Legislatura LV - Año II - Período Extraordinario - Fecha 19930823 - Número de Diario 5
(L55A2P1eN005F19930823.xml)Núm. Diario: 5ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Primer Período Extraordinario del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., lunes 23 de agosto de 1993 No. 5
PERIODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CÁMARA DE SENADORES
Comunicación por la que informa de haber citado a su próxima sesión el día 24 de agosto de 1993. De enterado.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66. Es de primera lectura.
Se dispensa la segunda lectura.
Se otorga el uso de la palabra al diputado Enrique Chavero Ocampo, para fundamentarlo.
A discusión en lo general y en lo particular, debaten los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez, en contra.
Manuel Terrazas Guerrero, en pro.
Leonides Samuel Moreno Santillán, en pro.
Raymundo Cárdenas Hernández, en contra.
Diego Heriberto Zavala Pérez, en pro.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Luis Alberto Beauregard Rivas, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados:
Cecilia Soto González
Hildebrando Gaytán Márquez
Raymundo Cárdenas Hernández
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Javier Garduño Pérez
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan José Bañuelos Guardado, en pro.
Se ponen a consideración de la Asamblea las proposiciones de los diputados Manuel Terrazas Guerrero y Raymundo Cárdenas Hernández. Se desechan.
Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 82, 100 y se adiciona el artículo Decimoctavo transitorio. Es de primera lectura.
Para rectificar hechos respecto al artículo 82 constitucional, hace uso de la palabra el diputado Juan Gualberto Campos Vega.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado José Ramos González
ASISTENCIA
El Presidente
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Enrique Rico Arzate
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 392 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
A las 13.25 horas, se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Enrique Rico Arzate
Se va a dar lectura al orden del día.
« Primer Período de Sesiones Extraordinarias.- Segundo Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
23 de agosto de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Se pregunta a la Asamblea, por instrucciones de la Presidencia si se le dispensa la lectura al acta.
Las compañeras y compañeros diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
Las compañeras y compañeros diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
« Acta de la reunión previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Presidencia del diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos quince diputados, el Presidente, cumpliendo el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, da lectura a una declaración firmada por los representantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Popular Socialista, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con los lamentables acontecimientos ocurridos en el Recinto Parlamentario el día dieciocho de este mismo mes y año.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional y Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente reitera sus instrucciones a la Oficialía Mayor, para que investigue la denuncia de la diputada Garavito Elías.
Agotados los asuntos de esta reunión previa, se pasa a sesión de Cámara de Diputados.»
« Acta de la sesión de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Rodolfo Echeverría Ruiz.
En la capital de los Estado Unidos Mexicanos, siendo las quince horas con seis minutos del día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos quince diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
Presidencia del diputado Emilio Becerra González.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarenta y uno y se reforman los artículos cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, sesenta, sesenta y tres, setenta y cuatro fracción primera, ochenta y dos fracción primera y cien y la adición de un artículo decimoctavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, signada por diputados de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Un oficio del Secretario Técnico de la Comisión Plural de la Reforma para Consolidar la Democracia Electoral, licenciado Joaquín Contreras Cantú, con el que remite todas las iniciativas recogidas durante sus trabajos. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos dieciséis, diecinueve, veinte y ciento diecinueve y deroga la fracción decimoctava del artículo ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional y, para la discusión en lo general, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en pro; Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro y propone reformar a los artículos dieciseís, diecinueve y veinte; José Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien propone reformas al artículo veinte; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Javier Centeno Avila, en contra; Salvador Valencia Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, en contra;
Presidencia del diputado Joaquín Hendricks Díaz;
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra y Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, en pro.
Para contestar alusiones personales o rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional y Javier Centeno Avila.
Continúan el debate en lo general, los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y contesta a una interpelación del diputado Castillo Mota; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, a nombre de las comisiones dictaminadoras y contesta interpelaciones de los diputados Becerra González y Centeno Avila.
El Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional; José Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; José Antonio Valdivia, del
Partido Revolucionario Institucional; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado Emilio Becerra González
Ramón Mota Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Centeno Avila; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, a nombre de las comisiones dictaminadoras; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, quienes contestan alusiones personales o rectifican hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Para discutir el dictamen en lo particular y proponer diversas reformas y adiciones, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, al artículo veinte; Hiram de León Rodríguez, del Partido Acción Nacional, al artículo dieciséis; Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo dieciséis; Javier Centeno Avila, al artículo diecinueve; Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veinte;
Presidencia del diputado Joaquín Hendricks Díaz;
Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veinte; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento diecinueve; Beatriz Rangel Juárez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a la fracción nona del artículo veinte;
Presidencia del diputado Emilio Becerra González;
Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática y Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que la fundamentación de su intervención se incluya en el Diario de los Debates, lo que así ordena el Presidente.
Se ponen a consideración de la Asamblea las diversas proposiciones hechas durante el debate en lo particular y en lo general y la Asamblea aprueba las presentadas por los grupos parlamentarios del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a la fracción nona del artículo veinte; del Partido Acción Nacional, al párrafo tercero del artículo dieciséis y del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento diecinueve.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos votos. El Presidente hace la declaratoria correspondiente y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a los diez minutos del día veinte de agosto de mil novecientos noventa tres, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes veintitrés del mismo mes y año, a la diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si hay algún diputado que desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Está a su consideración compañeras y compañeros diputados el acta de la sesión anterior...
¿ Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma ?..
Se consulta, en votación económica, si se aprueba el acta.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Aprobada el acta señor Presidente.
CÁMARA DE SENADORES
La secretaria Patricia Terreazas Allen:
« Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes.
En los términos de la parte final del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 5o. del decreto de la Comisión Permanente de fecha 11 del actual para convocar al presente período de sesiones extraordinarias, por el digno conducto de ustedes solicitamos la consideración procedente, toda vez que la próxima sesión extraordinaria de este Senado de la República tendría verificativo el martes 24 del mes en curso.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 17 de agosto de 1993.- senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario, senador Antonio B. Manriquez Guluarte, secretario.»
De enterado.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El secretario Rubén Pabello Rojas:
« Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta Comisión con la facultad que le otorgan los artículos 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de la presente, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue remitida a la Cámara de Diputados por el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la Mesa Directiva, conforme a Reglamento, ordenó el siguiente turno: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales."
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el día 18 de agosto de 1993, se dio cuenta al Pleno de la Comisión de la iniciativa, aprobándose los siguientes acuerdos.
Integrar un grupo plural que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio.
Celebrar reuniones de conferencias entre el Grupo Plural y la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la iniciativa e intercambiar opiniones. Al efecto tuvo lugar una reunión el día 18 de agosto de 1993.
La Comisión que suscribe una vez analizados los alcances de la iniciativa a estudio, se permite señalar a continuación los puntos en los cuales hubo consenso entre la mayoría de sus miembros, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de los artículos 65 y 66 de nuestra Carta Magna, propone que el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, realicen sus periodos de sesiones ordinarias variando su actual calendario, con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento del tiempo para analizar, discutir y en su caso aprobar, los asuntos que por ley le corresponde conocer.
El Constituyente de 1917 estableció un período único de sesiones del Congreso de la Unión, a partir del 1o. de septiembre al 31 de diciembre de cada año, previendo los asuntos a analizar prioritariamente en dicho período.
El 7 de abril de 1986, se publicó el Decreto que adicionó un nuevo período de sesiones ordinarias para el Congreso de la Unión, el primero, a partir del 1o. de noviembre, para concluir a más tardar el 31 de diciembre, y el segundo a partir del 15 de abril, para concluir a más tardar el 15 de julio de cada año.
Esta última reforma tuvo como objeto ampliar el número de periodos y fijar la duración de cada uno de ellos, incrementando el tiempo efectivo de trabajo legislativo, para fortalecer, con ello, el ejercicio del Congreso de la Unión y propiciar una programación adecuada de su funcionamiento.
Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, en los periodos ordinarios de sesiones, los debates que se dan en sus respectivos plenos, son el reflejo del trabajo que cotidianamente se realiza en comisiones, las cuales son las encargadas de elaborar los anteproyectos que a la postre se discuten y en su caso se aprueban por cada Cámara.
Para nadie es desconocido, que la mayor parte del tiempo que dedican los legisladores a sus actividades, es particularmente al trabajo que desarrollan en comisiones el cual definitivamente tiene su culminación al momento de aprobarse los respectivos dictámenes en el Pleno.
Como resultado de la experiencia obtenida con la última reforma, se ha hecho necesario mantener dos periodos de sesiones ordinarios anuales para el Congreso de la Unión, fijando las fechas en que sesionará ordinariamente, de manera equilibrada con los recesos, al establecerse las fechas de inicio y duración y dictaminar sobre las materias legislativas que le competen, se fijarán las prioridades de los trabajos camarales que se presenten.
En este tenor, el primer período ordinario de sesiones se propone celebrar a partir del 1o. de septiembre de cada año, el cual no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre, salvo en el caso que se trate del año que inicie su encargo la Legislatura correspondiente, el cual podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre.
Se propone que el segundo período ordinario de sesiones se inicie, conforme señala la propuesta, a partir del 15 de febrero de cada año, teniendo como término máximo el 31 de marzo del mismo año.
El calendario propuesto que mantiene dos periodos de sesiones, no modifica el tiempo de sesiones ordinarias existente, ya que se conservan los cinco meses establecidos, salvo en el año de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el que podrá prolongarse por quince días más hasta el 31 de diciembre de ese año.
Conforme a lo anterior, el informe de Gobierno que rinda el Presidente de la República al inicio del primer período ordinario de sesiones, en aplicación del artículo 69 constitucional, se trasladaría nuevamente el 1o. de septiembre de cada año.
De aprobarse la presente iniciativa, deberá reformarse la legislación secundaria, en particular la de materia electoral y la legislación del propio Congreso de la Unión, las cuales deberán adecuarse con el objeto de determinar las fechas de las etapas electorales, así como las fechas en que el nuevo calendario de sesiones repercuta sobre los procedimientos del Congreso.
De las modificaciones de la iniciativa
Como fruto del examen y de las deliberaciones celebradas esta Comisión consideró que el lapso entre el término del primer período, en diciembre, y el inicio del segundo, el 15 de febrero, es demasiado breve para la preparación de la materia de trabajo que se someterá a las cámaras durante este período. Esta Comisión ha ponderado la conveniencia y ha llegado a la conclusión de proponer que el segundo período de sesiones se inicie el 15 de marzo y concluya, a más tardar, el 30 de abril. De esta manera es posible conciliar los objetivos de la iniciativa con la necesidad de contar con un espacio de tiempo mayor para programar los asuntos que se tratarán en el inmediato período de sesiones ordinarias. Por las anteriores razones, se consideró procedente que la última parte del primer párrafo del artículo 65 deberá quedar de la siguiente manera:
" y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias."
Como consecuencia de lo anterior, es necesario modificar el primer párrafo del artículo 66, el cual quedaría expresado en los siguientes términos:
"Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más alla del 30 de abril del mismo año."
También, esta Comisión estimó necesario modificar la iniciativa en lo que se refiere a la entrada en vigor de esta reforma, toda vez que se requiere que la misma comience a regir en forma inmediata para poder llevar a cabo las modificaciones
y adecuaciones de los ordenamientos que correspondan, en lo referente a las fechas de instalación del Congreso, los calendarios de los procesos electorales y de las fechas relacionadas con el funcionamiento del Congreso.
Por dicha razón se propone que el primer artículo transitorio disponga que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y un segundo transitorio que especifique, de acuerdo con la intención de la iniciativa, que los periodos ordinarios de sesiones que se celebren en el año de 1993 y 1994 lo sean conforme a las fechas fijadas en la reforma de 1986, y que será hasta el 15 de marzo de 1995 cuando comience a aplicarse el nuevo calendario.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones anteriormente señaladas, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se permite someter a la consideración de este Pleno el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.
... Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
...
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El período ordinario correspondiente a noviembre y diciembre del año de 1993 y los periodos ordinarios correspondientes al año de 1994, se celebrarán de acuerdo con las fechas que han venido rigiendo en los términos del decreto de reformas publicado el 7 de abril de 1986.
Tercero. A partir del 15 de marzo de 1995 los periodos de sesiones ordinarias se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas por el presente decreto.
Cuarto. Los diputados que se elijan a la LVI legislatura del Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 31 de agosto de 1997.
Quinto. Los senadores que se elijan a las LVI y LVII legislaturas del Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 31 de agosto del año 2000.
Los senadores que se elijan en 1997 durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de dicho año, al 31 de agosto del año 2000.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal a 23 de agosto de 1993.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y en esta misma sesión se somete a discusión y votación. El secretario Rubén Pabello Rojas:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y en esta misma sesión se somete a discusión y votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Enrique Chavero Ocampo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Enrique Chavero Ocampo:
Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
El dictamen que entra a discusión en el cual se cambian o se pretende cambiar los periodos de sesiones, fundamentalmente en el primer período, cuando se habla de regresar a los trabajos de la Cámara al 1o. de septiembre, debemos recordar que históricamente en cada una de las etapas de la vida parlamentaria, ha sido el mes de septiembre cuando se inician los trabajos del parlamento mexicano, razones fundamentales en las que se pretendió y se pretende recordar a los hombres que hicieron posible este país.
Históricamente el mes de septiembre representa para los mexicanos un recuerdo imborrable en el que se forja una nación, y los constituyentes de 1854 tratando de honrar la memoria de aquellos que nos dieron patria, consideraron que los inicios de los trabajos del parlamento mexicano deberán de iniciarse en el mes de septiembre.
Se ha tratado, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el deseo de que el trabajo dentro del parlamento tenga una justificación y haya la forma necesaria para que dichos trabajos puedan desarrollarse a plenitud.
Se pretende con este dictamen, que sean cinco meses de trabajo legislativo ya que un mayor lapso de tiempo podría o podría empantanar los trabajos legislativos. Muchas veces nos hemos dado cuenta, en los trabajos de cada una de las legislaturas pasadas y esta misma, que lejos de aprovechar el tiempo en el desarrollo legislativo, muchas veces el tiempo se va en cuestiones de otro orden que están muy lejos de llevar adelante las tareas legislativas, y eso da por resultado que tengamos que llegar a los periodos extraordinarios porque las comisiones mismas al trabajar, se pierde el tiempo de esos trabajos de las comisiones, no entran a las plenarias porque el tiempo se está utilizando en otro tipo de debates.
Ahora bien, este proyecto de ley, de modificaciones, a través de los trabajos que se realizaron dentro de la Comisión de Gobernación, sufrió cambios, cambios porque las opiniones tanto presentadas por diputados miembros de la Comisión de Gobernación, al igual que en las pláticas llevadas adelante con los senadores, dieron por resultado que se modificara el trabajo que se pretendía realizar dentro de esos cinco meses, ya que se pretendía en el proyecto que se presentó, que hubiese un receso de cuatro meses por un lado y de un mes por otro.
Las modificaciones que se dieron a este respecto, fueron en el sentido de que se iniciaran los trabajos del 1o. de septiembre al 15 de diciembre, e inclusive podía o puede alargarse hasta el 30 de diciembre.
El segundo período de sesiones se realizará, de acuerdo con este dictamen, del 15 de febrero al 31 de marzo. Era el dictamen o la propuesta que se hacía, pero la modificación que se dio es en el sentido del 15 de marzo al 30 de abril.
En estas condiciones quedarían tres meses de trabajo en el primer período y dos meses de trabajo en el segundo.
Consideramos que el tiempo necesario para llevar adelante los trabajos de esta Cámara, se dan perfectamente bien en estos plazos que la Comisión de Gobernación ha considerado, tomando en cuenta las propuestas de varios compañeros diputados y de algunos de los senadores que concurrieron a las reuniones en las que se estuvo platicando en relación a este proyecto.
Creemos fundadamente que estos lapsos de tiempo dan margen para que se pueda perfectamente bien trabajar, analizar en comisiones las propuestas, los dictámenes y poder llegar en ese tiempo en que se está señalando como periodos de trabajos de la Cámara, para sacar adelante el trabajo legislativo.
Creemos que dado el mismo trabajo, volvemos a insistir en el que se desenvuelven los trabajos legislativos, muchas veces, insistimos, podría sacarse el trabajo en los cinco meses que siempre se han tenido como trabajo de la Cámara, pero que cuando se va el tiempo fuera del trabajo legislativo, eso obliga a que el trabajo se realice con un mayor tiempo.
Creemos pues fundadamente, que con estos cinco meses de trabajo, distribuidos en esos dos periodos, perfectamente bien la Cámara puede cumplir con sus tareas legislativas y sacar adelante lo que la nación requiere para su progreso. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia, tomando en consideración lo que establece el último párrafo del artículo 97 del Reglamento Interno para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.
Vamos a dar lectura a lista de oradores que se han inscrito para la discusión: diputado Hildebrando Gaytán, para razonar el voto, por el Partido Popular Socialista, diputado Francisco Laris Iturbide, para fijar posición, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Manuel Terrazas Guerrero, para fijar posición, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Raymundo Cárdenas Hernández, en contra por el Partido de la Revolución Democrática; diputado Diego Zavala Pérez, para fijar posición por el Partido Acción Nacional; diputado Héctor Ramírez Cuéllar, en contra, por el grupo Independiente; diputado Luis Beauregard Rivas, en pro, por el partido Revolucionario Institucional; diputado Jorge Calderón Salazar, en contra, por el Partido de la Revolución Democrática y el diputado Juan José Bañuelos Guardado en pro, por el Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La iniciativa que hoy se dictamina y discute, trata asuntos aparentemente de poca importancia, como es el hecho de modificar el período en que se inicia la discusión, los trabajos del Congreso de la Unión.
Podría considerarse como una discusión en que se discuten formalidades, pero es el hecho que esta discusión forma parte de lo que en conjunto viene a ser la reforma política de México, misma que de hecho va a dar los trazos de lo que será nuestro país en el futuro inmediato.
De acuerdo como se defina esta reforma política en su conjunto, ésta Cámara de Diputados va a dar la orientación de cómo piensa que sea nuestro país en el futuro inmediato.
Hoy son dos artículos de la Constitución, en donde es este cambio para el período de sesiones, pero ya tenemos pendiente el dictamen en donde se modifican ocho artículos constitucionales más y faltan todavía reformas ya también en discusión, sobre más artículos de la Constitución y, en su conjunto, decía, esta reforma toma asuntos de gran trascendencia, cala en aspectos que han sido base y que han dado personalidad a nuestro país, a nuestra nación; toca asuntos en que llega exactamente a la raíz de lo que ha sido concebido hasta hoy, por nuestro pueblo, como lo que es el régimen democrático, la democracia en nuestra patria.
De manera que no se pueden separar estos dos artículos que aparentemente son formales con todo lo que conduce, conlleva, contiene la reforma política. Y la reforma política en su conjunto, sencillamente no le da más acceso al pueblo para llegar al poder, al Gobierno, en su conjunto.
Por eso estos dos artículos que formalmente pasarían de alguna manera sin discusión, diría, que sin formar parte de toda esta reforma política, se verían seguramente en su poco alcance, formando parte de la reforma política, pero nos tiene que llevar a la reflexión y unirlos a todo el cambio que se pretende en nuestro país.
Tendríamos que reflexionar también, puesto que trata de que cuando se inicia el período de sesiones, la forma como en los últimos años se ha marcado esa falta de respeto al Poder Legislativo, inclusive en el día en que abre sesiones, en donde las invitaciones a los demás poderes, a otras instituciones del país, no las ha suscrito la Cámara de Diputados, siendo que es aquí donde, al abrir sus sesiones, viene el Jefe del Poder Ejecutivo a dar el informe a la nación.
Y en esta falta de respeto también, inclusive los diputados ese día, en estos últimos años, hemos sido prácticamente como extranjeros en nuestra propia casa, ante una fuerza policiaca que prácticamente toma al recinto, a todo el edificio de la Cámara de Diputados.
Habría que recordar que cuando se hizo la toma de posesión y cuando se dieron los informes anteriores, cuando aún no se había reformado el artículo 130 de la Constitución, se llegó al extremo, violando la Constitución del país, de invitar a personajes de la iglesia católica a venir a la Cámara de Diputados cuando se hizo la toma de posesión. ¿ Por qué ? Porque la Cámara de Diputados no ha intervenido en suscribir las invitaciones para estos actos, una muestra de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no están plenamente en la práctica, de manera independiente, ejerciendo sus funciones.
Bien. Que habrá mayor tiempo ahora, con esta reforma, para discutir los problemas del pueblo, pero dentro de todo el conjunto de esta reforma se van a discutir y se van a tomar las decisiones que favorezcan al pueblo, cuando en el conjunto de esta reforma se está limitando el acceso de las fuerzas populares del Poder Legislativo.
Decía que en otras condiciones, seguramente que el Partido Popular Socialista votará a favor de esta reforma, en otras condiciones. Pero ésta forma parte de una reforma política antidemocrática, que vulnera nuestra nacionalidad, que rompe con el régimen democrático, que el impulso de la lucha del pueblo, había caminado en una dirección de ampliar el acceso de los sectores, populares en la influencia y en el Poder Legislativo y Ejecutivo, en general de los municipios.
Por eso, esta discusión del día de hoy no la va a avalar el Partido Popular Socialista a la hora de votar; no vamos a votar a favor de esta reforma constitucional; no puede el PPS dar su voto en esta reforma que está inmersa en retrocesos graves en la democracia mexicana, que calan no solamente en el ambiente político y social, sino en lo que ha sido nuestra nación y que cierra las posibilidades de progreso, de desarrollo independiente y de lo que debería ser una vida que permitiera al pueblo mejorar sus condiciones de existencia.
Por eso, el Partido Popular Socialista no da su apoyo a esta reforma constitucional. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Manuel Terrazas Guerrero, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Muchas gracias, compañero Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Nos parece y, queremos decirlo inmediatamente, de entrada, que este proyecto de decreto va mucho más allá y el dictamen se queda corto, es pobre; la fundamentación que se ha hecho aquí, no corresponde a lo que en verdad es la importancia y la trascendencia de la modificación a los artículos constitucionales 65 y 66.
