientos salarios.
Si llegare a expedirse la prueba de nacionalidad, se duplicará la sanción:
III. Hacer uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada; en cuyo caso impondrá multa de cien o doscientos salarios, y
IV. Contraer matrimonio el extranjero con el solo objeto de obtener la nacionalidad mexicana; en cuyo caso se impondrá multa de quinientos o dos mil salarios. Igual sanción se impondrá al mexicano contrayente.
Para los efectos del presente artículo por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Las multas previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría deje sin efectos, en su caso, el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.
Artículo 31. Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá previamente conceder
audiencia al interesado, en los términos que fije el Reglamento, y tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los daños, y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor.
Artículo 32. La naturalización obtenida con violación de la presente Ley no producirá efectos jurídicos.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Nacionalidad y Naturalización publicada en el Diario Oficial del 20 de enero de 1934, así como sus reformas y las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Tercero. Las cartas y declaratorias de naturalización, así como los certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento y de recuperación de nacionalidad, expedidos por la Secretaría con anterioridad a la presente Ley, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos.
Cuarto. A petición del interesado, a los asuntos de naturalización en trámite, podrá aplicarse la presente ley.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 7 de abril de 1993.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Al asumir el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo hice convencido de que México demandaba un proceso de modernización. Parte fundamental de este proceso lo constituye la actualización del marco jurídico. Las instituciones jurídicas deben ser objeto permanente de revisión, de tal manera que permitan responder eficazmente a los requerimientos de la nueva realidad política y social.
Durante la presente administración se han promovido diversas reformas tendientes al mejoramiento de la legislación penal en respuesta al reclamo popular que exige justicia. El propósito fundamental de mi Gobierno ha sido preservar el estado de derecho y mejorar la administración, procuración e impartición de justicia. Entre las acciones que hemos emprendido, destacan las orientadas al combate a la delincuencia y las mejoras en materia de readaptación social. De esta manera, se han fortalecido mecanismos que coadyuvan en la prevención del delito, así como la reincorporación de quienes incurrieron en conductas antisociales. En la esfera de facultades y atribuciones del Ejecutivo a mi cargo, he velado y seguiré velando porque se promueva la justicia.
Mi Gobierno ha creado y fortalecido las instancias administrativas necesarias para dar mayor protección a los derechos humanos. En mi primer informe de Gobierno manifesté la importancia de conceder el beneficio del indulto en los casos que lo ameritaran. En ejercicio de las facultades del Ejecutivo Federal he indultado y promovido ante los ejecutivos estatales la liberación de los que cometieron ilícitos del orden común o federal por motivaciones sociales o políticas. Es así que en 1989 fueron indultados 1 mil 411 compatriotas que delinquieron motivados por reivindicaciones sociales. Se debe precisar que en todo momento se ha mantenido el ejercicio de la autoridad con base en la Ley, respetando la división de poderes y la autoridad de los gobiernos, buscando acrecentar el entendimiento y la colaboración entre ellos.
En este contexto, en los años de 1984 y 1989, por iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal que merecieron la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, se introdujeron modificaciones a los códigos Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, Federal de Procedimientos Penales y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mismas que tuvieron entre sus finalidades denominar con mejor técnica "reconocimiento de inocencia" al llamado "indulto necesario", que opera cuando por algún medio se demuestra la inocencia del condenado, así como prever otros supuestos en
que el Presidente de la República puede conceder el beneficio del indulto.
El Ejecutivo a mi cargo considera oportuno y de justicia, proponer ahora una reforma en esta materia a la legislación penal militar, tanto sustantiva como adjetiva, la cual desde su inicio consagró las figuras del indulto necesario y del indulto por gracia. Esta iniciativa tiene como objetivo ajustar dicha legislación a la realidad social y hacer posible también para los sentenciados por delitos del orden militar, la concesión del indulto en circunstancias específicas.
Acorde con las reformas que sufrieron el Código Penal y los códigos de Procedimientos Penales, Federal y para el Distrito Federal, se propone la modificación del Código de Justicia Militar para incorporar la figura del reconocimiento de inocencia, la que sustituiría al indulto necesario, en virtud de que este término refleja con mayor precisión, tanto su razón de ser como sus efectos. Asimismo, para actualizar su texto se propone la reforma a diversos preceptos de dicho Código.
De esta manera, se reformaría el segundo párrafo del artículo 201, con objeto de establecer que cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social, y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de condenados por delitos que revistan particular gravedad, se podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos en que el sentenciado haya prestado servicios importantes a la nación o existan circunstancias especiales en su favor.
Los delitos en que por su extrema gravedad no procedería el beneficio del indulto serían los de traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de gente, rebelión, insubordinación causando la muerte al superior, asonada, abandono de puesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 312, abandono de buque o convoy en los casos de las fracciones VI del artículo 318; I del 319 y artículo 321, extralimitación y usurpación de mando o comisión a que se refiere la fracción III del artículo 323, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo a que se refiere el artículo 385, ni de reincidente por delito - intencional.
De esta forma se ampliarían los supuestos en que puede concederse el indulto, salvaguardando siempre e invariablemente los intereses de la sociedad.
La facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción V del artículo 176 del propio Código, para conceder la conmutación de la pena capital por prisión extraordinaria, continuaría vigente en sus términos.
En el propio artículo 201 se prevería expresamente que el indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado, a diferencia del reconocimiento de inocencia en que sí se extinguiría.
La reforma que se propone a los artículos 193, 202 y 873 del Código tiene como finalidad, como arriba ha quedado señalado, incorporar la figura del reconocimiento de inocencia, en sustitución de la de indulto necesario.
En congruencia con la modificación de terminología propuesta, se reformaría la denominación del Capítulo III, del Título Sexto, del Libro Tercero del Código para agregar después de la palabra indulto la expresión reconocimiento de inocencia.
A los actuales supuestos de indulto necesario, que pasarían a ser de reconocimiento de inocencia, previstos en el artículo 874 del Código de Justicia Militar, se agregarían dos ya establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal: a) cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaran falsas y, b) cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla.
Se considera que, aun cuando en el momento procesal debido, las pruebas se hayan estimado válidas, es de elemental justicia que, al conocerse la falsedad o invalidez de las mismas, no obstante ya haberse dictado sentencia, pueda la persona a quien se imputaron los hechos obtener su libertad mediante el reconocimiento de inocencia.
Se propone reformar el contenido del artículo 875, para establecer que el sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de inocencia, deberá ocurrir por escrito al Supremo Tribunal Militar, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Expresamente se prevé que en estos casos sólo se admitirá la prueba documental.
La reforma que se propone al artículo 878, además de introducir la figura de reconocimiento de inocencia, tiene como finalidad precisar la facultad del Ejecutivo Federal para reconocer
la inocencia del sentenciado una vez que ésta se haya demostrado ante el Supremo Tribunal Militar.
También se propone reformar el artículo 879, para disponer que el sentenciado que pretenda obtener indulto, ocurra por escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañando los documentos que justifiquen la prestación de los servicios importantes a la nación o la existencia de las circunstancias especiales que concurran en su favor, además del dictamen en que se haga constar que el solicitante refleja un alto grado de readaptación social y que su liberación no representa un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas; condiciones exigidas en el segundo párrafo del artículo 201 de la presente iniciativa para que el titular del poder Ejecutivo Federal esté en posibilidad de conceder el beneficio de indulto.
El artículo 880 se reformaría para señalar que el Ejecutivo Federal, en vista de los comprobantes, o si así conviniera a la tranquilidad o seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las que emite convenientes.
Por último, también se propone reformar el artículo 881 para establecer que todas las resoluciones en que se conceda indulto o reconocimiento de inocencia, se deberán publicar en la Orden General de la Plaza de todas y cada una de las zonas militares. Asimismo, se dispone que dichas resoluciones se deberán comunicar a la autoridad judicial que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación que corresponda en el expediente respectivo.
Por lo expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Artículo único. Se reforman los artículos 193, 201 segundo párrafo, 202, 873, 874, 875, 878, 879, 880, y 881 y la denominación del Capítulo III, del Título Sexto, del Libro Tercero; se adicionan un tercer y cuarto párrafos al 201 y las fracciones IV y V al 874, del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:
Artículo 193. La pena se extingue por muerte del sentenciado, prescripción, amnistía, indulto o reconocimiento de inocencia. Estas causas deben hacerse valer de oficio.
Artículo 201.
Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de gente, rebelión, insubordinación causando la muerte al superior, asonada, abandono de puesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 312, abandono de buque o convoy en los casos de las fracciones VI del artículo 318, I del 319 y artículo 321, extralimitación y usurpación de mando o comisión en el caso de la fracción III del artículo 323, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo a que se refiere el artículo 385, ni reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:
I. Cuando haya prestado servicios importantes a la nación, o
II. Cuando existan circunstancias especiales en su favor.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior, al indulto a que se refiere la fracción V del artículo 176 de este Código.
El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño causado.
Artículo 202. Cuando se conceda indulto de la pena de muerte, ésta se conmutará por la de prisión extraordinaria. En el caso de reconocimiento de inocencia, se relevará de toda pena al sentenciado.
CAPITULO III
De la conmutación, reducción, indulto, reconocimiento de inocencia y rehabilitación.
Artículo 873. El reconocimiento de inocencia sólo podrá concederse respecto de penas impuestas en sentencia irrevocable.
Artículo 874. El reconocimiento de inocencia del sentenciado se podrá basar en alguno de los motivos siguientes:
I a III.
IV. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas; y
V. Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla.
Artículo 875. Es sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Supremo Tribunal Militar, alegando la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá en estos casos la prueba documental.
Artículo 878. Dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere efectuado la audiencia, el Tribunal declarará si en su concepto es o no fundada la solicitud del sentenciado. En el primer caso, remitirá con informe las diligencias originales a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que a su vez las hará llegar al Ejecutivo Federal para que sin más trámite reconozca la inocencia del sentenciado; en el segundo, mandará archivar las diligencias.
Artículo 879. El sentenciado que pretenda obtener indulto, ocurrirá por escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañando testimonio de la sentencia, en certificado expedido por el jefe de la prisión en que se encuentre, con el que compruebe el tiempo que haya sufrido la pena impuesta, un dictamen en el cual se haga constar que el solicitante refleja un alto grado de readaptación social y que su liberación no representa un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, así como la justificación de la prestación de los servicios importantes a la nación o de la existencia de las circunstancias especiales que concurran en su favor.
Artículo 880. El Ejecutivo Federal en vista de los comprobantes, o si así conviniera la tranquilidad o seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las que estime convenientes.
Artículo 881. Todas las resoluciones en que se conceda indulto o reconocimiento de inocencia, se publicarán en la Orden General de la Plaza de todas y cada una de las zonas militares y se comunicarán al Tribunal que hubiere dictado la sentencia para que se haga la anotación respectiva en el expediente del caso.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Indulto para los Reos de los Fueros Militar, Federal y del Orden Común del Distrito y Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1946.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 7 de abril de 1993.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional de la honorable Cámara de Diputados.
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL D ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El honorable Congreso de la Unión expidió el 13 de diciembre de 1991, el Decreto por el que se establecen las Características de las Monedas Conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 del mismo mes y año. El mencionado Decreto se expidió de acuerdo con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, donde están previstas, como circulantes, las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, acuñadas, entre otros metales, en oro y plata. Entre las características de las referidas monedas se establecieron los siguientes: valores nominales: 1) Para las de plata: diez mil pesos ($10.000), cien pesos ($100), cincuenta pesos ($50), y veinticinco pesos ($25); y 2) Para las de oro: mil pesos ($1.000), quinientos pesos ($500), y doscientos cincuenta pesos ($250).
Uno de los propósitos fundamentales para acuñar estas monedas fue dar a conocer las
aportaciones que los pobladores del México prehispánico realizaron a la cultura universal, ya que sus diseños reproducen piezas arqueológicas de diferentes culturas.
Con la emisión de estas piezas se reforzó el tradicional prestigio de que goza la moneda mexicana en el mercado numismático mundial, contemplándose la obtención de beneficios sustanciales para las finanzas nacionales, ya que la evolución actual de la economía nacional hizo previsible una demanda positiva en el mercado de monedas de esta naturaleza.
Con fecha 22 de junio de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto expedido por el honorable Congreso de la Unión, por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en tal ordenamiento que esta nueva unidad será "equivalente a mil pesos actuales" y que en tanto no hayan sido desmonetizados los signos representativos de la unidad monetaria que se sustituye , los billetes y monedas que representen a la nueva unidad deberán contener la expresión "nuevos pesos" o el símbolo "N$".
En este contexto, tomando en cuenta las condiciones favorables para la comercialización de las monedas materia del Decreto mencionado en el primer párrafo de la presente iniciativa, se ha estimado conveniente designar en nuevos pesos el valor de las monedas mencionadas, modificando, en su caso, los valores nominales originalmente asignados a tales signos monetarios. Lo anterior permitirá que dichas piezas mantengan su competitividad en los mercados numismáticos y en el de inversionistas.
Por lo antes expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
Único. Se reforman los artículos primero al séptimo del decreto por el que se establecen la características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1991, en lo relativo al valor nominal de dichas monedas y a la leyenda que aparece al reverso en el exergo, para quedar en los términos siguientes:
Las monedas indicadas en el artículo primero tendrán un valor nominal de diez nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$10".
II. Las monedas indicadas en el artículo segundo tendrán un valor nominal de cinco nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$5".
III. Las monedas indicadas en el artículo tercero tendrán un valor nominal de dos nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$2".
IV. Las monedas indicadas en el artículo cuarto tendrán un valor nominal de un nuevo peso y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$1".
V. Las monedas indicadas en el artículo quinto tendrán un valor nominal de cien nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$100".
VI. Las monedas indicadas en el artículo sexto tendrán un valor nominal de cincuenta nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$50".
VII. Las monedas indicadas en el artículo séptimo tendrán un valor nominal de veinticinco nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$25".
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas que con base en el Decreto del 13 de diciembre de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1991, se hayan acuñado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en circulación de conformidad con las disposiciones aplicables.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, Distrito Federal, a 7 de abril de 1993.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Desde el inicio de mi mandato señalé la necesidad de lograr justicia, empleo y bienestar en el campo mexicano. Por ello, en 1991, sometí al Constituyente Permanente la iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional y, en 1992, la iniciativa de nueva Ley Agraria, que reconocen y consagran de manera explícita la propiedad ejidal y comunal; dan a los campesinos la libertad para decidir el destino y uso de la que es, inequívocamente, su tierra; protegen sus núcleos de población y la vida en comunidad, y alientan la asociación productiva, permitiendo libertad en sus decisiones. Pero, sobre todo, es una reforma de justicia para que los campesinos, con su propia movilización y el apoyo del Gobierno, eleven su capacidad productiva y su bienestar.
La reforma del campo es un proceso integral. Se ha dado respuesta a las principales demandas de los campesinos. Se han reestructurado cerca de 3 mil 200 millones de nuevos pesos de cartera vencida de 350 mil ejidatarios con el Banrural y transferido al Programa Nacional de Solidaridad carteras vencidas de 600 mil campesinos por casi mil millones de nuevos pesos, quitando la carga de la deuda permanente que gravaba el trabajo de los productores rurales. El año pasado ampliamos en 150% la cobertura del seguro agrícola. Los programas de apoyo a la comercialización para el trigo, el arroz, el sorgo y la soya alcanzaron ese mismo año 1 mil 300 millones de nuevos pesos. La banca comercial y de desarrollo destinarán al campo mayores recursos en términos reales que en 1992.
Con las adecuaciones al marco regulatorio ha comenzado a fluir capital al campo; hay más crédito e inversión. Gracias a las nuevas formas de asociación, que ahora permite la Ley, se han formado alrededor de 400 asociaciones y están en proceso de formación un número mucho más elevado.
