Legislatura LV - Año II - Período Extraordinario - Fecha 19930824 - Número de Diario 6
(L55A2P1eN006F19930824.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Primer Período Extraordinario del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., martes 24 de agosto de 1993 No. 6
PERIODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez Cuello.
A discusión en lo general y, para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez
Cecilia Soto González
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Jorge Zermeño Infante
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales en el primer turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados:
José María Téllez Rincón
Juan Gualberto Campos Vega
José de Jesús Berrospe Díaz
Demetrio Hernández Pérez
Juan Jacinto Cárdenas García
Fernando Estrada Sámano
Juan Jacinto Cárdenas García
Recomendación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, de la que informa la Presidencia
Hace uso de la palabra en contra del dictamen, el diputado Martín Tavira Urióstegui
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Juan de Dios Castro Lozano
Martín Tavira Urióstegui
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Martín Tavira Urióstegui
Moción de orden del diputado José María Téllez Rincón
Ricardo Alfredo Ling Altamirano
Juan José Rodríguez Prats Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
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Raymundo Cárdenas Hernández
Francisco Dorantes Gutiérrez
Pablo Emilio Madero Belden
Juan José Rodríguez Prats
Raymundo Cárdenas Hernández
José Octaviano Alaniz Alaniz
Cecilia Soto González
Javier Centeno Ávila, en contra.
Demetrio Hernández Pérez
Alfonso Kunz Bolaños, en pro.
Rosa Albina Garavito Elías, en contra.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Manuel Terrazas Guerrero, en contra.
Pablo Emilio Madero Belden, en pro.
José Francisco Paoli Bolio, en pro.
Jorge Oceguera Galván, para rectificar hechos.
Jorge Uscanga Escobar, en pro.
Luisa Alvarez Cervantes, para rectificar hechos.
Martha Patricia Ruiz Anchondo, para rectificar hechos.
José de Jesús Berrospe Díaz, para rectificar hechos.
Alberto Marcos Carrillo Armenta, para rectificar hechos.
Se inicia el tercer turno de oradores y, hacen uso de la palabra los diputados:
Juan Gualberto Campos Vega, en contra.
Juan José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales.
Israel González Arreguín, en contra.
Carlos González Durán, en contra.
Gilberto Rincón Gallardo Y Meltis, en contra.
Manuel Garza González, para rectificar hechos.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados:
Alberto Marcos Carrillo Armenta
José Octaviano Alaniz Alaniz
Salvador Abascal Carranza
José Octaviano Alaniz Alaniz
Juan Manuel Huezo Pelayo
Raymundo Cárdenas Hernández
Tomás Correa Ayala
Carlos González Durán
Luisa Alvarez Cervantes
Pedro Ojeda Paullada, en pro.
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Pedro Ojeda Paullada
Demetrio Santiago Torres
Votación y aprobación en lo general.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 389 diputados. Por lo tanto, hay quórum legal.
APERTURA
La Presidenta
(a las 12:21 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Extraordinarias. - Segundo Receso. - Segundo Año. -LV Legislatura.
Orden del día
24 de agosto de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión en lo general.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La Presidenta:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Por instrucciones de la señora Presidenta, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se despensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al primer Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado José Ramos González
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con diecinueve minutos del día veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos noventa y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación del Senado de la República, por la que informa que ha citado su próxima sesión el día veinticuatro del presente mes y año. De enterado.
La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y cinco y sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea dispensa la segunda lectura para ponerlo a discusión y votación de inmediato.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Enrique Chavero Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional, quien, a nombre de la Comisión dictaminadora fundamenta el dictamen.
Para debatirlo en lo general y en lo particular, suben a la tribuna los diputados: Hildebrando
Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y presenta una proposición de reforma al artículo sesenta y seis; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y también presenta una propuesta de reforma al mismo artículo; Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional, en pro; Héctor Ramírez Cuéllar, en contra; Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y responde a sendas interpelaciones de los diputados Vázquez López y Calderón Hinojosa.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, solicitan y se les concede el uso de la palabra a los diputados, Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Calderón Salazar, del mismo Partido, en contra; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Agotada la lista de oradores, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría pone a consideración de la Asamblea las dos propuestas presentadas, mismas que se rechazan en sendas votaciones económicas y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintitrés votos en pro. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y uno, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, sesenta, sesenta y tres, setenta y cuatro, ochenta y dos, cien y se adiciona un artículo transitorio decimoctavo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para rectificar hechos en relación con el artículo ochenta y dos constitucional, hace uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con ocho minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, martes veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y, si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba...
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señora Presidenta.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen ya ha sido leído y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fueron turnadas para su estudio y análisis, iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, presentadas por diputados de los diversos Partidos Políticos representados en esta LV Legislatura.
Esta Comisión con la facultad que le otorgan los artículos 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de las presentes, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
a) Convocatoria al período extraordinario
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de agosto de 1993, el Presidente de la República, con fundamento en los artículos 67, 79, fracción IV, y 89, fracción XI, de la Constitución, solicitó que ésta se sirviera convocar a un período extraordinario de sesiones con objeto de conocer, entre otros asuntos, el de las iniciativas de reforma en materia constitucional - electoral que se presentasen de acuerdo con el artículo 71 constitucional.
En la misma fecha, la Comisión Permanente emitió el decreto por medio del cual se convocó al presente período extraordinario, cuya apertura se dio el 16 de agosto para ocuparse, además de otros asuntos, de las iniciativas de modificación constitucional en materia electoral. El mencionado decreto fue publicado el día 12 de agosto de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.
b) De la Comisión Plural
Con fecha 21 de diciembre de 1992, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un acuerdo, por el cual se creó una Comisión Plural, que se encargó de precisar el temario, metodología y procedimientos, buscando integrar los consensos y formular, en su caso, una propuesta legislativa derivada de ellos, para consolidar nuestras instituciones político electorales y nuestro sistema de partidos. Dicha Comisión Plural se integró por dos subcomisiones que han venido funcionando y en las mismas se abarcaron los siguientes temas:
Primera Subcomisión: Transparencia en el origen del financiamiento de los partidos políticos, límite al gasto de campañas electorales; acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación; los demás asuntos contenidos en las iniciativas de los partidos políticos en relación con el tema.
Segunda Subcomisión: Los temas propios del procedimiento electoral que garanticen mayor certeza en las elecciones.
c) Instituto Federal Electoral
Con fecha 17 de marzo de 1993, el Consejo General del Instituto Federal Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Acuerdo por el que se aprueba la creación del foro para la Reforma Electoral y su Comisión Organizadora. Los temas que se trataron durante los meses de marzo y abril del presente año fueron:
1) El régimen de partidos políticos y las condiciones de la competencia electoral;
2) La Consolidación de las instituciones y los procedimientos electorales;
3) El desarrollo democrático de México.
Con fecha 20 de mayo de 1993, El Consejo General del Instituto Federal Electoral entregó a la Cámara de Diputados las conclusiones a que se llegaron en dicho foro.
d) Iniciativas presentadas en materia constitucional político electoral
1. Con fechas 7 de febrero de 1992 y 18 de agosto de 1993, los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, presentaron iniciativas con proyecto de decreto, ambas que reforman el artículo 41 y derogan el artículo 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El 18 de junio de 1992, la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Con fecha 3 de julio de 1992, el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. El 14 de julio de 1992, el diputado Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 6o., 34, 35, 36, 41, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 108, 111, 116, 123, 135, 136, 137, 138 y 139, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Con fecha octubre 14 de 1992, el diputado Raymundo Cárdenas García, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72, 74, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. El 11 de mayo de 1993, el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 9o., 34, 41, 54, 55, 56, 60, 71, 72, 73, 82, 84, 89, 108, 110, 111, 114 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. El 9 de julio de 1993, la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa para reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
8. El 11 de agosto de 1993, el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9. El diputado Pablo Emilio Madero, presentó el 14 de agosto de 1993, iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 9o., 35, 41, 54 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. El diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, presentó el 18 de agosto de 1993 iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Con fecha 16 de agosto de 1993, legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, fracción I, 82, fracción I, 100 y adición de un décimo octavo transitorio, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como consecuencia de lo anterior, el Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, conforme a Reglamento, ordenó que dichas iniciativas, estudios y propuestas fueran turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A) Método de Trabajo
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el día 19 de agosto de 1993, se dio cuenta al pleno de la Comisión de las iniciativas que en materia constitucional político - electoral obran en esta Comisión aprobándose los siguientes acuerdos.
Integrar un grupo plural que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio.
Celebrar reuniones de conferencias entre la Subcomisión Plural, con la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la iniciativa e intercambiar opiniones. Con respecto a este punto se sostuvieron varias reuniones con los senadores.
De la misma manera, los integrantes de la Comisión se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto de las iniciativas.
B) Análisis de las iniciativas y propuestas.
Como resultado de los trabajos realizados por esta Comisión, se han formulado los siguientes análisis y consideraciones:
1. Partido Popular Socialista. Iniciativas con proyecto de decreto, presentadas por los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Juan Cárdenas García, que reforman el artículo 41 y derogan el artículo 60, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Las iniciativas propuestas respecto al artículo 41 constitucional tienen por objeto, a decir de sus proponentes, que los partidos políticos contribuyan a la integración de la representación nacional, estatal y municipal; así mismo propone se inviertan en su orden los párrafos II Y III; se adicione un nuevo párrafo cuarto que se refiera al derecho de los partidos políticos a usar en forma permanente los medios de comunicación;
también se propone que durante los procesos electorales y fuera de ellos, los partidos políticos nacionales deberán contar con un mínimo de elementos para sus actividades, basados en un criterio de igualdad por una parte y por otra, sobre la base de la magnitud de las votaciones alcanzadas; también se busca que la organización de las elecciones federales sea corresponsabilidad del Estado y los partidos políticos nacionales.
Respecto al artículo 60, se propone la desaparición de las figuras de los colegios electorales tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, siendo sustituidos por el Consejo Superior de Dirección del organismo encargado de la organización y preparación del proceso electoral, encuadrándose éste dentro del propio artículo 41. Así mismo, proponen se adicione un párrafo décimo al citado artículo, el cual señalará que en los medios de impugnación que se inicien en la casilla electoral o consejo distrital electoral, deberá suplirse la deficiencia de la queja.
2. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la diputada Yolanda Elizondo Maltos, que reforma y adiciona los artículos 4o. y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La reforma que se propone tiene como objetivo, a decir de sus autores, la integración política de los pueblos indígenas, señalándose que de los 500 diputados electos por ambos sistemas, el 10% deberá ser de representación étnica.
3. Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano, que reforma los artículos 60, 74 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La iniciativa propone crear, en sustitución de los colegios electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Tribunal Federal de Elecciones, el cual funcionaría con carácter transitorio, para el sólo efecto de realizar la calificación electoral respectiva, integrado por siete ministros en ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el procedimiento para su designación. La calificación de la elección presidencial también sería realizada por este organismo. Para tal efecto también se propone derogar la fracción I del artículo 74 constitucional.
4. Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el diputado Jorge Moscoso Pedrero, que reforma, adiciona y deroga los artículos 6o., 34, 35, 36, 41, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 108, 111, 116, 123, 135, 137, 138 y 139, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Las reformas que presenta el diputado Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, proponen que los medios de comunicación queden reglamentados a nivel constitucional, obligándolos a que la información que se proporcione sea imparcial y en la misma se tenga prohibido hacer proselitismo político; se propone crear el Registro Nacional Ciudadano, que estaría a cargo de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se les otorgaría, a través de esta iniciativa, derecho a voto a todos aquellos ciudadanos que radiquen fuera del territorio nacional para sufragar en elecciones presidenciales. La preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales correspondería a los ciudadanos y a los partidos políticos, por lo que la función electoral estaría a cargo de un órgano público, autónomo e independiente formado exclusivamente por éstos.
Respecto a la Cámara de Diputados se propone que ésta se integre por 500 diputados, 250 electos por el Principio de Mayoría Relativa y 250 por el Principio de Representación Proporcional, conformándose los 250 distritos de acuerdo al último censo general de población. Las constancias de asignación de diputados serán otorgadas conforme al porcentaje de votos obtenidos. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, la misma se integraría por seis miembros por cada entidad federativa, por elección directa conforme al Principio de Representación Proporcional, la Cámara de Senadores se renovaría por mitad cada tres años, contemplándose un sistema de doble vuelta para el caso que en primera instancia no se hubiere obtenido el 35% de votación. Se propone reformar los artículos referentes a la Responsabilidad de los Servidores Públicos, para incluir a los miembros del Consejo Federal Electoral y magistrados de los tribunales electorales.
La iniciativa prohibe a los organismos sindicales intervenir en funciones electorales y afiliarse a partidos políticos.
Se propone la figura jurídica del referéndum para reformar o adicionar la Constitución cuando dichos cambios se refieran a temas de los títulos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política.
Se propone un título octavo que comprendería de los artículos 136 a 139, denominado "Del
Sistema Electoral", precisándose las facultades del Consejo Federal Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de los Tribunales Colegiados Electorales, su integración, señalando que son órganos federales de plena jurisdicción y autonomía.
Se precisan derechos y obligaciones de los partidos políticos, así como prohibiciones, tanto para el Presidente de la República como para funcionarios de la Federación, gobernadores y funcionarios de los estados. Ampliándose la participación de los partidos políticos en los medios de comunicación.
5. Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Raymundo Cárdenas García, que reforma y adiciona los artículos 72, 74, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo las siguientes reformas:
Someter a referendum ratificatorio entre todos los habitantes con derecho a voto, las resoluciones del Congreso que revistan trascendencia especial para la nación, así como los tratados que celebre el Presidente de la República.
6. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, que reforma y adiciona los artículos 6o., 9o., 34, 41, 54, 55, 56, 60, 71, 72, 73, 82, 84, 89, 108, 110, 111, 114 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto a esta iniciativa, la Comisión consideró estudiar y dictaminar exclusivamente lo correspondiente a la materia constitucional político - electoral, reservándose para su dictamen lo correspondiente a lo relacionado con el tema sobre el Distrito Federal, el cual la propia Comisión analiza por separado.
Dentro de los temas que abarca la presente iniciativa, se encuentran: El derecho a la información, el cual debe ser garantizado por el Estado y será asumido por los medios de comunicación; el derecho de reunión y asociación así como la prohibición de obligar a individuo alguno a participar en organizaciones sociales o políticas en contra de su voluntad, considerando como delito la contravención a dicho supuesto; se otorgaría la calidad de ciudadanos a los mexicanos mayores de 16 años; se manifiesta que los partidos políticos son agrupaciones autónomas del poder público, prohibiéndose a los poderes federales y de las entidades federativas participar en su régimen interno.
Respecto a la elección de diputados según el principio de representación proporcional, se propone que para obtener el registro de las listas de candidatos a diputados plurinominales, se deberá acreditar que participa, cuando menos, con la mitad de candidatos en la elección de mayoría relativa, así como la forma de realizar la distribución de diputados electos por el sistema de representación proporcional, especificando que ningún partido político podrá tener más de trescientos cincuenta diputados, equivalentes al setenta por ciento de la integración de la Cámara de Diputados. Respecto a los requisitos de elegibilidad para ser diputado se propone que deben ser originarios o vecinos del estado, con una residencia no menor a tres años.
Por lo que se refiere a la integración de la Cámara de Senadores se propone que sea electa por ambos sistemas, de mayoría y de representación proporcional, a razón de 64 por cada uno. Respecto a la calificación de las elecciones de diputados y senadores, se propone crear el Tribunal Federal Electoral y en los estados los tribunales estatales electorales, teniendo éstos a su cargo la vigilancia y calificación de los procesos electorales, correspondiendo a los ciudadanos, partidos políticos y Gobierno la preparación y desarrollo de los mismos. Por lo que hace a los requisitos para ser Presidente de la República se propone que el candidato haya ocupado un puesto de elección popular y haber residido en el país los seis años anteriores al día de la elección. Así mismo y, en virtud de considerar la iniciativa otros temas que no son materia de la convocatoria al período extraordinario, los mismos no se analizan en el presente dictamen.
7. Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa para reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Patricia Ruiz Anchondo:
La presente iniciativa busca dentro de sus objetivos que constitucionalmente se obligue a que los partidos políticos integren en sus listas de candidatos a un porcentaje no menor al 30% de mujeres, tanto a nivel federal como local.
8. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Adolfo Kunz Bolaños, que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La iniciativa propone reformas respecto a la elección de diputados por el sistema de representación proporcional, conservándose el requisito de que para participar en este sistema, debe de participarse cuando menos con 200 diputados uninominales; se conserva el 1.5% para acreditarse diputados de representación proporcional; se señala que, cuando el número de constancias de mayoría relativa sea inferior al porcentaje de la votación nacional recibida, tendrá derecho a participar en tal distribución y cuando el número de constancias de mayoría sea mayor al porcentaje de votos recibidos, no tendrá derecho a participar.
9. Diputado Pablo Emilio Madero. Este legislador presentó iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 9o., 35, 41, 54 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Esta iniciativa propone adicionar el artículo 9o., para que el mismo especifique el derecho al sufragio libre, secreto y universal; se propone adicionar a la Constitución las figuras del plebiscito y referendum, así como la obligación del Estado de garantizar la entrega de credenciales con fotografía para votar; el sistema electoral debe garantizar una competencia política equitativa entre partidos políticos, creando un órgano autónomo responsable de organizar los procesos electorales, así como otorgar reconocimiento jurídico a las asociaciones políticas; respecto a la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se propone que para poder un partido político registrar sus listas regionales, debe acreditar que participa con diputados de mayoría en todos los distrito de la circunscripción plurinominal; se limita a 300 diputados electos por ambos principios los que podrá tener un partido político; se otorga derecho de iniciativa a los ciudadanos y se manifiesta que para que una reforma o adición a la Constitución entre en vigor se requiere que el Congreso de la Unión convoque a los ciudadanos a referendum y éstos por mayoría lo aprueben.
10. El Partido Popular Socialista. Iniciativa, con proyecto de decreto presentada por el diputado Juan Cárdenas García, que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Se propone que la Cámara de Diputados esté integrada por 500 diputados electos por el principio de representación proporcional; podrán participar los partidos políticos o coaliciones, debiendo registrar cuando menos a 300 candidatos para la asignación de dichos diputados.
11. Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 54, 56, 60 y 74 fracción I, 82, fracción I 100 y adición de un artículo transitorio decimoctavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La iniciativa propone reglamentar el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales; otorga facultades al organismo público autónomo en materia electoral para calificar las elecciones de diputados y senadores; fortalece al Tribunal Federal Electoral y crea una sala de segunda instancia como tribunal de plena jurisdicción, que dictará resoluciones definitivas e inatacables.
La sala de segunda instancia que se integrará con cuatro miembros de la judicatura federal y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, electos los primeros para cada elección federal por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.
Se propone que ningún partido político cuente con más de 315 diputados por ambos principios y propone reglas para la distribución de los 200 diputados electos por el sistema de representación proporcional. De la misma manera, se señala que ningún partido político si obtiene el 60% o menos de la votación nacional emitida, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
Respecto a la integración de la Cámara de Senadores se propone que la misma se conforme por cuatro senadores por entidad federativa, tres electos por el sistema de mayoría relativa y uno más para la primera minoría, debiendo los partidos políticos registrar una lista con tres fórmulas de candidatos.
También se propone volver al sistema de renovación total de esta Cámara por elección directa cada seis años, para lo cual se adiciona un artículo decimoctavo transitorio, el que prevé los tiempos de duración en el encargo de senador.
Un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, será el encargado de declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, así como la validez de la asignación de diputados de representación proporcional. Sus resoluciones podrán ser revisadas por el
Tribunal Federal Electoral, dejándose a la Ley reglamentaria los presupuestos procesales, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Por lo que hace al funcionamiento de las cámaras de Diputados y de Senadores, se prevé que las mismas no podrán abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros.
En la iniciativa que se comenta se ratifica para esta Cámara de Diputados, que dentro de sus facultades exclusivas, se erija en Colegio Electoral para realizar la calificación de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalándose además que sus resoluciones serán definitivas e inatacables.
Así mismo, se propone que dentro de los requisitos para ser Presidente de la República, ya no sea necesario que el ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, que aspire a dicha magistratura sea, además, hijo de padres mexicanos por nacimiento.
Se propone incluir dentro del artículo 100 constitucional referente a las licencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autorización necesaria para formar parte de la sala de segunda instancia en materia electoral.
Como consecuencia de los trabajos realizados en el seno de la Comisión Plural creada por la Cámara en pleno 21 de diciembre de 1992, se puede afirmar la importancia de todas las iniciativas que se analizaron y que aparecen relacionadas en los antecedentes de este dictamen. Sin embargo, sólo procedió la incorporación al proyecto de decreto con que concluye el dictamen de aquellas propuestas que suscitaron mayor aceptación y que se consideraron como de mayor relevancia para los propósitos que inspiran, en la coyuntura presente, las reformas a nuestras instituciones políticas y a nuestro régimen electoral de acuerdo con una evolución que parte de lo existente, que lo enriquece y adapta a las realidades del México de hoy.
Los contenidos de las iniciativas que no se ven reflejados en los textos de este proyecto no se descalifican ni se dictaminan en términos negativos, pues se considera fruto de un esfuerzo que forma parte de las aspiraciones generales para el fortalecimiento de nuestra democracia, quedando sus autores en la oportunidad de insistir sobre ellas de estimarlo conveniente.
La Comisión que suscribe una vez analizados los alcances de las iniciativas a estudio, se permiten señalar a continuación los siguientes;
CONSIDERANDOS
En esta LV Legislatura, el Constituyente Permanente ha realizado diversas reformas a nuestra Carta Magna. En materia agraria; relaciones Estado - Iglesia; en política económica; en referencia a los derechos humanos; materia educativa; todas ellas con vistas a la realización de la Reforma del Estado.
En este tenor, la materia constitucional político - electoral no puede dejarse de atender, por lo que se busca adecuar estas normas a la nueva realidad que vive nuestra nación.
Respecto de la normatividad vigente en materia electoral, los mexicanos nos hemos comprometido a buscar siempre el perfeccionamiento de la misma; para nadie es desconocido que no existe sistema electoral perfecto, habida cuenta de la especial dinámica que caracteriza los procesos de renovación y legitimación de los poderes públicos en el mundo y, en particular de la sociedad mexicana.
Son las condiciones de la sociedad y sus aspiraciones las que determinan dicha estructura.
Las reformas que se proponen, tienen como objetivo otorgar mayor grado de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo a nuestro sistema democrático en lo que hace al proceso electoral y garantizar plenamente la renovación pacífica y legal de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
México ha transitado por diversas etapas en relación a nuestro sistema representativo. Nuestra sociedad ha vivido el desarrollo paulatino de un sistema de partidos, los cuales, en nuestra actualidad, actúan con la fuerza y representación que les otorga el electorado, siendo la Cámara de Diputados el cuerpo colegiado en donde hasta ahora se expresan con mayor amplitud todas las ideologías políticas.
Los sistemas de elección de diputados, de mayoría relativa y de representación proporcional, han avalado el desarrollo de los trabajos camarales. La representación de las mayorías y las minorías ha evolucionado a lo largo de los diferentes ordenamientos electores de carácter federal con que ha contado nuestro país, permitiéndoles cada vez una mayor participación en la vida política de nuestro país.
Realizar reformas constitucionales en materia político - electoral, en periodos relativamente cortos, no implica que las mismas no hayan funcionado o garantizado le legalidad de nuestros procesos electorales; por el contrario, se
refuerzan los ideales tanto de las minorías como de la mayoría, de buscar nuevas fórmulas que satisfagan a los contendientes electorales y a los ciudadanos. Ello es fundamental para una convivencia civilizada apegada siempre a las normas que nos dictamos los propios mexicanos.
En este aspecto, definitivamente es necesario señalar que nuestra sociedad, gobierno y partidos políticos, buscamos por la vía de la ley y conforme a los procedimientos que señalan éstas, lograr que en nuestra Carta Magna se exprese el rumbo que consideramos el mejor para alcanzar el perfeccionamiento de la democracia. Nuestro país se empeña en lograr este anhelo. Conscientes de estas responsabilidad los diputados que suscribimos el presente dictamen lo hacemos con estos objetivos.
Por lo anterior, es necesario señalar que todas las iniciativas presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados, así como aquellas propuestas hechas ante la Comisión Plural de la Reforma para Consolidar la Democracia Electoral y en el Foro organizado para este mismo objeto por el Instituto Federal Electoral, han sido estudiadas y analizadas, encontrándose que alcanzan significativos consensos y coincidencias en los propósitos y planteamientos que realizan.
Cabe señalar, que son numerosos artículo constitucionales los abarcados en las diversas iniciativas en materia de reforma político - electoral; sin embargo, destaca el interés de los grupos parlamentarios en artículos y temas específicos que, por su importancia, merecieron su atención y obtuvieron consensos y los cuales a continuación se señalan:
Financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales.
A) Los partidos políticos coincidieron en la necesidad de establecer en la norma constitucional, el fundamento para que la ley secundaria contenga las normas que regulen el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales.
Lo anterior en consideración a que los partidos políticos son entidades de interés público formadas por ciudadanos, sujetos de financiamiento público con el que deberán procurar su subsistencia, la igualdad de oportunidades y evitar prácticas ilícitas de financiación.
Por otra parte, el financiamiento también se podrá dar conforme a las normas que se establezcan en materia de aportaciones de financiamiento privado, el cual tendrá por objeto conseguir recursos para el sostenimiento del partido, involucrar a la ciudadanía en la financiación, atendiendo a las limitaciones que se den respecto a la participación de grupos económicos poderosos, así como a la vinculación con organizaciones extranjeras o religiosas que comprometan su autonomía en relación a sus objetivos.
Para lo anterior, la ley secundaria establecerá las normas necesarias conforme a la cuales se regulará el sistema de financiamiento a los partidos políticos, señalando sus derechos y obligaciones y de sus candidatos, estableciendo los procedimientos e instancias de control necesarios.
Así mismo, la ley determinará en forma clara y precisa el procedimiento para fijar el monto que los partidos y sus candidatos podrán erogar en las campañas electorales tratándose de manera específica lo relativo a zonas económicas, densidad demográfica, características urbanas, entre otros.
El legislador ordinario deberá, con base en la experiencia producida por la aplicación de las normas que registra la legislación actual, ampliar su contenido de acuerdo a procedimientos e instancias que transparenten los aspectos financieros de los partidos políticos y de las campañas electorales, atendiendo al origen de los ingresos y al destino de los egresos, tanto de los recursos públicos como de los privados.
B) Se propone la desaparición del sistema de autocalificación, función a cargo de las Cámaras de Diputados y Senadores y se asigna el análisis de la regularidad de la elección al Instituto Federal Electoral, quien tendrá a su cargo expedir la declaratoria de validez de la misma, la expedición de las constancias para los diputados y senadores electos por el principio de mayoría, la asignación de los diputados electos por el principio de representación proporcional y senadores de primera minoría.
Respecto del Tribunal Federal Electoral, se introducen cambios orgánicos y competenciales para que pueda resolver en última instancia los conflictos que se presenten en las elecciones federales, como consecuencia de la desaparición del sistema de autocalificación. De ahí, que se dé nombre propio al tribunal y se defina como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral federal para la calificación de impugnaciones que se den en las elecciones de diputados y senadores.
En relación a su estructura orgánica, mantiene su funcionamiento en Pleno o salas, éstas últimas
integradas por magistrados o jueces instructores; y se crea una instancia que sólo en aquellos casos trascendentes para el resultado de las elecciones podrá revisar las resoluciones de fondo de las salas del tribunal o la asignación de diputados según el principio de representación proporcional.
De particular importancia resulta destacar que en la integración de la Sala de segunda instancia participa de manera determinante el Poder Judicial Federal, al otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para proponer a cuatro miembros de la judicatura federal, para que sea la Cámara de Diputados, mediante votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la que los elija; la iniciativa que se dictamina señala también, como un factor de certeza a juicio de esta Comisión, que de no lograrse dicha mayoría, se tendrán que hacer nuevas propuestas que quedarán sujetas al mismo procedimiento y de no obtenerse por segunda ocasión la votación requerida, la elección de los integrantes de la Sala de segunda instancia se hará por mayoría simple, de entre todas las propuestas presentadas.
Lo anterior establece un equilibrio importante en el funcionamiento del tribunal, indispensable por la trascendente misión que se le confía, al ser los tres Poderes de la Unión los que garantizan su debida integración.
Por otra parte, la propia función de la Sala de segunda instancia condiciona su integración para cada proceso electoral y su desempeño se dará únicamente durante el tiempo necesario para resolver los asuntos de su competencia.
La iniciativa prevé que durante los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente podrá elegir a los miembros que integren la Sala de segunda instancia del tribunal.
Por lo que hace al régimen competencial del Tribunal Federal Electora, se le faculta para resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se den en materia electoral federal, y para resolver las diferencias laborales que se presenten con el organismo público encargado de organizar las elecciones o con el propio tribunal. El tribunal deberá expedir su reglamento interior y tendrá las demás atribuciones que le señale la ley.
C) La reforma del artículo 54 de nuestra Carta Fundamental mantiene el principio de representación proporcional como el complemento necesario al de mayoría relativa para la integración de la Cámara de Diputados. Constituido este órgano por 500 diputados, 300 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa, como lo establece el artículo 52 que no se modifica, y los 200 restantes serían distribuidos, de aprobarse la iniciativa que se comenta, asignándolos en proporción directa al porcentaje de la votación nacional emitida, adicionalmente a las constancias de mayorías que hubiesen obtenido los candidatos de un partido.
Conforme al texto vigente, el partido mayoritario podría tener hasta 350 diputados, o sea el 70% del total de diputados de la Cámara. En cambio, conforme a la propuesta esa cantidad se reduce a 315 equivalente al 63% del total de la Cámara o sea, 35 diputados menos, con lo cual se garantiza que ningún partido tenga una representación desmesurada a su fuerza electoral y ninguno pueda, por sí sólo, aprobar una reforma constitucional.
También se establece en la propuesta que ningún partido que haya obtenido 60% o menos de la votación nacional podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es esta otra limitación más a la asignación al partido mayoritario que evita una iniquidad en la distribución de curules.
En resumen, es clara la equidad de esta fórmula. Conforme al artículo 52 constitucional, 300 diputados se asignan a los partidos cuyas fórmulas hubieren logrado la mayoría en los distritos y, 200 diputados de acuerdo con el porcentaje de la votación nacional que cada partido hubiese tenido para sus listas de candidatos.
Así el proyectado nuevo artículo 54, ratifica los requisitos mínimos para que un partido político tenga derecho a diputados de representación proporcional y expresa ahora que éstos deberán ser asignados conforme a los porcentajes propios de sufragios válidos que aquellos hubieran obtenido respecto de la votación nacional sin que, en principio, tal asignación se use para complementar los resultados globales de los triunfos de mayoría simple o uninominales.
Sin embargo, por las razones expresadas, se propone que cuando un partido no llegara a superar el 60% del total de los votos, que equivale a las tres quintas partes del cuerpo cameral o también el número total de los distritos de elección uninominal que hay en todo el territorio nacional, sus curules en la Cámara no podrían rebasar el número de 300 obtenidos por el uso de ambos principios; y que si se diera el caso de que un partido rebasara ese supuesto, es correcto entonces aceptar que tiene derecho a más
diputados, pero no en una cifra mayor que se considere suficiente para, reflejando su mayoría, haga compatible la convivencia de otras fuerzas partidistas a quienes debe reconocerse su existencia como causas y expresiones políticas en la vida nacional.
D) Uno de los debates más importantes respecto de las instituciones representativas legislativas se ha dado en torno a la función y a la integración de la Cámara de Senadores, en lo últimos lustros se ha discutido respecto de la introducción de mecanismos que atemperen la rigidez que representa para los partidos minoritarios el sistema electoral de mayoría para dicha Cámara y de esta manera, se busca generar condiciones que propicien una mayor pluralidad en su integración, sin que por ello pierda fuerza la idea tradicional de constituir un cuerpo garante del equilibrio federal.
No es la primera ocasión en que se plantea la modificación a la integración del Senado. En años anteriores se formularon propuestas e iniciativas, se hicieron foros en el Senado, en la Comisión Federal Electoral, en diversas instancias académicas y agrupaciones políticas con este propósito.
En esta ocasión se estima que además de ser válidas las razones que animan la reforma se considera oportuno establecer una nueva composición del órgano senatorial.
En efecto, el Senado de la República es una institución consecuente de la expresión federalista de nuestro pueblo al inicio de nuestra vida independiente. Contrariamente a lo que se dice a veces sin mayor examen, las condiciones reales de la sociedad de entonces exigieron que el federalismo fuera una forma de estado y de gobierno, que implicaba aspiraciones de libertad, gobierno local y capacidad de desarrollo propio. Los gobiernos centralistas mantuvieron la institución senatorial pese a haber suprimido el esquema federativo, mixtificándolo y convirtiéndolo en cuerpo exclusivista. Esta fue el Senado contra el que reaccionó el Constituyente de 1857 determinando su desaparición.
La restauración del Senado culmina en 1874, después de un amplio debate nacional, respondiendo a la conveniencia de establecer de nueva cuenta un Poder Legislativo compuesto por dos cámaras y de equilibrar la relación con el Poder Ejecutivo, así como la idea de volver a contar con un órgano integrador de la voluntad nacional.
Seguramente por estas consideraciones, los partidos políticos coinciden en los planteamientos para la renovación del Senado de acuerdo a fórmulas de naturaleza incluyentes.
La reforma propone la ampliación numérica del cuerpo senatorial, en atención a una mejor correspondencia con el número de integrantes de la Cámara de Diputados y al propósito de facilitar una integración pluralista.
La nueva integración de la Cámara implica el aumento de 64 a 128 miembros de los cuales, en cada entidad federativa tres serán electos por el principio de mayoría relativa y uno corresponderá al partido que acredite la primera minoría. Al efecto, los partidos políticos deberán presentar fórmulas de candidatos, siendo el primero de la lista del partido que obtenga la primera minoría, quien ingrese al Senado de la República por esta vía.
De aprobarse esta reforma constitucional se enriquecerá el debate cameral y se abrirán espacios de competencia política en las entidades, ganando con ello el proceso de consolidación y perfeccionamiento de nuestra vida democrática. Existe también consenso en lo referente a que la Cámara de Senadores se renueve en su totalidad cada seis años, para lo cual se propone, que por técnica legislativa, el artículo Décimo Octavo Transitorio, no se incluya como tal, en una versión de la Constitución que ha sido reformada, por lo que se propone que dicho contenido se traslade al Artículo Tercero Transitorio del presente decreto, con la misma redacción, por lo que por única ocasión para la elección federal de 1977, de elegirá un senador que desempeñe el cargo en la LVII Legislatura, por sólo tres años.
Es de importancia señalar, que al modificar el número de senadores, se propone dar inicio a sus tareas con la mitad más uno de sus miembros y no las dos terceras partes como ahora lo prevé el artículo 63 constitucional.
E) Respecto al artículo 60 constitucional, vale la argumentación expuesta ya para el artículo 41, pues será el organismo electoral autónomo que se reforma, el que declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en los trescientos distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; quien además expedirá las constancias de mayoría respectivas a las fórmulas de candidatos, así como la asignación de senadores de primera minoría, debiendo realizar la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional.
F) Conforme anteriormente se explicó, la nueva conformación de la Cámara de Senadores hace necesario que para poder abrir sus sesiones y ejercer su encargo deberán estar presentes más de la mitad de la totalidad de sus miembros, norma que a la fecha se aplica sólo a la Cámara de Diputados.
G) La iniciativa fortalece la transparencia, certeza y legalidad de los procesos electorales federales, reafirmándose la facultad de la Cámara de Diputados para erigirse en Colegio Electoral y calificar la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, siendo sus resoluciones definitivas e inatacables. Con ello se reafirma la atribución prevista en la fracción I del artículo 74 constitucional.
La elección del Presidente de la República se deriva de un proceso electoral nacional en que intervienen los ciudadanos empadronados del país, que hicieron uso de su derecho y emitieron un voto a partir de sus preferencias políticas.
De manera simultánea, también emitieron un voto para elegir un representante por cada distrito electoral federal, con los cuales se integrará una representación nacional federal, cuya suma de votos aportará un número de representantes por la vía proporcional.
De acuerdo con esta integración, se formará una legislatura en la Cámara de Diputados que corresponderá a una representación nacional plural conforme a la preferencia de los votantes.
Constituida esta legislatura en la Cámara de Diputados, de acuerdo a las disposiciones legales en la materia, se establecerá un órgano deliberativo con facultades expresas sobre las cuestiones del país, primordialmente con la atribución de conocer de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
La calificación camaral desde un punto de vista jurídico, es un acto constitutivo por el cual un presunto pasa a ser electo, con base en un procedimiento de calificación por una representación nacional legislativa, principio presente en nuestra historia desde 1857.
Por lo que es de estimarse que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para erigirse en Colegio Electoral no debe sufrir cambio alguno, en prevalencia de una opinión plural y de mayor amplitud que configura una decisión mayoritaria y representativa de carácter nacional.
H) En la nueva realidad de nuestro país, encontramos a una sociedad más heterogénea en su conformación, más plural en cuanto a sus puntos de vista, mejor informada y exigente de que estas circunstancias se reflejen en el cotidiano acontecer nacional.
Esto ha dado pauta a que la reforma de la fracción I del artículo 82 de la Constitución General del a República, sea un tema que nuestra sociedad acorde a su actualidad, contempla desde una nueva óptica y con criterios distintos a los del Constituyente de 1917.
Al eliminar la condición que actualmente obliga a quien aspire a ocupar la Presidencia de la República, a ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, se atiende al ánimo de lograr un mayor entendimiento entre todos los que componemos el conglomerado social, eliminando un requisito de elegibilidad entre los ciudadanos que no había sido incluido en ningún ordenamiento constitucional hasta antes de 1917.
No se trata, entonces, de apartarnos del espíritu nacional que inspira el contenido normativo de la ley fundamental; más bien, la intención es adaptar la tradición jurídica a una nueva realidad social.
El texto, tal como se propone en el proyecto de decreto, emplea los mismos términos originales del artículo 77 de la Constitución Política de 1857, suscrito por los miembros más distinguidos de la generación liberal del siglo pasado.
Respeta los principios y valores básicos del régimen representativo democrático y federal, sustentado en la soberanía popular.
I) El artículo 100 que se propone reformar, relativo a las licencias de los ministros, es con objeto de encontrar congruencia para aquellos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sean designados miembros de la Sala de segunda instancia en materia electoral; razón por la cual, la salvedad a que se hace referencia implica que, al actualizarse la designación como integrantes de la Sala de segunda instancia en materia electoral, gozan automáticamente de la consecuente licencia para separarse del cargo, en caso de que el propuesto tenga la calidad de Ministro, por el tiempo que dure el funcionamiento de dicha Sala, sin que pierda su pertenencia al más alto tribunal de la Federación.
J) Ahora bien, la implantación de todas estas reformas a la Carta Magna, obliga a establecer disposiciones de vigencia transitoria, particularmente para instruir la nueva composición de la
Cámara de Senadores que llegará a integrarse con 128 miembros en total, electos mediante un sólo proceso; pero como actualmente la constituyen 32 senadores, cuyo período de ejercicio concluye el año de 1997, será necesario prever que en la próxima elección federal sólo se elijan 96 senadores más, tres por cada entidad federativa y tres por el Distrito Federal, dos electos por el principio de mayoría y el tercero electo por la primera minoría, en una sola lista de candidatos que se comprenda en dos fórmulas, con sus respectivos propietarios y suplentes; consecuente con esta prevención transitoria, en 1997 se deberá elegir el cuarto representante de cada entidad federativa y del Distrito Federal, mediante una solo fórmula que se sujetará al principio de mayoría relativa, para que a partir de la LVIII Legislatura, en el año 2000, se renueve totalmente la Cámara de Senadores en esa propia elección.
Los artículos tercero y cuarto transitorios quedan redactados en términos que contemplan la conclusión de la LVIII Legislatura sin necesidad de prevenir su fecha de calendario preciso, por la anticipación del inicio de tal Legislatura en la Cámara de Diputados y de los periodos ordinarios del Congreso a partir de 1995.
También, se ratifica la vigencia de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, cuyas funciones fueron autorizadas antes para ejercerlas en dos periodos federales electorales ordinarios y que se agotarán el año próximo.
Desde luego, es conveniente fundamentar aquí las razones del artículo quinto transitorio que indica como base territorial para la próxima elección federal, la que contienen actualmente los 300 distritos uninominales y las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso federal de 1991 y que por dificultad técnica y la previsión de los elementos demográficos y de geografía que se requieren para cambiarlas, debe posponerse su nueva distribución con base en el último censo general de población para la elección federal de 1997, cuando se integrará la LVII Legislatura al Congreso de la Unión.
Finalmente es de destacarse que los trabajos que sobre reforma constitucional se contienen en este dictamen constituyen un esfuerzo plural que refleja los consensos a que fue posible llegar en esta materia, precisándose que los diputados de las distintas fuerzas políticas que suscriben este documento mantienen diferencias sustantivas en aspectos específicos que se contienen en los capítulos de "Antecedentes" y "Considerandos", así como en lo referente a los artículos 54 y decimoquinto transitorio, por lo que las firmas que calzan al presente dictamen no implican unanimidad de criterios ni renuncia a seguir luchando cada diputados y cada fracción parlamentaria en pro de sus propuestas.
Por las anteriores consideraciones y razonamientos la Comisión que suscribe se permite proponer al pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA LOS ARTÍCULOS, 41, 54,
56, 60, 63, 74, 82 Y 100 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo primero. Se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la adición de un párrafo sexto; los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno se recorren en su orden para quedar como párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo; se modifica y se recorre en su orden el actual párrafo décimo para quedar como párrafo decimoprimero; se deroga el actual párrafo decimoprimero y se adicionan los párrafos decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo; se recorre el actual párrafo decimosegundo para quedar como párrafo decimoctavo; y se adicionan los párrafos decimonoveno y vigésimo en los siguientes términos:
Artículo 41...
La Ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
La ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán el organismo público previsto en el párrafo octavo de este artículo y el Tribunal Federal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
En materia electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnado.
El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial garantizarán su debida integración.
El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal, las que establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 60 de esta Constitución y, las diferencias laborales que se presenten con las autoridades electorales establecidas por este artículo. Expedirá su Reglamento Interior y realizará las demás atribuciones que le confiera la ley.
El Tribunal Federal Electoral funcionará en Pleno o Salas y sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que establezca la ley.
Para cada proceso electoral se integrará una Sala de segunda instancia con cuatro miembros de la judicatura federal y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá. Esta Sala será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución.
El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la ley. Para el ejercicio de su competencia contará con cuerpos de magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y responderán sólo al mandato de la ley.
Los cuatro miembros de la judicatura federal, que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la Sala de segunda instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto, y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la votación requerida procederá la Cámara a elegirlos de entre todos los propuestos por mayoría simple de los diputados presentes. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
Durante los recesos del Congreso de la Unión, la elección a que se refieren los dos párrafos anteriores será realizada por la Comisión Permanente. Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 54, 56, 60, 63, 74, fracción I; 82, fracción I y 100 para quedar en los siguientes términos:
Artículo 54...
La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por las listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I y II...
III. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores, adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;
IV. En ningún caso un partido político podrá contar con más de 315 diputados por ambos principios;
V. El partido político que haya obtenido más de 60% de la votación nacional emitida, tendrá derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional, hasta que el número de diputados por ambos principios sea igual a su porcentaje de votación nacional emitida sin rebasar el límite señalado en la fracción IV de este artículo;
VI. Ningún partido político que haya obtenido el 60% o menos de la votación nacional emitida podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios y;
VII. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV, V y VI anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones V o VI, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas necesarias para estos efectos.
Artículo 56...
Para integrar la Cámara de Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal se elegirán cuatro senadores, de los cuales tres serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con tres fórmulas de candidatos.
La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. La Cámara se renovará en su totalidad, en elección directa, cada seis años.
Artículo 60...
El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.
La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la ley.
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser revisadas por la Sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de esta Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Artículo 63...
Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la Ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese sólo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes los que deberán presentarse en un plazo igual y, si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Artículo 74...
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
1. Erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la forma que determine la ley. Su resolución será definitiva e inatacable;
II a VIII...
Artículo 82...
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;
II a VII...
Artículo 100...
Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, serán concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, las concederá el Presidente de la República con la aprobación del Senado, o en sus recesos, con la de la Comisión Permanente, salvo en los casos previstos en los párrafos dieciséis y diecinueve del artículo 41 de esta Constitución .
Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Permanecerán en sus cargos los actuales Magistrados del Tribunal Federal Electoral electos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1990.
Artículo tercero. En la elección federal de 1994 se elegirán, para cada Estado y el Distrito Federal, dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría a la Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión, quienes durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha del término del ejercicio de la última legislatura citada. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos en cada entidad federativa.
En la elección federal de 1997, se elegirá a la Legislatura LVII un senador según el principio de mayoría relativa, quien durará en funciones
del 1o. de noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la señalada Legislatura. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con una fórmula de candidatos en cada entidad federativa.
Artículo cuarto. Los diputados federales a la LVI Legislatura durarán en su encargo del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la citada Legislatura.
Artículo quinto. La elección federal para integrar la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se realizará con base en la distribución de los distritos uninominales y las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso electoral de 1991. Para la elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII Legislatura, se hará la nueva distribución de distritos uninominales con base en los resultados definitivos del censo general de población de 1990.
Artículo sexto. La reforma a la fracción I del artículo 82 entrará en vigor el día 31 de diciembre de 1999.
Artículo séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, México, D.F., a 23 de agosto de 1993.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Me corresponde, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentar a ustedes la fundamentación del dictamen conforme al cual se plasman diversas reformas a nuestro texto constitucional en materia política y electoral.
El día de ayer se dio lectura ampliamente a dicho dictamen. Por tal motivo voy a referirme a él con la intención de ampliar alguno de los puntos contenidos en el dictamen de referencia.
Las reformas propuestas, como se apunta en el dictamen, han sido producto de un largo proceso de análisis a través de una Comisión que por acuerdo de esta Cámara se estableció, en la cual tuvieron participación todos los partidos políticos aquí representados.
Esta Comisión trabajó y sesionó durante más de ocho meses. En ella se escucharon los diversos puntos de vista, se analizaron, se abrieron foros, el propio Instituto Federal Electoral convocó a un foro y finalmente remitió también el resultado de ese foro, al que concurrieron especialistas en la materia, estudiosos de la materia; también fue remitido para su análisis en el seno de la Comisión Plural.
Como resultado de aquellos puntos en que hubo convergencia de opiniones, en que hubo un consenso mayoritario, se plasmó la iniciativa que hoy comentamos. Sin duda hubo puntos que fueron presentados al análisis, pero que no obtuvieron el consenso de los integrantes de esta Comisión, pero fueron reflexionados, fueron explicados, así como también en el seno de la propia Comisión los diversos grupos de trabajo que para tal efecto laboraron, analizaron diversas iniciativas que en el mismo tenor, en los mismos temas habían sido presentados ante esta Legislatura. De estas iniciativas también se tomaron aquellos aspectos en que hubo consenso de los representantes de los diversos partidos.
La reforma que hoy se plantea, como ustedes escucharon el día de ayer, se refiere a diversas disposiciones constitucionales que serán el sustento constitucional, serán las normas que fundamenten otras reformas que habrán de incorporarse al Cofipe. En ese esquema constitucional se dibuja una nueva estructura, una nueva integración, nuevos órganos o se amplían las facultades de éstos, a efecto de que la Ley secundaria establezca las modalidades acordes con la norma constitucional.
Todo este esfuerzo de análisis, de estudio, reflejó coincidencias importantes en cuanto a que todos los partidos políticos están de acuerdo en que el sistema electoral mexicano es perfectible y esto es incuestionable. Las normas jurídicas deben ser adecuadas para regular la situación
que las generó, pero en materia electoral la dinámica del derecho electoral es una dinámica intensa que demanda una revisión permanente de esas normas, con objeto de que estás correspondan al fortalecimiento de la democracia, al fortalecimiento de las instituciones electorales en nuestro país. Este es un punto en que todos los partidos están de acuerdo se requiere la revisión permanente y la adecuación de esas normas para perfeccionar nuestro sistema democrático.
En el artículo 41 constitucional se conservan los cuatro primeros párrafos que lo integran y se agrega un quinto párrafo en el cual se establece el principio que regulará, que facultará al legislador ordinario para establecer el sistema de financiamiento de los partidos. Ya las disposiciones vigentes contemplaban este concepto, pero no con la precisión y con la amplitud que se propone en el dictamen. El texto vigente contiene ya una mención en cuanto a las facilidades a los medios con que contarán los partidos políticos para su funcionamiento, para obtener los sufragios de la ciudadanía.
En la redacción propuesta, que me voy a permitir repetir, se señala claramente que la Ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento a los partidos políticos y sus campañas electorales. Esto tendrá que ser retomado, insisto, en los términos de la propia disposición en la Ley ordinaria, para que ésta señale las diversas modalidades que deberá contemplar el financiamiento a los partidos políticos, tanto como el público, el privado, para el gasto corriente de los partidos y de aquí también partirá el señalamiento de los topes de campaña de los candidatos.
En el mismo artículo 41 se establece en otro de sus párrafos, como se propone en la reforma, que la Ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerá el organismo público previsto en el artículo 41 en su párrafo octavo; es decir, el Tribunal Federal Electoral. Esto está encuadrado dentro de un sistema conforme al cual se preverá la definitividad que tendrán las resoluciones que se dicten en cada una de las etapas del proceso electoral.
También se regula en la propuesta la interposición de los recursos y que ésta, no producirá efectos suspensivos del acto ó resolución impugnados.
El siguiente párrafo se refiere a que el Tribunal Federal Electoral será un órgano autónomo y la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y establece claramente la obligación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de garantizar su debida integración. Se prevé, que el Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y la Ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal. Es decir, a través del Tribunal, a través de la ampliación de la competencia del Tribunal se crea una instancia que será la última que conocerá de los problemas que se planteen durante el proceso electoral. Se señala en el mismo artículo la forma de integración y de funcionamiento del Tribunal, al señalarse que éste funcionará en pleno y en salas y que se creará una segunda sala que corresponderá a una segunda instancia en materia electoral y que esta sala se integrará en cada período electoral con cuatro representantes de la judicatura que sean aprobados por las dos terceras partes de los miembros de esta Cámara.
Con estas propuestas, con esta reforma que se propone incluir en nuestra Constitución, se concluye la etapa de la autocalificación, ya no habrá por lo tanto colegios electorales ni en la Cámara de Diputado ni en la Cámara de Senadores, será el Tribunal el que tenga la última palabra en la materia. Se establece en el mismo artículo 41 el procedimiento, como ya apunté, para la designación de los miembros de la judicatura que formarán parte del Tribunal Federal Electoral.
En el artículo 2o. del decreto en comento, se reforman y adicionan diversos artículos de nuestra Constitución; el artículo 54, el 56, el 60, el 63, el 74 fracción I, el 82 fracción I y 100.
En el 54 se establece la elección de 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales.
Esto se sujetará a las bases que se contienen en las fracciones III, IV, V, VI y VII del propio artículo. En este artículo se establece una nueva forma de asignación de las curules, eso atendiendo a los dos principios que ya se venían contemplando, el de la representación proporcional y el sistema de circunscripción plurinominal. Se establece límites al número de diputados con que contará cada uno de los partidos como máximo, en atención a la votación máxima también que obtenga en el proceso correspondiente. Así se señala en la fracción IV que en ningún caso un partido político podrá contar con más de 315 diputados por ambos principios, se establece en la fracción siguiente, en la quinta, que el partido político que haya
obtenido más del 60% de la votación nacional emitida, tendrá derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional hasta que el número de diputados por ambos principios sea igual a su porcentaje de votación nacional, sin rebasar el límite establecido en la fracción anterior.
Ningún partido que haya obtenido el 60% de la votación nacional podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, apunta la fracción VI.
El artículo 56 señala que para integrar la Cámara de Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal, se elegirán cuatro senadores, tres serán electos según el principio de la votación mayoritaria y uno asignado a aquella minoría que obtenga la segunda mayoría en cada Estado.
Para tal efecto, los partidos políticos deberán registrar una lista con sus tres fórmulas de candidatos.
Se dice que la senaduría de la primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista, el partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en el número de votos en la entidad de que se trata.
El artículo 60, será, como ya apunte al referirme a otro artículo, el que declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales plurinominales y en cada una de las entidades federativas y otorgará las constancias respectivas a las fórmulas que hubiesen obtenido mayoría de votos y dará la asignación de senadores de primer minoría de conformidad con el artículo anteriormente comentado. Este artículo se relaciona estrechamente con el artículo 56.
En el artículo 63, se modifica el texto vigente para establecer también más de la mitad de senadores presentes para integrar el quórum del propio Senado.
En la actualidad señala la Constitución, que sean dos terceras partes de esa colegisladora para que ésta pueda sesionar.
En razón de la nueva integración con mayor número de senadores que se dará como consecuencia de esta reforma, se estima necesario reducir el número de senadores presentes, a la misma proporción que se señala para la Cámara de Diputados; es decir, a más de la mitad.
En el artículo 74 se adecua la fracción I, para que esta Cámara de Diputados siga siendo la competente para erigirse en Colegio Electoral a efecto de calificar la elección presidencial.
En el artículo 82, se introduce en su fracción I, una propuesta de modificación al texto vigente, a efecto de suprimir el requisito de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Este punto sin duda será ampliamente debatido en lo particular, pero creemos que responde a una madurez política, al proceso democrático que hemos vivido en nuestro país y que atendiendo precisamente a ese proceso, debe de contemplarse la conveniencia de sostenerlo en el texto constitucional con las reformas propuestas.
El artículo 100 del texto propuesto, se refiere a una adecuación que es necesario hacer en cuanto al procedimiento para la obtención de licencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de que sean estos ministros los que proponga el Poder Judicial Federal, para integrar la segunda sala del Tribunal Federal Electoral.
Este artículo regula el procedimiento para las licencias y se prevé con estas reformas que tratándose de ministros los propuestos, la obtención de la licencia correspondiente será en forma automática una vez que haya sido sancionada su propuesta por las dos terceras partes de esta Cámara.
Los artículos transitorios, van relacionados con cada uno de los artículos constitucionales, el texto constitucional, que se modifican.
Así se señala en el artículo 1o. que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. En el segundo se establece que los actuales magistrados del Tribunal Federal Electoral electos por la Cámara de Diputados, que están en funciones, permanecerán en su cargo en los términos del decreto del 3 de octubre de 1990.
El artículo 3o. precisa que en la elección federal de 1994, se elegirán para cada Estado y el Distrito Federal, dos senadores de mayoría relativa y uno de primer minoría, en los términos del texto que se propone reformar.
En el caso de la elección federal de 1997, se elegirá a la Legislatura LVII un senador, según el principio de mayoría relativa, quien durará en funciones del 1o. de noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la señalada Legislatura.
Estos artículos son los artículos de transición necesarios para poner en vigor la reforma que
se plantea, haciendo los ajustes en los periodos acordes con los momentos de la elección.
En el artículo 4o. con el mismo espíritu que el anterior, se establece que los diputados federales a la LVI Legislatura durarán en su encargo del 1o. de noviembre de 1994, a la fecha en que concluya la citada Legislatura.
El artículo 5o. establece que la elección federal para integrar la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, se realizará con base en la distribución de los distritos uninominales y las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso electoral federal de 1991.