Nos parece que no se trata simplemente de mover las fechas de los periodos de sesiones ordinarias.
Es importante la argumentación del porqué hay que regresar al 1o. de septiembre; es importante la consideración de que la experiencia ha demostrado que se requiere esta modificación. Pero se ignora e inclusive se pretende ocultar, para menospreciar, para descartar otras propuestas, que la razón fundamental es en última instancia un acomodo de tiempo, aparte de esa primera razón y que ese tiempo es suficiente para desahogar las tareas del Congreso de la Unión.
Y más grave aún, cuando en el fondo, al hablar de que la Cámara de Diputados pierde tiempo, emplea o desperdicia un tiempo que debiera destinarse al desahogo de los proyectos de ley, a las actividades legislativas en torno a otras cuestiones. También queremos decir, señalar que hay la tendencia, a que lo que ha sido un aspecto muy positivo de la Cámara de Diputados en cuanto a una alta tribuna política de la nación se acorte, se disminuya, en función de lo que muchos llaman pérdida de tiempo, lo que muchos llaman desperdicio y lo que se considera inútil y que afecta en última instancia al trabajo legislativo.
Estamos en contra de que así pudieran suceder las cosas. Al contrario, habrá que desarrollar aquellos tiempos que la Cámara de Diputados emplea para proyectarse todavía con más fuerza, como el pensamiento y como la expresión de la acción de la nación en muchos aspectos, como una tribuna que debata los más importantes problemas nacionales. Ojalá que así pudiera ser.
Pero en última instancia nosotros queremos referirnos al tiempo que debe destinarse fundamentalmente al proceso de elaboración y decisión de leyes y al respecto nos parece que los cinco meses que se destinan no son suficientes. Que aquí está planteado el problema, ha llegado la hora de examinar si no necesitamos más tiempo para poder de manera exhaustiva en lo posible, a fondo, con el tiempo indispensable, desahogar los proyectos y las iniciativas de leyes y decretos. Ha llegado la hora de reflexionar, ¿es ése tiempo que necesitamos?
Nosotros consideramos que es indispensable estimar las razones, recoger las razones de aquellas fracciones parlamentarias que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales han propuesto que se amplíe el período, el tiempo de las sesiones y esa es una cuestión de mucha mayor importancia y la encuadramos dentro de este marco del fortalecimiento necesario, indispensable, de la democratización mayor, de la modernización y del progreso de la evolución de los trabajos legislativos, de la actividad del Congreso de la Unión en las nuevas condiciones
del país, en las nuevas condiciones de la propia integración, de las propias funciones del Poder Legislativo en las nuevas condiciones de México.
En un país que es en muchos aspectos nuevo con relación, yo creo que más, no faltaba mas que se dijera que más o menos se mantienen las mismas condiciones que en 1824 ó que en 1857. En 1857 se destinaron cinco meses, se consideraba indispensable. Pero, ¿qué ha ocurrido de 1857 a 1993 y qué va a ocurrir con la reforma política aún en las condiciones limitadas que hay el riesgo que se puedan aprobar por el Congreso de la Unión? ¿Va a ocurrir que las situaciones serán completamente distintas? Habrá nuevos apremios, nuevas exigencias, nuevas complejidades, nuevas dificultades para poder llevar acabo la labor legislativa.
Nos parece que esa es una cuestión que debería considerarse. Han cambiado las condiciones, son ahora mucho mas necesarios los tiempos para que el Poder Legislativo cumpla sus tareas.
Y nosotros decimos, de una vez, esto formaría parte de fortalecer el Poder Legislativo, darle mayor fuerza a la Cámara de Diputados en cuanto a sus debates, en cuanto a sus análisis, en cuanto a su renovación en muchos aspectos. Nosotros diríamos también, si se va a reformar el Senado para fortalecer el Senado de la República, porque habrá nuevos integrantes del Senado de la República, habrá un mayor número, pero al mismo tiempo nuevas fuerzas en el Senado de la República.
Se va a fortalecer la confrontación de opiniones, se va a enriquecer el debate, con nuevos partidos que irán al Senado de la República, no en uno ni en dos, sino en una representación más adecuada a su fuerza, va a haber mayor debate, va a haber mayor profundización de los trabajos de la Cámara se Senadores y con eso nosotros estamos de acuerdo.
¿Qué acaso no es importante considerar que en estas nuevas condiciones se requiere dar mayor tiempo? En la Comisión de Gobernación discutimos uno, dos, tres meses más; pero tres fracciones parlamentarias hemos estado de acuerdo en que en lo general es necesaria la reforma de los artículos 65 y 66, pero en particular en lo que se refiere al segundo período de sesiones es indispensable ampliar los términos, que se inicie el 15 de marzo, efectivamente, pero que termine no el 30 de abril, que termine el 31 de mayo.
De esta manera, podemos equilibrar más los tiempos de los dos periodos de sesiones; de esta manera podemos tener más posibilidades de ir a fondo con el tiempo necesario en el examen de las leyes.
Se ha dicho, por ejemplo: se va a desahogar con las reformas al Distrito Federal si se aprueban las tareas, los temas del primer período de sesiones. De acuerdo; pero hay que tomar en cuenta que aún no discutiendo los problemas relativos a los presupuestos del Distrito Federal, aun así nosotros necesitamos tiempo, porque la experiencia nos ha demostrado, aun cuando se diga que este Congreso para bien de la República es un Congreso Constituyente Permanente y en cualquier momento puede convocar periodos extraordinarios y existe la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aun así en cabalidad sabemos bien, por una parte, que no es posible convocar a periodos extraordinarios por las dificultades políticas que entraña el convocar a periodos extraordinarios.
Casi siempre, casi sin excepción, en la historia del Poder Legislativo los periodos extraordinarios se convocan a iniciativa del Presidente de la República y pocas veces el Poder Legislativo toma en sus manos su capacidad de iniciativa y los convoca. Es necesario decir, como mencionamos en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que coincidíamos con todos aquellos que aparecían que uno de los dones más importantes de las virtudes y de los avances de esta LV Legislatura es que ha ganado independencia, que ha ganado iniciativa.
Pero es necesario avanzar precisamente en esta dirección, es importante considerar también que se requiere ver el contenido, la capacidad, las funciones, mejorar y elevar las condiciones del trabajo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en conjunto del Congreso de la Unión.
Por eso nosotros proponemos que se aumente un mes más el segundo período de sesiones y consideramos también muy amplia y rigurosamente las objeciones que en la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales se han hecho a la propuesta de los partidos que se han pronunciado por una ampliación de los periodos de sesiones; es decir, del tiempo que destina la Cámara a su trabajo legislativo y político.
Se ha dicho, por ejemplo, que es cuestión de organizar el trabajo, es cuestión de organizar el trabajo, es cuestión de métodos y no hay que confundir contenido, funciones, con métodos y organización del trabajo. Aquí no se trata de organizar el trabajo, se podría ahorrar tiempo, pero aquí se trata de tomar en
cuenta nuestra propia experiencia; más tiempo para el debate profundo, más tiempo para de los diputados, para estimular que se discutan en las comisiones y en el pleno, las iniciativas de la propia Cámara de Diputados. Más tiempo para poder vencer el rezago.
¿Qué nos indica el rezago?, 700 y pico de iniciativas hasta hace muy poco; oposición política a la discusión de esas iniciativas seguramente, pero muchas veces el argumento consistía en que no había tiempo para discutir y se nos recarga el trabajo y la aprobación o rechazo de proyectos de ley. ¿Qué acaso la experiencia no nos ha demostrado que éste es un argumento importante de peso?, lo mismo en lo que se refiere al trabajo de las comisiones.
Hay que fortalecer el trabajo de las comisiones, no el trabajo formal, porque al fin y al cabo funcionan las comisiones, funciona una minoría de compañeros o una mayoría que no es la suficiente; que no refleja el grado de participación de los compañeros que participan en las comisiones, ni siquiera en un 75% y el fortalecimiento tiene qué ver no solamente con el contenido político de las discusiones, sino tiene qué ver con la participación y la participación de todos.
Por esa razón nosotros creemos que si se amplía un mes, ese mes será también para fortalecer el trabajo de comisiones. Las comisiones funcionan en periodos ordinarios, no en el receso; no dejan de funcionar en cuanto a la formalidad y en cuanto a la mayoría. Por eso pensamos nosotros que esto ayudaría de manera muy importante para estimular el trabajo de las comisiones.
Nosotros creemos que hay necesidad, importante necesidad de poder enfrentar, de poder reivindicar en un aspecto importante ante el pueblo de México, tanto lo que se refiere el trabajo de la Cámara, como lo que se refiere a que la Cámara sea tribuna de la nación, fundamentalmente la Cámara de Diputados y esto permitiría precisamente no desvincular a los diputados del pueblo, sino en seis meses poder efectivamente vincular en un período determinado en el trabajo de gestoría, en el trabajo de ligazón directa con la actividad partidaria y política de masas, a los diputados. Pero seis meses, no solamente cinco, la mitad del tiempo, destinados a legislar, que por otro lado permitirían que la Cámara fuera en efecto un contrapeso al Poder Ejecutivo, para que pudiera ser, dándole su lugar plenamente, mayor el peso político del trabajo de la Cámara legislativa, digo, del proceso legislativo y del Congreso de la Unión.
No desconocemos, queremos insistir en que la historia del trabajo legislativo en México sí es cierto, se ubica desde el Siglo XIX. Las prácticas, actividades y funciones, se han modificado al transcurrir el tiempo; a diferentes escenarios políticos, sociales y económicos les han correspondido distintos procederes legislativos, para que el juego de posiciones se siga dando. Hemos necesitado y ahora quizá más que nunca, cuando son importantes los desafíos y los retos a que se enfrenta el desarrollo histórico de nuestro país, debatir y representar intereses, mismos que se han expresado que se ubiquen en un tiempo y en un espacio determinado y ahora el Congreso de la Unión será escenario de nuevos intereses, de nuevas expresiones.
No corresponde mantener el tiempo a lo que está establecido desde 1857. Actualmente lo requerimientos de tiempo que cada legislador debe otorgarle al estudio analítico de los procederes y a su participación en el seno del Poder Legislativo, se determina por la necesidad de regular jurídicamente una sociedad diferenciada a la que existía en 1824 y también en 1857 ó en 1917 ó en 1979 ó en 1956. Las características poblacionales son distintas. Esto es importante porque el trabajo parlamentario surge de los intereses sociales: a mayor diversidad, mayor complejidad.
Hay momentos en que actores sociales que conforman la sociedad mexicana, interactúan más dinámicamente que otros, hay temas jurídicos que afectan discriminadamente a ciertos sectores; las interacciones en la sociedad se vuelven más difíciles, más complejas, más diversificadas, a medida que la población aumenta, también a medida que las condiciones cambian y más aun cuando en el propio Congreso está cambiando las condiciones político- electorales de nuestro país.
Desde 1824 hasta la fecha, los periodos de sesiones se han modificado en siete veces: En la Constitución de 1824, que se marcaba un inicio de sesiones pero no un fin de éstas, lo cual podría suponer, incluso, la duración hasta de todo el año en caso de que hubiera sido necesario; en 1936 se establece ya una limitación en el primer período, pero el segundo no lo limita a una fecha determinada. Lo mismo acontece en 1843. Es hasta la Constitución de 1857, en donde se estipulan dos periodos con una duración total de cinco meses, situación que se reduce en la Constitución del 1917, en la cual se establece un solo período a partir del primero de septiembre, para concluir el 31 de diciembre y el ordenamiento vigente data, como todos sabemos, del 7 de abril de 1986, en el que se deciden
dos periodos con una duración total de cinco meses.
Dentro de los temas existen prioridades y ejes definidos por agendas establecidas de antemano. Un ejemplo: los temas de la agenda tal como la autorización de los presupuestos y leyes fiscales que se contemplan a discusión por la Constitución, son temas que por su importancia y función para la regulación social, tiene que revisarse a detalle. Es conocido que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la del Distrito Federal, los presupuestos de Ingresos y de Egresos de la Federación, así como los del Distrito Federal y las de Hacienda, tanto de la Federación y del Distrito Federal, se discuten en el primer período de sesiones de cada año, que actualmente se celebra del 1o. de noviembre al 31 de diciembre. Este período resulta insuficiente para discutir a fondo y a detalle estos temas, que como decíamos, se encuentran considerados en la Constitución.
Nos parece que se debe ampliar el plazo de este período. Pero también nos parece que debe ampliarse la duración total del trabajo legislativo en los dos periodos para equilibrarlo, ya que no se mantendría una relación adecuada entre los poderes de la Unión.
Por tal motivo, nos parece que la iniciativa que envía el Ejecutivo, con la finalidad de mover los tiempos de los trabajos legislativos, es merecedora de una adecuación. La que proponemos los miembros de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista, consideramos que el segundo período ordinario de sesiones, es conveniente que se aumente un mes, para que el poder Legislativo continúe laborando, labore durante seis meses, de acuerdo con la proposición aprobada por la Comisión y no de acuerdo con la posición propuesta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por esa razón, estimados compañeros legisladores, nos parece que hay bases, que hay sustento, hay fundamentación para que en concordancia con lo nuevo que va a aprobar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con las nuevas condiciones, aquí también haya un cambio, un cambio de fondo, un cambio importante, un cambio que se expresa, claro, en el aumento del período de trabajo, en cuanto al segundo período de sesiones, pero que de fondo tiene mucho qué ver con lo que ahora nos ocupe para hacer de ese período extraordinario, un período que corresponda a la reforma política que requiere el país.
Algunas veces hemos dicho y lo hemos dicho no en broma, hemos dicho que esta LV Legislatura está pasando a ser, después de la de 1917, la madre de todas las legislaturas y que las reformas que ahora se realicen, pueden ser la madre de todas las reformas realizadas después de 1917. ¡Hagamos honor, quizá, a lo que va a ser trascendente y que podría expresarse en este símil que tiene mucha responsabilidad! Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Manuel Terrazas.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
El ejercicio legislativo durante nuestra vida constitucional como nación independiente, ha sido modificado en muchas ocasiones de acuerdo a las circunstancias de la dinámica político-social que le ha correspondido vivir a nuestro país.
Esta situación la podemos constatar a través de la historia constitucional de México, en donde los periodos de inicio y término de las sesiones del Congreso de la Unión a partir de 1826, en 1836, 1843, 1847, 1874; 1917, 1977 y 1986, ha presentado variaciones a efecto de ajustar el tiempo real de trabajo y fortalecer de esta manera su acción efectiva en cada época, según su propia circunstancia.
Para nuestro caso y en nuestro tiempo el Ejecutivo, ha propuesto la modificación de los artículos 65 y 66 constitucionales, a fin de que el primer período de sesiones del honorable Congreso de la Unión, inicie nuevamente el 1o. de septiembre de cada año, manteniendo así como fecha máxima de conclusión el 15 de diciembre, excepto de cuando se trate del período en que el Ejecutivo Federal inicie su gestión en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, en que no podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Lo anterior lo fundamenta, al referir en la exposición de motivos de esta manera: que el Congreso de la Unión contará con un tiempo más para realizar los proyectos de Ley de Ingresos
y la Cámara de Diputados los proyectos de presupuesto de egresos de cada nueva administración.
En la práctica el análisis de la Cuenta Pública anual, por señalar algún ejemplo, reduciría la desarticulación que existe a la fecha entre informes y ejercicios y con ello se evitarían las contradicciones en las estadísticas gubernamentales, que en la mayor parte de los casos, funcionarios diversos utilizan para sus particulares intereses.
Por otra parte, al reducirse el tiempo del segundo período de sesiones, se contaría con el tiempo indispensable para analizar y dictaminar debidamente las diversas iniciativas que recibe el Congreso a fines de cada año, como establece la disposición constitucional en la materia y particularmente los criterios de política económica y de gasto para el siguiente año, los que permitirían en consecuencia, detectar menos implicaciones negativas en términos de su aplicación real y de su repercusión fiscal en el ámbito nacional.
Por cuanto a los ajustes en la legislación secundaria y la que incide particularmente en la realización de las elecciones federales y la calificación misma para Presidente de la República, éstas tendrán que ser coherentes con las propuestas de modificación electoral que se encuentran en el análisis y discusión, de manera que éstas garanticen la efectividad de aquéllas.
En síntesis, la evolución política de México está exigiendo una continua transformación de nuestras instituciones, con el propósito de lograr la evolución democrática que nuestra sociedad demanda. Y por cuanto se refiere dicha exigencia a la función legislativa y de control que corresponde al congreso de la Unión, se fundamenta, a nuestro juicio, en función de que los tiempos de interacción legislativa, permitan un sano y constante desarrollo entre el grave compromiso político y la gran responsabilidad nacional que le permitan realizar sus funciones con mayor reflexión y a conciencia.
Por lo anterior, mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, observa que las modificaciones propuestas darán un mayor tiempo para un mejor debate parlamentario y que al realizar una planeación legislativa más severa y confiable, se aplicarán acciones correctas que en su conjunto darán, aunado a nuestras intervenciones y juicios fundamentados, el impulso vital que requiere la técnica y práctica legislativa.
Es por ello entonces que dará mi partido su voto a favor en torno a la iniciativa a discusión. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias por su participación al diputado Samuel Moreno Santillán.
Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, en contra, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
En el PRD consideramos que el régimen político que deseamos transformar, tiene dos pilares fundamentales: uno es el presidencialismo, la primacía del Poder Ejecutivo y la preponderancia de éste, sobre los otros dos poderes y la existencia de un partido de Estado. Ese régimen queremos transformarlo a través de un proceso de transición democrática, pactada, pacífica.
Por esas razones nosotros hemos estado haciendo propuestas de muy diversos tipos que atemperen el presidencialismo y que permitan darle su lugar, dignificar a este poder, al Poder Legislativo y también al Poder Judicial. Esa es una de las razones por las cuales nosotros lamentamos los acontecimientos del pasado miércoles, porque dio pié a una campaña más que demerita el papel de este poder ante la sociedad mexicana.
Se ha acusado a nuestro partido de instrumentar esta acción con el fin de desprestigiar, de demeritar a este poder nada más contrario a nuestra voluntad política. Nosotros acreditamos nuestra voluntad de dignificar este poder con propuestas que hemos presentado en distintos momentos que permitan a las cámaras del Congreso de la Unión tener el papel que el pueblo de México les reclama y espera de ellas.
Así, el 9 de diciembre del año pasado, nuestro partido por mi conducto, presentó ante esta Cámara un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales sobre el Congreso de la Unión que contemplaba, entre otras cosas, nuestra opinión sobre la duración de los periodos ordinarios de sesiones. Pero, es evidente que discutir el asunto de la duración de los periodos ordinarios, no se entendería si no lo contextualizamos, si no expresamos con amplitud, el tipo de Congreso
no expresamos con amplitud, el tipo de Congreso que deseamos y que sostengo, la sociedad reclama.
Está claro que para aquellos que consideren que esta debe de ser una instancia que simplemente aprueba las iniciativas que provienen del Ejecutivo, no sólo podría quedar en los cinco meses que se nos propone de actuación de las cámaras, sino incluso se podría reducir el tiempo a lo que anteriormente se estilaba.
Yo creo que para que una Cámara cumpla el papel subordinado que en muchos momentos ésta ha cumplido, no se requieren ni los cinco meses que están establecidos o que ahora se nos proponen, pero para un Congreso de la Unión, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, sustancialmente, distintas que cumplan mejor su función propiamente legislativa, su función de control o de fiscalización sobre el Poder Ejecutivo y que cumpla también su papel de tribuna política de la nación; para un Congreso que cumpla cabilidad esas tres funciones, según nuestro parecer, no son suficientes los cinco meses en que el Congreso de la Unión funciona actualmente y se propone que siga funcionando.
En la propuesta que presentamos en diciembre pasado, proponíamos que las funciones propiamente legislativas de esta Cámara, se realizaran de una manera más seria y profesional, que nos impida que cometamos los errores como el que dio origen al problema del miércoles pasado, el problema de haber aprobado una Ley Inquilinaria al vapor, sin consulta a los posibles afectados, sin consulta a expertos que el propio Congreso, al margen de los expertos del Poder Ejecutivo, pudiera tener a su disposición para este tipo de consultas.
Nosotros sostenemos y ya lo hemos propuesto en la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, que en la Ley Orgánica de esta Cámara, se establezca como obligación la consulta a los afectados y a los expertos antes de que llegue al pleno cualquier proyecto de dictamen.
Ese es un asunto claro para el cual se requiere un poco más de tiempo; que los diputados le dediquen más tiempo al trabajo legislativo.
También sostenemos que el trabajo de control o de fiscalización del Poder Legislativo sobre del Ejecutivo debería mejorar y por eso en nuestra propuesta de reforma constitucional, señalamos que se debía conceder a las cámaras y a sus comisiones, así como a la Comisión Permanente del Congreso, la facultad constitucional de requerir informaciones del Poder Ejecutivo y la facultad de citar a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal en cualquier momento.
Proponíamos además, que se puedan establecer comisiones investigadoras no solo sobre los temas que actualmente señala la Constitución, sino sobre todos los asuntos de la administración pública. Proponíamos que la cuenta pública que hoy se examina prácticamente un año después del ejercicio del que da cuenta, debería presentarse a más tardar la primera quincena de abril.
La existencia, ahora, de computadoras, de sistemas electrónicos, permite que la cuenta pública pudiera estar lista ya para que presentarse ante el pleno en los primeros meses del año y no al final como actualmente se establece en las leyes.
Nosotros sostemos que la Cámara debería estar sesionado más tiempo y convocar a secretarios del Estado con más frecuencia, en el pleno y en las comisiones, pero además de que consideramos que con estas propuestas mejoraría nuestra labor de control y de fiscalización sobre el Ejecutivo, debemos valorar la función que desde hace pocos años está cumpliendo este órgano, como tribuna para la discusión de los asuntos políticos más importantes que atraen la atención de los mexicanos.