En materia de Justicia Agraria, se crearon los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria, los cuales ya se encuentran operando en todo el territorio nacional. El clamor campesino de avanzar decididamente en el otorgamiento de una pronta y transparente impartición de justicia, comienza a alcanzar satisfacción. El rezago agrario acumulado por decenios se está resolviendo de manera ágil. En varias entidades federativas ha quedado concluido.
En lo relativo al subsector pecuario, el proceso de modernización iniciado busca revertir la tendencia de crecimiento negativo y descapitalización observada en los años recientes. Para ello, con base en los principios de descentralización y participación de los productores, se han establecido estrategias diferenciadas por tipo de productor, regiones y mercados, procurando que los apoyos y estímulos propicien la recuperación y mejor aprovechamiento del hato ganadero, abasto interno suficiente y oportuno, y el incremento de la capacidad exportadora de la actividad.
Es necesario que el impulso a las especies pecuarias se realice a través de programas concertados de sanidad animal, mejoramiento genético, investigación aplicada, uso integral de los recursos forrajeros y, en forma muy importante, promoviendo la organización de los productores con un claro objetivo de elevar su producción, productividad e ingresos.
Hemos avanzado mucho, pero es más lo que falta por hacer. Es necesario continuar con la reforma integral al campo. En ese contexto se ubica la iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal que por su digno conducto someto a la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento del Programa Nacional de Modernización del Campo, la presente iniciativa conlleva una activa labor de desregulación y simplificación administrativa, sin perjuicio de las funciones propias de la autoridad en la materia. Ya desde el comienzo de la presente administración se contemplaba la necesidad de que el régimen sanitario adecuara sus preceptos para simplificar la clasificación de productos y presentación de los mismos y diversificar procesos industriales.
Entre los objetivos de la iniciativa que someto a su consideración destacan: imprimir competitividad al subsector pecuario; asegurar el abasto dentro de un esquema de apertura comercial; alentar el potencial exportador, así como eliminar las restricciones que pesan sobre el subsector para lograr una mejor asignación de recursos.
En este contexto, las estrategias contempladas en la iniciativa, observan una profunda transformación de la participación estatal, para apoyar y dar servicio a la comunidad en el marco de la responsabilidad compartida, basada en la
concertación de compromisos mutuos; la descentralización y desconcentración para transferir las funciones y recursos a los lugares en donde ocurre la producción, sin descuidar la responsabilidad del Estado en materia de sanidad. Se plantea así un nuevo instrumento jurídico, más acorde a las necesidades y políticas de comercialización a nivel nacional e internacional, que defina los productos, procesos y servicios sujetos a regulación sanitaria.
Precisar los límites del quehacer en materia de sanidad animal e integrar en un solo instrumento los servicios públicos y privados, ha sido el eje central para el diseño de esta propuesta de Ley Federal de Sanidad Animal, en donde se busca hacer valer la condición científica y tecnológica de la epizootiología para la prevención, control y erradicación de las enfermedades infecto - contagiosas y las plagas que afectan a las especies animales, considerándose esta situación como una de las vías indispensables para el crecimiento sostenido de la actividad pecuaria.
Para enfrentar los retos de la integración económica y de mercado a nivel nacional e internacional, se requirió avanzar en la simplificación administrativa, mediante la armonización con diversos ordenamientos, en particular con las leyes Federal sobre Metrología y Normalización y General de Salud.
En la elaboración de la presente iniciativa se ha tenido especial cuidado en precisar la responsabilidad de los productores, de las personas físicas o morales involucradas en la sanidad animal y de los importadores y exportadores, previéndose asimismo, su participación en la elaboración de las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad animal.
Por otro lado, en la iniciativa se definen las medidas zoosanitarias que podrían establecerse a través de normas oficiales mexicanas, entre las que destacan: la educación zoosanitaria; la movilización de animales; el establecimiento de cordones zoosanitarios; la inmunización; el sacrificio de animales enfermos y la vigilancia e investigación epizootiológica.
Una importante innovación de la presente iniciativa de Ley, es la inclusión, como materia de sanidad animal, de un capítulo relativo al trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de animales, con objeto de evitarles sufrimiento en la producción, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio de los mismos. Las características y especificaciones relativas, se establecerían en normas oficiales mexicanas elaboradas con la participación de todos los sectores interesados. De esta manera, se dan a nivel legislativo las bases para lograr un tratamiento adecuado a los animales, acción promovida activamente por las sociedades protectoras de animales.
Asimismo, se regularía mediante normas oficiales mexicanas lo relativo a los establecimientos en que se concentren animales con motivo de ferias, exposiciones o eventos; los destinados al sacrificio de animales; los que fabriquen o expendan productos o subproductos animales y productos químicos y biológicos para ser usados en éstos.
De merecer la presente iniciativa la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, se contemplaría la posibilidad de que las plantas de sacrificio, así como las industrializadoras, empacadoras y frigoríficos cuyos procesos productivos cumplan con las normas oficiales mexicanas y su calidad zoosanitaria esté certificada por organismos de certificación aprobados por la Secretaría, utilicen la denominación "Tipo Inspección Federal", como símbolo de calidad de sus productos y subproductos.
En lo relativo a la movilización de animales, sus productos y subproductos, así como de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, es importante destacar que la presente iniciativa establece claramente que podrá realizarse libremente en el territorio nacional, salvo en los casos que las normas oficiales mexicanas requieran exista certificado zoosanitario, en virtud del riesgo zoosanitario que represente dicha movilización; se eliminan de esta manera, las guías sanitarias contempladas por la legislación vigente. Dicho certificado zoosanitario sería expedido por los servidores públicos competentes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o las personas físicas o morales que ésta apruebe y serviría para comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas correspondientes.
Adicionalmente, se prevé con claridad que las campañas y cuarentenas de animales y productos se establezcan mediante normas oficiales mexicanas, las que deberán contemplar cuando menos, el área de aplicación; la enfermedad o plaga a prevenir, controlar o erradicar; las especies afectadas; su duración, así como las medidas zoosanitarias aplicables.
Cabe destacar la posibilidad contemplada en el proyecto de Ley que se somete a su consideración, de que la Secretaría active un Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal,
ante la presencia de un epizootia, enfermedad o plaga exótica de animales; el cual consistiría en la aplicación urgente y coordinada de acciones con los gobiernos de los estados, particulares que operen puntos de verificación, médicos veterinarios, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba en materia zoosanitaria y todas aquellas personas relacionadas con la sanidad animal.
En la iniciativa se contempla además, un mecanismo de verificación. Dicha verificación podría ser realizada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en cualquier tiempo y lugar, apegándose al procedimiento contemplado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las unidades de verificación aprobadas por la Secretaría podrán, a petición de parte, realizar actos de verificación, en cuyo caso los dictámenes que formulen serán reconocidos por la Secretaría.
Se establecería asimismo, el Premio Nacional de Sanidad Animal, con el objeto de reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de quienes se destaquen en la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales; así como un mecanismo de denuncia popular para que cualquier persona pueda hacer del conocimiento de la autoridad los hechos, actos u omisiones que atenten contra la sanidad animal.
Por último, se prevén las conductas que constituirían infracciones a lo dispuesto por la Ley, así como el recurso de revisión que se podría interponer en contra de las resoluciones dictadas por la Secretaría.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, la siguiente
INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO I
Del objeto de la Ley
Artículo 1o. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales.
CAPITULO II
Conceptos
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
Campaña: conjunto de medidas zoosanitarias para la prevención, control o erradicación de enfermedades o plagas de los animales en un área geográfica determinada;
Certificado zoosanitario: documento que extiende la Secretaría o las personas que apruebe o estén acreditadas para tal efecto, con el que se demuestre el cumplimiento de la normas oficiales;
Control: conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en un área geográfica determinada;
Cuarentena de animales: medida zoosanitaria basada en el aislamiento, observación y restricción de la movilización de animales, en virtud de la existencia de una enfermedad o plaga de los mismos, sujeta a control;
Cuarentena de productos: medida zoosanitaria consistente en la observación de un producto o subproducto de origen animal, o de un producto biológico, químico, farmacéutico o alimenticio, para uso en animales o consumo por éstos durante un período determinado, con el objeto de comprobar que no cause daño a la salud de los animales;
Diagnóstico: estudio que se basa en el análisis que se haga del conjunto de signos o síntomas clínicos observados en los animales que permite sospechar o confirmar, en este último caso, mediante pruebas de laboratorio, la presencia de una enfermedad o plaga en los mismos;
Enfermedad: ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente biológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero;
Enfermedad o plaga exótica: la que es extraña en el territorio nacional o en una región del mismo;
Epizootia: enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la esperada;
Erradicación: eliminación total de una enfermedad o plaga de animales en un área geográfica determinada;
Estación cuarentenaria: conjunto de instalaciones especializadas donde se practican medidas zoosanitarias para prevenir y controlar la diseminación de enfermedades y plagas de los animales;
Incidencia: número de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población animal determinada, durante un período específico, en un área geográfica definida;
Normas mexicanas: las normas de referencia, de observancia voluntaria, que emitan los organismos nacionales de normalización, en los términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización;
Normas oficiales: las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría en materia de sanidad animal, de carácter obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización;
Plaga: presencia de un agente biológico en un área determinada, que causa enfermedad o alteración en la salud de la población animal;
Prevalencia: la frecuencia de una enfermedad o plaga, en un período preciso, referida a una población animal determinada;
Prevención: conjunto de medidas zoosanitarias basadas en estudios epizootiológicos, que tienen por objeto evitar la presencia de enfermedad o plaga de los animales;
Productos biológicos: los reactivos biológicos, sueros, vacunas, hormonas y material genético microbiano de origen animal y que puedan utilizarse para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de los animales;
Sanidad animal: la que tiene por objeto preservar la salud de los animales;
Secretaría: la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
Subproducto Pecuario: el que se deriva de un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura su desinfestación o desinfección, o cuando por su manejo, se pueda inferir que se halla contaminado y pueda causar un daño a la salud de los animales;
Trato humanitario: las medidas para evitar tensión, incomodidad y dolor innecesarios a los animales durante su producción, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio;
Verificación: constatación ocular o comprobación, mediante muestreo y análisis de laboratorio, del cumplimiento de las normas oficiales;
Zona de escasa presencia: área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de animales, en un período y especie animal específicos;
Zona en control: área geográfica determinada en la que se operan medidas zoosanitarias tendientes a disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de animales, en un período y especie animal específicos;
Zona en erradicación: área geográfica determinada, en la que se operan medidas zoosanitarias tendientes a la eliminación de una enfermedad o plaga de animales, o se realizan estudios epizootiológicos con el objeto de comprobar la ausencia de dicha enfermedad o plaga, en un período de tiempo y especie animal específicos, y
Zona libre: área geográfica determinada en la cual se ha eliminado o no se han presentado casos positivos de una enfermedad o plaga de animales específica, durante un período preciso.
CAPITULO III
De la autoridad competente
Artículo 3o. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría.
Artículo 4o. Son atribuciones de la Secretaría en material de sanidad animal:
I. Promover, organizar, vigilar y coordinar, en su caso, las actividades en materia de sanidad animal, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, así como particulares;
II. Coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal y organizar el Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal,
así como los comités consultivos nacionales de normalización en materia de sanidad animal;
III. Expedir normas oficiales, así como verificar y certificar su cumplimiento;
IV. Declarar zonas libres de plagas y enfermedades de animales;
V. Aprobar médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria;
VI. Otorgar el Premio Nacional de Sanidad Animal;
VII. Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones y resolver recursos de revisión, en los términos de esta Ley;
VIII. Difundir permanentemente, información en materia de sanidad animal, utilizando métodos de fácil comprensión;
IX. Establecer, coordinar y vigilar la operación de la infraestructura zoosanitaria;
X. Celebrar acuerdos interinstitucionales así como base de coordinación, convenios y acuerdos con dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales y particulares, en materia de sanidad animal; los acuerdos y convenios que suscriba con los gobiernos estatales y el Departamento del Distrito Federal podrán comprender la asunción por parte de éstos, del ejercicio de las funciones, ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos de la competencia de la Secretaría. Los instrumentos que se suscriban con otras autoridades podrán publicarse en el Diario de la Federación, y
XI. Las demás que señalen las leyes y los tratados internacionales de que México sea parte.
Artículo 5o. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán coordinar sus actividades con la Secretaría cuando tengan relación con la materia zoosanitaria.
Artículo 6o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará con la Secretaría en la vigilancia de las restricciones zoosanitarias en materia de importación.
Artículo 7o. A petición de la Secretaría, la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de sus representantes diplomáticos y consulares, le informará sobre la existencia de enfermedades y plagas de los animales en el extranjero, así como sobre las regiones afectadas, productos biológicos, químicos, farmacéuticos, equipos y medidas zoosanitarias aplicadas para combatirlas y los resultados que se hayan obtenido.
Artículo 8o. En los casos de enfermedades o plagas de los animales transmisibles a los humanos, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud para el establecimiento y ejecución de las medidas sanitarias correspondientes.
En los casos de enfermedades o plagas de los humanos transmisibles a los animales, la Secretaría de Salud tomará en cuenta las propuestas de la Secretaría.
Artículo 9o. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se integrará con representantes de la propia Secretaría y de las dependencias y entidades de la administración pública federal relacionadas con la materia de sanidad animal, en los términos del Reglamento de esta Ley.
Asimismo, la Secretaría invitará a formar parte de dicho Consejo, a representantes de instituciones académicas y de investigación, así como de organizaciones ganaderas y otras personas del sector social o privado relacionadas con la materia de sanidad animal.
El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se apoyará en consejos regionales o estatales que se constituirán de la misma manera que el nacional, invitándose también a representantes de los gobiernos de los estados y municipios.
Estos consejos nacional, regionales y estatales, fungirán como órganos de consulta de la Secretaría en materia de sanidad animal, en los términos del Reglamento de esta Ley.
Artículo 10. Los servidores públicos de la Secretaría que presten servicios de los señalados en el artículo 37, fracción I de esta Ley, o expidan certificados zoosanitarios, deberán estar permanentemente actualizados y aprobar, en los plazos que determine el Reglamento de esta Ley, exámenes de conocimientos ante la Secretaría. La evaluación de dicho examen, se realizará a través de mecanismos que eviten una apreciación subjetiva.
TITULO SEGUNDO
De las medidas zoosanitarias
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 11. Las medidas zoosanitarias, tienen por objeto prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger su salud.
Artículo 12. Las normas oficiales podrán comprender las siguientes medidas zoosanitarias:
I. La educación en materia zoosanitaria;
II. El establecimiento, operación y verificación de los servicios de asistencia zoosanitaria;
III. El control de la movilización de animales, sus productos o subproductos y productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos;
IV. El establecimiento de cordones zoosanitarios;
V. La retención y disposición de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que puedan ocasionar enfermedades o plagas en los mismos;
VI. La inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales;
VII. La cuarentena y el aislamiento;
VIII. El diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas en los animales;
IX. Las prácticas de saneamiento, desinfección, desinfestación, esterilización, uso de germicidas y plaguicidas en animales, locales y transportes, para evitar la transmisión o infestación de enfermedades o plagas de animales;
X. La aplicación de quimioterapia utilizada en los animales;
XI. El sacrificio de los animales enfermos o expuestos al agente causal;
XII. La cremación o inhumación de cadáveres de animales;
XIII. La vigilancia e investigación epizootiológica;
XIV. El trato humanitario, y
XV. Las demás que se regulan en esta Ley, así como las que, conforme a la técnica y a los adelantos científicos, sean eficientes para cada caso.
