Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921103 - Número de Diario 3
(L55A2P1oN003F19921103.xml)Núm. Diario: 3ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas
CÁMARA DE DIPUTADOS
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México , D.F., martes 3 de noviembre de 1992 No. 3
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
OFICIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Por los que informa que concedió licencia a los diputados: Jesús Arnolfo Millán Trujillo, Horacio Garza Garza, Tomás Yarrington Rubalcava, Rafael Cañedo Benitez, Alberto López Vargas, Humberto Gómez Campaña, Francisco Gamboa Herrera y Guillermo Mercado Romero. Se toma protesta de ley a los suplentes.
Por el que informa que concedió licencia por tiempo indefinido a la diputada María del Carmen Bolado del Real. De enterado.
INFORME DE LABORES
De la Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV legislatura. De enterado.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
Por el que comunica la elección de mesa directiva para el mes de noviembre. De enterado.
PUNTO DE ACUERDO
Suscrito por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, relativo a las instalaciones de la Unidad Cultural y de Congresos doctor Ignacio Morones Prieto, del Centro Médico Nacional Siglo Veintiuno, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se aprueba.
ACUERDO PARLAMENTARIO I
Suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios, relativo al calendario y reglas de trabajo para el primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura. De enterado.
COMUNICACIÓN
Del diputado Carlos Ávila Figueroa. Se designa una comisión para que visiten al legislador e informen sobre su estado de salud.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Relativo a la presentación de iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos para la Federación y para el Departamento del Distrito Federal, así como la Miscelánea Fiscal y comparecencia del Secretario del ramo. De enterado.
PROPOSICIÓN
De la Gran Comisión, respecto de la integración de comisiones. Se aprueba.
ACUERDO PARLAMENTARIO II
La Secretaría da cuenta con los puntos de acuerdo relativo al análisis del IV Informe de Gobierno. De enterado.
DENUNCIA
Toman la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, para representar un punto de acuerdo, firmado por todos los grupos parlamentarios, respecto de amenazas a una ciudadana mexicana. De enterado.
ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Para expresar sus opiniones respecto a la política interior del Gobierno mexicano, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Leónides Samuel Moreno Santillán
Israel González Arreguín
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Roderico Tapia Ruiz
Jorge Uscanga Escobar
RECESO
Para continuar el análisis del IV Informe de Gobierno, respecto de la política interior, hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Tovar Montañez
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
José de Jesús Berrospe Díaz
René Juvenal Bejarano Martínez
Quinardo Meléndrez Montijo
Agustín Basave Benítez
ESTADO DE TAMAULIPAS
Toma la palabra el diputado Fernando Lugo Hernández sobre el proceso electoral en el dicho Estado.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales intervienen los diputados:
Laura Alicia Garza Galindo
Francisco Gárate Chapa
Laura Alicia Garza Galindo
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS FELIPE BRAVO MENA
ASISTENCIA
El Presidente:- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 465 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 11.34 horas):-Se abre la sesión.
Al iniciar la primera sesión de este Segundo Período de Sesiones Ordinarias, me permito formular la más atenta súplica a los señores asesores de los diputados, para que se sirvan ocupar el palco posterior izquierdo, que fue construido especialmente para ustedes.
Ruego a la Secretaría dé lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Primer Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
3 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Comisión Permanente.
Protesta de ciudadanos diputados.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la Mesa Directiva para el mes de noviembre, secretarios y prosecretarios para el Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.
Punto de Acuerdo suscrito por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, relativa a las instalaciones de la Unidad Cultural y de Congresos "Doctor Ignacio Morones Prieto", del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Acuerdo Parlamentario suscrito por los coordinares de los diversos grupos partidistas, relativo al calendario y reglas de trabajo para el Primer Período del Segundo Año de Ejercicio.
Comunicación del diputado Carlos Ávila Figueroa.
Acuerdo de Práctica Parlamentaria para la presentación de las iniciativas de leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos para la Federación y para el Departamento del Distrito Federal, así como de la Miscelánea Fiscal, y comparecencia del Secretario del Ramo.
Proposición de la Gran Comisión.
Informe de los puntos de acuerdo para el análisis del IV Informe de Gobierno.
Análisis del capítulo de Política Interior.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Rubén Pabello Rojas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura, señor Presidente.
Acta de la Sesión Previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Gustavo Carbajal Moreno
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión previa.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría recoge la votación por cédulas para elegir la Mesa Directiva para el mes de noviembre del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Se realiza el escrutinio y cómputo de la votación y la Secretaría informa que se emitieron seis votos para diferentes planillas y cuatrocientos cuarenta y siete para la planilla integrada por la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, como Presidenta; como vicepresidentes los diputados Luis Felipe Bravo Mena, Patricia Ruiz Anchondo, Manuel Terrazas Guerrero, Yolanda Elizondo Maltos y Gabriela Guerrero Oliveros; como secretarios los diputados José Socorro Velázquez Hernández, Rubén Pabello Rojas, Miguel Gómez Guerrero y Salomón Jara Cruz; y como prosecretarios, los diputados Ildefonso Zorrilla Cuevas, Demetrio Santiago Torres, Alfredo Castañeda Andrade y Rigoberto Arriaga Ruiz.
El Presidente hace la declaratoria correspondiente e invita a los electos a tomar posesión de sus cargos de inmediato.
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
Puestos de pie, la Presidenta declara: "La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura".
La misma Presidenta, con fundamento en los artículos veinticinco, inciso e, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el decimoprimero del Reglamento para el Gobierno Interior, designa las comisiones de Cortesía para participar la instalación de la Cámara de Diputados y que el próximo primero de noviembre se llevará a cabo la sesión de apertura del Congreso de la Unión, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También da a conocer las Comisiones de Cortesía que el día de la apertura del Congreso de la Unión, acompañarán al Presidente de la República, de su residencia al Recinto del Congreso; para recibir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el acto de apertura del Congreso; para acompañarlo a su residencia después de la lectura del Informe de Gobierno.
Agotados los asuntos de la sesión previa, la Presidenta la levanta y cita para el primero de noviembre a Sesión de Congreso General, a las ocho horas y a la Sesión de Cámara de Diputados el tres de noviembre a las diez horas.
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta, y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, se sirva manifestarlo.
El Secretario Rubén Pabello Rojas: - Está a consideración de la Asamblea el acta. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma...?
La diputada Rosa Albina Garavito Elíqas (desde su curul): - Señor Presidente, a mí no se me ha proporcionado la copia del acta.
El Presidente: - En atención a la petición de la señora diputada, favor de hacerle llegar el acta por favor.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Con las observaciones de los diputados, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada el acta con las observaciones, diputado Presidente.
El Presidente: - Continúe con los asuntos en cartera.
OFICIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SOLICITUDES DE LICENCIA
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes. En sesión de esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Jesús Arnoldo Millán Trujillo, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Jesús Arnoldo Millán Trujillo, para separarse de sus funciones como diputado federal el quinto distrito del Estado de Sinaloa, a partir del 15 de julio de 1992."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Horacio Garza Garza, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Horacio Garza Garza, para separarse de sus funciones como diputado federal por el primer distrito electoral del Estado de Tamaulipas, a partir de esta fecha."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta de la solicitud de licencia del ciudadano diputado Tomás Yarrington Ruvalcaba, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Tomás Yarrington Ruvalcaba, para separarse de sus funciones como diputado federal por el tercer distrito electoral del Estado de Tamaulipas, a partir de esta fecha."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1992.- Senador Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Rafael Cañedo Benitez, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Rafael Cañedo Benitez, para separarse de sus funciones como diputado federal por el segundo distrito electoral, del Estado de Puebla, a partir del 3 de agosto de 1992."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Humberto Gómez Campaña, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Humberto Gómez Campaña, para separarse de sus funciones como diputado federal por el tercer distrito electoral del Estado de Sinaloa, a partir del 3 de agosto de 1992."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Alberto López Vargas, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Alberto López Vargas, para separarse de sus funciones como diputado federal por el segundo distrito electoral del Estado de Sinaloa, a partir del 3 de agosto de 1992."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados."
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Francisco Gamboa Herrera, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia previa al ciudadano diputado Francisco Gamboa Herrera, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el tercer distrito del Estado de Durango, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública, en el Estado de Durango, a partir del 8 de septiembre de 1992, durante el tiempo que dure el encargo."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 9 de septiembre de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria; diputado Arturo Torres del Valle, secretario.
Llámese al suplente.
El mismo Secretario:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del ciudadano diputado Guillermo Mercado Romero, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano diputado Guillermo Mercado Romero, para separarse de sus funciones como diputado federal por el primer distrito electoral del Estado de Baja California Sur, a partir del 3 de octubre de 1992."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados."
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 5 de octubre de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria; diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano, secretario.
Llámese suplente.
El Presidente: -Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos: Víctor Emanuel Díaz Palacios, Ramiro Rojo López, Alicia Montaño Villalobos, María Elisa Meza Rochín, Rubén Miranda Villalva, Benjamín López Aguirre, Gabino Rutiaga Fierro y Yolanda Robinson Manríquez, diputados suplentes electos en los siguientes distritos electorales: segundo de Puebla, segundo, tercero y quinto de Sinaloa, primero y tercero de Tamaulipas, tercero de Durango y primero de Baja California Sur, respectivamente.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Alberto Jiménez Arroyo, Sergio González Santa Cruz, Mario Vargas Aguilar, Juan Millán Lizárraga, Ricardo Valero y Fauzi Hamdan.
El secretario Rubén Pabello Rojas: -Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
(La Comisión cumple su cometido.)
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: -Ciudadanos Víctor Emanuel Díaz Palacios, Ramiro Rojo López, Alicia Montaño Villalobos, María Elisa Meza Rochín, Rubén Miranda Villalva, Benjamín López Aguirre, Gabino Rutiaga Fierro y Yolanda Robinson Manríquez: ¿Protestais guardar y hacer hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Los ciudadanos Víctor Emanuel Díaz Palacios, Ramiro Rojo López, Alicia Montaño Villalobos, María Elisa Meza Rochín, Rubén Miranda Villalva, Benjamín López Aguirre, Gabino Rutiaga Fierro y Yolanda Robinson Manríquez: -¡Si protesto.!
El Presidente: -Si así no lo hicierais la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia de la ciudadana diputada María del Carmen Bolado del Real, y se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana diputada María del Carmen Bolado del Real, para separarse de sus funciones como diputada federal por el quinto distrito electoral del Estado de Tamaulipas, a para partir del 3 de agosto de 1992."
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados".
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras; secretaria, diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano; secretario. De enterado.
INFORME DE LABORES
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, Ciudad.
Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe sobre las actividades realizadas por la honorable Comisión Permanente y sobre los inventarios, con el que se dio cuenta en la Sesión de Terminación Formal de sus Trabajos.
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "De enterado. Insértese en el Diario de los Debates, remítase a las cámaras de Diputados y Senadores, imprímase y distribúyase".
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
"México, 75 años de vida constitucional: 1917-1992."
México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 1992.- Senadora Idolina Moguel Contreras, secretaria; senador Ricardo Monreal Avila, secretario.
Informe de labores desarrollado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Honorable Asamblea: en atención a que hoy se celebra la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente electa para el presente receso legislativo, en cumplimiento de los artículos 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 180 y 181 del Reglamento para su Gobierno Interior, presento el informe de labores desarrolladas durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Durante el presente período:
Se efectuaron 16 sesiones ordinarias, una sesión solemne y tres sesiones secretas.
Se designaron comisiones de Cortesía para participar la instalación y término de esta Comisión Permanente, tanto al Presidente de la República como a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se convocó a un período de sesiones extraordinarias del Senado, para que ese Cuerpo Colegiado cumpliera con las disposiciones legales y reglamentarias de la Medalla de Honor Belisario Domínguez.
Se designaron 45 comisiones de Cortesía para representar a la Comisión Permanente en informes de gobernadores de los estados de la República y en diversos actos cívicos conmemorativos.
Se formularon cuatro declaraciones políticas sobre asuntos de naturaleza internacional y nacional.
Se adoptaron ocho puntos de acuerdo sobre asuntos de carácter nacional e internacional.
Se formularon dos recomendaciones a comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados para la presentación de dictámenes sobre iniciativas a su cargo.
Se aprobó un decreto para otorgar permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a fin de ausentarse del territorio nacional para realizar una visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
Se recibieron y turnaron a comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, dos iniciativas de
reformas constitucionales y una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social. Así mismo, se turnaron a sus comisiones 14 asuntos de índole diversa para su actuación en los términos de su competencia.
Se ratificaron 48 grados militares conferidos por el titular del Poder Ejecutivo Federal a otros tantos miembros de las fuerzas armadas.
Se aprobaron 16 decretos que concedieron permiso a otros tantos connacionales para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.
Se aprobaron 24 decretos para conceder permiso a otros tantos connacionales para prestar servicios en representaciones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en México.
Se aprobaron nueve nombramientos de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México y cuatro nombramientos de cónsules generales de nuestro país en el exterior.
Se autorizó el desempeño de cuatro connacionales como cónsules honorarios de estados extranjeros en México.
Se aprobaron 15 nombramientos de magistrados numerarios y cinco magistrados supernumerarios de Tribunales Unitarios Agrarios.
Se aprobó el retiro forzoso de un ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se otorgaron licencias a 14 diputados federales y a dos senadores de la República para retirarse temporalmente de sus cargos.
Se recibieron siete comunicaciones de diputados federales para reintegrarse a sus cargos al término de las licencias que les fueron concedidas.
Se recibieron dos comunicaciones de senadores de la República y de un diputado federal en la que manifestaron optar por el cargo de titular del Ejecutivo Estatal para el que fueron electos.
Se recibió una comisión de cortesía de la Asamblea del Distrito Federal, que comunicó actos propios de su funcionamiento constitucional.
Se recibió la visita de una delegación de la Dieta de la República de Polonia, encabezada por su Presidente.
Se recibió la visita del señor Carlos Saúl Menem, Presidente de la República Argentina, y Se aprobó invitar al Estado Mayor Presidencial para que colaborara con los órganos de administración de la Cámara de Diputados en los trabajos previos de seguridad y logística de la sesión de Congreso General para la apertura del primer período de sesiones del segundo año de ejercicio de esta Legislatura.
México, Distrito Federal a 29 de octubre de 1992.- Senador Emilio M. González, Presidente.
De enterado e insértese en el Diario de los Debates.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados, Presente.
Para conocimiento de esa honorable Colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes, que en Sesión celebrada en esta fecha, quedó legalmente constituido el honorable Senado de la República de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del segundo año de su ejercicio, habiendo resultado electo la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante el mes de noviembre próximo.
Presidente: senadora Idolina Moguel Contreras; Vicepresidente: senador José de Jesús Padilla Padilla; vicepresidente: senador César Moreno Martínez de Escobar.
Secretarios, para el ejercicio de un año: senadores: Roberto Suárez Nieto, Antonio B. Manríquez Guluarte, Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.
Prosecretarios, para el ejercicio de un año: senadores: Manuel Díaz Cisneros, Jorge Rodríguez León; Ricardo A. Camero Cardiel y José Ramón González León.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 22 de octubre de 1992.- Senador Roberto Suárez Nieto, secretario; senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.» De enterado.
PUNTO DE ACUERDO
El secretario Rubén Pabello Rojas:
«CONSIDERANDO
Primero. Que el 28 de agosto de 1989 declaró Recinto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Unidad Cultural y de Congresos "Doctor Ignacio Morones Prieto" del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido al siniestro ocurrido el 5 de mayo del mismo año, hasta en tanto fuera posible utilizar las instalaciones del Palacio Legislativo.
Segundo. Que en virtud de lo anterior, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tiene a bien someter a consideración del pleno el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. Las Instalaciones de la Unidad Cultural y de Congresos "Doctor Ignacio Morones Prieto" del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social dejan de tener el carácter de Recinto de la honorable Cámara de Diputados y serán entregados al propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 1992.- Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Fernando Ortiz Arana; por el Partido Acción Nacional, diputado Diego Fernández de Cevallos; Por el Partido de la Revolución Democrática, diputada Rosa Albina Garavito Elías; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Alberto Carrillo Armenta; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos E. Cantú Rosas; por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado el punto de acuerdo.
El Presidente: -Se ruega a la Secretaría gestionar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ACUERDO PARLAMENTARIO I
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
Acuerdo Parlamentario que contiene calendario y reglas de trabajo para el Primer Período del Segundo Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
CONSIDERANDO
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso General se reunirá en períodos de sesiones ordinarios dos veces al año;
II. Que es necesario adecuar la duración, inicio y conclusión de los trabajos legislativos tomando en cuenta tanto las expectativas de cargas de trabajo, como los tiempos que se consideren oportunos y legalmente establecidos;
III. Que es necesario establecer un honorario que si bien no restrinja el trabajo legislativo, sí lo regule a fin de optimizarlo y observar la posibilidad de que los legisladores puedan ingerir sus alientos los días de sesión;
IV. Que resulta conveniente determinar una fecha para concluir el presente período, cuidando que se pueda analizar con holgura el paquete legislativo;
V. Que la actual legislatura se ha caracterizado por la suscripción de acuerdos tendientes a la optimización del trabajo legislativo, y
VI. Que con fundamento en lo anterior, los coordinadores de los grupos partidistas representados en la honorable Cámara de Diputados han tenido a bien suscribir el siguiente.
ACUERDO
Primero. El Presente acuerdo establece calendario y reglas de trabajo que privarán durante el primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LV Legislatura, que inicia el lo. de noviembre.
Segundo. Las sesiones se verificarán los martes y los jueves a partir del 3 de noviembre y hasta el 22 de diciembre. En caso de ser necesario se podrá sesionar los demás días de la semana.
Tercero. Las sesiones comenzarán regularmente a las 10.00 horas y no deberán prolongarse más de las 22.00 horas.
Cuarto. A partir de las 15.00 horas se podrá decretar un receso de hasta una hora para que los diputados puedan tomar alimentos.
Quinto. Se llevará a cabo el registro de asistencia en los términos del acuerdo que, para tal efecto, se suscribió el 7 de noviembre de 1991.
Sexto. En términos del acuerdo celebrado entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de las cámaras de Diputados y de Senadores, se verificarán conferencias de comisiones entre ambas cámaras; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Séptimo. La conducción de las sesiones se rotará entre el Presidente y los vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara.
Octavo. Se concluirá el período de sesiones de la Cámara el día 21 de diciembre próximo.
Noveno. Se procurará llevar a cabo la sesión de clausura de Congreso General el 22 de diciembre.
El presente Acuerdo se suscribe en el Recinto oficial de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Fernando Ortiz Arana; por el Partido Acción Nacional, diputado Diego Fernández de Cevallos; por el Partido de la Revolución Democrática, diputada Rosa Albina Garavito Elías; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Alberto Carrillo Armenta; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos E. Cantú Rosas; y por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
De enterado.
COMUNICACIÓN
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
«Instituto Nacional de la Nutrición.
A quien corresponda:
Se trata del paciente Carlos Ávila Figueroa con registro en este Instituto 153415, quien ingresó el día 27 de octubre del año en curso para estudio de síndrome anémico. El diagnóstico presuncional hasta este momento es de una probable leucemia aguda mieloblastica cuyo subtipo está por determinarse. Este paciente continuará hospitalizado por tiempo aun indefinido hasta completar su estudio para establecer un diagnóstico definitivo e iniciar tratamiento específico.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted, su seguro servidor.
29 de octubre de 1992
Atentamente
Doctor Paul Angulo Hernández.
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 52 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa en Comisión para que visiten al diputado Carlos Ávila Figueroa, e informen sobre su estado de salud a esta asamblea, a los siguientes diputados: Jorge Mendoza Alvarez, Gabriel Mendoza Manzo y Felipe Calderón Hinojosa.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
El secretario Rubén Pabello Rojas:
«Acuerdo de práctica parlamentaria para la presentación y comparecencia del secretario del ramo, en relación con las Iniciativas de Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos para la Federación y para el Departamento del Distrito Federal, así como de la Miscelánea Fiscal.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con el objeto de regular el trámite de la presentación en la Cámara de Diputados de las Iniciativas de Leyes de Ingresos, de la Federación y del Departamento del Distrito Federal y de la Miscelánea Fiscal; de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; así como de la comparecencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público en sesión plenaria de la Cámara, de acuerdo a lo previsto por los artículos 74, fracción IV, segundo párrafo y 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos llegado al siguiente:
ACUERDO
Primero. La Cámara, en sesión del día martes 10 del presente mes, dará entrada a las iniciativas de leyes de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal y de la Miscelánea Fiscal, así como los proyectos de presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.
Segundo. En la citada sesión se presentará el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta de las incitativas arriba mencionadas, exponiendo sus motivos y explicando su contenido.
Tercero. Durante la presentación que se celebre en la sesión del día martes 10 del actual, sólo tendrá lugar la intervención del Secretario de Hacienda y Crédito Público; por lo tanto, no habrá lugar a otras intervenciones diferentes a lo aquí acordado.