En el artículo sexto transitorio se establece que la fracción I del artículo 82, entrará en vigor hasta el 31 de diciembre de 1999. Esto encuentra razón en que no se pretende en ninguna forma que esta reforma beneficie a nadie en particular, que el proceso que se avecina, que habrá de darse en el año próximo, no se vea contaminado por una reforma que pudiera interpretarse, aunque no sea ése el sentido, que va a beneficiar a nadie en lo particular. Finalmente el artículo séptimo transitorio establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.
Compañeros diputados, considero que los argumentos que se han planteado ya por la Comisión de Gobernación en el documento que fue aprobado por ésta, contienen ampliamente los argumentos que fundamentan la reforma propuesta. Reitero que todos coincidimos en que esta reforma va orientada a perfeccionar nuestro sistema democrático; que nuestras divergencias han sido en cuanto a la reforma de lograrlo y en cuanto a la velocidad con que el debe avanzar en cuanto al establecimiento de esa reforma.
Por tal motivo les pido a ustedes, a nombre de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que aprobamos este dictamen, que emitan ustedes también su voto aprobatorio. Muchas gracias.
La Presidenta:
Esta Presidencia, tomando en consideración lo que establece el primer párrafo del artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a discusión el dictamen en lo general, e informa a la Asamblea que se han inscrito para discutir el dictamen en lo general, el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional y el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados: Una reforma a la Constitución siempre es importante. Se han hecho ya varias, seguramente ésta es la de mayor importancia de entre todas las que hemos hecho, porque tratándose de una reforma política y de la envergadura que ésta tiene, lo que aquí se va a discutir, es en el fondo ¿cuál es el carácter que va a asumir el Estado en el futuro inmediato?, ¿cuáles son los sectores y la clase social y las características y tendencias de esta clase social favorecida con estas reformas?
¿Cuál es el tratamiento, cual es la actitud que vamos a asumir como diputados frente a lo que ha sido la lucha del pueblo mexicano en los perfiles de nación, en los perfiles de las características del Estado y cómo concebir la misma organización e identidad nacional?
Esos y otros aspectos, pensamos que constituyen el fondo de esta reforma y estos aspectos, en esta propuesta, tienen una tendencia negativa al pueblo y a la nación mexicana. No ver el horizonte que abre una reforma constitucional y pretender restringir su análisis a lo que es los términos literales en que viene, no prever cuál es su consecuencia, eso es una miopía que no cabe nunca en quienes representan a la nación, por eso creo que aquí el análisis tiene que incidir exactamente en ese aspecto y en esta profundidad.
La reforma política a estos ocho artículos de la Constitución ¿en qué forma inciden en el régimen democrático de nuestro país? Señores diputados, nosotros pensamos que inciden para
modificar el concepto de democracia que tenemos actualmente, el concepto por el que ha luchado el pueblo, el concepto que está en la Constitución del país, que no llegó ahí gratuitamente, que no llegó ahí como una herencia de la colonia, que no llegó ahí como una herencia del pensamiento conservado, que no llegó como una herencia de los intervencionistas franceses o norteamericanos, que no llegó ahí como una herencia del porfiriato.
El concepto de democracia que tenemos, en la Constitución llegó ahí como un producto de la lucha del pueblo por el cual han entregado más de una vez su vida, miles de mexicanos y ahora aquí con un alegato rápido se pretende desconocer este concepto de la democracia. Esto es lo que tenemos que analizar, porque con la reforma que se introduce se va a emprender un camino. El que piense que esta reforma aquí concluye, simplemente se engaña.
Estamos exactamente en el abismo, para dar el salto hacia un porvenir incierto totalmente, por que se está por emprender el camino que va a llevar a la reforma de otros artículos de la Constitución y en generar de una nueva forma de ver toda nuestra vida política y toda esta nueva forma tiene un solo sentido, tiene solo un nombre: Es un camino antidemocrático, antinacional. Por lo tanto, contrario al pueblo y a nuestra historia. Eso es, señores diputados.
Y esto, por supuesto que se tiene qué ver con la gravedad que tiene, frente a una tendencia que no está suficientemente analizada, que no está correctamente llevada a cabo, que es la tendencia del Tratado de Libre Comercio, que en el fondo significa la entrega de la nación mediante la absorción que va a hacer de ésta, nuestra nación mexicana, la potencia imperial del norte. Cómo no vamos a preocuparnos.
Por eso voy a acentuar los aspectos de mi intervención, por un lado, en lo que significa la modificación al artículo 82; por el otro; la concepción ahora de democracia neoliberal, que quieren imponer en nuestra nación. De esta reforma, la modificación al artículo 82, no es, como pretenden, para que todos los mexicanos estén iguales y cualquiera pueda, si se lo propone, llegar a ser Presidente de México. Eso es infantilismo, eso es miopía, eso es claudicación y eso es mentira y engaño.
Lo que significa reformar el artículo 82, el día de hoy, es dar el banderazo para matar a la nación mexicana, eso significa, porque inmediatamente van a venir miles de voces, que ya las estamos escuchando, miles de voces. que dicen:
"Para qué tanto nacionalismo, si estamos en un mundo cambiante"; hay que modificar este concepto de patria que tenemos"; "ya no hay que enseñar Historia de México"; "Juárez debe ser como un indio que llegó a la Presidencia y nada más". Esto significa el cambio al 82: Empezar a deteriorar toda nuestra mentalidad que hemos tenido de mexicanos y no para ser una mentalidad de nacionalistas con fines de perseguir o de intervenir en otros pueblos, porque no ha sido así.
Este nacionalismo que tenemos ha sido simplemente un nacionalismo para defender la nuestro y nunca de xenofobia, como ahora falsamente y mentirosamente pretenden algunos articulistas pagados por el Gobierno.
Esto significa cambiar el 82: Una carrera en contra de nuestra historia, de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Esto deben aceptarlo estos neoliberales que están promoviendo estos cambios a la Constitución; esto deben decirlo abiertamente, que eso es su propósito final.
Claro, no lo dicen porque se ajustaría la metodología del neoliberalismo, voy a decir que el neoliberalismo para avanzar e imponerse doctrina, política y económicamente, tiene como primer principio éste: no dar todos los pasos al mismo tiempo, sino ir en forma gradual, primero un paso, consolidado éste dan otro y después otro. Esto está en lo que han dicho los teóricos del neoliberalismo, no lo estoy inventando, así lo han sugerido estos teóricos a todos los presidentes de América Latina, ir paso a paso, por qué de otra manera se echa a perder el objetivo y se echa a perder el propósito neoliberal.
Por eso esto no concluye aquí.
Para el Partido Popular Socialista, señores diputados, lo que dijo el Constituyente de 1917 sigue vigente y quiero recordar, si me permiten, lo que dijeron los constituyentes de 1917 en el dictamen y que por escrito esta fracción I del artículo 82 no fue motivo de discusión, fue aceptada totalmente, sin discusión alguna. Dijo el dictamen: "Las cualidades que debe tener este funcionario, el Presidente de México, deben ser una unión por antecedentes de familia y por el conocimiento del medio actual y nacional, tan completa como sea posible con el pueblo mexicano. De tal manera que el Presidente, que es la fuerza activa del Gobierno y la alta representación de la dignidad nacional, sea efectivamente tal representante, de suerte que en la conciencia de todo el pueblo mexicano, esté que el Presidente es
la encarnación de los sentimientos patrióticos y de las tendencias generales en la nacionalidad misma".
Por estos motivos el presidente debe ser mexicano por nacimiento, hijo a su vez de padres mexicanos por nacimiento y haber residido en el país en el año anterior al día de la elección.
Esta previsión del Constituyente de Querétaro, es vigente hoy en día y con mayor intensidad frente a, sí, tendencias de mayor interrelación económica en el mundo, si, tendencias de mayor intercambio comercial y cultural, si, pero tendencias que pueden llegarse a conjugar, si, pero no en la forma como está con el TLC, ni tampoco con la pretensión de derogar aspectos importantes como éste en una nación como la nuestra.
Compañeros, el neoliberalismo da un paso, conseguido éste da otro, ¿cuál va a ser el siguiente? Compañeros maestros, compañeros de la clase obrera, compañeros del sector campesino, compañeros diputados intelectuales que aquí han venido a ratificar una y muchas veces el aprecio al artículo 3o.; después de que se camine en esta avalancha antinacional van a poner en la mira el artículo 3o., van a poner en la mira el artículo 33 para seguir dando igualdad de opinión a todos y después dirán: "¡cómo no!, si tienen aquí sus intereses los extranjeros, intereses económicos, tienen derecho a todo", "¡Cómo no!, vamos a echar abajo también el 27"; la cláusula Calvo ya será extemporánea.
Ese es el camino, señores, ése es el camino que se inicia gravísimo con esta reforma al 82. Mantener el artículo 82 ¿a quién daña? ¿daña a la nación?, no la daña; que daña a algunos cuyos padres son de origen extranjero para llegar a este alto cargo, sí, correcto, pero tiene por haber excepciones, como las hay.
Si la Constitución les niega a los extranjeros a hablar de política aquí en México, es precisamente una excepción al derecho de opinión, sí, porque la Constitución prevé en bien de la nación hacer esta excepción y, así como hay otros casos de excepción, también en el caso cuyo origen es extranjero, es una excepción en bien de la nación en la cual está el principio de que la nación está por encima de los intereses individuales o personales. Y ahora se pretende cambiar; por encima de los intereses individuales, nada, ni la nación, ni la historia; nada. Esa es la lógica neoliberal, antipatriótica, antipopular, antinacional.
La Presidenta:
Permítanme un momento señor diputado. Esta Presidencia invita a nuestros visitantes a que desocupen los pasillos y a los compañeros diputados les hace un respetuoso llamamiento para que ocupen sus asientos y guarden silencio con el objeto de poder escuchar al señor orador. Adelante señor diputado, por favor.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Compañeros diputados:
La investidura del Presidente de México tiene un alto significado y ahora se golpea. Tiene este alto significado en función de todo el ordenamiento jurídico constitucional. Ahora ya no va a hacer así. Sencillamente el partido mayoritario que tiene la responsabilidad debe meditarlo, por que el partido mayoritario con este cambio, desde este preciso momento, está golpeando a la investidura del Presidente. No digo yo refiriéndome a la persona, que esté transitoriamente, como es en el caso de nuestra historia quien ocupa la Presidencia, va más allá el golpe; están golpeando la investidura presidencial, están descartando a nuestra historia.
Claro, los que tienen en su cabeza ya las concepciones neoliberales piensan de esta manera. La política debe ser una lucha de ciudadanos, por lo tanto, el Estado debe cambiar, perder los aspectos de nacionalismo, porque ya no hay nada que defender y darle únicamente el carácter de un órgano administrativo y de intervención en el área solamente de la seguridad interna o acaso la externa, tener la política, servicios administrativos; pero deshacerse de todo lo demás.
La constitución establece que el Estado tiene la obligación de promover una distribución equitativa de la riqueza; que la democracia es no solamente el aspecto formal político, si no un sistema encaminado al constante mejoramiento económico y social del pueblo. Y se prevé aún hoy en día, que tenga organismos descentralizados de carácter estratégico o bien otros no estratégico. Todo esto. Pero señores diputados, la tendencia del grupo gobernante en política está en destruir todo este conglomerado, esta concepción de democracia, porque, así está, por ejemplo, en el documento Santa Fé 2, que promovió Estados Unidos, así está en toda la literatura neoliberal y es lo que le han reclamado a los gobiernos latinoamericanos, que sus estados dejen de intervenir en política económica tanto con empresas como mediante medidas de desregulación, que se desaparezca esa concepción de
que los partidos defienden intereses de clases y en su lugar dar impulso a los movimientos de ciudadanos que sustituyan a las organizaciones políticas, a los partidos políticos.
Y de esta manera se explica también toda una serie de reformas que se han hecho, de entregar a minorías aspectos determinantes de la vida económica o política. Por eso ahora se entregará o se pretende entregar, que sea una minoría la que tenga el poder por encima del Poder Legislativo, de calificar las elecciones; por encima de los partidos, por encima de todo, sí.
Ya lo veremos en su caso en lo particular, ya lo veremos cuál ha sido la dinámica de la historia hasta hoy y cómo sí pudiera haberse previsto ante la aparición de instituciones reconocidas por la Constitución que tienen la injerencia en la vida política que son los partidos e intervenir en este asunto, pero se les relega. Y está todo esta para caminar hacia una ruptura, una modificación, de nuestro concepto de democracia.
Por eso tenemos que meditar y tenemos que establecer de esta reforma política, varias tendencias negativas. Pero para el Partido Popular Socialista por lo que he expresado, la tendencia más negativa es y, la modificación al artículo 82.
Y en lo que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y de la intervención ahora del Tribunal Electoral para la calificación de elecciones, son modificaciones que tampoco compartimos porque se dan exactamente en el momento en que desde el propio Poder Público, se ha favorecido el arribo del partido de la derecha a cargo de elección popular, se ha favorecido. Ahí están las gubernaturas de los estados donde gobierna el Partido Acción Nacional. Se ha favorecido, y el Partido Revolucionario Institucional ha planteado aquí, ahora, en los años de esta Legislatura, las tesis del Partido Acción Nacional, de los grandes empresarios de México en materia económica y de otros aspectos. Y estas tesis también tienen su origen en el Partido Acción Nacional; que por ése solo hecho es negativo, por ése solo hecho es de analizarlas. Pero además, ésta es una reforma política y cuando se tratan estos cambios de política que ha propuesto el Partido Acción Nacional, es para crear un marco político nuevo en el que efectivamente el Partido Acción Nacional va a tomar una mayor relevancia, que las propias reformas, así se lo van a propiciar. Y porque hay la voluntad política en algunos neoliberales que tienen esta tendencia y que ven una coincidencia.
Por eso la lucha de los partidos que representamos los intereses de la nación y del pueblo mexicano, tiende a restringirse con estas modificaciones. No se acaba porque al pueblo no lo pueden acabar y por lo tanto no se acaban ni sus luchas ni sus organismos de lucha, sean sindicatos o partidos políticos.
Pero esto, por supuesto, debemos entenderlo y las fuerzas democráticas del propio partido mayoritario, creo que deben de tomar en consideración hacia dónde van a conducir estas reformas, porque a fin de cuentas no es a los individuos en lo particular a quienes van a golpear.
Si alguien dice que en lo particular, cómo le va a ir con estas reformas, está mal, planteando el problema. No es en función de nuestros intereses en lo particular como debemos tomar posición política frente a estas reformas.
Es en función de esos intereses del pueblo trabajador, esos ideales democráticos de defensa a la nación que muchas veces en esta tribuna, quienes nos ubicamos del lado de las fuerzas democráticas, hemos venido a insistir que ahí está nuestro interés y nuestra preocupación. Y hoy esta reforma es para golpear a esa tendencia democrática de nuestra nación y del pueblo mexicano.
Por eso, diputados de la mayoría, con el mayor respeto concluyo esta intervención, exhortándolos a que mediten en el cambio al artículo 82 que se pretende, porque con ningún llamado condado que le pongan en el propio articulado o en los transitorios, van a poder detener lo que como golpe político significa en contra de la nación mexicana; como golpe político para atentar más, eso sí, a los intereses intervencionistas e imperialistas y de quienes desde nuestra patria le sirven como alcahuete.
Pensemos, diputados de la mayoría, en este paso y retiren sus reformas al artículo 82; ya seguiremos en las siguientes intervenciones reiterando por qué en los demás artículos también debe modificarse esta propuesta de reforma a la constitucional. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para fijar la posición de su partido, la diputada Cecilia Soto González.
La diputada Cecilia Soto González:
Compañera Presidenta; con su permiso, compañeras y compañeros del pleno:
Nos hemos reunido aquí para darle continuidad a un debate que ocupa a la humanidad poco más de 2 mil 300 años. La idea de la República, el debate sobre la República, sobre el interés común, planteado aproximadamente desde el año 2400 por Platón, como instrumento de Gobierno, como instrumento de democracia.
Sólo 300 años duró el ejercicio de la democracia ateniense, pero la fuerza de esta idea resurgió nuevamente con la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos.
En nuestro país, inspirados por estas dos gestas, una vez consumada la Independencia pronto se dirime de manera fiera, en muchas ocasiones por las armas, la arquitectura constitucional de la nueva nación.
De este debate, que muchas veces necesitó de las armas y de la guerra, surgió un claro consenso nacional: no a las formas monárquicas de Gobierno, no al imperio; sí a la forma republicana y representativa de Gobierno. Y dentro de ésta, no a la república central sino a la federal como una forma de fortalecer la democracia representativa, la autonomía y el desarrollo de las regiones.
En cuanto a democracia, como en ningún otro momento en el Constituyente de 1917 se la define claramente no como un fin, sino como un instrumento para perfeccionar y elevar la condición económica, social y cultural de cada uno de los mexicanos.
Es ésta, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que coauspicia, junto con otros dos partidos, la iniciativa que estamos reflexionando. Es ésta la rica herencia nacional, como expresión irrepetible de una larga búsqueda de la especie humana, por una sociedad plenamente humana y humanizante, sin rasgos de barbarie y de opresión, lo que tenemos que considerar como responsabilidad de cada una de las fuerzas políticas que estamos aquí.
¿En qué condiciones reflexionamos sobre estos grandes temas? En condiciones delicadas en donde conviven por igual la posibilidad de perderlo todo o la oportunidad de avanzar significativamente. Ese y no otro significado dual tienen los lamentables sucesos que ocurrieron el miércoles pasado en San Lázaro.
¡La inercia dinosáurica de mantener el status quo, de debilitar y exhibir al Poder Legislativo, de temer a toda reforma, se suma irónicamente a la irracionalidad que irrumpió en San Lázaro!
Quiero dejar muy claro que no me refiero aquí a ningún partido político presente en esta Cámara de Diputados, como auspiciador de esa situación grave, ni a ningún otro partido con registro legal.
¡La inercia dinosáurica, pues, convive al mismo tiempo con la confianza en la transformación democrática como proceso y no como arribo a un Estado ideal inexistente!
El PARM quiere sumarse al lado del optimismo, porque estamos convencidos que mantener la situación actual, la desconfianza del ciudadano en sus instituciones electorales, la desconfianza en el poder de su voto, estamos convencidos que mantener ese status que es sumamente peligroso para la nación.
Y es desde esa óptica optimista que el Partido Auténtico reflexiona sobre la actitud con la cual debe llegar a la reforma política. Desde la óptica particular de los beneficios particulares que pudiese obtener este instituto político o de las grandes necesidades de la nación y la forma en cómo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana puede contribuir a la transformación y al tránsito democrático.
Nosotros, decía, nos situamos del lado optimismo, no del optimismo ingenuo, no del optimismo que desconoce el pasado, sino de un optimismo convencido de que no se puede mantener el status quo actual.
Nos encontramos en una situación de debilitamiento de los partidos políticos, de desconfianza del ciudadano en el sistema electoral, de falta de imaginación en nuestros institutos políticos para convencer al ciudadano que no vote, de que se sume al proceso afirmativo de tránsito a la democracia.
Nos encontramos en una situación en donde la violencia sustituye en muchas ocasiones a los votos y donde la designación y, tal es el caso de tantos gobernadores interinos, sustituye a la elección del ciudadano. Esto no puede seguir.
Es por ello, decía, que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se suma a la perspectiva de transitar en consenso con otras fuerzas políticas, a una reforma política plasmada en su parte constitucional, solamente su parte constitucional, en la iniciativa que actualmente estamos discutiendo y que constituye, desde nuestro punto de vista, un importante avance para la vida democrática del país.
La necesidad del consenso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de éste, en el consenso ganamos y perdemos.
¿En qué el cede el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desde el punto de vista de las reformas constitucionales planteadas en su iniciativa de 1989? En esta iniciativa el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana planteaba que se reformara el senado para dar acceso a la representación plurinominal pura.
En el artículo 54 planteaba la eliminación de la cláusula de gobernabilidad y el mecanismo de la representación proporcional, como fórmula para acercar la representación de la Cámara lo más cercanamente posible al porcentaje de votos logrado nacionalmente por las distintas fuerzas políticas. Seguimos sosteniendo este punto de vista. Recientemente, el 11 de agosto, hemos propuesto una iniciativa al respecto y en lo particular votaremos en contra de la actual iniciativa en cuanto al artículo 54.
Cedemos también en la demanda de otorgar el voto a los mexicanos residentes en el extranjero, que incluimos como demanda de nuestro partido desde la propuesta de reforma de 1989. No abandonamos son embargo esta propuesta, creemos que tarde o temprano tendrá que reconocerse la voluntad de estos connacionales que emigran en busca de trabajo, de seguir siendo mexicanos y elegir por lo menos a su Presidente de la República.
Desde el punto de vista de las propuestas constitucionales, solamente un punto explícitamente no se menciona en la propuesta actual, que es el voto a los mexicanos residentes en el extranjero. Fuera de la propuesta de 1989, después del Colegio Electoral de 1991, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se sumó a la demanda de otras fuerzas políticas de eliminar la autocalificación electoral y la de constituir un tribunal electoral de pleno derecho como última instancia para calificar las elecciones.
¿Qué ganamos? La reforma al Senado de la República si bien no en una forma idéntica a la planteada originalmente por el PARM, prevé una representación sumado los triunfos de mayoría que muy probablemente ganarán o ganaremos diversas fuerzas políticas en algunos estados, sumados a los senadores de minoría una representación dentro de este cuerpo legislativo, no muy diferente de la representación nacional que tienen estas diversas fuerzas políticas.
Consideramos uno de los avances más importantes de esta reforma, la transformación del Senado, estamos absolutamente convencidos que un poder que no está genuinamente dividido, lleva aún por sobre las intenciones de quien tenga ese poder, a una forma autoritaria y dictatorial. Por ello hemos luchado en esta Cámara de Diputados por darle realce a este poder, por luchar por su independencia; creemos que como en ninguna otra institución de la República, el Senado muestra los efectos perversos del Gobierno de mayoría excluyente, del principio de que el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo.
Claro hemos pagado los mexicanos la necedad y la insistencia de mantener esta forma de representación en el Senado. Estamos convencidos que con el arribo de las diversas fuerzas políticas al Senado de la República, sentirá un nuevo dinamismo, romperá tabúes absurdos a unos cuantos años del año 2000 e inyectará un nuevo vigor no sólo a la Cámara de Diputados, sino al Poder Legislativo como un todo.
Decía yo y hago un llamado a la reflexión a las demás fuerzas políticas, que esta transformación que no exige, como se pensó en un principio para favorecer al bipartidismo, un piso mínimo de votación para entrar al senado, sino que ofrece a cualquier fuerza política que quede como primer minoría la entrada al Senado, es una oportunidad que debemos aprovechar las fuerzas políticas para transformar nuestro sistema constitucional.
El punto de la autocalificación, decía yo ya que el PARM se sumó a las diversas fuerzas políticas que después de la experiencia del Colegio Electoral de 1991, reafirmaron su llamado a la eliminación del proceso de autocalificación. Si de dar transparencia al proceso electoral se llama, un proceso fundamental, un momento fundamental para dar transparencia a este proceso que es, por un lado la eliminación de la autocalificación en el caso de la Cámara de Diputados y en el caso de la Cámara de Senadores y, segundo, la creación de un tribunal electoral de pleno derecho que sea la instancia que califique finalmente, cuyas decisiones sean inacatables, los diferentes diferentes en el proceso electoral.
Nos parece también de suma trascendencia a esta propuesta, pues mete reversa a una tendencia criticable de nuestro sistema político, de crear tribunales adhoc, fuera del sistema judicial que se multiplicaban como granos de arena en todas partes. tribunales agrarios, tribunales fiscales, tribunales de lo contencioso administrativo, etcétera, tribunales que no tenían una instancia superior que los fiscalizara y situación que
al mismo tiempo permitía que el Poder Judicial quedara tranquilo, sin ensuciarse las manos, aparentemente y sin arriesgar, sin intervenir para fortalecer aún más la división de poder.
Iniciamos en este sentido una tendencia hacia la judicialización de nuestro sistema electoral que nos parece sana y nos parece sumamente positiva. La eliminación de la cláusula de gobernabilidad. Desde 1989, en su propuesta, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propuso la eliminación de este método artificial de conseguir la mayoría y propuso al mismo tiempo, cuestión que reitera en una reciente iniciativa presentada en este mismo mes, el aprovechamiento de las curules plurinominales para acercar la representación de las diversas fuerzas políticas lo más cercanamente posible a su votación nacional dentro de la Cámara de Diputados.
No estamos de acuerdo con la forma específica en como presenta esta iniciativa el artículo 54, y una reflexión más detallada sobre esto, será objeto de una próxima intervención, pero sí quisiera adelantar que aún, aún desde la propuesta que nosotros rechazamos, aún con el problema de la sobrepesentación que a partir de ciertos rangos de votación, especialmente calculamos nosotros y calculan asimismo otras fuerzas políticas y diversos expertos en asunto efectúe aparentemente, a partir del 45% se otorgará al partido oficial, aún así tiene algunas ventajas y representa de hecho, una forma paulatina de desmontar un mecanismo de gobernabilidad artificial desde nuestro punto de vista.
¿Cuál es esta ventaja?, la ventaja del candado superior que impone un límite de 63% y de 60% para la fuerza mayoritaria, que en ambas situaciones impide que un partido político cambie la Constitución mexicana.
Y en este sentido es muy importante un breve comentario a la intervención del orador que me antecedió en el uso de la palabra.
No podrá ya ningún partido por sí solo hacer cambios en la Constitución Mexicana. No veo yo de donde esta reforma política da pábulo para tales cabilaciones.
Decía yo entonces, que incluso en la forma en como está presentada, la eliminación de la cláusula de gobernabilidad y la integración propuesta de la Cámara de Diputados, hay algunas ventajas.
Se le da mayor importancia al triunfo de mayoría en su impacto en la conformación de la Cámara e incentiva a los partidos políticos a la lucha por la mayoría. Nuestro desacuerdo como decía, será sin embargo elaborado de manera más completa en una próxima intervención.
Y finalmente el artículo 82, con el cual estamos de acuerdo tal y como se formula en la iniciativa con la excepción del quinto transitorio. Si bien este artículo no fue objeto de la propuesta de reforma política planteada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en 1989, una reflexión dentro del partido sobre las diversas manifestaciones de sectores muy importantes de la sociedad al respecto, avivaron el debate que existía dentro de las filas del partido, dentro del artículo 82 constitucional.
Quisiera referirme aquí a un tema trascendente. Yo creo compañeros, creo que ese es el consenso que existe dentro de mi partido, que no hay ya cabida en México como corriente política para el santanismo. Yo creo que el santanismo y su herencia nefasta fueron fusilados en el Cerro de las Campanas y recibieron su epitafio con la Revolución Mexicana en sus diversos momentos culminantes: la Constitución de 1917 y el cardenismo.
Podrán existir individuos aislados, pero como corriente política no existe. No veo peligro yo, como lo vio el orador que me antecedió en el uso de la palabra, para que un mal mexicano nacido de padres extranjeros, llegue a la Presidencia de la República, no solamente tendrá que pasar por cribas muy importantes de la propia Constitución, sino la criba misma del sistema de partidos políticos que lo nombraría como candidato y el voto de los ciudadanos.
Estamos asimismo porque de inmediato se ejerza esta posibilidad, estamos en desacuerdo del quinto transitorio. Nos parece artificioso y peligroso legislar para dentro de seis años. No garantiza legislar para dentro de seis años su ejecución, queremos que se ejerza ya y queremos que los mexicanos dignos que con esa condición quieran participar justamente por la Presidencia de la República, lo hagan.
En resumen, compañeros, en materia constitucional estamos satisfechos y avalamos con orgullo y la frente en alto esta iniciativa. No creemos sin embargo que sea completa, tenemos nuestras propuestas para la reforma al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, para el Cofipe. Estamos en desacuerdo con la actual conformación de los órganos electorales, que aísla los beneficios de la conformación plural del Consejo del IFE, de las demás
instancias; que otorga a las instancias ejecutivas del Instituto Federal Electoral, poderes discrecionales que están en abierta contraposición con la disposición y la conformidad del consejo general.
Estamos en desacuerdo con las propuestas de limitar las coaliciones y los diversos frentes políticos. Estamos en desacuerdo con todas aquellas disposiciones que favorecen la permanencia del partido del Estado; pero estamos convencidos sin embargo, que todas estas propuestas son materia de una reforma ya no de orden constitucional, sino de la Ley Reglamentaria, es decir, del Cofipe.
¿Qué es lo que sigue desde nuestro punto de vista? Desde nuestro punto de vista sigue la conformación de un consenso nacional diferente. Decíamos al principio de nuestra intervención que los mexicanos habíamos alcanzado el consenso en grandes asuntos, como el rechazo a la monarquía y a las formas imperiales, como el rechazo a la república centralista. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos un consenso sobre las nuevas metas de la Revolución Mexicana y sobre las nuevas metas de la democracia que queremos perfeccionar.
Estamos convencidos que estamos tratando entre adversarios y no enemigos.
Estamos convencidos que la semilla de la guerra civil fue erradicada de forma determinante fundamental en los diversos momentos fundamentales de transformación de nuestra historia y a ello estamos comprometidos. Una lucha entre adversarios no pone el riesgo a la República, no pone en riesgo el futuro de la nación que con los efectos que tenga actualmente, es sin embargo una gran herencia que nos han legado las generaciones de mexicanos.
Llamamos pues a todas las fuerzas políticas a una reflexión sobre ese futuro consenso. ¿Cuáles son las nuevas metas de la Revolución Mexicana? El renacimiento del verdadero federalismo, ahogado por un presidencialismo asfixiante; el renacimiento de las regiones y la diversidad plural y ética de nuestra nación; la confianza de los ciudadanos en su voto y en la decisión en las urnas.
Con este ánimo, compañeros ratificamos nuestro voto a favor de la iniciativa que estamos discutiendo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posiciones.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Señores legisladores:
Esta, la que se discute el día de hoy, no es la reforma política de la transición democrática, sino que es la contrarreforma electoral de los sectores interesados en cerrar las opciones políticas plurales, en implantar las soluciones pragmáticas y en reorientar la apertura democrática iniciada en 1978.
Tampoco es la reforma política integral necesaria para garantizarle a nuestro país credibilidad en los procesos electorales y estabilidad en las relaciones políticas. Es una más de las reformas parciales al proceso electoral y a los órganos de integración de la representación. Ni mucho menos es la reforma adecuada para terminar con los conflictos poselectorales y la democracia de minorías; es la solución del PRI y del PAN para garantizar la continuidad de un proyecto gubernamental y sortear los problemas de legitimación en las elecciones federales del año que entra.
Esta no es la reforma política de la transición democrática; es la contrarreforma electoral de sectores interesados en cerrar las opciones políticas plurales, en implantar soluciones pragmáticas y reorientar la política de apertura, como lo dije anteriormente.
En suma, el dictamen que discutimos ahora no responde ni a las necesidades de transformación del régimen político, ni a la profundización del sistema de partidos políticos, ni mucho menos a la transparencia electoral y la credibilidad, por que ni es la reforma política integral, porque no garantiza la transición democrática, ni porque es la necesaria para generar credibilidad electoral. Por esas razones el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por mi conducto, se manifiesta en contra de esta iniciativa de reforma política.
La que hoy discutimos es una reforma que transita entre las necesidades de la previsión política de corto plazo y el inicio de la conformación de un sistema de partidos políticos que podríamos llamar inicialmente de opciones restringidas, un régimen político indiferenciado, un régimen de centro que anula las diferencias en beneficio de la mediocridad ideológica y el pragmatismo político.
Queremos decirlo de manera enfática, esta reforma política no es, ni por su contenido ni por
su forma, ni por el procedimiento de discusión y presentación en esta Cámara, la reforma necesaria para consolidar la democracia. Es, por el contrario, una reforma política peligrosa, porque concentra y centraliza las opciones políticas y cierra la posibilidad de expresión a fuerzas sociales distintas a las que por ahora se consideran hegemónicas y éste es un punto clave por ahora, pues nadie garantiza que las actuales condiciones ideológicas y políticas prevalezcan indefinidamente o hayan llegado para quedarse.
Nosotros creemos que es precisamente el riesgo de que pronto se pierdan las condiciones que han llevado a indistinción ideológica del PRI y del PAN, lo que ha conducido a estos mismos partidos a formular una reforma política que haga más difíciles las condiciones de participación política de los demás partidos.
Es el riesgo de una nueva irrupción política plural, superior a la de 1988, la que hoy se intenta cerrar mediante algunas modificaciones constitucionales que hoy discutimos.
De nuevo estamos en contra tanto del sentido y la orientación como del alcance de esta reforma. No compartimos ni el diagnóstico de la situación política nacional ni mucho menos los intentos por delinear un nuevo sistema político de opciones restringidas.
La quinta reforma política desde 1978, bien puede considerarse la que concluye la época de la apertura democrática plural, la que integraba las opciones políticas en el sistema de partido y es esta reforma el inicio de la cerrazón política, la obstrucción a la integración de fuerzas partidarias diferentes al modelo ideológico del nuevo PRI y del PAN.
No nos interesa solamente calificar la reforma política, no somos de los que califican sin dar argumentos para demostrar lo que decimos. Nos interesa exponer, inicialmente, el sentido de nuestro voto, pero también las razones que lo fundamentan.
Hemos dicho que no es una reforma política integral, que demanda la transición democrática; es una reforma política parcial, ni siquiera cumple con la agenda de discusión planteada en la Comisión Plural. Atiende en la discusión constitucional, a la que el PRI no quería encarar, sólo aspectos relativos al financiamiento de los partidos políticos y topes de campaña, facultades de los tribunales electorales, integración del Congreso y requisitos de elegibilidad y, en este punto nuestras diferencias inician.
¿Es que los problemas políticos nacionales se circunscriben a un problema de dinero? ¿Del funcionamiento interno de los partidos políticos en el manejo soberano de sus recursos? ¿Es que se circunscriben a la representatividad y la nacionalidad de los padres de un candidato a la Presidencia de la República? ¿Qué diagnóstico hacen el PRI y el PAN, como para limitar a estos aspectos la reforma político - electoral?
A nosotros nos parece que los dos partidos que copatrocinan la reforma no están interesados en hacerse preguntas de más fondo y en resolver las razones de la inestabilidad política, la falta de credibilidad electoral y los recurrentes conflictos poselectorales.
Los problemas de legitimación electoral, todos sabemos, ocuparon uno de los ejes estratégicos del nuevo Gobierno y, en 1989 y 1990 se diseñó una nueva reforma política. A pesar de que las reformas constitucionales de entonces no gozaron del mismo grado de aceptación que muchas otras, recordemos que entonces, como ahora, el PRI y el PAN las impusieron solos.
Se pensó que esta nueva reforma política era coherente con el esquema de reforma de Estado y garantizaría una transición democrática concertada y participativa. Sin embargo, está demostrado que esto no fue así.
A pesar de la reforma política de 1989, los problemas de legitimación electoral no han desaparecido; por el contrario, han traído consigo formas de resolución de controversias alejadas totalmente de los procedimientos jurídicos, así como nuevas formas de desconfianza e incertidumbre electoral.
La conclusión es evidente: La reforma política, que debería conducirnos a una verdadera democracia, nos llevó a formas perversas de disputa, calificación y resolución de controversias electorales; un círculo vicioso donde a cada nueva elección correspondían nuevos conflictos electorales y nuevas formas de desprecio a la Ley, mediante la negociación entre cúpulas y élites; una especie de democracia de minorías, de grupos que negocian con la soberanía y la voluntad popular.
Después de la última reforma política, los problemas continúan. Hoy estamos discutiendo una nueva reforma electoral.
Para cualquier interesado en procesos electorales, la pregunta es obvia: ¿Qué es lo que en el fondo impide la estabilidad política y la confianza electoral en México?
A diferencia del PRI, interesado en efectuar reformas para mantener su hegemonía o del PAN, más preocupado por su estrategia de copar posiciones regionales y cerrar opciones ideológicas, en el Frente Cardenista creemos que la inestabilidad del proceso electoral es resultado de las características particulares de nuestro sistema político y, en consecuencia, la confiabilidad electoral, depende altamente de una transformación importante en el régimen político y no sólo en los aspectos puntuales de tipo electoral.
En México las elecciones no han sido nunca un procedimiento para formación de un Gobierno; por el contrario, debido a las características del régimen político, las elecciones son un problema de Gobierno, un problema de orden interno, de control social y seguridad estatal.
La reforma que hoy discutimos es de cortas miras. No se pregunta sobre los problemas políticos ni mucho menos cuestiona las causas profundas de los problemas recurrentes de legitimación electoral; atiende solamente aspectos parciales.
No cuestiona el modelo de regulación electoral centrado en la preeminencia del Gobierno en el control electoral y en la permanencia de un partido casi único o de dos partidos ahora que se reparten las decisiones políticas, sin cuestionar las bases del modelo electoral gubernamentalizado, las condiciones de la certidumbre electoral no están dadas y así la reforma política actual no deja de ser sino otra de esas reformas parciales que rápidamente envejecen.
Seguramente en 1995 estaremos de nuevo discutiendo, a pesar del PRI y el PAN, una nueva reforma política.
Garantizar, desde nuestro punto de vista, la legitimidad electoral, está en íntima relación con el municipio libre, la división de poderes, la ampliación de los derechos políticos, la eliminación del corporativismo y la desaparición del sistema de partido casi único. En suma, garantizar la transparencia electoral, tiene como precondición democratizar el régimen político y esto es lo que justamente ninguna iniciativa ha querido enfrentar.
El punto más importante en la reforma constitucional que ahora se debate, es el llamado "apertura al Senado a las minorías". En esta reforma nos parece que se ubican con más claridad los peligros de la iniciativa, una iniciativa que no tiene pudor en ocultar su evidente carácter antidemocrático y excluyente, y que sin miramiento alguno, traspasa los fundamentos mismos del sistema democrático: la igualdad de los ciudadanos.
Creemos que es una iniciativa con un evidente destinatario, pero que es peligrosa no tanto por el destinatario, sino porque atenta contra todas las condiciones de un sistema de partidos plural, fuerte y en proceso de desarrollo.
No estamos porque se continúen supuestos o reales apoyos artificiales a partidos menores, como rápidamente se descalifica nuestra posición, sino porque estamos convencidos de que un sistema democrático se basa en la igualdad de oportunidades políticas, en la igualdad de opciones, en la igualdad valorativa de los votos y las personas y no en la orientación de los votos ni en la sobrevaloración cuantitativa de las minorías.
La propuesta de integrar al Senado por cuatro senadores por entidad, tres electos por el sistema de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría, independientemente de su porcentaje electoral, es una propuesta altamente cuestionable. La crítica fundamental a la propuesta del PRI tiene qué ver con aspectos fundamentales y doctrinarios de un régimen democrático. Sostenemos que el mecanismo utilizado para la integración del Senado, basado en el concepto de primera minoría, no respeta los principios de una República basada en un sistema representativo, democrático y federal.
La doctrina en que se sustenta un sistema democrático establece que todo ciudadano tiene derecho a emitir un voto y que todo voto cuenta con propósitos de lograr una distinción fundamental, de carácter cualitativo, de mayorías y minorías; sin embargo, en los regímenes democráticos y plurales la mayoría siempre es relativa y puede darse el caso de que las minorías divididas en varios partidos representen un porcentaje más alto, tan alto o muy alto de la población y por el hecho de ser minorías no participen en el ejercicio del Gobierno.
Por eso, para fortalecer el sistema democrático se introduce entonces el sistema de representación proporcional como forma más perfeccionada de representación democrática, porque si bien no dota a las minorías de capacidad de formar Gobierno, sí permite integrarlas de manera proporcional al poder público.
En México, todos sabemos, el sistema electoral es mixto, combina los principios de mayoría relativa con el de representación proporcional. Bajo este sistema, no hay voto que se desperdicie, el principio de que cada ciudadano un voto y de que todo voto vale, tiene en el sistema mixto su máxima expresión.
La propuesta del PRI de primera minoría para la integración del Senado rompe con esos principios, introduce una perversión en el sistema representativo y proporcional, no vale solamente el voto de la mayoría, sino también el de la primera minoría. Se otorga al voto de la primera minoría una calidad distinta a la de las otras minorías que por definición no pueden tener. La distinción básica en una elección es entre mayoría y minorías, no entre minorías entre sí. En términos democráticos tiene la misma calidad el voto de la primera que el de la segunda, el de la tercera minoría, con excepción obviamente de los mínimos definidos constitucionalmente para obtener representatividad.
Distinguir entre primera minoría y las demás minorías distorsiona el sistema de representación, porque transgrede la identidad cualitativa del voto minoritario y da una calidad distinta a los votos minoritarios que, por definición, son iguales. La diferencia ordinal de las minorías no tiene ningún sustento, ni democrático, ni doctrinario, ni constitucional, ni siquiera en los usos y costumbres. Nosotros preguntamos, ¿por qué la primera minoría y no también la segunda como propone el PRD o la tercera o la cuarta o la quinta también? ¿Por qué distinguir ordinalmente, es que acaso una minoría del 10% es cualitativamente superior a una del 9%? ¿Es que acaso el voto de la primera minoría carga un valor distinto a la segunda minoría o la tercera?
Todavía estamos esperando una respuesta del PRI y del PAN a esta pregunta.
¿Cual es la fundamentación teórica, política, doctrinaria, constitucional?
Los emplazamos, aquí, en tribuna, a contestar esta pregunta.
Pero la propuesta del PRI no sólo otorga calidades distintas a las minorías, lo que es peor, induce la votación hacia la definición de dos únicas opciones: mayoría y la primera minoría más viable. La inducción para el voto a senadores se dará por efecto del voto útil. Los únicos votos que cuentan de hora en adelante para la representación, de acuerdo al esquema priísta, serán los de una previsible mayoría y la minoría más viable; todos los demás votos son inútiles para la representación senatorial. Los escenarios, los sondeos y las encuestas previas a cada elección harán el efecto de enseñar a la población las dos opciones más viables para obtener senadurías.
La pregunta es evidente: ¿para qué votar? ¿Para qué un esquema plural donde se expresen distintas opciones ideológicas y políticas, cuando artificialmente se pondrá la primera minoría sobre las demás, independientemente de su votación efectiva? Esto es claramente una inducción al electorado, una perversión, una manipulación con fines de integración de una representación previamente condicionada.
El voto para siete formaciones políticas distintas a la primera y segunda, tiene la misma calidad del voto nulo o de la abstención. ¿Cual es la justificación para utilizar una mecanismo de ingreso al Senado tan cuestionable?, la justificación proviene del interés de respetar la igualdad jurídica de las entidades de la Federación. Supuestamente cualquier otro modelo de representación de minorías como el proporcional, pasa por alto la equidad entre los integrantes del Pacto Federal.
Esto es cierto. Este fue el argumento utilizado por mucho tiempo para no permitir el acceso de minorías al Senado de la República. Es un argumento válido para que la integración del Senado se dé única y exclusivamente por el principio de mayoría. Sin embargo, la representación de minorías en cualquiera de su formas y por cualquier mecanismo de introducción al Senado, rompe este esquema. Lo que es un argumento válido para no permitir el acceso de minorías, se rompe cuando hay una decisión política de incorporar solamente a una minoría y entonces el principio de equidad entre los estados, pervierte el sistema democrático del voto ciudadano.
En pocas palabras, si hay una decisión para volver plural al Senado, la equidad de la representación de las entidades entra en contradicción con el principio democrático de que todos los votos valen; de que todos los votos son útiles y cuentan y; entonces la supuesta equidad de los estados rompe el principio democrático del voto ciudadano idéntico. Pero además de establecer que un hipotético senador de primera minoría representa una entidad en el Pacto Federal, choca con todo principio de representación e incluso con el sentido común. Un senador de primera minoría representa al partido que lo postuló únicamente; es decir, a una entidad distinta a la federativa, la entidad de interés público llamada partido político.
El senador de primera minoría no representa ninguna entidad, porque no obtuvo respaldo mayoritario, sino representa solamente a una fuerza política, a una corriente ideológica, así que es insostenible utilizar el argumento del equilibrio del Pacto Federal, cuando para sostener a una minoría que no representa la soberanía de una entidad sino en todo caso a una corriente política, porque en el Senado mexicano no se vota por
estados, se vota por senadores y entonces la igualdad de los estados no tiene sentido cuando se incorpora un senador que no representa a la entidad, a la población, a la población mayoritaria de la entidad, sino a un partido político; así que no hay tampoco en el argumento del federalismo, ninguna justificación para el senador de primera minoría.
Hay que sacar conclusiones, compañeros del PRI y del PAN; la introducción de senadores de primera minoría implica la reformulación del senado. En la lógica de las mayorías, la representación paritaria de los estados es inatacable, pero con los senadores de minoría se introducen representaciones distintas a las de los estados, los partidos políticos; hay que ser claros, con las minorías se introduce la representación de los partidos políticos al senado y entonces la pregunta sigue siendo: ¿por qué la primera minoría nada más y no todas las minorías, de acuerdo a un esquema proporcional, constitucionalmente definido?
La apertura del senado a primera minoría no resiste una argumentación teórica; es más el producto de una concertación con el PAN, que una necesidad efectiva de consolidar la estabilidad política o un sistema plural de partidos políticos en México. Por eso lo más preocupante de la iniciativa que hoy nos presenta el PRI, no son sus inconsistencias teóricas y políticas, sino su orientación estratégica; la inducción del voto y la centralización de opciones políticas en un esquema bipartidista de Gobierno.
El bipartidismo actual, es una consecuencia de la inmadurez del sistema de partidos; el bipartidismo no aparece ahí donde las sociedades son complejas y plurales y dan muestra de vigor político ideológico, como el Distrito Federal o el Estado de México. El bipartidismo fue derrotado en 1988 a nivel nacional y es derrotado en todos los lugares donde los partidos actúan con madurez y civilidad democrática, presentando opciones programáticas serias.
La propuesta del PRI atiende al bipartidismo como si fuera una realidad inmutable, como si fuera una fatalidad; concede al bipartidismo, lo induce, lo tiende a consolidar, establece de inmediato una correlación bipartidista que podrá ser alguna realidad en muchos estados del país, pero no es una realidad generalizada en todas las entidades; tiende a desatar una dinámica que sí consolidaría un esquema muy cerrado de disputa entre primera y segunda fuerza, una disputa cerrada, encarnizada, cuya única salida posterior, será la confrontación o será la componenda o como se está viendo, la confusión y la indistinción político - ideológica entre el PRI y el PAN.
El bipartidismo inhibe políticas populares por su amplitud y contenido social, favorece esquemas de minorías, privilegia a las élites y favorece la alternancia y la disputa personal por posiciones políticas.
La apertura del Senado prefigura un sistema político bipartidista, un esquema coherente, si se quiere, con las modificaciones normativas e institucionales emprendidas en el presente sexenio, pero más aún, un esquema coherente con la reorientación elitista de la política y de la economía que observamos en los últimos meses.
En ese esquema el Frente Cardenista no se reconoce, lo no acepta; lo hemos denunciado y ahora, ante la eminente aceptación por los dos partidos políticos mayoritarios, nos preparamos a enfrentarlos ahí donde la verdad nace y se hace en la política, en el seno del pueblo, en los problemas y resistencias que tienen los trabajadores y el pueblo en general, a los intereses de las cúpulas nacionales y los intereses extranacionales.
Más allá de las manipulaciones antidemocráticas del sistema de representación que la propuesta del PRI ocasiona, se encuentra la voluntad popular y ninguna fórmula matemática puede sustituirla, puede como en este caso,manipularla o pervertirla, pero ahora nos toca a las fuerzas populares, confiarnos a la acción popular que trasciende el bipartidismo, los intereses de las oligarquías nacionales y los intereses delnorte, desatados y amenazantes a la resistencia nacional.
Por esas consideraciones y por las que posteriormente nuestros oradores externarán en esta tribuna, ratificamos nuestro voto en contra de esta propuesta de reforma política. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Empieza el día de hoy en esta Cámara, la discusión y seguramente la aprobación de las disposiciones, criterios y mecanismos que enmarcarán en el futuro inmediato, los organismos y los procesos electorales en nuestro país.
En los próximos días y durante el presente período extraordinario de sesiones, habrán de definirse los contornos jurídicos de los procesos electorales federales y las formas de organización política que se avizora para esta etapa en el Distrito Federal.
El proyecto de dictamen que se ha introducido y puesto a consideración de la Asamblea, no es nada más una iniciativa de carácter legal, en cierta forma resume las aportaciones de este cuerpo legislativo a la transformación política que el grupo en el poder tiene como proyecto para la modernización del país en este campo.
Tuvimos oportunidad de conocer el dictamen el día de ayer, al reunirse la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. A pesar de ser en su mayoría temas conocidos y relativamente bien explorados, la materia exige una meditación cuidadosa y detenida y por ello nos permitimos solicitar, el día de ayer, unas cuantas horas, tal vez media jornada, para integrar mejor nuestros criterios y decidir con toda claridad y precisión nuestras determinaciones.
Algo tan elemental y que podría haber elevado el nivel de la reflexión y el debate, tampoco en esta ocasión fue concedido.
El proyecto de dictamen tiene algún acierto, que deseo poner de relieve. Al ser presentado, algunos compañeros se refirieron con razón a la necesidad imperiosa de revisar su estructura y sus formas gramaticales, que dejan mucho qué desear.
Sin embargo y a diferencia de lo que la tradición inercia han establecido como prácticas y normas para la elaboración de estos dictámenes, la exposición de motivos en el actual, en el presente, intenta explicar los fundamentos y el alcance de las disposiciones que contiene y para ello modifica un tanto el léxico e incluso los enfoques con que suelen tratarse esos asuntos en la Cámara.
El dictamen pretende abarcar las distintas iniciativas de los partidos políticos de los grupos parlamentarios e incluso de los compañeros diputados que han presentado en el pasado inmediato, alguna iniciativa vinculada con estos temas.
En realidad solo dictamina una, que se convierte propiamente en la iniciativa que va a ser discutida y votada en estos días. Las demás y en el mejor de los casos, solo son mencionadas y se da un testimonio de su existencia, sin explicar lo que se extrajo o desechó de cada una y menos aún de los fundamentos que condujeron a los dictaminadores en otra dirección hacia otra vía.
Más que de auténtica apertura o de trabajo serio y cuidadoso se ha dejado, una vez más, constancia de precipitamiento y de simulación. No es exagerado afirmar que las decisiones en esta materia darán el signo y marcarán la responsabilidad política y moral de esta Legislatura ante la nación.
A la vertiente destinada a adecuar la legislación nacional a las necesidades y características del nuevo modelo neoliberal de la economía y la vida social, ahora se añadirá la visión que se tiene sobre la modernización política y el rezago democrático en nuestro país.
La reforma político - electoral en curso, no es un gracioso advenimiento para consolidar la democracia electoral. Solo puede consolidarse lo que ya existe y por eso alertamos desde un principio que la reforma debería proponerse como mínimo: garantizar el sufragio y el respeto irrestricto a la voluntad popular; un desarrollo de las contiendas electorales en condiciones mínimas de equidad entre los participantes; y por último abatir, aunque sea mínimamente, el rezago del país en materia democrática.
La suma de estas tres categorías debe permitir el impulso consistente del paso del autoritarismo, que hoy lo caracteriza, a la democracia.
La reforma de 1989-1990 no permitió favorecer y asegurar la expresión ciudadana, sino al lado de algunas cuestiones secundarias o formales que entonces se introdujeron, de hecho perfeccionó las ventajas existentes del partido del Gobierno; mantuvo en manos propias, en manos del Gobierno, no sólo las decisiones fundamentales de los procesos electorales, incluida la calificación de las diferentes elecciones, sino también las decisiones que atañen a los mismos procedimientos de preparación técnica, como son: el levantamiento y evaluación pormenorizado dl padrón, la selección de funcionarios de casilla y todos los demás de esos procesos.
En un sentido estricto no es verdad lo que afirma el dictamen en términos de que la iniciativa de reforma surgió y salió de la comisión plural, que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ni siquiera se volvió a reunir o propició el diálogo
y el intercambio de información y de propuestas. Sólo podría entenderse ese señalamiento como una metáfora, puesto que la regla principal de esa Comisión, la de la búsqueda del consenso, no sólo no se aplicó, sino que se dicidió y optó por un método diametralmente distinto.
Pese a la frecuencia de sus sesiones de trabajo y al tiempo invertido, la experiencia de la Comisión Plural de la Cámara de Diputados arroja un saldo desfavorable; su mayor aportación consistió en permitir una expresión y presentación de las diversas propuestas de los partidos políticos y de los legisladores. En los últimos tiempos no fue sino un instrumento para dar a conocer y transmitir una a una las determinaciones que fue tomando la representación del PRI.
Nunca fue en rigor un foro de concertación en donde se buscaran las aproximaciones o los acuerdos, la mitad de sus sesiones se dedicaron a fijar normas de procedimientos que en su mayoría, sobre todo las fundamentales, no tuvieron oportunidad de aplicarse puesto que la condición en la práctica ya se había disuelto. El gran proyecto informativo, aprobado y actualizado varias veces, se tradujo en una parte de incorporación en los medios de comunicación mínima y si algo se logró en este campo, más bien fue al margen de la Comisión y de la propia Cámara.
La Comisión estaba destinada a servir de espacio privilegiado para el diálogo y la negociación de la reforma. Simultáneamente tuvo como propósito consultar a sectores representativos de la sociedad civil acerca de los temas y los alcances de la reforma y se implementaron, en efecto, de manera paralela a los trabajos de la Comisión, diversos foros a los que acudieron reconocidos especialistas y representantes de partidos y organizaciones sociales. El Instituto Federal Electoral por su parte organizó también otra serie de foros.
En todos ellos fueron abordados con seriedad y buena fe una serie de temas, los que se consideraron más próximos y pertinentes en relación con el proyecto de reforma.
Se vertió un número representativo, un cúmulo de propuestas importantes por su cantidad, riqueza y conocimientos sobre estos temas. También resultó notable su sentido democratizador. De hecho en ambas consultas se puso de manifiesto la necesidad de contar con instituciones electorales verdaderamente independientes del Gobierno en lo tocante a sus decisiones, con objeto de tener procesos electorales de limpieza indudable; fue, en todo caso, el común denominador de los planteamientos que se hicieron por parte de todas las asociaciones, los grupos y los ciudadanos que participaron en el foro organizado por la Cámara o que fueron o que cuya presencia fue permitida durante nuestros trabajos.
También quedó claro en estas reflexiones y aportaciones que se hicieron, la preocupación por establecer condiciones que permitan una auténtica competencia de los partidos por el sufragio popular. Fue mayoritario el apoyo al restablecimiento de condiciones legales favorables a las coaliciones y a las candidaturas comunes. También se consideró el aumento sustancial del financiamiento igualitario de los partidos, la transparencia financiera y los límites a los gastos de campañas, como una serie de condiciones indispensables para garantizar una competencia electoral mínimamente compatible con los ideales de la democracia.
La Comisión Plural no sólo no recogió las demandas vertidas, las demandas sociales, sino que ni siquiera tomó en serio las propuestas de los propios partidos integrantes; una gran cantidad de iniciativas concretas de reformas legales fue vertida en esta Comisión y que ni siquiera de manera aproximada forman parte del resultado del proyecto de iniciativa que ahora se ha presentado.
Como partido y como grupo parlamentario hemos hecho el esfuerzo que corresponda a la importancia del tema y a los reclamos de la nación, nuestra fracción fue la primera que llamó la atención e insistió acerca de este asunto y presentó hace más de un año, un proyecto de reforma constitucional destinada a cimentar sobre bases sólidas, la reforma política del país. Con posterioridad y en el curso de los trabajos, fuimos desarrollando y terminamos la elaboración completa de una Ley secundaria o reglamentaria si se prefiere el término, propusimos que se le diera el tiempo y el espacio indispensable a estos asuntos y aun cuando nos pareció limitada en su denominación y en sus propósitos, aceptamos los términos de la Comisión Plural formada desde fines del año pasado. En todos los distintos terrenos y frente a las más diversas cuestiones, flexibilizamos al máximo nuestras propuestas iniciales, con el fin de alcanzar acuerdos con todos los grupos y entre todas las partes.