Artículo 13. Las normas oficiales, además de fundarse y motivarse, deberán:
I. Sustentarse en principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, las diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes;
II. Estar basadas en una evaluación de costobeneficio, que incluya un análisis de riesgo;
III. Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes, y
IV. No ser mantenidas cuando ya no exista una base científica que las sustente.
Artículo 14. Para la aplicación de medidas zoosanitarias, la Secretaría considerará si las zonas correspondientes son libres o de escasa presencia de enfermedades o plagas de animales.
Para tal efecto, la Secretaría declarará zonas libres o de escasa presencia de enfermedades o plagas de animales, tomando en cuenta, entre otros factores:
I. La presencia de plagas o enfermedades en la zona;
II. Las condiciones geográficas y de los ecosistemas, y
III. La eficacia de las medidas zoosanitarias que se hayan aplicado, en su caso.
Artículo 15. Las medidas zoosanitarias que la Secretaría establezca, serán las necesarias para asegurar el nivel de protección adecuado, para lo cual, deberá tomar en consideración el análisis de riesgo, las características de la zona en donde se origine el problema y las de la zona a las que se destinen los animales, productos o subproductos, así como los productos químicos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos.
CAPITULO II
De los productos y subproductos animales y de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos, y alimenticios, para uso de animales o consumo por estos
Artículo 16. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir:
I. Los productos y subproductos animales, así como los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos y su proceso, que constituyan un riesgo zoosanitario; y
II. Los envases, embalajes y la información zoosanitaria que deberán contener las etiquetas de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que impliquen un riesgo zoosanitario.
Las normas oficiales fijarán tanto los límites máximos permitidos de residuos de antibióticos, compuestos hormonales y químicos, como el tiempo de eliminación de los mismos, en animales vivos y sus productos y subproductos.
CAPITULO III
Del trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de animales
Artículo 17. La Secretaría expedirá las normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias para:
I. El trato humanitario, y
II. El cuidado zoosanitario para que todo poseedor de un animal lo inmunice contra las enfermedades transmisibles de la especie prevalecientes en la zona, así como le proporcione la alimentación, higiene, movilidad y albergue ventilado necesarios, a fin de asegurar su salud.
CAPITULO IV
De los establecimientos
Artículo 18. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir y conforme a las cuales deberán operar los siguientes establecimientos:
I. Aquéllos en donde se concentren animales, con motivo de ferias, exposiciones o eventos similares;
II. Los destinados al sacrificio de animales;
III. Los que produzcan, empaquen, refrigeren, fabriquen o expendan productos o subproductos animales o alimentos procesados para consumo de animales, que representen un riesgo zoosanitario. Cuando éstos, además, se destinen al consumo humano, la Secretaría participará en la elaboración de la norma que expida la Secretaría de Salud;
IV. Los que fabriquen o expendan productos químicos, farmacéuticos o biológicos, para uso en animales, y
V. Los hospitales, clínicas veterinarias, laboratorios de pruebas o diagnóstico y demás que presten servicios zoosanitarios.
Artículo 19. Los propietarios de los establecimientos a que se hace referencia el artículo anterior, deberán dar aviso de inicio de funcionamiento a la Secretaría, proporcionando su nombre y el domicilio del establecimiento correspondiente, dentro de los quince días naturales siguientes a la apertura del mismo.
Dichos propietarios, así como, en su caso, el administrador único o los encargados de la administración, serán responsables del cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los establecimientos correspondientes y estarán obligados a proporcionar las facilidades necesarias al personal de la Secretaría para verificar el cumplimiento de dichas normas.
Artículo 20. Las plantas de sacrificio de animales, deberán tener a su servicio, durante las horas laborables, un médico veterinario aprobado cuando menos.
Dichos establecimientos así como las industrializadoras, empacadoras y frigoríficos podrán utilizar la denominación "Tipo Inspección Federal" como símbolo de calidad de sus productos y subproductos, cuando su proceso productivo se ajuste a las normas oficiales y su calidad zoosanitaria esté certificada por un organismo de certificación aprobado.
CAPITULO V
De la movilización, importación y exportación
Artículo 21. Podrá realizarse libremente en el territorio nacional toda movilización de animales, sus productos o subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, salvo lo previsto en las normas oficiales a que se hace referencia en el siguiente párrafo.
La Secretaría expedirá normas oficiales en las que establezca los casos en que la movilización e importación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos,
químicos y farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, requieran de certificado zoosanitario, en razón del riesgo zoosanitario que impliquen. En el caso de importaciones, estas normas deberán ser expedidas conjuntamente con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los términos de la ley de la materia.
Cuando los animales, sus productos o subproductos y los productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, sean portadores de plagas o enfermedades o estén contaminados, únicamente se expedirán certificados zoosanitarios, para fines de tratamiento, investigación, sacrificio o destrucción.
Artículo 22. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias, que deberán reunir:
I. El traslado de animales por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, cuando impliquen un riesgo zoosanitario; y
II. Los vehículos en que se transporten animales, sus productos y subproductos, así como productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, cuando impliquen un riesgo zoosanitario.
Artículo 23. La expedición de los certificados zoosanitarios estará sujeta al cumplimiento de los requisitos que se fijen en las normas oficiales correspondientes, considerando los diferentes niveles de riesgo que implique la movilización, de acuerdo a la zona.
En todo caso el certificado de importación bastará para llevar a cabo la movilización.
Artículo 24. Los certificados zoosanitarios deberán contener, cuando menos, los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio del propietario, poseedor o importador;
II. Lugar de origen y destino específico de los animales, sus productos y subproductos, o de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que vayan a movilizarse o importarse, así como la identificación de los mismos;
III. Mención de la norma que se cumple;
IV. Fecha de expedición del certificado; y
V. Vigencia del certificado.
Artículo 25. Los certificados zoosanitarios podrán ser expedidos por la Secretaría y, en su caso, por organismos de certificación o unidades de verificación aprobados o acreditados.
La Secretaría reconocerá o aprobará, mediante acuerdos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a los órganos reguladores y organismos de certificación extranjeros cuyas certificaciones del cumplimiento de normas oficiales serán aceptadas para efectos de importación.
Artículo 26. Los agentes aduanales, así como quienes importen o movilicen por cualquier concepto, animales, sus productos o subproductos y productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, serán responsables de comprobar que exista, en su caso, el certificado zoosanitario correspondiente.
Artículo 27. En los animales, sus productos, subproductos, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que no requieran de certificado zoosanitario, deberán mencionarse ostensiblemente durante su comercialización, las especificaciones zoosanitarias con que cumplen, sean éstas normas mexicanas, las del fabricante o del productor, las del país de origen o, en su defecto, las internacionales.
Artículo 28. La importación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que impliquen un riesgo zoosanitario, se realizará por las aduanas que se determinen en los acuerdos que para tal efecto expidan conjuntamente los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, los que deberán tomar en cuenta la infraestructura y condiciones de cada aduana y ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 29. La Secretaría podrá expedir, a petición de parte interesada, de ser procedente, certificados zoosanitarios para la exportación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, así como de cualquier otro producto.
Artículo 30. Cuando se compruebe que los productos a que se refiere este capítulo, no cumplen
con la norma oficial respectiva, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento o tratamiento; de no ser esto posible, la Secretaría ordenará, en su caso, su reexportación o, en su defecto, su destrucción a costa del propietario o importador.
CAPITULO VI
De las campañas y cuarentenas de animales y productos
Artículo 31. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las campañas y cuarentenas de animales necesarias.
Artículo 32. Las normas oficiales que establezcan campañas, deberán fijar, cuando menos, su área de aplicación; la enfermedad o plaga a prevenir, controlar o erradicar; las especies animales afectadas; su duración; las medidas zoosanitarias aplicables; los requisitos y prohibiciones aplicables; los mecanismos de verificación y métodos de muestreo; los procedimientos de diagnóstico; en su caso, la delimitación de las zonas de control o de erradicación; así como la forma de levantar la campaña.
Artículo 33. Las normas oficiales que establezcan cuarentenas, además de fijar las medidas zoosanitarias a aplicarse, deberán determinar las siguientes zonas:
I. Focal, que será el área dentro de la cual los animales infestados o infectados estarán sujetos a observación y aislamiento. Dichos animales, así como los insumos, materiales y equipo que hayan estado en contacto con ellos, no podrán ser movilizados sin autorización expresa de la Secretaría; y
II. Perifocal, que será el área dentro de la cual se vigilará que no se presente la enfermedad o plaga, así como el cumplimiento de los requisitos que deberán observarse para la movilización de animales, sus productos y subproductos.
Artículo 34. Para la aplicación de cuarentenas de productos, la Secretaría tomará las muestras correspondientes, sujetándose, en lo conducente, a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El lote de productos de donde se haya tomado la muestra, deberá quedar bajo la guarda, custodia y responsabilidad de su propietario en el lugar que designe, o en su defecto, en el que determine la Secretaría, quedando prohibida su comercialización, hasta en tanto se compruebe la inocuidad del producto.
Para efectos del párrafo anterior, la movilización de estos productos, deberá realizarse conforme a lo dispuesto por la norma oficial respectiva.
De comprobarse que el producto es nocivo para la salud de los animales, la Secretaría procederá en los términos del artículo 30 de esta ley.
CAPITULO VII
Del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal
Artículo 35. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las medidas de seguridad que deberán aplicarse al caso particular en el que se diagnostique la presencia de una enfermedad o plaga exótica de animales.
Cuando por el número de casos que se presenten, la Secretaría pueda inferir, en base al análisis de riesgo que realice, la posible aparición de una epizootia, activará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal en todo el territorio nacional o en una región específica.
Dicho dispositivo consistirá en la aplicación urgente y coordinada de las medidas correspondientes, por parte de la Secretaría y con el apoyo de los servidores públicos de los gobiernos de los estados o del Departamento del Distrito Federal y de los particulares que operen puntos de verificación, los médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, los propietarios y administradores de establecimiento "Tipo Inspección Federal", los integrantes de los comités consultivos nacionales que constituya la Secretaría, así como los integrantes del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y de los consejos estatales y regionales, de acuerdo con la norma oficial de emergencia que se expida. La Secretaría deberá justificar plenamente la expedición de dicha norma.
Artículo 36. La Secretaría podrá acordar y convenir con los gobiernos de los estados y el Departamento del Distrito Federal, así como con particulares, la creación de uno o varios fondos de contingencia, para hacer frente con agilidad, a las emergencias zoosanitarias producidas por la presencia de enfermedades y plagas exóticas o desconocidas, que pongan en peligro el patrimonio pecuario del país.
TITULO TERCERO
De la aprobación y verificación
CAPITULO I
De la aprobación
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría aprobar por materias específicas para las que se otorgue cada aprobación:
I. A médicos veterinarios, para brindar servicios como coadyuvantes de la Secretaría en las funciones de asistencia técnica y capacitación zoosanitaria a los productores; para tal efecto, deberán sujetarse a las normas oficiales que la Secretaría expida sobre el particular;
II. A organismos nacionales de normalización, para elaborar normas mexicanas de carácter zoosanitario;
III. A organismos de certificación, para expedir certificados zoosanitarios;
IV. A unidades de verificación, para verificar, a petición de parte, el cumplimiento de las normas oficiales que expida la Secretaría y expedir certificados zoosanitarios, y
V. A laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, para elaborar diagnósticos y pruebas de laboratorio.
Para la aprobación a que se refiere este artículo, la Secretaría formará comités de evaluación integrados por técnicos calificados y con experiencia en los campos de las ramas específicas.
Una misma persona podrá obtener una o varias de las aprobaciones a que se hace referencia con el presente artículo.
Se requerirá el acreditamiento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se realicen actividades relacionadas con el ámbito competencial de dos o más dependencias.
En ningún caso, las personas aprobadas podrán certificar o verificar el cumplimiento de normas oficiales respecto de actividades en las que tengan interés económico o personal.
Artículo 38. Para obtener la aprobación a que se refiere la fracción
I del artículo anterior, se deberá contar con cédula profesional, presentar solicitud por escrito y aprobar el examen de conocimientos que fije la Secretaría, previa convocatoria que realice para tal efecto, en los plazos que determine el Reglamento de esta Ley, especificando las materias sobre las que versarán los exámenes, mismas que corresponderán a aquéllas para las que se solicite específicamente la aprobación.
Tendrán derecho a presentar dichos exámenes todos los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior; su evaluación se realizará a través de mecanismos que eviten una apreciación subjetiva y obtendrán la aprobación de la Secretaría los sustentantes que obtengan la calificación requerida.
Una vez aprobados, presentarán exámenes de actualización en los plazos que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 39. Para obtener la aprobación como organismo nacional de normalización, se deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 65 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 40. Para obtener la aprobación como organismo de certificación, se deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 79 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 41. Para obtener la aprobación como unidad de verificación, en el caso de personas físicas, se deberá contar con cédula profesional en la rama en que desee ser aprobado, presentar solicitud por escrito y aprobar el examen de conocimientos correspondiente, que se ajustará a lo establecido en el artículo 38.
Tratándose de personas morales, deberán contar, cuando menos, con un profesional que haya aprobado el examen a que se refiere el párrafo anterior.
Una vez aprobados, presentarán exámenes periódicos, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 42. Para obtener la aprobación como laboratorio de pruebas, se deberá presentar solicitud por escrito y demostrar que se cuenta con la capacidad técnica, material y humana necesarias para la prestación de los servicios correspondientes, en los términos de las normas oficiales que para tal efecto expida la Secretaría.
Artículo 43. Es responsabilidad de los médicos veterinarios, organismos, unidades y laboratorios a que se refiere el artículo 37:
I. Desarrollar las actividades para las que se les faculte, conforme a las normas oficiales que se expidan sobre el particular;
II. Avisar a la Secretaría, cuando tenga conocimiento de la presencia de una enfermedad o plaga de animales, que sea de notificación obligatoria, de acuerdo con las normas oficiales que expida dicha dependencia sobre el particular;
III. Proporcionar a la Secretaría relaciones de los certificados que expida, en la forma y plazos que determine el Reglamento de esta ley;
IV. Proporcionar a la Secretaría, la información sobre los servicios zoosanitarios que preste;
V. Asistir a la Secretaría en casos de emergencia zoosanitaria; y
VI. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley de la materia, a cargo de dichos organismos, unidades y laboratorios, estén o no acreditados.
CAPITULO II
De la verificación
Artículo 44. La Secretaría podrá verificar, en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento de las normas oficiales que se señalan en esta ley.
Asimismo, la Secretaría podrá, aleatoriamente, verificar los animales, sus productos, subproductos, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que cuenten con certificado zoosanitario, con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales en materia de sanidad animal.
Las unidades de verificación aprobadas sólo podrán realizar actos de verificación a petición de parte y los dictámenes que formulen sobre el particular serán reconocidos por la Secretaría.
La Secretaría expedirá una norma oficial en la que se indique la duración normal de los procedimientos de verificación o comunicará a quien lo solicite, la duración prevista.
Serán aplicables a esta Capítulo, en lo conducente, las disposiciones del Título Quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 45. Cuando del contenido de un acta o dictamen de verificación se desprenda la comisión de un delito, deberá formularse la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
Artículo 46. La Secretaría contará con los puntos de verificación necesarios para asegurar el nivel de protección zoosanitario apropiado en base al análisis de riesgo. En ningún caso, los puntos de verificación podrán constituir barreras interestatales al comercio.
Artículo 47. Son puntos de verificación zoosanitaria, los siguientes:
I. Las aduanas;
II. Las estaciones cuarentenarias;
III. Las casetas de vigilancia; y
IV. Aquellos que se ubiquen en territorio extranjero, de conformidad con los tratados y acuerdos interinstitucionales que se suscriban.
La Secretaría podrá operar directamente las estaciones cuarentenarias y casetas de vigilancia o acordar o autorizar su instalación y operación a gobiernos de los estados y al Departamento del Distrito Federal o a particulares que así lo soliciten.