Cuarto. El día martes 17 del actual comparecerá ante la Asamblea el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, sujetándose a lo que se establece en el punto quinto.
Quinto. La comparecencia ante la Asamblea de la Cámara de Diputados del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público el día 17 de noviembre, tendrá por objetivo explicar en detalle y de manera particular, la iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la Miscelánea Fiscal. La misma se sujetará al siguiente procedimiento:
a)Hará uso de la palabra un diputado de cada grupo parlamentario con el objeto de fijar de la posición de su partido frente a las iniciativas arriba mencionadas. El grupo será el siguiente:
Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
b) Las intervenciones de los ciudadanos diputados tendrán una duración máxima de 15 minutos.
c) El secretario hará uso de la palabra al finalizar la intervención de todos los oradores de los grupos parlamentarios para referirse a las apreciaciones que los diputados hayan formulado.
d) La intervención del ciudadano secretario tendrá una duración máxima de 30 minutos.
e) A continuación habrá dos turnos de intervenciones de preguntas y respuestas. Las preguntas deberán formularse en un tiempo no mayor de cinco minutos y las respuestas no podrán tener un tiempo mayor de 10 minutos. Estos turnos de preguntas y respuestas se sujetarán al orden siguiente:
Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
Partido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
f) En el curso de la comparecencia no habrá lugar a ninguna otra intervención diferente a las aquí acordadas.
Sexto. La comparecencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público será transmitida en vivo por radio y televisión, en cobertura nacional y en particular, la sesión en la que los partidos políticos fijen sus posiciones y formulen sus interrogantes.
México, Distrito Federal a de noviembre de 1992. - Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; Partido Acción Nación, Diego Fernández de Cevallos; Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo Armenta; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Enrique Cantú Rosas; Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
De enterado.
PROPOSICIÓN
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Acuerdo para incorporar ciudadanos diputados a diversas comisiones Honorable Asamblea: la Gran Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50,51 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos ,y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar tanto la integración como las directivas de comisiones y comités, en virtud de que algunos ciudadanos diputados han solicitado licencia para separarse de sus funciones, misma que les fue concedida en términos del artículo 62 constitucional, incorporándose los respectivos suplentes al trabajo legislativo; y
2. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. Se sustituye en las mesas directivas y en el cargo que se señala a los siguientes diputados:
Comisión de Salud
Se designa como Presidente a José Ramírez Román, en sustitución de Humberto Gómez Campaña.
Se designa como secretario a Luis Alberto Fuentes Mena, en sustitución de José Ramírez Román.
Comisión de Asuntos Fronterizos
Se designa como secretario a Jorge Tovar Montañez en sustitución de Héctor Morquecho Rivera.
Comisión de Marina
Se designa como secretario a Mario Vargas Aguiar, en sustitución de Guillermo Mercado Romero.
Segundo. Se incorporan de manera adicional a las mesas directivas y con el cargo que se cita a los siguientes diputados:
Comisión de Asuntos Fronterizos
Secretaria: Liliana Flores Benavidez.
Comisión de Asuntos Editoriales
Secretario: Eberto Croda Rodríguez.
Comisión de Asuntos Indígenas
Secretario: Salomón Jara Cruz.
Comisión de Pesca
Secretario: José Camilo Valenzuela.
Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias
Secretario: Juan Campos Vega.
Comisión de Relaciones Exteriores
Secretario: Javier Colorado Pulido; Secretario: Manuel Terrazas Guerrero.
Comisión de Salud
Secretario: Antonio García Sánchez.
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Secretario: Odilón Cantú Domínguez.
Tercero. Se incorporan los siguientes diputados a las comisiones que se enuncian:
Manuel Díaz Infante y Salvador Valencia Carmona: Comisión de Relaciones Exteriores.
Juan Adrián Ramírez García: Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Victoria Reyes Reyes, Marco Antonio García Toro, Enrique Sada Fernández y Humberto Pedro Flores Cuéllar: Comisión de Turismo.
Benjamín López Aguirre: Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Víctor Díaz Palacios: comisiones de Asuntos Hidráulicos; de Comercio; y de Asuntos Fronterizos.
Ramiro Rojo López: comisiones de Agricultura y de Ganadería.
Yolanda Robinson Manríquez: comisiones de Educación ; de Salud; y de Turismo. Rubén Miranda Villalba: comisiones de Asuntos Fronterizos; de Educación; y de Hacienda y Crédito Público.
Elisa Meza Rochín: comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; de Trabajo y Previsión Social; y de Vivienda.
Alicia Montaño Villalobos: comisiones de Cultura de Asuntos Indígenas; y Comité de Asuntos Editoriales.
Gabino Rutiaga Fierro: comisiones de Agricultura; de Educación; y de Vivienda.
Rigoberto Arriaga Cruz: Comisión de Ganadería.
Juan Jacinto Cárdenas García: comisiones del Distrito Federal; y de Justicia.
Francisco Hernández Juárez: Comisión de Asuntos Hidráulicos.
Héctor Morquecho Rivera: Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Jorge Tovar Montañez: comisiones de Energéticos; y de Vivienda.
Víctor Joaquín Canovas Moreno: Comisión de Comercio.
Jorge Oceguera Galván: Comisión del Distrito Federal.
José Ramón Navarro Quintero: Comisión de Educación.
Cuarto. Se toman por reintegrados a las comisiones y en los cargos aprobados por esta soberanía, a los diputados que se han reincorporado al concluir las respectivas licencias solicitadas.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. - Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Gran Comisión; José Antonio González Fernández, secretario de la Gran Comisión; y César Augusto Santiago Ramírez; secretario de la Gran Comisión.»
En votación económica se pregunta su se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobada, señor Presidente.
ACUERDO PARLAMENTARIO (II)
El secretario Miguel Gómez Guerrero.
«Acuerdo Parlamentario para regular las sesiones en las que se analiza el IV Informe de Gobierno.
CONSIDERANDO
I. Que el artículo 69 de la Constitución establece que a la apertura de sesiones del Congreso General, el Presidente presentará un informe en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
II. Que el artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dispone que el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales.
III. Que el mismo dispositivo, en su último párrafo, determina que el informe presidencial será analizado por las cámaras en sesiones subsecuentes; y
IV. Que en virtud de lo anterior, resulta conveniente establecer una reglamentación para fomentar y equilibrar la participación de los grupos parlamentarios en dicho análisis, de conformidad con el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se analizará el informe en las tres sesiones subsecuentes al mismo. El horario a que sujetarán éstas, será de 10.00 a 22.00 horas, en un receso de 60 minutos para comer que será fijado por el Presidente de la Mesa Directiva.
Segundo. Los temas que se abordarán de manera clasificada, respecto del análisis del informe serán: Política Interior, Política Económica y Social y Política Exterior.
Tercero. Para el análisis anterior, durante las sesiones referidas en el punto primero, cada fracción parlamentaria hará uso de la palabra, hasta por dos ocasiones durante cada sesión.
Cuarto. La duración de cada intervención será de 30 minutos como máximo. Quinto. El orden que seguirán los oradores, será el siguiente:
a) Partido Popular socialista;
b) Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
c) Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
d) Partido de la Revolución Democrática;
e) Partido Acción Nacional y
f) Partido Revolucionario Institucional.
Sexto. La participación de los oradores será de manera alternada siguiendo el orden establecido, no pudiendo participar dos oradores de un mismo partido consecutivamente.
Séptimo. Las sesiones a que se refiere el punto primero del presente acuerdo se verificarán de la siguiente manera: martes 3, Política Interior; jueves 5, Política Económica y Social, y lunes 9, Política Exterior.
Octavo. Una vez concluidas las intervenciones , los coordinadores de las fracciones parlamentarias dispondrán lo conducente, a fin de que sea elaborada y publicada una memoria con la posición de sus partidos con respecto al informe que se analiza, misma que se editará a través del Comité de Asuntos Editoriales de la Cámara de Diputados.
Noveno. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara , hará llegar al Ejecutivo, los documentos a que se refiere el punto anterior.»
De enterado.
El Presidente: - Para dar cumplimiento al artículo 8o., párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Acuerdo Parlamentario. ésta y las sesiones subsecuentes estarán destinadas al análisis del IV Informe de Gobierno rendido por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
DENUNCIA
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Habíamos solicitado se incorpore un punto de acuerdo antes de la glosa del Informe, solicito en ese sentido la palabra.
El Presidente: - Tiene la palabra.
El diputado Amador Rodríguez Lozano:_ Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En días recientes la licenciada María Teresa Jardi, distinguida defensora de los derechos humanos en México, ha sido objeto según ha afirmado de amenazas de muerte tanto hacia ello como hacia su familia, a través de cobardes cartas anónimas que por tres ocasiones le han enviado.
Estos actos reprobables desde cualquier punto de vista, constituyen intentos infructuosos por frenar la lucha de los derechos humanos en nuestro país y violentan nuestro estado de derecho y las libertades fundamentales que garantizan el orden jurídico mexicano.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no puede soslayar que cualquier amenaza contra cualquier persona u organización que se encuentre comprometida en la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos sea una agresión contra toda la sociedad.
Por lo tanto ante esta situación manifestamos a ustedes, el siguiente
«PRONUNCIAMIENTO
Único. Demandamos que se investigue a fondo las acciones antes referidas y que se garantice la integridad de la licenciada María Teresa Jardi y de su familia Diputados: Amador Rodríguez Lozano, por el Partido Revolucionario Institucional; Víctor Martín Orduña Muñoz, por el Partido Acción Nacional; Jorge Moscoso Pedrero, por el Partido de la Revolución Democrática; Manuel Terrazas Guerrero, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco Felipe Laris Iturbide, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Martín Tavira Urióstegui, por el Partido Popular Socialista.»
El secretario Rubén Pabello Rojas: - De enterado.
ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
El Presidente: - Para dar entonces cumplimiento al artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso, procederemos al análisis del IV Informe del Presidente de la República y de conformidad con el punto siete del acuerdo parlamentario, esta sesión estará dedicada al análisis de la Política Interior.
Se han registrado para tal efecto, en la primera ronda, los siguientes diputados: por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Samuel Moreno Santillán; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Israel González Arreguín; por el Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo; por el Partido Acción
Nacional, Roderico Tapia Ruiz y por el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Uscanga Escobar.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromunfo: Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En el ámbito de la política interior estamos ante una situación en extremo complicada, hay barruntos de crisis política que vendría a sobreponerse y que podría entrar en sincronía con la crisis económica que se vive desde 1982 y con la crisis social que se agudiza cada vez más.
Hoy mismo es un hecho inocultable que nueve de los 31 gobernadores tienen como origen la designación y no el procedimiento de elección popular; que resulta difícil saber cuáles son las reglas y cuáles las excepciones en materia de procesos electorales aceptados o no por la comunidad, tranquilos o violentos, estables o que desencadenen las movilizaciones populares, las tomas de palacios municipales y estatales, las marchas hacia la capital y que, por voluntad gubernamental o bajo la presión popular, desemboquen en soluciones desvinculadas de los resultados oficiales de la elección.
Por ésa, entre otras razones, no cabe duda de que urge una profunda reforma política. Sin embargo. compañeras y compañeros, pasaré a expresar en seguida la opinión global de mi partido sobre le IV Informe de Gobierno que conocíamos el 1o. de noviembre pasado, luego volveré al tema específico de la política interior.
Al caracterizar este IV Informe de manera general, hay que señalar que tuvo sobre todo una notable diferencia con relación a los tres anteriores por cuanto a la idea con que fueron estructurados. Los tres primeros informes dedicaban amplios espacios a los alegatos de carácter ideológico en los cuales el Presidente pretendía sustentar una línea de gobierno que era evidente, significaba una ruptura histórica con respecto al camino por el que se había venido desenvolviendo nuestro país; aunque entre ellos no se mantuvo la continuidad ni la consecuencia por cuanto a los planteamientos ideológicos.
Así, los dos primeros informes incluyeron como sustento, alegatos de carácter claramente neoliberal, en tanto que el tercero modifico el fundamento doctrinal de las tesis del licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien en esta ocasión se empeñó en establecer un conjunto de tesis en torno a lo que llamó el nacionalismo mexicano de nuestros días.
En el III Informe, en efecto, las concepciones expuestas por el Jefe del Ejecutivo parecían alejarse de los términos de la ideología neoliberal para acercarse a la del nacionalismo revolucionario, si bien se presentó entonces una nueva discrepancia, esta vez entre su discurso y su obra que siguió siendo plenamente fiel al neoliberalismo.
Incongruencias aparte, el hecho es que el Presidente se empeñaba en entrar al debate de las ideas, cuestión a la que dedicaba un considerable espacio. Es de observarse que ahora, el IV Informe expuesto por el Presidente Salinas de Gortari, el día anterior, carece de sustento doctrinal parece que su autor hubiera perdido el espíritu polémico por lo cual produjo un documento de carácter irrelevante desde el punto de vista del debate de las ideas. Este riesgo característico concuerda a plenitud con la situación que vive la concepción neoliberal en el mundo y en México.
En efecto, comentaba yo desde esta misma tribuna el propio domingo 1o. de noviembre, antes de escuchar la intervención presidencial, acerca de los cambios profundos que se han dado y que distinguen el escenario actual del que existía en años anteriores. Expresaba yo en nombre de mi partido que los tres primeros años de gobierno del licenciado Salinas de Gortari, coincidieron con la fase culminante de la ofensiva neoliberar en el mundo, aquélla por cierto que algunos consideraron de manera precipitada, que imponía cambios de carácter irreversible o por lo menos de largo plazo.
Señalaba, yo que hoy podemos observar que el péndulo viene ya de regreso, que el fracaso del neoliberalismo está a la vista y es un fracaso total, que ha fracasado en efecto lo mismo en los países exportadores de capital en gran escala, que en los países independientes de América Latina, de Asia y de África. Y aportaba yo una serie de cifras y de hechos concretos para sustentar mi afirmación.
El discurso del licenciado Salinas de Gortari, concuerda en la práctica con esa evaluación y bien parece que su concordancia no constituye un acto consciente. Se observa claramente, que éste es el discursos de un Jefe de Estado, cuya estrategia ha sido derrotada. Por eso sin duda su carácter irrelevante, gris y rutinario.
Quizá el licenciado Salinas de Gortari, todavía no tenga claridad suficiente sobre el hecho de
que el neoliberalismo, sólo puede ofrecer a estas alturas a los pueblos del mundo, sobreexplotación, iniquidad creciente en la distribución del ingreso, desempleo, hambre y miseria. Y por eso también, quizá sea que proponga consolidar su obra en el próximo bienio. Pero es evidente ya, que ha perdido el aliento, la disposición de ánimo y la combatividad, según se desprende claramente, de la comparación de este IV Informe, con los tres anteriores.
Insiste el licenciado Salinas de Gortari, en su empeño de designar la vía económica, política y social que ha seguido su Gobierno, con el nombre de liberalismo social. Al hacerlo, procura diferenciar la del neoliberalismo, estrategia surgida de manera casi simultánea en Inglaterra y en los Estados Unidos, durante los gobiernos de la señora Margaret Thatcher y del Presidente Ronald Reagan. Y pronto extendida a casi todo el mundo. Sin embargo, la política iniciada durante el gobierno de Miguel de la Madrid y profundizada en el actual, vista en su contenido y en sus frutos, para nada se diferencia de la que se sigue en todos los demás países del mundo bajo el nombre común de neoliberalismo.
Nos habla el Presidente de la República de los compromisos que estableció hace un año y de sus logros; nos dice que hace un año se comprometió ante este Congreso, a seguir promoviendo la diversificación de las relaciones del país con el exterior y concretar los logros por lo que se refiere hacia el norte, al afirmar que México avanza en los variados temas de nuestra agenda bilateral, en un clima de firmeza y cooperación y que ha culminado las negociaciones de Gobierno a Gobierno, para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y luego viene la mención de los supuestos logros, de la diversificación de la relaciones del país hacia el sur de nuestro territorio y hacia otras regiones del mundo, los que evidentemente tienen un peso incomparablemente menor, es decir, no se camina hacia una diversificación de las relaciones, sino hacia el fortalecimiento y consolidación de las que se dan con respecto a los Estados Unidos de América.
Afirma el Jefe del Ejecutivo, que se comprometió a ampliar las tareas de concertación con todas las fuerzas políticas del país y promover nuevas relaciones con las iglesias. Sin embargo, lo que ha ocurrido en verdad, es que el Gobierno del licenciado Salinas de Gortari, se ha planteado nuevas alianzas, distintas de las que establecieron los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana. En efecto, se ha dado un claro viraje a la derecha, lo que ha permitido consolidar vínculos con el alto clero católico, con el sector empresarial de cúpula y con el tradicional brazo electoral de estos sectores. Ahora el Gobierno, en vez de tutelar los derechos de los trabajadores tal y como lo establece el artículo 123 de la Constitución, defiende con tenacidad los intereses patronales y todavía más, en el marco de las contradicciones interempresariales, protege a los más poderosos capitalistas, en detrimento de los medianos y pequeños, y a las empresas trasnacionales con matrices en el exterior, por encima de las de capital nacional.
Con el alto clero católico ha sido obsequioso en extremo, al grado de otorgar reconocimiento diplomático, reconocimiento diplomático a una iglesia en particular haciendo como si se tratara de un estado nacional; tratamiento que no se da ni se proyecta dar a las demás instituciones llamadas iglesias. En este asunto se procedió al margen de la Constitución, incluso de la Constitución reformada precisamente en el curso de estos últimos 12 meses, por obra y gracia de la propia conducta derechizadora del Gobierno y de su política de nuevas alianzas.
Al partido de la derecha tradicional se le sigue insuflando fuerza artificial a través de los mecanismos y recursos con que cuenta el Estado.
Lejos, muy lejos van quedando los tiempos en que desde el Gobierno se hablaba de alianzas con el movimiento obrero y con las masas campesinas. Hoy se viven tiempos de modernización.
En lo económico, dice el licenciado Salinas de Gortari que hace un año el compromiso de mantener el crecimiento gradual de la economía y que esto ha sucedido aun en medio de una situación mundial de estancamiento generalizado. Añade que si bien el dinamismo de la economía internacional no será igual a la del año pasado, crecimos a tasas que desearían alcanzar las naciones más industrializadas. Mi compañero el diputado Juan Campos Vega, abordará a profundidad el tema económico en la sesión del próximo jueves; pero es conveniente adelantar desde hoy algunos juicios fundamentales.
Lo que destaca es que en lo económico la política neoliberal dependiente ha tenido los mismos rasgos característicos que en otros países de América Latina. Igual que en todos ellos, ha tenido y tiene como eje central el de la búsqueda de inversiones extranjeras en el mayor volumen posible y de manera incondicional.
Con ese propósito, aquí y en los demás países que siguen esa misma estrategia, se ha empujado
a los salarios a la baja, de la manera más brutal y se han malbaratado las empresas del Estado, patrimonio del pueblo, fomentando así la ineficiencia. Para ejemplo., ahí están Teléfonos de México y Mexicana de Aviación, por citar sólo dos de tantos casos de empresas que funcionaron mucho mejor en manos del Estado que ahora en poder de los capitalistas privados.
Con ese mismo propósito se modificó la Constitución en su artículo 27, para que lleguen los capitales extranjeros al campo y ha sido ese mismo objetivo el que ha llevado al Gobierno a atropellar a las organizaciones sindicales y a vulnerar de manera sistemática los derechos de los trabajadores.
Todo en aras al dios del dinero, del dinero en dólares, en dólares frescos venidos del exterior. En efecto, el propio Gobierno reconoce que en tanto las inversiones extranjeras directas acumuladas en nuestro país en más de 100 años de historia, llegaban hacia fines de 1982 a los 10 mil 700 millones de dólares, el gobierno neoliberal dependiente de Miguel de la Madrid logró la "hazaña" de duplicar o algo más ese volumen en sólo seis años, para llegar a un poco más de 21 mil millones de dólares en 1988. Y hoy, en sólo cuatro años, a esa cifra se han acumulado otros 24 mil millones de dólares, o sea, el total de lo que se proponía alcanzar el actual Gobierno a lo largo de todo el sexenio. Así nos lo ha informado el licenciado Salinas de Gortari, como si se tratara de una gracia.
Con esto estaríamos llegando ya a un volumen de alrededor de 45 mil millones de dólares.
Lo que no reconoce de manera pública el Gobierno es un hecho indudable que las inversiones extranjeras directas constituyen un factor fundamental de descapitalización, de saqueo de los recursos nacionales, mucho más dañino que el propio endeudamiento externo que, desde luego, también es de suyo altamente perjudicial y que, además hace perder independencia y soberanía; hecho que tampoco reconoce el Gobierno.
Nos habla el Presidente de un notable crecimiento en el gasto social. Nos dice que en 1988 representó el 32% del total y que hoy es prácticamente la mitad del presupuesto federal. Al expresarse así omite datos fundamentales para una comparación válida: el del volumen del presupuesto de 1988 con relación al de 1991, en términos deflactados y en consecuencia el del volumen real de los recursos destinados a la atención de necesidades sociales.