Quien vino a fundamentar por la Comisión el dictamen, dio la impresión de que se quejaba de que aquí discutíamos esos asuntos, pero yo creo, compañeros, que ha sido muy relevante que en esta Cámara se haya discutido por ejemplo los sucesos de Guadalajara, de la explosión del drenaje. Es evidente que fue muy importante que se discutiera aquí el tema del asesinato del cardenal Posadas. Yo no creo que sea demeritar a este Congreso, que sea extralimitarse en sus funciones, el que la Cámara esté asumiendo su papel como alta tribuna de discusión política. Yo sostengo que esa sola función ameritaría, justificaría, que esta Cámara y la de Senadores estuvieran trabajando más tiempo, la simple función de Cámara o de tribuna para la discusión de los asuntos políticos nacionales.
Propusimos en nuestra iniciativa de diciembre del año pasado, que aumentara el plazo a siete meses y medio. Ahora en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, con la idea de coincidir con las otras fracciones parlamentarias, con algunas otras, aceptamos proponer conjuntamente en esta tribuna que aumente el tiempo a seis meses, de cinco a seis meses.
Creemos, compañeros, que discutir el asunto de los plazos podría parecer banal, pero si lo contextualizamos como ya lo he hecho, en relación con el papel que queremos que el Congreso tenga, creemos que no es banal, es un asunto importante.
Yo quiero referirme aquí, leer un comentario que sobre el artículo 65 ha hecho el señor Jorge Madrazo y que se refiere al tema, para tratar de dar a esta Asamblea más elementos que justifiquen nuestra propuesta. Dice Jorge Madrazo:
La Constitución de 1857 fue muy criticada porque permitiría que el Congreso estuviese reunido en sesiones ordinarias hasta por seis meses y medio y eso sin contar con las sesiones extraordinarias a las que podía ser convocado.
Al decir de los exégetas de la Constitución de mediados de siglo pasado, acaso principalmente Rabasa, era sumamente inconveniente, subrayo esto, que el Congreso estuviese reunido por tiempo tan prolongado, pues además de que la imposibilidad para disminuir los periodos, ocasionaba una fecundidad legislativa poco deseable, se convertía el Congreso en un peligroso rival del Ejecutivo, amenazando el equilibrio entre los poderes.
El Constituyente de 1916-1917, convencido de las críticas que en este sentido se había hecho a la Constitución de 1857 y en congruencia con todo el programa constitucional de fortalecimiento del órgano ejecutivo, estableció un solo período ordinario de sesiones que se iniciaba el 1o. de septiembre y que de acuerdo con el artículo siguiente, no podía prolongarse más allá del 31 de diciembre.
Es evidente que en los debates del Congreso Constituyente, un elemento que estuvo presente en la discusión de varios artículos , fue el de que era necesario fortalecer al Poder Ejecutivo, tener un Ejecutivo fuerte para resolver los problemas de aquel momento.
Yo preguntaría: ¿hoy todavía, en 1993, se requiere seguir fortaleciendo al Poder Ejecutivo, se requiere limitar la función del Poder Legislativo para no desequilibrar la relación entre los poderes? Nosotros sostenemos que es al revés. Sostenemos que el hecho de que el Congreso de la Unión esté reunido, que sus cámaras estén funcionando una o dos veces por semana, ese simple hecho estaría dándole a nuestro Poder Legislativo, una presencia política ante la sociedad mexicana que mucho requiere.
Creemos que este elemento, la relación Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, este elemento es el que está en el fondo de la negativa de la mayoría a aceptar nuestra propuesta. Todavía se cree que hay que tener la preponderancia del Ejecutivo sobre el Legislativo, que mucho lamentamos y que se demuestra hasta en el hecho de que un asunto que compete estrictamente al Poder Legislativo como es el tiempo de su funcionamiento tuvo que ser abordado por el Ejecutivo con la iniciativa que nos está enviando.
En esta Cámara ya estaba presente la idea de ampliar los plazos, desde diciembre por nuestra parte, pero el anterior grupo parlamentario del PRD ya lo había propuesto, sin embargo nunca se ha dictaminado sobre nuestras propuestas; es hasta que el Ejecutivo manda decir que el Congreso debe cambiar sus periodos, en ese momento la mayoría dictamina y ahora vamos a votar. No podría creo, haber mayor prueba gráfica del sometimiento de este poder al Poder Ejecutivo. Creemos que con la modificación del tiempo de duración de las sesiones, no resolvemos lo sustancial; eso está claro para nosotros.
Este Poder Legislativo se va a dignificar el día en que ya no necesitemos que para aprobar una Ley agraria tenga que estar, físicamente en el Palacio Legislativo, el subsecretario Luis Téllez, para decirle a los diputados de la mayoría qué tienen que votar, qué tienen que cambiar. El día que no dependa el grupo mayoritario de diputados del Poder Ejecutivo, que se demuestra en la reunión que hace unos días tuvieron en Los Pinos, a donde el Presidente de la República asumió el papel de aconsejador o regañador de la mayoría de los legisladores de esta Cámara. No puede haber gráficamente mayor demostración de la existencia del PRI-Gobierno, cuando una reunión partidista la encabeza el Jefe del Ejecutivo en la propia residencia del Poder Ejecutivo. Eso es lo que tienen que cambiar para que se dignifique este poder.
Pero mientras ello ocurre, es necesario avanzar en el mejoramiento de las formas. por eso participamos con denuedo en la discusión de la nueva Ley Orgánica del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Hicimos muchas propuestas tendientes a que, cuando menos en la forma, este Congreso se presentara de manera distinta ante la sociedad.
Aquí aprobamos ya algunas modificaciones que están congeladas en el Senado, pero que son ejemplo de cómo es necesario que hubiera más tiempo para nuestras tareas. Por ejemplo, todas las fracciones aprobamos que para el examen
del informe del Presidente de la República, en lugar de aceptar que éste se discutiera o debatiera personalmente con la Cámara como era nuestra propuesta, la mayoría aceptó que se convocara a los secretarios del despacho correspondiente para hacer una glosa, para hacer un examen muy detenido del informe presidencial. ¿No amerita más tiempo eso? ¿No ameritaría más tiempo el procedimiento legislativo que he descrito anteriormente? ¿No ameritaría más tiempo que este Congreso convoque a los secretarios de Estado con más frecuencia para que se ejercite de mejor manera la función de control y de fiscalización?
Por todas estas razones nosotros les proponemos a los diputados que cuando menos en las formas, avancemos en la dignificación de este Congreso; que aceptemos la propuesta que ya han mencionado otros diputados, de que el segundo período ordinario, en lugar de terminar el día último de abril, termine el día último de mayo.
Nosotros seguiremos insistiendo en que se dictaminen nuestras propuestas; creemos que no es un asunto vanal y por eso insistimos en que aprueben esta propuesta, en concreto que se discute el día de hoy. Dejo por escrito la propuesta, gracias.
El Presidente:
Muchas gracias por la participación del diputado Raymundo Cárdenas Hernández. Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Zavala Pérez, para fijar posición, por el Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Heriberto Zavala Pérez:
Señor Presidente; señores diputados:
Voy a aceptar el sabio consejo que versa: "Exprésate con el menor número de palabras posible; que la palabra sirva para expresar la idea, pero que nunca la idea sucumba ante el alud de las palabras".
Por respeto a mis compañeros diputados, mi intervención será muy breve. Se me designó, por la diputación de Acción Nacional, para pronunciarme sobre la posición de dicha diputación a esta iniciativa.
Ciertamente y no la voy a minimizar, pero la iniciativa por su contenido no va a cambiar los poderes federales. Creemos, eso sí, que facilita los trabajos legislativos y por ello el voto de los diputados de Acción Nacional será a favor.
Pero lo que importa es el trabajo legislativo profundo y real, el trabajo organizado; que si a los señores diputados se les cita a las 10.00 de la mañana, las sesiones empiecen a las 10.00 de la mañana por respeto a sí mismos .
Lo que interesa es el esfuerzo de todos nosotros para hacer de esta Cámara algo respetado y respetable, por los de dentro y por los de fuera.
Cumplamos pues la nobilísima función legislativa, con señorío constitucional y con respeto a nosotros mismos. Gracias.
El Presidente:
Muchas Gracias por su participación al compañero diputado Diego Zavala. Tiene el uso de la palabra, en contra, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar. El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Las reformas a los artículos 65 y 66, que debieran haber surgido del seno de la Cámara de Diputados, porque se refieren a las modalidades, a los ritmos de su trabajo, proceden del Ejecutivo Federal.
Si se observan bien estas propuestas, en el fondo se buscan dos objetivos: Uno, facilitar la transmisión del mando presidencial, volviendo a la formalidad anterior, que en su tiempo fuera impugnada en esta Cámara de Diputados, ampliando el plazo para la entrega del mando del Presidente de la República y otra, imponiendo al Congreso de la Unión los ritmos a que debe someterse su trabajo.
No es verdad, como lo dice el dictamen que hay un equilibrio entre la duración de los dos periodos de sesiones, porque parecen olvidarse experiencias anteriores y experiencias nuevas, que pusieron en entredicho, que han puesto en entredicho lo que afirman los autores del presente dictamen.
En realidad hay un desequilibrio entre el primer período ordinario de sesiones y el segundo período. Normalmente el primer período ordinario de sesiones se consume en la aprobación de la
Ley de Ingresos del Presupuesto de Egresos, del dictamen de la Cuenta Pública, de las comparecencias de los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, cuando esta dependencia existía.
Ese es el contenido fundamental del primer período ordinario de sesiones.
Todos nosotros, sin excepción, independientemente del partido al que pertenezcamos, sabríamos muy bien que el primer período de sesiones, tal y como estaba concebido, no bastaba para hacer un examen a fondo, ni siquiera de las iniciativas de orden financiero y fiscal, que llegaban a esta Cámara de Diputados.
Todos presenciamos la premura con que se hacían las deliberaciones, la improvisación en que se incurría muchas veces, la celeridad del trabajo de comisiones, todo con el propósito de aprobar el andamiaje jurídico que permitiera al Ejecutivo el ejercicio de sus facultades de orden económico.
Y prácticamente no había tiempo, no hubo tiempo para discutir otras leyes importantes, mucho menos ninguna reforma a la Constitución.
Todos recordamos que, la temporada de fin de año en nuestro país, por distintas circunstancias, afecta en forma negativa el trabajo legislativo; reduce el rendimiento real de la Cámara del Diputados y eso, a veces pensamos, se hace en forma deliberada por el Ejecutivo, que faltando muy pocos días para que se termine el período ordinario, envía iniciativas trascendentales, que no se pueden estudiar a fondo porque este período termina en los plazos señalados.
Ahora se pretende regresar al sistema anterior a partir del 1o. de septiembre en que el Presidente de la República rinde su informe.
Es necesario señalar aquí que realmente el Congreso de la Unión debería fijar en forma autónoma los ritmos de su trabajo legislativo, la duración de sus sesiones, el término de sus conclusiones y no estar sometido a un ritmo que se le impone desde fuera, desde el Poder Ejecutivo y no estar sometido a necesidades políticas del Presidente de la República, sino a necesidades políticas del Congreso de la Unión, como entidad autónoma y como entidad soberana.
De tal manera que no podemos seguir aceptando la existencia de constituciones sexenales, que finalmente es a lo que nos ha conducido esta subordinación.
Cuando esta Legislatura termine sus funciones, habremos producido una nueva Constitución muy diferente a la Carta Magna de febrero de 1917. Y cada Presidente de la República, trata y de hecho lo consigue, de imponer sus concepciones personales a las Constitución, imponiendo ritmos a la Cámara de Diputados.
Hoy mismo, en un período de tres semanas, esta Cámara reformará cerca de 17 preceptos constitucionales, algunos de ellos, de gran trascendencia histórica como el artículo 82. No cabe duda que la Cámara de Diputados funciona con una gran celeridad, con una gran rapidez y ha perdido responsabilidad política y profundidad.
De tal manera, que pienso yo que debieran pasar dos legislaturas para que pudiera aprobarse una reforma a la Constitución. Una legislatura que las aprobada y otra que las ratificara, con el objeto de respetar el carácter fundamental y general que debe tener la Constitución, de no seguirle dando trato de Ley secundaria y de respetar el alto rango jurídico que tiene la Carta Magna.
Pero además el período que debiera ser más fructífero de esta Cámara, es el que más se acorta en la propuesta que nos hace la Comisión de Gobernación, me refiero ala período que se inicia el 15 de abril y que antes terminaba el 15 de julio.
Pensábamos nosotros que era el período más fructífero, porque en el receso de diciembre a abril, las comisiones de la Cámara harían estudios, consultas, investigaciones, comparecencias para la aprobación de leyes del siguiente período ordinario de sesiones, ya sin las presiones que implicaba la aprobación de las leyes económicas.
¿Pero en la práctica que ha ocurrido? Que en los periodos de receso de la Cámara, casi no realizan actividades las comisiones reglamentarias. Los señores diputados regresan a sus entidades, vuelven a sus distritos, pero el trabajo camaral, el trabajo legislativo propiamente dicho, prácticamente queda suspendido, salvo muy honorosas excepciones, hasta el siguiente período ordinario de sesiones. De tal manera que aquella expectativa que abrió en nosotros el segundo período, quedó frustrada, porque las comisiones de la Cámara no trabajan como debieran hacerlo en el período de receso de esta Legislatura.
Por ejemplo, nosotros no sabemos el impacto económico y social que han tenido las reformas en materia agraria y que esta Cámara aprobara hace tiempo. Cuando estas reformas se
Aprobaron, se pensó que era la vía para la capitalización del campo, que era el conducto para sacar al campo de su postración y de su abandono, para aumentar el rendimiento agrícola. Ha pasado ya año y medio de que esta Cámara aprobara las reformas al artículo 27 y la Ley Agraria correspondiente y debiéramos preguntarnos nosotros, si se han logrado estos objetivos, si no se han logrado; de tal manera que la Cámara de Diputados necesita hacer estudios sobre el impacto social que van a producir las leyes que aquí se aprueban.
Porque las leyes que el Congreso sanciona no se producen en el vacío, no se aplican en la abstracción, sino van a aplicarse a una realidad concreta y determinada, a una circunstancia económica y social y la Cámara de Diputados al parecer queda ignorante respecto de los efectos que pudieran tener las leyes que aquí se aprueban.
Por eso consideramos que se requiere más tiempo para la elaboración de estos estudios de impacto socio-conómico. También es necesario señalar que aquí se pierde el equilibrio cuando se acorta el período de sesiones, el segundo período, que es el que mayor atención requiere por el Congreso de la Unión. Prácticamente podríamos afirmar que el primer período se encargaría exclusivamente de la aprobación de las leyes económicas; pero el trabajo legislativo serio, sería exactamente en el segundo período ordinario que ahora se disminuye por lo menos en el plazo de un mes.
Consideramos que la Cámara de Diputados debiera tomar, a su vez, otras medidas importantes. Una de ellas sería la de inducir a las comisiones reglamentarias a que en los periodos de receso, realmente realicen actividades propias del área de su competencia; de que pudiera combinarse la visita de los diputados a sus distritos con el trabajo legislativo, de tal forma que en verdad hubiese un serio trabajo de orden legislativo.
Para ello, considero, que debe vincularse el trabajo de las reformas constitucionales con la emisión de leyes generales. En esta Cámara ha habido un divorcio entre una reforma constitucional y una Ley general, cuando que todos sabemos que hay o debiera haber una íntima relación.
De tal manera, que no puede haber una legislación coherente, si no se vincula la reforma a la Constitución con la Ley general.
Creo también, que es necesario, que las galerías de la Cámara de Diputados se abran al público, se abran a los asistentes. El Reglamento interior del Congreso de la Unión, permite que todo ciudadano mexicano asista en las galerías a los debates que se dan en el seno de la Cámara de Diputados, con las salvedades, con las excepciones que el propio Reglamento señale. Desde que esta Legislatura se instaló, las galerías han estado vedadas al público y se han establecido requisitos de orden administrativo, que prácticamente en ocasiones hacen infranqueable la entrada al Recinto Legislativo a las señoras y señores que desean asistir a las sesiones.
Es importante la apertura de las puertas de este Palacio al pueblo por una razón: La Cámara de Diputados no puede trabajar a espaldas de la presencia de los ciudadanos.
En las anteriores legislaturas federales, el pueblo participaba en los debates y el Presidente de la mesa directiva aplicaba el Reglamento en los extremos que éste señalaba. Pero nunca se impidió en el pasado, que entraran los ciudadanos al Recinto Legislativo, como ahora ha sucedido.
Esto es importante porque representa un termómetro, una medida acerca de las leyes que esta Cámara aprueba; acerca del impacto de las normas legales que aquí sancionamos y de alguna manera son un indicador de cómo está trabajando el Poder Legislativo.
Por estas razones es que en lo particular votaré en contra de las reformas a los artículos ya señalados. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias por su participación, señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Tiene uso de la palabra el diputado Luis Beauregard en pro, por el Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
A mi juicio, la reforma a los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estamos discutiendo en esta tarde, merece el voto aprobatorio de esta Asamblea.
Y voy a exponer aquí los argumentos en favor de esta iniciativa y voy a tratar de seguir el hilo argumental de algunos diputados que aquí me han antecedido en tribuna, para pedirles el voto a favor de esta iniciativa.
De lo que se está tratando en el fondo, es de las formas y los procedimientos con que trabaja el Congreso de la Unión y en especial esta Cámara de Diputados. Vamos a través de la propuesta, a regresar a un período de sesiones que se iniciaba en el mes de septiembre y que concluye, de acuerdo a la iniciativa, el 15 de diciembre, excepto los casos en que el Presidente de la República toma posesión, que es cada seis años y, después, un segundo período de mes y medio que tendría lugar a partir del 15 de abril, para concluir el 30 de mayo. Septiembre, ya lo dijo aquí el diputado que expuso los argumentos a favor del dictamen, es un mes que está íntimamente ligado con la memoria patria: 13 de septiembre, la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec; el 14 de septiembre la integración de Chiapas a la República Mexicana; 15 de septiembre el inicio de la Independencia Nacional; el 27 de septiembre, la Consumación de la Independencia y, el 30 de septiembre, la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
Fue durante muchos años, el 1o. de septiembre, la fecha oportuna para que el Ejecutivo, de acuerdo a lo que señala la Constitución de la República, rindiera el informe sobre el estado que guarda la nación.
Así pues, en cuanto a los tiempos, yo creo que hay un acuerdo explícito de las fracciones para que se regrese a ese período.
En lo que se ha discutido aquí, en contra, es en el lapso, el período de tiempo que deben durar las sesiones del Congreso de la Unión y el trabajo de la Cámara de Diputados.
Yo quisiera reafirmar lo que dijeron aquí algunos diputados respecto del trabajo en comisiones. Yo creo que en efecto debemos de revisar el cómo se hace el trabajo en comisiones. El trabajo en comisiones debe de reglamentarse. Requerimos una nueva Ley Orgánica que seguramente la tendremos después de estas reformas constitucionales que vamos a discutir en este período extraordinario. Requerimos también un nuevo Reglamento para el trabajo de la Cámara de Diputados y para el trabajo del Congreso de la Unión. Ya hay una propuesta y en su momento seguramente se harán las adecuaciones del caso. Pero en efecto, el trabajo en comisiones requiere mayor rigor, requiere mayor consistencia, requiere mayores elementos técnicos y materiales y tal vez, mayores recursos humanos para trabajar con mayor eficiencia en el seno de las comisiones.
En muchos congresos del mundo, el trabajo principal, el más importante, donde realmente se hace el trabajo legislativo, señores diputados, es en el seno de las comisiones. En muchos congresos del mundo las reuniones de pleno son prácticamente reuniones para fijar posiciones y votar.
Ese es un ingrediente importante para hacer más eficiente y más consistente el trabajo de esta Cámara. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en ese sentido.
Requerimos, sin embargo hay que mencionar, que ha habido avances en ese sentido. En esta LV Legislatura ha habido nuevas comisiones de dictamen legislativo. Hay cerca de 42 ó 43 comisiones de dictamen legislativo. Hay algunas comisiones de este tipo que trabajan de manera intensa a lo largo del año, donde participan con entusiasmo, con interés, con sentido de responsabilidad, la mayoría de los diputados que a ellas pertenecen. Hay otras comisiones que tal vez por la naturaleza misma de su materia trabajan con menor intensidad o se toman más espacios para atender a los asuntos que les son de su competencia. Hay asimismo, esfuerzos para compartir las cargas en el trabajo plural, para compartir responsabilidades y hay comisiones que quieren integrar el manejo de la Cámara, de una forma cada vez más participativa.
Así pues, yo coincido en que debemos de ver el trabajo, la forma, los procedimientos en que se desenvuelven estas comisiones de dictamen legislativo.
Habría que pensar, habría que integrarse al seno de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para hacer estas propuestas.
Las comisiones necesitan tener memoria; necesitan registrar de manera expedita y eficiente, todas y cada una de sus actividades. Hay comisiones, que ya les decía, y muchos de ustedes han participado en ellas, que han trabajado de manera intensa y han arribado con sus propuestas, con sus iniciativas, con su proyecto, de manera bastante convenida, de manera bastante trabajada, hacia el pleno. Pero no es solamente el trabajo en comisiones lo que hará darle mayor eficacia al trabajo legislativo. Es que por lo
demás, hay una parte del trabajo legislativo que requiere reflexión, análisis, estudio, comparación, hacia legislaciones pasadas nacionales, hacia legislaciones del extranjero, confrontaciones con diferentes grupos, gremios y sectores de la sociedad, estudiar la teoría y la doctrina de la materia que se trate, para que sea un trabajo legislativo fructífero.
Y a veces, compañeros, no todos los compañeros legisladores están dispuestos a entrarle con profundidad a ese trabajo que requiere conocimientos jurídicos, disposición para investigar, disposición para redactar, disposición para ir a las fuentes y producir un precepto legal acorde con los tiempos que vivimos.