La instalación y operación de los puntos de verificación se sujetará a lo establecido en las normas oficiales correspondientes, e invariablemente existirá personal de la Secretaría.
Artículo 48. La Secretaría podrá autorizar la realización de verificaciones sobre el cumplimiento de las normas oficiales, en los términos de los tratados y acuerdos interinstitucionales que se suscriban.
TITULO CUARTO
De los incentivos, denuncia popular, sanciones y recursos de revisión
CAPITULO I
De los incentivos
Artículo 49. El Premio Nacional de Sanidad Animal, tiene por objeto reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de quienes de destaquen en la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales.
Artículo 50. El procedimiento para la selección de los acreedores al premio mencionado y las
demás prevenciones que sean necesarias, se establecerán en el reglamento de esta ley.
CAPITULO II
De la denuncia popular
Artículo 51. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que atenten contra la sanidad animal.
Artículo 52. La denuncia popular podrá presentarse por cualquier persona, bastando para darle curso, que se señalen los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.
Una vez recibida la denuncia, la Secretaría la hará saber a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados y efectuará, en su caso, las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente.
La Secretaría, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, deberá hacer del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, en su caso, dentro de los 30 días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas zoosanitarias adoptadas.
CAPITULO III
De las sanciones
Artículo 53. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.
Artículo 54. Son infracciones administrativas:
I. Incumplir lo establecido en las normas oficiales previstas en la presente ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 15 mil salarios;
II. No dar el aviso de inicio de funcionamiento a que se refiere el artículo 19 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a cinco mil salarios;
III. No tener a su servicio, en el caso de plantas de sacrificio de animales, durante las horas laborales, a un médico veterinario aprobado, cuando menos; en cuyo caso se impondrá una multa de mil a 15 mil salarios;
IV. Utilizar la denominación "Tipo Inspección Federal", sin contar con la calidad zoosanitaria certificada, en los términos del párrafo segundo del artículo 20 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 20 mil salarios;
V. No comprobar la existencia del certificado zoosanitario correspondiente, en su caso, por parte de agentes aduanales; así como por quienes importen o movilicen animales, sus productos o subproductos y productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos; en cuyo caso se impondrá multa de 500 a 10 mil salarios;
VI. Comercializar animales, sus productos, subproductos, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que no requieran de certificado zoosanitario, sin mencionar ostensiblemente las especificaciones zoosanitarias con que cumplen; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 20 mil salarios;
VII. Incumplir lo establecido con el segundo párrafo del artículo 34 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de cinco mil a 20 mil salarios;
VIII. Contravenir lo dispuesto en las fracciones II a VI del artículo 43 de la presente ley por parte de los médicos veterinarios y titulares de los organismos, unidades y laboratorios; en cuyo caso de impondrá multa de mil a 20 mil salarios;
IX. Falsificar o alterar certificados zoosanitarios, actas de verificación y demás documentos oficiales zoosanitarios; en cuyo caso de impondrá multa de cinco mil a 20 mil salarios; y
X. Las demás violaciones a lo establecido en la presente ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a mil salarios.
Para los efectos del presente artículo, por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 55. La Secretaría podrá clausurar los establecimientos hasta por 15 días, sin perjuicio de la imposición de las multas establecidas en el artículo anterior, cuando:
I. Se contravenga lo dispuesto en las normas oficiales previstas en el artículo 18 de esta ley; y
II. Se infrinja lo establecido en los artículos 19 y 20 de la presente Ley.
Artículo 56. La Secretaría podrá sancionar con la suspensión temporal o revocación:
I. A quienes incumplan con lo establecido en las normas oficiales previstas en los artículos 21, 23 y 42 de esta ley; y
II. A quienes contravengan lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley.
Artículo 57. En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las cantidades señaladas en el artículo 54 y, en el caso de las infracciones a que se refiere el artículo 55, proceder a la clausura temporal o permanente del establecimiento.
Artículo 58. Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor, debiendo conceder previamente audiencia al interesado en los términos que establezca el reglamento.
Artículo 59. Las sanciones que se señalan en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte.
CAPITULO IV
Del recurso de revisión
Artículo 60. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos resolutivos. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará por escrito dirigido a la Secretaría, en el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose de los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como de las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
Con el escrito en el que conste el recurso, deberán ofrecerse las pruebas y esgrimirse las defensas que el interesado considere necesarias para basar su dicho, siempre que tengan relación con los hechos en los que el recurrente funde su reclamación. En vista de tales pruebas y defensas y desahogadas que sean, o a su falta de presentación en su caso, la Secretaría dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación del recurso, dictará la resolución respectiva. De no hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá confirmada la resolución impugnada.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, por cuanto hace al pago de multas.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor a los 30 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga el Título Tercero y demás disposiciones en materia de sanidad animal, de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1974.
Tercero. Se abroga el decreto que Declara de Interés Público la Instalación y Funcionamiento de Plantas Empacadoras, Enlatadoras y Refrigeradoras o Almacenes Frigoríficos, "Tipo Inspección Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 1950. Las plantas "Tipo Inspección Federal" que estén operando conforme al decreto que se abroga, podrán seguir utilizando dicha denominación hasta por el término de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Cuarto. Seguirán aplicándose el Reglamento para Campañas de Sanidad Animal, el Reglamento para el Control de Productos Químico - Farmacéuticos, Biológicos, Alimenticios, Equipos y Servicios para Animales, el Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Movilización de Animales y sus Productos y el Reglamento para la Industrialización Sanitaria de la Carne, en lo que no contravengan la presente ley, durante un plazo de seis meses.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los siete días del mes de abril de 1993.- El Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Ganadería de la honorable Cámara de Diputados.
COMISIÓN PERMANENTE
El Presidente: -Para otro asunto del orden del día y por lo que se refiere a la intervención de ciudadanos legisladores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente para hacer una evaluación de los trabajos de la misma, se han inscrito varios oradores de cada partido político. Se concede la palabra, en primer lugar al diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: -Señor Presidente; compañeros legisladores senadores y diputados de esta Comisión Permanente:
Además de las facultades y atribuciones que le confieren y señalan diversos de la Constitución Federal y de nuestra normatividad interna, esta Comisión Permanente ha ido adquiriendo cada vez más, el carácter de un foro político donde se debaten por los miembros de ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión, integrantes también de los diversos partidos políticos, asuntos de gran trascendencia para la vida política de nuestras nación; también asuntos vinculados al orden internacional. Este proceso se inició con la presencia de partidos políticos diferentes al del Gobierno en este órgano, que ha ido evolucionando de manera positiva.
El Partido Popular Socialista, saluda como un acto sumamente relevante el que en esta Comisión Permanente que hoy concluye sus labores, haya dedicado buena parte de su tiempo al análisis de estos problemas tan importantes para la nación y para el pueblo nuestro.
En este marco, en este ambiente, nuestro partido ha participado externando sus juicios y opiniones en torno a diversos problemas de índole económica, de carácter social, de carácter político, de los problemas que afectan al pueblo de México, a su clase trabajadora, de lo que a juicio nuestro pone en riesgo la soberanía y la independencia de nuestra nación.
Y hoy que clausuramos formalmente los trabajos, yo quisiera, a nombre del grupo parlamentario al que pertenezco, el Partido Popular Socialista, reiterar algunos planteamientos, sobre todo con miras hacia el futuro, porque son temas que seguirán estando presentes en el debate parlamentario y en el debate público en general, de nuestro país.
Creo que independientemente de que aquí haya rechazo a la posibilidad de que la Cámara de Diputados participe formalmente en la discusión del Tratado de Libre Comercio, éste necesariamente seguirá siendo tema de nuestras disquisiciones. No sólo por las presiones que en materia laboral y en materia ecológica realiza el Gobierno de los Estados Unidos en forma paralela a la posibilidad de la firma de este Tratado, la ratificación del Tratado y a la postura del propio Gobierno mexicano, que hoy señala también como temas importantes el problema migratorio; que es parte de este proceso de presiones y resistencias en torno al Tratado.
Nuestra posición en torno a esto ha sido clara: nosotros no compartimos el proyecto de la firma de este Tratado, porque sabemos que atenta contra los intereses de México, que va a generar mayores problemas de carácter económico, mayor desempleo, mayor miseria para nuestro pueblo. Respetamos las posturas de otros partidos en torno a este tema. Pero creo que tendremos que seguirlo analizando y seguirlo refiriendo para resolverlo en función de cada uno de los objetivos que se ha planteado.
Muy vinculado a esto se encuentra el aspecto de la política económica que ha aplicado el Gobierno en los últimos 10 años. Y ha sido tema insistentemente planteado por nuestro partido, el que se rectifique el rumbo que actualmente se sigue, porque hemos dicho que si bien es cierto que la política económica neoliberal aplicada por este Gobierno, el Gobierno actual, el Gobierno Federal y el pasado Gobierno Federal, de una u otra manera contribuyó a destrabar la economía mexicana, esto ha sido gracias a un elevadísimo costo social y a un elevado costo económico.
Hace unos días señalaba el propio Presidente de la República, que la política que está aplicando, está pensada fundamentalmente para resolver el problema de sus hijos y de los hijos de los mexicanos. Esto sigue siendo una promesa, una promesa a juicio nuestro, difícil de cumplir si se continúa con esta política económica, porque los resultados de esos cuatro años y de lo que viene del futuro inmediato, siguen siendo negativos para los intereses nacionales y populares.
¿Cuáles son los resultados? Lo hemos dicho y lo reiteramos aquí, que se ha incrementado el desempleo, la miseria de nuestro pueblo, que se ha enriquecido desmedidamente al capital privado nacional y extranjero, que han crecido las inversiones extranjeras no para beneficiar el desarrollo del país, sino para obtener grandes utilidades a costa del sacrificio del pueblo mexicano.
Que el crecimiento va en descenso, que no tiene una perspectiva halagadora y que en general esto es contrario a los intereses que al menos, por lo que se refiere al Partido Popular Socialista, defendemos.
Pero creo que en los trabajos de esta Comisión Permanente, el asunto que más interés despertó en todos nosotros, independientemente de posturas políticas, es el que se refiere al tema de la reforma de carácter electoral.
Recordamos nosotros que antes de concluir el período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, acordamos los partidos políticos ahí representados, iniciar los trabajos para modificar la legislación electoral, para que podamos nosotros avanzar en este camino.
Durante estos meses, a la par que la comisión especial creada para ello analizaba mecanismos y formas de trabajo, en esta Comisión Permanente se debatieron, se intercambiaron opiniones en torno a cuestiones trascendentales vinculadas a este tema. Desde el inicio de esta Comisión Permanente, el diputado Amezcua Dromundo, a nombre de nuestro grupo parlamentario expresó que nosotros estamos en la mejor disponibilidad de contribuir a actualizar el marco jurídico electoral, que estamos dispuestos a que se aprueben nuevas reglas que le permitan al pueblo de nueva cuenta tener confianza en los procesos electorales, que eliminen la posibilidad de soluciones violentas a los mismos procesos electorales y que estas reglas nuevas sean en lo posible, colectivamente convenidas.
Reiteramos esa disposición nuestra porque pensamos que éste es un elemento esencial en el presente para contribuir a resolver no sólo los problemas electorales, sino los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas que enfrenta México en esta etapa.
Y así como señalábamos en ese inicio nuestra disposición para avanzar en ese sentido, decíamos que esto sólo será posible si legislamos en la materia con audacia, si no limitamos nuestra acción única y exclusivamente a cuestiones de procedimiento en materia electoral.
Que esa debe ser una reforma de carácter político profundo, vinculado a reformas constitucionales y a la Ley en la materia, que le dé a los partidos políticos el lugar que les corresponde en el procedo electoral y en la vida política de México.
Que seamos congruentes con lo que establece el artículo 41 constitucional. Que sean los partidos políticos los elementos fundamentales que se encarguen de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos. Porque lo dijimos en aquella ocasión y lo reiteramos ahora: mientras los procesos electorales estén en lo esencial preparados, desarrollados, vigilados y calificados por un solo partido, no estaremos dando pasos firmes en la reforma electoral, en la reforma política que nuestra patria necesita.
Decíamos también que otro eje fundamental es que logremos nosotros que el voto de los mexicanos sea un voto consciente y razonado. Que tenemos la preocupación colectiva de disminuir ostensiblemente el abstencionismo que se ha hecho presente en los procesos electorales de diversas entidades federativas. Ese es un compromiso en el cual todos tenemos que poner de nuestra parte, pero tenemos que hacerlo con nuevas condiciones, en nuevas condiciones, con nuevos métodos. Porque no se trata solamente de llevar al ciudadano a emitir su voto con base en engaños, con promesas, a cambio de algo material, sino precisamente penetrar en la conciencia del pueblo; hacerle entender que los partidos políticos son representantes de diversos intereses, que esos intereses se reflejan en sus documentos políticos, en sus programas, en sus plataformas y que cuando uno acude a votar no solamente lo hace en función de un individuo y de sus características particulares o personales, sino que esencialmente lo está haciendo en torno a un programa de Gobierno, a una perspectiva de desarrollo de la nación. Y que ése debe ser el sentido de la emisión del voto: escoger el camino por el cual nuestra patria debe transitar.
Pero para eso se requieren recursos suficientes, se requiere acceso a los medios de comunicación en condiciones de igualdad para los partidos políticos. De tal manera que se garantice, cuando menos, que cada partido pudiera hacer llegar sus puntos de vista, sus opiniones, a los ciudadanos de nuestro país.
Hablamos también de los derechos electorales de los ciudadanos del Distrito Federal. Se
tocaron en esta tribuna problemas que afectan a empresas del Estado, como el caso de la petroquímica. De la ineficiencia demostrada por empresas privatizadas, como el caso de Teléfonos de México. Y en fin, un conjunto de problemas que de seguro seguirán siendo materia de nuestro trabajo.
Pero respecto a este aspecto de la legislación electoral, quiero resaltar que a juicio del Partido Popular Socialista es sumamente positivo que por primera vez se esté dando la posibilidad de que sea este poder, el Poder Legislativo, el encargado de realizar las reforma o las reformas necesarias en materia político - electoral.
Quiero recordar también, que el hecho de que hayamos suscrito los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados el documento que crea la Comisión Especial para este asunto, en la práctica representa un compromiso, un compromiso público que nosotros adquirimos con el pueblo de México.
Y en ese sentido, aparte de ese compromiso colectivo de la Cámara de Diputados de resolver este problema político - electoral, está también el compromiso de cada uno de los partidos políticos que estamos aquí representados.
Yo quiero a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista reiterar, como lo hacía al principio, nuestra disposición a encontrar los caminos que nos lleven a la solución de este y otros problemas. Queremos poner todo lo que esté de nuestra parte, lo vamos a hacer, para que en un marco de respeto y condiciones de igualdad, logremos avanzar para la solución de los problemas de México. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias, diputado Juan Campos Vega.
Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores senadores, señores diputados:
La Comisión Permanente que hoy concluye después de 15 días de sesiones, en las que semana a semana durante esos 15 días de sesiones cada miércoles, alguno de ellos un martes, llevó a efecto 156 horas de trabajo legislativo, sesiones que rebasaron algunas de ellas las 12 horas de ininterrumpidas labores y en las que en nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana participamos en 83 ocasiones en esta tribuna.
Ha dejado a los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana valiosas experiencias y profundas reflexiones. Vivimos tiempos distintos en donde los esquemas y los actores del lejano pasado no caben ya en el proceso de transformación que urgentemente reclaman los mexicanos.