Menciona entre los logros de su Gobierno el aumento dinámico de las exportaciones de manufacturas y de las ventas de la industria maquiladora, que en el período de enero a agosto nos dice "crecieron a un ritmo de tres y seis veces superior al de la economía nacional." Sin embargo no tiene más remedio que reconocer que en ese mismo período tuvimos un déficit de la balanza comercial de 9 mil 800 millones de dólares; déficit que ha sido cubierto fundamentalmente por la vía de las inversiones extranjeras directas.
Omite referirse a la tendencia agudamente deficitaria de la balanza comercial. Vale la pena sin embargo observar que en tanto las exportaciones totales han tenido un mínimo incremento, de apenas 1.05% en el período de 1990 - 1991, y de 1.55% en el período enero - junio de 1991 - 1992. Las importaciones totales crecieron en esos mismos periodos a un ritmo de 22.10% y 30.35%, respectivamente, arrojando un déficit comercial de 149.55% y 121.89% Es decir, las exportaciones están prácticamente estancadas; mientras las importaciones crecen de manera acelerada.
Hay que añadir un dato más para advertir la gravedad de este asunto. Las importaciones de bienes de consumo en el primer semestre de 1992 crecieron 35.8% las de uso intermedio 27% y las de bienes de capital 36.5% Es decir, es prácticamente igual el ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes de consumo que el de bienes de capital.
Nos menciona que un logro de especial relevancia es el de la conclusión de las negociaciones de Gobierno a Gobierno para la suscripción del Tratado de Libre Comercio. La verdad es que este tratado tiene como rasgo fundamental el de impulsar las exportaciones e importaciones de México con los Estados Unidos de América y Canadá. dicho tratado por tanto, lejos de contribuir a la solución del problema fundamental de nuestro intercambio comercial dependiente propiciando su diversificación, nos conduce a una creciente dependencia. Pero aun, este proceso se da cuando la economía de los Estados Unidos de América se encuentra en franco declive según lo reconoce el propio Presidente en su Informe, enfrentando problemas graves de recesión de carácter estructural y de muy difícil solución.
Nos dice que la tasa de desempleo abierto en las 16 principales zonas metropolitanas del país se situó en 2,9%. Sin embargo, un reordenamiento adecuado de los datos del 110. Censo General de Población y Vivienda, que tenga como propósito quitar "el maquillaje" que pone
el gobierno para ocultar las cifras reales, demuestra que el desempleo verdadero llega al 25.23% de la población económicamente activa. Es decir, ocho veces más que la cifra que nos aporta el Informe Presidencial.
En su intervención del jueves próximo, cuando se analice a profundidad el tema de la política social del Gobierno, mi compañero el diputado Hildebrando Gaytán Márquez desglosará en detalle las cifras del Partido Popular Socialista sobre desempleo y las pondrá a disposición de quien desee consultarlas y cortejarlas con las de cualquier otra fuente, incluida la Presidencial.
Reconoce el Presidente que el salario mínimo ha decrecido en términos reales, aunque no expresa la magnitud de este retroceso, que si se compara su volumen de 1991 con el de 1976, antes de que entrara en vigor la política neoliberal, resulta que ha perdido dos terceras partes de su capacidad de compra. Dice el documento presidencial que la menor inflación y la mayor productividad han permitido por cuarto año consecutivo una recuperación real de los salarios contractuales; añade que los salarios promedios de la economía, si bien parten de bajos niveles, aumentaron en términos reales 4.5% en 1989, 1% en 1990, 6.7% en 1991 y en lo que va de 1992, 6.8%
Sobre este particular en el texto escrito que nos fue entregado a los diputados aparace un cuadro en la página 31 con los mismos datos, pero refiriéndose exclusivamente a los salarios netos en manufacturas y no los salarios promedio de la economía según el texto leído por el licenciado Carlos Salinas de Gortari. ¡Qué será lo que en verdad nos quiso decir el Presidente¿ ¿Quería referirse al salario promedio a nivel nacional o bien a salarios contractuales en general, o solamente a salarios de la industria manufacturera? Se trata de tres conceptos distintos.
Lo evidente es que el Presidente nos trae información confusa y dado que hasta hoy se han venido rehusando el Gobierno y su partido a que las ceremonias del Informe se enriquezcan tranformándose en ejercicios de diálogos respetuoso entre dos poderes que tengan como propósito el de aportar la información adecuada que requerimos los representantes populares para nuestro trabajo, no hubo mecanismo para aclararlo. Esta contradicción en que incurrió el licenciado Salinas de Gortari el día 1o. de noviembre, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, ha hecho un esfuerzo por rastrear las fuentes de esta información y localizar los datos verídicos; sin embargo la única fuente que se ha encontrado sobre remuneración promedio en las diferentes áreas económicas, aparece en el anexo estadístico del III Informe de Gobierno, el cual cita al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, no obstante eso, en el catálogo del Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática, no aparece ninguna explicación que haga referencia a tales datos y los funcionarios de esta institución confirman que no existe explicación alguna de esta índole.
La situación empeora, dado al consultar el anexo estadístico del III Informe de Gobierno mencionado. los datos que ahí aparecen, en modo alguno respaldan la afirmación que el licenciado Salinas formula, ni con relación a los salarios contractuales, ni a los salarios promedio de la economía. Así nos encontramos con que el documento presidencial, además de ser carente de relevancia desde el punto de vista de las ideas resulta en extremo inconsciente y se juzga por lo que enuncia como logros del Gobierno y francamente confuso y descuidado en el manejo de las cifras y los datos.
Un hecho político que contribuyó además a su deslucimiento, lo fue sin duda el que, rompiendo la práctica habitual, en esta ocasión el Presidente de la República dio a conocer una especie de preinforme, precisamente, cuando faltaban 11 días para la fecha en que debía concurrir a este recinto para cumplir con su mandato constitucional. En este preinforme, el Presidente abordó tres temas que constituyeron adelantos de lo que expondría días después en la sesión de Congreso General, no relaciones con Estados Unidos la situación económica del país y la circunstancia política de este momento ¿Qué fue lo que motivó que el licenciado Carlos Salinas de Gortari se viera en la urgencia de hacer estos planteamientos en esa fecha anticipada¿ ¿Qué hubo tan urgente que le impidió esperar 11 días más para que las cuestiones que le preocupaban pudiera expresarlas en su Informe al Congreso de la Unión, qué cuestiones lo presionaron al grado de obligarlo a anotarse un auto gol, es decir a propiciar el descubrimiento de su propio Informe?
Quizá una de las razones haya sido la urgencia de recomponer la imagen institucional frente al Gobierno de los Estados Unidos ante la contingencia de que fuera reelecto el presidente George Bush, con quien el licenciado Salinas de Gortari estableció en la práctica compromisos personales mucho más allá de lo aconsejable y que podrían hacer peligrar la estabilidad de las relaciones de Gobierno a Gobierno frente a otro desenlace electoral.
Quizá otra razón haya sido la de tratar de detener una crisis que parecía presentarse al interior del partido del Gobierno, luego de la renuncia a la candidatura del licenciado Martínez Corbalá, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí; esta renuncia bien pudo haber sido algo así como la gota que derramó el vaso ya colmado de inconformidades acumuladas frente a la conducta del propio Presidente Salinas, orientada a sacrificar una y otra vez a cuadros políticos importantes de su propio partido en función de sus intereses, por promover cada vez más a los integrantes de la organización política de la derecha tradicional, con la cual, sin duda, tiene mayores habilidades ideológicas y políticas el actual Jefe del Ejecutivo.
Es evidente, y vuelvo aquí al tema inicial, es evidente la urgencia de una reforma política profunda, cuyo tema de alguna manera trató ya el Presidente en su Informe, si bien no con la profundidad y caracterización adecuadas.
Hemos propuesto y reiteramos nuestra opinión sobre los puntos medulares que debe contener para que tenga un carácter progresivo y sea consecuente con nuestro camino histórico; primero, la consolidación del régimen de partidos integrado por todas las fuerzas políticas reales, cerrando el paso a las tentaciones de bipartidismo.
Segundo, la existencia de las normas y mecanismos que garanticen la operatividad permanente de los canales de comunicación que vinculen a los electores todos, con los partidos políticos existentes, de tal manera que no se prive a ningún ciudadano del derecho de estar informado de manera suficiente y oportuna acerca de los principios, tesis y propuestas programáticas de todos y cada uno de los partidos políticos.
Tercero, la creación de órganos encargados de la preparación, conducción y supervisión de los procesos electorales, que no tengan carácter unilateral, que no sean juez y parte, sin caer tampoco en la ficción de quererlos entregar a ciudadanos imparciales, entre comillas. dado que esa pretensión con lleva siempre el peligro de quedar sólo en la singulación.
Los ciudadanos, de ser apolíticos, en modo alguno podrán garantizar el ejercicio adecuado de una actividad que de suyo es evidente política; y por otro lado, de ser políticos tales ciudadanos, será casi imposible pedirles que no estén afiliados, formal emocional o intelectualmente a uno u otro partido político y que consciente o inconscientemente traten de favorecerlo, lesionando con ello su pretendida imparcialidad.
Tales órganos por tanto, para no resultar unilaterales, deben integrarse por todos los partidos políticos, sin que uno sólo de ellos pueda tener el peso determinante. Esta sería la única posibilidad para garantizar su adecuada y democrática operatividad. Mi compañero, el diputado Jorge Tovar Montañez, abundará en este tema en el siguiente turno del día de hoy.
Reiteramos nuevamente nuestra disposición al debate sobre este tema y otros de trascendencia con todas las fuerzas políticas sin excepción.
Ante el fracaso del neoliberalismo, es urgente abordar el examen de los rasgos característicos de lo que deberá ser el México del siglo XXI.
Es tarea que debemos acometer ya todas las fuerzas políticas, con seriedad y con dedicación. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Samuel Moreno Santillán.
El diputado Leónides Samuel Moreno Santillán: Con su venia, señor Presidente compañeras y compañeros diputados.
Toca en turno a mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, comentar por mi conducto los aspectos más relevantes del Informe que por mandato constitucional rindió el ciudadano Presidente de la República, referido a la política interna en su cuarto año de gestión gubernamental.
Iniciamos así, compañeros diputados, con este período de sesiones, el segundo tercio de nuestra responsabilidad cameral, y con ellos continuará nuestro Congreso el desarrollo de su vida parlamentaria, cubriendo una etapa más de nuestra historia republicana. Nuestra actividad estará con seguridad plena de una discusión nacional en torno a la realidad democrática y económica de México y de su supuesta modernidad.
Los futuros debates nos llevarán por los vientos que soplan, a la incursión o cambios de artículos constitucionales como el 123, que en lo externo ya mucho se pregona. En fin, hoy iniciamos el análisis de la práctica política, ejercida por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, análisis que requiere de la capacidad profesional que otorga la ciencia de la ingeniería social, instrumento que en su conjunto trata del contenido, desarrollo y resultados objetivos reales, de los programas desarrollados en el transcurso de su cuarto año de Gobierno; aplicaciones que según dijo, fueron las medidas concebidas, según entendemos, que se ocuparon de resolver nuestros problemas
sociales a través de la política pública, conscientemente comprometido en este que hacer como responsable de los poderes del Estado mexicano y su esfuerzo de 24 horas, como lo ratificó.
Expresión razonable, pues en el ámbito de toda sociedad moderna y particularmente democrática, la comunicación de masas a través de actos como el Informe Presidencial, es indispensable para la adquisición y consolidación del poder, la legitimación de la autoridad, el cumplimiento de las normas sociales impuestas y la reorganización, incluyendo la definición de la opinión pública.
Análisis que requiere de la capacidad profesional que otorga la ciencia de la ingeniería social, instrumento que utilizaremos en lo que a continuación expresaremos.
En este sentido, la práctica del Informe Presidencial como hasta hoy lo hemos vivido, se justifica como tal, toda vez que existe la posibilidad de deferir a su propia expresión, circunstancia que incrementa nuestra fuerza de debate por el origen de su causa.
Nuestros juicios expresados en sesiones como la presente contribuyen a mostrar dentro del ejercicio democrático, nuestra capacidad e interés de decir nuestra verdad al grupo y Gobierno en el poder, de una manera respetuosa y debida, y con ello intervenir en la contribución por mejorar la política pública, para aprender de los errores y resolver o redefinir nuestros problemas sociales. Esta práctica, en síntesis, nos permite mediante la investigación operativa permanente de la administración pública, poder señalar al grupo de gobierno, de lo que no han hecho y pueden hacer apropiadamente y con éxito, aunque en principio no lo acepten ni se den por enterados.
Es decir, la profesionalización del análisis de la práctica política en estas condiciones, es a la ciencia social como lo que la medicina es a la biología.
Bajo tales premisas, el comportamiento político en la expresión del Presidente Salinas de Gortari, debió haber explicado en su Informe los hechos que describió, así como también, en nuestro concepto, haber utilizado en los aspectos de mayor relevancia datos reales cuantitativos, en lugar de testimonios cuantitativos, evitando con ello las posibles interpelaciones, y esto es porque quien legisla como parte integrante de un Congreso en calidad de escucha, toma como referencia para su análisis el comportamiento político del exponente, con base al estudio de la socialización política, como algo más que una indoctrinación deliberada, cuya consistencia reside en dos aspectos básicos del comportamiento político: su cultura política y la naturaleza del sistema de partidos.
Dentro de este contexto, durante el Informe Presidencial recibimos el flujo de los mensajes que estructuran y dan sentido al proceso político del Gobierno en turno, cuyo contenido no tuvo más propósito que ratificar aquellos hechos consumados que legitimaran su supuesta estabilidad, y por otro lado aquella información que está urgida del consenso de la opinión pública, por los cambios a los valores políticos y valores históricos en vías de la modernidad, por la socialización política de los ciudadanos al margen de los procesos políticos, y por la movilización de intereses del grupo en el poder, informe que en su conjunto constituyó el patrón de orientación, y trató de redefinir con su contenido, la imposición de una nueva cultura política, que con su aceptación y reconocimiento, fortaleciera su poder soberano, al incrementar con el programa de solidaridad, hoy Secretaría de Desarrollo Social, el grado de asociamiento de la sociedad mexicana desfavorecida y marginada.
Pero entremos en materia. Los resultados obtenidos durante este período de gobierno en el ámbito de la economía, refleja señales de indiscutible mejoría, producto, se dijo, de la política económica implementada durante el año que se comenta. En ese sentido se informó que la producción bruta nacional mantuvo su ritmo de crecimiento, que la inflación alcanzó los niveles más bajos en los últimos años que la política fiscal propició el incremento de los ingresos gubernamentales junto con la desincorporación y venta de empresas paraestatales y bancos, la renegociación de la deuda externa e interna, y el pago de parte de las mismas, la aparición de superávit financiero junto con otros muchos aspectos cuantitativos que sin lugar a dudas, dan cuentas del supuesto éxito de la política económica implementada.
Se hizo énfasis que el éxito alcanzado en esta materia, aunado a la conclusión y firma del Tratado de Libre Comercio, ha traído como consecuencia el reconocimiento de la comunidad internacional y su puesta como ejemplo a seguir por países que, en su momento, atraviesen por circunstancias similares por las que atravesó nuestra economía en tiempos preneoliberales. No obstante todo esto, a este éxito económico, creemos, han contribuido de manera significativa
la estrategia publicitaria de los funcionarios responsables del Gobierno en su conjunto estrategia que finalmente apunta a modular la opinión tanto interna como externa a su favor, en vísperas de los acontecimientos propios del último tercio de la gestión gubernamental.
Pero en la realidad observemos sucintamente algunos hechos que contradicen tales aseveraciones. El ritmo de crecimiento en la producción fue capaz de absorber o desvirtuar el desempleo que vivimos y el cierre de la pequeña y mediana industria, como se dieron durante el período; la inflación alcanza compensa la devaluación de nuestra moneda por la pérdida de su poder adquisitivo, el alza de los precios en general y la baja de las tasas de interés de lo pequeños ahorradores, que son directamente afectados; la política fiscal justifica que por falta de incentivos por decir algún caso, nuestra marina mercante, de altura y cabotaje, casi se extinga, que el personal empeñado en el sector marítimo se encuentre en grandes porcentajes desempleado que no hay reserva de carga para barcos con bandera mexicana, que se proteja una desdolarización por servicios marítimos en general, y que en la privatización de la operación portuaria, junto con la inversión extranjera en puertos y en el campo, se compare a nuestro país como un corredor industrial con una soberanía en riesgo por su desidentidad en la defensa de los factores de su poder como nación; una renegociación de deuda externa que, lejos de disminuir, aumenta en su valor absoluto, a través de un juego de términos y valores que nada remedia el peso de su carga como responsabilidad nacional.
Sería interminable ejemplificar las contradicciones de nuestra realidad.
Un compromiso como el Tratado de Libre Comercio materializado de espaldas al pueblo, con la supuesta representación en las mesas de negociación de los diferentes sectores que integran a la nación, que jamás buscaron el apoyo y el consenso que representan, como han expresado los diferentes grupos representados, la sociedad moderna que se pretende imponer a nuestra nación, de ser posible mediante decreto, es una sociedad en la que la cultura se da mediante una educación formal y generalizada, no como nuestro caso, en que la educación nacional está siendo trastocada por la implantación de nuevos modelos, que en mucho pretenden alejarnos de nuestro propio contexto histórico cultural.
La aparición los de nuevos libros de texto gratuito, constituyeron la punta de lanza de un sistema de desidentidad nacional, como un sentido acrítico en lo histórico, en lo ideológico y lo cultural, como lo sostuvieron, y con valor nacionalista lo defendieron los diferentes partidos políticos de oposición. Nuestro reconocimiento para ellos.
Y enhorabuena la decisión del Ejecutivo por los términos en que dijo sería el uso de estos libros.
Estamos asistiendo pues al tránsito hacia la mercantilización y la desnacionalización educativa, con la aparición de cada vez más escuelas particulares que no persiguen propiamente objetivos culturales ni nacionalistas sino estos grupos sólo tienen metas lucrativas, a costa del descrédito y desprestigio de que han hecho objeto a la educación pública y gratuita, y no porque ésta sea deficiente sino porque nos hemos creído el cuento de tal deficiencia, haciéndole el juego a la andanada desnacionalizadora, Ojalá ya exista un medio que naturalice su efecto.
No obstante esta situación afortunadamente existen todavía instituciones normalistas con una identidad y conocimiento preciso de lo que la educación laica, gratuita y popular representan para los verdaderos intereses nacionales, aun y a pesar de los esfuerzos de las dependencias oficiales por arrancar de lo más profundo de nuestro pueblo su verdadera identidad nacional, como lo demostraron. A ellos les expresamos nuestro más profundo respeto y consideración y reiteramos nuestra voluntad de hermanarnos con sus luchas, que también son las del pueblo mexicano.
Referencia importante y obligada procede para la educación superior y las universidades públicas, que en forma particular están siendo saboteadas por golpes de presupuesto. Varias de estas universidades autónomas de los estados, han sido virtualmente privatizadas renunciando prácticamente a seguir siendo la conciencia crítica de la sociedad y perdiendo su espíritu combativo y transformador, sin autonomía ni libertad de cátedra.
Mención especial podríamos hacer para la Universidad Autónoma de México y para la de Sonora, pero lamentablemente el tiempo y las circunstancias nos lo impiden.
En consecuencia, se precisa la revisión y adecuación de la reglamentación y legislación universitaria que permita la asignación presupuestal sin chantajes, de acuerdo a sus necesidades y a su posibilidad de autosuficiencia.
En el campo de la ciencia y la tecnología, la firma del Tratado del Libre Comercio, obliga
hacer referencia a la cuestión científico técnica, como una derivación y necesidad, entre muchas otras, que nos permiten desarrollarnos soberanamente.
Mucho se ha hablado, discutido y cuestionado el hecho de que en nuestro país no se haya impulsado una revolución científico técnica, que obedezca a los propios intereses nacionales, que permita e impulse el desarrollo soberano en esta materia y sólo creemos que con una política integral de desarrollo científico técnica y nacionalista, se afrontaría nuestro rezago y el cumplimiento a los compromisos contraídos.
Para tener una referencia de nuestra realidad, baste recordarles la intención que sobre esta materia se plantean los Estados Unidos de Norteamérica, con objeto de continuar con tecnología de punta, se proponen llevar a cabo una revolución científico técnica, para lo cual anuncian la asignación de más de 150 mil millones de dólares para este propósito, que supera nuestra producción nacional.
Dentro de esta revolución pretenden reformar toda su estructura educativa y de investigación.
La sociedad moderna de México, pregonan los voceros oficiales, contrastan con los hechos que en materia de indigenismo estamos viviendo dentro y fuera de nuestras fronteras.