Tuvimos interlocución e intercambios informativos y de puntos de vista por los distintos grupos parlamentarios, identificamos con cada
uno, puntos en común o de amplia convergencia, con la mayoría de ellos compartimos la preocupación porque las contiendas electorales se desenvuelvan en condiciones equitativas y no con el abuso y desproporción con que tienen lugar en México; con el PAN suscribimos un documento en donde plasmamos coincidencias y preocupaciones comunes y los comprometimos a impulsarlas de acuerdo con nuestra propia perspectiva y posibilidades; la oportunidad de esa acción permitió que con posterioridad se abordaran asuntos que durante todo ese lapso se consideraron intocables y se modificaron y ampliaron así el enfoque y el marco mismo de la reforma.
En los días más recientes se llevaron a cabo varios encuentros y conversaciones con dirigentes del PRI que no vacilamos en reconocer como cordiales y positivos antes habíamos manifestado que no podíamos corresponsabilizarnos con una reforma en la que no se nos había escuchado y que por cierto no coincide con nuestras formulaciones y planteamientos; hoy, mantenemos como interrogante la disposición real y verdadera de concertación política con el PRD, ahí están nuestras propuestas, con todos sus méritos y fundamentos, corresponde a las otras partes considerarlas, dar una respuesta y decidir si hay disposición o no para sumarlos o incluirlos en el consenso.
Son tres los temas que primordialmente abarca la reforma cuyo dictamen ha sido puesto a consideración de esta plenaria; el primero se refiere al fortalecimiento del Tribunal Federal Electoral que trae acompañada la cuestión de la calificación; el segundo, se relaciona con la integración del Congreso de la Unión tanto por lo que hace al Senado de la República como a la Cámara de Diputados; el tercero, tiene que ver con los requisitos de legibilidad para ocupar la Presidencia de la República.
En cuanto al Tribunal Electoral, la reforma crea una segunda instancia para aquellos casos o procedimientos de impugnación que se requiera y esta sala se integrará junto con el presidente del tribunal, por cuatro miembros de la judicatura federal propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.
Por lo que hace a la calificación de las elecciones, será el propio organismo previsto en el artículo 41 de la Constitución, esto es, el IFE a través de sus consejos, el que lo haga en el caso de las elecciones de diputado y senador en cada uno de los distritos electorales plurinominales y en cada una de las entidades federativas.
Se establece un sistema especial para la asignación de los senadores de primera minoría y de los diputados de representación proporcional.
La calificación de la elección presidencial quedará a cargo de un colegio electoral formado en la Cámara de Diputados.
Hemos sostenido que no es ocioso, ni del todo secundario esta reforma, pero tampoco y de ninguna manera es trascendente. En primer término elude o elimina las cuestiones centrales como: son las relativas a la confiabilidad y certeza del órgano electoral y a los instrumentos primordiales del proceso, el catálogo general, el padrón y la lista nominal de electores.
Propusimos por ejemplo, que en el artículo 41 se incluyeran estas cuestiones en términos suficientes para poder ser desarrolladas con posterioridad en otros niveles.
En segundo lugar, se excluyen también un conjunto de asuntos que son materia de reformas constitucionales y todo ello sin prácticamente ninguna explicación. Se trata de temas como el referéndum constitucional, la participación política de las mujeres, el voto de los mexicanos en el extranjero o la prohibición de la afiliación masiva de las agrupaciones sociales y de los trabajadores; esto es del corporativismo.
En cuanto a la incorporación del Poder Judicial en los quehaceres electorales, hubiera, pensamos nosotros, sido más fácil y efectivo modificar la Ley de amparo y dar cabida en este contexto a una figura electoral. Dadas las condiciones y el funcionamiento real del sistema político mexicano, la participación del Poder Judicial, tampoco es garantía de imparcialidad y de apego al derecho.
Existe un criterio generalizado en el sentido de que el menos independiente y objetivo de entre los organismos públicos es precisamente el sistema judicial y en general el de impartición de justicia que figura entre los menos dignos de confianza.
Pero lejos de resolver el problema de la calificación, el nuevo esquema con la formación, con la creación del Tribunal Federal Electoral, genera una situación más grave. Desaparecen las
ventajas que tiene la autocalificación ahora vigente y se remite ese asunto al organismo de todo el proceso electoral, es decir al propio IFE a través de sus distintas instancias.
La situación entonces, es peor, más negativa que la actual a menos y esto lo hemos mencionado, lo subrayamos una vez más, a menos que se modifiquen la estructura y las funciones de ese instituto, caso en el cual en nuestra opinión, podría operar este Tribunal Federal Electoral que ahora se propone en sus dos salas con todas sus facultades y en todas instancias.
No ocultamos que es para nuestro partido, para nuestra fracción parlamentaria, particularmente difícil fijar una posición definitiva con respecto a los términos en que se propone la modificación a la fracción I del artículo 82 de la Constitución.
Frente a esta reforma, en esta Cámara se ha actuado con un sentido más errático que frente a otros temas.
Cuando al término del pasado período ordinario de sesiones se discutió y resolvió una modificación a la fracción III relativa al requisito de residencia, señalamos que era imprescindible hacer una revisión de conjunto.
Se rechazó nuestra propuesta, se nos dijo incluso que se introducía esa reforma, entre otras razones, para no revisar precisamente el contenido de la fracción que ahora figura en el proyecto de dictamen y por eso nos encontramos frente a una situación paradójica.
Y no tenemos una opinión unánime o claramente mayoritaria; por un lado, muchos de nuestros compañeros del grupo del que formamos parte, reconocen, todos en realidad, que en la perspectiva de los derechos humanos, hay razones suficientes que favorecerían una modificación y también toman en cuenta que no es una disposición constitucional que hubiera acompañado siempre el desenvolvimiento nacional, ni los albores de la formación del Estado mexicano.
También somos conscientes de que la garantía del nacionalismo y de un comportamiento nacionalista de buen juicio y de equilibrio, no es más seguro en una hipótesis que en otra, esto es, en los términos actuales de esa fracción o en la que se propone como modificación.
No obstante, otros compañeros piensan que lejos de ser anacrónica u obsoleta la disposición, es perfectamente vigente en una realidad y etapa históricas, diferente a la que lo generó.
Los procesos internacionales de esta época, las tendencias hacia la integración entre países, entre naciones por ejemplo, lo están demostrando.
Por otro lado, para quienes así opinan, se añade la evidencia de un fenómeno universal que radica precisamente en las etapas de los procesos de adaptación y asimilación de las generaciones de migrantes en otros medios.
Hay razones de peso en una y en otra dirección. Lo que en cambio resulta incongruente, es que sin discusión se incluya este tema en la iniciativa y en cambio no se consideren otras, acaso tan o más urgentes e incluso inaplazables: el del ejercicio de los derechos políticos, en especial de votar, de ciudadanos mexicanos en el extranjero, hoy derechos en rigor conculcados.
Pero sí no fuera suficiente con estas contradicciones y con la inconsistencia, la iniciativa se presenta con un artículo transitorio que la remite para entrar en vigor al año 2000.
En una actitud de respeto a acuerdos que hemos celebrado, nuestro partido votaría a favor y esperando que el compromiso con quienes lo establecimos o los representantes, con los miembros del Partido Acción Nacional, también lo hagan, lo que no opta para que quienes tengan en lo personal convicciones en otra dirección, actúen y decidan conforme se los dicte su conciencia.
En cuanto a la integración del Congreso de la Unión que se propone, caben numerosas consideraciones. En ambos casos esto es, en la Cámara de Diputados y en el Senado, se recurren a fórmulas ventajosas y no equitativas ni democráticas.
El Senado de la República se abre para recibir algún representante de la oposición y de la sociedad plural, pero en el mejor estilo autoritario se le compensa y contrarresta aumentándose uno más de mayoría. Llama la atención además, que no se visualice el fortalecimiento de este cuerpo legislativo y sólo se contemple su ampliación. Parece que es la preocupación dominante.
Más que voluntad política de cambio y vocación democrática, lo que destaca es otra vez un eco no tan lejano de una especie de neodespotismo ilustrado.
En el caso de la Cámara de Diputados ocurre algo similar; la vía de la representación
proporcional debe jugar y cumplir un papel de complemento y corrección y no manejarse con el absurdo con que se aplica la iniciativa; se presenta como si fuera una base en relación con la disposición actual, cuando lo cierto es que del México de hoy no hay posibilidades o viabilidad para mayorías de más del 50%, excluyendo las irregularidades y la manipulación del voto. En ese escenario la propuesta no hace sino frasear de manera distinta, la fórmula llamada de gobernabilidad y que tanto descrédito no gratuito le ganó a sus autores y beneficiarios, tanto en el país como en el extranjero.
Si hubiera una verdadera disposición a someterse a la voluntad ciudadana, al sentido del voto, sería tan sencillo como introducir no un sistema único de representación proporcional, sino una combinación que suprima la cláusula de gobernabilidad y se distribuyan y asignen en función, lo más próximo posible a la votación nacional.
Va a haber oportunidad en todos estos días, incluyendo el de mañana cuando en lo particular se presente a consideración y a votación el dictamen, para referirnos a las propuestas en los términos en que las hemos hecho, de acuerdo con la evolución que han tenido en los últimos días y en donde subrayamos nuestras prioridades esenciales.
No me refiero entonces, por el momento a ellas; forman parte de este documento colectivo y termino esta participación haciendo alguna consideración acerca del proceso legislativo en el que nos encontramos. Aunque se afirme o se aparente lo contrario, pensamos que se trata con todo, de un proceso precipitado, que hubiera estado mucho mejor respaldar de haber mediado y existido previamente una discusión seria en comisiones, que hubiera mínimamente correspondido, inclusive, con los términos de la propia propuesta, de la convocatoria a este período extraordinario de sesiones.
El dictamen no sólo no cumple con esa convocatoria, sino que en rigor tampoco con las disposiciones reglamentarias que obligan a las comisiones a fundamentar las razones por las que dictaminan en favor o en contra de las iniciativas. En general, apenas hace algo más que una descripción del contenido de la iniciativa y refiere un inexistente proceso de negociación que apoyaría a la propia iniciativa.
Cierto que existieron coincidencias temáticas a lo largo de los trabajos, sobre todo de la Comisión Plural, muchas veces impulsadas por nuestro partido y en otras ocasiones por otros partidos.
Cierto también que se llegaba a acuerdo sobre intenciones generales declaradas, pero lo que la iniciativa hace en realidad; es extraer de su contexto original, algunas de las propuestas de la oposición, con lo que éstas quedan desnaturalizadas y aptas para servir, incluso, como ventajas adicionales para el partido del Gobierno. Es el caso de la supresión de la autocalificación de las Cámaras, que en las condiciones presentadas, equivale a un refuerzo del centralismo en esta materia.
Por cierto, la iniciativa que originalmente recibió este pleno, firmada por diputados, contiene un detalle que no se cuidó: Está fundamentada en la fracción I del artículo 71 Constitucional, que se refiere a las facultades del presidente, habiendo sido presentada por un grupo de compañeros diputados.
La facultad de los legisladores federales se consagra en la fracción II del artículo citado.
Por estas razones, expresadas de manera sintética, de fondo y de forma, porque la iniciativa no satisface los mínimos democráticos que nuestro partido, en un ejercicio de responsabilidad política ha venido planteando, a pesar de la integridad de sus posiciones iniciales; porque la iniciativa es insuficiente, en nuestra perspectiva; porque implica, en algunos casos, incluso retrocesos en aspectos importantes de la reforma electoral, como la eliminación de la autocalificación, en los términos en que se propone; porque esta iniciativa representa, en rigor y finalmente, la continuación del verdadero espíritu de la anterior reforma, esto es, elecciones sin disputa real por el poder.
Por todo ello, de mantenerse en los términos como fue presentada, de no mediar modificaciones sustantivas y estamos en los límites del tiempo para hacerlo, nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, votará en contra en lo general.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, para fijar posición.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Acción Nacional ratifica su compromiso de ser instrumento al servicio del pueblo de México, sobre todo hoy que nos referimos a uno de los mayores anhelos de su pueblo: El contar con una legislación que garantice plenamente la libertad de elegir a sus gobernantes, así como el absoluto respeto a su decisión soberana, manifestada a través del voto, en condiciones ciertas de justicia y equidad.
Acción Nacional ha luchado constantemente porque la democracia, como estilo de vida y forma de Gobierno, tengan plena vigencia en la vida de nuestra nación. Participamos en este esfuerzo de cambio, con las armas con las que un partido político por esencia y destino tiene a su alcance: El diálogo claro y exigente con nuestros adversarios y el debate honesto, porque entendemos que el diálogo es un instrumento legítimo para los actores políticos que tengan una voluntad clara para trabajar por México.
Dialogamos con rectitud de intención, con firmeza de propósito y claridad en las ideas, evitando caer en la propuesta sectaria que afirma la tesis propia sobre la negación del adversario.
Nuestro reclamo de apertura democrática ha sido permanente desde 1939, porque a través de múltiples testimonios, propuestas legislativas, tesis y plataformas políticas, hemos reclamado la primacía de lo político como requisito indispensable para avanzar en una verdadera reforma estructural del país en ámbitos económicos y sociales.
Hemos sido congruentes al señalar en forma reiterada que para garantizar procesos políticos justos y equitativos, es necesario primero que exista una verdadera voluntad dispuesta a respetar la decisión soberana del pueblo. Que la concordia en México sólo puede afirmarse plenamente si los procesos electorales se desarrollan en un ambiente de justicia, legalidad y equidad para todos los contendientes.
Reclamamos la integración y actuación imparcial en los órganos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales. El acceso justo y equitativo de todos los contendientes a los medios de comunicación para que los ciudadanos se informen realmente de las distintas propuestas que partidos y candidatos ofrecen a los electores.
Hemos denunciado todo abuso de poder, en todos los procesos electorales a través del desvío de recursos económicos y materiales que se utilizan para favorecer candidatos.
La presión que se ejerce a través de diversos medios, unos descarados y otros sofisticados, así como tantos actos que han envilecido nuestros procesos electorales, han dejado como secuela una deformación cívica en los mexicanos y una desconfianza hacia lo político, que debe ser por su propia naturaleza una actividad humana, obligatoria para todos y superior por su jerarquía.
Un aspecto fundamental de la reforma política es la desaparición de los colegios electorales, por tratarse de una instancia calificadora que atentaba contra el principio fundamental que impide siempre el ser juez de su propia causa, práctica que venía funcionando como una instancia calificadora con criterios partidistas y que a través de la historia ha demostrado su plena ineficacia.
Por esto resulta trascendente el fortalecimiento del Tribunal Federal Electoral y la creación de una sala de segunda instancia integrada por miembros de la judicatura, pertenecientes al poder judicial federal y aprobada por las dos terceras partes de esta Cámara de Diputados. El compromiso de este Tribunal será actuar con estricto apego a derecho y la calificación final de los procesos electorales, deberá fundarse en criterios jurisdiccionales que otorguen efectivamente legitimidad a los representantes populares.
La representación proporcional tiene como fundamento corregir los excesos que genera una realidad como la nuestra, un sistema de mayoría relativa, pero también la misma no debe ser motivo para distorsiones que lleven a excesos de sobre o subrrepresentar la voluntad de los electores en la conformación de los diferentes órganos de representación popular.
Como bien se sabe, todos los ayuntamientos del país, congresos locales, Asamblea de Representantes y Cámara de Diputados, están conformados en un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional. El único órgano colegiado de representación popular que permanece ajeno a este sistema mixto ha sido el Senado de la República, por lo cual consideramos en Acción Nacional necesaria la apertura del mismo a una representación más plural. Con esto estaremos fortaleciendo al Congreso de la Unión, porque el Senado es una Cámara que se ha distinguido por la uniformidad de criterios, siempre dictados por el Ejecutivo
Federal que en nada ayuda a la reflexión, al análisis y a la revisión del trabajo legislativo, porque pensamos como en el siglo pasado alguien señalaba, Francisco Zarco, que debe dejar de ser el cuartel de invierno de todas nuestras nulidades políticas.
Por esto aprobamos la decisión de abrir el Senado a una mayor pluralidad, respetando la esencia paritaria de nuestro Pacto Federal; esto es, también añeja demanda de Acción Nacional.
Referente, compañeros diputados, al artículo 82 constitucional, nos hemos pronunciado por eliminar requisitos que atentan contra derechos fundamentales de mexicanos que legítimamente puedan aspirar a ser candidatos al cargo de mayor relevancia política, porque siendo mexicanos reconocidos por la propia Constitución, no deben ser tratados como ciudadanos de segunda y porque en última instancia será el pueblo de México el que decida con su voto qué ciudadanos mexicanos deban gobernarlo.
No nos convencen temores anacrónicos de quienes se ostentan reiterada e impertinentemente como patriotas y son sólo patrioteros. No nos satisface el artículo transitorio que aplaza esta modificación constitucional hasta el año 2000; sin embargo, nos parecería más grave que permanezca en sus actuales términos la fracción I del artículo 82 constitucional.
Ante tal disyuntiva, Acción Nacional no puede quedar ajeno a su deber de modificar la Carta fundamental, que en su texto ha de permitir la lucha conjunta de todos los ciudadanos por la esperanza de un México mejor. Más fácil hubiera sido retirar esta demanda de justicia para tiempos con menor turbulencia; pero ante esta acción, posiblemente de menor costo o asumir la oportunidad de derogar prejuicios constitucionales, Acción Nacional no duda sobre el rumbo a tomar, optamos por la rectificación.
Señores legisladores: no negamos aquí que en la Cámara y fuera de ella, hay mexicanos de incuestionable calidad que tienen sus personales puntos de vista.
No ocultamos el gran esfuerzo que representa para el grupo mayoritario conciliar hacia adentro y hacia fuera de éste y otros temas, pero por eso mismo tienen valor; trascendencia y significado el conjunto de cambios constitucionales que contiene esta iniciativa. Pero también tiene que reconocerse que para Acción Nacional y para toda fuerza política que quiere asumir aquí su responsabilidad histórica, nada fácil resulta superar las explicables resistencias que se dan en su interior, así como las descalificaciones que con frecuencia provienen de quienes reducen la democracia a un voluntarismo excluyente y mesiánico.
No nos engañemos, la realidad nacional es plural, reclama buena fe, tolerancia y búsqueda de consensos. En Acción Nacional estamos seguros de contribuir con nuestro trabajo al desarrollo democrático de México.
Es imperativo, inaplazable para ese desarrollo, la instauración no solamente formal sino también real, del Estado representativo y democrático, promotor del bien común, cuya autoridad proceda objetivamente del sufragio libre y respetado.
Al votar estas reformas constitucionales, compañeros diputados, señalamos claramente que no estamos dando un cheque en blanco a ninguna fuerza política para reformar la ley reglamentaria. Creemos que seguirá siendo deber fundamental de todos los que están comprometidos con México, pugnar por todos aquellos cambios que coadyuven a lograr equidad, legalidad y justicia en los procesos electorales.
Habremos de mantener nuestra exigencia al debatir los cambios a la ley reglamentaria, para modificar todos aquellos aspectos que son contrarios a los principios democráticos en los mismos procesos electorales y que tienen qué ver con una conformación imparcial de los diferentes órganos electorales, con la simplificación de trámites y agilización de la jornada electoral, la garantía del respeto al secreto del voto; el control de boletas electorales, entre otros puntos y, claro, sin postergar el acceso a los medios de comunicación, así como el costo de las campañas políticas.
En justicia electoral, seguiremos insistiendo en eliminar requisitos de procedencia para interponer recursos; en la ampliación de los medios probatorios, en revisar causales de nulidad, en ampliar y tipificar las faltas administrativas y delitos electorales.
De igual forma y para terminar la ficción democrática, queremos partidos políticos reales que representen opciones para los mexicanos, que sean independientes de cualquier grupo hegemónico o del poder público; es decir, que sean partidos con un sustento real en la sociedad. De esta manera estaremos fortaleciendo una auténtica vida de partidos y construyendo un genuino régimen político. Ni partido oficial ni simulación de partidos.
Finalmente, compañeros legisladores, hoy Acción Nacional acude al llamado de México;
queremos contribuir a que mejores instituciones normen su vida política y que sus órganos de poder respondan fielmente al pluralismo real y auténtico de una sociedad dinámica que reclama y merece un destino mejor. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados de México:
El PRI apoya el dictamen que estamos discutiendo, porque el dictamen aprueba la iniciativa que firmó el PRI.
Nuestra posición explica y se justifica planteando y respondiendo dos preguntas y concluyendo con una aseveración nuestra de carácter político: qué constituye la iniciativa y qué significación tiene, por una parte. ¿Por qué propuso el PRI esta iniciativa?
Su contenido resume con mucho el global de las aspiraciones de los últimos años de la gran mayoría de los mexicanos. Es una reforma más dentro de un proceso acelerado desde hace un par de décadas, que revisa y que actualiza las principales instituciones políticas del país. No es una reforma que culmine ni nadie se puede engañar creyendo que si queríamos que esta reforma concluyera con un proceso anterior, estaríamos presenciando dentro de poco, una reforma más. Esto es parte de todo un proceso que la generación que estamos en esta Legislatura, no comenzamos y que tampoco concluiremos. Es parte de todo un proceso que ha venido modificando las estructuras del país a través de nuevas normas constitucionales y legales, como una obligación conducida y propuesta antes y estoy seguro y me atrevo a afirmarlo, que así será en el futuro, por la fuerza gobernante de este país.
El PRI propuso desde hace casi dos décadas y condujo una gran reforma a lo largo de estos años que han transcurrido y se compromete con la afirmación política de esta nueva iniciativa, de su discusión y de su sostenimiento ante esta Cámara y ante todos los ojos de la opinión pública de la nación, a continuar con esta idea y con esta finalidad. Es la responsabilidad de la fuerza política que gobierna hoy por hoy a los mexicanos.
Las ideas son de todos y también nuestras y muchas primero nuestras. Ninguna fuerza partidista, ningún partido político, ninguna fracción ni en esta Cámara ni en algún otro sector del país, ninguna organización de mexicanos tiene por sí sola el privilegio de arrogarse la lucha por la democracia. Es de todos los mexicanos y el más responsable a encabezarla, a interpretar las aspiraciones, las demandas, los puntos de vista, los quehaceres, las inquietudes de la mayoría de los mexicanos, es quien tiene esa responsabilidad en la historia para atrás y para adelante, de conducir y de asumir las decisiones políticas que más trascendencia puedan tener.
El contenido de esta iniciativa abarca muchas cosas y derivará en nuevas modificaciones legales, introducirá, sin que hoy hayamos hablado todavía nosotros de eso, en las entidades federativas, nuevos modelos de instituciones y de convivencias políticas y nuevas prácticas democráticas, como un paso más, repito, de un proceso que viene y que continuará y no como una fórmula que se agote.
Quisiéramos hacer una glosa de las tres o cuatro cuestiones fundamentales del contenido de esta iniciativa, intentando no repetir lo que con mucho se ha explicado aquí desde un punto de vista y de otro; podríamos decir que esa nueva forma propuesta para integrar la Cámara de Senadores y que la creación de un procedimiento que califique el proceso más democrático que un país puede tener y que es el electoral, a través de instituciones judiciales, o mejor dicho, de naturaleza jurisdiccional y que la nueva manera en que se compondrá después de los resultados democráticos de la elección de 1994, esta Cámara representativa de toda la nación mexicana, forman la parte total, medular, del contenido de esta propuesta trascendente.
Yo creo, compañeros diputados, de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional y de todas las fracciones, que la Cámara de Senadores, con gran historia, con mucha tradición como institución en nuestro país, comparada a las formas de institución que tienen otros países y a las diferentes modalidades que ha tenido en el nuestro mismo, es hoy o será hoy, un ejemplo vivo, significante de esa decisión de avanzar a pasos a veces como lo marcan los tiempos, a veces un poco más acelerados, no siempre como quisieran algunos, en ese proceso que aspiramos todos los habitantes de esta noble y gran nación mexicana.
En la Cámara de Senadores hay la representación de las entidades que componen el territorio y la federación de los mexicanos. Esa representación por historia, tiene una paridad equitativa en el número de posiciones. El puro sistema de mayoría, compañeros diputados, puede y debe ser usado para elegir a ciertos funcionarios y a ciertos gobernantes. A nadie se le podría ocurrir, por ejemplo, pensar en los principios de elección por minorías o de representación por proporción de votos, para elegir a gobernantes unipersonales. Sólo son admisibles esos últimos casos cuando se integran cuerpos colegiados.
Si existieran en este país como en otros, dos fuerzas o tres, equilibradas con la dinámica de los procesos electorales, con los resultados de las instituciones democráticas, podríamos concluir que un sistema de simple mayoría equilibraría las posiciones y con eso compensaría con equilibrios, las decisiones políticas.
Un sistema de mayoría simple, compañeros diputados, puede ser el más democrático y puede resultar, con el capricho de las cifras finales, el más injusto y el más antidemocrático; 51%, compañeros diputados, es una mayoría respecto de 49. Pero el puro sistema de mayoría puede dejar a 49% sin representación. Introducir una fórmula que invite, que legitime el derecho a participar de los porcentajes de los ciudadanos que no estuvieron del lado de la suma mayoritaria, puede ser una fórmula que al tiempo que corremos, que al inicio de la década de los noventa, que al finalizar esta centuria, la mayor parte de los mexicanos representados por los diputados de esta Cámara, estemos de acuerdo en introducir.
Hubiéramos querido, yo personalmente había muchas veces propuesto el principio que me parece más equilibrado para repartir e integrar los cuerpos colegiados, que es el de la representación proporcional, que se introdujera esta fórmula, como aquí en la Cámara de Diputados, en el otro gran cuerpo colegiado legislativo de este país.
La composición técnica de un cuerpo colegiado, como el del Senado, frente a una tradición histórica que yo creo que los mexicanos no estamos en condiciones de soslayar y que lo que ha pasado en un país siempre es parte de lo que se vive y que las raíces de historia y de constitucionalidad de instituciones tan importantes como el Senado, no pueden presentarse libremente frente al intento de introducir la representación minoritaria, creo que no era posible hoy por hoy, y quiero decirlo técnicamente, conciliar ese principio de gran historia y de gran raigambre en la existencia del Senado, que es el de la equidad en la representación por parte de los senadores, respecto de cada una de las entidades federativas y del Senado, con la fórmula de la representación proporcional.
Si hubiéramos encontrado una fórmula que repartiera un senador más en cada entidad, exactamente representando en la suma la proporción de votos de cada partido político, tengan ustedes por seguro que estaríamos adoptando esta fórmula. No es posible desde el punto de vista de la lógica, de la aritmética y desde la técnica para construir una fórmula como ésta, conciliar estos dos principios y creo que tampoco estamos en posibilidad, repito, de hacer a un lado la historia del Senado.
No hay otra manera, pues, de modificar las leyes, de crear una nueva regla constitucional, para que al Senado lleguen representantes de las fuerzas políticas organizadas en partidos, naturalmente, de las corrientes ideológicas, de las agrupaciones actuantes en la política mexicana, que no sean precisamente la mayoría en cada Estado.
No hay otra manera en la lógica frente a la razón de los hechos y de las posibilidades, queriendo introducir la representación minoritaria en aquella Cámara, que ocurrir a la fórmula de la primera minoría.
Y se ha preguntado por qué no también la segunda y la tercera. Eso sería, pues, eso sería pues desbaratar cualquier principio de representación mayoritaria.
No es la pluralidad representativa que electoralmente traducida sólo es admisible en asambleas de gran número integrador, no es la pluralidad algo que concilie con el puro principio electoral de la mayoría simple o absoluta. La pluralidad es precisamente para distribuir entre las fracciones que no son la mayoría, las posiciones representativas y para actuar y para votar en asambleas deliberatorias amplias como éstas.
Un voto francamente a favor de un partido que al final obtiene la mayoría, vale igual que un voto francamente por un ciudadano con la misma condición jurídica y política de nacional que cualquier otro que se haya dado por un partido que al final no haya obtenido la minoría. Valen igual. Se suman diferente, necesariamente. Todos los partidos tienen el mismo derecho a participar, pero la fórmula que se presenta tanto para el Senado y aprovecho para decir, como también la nueva fórmula que se presenta para integrar
esta Cámara de Diputados, compañeros de la Asamblea, no predetermina las siglas de los partidos que puedan o vayan a acceder al Senado o en el futuro también a esta Cámara de Diputados.
La reforma al artículo 54 no está diciendo ni sugiriendo, ni proponiendo, ni adivinando, quiénes serán las primeras minorías en cada Estado. ¡No lo puede decir, ni lo podrá decir!
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
¡ Una pregunta!
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Termino la exposición de esta idea y con mucho gusto, señor Presidente.
Eso lo va a decidir, no está predeterminado, estará posdeterminado, eso lo va a decidir el conglomerado, el conjunto del cuerpo electoral mexicano, los ciudadanos de México, el pueblo de México, en las próximas elecciones. Solo así puede entenderse que la norma sea abstracta, que prevenga para el futuro.
Los antecedentes informan la modificación de la norma, la fundamentan, la aplicación de la norma no depende de legislador, dependerá en este caso fundamental de la decisión y de la voluntad pública del pueblo mexicano.
Con mucho gusto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Adelante, diputado.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Compañero diputado, se ha encontrado, según usted nos ha ilustrado, una fórmula para la representación mixta en el Senado a base de la primera minoría. Pero no se ha encontrado, está claro, una fórmula de representación proporcional que pudiera ser más satisfactoria, incluso según su planteamiento. ¿ Cree usted que un candidato a senador, por ejemplo, en Tlaxcala, sea electo y represente legítimamente al Estado con apenas un 4% del padrón o de la votación y en cambio una fuerza que represente un millón de votos nacionalmente y una expresión importante en ese Estado no puede tener representación? ¿por qué?, compañero diputado Ramiro.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
La respuesta sería parecida a si usted me hubiera preguntado si creo que un partido con apenas el 1.5% debe estar representado en una asamblea de 500, que esto significa para toda la nación.
La distribución de los porcentajes en una votación nacional con un padrón de decenas de millones creo yo podrá equilibrar, y ésa es la sabiduría del voto de un pueblo como el nuestro, podrá equilibrar y reflejar de manera porcentual en el conjunto de las representaciones senatoriales, porcentajes de votos por partidos con número de estadios en el Senado. Si no fuera así, sería porque el pueblo mexicano decidiría en el año de 1994 otra cosa y estaríamos seguramente, como dijo el representante del Partido Popular Socialista y el mismo representante de su partido en esta tribuna, estaríamos en los próximos años seguramente volviendo a revisar la norma constitucional, porque ésa es la obligación de las fuerzas partidistas que en un conjunto gobiernan un país y es la responsabilidad principal de quienes integramos una asamblea como ésta.
El sistema para calificar los resultados de las elecciones, cuestionables muchas veces, porque es parte de la dinámica de los procesos electorales y porque son parte viva de toda la esencia, de toda la sustancia que tienen la naturaleza de los partidos políticos, había incurrido o recorrido en nuestro país ya de un sistema a otro, no estábamos precisamente en la autocalificación, creo que es equivocado de quienes han venido a afirmar eso aquí, quienes lo han afirmado en otras ocasiones, en otros debates en esta Cámara. Teníamos un sistema que combinaba una calificación final por el órgano mismo que se estaba eligiendo, con un procedimiento en donde se iban tamizando y resolviendo las cuestiones de controversia después de la elección y antes de la resolución final calificatoria.
Ya teníamos desde la reforma de 1986, compañeros diputados, a propuesta del PRI también, como lo fue la inicial propuesta de abrir el Senado a las minorías desde el año de 1977, ya teníamos un Senado, un Colegio Electoral que combinaba sus resoluciones con un procedimiento jurisdiccional, si bien no de tribunales judiciales, aunque en 1977 sí finalmente se ocurría a la reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy damos un paso más a una calificación que se dice más allá de la autocalificación, hacia la hetero, hacia lo externo de la norma, de la decisión, de la voluntad del acto jurídico y político. Hoy damos un paso más como parte de este proceso que comenzó hace dos décadas y que seguirá, hoy con nosotros y mañana con las nuevas generaciones de políticos representativos de los partidos y las fuerzas ideológicas del país, que vendrán seguramente en la transmisión pacífica y legal que al final de cuentas es lo que todos buscamos en este país o cuando menos quienes actuamos en política en este país para los mexicanos.
También se ha encontrado una fórmula en este tema, compañeros diputados, para que la calificación final, para que la resolución final de las controversias que se susciten por los procesos de elección y que intentaremos ensayar de buena fe y apostando al futuro de México el año que viene, sea por conducto de un órgano más del tribunal calificador, del Tribunal Electoral, integrado por gente del Poder Judicial cuya imparcialidad, cuya honorabilidad, cuyo conocimiento, cuya objetividad garantizará su historia profesional y avalarán los consensos de los partidos cuando tengamos que resolver entonces sus nombramientos.
La Presidenta:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Claro que, sí señora Presidenta.
La Presidenta:
Por favor, señora diputada.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
Compañero diputado, al inicio de su intervención usted señaló que la reforma obedece a aspiraciones de la mayoría de los mexicanos...
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
No es así.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
Eso señaló textualmente, yo nada más quisiera preguntarle y le ruego me conteste. ¿La reforma plantea al artículo 82 donde señala textualmente, que para ser Presidente de la República solamente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, quitando y haciendo a un lado que para ser Presidente tiene que ser hijo de padres mexicanos, es una demanda del pueblo mexicano cuando la mayoría de los mexicanos somos hijos de mexicanos? Le ruego me conteste.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Cómo no; la verdad es que no nos asusta esa modificación a la fracción I del artículo 82 y que podemos escuchar muchas opiniones en contrario y muchos argumentos en un sentido y otro y que le puedo poner un ejemplo de cómo esta norma constitucional prevé precisamente los males que se pueden avizorar con su prevalecía. Le puedo poner ejemplos de que un hombre, de que un ciudadano es mexicano por nacimiento aun habiendo nacido en el extranjero y aun cuando su padres no hayan nacido en México, que sus padres también sean mexicanos por nacimiento, porque a su vez fueron hijos de padres mexicanos, ellos sí nacidos en territorio nacional y que hasta una tercera o hasta una cuarta generación pudiera darse el caso de que un mexicano no hubiera nacido aquí y aún no hubiera vivido aquí más que el último año, como dice la fracción III del artículo 82 y ese ejemplo escapa de lo que trata usted de entender como lo que contempla y obliga la fracción I del artículo 82, pero me hace usted adelantarme una parte de mi intervención y aprovecho para terminar de contestarle.
Yo le quiero decir a usted y anunciar a usted porque me hace la pregunta y anunciar o ratificar a todos los compañeros diputados de nuestra fracción y a toda la Asamblea de esta Cámara, que el día de mañana, cuando se discuta la parte en lo particular, nuestra fracción la del PRI presentará una propuesta de adición a esta fracción I del artículo 82, proponiendo en los términos que se conocerán de manera precisa y que habremos de discutir y ponderar mucho el día de mañana, estoy seguro por su preocupación y por la de todos nosotros, compañera diputada, perfilando la personalidad de quienes aspiren
como candidatos a ser presidentes de este país; como mexicanos que sin lugar a duda, por su raigambre, por su historia personal, por sus antecedentes profesionales, por su formación escolar y académica, por su actividad social y económica, por sus relaciones familiares y sociales en general, por su participación activa en la vida de todos los índoles, principalmente en la política, queden acreditados como ofrecimiento por un partido político ante el electorado, como los mexicanos más dignos e idóneos para aspirar a la Primera Magistratura del país.
Yo creo que la nueva composición que se propone también para la Cámara de Diputados y en donde hay algunas voces preocupadas de algunos diputados representantes de otras fracciones, aludiendo que se está creando una nueva cláusula o una nueva condición que predetermine mayorías o que las prefabrique, obedecen a un análisis erróneo y equivocado.
Aquí también hay una propuesta por demás democratizadora, de una gran apertura, no es una reforma a la cerrazón, no está enfocado ni destinada a nadie, el destinatario no lo decide el legislador, repito.
De lo que se trata, es de dos cosas: desde luego, de conservar un sistema mixto, si queremos conservar el pluripartidismo; si queremos ir al bipartidismo, que no quiere decir que haya dos partidos con más votos o muchos más que los demás, sino que haya dos fuerzas que se equilibren y se condicionen una con otra; si quisiéramos ir al bipartidismo, propondríamos abolir el sistema de representación proporcional, que es precisamente la forma de conseguir el pluripartidismo. No se puede decir lo contrario, compañeros diputados.
Y porque queremos, auspiciamos, sugerimos, abanderamos y fortalecemos esa idea de que haya representación de las fuerzas minoritarias en este país, en esta Cámara, en esta Asamblea Nacional, es que proponemos que se sostenga el sistema mixto como fórmula electoral para integrarla .
Y bien ¿cómo se ha se repartir o cómo se ha de distribuir por la primera fórmula, la de mayoría?, simplemente por aquellos que resulten con mayor número de votos en cada una de las comarcas o jurisdicciones o distritos plurinominales donde se haga la elección y, ¿cómo se han de distribuir los demás?, en el porcentaje que tengan de sus votos.
Y que si hay una partido que llegue a un cierto número de posiciones en esta Cámara, aun representativo de su real porcentaje de votos, más allá de cierto número que por sí solo pueda ser capaz de mover la Constitución, bien, en aras del pluripartidismo que ustedes tanto defienden y que nosotros avalamos y que auspiciamos y que iniciamos desde 1977, también, también lo proponemos y lo sostenemos.
Esos 200 diputados de representación proporcional se habrán de distribuir de acuerdo con sus porcentajes naturales de votos, pero si sumados a aquél que haya obtenido un número tal de triunfos de mayoría, que lo haga llegar a esa posición de fuerza muy superior a las de los demás, que le implique no tener la necesidad de acudir al consenso que además por sí solo es democrático y válido no nada más como método de trabajo, entonces pongámosle un límite y ese límite hoy por hoy llega a una cifra que garantiza la vida del pluripartidismo y que garantiza la práctica del consenso como método de acción política en esta Cámara y digo yo, trascenderá a todos los demás ámbitos del país.
Era para nosotros y, éste no es un comentario de soberbia de nuestro partido, más fácil, haber intentado una reforma constitucional si quisiéramos, buscando unas cuantas decenas de votos más que a todas las demás fuerzas políticas representadas por los demás partidos en esta Asamblea, conjuntarse e intentar una reforma constitucional.
Y bueno, decidimos lo que la responsabilidad política le mandaba al partido mayoritario, buscar el consenso y creo que se consiguió. Se consiguió, si lo entendemos en su verdadera aceptación. Creo que el consenso puede ser lo más democrático que hay si se entiende correctamente, pero también creo que puede ser lo más antidemocrático si no se entiende correctamente.
Si es el intento y el esfuerzo por encontrar puntos de coincidencia, bienvenido el consenso y creo que eso hicimos. No era posible conciliar ni comprender en la iniciativa todos los puntos y propuestas de todos los partidos, porque sencillamente unos con otros eran contradictorios y se excluían en la lógica más simple.
Ah. pero si entendiéramos el consenso como el derecho de veto de cualquier fracción, que sin su consenso ya no hay consenso, que sin su voto aprobatorio ya no hubo consenso, entonces es lo más antidemocrático, porque cualquiera puede desbaratar la opinión mayoritaria y el consenso y las coincidencias de los demás. No era posible trabajar así, compañeros diputados.
Hicimos lo que creímos en buena conciencia, con un gran acto de voluntad política lo que creímos que reflejaba el interés de la mayoría de los mexicanos; lo hicimos porque advertimos y porque es nuestra obligación advertir y reconocer el grado en que va cambiando el país, porque si nosotros nos adjudicamos como cualquier fuerza que gobierne un país, el derecho de iniciar y de propiciar los cambios, también nos obliga y nos responsabiliza la obligación de observar esos cambios y de seguir actuando en consecuencia.
Por eso hicimos esta propuesta y por eso el contenido de esta propuesta. Ese es nuestro leal, legítimo y de muy buena fe y de muy gran responsabilidad, interés y razón por la cual firmamos esta iniciativa. Las ideas son de todos, bienvenidas; muchas y en principio son nuestras y también bienvenidas deben decir ustedes.
El PRI mucho antes vino a esta tribuna a oponerse a reformas que hoy el tiempo, la dinámica, la realidad y la vida de estas generaciones de mexicanos reclamaban. Creo que ésa es la responsabilidad de un partido que gobierna, sólo así acredita su capacidad de gobernar, sólo así legitima día con día, no con resultado de un Colegio Electoral, sino con los actos de gobiernos muy responsables, su capacidad de seguir gobernando o de intentar seguir gobernando en la buena ley de los procesos electorales.
Nuestra decisión me parece que es el acto político, conjuntamente con las demás fracciones que firmaron la iniciativa, que la vuelve trascendente. Las buenas ideas se quedan como tales y nunca se convierten en normas si no hay la decisión política de traerlas, como en este caso, a través de una institución democrática como es el procedimiento legislativo, a la deliberación de esta Asamblea que pretende y esa es su tarea, interpretar la voluntad de todos los mexicanos.
Quiero decir, compañeros diputados, brevemente, que el PRI apoya el dictamen, porque el dictamen aprueba la iniciativa que firmó y, quiero decir que es cierto lo que vino a decir un compañero diputado de otro partido hace dos turnos, de que esta iniciativa seguramente será votada y aprobada, seguramente, no en el sentido dubitativo del adverbio; con certeza será aprobada por sí, necesariamente, tiene las dos razones suficientes para que sea aprobada; una, porque tiene los fundamentos históricos, jurídicos, políticos, filosóficos, que quienes la firmamos nos parece que son suficientes para aprobarla y que pueden ser cuestionables a juicio de algunos; pero otra que no puede ser contestada, porque por sí sola, al momento de entrar a esta Cámara, tenía ya no las dos terceras partes, sino el quórum que la Constitución exige, ya no de los presentes, sino de la totalidad de los 500 para ser aprobada; por sí sola llegó con su paso legal para ser aprobada.
Más de las cuatro quintas partes del total de los diputados, firmamos la iniciativa. Es una razón importante, compañeros, por eso estamos seguros que va a ser aprobada, pero también por todo lo demás que han venido a decir otros compañeros que la avalan y lo que vendrán a decir en las siguientes rondas de oradores los representativos de los demás partidos. Compañeros diputados...
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Señor diputado, ¿me permite una interpelación?
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Cómo no.
La Presidenta:
Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Después de su afirmación respecto al porcentaje aritmético, vamos a dejarla ahí, del aval, de la propuesta de tres partidos y de sus afirmaciones, también consecuentes con eso, ¿juzga usted útil ya de alguna manera la discusión y la confrontación de opiniones, de propuestas de otros partidos, que no coinciden con la que se ha presentado? Es una pregunta importante...
El diputado Juan Ramiro Robledo:
Utilísimo, lo juzgo utilísimo.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Y que me diga usted porqué considera útil y qué sentido tiene.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Lo juzgo utilísimo, señor diputado. Estamos discutiendo en lo general la razón principal de si modificamos o no a la Constitución en estos aspectos institucionales, políticos, jurídicos.
Mañana, por acuerdo entre los partidos y durante hoy y todo mañana, primeramente y más responsables los firmantes de la iniciativa, deben estar atentos y expectantes a las propuestas de modificaciones o de adiciones o de matices a los textos y a los términos que en lo particular de cada artículo puedan presentar todos los demás partidos políticos.
Pero además le voy a dar otra razón: aun cuando no se aprobaran otras modificaciones o adiciones que mañana en lo particular se pudieran hacer, es responsabilidad política, gran responsabilidad política de todos los diputados que no estuvieran de acuerdo con la iniciativa ni en lo general ni en lo particular con alguno de sus artículos, seguir haciendo valer sus puntos de vista, porque no le dicen nada más ante nosotros, sino que lo dicen también ante la nación.
Creo que al final de cuentas, compañeros diputados, ésta es una iniciativa que avanza mucho, en verdad que avanza mucho, no todo, no es una reforma integral, si entendemos esto como una revolución completa de toda la estructura política y jurídica del país. No puede ser.
Los resultados de la aplicación de estas reformas, ni tienen color ni tienen siglas, no lo vamos a decir nosotros; repito, lo decidirá la suerte política, el futuro, la buena ley, la buena acción política, la buena puerta, los buenos candidatos y la sabiduría de los ciudadanos mexicanos.
Finalmente quiero decirles, compañeros, que estamos muy conscientes de la iniciativa que firmamos y lo que decimos para apoyarla; que saludamos y respetamos mucho las opiniones que disienten, que acogemos mucho más todavía las opiniones anuentes, que estamos seguros que con esta reforma se van a consolidar, no solamente modificaciones a las leyes y a los procedimientos políticos, sino a las prácticas diarias, cotidianas, de ejercicio. De aquí al día de mañana, en sentido figurativo, me parece que los mexicanos estamos construyendo sin escribirlo en la Constitución una regla política de oro: oír a veces, no coincidir, pero oír mucho y consensar todas las veces que se pueda; creo que esto es de la mayor responsabilidad para los partidos políticos sobre todo, para todos los actores políticos, agentes, organizaciones, ciudadano, Gobierno, fuerzas no partidistas, pero principalmente para los partidos políticos, la gran responsabilidad de hacer consecuente, válida esta reforma que está frente a nuestros ojos.
Creo que al final de cuentas aportamos bastante dentro de los márgenes, que es posible en un proceso democrático extenso, de alto alcance, para la mejor convivencia futura, política, de las generaciones que están por venir. Muchas gracias, señor Presidente.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Lo ostentoso de nuestro compañero que acaba de dejar la tribuna, nos hace venir a ésta. De decirnos aquí una serie de cosas que no se cumplen, de venir a decir aquí que se toma muy en cuenta a las minorías para poder manejar esta Cámara y encontrar la mejor solución para nuestro país. Esto no es cierto.
La muestra la tuvimos hace pocos días en esta Cámara y ahora no sólo es justificable que el pueblo rompa los vidrios de esta Cámara en defensa de sus intereses. Yo espero que el pueblo también rompa este contubernio que se quiere hacer aquí, para ponernos a cada quien en nuestro lugar.
Este hecho que acaba de acontecer hace pocos días, se debe a que no se nos quiso escuchar aquí, los que hemos tenido que pagar renta, los que sabemos de caseros, los que sabemos cómo se tiene que vivir: Trabajando para poder cubrir una renta, que debe uno dos, tres meses y que ya está la autoridad allí queriéndolo a uno sacar.
Y cuando nosotros quisimos demostrar esto aquí, nos tuvimos que quedar solos en el salón, para que se fuera a aprobar esa Ley y ha tenido que ser el pueblo el que la ha regresado, una vez más, aquí.
Y así tendrá que ser con esta Ley, compañeros. No puede ser posible, por más que se quiera ahondar en el discurso, que esta situación es benéfica para el país, no puede serlo de ninguna manera, que darle la proporción ahí, la calificación de las minorías.
Hicimos una propuesta nosotros, un grupo de diputados independientes, que ni siquiera tomaron en cuenta; para qué tomarnos en cuenta, si se sabe aquí que cuando se llega a la votación se puede hacer lo que decidan, como ya lo expresó el compañero diputado anterior, se puede obtener la votación para salir adelante con estas propuestas, de traernos aquí a gentes que nazcan donde sean y que nos vengan a dirigir; dejénnos a los pobres indios de este país dirigirnos a nosotros, los que sabemos de necesidades, los que conocemos nuestro pueblo en carne propia y nos traigan estudiados en Oxford, que nos han puesto unas amoladas que para qué les platico y sobre todo a los obreros.
El pueblo vota, sí vota, pero no elige; si eligiera el pueblo, quizá no estuviéramos discutiendo esto aquí.
No es posible que el Gobierno ande regalando gubernaturas a aquel que no ha obtenido ni siquiera un solo voto; esto ya debe de pararse y es la carencia de diputados, es la carencia de posición de todos nosotros, para enfrentarnos a estos problemas.
De tal manera que, no nos salgan conque esto es benéfico. Nosotros estaremos en contra, votaremos en contra, porque no es ningún beneficio para nuestra nación. Gracias.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega (desde su curul):
Pido la palabra para hechos.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con su permiso, señora Presidenta:
Decía el último orador de la primera ronda, que avalaba esta reforma por los fundamentos históricos, jurídicos y políticos. Pero resulta que ni en la iniciativa ni en el dictamen ni en su discurso, mencionó uno solo de éstos.
Si fuéramos a los fundamentos históricos, pues, evidentemente que éstos no avalarían esta contrarreforma; al contrario, se opondrían a esta contrarreforma.
No mencionó argumentos de tipo jurídico y si habló de tipo político, no fueron de los argumentos políticos en favor de la nación, sino de un sector nada más y lo dejó muy bien claro, dijo: "Ya tenemos la mayoría de votos".
Y todavía añadió un poco más, a una pregunta de un diputado, en el sentido que lo que aquí se viene a decir a la tribuna, es única y exclusivamente para que quede registrada la opinión de los partidos ante la nación. No, no basta tener la mayoría de votos, hay que tener la razón también y hay que aprender a fundamentar las razones que uno tenga para hacer una modificación a la Constitución.
Esta actitud es un desprecio no solamente a los demás partidos políticos, sino a militantes de su propio partido que se han opuesto a algunos aspectos de esta reforma constitucional.
Creo que está claro el sentido y el interés hacia donde está orientada esta reforma lo dijeron dos oradores, él, señalando que están proponiendo cuestiones de las que antes estuvieron en contra y también el diputado del partido de la derecha que dijo que eran añejas propuestas del Partido Acción Nacional. Ahí está el fondo, ahí están los intereses que se privilegian en esta contrarreforma constitucional. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos el diputado Berrospe.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz.
Con su permiso señora Presidenta.
Mi intervención también obedece al mensaje que el último orador de la primera ronda acaba de venir a pronunciar en esta tribuna, considero que si algún diputado al escuchar esta intervención se queda callado, pienso que ni mexicano debe llamarse, porque en primer lugar la prepotencia con que el compañero diputado viene a exponer su punto de vista, ofende a todo mexicano bien nacido, cuando expresa que se quiera o no esta reforma política ya está aprobada y que ya cuentan con los votos necesarios para hacerlo, cuando se le hace la pregunta por parte de un compañero nuestro, que entonces el debate, ¿qué objeto tiene? Y él contesta, que es muy valioso, pero que se va a aprobar.
En segundo lugar, cuando la compañera Luisa le pregunta, si él considera que la reforma a
la fracción I del artículo 82 sea una demanda popular, porque él así lo afirma, yo le quisiera preguntar que si no recuerda ya el compañero que aún está fresca la discusión que en esta tribuna llevamos a conmemorar los 500 años de la llegada de los españoles a nuestro país, como los indígenas levantan la voz para decirnos que esa dominación española no ha terminado, que aún no nos hemos liberado de ese yugo y que ahora el compañero nos dice con la reforma al 82, que quiere nuevamente que un extranjero venga a dominar este país.
Se necesita no conocer la historia y no saber que quien gobierne a este país debe amar entrañablemente a México. Y que quien gobierne a este país, además de nacer en él y ser hijo de mexicanos, debe conocer su historia a fondo y conocer los dolores de este pueblo.
Yo si les quiero hacer sentir a los compañeros diputados este tipo de reflexiones que nos deben poner a pensar en la reforma que quieren aprobar.
Y, por último, cuando el compañero dice que no se puede afirmar que estas reformas tengan color ni tengan partido, que se analicen las propuestas que hace el PAN y se analice actualmente la propuesta que hace el PRI, para que vean la coincidencia haber si tienen color y tienen partido.
Que avanza la reforma, si, avanza por la derecha.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Demetrio Hernández Pérez.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Con la venia de la Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: Me conmueve profundamente la participación del compañero del PRI. Me extraña mucho el contenido de su participación y quisiera hacer una reflexión en torno a la reforma política.
Cuando tomó posesión Salinas, hizo una crítica radical al ejercicio del poder gubernamental en México. Reconoció la ineficacia y la ineficiencia en el Gobierno. Encontró un límite histórico en el modelo intervencionista.
Anunció cambios en las funciones, los medios y las instituciones estatales. A este cambio le denominó reforma de Estado.
La reforma del Estado más que un cambio institucional, constitucional o estrategia, implica un cambio en la racionalidad política del Gobierno, una nueva gobernabilidad.
Nosotros denominamos gobernabilidad a la articulación de prácticas, instituciones y saberes específicos, mediante los cuales se gobierna a la población, se garantiza el orden interior de la sociedad y se refuerza la soberanía del Estado. A menudo se reduce la nueva gobernabilidad a esquemas ideológicos, a modelos simplificados de las filosofías políticas; sin embargo, el Gobierno, antes que una institución o un sujeto, es una práctica del poder; antes de adecuar la pragmática gubernamental a un discurso, a una ideología o a un modelo, es necesario captar la racionalidad política que la dirige. Descubrir sus regularidades, sus procedimientos, sus objetivos y sus mecanismos.
La nueva gobernabilidad significa un cambio en los objetivos, los mecanismos, las instituciones, los procedimientos y el saber gubernamental. Una modificación de la racionalidad política del Gobierno o de la población.
Para muchos, la nueva gobernabilidad se reduce a términos ideológicos; un programa neoliberal que instituye al Estado por el mercado en la ordenación social. Sin embargo, esto no es del todo exacto. El nuevo principio del Gobierno es la eficacia del poder, la economía del Gobierno; mejor Gobierno con menos poder, más Gobierno con menos Estado, maximizar el ejercicio del poder con el menor costo posible.
Un problema de asignación de recursos gubernamentales y utilización de fuerzas estatales en el Gobierno de la población, parte de la idea de que la crisis de gobernabilidad es una crisis de exceso de demandas sociales y de funciones estatales.
La nueva gobernabilidad regula los procesos; la anterior, interviene en ellos.
El error más frecuente en la apreciación de la nueva gobernabilidad, es suponer que la desregulación implica abandono del Gobierno a la lógica del mercado de las circunstancias.
En términos estrictos, la desregulación no existe, lo que hay es una mayor regulación y un desinterés intervencionista. Pero ahora, concluyo mi idea, está la historia inconclusa, porque nosotros
hemos apoyado la reforma del Estado, es una cuestión intrínseca del Estado. Pero además en una demanda del pueblo de México. Lo expresó el electorado en 1988, lo sigue demandando en todos los foros, en todos los espacios, incansablemente.
A pesar de la modificación constitucional del artículo 89 y de la promulgación del Cofipe en el 1990, una nueva reglamentación con un alto grado de consenso entre las fuerzas partidarias, parecería ser el marco ideal para una transición democrática, mas no es así. Los problemas continúan y hoy se demanda una nueva reforma política.
La historia inconclusa del juego político electoral en México contemporáneo, comienza con la revolución maderista interesada en el sufragio efectivo y la no reelección.
El segundo momento...
Señora Presidenta, le solicito que me permita concluir por favor.
La Presidenta:
Continúe usted, señor diputado.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
El segundo momento se establece en 1946 con la conformación de un patrón de regulación estatal electoral de partido casi único.
Y el tercero inicia en 1977, interesado por la incorporación de fuerzas políticas, en ese momento no reconocidas legalmente por los órganos de representación popular.