En una sociedad como la nuestra, que demanda urgentes y dinámicas transformaciones, esta Comisión Permanente y sus plurales integrantes han procurado constituirse en el fiel de la balanza que mantenga el equilibrio entre los distintos poderes de la Unión. De tal manera, esta tribuna convertida en el pasado en simple oficialía de partes, tomó ahora hoy, con manifiesta sensibilidad, el pulso de la sociedad civil que encontró en muchos de nosotros el instrumento adecuado para hacer escuchar ante la nación entera los grandes problemas que nos aquejan.
Contrario a los soporíferos discursos con que antaño se pretendía agotar el tiempo de la Comisión Permanente, mediante monótonas y estériles jornadas, ahora este órgano plural se constituyó en auténtica caja de resonancia en cuya tribuna, sin mordaza ni limitación, expresamos desde la óptica ideológica que cada fracción parlamentaria aquí representada, la propuesta de solución a los graves problemas que confrontamos los mexicanos.
¡Qué lejanos venturosamente han quedado en el horizonte los aciagos días en que la Comisión Permanente durante los recesos del Congreso Nacional se constituía en un invernadero de otoñales dinosaurios y somnolientos paquidermos que disfrutando de sus largos días de poder y desganada apatía, sólo alzaban la mano para decir sí a todo lo que el Ejecutivo enviaba o para aplaudir nombramientos, ascensos y dar el visto bueno, sin la previa discusión o la mínima reflexión a la pasarela de cargos, remociones y relevos de funcionarios a quienes se premiaba, castigaba o exhibía, según el caso!
Las efemérides y los asuntos protocolarios que fueron distintivos en las participaciones de tribuna en algunas de las pasadas comisiones permanentes, ahora fueron colocadas en segundo término para abordar primordialmente en forma directa, frontal y responsable, la intrincada problemática que sufre la nación.
En los trabajos de esta honorable Comisión Permanente se rompió el esquema de la Cámara
del silencio, de los elogios y de los aplausos mutuos, en donde solían relatarse solamente vivencias que nada tenían qué ver con nuestra realidad, discursos alusivos a un país imaginario con arcángeles, querubines, vírgenes y arpegios celestiales, tratando de hacer creer a los mexicanos que vivíamos auténticamente en un paraíso terrenal.
Parecía pecado de esa humanidad traer a esta tribuna el reflejo del clamor popular, sus quejas, sus dolores, carencias y sufrimientos. Resultaba inusitado abordar aquí frontales acusaciones en contra de diversas entidades gubernamentales y de los principales funcionarios que las componen. Venturosamente para la nación eso quedó atrás, ese tabú fue derrotado y hoy, al concluir este período de la Comisión Permanente, podemos decir sin estar plenamente satisfechos, que se ha tonificado la actividad legislativa parlamentaria, que este organismo otrora constituido en simple oficialía de partes, pues carecemos de facultades legislativas, fue tomado por el pueblo para hacer escuchar, a través de nosotros, su voz, sus llamados de auxilio y sus deseos fervientes de democracia, sacudiendo las adormiladas conciencias de quienes insensibles a nuestra realidad, aplaudían lo intrascendente hasta hacerse ampollar las manos, vertiéndolas hacia los poderosos, desatendiéndose de su compromiso popular y truncado o cambiando su honor por una prebenda.
Respetando en todo momento las razonadas discrepancias, las diferentes posiciones ideológicas, los intereses en pugna y el pluralismo político nacional, el PARM abordó esta tribuna en 83 ocasiones participando en 69 diferentes temas.
Expusimos con amplitud la propuesta parmista para el perfeccionamiento de la democracia mexicana, incluyendo aspectos fundamentales relativos a la integración de la representación política en la estructura electoral, al sistema de partidos, a las diversas etapas del proceso comicial, al padrón electoral, a lo contencioso y a las modalidades y especificaciones de la renovación política en general.
Ante los problemas que confronta la humanidad entera, opinamos que el papel que debería desempeñar la ONU no es el de fungir como celoso guardián de los intereses de algún país en especial, sino que es el de luchar porque reine la paz, el respeto al derecho internacional, hacia la soberanía de los pueblos, la concordia de las naciones, señalando que sus esfuerzos deberían ser encaminados exclusivamente hacia ese objetivo concreto y no para imponer o tratar de imponer por la fuerza el dictado y las órdenes que emanan de la Casa Blanca.
En relación a los cambios del Gabinete, expresamos que con ellos el Gobierno de la República empieza a realizar las jugadas que estima pertinentes en el tablero del ajedrez político nacional, con miras sin duda a las elecciones federales de 1994; anunciamos por nuestra parte, que mantendríamos especial atención a la conducta de los nuevos funcionarios, para calificar en su momento con toda justificación, la eficacia o el fracaso de los cambios señalados y anticipamos que el PARM, al inicio del próximo período de sesiones ordinarias, habrá de presentar un proyecto de reforma constitucional correspondiente para encontrar limitaciones al presidencialismo que todo lo agobia.
Nos manifestamos en defensa del pueblo trabajador, explotado con extenuantes jornadas de trabajo, a cambio de un salario de hambre ellos soportan sobre sus cansadas espaldas el peso de una política económica que los ha depauperizado, causando ejércitos de miseria con los soldados de desocupación; por ello tenemos la ineludible obligación de luchar denodadamente para que al menos el salario que se les otorga cumpla con los requerimientos mínimos de subsistencia a que se refiere nuestra Constitución: sustento, salud y una vivienda digna y decorosa para la familia; no es justo que si la inflación creció en 1992 en un 11%, los trabajadores sólo reciban el ridículo 7.5% de incremento salarial.
Asimismo, en esta tribuna el PARM abordó temas como la convocatoria lanzada por la SEP para una nueva redacción de los libros de texto gratuitos; denunciamos con el vigor requerido el espionaje telefónico y protestamos enérgicamente en contra del envío de desechos tóxicos provenientes de Estados Unidos y otras naciones, en perjuicio y detrimento de nuestra nación.
En ocasión del LXXVI Aniversario de la Constitución de 1917, señalamos que el mejor homenaje que podríamos brindarle sería luchar por su estricto cumplimiento, pues no es tanto el tiempo transcurrido desde su promulgación, sus principios enunciados: Sufragio Efectivo y Justicia Social, sigan siendo anhelos insatisfechos del pueblo de México, cansado de imposiciones.
En torno al LV Aniversario de la Expropiación Petrolera, manifestamos: más que celebrar con aniversarios, el pueblo de México lo que desea es que ese energético genere efectivamente bienestar para las mayorías y que su producto no sirva exclusivamente para liquidar réditos de
la deuda externa del país; simultáneamente requerimos la intervención de la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes, a fin de que se investiguen de inmediato las reiteradas denuncias de corrupción, charrismo sindical, venta de plazas, acaparamiento de contratos y otros ilícitos que afectan la vida independiente de Petróleos Mexicanos de México.
Denunciamos también las constantes agresiones, maltratos y arbitrariedades que sufren nuestros connacionales que cruzan la línea divisoria con Estados Unidos en busca de oportunidades laborales que aquí les son negadas, así como las constantes medidas que el vecino país, ha implementado en contra de productos mexicanos, como el atún, el cemento y el acero, en grave daño a la economía nacional, planteando al efecto que deben terminar de una vez por todas las actitudes amorales y agresivas de aquella nación, que pretende nuestra sumisión a cambio de la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
Sobre este tema, del Tratado de Libre Comercio y sus todavía no muy claros acuerdos paralelos, en nombre de la fracción parlamentaria abordé esta tribuna hasta en nueve ocasiones para manifestar nuestras dudas y exigir mayor información, claridad y celeridad en estos procesos, reconociendo a la vez que si bien es cierto, esta Cámara de Diputados y las comisiones de Comercio y Relaciones Exteriores han seguido con profundo interés el proceso rectificador, insistimos en que el Senado y el titular de la Secofi, deben informar al pueblo de México sobre los giros que están tomando los acuerdos paralelos y evitar cualquier negociación subterránea y lesiva a nuestra independencia y soberanía.
Por otra parte, exigimos con energía que los funcionarios responsables expliquen con claridad los motivos de fondo y los mecanismos que pretenden imponer para la desincorporación y venta de 60 plantas petroquímicas nacionales.
En forma pública, abierta y frontal, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, expresó en este podium en varias ocasiones, nuestro total apoyo e impulso al plebiscito celebrado el pasado 21 de marzo.
En materia de financiamiento a los partidos, denunciamos que tras las multimillonarias cifras ofrecidas por empresarios en apoyo del partido oficial, se encontraban encubiertos intereses lesivos a la nación, dado que se pretendía con ellos el pago de prebendas convertidas en tráfico de influencias, exención de impuestos, impunidad fiscal y la libertad de estos grupos para seguir explotando a sus trabajadores, en grave quebranto a los intereses de los sectores económicamente más débiles.
Simultáneamente, demandamos una investigación del origen de los recursos de los partidos políticos para evitar que a través de ese mecanismo de caudal económico, se filtren potencias extranjeras, empresas transnacionales o el narcotráfico internacional, con la pretensión de influir determinantemente en la conducción de los asuntos políticos que sólo a los mexicanos corresponden.
En cabal cumplimiento a nuestra responsabilidad, denunciamos en esta tribuna las irregularidades que se han venido cometiendo en la Escuela Nacional de Economía, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, donde un grupo de alumnos son blanco de arbitrariedades de algunos funcionarios de esa casa de estudios. No obstante nuestras cuatro intervenciones anteriores, a la fecha, tanto dichos estudiantes como maestros y trabajadores, no han sido ni tan siquiera escuchados en la Comisión correspondiente.
Ante el índice de la corrupción, de delincuencia y de violencia que impera en el Distrito Federal, denunciamos la serie de anomalías, abusos e irregularidades cometidas por elementos de la policía capitalina. Ante la alarmante incidencia de hechos violatorios a los derechos humanos, condenamos enérgicamente los abusos y arbitrariedades con que autoridades atropellan la dignidad y los derechos de los ciudadanos honestos.
Denunciamos la flagrante violación a las garantías individuales en perjuicio de militantes de diversos partidos de oposición, como es el caso de Leopoldo Ramírez y Jorge Conde Cantú, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; de Salomón González Posada, del Frente Cardenista; de Edmundo Pastrani, del Partido de la Revolución Democrática; de Guadalupe Oropeza, Candelaria Longoria, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; de Pedro Pérez Ibarra, dirigente de la CTM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que hoy ha tenido que refugiarse en el vecino país del norte, ante la incruenta persecución que en contra de él se ha establecido, a quienes se les ha instruido procesos al igual que a nuestro compañero diputado Servando Hernández Camacho, cuyo delito consiste en militar en la oposición.
Esto acontece en Nuevo Laredo y en Matamoros, Tamaulipas, por ello hay infinidad de ciudadanos.
que han tenido que refugiarse en el extranjero para evitar la consigna de la detención, el escarnio y la privación ilegal de su libertad.
Es indignante que las autoridades de la procuración de justicia en el país, federal o local, apliquen celeridad extrema para integrar expedientes y consignar a inocentes que no tienen medios para defenderse. Esa celeridad debería aplicarse a la persecución y castigo de los verdaderos delincuentes y hampones que andan sueltos en las calles, solapados por el influyentismo o por funcionarios corruptos y venales que se coluden para que abusando de sus ventajas victimen a la ciudadanía.
Sobre estos hechos, hemos presentado en reiteradas ocasiones nuestro enérgico llamado que hoy repetimos, a la Procuraduría General de la República y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta en ocho ocasiones, para encontrar una respuesta concreta. Respuesta a esta suspicaz y dudosa conducta, a la fecha sólo la indiferencia y el silencio, han sido la respuesta.
Alzamos la voz en esta tribuna para condenar el artero asesinato del secretario del Comité Ejecutivo Directivo Estatal en Michoacán de nuestro partido, el señor licenciado Raúl Aguirre González, crimen alevoso aún sin aclarar.
También protestamos por el secuestro del señor Leopoldo Garza Benavidez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que pone en evidencia la indefensión y la vulnerabilidad con que los ciudadanos enfrentan a las complicidades habidas entre autoridades y delincuentes, fenómeno que es muy apreciable en forma reiterada y diaria en las carreteras nacionales, que han pedido toda seguridad.
Demandamos mayor apoyo económico para la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que pudiera mejorarse el salario de sus catedráticos e investigadores y posteriormente documentamos ante ustedes las pésimas condiciones económicas en que sobreviven maestros de las diversas universidades, tanto públicas como privadas, solidarizándonos desde esta tribuna con sus justas demandas.
Nos pronunciamos también en favor de los trabajadores del Instituto Mexicano del Café, denunciando las arbitrariedades, presiones y violencia que en contra de ellos se cometen, solicitando de inmediato la intervención de las autoridades correspondientes, para darle solución justa a estas legítimas pretensiones.
Atendiendo el justo reclamo de amplios sectores de la población, documentamos y conversamos las múltiples anomalías, abusos y arbitrariedades que han venido cometiendo en perjuicio, tanto la empresa Teléfonos de México, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, las dos últimas afectando a más de 12 millones de sus contratantes.
A tiempo, como medida preventiva, hicimos un llamado a las autoridades correspondientes para que se implementaran acciones tendientes a prevenir accidentes en las carreteras nacionales en los periodos vacacionales y no concretarse sólo a relatar estadísticas de pérdida de vidas y bienes materiales.
Igualmente denunciamos los abusos de prestadores de servicios, para que fueran de una vez controlados.
Quiero aprovechar este momento en que hablamos de abusos, para denunciar el descarado atraco con que se ha venido victimando a la afición mexicana en los pasados juegos de la selección de fútbol, que sufrió impunemente los embates de la reventa, cuya hábil red haría palidecer de envidia a la mafia siciliana, ya que coludida con autoridades y policías, lucran con el entusiasmo y el derecho de los connacionales de buscar solaz y sano esparcimiento en eventos deportivos de tal naturaleza, constituyéndose su práctica y tolerancia en una vergüenza pública.
En este asunto, la fracción parlamentaria que represento haría un llamado a las autoridades responsables y respetuosamente al propio Regente capitalino, licenciado Manuel Camacho Solís, para que intervenga con prontitud y energía y evite que el próximo domingo y en sucesivos eventos, estos abusos se repitan y quienes pretendan hacerlos no queden impunes.
Si bien es cierto que nos encontramos ahora en un acto protocolario de clausura, entre ilusiones, reflectores y felicitaciones, también lo es que nuestra responsabilidad de representantes populares nos exige velar permanentemente en defensa de los intereses de la ciudadanía, por ello hago un llamado a los miembros integrantes de esta honorable Comisión Permanente, para que demandemos la inmediata intervención de las autoridades competentes, para evitar los abusos que suelen manifestarse en temporadas vacacionales, en contra de los más débiles económicamente, que tienen qué acudir como último recurso a empeñar sus prendas al Nacional Monte de Piedad, que fundara en 1775 don Pedro Romero de Terreros, para ayudar a los menesterosos.
Demandamos que se amplíen las funciones sociales de ayuda, auxilio y protección, para los cuales fue creada esta otrora noble institución y además que se realice una investigación a fondo de su funcionamiento, dado que no siempre los recursos que maneja son orientados hacia dicho fin y sí en cambio, conforme a vivencias anteriores, sus caudales han sido aprovechados por sus dirigentes y funcionarios en beneficio personal, a tal grado que algunos de ellos han tenido que ir a parar a la cárcel.