El pasado festejo de los 500 años, como el Encuentro de Dos Mundos, la comunidad internacional reconociendo, creemos, las injusticias que dieron lugar a este hecho, otorgó el Premio Nobel a una insigne y revolucionaria guatemalteca, como pidiendo perdón, y un reconocimiento a la existencia todavía en nuestros tiempos de comunidades indígenas que han logrado escapar a la persecución y el exterminio, luchando por sobrevivir aun a pesar de las circunstancia tan adversas para ellos.
Nicaragua nos da un ejemplo al otorgar reconocimiento y respeto a las tradiciones, organización y autogobierno de sus comunidades indígenas.
En España, por mencionar otro hecho relevante, grupos de personas que representaban corrientes sociales y religiosas, circulaban en las plazas con letreros que rezagan: "América, perdón por nuestras injusticias".
En nuestro caso, desde hace muchos años y hasta nuestros días, las comunidades indígenas continúan en su eterna lucha por sobrevivir, desarrollarse y crecer, sorteando las circunstancias; sólo que en los nuestros lo hacen en las condiciones más denigrantes y lamentables que se puedan tolerar.
Bastarán algunos señalamientos para ilustrar y recordar su realidad. En Chihuahua los tarahumaras se están extinguiendo entre las montañas sin eco a sus demandas; en Sonora los yaquis esperan el compromiso presidencial al que, afortunadamente, tuvieron acceso; las comunidades indígenas de Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, son objeto de despojo y encarcelamiento, por caciques y funcionarios al servicio de éstos, por el único delito de ser indios, porque en la mayoría de los casos, por no hablar el español, quedan en total indefensión.
La justicia para ellos no existe, como no existe tampoco el reconocimiento a su idiosincrasia.
En mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, existe el consenso por cuanto al reconocimiento e idiosincrasia de nuestras comunidades indígenas y proponemos que se les otorgue autonomía como comunidades, dejándolos en libertad de elegir e implantar sus propias formas de organización y autogobierno, educación, tradiciones y, en general, definir sus propias normas y reglas que definan su propio destino.
En este sentido, proponemos la redistritación electoral de las comunidades más representativas, a fin de garantizar su presencia en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados y así tener participación en la toma de decisiones fundamentales y en su momento haremos las propuestas concretas.
Dentro del mismo tema es justo mencionar el olvido de los mexicanos radicados en el extranjero, quienes ante la disminución de ingresos, condiciones de vida y expectativas de progreso y desarrollo individual y familiar, muchos se han visto en la necesidad de emigrar hacia otros países que les garanticen y brinden mayores condiciones de sobrevivencia, asumiendo sus propios riesgos y afrontando sus propios sacrificios, al enfrentarse con sociedades que por no ser la suya no la comparten ni mucho menos la viven.
Muchos de estos mexicanos se encuentran con barreras de diversa índole, como la discriminación, el idioma, la violencia, segregación e incomprensión, incluso de su representación diplomática haciéndolos huérfanos de ella.
En México algunas embajadas de características democráticas, consideran el voto de sus
nacionales en la elección de sus autoridades que posteriormente incorporan a los votos de su país de origen. Nosotros no hemos querido aprender de esto, no obstante que en 1988, un año definitorio para las exigencias de la comunidad de mexicanos radicados en los Estados Unidos, para que la Embajada y las representaciones consulares implementaran mecanismos receptores de sus votos a favor de los candidatos a su elección.
Ese año, esa comunidad de mexicanos mostraron un gran interés en particular en la definición de la elección presidencial proponiendo incluso modificaciones a la Ley Federal Electoral que incluyera un padrón adicional, su propuesta obviamente fue ignorada.
Y en este momento ante la vigencia del Tratado de Libre Comercio, la reforma en materia electoral en este sentido es inminente y dejará de ser una aspiración romántica de soñadores radicados en el extranjero, y será un hecho consolidado y real al que todos nosotros, señores legisladores, estamos obligados a construir desde ahora para que con ellos, la comunidad fuera de México, construyamos las bases de nuestro futuro histórico.
La negativa a este hecho, quizá sea el temor que sin duda neutralice los votos cautivos de los sectores corporativos del partido Estado, no obstante ello, apoyemos y otorguemos este reclamo de justicia a que tienen derecho.
Sobre el Tratado de Libre Comercio en los términos que se mencionó la conclusión de las negociaciones previas sobre la firma, de lo que para los juristas nacionales es un tratado y que los gringos consideran un acuerdo, tiene implicaciones sobre la interpretación de lo que involucra en cada uno de estos conceptos ya que no es simplemente una diferenciación semántica sino conceptual que podrían mejorar, ilustrar, nuestro colegas juristas.
La firma de este documento sintetiza el esfuerzo de quienes estuvieron vinculados en las negociaciones en las que se nos aseguró estuvieron presentes las representaciones de los sectores sociales más representativos de México, donde cabría preguntar ¿qué clase de representación de voluntad soberana del pueblo somos los diputados federales que no tuvimos ningún tipo de representación que defendiera tales intereses de la nación?, razón por la que fuimos excluidos de participar.
Aunado a esto, en el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio de 1991, la gran mayoría de los secretarios de Estado, afirmaron haber realizado estudios para fijar posición respecto al Tratado de Libre Comercio, sin embargo, ninguno de nosotros en la Comisión respectiva, conoció pormenorizadamente el contenido de tales posiciones, muy a pesar que en algunos casos se comprometieron a dar a conocer ese contenido por escrito.
Ante esta situación no nos queda a la oposición que otorgarles el beneficio de la duda por nuestra incapacidad de hacer observaciones específicas, y en caso dado hacerlo responsable de las desventajas aceptadas y haber expuesto en claro riesgo la soberanía nacional.
Incluso existen afirmaciones de grupos autónomos de que los textos que se dieron a conocer en México, difieren de los dados a conocer en Estados Unidos y Canadá, respectivamente.
Otro hecho relevante fue que al tiempo que el señor Herminio Blanco afirmaba que las negociaciones se habían hecho en las condiciones más favorables para proteger a nuestro grupos sociales y estructura productiva, sus consecuencias ya se estaban reflejando: cierres de empresas, disminución de la producción, sustitución de ésta por importaciones, despidos masivos de personal, ahondándose la brecha del desempleo. Por estos fenómenos no dudamos que ante la entrada en vigor de dicho Tratado, tenderá a profundizarse aún más y se agravará el panorama económico de México.
Ante estos hechos no queremos seguirnos preguntando sobre lo que verdaderamente se firmó: su contenido parcial, sus términos, sus ventajas y desventajas para el país y para los mexicanos, y en el caso de haberse aceptado algo que fuere en contra del interés nacional, pensamos que esta Legislatura no aceptará esa responsabilidad en el juicio de la historia. Exijamos en consecuencia ante los poderes de la Unión el reconocimiento de la calidad, capacidad y responsabilidad que nuestra intervención debe tener en el que hacer legislativo.
Especial relevancia tienen en el ámbito de la vida nacional los partidos políticos como agentes que debieran de ser del cambio social con su capacidad de respuesta para enfrentar y proponer alternativas viables de solución a los problemas torales de nuestro país. Durante muchos años observamos disensos importantes en los niveles de votación de los partidos políticos, disensos que no solo algunos partidos específicos, sino a todos incluyendo al partido oficial, hasta antes de iniciar el Programa Nacional de Solidaridad.
En la actualidad, mucho se ha criticado a los partidos políticos de oposición argumentándose que no representan verdaderamente las demandas del pueblo, convirtiéndose en empresas lucrativas y cotos de poder de grupos que viven a expensas del erario público. En este sentido, ¿qué tan ciertas son tales aseveraciones y cuáles las verdaderas intenciones detrás de tales argumentos y de quiénes auspician esa corrupción política?
Ciertamente algunos partidos nos encontramos no sólo ante el problema de organizar a grandes contingentes de la población así como el de encauzar sus principales demandas, sino también de organizar y consensar a nuestro interior el rumbo y ritmo de nuestros afiliados; no obstante, habría que aceptar que los sectores corporativos han dejado de ser borregos del partido oficial en la medida de conocer el verdadero destino de sus cuotas cuyos beneficios mínimos y, más aún desaparecer los problemas cuando se trata de conocer a ciencia cierta los estados financieros, ejemplos tenemos en los casos que se han suscitado del seguro social, de petróleos, del magisterio, etcétera.
Bastaría recordar la descomunal cifra de las quejas presentadas contra funcionarios del Gobierno en funciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicador que serviría para demostrar la inconsistencia de la supuesta convicción de servicio a la nación de los partidos que cogobiernan, crisis política de la que no puede soslayar el partido en Estado, ni desvirtuar que utiliza como recurso al Programa Nacional de Solidaridad, como mecanismo de chantaje político a grandes sectores del país, que por carecer de cultura general, experiencia y cultura política, todavía se dejan llevar por el canto publicitario de los programas nacionales de Solidaridad.
Los partidos políticos somos el medio que como alternativa tiene el pueblo para reagruparse y luchar porque se les reconozcan sus propios derechos históricos, políticos y para instaurar en sus municipios, distritos y estados y la nación, la representación del tipo de gobierno que más convenga y resuelva a sus intereses. En este sentido, el ensanchamiento del andamiaje de nuestra vida democrática, reside en el ejercicio de la pluralidad política y su respeto a las propuestas que beneficien a todos los factores del poder de nuestra nación.
Por cuanto a nuestra participación por la práctica de las modificaciones constitucionales materializadas, hemos dejado constancia de aceptar los cambios que es justo admitir y la exigencia a los ordenamientos, que es vital conservar. En este sentido, en el término de los hechos, ¿qué tanto estaría dispuesto el partido oficial a compartir esta necesidad de restaurar la democracia en México¿ ¿Qué tanto estarían nuestros compañeros legisladores del partido oficial, a impulsar una verdadera reforma de Estado y a construir una verdadera reforma política, que como salud requiere la nación?
Señores legisladores, nuestra nación requiere de una doctrina y un sentimiento político que garanticen la coexistencia de la unidad nacional, unidad que se pretende afirmar por voz del Ejecutivo que existe en México; unidad que se pretendió alcanzar con una Ley de cultos que polarizara los verdaderos intereses de la Iglesia católica y el Estado mexicano, Ley que utilizaría los medios a su alcance para captar una supuesta mayoría católica a través de los templos y reforzados por el programa de Solidaridad, aparentando una apertura y disposición a concertar, marginando a las demás religiones cuyos embajadores ante sus cúpulas jamás conoceremos.
De no funcionar cuanto comprometió el Ejecutivo Federal en su informe, para evitar el colapso, será necesario dinamizar nuestras estructuras en los partidos políticos, adecuando nuestras ofertas políticas a los auténticos requerimientos de nuestra sociedad en su conjunto. Sociedad que se debate, a más de la miseria que la indiferencia, la exceptitud, el conformismo y abstencionismo, por la presencia de una élite enquistada en los viejos patrones y la presencia emergente de una neoélite que exige cambios para sus particulares intereses de perpetuarse en el poder con exiguas concesiones en el aparente bipartidismo en ciernes. Tal situación traerá conflictos violentos, por lo que los hechos expuestos nos obligan a considerar la necesidad que deriva de la intencionalidad de la actividad humana como partido para intentar, en la actualidad, una interpretación del hombre y de sus actividades, como paso previo para interpretar la condición de libertad y democracia, pregonada en lo interno y en lo externo por el Ejecutivo.
Nuestros problemas compañeros legisladores, son el resultado histórico de las fuerzas sociales entrelazadas por las diferentes categorías interactuantes; su identificación y definición, será nuestra capacidad para transformarlos en capacidad de desarrollo integral, porque una élite que se apropia de los medios de producción, del poder político, del monopolio de la educación y la orientación espiritual, es un impedimento para el progreso de los mexicanos y de México.
Es imperativo preguntarnos si la población marginada, inculta, aislada e improductiva, puede ser alguna vez libre o procurarse su propia libertad. La historia nos señala que cuanto menos desarrollado es un país, mayor es su tendencia al igualitarismo primitivo y por consecuencia, la tendencia es la suposición de la libertad individual, considerando que nuestra situación actual compulsa la necesidad de lograr una aceleración del progreso en vías de la modernidad, con el sacrificio humano deliberado, como está sucediendo, hecho que hemos demostrado se intenta justificar como necesidad histórica, se sacrifica el presente en aras de un futuro luminoso, que vendrá, como lo ha reiterado el secretario Serra, siendo por tanto los mexicanos menos dotados, las víctimas de la felicidad futura.
Tal como en su oportunidad se prometió a los hombres el reino de los cielos como recompensa a los sufrimientos terrenales, hoy seguimos viendo las metas ficticias, imprimiéndose objetivos inmediatos para lo cual se nos exige un permanente sacrificio. ¿Es esto progreso? ¿Es ésta la modernidad, la democracia, la libertad y la felicidad en que vive el pueblo mexicano?
Llegados casi a finales del segundo milenio, nuestras actitudes requieren de un vuelco total hacia nuevas y exigentes perspectivas del tercer milenio, por cuanto todo será diferente a lo vivido en los años anteriores. La sociedad actual requiere una readaptación mucho más violenta, real, verdadera, capaz de adecuarse a esos cambios de vida, de comportamiento, de enfrentar las situaciones en familia, en sociedad, en la productividad, incluso en la vida espiritual; los viejos esquemas ya no sirven. Se nos vienen encima de una manera total, diferente, para enfrentar la vida. Todo será globalización. Los ciclos que antes se daban en largos periodos de evolución lenta y de adaptación por obligación, hoy se aceleran violentamente y exigen una adaptación, no por obligación, sino por la necesidad de subsistir, de seguir viviendo; de lo contrario la vorágine de las nuevas expectativas nos devorarán y solo hombres que puedan sentir su presencia en el mundo, como una permanencia real, viva, con su sentido temporal y continuo para enfrentar al mundo, serán quienes estén en condiciones de poder enfrentar las circunstancias, aceptarlas o rechazarlas y compartirlas. Serán sólo esos hombres quienes enfrenten por sí solos los azares de la vida, los problemas sociales de cualquier naturaleza y aportarán soluciones; hombres revestidos de esta identidad propia, incuestionable, serán los que con valentía y decisión afrontarán las circunstancias impredecibles que nos presenta el tercer milenio.
Compañeros legisladores: la formación de nuestro Estado nacional se centró en la idea de un beneficio de gran alcance, garantizando simultáneamente la actividad privada y el bienestar popular que hoy reiteramos. Por tal motivo, los ordenamientos emanados de este proceso buscaron en la medida de lo posible, una mejor distribución de la riqueza y la garantía a las mejores condiciones de convivencia fraterna de los distintos grupos sociales que integran esta noble y gran nación. Es esta la herencia de los constituyentes de 1917, muy a pesar de que algunos funcionarios, particularmente de Hacienda, niegan esta capacidad y compromiso.
No obstante ello, mi partido y quienes tenemos una concepción clara del liberalismo social mexicano, ratificamos que es a esa herencia a la que debemos el Estado moderno que vivimos en las condiciones reales; y no es posible olvidar ese pasado sin que nos acerquemos peligrosamente al olvido de nuestro origen y al repudio irremediable de la historia.
Ojalá en los próximos informes nos traiga un mensaje el Ejecutivo, de lo que el pueblo de México desea y demanda para su real felicidad. Muchas gracias.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su venia, señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Glosar, en el más claro sentido gramatical, significa explicar o comentar un texto. Los Informes Presidenciales al intentar presentar el estado general que guarda la administración pública del país, conforme al mandato constitucional en el artículo 69, exigen de nosotros los legisladores, aparte del análisis o la glosa, de una postura definida.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional intentará abordar ambos aspectos.
En este IV Informe Presidencial se nos presenta no sólo la evaluación de un año de gobierno, se justiprecia el recorrido de dos terceras partes de la administración pública; se confrontan los tiempos presentes a los de 1988, pero, sobre todo, se miden las insuficiencias actuales y se comparan con tiempos políticos que habrán de concluir en 1994.
La justificación metodológica de la exposición del IV Informe Presidencial resulta clara. Se
precisan, en primer lugar, propósitos del gobierno y se da cuenta de las realizaciones, Más adelante se detallan las obras de gobierno en diversos ámbitos: exterior, política interna, política económica y política social. Por último, en el denomindado mensaje político se muestran los desafíos inmediatos de la política gubernamental y, desde luego, las principales líneas estratégicas de acción en el futuro inmediato.
La lógica del discurso presidencial nos ayuda a realizar un balance del gobierno; entender sus avances, pero también ubicar sus problemas.
Hoy, comenzamos a evaluar los asuntos de política interior, pero conviene tener claro el panorama general que priva en el país hoy y compararlo al que existía hace cuatro años.
Un problema atraviesa al Informa Presidencial por entero: explicar nuevos esquemas para el desarrollo nacional en el mundo acelerado por los cambios. hemos testimoniado, en unos cuantos años, cómo las coordenadas domésticas o internacionales se trastornaron dramáticamente. Esta relaciones permitieron, hasta hace poco tiempo, una ubicación de largo plazo a las políticas del desarrollo.
Pero la mudanza anteriormente señalada, al menos inicialmente, resultó asimilada. Así, reformó al Estado para hacer una economía más eficiente. Casi sin darnos cuenta se paso de 1990 - 1991, de una negociación a otra; de la renegociación de la deuda externa a la del Tratado de Libre Comercio.
Pero, ¿qué hizo posible estos cambios?
Desde nuestra opinión, el grupo gobernante percibió una importante mutación en las tendencias globales de la economía mundial. Con la renegociación del débito externo, el futuro del crecimiento nacional ya no se podría fincar en el financiamiento externo. Este modelo había llegado a sus límites en la década anterior. Ahora la perspectiva del verdadero desarrollo se fincaba en una economía más abierta con el exterior. Esto último, implicaba el retorno voluntario de capitales del exterior y el fortalecimiento de nuestro sector exportador.
Capitalistas y hacedores de la política económica en México tuvieron que revolucionar sus viejas fórmulas proteccionistas e ingresar a la competencia de nuevos mercados internacionales, globalizados y proteccionistas entre sí.
Para encarar los desafíos de una nueva reinserción internacional, el Estado se liberó del fardo de empresas improductivas, disminuyeron en consecuencia, las cargas de financiamiento requeridas para su sostenimiento, se colocó a la inversión privada como el eje de la recuperación productiva, éste es uno de los cambios más importantes en la composición de la demanda agregada desde el gobierno del Presidente Miguel Alemán.
No insistiremos hoy en evaluar los alcances de la política económica, esto es sólo un adelanto que nos permite demostrar como la visión estratégica de la política económica no se corresponde con la llamada política apolítica; la primera con todo y sus dificultades se aproxima a los estadios de una política económica del primer mundo; en cambio la segunda, pese a ciertos avances, exhibe paradójicamente aún la premodernidad. En la parte correspondiente a tal asunto abundaremos y señalaremos los adelantos y contradicciones de la política económica, pero en la medida que la política interior tiene un componente económico, hemos presentado aquí una sumaria definición de esta parte.
Sería complicado referirnos a todos los aspectos de política exterior manejados en el IV Informe Presidencial, pero intentaremos abordar los más relevantes. La elevación a rango constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio más fuerza a este organismo pero nos interesa ser precisos, no obstante las declaraciones del Ejecutivo Federal de apoyo a esta importante entidad humanista, existen gobiernos locales y policías que violan los derechos humanos con el pretexto de procurar justicia, se ha venido violando en innumerables ocasiones la ley; esto debe frenarse y aspiramos a una verdadera procuración de justicia.
Uno de los temas más debatidos de la parte de política interior, es el vinculado a los procesos electorales, 15 procesos electorales locales manifestaron de manera palmaria los límites y contradicciones del sistema electoral de leyes prácticas e instituciones. La ausencia de reglas claras y de aceptación general han colocado a varios procesos electorales en una situación de práctica inutilidad; se han venido creando monstruosas costumbres que dan cierta legalidad a las autoridades públicas, la representación no deviene del sufragio efectivo, sino de las componendas entre autoridades y ciertos partidos considerados a sí mismos como hermanos mayores, los ciudadanos no son los actores fundamentales de los cambios, de esa manera crece el abstencionismo y la presión de ciertas élites partidarias arropada en la sacrosanta estrategia de la resistencia civil, se convierte en factor de
cambios políticos, degenera desazón política y alejamiento ciudadano de la actividad política electoral, primicia que han buscado permanentemente las élites de la sociedad, quienes quisieran alejar de la participación política plena al pueblo de México.
En el mensaje político del IV Informe Presidencial, se esboza una agenda para la Reforma Política, pero lo más importante es que se deja un temario abierto para que las fuerzas políticas aquí representadas lo desarrollemos.
Se apela a nuestra voluntad de concertación, así se abre la posibilidad para que podamos reformar la legislación electoral aprobada hace apenas dos años. El Ejecutivo, por lo pronto y mientras que generemos consensos, plantea avanzar en tres aspectos fundamentales de la Reforma Política: hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos; poner topes a los costos de las campañas electorales; y, trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen la imparcialidad de los procesos electorales.