De 1977 a la fecha se desarrollan transformaciones que impulsan el pluripartidismo, reconociendo su participación en los órganos de representación ciudadana. Pero no reconociendo su peso específico. Ahí está el detalle. Abre canales a corrientes partidistas no reconocidas legalmente; se reforman órganos de representación ciudadana para incorporar a esas corrientes partidarias; se introduce un sistema mixto que reconoce la forma de representación proporcional; se amplían los derechos de los partidos políticos nacionales; se les reconoce como figuras de interés público; se conforman con carácter constitucional, órganos públicos y estatales para administrar el proceso electoral; se hacen reformas a los esquemas de calificación electoral, sin romper el patrón de autocalificación; se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal como cuerpo de representación ciudadana, sin plenas facultades legislativas. Sin embargo, el Cofipe sólo reglamentó los pasados comicios federales de 1991. Y con esto, quiero destacar el acortamiento de los ciclos de duración de las normas electorales.
El reformismo gradualista sólo ha aplazado la solución, el problema de fondo...
La presidenta:
Señor diputado, esta Presidencia le recuerda que en términos del artículo 102, ha concluido su tiempo.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
¿Me permite concluir?
La Presidenta:
Sí, por favor.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
El problema de fondo es la creación de condiciones institucionales y legales al sufragio efectivo.
Todo el proceso electoral con excepción de la calificación, está regulada por el Gobierno. Pero a través del partido en el Gobierno se garantiza determinar la calificación en el Legislativo. El círculo se cierra. El Gobierno regula el proceso electoral y el partido del Gobierno califica las elecciones. Una calificación donde la negociación política y la votación mayoritaria de un partido hegemónico, cierra el círculo vicioso electoral en México...
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
¡Vengan a bajarme!
La Presidenta:
Señor diputado, señor diputado, le recuerdo una vez más que se le ha terminado su tiempo.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Le agradezco mucho y me reservo mi derecho para una próxima intervención.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso, compañera Presidenta; señoras y señores diputados:
Es de asombrarse que el representante del partido mayoritario representado aquí en la Cámara, recurra a planteamientos puramente subjetivos, sin aportar ninguna razón, ningún fundamento histórico para apoyar sus afirmaciones. ¿Qué significa la frase? "No nos espanta la modificación al artículo 82".
Sólo podríamos interpretar que se trata de un desprecio total a los valores culturales de nuestro pueblo, un desprecio total a las gestas históricas de nuestro pueblo, un desprecio por las luchas de: Hidalgo, de Morelos, de Juárez, y Villa.
Muchos mexicanos han escrito y han fundamentado que el derecho de autodeterminación es congénito al pueblo mexicano; ésta ha sido la razón de todas sus gestas más importantes. La libre autodeterminación, la no intervención en los asuntos de nuestros pueblos y, señoras y señores diputados, la reforma a la fracción I del 82, conlleva precisamente ese riesgo, el riesgo de que un individuo casualmente nacido en México, sea receptivo, no al bagaje histórico de nuestro pueblo, no al sentido del mestizaje profundo que es el núcleo de nuestro pueblo, la esencia de nuestro pueblo, la raíz profunda de nuestro pueblo, sino que se sujete sumisamente a los valores culturales del país de sus padres. Es el riesgo; lo que está en riesgo es la nación, su futuro como país independiente y soberano en el concierto mundial de las naciones.
Cuando en el mundo lo que se defiende precisamente son las identidades culturales de cada país, cuando en el mundo todavía nos amenaza la fuerza que nos ha arrebatado más de la mitad del territorio nacional en el pasado, cuando no ha cambiado la esencia del imperialismo que es la de imponer su hegemonía, su cultura, su pensamiento, sus valores a los otros pueblos. No, el imperialismo no ha cambiado; quiere avanzar en una sociedad mundial, pero con plena hegemonía con pueblos sumisos, de esclavos casi. A eso nos condenaría, a abrir las posibilidades para que alguien, sin raíces profundas de nuestro pasado histórico, pudiera gobernar a este país.
Y nosotros decimos que es la esencia del que va a gobernar a 85 millones de mexicanos, el de que sea un patriota profundo, verdadero. Aquí alguien vino a hablar de patrioterismo. No es eso. El que sea Presidente de la República, debe amar entrañablemente la bandera nacional, los hechos de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución Mexicana; comprender todas las motivaciones del pueblo mexicano. Entender por qué don Benito Juárez no se plegó ante una fuerza superior en materia militar, por qué cabalgando en una carreta recorrió el país representando a la nación aun en las peores condiciones. Por qué , dijo que en última instancia si la fuerza exterior nos doblega, que nos dejen. Y en este caso que no se reforme el 82 para que nos dejen a las futuras generaciones la posibilidad de regir libremente nuestros destinos.
Creo que es el momento de que quede muy claro que no es por patrioterismo por lo que nosotros nos oponemos a la reforma de la fracción I del 82, es porque tenemos profundamente arraigado, como el pueblo lo tiene,la historia colectiva a que pertenecemos y nos sentimos dueños de nuestro país con un sentido de propiedad más importante que el sentido de propiedad jurídico.
¡Por eso nos oponemos con toda firmeza y creo que las fuerzas democráticas y el pueblo mexicano en su conjunto se oponen a la modificación de la fracción I al artículo 82! Muchas gracias.
El diputado Fernando Estrada Sámano (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Sí...
El diputado Fernando Estrada Sámano (desde su curul):
Le pido la palabra para hechos, si fuera tan amable.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
Vengo, señoras y señores diputados, señora Presidenta; con toda brevedad a hacer uso de la palabra para el propósito para el cual lo pedí y para el cual me lo permite el Reglamento; para rectificar hechos.
Primero. Por cuanto toca a la intervención del señor diputado Robledo, del Partido Revolucionario Institucional, habría que checar los anales, los diarios y las publicaciones de esta Cámara de Diputados, para comprobar que no fue el PRI quien primero propusiera lo que él llamó "la apertura del Senado en 1977" sino que hay propuestas anteriores. Una de un miembro de su propio partido, el señor entonces diputado y ex gobernador Manzanilla Schaffer. Y antes de esta propuesta, en 1965-1966, como algunos de los diputados miembros de esta legislatura y de aquélla podrán recordar con facilidad, en la XLIX Legislatura, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de composición diversa y más plural del Senado de la República, a la cual, entre paréntesis y de manera informal se le llamaba a la iniciativa "Entrada de Iturbide". ¡Estos son hechos!
Segundo. Por cuanto a la intervención del señor diputado del PRI, me preocupa un hecho y una interpretación, una tónica en la interpretación de los hechos.
Yo creo que no fácilmente, señor diputado, se puede afirmar que ha sido el partido mayoritario quien ha impulsado, facilitado y fomentado el desarrollo político democrático moderno de México, sino que uno de los problemas en que nos enfrentamos hoy, como en 1964 y 1965 o como en 1946 o como en 1988, es precisamente la existencia de un partido que el señor licenciado Salinas llamó, el 7 de octubre de 1988, "casi único". De un partido hegemónico que más bien ha provocado el levantamiento de obstáculos para el desarrollo pacífico democrático de México y que, entre otras cosas, ha tenido como manifestaciones y efecto, el hecho de la necesidad de frecuentes reformas o intentos de reforma político - electoral, porque ésas no han funcionado; algunas de brevísima duración como la que operó en 1988 y ahora estamos enfrentados con la necesidad, impostergable, de introducir reformas de naturaleza constitucional y reglamentaria, porque las leyes que ustedes han votado en mayoría, no han respondido a las necesidades y exigencias del país, por lo menos es una interpretación que muchos autores, observadores y dirigentes políticos podemos compartir y defender.
Segundo. Por cuanto toca al señor diputado Valero, del PRD, tampoco es exacto que haya sido su partido el que hace un año haya presentado un primer intento de bases para una reforma electoral, política. No veo al señor, mi buen amigo, respetado colega Valero en este momento, probablemente esta haciendo por la vida, pero el hecho es que para no hablar sino de los años más recientes, el Partido Acción Nacional presentó una serie de 11-14 iniciativas de reforma constitucional en diciembre de 1988. Y que el 3 de mayo de 1989 presentó un proyecto completo de Ley Reglamentaria que popularmente llegó a llamarse el libro azul de reforma electoral.
Tercero. Y aquí sí he de manifestar mi agobio ante la lucidez, la sabiduría positivamente envidiable de algunos otros compañeros que han venido a hablar. Me refiero no sólo a un compañero diputado que pide la palabra para hechos y que repetidamente la Presidencia le recuerda que está hablando para hechos, no para una interpretación, sino manifestar aquí, sí, mi casi insuperable envidia, desde el momento en que escuché con atención el discurso del señor diputado Gaytán, del PPS, hasta su más reciente compañero que me antecedió, mi envidia por esta gente que anclada en la modernidad de 1848, año del manifiesto comunista, tiene la llave de la historia para entender e interpretar todo, para saber que tres o cuatro senadores tienen que ver con el neoliberalismo y que echan en el mismo saco ideológico, doctrinario y filosófico al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional.
¡Qué extraordinaria fortuna...
La Presidenta:
Señor diputado, esta Presidencia le recuerda en términos del 102 que ha concluido su tiempo.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
Sí, señora Presidenta, termino en este momento, señalando repito mi envidia para quienes tienen la llave del conocimiento de la historia, de la interpretación de los hechos políticos, sin referencia a los hechos. ¡Qué lástima, como dijo Lenin, "si la realidad no es así, que la realidad se amuele"! Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su venia, compañera Presidenta:
Yo no sé, el diputado del PAN dice que envidia, pero si ustedes son los que están anclados más allá de 1948, hace dos mil años defienden las mismas ideas y vuelven a lo mismo, ¿cuál diferencia?
Lo que pasa es que como siempre, verdades a medias. ¡Claro!, nunca hemos aspirado a que reconozcan ustedes que el Partido Popular Socialista es el único partido que está presentando programas hacia el porvenir, siempre, nunca de retroceso; nada más es cuestión de revisar lo que en el Diario de los Debates, lo que aquí se ha presentado.
No, no, si hemos de legislar para un futuro independiente de la nación o para un futuro de un país colonizado de nuevo, hecho una colonia, una estrella más en la bandera de las barras y estrellas; ése es el problema. Porque yo he dicho y esto es lo que no se ha refutado...
La Presidenta:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con mucho gusto.
La Presidenta:
Sí, diputada, por favor adelante.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Gracias.
Compañero diputado, he seguido con mucha atención las intervenciones del PPS en este debate y tengo dos preguntas; acaba usted de afirmar que el PPS es el único partido que propone programas para el porvenir. Millones de seres humanos en Europa y en la ex Unión Soviética votaron en contra del socialismo como porvenir, ¿cree usted que para México, y así se llama el nombre de su partido, Partido Popular Socialista, el socialismo es el porvenir?, es la primera pregunta.
Segunda pregunta, quiero preguntarle ¿en qué momento el PPS ha presentado iniciativas para modificar el artículo 30 de la Constitución, que define a los mexicanos por nacimiento?, porque en la actualidad puede ser Presidente de la República un mexicano hijo de padres mexicanos nacido en el extranjero, criado en el extranjero, que hable idioma extranjero, con el único requisito que resida un año antes del año de la elección. Yo le suplicaría me diera la referencia, ordenar a la Secretaría buscar una iniciativa para modificar el artículo 30. Muchas gracias.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con mucho gusto. En primer lugar, el capitalismo no es el punto final del desarrollo histórico; si tuviéramos tiempo para discutir teóricamente el destino final o el destino siguiente al capitalismo de todos los pueblos, bueno , lo haríamos, nosotros tenemos la seguridad, la convicción, de que avanzando por el programa de la Revolución Mexicana que ha sido abandonado por el Gobierno, México arribará a una sociedad de tipo superior, en donde no exista la explotación del hombre por el hombre, ésa es la aspiración del pueblo mexicano y ése es el sentido del socialismo. Lo que pasó en la Unión Soviética yo no recuerdo que haya votado, o hecho una votación para decidir si quería o no, pero hubo acontecimientos, pero que en nada deterioran al socialismo como teoría, como régimen de producción, como sistema social, nada más habría qué ver todos los frutos que dio el socialismo en 70 años. Podríamos discutirlo otro día, señora diputada.
En cuanto a lo demás no es cuestión subjetiva decir, un mexicano nacido aquí de padres extranjeros, pero educado en el extranjero, de padres mexicanos, pero educado en el extranjero, no, no es así, el sentido del 82 tiene raíces más profundas que eso; el Constituyente, ya lo ha dicho uno de mis compañeros diputados, razonó profundamente en torno de eso y los peligros que se ciernen sobre la patria mexicana, si alguien sin sentido de nacionalidad pueda gobernar a este país.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Para aclarar a la Asamblea, compañeros, quisiera pedirle suplicara a la Secretaría leyera el artículo 30 de la Constitución, para aclararle al compañero diputado cuál es el sentido de mi pregunta y que sí tiene que ver con el 82.
La Presidenta:
Que la Secretaría dé lectura al artículo 30.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Aunque no es necesario, pues nos lo sabemos.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización; son mexicanos por nacimiento, fracción I, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Fracción II, los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana y Fracción III, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes", Son mexicanos por naturalización, fracción I, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones, Carta de Naturalización y; fracción II, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional."
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario. Continúe, señor diputado.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Una cosa es el artículo 30 que establece las condiciones para tener la calidad de mexicano; otra cosa es: las condiciones para tener derecho a ser postulado para un cargo público, son dos cosas distintas, diputada.
En este caso estamos hablando de las condiciones que se requieren para que un mexicano de padres mexicanos pueda aspirar a ser Presidente de la República y eso es lo que se quiere cambiar. Eso es lo que no podemos las fuerzas democráticas y patrióticas de este país, si tenemos conocimiento aunque sea somero de la realidad histórica de este país. Queremos que continúe esta fracción para salvar cualquier riesgo de injerencia externa en las decisiones internas de nuestro país. Ese es el riesgo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Esta Presidenta informa al honorable pleno, que ha concluido la primera ronda de oradores que participaron para fijar la posición de sus partidos respecto al dictamen a debate.
Señoras y señores diputados, antes de proceder a iniciar la segunda y tercera rondas de oradores, esta Presidencia les informa que los coordinadores de los grupos parlamentarios, han acordado recomendar que las intervenciones de los diputados, se circunscriban a un máximo de 15 minutos.
Continuando la discusión en lo general de este dictamen, la Presidencia informa que se han inscrito en la segunda ronda los siguientes diputados: Martín Tavira Urióstegui, del PPS, en contra; Javier Centeno Ávila, en contra ; Adolfo Kunz Bolaños, del PARM, en pro; Héctor Ramírez Cuéllar, en contra; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Frente Cardenista, en contra; Pablo Emilio Madero; Rosa Albina Garavito Elías, del PRD, en contra; José Francisco Paoli Bolio, del PAN, en pro y Jorge Uscanga Escobar, del PRI, en pro.
Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Compañera Presidenta; señoras y señores diputados:
Comenzaré por el final: señoras y señores diputados.
En efecto, en la XLVI Legislatura, el diputado Estrada Iturbide presentó una iniciativa de reformas constitucionales en relación con el Senado.
En esa ocasión Vicente Lombardo Toledano pronunció un discurso memorable que muchos recuerdan. Dijo, entre otras cosas: "...ya me figuro, el diputado Estrada Iturbide solitario, saldría asfixiado de este recinto para tomar aire fresco en la calle..." Palabras más, palabras menos, porque, en efecto Lombardo y el Partido Popular Socialista consideraron al Senado como
un cuerpo obsoleto que no representa ya lo que originalmente se presentó, debido a los cambios estructurales del país, como una institución que podía pasar muy bien a los papeles de los archivos históricos, a efecto de darle paso a una Asamblea única.
Varias veces se han tratado de revivir este cuerpo agónico. Ahora otra vez se vuelve a hablar del Senado, pero para entregarlo fundamentalmente a dos fuerzas, a la fuerza del partido del Gobierno y a la fuerza de un aliado que ahora tiene el partido del Gobierno el Partido Acción Nacional.
¿Por qué? Cuando yo oigo disertar los diputados de Acción Nacional con mucha energía aquí en la Cámara, yo digo: la oposición es puramente formal, pero en realidad ya no hay oposición del Partido Acción Nacional. Hay oposición cuando hay programas, ideas, totalmente contarías a las que está siguiendo el Estado o el régimen, pero cuando se está de acuerdo en las líneas esenciales del sistema que se está aplicando, no hay oposición real.
Por eso nosotros no concedemos mucha seriedad a esos pronunciamientos vehementes que se vienen a hacer aquí, de que queremos una democracia de verdaderos partidos, con presencia y no de pequeñas agrupaciones satélites de organismos hegemónicos. No creemos mucho en esas prédicas parlamentarias, porque la verdad es, compañeras y compañeros diputados, que los distinguidos miembros del Partido Acción Nacional, no sé si todos, comparten las tesis del Gobierno actual.
Y ahí tienen ustedes al Gobernador de Chihuahua, defendiendo más lo que hace el Presidente Salinas, que cualquier connotado militante del Partido Revolucionario Institucional.
Cualquiera que oiga los discursos del señor Gobernador, del ciudadano Gobernador de Chihuahua, si no le conoce la voz podrá preguntarse si este orador acaba de salir de Los Pinos, en donde recibió alguna consigna del secretario particular del Presidente de la República. Ese es el hecho, objetivo, claro.
De manera que venir a hablar de manera muy apasionada de la oposición, la verdadera oposición, no tiene sentido.
Y quisiera decir brevemente, señores diputados, que nosotros respetamos profundamente a la Cámara y lo digo con absoluta sinceridad y modestia. Mis compañeros y yo venimos a aprender todos los días; lo digo con absoluta sinceridad y modestia. Por más que tengamos ideas diversas y encontradas, creo que todos aprendemos de todos, por lo menos lo digo por mi fracción parlamentaria y por mí mismo. No venimos a echar aspavientos ni hablar con prepotencia.
A mi me hubiera gustado un discurso más mesurado y sencillo del diputado Robledo, jurisconsulto importante, sí, pero ¿qué necesidad hay de que venga a decir que tenemos la seguridad? porque es un hecho indubitable, dijo , que vamos a aprobar estas reformas constitucionales. Esa es una actitud de prepotencia parlamentaria, si vale la expresión, que no tiene nada qué ver con un espíritu democrático y abierto en un momento en que veníamos a discutir reformas constitucionales que tienen qué ver con el proceso democrático de la nación y del pueblo.
La democracia, señores diputados, no es un asunto de pequeños torneos de oratoria; es un asunto más profundo, tiene que ver con las luchas del pueblo de México, con sus sacrificios. Nuestros grandes líderes desde la revolución insurgente hasta hoy, bebieron en las ideas universales, pero sobre todo bebieron en la realidad del pueblo de México.
Por más que a Morelos le hayan dicho "mozo de esperanzas", su maestro Pizza, en Morelia, en Valladolid, porque leía libros europeos y se adentró hasta en Hugo de Grocio, uno de los creadores del derecho internacional público, pero Morelos siendo un hombre del pueblo, vinculado con las campesinos de la tierra caliente, que vibró con sus congojas, sus miserias y sus anhelos, este Morelos hincó su pensamiento y su acción en la realidad nacional y, desde entonces planteó una democracia social, profunda, porque no se puede fincar la democracia en donde la mayoría son ignorantes o esclavos, en donde la mayoría vive en la miseria moral, en la material y espiritual.
Por más que lo griegos se enorgullecieran de su democracia, no era una democracia real. ¿Se podía hablar de la democracia en la Edad Media con los siervos? ¿Se puede hablar de una democracia profunda en los países en donde el poder económico está concentrado en unas cuantas manos? ¿Se puede fincar la democracia en un pueblo analfabeto, en un pueblo que padece miserias todos los días, en un pueblo al que se le puede manipular inclusive de muchas formas? ¿Se puede financiar la democracia real, señores diputados, en un país donde el monopolio de la verdad se lo quieren adjudicar dos partidos políticos? ¿Se puede fincar la democracia en un
país donde el monopolio de la comunicación está en manos de dos o un partido y medio político? Eso no es posible.
Y hablando de la democracia política, porque señores diputados, no es la primera vez que se viene a decir que las ideas socialistas son viejas; siempre lo vienen a decir y que la práctica ha demostrado que no sirven.
A mí me hubiera gustado que el señor diputado Estrada Sámano, quien viniera a demostrar su conocimiento del socialismo, por lo menos en sus bases profundas más importantes, porque, bueno, el bien común que predican ustedes, señores diputados de Acción Nacional, es una tesis muy vieja, muy vieja viene desde la antigüedad y pasó por la Edad Media, con Santo Tomas, inclusive y, fue a varios Papas y, hasta algunos dicen que las reformas en materia laboral en México se deben al pensamiento de León XIII, lo cual es una mentira, porque toda la Historia de México no tiene nada que ver con las tesis de León XIII.
Los líderes obreros, desde mediados de la segunda mitad del siglo pasado, hasta los Flores Magón y muchos que siguieron, ni conocían siquiera la encíclica graves de comuni o la red onuvarum, por ejemplo. ¿Quién está anclado a un pasado viejo?
Señores diputados, a una democracia política, decía yo, la democracia política no es tan superficial como se le quiere ver. ¿Cuándo habrá real democracia política? Cuando rompamos esos criterios cerrados de que los partidos políticos sí son instituciones de interés público, pero son iguales formalmente; pero cuando existe una profunda desigualdad y cuando los partidos de la clase trabajadora, a los partidos del pueblo pobre nos dejen en la indefensión total y nos dejan arrinconados, sin oportunidad de hablarle al pueblo y de llegar a su conciencia. Ese es el hecho real.
Mirar a los partidos como iguales siendo profundamente desiguales, es una mentira y una hipocresía. Como se predicó en su tiempo la igualdad formal de los hombres, cuando eran profundamente desiguales.
No es ésa la democracia que nosotros consideramos y que viene desde nuestras luchas sociales.
Yo he dicho aquí y lo recuerdo una vez más, Vicente Lombardo Toledano habló de que para avanzar por el camino democrático en México, usando su expresión precisa "para ampliar el régimen democrático, era necesario hacer llegar al poder público a las fuerzas avanzadas de la nación, las fuerzas que luchan por la emancipación económica y política del país, por el mejoramiento sistemático de los niveles de la vida del pueblo".
Y había que expulsar de esa alianza, de estas fuerzas, aquéllas, dice, que pueden ser sobornadas por las fuerzas del exterior y por las fuerzas conservadoras del interior.
Cuando nosotros hablamos de fuerzas democráticas, queremos decir eso, de una manera más profunda, señores diputados.
Pero ni siquiera en esta democracia formal avanzamos, porque se trata de excluir a las fuerzas progresistas, revolucionarias, nacionalistas, para que los aparatos del poder queden en manos de las fuerzas económicamente poderosas, o aquellas que están en contra de dar saltos hacia adelante, para mejorar los niveles de la vida del pueblo y emancipar a la nación definitivamente.
Señores diputados: muy sinceramente y, lo digo con respeto también, ¿cuál es el empeño del Partido Acción Nacional, para reformar al artículo 82? Porque parece que ha empeñado su propia existencia en esto; parece que ésta es la condición sine que non, para estar de acuerdo con los cambios, éstos que están proponiendo, ¿por qué?. ¿Cuál es la razón profunda, señores diputados?
Porque el problema de que el aspirante a la Presidencia de la República ¿debe ser mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos por nacimiento? Y aquí una respetable diputada no entendió el problema ni lo entiende. Y no es un problema de derechos humanos ni de discriminación de ninguna naturaleza; es un problema de los derechos de la nación y de los derechos del pueblo. La historia no está de más, señores diputados.
La historia es un estorbo para los que tienen pereza mental y los que tienen poco patriotismo; la historia es para meternos profundamente en las hazañas de nuestro pueblo y sacar conclusiones válidas para hoy y para mañana. ¿Por qué ese nacionalismo que Tenía Ramírez considera exagerado? Por las experiencias dolorosas que hemos tenido y que se han dicho aquí en la Cámara.
El Constituyente de 1856-1857 sólo dijo que debían ser mexicanos por nacimiento ,pero todavía no ocurría la revolución francesa...
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Una interpelación, ¿me permite?
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Le ruego al compañero Presidente.
El Presidente:
Compañero diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Una interpelación.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Por favor, no lo permito ahora.
El Presidente:
No acepta ninguna interpelación el señor diputado Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Le ruego que no me interrumpa, diputado. Yo nunca me atrevo a interrumpirlo cuando usted habla.
El Presidente:
Continúe, señor diputado Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Le pido todo el tiempo necesario a toda la Asamblea si me permiten que continúe o no seguiré hablando. Gracias.
Vino la intervención extranjera, la intervención francesa, experiencia terrible. Ya no hablemos de la desmembración del territorio nacional, el dolor de los dolores de la patria mexicana y, después, pretensiones de los extranjeros, de querer apoderarse del poder público; por eso en el Constituyente denunciaron, precisamente el artífice de la política económica del porfiriato, José Ives Limantour.
Y ¿qué más queremos, compañeros? El golpe de Estado, el asesinato de Madero, la intervención del embajador Wilson y la intervención de 14 y la expedición punitiva de Pershing y, señores, ¿se les ha olvidado que tenemos tres mil kilómetros de frontera? ¿Se les ha olvidado que tenemos 27 puentes? ¿Se les ha olvidado que tenemos algo así como 400 millones de cruces por esos puentes?
Porque de acuerdo con lo que ustedes están proponiendo, el señor Gavin, el hijo del señor Gavin, pudiera ser Presidente de la República. Fíjense ustedes en la política de los Estados Unidos, hacer a un hombre Presidente de la República es asunto de empresa, es asunto de negocio, requiere inversión, inversiones cuantiosas. ¿Quieren ustedes, diputados a Acción Nacional y diputados de la mayoría que los acompañan en esta cruzada, quieren convertir la Presidencia de la República en un negocio de millones y millones?
¿Quieren fundar una nueva empresa que tenga inversiones cuantiosas y pocos empleos para elevar al cargo de Presidente de la República a quien los dueños del dinero se fijen para poder seguir usufructuando los recursos de la nación? ¿Eso es lo que quieren? ¿Cuál es la urgencia de reformar el artículo 82?
Compañeros , no quitemos este nacionalismo del pueblo de México. La Presidencia de la República en esas condiciones se puede comprar al mejor postor, pueden venir aquí los empresarios y ahora, éste va a ser su paraíso con el Tratado de Libre Comercio, con la apertura total para las inversiones extranjeras, éste va a ser el paraíso de las inversiones, del gran capital extranjero, de los señores nuevos de la otra edad media.
Aquí van a venir, aquí van a nacer sus hijos, aquí va a haber inversiones cuantiosas para hacerlos políticos, para hacerlos senadores, para hacerlos gobernadores, para hacerlos diputados. Ya comenzamos con el señor Appel, ¿dónde nació el señor Appel? Ahora el señor Fox, bueno, creo que es exagerado seguir mencionando al señor Fox aquí.
Pero, ¿se dan ustedes cuenta de lo que quieren hacer, señores diputados? Creo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que la nación y el nacionalismo han surgido de las grandes luchas de
nuestro pueblo, de sus grandes sacrificios. No asesinemos este profundo sentimiento de los mexicanos, señores diputados, demostremos un día por lo menos que somos capaces de soñar, de vibrar con nuestro pueblo, con su patriotismo, con su profundo nacionalismo, con su rechazo, a que caigamos en la dependencia extranjera, definitivamente en lo económico y en lo político.
Recuerdo, señores diputados, que mañana, el mañana es para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y que heredemos a nuestros descendientes la patria absolutamente liberada, digna, la patria de los hombres que la construyeron, digna de las generaciones que murieron al servicio de su liberación. Apelo yo a la conciencia de la mayoría de los diputados de esta Cámara, que no permitamos un atraco más a la Constitución General de la República. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, al diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La vehemencia, la vehemencia del compañero diputado Tavira lo llevó a que escuchemos de sus labios en la tribuna, expresiones que yo siento que él no quiso decir respecto de muchos compañeros diputados que tenemos puntos discrepantes. Habló de pereza mental, habló de falta de patriotismo.
Y yo voy a señalar, señor diputado, yo no me atrevería a utilizar esos calificativos para usted que discrepa de mí, por el solo hecho de discrepar. Voy a hacer cargos y voy a plantear hechos; hechos que como usted dijo, no podemos olvidar la historia, no podemos desentendernos de la historia y menos de la historia de las conductas tomadas por los partidos políticos.
Usted se siente decepcionado del Senado. Yo estoy plenamente convencido que el Senado no es requisito indispensable para el sistema federal. Ya hubo una época en que no tuvimos Cámara de Senadores: 1857-1874. Pero sí estoy convencido de las ventajas del sistema bicamaral en una auténtica democracia.
Y entiendo, diputado Tavira, que usted esté decepcionado del Senado, su partido postuló, postuló en varios periodos, no pocos, diputado Tavira, a los mismos candidatos a senadores que el Partido Revolucionario Institucional.
Los hombres que olvidan la historia, decían los griegos, están condenados a repetirla.
Señor diputado Tavira, y siento que usted también esté decepcionado, la única vez que tuvo su partido oportunidad de incursionar en el Senado, con el senador Cruickshank, se debió precisamente a una candidatura común y siento que no se plantearon los postulados de que usted habla, del Partido Popular Socialista y considero una gravísima injuria cuando usted habla de falta de patriotismo y de pereza mental en quienes discrepamos de lo que usted ha manifestado.
Mire usted, en los brevísimos minutos que nos quedan, tal parece, usted habla de que ya no somos oposición. Pero tal parece, señor diputado, que la oposición suya como diputado federal y del Partido Popular Socialista, no es frente al Gobierno, si no frente a Acción Nacional. Cada vez que en un debate interviene el Partido Popular Socialista, no es para oponerse al Gobierno, sino para oponerse a Acción Nacional.
Y seguimos manteniendo nuestras tesis en materia educativa ¿por qué no? así lo establecimos al hablar del artículo 3o. y seguimos manteniendo nuestras tesis en materia de derechos humanos, así lo establecimos con algunos artículos en lo particular en las reformas constitucionales y en la Ley secundaria y también seguimos manteniendo nuestra tesis en materia económica; no el liberalismo extremo, el solidarismo que es precisamente el equilibrio entre los derechos de la persona y los derechos de la sociedad y en este tema, señor diputado, si fuera el tema central, el diputado Estrada Sámano podría debatir a fondo con usted o cualquiera de los miembros de esta Cámara.
Y dos precisiones más, dos precisiones más: Barrio dijo usted; pues yo quisiera, yo quisiera, señor diputado, que los gobernadores de las entidades de la República adoptaran la conducta de Barrio y yo creo que usted también. ¿En qué sentido, señor diputado?, en el respeto a la Ley, en el término a la impunidad; en el exigir responsabilidades a los funcionarios públicos; no importan los criterios y las objeciones políticas. Ese es un mérito que debe usted reconocer en el Gobernador de Chihuahua.
Y el Gobernador Ruffo, el gobernador Ruffo en materia de autonomía de los estados y en materia
de respeto al régimen federal en materia hacendaría, por ejemplo, que es ejemplo en todo el país.
Y por último, señor diputado, porque se me ha agotado el tiempo, por último la precisión final: nosotros queremos que haya partidos y corrientes políticas que escoja el pueblo de México, debidamente identificadas.
Sí, mi compañero diputado Zermeño habló de que era necesario desaparecer la ficción de partidos; pero también, él no lo dijo, pero a usted lo traicionó el subconsciente, con todo respeto, cuando usted dijo:
"Ni pequeñas agrupaciones satélites de algún organismo hegemónico."
Yo recuerdo partidos que proponían por décadas, por muchos lustros, al mismo candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional y a los mismos candidatos a senadores. No digo más, con todo respeto. Gracias.
Presidencia del diputado Joaquín Hendricks Díaz
El Presidente:
Gracias, señor diputado Castro.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Pretendo contestar a las alusiones personales del señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, si me es posible, de manera puntual.
Uno. Comenzaré por el final, casi. El Gobernador de Chihuahua ha demostrado respecto a la Ley. El Gobernador de Baja California ha demostrado que respeta, que defiende la autonomía del Estado, Bueno, vamos a suponer que todo eso es verdad. Pero no es lo esencial de la política de México.
El Partido Acción Nacional comparte en las líneas esenciales, la actual política económica del Gobierno. Eso está claro. Dice: "seguiremos siendo oposición, dice el diputado Juan de Dios Castro, porque seguimos peleando porque se reforme esto, y esto y esto otro. ¡Claro!, pues sí y, aquí se ha reformado la Constitución y ustedes han ganado terreno. Esa es la verdad. Por eso también su oposición se va empequeñeciendo cada día más. Ya nos es el partido de grandes aspavientos, cuando no tenían nada, desde el punto de vista de reformas a su favor.
Ahora se degollaron varios artículos constitucionales y ustedes apoyaron esas reformas, claro; pues sí. Son partidos de oposición cuando no les dan lo que quieren. Pero cuando les hacen concesiones, entonces apoyan al Gobierno. Seamos lógicos; ustedes son lógicos, pero digan la verdad. También nosotros somos lógicos.
Cuando había un Gobierno con todos los errores, con todas las claudicaciones que podían cometer, sin embargo tenía en la cabeza y en la realidad, las líneas esenciales del proceso revolucionario.
Claro, estamos acostumbrados a que nos acusen ustedes de todos esos pecados y, bueno, ustedes consideran que pudieran ser pecados que nos llevaran a un mundo peor que el que vivimos en esta Tierra.
Que nosotros invariablemente apoyamos a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. ¡Grave pecado! ¡Satélites del Gobierno! ¡Satélites del poder hegemónico del PRI! Eso lo han repetido ustedes siempre.
Lo que pasa, señores diputados, es que ustedes no, ni han estudiado el pensamiento de Lombardo ni las tesis del PPS de línea, estrategia y táctica, ni quieren estudiar tampoco. ¿Por qué? ¿Qué razones? ¿Qué explicaciones ha dado el PPS y Lombardo para tener una política no de entreguismo al Gobierno?
¡Porque ustedes no pueden, diputados de Acción Nacional, acusar al PPS de haber traicionado sus principios y su programa!
Claro, nos equivocamos y nos podemos equivocar; porque sólo el Santo Padre no se equivoca cuando habla ex cátedra, entonces es infalible. Pero ustedes y nosotros nos equivocamos, podemos equivocarnos. ¡Sí, nos equivocamos cuando creímos que el señor Miguel de la Madrid iba a seguir la línea revolucionaria, porque además adquirió un compromiso con el partido nuestro, firmado! ¡Compromiso que rompió y echó a perder!
Sí, nos hemos equivocado, cómo no. Alguna vez. ¡Nosotros no nos consideramos infalibles ni
poseedores de la razón absoluta, fuera del tiempo y del espacio!
¡Nosotros tenemos principios, principios que están anclados en la realidad mexicana! ¡Y hemos seguido una línea estratégica y táctica para que la Revolución avanzara, para que el país avanzara! ¡Y gracias a eso el país consiguió muchas cosas!
Ustedes se olvidan que Lombardo fue el líder del movimiento obrero que impulsó la nacionalización del petróleo. Ustedes olvidan que fue Lombardo y el PPS los que impulsaron la nacionalización de la industria eléctrica. Ustedes olvidan que fue el PPS y Lombardo el que insistió tantas veces y peleó por la nacionalización de la banca. ¡Es decir, seguíamos un camino: el camino que trazó la Revolución! Lo demás son calumnias y son frases y frases que se repiten.
"El único senador, dicen, que tuvieron y que no aprovechó su estadía de seis años". Pero ustedes hablan sin pruebas. Yo no quiero usar adjetivos, porque no estoy acostumbrado a eso, señores diputados, pero tal parece que ignoran ustedes el papel de Cruickshank García en la Cámara de Senadores; todo lo que hizo y dijo.
La primera vez que habló en la tribuna, dijo: "Voy a hablar con los principios y con el programa del Partido Popular Socialista". Y lo cumplió. El no fue a defender un programa ajeno, ni fue a defender el programa del Partido Revolucionario Institucional.
Hay que debatir las cosas, pero tal y como son; no como quisiéramos que fueran.
Señores diputados: estamos en un debate importante, porque está en juego el futuro del país. Pongamos mucha atención en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque mañana vamos a venir a debatir otra vez artículos como el 82. ¡Si hoy perdiéramos esta pelea aquí, señores diputados, mañana la vamos a ganar! Y estaremos debatiendo en esta tribuna ese mismo artículo, para reformar las contrarreformas que ahora se hagan en ese dispositivo constitucional.
Señores diputados: ¿será mucho decir que la suerte del pueblo y de la nación está en nuestras manos? ¿Sería mucho decir eso? En un sentido sería mucho decir, en otro sentido sería poco decir; pero sí la verdad es, señores diputados, que tenemos la oportunidad o de romper con el espíritu nacionalista de nuestra Carta Magna en el artículo 82, o de defender ese dispositivo que el pueblo en armas se dio en Querétaro.
Ese es el gran planteamiento que tenemos que usar aquí y es la gran oportunidad, si me permiten decirlo así, con todo respeto señores diputados: "no tengamos la seguridad absoluta de que se van a aprobar las reformas planteadas en el dictamen, digamos que vamos a debatir horas y horas y horas, con ideas, con principios, con doctrinas, estas reformas y vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que esta pelea se gane por las mejores fuerzas de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado Tavira.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias, señor Presidente:
Para rectificar los hechos siguientes: primero, afirma el diputado Tavira que efectivamente apoyaron por error, por errores que se repitieron una y otra y otra vez, a candidatos a presidentes de la República, senadores del Partido Revolucionario Institucional. Señala que aunque había gobiernos, dice, con todos los errores, con todas las claudicaciones que podrían cometer, tenían las líneas esenciales de pensamiento revolucionario en su cabeza; pues ahí estaban bien, señores.
Pero la verdad es que aún en el contexto de la visión del marxismo - leninismo que dicen pregonar, en primer lugar esos gobiernos y esa democracia formal u oficial eran gobiernos y democracias burguesas, ni siquiera eran capaces de sostener consistencia con su pensamiento; en segundo, que afirmar, aun en el discurso del Partido Popular Socialista, que presidentes de la República que hicieron y ahondaron las graves diferencias económicas en México, que presidentes de la República que hundieron aún más al pueblo mexicano en la miseria, que presidentes de la República, postulados por el PPS, hipotecaron al país al extranjero a través de la deuda externa, ¡eso se les olvida muy fácilmente!
Se les olvida por ejemplo que Miguel Alemán fue el creador del modelo industrial concentrador, concentrador de la riqueza en México y se les olvida también que Lombardo habló de Miguel Alemán como el cachorro de la Revolución se les olvida también, por cierto, que
Lombardo, hijo de una familia italiana, porque don Vicenzo Lombardo vino a México como muchos extranjeros, que Lombardo proponía en sus programas una serie de cosas, pero por cierto hay documentos lombardistas que no proponían la banca, por ejemplo, como propiedad del Estado.
Nosotros no acusamos sin embargo al PPS de haber traicionado sus principios y su programa; ése es un problema que tendrán que afrontar los electores que haya del Partido Popular Socialista, porque tal vez sea más fácil que si alguna institución puede pasar perfectamente a los archivos históricos del país, yo creo que está más cerca de pasar el PPS que el Senado de la República.
Nosotros no los acusamos de pecados que los vayan a llevar a un mundo peor, simplemente nos gustaría que tuvieran la representación que merecen, de acuerdo con el voto ciudadano y que no han tenido en varias ocasiones, ahí sí por concesión graciosa e ilegal del PRI, cuando el PPS no obtenía ni siquiera los mínimos para tener derecho a diputados.
Lo del Santo Padre no se equivoca cuando habla de ex cátedra, bueno, eso es lo que dice don Martín, lo respetamos y nosotros somos respetuosos de sus afirmaciones que ha sostenido en tribuna.
No se consideran infalibles ni poseedores de la razón absoluta, no lo son efectivamente, ni de la razón absoluta y en este caso tampoco de la relativa, porque lo que estamos discutiendo es una reforma democrática para el país, que no se inserta si quiera en las concepciones marxistas - leninistas que ustedes como últimos defensores en el mundo del marxismo - leninismo, dicen pregonar; que haya suerte, si ustedes quieren, el futuro les deparará nuevas candidaturas que deseen apoyar el partido sobre el Gobierno, pero no vengan a decirnos que los candidatos que ha postulado el PPS a la Presidencia de la República o al Senado, incluido Cruickshank fueron defensores de los intereses nacionales; hipotecaron al país, crearon y ahondaron las diferencias económicas en el país y no nos diga tampoco, diputado Tavira, que le parece o que es cosa menor el federalismo; es un principio constitucional, un principio de la Carta Magna; no nos diga tampoco que es cosa menor la defensa de la legalidad y el acabar con la impunidad, a la mejor es parte de las concepciones de ustedes, no de las nuestras; lo que sí afirmamos es que son principios que en México se deben rescatar, que marcan claramente la diferencia, una de las diferencias del PAN respecto de cualquier otro partido político, incluido el PPS.
El Presidente:
Gracias, compañero Calderón.
¿Con qué objeto, señor diputado? Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Tavira y hasta por cinco minutos, suplicándole que se apegue al Reglamento, compañero diputado, a fin de racionalizar el debate.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Para no rebasar el tiempo, sólo algunas cosas contestaré del diputado Calderón.
Primero, Lombardo Capí Vicenzo no era su padre, era su abuelo, primera rectificación y conste que usted tiene el libro de Los Siete Sabios, donde están los hechos consignados, eso no hay que olvidarlo. Segundo, usted acaso sabe, diputado Calderón, lo que en política es estrictamente una línea estratégica y táctica, porque parece que no entiende usted qué cosa es una línea estratégica y táctica.
Señores diputados, dicen ustedes, el PPS siendo un partido marxista - leninista apoyó a candidatos burgueses, pues exactamente, son las tesis leninistas, caminar con aliados un pedazo de la realidad y de la historia para hacer avanzar al país y aunque usted diga lo contrario y acuse a diferentes gobiernos de haber hipotecado a la nación, también es verdad que cometieron errores y aciertos. Ningún Gobierno de la República, si usted estudia por lo menos del triunfo de la Revolución hacia acá, ningún Gobierno de la República ha sido absolutamente homogéneo en su mismo periodo; ha habido contradicciones naturalmente, dentro de un mismo régimen. ¿Por qué usted menciona a Miguel Alemán?, si Lombardo estuvo en contra de Miguel Alemán de su régimen y lo hizo abiertamente.
Ese recurso de "lo llamó cachorro de la Revolución", ése es el recurso que ustedes siempre utilizan sin conocer a fondo cuál fue la expresión ni la cuál fue la circunstancia. Ustedes se atienen a una frase que publicó cierto periódico. La frase real de Lombardo fue, en un consejo de la CTM: usted no es más que un cachorro de la Revolución; no "es usted el cachorro de la Revolución". Hay mucha diferencia a "usted es el cachorro de la Revolución", a"...usted no es más que un cachorro de la Revolución y por encima tiene
usted al pueblo y por encima tiene usted todo un programa y toda una trayectoria".
Hay que conocer la historia y no simplemente calumniar a las personalidades del pasado. Calumnie usted a Vicente Guerrero... No, no, no permito ninguna pregunta, por favor siéntese.
¿Por qué no calumnia usted a Vicente Guerrero?...No, no permito ninguna pregunta.
El Presidente:
Orden en la sala, compañero diputado Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Vicente Guerrero se unió con Iturbide y no dijo "traidor" y ¿era Iturbide traidor?, claro que era traidor, porque había asesinado a insurgentes y desleal con su patria.
Es tema, señores, de estrategia y táctica y la historia está llena de eso, precisamente.
Señores, Acción Nacional, ustedes son muy sabios, nunca se equivocan, siempre dicen cosas estrictas y precisas, perdonen que un diputado sencillo como yo venga a decir las cosas como quiere decirlas, siquiera permitan que hable, que tenga libertad, ustedes que tanto predican la libertad, no dejan que un diputado diga lo que cree que es su verdad, ustedes se ponen a interrumpir, a vociferar y a burlarse, eso no es cristiano, eso no es democrático, eso no es nada.
El Presidente:
Diputado Tavira...
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Sí, sí le pido permiso señor Presidente para terminar; le pido permiso honorable Asamblea para terminar.
El heredero de Morelos consideró con justeza y con justicia, después de una guerra de cartas y una guerra en las trincheras, que había llegado el momento de unir dos fuerzas, pero hay que estudiar las condiciones de 1820 y 1821, para saber por qué Vicente Guerrero se unió a un traidor sin traicionar sus ideales ni a su patria.
El PPS siendo un partido de la clase trabajadora, se une a candidatos burgueses, se unió, mejor dicho, apoyó, recomendó que se votará por un candidato a la burguesía cuando consideró que de todas formas ese candidato desde la burguesía podía dar pasos en el sentido positivo de la Revolución Mexicana.
El Presidente:
Gracias, compañero Tavira.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al diputado Ling Altamirano...
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul):
Señor Presidente, le pediría a usted encarecidamente regresara esto al debate que estamos llevando; es importantísimo lo que se ha dicho en el debate en esta tarde y aquí. Le pediría a usted, como dirigente de esta Asamblea, regresemos al debate que tenemos y no menospreciemos lo que se ha dicho, porque es muy importante para nosotros, pero sí quisiéramos pedirle, señor Presidente, que con su posición regrese el debate al punto que nos interesa tratar esta noche.
El Presidente:
Esta Presidencia atiende su moción, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra, compañero.
El diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano:
Muchas gracias, señor Presidente y desde luego atendiendo la moción del compañero diputado, para rectificar hechos.
El diputado Martín Tavira, en su esfuerzo desesperado por retener el avance de la historia que dice defender, vino a hacer afirmaciones que no corresponden ni a la verdad histórica ni a la verdad jurídica ni a la verdad política de este país.
No corresponde a la verdad histórica la afirmación que usted ha hecho, diputado Tavira, respecto a que se justificaba en la Constitución del 1856- 1857, que no se hubiera incluido la prohibición a hijos de extranjeros para ocupar la Presidencia de la República, en virtud de que todavía no ocurrían los hechos de la Revolución
Francesa. Solamente para recordarle a un diputado que dijo en esta tribuna que viene a aprender y no a enseñar, que la Revolución Francesa ocurrió mucho tiempo antes que la Constitución de 1856-1857.
Por otra parte, tampoco corresponde a la verdad jurídica su intento en defender el texto vigente del artículo 82, cuando afirma un diputado de la nación que el respeto a la Ley no es esencial para el desarrollo político de este país. Nada más grave. No podría yo encontrar una afirmación más lacerante a la verdad jurídica y más aún cuando la ha expresado un legislador de la nación.
Ciertamente, aunque nos duela, Acción Nacional no ha tenido hasta este momento la mayoría en el Congreso para poder legislar de acuerdo a nuestros principios de doctrina y, aún así, hemos acatado y nos hemos sometido a la Ley, porque para los que hacemos política es esa Ley emanada de esta Asamblea, soberanía por encima de nuestros intereses partidarios y, mucho más aún, por encima de nuestros intereses particulares.
Y tampoco podríamos apoyar los argumentos del señor diputado Tavira para que se quede el artículo 82 vigente en nuestra Constitución, cuando afirma que la estrategia de su partido ha sido compartir en algunas ocasiones, de acuerdo a las tácticas que él mismo le atribuye al marxismo - leninismo, de impulsar a los aliados para que el país avance. Si mal no recuerdo, el propio Marx y el propio Lenin se refieren a esos aliados como idiotas útiles.
Yo no sé si la intención del diputado Tavira, traicionado por la pasión que le embarga, haya querido referirse a los candidatos a la Presidencia que ellos apoyaron en su momento, que los esté involucrando con ese calificativo, pero en todo caso es responsabilidad de usted y no de nosotros.
Lo que sí le digo, es que efectivamente hay una frase en donde al fundador de su partido se refiere a Miguel Alemán como el "cachorro de la Revolución", aun cuando sea en el contexto histórico que usted nos ha aclarado. De cualquier manera esa afirmación ahora la seguirían sosteniendo, nada más que ahora lo hacen desde otro punto de vista, ahora ustedes que defendieron en un momento a esos cachorros de la Revolución y los usaron como aliados estratégicos, ahora tendrían que decirlo desde su posición de "cachorros" de la Revolución.
Ustedes, diputado Martín Tavira, efectivamente no comparten los criterios de Acción Nacional y bien hacen en seguir siendo oposición porque ustedes no han traicionado los principios; los principios que ustedes defienden que en su momento consideraron que eran los correctos, obedecieron a otras etapas de la historia. Acción Nacional, como ustedes, seguimos defendiendo nuestros principios; la diferencia, diputado Tavira, es que los principios de ustedes funcionaron estratégica y tácticamente en un momento, que a esos cachorros de la Revolución ustedes les sirvieron, pero ahora la historia, que es la que usted nos ha querido enseñar aquí, la historia nos está diciendo: los principios del PPS y del socialismo pertenecen al pasado; los de Acción Nacional, al presente y al porvenir de nuestra patria. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Ling.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente:
Nos ubicamos sin duda en un momento importante en la vida política de México Estamos discutiendo una reforma política que es de la mayor trascendencia y yo quiero aquí recordar un viejo debate que se dio desde el Colegio Electoral de lo que era la congruencia y la ética política, cómo debemos entender cuando actúan los partidos políticos o cuando actúan los hombres en el poder, la congruencia.
¿Se trata de aferrarse a principios que la realidad está desmintiendo? ¿Se trata de imponer criterios personales por sobre lo que está aconteciendo en el mundo? Yo creo que este final de siglo nos da ejemplos evidentes, en el PSOE de España, en el Partido Socialista de Mitterrand en Francia, en el mismo de Gorbachov de la Unión Soviética, que un hombre que no cambia cae en el absurdo y que al final de cuentas la congruencia es una virtud por antonomasia en la política, pero que se ejerce enriqueciéndola y nutriendo de ideas las concepciones que vayan modelando la realidad.
Si analizamos a los partidos políticos en México, podríamos afirmar que el Partido Popular Socialista es el más congruente, congruencia a ultranza con la que yo no participo ni coincido;
el Partido Acción Nacional surge en 1939 como un partido de presión, como un grupo de presión que resistía a las reformas que en ese momento hacía el Estado mexicano y no podemos decir que en sus orígenes tuviera una vocación de poder; recientemente yo noto que inclusive hay una escisión interna en donde va prevaleciendo cada vez más un partido político y no un grupo de presión, ya con vocación de poder. Bienvenida sea esta evolución.
Mi partido ejerció el poder, postuló hombres. Reivindico aquí las administraciones que le dieron estabilidad política; no fueron administraciones burguesas, no fueron administraciones que se dedicaron a beneficiar a una clase; todas ellas cumplieron en los diferentes sexenios. Mi partido postuló el nacionalismo revolucionario, una ideología de sustitución, como dice algún autor, una ideología de protección a veces no muy clara en sus postulados y evoluciona sin perder sus principios fundamentales hacia un liberalismo social, con claros principios, con claros postulados en lo que corresponde a la evolución política mundial, a una globalidad y a una interdependencia.
El Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional deriva y se desprende de una alianza y deriva hacia una izquierda madura, para superar a su gobiernismo a ultranza y meditar sobre las iniciativas que aquí se han presentado; del Partido de la Revolución Democrática, para qué, ése es un universo inmensamente rico, digno de analizarse en otra ocasión. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana surge con don Adolfo Ruiz Cortines, con Cacinto B. Treviño; se ubicaba en la geometría biológica de aquellos tiempos, a la derecha del Partido Revolucionario Institucional.
La congruencia con la ética política, nos exige ofrecer siempre al pueblo de México ofertas ideológicas actualizadas, realizables, viables, posibles y estamos en una transición y esa transición obliga a una cultura política que supere el maniqueísmo. Aquí se habla de que los pueblos que no conocen su historia, están obligados a cometer los mismos errores, pero también yo me preguntaría: ¿qué tanta historia es útil recordar, para que cada vez que surja una reforma, tengamos que hurgar nuestras heridas, tengamos que recordar nuestros viejos rencores, tengamos que ver qué es lo que nos divide, teniendo, como dijera algún diputado panista, los ojos en la nuca, en lugar de ver qué es lo que nos puede unir, para vigorizar un Estado de Derecho, para caminar hacia una oposición leal, que no quiere decir someterse al Gobierno, sino vigorizar el estado de derecho y caminar hacia una cultura política que la democracia requiere; que significa dialogar, que significa para un partido en el poder tener al otro o a los otros, para que esa resistencia apoye y para que le demos una oferta a la ciudadanía de México, que espera poder tener acuerdos y pactos que le permitan avanzar y tratar de que Derecho y conductas, se reflejen en una coincidencia feliz que nos permita alcanzar los valores de justicia y libertad, contenidas en nuestra Carta Magna?
Yo creo que eso es lo que nos debe conducir. Si venimos aquí a recordar agravios, si venimos aquí, cada vez que subimos, a hacer los reclamos y reproches, va a ser difícil que concibamos la reforma política que el pueblo de México espera de está Cámara y del Congreso de la Unión.
Acuñemos esa nueva cultura política de la transición democrática para que, repito, en lugar de venir a dar muestras de magnifica memoria de lo mucho que nos ha divido, podamos, en un esfuerzo de tolerancia y de creatividad, ver que es lo que nos une y caminar y ver, con la frente en alto, como lo dijo el diputado Tavira, hacia el porvenir de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Lo que ha estado en juego a lo largo de nuestra historia y que de alguna manera circunstancial y tocando algunos detalles solamente, se ha tocado aquí, en esta escaramuza, ha sido siempre un conjunto de dos grandes fuerzas; no han sido una multitud de fuerzas actuando cada una por separado y cada una en función de intereses específicos en contra de todas las demás.
En todos los momentos de nuestra historia, en la época de la lucha por la Independencia o en la Reforma o en la Revolución, o en las décadas recientes, cuando tuvimos candidaturas comunes con el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, que no al Senado, en ningún caso, salvo en el caso de una coalición, que aquí se ha hecho memoria de ella, esas dos fuerzas permanentemente chocan y corresponden a dos concepciones radicalmente distintas,
diametralmente distintas, para construir el porvenir de México. Esas dos fuerzas son irreconciliables.
El llamado del diputado Rodríguez Prats, si es en función de unir a las fuerzas tradicional e históricamente irreconciliables y hoy mismo irreconciliables, porque sus proyectos de nación son diametralmente opuestos y excluyentes, es un recurso retórico condenado al fracaso.
Por eso se explica el que Acción Nacional entre al mismo saco del grupo neoliberal; no los colocamos nosotros, se colocan ustedes. Ustedes han venido a este tribunal a defender las reformas en el artículo 130, en el artículo 27, en todos los grandes debates que hemos dado en esta Cámara y ustedes han dicho, igual que hoy, "son añejas demandas nuestras que hoy el Gobierno ha hecho suyas".
Y por eso, cuando el Gobierno caminaba con un sentido distinto, aquí lo ha dicho el diputado Rodríguez Prats, cuando tenía un proyecto nacionalista, revolucionario, que hoy reconoce que han abandonado y cita en descargo y en justificación a Gorbachov y al PSOE, allá él, pero reconoce que han abandonado ese camino histórico, cuando lo sostenían y lo enarbolaban, cuando el camino era para avanzar hacia la conquista de la independencia plena, de la autonomía plena de la soberanía de nuestra patria, entonces caminábamos juntos, como hoy podemos seguir caminando juntos con las fuerzas progresistas de dentro del PRI que siguen existiendo y actuando en buena medida, mas no con el grupo neoliberal, que es aliado de ustedes.
Ese es el gran problema. Así actúan las dos fuerzas a lo largo de nuestra historia.