En líneas anteriores hicimos mención a la violación de los derechos humanos y a la urgente necesidad de que la procuración de la justicia debe intervenir en su defensa y reparación; aplaudimos el celo con que dicha procuración de justicia persigue a criminales y delincuentes, pero ese mismo celo lo reclamamos para la aplicación del castigo que merecen los responsables del despojo y robo cometido en abuso de sus funciones en contra de los ahorradores de la Caja Popular Los dos Laredos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Exigimos se localice y devuelva el dinero desaparecido; que se aprehenda y enjuicie a los responsables, entre ellos dos agentes del ministerio público federal, dos visitadores fiscales, varios elementos de la policía federal y una inspectora fiscal, ya que al ser afectados 5 mil ahorradores, cabezas de familia, pilar y sostén de 25 mil connacionales, fueron víctimas de la prepotencia y corrupción de malos elementos gubernamentales, pues tales acciones han causado la muerte de algunos de sus socios, el hambre y la desesperación de sus viudas, pensionados, jubilados, vendedores ambulantes, que invirtieron sus escasos ahorros, con la legítima intención de obtener ganancias para forjar un patrimonio propio y prever su diario sustento.
Lo defraudado, lo decíamos en varias ocasiones, lo repetimos en la anterior sesión, asciende a más de 50 mil millones de viejos pesos. A pesar de las denuncias presentas contra la fiscal Ana María López Sánchez y demás cómplices, ni la Procuraduría General de la República, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han pronunciado alguna solución para estos compatriotas de muy limitados recursos económicos, que mediante estas arbitrariedades y dilación en la administración de la justicia, se enfrentan a un presente y futuro inciertos, dado que el monto de lo despojado constituía su único patrimonio para su supervivencia.
Exigimos de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por encima de actitudes protocolarias o burocratizantes, su inmediata intervención.
Compañeras y compañeros legisladores: con una revitalizada actitud republicana, los miembros integrantes de esta Comisión Permanente, representantes de diversas ideologías y fuerzas políticas acreditadas en el país, destrabamos las manecillas del reloj que en el pasado se habían detenido; ajustamos al tiempo actual las hojas del calendario y atendiendo el compromiso que el destino nos plantea, superamos ataduras, compromisos y conveniencias personales y decidimos, para ventura de México entero, cumplir sin limitación de esfuerzos, riesgos y sacrificios, el compromiso adquirido con los mexicanos de luchar para ampliar los campos de la libertad, el progreso y la democracia.
Hemos sembrado la semilla de una nueva cultura en la labor legislativa; confiamos servirá de ejemplo en las nuevas labores que a partir de mañana emprenderemos en el segundo período de sesiones de la Cámara de Diputados, pero esencialmente de inspiración y guía a las nuevas generaciones de legisladores, que indudablemente habrán de venir buscando con limpieza de miras y mejor camino para México.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, expreso nuestro sincero, honesto y formal reconocimiento, al estricto ejercicio de la libertad de expresión que en esta tribuna se mantuvo, primero por Fernando Ortiz Arana y ahora por José Antonio González Fernández, en la conducción de estos trabajos de la Comisión Permanente; en la misma forma, quisiera agregar el agradecimiento de esta fracción parlamentaria para el señor licenciado Aquiles López Sosa, para el señor licenciado Mario Alberto Navarro, para el señor Héctor de Antuñano y Lora, para el señor Alejandro Azcoitia, que hoy no tuvo necesidad de hacer esfuerzos mentales matemáticos para tratar de justificar el quórum en este recinto y en la misma forma para mi estimada amiga, siempre muy admirada y respetada, doña María Elena Sánchez Algarín.
En la misma forma, queremos agradecer a todos los integrantes de esta honorable Comisión Permanente, los senadores asistentes, los diputados presentes y, obviamente, a todos aquellos que a través de su esfuerzo y colaboración hicieron posible la realización de las labores que hoy estamos a punto de concluir.
Personalmente también quiero agradecer a individuos que, no obstante su sencillez y humildad, su ausencia de escaparate y reflectores, colaboraron directamente con el suscrito, para las intervenciones que tuvimos la satisfacción de
exponer ante ustedes en la modestia de nuestras posibilidades.
Obviamente, agradecer al señor licenciado Francisco Lupián Mejía; agradecer a la señora licenciada María Estela Farías Díaz; agradecer al señor licenciado Raúl Tagle; agradecer a Arnulfo Baylón Guzmán; agradecer a la licenciada Claudia Morlet y agradecer al licenciado Marco Antonio Yepes, por el entusiasmo y el auxilio que nos brindaron en estas labores.
Asimismo, agradezco las coincidencias, apoyos y solidaridad que recibieron nuestras propuestas por parte de algunas fracciones parlamentarias, muy frecuentemente de los compañeros del PRD, muchos de ellos brillantes amigos; respetando nuestras razonadas discrepancias, considerando que muchas de ellas, por el engrandecimiento y bienestar de México, inmersos en la pasión del debate parlamentario, en varias ocasiones nos vimos confrontados.
Sin embargo y a pesar de nuestras diferencias, no perdimos el rumbo.
Aseguramos, en nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como un compromiso establecido formalmente con la nación entera, que cuando nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autonomía y nuestra libertad estén en riesgo, todos, sin distinción, como mexicanos hermanos, lucharemos en la misma trinchera en defensa de la patria.
Muchas gracias, señores.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, por sus comentarios.
Se concede ahora la palabra al diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista.
El diputado Israel González Arreguín: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, público que nos acompaña:
Creo que es profundamente claro en esta tribuna, es y ha sido el profundo respeto que ha seguido avanzando a la expresión franca y libre de los legisladores, aunque en muchas ocasiones no hayamos estado de acuerdo con lo dicho aquí.
Aunque en muchas ocasiones no hayamos estado de acuerdo con lo dicho aquí, es importantísimo el que la más alta tribuna de la nación siga conservando la apertura a las expresiones plurales del pueblo de México.
Indudablemente los escenarios económicos, políticos y sociales no permanecen estables, se van transformando y los cambios generalmente no son fáciles, sino que tienen su propia complejidad, porque los tiempos y las circunstancias son distintos.
Hoy concluimos un período más de sesiones de la Comisión Permanente. En ésta se han discutido temas muy importantes para la economía, para la política y para la sociedad de nuestro país.
Algunas de estas discusiones han sido apasionadas, otras han carecido de importancia y de muchas más hemos sacado lecciones importantes
Se ha insistido en abordar la tribuna en muchas ocasiones para ejercer presiones políticas, otras para expresar diversas denuncias y, en algunas ocasiones y hay que decirlo sin tapujos, se ha abusado de la tribuna para dirimir asuntos meramente políticos, pero meramente políticos, meramente partidarios.
En el último período de sesiones arrancamos con la nueva estrategia gubernamental que consistía en consolidar los avances de la política económica, así también nos encontramos en la necesidad de legislar en un marco de continuidad aprobando nuevas leyes y las modificaciones de otras.
Los ajustes que se hicieron al marco normativo precisamente iban dirigidos para lograr la consolidación. Lo que se ha querido consolidar es nuevamente con base en un estricto control de la inflación, la cual se busca reducir a un 7% anual, pero aun y con este pretendido control aún no se resuelve el problema de un crecimiento sano y sostenido.
La situación internacional ha sido compleja, pero también en lo interior los grandes rezagos acumulados no han sido resueltos, menos aún superados. Paradójicamente la política económica, teniendo como eje central el combate a la inflación ha tenido a dos colaboradores que han permitido que las finanzas públicas sean superavitarias y que han sido en forma expresa el Estado y los trabajadores, pero también ha provocado que los segundos se hayan empobrecido aún más; aún no se vislumbra la manera en que contribuye la élite de poder económico la cual ha sido la más beneficiada con esta política
económica. Sin embargo, también existen grandes riesgos que son necesarios marcar.
La inflación se combate en nuestro país imponiendo topes a los salarios y concertando con la iniciativa privada la nueva elevación de precios. Surge entonces que la imposición de topes sí se respeta al pie de la letra mientras que el compromiso de los comerciantes e industriales no sucede de esta manera y los precios tiene mayor flexibilidad que por lo general es hacia arriba.
No obstante, surge una contradicción con esta apreciación, los topes salariales tienen un efecto de desaceleración en el poder adquisitivo de los trabajadores. Existe hasta cierto punto retiro de circulante o limitación de éste, lo que implica que los consumidores dejen de comprar y propicien que los precios de los artículos sean sujetos a relativas ofertas y descuentos.
La estrategia comercial de oferta y descuento empieza a aparecer en forma insistente, lo que provoca una competencia entre comerciantes e industriales. El fenómeno "dejar hacer, dejar pasar", desgraciadamente está aflorando en forma casi permanente en nuestro país.
En esta competencia empiezan a perder los que menos competitividad han adquirido o que sus posibilidades económicas para sostener una oferta son mínimas. Se empieza a reducir significativamente la participación en el mercado y se fomenta la concentración de actividades comerciales y económicas en una aun más reducida élite de poder económico.
Así podemos tener la seguridad que lo expresado por el doctor Aspe hace unos días no sólo es cierto en el sentido de tener una inflación similar a la que tiene nuestros principales socios comerciales en el exterior y que también se puede dar, sino que ya está sucediendo una pérdida deliberada de los precios por falta de poder adquisitivo de la población.
El problema no solamente se traduce en bajos salarios, sino que también en la falta de empleo; difícilmente podemos dar una cifra cierta de desempleo, pero vislumbramos que éste es grave cuando crece de manera acelerada el sector informal de la economía sobre el sector formal.
Las estadísticas pueden ser ciertas, pero también pueden ser maquilladas; pero no pueden manejarse parcialmente y al libre albedrío para argumentar que se ha avanzado en la generación de empleos.
Hemos insistido que las cifras del IMSS, que son a las que se refiere el Gobierno Federal, no son un indicador que permita decir que se está superando el desempleo, porque no todos los trabajadores son registrados en esta institución; no existe una verdad que permita argumentar un incremento en el nivel de empleo.
Nuestra fracción parlamentaria ha estado de acuerdo desde 1989 con la reactividad del gasto social y el propósito de aumentarlo hasta significar el 50% del gasto programable; nos interesa sobremanera que el gasto tenga un sentido social, pero también interesa que se superen los grandes rezagos sociales y que se salde la gran deuda social que nuestro país tiene.
No vemos el porqué, pese a los incrementos en gasto social, aún persiste una política de gasto restrictiva en el gasto sectorial; no contemplar grandes avances en los niveles de gasto sectorial es contradictorio con los objetivos centrales de la política económica y que se traducen en productividad, competitividad y empleo. Esta contención no es explicable cuando se tiene un superávit fiscal.
La política de ingresos ciertamente ha mantenido permanencia y certidumbre en la política fiscal, lo cual necesariamente ha fortalecido a la balanza de capital; los avances en la política de ingresos indudablemente han contribuido para convertirse en un factor de desarrollo; sin embargo, podemos vislumbrar también dificultades. Dentro de la política fiscal se ha privilegiado a la especulación financiera y se ha castigado al capital productivo con tasas de intereses muy elevadas. Esto demuestra que la inversión en cartera ha sido en los últimos años superior a la inversión productiva.
¿Cómo puede aspirarse a un crecimiento sano y sostenido cuando los sectores productivos son castigados con créditos o financiamientos altamente onerosos? Nosotros lo señalamos, la experiencia de globalización muestra que la liberalización comercial es un proceso paradójico: protección frente a los adversarios comerciales y acuerdos con los socios.
La historia económica de nuestro país durante decenios nos ha demostrado que el aparato productivo nacional estuvo casi aislado de la competencia, de ahí que es muy importante justipreciar los avances y problemas de una liberalización comercial súbita y casi total. Esto ha quedado claro desde la integración comercial al GATT; ciertas empresas han salido avantes, pero otras industrias que no se han reconvertido
han tenido que abandonar la actividad económica.
A estas alturas, aún existen ramas que no han efectuado las transformaciones productivas que las hagan competitivas, empresas atadas por los bajos costos salariales a una tecnología obsoleta.
La política comercial de avanzada, no hay duda, no se ha correspondido con una similar en el ámbito político industrial. Los problemas económicos que hoy se agrupan en los síntomas recesivos no son ajenos a la lógica de la estrategia gubernamental; no son tan sólo derivados de una coyuntura internacional adversa; nos preocupa la relativa debilidad del crecimiento económico; por desgracia, parece que no escapamos al mito de que cada vez que la economía mexicana crece, significativamente aparecen problemas en las cuentas externas y resurgen los obstáculos estructurales.
Por ello, en el crecimiento sano y sostenido todavía queda un largo camino por andar; nos falta avanzar para decir que se ha consolidado el rumbo del crecimiento, para decir, sin temor, que en la estrategia del desarrollo se ha conseguido un éxito indiscutible. Hay limitaciones muy serias en la política económica; no se ha completado la estabilización, pero sobre todo, persiste la deuda social con los principales y verdaderos hacedores de la riqueza en el país: con los trabajadores de México.
Nuestra fracción parlamentaria marcaba en el período de sesiones ordinarias pasado, que la política económica había llegado a sus límites y que también tenía grandes contradicciones. Hoy, las hemos mencionado nuevamente por lo que creemos que la política económica no debe de tener continuidad. Es necesario cambiar la estrategia económica para que permita la recuperación del salario, favorecer la inversión productiva, combatir rezagos estructurales y regionales que frenan el desarrollo, fortalecer el mercado interno y distribuir de manera más equitativa mediante una reforma fiscal progresiva.
En materia de política interior, las cosas no andan mejor, en los últimos meses por desgracia, no presenciamos avances, al contrario vimos serios retrocesos. En las últimas elecciones celebradas en Hidalgo, Quintana Roo y Guerrero, apreciamos el avance del abstencionismo, del antipartidismo y del bipartidismo. Situación que nos preocupa es que algunas organizaciones políticas han contribuido con sus actitudes negativas, a fomentar estos fenómenos. Pero también se presentan porque persisten dudas del sistema electoral o en las instituciones o en las reglas, sin transparencia y seguridad respecto a la fuerza del sufragio, no podremos avanzar hacia una verdadera democracia política, por ello continúan los conflictos poselectorales, las negociaciones populares, los forcejeos presucesorios, el ajuste de cuentas, en fin, la incertidumbre.
A pesar de los avances de esta administración, encontramos problemas, los vemos en la política y en la economía, las soluciones de fondo planteadas en la toma de posesión del actual Gobierno, todavía no toman forma definitiva y, más aún, algunas enfrentan serias dificultades. Es necesario reorientarlas, cambiar de rumbo ahí donde sea necesario.
Las presiones políticas de la élite del poder económico, centrada en la especulación financiera, arrecian; en el ámbito de la política internacional, las cosas también son difíciles; las relaciones con los Estados Unidos, en vez de atemperar las presiones, han aumentado.
En materia política insistimos, se impone una nueva reforma política, las cosas se encuentran en marcha y de la que esperamos exista un consenso de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, para lograr una reforma política integral que no se agote en los primeros procesos electorales y que permita que nuestro pueblo alcance un sistema más democrático que incluya a la sociedad y no sólo a los partidos; que impulse al federalismo y el equilibrio entre los poderes de la Unión; que haga más equitativa la participación de los partidos políticos; que se impongan topes financieros a las campañas de los mismos; que no permita el avance de los fenómenos del abstencionismo, bipartidismo y antipartidismo; tenemos que avanzar para tener procesos electorales transparentes y democráticos; procesos electorales definitorios y no que sean estos procesos, simples plataformas de lanzamiento, de intolerancias y oportunismos.
Surgió también en esta Comisión Permanente, la discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos; así también se denuncian financiamientos dudosos y de fuentes externas hacia algunos partidos políticos.
Consideramos que en la reforma política debe quedar perfectamente regulada la forma de financiamiento de los partidos políticos. No se puede tolerar que los partidos se financien del exterior y supuestamente con recursos generados y actividades ilícitas, como el narcotráfico o del fraude, que en esta Comisión salió a relucir.
Tema importante que fue ampliamente discutido, fue el referente al plebiscito convocado por algunas personalidades. Los resultados de esta consulta, lo vimos, mostraron el fracaso que se tuvo; reiteramos que estos resultados no pueden formar parte central de la reforma política para el Distrito Federal, aunque pueden considerarse como un termómetro de lo que piensa una reducida y muy definida parte de la población capitalina.