Para el avance democrático, el Ejecutivo propone un compromiso nacional de las fuerzas partidarias.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, contribuye con responsabilidad; presenta a su consideración una propuesta de reforma política integral, ésta es nuestra aportación en el procesamiento de los consensos indispensables para la transformación democrática del país.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha venido exponiendo desde 1989, una reforma política integral; una propuesta de reconstrucción global de la sociedad y el régimen político de la nación; una reforma de fondo para la reestructuración democrática de las bases del pacto social que delinearon los constituyentes en Querétaro.
La Constitución Política la hemos concebido como el documento histórico que representa el ser la admiración de la nación, pero consideramos que su reforma debe reflejar tanto la continuidad perseverante de ciertas identidades nacionales, como también la consecución de viejos anhelos libertarios e igualitarios no alcanzados a lo largo de nuestra historia.
Desde 1989, señalamos que la democracia integral y respeto al sufragio son dos de los grandes problemas de los que la nación mexicana espera respuesta; tópicos añejos por los cuales un sinnúmero de mexicanos han ofrendado su sangre. A pesar de los avances conseguidos en el presente gobierno, el país se encuentra aún distante del proyecto de nación democrática por el que aspiraron entre otros, hombres como Morelos, Ocampo y los constituyentes en Querétaro.
Así, lo decimos con fuerza, estamos lejanos del modelo del país que bellamente se describe en el artículo 3o. de nuestra Constitución, que a la letra reza: "Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y cultural del pueblo".
Insistimos al igual que lo hicimos en el Congreso Extraordinario que reformó la Constitución en 1989, la nación nos demanda verdaderos cambios democráticos y no reformas superficiales que contenten a las diversas capas de las clases políticas.
La experiencia de la suerte bipartidista entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional en 1989, lo ha demostrado. Nuestro gran reto es el avanzar en la reconstrucción democrática de la nación mexicana. La nación y en especial su componente popular, seguiría defraudada si de nosotros sólo resultara el repartimiento de parcelas de poder político como algunos anhelan.
Así, si de la convocatoria presidencial expresada en el IV Informe, resultara un parto de los montes, sin consecuencias reales en la vida de nuestro pueblo y en el perfeccionamiento de nuestra democracia representativa, más allá de acuerdos bipartidistas o tripartidistas, la reconstrucción democrática exige de una verdadera participación plural, de una verdadera participación de toda la ciudadanía.
Es urgente que apuntalemos en nuestra Carta Magna, tanto los lineamientos de una sociedad verdaderamente democrática, como los de un nuevo sistema de relaciones políticas, que mejoren las formas de representación de legitimación política.
En 1989, los legisladores cardenistas presentaron la propuesta más completa de reforma política; expusimos 46 propuestas de reforma constitucional y 104 cambios de fondo al anterior Código Federal Electoral. Nos apoyamos en el espíritu del artículo 39 de la Constitución que señala: "La soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
Reiteramos nuestra firme convicción de que el debate de la reforma política implica cambios constitucionales; que en el cambio profundo se carece de terrenos vedados, porque el cuestionamiento del principal agente de la nación, el pueblo, comprende un amplio espectro de carencias sociales y políticas insatisfechas que obligan la revisión global del pacto social vigente.
Toda visión menor expresa, para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, cretinismo parlamentario.
Nuestra propuesta modifica la mayoría de los títulos de la Constitución y transforma en lo esencial el Código Electoral vigente.
Nuestra iniciativa de reforma constitucional atiende al propósito de avanzar hacia una democracia integral, entendida ésta al modo del artículo 3o. de la Carta Magna y como democracia que avance hacia una sociedad realmente igualitaria, libertaria, plural e independiente.
Esa es la democracia moderna que hoy proponemos, a la que tenemos pleno derecho y de cara a los retos del nuevo milenio. Proponemos en resumen atender al imperativo de la reestructuración social y política del edificio en que habitamos.
Nuestro modelo de reforma busca avanzar en aspectos vitales de lo que sería una real democracia representativa, al pugnar por una proporcionalidad total de las fuerzas políticas electorales en los órganos legislativos, tanto en el de diputados como en el de senadores; en consecuencia, consideramos necesaria la desaparición del actual sistema mixto, porque permite la manipulación de las fuerzas políticas, principal, o sea, por la gubernamental.
La libertad a los individuos para la asociación política, la desaparición de todo sistema de autocalificación de los poderes. Por ello, se propone la creación de un tribunal federal electoral que califique elecciones de diputados y senadores, aunque se propone conservar la calificación de la elección presidencial por la Cámara de Diputados.
La modificación esencial de los órganos públicos electorales, con el fin de garantizar su autonomía frente al poder público, elevar su competencia y rescatar su confianza frente a los ciudadanos.
La sustitución del presidencialismo por un sistema de mayor equilibrio entre los poderes de la Federación. Por ello, proponemos que se eleven las atribuciones del Congreso, reestructuración del Poder Judicial de la Federación, en la medida que la designación de ministros y magistrados competan al Congreso y no al Presidente. Antes hemos propuesto que una parte relacionada con este Poder califique las elecciones de diputados y senadores.
En consonancia con la propuesta de limitar el presidencialismo absolutista, definimos con mayor precisión las causales del eventual juicio político al Titular del Poder Ejecutivo, ex presidente y ex secretarios de despacho.
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la reforma política y social, entendida ésta como reforma integral, implica el fortalecimiento de las garantías individuales y de los derechos ciudadanos, por ello proponemos 15 reformas al Título Primero de las Garantías Individuales, resumida en cuestiones como: el reforzamiento de la igualdad ante la ley para todos los individuos, independientemente de su condición sexual; el otorgar mayores derechos a lo niños y a quienes se encuentran en la senectud, de quienes seguiremos sosteniendo que no son un desecho sino la culminación de toda una vida de trabajo; el garantizar el derecho de maternidad voluntaria en las condiciones de salud que marque la ley; la aplicación de la educación obligatoria hasta la secundaria; el de hacer realidad la libertad de asociación política para los individuos; el considerar a los medios de comunicación social como propiedad de la nación, el ampliar los canales a la libertad de expresión; no permitir la intromisión del ejército en asuntos de procuradurías, garantizar una justicia realmente pronta y expedita, otorgar la ciudadanía a los 16 años; consentir el derecho al silencio para los acusados; fortalecer el sector social de la economía; precisar lo que se entiende por actividades monopólicas, con el fin de favorecer la libre concurrencia y proteger a los individuos; impulsar a la investigación tecnológica y facultar al Congreso para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.
Sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno, Capítulo I del Título Segundo de la Constitución, proponemos tres modificaciones constitucionales que comprenden cuestiones como las siguientes: que los partidos políticos sean asociaciones libres, voluntarias y autónomas del Poder Público; prohibición de que los poderes federales y locales intervengan en los asuntos internos de los partidos; impedir que
los recursos públicos, salvo los que marque la ley, sean utilizados por partido político alguno; limitación a toda forma de corporativismo; derecho de los ciudadanos a ser votados al margen de los partidos políticos; conformación del Estado de Anáhuac.
En el Título Tercero, denominado De la División de Poderes, presentamos una reforma a 24 artículos. Estos cambios se pueden resumir así: integración de la Cámara de Diputados por 500 diputados bajo el principio de representación proporcional en lista única; readecuación de la estructura electoral nacional con las siguientes partes: sección, comité municipal, comisión local, comisión federal; ampliación del tiempo de la residencia de los candidatos; conformación del Senado bajo el principio de representación proporcional, tres integrantes por estado; calificación de las elecciones de diputados y senadores por el Tribunal Federal Electoral; prioridad a las iniciativas del Legislativo; modalidades más democráticas y republicanas en el Informe Presidencial; derecho de iniciación de leyes a ciudadanos; desaparición del derecho de veto al Presidente; aprobación de empréstitos externos, Plan Nacional de Desarrollo y juicio al Presidente; nombramiento por el Congreso de ministros y magistrados; reorientación democrática en la revisión de la Cuenta Pública y Presupuestos Federales, con el fin de que las cámaras fijen criterios en la determinación de la política económica; atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para la creación y enajenación de organismos y empresas descentralizadas; segunda vuelta en la elección presidencial, en el caso de que en la primera no haya triunfador por mayoría simple; obligación para que los candidatos presidenciales hayan residido con seis años de anterioridad en el país, y tengan la experiencia de ser candidato a puesto de elección popular; sujetar a la aprobación de los diputados los nombramientos de los secretarios de despacho, Procurador General, coroneles y superiores de las fuerzas armadas.
Reestructuración del Poder Judicial con los siguientes propósitos: convertir en verdadera carrera profesional la función de integrantes del Poder Judicial; mayor capacidad profesional de ministros y magistrados; designación de ministros y magistrados por el Congreso; pedir similares requisitos profesionales al Procurador como a ministros y magistrados.
En el Título Cuarto, llamado de "Las Responsabilidades de los Servidores Públicos", presentamos propuestas de cambios con el fin de precisar cuestiones como los delitos por los que puede ser acusado el Presidente: traición a la patria, violación flagrante a las garantías individuales y de la autonomía de los Poderes de la Unión, delitos graves de orden común, ampliación del juicio político al Presidente y secretarios de despacho, hasta ocho años después de dejar el cargo.
En el Título Sexto, del Trabajo y de la Previsión Social, proponemos: la derogación del apartado B del 123 y el derecho de los trabajadores a intervenir en la administración de las empresas, así como la elevación a rango constitucional del derecho a la jubilación.
En el Título Séptimo, Prevenciones Generales, proponemos que se sometan a referendum las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, como fue planteado en el anteproyecto de Constitución de 1856 - 1857, y con el fin de estimular la participación ciudadana en los cambios constitucionales.
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la modernización, como vocablo democrático, debería implicar no sólo el encarar con éxito los retos de la competencia productiva internacional, sino también convertir en realidad añejas utopías libertarias e igualitarias de nuestra historia patria, ya que avanzar sólo en el primero, nos conduciría a los senderos de modernización porfiriana o neoporfiriana, por sus enormes costos sociales y nacionales. Sencillamente no se puede hablar de modernización a costa del hambre del pueblo.
Señoras y señores diputados, la nación ansía que le presentemos, como consecuencia de la convocatoria presidencial de IV Informe, la confrontación de un verdadero debate que demuestre los diversos proyectos de reestructuración de la nación.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, espera que por el bien de México triunfe el de la reconstrucción democrática de la sociedad y del régimen de relaciones políticas entre la sociedad civil y el Estado. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Es bien conocida la frase de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Es
absolutamente falsa, pero también un error repetido mil veces espera de mucha gente que se acostumbre a él.
Yo no quiero dejar pasar esta ocasión sin manifestar nuestro esfuerzo, que pondremos, porque algún día el Informe Presidencial sea una ceremonia distinta, que corresponda al a dignidad del Poder Legislativo.
No deja de darnos pena ver parte de la ciudad tomada por el Ejército y una ceremonia que gira en todo y por todo alrededor del Presidente de la República Todos los que estamos aquí, diputados, quedamos como convidados en nuestra propia casa.
Y eso fue subrayado en los momentos en que el senador Porfirio Muñoz Ledo pedía, en uso de un derecho, hacer una interpelación al Presidente, que estaba informando.
Fue muy sintomático que la diputada que presidía la sesión le dijera al senador Muñoz Ledo que no podía interpelarlo, porque no se trataba de un diálogo entre pares, es decir, entre iguales.
Esa es la concepción que se tiene del Informa Presidencial. Pero no es la nuestra.
Creemos y por lo tanto lo hemos propuesto, que el Presidente de la República también está obligado a escuchar las intervenciones de los diputados, y por eso hemos propuesto que antes del Informe Presidencial, pero en presencia del Presidente, se pronuncien los discursos de los partidos. Hasta ahora ha sido rechazada esa propuesta; insistiremos en ella, porque creemos que sí se puede hacer un diálogo que es, en realidad, entre iguales.
Y yo quiero, aquí, por esa concepción y por esa frase, dejar sentada nuestra protesta.
Durante las décadas de los años setenta y de los ochenta, los gobiernos ampliaron la tendencia a proteger la esfera de influencia de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Pero ya en el Gobierno de Miguel de la Madrid, y de manera más acabada en el de Salinas de Gortari, nació la interpretación de que las causas de la crisis estaban en aquellos elementos que obstaculizaban el libre juego de las fuerzas del mercado, tales como la participación creciente del Estado en la economía y las políticas proteccionistas del comercio exterior.
Se planteó así, por parte del licenciado Salinas, la disminución del Estado en la economía y la apertura hacia el exterior, hasta perderse la rectoría del Estado sobre el rumbo económico, que quedó atado al Tratado de Libre Comercio, un instrumento que por esta razón es anticonstitucional.
Se instaló la política neoliberal, no aceptada en el IV Informe de Gobierno, pero que asienta sus reales en la participación del sector privado, para que éste se convierta en el motor definitivo del crecimiento.
Esta política ha sido posible porque la derecha tiene las riendas del gobierno Al finalizar 1982 un nuevo grupo desde dentro de la burocracia tomaba el mando estatal, se trataba de una nueva tecnocracia entre la cual muchos tenían pocos vínculos o estaban desligados de compromisos políticos con los regímenes anteriores, enemigos del discurso populista convocaron a la eficiencia y a la disciplina laboral y administrativa, todo ello como convencimiento político e ideológico de la nueva razón de Estado y de un programa anticrisis.
Al interior del bloque de poder se modificaron y reagruparon las alianzas, estos reacomodos en la fracción dirigente se consolidaron durante los últimos cuatro años de gobierno, la derecha reagrupada abrió las puertas de par en par al sector privado y llevó la privatización hasta el terreno ideológico. Todo el mando al sector privado hasta la esperanza de que éste irradie frutos para todos, qué pronto se olvida que la crisis se puso en manos de salvadores preocupados por la ganancia no por los desequilibrios de la economía.
La derecha en el gobierno y su política de puertas abiertas al sector privado dieron en verdad tres logros sobre la crisis: saneamiento de las finanzas públicas, menos inflación y un leve crecimiento económico.
De ahí que el IV Informe que escuchamos señalara que la crisis quedó atrás y dijo también de su amargo recuerdo. La verdad es que el amargo recuerdo subsiste como subsisten los problemas principales que configuraron esta crisis: la caída del salario real, aumento de la desigualdad productiva, mayor monopolización de la producción, aumento de la concentración del ingreso, alta especulación de la bolsa e incremento de la dependencia de los recursos externos.
México hoy cuenta con 40 millones de pobres. Tres rasgos claves de la crisis quedaron atrás por la más reaccionaria de las vías, de ahí que los problemas sociales se estén agravando.
En nombre de esa vía es que el Presidente recordó en su IV Informe lo que vivimos aquí por la mecánica de la mayoría, un conjunto de iniciativas aprobadas a fin de legalizar y apresar el proceso de privatización para preparar la firma del Tratado de Libre Comercio, todo se ajustó a esa fecha.
En nombre de ese rumbo y de esa vía se habla ahora de reforma de la revolución para hacerla perdurar, quisiéramos que las palabras no se usaran para ocultar los hechos. Por eso recordamos aquí la esencia de la Revolución mexicana, la que debería vivir y la que no destruye mientras se es revolucionario.
Una reforma agraria contra el latifundio y el poder de los terratenientes, una rectoría del Estado capaz de actuar como contrapeso al capitalismo extranjero y de impulsor del mercado nacional, una permanente lucha contra el dominio de capital transnacional sobre la nación y su rumbo. Esto fue la esencia de la Revolución mexicana.
Contra ella es que ahora se gobierna en nombre de la reforma a la revolución, modernizar al país no quiere decir emprender obligatoriamente la vía más reaccionaria, la que conlleva mayores costos sociales, es más, no es real modernización la de una política a espaldas del pueblo sin beneficios para las mayorías, más bien parece que la tradición revolucionaria hoy pesa como lápida en las cabezas de nuestros gobernantes.
A esta vía por la que se conduce al país se le llama liberalismo social, ya nos hemos referido a ello en pasadas ocasiones, sólo reafirmaremos que no es liberal porque se trata del dominio de los monopolios y de todo el poder económico concentrado, tampoco es social pues el corporativismo que caracteriza a los mecanismos sociales del régimen impide la acción de los sectores organizados libremente. Ya lo dijimos aquí en esta misma tribuna: el liberalismo social del presente gobierno es puro capitalismo salvaje más el Programa Nacional de Solidaridad.
Precisamente hoy se agudizan los problemas políticos porque en medio de la derechización de la vida nacional en correspondencia con los nuevos aires internacionales, han surgido nuevas exigencias de democracia; contradictorio parece, pero es verdad, la sociedad es plural y exige su reflejo en una vida política también plural. A pesar de las palabras, las resistencias al cambio arrastran artificiosamente al sistema de partido de Estado y sus viejos métodos de gobernar.
Es un hecho que casi a cada elección sigue un litigio. Tenemos un verdadero mar de inestabilidades, frecuentes ingobernabilidades. El gobierno echa a andar todos sus mecanismos para asfixiar la competencia, desde las propias campañas utilizadas con todos los recursos del Estado y con un sentido exclusivamente clientelar, lo vimos en Veracruz, se repitió en Durango, lo vimos en Zacatecas lo vimos en Michoacán y en otros lugares donde se dieron las campañas electorales.
Ahora Tamaulipas tiene la Comisión Estatal Electoral cerrada por el descontento de la oposición. Como nunca queda claro después de las experiencias de las elecciones anteriores, la necesidad de una reforma política y también como nunca, ha costado trabajo, luchas y enormes esfuerzos de la ciudadanía y de los sectores democráticos.
La anterior reforma política fue un barniz que dejó las cosas igual, es la causa de que se repitan las necesidades de una reforma; hay inestabilidad política por esas reformas que se sucedan cada tres años o cada seis años y que no cumplen su contenido. La pluralidad social sigue con un reflejo torcido en la vida política nacional.
Ante esa exigencia de la sociedad, Carlos Salinas en su IV Informe de Gobierno propone ahora avanzar en tres aspectos, lo demás queda pendiente: hacer transparente el origen del financiamiento de los partido, poner topes a los costos de las campañas electorales y, trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen avanzar en la imparcialidad de los procesos electorales.
A pesar de que aún no queda claro cómo se van a concretar estas iniciativas, la propuesta es evidentemente corta frente a la necesidad democrática. El propio Presidente abordó este tema como si fuera la primera vez que se abordara, como si fuera la primera propuesta que se hace, como si no tuviera largas luchas atrás y muchas propuestas que están en el tablero de la discusión.
Por su parte el Partido de la Revolución Democrática ha presentado una propuesta de reforma electoral aquí en esta tribuna de la Cámara de Diputados Entregamos apenas hace unos días al Secretario de Gobernación, 10 puntos de reforma política por donde creemos se debe caminar. Hemos hablado de las siguientes cuestiones como el mínimo para poder transitar a la democracia, y aquí las repetimos: independencia de los órganos electorales, un padrón
electoral confiable, supresión del Colegio Electoral, reforma al Senado, reforma al gobierno del Distrito Federal, votación a los mexicanos en el extranjero.
La reforma al Gobierno del Distrito Federal está propuesta; está la discusión y el Gobierno y su partido aún no dicen con claridad qué es lo que proyectan y qué es lo que ellos proponen.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática entendemos que no satisface la necesidad democrática nacional, cuando un partido busca ocupar espacios de poder para sí ahí termina su demanda. Lo que necesitamos entre todos, es avanzar en el logro de nuevas reglas del juego democrático transparentes y claras. Lo necesitamos hoy concretamente, hoy, porque estamos ya de cara a 1994. Y no soslayemos la importancia que tiene, y nos estemos acercando a una elección que va a ser particularmente importante por la conflictiva social, estamos ante la expectativa de un ascenso de las luchas populares y desde aquí queremos otra vez, en el Partido de la Revolución Democrática, comprometernos ante la nación, a dar todo nuestro apoyo a esas a estas luchas populares y a su ascenso.
Las candidaturas de la oposición democrática servirán desde un principio, a esas luchas populares y a ese movimiento; y ascenderá porque todas las causas de la crisis siguen vigentes; porque la salida a la crisis, que ha buscado el Gobierno, se ha consolidado por la vía más reaccionaria, trayendo los costos sociales más caros y más altos para los trabajadores. Y ascenderá como en olla express, porque no existe la reforma política democrática que logre la confiabilidad en los procesos electorales y en sus resultados.
Y ésa es la pregunta para 1994, ¿en qué nivel de conflictos vamos a llegar a esa fecha?, ya los partidos en 1993, prepararán sus condiciones internas y México demanda para entonces, que se prepare una elección presidencial confiable, asentada en reglas maduras y en consensos; queremos elecciones auténticas para transitar a la democracia en paz, con la ley en la mano y con las armas de la ley; queremos que haya libre juego de partidos y de la competencia surja la posibilidad real y legal, de alternancia en el poder; para que esta libre competencia ejerza su influencia en una sociedad civil libre y sin controles; para que haya división de poderes.