Así pues, compañeros, está esa parte muy importante del trabajo legislativo que son las comisiones. Pero también necesitamos racionalizar el debate. Necesitamos hacer uso de la tribuna de manera cada vez más racional y más precisa. En otros parlamentos del mundo hay un reglamento general del trabajo camaral y se distingue entre el trabajo en comisiones y el debate parlamentario, cómo se debe de dar y es un reglamento específico.
Esto ayudaría también a hacer, como se quiere aquí, si eso es por lo que se pugna, un trabajo que dé mayor tiempo para analizar con cuidado todas y cada una de las iniciativas que aquí nos tocan.
Pero en México, como en otras partes del mundo, el foro congresional no sólo tiene qué ver con la parte legislativa, es también tribuna para exponer y dirimir puntos de vista políticos, para confrontar opiniones sociales, para ventilar las controversias jurídicas y políticas que se dan cotidianamente en un país de las dimensiones del nuestro y a veces eso también en el pleno nos lleva tiempo y nos distrae de funciones legislativas, que es la función esencial del trabajo parlamentario.
Pero, aún más, compañeros. Yo quisiera decirles que se ha trabajado intensamente, que ya lo dijo aquí otro diputado que me antecedió en la palabra, se harán hecho grandes transformaciones a la estructura jurídica y política del país, que ha habido un trabajo legislativo muy intenso. Yo quisiera decirles que de acuerdo a los resúmenes que publican los órganos camarales, en el pasado período de sesiones, del 15 de abril al 15 de julio, tuvimos un total de 239 horas de trabajo, en 37 sesiones.
Que hubo diputados que vinieron aquí a la tribuna, y aquí están los datos, más de 25 veces, un solo diputado ocupó la tribuna más de 25 veces. Eso está bien. Yo no critico que cada vez que algún compañero quiera hacer uso de la palabra lo puede hacer. Es su derecho, es una de las funciones esenciales del parlamento. Pero se los dejo como motivo de reflexión, porque muchas veces desviamos los debates, desviamos el meollo del asunto, para utilizar, que también es válido, algunos de los métodos legislativos para oponerse a alguna decisión del pleno. En algunos lugares se le conoce como "filibusterismo", en otros lugares se le conoce como "voto obstruccionado..."
El Presidente:
Señor orador: Nos permite, por favor.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Sí, señor.
El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul):
Señor diputado, yo quisiera preguntarle si sabe usted cuántos diputados no han podido hacer uso de la palabra, porque nunca hay tiempo para que intervengan.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
No, señor diputado, no sé decirle cuántos diputados no pueden hacer uso de la palabra, porque me parece además, que aquí todo el que quiere y que viene a las sesiones y al pleno y se apega al Reglamento, yo estoy seguro que puede hacer uso de la tribuna cuantas veces quiera... y tanto los informes de la Oficialía Mayor como la revista Crónica Legislativa, que ha recogido estos trabajos, dan cuenta de cuántas veces diputados, aquí le puede recomendar, señor diputado, el número 7 de la revista Crónica Legislativa, para que pueda usted ver y le pediría si me permite, señor Presidente, ruego a la Secretaría que denuncie nada más por partido, sin nombre de los diputados, por respeto, que denuncie los partidos y las veces que los dos primeros diputados hicieron uso de la tribuna, por favor.
El Presidente:
Proceda la Secretaría, por favor.
El secretario Florencio Salazar Adame:
"Diputados que hicieron uso de la tribuna con más frecuencia. Del PRI; el primer diputado siete veces, otro más seis, un tercero seis, un cuarto cinco, un quinto cinco, el seis cinco, el siete cinco, el ocho cinco, el nueve cuatro, el 10 cuatro, el 11 cuatro, 12 cuatro, 13 cuatro, 14 cuatro, 15 cuatro, 16 cuatro y 17 cuatro. Del PAN: uno 10, dos ocho, tres ocho, cuatro siete, cinco seis, seis seis, siete cinco, ocho cinco, nueve cinco, 10 cuatro, 11 cuatro, 12 cuatro, 13 cuatro, 14 cuatro. Del PRD: uno 26, dos 14, tres 11, cuatro 10, cinco 10, seis nueve, siete nueve, ocho nueve, 10 nueve, 11 ocho, 12 ocho, 13 ocho, 14 siete, 15 seis, 16 seis, 17 cinco, 18 cinco, 19 cinco, 20 cinco, 21 cinco, 22 cinco. Del PFCRN: uno ocho, dos ocho, tres siete, cuatro siete, cinco siete, seis siete, siete seis, ocho seis, nueve cinco, 10 cinco. Del PARM: uno 18, dos 15, tres seis, cuatro seis, cinco seis, seis cinco. Del PPS: 10, dos 10, tres nueve, cuatro nueve, cinco ocho, seis ocho, siete seis, ocho seis, nueve cinco y del Grupo Independiente: uno 11, dos siete, tres cinco. Son todos.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Gracias, señor Secretario.
Señores diputados, discúlpenme ustedes, pero era para contestar la improcedencia de la interpelación del señor diputado.
Entonces creo que aquí a nadie se le niega ni se le debe de negar, no solamente no se le niega, no se le debe de negar a un diputado que suba a tribuna cuantas veces quiera, que los argumentos sean siempre repetitivos, trillados, aburridos, eso es otra cosa, pero de que tienen su derecho a subir a tribuna, pues lo tienen y bien merecido.
Así pues, señores diputados, volvamos al tema. Entonces yo creo que cinco meses para el trabajo legislativo, trabajo legislativo serio, responsable, que reúna las tres vertientes que son: estudiar las iniciativas, analizarlas, discutirlas en el seno de las comisiones y ¿cuántos diputados hay que ni siquiera asisten y, hablo de todos los partidos, más que una o dos veces a las reuniones de Comisión? Y sin embargo, se quejan de que no hay el suficiente trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo legislativo en comisiones y todo el que quiere al igual que todo el que quiera hacer uso de la tribuna, participa y participa de manera intensa en el seno de las comisiones.
Tenemos un ejemplo: recién votado en el pasado período, la Ley de Asentamiento Humanos, fue un trabajo extraordinario que llevó cerca de un año su discusión, su análisis y fue una excelente Ley. Tenemos otro caso, tenemos casos como el de la Ley de Seguridad Pública, que también fue muy bien trabajado, muy bien convenido y donde al final de cuentas los diputados de algunas fracciones, no obstante haber trabajado intensamente en esa iniciativa, votaron en contra. Tenemos otros casos que no viene al caso mencionar en tribuna en este momento.
Entonces, señores diputados, yo creo que el período de cinco meses es suficiente, pero aún les voy a dar otro argumento más; decía un ilustre político, un hombre que reflexionaba sobre el quehacer de la política y que también fue dirigente político, que fue diputado, apuntaba sobre los trabajos del legislador en México y, me voy a permitir leer de manera muy breve que decía que aun cuando el diputado representa la voluntad nacional y es elegido por una circunscripción territorial, por una parte de la voluntad nacional y por consiguiente sí tiene obligaciones ante la voluntad nacional, también las tiene ante la voluntad parcial, ante el pedazo de esa voluntad, ante la circunscripción territorial que él representa. "Si bien ésta no es una función constitucional, sí lo es tradicional en nuestra política y frecuentemente ese papel ha sido criticado", decía el maestro Reyes Heroles.
"El diputado se debe a la nación, pero también se debe a su circunscripción, a su distrito; el diputado debe por igual en nuestra teoría y en nuestra práctica, ser legislador, atender al interés general y ser gestor y, que no nos asuste la palabra 'gestor', -decía Reyes Heroles-, no se trata de ser tramitador de negocios, sino de algo mucho mayor, de ser procurador de pueblos, del bien de pequeñas colectividades que han confiado sus intereses a quien, representando a la nación, representa aquello que para muchos es poco pero para quienes lo requieren o demandan es muy grande el pequeño beneficio colectivo, la obra común, el servicio social.
Nuestros diputados decía, aquél ilustre político, tienen un mandato de la voluntad nacional y están obligados a ser juristas, a ser procuradores de los distritos, de las colectividades, puesto que aunque carezcan al respecto de un mandato constitucional, tienen un mandato popular."
Tal vez, alguno de los diputados que critican esto no lo entiendan, puesto que nunca han obtenido una representación por la vía de la elección mayoritaria y porque no tienen ése vínculo
que tienen muchos diputados con su pueblo, su distrito o su región, al que quieren y aman entrañablemente y sienten o sentimos una responsabilidad muy grande al venir aquí a trabajar por ellos y para ellos, pero también a regresar a esos nuestros queridos pueblos para por lo menos informarles del trabajo de los diputados mexicanos de todos, para informarle de cómo trabaja el Congreso de la Nación, para informarles de cuáles son las grandes tareas nacionales que aquí se discuten.
Así pues, también requerimos de ese tiempo para que los diputados puedan concurrir a sus distritos a ser esto que es ser procurador de pueblos. Así pues señores diputados, veamos con claridad que...
El Presidente:
¿Me permite, compañero diputado?...
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa (desde su curul):
¿Me permite una interpelación el orador señor Presidente?...
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Al final. Muchas gracias. Al final, señor Presidente, por favor.
El Presidente:
Adelante, diputado
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Veamos pues que tenemos con cinco meses de trabajo, si reglamentamos la sesión, si nos abocamos a trabajar en el seno de las comisiones, si hacemos un esfuerzo de asistencia a todas las sesiones camarales; si venimos realmente a todas las sesiones camarales... veo a algunos de los que objetaron hoy en la mañana en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales este proyecto de dictamen, que ya ni siquiera están en esta reunión.
Así pues, la responsabilidad del diputado es mucha y es muy grande y yo creo que la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los diputados federales mexicanos compañeros de esta LV Legislatura, llevan con alto honor y decoro ese título de representante de la nación; yo creo que si queremos servir a nuestros ciudadanos, si queremos analizar en detalle todas y cada una de las iniciativas, este tiempo es suficiente.
Pero ¿cuál es el tiempo suficiente?, sería otra pregunta, para resolver los grandes temas nacionales; ¿por qué seis meses?, ¿por qué no ocho?, ó ¿por qué no 10?; hay congresos en el mundo que abren sus periodos de sesiones digamos en el mes de enero y efectivamente los clausuran en el mes de diciembre, pero no tienen más que un par de asambleas de pleno al mes.
Recordemos que el Parlamento Británico no tiene ni siquiera las suficientes bancas para todos los diputados que en este caso son la Cámara de los Comunes, los representantes.
Así pues, el trabajo camaral tiene que partir de algo fundamental, la racionalidad de su trabajo. Ningún trabajo es suficiente, hay gente que trabaja sin tregua, a las locas y a las tontas, como dicen, 24 horas del día y nunca tiene tiempo para reflexionar, para ponderar, para estudiar.
Este tiempo de cinco meses, que son algo así como 150 días, que con las horas del trabajo, si son dos, tres sesiones a la semana, creo que es un tiempo razonable para atender con calidad, con esmero, con atención, todas y cada una de las iniciativas que aquí se discuten.
Así pues, compañeros, creo que éstos son los argumentos, entre otros y vendrá otro compañero a reafirmarlos o a exponer algunos más, a abundar algunos de ellos, pero creo que éstos son los argumentos fundamentales.
Vamos a trabajar sobre otras formas de cómo hacer más ágil, más fluida, más rigurosa, más eficaz, el trabajo parlamentario de esta Cámara; vale la pena pensar en ello, pero bajo esta premisa de que este período que propone esta iniciativa es un tiempo razonable y, por esta razón, yo les pediría a todos ustedes que voten a favor de esta propuesta. Muchísimas gracias.
El presidente:
Diputado Beauregard, ¿acepta una interpelación del diputado Felipe Calderón Hinojosa?
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Sí, señor.
El Presidente:
Adelante, diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Diputado, ha mencionado usted en su discurso, ha hecho varios comentarios despectivos desde mi punto de vista, respecto de los diputados de representación proporcional. Ha dicho que no tienen el mismo grado de vinculación con los electores ; ha dicho que no han conocido el voto mayoritario. Le agradecemos que todavía nos acepte aquí en la Cámara. Yo le preguntaría nada más si considera que los diputados de representación proporcional somos diputados de segunda, incluyendo la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Bueno, señor diputado, yo le daría en primer lugar una disculpa porque tuvo usted una lectura totalmente errónea de lo que dije, totalmente errónea. En primer lugar creo, concibo muy bien y sería muy largo de explicar por qué está constituido y a qué obedece a que esté constituido nuestro doble sistema de representación con el componente de mayoría relativa dominante y el componente de representación proporcional.
Respeto en lo absoluto a todos los diputados, todos, a los 500 diputados que forman esta LV y todos los demás que han pasado por esta casa del pueblo mexicano, que es la Cámara de Diputados.
Creo que hay un trabajo como el de usted, señor diputado, excelente, una gente realmente responsable de sus funciones y no creo de ninguna manera que la representación proporcional tenga menor vínculo con sus representantes, creo que es diferente, creo que no hay esa relación tan estrecha y tan personal como la que tiene un diputado electo por una de las circunscripciones, de las cinco circunscripciones que se integran, que abarcan cinco, siete estados, como las que tiene un diputado modesto de un distrito que abarca a 10, 12 pueblos o a una porción de una gran ciudad.
Creo que eso es diferente, creo que puede ser diferente el grado de intensidad, pero creo y es muy válido, el trabajo, la representación proporcional en toda la Legislatura y en el Congreso de la Unión y, como será muy importante, por cierto y al paso, la representación proporcional en el Senado de la República. Para mí me merece el mayor respeto.
Lo único que varía, les decía yo, es el grado de intensidad de la relación y le doy una disculpa y le pido una disculpa a todos aquellos que hayan tenido una mala lectura de lo que yo quise decir.
Pero quiero decirle también, señor diputado, esto no nos salva de que hay diputados de representación proporcional o de mayoría relativa, que no sienten a veces ni respeto ni cariño ni por su poder ni por el distrito o la circunscripción que representan, pero es un problema personal y moral, pero no de la mayoría ni de ninguna manera y una disculpa nuevamente. Señores, muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, en los términos del 102, tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González:
Con su permiso, señor Presidente:
Aceptamos las disculpas, pero lo dicho, dicho está. El compañero Beauregard planteó como parte de su argumentación, que algunos diputados habían expresado la necesidad de más trabajo del pleno y aquí quisiera aclarar que en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, personalmente planteé la posibilidad junto con el diputado Terrazas y los diputados del PRD, de aumentar un mes el trabajo legislativo del pleno, cosa que seguimos sosteniendo.
El compañero Beauregard planteó que quizá propusimos este asunto de aumentar el trabajo en el pleno, por esta cuestión de una relación no tan intensa con el distrito. Yo creo que la relación del diputado de minoría es en muchos casos más intensa que la del diputado de representación de mayoría, porque generalmente es la vinculación con aquellos que no se ven beneficiados con las relaciones de mayoría, que tienen un tratamiento más expedito; son aquellos que tocan las puertas de funcionarios y se les cierran, son las voces minoritarias que definitivamente no tienen las facilidades que tienen las voces
afiliadas o que se canalizan a través del partido de mayoría.
Me parece una expresión desafortunada y como decía, aceptamos las disculpas pero queda, flota en el aire, la idea de una representación menor por parte del diputado de representación proporcional.
Generalmente el diputado de representación proporcional, tiene el peso de una vinculación con el distrito donde hizo campaña en muchos casos, en el 30% de los casos o la ciudad que lo acoge y al mismo tiempo con vastas regiones de la circunscripción que representa. Es en ese sentido una carga mayor y aún más intensa que el de otros diputados.
Yo quisiera reiterar aquí proponemos un mes más de sesiones para el pleno, porque aunque es cierto lo que se ha dicho en cómo debe funcionar el Congreso, el deber ser; una cosa es como funciona en realidad y en realidad las comisiones no funcionan de manera adecuada, si no hay el incentivo del pleno más que en casos excepcionales.
Si este Poder Legislativo tuviera una independencia realmente genuina y marcada del Poder Ejecutivo, nos bastarían tres o cuatro meses para legislar, porque el Ejecutivo mandaría sus iniciativas y nosotros las programaríamos según conveniencia del Poder Legislativo. No es ése el caso, pero estamos avanzando de manera desigual, en algunos campos sí, en algunos momentos este Poder Legislativo da marcha atrás en cuanto a esa independencia, pero el caso es que tomando en cuenta las circunstancias en como legislamos, es necesario un mes más de trabajo del pleno, para poder llevar a cabo una mayor reflexión de las iniciativas, poder producir un ambiente de intercambio con funcionarios al respecto, poder darle más dinamismo al trabajo de las comisiones, tomando en cuenta además que el trabajo de gestoría con las regiones del país, en muchas ocasiones necesita la presencia del diputado federal aquí en la Ciudad de México.
Quiero reiterar que mi partido, aunque apoya en lo general esta propuesta, al mismo tiempo ve la conveniencia de aumentar un mes, el trabajo legislativo del pleno. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias diputada Soto.
Tiene uso de la palabra, en los términos del 102 y hasta por cinco minutos, el compañero diputado Hildebrando Gaytán, del PPS.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
A lo dicho por el orador del Partido Revolucionario Institucional, queremos hacer la siguiente referencia:
Se producen muchas necesidades en el pueblo que reclaman efectivamente la intervención de los diputados de todos los partidos y no como equivocadamente dijo, sólo de quienes son diputados que fueron electos por un distrito, se reclama esta gestión por una razón, porque no ha podido, esta Cámara de Diputados principalmente, porque la de Senadores es otra cosa, esta Cámara de Diputados dar las leyes justas que requiere el pueblo para la solución de sus problemas.
Por eso la función primordial que tenemos de analizar los problemas y darles el cauce por la Ley correcta que vaya a desarrollar las fuerzas productivas, que vaya a solucionar los problemas que tiene el pueblo ante falta de servicios y principalmente por la injusta distribución de la riqueza. La carencia de esas leyes es lo que demanda un gran papel de gestoría.
Por eso ¿qué triste que vengan aquí a exaltar un papel menor de gestoría cuando no se cumple en la tarea fundamental de dar las leyes que requiere el pueblo y de prácticamente estar legislando con esta premura que fue calificada precisa mente para criticarla como una legislación al vapor?
En mi intervención señalé los razonamientos por los cuales el Partido Popular Socialista vota en contra de la discusión de este dictamen y señalábamos, como esta reforma forma parte, este dictamen forma parte de toda la reforma política. Y aquí viene también para hacer referencia al orador anterior, ¿cómo es posible venir aquí a exaltar que así vamos a tener un gran trabajo en las comisiones para analizar y discutir, si en menos de 15 días se dio un viraje en quienes tienen en sus manos la marcha política de la nación, un mensaje muy grave que es nada menos el desprecio a la propia nación y en menos de 15 días, después de asegurar una y otra vez que no se cambiaría el artículo 82 de la Constitución, no sólo por lo que esto constituye en su forma literal, sino por lo que representa y ha representado y en menos de 15 días lo han cambiado y ahora en menos de 24 horas se pretende hacer esta reforma constitucional?
¿Esa es la forma como vienen a alabar el trabajo de comisiones? Muy mala manera. Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias por su participación diputado Gaytán. Tiene el uso de la palabra también, en los términos del 102, el compañero diputado del PRD, Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
Creo que vale la pena aprovechar este debate para introducir también otro elemento que nos dé idea de la representatividad de los diputados. Por lo que al PRD toca, se nos reconocieron en los datos oficiales de la elección de 1991, alrededor de dos millones de votos, somos 40 diputados, por lo que en términos generales, podríamos decir que cada diputado del PRD, está respaldado por alrededor de 50 mil votos y hay diputados de mayoría que fueron electos por 18 ó 20 mil votos.
Creo que eso pone las cosas también en otra dimensión. Pero ése no era el tema; el tema lo introdujo el diputado del PRI, para plantear que no era necesario que el Congreso trabaje más tiempo, porque los diputados deben de hacer su trabajo de gestoría.
Habría que introducir o plantear dos asuntos respecto de ello: Uno es que sí en el siglo pasado se debatía este asunto y por ello los diputados decían que había que estar aquí unos pocos meses y luego irse a su territorio el resto del tiempo. El siglo pasado, pues, los diputados vendrían en carretas a esta ciudad; pero ahora aquí tenemos compañeros diputados que en su mayoría van y vienen cada semana a su región.
Si se trata de estar en contacto, no hay impedimento alguno para que el diputado pueda asistir a sus sesiones en el pleno, asistir a comisiones y atender los asuntos políticos de su distrito o de su circunscripción. Ese no es argumento valedero.
El otro asunto o comentario que hay que hacer, es el de la famosa gestoría. Yo creo que es muy sano que un diputado vaya y explique a los electores el sentido de su voto. Yo preguntaría: ¿Cuántos diputados habrán explicado en serio a sus electores que votaron a favor al 27 constitucional, o de la nueva Ley Agraria, o si habrán explicado en serio lo que constituyó la votación para aprobación de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, o la minera o la de aguas? Yo sostengo que a la mayoría de los diputados, sobre todo a los que provienen de los sectores populares del PRI, les ha de dar pena explicar su voto.
Lo que hacen en esta cuestión de la gestoría, es ir a fortalecer los mecanismos de control corporativo; es ir a plantear cuántos pozos quieres, yo te los tramito o cuántos créditos a la palabra, quieren mis bases, para mantener el voto corporativo al PRI.
Esa labor de gestoría a mí me parece que debía de ser erradicada de la práctica política mexicana.
Es el sustento, yo así lo entiendo, de la táctica priísta de comprometer votos, a través del canje de obras, de gestoría, por el compromiso de votar por el PRI.
Esa gestoría, compañeros, yo no dudo que en las actuales condiciones y con la cultura heredada, es difícil de erradicar; pero no hay que hacer apología de la misma, porque nos debería de dar pena obtener votos por ese tipo de actividades.