Es este último período de sesiones de la Comisión Permanente, también nos encontramos con un cambio en la Presidencia de la Gran Comisión. Esto necesariamente, aunque se diga lo contrario, implica también los cambios en la forma y contenido de los trabajos legislativos; nos preocupa que los trabajos iniciados de la reforma política y los trabajos de concertación que había realizado Ortiz Arana, vayan a sufrir frenos y que no se pueda avanzar hacia el consenso de todas las fracciones parlamentarias. Esperamos que la nueva Presidencia camine hacia hacer valer la concertación entre las fuerzas políticas y poder continuar legislando mediante la obtención del consenso. Para nosotros es importante la pluralidad total en la Cámara de Diputados y no la concertación entre dos o tres partidos políticos.
La condición general en estos momentos, de incertidumbre en los destinos nacionales deberá ser un pacto nacional para la democracia, el crecimiento y la justicia social; un pacto que garantice la transición productiva, democrática y soberana que todos deseamos y en la que todos en alguna forma u otra, estamos comprometidos.
Nuestra fracción parlamentaria ha estado interesada en analizar y comprender las cercanías con las fuerzas políticas de la nación. Con todas ellas hemos dialogado y no nos asustan, en ocasiones, las similitudes de nuestro programa con el Gobierno; no nos asusta porque somos una fuerza responsable, capaz de dirimir en cualquier tribuna los aciertos y errores de éste. Estamos abiertos a todo aquello que impulse la democracia; no debe de excluirse a nadie. El pluralismo político es la opción para avanzar en serio y poder contribuir a que la paz de la nación se fortalezca y no el que se quieran aprovechar situaciones muy insignificantes, en ocasiones, para simplemente provocar o pretender provocar desequilibrios en los estados o en la nación. Conminamos a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos para que sea ya la concordia, para que sea ya un verdadero análisis en la problemática nacional, la que ayude a dirimir los conflictos entre los partidos políticos y no pretender hacer pasto fértil a la sociedad de enfrentamientos que a lo último a lo único que contribuyen es al debilitamiento de nuestra nación. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias, diputado Israel González Arreguín.
El Presidente: - A continuación se concede la palabra al diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente, estimadas compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos que nos acompañan en esta sesión de clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Voy a dar lectura al balance que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha realizado respecto a las actividades de la Comisión Permanente, en el período enero - abril de 1993.
Hoy concluyen los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A lo largo de varios meses, la más alta tribuna de la nación fue testigo de intensos debates sobre la reforma política y la transición democrática. En varias ocasiones nuestro grupo parlamentario destacó sus propuestas y emplazó al PRI a presentar las suyas ante la Comisión Plural para la Reforma Electoral e insistimos y continuamos insistiendo en la necesidad de acelerar el trabajo de dicha comisión.
En su oportunidad, criticamos las declaraciones del Secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, en el sentido de que no se modificaría el control gubernamental de los procesos electorales. Denunciamos las incongruencias de un proceso de fotocredencialización, que refleja bajos resultados en zonas urbanas con gran presencia de fuerzas opositoras y grandes avances en zonas rurales de difícil acceso, bajo control de caciques y de terratenientes.
En su momento, al conocer la pretensión del Partido Revolucionario Institucional de obtener más de 750 millones de dólares de las contribuciones de un pequeño número de grandes empresarios, expresamos, junto con otras fuerzas políticas, nuestra enérgica condena a estas formas ilegítimas de obtención de recursos por ser contrarias a la ley y a las instituciones republicanas del país.
El anuncio de que este partido reducía el monto de dichas aportaciones, dejó intacto el debate sobre el financiamiento de partidos, ya que el tope de mil millones de pesos antiguos y el conjunto de sus iniciativas en materia de financiamiento de partidos aún son contrarias a los principios democráticos.
En dos ocasiones un legislador del partido oficial, con gran despliegue propagandístico, recurrió a acusaciones infundadas contra el PRD por supuestos financiamientos ilegales. Con toda oportunidad dimos respuesta clara y contundente a estas aseveraciones, demostramos su falsedad y denunciamos la forma parcial en que fue manejado este asunto por algunos medios de comunicación.
El debate sobre la democratización del Distrito Federal, los problemas de contaminación en el Valle de México y las demandas de sus habitantes en materia de vivienda, empleo, servicios, seguridad y justicia, ocuparon un lugar importante en nuestros trabajos parlamentarios.
Particular relevancia tuvieron las diversas posiciones sobre el significado del plebiscito, convocado por un grupo plural de asambleístas y que contó con el apoyo de agrupaciones ciudadanas. En él se pidió a la población del Distrito Federal expresar su opinión sobre la creación del estado 32, la elección directa de sus autoridades y la constitución de un congreso local.
La ciudadanía venció el silencio oficial y por una abrumadora mayoría se manifestó en forma positiva a las tres preguntas formuladas. Esto fortaleció la lucha por la restitución de los derechos políticos a los habitantes del Distrito Federal y derrotó posiciones oficialistas que pretendieron restarle legalidad a la consulta, en aras de mantener un statu quo que reproduce un sistema antidemocrático de Gobierno.
La comunicación entregada a la Comisión Permanente por los asambleístas que organizaron el plebiscito, constituye un documento que debe ser tomado como base en la discusión de la reforma política en la Ciudad de México. Nuestro partido seguirá defendiendo los resultados de esta consulta.
Los legisladores del PRD hemos presentado diversas propuestas para el financiamiento equitativo de los partidos políticos:
Creación de organismos electorales autónomos del Gobierno e imparciales.
Democratización de los medios de comunicación.
Respeto al voto con personal electoral apto, honrado y profesional, y con garantías de acceso a las urnas, que aseguren la igualdad de los ciudadanos para la emisión del sufragio.
Mecanismos de impugnación sencillos y oportunos.
Supresión de toda instancia calificadora en que pueda alterarse el sentido del voto ciudadano y creación de un padrón electoral, depurado y confiable, con adecuados métodos de verificación y control por ciudadanos y partidos políticos, garantizando la inclusión de todos los mexicanos con derecho y la exclusión de electores falsos.
Estas son las condiciones mínimas para avanzar hacia la desaparición del corporativismo y del régimen de partido de Estado e impulsar en las elecciones federales de 1994 un tránsito ordenado y pacífico a un sistema auténticamente democrático.
El Presidente: - Si me permite el señor orador. Le rogaría a los presentes que guarden silencio, por favor, para estar atentos a los comentarios y al discurso del orador en turno. Gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Gracias, señor Presidente.
Una de las funciones de la Comisión Permanente es aprobar o rechazar, en su caso, el nombramiento de embajadores y cónsules que realiza el titular del Ejecutivo Federal.
En varias ocasiones nuestro grupo parlamentario cuestionó los criterios del Ejecutivo para realizar dichas designaciones y sostuvo que la columna vertebral del servicio exterior mexicano debe estar integrada por funcionarios de carrera. Criticamos, además, que no se entregara a todos los integrantes de la Comisión Permanente curricula y dictámenes en forma oportuna.
En ciertas ocasiones se consideró que el embajador designado no reunía los requisitos que exige la elevada responsabilidad de representar a nuestro país ante un Gobierno extranjero, por carecer de experiencia y formación en el ámbito internacional y/o por tener sólo un perfil y una trayectoria como funcionario del partido oficial o de gobiernos locales. En consecuencia, votamos en contra de los embajadores propuestos para Israel, Francia e Italia.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los acuerdos complementarios y la situación económica nacional fueron temas que analizó nuestro grupo parlamentario.
Desde el 6 de enero del presente año cuestionamos la reforma monetaria y el desconcierto de amplios sectores de la población, así como los abusos de comerciantes. De común acuerdo con todas las fracciones parlamentarias, pedimos al Ejecutivo intensificar la vigilancia para castigar abusos.
Además, al referirnos a la solicitud de Carlos Salinas para ausentarse del país a fin de entrevistarse con Bill Clinton antes de su toma de posesión como Presidente de los Estados Unidos, destacamos la necesidad de defender los intereses de la nación en la negociación de los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral, no aceptando presiones intervencionistas que limitaran nuestra soberanía y exigimos se incorporara a la agenda de negociación los derechos de los mexicanos residentes en Estados Unidos y el reconocimiento explícito de las asimetrías, estableciendo fondos compensatorios para el desarrollo de sectores y regiones afectados por la integración económica.
Expusimos críticas fundadas al Tratado de Libre Comercio que ha negociado. Formulamos una excitativa para que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminara nuestra iniciativa de reformas a la Constitución, para dar facultades a la Cámara de Diputados para debatir y, en su caso, aprobar o rechazar tratados internacionales.
Al respecto, debemos reconocer la celeridad con que se atendió esta petición, ya que con una inusitada rapidez la mayoría de legisladores del PRI desecharon nuestra propuesta y otras similares con argumentos jurídicos que juzgamos endebles.
En cambio la iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras de Comercio e Industria que el PRD presentó el pasado 17 de febrero, con el objetivo de eliminar la obligatoriedad en la afiliación de empresarios a las cámaras patronales y las diversas formas de intervención gubernamental en su vida interna, aún no ha sido dictaminada y ni siquiera fue entregada a los miembros de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
Reiteramos exigencias en el sentido que se dé trámite legislativo a ésta y otras iniciativas formuladas por el Partido de la Revolución Democrática.
Presentamos propuestas en materia laboral y ambiental, llamando al Gobierno a dialogar con nuestro partido y con distintos sectores políticos y sociales del país, sobre el contenido de estos acuerdos, a fin de que la posición mexicana fuera resultado de nuestro consenso.
Durante meses, la única respuesta ha sido el silencio y la reiterada negativa de varias dependencias del Ejecutivo Federal a informar los términos de la negociación trilateral, situación que persiste hasta la fecha.
Llamamos a defender nuestra planta productiva, frente a las presiones proteccionistas de Estados Unidos a imponer en forma arbitraria y unilateral impuestos extraordinarios al acero de México y de otros países y pedimos y seguimos exigiendo la aplicación de mecanismos extraordinarios de salvaguardas y de medidas antidoping para proteger la industria y la agricultura nacionales.
Analizamos el Informe de Finanzas Públicas del último trimestre de 1992 y destacamos los graves desequilibrios que experimenta la economía mexicana por el elevado déficit comercial y de cuenta corriente y la técnica de esa dependencia en que se ha creado respecto a la inversión extranjera mayormente orientada a Bolsa de Valores, como medio de mantener un precario equilibrio macroeconómico. Destacamos el impacto devastador que han tenido las políticas antiinflacionarias, cuya apertura comercial indiscriminada agrava la crisis social de los niveles de vida, empleo e ingreso, de amplios sectores de la población y la profundización de la desindustrialización y la crisis agrícola.
Llamamos a abandonar las estrategias neoliberales, impulsando un crecimiento ordenado, justo y soberano. Finalmente, al término de la marcha de los campesinos laguneros, llamamos a defender al campo mexicano con aumento de inversión pública en desarrollo rural, incremento de precios agrícolas, créditos baratos oportunos y suficientes, cancelación de cartera vencida y apoyo a proyectos productivos.
De todas estas intervenciones, la respuesta frecuente fue sólo la apología de la política económica gubernamental.
Destacado lugar ocupó el debate de conflictos políticos poselectorales, la defraudación de la voluntad popular en Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero fue denunciada por nuestro partido y por otras fuerzas opositoras. La respuesta fue siempre la misma, no se reconoció la existencia de prácticas
fraudulentas y se recurrió particularmente en el caso de Guerrero a la descalificación de las justas protestas ciudadanas; no fue escuchado ningún llamamiento a limpiar los procesos electorales, el resultado de todo esto es que aún siguen vivas diversas movilizaciones ciudadanas en Guerrero y otros estados de la República.
Visto en perspectiva, resalta la importancia que tuvo la denuncia de los graves problemas sociales que aquejan a amplios grupos ciudadanos de todas las regiones del país. En nuestro salón de sesiones se manifestaron trabajadores injustamente despedidos de Inmecafé, maestros de la UNAM luchando por un salario justo, estudiantes de la Escuela Superior de Economía, del Instituto Politécnico Nacional que exigían detener la escalada de violencia, sanciones y represión contra el movimiento estudiantil democrático, ciudadanos del DF., expresando su apoyo al plebiscito; colonos en lucha por la regularización de sus predios, en fin, la lista sería extensa.
Simultáneamente nuestro partido y diversos grupos parlamentarios presentamos numerosas denuncias, formulamos en forma aislada o conjunta diversas declaraciones políticas y suscribimos variados puntos de acuerdo. En casi todos los casos, estos pronunciamientos fueron ignorados por las autoridades competentes, incluso aquellos que habían sido apoyados por los seis grupos parlamentarios.
Salvo casos excepcionales como la rápida y valiente respuesta que dio la Procuraduría General de la República a declaraciones formuladas en la Permanente sobre el grave problema de los secuestros y en relación a los sucesos acaecidos en Hermosillo, donde una madrina asesinó a varias personas, en términos generales se puso de manifiesto la insensibilidad y el desprecio de diversas dependencias y del titular mismo del Ejecutivo, al máximo órgano del Poder Legislativo Federal en los periodos de receso de ambas Cámaras.
Pedimos concertación y respeto a los estudiantes del Politécnico y la respuesta fue la expulsión de varios de ellos. Solicitamos respeto a los derechos humanos del dirigente de los burócratas tabasqueños, Aquiles Magaña y se respondió con su encarcelamiento y secuestro.
Demandamos protección a las conquistas laborales de los trabajadores del Inmecafé y Euzkadi y se respondió con nuevas violaciones. Solicitamos proteger los intereses de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la reestructuración de la empresa y a los pocos días nos enteramos que serán despedidos más del 30% de los empleados de la Compañía de Luz.
Demandamos aumento del presupuesto a la UNAM y la respuesta fue el silencio gubernamental. Pedimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proteger los intereses de los usuarios de Telmex, y a la fecha la situación sigue igual o peor.
Los legisladores del PRD exhortamos a detener el proceso de privatización de las plantas petroquímicas propiedad de Pemex y pedimos información al respecto y a las pocas semanas leemos en la prensa un discurso del Secretario de Energía y Minas ofreciendo en Estados Unidos, a inversionistas extranjeros, la privatización de dichas plantas.
En suma, la lista es extensa y en muchos casos los resultados son desalentadores; los oídos sordos del Ejecutivo, son prueba inobjetable de autoritarismo respecto a los representantes de la nación.
Caso distinto lo constituyen diversas declaraciones firmadas por varias fracciones parlamentarias, incluido el PRD, que de manera diversa expresaron tomas de posición sobre asuntos internacionales y cuyo significado es ante todo de carácter político, tales como la condena al bombardeo al pueblo iraquí el pasado mes de enero; la solidaridad con la protección de los refugiados guatemaltecos que retornaron a su tierra natal; el apoyo a los Acuerdos de Paz en el Salvador; la exigencia al Gobierno de Estados Unidos, de cumplir el Convenio de la Paz en lo relativo a la prohibición de la instalación de desechos tóxicos en áreas cercanas a la frontera con México; el llamamiento a la gobernadora de Texas para que fuera suspendida la ejecución de Ramón Montoya.
Advertimos, sin embargo, que esas resoluciones por positivas que sean en sí mismas, no debieran ser utilizadas como cortina de humo para ocultar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en nuestro país.
Queremos también subrayar las coincidencias que tuvimos en esta tribuna con parlamentarios de diversos partidos, primordialmente con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en algunos y distintos casos, con las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista y el Partido Acción Nacional. Con los representantes de la mayoría, coincidimos en declaraciones que
si bien abordaron temas relevantes, no afectan sin embargo el sistema hegemónico y no modifican en lo fundamental aspectos sustanciales de la actuación gubernamental.