Para citar sólo un ejemplo de lo que ahora ocurre, diremos que la sobrerrepresentación del partido oficial en esta Cámara, creó una mayoría absoluta por la que ya está visto, se hace imposible la independencia del Poder Legislativo; queremos que se descongelen las relaciones entre el Estado y la sociedad.
En estas condiciones, el titular del Poder Ejecutivo propone avanzar en esos tres aspectos de la reforma política a los que ya nos referimos y lo demás lo deja al consenso de los partidos.
¿Qué es lo que va a ocurrir y por qué no toma el Presidente de la República la iniciativa, cuando aquí todas las iniciativas que se han aprobado, son las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo?, cuando aquí sólo se han aprobado ese tipo de iniciativas, y sabemos que el Congreso se ata al Poder Ejecutivo, por medio de esa mayoría absoluta sobrerrepresentada que tiene.
Tenemos que expresar la duda, si no es que se espera que el Partido Revolucionario Institucional se convierta o siga siendo, mejor dicho, el partido que se coloca como obstáculo al consenso.
¿Quién no ignora que el Partido Revolucionario Institucional está en dificultades, que es un partido que se resiste a desocupar los espacios que ya no le corresponden?
Hace unos días, en una reunión en Los Pinos, en la mañana, en una reunión de la unidad priísta el verdadero jefe del partido oficial, el Presidente de la República, habló de los conflictos internos del Partido Revolucionario Institucional; justificó los interinatos y los movimientos que había hecho ante el Partido Revolucionario Institucional, y al mismo tiempo amenazó a la oposición con que no habría ninguna concertación más. No dejó contentos ni a los priístas ni dejó contenta a la oposición. Un discurso contradictorio que ya refleja las dificultades que tiene un partido que se niega a ceder los espacios políticos que ya no le corresponden.
¿Qué hacía surgir este tipo de discursos? En este sexenio ha habido trece interinatos. Tres de ellos fueron por remoción a otro tipo de cargos; diez de ellos por ingobernabilidad. Nadie está satisfecho con estas soluciones a medias y centralistas. Lo que buscamos son procesos electorales confiables, plenamente respetables.
Se nos propone que busquemos el consenso entre los partidos. Veamos cuánto tiempo hay que esperar la respuesta del Partido Revolucionario Institucional para que iniciemos ese diálogo. Un diálogo que sea en búsqueda de acuerdos
políticos para la democracia, que busque hechos y realidades. El concepto de diálogo se ha tergiversado mucho últimamente; pero sin duda desde hace varias décadas y concretamente desde 1968 en el movimiento estudiantil y popular, el diálogo se enarboló como bandera democrática; sentarse entre iguales a lograr soluciones y acuerdos a los problemas principales que aquejan a la nación, es de una enorme importancia en el país del presidencialismo absolutista, en el país donde todo lo resuelve el Presidente de la República.
Por eso proponemos que nos pongamos a revisar nuestras propuestas; pedimos; desde esta Tribuna al Partido Revolucionario Institucional que las haga, y nos proponemos también conciliar intereses, generar nuevos consensos; proponemos no marchar en 1994 hacia una ruptura que no favorece a nadie, significaría el desquiciamiento de la vida política y mayores inestabilidades en la economía. Es necesario transitar del actual régimen de partido de Estado a uno plural, representativo y democrático. Urge generar una nueva cultura política; la realidad lo está haciendo en la calle, en representativo y democrático. Urge generar una nueva cultura política; la realidad lo está haciendo en la calle, en el propio protagonismo ciudadano y del pueblo trabajador que es un hecho que alienta ahora la vida política que se desarrolla en la calle, que exige su reflejo, claro y proporcional, en las instituciones.
Exigimos un diálogo con hechos y realidades. Y que éste sea el que genere condiciones para que se traduzca en todos los niveles, pues si no es en espera de que el Partido Revolucionario Institucional se convierta en el bloqueo de ese consenso, empecemos a buscar la reforma política, la reforma electoral.
Empecemos a hacerlo aquí en la Cámara. ¡Generemos condiciones para el diálogo en todos los niveles, pero empecemos por la Cámara de Diputados!
Quiero decir que hasta ahora ese diálogo ha sido inexistente, porque no se ha traducido en iniciativas colectivas auténticas de los diputados. ¡Porque nos hemos constreñido a aprobar las del Ejecutivo y a congelar la de los diputados!
Les proponemos que pronto, de inmediato, se descongele la que presentó el Partido de la Revolución Democrática. Que todos los partidos, y el Partido Revolucionario Institucional desde luego, expongan su disposición a llevar esos consensos.
¡De nuestra parte, es plena y absoluta esa disposición¡ Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Roderico Tapia Ruiz.
El diputado Roderico Tapia Ruiz: - Señor Presidente, señores diputados:
Hace 48 horas el Presidente de la República rindió ante esta soberanía y al pueblo de México su IV Informe de Gobierno, en el cual tocó aspectos importantes para la vida pública y política de la nación. No podía el Presidente dejar de mencionar por su importancia, entre otros, el aspecto de la reforma política, la cuestión electoral, la económica, etcétera.
Hoy nos toca analizar, comentar y cuestionar dicho Informe de Gobierno. Nos interesa sobremanera la propuesta del Ejecutivo Federal de que los partidos políticos decidamos los cambios a la legislación electoral. Acción Nacional reitera hoy la urgente necesidad de arribar, en definitiva, a una ley electoral plenamente democrática.
Por ello, repetimos, que los problemas nacionales no serán resueltos y más bien se agravarán mientras no exista una profunda reforma política que permita que el gobierno, en todos los niveles, sea expresión auténtica de la colectividad y que el pueblo participe en la definición y concreción del bien común nacional.
Por ello, aceptamos las tres propuestas del Presidente para avanzar en la reforma política, pero consideramos que estas propuestas no son suficientes.
En efecto, el hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos, poner tope a los costos de las campañas electorales y trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen los avances en la imparcialidad de los procesos electorales, son cuestiones ciertamente torales, pero, además, hay otras de importancia.
Es necesario ampliar los núcleos para lograr una reforma que garantice una verdadera imparcialidad en los procesos electorales. Por ello proponemos, entre otros, los siguientes puntos:
Primero. Garantizar los derechos humanos en materia política electoral y en general los derechos del hombre y del ciudadano frente al Estado. Al efecto, deberán darse reformas legales para
que el Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dependa del Poder Ejecutivo sino sea nominado y aprobado por el Poder Legislativo.
Segundo. Que la calificación de los procesos electorales sea de estricto derecho y quede por tanto a cargo de los tribunales respectivos. Debe acabarse de inmediato con el sistema de calificación actual para dar paso al sistema de heterocalificación jurisdiccional puro.
Tercero. Abrir el Senado a la democracia y a la pluralidad real y plena de la sociedad y que, sin dejar de ser los senadores representantes paritarios de sus respectivas entidades, contribuyan realmente a la dignificación del Poder Legislativo.
Cuarto. Recuperar para los ciudadanos del Distrito Federal la plenitud de sus derechos políticos a fin de que puedan elegir a sus gobernantes.
Quinto. Establecer procedimientos que permitan conocer de inmediato los resultados de los procesos electorales con apego a la verdad.
Sexto. Dilucidar sobre la procedencia del juicio de amparo para casos específicos de violaciones a garantías en materia electoral.
Por esto, reafirmamos que no únicamente requerimos de una reforma de Estado, sino también de una reforma del régimen jurídico. Cuando estas condiciones se satisfagan habremos arribado a la vida democrática, exigencia incuestionable para resolver los grandes rezagos económicos y sociales.
En el tema de Solidaridad, el Presidente de la República dijo que el Estado cumple en los hechos su compromiso irrenunciable con la justicia social. En este sentido el proyecto económico de Acción Nacional no acepta el manejo y fomento de masas informes de individuos despersonalizados y nuestro concepto del bien común tiene qué ver con el voraz individualismo injusto y antisocial. La auténtica solidaridad humana distinguible sobre todo por cuanto toca a las tensiones políticas de ellas derivadas en la economía y sus efectos, distinguible también en la palabra de Solidaridad como la utilizaba el Gobierno y el priísmo en su etapa actual.
No es lo mismo la reflexión en serio respecto a las dimensiones constitutivas de la persona humana y la aceptación de sus implicaciones políticas y económicas que la manipulación propagandística y superficial del mismo vocablo ilusamente presentado como exento de tensiones y conflictos de la vida real de la sociedad y de la economía; la verdadera y demostrada solidaridad vital de los mexicanos por fortuna supera el intento de falsificación de palabras, de hechos y política entre éstas está el Programa Nacional de Solidaridad, no por cuanto tenga de propósito o de corrección obligatoria de injusticia sublevantes o de subsidio o de apoyo igualmente obligatorias y urgentes sino por cuanto significa su versión de conceptos y de hechos así sean negados emotivamente frente al Congreso en un Informe Presidencial.
Es inadmisible se intente presentar el destino de fondos públicos ante necesidades humanas de satisfacción impostergable como una especie de caritativa concesión discrecionalmente generosa. Por lo demás, Acción Nacional no duda en calificar de reprobable la manipulación del hombre y de las necesidades humanas con propósito de capitalización política y partidista, máxime cuando la miseria extrema se dice o pretende corregir Solidaridad, ha sido causada en gran parte por el partido beneficiario de la mezquina manipulación.
Reafirmamos en esta ocasión lo que dijo nuestro coordinador el pasado primero de noviembre, que ciertamente Solidaridad es el instrumento que beneficia con su derrama de recursos a muchos millones de mexicanos con carencias. Nadie con honestidad puede negarlo, pero también debe reafirmarse que ese programa constituye una estructura paralela a los estados y municipios que da al centro capacidad de maniobra política para generar votos en favor del partido oficial.
En esta glosa de Informe Presidencial, no se puede dejar de comentar el conflicto poselectoral que se emitió en varios estados de la República. En ese sentido voy a referirme brevemente a las instituciones de la ingobernabilidad.
La política mexicana de hoy parece encontrarse entrampada entre los criterios tradicionales del sistema autoritario que ha dirigido el país desde 1929. La actitud de amplios sectores de la población, cada vez menos dispuestos a conducirse de acuerdo a las reglas no escritas de dicho sistema.
La resultante de esa indisciplina política es el surgimiento en diversas zonas del país de un fenómeno al que se le ha dado en llamar ingobernabilidad, que no es otra cosa que la imposibilidad de conducir los asuntos públicos con la vieja lógica del consenso pasivo, la disidencia móvil y una oposición cada vez más vigorosa y consciente.
Los ramos principales de este nuevo panorama, son lo siguientes: el conflicto electoral, el avance de los partidos de oposición, los interinatos, el movimiento intenso de los partidos y los ciudadanos y la reelección frustrada en San Luis Potosí.
El conflicto electoral: la animada disputa por los puestos de elección popular que se ha dado en el país ha dislocado los procesos electorales en su función decorativa y legitimadora tradicional; los ha convertido en expediente de lucha política, pasándolos de la condición secundaria en los que se encontraban, en los que unos cuantos se interesaban y apenas alcanzaban noticia de columna política.
Hoy, los procesos electorales y en la mayoría de las entidades del país, han adquirido una importancia mayor y en muchos casos ya se han caracterizado con los actos políticos centrales a través de los cuales los ciudadanos exigen designar a sus autoridades.
Sin negar que los partidos en México no alcanzan aún verdadera realización nacional y una madurez competitiva semejante a las que se dan en los países democráticos, se puede afirmar que ya han consolidado un pluralismo activo que demanda condiciones justas y equitativas en la luchas por el poder.
A pesar de numerosas reformas electorales, la igualdad de la contienda no se ha alcanzado y la garantía de respeto pleno a los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos, no tiene existencia plena. Para decirlo en otras palabras, la simbiosis que existe entre el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional, engendra abusos, ilegalidades y parcialidad en los órganos técnicos y en los Tribunales Electorales.
A esto, hay que agregar los métodos inmorales del control clientelar y corporativista de los electores por el partido gobierno, así como de ingeniería electoral o de franca delincuencia tolerada y hasta por impunidad y que permanece.
Los procesos electorales fraudulentos ocurridos en el último año en varias entidades, son escandalosas y muestra palpable de ingobernabilidad, incompetencia, irritación popular y protección a intereses de caciques priístas, etcétera. En lo que va del actual gobierno, no son pocas, abundan, las soluciones que se han dado en llamar de excepción. No lo son, por ello se requiere una profunda reforma electoral que termine con la desconfianza de ciudadanos y partidos en los consejos electorales, si no caeremos por la vía de la excepción en la ingobernalidad que ciertamente el país no merece. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Uscanga Escobar.
El diputado Jorge Uscanga Escobar: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
La democracia, entendida como un sistema de vida colectiva, tiene como fundamento y propósito central, el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los pueblos. Hoy día, un sistema democrático moderno requiere que todos y cada uno de los actores que lo conforman, contribuyan conjunta y responsablemente, a enriquecer de manera cotidiana el modo democrático de conveniencia que desean delinear, a partir de sus propuestas y aportaciones; sólo a través de la voluntad política y del esfuerzo colectivo, es posible trazar objetivos, definir estrategias y asumir compromisos en beneficio de la sociedad.
En la concertación y en el intercambio de ideas, la sociedad reconoce y privilegia dos de los recursos de que dispone el régimen democrático, para la construcción de acuerdos fundamentales, en una sociedad diversa y plural. Cada uno de los acuerdos colectivos que se construyen a partir del diálogo respetuoso entre los actores políticos, tienen el propósito de responder a la demanda de una sociedad dinámica que sabe bien lo que debe cambiar y aquello que para su beneficio debe permanecer.
Hoy, la sociedad mexicana se encuentra inmersa en un proceso de profundos cambios que en materia de política interior, se orientan a ampliar los cauces de nuestra vida democrática, con respeto irrestricto a la pluralidad de nuestra sociedad y con observancia a los principios de nuestro estado de derecho.
En este sentido, durante el cuarto año de la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, se han aprobado reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución General, por medio de los cuales se actualizan las bases de la convivencia cotidiana entre los mexicanos.
Con fundamento en esas reformas, se fortalece la política de defensa y protección de derechos humanos, se renuevan las bases para el desarrollo, la justicia social y la convivencia en el campo, y se actualizan las relaciones entre las iglesias, la sociedad y el Estado, entre otros aspectos relevantes.
Asimismo, el Gobierno de la República ha avanzado sustancialmente en los esfuerzos emprendidos desde el inicio de su gestión, para garantizar el régimen de libertades, fortalecer el federalismo, observar de manera irrestricta el principio de la división de poderes y promover el perfeccionamiento de los procesos electorales, así como el enriquecimiento de la cultura política democrática de la nación.
En este contexto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución General, el Presidente Salinas de Gortari acudió el pasado 1o. de noviembre a este recinto parlamentario, para dar cuenta al pueblo de México del estado que guarda la administración pública del país.
En dicho informe se precisan los alcances y contenidos que la conducción de la política interior ha registrado en el cuarto año de su administración, a la vez que hace un llamado a la sociedad en su conjunto para sumar esfuerzos en la consolidación de los cambios y las reformas, que en su administración se han emprendido por la modernización de México y la ampliación de los cauces, porque la ha habido, de nuestra vida democrática.
Con la apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de este órgano de representación nacional, analizamos el IV Informe de Gobierno, entregado por el titular del Poder Ejecutivo Federal a esta Legislatura, en su apartado de política interior.
Con base en el análisis del mismo, podemos identificar claramente aspectos de singular relevancia que merecen nuestra atención. En el informe se expresa el compromiso adquirido por el Ejecutivo el año anterior de promover nuevas relaciones entre el estado y la sociedad, favoreciendo el ejercicio seguro del régimen de libertades, continuar ampliando la vida democrática del país, y mejorar las estrategias orientadas a la consecución de la justicia social.
Como parte de dicho compromiso, se destaca también la búsqueda de concertación entre los actores políticos, la promoción de una nueva relación entre el Estado y las iglesias, y sobre todo la protección y defensa de los derechos humanos.
Es claro que a lo largo del período que comprende el Informe de Gobierno, los mexicanos hemos constatado la consecución de los compromisos asumidos por el Ejecutivo hace un año, y si estos logros han dado un nuevo dinamismo al que hacer político, también se reconoce que la labor no ha terminado, y que la vida democrática del país requiere de mayores esfuerzos para su consolidación.
En materia de derechos humanos destaca la elevación a rango constitucional de su protección, a la vez que se establecen los órganos especializados para este propósito, enmarcados en un sistema federal, con una comisión nacional y con comisiones locales que actúan y actúan bien, en las diferentes entidades federativas. Asimismo se expidió el ordenamiento jurídico correspondiente.
El Gobierno de la República promueve también una política de protección y mejoramiento de la calidad de vida de los extranjeros, que por razones políticas solicitan asilo en nuestro país.
La Ley de Prevención y Sanción de Torturas, así como las previsiones contenidas por el sistema penitenciario, se orientan a esta dirección.
En el marco de nuestro régimen representativo, y con la finalidad de fortalecer las instituciones de la República, el informe menciona la colaboración y coordinación de tareas que el Ejecutivo ha realizado de manera conjunta con los otros poderes, observando, en todo momento, respeto a sus respectivas autonomías.
También se concede un papel preponderante a la forma de organización política que los mexicanos hemos escogido, el federalismo. La colaboración entre el Gobierno federal, estatal y municipal, se ha hecho con observancia a sus respectivas autonomías y ámbitos de gobierno.
En este sentido, son de llamar la atención el proceso de descentralización de la administración pública federal, y la necesaria participación de los estados de la República y de los municipios, en el desarrollo político del país, atendiendo fundamentalmente al pacto federal.
Para facilitar el desempeño de las tareas propias de cada nivel de gobierno, la distribución de las participaciones se incrementó en un 10% en términos concretos. Esto promueve la inversión productiva de los gobiernos locales y la ampliación de su participación en los programas sociales, lo que permite en conjunto el fortalecimiento del pacto federal.
Hasta hace algunos años el federalismo tal vez constituyó un anhelo no del todo cumplido, sin embargo, en estos cuatro años, especialmente el último, hemos sido testigos, y en el caso
concreto muchos diputados, del cumplimiento de este precepto constitucional, para aprovechar el vigor, el talento y la capacidad de las distintas regiones del país y abrir así nuevos espacios en la acción social, material, cultural, educativa y política de los estados.
Por otra parte, respecto de la mayor eficacia de la acción de Gobierno en sus tres instancias, para un mejor y más justo ejercicio del gasto en beneficio de los habitantes de las zonas urbanas y rurales, ha sido particularmente importante el papel desempeñado por el Programa Nacional de Solidaridad. Este programa responde a una realidad concreta de los mexicanos para elevar su calidad de vida; es sinónimo de una obra pública necesaria porque es solicitada por los interesados, a bajo costo, que genera fuentes de empleos para los compatriotas que participan en él.
Solidaridad es razón de ser del nacionalismo mexicano, que se expresa, entre otros aspectos, en darle más participación a la sociedad civil, en la reafirmación del compromiso de revertir la pobreza en las zonas urbanas y rurales que más lo necesitan.
En este sentido podemos afirmar que el Programa Nacional de Solidaridad es razón de ser del federalismo en su expresión más objetiva.
Otro de los aspectos contenidos en el informe, es el relativo a la reforma educativa, que ha significado un avance decidido, a fin de elevar la calidad de la educación en el país.
Con la participación conjunta de los municipios, las comunidades y las familias de México, uno de los objetivos concretos que se propuso, fue el de reformar el artículo 3o. constitucional para hacer de la educación secundaria una educación obligatoria para los mexicanos.
La democracia mexicana requiere hoy más que nunca de una mayor preparación de sus ciudadanos, puesto que ésta eleva el nivel en el intercambio de ideas y propuestas que permiten una mejor construcción de acuerdos democrático.
Los adelantos del sector educativo están a la vista; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en mayo pasado, como bien señaló el Presidente, ha logrado el regreso al espíritu original del artículo 3o. constitucional, llevando a la práctica los principios de federalismo, para que los estados operen la infraestructura y recursos de la educación básica y normal, y que se incluyan los contenidos regionales en los programas de enseñanza.
Este ha sido el paso más decisivo de las últimas décadas, para federalizar y descentralizar la educación.
El IV Informe del Presidente Salinas, expresa una preocupación particular por el alto grado de complejidad que representan las tareas relativas al Gobierno y la administración de la ciudad de México, pues requiere para su funcionamiento un enorme esfuerzo administrativo, técnico, laboral y financiero.
Hoy, el fortalecimiento del federalismo, en nuestro país, propicia mejores condiciones para el desempeño de las labores propias del Gobierno de la ciudad más grande del mundo.
En México las fuerzas políticas hemos privilegiado el diálogo, la concertación constructiva y el respeto al orden legal, como los instrumentos fundamentales de la democracia, que nos han permitido lograr consensos y arribar, porque hemos arribado, a soluciones satisfactorias.