Hoy mismo, en este debate están esas dos fuerzas actuando. No es ninguna casualidad que la reforma al 82, que abre una gran posibilidad de vulnerar la soberanía de México, vieja demanda del Partido Acción Nacional, la haya hecho suya el grupo neoliberal en el poder. No es ninguna casualidad que esa democracia sin democracia, esa democracia sin pueblo, esa democracia de alternancia en el poder entre partidos idénticos desde el punto de vista clasista, esa democracia chatarra, ahí sí cabe, porque exactamente igual que allá en los Estados Unidos inventaron los alimentos que no alimentan, los alimentos chatarra, inventaron la democracia que no es democracia, la democracia sin pueblo que es la democracia chatarra y es la que ustedes defienden y es la que se contiene esencialmente en el proyecto de reforma a varios artículos constitucionales que coaligados nos han presentado el grupo neoliberal en el poder y el Partido Acción Nacional.
Ese es el gran tema a debate hoy y es el gran tema con raíces profundas en el pasado de México. Es el gran tema que dividió a Morelos y a Hidalgo por un lado y a los realistas por otro. Que dividió a Juárez y a los hombres de la Reforma y a los conservadores y a los que trajeron a Maximiliano. Es el gran tema que dividió a los revolucionarios y a los partidarios de Porfirio Díaz; es el gran tema que nos sigue dividiendo hoy y que estamos debatiendo aquí en esta tribuna.
No, no es verdad que la historia camine en favor de los intereses de Acción Nacional ni de sus tesis, es una afirmación gratuita que no tiene sustento. La historia camina con un sentido muy distinto, solamente que la historia no es lineal, la historia es dialéctica y se va dando en función de fases complejas, de vaivenes, de ciclos y ahora estamos en una pequeñísima fase de no más de 10 años de duración, la de la gran ofensiva de la derecha en todo el mundo, la ola derechizadora que recorrió y causó estragos gravísimos a todos los pueblos, igual que al pueblo de México. Pero llegó a su clímax, ya viene de regreso; hacen muy mal en festejar lo que pronto serán sus funerales.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado Amezcua.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente; respetable Asamblea:
Subo a la tribuna para tomarle la palabra a nuestro estimado amigo, el diputado Rodríguez Prats. Creo que todos los diputados, la inmensa mayoría de los mexicanos desean un régimen político como el que él describió en esta tribuna, con su elocuencia que la caracteriza y que le admiramos.
Queremos un régimen político en el que las oposiciones leales, que los gobiernos, sean responsables. Un régimen en el que quien pierde las elecciones felicite al que gane, un régimen en el que las minorías estén representadas
exactamente en su peso, desde el ayuntamiento hasta los órganos centrales del poder. Todo eso es lo que queremos y creo que el problema es que el partido de la mayoría no quiere dar el paso, que es el esencial para generar esa transición.
El compañero habló de que estamos en un tránsito y efectivamente. Durante muchos años operaron más o menos bien las reglas que surgieron del nacimiento del Partido Nacional Revolucionario. Los grupos políticos del país fueron integrados en un solo partido y las sucesiones presidenciales transcurrieron bajo las reglas no escritas que le dieron cauce a la lucha al interior de ese partido; pero las fuerzas de la sociedad ya son distintas. Se han generado partidos de diverso tipo y está claro que en el PRI ya no cabe la diversidad social.
Pero esas reglas no escritas que permitieron durante muchos años que el Presidente en turno designara a quien lo sucedía, esas reglas que fueron válidas para el partido casi único, ya no valen, ya no funcionan y son las causas de los conflictos.
Y el punto central, la pieza maestra de este régimen político que se niega a morir y que se niega a ser enterrado en paz y a descansar en paz, la pieza maestra es el control de los órganos electorales. Para que haya oposición legal, se requiere triunfadores legítimos, se requiere que los votos, se cuenten , se requiere que los ciudadanos voten libremente y no a cambio de despensas de Maseca, no a cambio de láminas, no a cambio de costales de cemento y de calidra; no a cambio de camiones de fertilizantes.
Se requiere que los candidatos de un partido y de otro hagan campaña en toda la sociedad y que sea solo su capacidad, su presencia, su oferta política, la que determine quién gana y quién pierda, la que conquiste los votos.
Yo digo, coincidimos compañero, coincidimos todos, vamos a dar ese paso, ese paso básico. Yo, a título personal diría, en una negociación, hemos exigido la apertura del Senado, hemos dicho, désele término a la autocalificación. Hemos planteado algunas de las cosas que plantea esta reforma que hoy se nos presenta, no con las modalidades concretas como aquí se nos ha señalado, como la que nos presentan los partidos PAN, PRI y PARM, la iniciativa, no con esas modalidades, no con esas formulaciones. Pero las demandas en general sí las hemos planteado, Pero no está una básica que hemos presentado nosotros y otros partidos.
A título personal yo diría, vamos cambiando esas propuestas por una sola: independencia de los órganos electorales. Así de importante es nuestra posición o es nuestra visión de esa pieza maestra del régimen político.
Los llamamos, compañeros de la mayoría, a que den ese paso, los llamamos a que no tomen la lección que en muchos lados se ha diseñado o se ha extraído de las acciones de Gorbachov, aquí mencionado. Dicen, es que la Perestroika para que avance se necesita o le estorba la Glasnot. Se ha dicho por ahí, hay entrevistas, en donde el Jefe del Ejecutivo ha planteado que para consolidar la reforma económica hay que detener un poco la reforma política, para no poner en riesgo la consolidación de esos cambios económicos.
Yo creo que ése es el tema central que deberíamos estar discutiendo y no las historias, no las caracterizaciones de los partidos, porque finalmente la conducta que asuman los partidos en este momento es lo más significativo para el pueblo de México.
Sostengo que nuestro pueblo espera otra cosa de esta reforma política y que lo que espera no es efectivamente la modificación al 82, no es con la misma importancia otras reformas que se nos presentan; lo que espera nuestro pueblo es que haya una verdadera competencia, equitativa, entre partidos y candidatos. Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, compañero Cárdenas.
En los mismos términos hasta por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al compañero diputado Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para ser breve, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que yo conocí, al que yo me afilié hace muchos años, nació en 1954 y fue don Adolfo Ruiz Cortines quien en 1957 le dio su registro.
Yo tuve el honor de trabajar directamente con don Adolfo Ruiz Cortines, tuve el honor de conocerlo así cerca y escucharlo platicar con muchos funcionarios. Supe y sé para qué se fundó el
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El PARM no era el PARM de ahora por supuesto, el PARM se fundó para combatir las desviaciones que estaba cometiendo el Partido Revolucionario Institucional, porque en ese tiempo había dos aspectos: las desviaciones a la Revolución, que cometió don Miguel Alemán, dándole el amparo a los latifundistas, dándoles el amparo y dándoles grandes extensiones de terrenos.
Había unos falsos revolucionarios que llegaban con un auténtico revolucionario y le decían: "Tú que eres miembro de la Legión de Honor, dame un certificado de que yo anduve en la Revolución" y aquéllos por amistad le decían: "Fulano de tal, miembro de la agrupación de auténticos revolucionarios de la Legión de Honor, certifica que fulano de tal anduvo en la Revolución y que participó en ésa y en esas batallas". Cuando el general Barragán los encontraba en algún lugar les decía: "Oiga usted, pues yo era jefe del Estado Mayor y yo no lo conozco a usted. ¿Cómo es que usted llegó al Partido Revolucionario Institucional y ahora tiene hasta un cargo?". Y se ponían colorados. Entonces por eso decía el general Juan Barragán: "En el PARM no nos ponemos colorados", porque eran auténticos revolucionarios.
Tuve el honor de conocer a Juan Barragán, a Marciano González, a muchos de aquéllos que fundaron el partido, el partido no caminó a la derecha del PRI, al contrario, si alguna vez participó postulando a algún candidato, fue para no perder quizá, para que la Revolución no se dividiera, escúchese bien, ahora se puede decir. Si los descontentos del Partido Revolucionario Institucional se hubieran ido al PAN, hubiera sido desastroso, entonces era necesario que se hubieran ido al PARM.
Yo tuve el gusto y la satisfacción de leer el libro que escribió el señor Juan José Rodríguez Prats, ahí con don Adolfo y supe muchas cosas, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tiene que regresar a su cauce.
También hace tiempo, mejor dicho en 1983 fui invitado por un amigo que se apellida Mosconeri, al Partido Acción Nacional, al comité que está cerca del Metro Chapultepec, me llevaron de visita no oficiosamente y ahí escuché al señor Pablo Emilio Madero, cuando uno de sus correligionarios le preguntó: "Oiga señor Madero y ¿por qué está ganando el PAN tantas candidaturas en el norte?", la respuesta de Pablo Emilio Madero fue ésta: "Es que la política de México gira así, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha" y eso lo hemos oído en varios lugares.
Hoy, la política del Gobierno está girando a la derecha. Esperamos que no se les pase la mano.
La reacción no duerme, dijo Benito Juárez, y he dicho aquí también, si algún día la derecha, en esa vigilia que la caracteriza, se va sobre los derechos de la nación o del pueblo de México, el pueblo tampoco estará dormido.
Si hoy o mañana aprobamos este artículo 82, en lo general, no será vergüenza mía, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Ni tampoco voy a estirar la mano para que me den 30 monedas por apoyar el cambio del artículo 82.
La política gira de derecha a izquierda. Ya llegará el día en que gire a la izquierda. Si no gira, el pueblo hará que gire y, si no, al tiempo. Gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero Dorantes.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden (desde su curul):
Para alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra al compañero diputado Pablo Emilio Madero.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
El orador que hizo uso de la palabra dijo que yo había dicho que los triunfos de Acción Nacional, que era mi partido hasta octubre pasado, en el norte del país, era porque el pueblo giraba o el país giraba de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¡Yo no dije tal barbaridad!
Yo en todo caso lo que pude haber dicho, lo que dije en muchas ocasiones es que el Partido Acción Nacional cuando gana, a veces logra que se le reconozca el triunfo. Por ejemplo, en Sonora, que ganaron dos veces la gubernatura antes de que se reconociera la primera reconocida; lo mismo en Yucatán, se han ganado y no han sido reconocidas. Entonces gana Acción Nacional cuando el pueblo sale a votar y; cuando logra
la mayoría y logra que se respete ese triunfo y lo que estamos luchando en esta ocasión es para que lleguemos a tener como reglas de política, reglas claras que permitan que el voto sea respetado, sin lugar a dudas, no porque gire para un lado o para el otro, sino porque el pueblo, que es el que tiene el derecho para darse autoridades, escoja a los del partido que se le pegue la gana.¡ Y eso es lo que hay que respetar! Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero Madero.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, para agradecer las palabras de mi colega Raymundo Cárdenas; le agradezco mucho sus comentarios.
Y el día ayer se hacía alusión a lo que se había logrado con la Ley de Asentamientos Humanos, que había sido una muy buena concertación, que fue una ley que salió muy bien lograda. Efectivamente, la Comisión de Asentamiento Humanos la preside Alejandro Encinas y derivó ese acuerdo, derivó esa concertación, de la actitud también, de los miembros de esa Comisión del Partido Revolucionario Institucional, de los Secretarios, de que se pudieron superar las disidencias y que se logró un acuerdo general de una ley aprobada en forma unánime por esta Cámara.
Aquí don Raymundo nos hizo una mención en todo lo que se está de acuerdo con la reforma. Ahora sí no entiendo por qué el voto en contra en lo general; porque se mencionaron muchísimos artículos y muchísimos aspectos en los que podemos avanzar y en los que están coincidiendo con la iniciativa que se presenta. Yo creo que también de parte de ustedes, tendría que haber esa solidaridad, como la hubo en la Comisión de Asentamientos Humanos, para efecto de lograr los acuerdos en los que estamos, en los que coincidimos y discutir en lo que no coincidimos. Simple comentario.
En relación a lo que se dijo aquí por el Partido Popular Socialista, sin duda alguna el fallecimiento de don Vicente Lombardo Toledano, fue algo que sacudió al país, perdimos a un gran ideólogo, a uno de los siete sabios; un hombre que tenía como principios de su ideología, el actualizarla, el imprimirle un sello dialéctico, el enriquecerla.
Siento, y lo digo con todo respeto, porque los admiro, porque les reconozco su gran calidad, su gran devoción, su gran denuedo para ser diputados estudiosos y venir a aportar sus puntos de vista; que esa ideología, que es una gran opción para la izquierda en México, a su muerte se ha petrificado.
Creo y demando y lo digo como mexicano, y lo digo como priísta preocupado de que surja la izquierda, una verdadera opción para todos los mexicanos, creo que se pueden enriquecer muchas ideologías y actualizarlas con los acontecimientos recientes. Lo digo, repito, con todo respeto.
Por último, creo que tiene razón el diputado Téllez Rincón. Hemos desviado la discusión hacia lo ideológico, hemos dado un repaso a la historia reciente de México, hemos hablado de las cosas que nos separan.
Yo convocaría a la Asamblea y lo pido así al Presidente de esta Asamblea, que regresamos al tema que nos ocupa, a la discusión en lo general de la iniciativa que estamos estudiando. Muchísimas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al compañero diputado Cárdenas, para alusiones personales.
Compañero diputado Cárdenas, un segundito por favor.
Compañeros diputados: sin tratar de coartar la libertad de expresión que tienen todos los miembros de esta Cámara, esta Presidencia exhorta a todos los compañeros diputados a que vayamos reencauzando el debate en la forma en que ha sido acordada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias.
En este contexto se le concede el uso de la palabra al compañero diputado Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente.
Preciso...
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
¡Una pregunta, señor Presidente! ¡Una moción a la Presidencia!
El Presidente:
Compañero diputado: tiene el uso de la palabra el compañero Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Para precisar la posición de nuestro partido...
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
¡Qué es lo que han acordado los coordinadores! ¡Le pido que me conteste!
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
En las mesas de negociación que se han abierto sobre el tema de la reforma política, de manera especial en la Comisión Plural, para la reforma que esta Cámara aprobó, se presentaron muchas propuestas. Todos los partidos prácticamente hicieron uso de su derecho para presentar una multitud de propuestas.
Nosotros señalamos siempre que haciéndonos eco... haciéndonos eco...
Señor Presidente: ¡quisiera llamar al orden a los diputados, por favor!
El Presidente:
Continúe, compañero diputado Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Sí. Señalamos que la prioridad no sólo nuestro partido, sino sectores importantes de la sociedad, que debía tomar esta Cámara y la de Senadores en esta reforma política, era la de modificación de los órganos electorales, el asunto del padrón. En fin, todos los asuntos, todos los aspectos legislativos que son necesarios para darle certidumbre al voto, para hacer que en este país haya verdadero sufragio efectivo.
Ese es el tema principal y ése no está contenido en esta reforma política.
Las propuestas legislativas, insuficientes, también hacen daño a la nación; en ocasiones hacen más daño que las propuestas negativas o retrógradas, porque se intenta engañar a sectores importantes de la nación con la idea de que modificando el 82 o abriendo el Senado en las condiciones en que existe o en que se da este régimen político, vamos a avanzar bastante en el proceso de transición democrática. ¡Esa es la cortina de humo que se está pretendiendo extender en toda la nación!
Por esa razón, aunque ya lo hemos dicho, la reforma constitucional que discutimos atiende temas que todos los partidos hemos planteado, esa reforma no es suficiente, no responde al reclamo de sectores importantes de la nación. Es evidente que la apertura del Senado es un asunto maduro, pero yo no entiendo por qué habríamos de ceder a cambio de esa apertura el declinar las banderas de que existe un verdadero órgano electoral independiente.
No es ninguna concesión que se nos hace la apertura del Senado, ése es un asunto maduro. Es obvio que un Senado con el 90 y tantos por ciento de representantes de un partido en una sociedad que no le da más de la mitad de los votos, eso era una incongruencia.
Lo que es incongruente es declinar la bandera de la exigencia de un verdadero poder electoral a cambio de cuestiones que están maduras. Por eso nos oponemos a esta reforma, porque es insuficiente y además porque algunas de las formulaciones que se nos presentan, en concreto la integración del Senado y otras, siguen permitiendo una sobrerrepresentación.
Habrá estado en donde..., termino, señor Presidente ...En donde un partido, cualquiera que éste sea, tendrá tres senadores, 75% y yo podría apostar a que ninguna fuerza de aquí en adelante, en el futuro de esta nación, en el futuro previsible, ninguna fuerza va a llegar a esos niveles de votación Gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero Cárdenas.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al diputado Octaviano Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Gracias, señor Presidente.
Mi propósito no es agregarme a las dos posiciones que se han escuchado del PPS y del PAN, sino más bien y coincidiendo con el diputado Raymundo Cárdenas, me animé a expresar el interés que tengo de dialogar, aun cuando lo tomen sería como alusiones personales y a lo mejor alargar más esto, al compañero Rodríguez Prats.
El quiere en esta tribuna y que todos los partidos y todos los diputados, en lugar de venir a hablar de lo que nos separa, que hablemos de lo que nos une. Yo estoy de acuerdo, qué bueno que lo hace, qué bueno que si ahí, como yo lo tomé, existe sinceridad en el pedimento, vamos a entrarle sobre lo que nos une.
En primer lugar, estaremos de acuerdo que el país a través de su historia ha tenido un pueblo que ha luchado y sigue luchando y lo hará en el futuro por su libertad. Partamos con los datos que nos registra la historia, por lo menos con Miguel Hidalgo y con Morelos, ahí estaremos de acuerdo que se inicia la lucha por la libertad, con aspectos que enriquecen la cultura patria.
Estoy de acuerdo con el diputado Rodríguez Prats para que dialoguemos sobre los problemas nacionales que tiene la República y que los abordemos sin llevar por delante los intereses partidarios o personales. De otra manera no vamos a arribar a una reforma justa, a una ley justa y creo que asumiríamos con responsabilidad un compromiso que tenemos todos los diputados, para que a través de la legislación coadyuvemos a la felicidad del pueblo.
También estaremos de acuerdo, si lo discutimos, de que la iniciativa, el proyecto que hoy estamos conociendo, abriga a factores que obstaculizan la expresión libre del pueblo y es entonces menester buscar la manera de que se retiren esos factores del proyecto de dictamen para poder arribar a lo que nos una. Sólo citaré que para la integración de los órganos electorales se da el manipuleo, se da exactamente el control gubernamental de los mismos y no es nada viable para que el pueblo tenga confianza y credibilidad en sus funciones y en sus resultados.
Vamos a concluir también en que lo que nos une, es una aspiración desde ya hace muchos años del pueblo mexicano, de tenerle confianza y credibilidad a los resultados en las urnas, que hay una aspiración eterna de que se respete su voto, que valga y que cuente. También vamos a tener qué ver que para que podamos unirnos vemos al Senado como una expresión universal, no simplemente un lugar, un escenario para dos partidos, cualquiera que sean; que es en todo caso una eliminación de la libertad y de los derechos de una gran parte del pueblo mexicano que necesita y exige expresión en todos los órganos.
En esas condiciones creo que tendremos también que mencionar como puntos a discutirse y estaríamos de acuerdo con seguridad en que en las elecciones desde hace muchos años, cuando mucho tendremos que registrar que la gran mayoría vota el 30% de los empadronados y que con ese 20% o 30% en algunos por maniobreo, tendrán una sobrerrepresentación en el Senado y, en esa virtud, si en efecto vamos a tratar de que nos unan las demandas comunes del pueblo, vamos entonces a tratar de encontrar el vínculo, la expresión real del pueblo mexicano que registre exactamente en el artículo 82 y que aquí queremos abordarlo sin partidarismos, a pesar de que el PAN alega que existen motivos democráticos y libertarios para su reforma, es cierto, pero cada quien desde su punto de vista, vamos a hacerlo a un lado y veamos cuál es la demanda nacional y de ser posible, concluyamos entonces en que ahí es otra de las posibilidades de que el pueblo practique su libertad.
Habrá ocasión, dentro de este mismo asunto, de expresar algunos conceptos sobre lo que ya hemos escuchado y saber exactamente que la mayoría de lo que se expresa es de mala fe y sólo se usa en el discurso y ojalá que tengamos la oportunidad de ser claros, Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros
La Presidenta:
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González:
Compañera Presidenta, con su permiso.
Quisiera referirme, compañeros, a la intervención del distinguido compañero diputado Raymundo Cárdenas, porque no quisiera dejar pasar una serie de expresiones, desde mi punto de vista, lesivas a quienes suscribimos en esta iniciativa y en este particular hablo por mi partido.
Decía, o mencionaba, o utilizaba el compañero Raymundo Cárdenas, verbo "engañar", al pueblo de México. "Tender una cortina de humo para hacer creer al pueblo de México que se está haciendo una reforma importante cuando en realidad son frutos maduros que estaban, digamos, colgando del árbol de la democracia y simplemente había que bajarlos".
Esta manera de expresarse presupone un acto de deliberación, una conspiración para engañar al pueblo de México.
Mi partido se deslinda por completo de esta interpretación del compañero Cárdenas y la lamenta muchísimo. Nosotros no declinamos nuestras banderas en cuanto a órganos electorales con mayor autonomía. No suscribimos la interpretación que entiende el PRD de una autonomía completa...¡ay!, qué bueno que ya llegó el compañero Cárdenas, una autonomía completa del Poder, de los órganos electorales del Gobierno.
Y en ese sentido, nosotros creemos que en las reformas del Código Federal Electoral deben incluir una reforma sustancial a la conformación de los órganos electorales y, lo dije así en mi intervención, en particular para cambiar la manera en como se elige al director del Instituto Federal Electoral, cambiar la discrecionalidad que tienen los diferentes órganos ejecutivos e impedir o acabar más bien, con el cerco que en la actualidad impide que una conformación equilibrada que distingue al Consejo Electoral, se trasmine a los demás órganos electorales.
No hay tal declinación de banderas. Tampoco están muy maduras las reformas que plantea el compañero diputado. Si estuvieran maduras, ¿por qué durante siete meses las tácticas en la Comisión Plural estuvieron empantanadas y el partido oficial se negó sistemáticamente a plantear reformas constitucionales? Una enorme resistencia.
Dijo también el compañero Raymundo Cárdenas en otra intervención, que el PRD quería una situación en donde el perdedor felicitara al ganador. Yo no recuerdo que la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de San Luis, felicitara al candidato ganador y tengo entendido que los órganos electorales se conformaron ahí de una manera muy independiente y autónoma. Muchas gracias.
La Presidenta:
Siguiendo en el orden del debate, tiene la palabra el diputado Javier Centeno Ávila.
El diputado Javier Centeno Ávila:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Yo me voy a ceñir al tema objeto de este debate, el cual creo que ha sido muy enriquecedor, el debate sobre los partidos políticos de México lo que demuestra que debe ir adelante la existencia y desarrollo de estos organismos de interés público.
Hoy vamos a discutir la reforma político - electoral, aspecto fundamental para la democracia en México. La reforma constitucional que hoy se habrá de aprobar en lo general, habrá de regir los próximos comicios en el país en los albores del Siglo XXI.
El descrédito de los procesos electorales en el país ha tenido efectos acumulativos y tuvo su punto culminante en las elecciones de 1988 con la famosa caída del sistema. Consideramos que en la actualidad es fundamental para el sistema político mexicano, recuperar la credibilidad y para ello busca perfeccionar los mecanismos electorales.
La transformación formal de los procesos electorales, su perfeccionamiento en sí, no lleva por sí mismo a la democracia. Para que existan mecanismos electorales válidos, se requiere que la sociedad los reconozca y les dé legitimidad.
El sistema presidencialista requiere recuperar credibilidad hacia el interior y hacia el exterior del país. De ahí la necesidad de buscar cambios que hagan las elecciones más creíbles e imparciales.
Un Senado integrado por el 95% por parte del partido oficial, es obvio que no permite la participación democrática y carece de credibilidad.
Es evidente que el objetivo de todas las fuerzas políticas y partidos, es la búsqueda de avances que garanticen la transparencia e imparcialidad
en las elecciones. Esto debe manifestarse desde el levantamiento del padrón hasta la calificación final de las elecciones. En México, estamos todavía en transición a la democracia y al parecer, seguramente los órganos electorales seguirán controlados por el Estado en esta nueva reforma política, pero pensamos que con el tiempo y con el cambio de la correlación de fuerzas, el pueblo de México habrá de democratizar a futuro totalmente el proceso electoral.
Respecto a la iniciativa que hoy analizamos, consideramos importante el que se haya creado una Comisión Plural por parte de esta Cámara, para la elaboración de la propuesta. Fue importante que se estableciera un mecanismo plural para fijar el temario, metodología y procedimientos. Lamentamos el que no se haya llegado a un consenso para formular una propuesta legislativa única.
Esta Comisión no cumplió con sus objetivos, ya que no recogió un sinnúmero de propuestas de los diversos partidos políticos, entre otras las formuladas por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Popular Socialista, lo cual refleja que esta reforma es parcial y no integral.
Esta reforma, consideramos también, establece ciertos avances, como son la eliminación de la tan criticada Cláusula de Gobernabilidad, la apertura del Senado, la eliminación de la autocalificación electoral y el hecho de que se señale un límite al financiamiento de partidos políticos y de las campañas electorales.
Cabe mencionar que en la apertura del Senado sólo se da entrada al partido que obtenga la primera minoría y se elimina el sistema de representación proporcional. Nosotros somos defensores del principio de la proporcionalidad, el cual es un mecanismo democrático de representación y no una mera fórmula de garantía de la pluralidad. Por esa razón votaremos en contra de esta reforma.
Es importante también el hecho de que el Tribunal Federal Electoral esté integrado por magistrados y jueces instructores independientes, y los cuales sólo responderán al mandato de la ley, pero nos queda la inquietud de quién será el órgano facultado para vigilar el cabal cumplimiento de este precepto. Nosotros consideramos que podría ser el propio Congreso de la Unión quien cumpla esta función.
Por otra parte, el Gobierno se sigue reservando, a través de un organismo público, el desarrollo y control del proceso electoral y se niega a trasmitir a algún órgano de la sociedad civil o a los partidos políticos, la regulación del proceso.
Una cuestión fundamental que puede garantizar la igualdad y democracia en las contiendas electorales, es el que los partidos tengan acceso en igualdad de condiciones a los medios de comunicación, cuestión que no se resuelve en esta reforma. Democracia sin medios no es democracia, menos en este siglo llamado de la información.
En lo referente al artículo 82, es necesario señalar lo apresurado de la discusión y lo apresurado con que se elaboró esta iniciativa, que más bien parece producto de la negociación de dos partidos y no del consenso de esta honorable Cámara, así como el hecho eventual de la aprobación y vigencia del Tratado de Libre Comercio, que es algo más que un simple tratado comercial, pondrá a la orden del día la ambición de dominación política que las grandes potencias siempre han pretendido sobre nuestro país y que ahora, con estas pretendidas modificaciones, se verán alentados; por esa razón también votaremos en contra.
Por último, consideramos que más importante que una reforma electoral, es el de revalorar el papel del Poder Legislativo y que éste se constituya en un verdadero contrapeso al asfixiante presidencialismo.
Los partidos de Estado están en crisis; el pueblo de México tiene la palabra, no más legitimaciones a posteriori, la legitimidad debe surgir de la voluntad del pueblo de México expresada en el voto. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
No puedo dejar pasar este momento, porque considero que es importantísimo hacer una reflexión, puesto que las participaciones anteriores han dejado entrever que se puede conceder algunas reformas en los órganos electorales y dejar pasar el problema de fondo, que son precisamente las reformas constitucionales y quisiera argumentar al respecto.
Me gustaría que tomaran en cuenta lo siguiente: el sistema político mexicano, de preeminencia del Ejecutivo, con un partido hegemónico, convierte al procedimiento electoral en uno de los mecanismos de su reproducción. Sistema político y sistema electoral, se articulan en un modelo electoral gubernamentalizado, articula presidencialismo con partido hegemónico; se convierten las elecciones como problema de gobierno y no como procedimiento para la formación de gobierno.
El modelo electoral basado en el ejercicio del gobierno, genera conflictos mayores, la obsolescencia creciente de las reformas electorales, así como el abstencionismo, las elecciones turbulentas y la violencia poselectoral.
Los problemas de estabilidad político - electoral que observamos en México en los últimos años, se deben a un conflicto entre dos procesos contradictorios, un proceso electoral concebido como un problema de gobierno, de control interior de la sociedad y el fracaso de las reformas políticas parciales, el desencanto de la población con el procedimiento democrático, la abstención, la violencia y la desconfianza electoral.
Las modificaciones introducidas a los organismos electorales, resultan de la necesidad de incorporar a fuerzas políticas minoritarias, que poco han podido hacer en la confiabilidad electoral y sí, en cambio, contribuyen a volver objeto de negociación al proceso y los resultados electorales.
Y aquí voy a lo concreto. Por ejemplo, la exclusión de la cláusula de gobernabilidad. En 1989, y para garantizar que el PRI alcanzara la mayoría en la Cámara de Diputados, impuso la llamada cláusula de Gobernabilidad, reduciendo a un ejercicio matemático, que permite al partido oficial la mayoría, con el solo hecho de obtener el 35% de la votación. Es decir, una sobrerrepresentación del PRI, por supuesto, sin que correspondiera a los votos obtenidos.
Este tipo de gobernabilidad, no es al que me referí al principio y que se traduce en la forma de gobernar y no es una forma de sobrerrepresentación.
En la iniciativa que nos ocupa, se elimina la cláusula de gobernabilidad, pero se sustituye con otro mecanismo que garantiza la sobrerrepresentación del partido oficial, afectando básicamente a los partidos llamados "menores".
La propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es en el sentido de eliminar la cláusula de gobernabilidad, pero no de sustituirla con otro mecanismo que tenga los mismos efectos. Gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Ya la diputada Soto fijó la posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con la reforma política.
En esta ocasión, quisiera venir a precisar sobre algunos puntos. En primer lugar, nosotros no creemos que haya un modelo legal perfecto en materia electoral; la legislación es producto de las circunstancias, de las fuerzas que intervienen y esto se va manifestando como un proceso; no podemos hacer un panorama estático, ni podemos suponer una legislación perfecta.
Estamos ante una serie de circunstancias cambiantes y éstas van conformando los parámetros de los cuales se da la legislación en general y la legislación electoral, en este caso que ahora estamos tratando.
Y me refiero a esto, porque no podemos esperar una Ley perfecta y una Ley terminada y una Ley a nuestro gusto; de acuerdo a la situación debemos de actuar.
Y quiero recordar a todos los diputados aquí presentes, cómo el esfuerzo coordinado de todos los partidos de oposición creó las circunstancias que permitieron cambiar una propuesta bastante limitada, ustedes recordarán que se hablaba de financiamiento de los partidos, tope a las campañas y acceso a los medios de comunicación; esto, que era la propuesta inicial y que fue rechazada por todos los partidos de oposición, permitió que se hiciera una propuesta mucho más amplia y mucho más profunda.
Decía la diputada Soto, y yo estoy de acuerdo con ella, que somos partidarios del optimismo y que a la vez no somos ingenuos. Nosotros sabemos que con las peculiaridades del sistema político de nuestro país, difícilmente se avanza hacia la democracia, a veces la lucha no se da
entre los partidos de oposición y el partido del Gobierno, es más fuerte dentro del mismo partido del Gobierno.
Por eso cuando vemos algún paso hacia adelante, lo apoyamos. No vamos a decir: o hacen las cosas como decimos nosotros o votamos en contra y en este caso vamos a precisar rápidamente algunos puntos.
En cuanto al financiamiento, sabemos muy bien que algunos de los límites que se han manejado, de las propuestas que se han manejado, siempre favorecen al partido del Gobierno, pero también sabemos la conveniencia de controlar el financiamiento público, toda vez que se trata de recursos oficiales.
No pensamos en relación a este tema y en relación a los topes de campaña, que los controles sean perfectos. Sabemos muy bien como se utilizan recursos y cómo se utiliza personal para ciertas labores electorales, sin embargo, éste es un primer punto bastante importante y sienta un precedente.
En cuanto a la Cámara de Diputados, es el aspecto de nosotros; no votamos en la iniciativa, no consideramos que la cláusula de gobernabilidad se pueda esconder en un mecanismo que indudablemente será la burla de todos los autores de derecho electoral. Sería mejor ir recortando los alcances de la actual cláusula de gobernabilidad, que establecer este mecanismo; no quisiera usar una palabra fuerte, pero que no da un resultado cierto.
Ya en su oportunidad, el día de mañana, vamos a hacer un análisis riguroso del procedimiento, para demostrar que en ese aspecto estamos ante un evidente retroceso en materia electoral y por eso hicimos la reserva en el artículo 54.
La Cámara de Senadores, es cierto, el mecanismo propuesto no es el ideal, nosotros también hubiéramos preferido un sistema de representación proporcional para los cuatro candidatos, pero indudablemente resulta mejor que la primera minoría participe en la Cámara de Senadores, que no siempre será Acción Nacional, según los resultados de 1991, a que siga siendo una Cámara monopartidista básicamente, donde unos cuantos, tres en este caso, senadores, hacen todo el esfuerzo por la oposición.
En este sentido hay un principio que abre las perspectivas a futuro; como tantas otras reformas legales, ésta no va a ser la última y muy probablemente nuestros sucesores estén aquí debatiendo una más, de cada seis años, ahora las estamos debatiendo cada tres años, o sea, que no hay tampoco por qué angustiarse.
Otro de los aspectos importantes se refiere a los medios de impugnación y al Colegio Electoral, que van ligados. Por un lado, consideramos que puede resultar ventajoso que el capítulo de controversias en materia electoral tenga un contenido más jurídico que político. Sin embargo, insisto, no somos ingenuos, recordamos muy bien cómo en los Distritos I y III de Tamaulipas, el Tribunal Federal Electoral sacó resoluciones en 1991 bastante antijurídicas, ya que decía que no se habían presentado los recursos y aquí públicamente exhibimos los recursos originales con su sello de recibido.
El hecho de que el aspecto controversial en materia electoral pase a órganos especializados y tenga un carácter eminentemente jurídico, va a obligar inevitablemente a que estos órganos se apeguen estrictamente a la ley y actúen con responsabilidad.
El último punto, el que se refiere al artículo 82 que tanto debate ha generado, yo creo que las variables son múltiples. Estamos en favor de que los mexicanos por nacimiento tengan opción a ser presidentes de la República, con un aspecto muy simple: el principio de igualdad ante la ley. No consideramos que se le deba negar este derecho a una persona en función de la nacionalidad de los padres.
Sin embargo, creemos que este artículo debe ser más pulido, más elaborado; bastaría leer la fracción III del artículo 30, que señala quiénes son mexicanos por nacimiento y que dice que lo serán los nacidos en transportes aéreos o marítimos, de bandera mexicana. Creo que es una fracción que nos debe hacer meditar y reflexionar, pero ya trataremos y haremos algunas propuestas en lo particular.
No nos preocupa, yo no creo a un país como el nuestro, que tardó cientos de años en formar su nacionalidad, en que los mexicanos pasamos por muchos movimientos, por mucha violencia, para llegar a identificarnos como mexicanos, pueda venir un extranjero a gobernarnos. El peligro se da ya con la legislación actual, hay muchos ejemplos, cualquier mexicano nacido en el extranjero, de padres mexicanos, totalmente ajeno al país, podría aspirar con cierta residencia a ser Presidente de la República.
Yo creo que no es con un miedo al extranjero o con una falta de confianza en nuestra propia
nacionalidad, como debemos enfrentar este problema.
En términos generales, éstos son los comentarios que queríamos hacer y nos reservamos en lo particular para presentar nuestra propuesta en relación al artículo 54 y hacer unas reflexiones en relación al 82. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputa Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Señora Presidenta:
La iniciativa para reformar 8 artículos constitucionales en materia electoral que hoy discutimos, toca los temas de la integración de las Cámaras de Senadores y de Diputados, el financiamiento y los costos de las campañas electorales, el proceso de calificación y los requisitos de elegibilidad para el Presidente de la República.
Hemos señalado, en reiteradas ocasiones, que esta reforma constitucional recoge tema que compartimos, que han sido demandas de nuestro partido: eliminación de la cláusula de gobernabilidad, apertura del Senado, eliminación de la autocalificación, restablecimiento de los derechos políticos a los mexicanos hijos de padres nacidos en el extranjero.
Pero sostenemos también, que frente a los retos de la democratización que enfrentamos, esta reforma constitucional se estaría inspirando en la filosofía de Tomás de Lampedusa, que dice: "Que es necesario cambiar para que todo permanezca igual". En este caso cambiar para no atentar contra los fundamentos del régimen de partido de Estado. Esto es, el control oficial en la organización de los procesos electorales.
De ahí la intervención hace unos momentos de nuestro compañero Raymundo Cárdenas. Son muy respetables las posiciones, por supuesto, de todos los diputados y de todos los partidos. Pero el tiempo que aquí se empleó en temas que no estarían resolviendo el reto fundamental de la democratización de nuestro país, mereció un llamado de atención, una intervención de parte de nuestro grupo, en voz del compañero Raymundo Cárdenas.
Sostenemos que nuestro compromiso no es con el Gobierno o con algún o algunos partidos. Nuestro compromiso es con la sociedad, con el país; nuestro compromiso es luchar por una reforma que garantice el respeto a la voluntad popular.
Por eso nuestro voto en contra de esta iniciativa de reforma electoral. Ya el diputado Valero expuso a nombre de nuestro grupo, las razones de nuestro voto en contra. Quiero profundizar en dos argumentos: el relativo a órganos electorales y el relativo a la calificación electoral. Empezaré por ésta última.
La calificación de las elecciones de diputados y senadores, se ha venido produciendo en el vicioso sistema de la autocalificación. Desde hace varios años distintas fuerzas políticas hemos estado demandando la eliminación de ese sistema y el establecimiento de la calificación jurisdiccional. Hoy se nos propone la desaparición de los colegios, pero no la supresión de la regla matriz, la calificación como atribución del partido de Estado.
¿Por qué sostenemos esto? se elimina efectivamente el principio de la autocalificación, pero no el vicio de origen que no garantiza que dicha calificación efectivamente dé la legalidad y garantice la legalidad del voto. Lo sostenemos porque en la propuesta la calificación la estarían haciendo los órganos electorales, los consejos distritales y los consejos para el caso de senadores. Manteniendo como se mantiene la integración de estos órganos en los cuales se mantiene el control oficial sobre los mismos, es claro que dicha supresión de la autocalificación no estaría eliminando el vicio en la misma que ha suscitado tantos y tan dolorosos problemas para nuestra vida política.
Se pretende que con la integración actual y facultades que tiene el Instituto Federal Electoral, éste declare la validez de las elecciones y que el Tribunal Electoral, con las limitaciones de efectos estructurales y la alta vulnerabilidad que todos conocemos, se limite a desahogar las impugnaciones a petición de parte agraviada.
Ciertamente, nuestra propuesta busca la desaparición de los colegios electorales en los que los presuntos candidatos autodeclaran la validez y legitimidad de la elección. Y lo hacemos porque no comulgamos con la idea de que se pueda ser juez y parte. Pero ahora a este defecto tendríamos que agregar, de aprobarse la iniciativa como hoy se está presentando a esta plenaria, a este defecto tendríamos que agregar la ventaja que para el sistema, para el régimen de partido de estado, significa el diluir el conflicto político que significa la calificación, diluirla en los
distintos distritos electorales, a través de sus consejos distritales y en las diversas entidades federativas.
Es claro entonces que esta supresión de la autocalificación no viene a abonar en lo absoluto, por una mayor credibilidad y confianza en el sistema electoral.
A la propuesta priísta hoy nuevamente respondemos con nuestro planteamiento inicial:
1. Que el Tribunal Federal Electoral tenga competencia para calificar las elecciones de diputados y senadores y resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal.
2. Las salas del tribunal tendrían que revisar de oficio la validez de las elecciones, resolviendo al mismo tiempo las impugnaciones referentes a la nulidad de la votación y de la elección.
Como punto tres de nuestra propuesta, destacamos que el organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, tendría que limitarse a hacer la declaratoria de los ciudadanos elegidos a los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Unión, de conformidad con las resoluciones del tribunal. Dicho organismo otorgaría las constancias a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y haría la asignación en los casos de aplicación de principio de representación proporcional.
El punto cinco de nuestra propuesta que resaltamos es que el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores, podrían ser impugnados ante las salas del Tribunal Federal Electoral en los términos que señale la Ley.
Todo esto, señoras y señores diputados, en lo que respecta a las facultades del tribunal. Me quiero referir muy sintéticamente, a otro punto de divergencia importantísimo: el de la integración del tribunal.
Nuestra propuesta insiste en que ese tribunal tendría que ser a través de las propuestas de cualquiera de los miembros de esta Cámara, electos por las dos terceras partes de la misma. La misma propuesta que hacemos para la integración del Consejo General del IFE.
En las charlas que hemos tenido con la diligencia del partido oficial, se nos ha hecho notar, como una supuesta limitación de nuestra propuesta, la incapacidad de hacer retroactiva la ley. Desde aquí reiteramos nuestro argumento. No cabe el principio de la no retroactividad de la ley, cuando no se trata de un derecho. Los integrantes del tribunal que hoy conforman ese tribunal electoral, no están ahí gozando de un derecho, están cumpliendo con un mandato de esta soberanía; por lo tanto, cabe el principio de la revocación del mandato. Esta soberanía es eso, soberana para las determinaciones que considere pertinentes; a la que estamos haciendo referencia, es de la mayor y urgente importancia política.
Se salva, pues, el principio jurídico y reiteramos la oportunidad y la necesidad de que tanto la integración como las facultades del tribunal, sean distintos.
Me quiero ahora referir al segundo punto que anuncié. En lo que corresponde a órganos electorales, quienes suscriben la iniciativa que hoy discutimos, dejan intocado el precepto constitucional del artículo 41, en el párrafo que establece que:
"La organización de las elecciones federales, es una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos, según lo disponga la ley."
Nuestro partido insiste en que dicha organización es, por supuesto, una función estatal, se ha hecho un mito de nuestro supuesto rechazo a que así lo sea, la cual debe ejercerse, nuestra propuesta así lo establece, a través de un organismo público autónomo. Ahí está la diferencia: en la autonomía del organismo.
Mientras la autonomía, sostenemos, se reconoce para la autoridad monetaria, según la reciente reforma constitucional en la materia, esta autonomía se está negando al tratarse de la organización de los procesos electorales.
Es clarísimo, miembros de esta Cámara de Diputados, que esta contradicción está expresando justamente las prioridades que el Gobierno y el partido oficial han otorgado a una supuesta modernización de los procesos económicos, pero que ésta se corresponde con una cerrazón para dar certeza y legalidad a los procesos electorales; ¡a una cerrazón para una auténtica reforma política!
Con este argumento lo estamos aquí subrayando. Es una contradicción que mientras en todo
lo relativo a procesos económicos se sostenga y aquí se ha aprobado muchas leyes que así lo establecen una liberalización y una desregulación que garantice la autonomía de los procesos económicos, sin intervención del Estado, mientras que para este tema que ahora debatimos, de la mayor importancia, se mantenga el control político del Estado.
No hacemos, no hacemos de la presencia del Gobierno en el Instituto Federal Electoral un fetiche. Se ha deformado nuestra posición. De ahí que a lo largo de los últimos ocho meses hayamos flexibilizado nuestra propuesta para pasar de una integración del Consejo General del IFE sólo de ciudadanos y de partidos, ustedes recordarán que en esos términos lo planteamos en la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que presentamos el 14 de julio de 1992, en donde la componente de ciudadanos es mayoritaria en relación a la de partidos, ésta la hemos flexibilizado para aceptar la presencia de un representante del Ejecutivo y dos consejeros por cada una de las cámaras.
Lo que no aceptamos es el control que el Poder Ejecutivo ejerce, de acuerdo a la norma vigente, de manera de naturalizar el precepto constitucional para en lugar de otorgar "como lo establece la Constitución", certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo a dicha organización, la misma se convierta en la vía mediante la cual se reproduce el régimen de partido de Estado.
Nos queda todavía la oportunidad de, a nivel de la ley reglamentaria, poner una serie de candados a este control oficial de los órganos electorales. Estamos abiertos a esa discusión, como lo hemos estado para todos los temas. Pero por supuesto, en esta ocasión estamos llamando la atención sobre la oportunidad perdida para que desde la Constitución se haga la reforma conducente que permita justamente eliminar ese control oficial.
Hacemos desde aquí un llamado a todos los legisladores que con sinceridad han estado planteando que posponen esa discusión para la ley reglamentaria, así lo reconocemos, con la buena intención. Pero pensamos que todavía es tiempo, esta jornada, las horas que quedan en esta jornada, para que dicha reforma sea desde el precepto constitucional, por los argumentos que hasta aquí hemos dado a ustedes.
Reconocemos en la organización de las elecciones federales una función estatal. Reconocemos en ella la función de reproducir al Estado. Pero rechazamos que esa producción sirva a los fines de un partido y no de la sociedad y rechazamos, por supuesto, que por este torcido camino la fuente de la soberanía nacional, la voluntad del pueblo, se vea suplantada por la voluntad del Gobierno y de su partido.
¿De qué modernización, nos preguntamos, del Estado puede hablarse, cuando antes de la aplicación universal de la ley se aplica el criterio casuístico, discrecional y por ende autoritario para decidir quiénes ejercen el poder público y quiénes no?
¿Hacia donde se conduce el país, nos preguntamos, con una reforma constitucional que niega la autonomía y la independencia de los órganos electorales, única forma de garantizar la legalidad de las elecciones; cuando justamente de lo que está ayuna la sociedad es de confianza en las autoridades?
¿Acaso se piensa, también nos preguntamos, que con la firma de un incierto Tratado de Libre Comercio se pueda suplantar la fuente de la confianza y la credibilidad, cuando hasta los más beneficiados por los procesos económicos insisten en que los resultados electorales no son confiables?
¡Obviamente estamos haciendo referencia a los empresarios, quienes encuestados sistemáticamente por una fuente de bastante credibilidad, responden entre el 82 y el 86% que los resultados electorales no son creíbles!
Puede apostarse, decimos, en un corto tramo de la historia, al cinismo como forma de relación entre gobernantes y algunos sectores de los gobernados. Pero no por mucho tiempo, porque "más temprano que tarde", el cinismo corroe todas las relaciones sociales, hasta atentar con la misma reproducción de la vida social. ¡De esa magnitud y de esa envergadura es el tema que hoy estamos tratando!
A la hora de discutir nuestra propuesta se nos argumentó la falta de oportunidad para cambiar la integración de los órganos electorales. Se nos habló de la necesidad de continuar el desarrollo de los mismos en plenitud. Se nos dijo que era necesario dejar madurar la figura de los funcionarios electorales.
Otros cambios constitucionales se han aprobado en esta Cámara, que modifican esencialmente el patrón jurídico para normar las relaciones sociales y económicas de millones de mexicanos, afectando por supuesto sus vidas cotidianas. En
ninguno de esos casos, lo recordamos, se aceptó la necesidad de esperar, de escuchar.
Pero ahora, justo cuando cada proceso electoral se convierte en un conflicto poselectoral, justamente cuando apenas estrenada la reforma política de 1989- 1990 la realidad dio la razón a quienes votamos en contra, se nos dice que hay que dejarla madurar; seguramente se quiso decir: hay que dejarla redituar, para quienes todavía están gozando de sus beneficios. Nosotros decimos: debe ser una inversión de plazo muy largo para madurar, haciendo las cuentas que ya padecemos 75 años sin gozar de la conquista del pueblo mexicano: el sufragio efectivo.
Con la reiteración de la norma vigente, en lo que a estructura de los órganos electorales se refiere, se hace a menos no solamente de la propuesta de la tercera fuerza política del país, según datos oficiales, se ignora además la demanda de las organizaciones no gubernamentales de ciudadanos que luchan porque en el país se inicie el tránsito a la democracia.
Quiero además traer a colación a esta tribuna, que en las interlocuciones que hemos tenido con los representantes del partido oficial, hemos dejado absolutamente claro que si el reto que este país tiene es el de que todas las fuerzas políticas nos podamos hacer corresponsables de los resultados electorales, nosotros estamos enfrentando con responsabilidad y con madurez ese reto, pero no podemos de manera ciega prometer que avalaremos ningún resultado electoral mientras no se elimine el control oficial de los órganos electorales, además de otras propuestas que en su momento estaremos aquí debatiendo, que conforman para nosotros nuestra propuesta de reforma integral.
Recordando las demandas de estas organizaciones en la Comisión Plural de esta Cámara, tendríamos que señalar que ellas insistieron en la necesidad de garantizar la independencia de los órganos electorales para garantizar a su vez la legalidad del voto. Nos dimos cuenta que se las oyó, pero también estamos certificando que no se las escuchó. Las que se atrevieron a llegar a este recinto la semana pasada para manifestar su voluntad, fueron recibidas con improperios.
Es muy fácil olvidarnos de nuestra responsabilidad como representantes populares, cómodamente sentados, escondidos en nuestra curul, menospreciando las demandas ciudadanas. Pero resulta, señoras y señores diputados, que el país no se contiene en las fronteras de este recinto cerrado y atemorizado, resulta que las cuentas que tengamos que rendir ante nuestros representados apenas comienzan con nuestro voto aquí, porque el reto real, la prueba del ácido podríamos decir, que como legisladores enfrentamos, es a la hora de aplicar esas reformas.
Cuando las autoridades que se elijan en 1994 de nuevo lleven la cauda de la ilegitimidad, ¿qué cuentas se rendirán a la nación?
El PRD estuvo abierto al diálogo y a la concertación para esta reforma constitucional en materia electoral, no sólo en la Comisión Plural, sino en cualquier espacio; lo dijimos públicamente, en donde el interlocutor se dijera capaz de responsabilizarse de los compromisos ahí contraídos. No hubo posiciones irreductibles de nuestra parte, pretendíamos escuchar alguna que mejorara los proyectos puestos en la mesa. Sólo escuchamos el por qué no, pero nunca la alternativa que pudiera hacernos arribar al acuerdo.
No nos arrepentimos, actuamos de cara a la sociedad y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señora Presidenta; compañeros diputados:
Hago esta intervención a nombre de la corriente del socialismo revolucionario del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Grupo Comunista Libertario. Las reformas a la Constitución en materia electoral no van al fondo del problema básico que los socialistas deseamos atacar; el proceso electoral, desde la integración de las mesas directivas de las casillas, el Registro Nacional de Electores, la integración de las juntas directivas, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral y los colegios electorales, que están controlados por el Gobierno, ya sea en forma directa o indirecta, aunque los partidos políticos participan en todas las instancias en mayor grado que en el pasado, todavía su presencia es muy limitada y en muchos casos simbólica. Esta es la esencia del sistema electoral.
De esta integración monopolizadora por parte de los partidos políticos depende el registro de los partidos, la asignación de derechos políticos
y prerrogativas, la organización específica de los comicios y en general todos los resultados electorales, federales, estatales y municipales. El Estado privilegia de recursos materiales y políticos a un partido político, por lo que en estas condiciones no puede existir una real participación democrática, ya que los actores políticos no actúan en un contexto equitativo, sino en el marco de una competencia de fuerzas muy desproporcionada e injusta, que no le otorga suficiente transparencia y credibilidad a los procesos electorales.
Consideramos que mientras exista por parte del Gobierno ese control y mientras persista ese marco de la competencia política, no se puede afirmar que exista en México un sistema político democrático.
Las reformas que hoy en lo general examina la Cámara de Diputados, obedecen a la necesidad que tiene el grupo en el poder de evitar que se repita la gran insurgencia popular de 1988 y en la proyección a mediano plazo, de ir ajustando el sistema político al norteamericano en el marco de proceso de integración y de trasnacionalización que está en marcha desde hace tiempo.
Estos cambios, consideramos los socialistas fueron pactados entre el PRI y el PAN y lo que pretenden en el fondo es avanzar en la consagración del bipartidismo en el Congreso de la Unión, como preludio para un Gobierno de cohabitación nacional en el próximo sexenio.
En los últimos años se ha producido un gran acercamiento político y programático entre el régimen de Carlos Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional, al grado de que aquél lo único que ha hecho es aplicar el programa tradicional del segundo, modificando muchas veces la Constitución.
Nosotros estamos en contra de la práctica de que el Presidente de la República reforme la Constitución en función de sus concepciones personales, de sus compromisos y de sus alianzas políticas, por lo que demandamos que una segunda legislatura federal sancione la procedencia de esos cambios, su viabilidad social y política evitando las llamadas constituciones sexenales.
El Gobierno ha hecho del registro de los partidos políticos y de la entrega de las prerrogativas, un arma de manipulación y de corrupción, pues es él quien decide a quiénes se les otorga en el marco de un mero cálculo del ejercicio del poder y no como el mero reconocimiento de un derecho, así como el monto de los recursos que se transfieren, que siendo una obligación jurídica y política proporcionarlos para un mejor funcionamiento del sistema político, ha acabado en la práctica en el seno de los partidos políticos, por contribuir a su sostenimiento económico, los cuales ahora casi dependen por entero de los suministros del erario público.
Pugnamos porque todos los procesos electorales, porque todos los organismos políticos tengan derecho a participar en los procesos electorales sólo cubriendo un mínimo de requisitos, sin que exista la figura jurídica del registro legal o su cancelación y que la única base para medir su presencia en la sociedad sea el número de votos que obtengan en los procesos electorales.
Siendo los partidos políticos los instrumentos más importantes de la acción política organizada, el sistema electoral debe permitir que grupos de ciudadanos también puedan postular y registrar candidatos a puestos de elección popular, que además los partidos políticos nacionales puedan existir y actuar en partidos locales y que no exista ninguna restricción para que los partidos políticos, los grupos sociales, puedan celebrar alianzas, coaliciones o postular candidatos comunes.
Las limitaciones que ahora se proponen sólo buscan impedir a toda costa que se pudiera repetir el gran esfuerzo unitario de 1988, en que la oposición democrática y progresista obtuviera una resonante victoria nacional.
En el caso del Distrito Federal y para renovar la Asamblea de Representantes, que se transformará pronto en una Asamblea Legislativa Local, se genera la necesidad de que como ocurre en la mayoría de las entidades, en que existen organismos políticos locales con derechos políticos plenos, se pueda participar con partidos locales además en la integración de los consejos delegacionales que serán organismos más efectivos en la solución de los problemas sociales de la comunidad.
Ni la cláusula de exclusión que fue en sus tiempos un verdadero abuso del poder público para otorgarle al PRI el control de la Cámara de Diputados aunque sólo obtuviese el 35% de la votación efectiva total, ni la fórmula que se propone en la iniciativa, aseguran una integración democrática y justa de esta representación nacional, pues en este caso estamos ante un reparto excesivo de las curules por la vía de las listas regionales, y por lo tanto, de volver a sobrerrepresentar al mismo partido político.
Con la formulación actual, los diputados para el primero resultarán baratos y, en cambio para los partidos minoritarios, más difíciles de alcanzar, por lo que no estamos ante ningún avance democrático verdadero.
Demandamos los socialistas la aplicación integral del principio de representación proporcional, sin subterfugios aritméticos ni fórmulas legales, que en todos los casos lo único que han pretendido es otorgar el control del Congreso de la Unión a un partido, aunque éste obtenga una minoría relativa de votos. En consecuencia, los partidos políticos deben estar integrados en esta Cámara única y exclusivamente en concordancia con el número de votos que hayan obtenido, lo que sería un reflejo más fiel de la expresión de la voluntad popular manifestada en las urnas.
El Congreso de la Unión debe ser un poder auténtico, independiente del Ejecutivo, pluralista en su integración, como lo son los intereses de las diversas clases sociales y grupos, que funcionan mediante la concentración permanente entre todos los grupos parlamentarios, al margen de su número, y no que un partido se apodere de él, a merced de una ventaja que le da la Ley y no el voto de los ciudadanos y que después impone una política de concertación que sólo lo es en la forma pero no en la realidad en que se constituye una nueva forma de dominación enmascarada en una fachada democrática.