Deseamos finalizar nuestro balance de los trabajos de la Comisión Permanente, reiterando lo expuesto el pasado 3 de febrero al conmemorarse el LXXVI Aniversario de la Promulgación de la Constitución. La base de un proyecto nacional independiente, está en los postulados del constituyente de 1917. Nuestra Carta Magna es el sustento de un proceso ordenado y pacífico de transición a la democracia, donde se ejerza la soberanía popular a través del respeto al voto ciudadano, única base para la formación de órganos de Gobierno legítimamente constituidos.
La democratización del país es el fundamento de la defensa de la independencia y la soberanía nacional; la condición indispensable para la estabilidad social y la paz pública, es el respeto a los principios constitucionales. Cuando las autoridades se niegan a respetar la voluntad popular, se rompe el estado de derecho y se generan movimientos y protestas de los ciudadanos, que pueden desembocar en actos que alteran la paz pública. Los órganos de Gobierno a nivel federal, estatal y municipal, deben respetar las normas que establece la Constitución y defender sus principios.
Los procesos electorales realizados de 1989 a 1993 en Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Durango, Oaxaca y Sinaloa; las elecciones federales de agosto de 1991 y recientemente los comicios en Guerrero, muestran que la defraudación de la voluntad popular genera una grave inestabilidad social y debilita el Pacto Federal. Las imposiciones autoritarias de gobiernos ilegítimos, atentan contra las bases constitutivas de la República. El respecto a la soberanía popular, al voto y la realización de elecciones libres del control gubernamental, son condiciones indispensable para el tránsito a la democracia.
El Gobierno tiene la oportunidad histórica de concertar, con el conjunto de las fuerzas políticas de la nación, una profunda reforma de la legislación electoral, revitalizando la Comisión Plural creada para este propósito en la Cámara de Diputados y mostrando verdadera voluntad política de pactar una transición democrática, que permita que en las elecciones federales de 1994, el pueblo de México elija a un Presidente de la República y a un Poder Legislativo Federal, en forma libre, autónoma y soberana. Si persistiera su negativa a escuchar las aspiraciones de la nación y su oposición a una profunda reforma democrática, la propia integridad de la República estaría en peligro.
Por el bien de la patria emplazamos al Gobierno a cumplir su cita con la historia y a tener el valor y el patriotismo de abrir una nueva página de la vida nacional, respetando la democracia, la voluntad popular y los principios constitucionales. Esto permitirá fortalecer la soberanía e independencia de México.
Democracia ya. Patria para todos. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
Para finalizar la ronda de oradores, se concede la palabra al diputado Rodolfo Becerril, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Muchas gracias, señor Presidente, compañeros legisladores miembros de la Comisión Permanente:
Termina el primer período de sesiones de esta Comisión, correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo. En este período y señalo sólo lo más importante se constituyeron 35 comisiones de cortesía, se ratificaron los nombramientos de cuatro embajadores, seis de cónsules generales y otros tantos de honorarios; se concedieron 10 permisos para usar condecoraciones; se suscribieron 18 puntos de acuerdo, se emitieron 26 declaraciones políticas y en más de 100 horas, 541 oradores debatimos en torno a los temas y los acontecimientos de la agenda política nacional y de la vertiginosa y dinámica vida social y económica que día con día vive la República.
No cabría hacer un recuento pormenorizado de ese intenso trabajo que, por otro lado, queda consignado en el Diario de los Debates. Sí conviene en cambio subrayar que en estas jornadas, en las que permearon vehemencia, pasión, razones, argumentos y hasta humor, todos los legisladores cumplieron con su responsabilidad y ejercieron su libertad para analizar, desde su perspectiva partidaria y personal, la cambiante circunstancia nacional.
Consensos y disensos a la hora de enfrentar nuestros renovados problemas; diferencias de perspectiva política, cuyo origen con frecuencia, aunque no siempre, es más de énfasis que de esencias, más de sesgos que de abismos, más de inclinaciones moderadas que de posiciones irreductibles, contribuyeron a elevar, desde nuestra perspectiva, la cultura democrática de la nación.
Debates sobre el sistema de partidos, sobre la situación económica nacional, sobre el acuerdo trilateral de Libre Comercio, sobre el plebiscito en el Distrito Federal, sobre el cambio democrático, sobre la contaminación, sobre la Reforma Política, para solo citar los de carácter más general; no hicieron más que poner de manifiesto los temas de la agenda nacional y las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Los debates también pusieron de manifiesto que una nación que delibera y debate, que discute y polemiza, lucha por los cambios posibles y porque cambien las circunstancias para hacer posibles otros cambios.
Aquí, los representantes populares discutimos y polemizamos, debatimos y deliberamos con libertad, con racionalidad y con tolerancia, sin más normas y límites que aquellos que la propia Ley Orgánica y su Reglamento determinan, con una muy atinada conducción de los debates por parte, primero de Fernando Ortiz Arana y después de José Antonio González Fernández.
Nos tocó asumir la representación de una sociedad cada vez más activa, demandante, participativa y crítica. A los afanes de esa nueva sociedad, la Comisión Permanente buscó siempre responder en sus trabajos y debates, pasión en los mismos, pero también reflexión, contraste de principios, confrontación de tesis, discusión de proyectos, pero también mesura y respeto, riqueza de ideas de unos y otros, de todos los partidos y esfuerzo, muchos esfuerzos para consensarlos.
Si la política es también recepción de ideas y esfuerzo para que adquieran vigencia por el mandato y por el poder del pueblo, aquí hicimos todos nuestro modesto esfuerzo para hacer muchas política en el amplio sentido de la palabra, tratando siempre de elevar la cultura democrática de la nación.
Es natural, casi diría yo deseable, que al calor del debate se relataran tensiones de diverso género por varias razones. No debe sorprendernos y debemos abrumarnos, ¿por qué?, porque no aparecen solas en el panorama. A su lado, multiplicados cunden motivos para confiar en nuestro país y en su avance democrático.
Un motivo sin duda es lo que todos hemos logrado en esta Comisión Permanente, el respeto de unos a otros, tratando de buena fe de convencer a la Asamblea del valor de nuestros argumentos, de la solidez de nuestras razones, de la fortaleza de nuestros principios. Somos las voces que integran y representan al México actual en pleno proceso de cambio que ensancha su democracia, que persevera, qué se aferra a lo que le confiere razón, prestigio, vigor y vigencia, identidad e independencia.
No seríamos nosotros sin esa idea de México; sin ella decaerían la cultura en apariencia, el derecho en despotismo y en intriga a la política. Todos los partidos, con el concurso de todos los miembros de esta Comisión Permanente, diputados y senadores, hemos buscado puntos de coincidencia. Cuando no, hemos atendido las diferencias, porque entendemos que la democracia se nutre de la pluralidad y la crítica, ésta que no es privativa de la oposición. Debemos ejercerla todos con responsabilidad, para reforzar nuestra convivencia pacífica y ampliar los espacios de la participación y la representación social.
Buscamos concordia, convenio entre quienes contienden, entre quienes luchan entre sí. La concordia no resulta de la unificación de opiniones, sino de la unión de voluntades. Nuestro deber como legisladores, como representantes de la nación, es el de encontrar, por grandes que sean las diferencias que nos separan, un campo común de acción y de pensamiento, lograr que las ideas y los problemas se ventilen libremente, que se discutan sin cortapisas y eso lo hemos hecho en la Comisión Permanente.
Hemos hecho libre uso de la palabra, para explicar y explicarnos, para replicar las circunstancias, cada quien de acuerdo a su vocación, cada quien de acuerdo a su temperamento, para convocar, precisar, polemizar o comprometerse, de cara a la nación, porque nuestra palabra es expresión que no se agota con la audiencia del recinto. De ahí nuestra enorme responsabilidad, de ahí la necesidad de ponderar, de ahí la obligación, el imperativo de examinar el cambiante entorno mundial y de valorar, en la perspectiva de cada quien, de cada partido, de cada representante, la situación y las posibilidades del país.
Nuestra fracción parlamentaria reconoce el esfuerzo de todos, el de nuestros colegisladores senadores, el de nuestros colegas de otros partidos, el de los medios de comunicación que narraron la crónica puntual de lo que aquí se debatió en la Comisión Permanente y el de los compañeros de las diversas áreas de la Oficialía Mayor que en todo momento nos asistieron para el mejor desempeño de nuestro trabajo.
Los tiempos del país vienen desgranados del infinito tiempo; con ninguno México termina; con
cada uno algo principia. Es una labranza perpetua; así se van haciendo hombre y pueblo. No surgen de pronto ni pronto quedan perfecto, son obra que no concluye. Somos, por ello, producto y esfuerzo, por él hemos hecho y haremos cuanto esté en nuestras manos, todos, para disuadir conflictos y amainar problemas, de lo que es testigo esta Comisión Permanente que hoy concluye sus trabajos.
Compañeros legisladores, quisiera, señor Presidente, finalmente dejar en la Secretaría, con el objeto de que quede consignado en el Diario de los Debates un comunicado que la fracción priísta de esta Comisión Permanente y otros diputados, hemos y estamos distribuyendo a los medios de comunicación, en relación a diversas notas de prensa que aparecieron esta semana sobre el presupuesto, su ejercicio y los mecanismos de revisión de la cuenta pública. Quisiera que quedara consignado como complemento de mi intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto tengo que decir, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Rodolfo Becerril. Se instruye a la Secretaría para que se incluya en el Diario de los Debates el documento a que ha hecho referencia el diputado Becerril.
"Señor Julio Scherer García, director general del semanario Proceso. - Presente.
En su edición número 858 del 12 de abril del presente año, el artículo firmado por el señor Fernando Ortega Pizarro, en el que se citan declaraciones presuntamente atribuidas a un representante de la Asamblea del Distrito Federal y a otras personas, se hace referencia a aspectos presupuestales que, por las imprecisiones y falsedades que contiene, ameritan los siguientes comentarios:
1. En primer término, se afirma que el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene una partida secreta que asciende, para el presente año, a 1 mil 160 millones de nuevos pesos.
Esta afirmación es falsa, toda vez que el citado Presupuesto, revisado y aprobado por la Cámara de Diputados, consistente con lo que dispone la Constitución General de la República, en su artículo 74 fracción IV, establece que las partidas "secretas" a que se refiere el citado precepto constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo 00023 "Erogaciones No Sectorizables".
El aludido concepto 8100 "Erogaciones Contingentes" comprende únicamente la cantidad de 600 millones de nuevos pesos (0.2% del gasto neto total del sector público) y no 1 mil 160 millones, como se asienta en la publicación. Los otros 560 millones de nuevos pesos que, en efecto, están incluidos dentro del citado ramo 00023, corresponden al Programa de Censos Nacionales. Ello consta en el Tomo III del Presupuesto Analítico del Gobierno Federal, entregado en el mes de noviembre de 1992 a la Cámara de Diputados.
2. Otra falsedad a que se hace referencia es la relativa a la presunción de que la partida secreta es un usufructo del Ejecutivo Federal o "para ganar las elecciones".
Sobre el particular, es importante precisar que el precepto constitucional que reconoce la existencia de las partidas secretas, establece que las mismas serán empleadas por los secretarios de Estado, por acuerdo escrito del Presidente de la República.
Igualmente calumniosa es la presunción de que el Gobierno Federal utiliza las referidas partidas, en el financiamiento del Partido Revolucionario Institucional.
3. Para el Programa de Censos Nacionales en el Ramo 00023 se presupuestan 560 millones de nuevos pesos, en forma separada al presupuesto general para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dado que la preparación y el levantamiento de censos son actividades que se desarrollan en determinados periodos y con características propias, variando por lo tanto de un año a otro las necesidades y los recursos para su debida atención.
4. Por otra parte, en cuanto a las aseveraciones que se relacionan con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CUENTA PÚBLICA), es pertinente comentar lo siguiente:
4.1. La Cuenta Pública se presenta en tiempo y forma de acuerdo con lo que establece la Constitución. Entre otros conceptos, la misma incluye el gasto ejercido con cargo a los distintos programas contenidos en el aludido Ramo 00023 "Erogaciones No Sectorizables".
4.2. Independientemente de lo anterior, los miembros de la Cámara de Diputados disponen de cinco a seis meses para su revisión y análisis, lapso durante el cual se llevan a cabo diversas reuniones en donde se aclaran dudas y se
proporciona información adicional por parte de funcionarios de distintas dependencias del Gobierno Federal.
4.3. En adición a los resultados generales contenidos en la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados es permanentemente informada por el Ejecutivo Federal, según lo dispone el artículo 38 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante reportes trimestrales, respecto del comportamiento de la economía nacional, de las finanzas públicas y del ejercicio mismo del Presupuesto.
4.4. Es importante destacar que la Cámara de Diputados, tiene el respaldo y rigor técnico y metodológico de la Contaduría Mayor de Hacienda, al conocer y analizar la Cuenta pública. La revisión de la misma se hace conforme al marco normativo del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental. Previamente, los resultados están validados por las contralorias internas de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en el caso de las entidades paraestatales, se llevan a cabo, además, auditorias contables a cargo de despachos independientes.
Rogamos a usted se sirva publicar en el próximo número de su prestigiado semanario, el contenido de la presente.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 14 de abril de 1993. - Los ciudadanos diputados: Rodolfo Becerril Straffon, Javier Garduño Pérez, Fernando Lerdo de Tejada, Ramón Mota Sánchez, Manuel Díaz Infante, Amador Rodríguez Lozano, Efraín Zúñiga, Porfirio Camarena, Ricardo López Gómez y Jorge Lepe García."
INFORME DE LABORES
El Presidente: - Se instruye a la Secretaría que pase a otros puntos del orden del día.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Señor Presidente. Se va a dar lectura al informe de labores de esta Comisión Permanente.
«Informe de la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura (22 de diciembre de 1992 al 14 de abril de 1993)
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COMISIONES DE CORTESÍA
El Presidente: - Muchas gracias, señor Secretario. Como corresponde a una sesión de clausura, esta Presidencia en relación y con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa para participar la terminación de las sesiones ordinarias de esta honorable Comisión Permanente, las siguientes comisiones de cortesía:
Al Presidente de la República: diputado José Antonio González Fernández, senador Humberto Lugo Gil, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, diputado Víctor Martín Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Orlando Arvizu Lara, diputado Rodolfo Becerril Straffon, senador Oscar Cantón Zetina, senadora María Elena Chapa Hernández, diputado Manuel Díaz Infante, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, senador Artemia Iglesias Miramontes, diputado Jorge Lepe García, diputado Fernando Lerdo de Tejada, senador Ernesto Luque Feregrino, senador César Moreno Martínez de Escobar, diputado Ramón Mota Sánchez, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sales Gutiérrez, senador Gustavo Salinas Iñiguez, senador Ramón Serrano Ahumada, senador Germán Sierra Sánchez, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Jorge A. Vega Camacho, senador Angel Ventura Valle, diputado Efraín Zúñiga Galeana, senador Angel Sergio Guerrero Mier y diputado Javier Garduño Pérez.
A la Suprema Corte de Justicia, se designan a los siguientes legisladores: Senador Angel Sergio Guerrero Mier, diputado Juan Gualberto Campos Vega, diputada Cecilia Soto González, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Miguel Angel León Corrales, diputado Víctor Martín Orduña Muñoz, diputado Manuel Díaz Infante y diputado Jorge Lepe García.
DECLARACIÓN DE CLAUSURA
El secretario Juan Luis Cárdenas Hinojosa: - Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.
El Presidente: - La Comisión Permanente del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio durante el primer receso del segundo año de la Quincuagésima Quinta Legislatura, hoy 14 de abril de 1993, declara formalmente concluidas las sesiones ordinarias de su período constitucional de sesiones.
Se levanta la sesión (a las 13.15 horas).