Yo creo que, si aquí estuviera la Cámara llena de "lobistas", de gente de los sectores que viniera aquí a plantear el sentido en que debían de conducirse los diputados a la hora de votar, si este Palacio Legislativo fuera el recinto a donde los intereses nacionales concurrieran para hacerse valer a la hora de dictaminar y de aprobar leyes, esto sería muy bueno. Pero no vienen esos aquí, esos están en Los Pinos o en las secretarías de Estado, que es donde se hacen las leyes y donde se ejerce el poder verdadero. A ese tipo de gestoría, a mi juicio, es al que deberíamos aspirar, a que trataran muchos sectores de venirnos a convencer de por donde dar el voto.
Lástima que los intereses, ahorita termino compañero, lástima que los intereses se conduzcan hacia el Ejecutivo, porque desde allá se impone a la mayoría el sentido del voto.
Creo pues que los argumentos centrales del compañero priísta no atendieron a nuestra propuesta de mayor tiempo de esta Cámara y repito tres argumentos, los enumero simplemente:
1. La presencia política del Congreso de la Unión, aunque sea discutiendo los asuntos de los
problemas nacionales. Sostenemos que eso sería una justificación suficiente para que hubiera más tiempo de trabajo en pleno.
2. La necesidad de que el Congreso de la Unión tenga una función fiscalizadora y de control mayor, sobre todo teniendo una mayoría que por si misma vota las leyes o por si misma las aprueba, sin necesidad de alianzas; sobre todo en este tipo de parlamentos; la labor de control, la labor de fiscalización, es mayor.
Yo me remito a los debates que tenían los diputados del PSOE en España cuando tenía mayoría absoluta. Ahí los diputados se dedicaban más a la labor de fiscalización.
Entonces ante estas tareas se requiere más tiempo, compañeros, por eso los convoco a que aprueben la propuesta de modificación del dictamen para que el Congreso de la Unión trabaje un mes más en periodos ordinarios. Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias por su participación, compañero diputado Raymundo Cárdenas.
En relación de la lista de oradores, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra, hasta por treinta minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
En representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo ante ustedes para referirme a algunos aspectos en torno a esta reforma constitucional que tiene que ver con la discusión de la Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación, así como en lo relativo al Plan Nacional de Desarrollo que el Ejecutivo Federal formula al inicio de cada período presidencial.
Sin embargo, antes de referirme a estos puntos, quisiera continuar las reflexiones que hizo ya en esta tribuna el diputado Raymundo Cárdenas, relativas a la condición de los propios diputados electos por el sistema plurinominal y hasta eso se tiene que ver con la libertad de expresión y el debate en la Cámara de Diputados.
Hemos sostenido y no sólo con palabras, sino con hechos, los diputados del PRD, la importancia del trabajo en comisiones. Nos parece que es ahí efectivamente donde se puede dar un debate serio, profundo, directo de las leyes y de las propuestas.
En numerosas ocasiones, no sólo en lo relativo a la Ley Inquilinaria, sino en numerosísimas ocasiones, siempre los diputados del PRD, hemos exigido un mayor tiempo para debatir y analizar estas leyes en las propias comisiones. Y en muchas ocasiones no sólo en la reforma inquilinaria, sino en el paquete de cinco leyes financieras, en el paquete de reforma constitucional, por ejemplo, en materia de autonomía del Banco de México, en un paquete de tres leyes vinculadas al comercio exterior y en muchos más ordenamientos como los de energéticos, minería, pesca y en muchos más, hemos observado una negativa de la mayoría de los diputados del PRI a una discusión específica y directa.
Qué bueno que el diputado Beauregard aludió a la Ley de Asentamientos Humanos porque eso muestra los resultados positivos de un debate profundo, claro, amplio, no sólo al interior de las comisiones, sino con la sociedad civil, con organizaciones sociales involucradas, con grupos ciudadanos. Y eso permite crear consensos profundos entre los diferentes grupos parlamentarios y arribar a leyes que sean votadas precisamente en base a esos consensos, con un apoyo que sea de distintos grupos parlamentarios.
Pero eso que ha sido la experiencia de la Ley de Asentamientos Humanos, no ha sido de la mayoría de las leyes votadas sin suficiente reflexión, análisis y sin una capacidad propia de evaluar los impactos sobre grupos populares y sobre los ciudadanos de toda la República. Por ello es claro que sí defendemos la necesidad de un mayor período de tiempo, de estudio de las leyes; que las comisiones tengan la facultad y posibilidad real del debate, análisis y propuestas ciudadanas y que tengamos también en plenaria los tiempos necesarios y suficientes para analizar estas leyes. Hacemos nuestra esa reivindicación y no vemos ninguna incongruencia entre la propuesta de ampliar a seis meses el período habitual de sesiones de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, con la capacidad que pueden tener diputados uninominales y plurinominales para tener vínculos con su pueblo, no sólo y no fundamentalmente de gestoría, tal como lo decía el diputado Raymundo Cárdenas, sino vínculos profundos que es relacionarse con sus demandas, sus aspiraciones, sus luchas y sus movilizaciones.
Durante mucho tiempo los diputados del PRD, hemos dado muestras de esta doble congruencia:
la del trabajo en comisiones, la del trabajo en la tribuna de la Cámara de Diputados y en análisis de leyes y, simultáneamente la vinculación con el movimiento social y popular.
Baste recordar cómo en luchas como el éxodo por la democracia, realizado por la ciudadanía tabasqueña en exigencia de elecciones limpias; la lucha que ha dado el pueblo de Michoacán y Oaxaca, el pueblo de Guerrero y Puebla; las movilizaciones que ha habido en Sinaloa y en Zacatecas; en Durango y Nayarit, en respeto al voto ciudadano, han estado presentes los diputados del PRD junto con dirigentes de otras organizaciones sociales y políticas, en exigencia de una democratización efectiva de la vida nacional.
Por tanto, reivindicamos sí, la doble vertiente de la función de un representante popular. En primer término y fundamentalmente el trabajo legislativo de control de las actividades del Ejecutivo, de formulación y elaboración de leyes, pero también el de los vinculos profundos con la ciudadanía, independientemente si se tenga la condición de diputado uninominal o de diputado plurinominal. Esas son funciones irrenunciables.
Y cuando se alude aquí al número de intervenciones en tribuna, hay que examinar qué se dice, cuándo se dice y en qué contexto. Un servidor de ustedes, efectivamente, no lo dijo la Secretaría por respeto a mi persona en diferentes ocasiones y siempre comisionado por el grupo parlamentario del PRD, ha intervenido en el debate de diferentes leyes, también lo han hecho otros diputados. Reivindicamos esa libertad de expresión.
Y si el Ejecutivo Federal continúa enviando decenas de iniciativas reglamentarias del Tratado de Libre Comercio, si la amenaza ya publicada en los diarios de circulación nacional de atiborrar al Congreso de la Unión en noviembre y diciembre con un paquete de varias decenas de nuevas reformas legislativas complementarias al TLC, aquí estaremos, si el PRD nos comisiona defendiendo los intereses del pueblo de México y criticando un proyecto antinacional y contrario a los intereses fundamentales del pueblo de México.
Otros no solamente quisieran limitar o coartar nuestro derecho a hablar en tribuna. Escuchamos hace varios días, a propósito de la manifestación ciudadana autónoma, realizada en torno a la Ley Inquilinaria, opiniones verdaderamente incalificables de algunos sectores monopólicos, pidiendo el desafuero de algunos diputados del PRD, lo cual es inaceptable y, en varias ocasiones en conferencia de prensa, en actos públicos y en esta tribuna, rechazamos esa acusación y esa pretensión.
Incluso hay que recordar que diputados nuestros, el caso de Cuitláhuac Vázquez, por Tabasco, el caso de Manuel Huerta, diputado veracruzano, el caso de Enrique Rico, diputado guanajuatense, que les ha sido violado el fuero constitucional, han sido agredidos, incluso encarcelados, tratando de coartar su libertad de expresión y su capacidad para defender los derechos ciudadanos. Ni en la tribuna del pleno de la Cámara, ni en las comisiones, ni en el movimiento social y democrático, ni dentro ni fuera del país, podrán coartar nuestro derecho de expresar nuestros puntos de vista.
Ya el senador Robles Garnica, en la comparecencia del licenciado Serra Puche ante el Senado, preguntaba, ¿acaso, decía el senador Robles Garnica, solamente los funcionarios que están en la nómina del Poder Ejecutivo, tienen derecho a ir al extranjero a hablar del Tratado de Libre Comercio? Y decía el Senador, ¿acaso los legisladores no tienen facultad propia con poder soberano, para exponer dentro y fuera del país, aquellas posiciones que en defensa de los intereses del pueblo mexicano crean conveniente exponer? ¿Por qué el Ejecutivo, decía el senador, se arroga para sí mismo, un derecho que nadie le ha conferido, de ser el único interlocutor en las relaciones del pueblo mexicano con los pueblos de otras regiones del mundo? Por lo tanto, mantendremos cuando sea preciso y pertinente y con argumentos fundados, nuestra posibilidad y capacidad como legisladores, de exponer en comisiones, en el Pleno de la Cámara, ante el pueblo de México, en todas las plazas y en todos los espacios de la vida nacional y dentro y fuera del país, aquellos puntos que sean pertinentes en defensa de nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestro propio como nación.
Entro al análisis de algunos puntos que tienen que ver con la Cuenta Pública. En uno de los últimos párrafos, el antepenúltimo para ser más preciso, de la iniciativa del Ejecutivo Federal, se alude la pertinencia de ampliar al primer período ordinario de sesiones a fin de que se inicie en septiembre, con el objetivo de dar mayor tiempo para el examen de las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, en los que se reflejan los criterios de política económica.
Sin embargo, en el siguiente párrafo, sólo se alude a la necesidad de hacer modificaciones
posteriores en legislación secundaria, en lo que se refiere a las fechas que habrán de realizarse las elecciones y los plazos para la calificación de las elecciones.
¿Por qué hacemos esta reflexión?, porque la Constitución General de la República, establece de manera puntual en el artículo 74, en la fracción IV, que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara, las correspondientes iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de presupuesto, a más tardar el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre, cuando se inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83. Pero entonces resulta incongruente por un lado, fundamentar, cosa que el PRD estima pertinente, pero resultado incongruente repito por un lado, fundamentar que se inicia el primer período ordinario de sesiones en el mes de septiembre y no pensar, desde el momento que se formula la iniciativa, por el Presidente de la República y posteriormente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en una modificación en los tiempos, forma, ritmos de discusión, el Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación.
Nosotros hemos sostenido en dos discusiones ya sobre Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, que la Cámara de Diputados requiere más tiempo no sólo y no fundamentalmente para discusión en plenaria, más tiempo para discusión en las comisiones y como secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hemos dicho que se requiere algo más que un diálogo en la propia Comisión. Se requiere la capacidad para crear las condiciones que permitan modificar la iniciativa presidencial en materia de Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos y el diálogo directo con funcionarios y sectores productivos, que permita hacer aquel Presupuesto de Ingresos y Egresos que mejor convenga a los intereses de la nación.
Por tanto tendrá en su momento, que pensarse en las modificaciones legales que permitan un tiempo mayor para el análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos, de conformidad con lo que se establece en los considerandos, pero que no hay o no hemos percibido ninguna voluntad de hacer un cambio sustancial para esto.
Por otro lado, tampoco se alude a la discusión de la Cuenta Pública, que es una de las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados y que sin embargo, no se han tomado en cuenta diversas iniciativas que el Partido de la Revolución Democrática ha formulado en este aspecto.
Ya el diputado Raymundo Cárdenas aludía, hace apenas un rato, en el sentido de que el PRD propuso que el informe de la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal presenta a la Cámara de Diputados, se hiciera en abril del año siguiente, al año siguiente del año en cuestión y hemos en otros momentos, hecho la propuesta en la que hemos coincidido por cierto con legisladores del Partido Acción Nacional, en el sentido de que no sólo se discuta el informe previo, sino que el informe definitivo, que la Contaduría Mayor de Hacienda, después de escuchar las opiniones de los legisladores, realice que el informe definitivo se efectúe en el propio año siguiente...
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Sí, diputada Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Sea tan amable de preguntarle al señor orador si puedo formularle una interpelación.
El Presidente:
Diputado Calderón: ¿Aceptaría una interpelación?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Por supuesto, claro que sí, diputada.
El Presidente:
Adelante, diputada Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Gracias. diputado Calderón: a mediados del año pasado, recibí, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda, un oficio de la diputada Rosa Albina Garavito, su coordinadora parlamentaria, en el que se exigía prácticamente, con carácter perentorio, fuese usted admitido a formar parte de la Comisión de Vigilancia. Nuestra inmediata contestación fue, porque además así lo creemos, diputado, que su presencia, la de usted, honraría a la Comisión de Vigilancia.
Han transcurrido 15, tal vez 20 sesiones de trabajo de la Comisión de Vigilancia, desde entonces. Y usted ¡jamás se ha presentado a ellas! Quiere usted explicar por qué, señor diputado, sobre todo en el marco de su enorme preocupación en la materia. Yo quisiera saber si es así como usted manifiesta, muestra su congruencia y su preocupación por el trabajo en comisiones, señor diputado. Gracias por su respuesta.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con mucho gusto, le respondo, diputada. Como usted sabe, son funciones radicalmente distintas las que se realizan en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda tiene como función principal, el observar, supervisar y controlar el funcionamiento de la propia Comisión. Se refiere y ésa ha sido una tónica que hemos cuestionado desde hace tiempo, a aspectos en donde han dominado los elementos administrativos y en donde no hemos encontrado en puntos fundamentales como lo relativo a Teléfonos de México y lo relativo a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, particularmente los radares, una voluntad específica para una acción autónoma e independiente del Ejecutivo para controlar aquellos que sean elementos en donde se presumen irregularidades en la función pública.
En cambio, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, tiene, como su nombre lo dice, el rol fundamental no sólo de analizar la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino fundamentalmente lo que se refiere también al examen específico y particular de la Cuenta Pública propiamente dicha. En otras palabras, la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, examina lo que es el informe del Ejecutivo y examina también facultades teóricas que con mucha frecuencia no se ejercen, para examinar el informe definitivo de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Liliana Flores y yo, particularmente, nos hemos negado en distintas ocasiones a asistir a reuniones donde no se nos consulta día y hora y donde en contra de reiteradas sugerencias que ha hecho un servidor de ustedes y reiteradas sugerencias que ha hecho el grupo parlamentario del PRD, los funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, se niegan a trabajar y a sesionar en el propio recinto de la Cámara de Diputados, es decir, en este Palacio Legislativo de San Lázaro.
Una congruencia elemental con la función de los legisladores, es que al igual que se pide al Presidente de la República, a los secretarios de Estado y a funcionarios diversos que vengan a este recinto a presentar sus opiniones y declaraciones, se pidiera también a los funcionarios de la Contaduría que estuvieran en nuestras instalaciones para hacer la labor legislativa de control que la propia Ley establece.
Peor aún, ha habido numerosos casos, casi diría que es tan repetitivo que resulta extraño, en que se hace coincidir reuniones de la Contaduría Mayor de Hacienda, mejor dicho de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda con la realización de otras reuniones de otras comisiones...
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Diputado: no.
El diputado Jorge Calderón Salazar:
No acepto la interpelación.
El Presidente:
No acepta la interpelación.
El diputado Jorge Calderón Salazar:
Continúo respondiendo a la diputada.
En consecuencia, si por un lado se reduce el perfil de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a funciones de carácter administrativo y no al carácter esencial que debía tener.
Por otro, se observa en numerosos casos que hay una suplantación de la facultad propia de esa Comisión, presentando directamente al pleno de la Cámara de Diputados, dictámenes que debían ser discutidos previamente por la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Tercero. Se niegan los funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda a venir al propio recinto de la Cámara de Diputados, que facilita y permite una discusión directa de los problemas y,
Cuarto. Se programan reuniones de la Contaduría Mayor de Hacienda en días horas y momentos en que hay reuniones de otras comisiones y,
Quinto. No observamos una voluntad política de control real, de efectiva capacidad de análisis y supervisión en el conjunto de los diputados que ya asisten. En ese sentido nuestro grupo parlamentario y lo ha hecho por escrito y en la tribuna de la Cámara de Diputados y lo ha sustentado Liliana Flores, ha dicho que en protesta por estos cinco factores, es que hemos dejado de asistir los comisionados del PRD a las reuniones de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Comisión de Vigilancia, hasta que no se establezca un consenso político que permita definir por consenso día, lugar y hora de estas reuniones.
Segundo. Definir una capacidad real y efectiva de control de las actividades de la Contaduría Mayor de Hacienda, y
Tercero. Que exista una posibilidad de que las decisiones sean sustanciales y no una simple discusión administrativa de cuántos empleados se contrataron, cuánto se les paga y aspectos que son de absoluta irrelevancia.
Por ello, con la autoridad...
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
No acepto la interpelación, señor Presidente.
El Presidente:
No acepta la interpelación, diputada.
La diputado Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Para una moción.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
No se puede
El Presidente:
Para moción. ¿Está pidiendo la palabra para moción?
Diputada Garza: ¿Es para hechos?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
No acepto la interpelación. No acepto la interpelación.
El Presidente:
Diputada Garza: ¿Para que quiere hablar usted?
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Una moción, señor...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
No, no acepto.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Nada más para decirle al señor diputado que no me contestó ¡y que no sabe lo que pasa al interior de la Comisión de Vigilancia!
El Presidente:
Prosiga diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Antes de continuar contestándole a la diputada, ¡quisiera señalar que nuestro Reglamento no permite diálogos y que no había aceptado una nueva formulación de preguntas, no habiendo terminado de responder a la anterior!
Para terminar la contestación y regresar al punto. Mientras no percibamos los diputados del Partido de la Revolución Democrática, una voluntad política sustancial para que los trabajos de la Comisión de Vigilancia sean trabajos reales y efectivos de control de ese órgano, mantendremos nuestra ausencia en ciertas reuniones que no han sido previamente consensadas y en donde no observamos que nuestra participación modifique sustancialmente los términos ahí acordados.
Pero además con la autoridad que me da haber estado en numerosísimas reuniones de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como en muchas más de Hacienda, Comercio, Agricultura, en donde solo tres o cuatro diputados estamos presentes y se tienen que llenar las sillas con funcionarios y asesores para aparentar presencia, es que yo sí sostengo y no solo aquí, sino lo he dicho en muchas ocasiones que ha habido en muchas otras comisiones, repito los nombres: Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda, Comercio y otras más, una falta de responsabilidad de distintos legisladores hacia la función sustancial que deben realizar. Especialmente en los periodos en que no está sesionando el pleno de la Cámara de Diputados.
Hemos estado ahí en momentos prácticamente solos, con la angustia de que los presidentes de comisiones, que muchas veces no se expresa en el pleno de la Cámara de Diputados, por aparentar que al menos existe una asistencia suficiente.
Regreso pues al tema sustancial después de haber respondido a esta pregunta.
Otro de los puntos que nuestro partido ha exigido en diferentes ocasiones, es la incongruencia, por un lado, de reconocer facultades a la Cámara de Diputados en materia de formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación y no reconocer facultades en materia del Plan Nacional de Desarrollo y sería excelente que esos 15 días adicionales que en la iniciativa presidencial se mencionan como días en los que puede sesionar el Congreso de la Unión cuando se inicia un período presidencial, pudieran ser utilizados para un efectivo análisis, pero sobre todo para una aprobación o modificación en su caso de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que al inicio de cada período presidencial realiza el Ejecutivo Federal.
Pero hay más, esta iniciativa nos parece limitada, insuficiente y la criticamos no solamente por su negativa a ampliar al menos a seis meses el período ordinario de sesiones, sino por sus omisiones fundamentales. Ya el diputado Raymundo Cárdenas aludía a que el PRD presentó una iniciativa integral de reformas constitucionales vinculadas a las facultades del Congreso de la Unión, pero lo que yo quisiera fundamentar a ustedes, es que ha habido otras dos iniciativas, una de ellas suscrita por el diputado Juan Hernández y un servidor de ustedes, así como por Ricardo Valero, para dar facultades a la Cámara de Diputados en materia de aprobación de tratados internacionales y otra más presentada por el propio diputado Raymundo Cárdenas para dar facultades a la Cámara de Diputados que pueda convocar a referendum de aquellos aspectos como tratados internacionales que afecten de manera fundamental la vida del país y hemos sostenido la necesidad de que la Cámara tenga facultades para formar comisiones investigadoras, citar a funcionarios para controlar el ejercicio de gasto público, también para realizar y discutir distintos aspectos de la vida nacional, hacer comparecencia de distintos responsables de la administración pública, investigar y controlar diferentes aspectos de gasto público; una labor legislativa de esta magnitud que tiene que ver con funciones de gasto público, de cuenta pública, de presupuesto de ingresos y de egresos, de formulación y aprobación de leyes así como la labor del debate político nacional, evidentemente requieren un período de tiempo sustancialmente mayor a los cinco meses que se están aprobando en esta iniciativa.
Ya hemos formulado nuestro deseo de que por lo menos se pueda ampliar a seis meses, del 15 de marzo al 31 de mayo, el segundo período ordinario de sesiones, manteniendo el 1o. de septiembre al 15 de diciembre tal como se está presentando en la iniciativa presidencial y en la de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Finalizaría diciendo que en el contexto de la discusión de la Reforma Política que el día de mañana entrará quizá en su momento clave para
definición de la posibilidad de un tránsito pacífico a la democracia en México, esta reforma es cuestionada y criticada por el PRD no solamente por la insuficiencia al no ampliar al menos a seis meses el período ordinario de sesiones, sino por sus ausencias y la agenda que creemos el pueblo de México exige a la Cámara de Diputados, es mucho más amplia que la limitada función de modificar las fechas específicas. Se requiere una Cámara actuante, autónoma, independiente del Poder Ejecutivo, con capacidad de representar de manera efectiva los intereses de la nación y ser un contrapeso real al autoritarismo del poder presidencial para, de esta manera, defender de manera correcta, la independencia y la soberanía de la nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Garduño. El diputado Javier Garduño Pérez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Como coordinador de una Comisión a la que hizo alusión el diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, no puedo permitir de ninguna manera que incluya a la Comisión de Comercio en una Comisión que no se trabaja, en una Comisión que hace reuniones, donde no hay quórum, eso no lo puedo aceptar. Si el compañero tiene pruebas que las dé; yo sí tengo las pruebas de todas las reuniones que ha hecho la Comisión de Comercio, en donde se ha trabajado profesionalmente, con toda seriedad y por supuesto dando oportunidad a todos los compañeros diputados a que expresen sus puntos de vista y a discutir y a hacer un trabajo legislativo como debe de ser y en forma verdaderamente responsable y lo que estoy diciendo no es solamente un dicho que puedo sostener yo personalmente, están los compañeros de la oposición, de varios partidos de la oposición, que siempre han estado trabajando con nosotros, codo con codo, en forma verdaderamente responsable.