La reforma al artículo 82 de la Constitución debe entenderse, para nosotros, como una clara concesión, como un pago que el PRI hace al PAN. EL PRI, incluso, fue más allá obsequioso, pues inicialmente se había planteado como exigencia la de que los candidatos a la Presidencia de la República pudiesen ser hijos de padres naturalizados mexicanos. Este tema causó divergencia entre los grupos socialistas que ahora estoy representando.
Mientras algunos compañeros consideraban que se trataba de una reivindicación democrática, la opinión que sostengo en la tribuna es diversa. Considero que la reforma al artículo 82 de la Constitución, surge de una minoría muy pequeña de la sociedad mexicana, para beneficiar a una minoría más pequeña aún en el marco de una negociación política que se dio en las cúpulas de los dos grandes partidos y de espaldas al pueblo.
Considero que los hijos de los ciudadanos extranjeros, de padres extranjeros, conservan una serie de valores y costumbres propios de sus padres, y esto es natural, nadie podría negarlo, por lo que en estas condiciones se debilitan o se rompen los vínculos y la identidad que se pudiera tener con los intereses nacionales. Se trata de una reforma que tiende a beneficiar a los sectores de la burguesía nacional más vinculados con el capital extranjero.
No creemos, sin embargo, que el solo hecho de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, garantice per se la identificación con los intereses nacionales, mucho menos aún la vocación al servicio del pueblo, la defensa de la integridad nacional, porque no pensamos que estos valores se puedan adquirir automáticamente, en virtud de lo que estipula la redacción actual del artículo 82, pero sí sostenemos que con base en esta redacción hay mayores posibilidades de que así ocurra.
Tampoco si los candidatos o aspirantes se ausentan del país por un plazo relativamente corto, por ello pierden su arraigo nacional.
En condiciones políticas normales, el notorio objetivo que se pretende alcanzar, conviene examinar en un contexto general e histórico dicho precepto legal, con la misma ponderación con que lo hicimos al hacer las anteriores reformas a la Constitución, pero hoy en día los valores que protege la redacción del artículo 82, siguen estando vigentes a nuestro juicio y no deben modificarse.
Tratándose del ejercicio de los derechos políticos, sí nos pronunciamos por el reconocimiento de éstos a los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero y que no han renunciado a su nacionalidad mexicana. Ello repararía una injusticia que se ha cometido contra miles de trabajadores que laboran temporalmente en los Estados Unidos y que no han tenido la posibilidad de ejercer derechos políticos plenos.
En lo que se refiere a las atribuciones que se otorgan al Tribunal Federal Electoral para que sea éste el órgano el que califique en última instancia las elecciones, consideramos los socialistas que el solo cambio de atribuciones en materia de calificación del Colegio Electoral al Tribunal Federal Electoral, no garantiza limpieza, transparencia, en este proceso electoral en su última instancia; el problema está en una nueva integración del Tribunal Federal Electoral, que permita que este órgano, de verdad actúe con imparcialidad y apegado a la legalidad, que sea más eficiente en sus funciones y que opere realmente en forma autónoma con respecto del Gobierno.
Con base a las tendencias electorales actuales, la apertura que se propone para la Cámara de Senadores, beneficia fundamentalmente al Partido Acción Nacional, que es la primera minoría en la mayoría de las entidades federativas, por lo que se pretende con la fórmula propuesta, constituir una Cámara bipartidista y esto a nuestro juicio no representa ningún avance democrático, sino por el contrario, se trata de un retroceso, más aún si tomamos en cuenta que esa Cámara tiene actualmente muy limitadas funciones que la han transformado en un organismo no útil para la auténtica representación del pueblo y si tomamos en cuenta la integración plural de la Cámara de Diputados.
Los socialistas continuaremos en la batalla por una reforma política democrática, que separe definitivamente a los órganos electorales del poder público, que desvincule al PRI del Gobierno, que impulse un auténtico régimen de partidos, que abra las puertas a nuevas formas de organización política de la sociedad, y que los resultados electorales sean confiables, respetados y acatados por todos.
Demandamos incluir la reglamentación de los derechos de iniciativa popular y del referendum, para que puedan participar todos los ciudadanos de nuestro país, sobre todo en la promoción de nuevas condiciones legales y para ratificar reformas constitucionales que limiten el excesivo y abusivo poder que hoy tiene el Presidente de la República.
Finalmente, abogamos porque se restrinjan los cuantiosos gastos que se realizan en las campañas electorales; porque las prerrogativas que se entreguen a los partidos sean de verdad equitativas; porque se destinen realmente para los fines que tienen asignados; porque exista un órgano que fiscalice el manejo de esos recursos, salvaguardando la autonomía de los partidos, para evitar que pudieran ser usados en forma ilegal por cúpulas o dirigentes y porque todos los partidos políticos tengan acceso real y proporcionado a los medios de comunicación nacional de nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Muchas gracias, compañera Presidenta; compañeros diputados:
Sería válido señalar, desde luego entre otros factores, entre otros ejemplos, seguramente más importantes, que el agitado debate, interesante, por demás, debate, por la vía de hechos y de alusiones personales que escuchamos en la primera ronda de esta discusión general, es demostrativa de la importancia de lo que estamos discutiendo.
Ya dicho en muchas formas, ésta es seguramente una de las modificaciones, de las enmiendas constitucionales más importantes que realiza el Congreso Constituyente Permanente de nuestro país, posiblemente por el contenido y por el número de enmiendas constitucionales, comparable con el de Querétaro en 1917.
Quiero decirlo sin hipérbole, quiero decirlo sin ninguna exageración, me parece que así es y precisamente por eso se susciten y puede ser que se suscitan todavía debates como el que acabamos de presenciar, naturales, propios de la profunda convicción que entre todos nosotros hay de que aquí se está decidiendo algo de lo más importante para la República y para el pueblo de México.
Quiero decir también que, en este debate se han dicho, en nombre de la verdad histórica, en nombre de la realidad internacional que interpretan algunos, en nombre de lo que consideran ellos lo que está en la actualidad, tantas audacias, por no decir otra cosa.
Por ejemplo, el diputado respetable que ha dado ya por muerto al socialismo, como cosa del pasado o como el también respetable diputado que ha falsificado a Lenin, que ha puesto en boca de Lenin algo que ni siquiera jamás pudo habérsele ocurrido a Lenin, hay que demostrarlo. Demostrarlo, porque Lenin siempre fue un devoto constante de tomar en cuenta los hechos como una fundamental condición de la política y de la política revolucionaria y no las ilusiones y no la deformación de la realidad.
O como el diputado respetable también que ha hecho un encendido llamamiento a seguir los ejemplos de aquellos que han cambiado, sin darse cuenta, que el socialismo está cambiando, que no ha muerto. Que el socialismo va a sorprender a muchos por su capacidad precisamente de interpretar la realidad y de los intereses de los trabajadores, como una de las grandes fuerzas de la historia que pugnan también por determinar el rumbo de la sociedad en función de sus derechos y porque el capitalismo no ha dado
todavía ninguna fórmula, ninguna salida a los irresolubles problemas del capitalismo que no tiene por qué mencionarse y que conocemos todos.
Por eso habrá que considerar en última instancia, que la realidad cambiante y que el dinamismo extraordinario de la situación internacional y de la situación nacional, va a dar todavía muchas sorpresas.
Yo puedo coincidir con el diputado Ramiro Robledo en muchas cosas. Quiero decir que intencionadamente, no para poner en evidencia a nadie, porque eran preocupantes unas afirmaciones del diputado, pero sobre todo para considerar a qué vamos a atenernos en la discusión, qué podemos esperar de ella, cuando hay puntos de vista profundamente discordantes respecto a las soluciones que la propuesta tripartita nos plantea a la Cámara de Diputados.
Y ojalá, lo quiero afirmar convencidamente, que lo que ha dicho Ramiro Robledo, amigo y compañero de la Cámara, se convierta en realidad. Que realmente escuchen otras propuestas, ojalá, no soy ingenuo, pudiera parecer muchas veces llevado de una sana, buena fe, de una sana intención de que las cosas pudieran ser mejor, espere en vano que vayan a mejorarse.
Pero me agarro de ahí, quizá porque ya no tenemos en que agarrarnos, no ideológicamente hablando, ni políticamente diciendo las cosas, sino en función del debate en la Cámara de Diputados para aclarar bien las cosas.
Porque estamos, compañeras y compañeros diputados, completamente de acuerdo en que nuestro país ha realizado muy importantes transformaciones y en que el pueblo de México sólo puede interpretar y ubicar el sentido de las palabras sobre las cuales se autorizó, se acordó, perdón, retiro la palabra autorizar, se acordó convocar al Congreso extraordinario. El sentido de que el propósito de construir las nuevas bases de una sociedad más libre, democrática y justa que la que hoy tenemos, debe animar los debates del Congreso extraordinario y estar en el sentido fundamental de los cambios y de las transformaciones, no podemos darle ninguna otra interpretación y coincidimos con él.
Por eso precisamente, por esa coincidencia, vamos a insistir en nuestra propuesta de reforma integral y democrática en el aspecto político electoral que representan las reformas constitucionales, porque coincidimos en que hoy, cuando uno de los rezagos pendientes más importantes de los cambios ha sido, es y puede seguir siendo, sin ninguna duda, vamos a tomarlo esto con mucha seriedad, puede seguir siéndolo en cuanto a problema pendiente sin una solución adecuada, o sea, la reforma política por la cual ha estado esperando nuestro país hace mucho tiempo, la reforma política democrática, como parte de la necesaria, indispensable e imperiosa modernización democrática, podemos pues y debemos situar la voluntad de todos nosotros en lo que creemos es una realidad en cuanto al pensamiento que la anima, en cuanto a la voluntad que la preside. Y decía que hoy estamos decididos a dar un paso fundamental en la reforma democrática de México, para que sea precisamente eso, un paso fundamental, es lo que estamos peleando; fundamental, que atienda lo que requiere y está maduro en la actual sociedad mexicana y que tiene futuro y que es también el legislar para el futuro, para que no dentro de tres años tengamos que hacer otra reforma.
Precisamente por eso, compañeras y compañeros diputados, insistimos en la propuesta global, integral del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, porque nos ha parecido un objetivo común y un criterio de todos, que este período extraordinario pudiera constituirse en un período realmente extraordinario que podría ser el espacio para dar los pasos y el avance democrático que México demanda, para construir aquellas reglas que sean producto del compromiso entre todos los partidos políticos presentes en esta LV Legislatura.
Y que desgraciadamente, no ha sido hasta hora, habrá que esclarecer y habrá qué ver por qué no lo fue, pero al fin y al cabo una realidad que constata la propuesta tripartita, independientemente de que no entramos a considerar su significación y su importancia y su validez, es que no refleja el esfuerzo realmente de haber logrado un mayor consenso y pueda ser que con algunas modificaciones ahora subsane lo que planteaban algunas fuerzas representadas en el Congreso.
Sí, porque queremos equidad en las condiciones de la competencia electoral, queremos certidumbre en los resultados, imparcialidad, capacidad efectiva de decisión y representación adecuada en el Poder Legislativo Federal, como planteó la solicitud de Congreso extraordinario; que queremos insistir una vez en algunas de nuestras propuestas fundamentales o en todas y, teniendo una propuesta integral, que por cierto el dictamen no rebate, no dice por qué se rechazan las demandas planteadas ahí y ciertamente es
un documento que mejora mucho el predictamen que conocimos y que hay que reconocer, argumenta más las propuestas que se contienen en lo que son los ejes de la iniciativa presentada ahora a discusión por los tres partidos: PRI, PAN Y PARM.
Por eso mismo, porque consideramos que será responsabilidad de las fuerzas políticas debatir y legalizar las nuevas reglas del sistema electoral basadas en la honestidad y en la verdadera convicción democrática de todos y que sea un período realmente de claridad, de altura de miras, de valor político y responsabilidad ante la nación, porque consideramos, coincidiendo con esto, en que éste es el momento de la gran reforma democrática de México y que no tenemos el derecho de echar por la borda o de contradecir o de sólo parcialmente responder a este planteamiento, es que queremos insistir, insistimos ahora, porque tenemos una propuesta integral y por eso mismo porque estamos propugnando por esa propuesta, porque no estamos de acuerdo en la propuesta tripartita, pudiera resolver los problemas que requiere sean resueltos por la sociedad mexicana actual, por el pueblo de México respecto a las elecciones, a los procesos electorales, a la composición de los órganos legislativos, a la cuestión importante del Senado, es que vamos a insistir y vamos a votar en contra de la propuesta tripartita en todos sentidos, porque no vemos hasta ahora en dónde pudiéramos nosotros establecer una base importante que pudiera resolver la inquietud profunda que existe en el pueblo de México. Esa es nuestra proposición general. Esa es nuestra posición general.
Para nuestra fracción parlamentaria quedó claro en el IV Informe del presidente Salinas de Gortari, un límite de la estrategia del desarrollo nacional. El problema de la reforma política, un asunto que no obstante los procesos políticos reformistas operados en los últimos tres lustros, sigue obstaculizando el desarrollo democrático de la nación, éste es un hecho indiscutible, por eso precisamente se explica entre otras cosas, esta reforma que ahora discutimos que sea la que corresponde.
En esa oportunidad, poco antes del mensaje del Ejecutivo, nuestra fracción parlamentaria remarcó su proyecto de reforma política integral, toda una estrategia de reconstrucción democrática de la nación, porque así concebimos la gran reforma democrática que México necesita en sus distintos aspectos.
El Ejecutivo Federal, en el informe señalado, invitó al conjunto de corrientes partidarias a enriquecer la agenda del cambio jurídico en materia político - electoral, ahí propuso hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos, poner topes a los costos de las campañas electorales y trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen la imparcialidad de los procesos electorales. Los resultados hoy no son satisfactorios. Se ha escogido el rumbo querámoslo o no, la práctica política nos lo va a demostrar y después vamos a advertir los inconvenientes, las inconsecuencias, los efectos negativos de un hecho previsible que no ha querido tomarse en cuenta o que se ha negado, se ha negado de manera rotunda; es decir, el rumbo bipartidista a cambio del esquema pluripartidista seguido desde 1917.
Gracias por los chiflidos, creo que no corresponden a la intención de todos de debatir a fondo lo que son las reformas constitucionales muy profundas y gracias porque me llevan, me dan la posibilidad de decir, de negar rotundamente que se haya tomado el acuerdo de que las intervenciones fueran de 15 minutos.
No puede negarse; fue una recomendación. Pero si hay necesidad quizá contraviniendo lo que nos decía sabiamente Diego Zavala ayer, bien dicho sin ninguna duda de que entre más palabras quizá se expresen menos ideas. Pero como queremos tocar una serie de tópicos, vamos entonces a contravenir el consejo, esa máxima importante que nos recordaba Diego Zavala. Por eso mismo, si me permiten, yo voy a seguir en el uso de la palabra, porque en todo caso no reconozco que se viole un derecho de los diputados a hablar máximo 30 minutos y me voy a acoger a él y si aquí se me corta el uso de la palabra, !gracias, compañeros!, querrá decir simplemente que no se toma en cuenta un problema de Reglamento y que se contradice lo que afirman muchos, de que hay que discutir a fondo. De esa manera, pues yo podría terminar aquí, porque tomo en cuenta debidamente que los compañeros están demasiado inquietos, intranquilos y además exigentes de que se termine ya con el uso de la palabra.
Muchas cosas...
La Presidenta:
!Señor diputado Terrazas! Esta Presidencia hace un llamamiento nuevamente a los señores legisladores a guardar orden y silencio, para poder escuchar al orador y, le recuerda al diputado Terrazas, precisamente, como él dijo, se trata de una recomendación de que las intervenciones sean de 15 minutos, el acuerdo de los
coordinadores. Así que, por favor, diputado Terrazas, está usted en el derecho, en el uso de la palabra.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
No, pero, si fue un acuerdo de los coordinadores, yo termino...
La Presidenta:
Es una recomendación, compañero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Bueno , si es de recomendación...
La Presidenta:
Sí, una recomendación.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Si es de recomendación, yo no acepto esa recomendación, en aras precisamente, de poder discutir más, en aras precisamente de que después no se vaya a decir: "Es que no hubo la posibilidad, no hubo la oportunidad".
Necesariamente, pues, voy a tener que cortar... y referirme al problema del Senado, a la integración del Senado. Yo quiero repetir que para nosotros era una exigencia desde hace mucho tiempo, quién tuvo la primacía, reconozcamos a quien tuvo la primacía, pero en última instancia; nos hacíamos eco de una necesidad democrática: cambiar la integración del Senado, modificar el Senado, que llegara la reforma política al Senado; pero ¿qué reforma política? Aquella que expresara la pluralidad de las fuerzas políticas de nuestro país, aquella que fuera democrática. Nos pronunciamos por un Senado plural, democrático por un Senado fortalecido, por un Senado que se vigorice, por un Senado que tenga mayor importancia y relevancia en la vida de nuestra nación.
Y por eso mismo hemos planteado y yo quiero agradecer a Robledo su intervención, porque parece ser, pareciera ser que estaba abonando precisamente la integración del Senado con base en dos componentes: la mayoría relativa y la representación proporcional.
Es ahí en lo que nosotros insistimos; pero además, ante el hecho evidente que nadie puede desconocer que el Senado se va a integrar por cuestiones que cada uno podrá señalar; pero ésa será la realidad, de una manera bipartidista o tripartidista, en algunos casos y van a quedar excluidas fuerzas importantes y porque consideramos que el Senado debe representar lo que es México.
Hemos hecho dos propuestas y vamos a recordarlas:
Una. Que en virtud de esta perspectiva de que el Senado sea bipartidista y aun considerando que nadie lo quiere, ni los propios beneficiados seguramente no quieren un Senado bipartidista o tripartidista, sino quieren la participación de las fuerzas, ha propuesto el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que al Senado vayan los ex presidentes de la República; sería expresión importante, !es un punto de vista!, porque si ya se cambió la representación al Senado con elemento fundamental e importante o con el carácter mixto, ¿por qué razón, sin cambiar la equidad, el carácter del Senado, podría integrarse también con los ex presidentes?
Esta es una propuesta que lleva el sentido precisamente de hacer del Senado una expresión política importante, vigorizado, fortalecido, de la vida nacional.
Y por otra parte, hemos propuesto también, estimadas compañeras y estimados compañeros diputados, que al Senado vayan también en ese sentido, de darle más pluralidad, de darle más fuerza política, de darle más fuerza moral, de hacerlo realmente un instrumento de unidad nacional de las fuerzas políticas de nuestro país, que vayan al Senado, ante esta perspectiva innegable que existe, !que vayan al Senado los presidentes o secretarios generales de los partidos registrados!
!En el entendido que solamente podrían ir al Senado, por esta vía, aquellos partidos que pudieran obtener el uno y medio por ciento en la votación general y aquel partido que no lo lograra, aun cuando no perdiera el registro por aquello de la propuesta que se va a discutir también, no tenga el derecho de nombrar a su presidente o al secretario general como miembro del Senado de la República!
¿Por qué no? Se ha dicho: "No hay otros países que tengan esto". ¿Y por qué nosotros no podemos tenerlo? ¿Por qué no examinamos la enorme importancia política que pudiera tener una iniciativa de esta naturaleza?
¡Habrá partidos que seguramente llevarán a su Presidente por la vía de la primera minoría o por la vía de la representación proporcional! !Pero que tal si no va el secretario general! !Pues el secretario general como miembro del Senado! ¿No acaso sería una solución a la mexicana? !No sería una medida, una vía mexicana, como fue en su tiempo, que rebatimos, votamos en contra por tener otras opciones, otra concepción, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal!
¡No acaso el argumento aquél, que todos recordamos, "es que es la solución sui generis", es la forma sui generis que tiene México para lograr la satisfacción de una necesidad que no se había logrado resolver!
Por eso nosotros queremos insistir, insistir en esta propuesta, para que merezca su consideración. Porque es una alternativa, es una alternativa política que no cambia, que no cambia; al contrario. ¿A quién perjudica? ¿Quién podrá estar en contra? ¿A caso afecta el carácter del Senado? ¿Acaso afecta la representación del Senado por la vía que ustedes están considerando la mayoría, como se nos ha dicho, así va ser? ¡No, no lo afecta, de ninguna manera lo afecta!
¡Pero además hay una cuestión importante: sería también, pues, necesario aclarar, que probablemente en las cuestiones relativas a los estados pudieran tener el voto limitado" estos senadores sui generis", pero que responderían a una gran necesidad de nuestro país!
No son ocurrencias, es producto de una gran preocupación de tomar aquellas medidas que nos permitan una nueva perspectiva, una nueva confrontación de fuerzas, real, recurriendo al voto, al pueblo. !Aquellas fuerzas que no se renueven, por cierto, tengan la seguridad algunos diputados que si quieren sobrevivir van a renovarse y van a acentuar su carácter de órganos de expresión de los intereses populares y su conexión con el pueblo, con los trabajadores y seguramente les va a sorprender mucho!
Terminamos con una afirmación. !No está ganada esta batalla, al parecer! ¡Confiamos todavía, sin ser ilusos, en que la sapiencia, la sensibilidad, de diputados que todos honran a una LV Legislatura, pudiera ir más allá de la propuesta!
Pero decimos: !La batalla se va a ganar en el pueblo, con los ciudadanos! !La batalla va a ganarse ahí y en última instancia es ahí en donde hay que remitir todas, sin ninguna excepción, la acción política para poder lograr apoyo popular entre el pueblo de México! !Que sea así! !Y si es así vamos a ganar todos! !Y agradezco a muchos su benevolencia para poder escuchar estas opiniones que estimamos, sin ninguna presunción, que pudieran tener algún aspecto que suscitará el interés de ustedes y que en última instancia sirviera como una contribución para ir a ganar la batalla en el pueblo ante circunstancias que ahora difícilmente no podemos modificar y que seguramente van a ser entendidas bien por el pueblo de México! !Gracias, compañeras y compañeros!
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Pablo Emilio Madero.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
En 1910 hubo un movimiento revolucionario, aquí están los nombres de quienes lo iniciaron y el lema era: "Sufragio efectivo", de tal manera que sufragio efectivo quiere decir voto respetado, quiere decir la oportunidad de votar sin presiones sindicales, sin temor, sin atropello; quiere decir conteo honesto de los votos y quiere decir también que el resultado del cómputo sea respetado.
Ahora bien, desde 1911 a la fecha ha habido 14 reformas electorales, estamos ahorita digamos inmersos en la número 15, tratando de lograrlo. Yo pienso que para el pueblo de México resulta urgente llegar a la democracia, no seguir avanzando, el pueblo de México está harto de avances. Todas estas broncas que ha habido en estados de la República, en Michoacán o en Nayarit o en Tamaulipas, en donde ustedes quieran, es resultado de deficiencias de la legislación electoral, de los atropellos, todo esto, rasurada de padrones, robo de ánforas o simplemente digamos problemas en los organismos electorales; son causa de broncas que pueden degenerar. Creo que el pueblo de México tiene derecho a llegar a la meta.
En 1989 hubo una reforma constitucional, esta reforma creó problemas, fue aprobada digamos por..., lo propuso el PRI y con el apoyo del PAN se logró esta reforma y se aprobó la cláusula de gobernabilidad, la autocalificación de los organismos electorales para que pasara a nivel constitucional y se ratificó que la integración del
Tribunal Federal Electoral sería con base en propuestas que presentara, que enviara el Presidente de la República. Esto creó problemas internos desde luego en el partido del cual yo formaba parte.
Ahora bien, Fernando Estrada Sámano hizo una muy buena intervención aquí en tribuna, él hablo del libro azul, de un esfuerzo muy grande que hicieron un grupo de 12 miembros de Acción Nacional que trabajaron mucho tiempo y publicaron este libro azul, que era una propuesta de ley electoral. La cosa es que a la hora de que se aprobó la reforma constitucional y el Cofipe, pues solamente se habían respetado dos y medio punto de los 12 fundamentales que tenía el libro azul y esto causó problemas internos, esto causó tensiones, por esta reforma constitucional.
Ahora bien, ahora viene una propuesta que se hace, que la hace el partido del Gobierno, es un giro de 180 grados y, en fin, se acepta esta reforma. Lograron digamos convencer a lo que era mi partido, a que aceptara esta reforma, un giro de 180 grados, en dos meses lo que nosotros no logramos en tres años de alegatos, pero en fin. Yo creo que es positiva la reforma, es rectificar un error cometido entonces, fue un error que se cometió entonces y ahora se rectifica; !que bueno!, ojalá hubiera sido entonces la rectificación.
Ahora bien, el problema de esta iniciativa es que incorpora la cuestión de los senadores de, digamos de cuatro senadores y hay una distribución de primera minoría, se habla ahí; esto lleva una clara dedicatoria, claro está. Ahora, yo creo que los que se sienten digamos que van a ser beneficiados como partidos, o sea el PAN, dice que va a recibir unas, no sé qué cálculos habrán hecho, unas 15 ó 18 curules; bueno pues a la mejor están muy contentos y el PRD pues a lo mejor, no sé, seis, siete u ocho, no sé, pero de cualquier manera esto trae un problema, en primer lugar es copiar un sistema norteamericano de bipartidismo o tripartidismo, ya eso es negativo.
Yo pienso y así lo han dicho aquí algunos de los oradores en la primera ronda, que debe haber una representación proporcional no desproporcional; sería ideal el poder pensar que hubiera una representación proporcional y nosotros, y hablo en plural, un grupo de diputados independientes aquí en la Cámara, hemos hecho alguna propuesta en el sentido de que haya no cuatro senadores, sino tres, México no está para gastar más de lo que debe gastar o sea y, es inútil gastar en cuatro, se puede gastar en tres y que el tercero sea para lograr la representación proporcional; si son 32 senadores en el país y algún partido saca el 10% de los votos, caray, pues el 10% de 32 son tres senadores y así, o sea lograr una representación proporcional sería el ideal.
Estamos proponiendo, también, que esta Cámara de Diputados se integre por representación proporcional, que los 300 distritos sigan y que los 300 candidatos, el que ganó ganó y los otros 200 se asignen en proporción a las curules a que tengan derecho los partidos de acuerdo a su desempeño electoral; si son 500 los que integran el Congreso y alguien ganó el 10%, tiene derecho a 50 curules, las que ganó de mayoría respetadas y las demás por representación proporcional de las 200 restantes.
Con este sistema que proponemos en primer lugar se evitan estas broncas internas en los partidos, en donde hay listas de plurinominales que van a alcanzar una curul sin haber dado golpe muchas veces, sino que las curules de representación proporcional se distribuyan entre los diputados que no hayan alcanzado mayoría, pero que sí hayan participado en la lucha, de tal manera que en orden decreciente de desempeño electoral se les asigne a cada partido a los que tenga derecho.
Esta propuesta que nosotros hacemos tanto para el Senado que también serían dos senadores de mayoría, el que ganó y un senador para que esos 32 se distribuyan en forma de representación proporcional; creemos, hoy en la tarde se hablaba de encontrar una fórmula que pudiera lograr esto y nosotros lo hemos propuesto, está en la Secretaría y así queremos insistir en ello y mañana lo concentraremos en relación al 54 y al 56.
Ahora bien, queremos también insistir simplemente en algo importante, ya se ha dicho aquí en tribuna, que los organismos electorales sean verdaderamente independientes, que no haya predominio de ningún partido, o del Gobierno y su partido a ninguno de ellos, para que haya imparcialidad, esto es válido desde el IFE hasta la directiva de la casilla electoral.
Estamos proponiendo algo al respecto también, pero esto lo veremos mañana, por lo pronto yo dejo aquí claramente establecido el voto mío a favor en lo general, pero reservando lo relativo al Senado, porque considero que el irse a cuatro senadores, es copiarle a los norteamericanos, algo que es criticable y que es una debilidad de ellos, no una fortaleza y que nosotros podemos enriquecer la presencia de los partidos aquí
en México simplemente haciendo una distribución proporcional.
También estamos proponiendo el que haya una redefinición de las facultades del IFE, para que no pueda coartar el derecho de los mexicanos a participar en procesos electorales, o sea, negando el registro a los partidos que quieran registrarse. Aquí se ha hablado de estas fuerzas emergentes, tiene que abrirse la puerta a las fuerzas emergentes y si se niega el acceso a las fuerzas emergentes, es que tiene miedo a la opinión de los mexicanos.
Dejemos que el pueblo de México decida cuántos partidos quiere en este país. Si quiere dos, que reparta sus votos entre dos, si quiere 10 que reparta sus votos entre 10. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado José Francisco Paoli Bolio, del partido Acción Nacional.
El diputado José Francisco Paoli Bolio:
Con su venia, señora Presidenta; señores diputados de la nación:
Las reformas constitucionales que establecerán las nuevas reglas para la conducción de nuestro proceso político, junto con el desarrollo de las elecciones federales para el año entrante, pueden ser un impulso fundamental para la transición democrática en nuestro país.
La reforma por sí sola, siendo valiosa y manifestando una primera evidencia de voluntad política, no es una garantía absoluta o suficiente. Un conjunto de reglas mucho menos afinadas incluso que las que tenemos actualmente, si las prácticas y acciones de todas las fuerzas en juego fuera honrada y se diera en condiciones equitativas, nos reportarían mejores resultados de los procesos electorales, más confiables y más legítimos que los que se han sostenido hasta ahora.
Es ya un lugar común, que detrás de cada proceso electoral, en los últimos lustros, las normas quedan tan desgastadas que hay que introducir cambios y modificaciones que regulen los siguientes comicios. Tal círculo que se ha mostrado vicioso, tendría que ser roto con un esfuerzo especial de las principales fuerzas políticas y de los gobernantes y es que cada vez que las normas se mejoran o se perfeccionan, hay también actos que perfeccionan y hacen más sutil el autoritarismo.
Se cancela o se reduce un cierto tipo de delincuencia electoral, pero se fomenta otra que se ha difundido con el nombre efemista de ingeniería electoral. Esto último es lo que debe cesar. Hoy estamos ante la posibilidad de mejorar notoriamente las normas constitucionales por las que deberá conducirse el proceso electoral.
Se han recogido demandas reiteradas de diversas fuerzas opositoras, ha habido disposición para aceptar cambios constitucionales, como la desaparición de la autocalificación en las cámaras federales, para crear un tribunal de pleno derecho que resuelva controversias electorales con dos instancias, para abrir el Senado a la primera minoría en cada entidad federativa, vitalizando ese órgano, dignificándolo y permitiéndole dirimir asuntos de gran interés para la República con una perspectiva plural, de fuerzas realmente existente.
Reformar el artículo 82, que establecía una grave discriminación para los mexicanos nacidos en México , ésos son avances sustantivos, por ellos hemos luchado muchos ciudadanos, con ellos se han comprometido diversas organizaciones, no ha sido una lucha corta, ha tomado generaciones en algunas de las propuestas. No se trata de cuestiones menores, como se ha propalado con una visión maniquea de buenos y malos absolutos.
Estamos en este momento ante la necesidad de trascender, de superar por México esa visión polarizada donde sólo hay un extremo que ataca al pueblo y otro que lo defiende, visión falsa, por elemental; visión que incapacita de partida para llegar a consensos razonables.
Ya debemos remontar de una vez por todas esa visión estrecha y revanchista, aumentada por el voluntarismo. Para bien de toda la nación debemos superarla.
Eso es lo que ha entendido Acción Nacional en este proceso. Se trata de lograr avances sustanciales para el bien común y eso puede lograrse con estas reformas si a ellas se siguen prácticas políticas que respeten su espíritu. Con criterios maniqueos nunca podremos llegar a estipular normas satisfactorias.
Un acuerdo democrático no tiene que ser una capitulación de nadie, sino una convergencia en la que todos cedan parte de sus pretensiones, para lograr un piso común que tenga como
propósito crear las condiciones de una confrontación electoral legal, pacífica, civilizada y respetuosa, que arroje resultados legítimos.
Hay otros factores que deberían intervenir en este proceso. Si ellos se conjugan, podremos lograr un impulso significativo para la construcción de una democracia política confiable en el país. Los enumero, porque son condición necesaria para que las reglas que ahora discutimos, tengan bases materiales de realización más amplias.
La ciudadanía tiene que crecer en conciencia de sus derechos, tiene que organizarse mejor, tiene que participar y tener una disposición democrática más amplia. Todavía hay márgenes muy grandes de abstencionismo que facilitan las prácticas deshonestas o inequitativas en nuestros procesos electorales.
Los partidos tienen una responsabilidad crucial en este proceso, tanto en la formulación de reglas confiables en las que ahora estamos, como en la promoción responsable de los comicios, de acciones legales inteligentes y sistemáticas, acordes con sus principios y programas.
Se requiere una mayor y más adecuada capacitación de cuadros dirigentes capaces de operar con conocimiento en los órganos electorales, con sentido político que busque constantemente el perfeccionamiento democrático y desde luego en los comicios.
Los partidos, con todas sus imperfecciones, son instrumentos indispensables para la operación de la democracia representativa. No hay a la vista otros instrumentos sociales que puedan sustituirlos.
El esfuerzo partidario debe redoblarse en una dirección: alcanzar la meta programática de ser entidades de interés general, como lo postula el artículo 41 de la Constitución desde 1977.
Los partidos deben superar sus tendencias sectarias, parcializadoras, dogmáticas. Por un tiempo largo en la historia de estas instituciones y no me refiero en México, sino en el mundo en general, partido fue sinónimo de secta, de parcialidad de intereses y privilegios grupales. Los partidos han ido alcanzando otra dimensión en la medida en que se han ido preparando y sensibilizando para captar el interés general, para defenderlo, para completarlo en normas y en prácticas.
No sólo falta al conjunto de nuestros partidos tener una implantación más amplia en el territorio, en los distintos sectores sociales, sino que les hace falta un avance cualitativo que los acerque a ser verdaderos promotores responsables del bien común.
Atrás han quedado los partidos de una sola clase o de un solo dogma; atrás debemos dejar a los partidos totales o totalizadores, que aspiraban a resolver al ser humano todas sus necesidades y todas sus incógnitas. La pluralidad es hoy un elemento que afortunadamente se ha ido permeando en el conjunto de los partidos, que aunque en algunos esa pluralidad es insignificante o inexistente; pero en ésos que son los que reciben cada vez menos respaldo de la sociedad, en el pecado del dogmatismo llevan la consecuencia de una cada vez más probable desaparición o de una casi nula capacidad para participar en las decisiones centrales del país.
Para remontar de una vez el tiempo del partido casi único, para superar las características de partido de Estado que todavía conserva el partido oficial, se plantean algunas bases con estas reformas que hoy discutimos. Con ellas se pueden modificar las condiciones inequitativas de competencia que han prevalecido hasta ahora. Ellas serán insuficientes si nuevamente se dan en la práctica, aprovechamiento de recursos públicos y otros privilegios para impulsar al partido oficial.
Los medios masivos de información tendrán una responsabilidad fundamental en este proceso. Será por su conducto que se canalizarán las principales acciones y mensajes sobre el proceso electoral de 1994 en adelante. La Constitución, a partir de estas reformas, ya marca una obligación muy clara en ese ámbito y será indispensable que esos medios asuman responsablemente la difusión equitativa en los diversos partidos y los diversos candidatos. Si los medios masivos de información no operan equitativamente, como lo señalará la Constitución en adelante, no habrá tribunal suficientemente apto para cancelar las bases de iniquidad con las que ese proceso se conduciría.
Los gastos de campaña también deberán ajustarse a las nuevas normas. Si en la práctica ellos no se proporcionan y realizan dentro de los límites que respondan a reglas equitativas y a límites que se relacionen con la condición económica de la mayoría de nuestros habitantes, no tendremos un proceso que arroje amplios saldos de legitimidad.
Señores diputados, hay otras cuestiones que quedan pendientes para concluir con esta reforma político - electoral. Ellas deberán seguirse
desarrollando en la ley secundaria y en las prácticas políticas. Seguiremos pendientes de que las normas constitucionales que ahora se procesan, se aplique y se lleven a sus consecuencias. Hay en ellas signos positivos, pero ellos deben confirmarse en el futuro inmediato con acciones consecuentes. Una de ellas, fundamental, se refiere a las personas, a las personas a las que se confieren puestos de la mayor significación en los órganos electorales y en el Tribunal de esa materia.
Es necesario colocar en estos órganos, a personas de reconocido prestigio, honestas, competentes e imparciales. Si contamos con esas personas en la conducción del proceso electoral, tendremos una ganancia de primer orden.
Nuestro acuerdo en el conjunto de reformas constitucionales que el dictamen propone, se funda en un balance positivo, sin que en todos y cada uno de los puntos tengamos una satisfacción absoluta y es necesario agregar que no dejaremos las cosas hasta aquí. Hoy señalamos y compartimos el avance que representan, pero no hacemos un canto de victoria. Esas reformas deberán inspirar e impulsar nuevas realizaciones democráticas, cuyo ingrediente no es solamente legal, como ya afirmé; seguiremos vigilantes y actuantes para promover que el desenvolvimiento democrático de la nación sea permanente.
Señores diputados, somos una oposición, pero no una oposición visceral ni suicida, sino racional y consecuente, que sabe plantear transformaciones, que logra avances de gran significación, que crea con trabajo y tesón todos los días estructuras de participación, razonamiento crítico, e impulsa la cultura política participativa. Esa es la oposición que el país requiere. Esa es la que ha sido confirmada por los votos de la ciudadanía una y otra vez. No buscamos como primera prioridad en la ley, el protagonismo de un partido ni en la realidad el predominio de un caudillo. En el terreno político nos interesa, por encima de todo, el bien común de los mexicanos, la convivencia pacífica en una patria ordenada y el progreso en justicia de todos los conciudadanos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Jorge Oceguera Galván.
El diputado Jorge Oceguera Galván:
Gracias, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Hace 22 años tuvo apertura la vida democrática nacional. Desde ese momento la disidencia política dejó de ser clandestina y delincuente, emprendiendo el Gobierno más relaciones de tipo político que policial, generando con esta nueva apertura mejores condiciones al pueblo, integrándose a la vida activa en la política nacional diversos partidos políticos.
En 1977 esta apertura se convirtió en una reforma política, facilitando así el registro de nuevas organizaciones políticas e introduciendo parcialmente el sistema de representación proporcional, para propiciar acceso a las minorías a la Cámara de Diputados, significando estos cambios y mayor participación del pueblo en la vida política nacional, fortaleciendo la base social, sustentación del Estado y mejores condiciones de lucha, mayor capacidad de defensa de la soberanía nacional.
Actualmente estamos inmersos, en medio de peligros y amenazas. De ahí la necesidad de modernizar nuestra política nacional, en lo político, económico y también social, para estar en condiciones óptimas de afrontar los retos actuales que marcan los cambios a nivel mundial.
Los cambios que se han producido a nivel mundial, por la elevación del papel de las clases dueñas del gran capital, están produciendo fenómenos que tienden a revertir el proceso democratizador, como es el creciente abstencionismo, el bipartidismo y el antipartidismo, fenómenos que debilitan la capacidad del pueblo para ejercer sus derechos, como mexicanos, dejando frágil la soberanía nacional y crea la tierra fértil para que se implante el intervencionalismo de intereses antipopulares de fuera y de dentro de nuestro país.
En este marco, es importante, es indispensable reformar la Constitución y sus leyes, para corregir estos desequilibrios, consolidando en primer término el pluripartidismo democrático como sistema nacional, que no se avalen las componendas poselectorales.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sabe que con esta iniciativa presentada por el PRI, se da pie a graves consecuencias en la vida política de la nación; es aceptar el bipartidismo, es aceptar la instalación de un sistema similar al de los Estados Unidos de América, en donde de manera natural serán los grandes intereses económicos, contrarios a los
intereses del país, los que se apoderen definitivamente de la actividad política, marginando a los amplios sectores del pueblo de estas decisiones; abriendo paso a la manipulación y al manejo de los asuntos políticos; sólo a condición de que la política se convierta en una actividad parasitaria, al servicio de los intereses antinacionales y reaccionarios.
Por estos motivos y por los expuestos anteriormente por mis compañeros, reiteramos nuestro voto en contra. Gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Uscanga Escobar:
Con su permiso, señora Presidenta:
Expresar, en primer término, a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, mi reconocimiento por la seriedad y el esfuerzo por tratar de construir los consensos en materia electoral; a la Comisión Plural, que por acuerdo del pleno de esta Cámara, se encargó de temas específicos electorales.
El dictamen que ahora se presenta a esta Asamblea, no se funda en el dogma o la exclusión, sino que asume el compromiso de nuestro tiempo, estableciendo una base para el análisis y la discusión organizada y para la construcción de nuevos consensos interpartidarios, que nos permitan concretar acuerdos duraderos en torno a las reglas que en el futuro habrán de regular el desarrollo de las actividades electorales.
Por ello, mi partido, con otras fuerzas políticas del país, se pronuncia a favor de adecuar la norma fundamental al nuevo contexto nacional, conscientes de que la Ley sólo tiene sentido si es capaz de adaptarse a las necesidades de una nación, que como la nuestra, se encuentra inmersa en la dinámica de la transformación de sus instituciones.
La reforma a los artículos constitucionales que se contiene en el dictamen, se orienta a la búsqueda de mejores condiciones para la vida democrática del país, enmarcada en el esfuerzo global de la sociedad por alcanzar puntos de convergencia en asuntos de vital importancia para la nación. Una reforma fundamental que se propone en sin duda el establecimiento de un nuevo método para la integración de la Cámara de Diputados, en lo que se refiere a la asignación de las curules de representación proporcional y el establecimiento del límite, que garantice de mejor manera si composición plural.
Se propone así un método de asignación que pretende ser coincidente con la naturaleza mixta de la composición de la Cámara, de manera que cada partido obtenga el número de curules de representación proporcional que le corresponda, de acuerdo con el porcentaje de su votación nacional, independientemente de las que hubiera obtenido por mayoría. Este sistema parte de un reconocimiento a la realidad plural y competitiva en que ha madurado la democracia nacional.
Por ello, con el propósito de evitar que un solo partido político tenga un peso excluyente en la Cámara y de que por sí mismo pueda lograr la mayoría calificada para reformar la Constitución, no podrá obtener un número superior al de 315 diputados. Adicionalmente, se introduce, como garante, para evitar cualquier exceso en la representación de un partido político, al establecerse que si su votación no resultara superior al 60% de la nacional, no tendrá derecho a que le sean asignados más de 300 diputados para ambos principios. De esta manera se reservan por lo menos 185 curules para hacer asignadas con los principios de representación proporcional.
Esas propuestas perciben el objetivo de consolidar nuestro sistema mixto, atemperando los efectos de principio de mayoría, sin eliminarlo e incorporando una fórmula que amplía los beneficios de la representación proporcional y garantiza la eficacia funcional en la toma de decisiones de ese órgano colegiado, que al integrarse conforme a estas reglas, se fortalecerá con una participación mayor de las distintas fuerzas políticas nacionales.
La integración de la Cámara de Senadores, es otro de los aspectos centrales que se abordan, en virtud de que este órgano, a pesar del crecimiento demográfico actual y de fortalecimiento del sistema de partidos, mantiene el principio de representación paritaria de las entidades, pero incrementando el número de miembros de este cuerpo colegiado de 32 a 128.
Así se propone la elección de cuatro senadores por cada entidad federativa, tres de los cuales serán asignados al partido que obtenga la mayoría y uno a la primera minoría; es decir, al
partido que en cada entidad obtenga el segundo lugar de las votaciones, al partido que realice trabajo político, al partido que mejor se organice, al partido que luche por la mayoría de votos, al partido que esté siempre organizándose en cada una de las entidades.
Esta fórmula tiene la ventaja de combinar la representación igualitaria en las entidades, principio esencial de la composición republicana del Senado, con la conveniencia de incorporar a otras fuerzas políticas por la vía de la representación proporcional, ampliando así el nivel de participación de los partidos en el Senado de la República.
Al mismo tiempo, se cancela la posibilidad de que un solo partido tenga el 100% de los integrantes de la Cámara, garantizando el pluralismo en su composición y respondiendo a los retos que implica el fortalecimiento de nuestra democracia.
La eficiencia de esta fórmula se probará en la realidad, dependiendo del porcentaje de votación que los partidos alcancen en cada entidad, con independencia de su porcentaje nacional, siempre y cuando conserven su registro.
Como otro elemento que se orienta a imprimir mayor funcionalidad y viabilidad al sistema planteado, se propone derogar la renovación por mitad del Senado, ahora en vigor, para que ésta se dé en forma total cada seis años, a través de un mecanismo gradual previsto en los artículos transitorios del decreto que se somete a nuestra consideración.
En la propuesta de modificación a los artículos 41 y 60 constitucionales, se atiende a otro de los temas que han estado presentes en los debates sobre las reformas electorales, el relativo a la calificación de las elecciones. En relación a este asunto, la nueva redacción propuesta para estos artículos prevé la participación de los tres poderes federales en los mecanismos de renovación e integración de ellos mismos, determinando nuevas formas de equilibrio.
En este contexto, la modificación al artículo 74 es también consecuente, puesto que la Cámara de Diputados sólo se erigirá en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente de la República. Lo anterior significa superar el sistema de autocalificación que hasta el momento ha prevalecido, sustituyéndolo por uno al que se denomina de heterocalificación, lo cual hace la determinación de validez de los comicios, el examen sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los representantes populares elegidos por el voto ciudadano y la legalidad de las constancias expedidas por los órganos electorales.
En claro, que la reforma contempla por una parte, una redefinición de las atribuciones de los organismos electorales y, por la otra, una reformulación del sistema de medios de impugnación que sean acordes con el nuevo mecanismo de calificación electoral y que estará estructurado en la Ley reglamentaria.
Se prevé de igual forma, para cada proceso electoral, la instalación de una Sala de Segunda Instancia, integrada por cuatro miembros de la Judicatura Federal y el presidente del Tribunal Federal Electoral. Su aportación radica en la garantía que representa para resolver los conflictos que por su gravedad afectan de manera directa el resultado de las elecciones.
Compañeros diputados: con las modificaciones propuestas, mi partido asume el compromiso de adecuar las normas a las necesidades de los nuevos tiempos, con una abierta disposición al diálogo y la concertación, entendiendo que en ellos se tienen importantes instrumentos para la construcción del consenso. Es en el diálogo y en el análisis propositivo, en un marco de respeto a la Ley, en donde se expresa una nueva relación entre sociedad y Gobierno y en donde encuentran cabal dimensión los valores y reglas que orientan el ejercicio democrático.
Los propósitos orientadores de esta reforma, habrán de ampliarse y consolidarse mediante la discusión ordenada, responsable y respetuosa en el seno de esta soberanía; por ello no puede soslayarse el hecho de que esta iniciativa aborda aspectos cruciales para el desarrollo político - electoral de México, en la preocupación ampliamente compartida por otras fuerzas políticas, de consolidar los cauces democráticos para la integración de los órganos de Gobierno. En esta tarea, los partidos políticos juegan un papel fundamental, pues en ellos radica la responsabilidad de conquistar el interés ciudadano y de transformar el voto en espacio y en actos de Gobierno.
Si la democracia sólo fuera un bien tutelado por la Ley, sin correspondencia en el compartimiento de los actores políticos, las normas conservarían su vigencia, pero perderían su positividad. Por ello, aparejada a la depuración y perfeccionamiento de la legislación electoral, debemos los partidos, los ciudadanos y las autoridades electorales, procurar que el respeto a la legalidad
existente se convierta en una regla de conducta, respeto a la Ley, para que podamos nosotros tener procesos electorales tranquilos.
Es una reforma de donde participamos con otras fuerzas políticas, es una reforma que no tan sólo responde a las necesidades y aspiraciones de partidos políticos, sino que responde a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad mexicana, que debe ser la principal.
Sabemos que la democracia no es ni será nunca un producto acabado; no es tampoco una entidad de generación espontánea; es siempre un producto de condiciones históricas y sociales y sabemos que la democracia siempre será perfectible.
Al solicitar el voto aprobatorio de esta Asamblea para las reformas que discutimos, lo hago convencido de que con ello contribuiremos a la consolidación de la democracia en nuestro país, logrando la configuración de una representación más democrática y asumiendo el interés colectivo de que existan mejores condiciones de igualdad en esta competencia electoral.
La democracia y su ejercicio, no es responsabilidad tan solamente de un partido político; es responsabilidad de todos los partidos políticos, es responsabilidad de la ciudadanía en general. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
La diputada Luisa Alvares Cervantes:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Desde esta tribuna quisiéramos señalar que aunque algunos que nos han antecedido en la palabra hablan de las benevolencias de la propuesta de reforma política, nosotros queremos traer a esta tribuna un viejo dicho popular que dice lo siguiente: "que aunque la mona se vista de seda, mona se queda" y ésa es la reforma política que actualmente nos están proponiendo.
Es una reforma política mañosa, tramposa, vergonzante y coyuntural, porque la están planteando entre élites y entre cúpulas del PRI y del PAN, para pretender llevarse la fiesta en paz en 1994 y eso no se vale. La nación reclama una reforma política integral, una reforma política de fondo, una reforma política que realmente eleve a rango constitucional viejas demandas y viejas propuestas que se han hecho en la Comisión Plural.
Mi partido, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, planteó con antelación una iniciativa que denominamos: "Reforma Política Integral" y la planteamos de esa manera porque los mexicanos, los trabajadores de este país, demandan reforma, efectivamente, pero una reforma de alcance, una reforma de futuro, una reforma donde prepare a la nación y a los partidos políticos para el próximo siglo. Esta reforma lamentablemente es ahistórica, se queda en el presente y sus alcances lamentablemente son, pareciera, por lo que aquí se señala, nada más hasta 1994.
Vulnera esta reforma el sentir de la nación, el sentir del pueblo, porque exige nuevas condiciones para enfrentar el próximo siglo.
Nuestro país, los trabajadores, los legisladores, no pueden estar ajenos a la situación tan difícil que atraviesa la mitad de la nación. La extrema pobreza que hay en nuestro país, tiene que buscarse cauces, compañeros y los cauces de expresión deben estar, lo que busca el pueblo, a la altura de la demanda de la reforma. Es una reforma lineal, cupular y voy a dar solamente un ejemplo de lo que esta reforma, o esta propuesta señala. Vamos a ver, muy sencillo, la situación:
Hubo propuestas de legisladores de las diferentes fracciones. Mi fracción, la del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, propuso la modificación a 19 artículos de la Constitución. Entre ellos, no los voy a señalar todos porque el tiempo es escaso y tenemos solamente cinco minutos, entre ellos mi partido en los 19 artículos, planteó una reforma al artículo 82. Qué lamentable es que la Comisión no valorara la propuesta del Frente y le preocupara más la componenda con el Partido Acción Nacional y no se preocupó pro revisar las demás propuestas, entre ellas una de las propuestas al artículo 82 planteada por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y que consideramos importante, eran dos propuestas a este artículo.
Uno de ellos era que para ser Presidente, se requiere haber residido en el país durante los seis años anteriores a la elección, así como haber sido candidato a un puesto de elección popular. No se consideró, no les preocupó que los candidatos a la Presidencia de la República pasaran
por lo que nosotros hemos denominado "los baños de pueblo". Las candidaturas a un puesto de elección popular permiten a cualquier ciudadano que aspire a la máxima Magistratura de la nación, saber lo que es una candidatura. Y esto la Comisión no lo contempló.
La Presidenta:
Diputada Alvarez...
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Voy a concluir, señora Presidenta.
Si pusiéramos en la balanza las propuestas de cada uno de los artículos donde nos preocupamos para hacer propuestas, veríamos que no se recogieron, veríamos que sigue planteándose, lamentablemente por el pueblo haremos acopio de razón y recorreremos el pueblo, porque todavía tenemos una última instancia: el 39 constitucional.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Me llama mucho la atención que a lo largo de estas ocho horas de debate no se haya tomado en cuenta argumentar el por qué no se tomaron en cuenta en la discusión las iniciativas que fueron presentadas en el seno de la Comisión Plural y en el pleno de esta Cámara. Me llamo mucho la atención que quienes han acudido a argumentar en favor de la iniciativa, eludan los argumentos y las razones de por qué no quedaron incluidas las propuestas de los partidos de oposición que hemos votado y que estamos señalando nuestro voto en contra, precisamente por estas ausencias.
Ya mis compañeros de partido se han referido a algunas que son muy importantes, particularmente en lo que se refiere a la falta de garantía en la credibilidad de los procesos electorales en el país.
Esta reforma ha sido convocada precisamente para esto, garantizar que no hay conflictos poselectorales. Ha sido convocada para que los ciudadanos refrenden su decisión y su confianza de participar en los procesos y que haya alternancia en el poder sin necesidad de que surjan conflictos y dudas en los procesos. Hasta hoy no se ha podido argumentar por qué no se ha garantizado esta situación.
Yo quiero referirme, para no abundar en esta argumentación, a una iniciativa que yo presenté a nombre de varios diputados de mi partido y que era referente a las reformas al artículo 115 y 116 de la Constitución, con objeto de garantizar la inclusión de más de la mitad de la población en la toma de decisiones y en la conducción política del país. Me refiero al problema de la inclusión en la vida política de México de las mujeres.
Yo no he escuchado absolutamente ningún argumento por qué no se toman en cuenta a la hora de elaborar una reforma de esta naturaleza, estas propuestas, ni siquiera para el debate.
En la sociedad, afuera, en la calle y también incluso aquí dentro en las propias instancias y en las comisiones, nos hemos dado a la tarea de discutir este problema.
Las diputadas de otros partidos han compartido con nosotras esta preocupación. Es un problema nacional y es una demanda de las mujeres del país que se debata de manera seria el problema de su exclusión en la conducción de los destinos del país.
¿Por qué no se ha dado ni siquiera oportunidad de presentar los argumentos para decir si procede o no procede una iniciativa? De manera unilateral las compañeras y compañeros de los partidos que signan esta iniciativa, no se han tomado ni siquiera la molestia de decir por qué no es procedente.
La reforma que propuse, que propusimos en el Partido de la Revolución Democrática, es justamente para garantizar esto. Estamos hablando de una reforma, pero yo no quisiera hablarlo en términos de fatalidad, como lo han señalado aquí tanto los diputados de Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional, incluso los del PARM, en el sentido de que, bueno, ésta es una reforma más.
Compañeros diputados: esta discusión y esta reforma no se convocó para que fuera una reforma más, la sociedad está esperando de esta soberanía
soberanía que demos la reforma y la respuesta a los problemas políticos que vivimos en el país. Yo quiero preguntar: ¿cómo vamos a salir los partidos de oposición, como va mejor dicho el Partido Acción Nacional a reclamar que hubo fraude en las elecciones posteriores, si van a votar a favor de esta iniciativa? y no se garantiza precisamente la situación de las elecciones creíbles.
La Presidenta:
Diputada Ruiz Anchondo...
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Voy a terminar. Gracias señora Presidenta.
Yo quiero decir que me siento absolutamente insatisfecha con esta discusión. Se está tomando como punto de partida únicamente lo que la mayoría de esta Cámara ha propuesto como iniciativa en una situación de que o lo toman o lo dejan, pero no se ha dado el debate serio para decir por qué nuestras propuestas no procedieron y no para que nos respondan a nosotros, sino para que le respondan a la sociedad.
Yo llamo a la reflexión en este sentido, es un debate absolutamente plano, anodino, todos se están quedando..., estaban pasmados porque no se está dando efectivamente un debate, porque no es una reforma para la sociedad, sino para los partidos políticos. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Mi intervención va con el fin de referirme al artículo 56 constitucional, que en su discurso mencionó el diputado Jorge Uscanga, como unas reformas aceptables y además de gran trascendencia.