Y en el seno de nuestra Cámara es el ejemplo más fehaciente, el liderazgo de, en el término concreto, de los grupos parlamentarios, coordinados por el líder de la mayoría, ha dado resultados positivos en el manejo de la Cámara de Diputados.
En un sistema democrático, los procesos electorales constituyen el mecanismo por excelencia, por medio del cual se renuevan de manera periódica los integrantes de los órganos de representación nacional.
Así, las reformas constitucionales que tuvieron lugar en 1990, en material electoral, sentaron los lineamientos para la modernización y el perfeccionamiento de los procesos electorales de nuestro país. La promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; la creación de nuevas autoridades en materia electoral, como el Instituto Federal y el Tribunal Federal; la elaboración de un padrón totalmente nuevo, que partió de cero, con la aplicación de la técnica censal, y la expedición de una nueva credencial para votar, permitieron iniciar un proceso de cambio, encaminados a obtener mayor transparencia y certeza electoral.
En este último año, a fin de consolidar el perfeccionamiento de la democracia electoral y garantizar el ejercicio del voto, se puso en marcha el Programa de Expedición de la Credencial para
Votar, con fotografía, que permitirá identificar a más de 40 millones de electores en los próximos comicios federales.
La voluntad conciliadora y el compromiso democratizador, están avalados con la expedición del estatuto del Servicio Profesional Electoral, con el que se busca fortalecer los principios éticos que rigen nuestros procesos electorales, como son la certeza, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad.
Con esto, los mexicanos avanzamos en la tarea de perfeccionar los instrumentos electorales,
En el Informe de Gobierno se exhorta a los partidos políticos a considerar la necesidad de readecuar el marco legal en esta materia. A ese llamado, mi partido, el Revolucionario Institucional, ratifica su disposición al intercambio de ideas, como necesidad ineludible e inseparable y como binomio indispensable para la reforma de la Revolución Mexicana.
Mientras al interior de nuestros respectivos partidos políticos, deliberamos para considerar la necesidad de adecuar la legislación electoral, en tanto construimos consensos a cuya convocatoria los diputados priístas nos sumamos, el Presidente Salinas propuso avanzar en tres aspectos fundamentales: Hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos, poner topes a los costos de las campañas electorales y trabajar en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales.
Los representantes, nosotros, ante el Congreso de la Unión, tenemos la palabra.
Durante el período comprendido por el Informe se llevaron a cabo comicios electorales en diferentes estados de la República, algunos de ellos se caracterizaron por su gran intensidad y reñida competencia. En todo momento, el respeto al principio de legalidad, el intercambio de opiniones y la preservación de la paz social permitió encontrar soluciones a estos procesos.
Vivimos hoy una nueva cultura política, que asume y admite la crítica del Gobierno y la autocrítica, por ello la democracia mexicana se enriquece y avanza hacia mejores cuestiones de bienestar.
En lo que hace a la soberanía y seguridad nacional es de particular importancia resaltar el poder que han desempeñado las fuerzas armadas en las tareas propias para garantizarlas, así como en las labores de auxilio que realizan para atender la población de desgracia por causas de desastres nacionales.
La lealtad, el profesionalismo y la institucionalidad, han sido en todo momento los principios rectores en el desempeño de sus obligaciones, por ello el pueblo de México reafirma sus respetos a nuestras fuerzas armadas.
En lo relativo a las relaciones del Estado y las iglesias, el Presidente Salinas señaló la adecuación del marco legal en materia religiosa y culto público, respetándose los principios de separación, libertad de cultos y la educación pública laica.
En este sentido, en su llamado el titular del Ejecutivo, destacó el propósito de consolidar la libertad de creencias. Sin embargo, esta nueva relación conciliadora entre el Estado y las instituciones religiosas no debe ser utilizada con fines aviesos que conduzcan a retrocesos en asuntos totalmente superados.
Compañeros diputados, el IV Informe de Gobierno del Presidente Salinas, nos da cuenta del estado en que se encuentran los asuntos en política interior en este año. Asimismo en este renglón el Ejecutivo trazó respuestas y asumió compromisos para el último tercio de su gestión.
Las acciones impulsadas desde el inicio de su mandato por modernizar el que hacer político y ampliar los cauces de nuestro modo de convivencia democrático, en el último año se han traducido resultados concretos que no obstante es necesario consolidar.
Hoy día, en México, hemos avanzado en el fortalecimiento institucional de la protección y defensa de los derechos humanos. Se ha promovido un marco jurídico que moderniza las relaciones entre el Estado y las iglesias. Se ha intensificado el diálogo y la concertación entre las diversas fuerzas políticas del país para avanzar en el perfeccionamiento de los instrumentos electorales.
Adicionalmente la participación ciudadana en los asuntos públicos es cada vez mayor. Se han fortalecido las bases del federalismo, la división de poderes y la preservación del régimen de libertades, todo ello se ha hecho con apego a nuestros ordenamientos jurídicos.
Las modificaciones que se han operado en el seno de nuestra sociedad responden a realidades muy concretas por mejorar nuestro sistema de
vida colectiva. El esfuerzo realizado ha sido intenso, pero una vez emprendidos los cambios es necesario consolidarlos, por eso se ha dicho que hoy el compromiso democrático es de todos, el consolidar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos, de libertad de creencias y una cultura política democrática son imperativos que debemos cristalizar en los próximos dos años.
El proceso de cambio y transformaciones que hoy vivimos al interior de la sociedad mexicana, inspirados en la construcción de una sociedad más libre, democrática y justa revitalizan nuestro nacionalismo y nos fortalecen como nación soberana.
En la actualidad podemos constatar que el sistema democrático se ha ampliado, el respeto a las instituciones electorales ha sido ostensible en este último año, la reforma política está en marcha, con el Informe del Presidente Salinas se abrió una nueva etapa para intensificarla, adecuarla y consolidarla. Se ratifica una vez más la disposición al diálogo, la concertación y la conciliación con todas las fuerzas políticas, donde no hay duda, radican las reservas morales de la nación mexicana.
Sin embargo, la reforma política no puede admitirse como sinónimo del debilitamiento de nuestro partido, como cesión de los espacios que finalmente el pueblo decide por la vía electoral, fió hay democracia, a mi manera, el pueblo no lo admite ni las circunstancias de cambios políticos y económicos en el país, lo hacen posible. Alternancia en el poder que lo posibiliten los órganos y las leyes electorales, alternancia en el poder, pero que se gane, con trabajo político, que se gane con votos, que se gane fundamentalmente esa alternancia en el poder.
Sentimos nosotros que falta muchos por hacer, pero hay algo común en la intervención de todos los compañeros diputados: se ha reflejado el deseo de todos de hacerlo juntos. Por eso decimos en esta ocasión que en síntesis la política interior en el cuarto año de Gobierno ha sido abierta, clara, participativa, reformadora, conciliadora, constructiva, visionaria, conforme a los reclamos de libertad, soberanía y justicia social que nuestra sociedad demanda; y de acuerdo a los ritmos generados en el entorno social.
Compañeros legisladores: La democracia mexicana ha transitado a una nueva etapa en su desarrollo, corresponde a los partidos políticos, a los grupos emergentes, a la sociedad civil y al Gobierno de la República a contribuir en la esfera que a cada uno corresponde, en la consolidación de nuestro modo colectivo de convivencia. El compromiso democrático es de todos y es funcionalmente por nuestro país. Gracias.
RECESO
El Presidente (a las 15.07 horas) - Se ha agotado la lista de oradores de la primera ronda, y de acuerdo al acuerdo parlamentario vamos a dar un receso de 60 minutos, regresamos a las 16.07 horas.
(A las 16.38 horas): Se reanuda la sesión.
Se han registrado para la segunda ronda los siguientes diputados:
Por el Partido Popular Socialista, Jorge Tovar Montañez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Adolfo Kunz Bolaños; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, José de Jesús Berrospe Díaz; por el Partido de la Revolución Democrática, René Bejarano Martínez; por el Partido Acción Nacional, Quinardo Meléndrez Montijo, y por el Partido Revolucionario Institucional, Agustín Basave Benítez.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Tovar Montañez.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
No se pueden soslayar de modo alguno las referencias a la vida democrática nacional hechas por el Presidente de la República en su IV Informe.
Destacan obviamente las propuestas para lograr transparencia en el origen de los recursos financieros de los partidos políticos, así como la necesidad de fijar un límite al financiamiento de las campañas y la urgencia de poner a disposición de los partidos los medios de comunicación de una manera equitativa.
Es claro también, que éstas no fueron las únicas referencias al trascendente tema de la democracia y de la vida política nacional. Sin embargo, debemos referirnos de manera concreta a esos y otros pronunciamientos.
En primer término, creemos estrictamente necesario hacer algunas consideraciones en torno
a la vida democrática nacional, en referencia al Informe. Tenemos la certeza de que no obstante que en la medida que pasa el tiempo algunas fuerzas sociales están regresando al concepto original en nuestra democracia, inscrito en el artículo 3o., desde el Gobierno y en el Informe aún se plantea fraccionando este concepto; es así como conviene a los grandes sectores y voceros empresariales, quienes por una parte y a sus conveniencia, insisten en comicios limpios y olvidan intencionalmente la justicia social.
Queremos insistir: nuestra democracia es una sola. Sí, una vida pública y Gobierno democráticos, lo cual en esencia y para que conserve legitimidad, debe responder a los reclamos de la gran mayoría de los mexicanos, los que constituyan a la clase trabajadora, y no respuestas sólo a quienes dan su voto para algunos partidos, que en casos muy conocidos, son votos de los privilegiados.
El Partido Popular Socialista insiste en que todo el concepto de nuestra democracia debe permanecer ligado continuamente, al concepto de soberanía popular, que no es otra cosa que la voluntad, los deseos, las aspiraciones y las necesidades de la gran mayoría de los mexicanos, especialmente de los que no tienen manera de hacer llegar su voz y su angustia.
Ha hecho referencia el Presidente de la República, a la necesidad y conveniencia de democratizar los procesos electorales. Pero nosotros afirmamos: tenemos que ver antes a la urgencia de democratizar la vida nacional.
El Partido Popular Socialista quiere dejar claro que toda acción enderezada a realizar la limpieza de los comicios electorales, tiene un antecedente: la necesidad de sanear esa vida nacional y eliminar los vicios que oscurecen y manchan los mismo procesos de elección.
Mientras tanto, desde el Gobierno y su partido, como desde los centros patronales, las dirigencias sindicales de algunas agrupaciones políticas, se sigan practicando algunas formas de presión, amenaza y utilización de las necesidades de la gente sencilla, para obtener apoyos políticos, los consiguientes procesos electorales y los votos así obtenidos, llevan vicios de origen.
En esto, de ninguna manera escapan las agrupaciones que propician o permiten o hasta francamente organizan, las preferencias políticas, valiéndose de las creencias y la fe de la gente.
Lo anterior plantea una pregunta fundamental: ¿hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a conducir a su propio partido, a prácticas que eliminen todas las formas de asegurarse votos, utilizando procedimientos que no contribuyen a despertar una mayor confianza del pueblo en los procesos electorales y que atentan contra los partidos mismo y los poderes constituidos?
Es oportuno entonces referirnos a los partidos políticos y a la sociedad civil. Aparece, en nuestro concepto, en el Informe, la duda aún, entre la importancia que debemos reconocerle al régimen de partidos y la sociedad civil; por otra parte, resolver con objetividad, reconociendo el papel y la relación que existe entre estas dos entidades, es toral para que podamos realizar los cambios en la legislación electoral, que nos permitan ingresar a una forma superior del régimen de partidos.
Si alguien pretendiera negar la importancia de la movilización social, de los grupos y de las clases sociales en pro de la solución de sus problemas, caeríamos, quizá, en el más grave de los errores políticos en este momento; pero ignorar la función específica e insustituible que tiene en el mundo el régimen de partidos, sería abandonar a su suerte a la propia sociedad.
Es correcto, a nuestro juicio, que en el Informe se mencione el papel, la importancia de los partidos políticos, de la pluralidad, de la necesidad de que cada uno haga compromisos claros y de la necesidad de elevar su presencia en la vida nacional; pero nos parece que no hay suficiente claridad en el Informe. ¿Hasta qué grado se quiere insistir en sustituir el papel de los partidos y aun del propio Gobierno por la llamada sociedad civil?
En torno a esto, es conocida la posición de mi partido en relación a que deben de ser los partidos políticos y los órganos de Gobierno, los que de manera paritaria integren los organismos electorales y sean los responsables de la organización, desarrollo, calificación y vigilancia de todo el proceso electoral.
Se ha mencionado y se ha hablado en el Informe, de pluralismo. Dudamos, tal como lo hemos expresado en líneas anteriores, en la extensión que el Ejecutivo y su partido quieren otorgar al pluralismo. Hay hechos en la vida pública que como en otras épocas, reflejan una intención de reducir el régimen de partidos a un bipartidismo o, en el menos malo de los casos, al tripartidismo.
Para nosotros, el bipartidismo, con las coincidencias cada vez más definidas entre los programas de los dos partidos de mayor presencia, sería
un bipartidismo entre pares, lo cual equivale a un monopartidismo. Por otra parte, agregar sólo un partido más al esquema anterior, para quedar en un tripartidismo, equivaldría en la práctica a sólo dos partidos.
Y no encontramos definición clara en el Informe sobre la intención de salvaguardar el principio del pluripartidismo que ha alcanzado nuestra sociedad y que aún está en desarrollo, pese a las discrepancias que pudiéramos tener, desde nuestro punto de vista partidario, con algunas de esas fuerzas.
Cabe hablar de los procesos electorales. Estamos de acuerdo; nos parece positivo que el Ejecutivo haya planteado tres puntos de consenso para avanzar en el proceso de transparencia y equidad electorales. Indiscutiblemente es necesario clarificar la procedencia de los recursos económicos que manejan los partidos políticos, especialmente en los que se refiere a los partidos que reciben cuantiosos apoyos financieros de los grandes capitales y que han hecho de la inversión política, una forma de asegurar sus intereses en los programas de Gobierno.
Si logramos esa transparencia evitando que se privaticen los partidos políticos y asegurando que se cumpla la norma constitucional que los declara entidades de interés público, habremos dado un gran paso.
Igualmente nos parece positivo, y lo aceptamos, el que exista intención de fijar un límite al costo de las campañas políticas. Pero deben existir dos y no sólo un límite. Debe haber un piso y un techo. Es decir, deben garantizarse a todos lo partidos un mínimo suficiente, básico, de manera igualitaria y a partir de ello agregarse mayores recursos de manera proporcional para el desarrollo y cumplimiento de las respectivas tareas políticas.
Sin embargo, queremos enfatizar que lo más trascendente debe ser, en este momento, colocar a todos los partidos en igualdad de condiciones de acceso a los medios masivos de comunicación, sin las limitaciones de la actual legislación, que en la práctica deja al arbitrio de los poseedores de esos medios y sus respectivas preferencias políticas y compromisos adquiridos, tiempos y espacios para los diferentes partidos políticos.
Dada la importancia de las organizaciones, de nuestra organizaciones partidarias, deben ser esos espacios y tiempos en los medios, tales que, efectivamente presenten ante el ciudadano la competencia ideológica programática sin discriminaciones.
Es de esperarse, entonces, que la prensa misma abra sus espacios de manera institucional a las diferentes opciones, siguiendo el ejemplo de algunos órganos que han comprendido su responsabilidad en la conformación de la opinión pública.
Es pues fundamental que queden claramente definidos para el propio Gobierno, para los partidos políticos y para la sociedad en general, los alcances del papel que queremos dar al régimen de partidos políticos en nuestro país.
En una siguiente parte de nuestra intervención, queremos afirmar que una vez que fuéramos capaces de lograr esto, de confirmar y de reafirmar el sistema de partidos políticos en México, debemos profundizar en los procesos electorales y las entidades que deberán ser las responsables de éstos.
No estamos de acuerdo en que por una moda ideológica, por una falta de comprensión en lo que son los partidos políticos, se persista en la ambigüedad de reconocer su importancia, por una parte expresada en la Carta Magna, y por otra introduciendo figuras jurídicas como la de los consejeros, con base en el concepto erróneo de que la sociedad civil está por encima de los propios partidos y hasta del propio Gobierno.
De persistir en tal figura, significaría que no existen perspectivas reales y objetivas para convertir al régimen de partidos en el medio a través del cual la ciudadanía pueda expresar su soberanía y depositarla en los órganos de Gobierno de todos los niveles.
Si hay intención y reconocimiento de que el camino es insistir en crear, fortalecer y dar existencia y vida real a un régimen de partidos plural, queda al margen entonces el falso concepto, y riesgoso además, de querer sustituir por un abstracto concepto de sociedad civil a los propios partidos políticos que, quiérase o no, representan interés de las clases sociales y que deben esforzarse éstos, los partidos, para encauzar y resolver la multiplicidad de la demanda social.
Quedan aún sin referencia en el documento presidencial multiplicidad de problemas, íntimamente ligados con la vida democrática nacional, dejando a los consensos entre los partidos la solución de esos problemas. Queremos referirnos a uno de ellos. Queremos referirnos a la necesidad de suprimir en la práctica política la llamada autocalificación, a través de los llamados colegios electorales.
Es un tema en el que debemos profundizar en un plazo breve, de acuerdo con un consenso bastante avanzado que se ha logrado entre las distintas fuerzas políticas.
Un segundo problema que queremos comentar, que es, volviendo a la premisa de reconocer la importancia de los partidos el concepto, que surge de la necesidad y de la teoría de que deben ser los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los partidos políticos de una manera paritaria, sin predominios avasallantes de elementos partidistas sobre el resto, los que tengan la responsabilidad de organizar, dirigir, vigilar y calificar las prácticas electorales.
Significa lo anterior, que quien debe calificar los resultados electorales debe ser el propio órgano correspondiente, conformado de la manera antes dicha.
Y queda todavía otro punto de gran trascendencia a dilucidar y en el que el Partido Popular Socialista insistirá oportunamente: el conocido como principio de gobernabilidad, que permite al partido que haya obtenido menos del 50% de los votos, asegurarse más del 50% de la representación popular.
Es un concepto que no nos satisface, que no nos conforma, sino sólo al partido mayoritario, el que sea, y que nos obliga a buscar una nueva respuesta y no la de la vía más corta y del menor esfuerzo, de simplemente adjudicarse mayor representación.
El mismo llamado principio de gobernabilidad, es una tesis que debemos someter a discusión, es un concepto parcial y que incide en el mantenimiento de formas antidemocráticas de control político y en el deterioro del mismo sistema de partidos al que decimos querer fortalecer.
Y es oportuno, y en referencia al mismo Informe, hacer referencia a las modificaciones constitucionales derivadas, pues, mencionadas en el mismo Informe.
Nos parece oportuno examinar estas aseveraciones. Según ha sido expresado en el Informe y en los debates que oportunamente se dieron en el recinto parlamentario, tuvieron la intención de adecuar y poner a tono la legislación con la necesidad de modernizar, de ajustar la Ley a la realidad y a los reclamos sociales.
Volvimos a escuchar durante el Informe, que los cambios a la Constitución fueron promovidos para otorgar una verdadera libertad religiosa.
Rechazamos tal afirmación. porque consta a los mexicanos que nuestra sociedad ha vivido y vivirá dentro del respeto a la diversidad de conciencias y de fes. No aceptamos que el dar mayores facilidades a la actividad preferente de una de las asociaciones religiosas, corresponda realmente a un reclamo social.
Prueba de ello, es que las demás asociaciones religiosas discreparon y discrepan de las modificaciones que se hicieron al artículo 3o., al 130, fundamentalmente.
Se habló, en aquel entonces, cuando se hicieron los cambios, y se vuelve a hablar hoy durante el Informe, de delimitar, de enfatizar en la separación de Iglesia - Estado y en la no injerencia en los asuntos políticos por parte de los representantes y ministros de los diferentes cultos.
Otros en aquel entonces, y lo hacemos nuevamente, advertimos que jamás se conformarían ni lo aceptarían porque ellos parten de premisas que consideran sobrenaturales, no se nos hizo caso y se están viendo ya algunas consecuencias.
El Presidente Salinas hizo alguna mención a la necesidad de ahondar y de reforzar las reformas aludidas, probablemente el Gobierno esté enterado de las violaciones tanto al texto constitucional reformados como a la reglamentación respectiva en aspecto esenciales; si no fuera así, el Partido Popular Socialista sí lo puede afirmar.
En estos momentos y apenas al término del Informe Presidencial, el tantas veces mencionado señor Prigione hizo declaraciones a los medios informativos calificando de alguna manera el Informe Presidencial y esto equivale a injerencia en los asuntos internos de México y en la vida política nacional, cosa que las leyes prohiben a los Ministros religiosos y más a los extranjeros y no están lejanas las rectificaciones que los propios Ministros de la Iglesia católica han hecho para reafirmar su postura de que "la Iglesia se siente con el derecho de iluminar con la luz del Evangelio la obra de Gobierno" o cuando han afirmado que están dispuestos a apoyar las leyes justas en el concepto de ellos, equivalente lo anterior a querer marcar el camino que debe seguir el Gobierno y eso no significa, eso no es separación Estado - Iglesia.