Aquí están todos los compañeros miembros de una Comisión que formamos en esta LV Legislatura y que hemos trabajado con toda dignidad y que estamos prestos a seguir trabajando en ese camino. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia señor Presidente.
Nosotros deseamos que el trabajo de la Comisión de Comercio, tal como lo ha expuesto el diputado Garduño se realice conforme a esos parámetros: asistencia mayoritaria de los diputados que están inscritos en esa Comisión, participación plural, consciente, madura, tiempo suficiente para discutir las iniciativas y una vida democrática al interior de la Comisión.
Lamentablemente y sostengo lo dicho, en algunos casos y voy a decir cuales, particularmente el de la Ley de Comercio Exterior aprobada por el Senado de la República y enviada a esta Cámara de Diputados en los último días del pasado período ordinario de sesiones, no existió ni el tiempo ni la voluntad política para una discusión profunda, detallada, compleja, que permitiera modificar lo que nosotros consideramos son violaciones constitucionales en esta formulación de la Ley.
Otro problema es cuando aparentemente se reúne el quórum o cuando no. No se trata aquí de un examen de contabilidades, lo que decimos es por haber asistido a la mayoría de las reuniones que la Comisión de Comercio ha realizado desde el 1o. de noviembre de 1991, es que ha habido diferentes reuniones en donde la asistencia de los legisladores no cubría el requisito reglamentario de tener por lo menos la mitad más uno de los legisladores inscritos en esa Comisión.
Es una afirmación que sostengo. Otro problema es que se pueda decir que en tales o cuales reuniones hubo tal o cual número de legisladores. El problema de fondo no es sólo la asistencia, el problema de fondo es el examen consciente, sólido, profundo, exacto, de cada Ley, de cada artículo y de cada iniciativa y no simplemente el voto en bloque aprobando leyes.
Cuando el PRD por boca de un servidor de ustedes o de otros legisladores del PRD va a una Comisión y fundamenta un análisis de una Ley, es porque la ha estudiado, ha visto su impacto social, político, económico, ha dialogado con la sociedad civil y por eso presenta un punto de vista y emplazamos y con esto termino, a los distintos legisladores de diferentes
partidos políticos a que realicen, con conciencia y madurez, esa labor. Gracias.
El Presidente:
Continuando con la lista de oradores del dictamen a discusión, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Juan José Bañuelos Guardado, en pro, por parte del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La iniciativa que hoy discutimos tiene como propósito modificar el calendario de nuestro actual período de sesiones, con el fin de racionalizar el tiempo de trabajo y al mismo tiempo lograr un óptimo aprovechamiento del mismo, a fin de, sin apresuramientos, eficientar la función legislativa que nos corresponde.
La evolución de la sociedad y la diversidad y sus problemas, imponen el compromiso de aprovechar el tiempo y modificar los periodos del proceso legislativo.
Ya se ha dicho que el Constituyente de 1917 establecía un período único de sesiones, período que comprende del 1o. de septiembre al 31 de diciembre. Las reformas constitucionales de 1986, ampliaron el número de periodos al mismo tiempo que incrementaron el tiempo efectivo de trabajo legislativo. La propuesta que hoy nos ocupa, mantiene la idea de dos periodos de sesiones, ampliando el tiempo del primer período, que por estar ajustado tan sólo a dos meses, presionaba en tiempo el trabajo de los legisladores y mantiene también el total del tiempo que la modificación de 1986 habrá señalado, de tal manera que el primer período sería a partir del 1o. de septiembre, sin ir más allá del 15 de diciembre, salvo en casos de excepción y, el segundo período, del 15 de marzo, sin que pueda prolongarse más allá del 30 de abril. De esta manera se conserva el espacio de cinco meses y se equilibra el tiempo entre los correspondientes periodos.
Con estas modificaciones, se persigue racionalizar el trabajo legislativo, equilibrar y eficientar el tiempo del trabajo.
Preguntaba el diputado Luis Beauregard en la sesión matutina de la Comisión, cuál es el tiempo óptimo para el trabajo legislativo, cinco meses, seis meses o cuánto. Y con una breve respuesta, el representante del Partido Acción Nacional vino a esta tribuna y de manera certera hizo una afirmación tajante: me sumo a la misma, creo que más importante que la discusión del tiempo, estriba en definir cómo eficientar el tiempo que trabajamos en estos periodos legislativos; organizar nuestra vida interna para darle mayor eficiencia y dinamismo al trabajo de las comisiones; asumir la responsabilidad que corresponde a la participación del trabajo legislativo, cumpliendo con el compromiso de asistir en las comisiones.
Venir a los trabajos del pleno, a participar en esta tribuna defendiendo convicciones políticas, puntos de vista sobre problemas que se discuten, propuestas generosas de cada punto de vista, con objeto de encontrar para los mexicanos soluciones a todos sus problemas y, de ninguna manera para pretender entronizar como principal fundamento, el proyecto político de los partidos que continuamente se debate.
Aquí se hizo mención de uno de esos ejemplos que cada vez con mayor frecuencia se dan en esta Legislatura: el resultado que se deriva de los trabajos de la Comisión de Asentamientos Humanos. Quisiera resaltar que no solamente hubo consulta y participación; quisiera resaltar que en estos trabajos hubo madurez entre los diputados participantes, que sin intolerancia y con capacidad de diálogo estuvieron dispuestos a llegar a puntos de vista comunes, después de haber definido cabal y plenamente sus contradicciones.
Entonces, la discusión estriba en establecer si más tiempo o mayor eficacia. Pienso yo que hay que encontrar la mecánica de una mayor eficacia para que podamos los diputados cumplir con la Comisión que se nos ha encomendado, utilizar la tribuna como debe de ser.
Hace un momento se debatió largamente sobre la cuenta pública sin que fuera el tema; distrae y retrasa. No quiere decir que no debamos de tocar el tema; quiere decir que hay momentos y tiempos para que cada tema venga a esta Asamblea, se discuta y se resuelva.
Tengo entendido que en materia de cuenta pública, Acción Nacional ha presentado persistentemente un proyecto que en su momento deberá debatirse. Creo que aquellas cuestiones que no se ajustan a la realidad de un Congreso que cambia, deberán de traerse aquí para que con los ajustes necesarios se manifieste la tendencia a modernizar la vida legislativa.
Señores diputados, considero que la propuesta hecha ante esta Asamblea, satisface las exigencias que el Congreso requiere para su trabajo legislativo. Creo también que es importante dejar establecido el compromiso de modificar nuestra reglamentación interna, para que el trabajo legislativo que a todos nos compete, sea más eficaz, más efectivo y en beneficio de todos los mexicanos.
El Presidente:
Muchas gracias, compañero diputado Juan José Bañuelos Guardado.
Compañeros diputados, ha terminado el orden de la lista de oradores en la discusión de este dictamen. Ruego a la Secretaría someter a consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los compañeros diputados.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Propuesta de la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional:
"Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año."
Firma el diputado Manuel Terrazas.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática:
"Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias, durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior.
El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo, en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año."
Firma, el diputado Raymundo Cárdenas.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada la propuesta, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Florencio Salazar Adame:
Señor Presidente, se emitieron 323 votos en pro y 17 votos en contra y por el artículo 66,15 votos en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 323 votos a favor.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario Florencio Salazar Adame:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente:
Prosiga la Secretaría con los asuntos en cartera.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fueron turnadas para su estudio y análisis, iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, presentadas por diputados de los diversos partidos políticos representados en esta LV Legislatura.
Esta Comisión con la facultad que le otorgan los artículos 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de las presentes, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
a) Convocatoria al período extraordinario
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de agosto de 1993, el Presidente de la República, con fundamento en los artículos 67, 79, fracción IV y 89, fracción XI, de la Constitución, solicitó que ésta se sirviera convocar a un período extraordinario de sesiones con objeto de conocer, entre otros asuntos, el de las iniciativas de reforma en materia constitucional-electoral que se presentasen de acuerdo con el artículo 71 constitucional.
En la misma fecha, la Comisión Permanente emitió el decreto por medio del cual se convocó al presente período extraordinario, cuya apertura se dio el 16 de agosto para ocuparse, además de otros asuntos, de las iniciativas de modificación constitucional en materia electoral. El mencionado decreto fue publicado el día 12 de agosto de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.
b) De la Comisión Plural
Con fecha 21 de diciembre de 1992, la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad un acuerdo, por el cual se creó una Comisión Plural, que se encargó de precisar el temario, metodología y procedimientos, buscando integrar los consensos y formular, en su caso, una propuesta legislativa derivada de ellos, para consolidar nuestras instituciones político electorales y nuestro sistema de partidos. Dicha Comisión Plural se integró por dos subcomisiones que han venido funcionando y en las mismas se abarcaron los siguientes temas:
Primera Subcomisión: Transparencia en el origen del financiamiento de los partidos políticos; límite al gasto de campañas electorales; acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación; los demás asuntos contenidos en las iniciativas de los partidos políticos en relación con el tema.
Segunda Subcomisión: Los temas propios del procedimiento electoral que garanticen mayor certeza en las elecciones.
c) Instituto Federal Electoral
Con fecha 17 de marzo de 1993, el Consejo General del Instituto Federal Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Acuerdo por el que se aprueba la creación del foro para la Reforma Electoral y su Comisión Organizadora. Los temas que se trataron durante los meses de marzo y abril del presente año fueron:
1) El régimen de partidos políticos y las condiciones de la competencia electoral;
2) La Consolidación de las instituciones y los procedimientos electorales;
3) El desarrollo democrático de México.
Con fecha 20 de mayo de 1993, El Consejo General del Instituto Federal Electoral entregó a la Cámara de Diputados las conclusiones a que se llegaron en dicho foro.
d) Iniciativas presentadas en materia constitucional político electoral
1. Con fechas 7 de febrero de 1992 y 18 de agosto de 1993, los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo Y Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, presentaron iniciativas con proyecto de decreto, ambas que reforman el artículo 41 y derogan el artículo 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El 18 de junio de 1992, la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Con fecha 3 de julio de 1992, el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. El 14 de julio de 1992, el diputado Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 6o., 34, 35, 36, 41, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 108, 111, 116, 123, 135, 136, 137, 138 y 139, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Con fecha octubre 14 de 1992, el diputado Raymundo Cárdenas García, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72, 74, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. El 11 de mayo de 1993, el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 9o., 34, 41, 54, 55, 56, 60, 71, 72, 73, 82, 84, 89, 108, 110, 111, 114 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. El 9 de julio de 1993, la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa para reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
8. El 11 de agosto de 1993, el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9. El diputado Pablo Emilio Madero, presentó el 14 de agosto de 1993, iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 9o., 35, 41, 54 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. El diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, presentó el 18 de agosto de 1993 iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Con fecha 16 de agosto de 1993, legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, fracción I, 82, fracción I, 100 y adición de un décimo octavo transitorio, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como consecuencia de lo anterior, el Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, conforme a Reglamento, ordenó que dichas iniciativas, estudios y propuestas fueran turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A) Método de Trabajo
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el día 19 de agosto de 1993, se dio cuenta al pleno de la Comisión de las iniciativas que en materia constitucional político-electoral obran en esta Comisión aprobándose los siguientes acuerdos.
Integrar un grupo plural que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio.
Celebrar reuniones de conferencias entre la Subcomisión Plural, con la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la
iniciativa e intercambiar opiniones. Con respecto a este punto se sostuvieron varias reuniones con los senadores.
De la misma manera, los integrantes de la Comisión se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto de las iniciativas.
B) Análisis de las iniciativas y propuestas.
Como resultado de los trabajos realizados por esta Comisión, se han formulado los siguientes análisis y consideraciones:
1. Partido Popular Socialista. Iniciativas con proyecto de decreto, presentadas por los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Juan Cárdenas García, que reforman el artículo 41 y derogan el artículo 60, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las iniciativas propuestas respecto al artículo 41 constitucional tienen por objeto, a decir de sus proponentes, que los partidos políticos contribuyan a la integración de la representación nacional, estatal y municipal; así mismo propone se inviertan en su orden los párrafos dos y tres; se adicione un nuevo párrafo cuarto que se refiera al derecho de los partidos políticos a usar en forma permanente los medios de comunicación; también se propone que durante los procesos electorales y fuera de ellos, los partidos políticos nacionales deberán contar con un mínimo de elementos para sus actividades, basados en un criterio de igualdad por una parte y por otra, sobre la base de la magnitud de las votaciones alcanzadas; también se busca que la organización de las elecciones federales sea corresponsabilidad del Estado y los partidos políticos nacionales.
Respecto al artículo 60, se propone la desaparición de las figuras de los colegios electorales tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, siendo sustituidos por el Consejo Superior de Dirección del organismo encargado de la organización y preparación del proceso electoral, encuadrándose éste dentro del propio artículo 41. Así mismo, proponen se adicione un párrafo décimo al citado artículo, el cual señalará que en los medios de impugnación que se inicien en la casilla electoral o consejo distrital electoral, deberá suplirse la deficiencia de la queja.
2. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la diputada Yolanda Elizondo Maltos, que reforma y adiciona los artículos 4o. y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La reforma que se propone tiene como objetivo, a decir de sus autores, la integración política de los pueblos indígenas, señalándose que de los 500 diputados electos por ambos sistemas, el 10% deberá ser de representación étnica.
3. Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano, que reforma los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La iniciativa propone crear, en sustitución de los colegios electorales de las cámaras de Diputados y Senadores, el Tribunal Federal de Elecciones, el cual funcionaría con carácter transitorio, para el sólo efecto de realizar la calificación electoral respectiva, integrado por siete ministros en ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el procedimiento para su designación. La calificación de la elección Presidencial también sería realizada por este organismo. Para tal efecto también se propone derogar la fracción I del artículo 74 constitucional.
4. Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el diputado Jorge Moscoso Pedrero, que reforma, adiciona y deroga los artículos 6o., 34, 35, 36, 41, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 108, 111, 116, 123, 135, 137, 138 y 139 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Las reformas que presenta el diputado Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, proponen que los medios de comunicación queden reglamentados a nivel constitucional, obligándolos a que la información que se proporcione sea imparcial y en la misma se tenga prohibido hacer proselitismo político; se propone crear el Registro Nacional Ciudadano, que estaría a cargo de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se les otorgaría, a través de esta iniciativa, derecho a voto a todos aquellos ciudadanos que radiquen fuera del territorio nacional para sufragar en elecciones presidenciales. La preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales correspondería a los ciudadanos y a los partidos políticos, por lo que la función electoral estaría a cargo de un órgano público, autónomo e independiente formado exclusivamente por éstos.
Respecto a la Cámara de Diputados se propone que ésta se integre por 500 diputados, 250 electos por el Principio de Mayoría Relativa y 250 por el Principio de Representación Proporcional, conformándose los 250 distritos de acuerdo al último censo general de población. Las constancias de asignación de diputados serán otorgadas conforme al porcentaje de votos obtenidos. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, la misma se integraría por seis miembros por cada entidad federativa, por elección directa conforme al Principio de Representación Proporcional, la Cámara de Senadores se renovaría por mitad cada tres años, contemplándose un sistema de doble vuelta para el caso que en primera instancia no se hubiere obtenido el 35% de votación. Se propone reformar los artículos referentes a la Responsabilidad de los Servidores Públicos, para incluir a los miembros del Consejo Federal Electoral y magistrados de los tribunales electorales.
La iniciativa prohibe a los organismos sindicales intervenir en funciones electorales y afiliarse a partido políticos.
Se propone la figura jurídica del referendum para reformar o adicionar la Constitución cuando dichos cambios se refieran a temas de los títulos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política.
Se propone un título octavo que comprendería de los artículos 136 a 139, denominado "Del Sistema Electoral", precisándose las facultades del Consejo Federal Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de los Tribunales Colegiado Electorales, su integración, señalando que son órganos federales de plena jurisdicción y autonomía.
Se precisan derechos y obligaciones de los partidos políticos, así como prohibiciones, tanto para el Presidente de la República como para funcionarios de la Federación, gobernadores y funcionarios de los estados. Ampliándose la participación de los partidos políticos en los medios de comunicación.
5. Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Raymundo Cárdenas García, que reforma y adiciona los artículos 72, 74, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo las siguientes reformas:
Someter a referendum ratificatorio entre todos los habitantes con derecho a voto, las resoluciones del Congreso que revistan trascendencia especial para la nación, así como los tratados que celebre el Presidente de la República.
6. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, que reforma y adiciona los artículos 6o., 9o., 34, 41, 54, 55, 56, 60, 71, 72, 73, 82, 84, 89, 108, 110, 111, 114 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto a esta iniciativa, la Comisión consideró estudiar y dictaminar exclusivamente lo correspondiente a la materia constitucional político-electoral, reservándose para su dictamen lo correspondiente a lo relacionado con el tema sobre el Distrito Federal, el cual la propia Comisión analiza por separado.
Dentro de los temas que abarca la presente iniciativa, se encuentran: El derecho a la información, el cual debe ser garantizado por el Estado y será asumido por los medios de comunicación; el derecho de reunión y asociación así como la prohibición de obligar a individuo alguno a participar en organizaciones sociales o políticas en contra de su voluntad, considerando como delito la contravención a dicho supuesto; se otorgaría la calidad de ciudadanos a los mexicanos mayores de 16 años; se manifiesta que los partidos políticos son agrupaciones autónomas del poder público, prohibiéndose a los poderes federales y de las entidades federativas participar en su régimen interno.
Respecto a la elección de diputados según el principio de representación proporcional, se propone que para obtener el registro de las listas de candidatos a diputados plurinominales, se deberá acreditar que participa, cuando menos, con la mitad de candidatos en la elección de mayoría relativa, así como la forma de realizar la distribución de diputados electos por el sistema de representación proporcional, especificando que ningún partido político podrá tener más de 350 diputados, equivalentes al 70% de la integración de la Cámara de Diputados. Respecto a los requisitos de elegibilidad para ser diputado se propone que deben ser originarios o vecinos del Estado, con una residencia no menor a tres años.
Por lo que se refiere a la integración de la Cámara de Senadores se propone que sea electa por ambos sistemas, de mayoría y de representación proporcional, a razón de 64 por cada uno. Respecto a la calificación de las elecciones de diputados y senadores, se propone crear el Tribunal Federal Electoral y en los estados los tribunales estatales electorales, teniendo éstos a su cargo la vigilancia y calificación de los procesos
electorales, correspondiendo a los ciudadanos, partidos políticos y Gobierno la preparación y desarrollo de los mismos. Por lo que hace a los requisitos para ser Presidente de la República se propone que el candidato haya ocupado un puesto de elección popular y haber residido en el país los seis años anteriores al día de la elección. A sí mismo y, en virtud de considerar la iniciativa otros temas que no son materia de la convocatoria al período extraordinario, los mismos no se analizan en el presente dictamen.
7. Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa para reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Patricia Ruiz Anchondo:
La presente iniciativa busca dentro de sus objetivos que constitucionalmente se obligue a que los partidos políticos integren en sus listas de candidatos a un porcentaje no menor al 30% de mujeres, tanto a nivel federal como local.
8. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Adolfo Kunz Bolaños, que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La iniciativa propone reformas respecto a la elección de diputados por el sistema de representación proporcional, conservándose el requisito de que para participar en este sistema, debe de participarse cuando menos con 200 diputados uninominales; se conserva el 1.5% para acreditarse diputados de representación proporcional; se señala que, cuando el número de constancias de mayoría relativa sea inferior al porcentaje de la votación nacional recibida, tendrá derecho a participar en tal distribución y cuando el número de constancias de mayoría sea mayor al porcentaje de votos recibidos, no tendrá derecho a participar.
9. Diputado Pablo Emilio Madero. Este legislador presentó iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 9o., 35, 41, 54 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Esta iniciativa propone adicionar el artículo 9o., para que el mismo especifique el derecho al sufragio libre, secreto y universal; se propone adicionar a la Constitución las figuras del plebiscito y referendum, así como la obligación del Estado de garantizar la entrega de credenciales con fotografía para votar; el sistema electoral debe garantizar una competencia política equitativa entre partidos políticos, creando un órgano autónomo responsable de organizar los procesos electorales, así como otorgar reconocimiento jurídico a las asociaciones políticas; respecto a la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se propone que para poder un partido político registrar sus listas regionales, debe acreditar que participa con diputados de mayoría en todos los distritos de la circunscripción plurinominal; se limita a 300 diputados electos por ambos principios los que podrá tener un partido político; se otorga derecho de iniciativa a los ciudadanos y se manifiesta que para que una reforma o adición a la Constitución entre en vigor se requiere que el Congreso de la Unión convoque a los ciudadanos a referendum y éstos por mayoría lo aprueben.
10. El Partido Popular Socialista. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Juan Cárdenas García, que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Se propone que la Cámara de Diputados esté integrada por 500 diputados electos por el principio de representación proporcional; podrán participar los partidos políticos o coaliciones, debiendo registrar cuando menos a 300 candidatos para la asignación de dichos diputados.
11. Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 54, 56, 60 y 74, fracción I, 82, fracción I, 100 y adición de un artículo transitorio decimoctavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La iniciativa propone reglamentar el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales; otorga facultades al organismo público autónomo en materia electoral para calificar las elecciones de diputados y senadores; fortalece al Tribunal Federal Electoral y crea una sala de segunda instancia como tribunal de plena jurisdicción, que dictará resoluciones definitivas e inatacables.