Nuestro partido cree que el Senado es un órgano representativo de la República Federal que se constituyó en 1824 y que fue producto de las ideas liberales del federalismo mexicano y obedeció a la necesidad de unir una República Federal representativa a estados desunidos ya existentes en nuestro suelo patrio.
Durante 17 años se eliminó la Cámara de Senadores en México por parte de los liberales, ya que la consideraban herencia de la aristocracia. Algunas décadas después, durante el gobierno de Lerdo de Tejada se reincorporó como institución legislativa de los poderes de la República y en la Constitución de 1917 se respeta el Senado por considerarse una institución representativa del pueblo y de las entidades, lo cual se mantiene hasta la actualidad en nuestra Carta Magna.
En cuanto a la integración del Senado de la República, coincidimos todas las fuerzas políticas del país en la conveniencia de modificar los mecanismos de su integración. Hasta hace poco el Partido Revolucionario Institucional se obstinaba en mantener el estado actual de este órgano legislativo, aunque el 14 de agosto de 1989 esta corriente política reconoció la pertinencia de un Senado pluripartidista, pues en esta fecha del PRI propuso un cambio al artículo 56. No entendemos por qué la actitud de esta propuesta actual.
En lo fundamental no se ha modificado la integración del Senado, pues se han elegido en todos estos años por mayoría dos senadores por entidad federativa , respetando el federalismo y manteniendo el equilibrio de la representación de las entidades y aunque varias fuerzas políticas constantemente propusimos modificaciones para integrar un Senado plural, no fueron tomadas en cuenta argumentando y ofendiendo el Pacto Federal.
La propuesta de reforma política presentada por el PRI el 16 de agosto de 1993, recoge principalmente la propuesta del PAN, que fomenta deliberadamente el bipartidismo en este país. Esta propuesta tiene implicaciones opuestas, pues por un lado significa un reconocimiento saludable a la necesidad de cambio constitucional, pero por el otro, presenta la riesgosa concesión al bipartidismo político en la integración del Senado.
Nuestro partido valora las intenciones priístas para esta reforma política porque recoge la demanda expuesta en nuestra iniciativa de reforma política integral, al igual que considera positiva la intención de reemplazar el desprestigiado sistema de autocalificación del Poder Legislativo, lo cual es otra propuesta sustentada por el Frente
Cardenista en su reciente proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, la rechazamos categóricamente porque es lesiva a los intereses populares la reforma propuesta por el PRI y algunas razones que argumentamos son las siguientes:
1o. Porque fomenta un esquema bipartidista;
2o. La integración del Senado como la propone la iniciativa, no corresponde a la pluralidad que exige el país;
3o. Que a todas luces y en forma escandalosa se ve que esta propuesta francamente panista abre el Senado de la República con dedicatoria especial a la reacción;
4o. La propuesta excluye a las fuerzas populares de tener representatividad real en el Senado.
Pensamos por lo expuesto anteriormente que la propuesta actual del PRI de apertura al Senado, no es como se ve o la quieren hacer ver ni como la que proponían en 1989, en la que proponían la integración de un Senado pluripartidista; la reciente se parece más a la propuesta del PAN de enmiendas constitucionales; por eso nuestro partido con toda firmeza se pronuncia por la apertura del Senado de la República, abierto a la pluralidad de la nación y no tan sólo a una corriente política, pues se debe hacer válido el principio de Mariano Otero, en el sentido de que valga el voto de todos y no sólo de las autodenominadas primeras mayorías, porque esta fórmula, además de ser excluyente, es antidemocrática.
Compañeros diputados, creemos pues que esta reforma al artículo 56 constitucional no es democrática y por eso nuestro partido reafirma su voto en contra.
La Presidenta:
¿Acepta usted una interpelación señor diputado Berrospe?
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:
Con mucho gusto, compañera diputada.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Gracias, colega diputado; quisiera aprovechar la oportunidad que usted ha tomado el tema del Senado, para hacer una pregunta que me surgió al oír la exposición del coordinador de su fracción parlamentaria; tomando en cuenta que estaba fijando la posición de su partido, juzgué no procedente hacer una interpelación. Se la hago a usted, su coordinador plantea una pregunta interesante y era ¿con qué criterio se discriminaba a una minoría por sobre otra minoría? De ahí me surge la idea de que usted plantea una representación plena en el Senado lo cual significaría unos 15 senadores por Estado, por que somos nueve partidos políticos, tomado en cuenta que uno ó dos partidos políticos en determinadas entidades tienen más del 50% de los votos, tendrían que ser unos 15 senadores para tener una plena representación proporcional y entonces contestar de manera plena la interrogante que hacía su compañero diputado y era que no había un criterio válido para discriminar a una minoría por sobre otra minoría, pero tengo entendido que ustedes proponen una conformación de dos senadores de mayoría y dos senadores de minoría. Ahí ustedes estarían discriminando a la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima minoría en los diversos estados, asumiendo que la primera y segunda minoría se llevarían lo senadores, pero también hay una situación interesante con esa propuesta, que tengo entendido otro partido también la propone.
Podría darse el caso de tener 64 senadores de mayoría y 64 diputados plurinominales, de oposición, lo cual no representa la situación real del país. Entonces, yo quisiera que reflexionara, compañero, sobre estas interrogantes que tengo. Muchas gracias.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:
Con mucho gusto, compañera diputada.
Sólo me invita a reflexionar. Yo la invito a que nos haga usted el favor de leer la propuesta que nuestro partido hace, integral y que se repartió a todos los señores diputados en un folleto editado por nuestro partido.
Exactamente ahí explicamos cuál es la propuesta que hacemos en este sentido. A lo que se refería nuestro compañero coordinador, es a lo siguiente: de que la votación de ciudadanos define mayorías y minorías. A las mayorías, para formar partido y a las minorías para formar partido en forma representativa. A lo que él se refería que con esta propuesta que hace el PRI, lo que se va a suscitar es que entre minorías se van a establecer categorías, que es a lo que no se estaría
de acuerdo, porque el voto para todas las minorías tiene el mismo valor y queremos que haya un voto útil y no un voto inútil.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Compañera Presidenta, insisto en mi interpelación.
La Presidenta:
¿Acepta usted la interpelación, diputado Berrospe?
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
No me ha contestado usted, compañero Berrospe. Ustedes también estarían en su propuesta discriminando a siete minorías, a seis minorías; ustedes proponen dos senadores de representación proporcional nada más, pero hay nueve partidos políticos.
El diputado José De Jesús Berrospe Díaz:
No se discriminaría compañera porque proponemos una lista plurinominal nacional para que cada uno de los partidos de acuerdo a su votación, adquiera los senadores que a su proporción de votos le corresponda. Muchas gracias.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Pero nada más hay campo para dos, compañero, faltan otros seis.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Simplemente para aclarar la pregunta que hace la diputada Cecilia Soto.
En nuestra propuesta de reforma política integral, nosotros estamos proponiendo que el acceso al Senado se haga por las dos vías, por la vía de mayoría y por la vía de representación proporcional.
En el caso de la mayoría, que se elijan dos senadores por cada entidad por el principio de mayoría; es decir, tal y como está ahora, de tal forma que se respete el criterio constitucional del federalismo, en donde actualmente se representa a las entidades en forma estatal, pero además que se adicione sobre la base de la posibilidad del ingreso de minorías por la vía de representación proporcional en igual forma, dos senadores por entidad o dos senadores adicionales que serían, que ingresarían al Senado por la vía de la representación proporcional y por la vía de listas nacionales.
Los partidos políticos participarían por ambas vías, de tal forma que un partido en el hipotético caso de que obtuviera el 51% de la integración del Senado, el 50% de la integración del Senado, pero que recibiera más del 50% de los votos por la vía de representación proporcional, podría tener esta representación, pero las demás fuerzas, las fuerzas minoritarias, entrarían por la vía de la representación proporcional en la justa proporción de sus votos.
Es decir, en otras palabras, el sistema que actualmente la Constitución reconoce de sistema mixto para la integración de la Cámara de Diputados.
No sé si queda satisfecha la inquietud de la compañera Cecilia Soto.
No estamos discriminando ninguna fuerza, todas entrarían al Senado en la justa proporción de sus votos. No lesionamos al partido mayoritario, no lesionamos las segundas fuerzas, no alentamos partidos con vida artificial, simple y sencillamente la representación que el ciudadano dé, otorgue, que cuente para la integración del Senado.
La Presidenta:
¿Acepta una interpelación, diputado Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Sí, con mucho gusto.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Gracias, Alberto, por contestar mi pregunta, pero tengo una duda nuevamente; la lista nacional, ustedes presentan una lista nacional, esta lista nacional desde mi punto de vista vulnera el principio de representación federal de cada Estado.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Efectivamente, el actual principio de la representación estatal y paritaria no se respeta con la propuesta que nosotros hacemos, pero sostenemos también nosotros que tampoco se respeta por la vía del ingreso de la primera minoría.
Un Estado no puede estar representado por un supuesto senador con el 4% del patrón electoral, no nos parece una representación estatal, es una representación de una corriente política y entonces ¿por qué no llamar a las cosas por su nombre?, ¿por qué no decir lo que realmente representa un senador de minoría en un Estado?; un senador de minoría en un Estado realmente lo que representa es una corriente política expresada en la votación a un partido político.
No confundamos los términos, no llamemos a un senador del PAN en Tlaxcala de primera minoría con 18 mil votos, como el representante de esa entidad ante el Pacto Federal.
Por eso nosotros aseguramos que nuestra vía no respeta la hasta ahora representación estatal, pero tampoco la vía que el PRI propone de primera minoría, respeta el principio constitucional del federalismo y si se tienen que hacer concesiones a la heterodoxia para justificar el ingreso de primera minoría, como se tienen que hacer concesiones a la heterodoxia para justificar el ingreso por la vía de representación proporcional, ¿por qué mejor no lo hacemos para justificar la vía de acceso de todas las fuerzas políticas?, ¿por qué no reformulamos la teoría y la doctrina del Senado para el siglo XXI, sobre la base de darle representación a todas las fuerzas y no a la primera minoría, no a unas?
En ambas vías, insisto, se tienen que hacer reformulaciones de doctrina. Hagámoslas en la vía que fortalezca la democracia en la nación y no por la vía que fortalece el bipartidismo. Gracias.
La Presidenta:
Esta presidencia informa al pleno que ha concluido el segundo turno de oradores.
Continuando la discusión de este dictamen, esta Presidencia informa que para esta tercera y última ronda de oradores, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados: Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; Servando Hernández Camacho, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Israel González Arreguín, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, en pro; y Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con el permiso de la Presidencia.
Vengo a participar en este tercer y último turno de oradores, para expresar lo que a juicio nuestro es lo más grave que conlleva esta reforma constitucional.
Ya en la mañana, el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista y en el documento a que di lectura en la sesión anterior, se expresa con toda claridad que lo que nos preocupa, independientemente de las cosas muy concretas que se van a modificar o se pretenden modificar de nuestra Constitución, es este mensaje de que la nación ya no cuenta. Habrá tiempo para discutir en lo particular cada uno de los aspectos de esta modificación a la Constitución, y mucho tiempo también para ir a otros detalles cuando analicemos el Cofipe.
Pero decía mi compañero Hildebrando Gaytán, que era una actitud miope no ver en esta reforma que se pretende al artículo 82 de la Constitución, más que una modificación para otorgarle el derecho a todos los mexicanos de poder ser presidentes de la República. Decía con toda razón que una visión tan estrecha de este problema era en efecto, una visión infantilista, claudicante y en cierto sentido también de mentira y de engaño.
No nos preocupa el aspecto formal de esta pretendida reforma, no nos preocupa el aspecto jurídico, no nos preocupa que no entre en vigor sino hasta el año 2000; no, lo que nos preocupa es que ésta es la punta de lanza para golpear uno de los aspectos fundamentales que el pueblo de México ha mantenido a lo largo de su historia: la defensa de los intereses nacionales.
Si permitimos eso hoy, después vamos a permitir que se aténte también contra otros principios de defensa de nuestra soberanía y de nuestra nacionalidad. Este es el inicio de un camino profundamente negativo para México que no debemos permitir.
Todavía no se produce, todavía no se aprueba ni siquiera en lo general este dictamen y ya empieza a hacer mella en algunas personas débiles esta situación. Aquí venía un diputado de la mayoría, el diputado Rodríguez Prats, a decirnos que su partido antes defendía el nacionalismo revolucionario, pero que los tiempos han cambiado, que no se trata de aferrarse de principios que la realidad está desmintiendo.
¿Cuál es la conducta de este diputado? Quizá fue partidario del nacionalismo revolucionario cuando esa era la corriente política imperante en el país; ahora como según él la realidad desmiente eso, ahora adopta tranquilamente el neoliberalismo y cuando esta corriente fracase y se instaure una nueva moda, el diputado Rodríguez Prats va a abrazarla también. Eso, compañeras y compañeros diputados, en un lenguaje lleno se llama simplemente oportunismo, que puede resolver cuestiones personales, pero que no va a la defensa de los intereses superiores del pueblo y de la nación.
¿Cómo entenderá este diputado la historia? ¿Qué concepción tendrá de los valores nacionales? ¿Realmente podríamos decir que es un legítimo representante de los intereses de la nación?
Yo creo que la historia hay que entenderla de otra manera. La historia es una ciencia que va más allá de los individuos, que reconoce el papel de los individuos en la historia, pero que también sabe distinguir quiénes son los próceres de las luchas de un pueblo, porque supieron en su momento histórico ponerse al frente de las luchas populares, ponerse al frente para la defensa de los intereses de la nación, aún a costa de su vida, aún a costa de fracasos transitorios, pero supieron anteponer ante todo su dignidad.
La historia también registra la presencia de otros hombres que coexistieron con los próceres de la patria, que fueron capaces, que eran preparados, que quizá eran brillantes, pero que no se pusieron al servicio ni del pueblo ni de la nación; fueron los que se opusieron al desarrollo progresivo de nuestra sociedad, fueron los que quisieron que permaneciera el sistema socioeconómico existente de su tiempo, e inclusive que quisieron regresar al pasado y la historia los ubica a cada quien y cuando un hombre muere, en la balanza se ponen sus actos, se pone su conducta, se ven los aspectos, no de su vida personal, sino de su papel en las luchas de la sociedad y también se ponen los aspectos, negativos y la balanza se inclina de un solo lado.
Quienes sirvieron a los intereses nacionales y populares tienen su nombre aquí, en este recinto; quienes estuvieron en contra no puedan estar, porque no representan los intereses superiores de la patria. Eso jamás debe permitirse.
Y en este concepto, ¿qué puede representar el neoliberalismo? Pues es una corriente que en este momento se opone al desarrollo progresivo de la sociedad, se opone a que la lucha de las fuerzas progresistas y revolucionarias transformen las instituciones con sentido progresivo, se opone a que el pueblo conquiste sus objetivos seculares de independencia económica, independencia política, de democracia, de justicia social. Pero es un hecho transitorio.
Si lo viéramos desde el punto de vista de nuestra historia, podríamos decir que fueron idealistas los hombres que lucharon en 1910, por transformar nuestra sociedad y podríamos equiparar a los neoliberales, que se unieron al chacal Huerta, porque pensaron que ya había concluido ese proyecto que apenas iniciaba.
Pero el pueblo, el pueblo que actúa en función de causas que se originan en el seno de la sociedad, que actúa en función de los intereses superiores, el fin, de los intereses superiores, supo poner a cada quien en su lugar y hacer la Revolución Mexicana, que nos dio un conjunto de principios que se recogieron en nuestra Constitución y que hoy el neoliberalismo está quitando en forma gradual, como señalaba también mi compañero diputado Hildebrando Gaytán.
Y por asumir esa conducta, compañeras y compañeros diputados, se nos tacha de anacrónicos. Se nos tacha de anacrónicos porque no hemos querido renunciar a nuestros principios; pensamos que la lucha por darle a nuestro pueblo bienestar, no debe concluir.
Por eso estamos en contra de este proyecto neoliberal, que ha hecho más miserable a nuestro pueblo, que cualquier otra corriente de tipo capitalista.
Que nos tachen de anacrónicos porque no queremos abandonar un nacionalismo que para muchos es una actitud trasnochada. Se nos agrede, también, compañeras y compañeros diputados, porque no queremos, dicen nuestros de tractores, entender que en este mundo de hoy globalizado, el único camino que nos queda es el de entregarnos a los intereses del imperio, que no hay otra posibilidad.
Nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios, los vamos a seguir defendiendo. No nos interesa una mala entendida modernidad que entrega a los intereses nacionales y populares a los enemigos de nuestro desarrollo independiente. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que quede de positivo en nuestra Constitución, en el artículo 3o., en el 27, en el 123, en cualquier artículo constitucional, si hay algo positivo lo vamos a seguir defendiendo.
Nuestra Constitución dice precisamente en el artículo 3o. que: "La educación será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura". Por esos principios, tan claros al pueblo mexicano, segura la conducta del Partido Popular Socialista y no los vamos a traicionar jamás.
Por eso no nos preocupa a nosotros si a este proyecto que se nos ha presentado se le ponen candados o no se le ponen candados. El proyecto en sí es inadmisible, porque atenta contra nuestra historia y atenta contra los intereses de nuestra nación.
Nosotros, como nos decían algunos de nuestros detractores, no estamos anclados, pobres de aquellos que han perdido el ancla y que andan allá a la deriva de una a otra posición ideológica en boga. Por eso no nos interesan los candados.
Pero estamos seguros, compañeras y compañeros diputados, que no todos los diputados de la mayoría tienen la mentalidad del diputado Rodríguez Prats.
Por eso queremos reiterar nuestra demanda, a todos aquellos que tengan interés por defender los intereses superiores. A todas las fuerzas progresistas, donde quiera que estén, dentro del partido de Gobierno o fuera del partido del Gobierno, para que juntos impidamos este atentado contra uno de nuestros valores fundamentales. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, compañero Campos Vega.
Para contestar alusiones personales se concede la palabra al diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso señor Presidente.
Lamento en verdad que caigamos en calificativos cuando en mi intervención yo propicié y fui reiterativo en darle jerarquía al debate, lamento en verdad que el orador anterior caiga en calificativos, no le dé realce, no le dé calidad a su intervención y señale en forma por demás agresiva, por demás fuera de contexto, mi intervención, como de oportunista.
Yo creo que el liberalismo es la corriente filosófica que mayor continuidad ha tenido en la historia de México. Se inicia en forma muy clara, en 1808, cuando viene el pronunciamiento del cabildo en la ciudad de México; continúa en toda la sociedad fluctuante con pensadores del nivel de Mariano Otero, de José Luis Mora, de Ignacio Ramírez, en el Congreso del 1857, inclusive en el mismo período del porfiriato se enriquece con pensadores como José María Vigil, como el mismo Justo Sierra y ésa es una ideología que conforma las principales instituciones que están en nuestra Carta Magna: el federalismo, la división de poderes, el municipio libre mismo, el juicio de amparo, las garantías individuales.
Mi afirmación fue que el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional, adoptó un nacionalismo revolucionario, se sostuvo, se defendió en un nacionalismo revolucionario que explica la expropiación petrolera, que explica la ideología de mi partido en los treinta, en los cuarenta y que evoluciona hoy en día y rescata las tesis del liberalismo y le da un contenido social.
Fue una afirmación que estoy dispuesto a sostenerla en cualquier foro, creo que debemos enfocar de nuevo a discutir en lo general la reforma
y la iniciativa que se ha presentado y, repito, en los términos que le den realce, que le den respeto, que le den señorío a la discusión; que no nos sintamos heridos porque se nos critique o porque se hagan afirmaciones y entonces se conteste más con el sentimiento que con la cabeza y, repito, en esa cultura política en la que he venido convocando en mis intervenciones, en donde nos despojemos de los maniqueísmos y que de esta forma y en la tribuna que quieran, en el foro que quieran, con mucho gusto podríamos continuar esta discusión ideológica en la que estoy dispuesto a sostener mis puntos de vista sin que se caiga en lo absoluto, en ninguna traición y mucho menos en una actitud oportunista de mi parte. Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En este debate vemos cómo el PRI y el PAN han caído drásticamente en el entrampamiento de sus propias componendas. Caen prisioneros de los acuerdos de cúpula en detrimento de la razón y en la descalificación y desprecio de los votos del pueblo.
Aquí la realidad, compañeras y compañeros, es que la forma les importa un "comino", y prueba de ello es el abandono de las butacas del Partido Acción Nacional donde dejan a la mayor parte de esta Cámara con un desprecio absoluto y total, sin interesarles otra cosa más que el pragmatismo que les asegura una participación política, aunque no la ganen en las urnas.
Ya hemos dicho que nuestro voto es en contra del dictamen en lo general, demostrando la orfandad teórica inconstitucional de la apertura del Senado a la primera minoría; no hay coherencia política con la necesidad de fortalecer el régimen plural de partidos y esa sui generis, incorporación de las minorías al Senado.
Aquí el PRI y el PAN lo han demostrado, no hay razones sino intereses; los intereses de las cúpulas políticas y económicas por cerrar el espacio político y el abanico ideológico; sin embargo, ya han manejado, nos han dicho y dirán que la iniciativa no sólo contempla la apertura del Senado, su visión es parcial y no justiprecia las reformas.
La iniciativa incorpora también modificaciones a la interacción de la Cámara de Diputados, la regulación del financiamiento de los partidos y las campañas políticas y la eliminación de la autocalificación.
Seguramente dirán que la iniciativa vuelve más creíble y estable el proceso electoral. Eso han argumentado y tratarán de plantear para justificarse. Pero nosotros creemos que no es así y vamos a señalar por qué.
El proceso electoral consta de cinco fases: preparación, desarrollo de las campañas, jornada electoral, cómputo y escrutinio y calificación. En este proceso intervienen dos poderes de la Unión: los partidos políticos registrados, los gobiernos estatales y los ciudadanos, a través de tres órganos en diversos niveles de gobierno: el IFE, los tribunales y los colegios electorales.
El esquema que describimos antes nos indica muy bien cómo se regulan los procesos electorales, instituciones dominadas por el Ejecutivo y los miembros del partido del Gobierno, áreas técnicas politizadas, instrumentos espurios como padrones rasurados, credenciales negadas, casillas escondidas, prácticas mañosas, operación tamal, carrusel, tacos, alteración de actas, robo de urnas y decisiones sesgadas a través de tribunales electorales y comisiones locales. Pero también una calificación donde la negociación política y la votación mayoritaria de un partido hegemónico cierran el círculo electoral en México.
La preparación, vigilancia de campañas, la jornada y el cómputo electoral, caen en el campo de atribuciones del Poder Ejecutivo a través del IFE, aunque progresivamente se vaya incorporando a él representantes de los partidos políticos en condiciones inequitativas por cierto.
La calificación se da en un sistema mixto en donde el Tribunal Electoral tiene un papel de institución consultiva y los colegios electorales formados con presuntos legisladores, tienen la decisión final.
Así, todo el proceso electoral con excepción de la calificación, está regulado por el Gobierno. Pero a través del partido del Gobierno, se garantiza determinar la calificación en el Legislativo, el círculo se cierra; el Gobierno regula el proceso electoral y el partido del Gobierno califica las elecciones.
Insistimos sobre este punto, la gubernamentalización de las elecciones es un mecanismo de reproducción del sistema político pero no como lo creen algunos, porque el Ejecutivo sea el responsable principal del manejo de las elecciones, si no porque articula al partido hegemónico con presidencialismo y mientras no se cuestionen las bases del sistema político, los ajustes al sistema electoral tendrán siempre las restricciones propias de la continuidad del presidencialismo y del esquema ideológico del partido hegemónico.
Ahora, con una nueva edición de sus compañeros políticos en ausencia; antaño las corrientes del nacionalismo revolucionario dentro y fuera del PRI, ahora del liberalismo, el solidarismo y la doctrina social de la Iglesia católica.
Los defensores del tipo panista de esta iniciativa nos han dicho, nos dirán y seguirán sosteniendo: "¿Es que acaso no avanzan en la certidumbre electoral al otorgar mayores facultades a los tribunales electorales y convertirlos en tribunales jurisdiccionales y de pleno derecho?". Incluso el presidente del PAN lo señaló: "Pone los cimientos de un cuarto poder electoral", dijo.
La iniciativa tiene sus ventajas; nos han dicho y seguirán argumentando los del PRI. No se recuperan las viejas demandas opositoras de eliminar la autocalificación y la cláusula de la gobernabilidad; no se abre por fin el Senado a la participación de las minorías. Pareciera ser así, pareciera que en efecto la iniciativa PRI - PAN avanza en la solución al problema de legitimidad electoral en México; pero nosotros no lo creemos, parece pero no es así.
El sistema electoral sigue vigente, continúa la gubernamentalización del proceso electoral y no se generan condiciones equitativas para la disputa electoral ni tampoco se garantiza la credibilidad en la heterocalificación.
Los tribunales electorales, por su integración, dónde se ha visto que ministros de la Suprema Corte de Justicia tengan que pasar por una nueva selección para integrar la segunda sala. Y en cuanto al funcionamiento, ¿a quién se le ocurrió? la brillante idea de las impugnaciones frívolas ¡caramba! esto no garantiza la credibilidad electoral.
Los tribunales resuelven disputas una vez que ya se ha pasado todo el proceso electoral fraudulento, desde el padrón hasta la casilla, desde la campaña hasta los paquetes electorales en la Comisión Distrital. Desde ahí y con la práctica que ya conocemos, en donde se desechan todas las impugnaciones; ¿es que acaso se puede pensar que la eliminación de la autocalificación otorga credibilidad a los resultados electorales?
Si es positiva la heterocalificación, es porque se encuentra inserta en un proceso electoral sano, donde el cómputo en casilla, es definitivo, porque el escrutinio en las comisiones electorales, está apegado a derecho y alejado de prácticas mañosas. De otro modo, la eliminación de los colegios electorales ciertamente eliminan la negociación y la transacción obscena, pero de ningún modo garantiza que el proceso electoral sea justo. Una concesión, ciertamente, pero una concesión que ni en su forma ni en su contenido genera credibilidad, mucho menos sientan las bases de un cuarto poder electoral como pomposamente se quiere argumentar.
Hemos dicho que la iniciativa es parcial, pues no cuestiona al régimen político que es en el fondo, la restricción mayor del sistema electoral.
También señalamos ya que las supuestas concesiones a la oposición, se ubican en una lógica distinta a la planteada en las iniciativas de nuestro partido y de otras fuerzas políticas.
Ahora queremos señalar que la iniciativa es, también, peligrosa para el sistema plural de partidos que pervierte la representación popular y sienta las bases para un régimen bipartidista y de indistinción ideológica; esto se ve en el Senado, como ya lo dijeron mis compañeros de fracción, pero también en los mecanismos propuestos, si no en la Constitución, sí en las modificaciones al Cofipe.
Existe una intención de regulación externa del financiamiento partidario, sin ningún recato en lo relativo al financiamiento privado y a los proveedores oficiosos de los partidos mayoritarios.
Se nos dirá que no es materia de este dictamen, que en la Constitución sólo se reglamenta el financiamiento y que hasta la siguiente semana discutiremos los detalles. Sin embargo, éste es un tecnicismo parlamentario y en la discusión política general, la que hoy damos, la reforma política es un paquete completo, con una intencionalidad precisa y una lógica que ya hemos denunciado.
En la vigilancia al financiamiento, se encuentra otro de los mecanismos de exclusión que ya señalamos respecto a la Cámara de Senadores; la intención, una vigilancia externa e interesada, a finanzas partidarias.
No es esta una evidencia de un mecanismo de chantaje y presión sobre entidades públicas autónomas, porque el problema no es la vigilancia y la regulación del uso correcto de los recursos, en lo que todos estamos de acuerdo, sino el quién vigila y con qué objeto. Si la vigilancia es externa entonces la intención de la eficiencia y honestidad financiera pasa a un segundo plano, en provecho de la presión y la vigilancia partidaria, porque se convertirá en una simple vigilancia política.
La crítica radical al desacuerdo y la autonomía partidaria estarán en entredicho cada vez que una junta de notables y de funcionarios gubernamentales del partido del Gobierno se arroguen el derecho y la facultad de entrometerse en las finanzas de los partidos políticos o en su vida política misma.
Todos estamos de acuerdo que las finanzas partidarias deben de manejarse con honestidad y eficiencia y más aún que los partidos deben rendir cuentas a la sociedad del uso de recursos, sobre todo de los públicos. Pero la intención, que es positiva, se pervierte por el mecanismo propuesto: más vigilancia que transparencia, más presión política que disposición técnico - jurídica.
Por eso decimos que la iniciativa es excluyente, que tendencialmente cierra espacios y construye escenarios de negociación bipartidista en el Senado, pero también en el financiamiento y en la heterocalificación la iniciativa está sesgada. No hace más democrático el sistema de representación; lo pervierte. No hace más transparente el uso de los recursos, sino se vuelve un mecanismo de presión e intromisión en los partidos políticos. Tampoco vuelve más confiable los resultados, sólo traslada las maniobras a las comisiones electorales y descalifica las impugnaciones.
En suma, recoge el nombre de algunas propuestas, pero las despoja del sentido y del espíritu de nuestras propuestas.
El PRI y el PAN, como en 1989, se quedan solos. Una propuesta tan pegada a sus intereses no puede generar consenso. Tendrá que imponerse por la fuerza de la mayoría, aunque difícilmente con la de la razón.
Pronto discutiremos de nuevo estas propuestas. Ninguna reforma parcial y tan restringida en su legitimidad tiene viabilidad. Desde hoy los cardenistas nos preparamos en el seno del pueblo a combatir el bipartidismo, ahí donde más les duele: en las movilizaciones populares, en las demandas concretas, en las reivindicaciones populares, en la búsqueda de una mejoría en los niveles de vida y de participación política que hoy los partidos cupulares pretenden negarnos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, estimada compañera Presidenta; honorable Asamblea:
Las elecciones deben ser libres, verdaderas, correctas, confiables, transparentes y respetadas. Para que las elecciones sean libres se requiere que el Gobierno deje a los partidos postular los candidatos que tengan apoyo por sus bases y que los electores tengan a la disponibilidad de su convicción y su conciencia la elección de los gobernantes.
El voto verdadero es aquél que se cumple cuando el votante encuentra una diversidad de opciones y cuando dentro de esa diversidad de opciones escoge la mejor de todas ellas para el bienestar de la sociedad a la que pertenece.
Las elecciones deben ser correctas, en el sentido de que debemos crear la independencia de los órganos electorales, la corrección de los procedimientos electorales y la imparcialidad de los tribunales electorales, a efecto de que desaparezca toda esa corrupción electoral de la que aquí hemos venido hablando, de los votos despojados, de los votos inventados, de los votos viciados, de los votos embolados, de los votos apantallados por la excesiva publicidad electoral o bien que nos percatemos que mientras no venga una verdadera reforma electoral no venceremos la abstención, no venceremos el ausentismo.
El ciudadano es el hombre libre, el hombre independiente, el hombre fraterno, el hombre fiel a su comunidad. Si ha de ser el hombre fiel a su comunidad. Si ha de ser el hombre fiel a su comunidad resulta correctamente exigido en el texto vigente de la Constitución, que los candidatos a Presidente de la República sean hijos de padres mexicanos, porque el ciudadano tiene que ser fiel; los que no son fieles a su conveniencia pierden sus derechos políticos, ése fue el caso histórico que le aconteció al sector de los
sacerdotes, porque no fueron fieles a su comunidad nacional, a México.
Por otra parte, los órganos electorales deben ser independientes, para que cuenten contando con lo que cuentan y no nos cuenten cuentos, hemos dicho, pues se necesita que además de que sean independientes esos órganos, que el Gobierno tenga las riendas, el control vertical, hegemónico y exhaustivo de los órganos electorales; se requiere que los órganos electorales estén integrados por verdaderos ciudadanos e integrados paritariamente por los partidos.
El mismo valor que se exigió al inicio de la vida ciudadana cuando se dijo: un ciudadano, un voto, es el mismo valor que debe prevalecer de la equiparación igualitaria en los órganos electorales.
Cada partido debe tener la misma fuerza decisoria en el seno de los órganos electorales, cada partido un voto o dos votos o tres votos, pero todos parejos; todos coludos, todos rabones; todos hijos, todos entenados. Porque eso de que el Gobierno tiene los representantes del Poder Legislativo, los representantes del Poder Ejecutivo, los ciudadanos, que también toma el empeño de designar en individuos serviles y luego también los representantes del PRI, que por considerarse históricamente el partido mayoritario, le toca un crecido número de votos, de tal manera que ni soñando puede la oposición derrotar en una votación dentro de los órganos electorales a la imposición electoral, al fraude y a la corrupción electoral.
Por lo tanto, la democracia es ciertamente el respeto de los derechos individuales, pero no de los abusos individuales.
En un principio entre los griegos, cuando padecían la "caquistocracia", que quiere decir: el Gobierno de los peores, pensaron en la democracia como un Gobierno de, por y para el pueblo. Pero ese Gobierno del pueblo no llega, a nosotros no nos ha llegado, no tenemos más que el Gobierno de la oligarquía y ahora de un Gobierno cuya oligarquía se entrelaza con los intereses de afuera, con los intereses foráneos.
Tenemos un Gobierno que no viene de abajo y de adentro. El gobierno nacional debe ser de abajo y de adentro, del pueblo y de los que tienen patriotismo, no de los que venden su alma al dinero foráneo.
Por lo tanto, la equiparación de los derechos, el respeto de los derechos, pero esos derechos no deben ser los del individualismo; la democracia confusa, torcida y sucia que padecemos requiere limpieza electoral y esa limpieza electoral es a base de entender que los griegos y los romanos instituyeron la democracia como la participación en la Asamblea para la decisión de la suerte pública.
Pero en la Edad Media democracia y ciudadano significaba ciudad autónoma, independiente del señor de la tierra, ciudad que no puede parlamentar con el señor de la tierra, pero a partir de la revolución francesa, ciudadano quiere decir: hombre libre, hombre independiente, hombre fraterno y hombre fiel a su comunidad.
Es necesario que el ciudadano y es necesario que el Gobierno sean fieles a los destinos nacionales, fieles a los intereses populares, fieles a los intereses públicos; el sufragio es el derecho que fundamenta el voto, el ejercicio del sufragio se concreta en el voto, pero el sufragio es un derecho fundamental del hombre, es el derecho a sentirse parte de la comunidad en que convivimos, es el derecho a organizar el funcionamiento de esa sociedad, es el derecho a tener un buen Gobierno pero es principalmente el derecho a ser Gobierno; ese derecho a ser Gobierno es la única garantía de que el Gobierno sea en beneficio del pueblo; para que el Gobierno sea en beneficio del pueblo se necesita que quien gobierne sea el pueblo, pero sin democracia es el Gobierno de las mayorías, democracia no es Gobierno de mayorías rígidas y excluyentes, puras e inflexibles que dejan hablar a las minorías, pero no razonan con ellas, no crean la instancia de verdadero régimen parlamentario democrático que se cumple sólo cuando el parlamento se traduce en verdadero diálogo, en verdadero acercamiento, en verdadero reconocimiento.
El financiamiento de los partidos, las condiciones de paridad en un juego leal, responsable, que debe darse entre los partidos y los ciudadanos. Aquí he mencionado en otras ocasiones que la transición a la democracia requiere cuatro pasos: democracia en cada uno de los partidos, debiéramos en estas reformas establecer precepto que dijera: En cada partido político se respetará la soberanía de la Asamblea de sus miembros, todos y cada uno de sus miembros son elegibles y electores, todos los miembros de un partido tienen derecho a estar informados de las decisiones y de las líneas políticas de los contingentes, dirigentes, direcciones y acciones que realizan en un partido, todos los miembros de un partido tienen derecho a conocer con transparencia el manejo de los recursos, quiere decir que la democracia, decía, no es sólo la
democracia liberal individualista, no, el pueblo mexicano a través de la Revolución Mexicana cuyo ideal histórico está vigente en el pueblo, aunque no esté vigente en el Gobierno, este ideal supone la libertad del hombre en el sentido del humanismo democrático y el humanismo democrático significa que democracia es la capacidad de desarrollo humano pleno de los individuos; democracia significó por lo tanto, derechos sociales, bienestar del pueblo, ya no tanto que el Gobierno no abuse contra los individuos, sino que el Estado cumpla a los individuos porque los pobres, los débiles y los marginados tienen también derecho al bienestar y al pleno desarrollo de sus capacidades.
Por otra parte, democracia significa la concurrencia de élites abiertas. Los partidos políticos que tienen élites eternas e inmutables y de únicos, empobrecen la vida política de un país. Los partidos políticos en sus cuadros deben abrirse; la corrupción en el Gobierno, el burocratismo en los partidos y la partidocracia, son contrarios a la vida democrática.
Por lo tanto, este proyecto de reformas efectivamente es un proyecto efímero, que no podrá cumplir el elevado deber que señalaban un filósofo político, Thomas Hobbes, cuando decía "legislador no es aquél por cuya autoridad se hace la Ley, legislador es aquél por cuya autoridad la Ley sigue siendo Ley".
Que la Ley siga siendo Ley, que esté metida en la conciencia y en el corazón de los ciudadanos, ésa es la tarea que debemos respetar. Esta reforma, la declaramos efímera y aquí he subido para expresar mi identificación, mi voto uniforme y solidario, con el Partido Popular Socialista, con el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con los compañeros de los grupos independientes que aquí valerosamente han reivindicado estos valores y entender que la ausencia del PAN en sus acuerdos y conciliábulos, nos quieren meter en la democracia fácil.
La democracia fácil, es aquella que tiene arreglos; la democracia difícil es cuando los candidatos, las posturas y los programas se someten a la decisión de los ciudadanos, cuando los candidatos se la juegan con el pueblo, se acercan al pueblo y realizan un liderazgo democrático.
Por lo tanto, solidario con los compañeros y firme en las banderas. No importa que la mayoría mecánica nos pueda derrotar, nuestras banderas son las banderas del pueblo mexicano que el Partido de la Revolución Democrática las mantendrá firmes hoy y mañana. Es todo.
La Presidenta:
Tiene la palabra, el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Alcanzar el equilibrio en los sistemas de integración de las cámaras como resultado del sufragio, ha sido una aspiración acariciada durante largo tiempo por quienes han buscado que el número de los escaños ocupados por los partidos, sea fiel reflejo de los votos que hubieran obtenido.
En la exposición de motivos de la reforma constitucional suscrita por el Partido Revolucionario Institucional y por Acción Nacional, se afirma que su propuesta permite lograr un equilibrio en las dos cámaras y en los sistemas para su integración.
Lamentamos que la afirmación de quienes apoyan la reforma constitucional no sea cierta. El equilibrio en los sistemas de integración de las Cámaras, no se alcanza con las fórmulas propuestas en la iniciativa. La única manera de alcanzarlo es por medio de fórmulas que reflejen cabalmente el sentido de los votos ciudadanos.
Reconocemos la ventaja del sistema electoral mixto en la Cámara de Diputados, al permitir la presencia de las minorías en ella. No debemos olvidar que desde su adopción, la presencia con voz y voto de los representantes de la minoría, les procura una ventaja cierta, la de hacerse oír no necesariamente fuera del recinto legislativo, la de hablar con la investidura cívica de diputados en lugar idóneo y así se escuchen las opiniones de los desidentes.
Pero la representación proporcional en el sistema mixto es sobre todo y en primer término o debe ser, un mecanismo correctivo a la desigualdad, a la falta de equilibrio y a la ausencia de representación que ocasiona el sistema de mayoría.
La pregunta que todo mundo se hace con el resultado del sistema de mayoría es: ¿a dónde van los votos que no fueron emitidos por quien ganó la mayoría? Con el 45 ó 50% de los votos, se pueden ganar en esta Cámara las 300 diputaciones. El sistema de representación
proporcional, entonces, debe introducir el equilibrio y dar cauce y presencia a los votos que no fueron emitidos por esa mayoría.
Al participar el PRI en la Cámara por las dos vías, la de mayoría y la de representación proporcional, el mecanismo correctivo se tuerce, se frena y pasa a ser garante de una sobrerrepresentación. Se elimina la cláusula de gobernabilidad y es sustituida por otro mecanismo de sobrerrespresentación. En la Cámara de Diputados se le pone límite de 315 diputados, pero se le abre paso a la sobrerrepresentación. En la Cámara de Senadores el partido oficial con una minoría de votos puede llegar a obtener el 75% del Senado.
Quiero demostrar por qué al participar el PRI en la Cámara por las dos vías, la de mayoría y la de representación proporcional, en vez de que la representación proporcional sea correctivo de las distorsiones que deja el sistema de mayoría, traiga una sobrerrepresentación.
Vamos a imaginarnos un escenario posible: un partido "A" que obtiene 200 escaños de mayoría y obtiene además el 45% de los votos, ese 45% de los votos si al mismo tiempo participa en la representación proporcional, le da 90 diputados de representación proporcional lo que hace que el partido "A". con el 45% de los votos, con 200 triunfos uninominales y teniendo 90 curules plurinominales, le dé un total de 290 diputados, que dan 58% de esta Cámara. El partido "A", con el 45% de los votos, tiene el 58% de los diputados.
El partido "B", suponiendo que gana 85 diputaciones y que tiene un 35% de los votos, esto le da derecho a 70 diputaciones plurinominales y un total de 155 diputados, que resultan el 31% de los votos.
El partido "C", ganando 10 diputaciones uninominales y con el 15% de la votación, tendrá 30 diputaciones plurinominales, un total de 40 y con el 15% de los votos tiene el 8% de la Cámara.
Si este Partido "C" fuera el Partido de la Revolución Democrática, quiere decir que el PRD que tuvo en la elección del 1991 el 8% de la votación y tiene ahora el 8% de la Cámara, necesitaría para tener los 40 diputados, el doble de votos prácticamente para tener el mismo 8% dentro de la Cámara de Diputados.
Si el resto de los partidos tuviera las cinco diputaciones que quedaran y con ello sacar además el 5% de la votación, tendrían entre todos 10 diputaciones plurinominales; el resto de los partidos tendría 15 diputaciones en total y tendrían el 3% de la Cámara, habiendo sacado el 5% en total.
Un partido que tenga el 2% de la votación, tendrá cuatro diputaciones de representación proporcional en total.
Eso es un ensayo de la fórmula que nos presentan como democrática en la reforma constitucional.
Es por esa sobrerrepresentación que la mayoría se perpetúa a través de órganos electorales y de instituciones representativas. La mayoría es la que decide y lo hace sometiéndose a los designios del Poder Ejecutivo, sin escuchar argumentos, llegando a extremos como lo que estamos viviendo a consecuencia de la aprobación de las reformas en materia inquilinaria.
Desde la reimplantación del Senado en el año de 1874, la idea que había un sustento teórico a esa Cámara, era según decía Lerdo de Tejada, combinar en el Poder Legislativo el elemento popular y el elemento federativo; sin embargo debe reconocerse que en México esa institución no ha cumplido con sus fines, en él nunca han hallado representación real y soberana los estados. La Cámara de Senadores no ha representado los intereses de la Federación, ni ha cumplido el mandato constitucional establecido.
El interés que ha prevalecido es el Poder Ejecutivo, convirtiendo al Senado en un instrumento más del centralismo político que existe en nuestro país, por lo que tampoco ha servido como contrapeso a las excesivas atribuciones del Presidente de la República.
La propuesta de reforma para la integración del Senado, no pretende modificar esta situación, sino que tiene la misma intención que la integración mixta de la Cámara de Diputados, darle voz a la oposición; de ninguna manera busca quitarle el carácter de instrumento del presidencialismo. El sistema mixto en México, ha sido utilizado para darle representación a las minorías, pero al mismo tiempo para garantizar la sobrerrepresentación del partido de Estado.
La propuesta de modificación de los mecanismos de integración de la Cámara de Diputados, no corrige dicha deformación y aunque tenga límite la sobrerrepresentación, deja abierta esta posibilidad para realizarse como resultado de la elección y la deja abierta porque la participación de la mayoría por la vía de la representación proporcional, ha sido ese garante con el que el PRI ha gozado.
Esta situación puede enmendarse agregando una nueva fracción al artículo 54 constitucional, en la que se diga que "los partidos deberán tener una proporción de diputados correspondiente al porcentaje de la votación que hubiere obtenido".
Eso es lo que el PRD ha venido proponiendo, para la integración tanto de esta Cámara como la de Senadores.
Con la propuesta de reforma al Senado, se transfieren los vicios vigentes en la integración de la Cámara de Diputados, que tiene como fin garantizar esa sobrerrepresentación del partido oficial.
En consecuencia, con la conformación del Senado con una minoría de votos, el partido oficial puede obtener el 75% de la Cámara alta.
Nos preguntamos: ¿no hay otra fórmula que no sea la de entrar al Senado por la vía de la primera minoría y no podría haberse encontrado una forma de representación proporcional, como la que ha propuesto aquí el PRD o el Partido del Frente Cardenista o el PPS, que diera cabida de manera más directa a los partidos en su totalidad?
Pero, además, hay diversas formas de castigo a las coaliciones, entre otras, está la de que esta propuesta señala que se asignará el senador de minoría a la fórmula del partido que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en el número de votos de la entidad de que se trate. Lo anterior quiere decir que se busque evitar la conformación de coaliciones que pudieran adjudicarse la cuarta senaduría, como hay otros párrafos en las propuestas que vienen alrededor del Cofipe, que traen, desde luego, formas distintas de castigo a toda coalición que se forme.
Nuestro partido no mira esta reforma con una óptica estrecha, estamos viendo, para decirlo en su manera más inmediata, la experiencia de este sexenio, que en materia electoral ha sido de una elección y un conflicto poselectoral de inmediato. Es evidente que algo está fallando.
Y de nada sirve equivocarse, pensar que hay un grupo de maldicientes, que se llama PRD, que están protestando por todo y siempre increparán sobre las elecciones. A cada elección le sigue un conflicto poselectoral y esto quiere decir que hay falta de confianza.
Por eso hemos señalado como prioridad, efectivamente, la de los órganos electorales y, no dudo que también tengan que ver con esto y, sobre todo, tengan que ver con esto las propias prácticas del partido oficial; no tanto en las leyes, pero si estamos abordando y aquí nos toca abordar las leyes, tenemos que señalar las leyes.
Urge que para el 1994 haya en el país un clima que permita la confianza y la transparencia de la elección.
Pusimos, sí, el acento en los órganos electorales; buscamos avanzar en su independencia, certeza, objetividad y equilibrio.
La propuesta mantiene intactos los órganos electorales.
Buscamos un equilibrio en la representación plural, además en las instituciones de representación popular, porque nuestra sociedad es plural y se requiere una forma que refleje esta pluralidad. Esta reforma preserva o fortalece la hegemonía de un partido y da cauce a una alianza estratégica de largo plazo con Acción Nacional, es una reforma bilateral.
El Partido de la Revolución Democrática ha buscado por medio de las distintas negociaciones y de acuerdos políticos, desde la Cámara de Diputados, pedimos encontrar algunas formas para avanzar pasos que tuvieran trascendencia. Nunca nos aferramos en ninguna de las negociaciones y éstas siguen llevándose a cabo y no estamos aferrados a ninguna fórmula. Hemos planteado cómo avanzar algo en los criterios de certeza, objetividad, equilibrio e independencia de los órganos electorales. ¿Qué pasos podemos si nos proponen dar y el órgano permanece intacto?
Hemos preguntado por qué se sigue negando el voto del extranjero, cuando es una demanda generalizada entre los mexicanos que viven en el extranjero, que perdieron su trabajo, que no encuentran forma de mantenerse y de sostenerse económicamente en su país y han tenido que recurrir a otro país, pero quieren salvaguardar plenamente sus derechos de ciudadanos porque la ciudadanía ni la han perdido ni la quieren perder. Se nos ha respondido que están sujetos a influencias extranjeras que pueden manipular las elecciones en México; nada más falso, quien es ciudadano mexicano quiere plenamente sus derechos como ciudadano mexicano, aunque tenga por circunstancias especiales que vivir en otro país.
Nos hemos planteado, ¿por qué no darle cauce al referendum que se introdujo en las formas
legales para resolver los problemas del Distrito Federal y luego se sacó del Código? Al referendum que ponga en práctica algunas formas de democracia directa que no son incompatibles con un sistema de democracia indirecta que es la representativa.
Algunas formas, las que son fundamentales y de rumbo en el país. Nos hemos referido a los tratados internacionales y claramente decimos, algo de los tamaños que tiene el Tratado de Libre Comercio debería de ser sometido en este país a referendum, hay materia de sobra para querer hacerlo y aquellas cosas que a juicio de esta Cámara pudieran considerarse fundamentales de cambio de rumbo del país.
¿Qué problema es para la democracia que en un "Sí" o un "No", el pueblo entero directamente diga las medidas fundamentales de gobierno que proponen cambiar el rumbo del país? Es una medida democrática que en muchos países del mundo tiene efectos fundamentales en su desarrollo político.
También hemos planteado efectivamente, como decía la diputada Patricia Ruiz, ¿por qué no poner un porcentaje obligatorio de mujeres para la representación popular? y eso sería efectivamente modernizar los sistemas de representación y poder aliviar desigualdades que surgen de la misma sociedad.
No hemos calificado a estas medidas como una contrarreforma, pero decimos claramente, las medidas constitucionales que aquí se están proponiendo y como decía el diputado Robledo, no lo dudamos, no tenía por qué decirlo aquí, la mayoría va a decidir y va a votar. En estas medidas que se votarán dentro de unos momentos, se priorizaron las negociaciones internas del PRI como partido a través del cual se autorreproduce el grupo en el poder y se decidió a fortalecer la presencia de Acción Nacional en el país.
En cierta medida y en distintas variantes, pero se obstaculiza, se limita o se reduce la presencia del resto de los partidos.
Vendrán después otras propuestas que tienen qué ver con el Cofipe, habrá otras propuestas que intentan favorecer a los partidos más pequeños en financiamiento y en la posibilidad de que si se pierde el registro se puede obtener en una segunda ocasión, siempre y cuando no se coliguen.
¿Será suficiente para equilibrar lo que se está haciendo y el rumbo que se está marcando en la reforma constitucional? Nosotros creemos que no, que ni atina en lo esencial de los problemas que hoy requiere abordar el país esta reforma, ni toca lo fundamenta, ni reforma lo principal y, por otro lado, tiene los efectos que ya habíamos dicho. Por eso vemos difícil que meter contrapesos posteriores resuelva una reforma que le dio la vuelta a lo que el pueblo de México esperaba. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Manuel Garza González.
El diputado Manuel Garza González:
Con su permiso, compañera Presidenta.
Con toda atención y respeto atendimos lo que nos expusiera nuestro compañero diputado. Brevísimamente, es respeto al tiempo que hemos dispuesto ya, me gustaría que a sus cifras le agregara que sin elecciones, sin que nadie vaya a una casilla todavía, hay 185 diputados en la propuesta nuestra que van a los partidos minoritarios, ese es el 37% de la Cámara de Diputados.
Dos, el 25% de la Cámara de Senadores va a los partidos minoritarios antes de que haya elecciones. Si eso no es buena voluntad, yo no sé de qué se trata.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Desde que surgió la vida política de México el Partido Acción Nacional, se impuso como fin y propósito, el establecimiento de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia.
Muchas han sido las propuestas que reiteradamente ha hecho el PAN con este propósito. Hoy dentro de algunos minutos probablemente se aprueben algunas de ellas. No pretendemos afirmar que se trata de disposiciones exclusivas del PAN. En el momento en que son asumidas como propias por otros partidos políticos, son,
evidentemente propuestas comunes. Lo son, no sólo en los partidos que suscriben después de un trabajo de discusión política intensa, sino aun aquellas que han anunciado su voto en contra. Es el caso del PRD, por ejemplo, que tanto en el documento suscrito con el PAN, como en los documentos que presentó en al Comisión Plural, se consignan como exigencia de ese partido, la apertura del Senado así, la supresión del mecanismo de autocalificación, la creación de un tribunal de plena jurisdicción.
Sobre esos puntos hay consenso. De hecho no lo había sobre el artículo 82 constitucional ni en la propuesta del PRD original, ni en el compromiso suscrito con el PAN, donde sólo hablamos de revisar los requisitos constitucionales. Más aún, sabemos que el segundo pleno del Partido de la Revolución Democrática, votó en el sentido de no aprobar la reforma al artículo 82. Ha anunciado que algunos de sus miembros votarán en favor de este artículo. Nosotros lo agradecemos, sin embargo, queremos entender que el voto emitido por los diputados perredistas se emite por convicción y no por conveniencia ni por respetar un presunto compromiso que no está planteado en esos términos, si no por el contrario, el compromiso existente entre el PRD y el PAN, es impulsar de manera independiente los puntos sobre los que estamos de acuerdo y respetar en cualquier caso, las decisiones y estrategias de nuestros partidos.
Hasta ahí el compromiso; nada más, pero nada menos. Hoy hace un momento no se cumplió por ejemplo esta parte medular en la construcción de una verdadera democracia. Lo consignamos simplemente porque para la construcción de acuerdos políticos válidos es importante que se tenga palabra.
Nosotros no hemos renunciado a la modificación de los órganos electorales; no hemos arriado las banderas para el establecimiento del poder electoral; por el contrario, lo más importante de las reformas que hoy discutimos en lo general, no es señores, ni la modificación del Senado o de la Cámara, ni la reforma al artículo 82, ni la supresión de la cláusula de gobernabilidad.
En mi opinión, la reforma cualitativamente más trascendente, es la del establecimiento de un tribunal de plena jurisdicción. Esa es la fuente del verdadero poder electoral, la existencia de un órgano electoral, el tribunal, verdaderamente autónomo que resuelve conforme a derecho y no conforme a intereses predominantemente políticos. No hemos renunciado siquiera, óigase bien, a plantear el problema de la integración y funcionamiento de los órganos electorales; más aún, afirmo que se equivoca quien diga que no habrá cambios en esta materia. No han funcionado correctamente y no hay razón para suponer que pueda considerarse como democrática, una reforma legal que no aborde este punto.
En lo que insiste el Partido Acción Nacional, es que el tema de los órganos electorales, como el tema del padrón electoral, como el del régimen financiero de los partidos políticos y del funcionamiento del IFE y del Tribunal Electoral, son materias que regula la ley ordinaria, que en lo tocante a la materia constitucional, están suficientemente abordados, con excepción de en este caso el transitorio del artículo 82.
No es un problema de constitucionalidad, señores, como no lo es tampoco el del conjunto de disposiciones declarativas y orgánicas de la Constitución referidas a la soberanía, como no lo es tampoco el conjunto de derechos consignados constitucionalmente y que requieren de una aplicación práctica que no se ha cumplido y no se ha hecho, como el derecho a la vivienda, como el derecho mismo a la educación o a la salud.
No se trata, para nosotros, del prurito de lograr la aceptación de tal o cual propuesta. Se trata de que con ellas se establezca la simiente constitucional de lo que puede ser un proceso verdaderamente democrático.
La norma constitucional en la América Latina nuestra y en otras latitudes del orbe, que posibilita la existencia de regímenes democráticos, es precisamente la existencia de un tribunal de pleno derecho, es el punto medular de la democracia, por ejemplo en Costa Rica, es la instancia que detuvo la candidatura de Ríos Mont en Guatemala y es la que restauró la democracia en ese país salvándola de la intentona golpista.
Es en la existencia del poder electoral donde debe fincarse la Constitución democrática. Se puede decir y con razón, que si no se modifican las facultades, los supuestos jurídicos y las pruebas susceptible de ser analizadas, de nada valdrá la instauración de la jurisdiccionalidad electoral.
Pero precisamente son estas materias susceptibles de ser desarrolladas en la ley ordinaria y sólo en la ley ordinaria. Hacia allá nos orientamos y el Partido Acción Nacional aprueba la reforma constitucional, considerando que habrá una revisión a fondo y en serio de estos temas en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.