La sala de segunda instancia que se integrará con cuatro miembros de la judicatura federal y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, electos los primeros para cada elección federal por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.
Se propone que ningún partido político cuente con más de 315 diputados por ambos principios y propone reglas para la distribución de los 200 diputados electos por el sistema de representación proporcional. De la misma manera, se señala que ningún partido político si obtiene el 60% o menos de la votación nacional emitida, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
Respecto a la integración de la Cámara de Senadores se propone que la misma se conforme por cuatro senadores por entidad federativa, tres electos por el sistema de mayoría relativa y uno más para la primera minoría, debiendo los partidos políticos registrar una lista con tres fórmulas de candidatos. También se propone volver al sistema de renovación total de esta Cámara por elección directa cada seis años, para lo cual se adiciona un artículo decimoctavo transitorio, el que prevé los tiempos de duración en el encargo de senador.
Un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, será el encargado de declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, así como la validez de la asignación de diputados de representación proporcional. Sus resoluciones podrán ser revisadas por el Tribunal Federal Electoral, dejándose a la Ley Reglamentaria los presupuestos procesales, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Por lo que hace al funcionamiento de las cámaras de Diputados y de Senadores, se prevé que las mismas no podrán abrir sus sesiones ni ejercer sus cargo sin la concurrencia en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros.
En la iniciativa que se comenta se ratifica para esta Cámara de Diputados, que dentro de sus facultades exclusivas, se erija en Colegio Electoral para realizar la calificación de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalándose además que sus resoluciones serán definitivas e inatacables.
Así mismo, se propone que dentro de los requisitos para ser Presidente de la República, ya no sea necesario que el ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, que aspire a dicha magistratura sea, además, hijo de padres mexicanos por nacimiento.
Se propone incluir dentro del artículo 100 constitucional referente a las licencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autorización necesaria para formar parte de la sala de segunda instancia en materia electoral.
Como consecuencia de los trabajos realizados en el seno de la Comisión Plural creada por la Cámara en pleno el 21 de diciembre de 1992, se puede afirmar la importancia de todas las iniciativas que se analizaron y que aparecen relacionadas en los antecedentes de este dictamen. Sin embargo, sólo procedió la incorporación al proyecto de decreto con que concluye el dictamen de aquellas propuestas que suscitaron mayor aceptación y que se consideraron como de mayor relevancia para los propósitos que inspiran, en la coyuntura presente. las reformas a nuestras instituciones políticas y a nuestro régimen electoral de acuerdo con una evolución que parte de lo existente, que lo enriquece y adapta a las realidades del México de hoy.
Los contenidos de las iniciativas que no se ven reflejados en los textos de este proyecto no se descalifican ni se dictaminan en términos negativos, pues se consideran fruto de un esfuerzo que forma parte de las aspiraciones generales para el fortalecimiento de nuestra democracia, quedando sus autores en la oportunidad de insistir sobre ellas de estimarlo conveniente.
La Comisión que suscribe una vez analizados los alcances de las iniciativas a estudio, se permiten señalar a continuación los siguientes:
CONSIDERANDOS
En esta LV Legislatura, el Constituyente Permanente, ha realizado diversas reformas a nuestra Carta Magna. En materia agraria; relaciones Estado-Iglesia; en política económica; en referencia a los derechos humanos; materia educativa; todas ellas con vistas a la realización de la Reforma del Estado.
En este tenor, la materia constitucional político-electoral no puede dejarse de atender, por lo que se busca adecuar estas normas a la nueva realidad que vive nuestra nación.
Respecto de la normatividad vigente en materia electoral, los mexicanos nos hemos comprometido a buscar siempre el perfeccionamiento de la misma; para nadie es desconocido que no existe sistema electoral perfecto, habida cuenta de la especial dinámica que caracteriza los procesos de renovación y legitimación de los poderes públicos en el mundo, y en particular de la sociedad mexicana. Son las condiciones de la sociedad y sus aspiraciones las que determinan dicha estructura.
Las reformas que se proponen, tienen como objetivo otorgar mayor grado de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo a nuestro sistema democrático en lo que hace al proceso electoral y garantizar plenamente la renovación pacífica y legal de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
México, ha transitado por diversas etapas en relación a nuestro sistema representativo. Nuestra sociedad ha vivido el desarrollo paulatino de un sistema de partidos, los cuales, en nuestra actualidad, actúan con la fuerza y representación que les otorga el electorado, siendo la Cámara de Diputados el cuerpo colegiado en donde hasta ahora se expresan con mayor amplitud todas las ideologías políticas.
Los sistemas de elección de diputados, de mayoría relativa y de representación proporcional, han avalado el desarrollo de los trabajos camarales. La representación de las mayorías y las minorías ha evolucionado a lo largo de los diferentes ordenamientos electorales de carácter federal con que ha contado nuestro país, permitiéndoles cada vez una mayor participación en la vida política de nuestro país.
Realizar reformas constitucionales en materia político-electoral, en periodos relativamente cortos, no implica que las mismas no hayan funcionado o garantizado la legalidad de nuestros procesos electorales; por el contrario, se refuerzan los ideales tanto de las minorías como de la mayoría, de buscar nuevas fórmulas que satisfagan a los contendientes electorales y a los ciudadanos. Ello es fundamental para una convivencia civilizada apegada siempre a las normas que nos dictamos los propios mexicanos.
En este aspecto, definitivamente es necesario señalar que nuestra sociedad, Gobierno y partidos políticos, buscamos por la vía de la Ley y conforme a los procedimientos que señalan éstas, lograr que en nuestra Carta Magna se exprese el rumbo que consideramos el mejor para alcanzar el perfeccionamiento de la democracia. Nuestro país se empeña en lograr este anhelo. Conscientes de esta responsabilidad los diputados que suscribimos el presente dictamen lo hacemos con estos objetivos.
Por lo anterior, es necesario señalar que todas las iniciativas presentadas ante el pleno de la Cámara de Diputados, así como aquellas propuestas hechas ante la Comisión Plural de la Reforma para Consolidar la Democracia Electoral y en el foro organizado para este mismo objeto por el Instituto Federal Electoral, han sido estudiadas y analizadas, encontrándose que alcanzan significativos consensos y coincidencias en los propósitos y planteamientos que realizan.
Cabe señalar, que son numerosos artículos constitucionales los abarcados en las diversas iniciativas en materia de reforma político-electoral; sin embargo, destaca el interés de los grupos parlamentarios en artículos y temas específicos que, por su importancia, merecieron su atención y obtuvieron consensos y, los cuales a continuación se señalan:
Financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales.
A) Los partidos políticos coincidieron en la necesidad de establecer en la norma constitucional, el fundamento para que la ley secundaria contenga las normas que regulen el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales.
Lo anterior en consideración a que los partidos políticos son entidades de interés público formadas por ciudadanos, sujetos de financiamiento público con el que deberán procurar su subsistencia, la igualdad de oportunidades y evitar prácticas ilícitas de financiación.
Por otra parte, el financiamiento también se podrá dar conforme a las normas que se establezcan en materia de aportaciones de financiamiento privado, el cual tendrá por objeto conseguir recursos para el sostenimiento del partido, involucrar a la ciudadanía en la financiación, atendiendo a las limitaciones que se den respecto a la participación de grupos económicos poderosos, así como a la vinculación con organizaciones extranjeras o religiosas que comprometan su autonomía en relación a sus objetivos.
Para lo anterior, la Ley secundaria establecerá las normas necesarias conforme a las cuales se regulará el sistema de financiamiento a los partidos políticos, señalando sus derechos y obligaciones y de sus candidatos, estableciendo los procedimientos e instancias de control necesarios.
A sí mismo, la Ley determinará en forma clara y precisa el procedimiento para fijar el monto que los partidos y sus candidatos podrán erogar en las campañas electorales, tratándose de manera específica lo relativo a zonas económicas, densidad demográfica, características urbanas, entre otros.
El legislador ordinario deberá, con base en la experiencia producida por la aplicación de las
normas que registra la legislación actual, ampliar su contenido de acuerdo a procedimientos e instancias que transparenten los aspectos financieros de los partidos políticos y de las campañas electorales, atendiendo al origen de los ingresos y al destino de los egresos, tanto de los recursos públicos como de los privados.
B) Se propone la desaparición del sistema de autocalificación, función a cargo de las cámaras de Diputados y Senadores y se asigna el análisis de la regularidad de la elección al Instituto Federal Electoral, quien tendrá a su cargo expedir la declaratoria de validez de la misma, la expedición de las constancias para los diputados y senadores electos por el principio de mayoría, la asignación de los diputados electos por el principio de representación proporcional y senadores de primera minoría.
Respecto del Tribunal Federal Electoral, se introducen cambios orgánicos y competenciales para que pueda resolver en última instancia los conflictos que se presenten en las elecciones federales, como consecuencia de la desaparición del sistema de autocalificación. De ahí, que se dé nombre propio al tribunal y se defina como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral federal para la calificación de impugnaciones que se den en las elecciones de diputados y senadores.
En relación a su estructura orgánica, mantiene su funcionamiento en pleno o salas, éstas últimas integradas por magistrados o jueces instructores; y se crea una instancia que sólo en aquellos casos trascendentes para el resultado de las elecciones podrá revisar las resoluciones de fondo de las salas del tribunal o la asignación de diputados según el principio de representación proporcional.
De particular importancia resulta destacar que en la integración de la Sala de segunda instancia participa de manera determinante el Poder Judicial Federal, al otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para proponer a cuatro miembros de la judicatura federal, para que sea la Cámara de Diputados, mediante votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la que los elija; la iniciativa que se dictamina señala también, como un factor de certeza a juicio de esta Comisión, que de no lograrse mayoría, se tendrán que hacer nuevas propuestas que quedarán sujetas al mismo procedimiento y, de no obtenerse por segunda ocasión la votación requerida, la elección de los integrantes de la sala de segunda instancia se hará por mayoría simple, de entre todas las propuestas presentadas.
Lo anterior establece un equilibrio importante en el funcionamiento del tribunal, indispensable por la trascendente misión que se le confía, al ser los tres poderes de la Unión los que garantizan su debida integración.
Por otra parte, la propia función de la sala de segunda instancia condiciona su integración para cada proceso electoral y su desempeño se dará únicamente durante el tiempo necesario para resolver los asuntos de su competencia.
La iniciativa prevé que durante los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente podrá elegir a los miembros que integren la sala de segunda instancia del tribunal.
Por lo que hace al régimen competencial del Tribunal Federal Electoral, se le faculta para resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se den en materia electoral federal, y para resolver las diferencias laborales que se presenten con el organismo público encargado de organizar las elecciones o con el propio tribunal. El tribunal deberá expedir su Reglamento Interior y tendrá las demás atribuciones que le señale la Ley.
C) La reforma del artículo 54 de nuestra Carta Fundamental mantiene el principio de representación proporcional como el complemento necesario al de mayoría relativa para la integración de la Cámara de Diputados. Constituido este órgano por 500 diputados, 300 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa, como lo establece el artículo 52 que no se modifica, y los 200 restantes serían distribuidos, de aprobarse la iniciativa que se comenta, asignándolos en proporción directa al porcentaje de la votación nacional emitida, adicionalmente a las constancias de mayoría que hubiesen obtenido los candidatos de un partido.
Conforme el texto vigente, el partido mayoritario podría tener hasta 350 diputados, o sea el 70% del total de diputados de la Cámara. En cambio, conforme a la propuesta esa cantidad se reduce a 315, equivalente al 63% del total de la Cámara, o sea, 35 diputados menos, con lo cual se garantiza que ningún partido tenga una representación desmesurada a su fuerza electoral y ninguno pueda, por sí sólo, aprobar una reforma constitucional.
También se establece en la propuesta que ningún partido que haya obtenido 60% o menos de la votación nacional podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es esta otra limitación más a la asignación al partido mayoritario
que evita la inequidad en la distribución de curules.
En resumen, es clara la equidad de esta fórmula. Conforme al artículo 52 constitucional, 300 diputados se asignan a los partidos cuyas fórmulas hubieren logrado la mayoría en los distritos, y 200 diputados de acuerdo con el porcentaje de la votación nacional que cada partido hubiese tenido para sus listas de candidatos.
Así el proyectado nuevo artículo 54, ratifica los requisitos mínimos para que un partido político tenga derecho a diputados de representación proporcional y expresa ahora que éstos deberán ser asignados conforme a los porcentajes propios de sufragios válidos que aquellos hubieran obtenido respecto de la votación nacional sin que, en principio tal asignación se use para complementar los resultados globales de los triunfos de mayoría simple o uninominales.
Sin embargo, por las razones expresadas, se propone que cuando un partido no llegara a superar el 60% del total de los votos, que equivale a las tres quintas partes del cuerpo camaral o también el número total de los distritos de elección uninominal que hay en todo el territorio nacional, sus curules en la Cámara no podrían rebasar el número de 300 obtenidos por el uso de ambos principios y; que si se diera el caso de que un partido rebasara ese supuesto, es correcto entonces aceptar que tiene derecho a más diputados, pero no en una cifra mayor que se considere suficiente para, reflejando su mayoría, haga compatible la convivencia de otras fuerzas partidistas a quienes debe reconocerse su existencia como causas y expresiones políticas en la vida nacional.
D) Uno de los debates más importantes respecto de las instituciones representativas legislativas se ha dado en torno a la función y a la integración de la Cámara de Senadores, en los últimos lustros se ha discutido respecto de la introducción de mecanismos que atemperen la rigidez que representa para los partidos minoritarios el sistema electoral de mayoría para dicha Cámara y de esta manera, se busca generar condiciones que propicien una mayor pluralidad en su integración, sin que por ello pierda fuerza la idea tradicional de constituir un cuerpo garante del equilibrio federal.
No es la primera ocasión en que se plantea la modificación a la integración del Senado. En años anteriores se formularon propuestas e iniciativas, se hicieron foros en el Senado, en la Comisión Federal Electoral, en diversas instancias académicas y agrupaciones políticas con este propósito.
En esta ocasión se estima que además de ser válidas las razones que animan la reforma, se considera oportuno establecer una nueva composición del órgano senatorial.
En efecto, el Senado de la República es una institución consecuente de la expresión federalista de nuestro pueblo al inicio de nuestra vida independiente. Contrariamente a lo que se dice a veces sin mayor examen, las condiciones reales de la sociedad de entonces exigieron que el federalismo fuera una forma de Estado y de Gobierno, que implicaba aspiraciones de libertad, Gobierno local y capacidad de desarrollo propio. Los gobiernos centralistas mantuvieron la institución senatorial pese a haber suprimido el esquema federativo, mixtificándolo y convirtiéndolo en cuerpo exclusivista. Este fue el Senado contra el que reaccionó el Constituyente de 1857 determinando su desaparición.
La restauración del Senado culmina en 1874, después de un amplio debate nacional, respondiendo a la conveniencia de establecer de nueva cuenta un Poder Legislativo compuesto por dos cámaras y de equilibrar la relación con el Poder Ejecutivo, así como la idea de volver a contar con un órgano integrador de la voluntad nacional.
Seguramente por estas consideraciones, los partidos políticos coinciden en los planteamientos para la renovación del Senado de acuerdo a fórmulas de naturaleza incluyentes.
La reforma propone la ampliación numérica del cuerpo senatorial, en atención a una mejor correspondencia con el número de integrantes de la Cámara de Diputados y al propósito de facilitar una integración pluralista.
La nueva integración de la Cámara implica el aumento de 64 a 128 miembros de los cuales, en cada entidad federativa tres serán electos por el principio de mayoría relativa y uno corresponderá al partido que acredite la primera minoría. Al efecto, los partidos políticos deberán presentar fórmulas de candidatos, siendo el primero de la lista del partido que obtenga la primera minoría, quien ingrese al Senado de la República por esta vía.
De aprobarse esta reforma constitucional se enriquecerá el debate camaral y se abrirán espacios de competencia política en las entidades, ganando con ello el proceso de consolidación y perfeccionamiento de nuestra vida democrática.
Existe también cosenso en lo referente a que la Cámara de Senadores se renueve en su totalidad cada seis años, para lo cual se propone, que por técnica legislativa, el artículo decimoctavo transitorio, no se incluya como tal, en una versión de la Constitución que ha sido reformada, por lo que se propone que dicho contenido se traslade al artículo tercero transitorio del presente decreto, con la misma redacción, por lo que por única ocasión para la elección federal de 1997, se elegirá un senador que desempeñe el cargo en la LVII Legislatura, por sólo tres años.
Es de importancia señalar, que al modificar el número de senadores, se propone dar inicio a sus tareas con la mitad más uno de sus miembros y no las dos terceras partes como ahora lo prevé el artículo 63 constitucional.
E) Respecto al artículo 60 constitucional, vale la argumentación expuesta ya para el artículo 41, pues será el organismo electoral autónomo que se reforma, el que declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en los 300 distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; quien además expedirá las constancias de mayoría respectivas a las fórmulas de candidatos, así como la asignación de senadores de primera minoría, debiendo realizar la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional.
F) Conforme anteriormente se explicó, la nueva conformación de la Cámara de Senadores hace necesario que para poder abrir sus sesiones y ejercer su encargo deberán estar presentes más de la mitad de la totalidad de sus miembros, norma que a la fecha se aplica sólo a la Cámara de Diputados.
G) La iniciativa fortalece la transparencia, certeza y legalidad de los procesos electorales federales, reafirmándose la facultad de la Cámara de Diputados para erigirse en Colegio Electoral y calificar la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, siendo sus resoluciones definitivas e inatacables. Con ello se reafirma la atribución prevista en la fracción I del artículo 74 constitucional.
La elección del Presidente de la República se deriva de un proceso electoral nacional en que intervienen los ciudadanos empadronados del país, que hicieron uso de su derecho y emitieron un voto a partir de sus preferencias políticas. De manera simultánea, también emitieron un voto para elegir un representante por cada distrito electoral federal, con los cuales se integrará una representación nacional federal, cuya suma de votos aportará un número de representantes por la vía proporcional.
De acuerdo con esta integración, se formará una legislatura en la Cámara de Diputados, que corresponderá a una representación nacional plural conforme a la preferencia de los votantes.
Constituida esta legislatura en la Cámara de Diputados, de acuerdo a las disposiciones legales en la materia, se establecerá un órgano deliberativo con facultades expresas sobre las cuestiones del país, primordialmente con la atribución de conocer de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
La calificación camaral desde un punto de vista jurídico, es un acto constitutivo por el cual un presunto pasa a ser electo, con base en un procedimiento de calificación por una representación nacional legislativa, principio presente en nuestra historia desde 1857.
Por lo que es de estimarse que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para erigirse en Colegio Electoral no debe sufrir cambio alguno, en prevalencia de una opinión plural y de mayor amplitud que configura una decisión mayoritaria y representativa de carácter nacional.
H) En la nueva realidad de nuestro país, encontramos a una sociedad más heterogénea en su conformación, más plural en cuanto a sus puntos de vista, mejor informada y exigente de que estas circunstancias se reflejen en el cotidiano acontecer nacional.
Esto ha dado pauta a que la reforma de la fracción I del artículo 82 de la Constitución General de la República, sea un tema que nuestra sociedad, acorde a su actualidad, contempla desde una nueva óptica y con criterios distintos a los del Constituyente de 1917.
Al eliminar la condición que actualmente obliga a quien aspire a ocupar la Presidencia de la República, a ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, se atiende al ánimo de lograr un mayor entendimiento entre todos los que componemos el conglomerado social, eliminando un requisito de elegibilidad entre los ciudadanos que no había sido incluido en ningún ordenamiento constitucional hasta antes de 1917.
No se trata, entonces, de apartarnos del espíritu nacional que inspira el contenido normativo de la Ley fundamental; más bien, la intención es
adaptar la tradición jurídica a una nueva realidad social.
El texto, tal como se propone en el proyecto de decreto, emplea los mismos términos originales del artículo 77 de la Constitución Política de 1857, suscrito por los miembros más distinguidos de la generación liberal del siglo pasado.
Respeta los principios y valores básicos del régimen representativo democrático y federal, sustentado en la soberanía popular.
I) El artículo 100 que se propone reformar, relativo a las licencias de los ministros, es con el objeto de encontrar congruencia para aquellos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sean designados miembros de la sala de segunda instancia en materia electoral; razón por la cual, la salvedad a que se hace referencia implica que, al actualizarse la designación como integrantes de la sala de segunda instancia en materia electoral, gozan automáticamente de la consecuente licencia para separarse del cargo, en caso de que el propuesto tenga la calidad de ministro, por el tiempo que dure el funcionamiento de dicha sala, sin que pierdan su pertenencia al más alto tribunal de la Federación.
J) Ahora bien, la implantación de todas estas reformas a la Carta Magna obliga a establecer disposiciones de vigencia transitoria, particularmente para instruir la nueva composición de la Cámara de Senadores que llegará a integrarse con 128 miembros en total, electos mediante un sólo proceso; pero como actualmente la constituyen 32 senadores, cuyo período de ejercicio concluye el año de 1997, será necesario prever que en la próxima elección federal sólo se elijan 96 senadores más, tres por cada entidad federativa, y tres por el Distrito Federal, dos electos por el principio de mayoría y el tercero electo por la primera minoría, en una sola lista de candidatos que se comprenda en dos fórmulas, con sus respectivos propietarios y suplentes; consecuente con esta prevención transitoria, en 1997 se deberá elegir el cuarto representante de cada entidad federativa y del Distrito Federal, mediante una sola fórmula que se sujetará al principio de mayoría relativa, para que a partir de la LVIII Legislatura, en el año 2000, se renueve totalmente la Cámara de Senadores en esa propia elección.
Los Artículos tercero y cuarto transitorios quedan redactados en términos que contemplan la conclusión de la LVII Legislatura sin necesidad de prevenir su fecha de calendario preciso, por la anticipación del inicio de tal Legislatura en la Cámara de Diputados y de los períodos ordinarios del Congreso a partir de 1995.
También, se ratifica la vigencia de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Federal Electoral, cuyas funciones fueron autorizadas antes para ejercerlas en dos periodos federales electorales ordinarios y que se agotarán el año próximo.
Desde luego, es conveniente fundamentar aquí las razones del artículo quinto transitorio que indica como base territorial para la próxima elección federal, la que contienen actualmente los 300 distritos uninominales y las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso federal de 1991 y que por dificultad técnica y la previsión de los elementos demográficos y de geografía que se requieren para cambiarlas, debe posponerse su nueva distribución con base en el último censo general de población para la elección federal de 1997, cuando se integrará la LVII Legislatura al Congreso de la Unión.
Finalmente es de destacarse que los trabajos que sobre reforma constitucional se contienen en este dictamen constituyen un esfuerzo plural que refleja los consensos a que fue posible llegar en esta materia, precisándose que los diputados de las distintas fuerzas políticas que suscriben este documento mantienen diferencias sustantivas en aspectos específicos que se contienen en los capítulos de "Antecedentes" y "Considerandos", así como en lo referente a los artículos 54 y decimoquinto transitorio, por lo que las firmas que calzan al presente dictamen no implican unanimidad de criterios ni renuncia a seguir luchando cada diputado y cada fracción parlamentaria en pro de sus propuestas.
Por las anteriores consideraciones y razonamientos la Comisión que suscribe se permite proponer al pleno de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS, 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo primero. Se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la adición de un párrafo sexto; los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno se recorren en su orden para quedar como párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo; se
modifica y se recorre en su orden el actual párrafo décimo para quedar como párrafo decimoprimero; se deroga el actual párrafo decimoprimero, y se adicionan los párrafos decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo; se recorre el actual párrafo decimosegundo para quedar como párrafo decimoctavo; y se adicionan los párrafos decimonoveno y vigésimo en los siguientes términos:
Artículo 41.
La Ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán el organismo público previsto en el párrafo octavo de este artículo y el Tribunal Federal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
En materia electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnado.
El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial garantizarán su debida integración.
El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y la Ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal, las que establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 60 de esta Constitución, y las diferencias laborales que se presenten con las autoridades electorales establecidas por este artículo. Expedirá su Reglamento Interior y realizará las demás atribuciones que le confiera la Ley.
El Tribunal Federal Electoral funcionará en pleno o salas y sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que establezca la Ley.
Para cada proceso electoral se integrará una sala de segunda instancia con cuatro miembros de la judicatura federal y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá. Esta sala será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución.
El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la Ley. Para el ejercicio de su competencia contará con cuerpos de magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y responderán sólo al mandato de la Ley.
Los cuatro miembros de la judicatura federal, que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la sala de segunda instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto, y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la votación requerida, procederá la Cámara a elegirlos de entre todos los propuestos por mayoría simple de los diputados presentes. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
Durante los recesos del Congreso de la Unión, la elección a que se refieren los dos párrafos anteriores será realizada por la Comisión Permanente.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículo 54, 56, 60, 63, 74 fracción I, 82 fracción I y 100 para quedar en los siguientes términos:
Artículo 54
La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la Ley:
I y II.
III. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las bases anteriores, adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;
IV. En ningún caso un partido político podrá contar con más de 315 diputados por ambos principios;
V. El partido político que haya obtenido más de 60% de la votación nacional emitida, tendrá
derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional, hasta que el número de diputados por ambos principios sea igual a su porcentaje de votación nacional emitida sin rebasar el límite señalado en la fracción IV de este artículo;
VI. Ningún partido político que haya obtenido el 60% o menos de la votación nacional emitida podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios y;
VII. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV, V y VI anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones V o VI, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales de estos últimos. La Ley desarrollará las reglas y fórmulas necesarias para estos efectos.
Artículo 56.
Para integrar la Cámara de Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal se elegirán cuatro senadores, de los cuales tres serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con tres fórmulas de candidatos.
La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. La Cámara se renovará en su totalidad, en elección directa, cada seis años.
Artículo 60.
El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la Ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la Ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la Ley.
La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la ley.
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser revisadas por la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables. La Ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Artículo 63.
Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la Ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese sólo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Artículo 74.
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. Erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la forma que determine la Ley. Su resolución será definitiva e intachable;
II a VIII.
Artículo 82.
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;
II a VII.
Artículo 100.
Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, serán concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, las concederá el Presidente de la República con las aprobación del Senado, o en sus recesos, con la de la Comisión Permanente, salvo en los casos previstos en los párrafos dieciséis y diecinueve del artículo 41 de esta Constitución. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Permanecerán en sus cargos los actuales Magistrados del Tribunal Federal Electoral electos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1990.
Artículo tercero. En la elección federal de 1994 se elegirán, para cada Estado y el Distrito Federal, dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría a la Legislatura LVI y LVII del Congreso de la Unión, quienes durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha del término del ejercicio de la última legislatura citada. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos en cada entidad federativa.
En la elección federal de 1997, se elegirá a la Legislatura LVII un senador según el principio de mayoría relativa, quien durará en funciones del 1o. de noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la señalada Legislatura. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con una fórmula de candidatos en cada entidad federativa.
Artículo cuarto. Los diputados federales a la LVI Legislatura durarán en su encargo del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la citada legislatura.
Artículo quinto. La elección federal para integrar la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se realizará con base en la distribución de los distritos uninominales y las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso electoral federal de 1991. Para la elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII Legislatura, se hará la nueva distribución de distritos uninominales con base en los resultados definitivos del censo general de población de 1990.
Artículo sexto. La reforma a la fracción I del artículo 82 entrará en vigor el día 31 de diciembre de 1999.
Artículo séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, México, D.F., a 23 de agosto de 1993.»
Es de primera lectura.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado Campos Vega?
El diputado Juan Gualberto Campos Vega (desde su curul):
Para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Esta Presidencia le informa al diputado Campos Vega que el dictamen que acaba de ser leído no está a discusión, sino hasta la próxima sesión, por lo que no procede iniciar ningún debate al respecto.
Con esta aclaración, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, como lo marca el Reglamento en el 102.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Señor Presidente, con su permiso.
En el entendido de que, efectivamente, la discusión de este dictamen se realizará hasta el día de mañana, he pedido la palabra para dejar constancia de un acuerdo tomado por el pleno del Comité Central de Partido Popular Socialista, el que se reunió los días 19, 20, 21 y 22 del presente
y que ha sido publicado el día de hoy, del cual sólo quiero dar lectura a una pequeña parte que, a juicio nuestro, lo más grave que se pretende realizar en esta Cámara y, es el que se refiere a la reforma a la fracción I del artículo 82 de la Constitución de la República, que conlleva, a juicio nuestro, un mensaje, político grave que aplaude la derecha; la nación ya no cuenta.
Esta norma que impide el acceso a la Presidencia de la República a los mexicanos cuyos padres son de origen extranjero, establecida por el Constituyente de Querétaro en 1917, se apoya en firmes razones históricas.
Basta recordar que México es la nación del mundo que, a consecuencia de una agresión armada perdió más de la mitad de su territorio y que el agresor de ayer mantiene sus ambiciones de dominio.
Pero tampoco se puede soslayar el alto riesgo que se corre con esta contrarreforma, en virtud de la apertura ilimitada que se ha dado al capital extranjero en todas las ramas de la economía y los servicios y su profundización en el Tratado de Libre Comercio, pues con ella, de aprobarse, se establecerían las bases jurídicas para que un representante de intereses extranjeros pueda arribar a la Presidencia de la República, con todas las consecuencias que esto tendría.
Más que el prurito de igualar jurídicamente a todos los mexicanos para su acceso a la Presidencia, detrás de esto están, sin duda, presiones del exterior a las que el Gobierno no opone resistencia alguna, porque le falta patriotismo.
¿A esta concesión política que se da a los extranjeros, cuál sigue?
Nada justifica que se relegue la seguridad de la nación, su independencia y su soberanía, en pos de un interés individual, ni que se propicie el decaimiento del sentimiento nacionalista, desde la más alta dirección política del país. Esta postura que tiene el Partido Popular Socialista, de rechazo a esta modificación que se pretende, no es exclusivamente nuestra; la comparten algunas organizaciones políticas, algunos partidos y en lo individual algunos elementos destacados también, de algunos partidos políticos, incluyendo al partido del Gobierno.
Ya se ha echo público, ya se han expresado por militantes destacados del Partido Revolucionario Institucional, el rechazo a esta contrarreforma, que se hace para satisfacer los intereses de la reacción, del imperialismo y de su instrumento electoral.
Señor Presidente, con objeto de dejar constancia clara de estas coincidencias que se dan entre lo planteado por el Partido Popular Socialista y otras organizaciones e individuos, quisiera pedirle respetuosamente instruyera a la Secretaría a que diera lectura a un documento que ejemplifica estos hechos.
El Presidente:
Proceda la Secretaría, por favor.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Concede ventajas a la minoría de criollos. Explosiva reforma al artículo 82. Ninguna actitud de xenofobia hay en la fracción I. Cambiarla traería desconfianza y vulnerabilidad. No nos hará mejores ni abiertos a la modernidad.
Mario Moya Palencia.
Ayer se anunció que el Partido Revolucionario Institucional, "para destrabar su propuesta de reforma política", había aceptado la añeja insistencia del Partido Acción Nacional en el sentido de reformar la fracción I del artículo 82 de nuestra Constitución, que establece que para ser Presidente de la República se requiere: "Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento". La información no aclaraba si la modificación acordada en principio sería en el sentido de que para tan alta candidatura continuaría requiriéndose ser ciudadano mexicano por nacimiento, pero sólo hijo de padres mexicanos (lo que incluiría a los hijos de mexicanos por naturalización) o si de plano se ampliaría a quienes históricamente se ha conocido como criollos, o sea a los nacidos en México pero hijos de padre o madre extranjeros. La escueta información añadía que la enmienda iría acompañada de una disposición transitoria que sólo la pondría en vigor hasta el año de 1999, esto es la iniciación del período presidencial ordinario que cubriría del año 2000 al 2006.
Sabemos que la fracción I del artículo 82 de nuestra norma fundamental quedó con su texto actual a iniciativa del diputado constituyente José Natividad Macías, amigo y partidario de don Venustiano Carranza y se dice que una de sus motivaciones fue impedir que los hijos de extranjeros, como José Yves Limantour, el Secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, pudiera llegar a gobernar al país, ya que este personaje, siendo
diputado en mayo de 1886, había iniciado modificaciones a la Ley de Extranjería con el fin de contemplar a los hijos de extranjeros nacidos en territorio mexicano como plenamente capacitados para ocupar los cargos públicos de los que, por principio, quedaban excluidos; se basaban en el hecho de que a pesar del jus sanguinis que entonces regía en nuestra Ley fundamental como única vía de la nacionalidad, el nacido y educado en el país, a su juicio (de Limantour) guardaba el mismo patriotismo, sin importar si sus padres eran extranjeros o mexicanos de origen. Aunque esta modificación a la Ley de Extranjería fue aprobada, el artículo 77 de la Constitución liberal de 1987 se mantuvo, exigiendo para el cargo de Presidente la nacionalidad por nacimiento.
Por tanto lo que en realidad prohibe la fracción I del artículo 82 constitucional es que los criollos de primera generación puedan aspirar a tan elevado cargo nacional, pero gracias al principio de jus soli incorporado a la Constitución de 1917, si lo pueden hacer los de la segunda generación. Es cierto que en otros países con diferente historia y distinta composición etnosocial que el nuestro no se exige jurídicamente nada más allá de la nacionalidad por nacimiento para que un ciudadano aspire a la titularidad del Poder Ejecutivo, presidencial o parlamentario. Pero también es cierto que en todos los países del mundo los candidatos que tienen larga ascendencia nacional son mejor vistos y aceptados que los criollos, y también aquellos que tienen esposas nativas. No recuerdo en la época contemporánea que algún Presidente de los Estados Unidos haya sido hijo de extranjeros. Si lo era, en cambio, el vicepresidente Spiro Agnew, compañero de fórmula de Nixon, pero se le obligó a renunciar al cargo en vísperas de los acontecimientos que motivaron la caída del Presidente y la llegada de Ford a la Casa Blanca, como si una persona así no debiera arribar al delicado puesto. El candidato del Partido Demócrata Michael Dukakis, hijo de griegos, perdió la presidencia ante el nativo George Bush en forma contundente. Allá tiene un gran sentido ser wasp (blanco, anglosajón y protestante) y no hijo de extranjeros, por lo que poner a Estados Unidos como "modelo" para la reforma no resulta del todo adecuado.
Desde mi personal punto de vista la limitación establecida en la fracción I del artículo 82 constitucional no recoge ninguna actitud de xenofobia ni se basa en la presunción de que un hijo de padres naturalizados o extranjeros esté por ello menos capacitado o tenga una menor dosis de patriotismo que el hijo de padres originalmente mexicanos. Tampoco a que un criollo pudiera ser más propenso que un nativo al llamado "conflicto de intereses", que desde luego puede surgir, por exceso o por defecto, en el trato internacional para un hijo de extranjero con su país de origen. Y aunque el nuestro fue el único país de Iberoamérica que decretó mediante varias leyes estatales la expulsión de los españoles unos años después de obtener su Independencia, tampoco parece haber en el precepto comentado una actitud de venganza, de intolerancia o de racismo.
El artículo 40 de nuestra Constitución nos autodefine: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley fundamental". El primer elemento de la definición de México es pues, que se trata de una "república representativa".
Uno de los componentes del sistema democrático representativo es no sólo que los gobernantes resulten elegidos popularmente, o sea que tengan la representación política de la nación al integrar los poderes constituidos, sino que en verdad representen a la nación misma con sus peculiaridades sociológicas, como si se tratara de una reducción pantográfica o de una fotografía. (Por eso en los congresos deben caber todas las corrientes e intereses).
En cambio las condiciones o requisitos para aspirar al singular cargo de Presidente de la República deben tender a evitar que el candidato pertenezca o represente a fracciones minoritarias de la nación, como a los ausentes (por eso se requiere haber residido en el país durante el año anterior a la elección, aunque ahora se permitirá una interrupción de dos meses a ese lapso sin pérdida de derechos); a los eclesiásticos (por eso los ministros de culto no pueden aspirar a ése ni a ningún otro cargo popular); al Ejército (por eso el posible candidato debe retirarse de su servicio activo seis meses antes del comicio), al gabinete presidencial o a los gobernadores de cualquier estado (a menos que se separe de su puesto con idéntica anticipación); a los incapacitados por ministerio de ley, (o sea el reducidísimo grupo de mexicanos que ya han ocupado la Presidencia de la República, elegidos popularmente o con el carácter de interinos provisionales o sustitutos. El otro requisito, además del que motiva centralmente estas reflexiones, es el de la edad mínima, que más bien tiene por fundamento la necesidad de establecer un principio de madurez humana en el aspirante y que la Ley considera en 35 años.
Los mexicanos por nacimiento pero de hijos de padre o madre extranjeros, o naturalizados mexicanos, son una muy reducida minoría. No poseo datos oficializados pero calculo que son infinitamente menos que el uno al millar de la población nacional. Esto es, no son representativos de lo que es 99.99% de los mexicanos. Y ésta es a mi juicio la razón profunda por la que la Constitución que nos rige, inspirada no sólo en el liberalismo y en las ideas sociales, sino en el más profundo nacionalismo originado en dolorosas tragedias históricas y en nuestro requerimiento siempre impostergable de defender la identidad nacional y las mejores esencias culturales, sociales y políticas del país, determinó (y así debemos interpretarla) que esta respetable pero pequeña minoría de hijos de extranjeros en una primera generación no pudiera aspirar a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, que por excelencia es y debe seguir siendo el más elevado y responsable puesto representativo del país.
De lo anterior se infiere que si nuestro partido acepta la proposición del PAN a cuyos miembros hace no muchos años llamábamos "hijos de Maximiliano" por su demostrada simpatía a los intereses extranjeros y las instituciones supranacionales y acepta modificar en cualquier sentido la fracción I del artículo 82 constitucional, estará promoviendo una norma política en favor de una minoría lo que resulta en contra de la inmensa mayoría, se quiera o no. Si un criollo o un hijo de extranjeros llega en el futuro a ser candidato a la Presidencia por nuestro partido (o por cualquier otro) creo que sería visto con enorme desconfianza por la mayor parte de la nación, porque la idea de extranjería ha estado ligada siempre, con justicia o sin ella, a la burguesía consular, a las prácticas extranjerizantes y al menosprecio de los valores e intereses populares. La pretendida reforma pondría, aparentemente, en igualdad de circunstancias jurídicas a esa minoría de criollos frente al resto de la nación que es lo que algunos alegan como argumento positivo pero no en la realidad, pues casi todos los hijos de extranjeros tienen mejor posición socioeconómica y están más dotados materialmente que la inmensa mayoría de los mexicanos nativos para educarse, penetrar en el mercado económico o ascender socialmente y, en consecuencia, la reforma proyectada les daría de hecho una gran ventaja, como la que algunas legislaciones no la nuestra conceden al patrón cuando lo colocan en absoluta igualdad jurídica con el trabajador, ignorando la avasallante realidad.
A mi juicio la fracción I del artículo 82 constitucional no trata de crear "mexicanos de segunda" ni discriminación alguna, sino que forma un todo armónico con las demás fracciones del propio precepto para identificar el concepto de representatividad en los aspirantes al máximo cargo del país, contribuyendo indirectamente a diseñar el cuerpo electoral y los límites legales del derecho al sufragio en su aspecto pasivo, o sea en la capacidad para ser votado.
Estudiemos el artículo 82 en su conjunto. En efecto, a nadie se le ha ocurrido pensar o decir que es "mexicano de segunda" un joven de diecisiete años nacido en territorio nacional, por que no puede votar ni aspirar al cargo presidencial; ni que lo es un mexicano por nacimiento e hijo de mexicanos por nacimiento que sólo tiene 34 años y no puede ser Presidente; no es tampoco "mexicano de segunda" un secretario de Estado, un Gobernador, un jefe militar o un miembro del estado eclesiástico, sino personas que mientras no cambie su status forman parte de minorías no representativas del gran conjunto nacional. Y tampoco los ex presidentes de la República deben considerarse "mexicanos de segunda" porque no pueden volver al cargo, ya que forma la minoría que tuvo el honor de desempeñarlo con anterioridad. (Esperamos que la intención final de la planeada reforma no sea "incorporar" también a esta otra minoría a la posibilidad del regreso a la Presidencia).
Es conveniente hacer otras reflexiones fuera del ámbito hermenéutico. El cese de la pugna Este - Oeste y el decaimiento de la llamada "guerra fría" no han traído aparejada la supresión de los conflictos bélicos, sino por el contrario una explosión de aquéllos con causas raciales, religiosas o ultranacionalistas que se encontraban larvados y a los que soterró la amenaza de un armagedón nuclear.
No podría predecir ahora, y creo que nadie, los posibles efectos políticos y sociales de una reforma constitucional como la que se anunció ayer, en el momento de aprobarse, que sería por fuerza muy cercano al inicio del proceso electoral de 1994, o en la primera ocasión que se aplicara en favor de un hijo de extranjeros, a partir de 1999. Los mexicanos somos muy aguantadores y más tolerantes de lo que se cree pero tampoco somos sumisos y dentro de nuestra sociedad, cada vez más abierta y pluripartidista, un asunto tan delicado y cercano al instinto nacionalista del pueblo podría ser explosivo o al menos aprovecharse como detonador de conflictos sociales o regionales provocados por fuerzas internas o exteriores ¡y todo por favorecer a unos cuantos!
Creo que esta enmienda planteada merece una mayor reflexión y prudencia, en primer lugar porque no es exacto que la reforma política que impulsa nuestro partido esté azolvada, ya que es democrática y positiva en términos generales y cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros de nuestra organización y de los de varias de las organizaciones de oposición, a las cuales favorece enormemente; y en segundo porque los diputados federales, los senadores y los diputados de las legislaturas locales de la nación pertenecen mayoritariamente a nuestro partido y tienen legítimamente la fuerza de la representación política suficiente para sacarla adelante, aún frente al posible bloqueo de quienes la atacan para lograr notoriedad o concesiones pero que en lo íntimo se frotan las manos por las ventajas que les ofrece.
Tampoco es verdad que la reforma a la fracción I del artículo 82 nos haría mejores, ni más abiertos a las corrientes de la modernidad; lo seguro es que introduciría un elemento de desconfianza y vulnerabilidad en las filas de nuestro partido, que son muy nacionalistas, y en todo el ambiente del país al que nuestro Instituto Político siempre ha sabido representar por su apego a las causas mayoritarias y no a las minoritarias o elitistas.
Apelemos al valor magistral de nuestra historia. Con las reformas constitucionales que propiciaron el establecimiento de relaciones con el Vaticano y traspasaron de hecho la responsabilidad pastoral de los obispos mexicanos al Nuncio, como en otros tiempos, muchos compatriotas se preguntaron si un día habría que hacer nuevamente el movimiento de Reforma. Si los criollos se salen con la suya en esta revisión de la fracción I del artículo 82 constitucional, muchos más se preguntarán si algún día tendremos otra vez que luchar por nuestra independencia política. Y si vencidos esos y quizá otros elementos nacionalistas de nuestra convivencia entre ellos la sabia norma de la no reelección que nos ha dado estabilidad y democracia, quizá mañana nos preguntaremos si habrá llegado el momento de reiniciar la Revolución Mexicana.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Enrique Rico Arzate:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
«Primer Período de Sesiones Extraordinarias.- Segundo Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
24 de Agosto de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82, 100 y se adiciona un artículo transitorio decimoctavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión en lo general.
Y los demás asuntos con lo que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 18.11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 24 de agosto a las 11.00 horas, suplicándoles, rogándoles a los compañeros diputados que iniciaremos puntuales. Muchas gracias.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PSOE Partido Socialista Obrero Español
TLC Tratado de Libre Comercio