Se hacen críticas al Tribunal Federal Electoral. Se dice que además se presentó una propuesta del PRD que fue desatendida y concretamente se nos dice que el planteamiento del PRD es el siguiente:
Uno. "Que el Tribunal Federal Electoral tenga competencia para calificar las elecciones de diputados y senadores y resolver en forma definitiva e intachable en los términos de la Constitución y la Ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal".
Esto, señores, está tomando casi literalmente de su propuesta.
Segundo. "Las salas del tribunal tendrían que revisar de oficio la validez de las elecciones, resolviendo al mismo tiempo las impugnaciones referentes a la nulidad de la votación y de la elección".
No estamos de acuerdo que la revisión sea de oficio, porque evidentemente la certidumbre electoral implica que se revisen las impugnaciones electorales. Pero eso está consignado en la reforma propuesta.
Como punto tres, destacan que:
"El organismo público previsto en el artículo 41 de la Constitución, tendría que limitarse a hacer la declaratoria de los ciudadanos electos a los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Unión, de conformidad con las resoluciones del tribunal."
También está consignado en la propuesta.
"Dicho organismo otorgaría las constancias a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y haría la asignación en los casos de aplicación de principios de representación proporcional."
También se consigna en la iniciativa.
El punto cinco que resaltan, es que:
"El otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrían ser impugnados ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la ley."
También está consignado, señores. Todo esto en lo que respecta a las facultades del Tribunal.
Ojalá que se revisaran con más cuidado sus propias propuestas y lo que están discutiendo acerca de ellas.
Se admite, en el discurso, que la organización de las elecciones es una función estatal. Ahí, se dice, no está el problema. Se acepta. Pero se señala que el organismo deber ser autónomo. En eso estamos plenamente de acuerdo; lo que ocurre es que eso ya está consignado en la Constitución.
En efecto, el párrafo octavo del artículo 41 constitucional actual ya establece lo siguiente: "El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones".
Se hace una comparación, teóricamente válida considero, entre la autoridad monetaria (el Banco de México) y la autoridad electoral. Efectivamente se trata de órganos desconcentrados, pudiéramos decir en la teoría del derecho administrativo, de órganos desconcentrados de carácter autónomo, como aquí lo afirmamos en aquella ocasión.
Sin embargo, en el plano estrictamente teórico, en el Instituto Federal Electoral existe aun un grado mayor de autonomía. Lo tiene desde el punto de vista de su integración, que es mucho más compleja y con una exigencia mayor, concretamente mayoría calificada en la integración de sus miembros. Lo tiene desde el punto de vista del órgano que designa sus integrantes, que es la Cámara de Diputados actualmente y no la Cámara de Senadores, como en el caso del Banco de México.
Lo tiene, también, en el punto de que participan los partidos políticos en su consejo directivo, cosa que por supuesto no ocurre en el Banco de México.
Y una cosa fundamental, los integrantes del Instituto Federal Electoral, esto en relación al carácter autónomo de la figura constitucional ya prevista, no están sujetos a responsabilidad política, como sí lo están al capítulo de Responsabilidades de Servidores Públicos los integrantes del consejo del Banco de México.
Hay en consecuencia en el plano teórico y constitucional un rango superior en el IFE y un carácter autónomo como se demanda. Se dirá, y con razón, que en la práctica, en la práctica el IFE está dominado por el sistema político. Y es cierto. Efectivamente eso ocurre y se trata de un problema práctico, pero no de un problema constitucional. Un problema que tiene que resolverse, pero que tiene que resolverse en el ámbito de la ley, que da facultades, que establece la forma de integrar los consejos, que establece la
forma de integrar las juntas ejecutivas, que establece la forma de integrar las direcciones ejecutivas, que establece la competencia del Consejo y que establece las facultades de supervisión de los propios partidos políticos.
Ese es un problema de la Ley, de la práctica, pero no un problema constitucional.
Hace cuatro años o tres, cuatro años en la discusión del mismo tema, el PRD por ejemplo abogaba por un menor número de consejeros ciudadanos o consejeros magistrados en el Consejo del IFE. Llegó a plantear la emisión de un voto en favor de la Ley, del Cofipe, si en el Consejo del IFE los consejeros magistrados se limitaban y si se establecía la doble insaculación para funcionarios de casilla.
Ahora abogan por mayor número de consejeros ciudadanos. Respetamos e inclusive estamos de acuerdo con esa propuesta. Corrigen su propuesta originalmente presentada en esta reforma y admiten en el Consejo la participación de un representante del Ejecutivo y dos de las cámaras.
Precisamente, casualmente, ésta es la integración que actualmente tiene el Consejo General del IFE.
Por otra parte, nosotros no desdeñamos la propuesta de los organismos ciudadanos ni del movimiento ciudadano ni del Consejo para la Democracia. De hecho coincidimos en la abrumadora mayoría de propuestas que hacen, pero nuevamente, señores, son propuestas que tiene que ver con la ley electoral, no con la Constitución.
La propuesta de ese reivindicado grupo ciudadano, que tiene que ver con la Constitución, el punto que tiene que ver con la Constitución es el siguiente, un punto en el que por supuesto y ustedes verán por qué no coincidimos, porque propone la integración de una asamblea ciudadana, imprecisa, difusa, que podría estar integrada por representantes de los movimientos cívicos, sin definirlos y ésos pueden ser desde el movimiento ciudadano por sí mismo, hasta los comités de Solidaridad, los 60 mil que existen en la República, los de la CNP, la misma Asamblea de Barrios o el Movimiento Urbano Popular.
¿Y cómo integrar con imparcialidad y objetividad una asamblea así?, ¿cómo tomar como seria y bien presentada una propuesta constitucional en este sentido?, y sobre todo ¿cómo aprobarla sin resolver en la Ley el problema de su operación y funcionamiento? Yo creo que es muy sencillo decir y asumir que se representan las propuestas y las inquietudes de grupos ciudadanos, pero otra cosa es asumirlos en serio; tan no se asumen en serio que ni siquiera son parte de la propuesta del PRD.
Con absoluta honestidad hemos revisado ese planteamiento y ciertamente no encontramos que sea solución al problema, no lo es en el grado de que nuevamente remite a la Ley la integración de estos órganos, una palabra sobre el supuesto Senado bipartidista que asumen aquí que se dará varios partidos.
En primer lugar, no se trata de una propuesta que vaya a beneficiar necesariamente al PAN; beneficiará a la primera minoría en cada Estado. Y quien asume el supuesto desde ahora que el PAN tendrá la primera minoría, pues les agradecemos señores que nos reconozcan este carácter, pero no lo queremos. ¡Nosotros vamos a pelear las mayorías, como supongo que ustedes también las van a pelear!
Lo que sí creemos es que es una hipótesis que no está planteada para un partido político; ni en el escenario de 1988, ni asumiendo como válidos los resultados electorales de 1988 hubiera sido una propuesta que favoreciese al PAN.
Buscamos por las mayorías y aunque no lo logremos en ese supuesto, nosotros vamos a pelear por ellas, pero aun en ese supuesto al beneficio puede ser para cualquier partido político, incluido el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a pesar de que haya postulado a doña Irma Serrano, que bajo este principio tendría que ser senadora de la República.
Otra palabra sobre la integración de la Cámara de Diputados. Efectivamente es fácil, Gilberto, hacer hipótesis sobre diversos escenarios. Precisamente la reforma que se propone tiene una carga de sobrerrepresentación, la cual nunca la hemos negado. En primer lugar habría que entrar a la discusión, que no abordaré en este momento, será el día de mañana, sobre las razones que puede argumentar un partido o en otro sobre la representación camaral. Pueden citarse los casos en el mundo donde se estima que hay un sistema democrático y donde no hay representación proporcional estricta como la que se propone por ustedes. Pueden citarse innumerables casos en América Latina, Europa o en Estados Unidos si les gusta, donde ni siquiera hay representación proporcional, donde se asume como democrático un sistema o por lo menos no se le critica por ese carácter, donde
no hay una representación estricta; es más, se asumen como convenientes y aceptables márgenes de sobrerrepresentación que pueden fluctuar del 10%, del 12%.
Aun en el caso que se señala, con una sobrerrepresentación del 12, 13%, lo que implica de ventaja esta reforma es que no depende del porcentaje que obtenga un partido la garantía de la mayoría constitucional en la Cámara. No depende por varias razones: primero, porque por primera vez en la historia se suprime la posibilidad de que un partido tenga mayoría constitucional; esto no es una reforma trivial, ésta no es una reforma trivial para un país donde uno de los problemas es la inestabilidad constitucional.
Otro asunto es que no por el hecho de sacar el 35% de los votos hay garantía del 50% de la Cámara. Con sus propios números si en 1988 el PRI oficialmente tuvo 51% y tuvo aproximadamente 250 mayorías, que pudieron haber sido mucho menos si hubiera habido coalición del Frente Democrático Nacional; por ejemplo en el Distrito Federal el FDN hubiera ganado algo así como 35 distritos. Si ustedes con bajar 6% de la votación reducen 50 mayorías posibles, es un ejercicio que puede ser razonable, porque efectivamente en la medida que el partido mayoritario va reduciendo su porcentaje de votos, en esa medida se colapsa, digamos,, en esa medida se reduce el número de distritos que puede ganar y que aumenta proporcionalmente el número de distritos que gana la oposición.
Si supusiéramos que el partido mayoritario sacara 5% menos, es decir, un 40% de los votos y siguiendo la misma mecánica perdiera entonces en esa lógica 50 distritos, vamos a dejarle que pierda 30, con el 40% de los votos, 170 mayorías, no tiene la mayoría absoluta de la Cámara y me parece además de muy pobre visión suponer que en un escenario competido con márgenes abajo del 50% de la votación del partido de mayoría relativa, pueda suponerse que la tercera fuerza sólo gane 10 distritos de 300.
Hay, por supuesto tema debatido y discutible en la integración de la Cámara, pero no es un elemento definitorio del proceso democrático además, es un problema de integración de órganos constitucionales discutible como discutible, es la forma de primera minoría en el Senado, por supuesto que puede haber y se dijo aquí, muchas otras fórmulas, así es, nosotros propusimos las de la primera minoría y puede haber otras, pero aquí hay otro problema; ésa es la propuesta que acordó defender el PRD con el PAN, no me parece justo que ahora se nos impute a estar aceptando una mecánica y un principio de integración de las minorías al Senado, que fue avalado por los órganos de su partido, eso no me parece serio políticamente y no lo es y por supuesto que nosotros respetamos la decisión que ustedes tomen respecto de estos principios.
Sí queremos decir que el PAN va en serio por una reforma democrática verdadera, que la reforma constitucional es apenas un primer paso, que ciertamente el hecho de cambiar estos artículos no garantizará por sí mismo la democracia en México, se requiere cambiar la Ley, nos preparamos para esa batalla, sería útil que la viéramos juntos, pero la vamos a dar a pesar de todo, porque está antes el interés democrático del PAN, que los intereses político - partidistas del PAN y después de la reforma legal vamos a pelear por una reforma en la práctica. Que ¿cómo es posible que el PAN pueda denunciar al fraude si aprueba esta iniciativa?, por supuesto, señores, porque somos un partido somos un partido que tiene palabra, porque somos un partido que es reconocido como objetivo y veraz, nacional e internacionalmente, en la calificación de procesos y con la misma autoridad moral que nos están reconociendo ahora que somos minoría para avalar una reforma constitucional, con esa autoridad moral que se nos reconoce vamos a decir, si hay un proceso electoral en 1994, que esas autoridades son ilegítimas y que el PAN no las reconoce y que Acción Nacional se suma a una propuesta y a una reforma de conjunto, porque quiere democracia para el país, pero que si no se cumple en la Ley con un compromiso democrático y si no se llega a las prácticas con un compromiso democrático, el partido que incurra en violaciones fraudulentas, y aquí hay que acordar que defendemos la democracia desde que el fraude lo hacían algunos integrantes del PRD, si Acción Nacional ve que no hay un proceso democrático, quien realice prácticas fraudulentas tendrá en nuestro partido a su principal enemigo, somos un partido democrático por convicción, por historia y a pesar de lo que se afirma, Acción Nacional impugnará la reforma política hasta sus últimas consecuencias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Quisiera brevemente hacer alguna aclaración con respecto a la posición de mi partido que fue
aludida por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Quiero decir que la razón fundamental de nuestra oposición a la reforma que ahora nos propone el PAN, no es porque le beneficie de ninguna manera, sino perjudica, porque altera la representación nacional de todas las fuerzas. Por supuesto que si el PAN, es segunda fuerza por el voto popular, pues un mecanismo de representación tiene que expresar esto, eso es obvio y está fuera de toda discusión; a lo que nosotros nos oponemos y creo que ha quedado claro y ya no tiene caso reiterar, es que la propuesta de primera minoría altera los modos de y los sistemas de representación con un propósito antidemocrático, porque privilegia sin sustento doctrinario una minoría que por definición tiene la misma calidad de minoría junto con el resto de minorías.
Si un partido tiene voto más que el partido que le siga, es mayoría, tiene una calidad superior; pero si un partido que es minoría tiene un voto más, 100 votos más, mil votos más, 10 mil votos más que otro que tampoco obtuvo minoría, tienen por definición la misma calidad.
Se distorsiona la representación cuando un partido cualquiera obtiene un senador con 18 mil votos siendo minoría y otra fuerza minoritaria, con un millón y medio de votos, con un millón de votos, o varias fuerzas minoritarias, con dos millones de votos, con tres millones de votos, por el hecho de no ser primera minoría, no tienen capacidad de representar, ésa es una alteración al sistema de representación en México y a eso nos oponemos.
No nos convencen los argumentos del compañero que me antecedió en el uso de la palabra.
Allá el PRD si se deja dar atole con el dedo o allá el PRD si se deja regañar para que comprenda las bondades del bipartidismo, allá el PRD si abandona su responsabilidad como tercera fuerza electoral, de encabezar las fuerzas de centro, progresistas, y de izquierda que le dieron nacimiento. Allá el PRD si no comprende su papel, allá el PRD si privilegia su alianza con el PAN, su acercamiento con el PAN. Una fuerza que no comprende su papel político, es una fuerza llamada a ser desplazada; allá ellos. Por lo que ve a nosotros, al son que nos toquen bailamos.
Nosotros hemos sido un partido que hemos demostrado que hemos crecido, que nos hemos fortalecido, que hemos aprovechado las coyunturas, que somos ahora tercera fuerza electoral por el voto a senadores, que fuimos tercera fuerza electoral en 1988 y no hay ninguna razón, absolutamente ninguna para que podamos volverlo a ser.
Y por lo que se refiere a Irma Serrano, que parece que el compañero que me antecedió en el uso de la palabra tiene una fijación sobre Irma Serrano porque reiteradamente insiste sobre Irma Serrano, por supuesto que la lanzamos para ganar, por supuesto que la lanzamos con responsabilidad, por supuesto que le diseñamos una consigna que era el llamamiento al pueblo para que Chiapas lo recuperara el pueblo, por supuesto que lo avalamos y por supuesto que defendemos su opción.
Irma Serrano jugó en Chiapas el papel de destruir, esperemos que para siempre, el sistema de partido único que tenía en Chiapas un coto indisputado, ése es nuestro papel, lo seguiremos jugando. Somos un partido de oposición, podemos crecer y vamos a disputar en el terreno que sea y con la Ley que sea, el derecho de representar a las grandes mayorías nacionales. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, el diputado Octaviano Alaniz Alaniz, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Con su permiso, señora Presidenta:
Sí resultará reiterativo expresarlo pero pues es necesario...
Le voy a conceder a usted mi lugar para que lo venga a expresar y no se oculte en el anonimato, señor diputado...¿Venga y dígalo!
Estamos escuchando con mucha frecuencia bondades del proyecto de dictamen. Se ha estado expresando que es resultado del consenso que ha tenido la Comisión Plural desde diciembre de 1992; pero allá en la Comisión y aquí, simplemente es un alegato entre sordos. En la Comisión se hicieron varias propuestas, no fueron tomadas en cuenta en el proyecto de dictamen, como aquí tampoco se van a tomar en cuenta los alegatos de los distintos partidos. Hay simulación.
El proyecto de dictamen debió haber hecho una relación, como en efecto la hace, de propuestas,
pero debió haber dado los conceptos por los cuales, o explicado, se aceptan o se rechazan o qué partes de las mismas sí se aceptan y qué otras no; sólo se convirtió en un glosario de distintos puntos, sólo tuvieron el tiempo y la capacidad para hacer una relación de puntos que se contemplan en las propuestas y como confesión de parte es prueba plena, aquí lo vino a decir el PAN.
No estamos de acuerdo con la protesta panista, creíamos que era bipartidista, porque definitivamente es antidemocrática la propuesta. El PAN viene a hablar de democracia y cierra la posibilidad de que una gran parte del pueblo mexicano se exprese en el Senado. ¿De qué democracia estarán hablando los panistas? Hablan de libertad y esas fracciones o esos partidos minoritarios no tendrán la libertad de expresión, no podrán sumar sus esfuerzos, sus opiniones, sus experiencias, al trabajo de un órgano legislativo tan importante como el Senado.
Esta forma no fue, o este proyecto no fue producto del consenso, señores panistas, fue producto de los arreglos que en la mesa obtuvieron ustedes. Por la forma como están ustedes planteando las cosas, nos obligan a fundarnos en ustedes mismos, señores panistas.
Estoy escuchando con reiterada ocasión el manejo de democracia y voy a referirme a ustedes directamente desde sus documentos.
Para el PAN la democracia y acerca de esta cuestión cada rato la expresan, dicen:
"Concebimos la democracia como una forma de Gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto a los derechos individuales, sociales y políticos; por tanto, como un régimen plural de libertades no le están dando el pluralismo al Senado, señores, es un bipartidismo, en el que los gobernantes y gobernados deben procurar con el mismo empeño la justicia social y el bien común."
Otra vez campea en toda su magnitud el sentido vago y general de la ideología panista, pues ya en la antigüedad en la democracia esclavista griega ésta era una forma de Gobierno y un estilo de vida que también se fundaba en el respeto a los derechos individuales, sociales y políticos de aquél régimen, dado que la aristocracia esclavista respetaba perfectamente sus derechos; es decir, los derechos individuales de la aristocracia esclavista que no eran otros que los sociales y los políticos, con la única diferencia de que los esclavos, es decir a los trabajadores de aquel tiempo, no se les tomaba en cuenta, al igual que a la plebe, no considerada como pueblo.
La Presidenta:
Diputado Alaniz, se le ha terminado su tiempo.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Ojalá fuera pareja la medida, porque el orador panista se excedió en demasía y nunca fue requerido. Discúlpeme, voy a terminar.
Efectivamente, de la antigua Grecia hasta nuestros tiempos, hay abismos en cuanto al contenido de lo que hoy se concibe como democracia, abismos que se han profundizado inconmensurablemente, sobre todo en los últimos tiempos, en este devenir contemporáneo nuestro de cada día.
El problema de la democracia es ahora más complejo que en ninguna otra época, sobre todo porque las actuales democracias, tanto de América como de Europa, no han sido suficientes para dar plena satisfacción a las nuevas demandas de las grandes mayorías que exigen mayor profundidad y más amplitud a la respuesta de sus cuestionamientos.
Hoy por hoy la democracia exige una revisión en todos sus ángulos y perspectivas, dado que si no aborda de esa manera y se traduce en hechos tangibles que satisfagan a las masas, ningún otro procedimiento podrá desembarazar a las sociedades contemporáneas de los gravísimos problemas que los afectan, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en su auténtica representatividad, sin manipuleo, sin tacañerías o discriminaciones por número, clase, religión o modo de pensar.
La democracia es pues hoy en día un problema de palpitante y profunda realidad que es necesario satisfacer sin regateos y desgraciadamente Acción Nacional no dice nada sobre esta democracia y se contenta con hablar ambiguamente y nada más para agradecer los favores recibidos en la mesa. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, el diputado Salvador Abascal tiene la palabra.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Gracias, señora Presidenta:
El señor diputado Alaniz vino aquí a mal leer un documento del que ni siquiera dice cuál es la fuente, aunque se reconoce de alguna manera que evidentemente refleja parte de nuestras ideas.
Sin embargo, el señor diputado Alaniz debería, en todo caso, plantear la democracia en serio, pensando en un partido que pueda ganar unas elecciones, que pueda ganar mayorías y no estar condenado siempre a la minoría más pequeña y así mendigar algún puesto en el Senado. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, el diputado Octaviano Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Claro que somos una minoría y vamos a luchar para no estar en la minoría. Mientras el pueblo sea pueblo hay todas las posibilidades en el infinito y lo vamos a hacer.
La exposición del diputado Abascal refleja exactamente el espíritu clasista, prepotente, discriminatorio, que tiene el PAN. Como no tuvo los argumentos para rebatir lo de él mismo, porque está tomado de los documentos básicos del PAN, obvio que tenía que salir con una expresión bastante vejatoria y prepotente para las minorías.
Vamos a tratar de que esta reforma no se apruebe o este proyecto no se apruebe, no sólo porque es beneficiario el panista, no, sino porque sí atenta contra los principios constitucionales, sí va en contra de las vertientes fundamentales de la nacionalidad y del constitucionalismo en México, sí va en contra de los intereses democráticos y las aspiraciones infinitas del propio pueblo mexicano, para arribar a los estadios democráticos a plenitud.
No vamos a cejar en este trabajo y habremos de informar a la nación de que, en efecto, aquí este componente se está imponiendo por la fuerza del número.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Señora Presidenta, pregunte al orador si acepta una interpelación.
La Presidenta:
Señor diputado, ¿acepta una interpelación?: No la acepta.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Pido la palabra para hechos.
La Presidenta:
Para rectificar hechos hay una lista, compañera diputada. ¿La apunto, compañera diputada?
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Manuel Huezo Pelayo.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Nosotros, los legisladores, no nada más tenemos el deber de defender a los ciudadanos mexicanos, por haber llegado aquí, al Congreso, por el voto de ellos, sino que tenemos la obligación de defenderlos como mexicanos que somos.
Si aquí defendemos los derechos de los actuales mexicanos, de los hijos de los mexicanos y de las generaciones subsiguientes, los verdaderos mexicanos, leales a nuestra patria, a nuestra soberanía, no deberían de estar proponiendo la reforma al artículo 82 constitucional.
Con la propuesta de aceptar a los hijos de extranjeros a que sean Presidentes residentes de la República, se abre la puerta a la pérdida de nuestras culturas, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, independientemente de que no llegáramos a mayores consecuencias.
Con dicha propuesta se está propiciando a que se apliquen influencias inevitablemente existen entre padres e hijos y que para nuestra nación sería fatal se diera, sobre todo si estas influencias van en contra de los mexicanos.
Los constituyentes de 1917 visionariamente se opusieron en ese entonces a que los hijos de los extranjeros fueran presidentes de la República. Quizá los tiempos de entonces hayan cambiado y se tenga en el país la estabilidad política de que entonces se carecía.
Pero, indudablemente, consideramos que aún no están dadas las condiciones para que esto pueda incidir en una apertura que más que beneficiar, lesiona el espíritu de la soberanía nacional.
Bien sabemos que esta propuesta conlleva dedicatoria y por eso también se hace peligrosa y no podemos aceptar que se den concesiones a ciertas personas o partidos políticos para facilitar la candidatura a la Presidencia de la República. Debemos de aceptar que existan ciudadanos, hijos de extranjeros, que se han integrado a nuestra cultura y a nuestras tradiciones y que estén contribuyendo para el desarrollo de nuestro país, pero otros no lo han hecho así y su estancia en él es para fomentar acciones reaccionarias.
Para los primeros, no necesariamente debemos de otorgarles la concesión de aspirar al poder ejecutivo como titulares del mismo, porque en él, en el mismo ejecutivo, participan así como lo hacen en los otros poderes de la Unión.
Los peligros se dan y si no es así, ¿por qué esperar entonces hasta el año de 1999 para poner en marcha la reforma a la fracción I del artículo 82? Claro que los mismos que lo proponen consideran los riesgos que hemos mencionado y no dudamos que esta reforma en un futuro mediato tenga que ser cambiada por su inviabilidad política y que esta modificación quede como una salida para que la reforma política que hoy se propone sea aceptada por Acción Nacional.
¿Para qué quitar ese principio que en nuestra Constitución se estableció y que con él tenemos disminuida la posibilidad de dicha reacción? ¿Es más factible que un hijo tenga mayor coincidencia e influencia en las costumbres, hábitos y forma de ser con sus padres, a que con sus abuelos, por la evolución de que el propio tiempo propicia y por otras ya expresadas en esta tribuna? Por lo tanto, cuando hay una generación de por medio, es menos probable que dé dicha reacción.
Entonces pregunto: ¿a quiénes se pretende ayudar o qué se está prefabricando con dicha propuesta de modificación? ¿Con ello acaso nuestra nación no irá a servir como incubadora para hacernos otros gallos? Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, diputada Presidenta; honorable Asamblea:
Para el PRD es muy importante señalar que consideramos la democratización del país como una prioridad y por esa razón, más allá de diferencias programáticas de fondo, hemos buscado la coincidencia con todas las fuerzas.
La búsqueda del PRD de una verdadera reforma política, lo llevó a establecer pláticas en muchos espacios, desde la Comisión Plural hasta la discusión bilateral con todos los partidos e incluso con el propio Titular del Ejecutivo de la nación. Con ello ha quedado demostrado que la campaña que durante años se desató contra el PRD en el sentido de que era un opositor intransigente, que no buscaba el acuerdo, era eso, una vil campaña propagandística y calumniosa.
Pero ahora que hemos establecido contactos a todos los niveles, resulta que a estas alturas todavía no hay acuerdos sustanciales con la fuerza gobernante. Entendemos que hubo acuerdos entre el PRI y el PAN y no hemos calificado el sentido del voto que van a emitir, porque efectivamente una de las bases de la relación entre ambos partidos fue la de que habría plena libertad para votar en el sentido que se decidiera o para llegar a acuerdos que cada partido conviniera.
Nosotros seguimos en esa tesitura. Lamentamos por ello el tono de la intervención del compañero Felipe Calderón. Entendemos que hay diferencia entre ambos partidos en relación a la importancia que le damos a la reforma constitucional del artículo 41, el que se refiere básicamente a todo lo que corresponde a los órganos electorales. Nosotros sí le damos mucha importancia a la reforma constitucional en ese artículo específicamente. También entendemos y así lo hemos señalado en todas las pláticas, que podría haber reformas al Cofipe muy importantes que hicieran si no tan urgentes las reformas constitucionales, sí podrían ser puerta para llegar a un acuerdo.
Pero es este momento aquél en el que todavía ni siquiera para el Cofipe hay propuestas concretas del PRI y del Gobierno. Por ello, creo que el PRD tiene toda la razón en mantener su demanda principal en su expresión original: reforma al artículo 41. Si el PAN cree que no es necesaria esta reforma, lo respetamos. Seguramente que nosotros vamos a insistir en ello y esperaremos propuestas del PRI tanto a ese artículo como a los que corresponden en el Cofipe, en relación con los órganos electorales.
Está claro también para nosotros, que los temas contenidos en el documento signado por los presidentes de ambos partidos, por el PRD y el PAN, esos temas, algunos de ellos están contenidos en la reforma que hoy discutimos. Ya hemos señalado que no estamos conformes con las formulaciones concretas con que se nos presentan. Efectivamente, hubo acuerdo de defender la idea del senador de minoría, pero no es eso lo que nosotros estamos impugnando; lo que estamos impugnando es la sobrerrepresentación del PRI, porque el acuerdo era impulsar un senador de la primera minoría y dos de la mayoría.
Y el PRI, entiendo que en la negociación con el PAN planteó: "te acepto lo de la minoría, pero tres para la mayoría". Nosotros creemos que eso es innecesario, es abusivo. Creemos que no refleja las tendencias de la votación y de la diversidad con que la sociedad se expresa.
Por más que vengan voceros del PRI aquí a valentonear de que ya nos están dando un 25% por adelantado, dejándose el 75, yo les diría, compañeros, ni soñando van a volver a las votaciones de 75%. Legítimamente ninguna fuerza nacional va a volver a tener mayorías absolutas. Esa es la tendencia en sociedades plurales. El bipartidismo está en crisis hasta en Estados Unidos.
Termino diciendo, que el compañero Calderón expresó que en muchos países así llamados democráticos, existe una sobrerrepresentación normal del 10 al 12%.
Creo que olvida que también existen muchos países donde sí existe la proporcionalidad estricta. Me refiero a Uruguay, en América Latina, a Israel, incluso la elección del Senado en España. No es pues algo normal la sobrerrepresentación, es más bien en México una concesión a una fuerza política, la del PRI, que no quiere compartir el poder aunque sea minoría, aunque sea la minoría más grande. No están dispuestos a hacer lo que Felipe González en España, que siendo minoría se ve obligado a aliarse con otras fuerzas minoritarias para conformar una mayoría. Los señores del PRI siendo minoría quieren gobernar como si fueran mayoría absoluta y ésa es una concesión, una concesión que no tiene razón de ser en estas etapas de fines de siglo y con esta sociedad mexicana tan exigente. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Tomás Correa, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Tomás Correa Ayala:
Con su permiso, señora Presidenta:
Yo quise hacer uso de la palabra en primer lugar porque el diputado Abascal se refirió a nuestro partido como un partido sin posibilidades de poder pelear por la mayoría.
¡Qué poca memoria política tiene el compañero diputado Abascal!, se le olvida que en 1988 fuimos precisamente las fuerzas del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional junto con el Frente Democrático Nacional, quienes mandamos al tercer lugar al Partido Acción Nacional y que somos un partido que desde que se fundó ha venido en ascenso y que somos el partido más numeroso de la izquierda y que somos un partido que representa los intereses de los trabajadores de las grandes mayorías de este país; no somos un partido como el Partido Acción Nacional, que representa los intereses más nefastos de este país, porque ustedes representan los intereses de la gran burguesía; porque ustedes se han venido beneficiando de la problemática que el país ha venido teniendo a lo largo de todos estos años.
Son un partido que siempre ha estado defendiendo los intereses de los explotadores de nuestro país y le han puesto sitio al aparato del Estado y han venido sacando concesiones a cada momento. Son un partido hipócrita y perverso que ha manipulado incluso a muchos partidos, como al Partido de la Revolución Democrática, a quienes siempre les han estado jugando el dedo en la boca con sus mentadas alianzas y los han dejado colgados a la hora que ustedes han negociado con el PRI.
Nosotros somos un partido que tiene bien definido con quién hace alianzas y por qué lo hace. No somos un partido que está haciendo sus alianzas a espaldas o debajo del agua. Nos oponemos rotundamente a estas reformas porque indudablemente que van a lesionar los intereses de los trabajadores a los que representamos.
Por eso votaremos en contra, pero que no se les olvide que ese pueblo al que ustedes han sometido a una desigualdad desastrosa, llegará el momento en que les pasen también a ustedes la factura. Y de eso nosotros nos vamos a encargar en su momento.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
La diputada Cecilia Soto (desde su curul):
Declino.
La Presidenta:
Declina la diputada.
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, estimada compañera Presidenta; honorable Asamblea:
Lo principal es ser fiel a las causas; pero las causas de la democracia son diversas. La causa de la democracia electoral y política, es la causa del método, de las decisiones democráticas y de los respetos ciudadanos. Además, la causa de la democracia social, la causa del humanismo democrático que instituyó el ideario socialista, esa causa no está caduca; lo que ha quedado caduco es la estructura burocrática, la partidocracia y el atropello a los respetos de la individualidad humana.
No nos interesa el igualitarismo que anula la individualidad humana, pero sí nos interesan las igualdades justas y las igualdades justas son libertad y justicia social y sobre esa causa, somos fieles somos fieles con los partidos de izquierda; todos los partidos de izquierda son nuestros hermanos y el Partido Acción Nacional, son nuestros hermanos en la lucha por las reglas democráticas y, para que se vea que nosotros no hemos faltado a la palabra y que hay otros problemas en el PAN que los han dividido por la falta de fidelidad a esa causa, voy a contarles la siguiente anécdota y con eso termino:
Cuando el de la voz era representante del Partido de la Revolución Democrática en el Consejo Electoral de Jalisco, vino una propuesta del Presidente del IFE que decía:
"Propongo en racimo todo este conjunto o ejército de personas para integrar los responsables de las casillas a lo largo de todo el Estado de Jalisco."
Los compañeros del Partido Acción Nacional, algunos de ellos están aquí presentes, podrán decir si lo que declaro es o no la verdad.
Otro partido, el del gallito, el Partido Demócrata Mexicano, también como hermanos por la defensa de las reglas democráticas, interpusimos un recurso, cada partido por su cuenta.
Pero sucede que reclamamos que esa designación no era la elección, porque elección con candidatos únicos, no es elección.
Los mismos compañeros del PAN tenían documentación abundante y fidedigna que acreditaba que esa lista de personas eran individuos de malos antecedentes en las tareas electorales, faltos de todas esas cualidades que habla la Ley Electoral.
Pues bien, teníamos razón suficiente para reclamar que las designaciones deberían hacerse reflexivamente no por racimo, apoyados en los serviles consejeros ciudadanos y en los del Gobierno y en la aplastante mayoría del PRI, que nos llevaba 16 votos contra cinco votos de los partidos de oposición en Jalisco.
Pues bien, interpusimos el recurso. Los compañeros de Jalisco, fueron fieles a este compromiso. Los compañeros de PAN, de Jalisco, fueron fieles a este compromiso. Pero los compañeros del PAN, del Distrito Federal, los dejaron colgados de la brocha a los compañeros de Jalisco, porque les dijeron: "Nosotros nos vamos a desistir de esa impugnación".
¿Quién es pues el fiel y quién es pues el que tiene respeto a su palabra?
Nosotros, en el Partido de la Revolución Democrática, consideramos que las alianzas tienen que ser con todos. ¡Y también con el PRI! Con el PRI en sus sectores progresistas, en los sectores que quieren rescatar la trayectoria de la política social de la Revolución Mexicana y la responsabilidad de un Estado que tiene que realizar la libertad, la justicia y la democracia humanista.
Por lo tanto, nosotros no abandonamos las causas; las causas las respetamos, pero si el Gobierno va a ser corresponsable con los partidos, lo aceptamos. Nada más con esta circunstancia: lo aceptamos para que esté como antes estábamos nosotros. Antes nos han tenido y hasta hoy como el chinito: "nomás milando" y ellos toman las decisiones.
Pues ahora los queremos tener al revés. ¡Como se han portado tan mal... y todas las elecciones
las han hecho chuecas, los aceptamos para que estén en los órganos electorales. Pero sólo para una función fedataria: para que vean cómo y de qué manera votan los que tiene derecho de elegir. ¡Y los que tienen derecho de elegir son los ciudadanos; no el Gobierno!
Es todo.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señora Presidenta:
En el curso del debate subió a la tribuna un diputado de Acción Nacional para hacer consideraciones acerca de las líneas y de la discusión en relación a las estrategias y a las tácticas.
Señaló la necesidad de tener aliados. Pero llegó más allá: calificó a aliados de una manera que lo señaló textualmente de "aliados idiotas".
En este contexto de la reforma política que plantean, yo quisiera preguntar: ¿En esta reforma quiénes juegan el papel de aliados idiotas, de acuerdo a lo que dijo aquí el diputado de Acción Nacional? Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros:
Todos los que hemos tenido el honor de estar en esta jornada, tenemos conciencia plena de la importancia de los temas que estamos tratando. Los que además hemos tenido el honor de participar por ya cerca de ocho meses en los trabajos en la Comisión Plural y, con mayor razón aquellos que además lo han hecho desde hace muchos años para consolidar la democracia mexicana, sabemos en eso hay seguramente consenso, que realmente está culminando una importante etapa en un proceso que no es una reforma más o un mero paso, sino que es algo que se enraíza en un trabajo muy serio que se ha venido haciendo en los últimos tiempos.
Para todos nosotros las referencias frecuentes al año de 1988 son siempre para recordar enseñanzas, experiencias y cambios que ha habido en la sociedad mexicana y en el sistema político de nuestro país.
Todos nosotros, sabemos que la LIV Legislatura inició sus labores en circunstancias difíciles y que a pesar de ello supo sacar adelante una reforma constitucional y una reforma reglamentaria para crear las instituciones que ahora tenemos y por ello no hay duda de que realmente logramos dar un paso adelante en nuestro desarrollo político.
Debo hacer esta reflexión, porque con una dinámica plenamente explicable, hoy se inició el trabajo, como lo establece el Reglamento, leyendo un dictamen, fundándolo, recordando la densidad y la importancia de los temas aquí tratados, que explica la dificilísima tarea de dar respuesta a 11 iniciativas presentadas en esta LV Legislatura, todas ellas relacionadas con el tema de la política electoral. En ese dictamen se relatan de los trabajos de una Comisión Plural y de unos foros que el Instituto Federal Electoral convocó y de otros muchísimos trabajos que hemos realizado. También hablábamos de que hubo un documento de inicio que fue la respuesta y, así se dice de manera explícita, a la convocatoria que el Presidente de la República hizo aquí en este recinto el 1o. de noviembre del año pasado, cuando dijo que si los partidos lo consideraban conveniente, podría realizarse un avance en la reforma electoral para consolidar la democracia, marcando específicamente tres aspectos que fueron los que pusimos en esa documentación del 21 de diciembre en la que arrancamos los trabajos del grupo plural.
Se trataba entonces de reconocer que ya se habían hecho muchos esfuerzos gracias a los cuales teníamos un Instituto Federal Electoral como organismo autónomo en sus decisiones, profesional, que debe estar capacitado para garantizar lo que el propio artículo 41 de la Constitución establece acerca de la claridad, profesionalismo, confiabilidad, certeza, en las elecciones, o sea, en suma, de que debería existir un procedimiento plenamente normado en el cual con un nuevo padrón, ahora ya con fotografías y con una serie de normas, se pudiera transmitir a toda la población la confianza en sus órganos electorales.
Por eso es que la primera etapa de la Comisión Plural terminó con ofertas que hicimos acerca
de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; es decir, a lo relacionado precisamente con la institución, ya formada, ya existente, que tenía que consolidarse, tenía que mejorar procedimientos, tendría que acabar su etapa de profesionalización para poder llegar a dar los resultados que de ella esperamos todos.
Claro está que saben esto aquellos que como muchos de los diputados aquí presentes de todos los partidos, han tenido el contacto directísimo con los órganos del Instituto y les consta hasta qué punto ya ha consolidado un trabajo serio y profesional que no depende de criterios su directiva para definir el rumbo que tiene que llevar a cabo, sino que en cambio basta atender lo que dice la Ley y no ninguna acción discrecional, para poder garantizar que el proceso tenga los atributos que queremos que se lleguen a lograr cabalmente. Debemos recordar también que además hay un sistema de impugnaciones que debe poder resolver con agilidad todas aquellas cuestiones que deban ser salvadas, aclaradas, para que el proceso continúe y cualquier defecto que pudiera tener en algún momento sea resuelto con oportunidad, para que al llegar la jornada electoral ya todo el pueblo mexicano y toda la opinión pública mundial estén debidamente conscientes de que realmente hay la posibilidad de asegurar que se respetará el voto de la ciudadanía. Si esto es cierto en relación con los órganos, también lo es con respecto a otras cuestiones importantísimas como es la del financiamiento, como es aquella que señala que todos los partidos sin excepción tendrán que someterse a ciertas reglas que al mismo tiempo que les permiten recibir del poder público los recursos que se aprueben como prerrogativas, que han sido ya usados por todos los partidos políticos en la última contienda electoral, pueda verse que no se distraigan otros fondos públicos para ningún partido, como también se limiten los que se reciban de fuentes particulares; esto junto con otras cuestiones, nos ha permitido decir recientemente entre nosotros los del PRI, que esa expresión de que es el partido del Gobierno, debe quedar ya cambiada por la del partido mayoritario, que gracias al voto del pueblo puede lograr que sus candidatos lleguen a formar gobierno.
Pero, en fin, quizá parezca excesivo repetir esto que fue el tema base de todo nuestro trabajo, porque no fue sino hasta días después, cuando apareció el Catálogo de peticiones adicionales de los partidos que con todo derecho se deberían de incluir en este análisis, ya sea en iniciativas presentadas con anterioridad, pero en esta misma Legislatura, o presentadas posteriormente, que fueron las que implicaban modificaciones de orden constitucional. Acerca de ellas, hoy hemos oído muchos comentarios, algunos que explican con claridad el porqué se llegó a esta propuesta suscrita por legisladores de tres partidos, que es la que estamos discutiendo básicamente, pero como se dice en el dictamen, nunca se menospreció o se dejó de lado el contenido y la importancia de las iniciativas de los demás partidos, baste tomar como referencia algunos comentarios hechos por los compañeros diputados de oposición, que han recordado que hemos tenido pláticas específicas tratando de encontrar acuerdos y que tuvimos especial empeño en decir que teníamos mandato expreso del grupo plural de la Comisión en pleno, para que se entendiera que estábamos trabajando como Comisión en Sesión Permanente, para facilitar esos diálogos como los que aquí se han relatado parcialmente, pero que reflejan que ellos han existido sin duda alguna.
No voy a repetir todo lo que ya con toda propiedad expresaron mis compañeros de partido, cuando fundamentaron la posición que hemos sustentado y tampoco las de otros compañeros diputados de otros partidos, que han hablado en favor de las propuestas; solamente voy a hacer algunos comentarios específicos sobre lo que nadie ha dicho; o sea, concretamente sobre que nuestro artículo 41 queda sin tocarse en el párrafo que dice, que cito, "los partidos políticos tiene como fin promover la participación del pueblo, de la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo."
Si éste es el papel de los partidos políticos y si deben existir programas, principios y candidatos, debemos dejar bien claro que dada la evolución de México y del mundo en general, dado el grado de información que ya existe en nuestra sociedad, no debemos suponer que como ocurría hasta hace muy pocos años no sólo en México sino en general, en todos los países en proceso de desarrollo, nos encontrábamos virtualmente aislados en los pequeños poblados o sin comunicación o sin contacto que nos permitiera conocer como podemos conocer ahora lo que ocurre en cualquier rincón del país.
Claro está que si se supone como todos los no enterados creen, que un órgano directivo se encuentra controlado en el sentido de poder hacer
lo que se le dé la gana a un determinado grupo de personas, no se garantiza por supuesto que ese órgano actúe conforme a nobles principios y con una recta conducta. En cambio, sí se puede probar que tendríamos o tendremos oportunidad de repasarlo cuidadosamente en breve, cuando veamos todo lo relacionado con el Cofipe, que no está al arbitrio de ningún grupo directivo hacer o dejar hacer ciertas cosas ni tampoco definir la manera de lograrlo.
Nosotros que estamos muy enterados de los mejores adelantos en la materia, sabemos que los partidos están realizando la supervisión sobre cargos al padrón, con cargos al Gobierno que tiene que entregar como parte del presupuesto del IFE para que los inspectores o verificadores de los partidos certifiquen la calidad del padrón también podemos hablar de que hemos estado de acuerdo en que haya todo tipo de verificaciones de este padrón, por lo que ya no es entonces una cuestión de posesionarnos de puestos directivos por los partidos que seguramente tendrían que poner ahí a personas de muy recta conducta y desde luego no proclives a apoyar a su propio partido, sino simplemente a la verdad para poder llevar a cabo bien el proceso.
Saben ustedes, lo hemos discutido muchísimo en la Comisión Plural, que el profesionalismo y la independencia...
La Presidenta:
Señor diputado, permítame un momento. Esta Presidencia solicita de los compañeros diputados que guarden silencio y que respeten al diputado orador.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Muchas gracias.
Quiero dejar bien claro que no sólo hemos hecho un esfuerzo para comprender las posiciones de todos, sino que las hemos tomado en cuenta y que desde luego no hay en ninguna de las propuestas que nosotros hemos hecho, nada que no tenga una correcta y amplia exposición.
Ahora bien, quizá realmente ya algunos estén muy cansados y quieran retirarse. Desde luego lo ideal sería que pudiéramos tener mucho más tiempo para contestar otros aspectos que seguramente nos interesan a todos, pero si ya queda claro para todos que lo que estamos privilegiando es el derecho del pueblo a expresarse, yo quiero entonces repetir que estamos totalmente de acuerdo con las expresiones de los compañeros del PRD, que han dicho muchas veces y yo he dicho muchas veces también que nuestro compromiso no es con el Gobierno ni con ningún partido, sino nuestro compromiso es con la sociedad y con el país, nuestro compromiso es precisamente luchar para que haya una reforma que garantice el respeto a la voluntad popular, ése es el sentido de nuestros trabajos en la Comisión Plural que ahora discutimos y ése debe ser también el destino y el sentido de la reglamentación que próximamente vamos a discutir.
No es una reforma más, es un paso más en una reforma bien fincada en el paso anterior y que ahora tendrá sin duda alguna la demostración para que todos nos podamos corresponsabilizar con el resultado de la elección y precisamente para que ese tribunal de plena jurisdicción no tenga qué ver cientos de inconformidades, sino que tenga qué ver solamente pocas y que las que lleguen a su conocimiento sean resueltas con plena satisfacción para todos.
Por eso ya no nos vamos a autocalificar, ya habrá un procedimiento cuyas bases están puestas y funcionando para que aceptemos todos gustosos la certificación de los órganos administrativos del Instituto y solamente como excepción tengamos que acudir al Tribunal y que cuando éste se pronuncie, todos entiendan que se ha hecho justicia para el caso concreto.
En fin, compañeros, ojalá y con esto y con la buena voluntad para el trabajo siguiente, que como se ha precisado aquí es de capital importancia para culminar este esfuerzo, podamos dar realmente un buen paso en beneficio de México, no como coyuntura ni como nada perfecto, pero tampoco algo que no tenga todo el sentido fundamental que hemos buscado desde el principio y que queremos que persevere para siempre como principio de la democracia, como voluntad del pueblo respetada en todo momento. Muchas gracias.
La Presidenta:
¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Para hechos.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Muchas gracias, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Con todo el respeto que me merece el diputado Ojeda Paullada, yo creo que falta a la verdad cuando dice que se tomaron en cuenta todas las iniciativas y todas las propuestas presentadas. Hasta ahorita no he escuchado un solo argumento de por qué no al voto de los mexicanos que están en el extranjero, de por qué no al referendum, por qué a que las mujeres sean incluidas en la toma de decisiones que afectan al país, por qué no. Todavía no he escuchado ningún argumento, ninguno y tampoco se discutieron en la Comisión Plural. No es cierto.
Hubo gran período de tiempo donde esta famosa Comisión Plural estuvo en la indefinición, porque no se sabía dónde se iban a tomar las decisiones de la reforma política. Eso lo recordamos todos, lo recuerda, está consignado en la prensa, los propios partidos; había una gran indefinición, porque había reuniones unilaterales entre un partido con otro y entre una situación. Finalmente llega el Presidente del Partido Revolucionario Institucional y de repente les cambia la jugada y dice: ésta es la propuesta, o la toman o la dejan.
No hubo actitud institucional por parte de los diputados de la mayoría para defender una Comisión Plural que fue propuesta incluso por ellos mismos y que todos aceptamos conformarla. No ha habido respuesta a una serie de propuestas nuestras en el sentido de avanzar hacia la democracia, de garantizar comicios limpios y de garantizar efectivamente que México entre en la modernidad política, no hubo. Ahí sí falta a la verdad, diputado, con todo respeto.
Ustedes dijeron: éstas son las propuestas, estos artículos se discuten y hasta estos términos y hasta aquí queremos.
Hay una respuesta por parte de los diputados del PAN, que dicen que ellos dudan de si todas estas propuestas que nosotros hemos hecho sean materia de un debate constitucional, pero que el Cofipe seguramente ése es el que nos va a garantizar todo lo que nosotros queremos, democracia, elecciones libres, lo que la sociedad nos está demandando, pero nosotros no podemos votar a favor con una propuesta de una promesa de algo que quizá puede suceder o quizá no.
El Partido de la Revolución Democrática no está para firmar cheques en blanco, ni ahorita ni después; estamos para responder al reclamo de la sociedad que demanda de esta soberanía seriedad. La sociedad demanda la reforma, no demanda una reforma, un avance. Vamos que decir que sí, que estamos de acuerdo en algunas cosas; reconocemos que hay avances, pero no son sustanciales, no es lo que la sociedad quiere, no lo es y falta argumentación.
¿Por qué no llegamos hasta allá? Nosotros no queremos prebendas, no estamos pensando en nuestro propio destino personal, ni tampoco como fuerza, como pequeño partido; estamos pensando en el país. Hablemos de cuestiones de mayoría, vámonos a disputar la mayoría, pero vamos a establecer reglas claras.
Yo no estoy en contra de que haya una propuesta como se establece, de la cláusula de gobernabilidad, pero siempre y cuando hubiera democracia en el país. Ahorita no se sabe de qué tamaño son las fuerzas políticas, no se sabe, hay un fraude tremendo en todas las elecciones. ¿Adónde queremos llegar? Y eso no tienen que respondérmelo a mí. El problema de esta soberanía no es lo que le respondan al PRD; es lo que le van a responder al país, lo que le van a responder a la sociedad. Eso es lo que no está claro. No tienen que quedar bien con los partidos que vamos a votar en contra; tienen que quedar bien con México, es una misión histórica, de una concepción de principios.
Ojalá que este tipo de cosas, ojalá que estas palabras no queden en el vacío.
Vamos, avancemos hacia la democracia, pero no vengamos a contarnos de que todo se tomó en cuenta, todo se discutió, aquí todo fue y lo de consenso fue esto y los necios dijeron que no. Por favor, ya somos mayores de edad.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada, para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Los que trabajamos en las cuestiones electorales, vamos a ir barrio por barrio, calle por
calle, sección por sección, viendo el trabajo preparatorio de la elección y veremos hasta qué punto precisamente esa cercanía con los ciudadanos nos permitirá verificar, indubitablemente, con nuestra presencia y con la presencia también de los directivos profesionales del Instituto, cómo se preparan y se realizan nuestras elecciones.
Y esto deben realizarse conforme a lo que disponga el Cofipe, lo que esperamos saldrá muy bien, para beneficio de todos.
Por lo que se refiere a algunas otras cuestiones, como por ejemplo lo que pudiera querérsele imponer a los partidos como cuota en beneficio de las mujeres, creo que es materia en la cual yo he tenido el honor de trabajar durante muchísimos años, como probablemente lo sepa la compañera Ruiz Anchondo.
Y sabemos que las mujeres son más de la mitad de la votación y son las que podrían definir en sus partidos, si los que mandan en ellos fueran muy demócratas, pudieran darles a las mujeres el porcentaje o la participación que les toca.
Pero no deja de ser una cosa muy importante destacar, que por lo menos en cuanto a coordinaciones de partidos, sí tenemos la presencia aquí de dos eminentes mujeres a cargo de ello y, desde luego, todos reconocemos sus cualidades. O sea, el voto de la mujer y los derechos de las mujeres creo que deben estar en buen cuidado en este proceso electoral.
Pero también, hablando de tantas y tantas iniciativas, en la que no recibió suficiente información nuestra compañera Patricia, pues, caramba, podríamos ir hacia las versiones estenográficas completas que hay, pero además de ellas a las pláticas privadas, o sin versión estenográfica que hemos tenido con compañeros del PRD y del PAN y de los demás partidos, para ver cómo hicimos para analizar cada tema y cómo, desde luego, indudablemente y esto me queda muy claro, porque se dijo aquí expresamente varias veces, la flexibilización en cuanto a los pedimentos originales dieron como resultado que en un momento dado se centraran las peticiones sobre determinados puntos, aceptando que los demás no se aceptaban o no tenían la mayoría. O sea que, sí hubo un análisis de todo ello.
Creo que vamos a tener la posibilidad de informar a la compañera Ruiz Anchondo, en lo personal y también en lo institucional, en futuras ocasiones, sobre todo aquello que ella quiera saber sobre lo ocurrido en estas pláticas y también sobre lo que quiera que pactemos para la mejor democracia en el futuro. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Demetrio Santiago, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con el permiso de la Presidencia:
Se ha dicho aquí que por encima de los intereses de partido están los intereses democráticos. Se ha dicho también que el dictamen que se discute asume el compromiso de nuestro tiempo. Si eso fuera cierto, no habría necesidad de trabajar más de 12 horas, porque estoy seguro que todos los partidos que estamos aquí hubiéramos coincidido y habríamos sacado este dictamen por consenso.
Pero hay otra inquietud que no se ha contemplado, es la de los derechos políticos a los jóvenes mexicanos. Es la reforma política integral que propone el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional al artículo 34 y proponemos que se establezca a la ciudadanía a partir de los 16 años.
Esto tiene fundamento legal y está demostrado en la Ley Federal del Trabajo, en el Código Civil, en la Ley Agraria, en donde los jóvenes a esta edad, participan en la productividad en otro país, son responsables de sus actos; sin embargo, aquí no se consideró estas propuestas, a pesar de que el diputado Ojeda Paullada dice claramente que todas las propuestas que hicieron los diferentes partidos políticos fueron consideradas, sin embargo, en este dictamen que se discute no se contemplan.
Considero que todo mexicano bien nacido antes de decidir su voto para reformar el artículo 82 constitucional se haría una pregunta: ¿qué es más importante en este momento? ¿Abrir espacios y restablecer los derechos políticos a mexicanos, hijos de padres extranjeros, o reconocer los derechos políticos a más de cuatro millones de jóvenes, de 16 y 17 años, que en 1994 estarían en condiciones de elegir y respaldar a sus gobernantes a través del voto?
Consideramos que no se ha dado importancia a este asunto, a pesar de que hay, como ya lo dije, más de cuatro millones de jóvenes que participan en los diferentes trabajos que generan
la riqueza nacional y que muchos de ellos no la disfrutan, pero también no se les ha permitido reconocer sus derechos políticos.
Quede esta cuestión para que a la hora de que la historia lo juzgue, no nos juzgue por los discursos pronunciados aquí, sino por los hechos que vamos a consumar en unos minutos más. Muchas gracias.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta:
Antes de recoger la votación nominal, esta Presidencia solicita a los señores legisladores que voten desde su curul para facilitar el trabajo de los secretarios.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señora Presidenta:
¿Tiene la Presidencia ya conocimiento de los artículos reservados?
La Presidenta:
No le escucho, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Nada más, señora Presidenta, antes de la votación nosotros queremos reservar el transitorio del artículo 82.
La Presidenta:
Señor diputado, tomamos nota.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Nada más para que se tome debida nota, exclusivamente.
La Presidenta:
Se está tomando votación únicamente en lo general.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Lo entiendo, señora Presidenta, pero si no hacemos la reserva, entonces toda la reforma quedaría aprobada con la votación en lo general. Por eso hago la reserva.
La Presidenta:
Esta Presidencia toma nota, señor diputado.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul):
Vamos a plantear la reserva del 54 y del 82.
La Presidenta:
Se toma nota, el viernes se va a discutir en lo particular.
Continúe la Secretaría. Proceda a recoger la votación nominal.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno (desde su curul):
El artículo 82, fracción I y 54.
La Presidenta:
No ha lugar.
(Votación.)
El secretario diputado Rubén Pabello Rojas:
Señora Presidenta: Se emitieron 386 votos en pro y 56 votos en contra.
La Presidenta:
Aprobado en lo general por 386 votos a favor.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Señora Presidenta:
Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Extraordinarias.- Segundo Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
27 de agosto de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión en lo particular.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta:
(A las 00.23 horas): del día 25 de agosto de 1993 Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo viernes 27 de agosto a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CNP (Sin aclaración)
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
FDN Frente Democrático Nacional
IFE Instituto Federal Electoral
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PSOE Partido Socialista Obrero Español
TLC Tratado de Libre Comercio