Aún más, apenas a una semana del Informe, el clero católico de Chihuahua en medio de sus llamados retiros espirituales, decidió analizar el Tratado de Libre Comercio, un tema nada espiritual, y para lo cual invitó a varios funcionarios del Ejecutivo ligados con las discusiones de este
Tratado de Libre Comercio, cosa que estos funcionarios, independientemente de que hayan asistido o no nunca rechazaron, lo cual revela la confusión que existe entre las mismas filas del Gobierno para deliminar con sentido republicano la supremacía del Estado sobre las asociaciones religiosas como algún diputado del Partido Revolucionario Institucional finalmente expresó con toda intención durante los debates de julio pasado, aunque dicha legislación no corresponda a ese propósito que tal vez en lo individual expresó el diputado de la mayoría.
Estas preocupaciones que hemos venido expresando y que requieren una actitud definida de cada partido ya ha sido expresada de una manera concreta por el Partido Popular Socialista que durante el mes de febrero fueron planteadas en nombre de nuestro partido por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tuvieron verificativo en aquellas fechas. En efecto, con fecha 7 de febrero de este año el Partido Popular Socialista presentó un proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la consecuente derogación del artículo 60 con vistas a ampliar la vida democrática nacional.
Desde esta tribuna nos permitimos hacer una excitativa a la Presidencia de la Cámara para que a su vez las comisiones respectivas dictaminen sobre este proyecto de decreto planteado por el Partido Popular Socialista que recoge lo fundamental de los planteamientos que aquí hemos reiterado.
Finalmente permítasenos anunciar que es la intención del Partido Popular Socialista a través de su fracción parlamentaria, presentar a esta soberanía, en el momento y forma oportunos, una Iniciativa para que esta Sala de Sesiones, que debe enmarcar los debates de la institución parlamentaria producto de nuestras luchas por reafirmar la vida independiente de México, nuestra soberanía y nuestro régimen democrático y de altas cualidades republicanas, lleve el nombre de la figura que consolidó en su momento esta larga aspiración del pueblo de México aún no cabalmente lograda, el nombre de Benito Juárez. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Alfonso Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
En este ejercicio constitucional de glosar el Informe Presidencial ha habido un punto dominante y a él únicamente me voy a concretar, el día de hoy en la mañana mi compañero diputado Moreno Santillán hizo una panorámica de todos aspectos de la política interior, y ahora quisiera yo concretarme a un aspecto que considero que tiende a ser dominante no porque sea más importante que otros problemas que tiene nuestra patria sino porque parece que desde principios del siglo para acá el aspecto político electoral es el que domina la vida pública.
Quisiera señalar muy concretamente; el Presidente Salinas de Gortari dijo en relación a esta materia: estoy tomando las frases, de referir la página incluso para que no haya duda, hay seis afirmaciones que me parecieron muy concretas en esta materia:
1. Todavía falta por hacer para construir una mejor democracia; 2. Manifestó el propósito de representar plenamente la presencia y competencia de todas las fuerzas políticas en el régimen de partidos sin exclusiones de ninguna naturaleza, página 3; 3. No puede haber regreso al partido prácticamente único, página 14; 4. Consolidar el perfeccionamiento democrático y la transparencia electoral. Esta en la página 47. Igualmente está; 5. Si hay corresponsabilidad, si hay garantías firmes y posiciones públicas consecuentes, el país podrá dar un nuevo paso en el desarrollo de sus instituciones políticas y 6. También en la misma página dice "la democracia es un proceso real que depende de la capacidad de las partes para adquirir y ampliar compromisos en el marco de la Ley".
Resumiendo, el Presidente Salinas reconoce que no vivimos en un sistema democrático pleno, así textual se puede leer; que se requiere respecto al sistema pluripartidista; que no debe regresarse al sistema de partido único, dominante; que, - cuatro, necesitamos procesos electorales creíbles o confiables; cinco, establece como requisito para el cambio, que se establezcan posiciones públicas consecuentes; y seis, hace una definición del concepto de democracia y de los requisitos que él considera necesarios para alcanzarlos.
En relación a esto, él hace un grupo de tres propuestas, tres, que se han manejado mucho, las junto porque encontramos otras propuestas, una muy importante que está en la página 47, mucho muy importante. El dice que no necesitamos grandes cambios, sino compromiso democrático de todos; o sea, aparentemente la visión del Ejecutivo, es que con la estructura actual podríamos funcionar adecuadamente, y
lo único que necesitamos es un mayor compromiso de todas las partes involucradas.
Esto es importante porque quizá explica lo limitado de su propuesta, y con la que no estamos de acuerdo desde luego. Un segundo grupo de propuestas son las tres más citadas: 1. Hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos; 2. Poner topes a los costos de las campañas electorales, todo es con plural, pero bien podría ponerse en singular, y 3. Garantizar los avances en la imparcialidad de los procesos electorales, trabajando en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos. Es todo en la página 47.
Son los tres puntos que el Titular del Ejecutivo nos propone, y una tercera propuesta dice: "Si los partidos políticos consideran que es necesario adecuar a la legislación electoral, adelante". O sea, se desconoce un poco a sí mismo, su posición de líder del principal partido de este país.
Resumiendo las propuesta del Titular del Ejecutivo son: 1. No a los grandes cambios, y más compromisos. Lo que dice la frase; 2. Aclarar el origen del financiamiento, que básicamente se refiere a su partido; los demás no tenemos tanto problema en ese aspecto; 3. Limitar los costos de las campañas, pues salvo que las limiten en un mínimo, no se refiere a nosotros, los partidos de oposición, también se refiere a su partido; 4. Igualar los procesos electorales en cuanto a medios y procedimientos. Se conoce en forma expresa que no sólo los procedimientos le favorecen a su partido, sino que cuenta con los medios fundamentalmente como apoyo para la realización de campañas electorales parciales. Y, el último punto que propone es la negociación entre partidos.
Esto tiene mucho que ver con la visión de que no se requieren grandes cambios; posiblemente cambios radicales no, pero grandes cambios sí, o sea no cambiar el sistema pero sí hacer ajustes importantes, porque al menos la visión de la oposición es que no es lo suficientemente democrático nuestro sistema.
Esto quisiera enmarcarlo dentro de un concepto teórico, o sea, los presupuestos necesarios para considerar que existen las bases para que funcione la democracia en un estado de derecho. Un Autor de apellido Rosso establece tres supuestos fundamentales, suponiendo que estamos dentro de un estado de derecho.
Número uno, derechos políticos de carácter general, o sea, para todos, derechos políticos; número dos, sistemas electorales precisos, que no se presten a dudas o a manipulaciones; y número tres, partidos políticos autónomos, no como en nuestro caso donde hay un partido totalmente vinculado con el Gobierno. La teoría implica que todos los partidos sean autónomos, que no haya esa disparidad. No es que no haya un partido en el gobierno, quizá juguemos con la gramática, me refiero a que no haya un partido del Gobierno, que no es exactamente lo mismo.
Bien. Si consideramos estos tres supuestos o requisitos para hacer una reforma electoral o una reforma democrática en nuestro país, tendríamos que plantear que los cambios que se requieren deberían ir encaminados en este sentido, o sea, para lograr la democratización del Estado tendríamos que establecer las adecuaciones necesarias para lograr estos tres objetivos de derechos políticos, sistemas electorales y partidos políticos.
Bien. En el primer caso... bueno, previamente estaríamos señalando que esto debe darse, y ya lo mencionamos antes, dentro del estado de derecho, esto implica que existan las normas y que se cumplan, que se respeten, y aquí diría yo que es quizá nuestro principal problema, la falta de respeto por las normas, no basta una normatividad formal, se requiere un aplicación real de esa normatividad.
Bien. ¿En qué aspectos tendríamos que hacer cambios para alcanzar estos temas? En cuanto a derechos políticos de carácter general, tendríamos que hablar primero de la libertad del voto, sin presiones ni de carácter laboral ni de carácter económico, y sin manipulaciones, la Ley debe de evitar o garantizar la libertad de voto.
Número dos, en relación a la igualdad del voto, debe haber supresión de candados, como los conocemos popularmente, y de otros mecanismos de ingeniería electoral que tiendan a sobrevaluar o a devaluar los votos. Aparentemente la regla es: un hombre, un voto, pero cuando hay un candado, algunos votos, valen mucho más que otros votos, por una disposición legal. Habría que suprimir cualquier mecanismo, incluso hasta los cortes territoriales que tienden a favorecer a un partido. Sabemos que con un sistema unidistrital, un partido con el 49% de los votos podría no tener un solo diputado, y esto tiene que ser corregido con un sistema que contemple esto.
Y punto tres, se requiere que las reglas permitan una adecuada participación de las minorías, participación.
Segundo punto: sistemas electorales precisos. Para lograr esto aquí, sí se requiere de cambios mayores, habría que proponer una reestructuración de la forma de integrar la Cámara de Diputados, por ejemplo, debe haber una relación de proporcionalidad entre el voto y su representación en el órgano popular. Por eso pensamos que sería más adecuado establecer un sistema de representación proporcional, dadas las condiciones de evolución de nuestro país.
Segundo, en relación a sistemas electorales, un sistema de administración autónoma. La creación del Instituto Federal Electoral, lo señalamos el domingo, nos parece un avance como principio, o sea un órgano profesional autónomo, encargado de administrar los procesos electorales. Lo que no nos parece que sea, es un avance total; de una manera o de otra, un solo partido tiene posibilidad de tomar las decisiones, y a pesar de tratarse de personas muy honorables, los consejeros ciudadanos no deben de participar en un organismo de esta naturaleza. Esto debe ser un asunto principalmente de partidos políticos, y desde luego del Estado, y sea cual sea el mecanismo de integración que se adopte, en todo caso no podrá o no deberá quedar la posibilidad de tomar las decisiones en manos de un solo grupo.
Y tres, en cuanto a sistemas electorales, necesitamos resultados electorales que sean confiables, consecuentemente no negociables. en este aspecto creo que hemos retrocedido seriamente.
Señalábamos hace dos días, que prácticamente la mayoría de los mexicanos tienen desconfianza sobre los procesos electorales, pero ahora ni siquiera ya los resultados oficiales son definitivos y confiables; todavía podríamos decir que hay recursos extra legales de apelación, que podrán o no estar justificados, no estoy poniendo en duda esto. De hecho dadas las consecuencias que hemos visto con los cambios de gobernadores, me imagino que sí están justificados, lo cual vulnera más todo el sistema.
Entonces, no sólo hay que ganar, sino tener la fuerza y la capacidad suficiente para que se le reconozca el triunfo.
Dentro de estas dos áreas, derechos políticos y sistemas electorales, no encontramos ninguna propuesta específica en el Informe Presidencial, no vimos nada, absolutamente nada que tenga que ver con estos dos puntos.
En relación a partidos políticos autónomos, sí hace referencia. ¿Qué requisitos pediríamos para que hubiera partidos políticos autónomos? En primer lugar que no hubiese una entidad orgánica entre el Gobierno y su partido, como pasa en México. Aquí vemos como un funcionario público pasa a ocupar un puesto partidista sobre la marcha, y al revés, sin que pase nada, pero el problema no es tanto estos traslapes de puestos, sino el uso de recursos públicos, y no me refiero exclusivamente a recursos económicos sino también a recursos humanos, que eso da una gran ventaja cuando un partido tiene la posibilidad de contar con un aparato administrativo, profesional, pagado por el Gobierno.
En esto no hubo mucha propuesta tampoco, sólo en los dos últimos puntos.
Financiamiento claro y gastos limitados, pero obviamente esa propuesta se limita al partido del Gobierno; los demás partidos, los gastos los tienen limitados de antemano y el financiamiento es muy obvio de dónde viene normalmente, o de fondos públicos, a través de las prerrogativas, o a través de los mismos militantes del partido que pagan cuotas de alguna manera.
Y tres, los medios de combinación social no deben ser utilizados por el partido, sobre todo por sus vinculaciones públicas.
Este mensaje, también esta segunda propuesta, que son las dos concretas, la primero abarca las dos primeras, y la segunda la tercera, se refiere al partido del Gobierno, única y exclusivamente, ningún otro partido tiene acceso a los medios de comunicación en la forma que lo tiene el partido del Gobierno.
Nosotros pensamos que, como decía al principio, hay muchas materias importante que tratar. Tenemos problemas de todo tipo, económico, laboral, social, grave, pero aparentemente el tema dominante siempre es el político y específicamente el político electoral, y es importante, se habla del cambio, porque efectivamente estamos en un época de cambios, pero no podemos hablar de cambio en abstracto, o sea, se supone que estamos buscando un cambio para mejorar, y en cierta medida se utiliza la palabra modernización como sinónimo de ese mejoramiento.
Si entendemos, y creo que no es difícil plantearlo así, estamos buscando un cambio para mejorar a través del desarrollo, y se plantea, sobre todo en el Informe, los logros en materia económica, pero tenemos que insistir en un punto, en un punto muy importante: No vamos a tener un país moderno, aún suponiendo que la economía
lograra su desarrollo, si nos mantenemos atrasados en materia de política. Uno es consecuencia de otro.
En una sociedad moderna, por definición diría yo, los miembros, los integrantes de la sociedad exigen una mayor participación en las decisiones comunes.
Mientras no haya un desarrollo político, no vamos a alcanzar el desarrollo económico que se está planteando. Y esto me parece que es inseparable.
Desafortunadamente nosotros pensamos que en el Informe no hay más que una propuesta de limitar al partido del Gobierno en algunos aspectos, no hay mucho interés, se menciona el hecho de que no se requieren grandes cambios sin compromisos, e incluso se deja en manos de los partidos, cuando sabemos muy bien en qué lugar y en qué forma se tomaría la decición final.
Ante está situación pensamos que el Informe fue muy limitado en este tema tan importante,que su propuesta es bien recibida, pero totalmente insatisfactoria. Esto viene a resolver un pequeño punto, y en eso tenemos nuestras dudas en cuanto a la posibilidad de que en esto se pueda implementar.
Por eso mismo, sentimos que esta materia tan importante, no recibimos ni la información, ni recibimos propuestas que permitan mejorar las condiciones políticas en que vive actualmente el país. Por su atención muchas gracias.
El presidente: -Tiene la palabra el diputado José de Jesús Berrospe Díaz.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: -Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados:
Después de la intervención de mi compañero, por la mañana, del compañero diputado González Arreguín, me toca en esta ocasión hacer una participación sobre la política interior en este IV Informe Presidencial, fijando la posición de mi partido.
Quisiera referirme, en primer lugar, para basar en él mi participación, en el primero de los programas propuestos por el actual régimen, que es la aplicación de la vida democrática, para responder a las demanda de reforma del sistema político y electoral del país.
Pensamos que, si una lección encontramos de los procesos electorales recientes de este 1992, y que se desprende de este IV Informe de Gobierno, en el que el país exige de nosotros la realización de una verdadera reforma política integral.
1992 estuvo ambientado por situaciones de incertidumbre política. Se trascurrio en un marco de denuncias, especulaciones y, porque no decirlo así, de frustraciones para la participación ciudadana. Fue determinante el peso de las derivaciones de procesos políticos locales, cuestionados, que pusieron en entredicho tanto la eficiencia de las instituciones electorales como las de la propia legislación en la materia.
Quedó claro, aún para los beneficios pos electorales, que no existen normas definidas para el cambio de la transición democrática de México. Los órganos electorales, establecidos por las leyes hace apenas dos años, no resultaron ser los espacios apropiados para dirimir las querellas electorales.
La desazón y el riesgo provocado por ciertas fuerzas políticas, se convirtieron en armas para obtener beneficios en la contenida política; se inventaron fórmulas extralegales de negociación política, que agredieron a los electorales; se rechazó, afortunadamnete, desde el poder público, fórmulas generalizadas de represión para encarar conflictos electorales. Pero se incurrió en lesionar el poder ciudadano de delegar poder mediante el sufragio; se negoció con ciertas fuerzas, para cubrir apariencias en el exterior.
De los comicios de 1992, encontramos aspectos preocupantes. Encontramos un rasgo común: No fueron los ciudadanos quienes definieron el estado de la representación política de los poderes; decidieron, más bien, algunas clases políticas y el Gobierno, quienes usurparon la facultad exclusiva del ciudadano para delegar el poder en los candidatos y en los partidos.
Al partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, le alarma que esta situación se convierta en costumbre o en rasgo peculiar de nuestra incultura política.
En esto nos interesa mucho enfatizar que distinguimos entre la indispensable conciliación de los intereses de las partes en la lucha política electoral y la negociación que frustra y aleja al ciudadano de los procesos electorales. Esta última lesiona la base misma de la reproducción constitucional del poder público, la única posible que tiene el ciudadano.
Como resultado del panorama descrito, es que insistimos en volver realidad lo que señala el
artículo 39 de nuestra Constitución Política, que la soberanía nacional resida esencialmente y originalmente en le pueblo y no es que provenga de una junta de notables o de poderes extraconstitucionales, que se haga efectiva la idea de una idea de nuestra Carta Magna de que el poder público dimana el pueblo y se instituya para su beneficio.
Que partidos y Gobierno den muestra de civismo respetando el sufragio, sin importar si éste nos es o no adverso.
Nuestro partido piensa que sí es necesaria una reforma política, pero queremos una reforma política ya no para los partidos, ésta se llevo a cabo en los años setenta. Queremos una reforma política para la sociedad, que la sociedad sea la que participe. Que se acaben los rezagos. Que haya empleos. Que los ciudadanos tengan prestaciones como una vivienda digna y un salario justo, etcétera, por que de lo contrario pueden suceder dos fenómenos:
1. Que el pueblo no participe, que se abstenga y estamos con ellos fortaleciendo el abstencionismo; y
2. Que el pueblo sea manipulado porque tiene hambre, porque tiene falta de cultura o porque desea justicia.
Insistimos que resulta conveniente volver a debatir problemas de la reforma política.
Consideramos que ambas cámaras del Poder Legislativo deben convocar de inmediato a una consulta pública.
El abstencionismo político ha venido, con salvadas excepciones, creciendo en nuestro país.
La desconfianza ciudadana hacia los procesos electorales nos debe preocupar.
Los poderes constituidos en el futuro no sólo deben ser legales por resultados de negociaciones bipartidistas o tripartidistas, creemos que támbien requieren ser legítimas.
Pensamos que hemos llegado al límite y a límites comprometedores después de varios procesos electorales; aparentemente locales. Estos se han transformado peligrosamente en asuntos de ingobernabilidad federal e incluso algo muy preocupante un problema de soberanía.
Caminar por ese rumbo no sólo sería erróneo, implicaría asumir riesgos de trascendental importancia de aquí a las elecciones federales de 1994 y a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio.
La transición democrática del país es un camino para encarar los desafios y oportunidades de la competencia internacional, continuar por la simulación no beneficia al futuro de nuestra nación A los que apuestan al derrumbe y a la ingobernabilidad absoluta opongámosle reglas definidas para la transformación democrática.
Mientras la economía y la sociedad expresan movilidad, el sistema político expresa estancamiento, esto compromete incluso la estrategia global del desarrollo. Las distintas reformas políticas electorales han significado avance sobre todo si comprobamos la situación actual frente al autoritarismo de los años setenta o en los años sesenta; pero la sociedad reclama cambios más profundos, de ahí que en poco tiempo las reformas legales en materia electoral muestran su desgaste.
Hemos dicho y afirmado que para superar este destase entre la sociedad y el sistema político, se requiere de una reforma política integral. Esta reforma implica una modernización política que puede resumirse en los siguientes tres puntos: primero, el sistema de los partidos políticos; segundo, el respeto al voto y, el tercero el desarrollo de una verdadera democracia.
Nuestra propuesta de reforma política es profunda, a diferencia de otras propuestas que sólo insisten en aspectos parciales de la democracia representativa, la nuestra busca enlazar estos cambios con modificaciones sustanciales que permitan abrir a la democracia social, es decir intenta convertir a la realidad la visión constitucional de democracia.
Papel que le asignamos a los partidos políticos en la transición democrática obedecen a lo dispuesto en nuestra Carta Magna en su artículo 41, que reza así "Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo, contibuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de esos al ejercicio del poder público, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo. "
A nuestro parecer la transición democrática que impulsa la nueva reforma política debe fortalecer el pluripartidismo, deben evadir la tentación de remplazar el partido de Estado por un sistema bipartidista. Para que los
ciudadanos se interesen por los partidos, deben respetarse las garantías individuales y de asociación; afianzar el sistema pluripartidista implica terminar con la realidad del partido de Estado, pero conseguir esto último significa plena garantía del sufragio.
En este ambiente se vería fortalecido el sistema de partidos y se daría al traste con el intento de varios partidos de liquidar el incipiente pluripartidismo.
En el cumplimiento del sufragio efectivo se encuentra la piedra fundamental para constitutir la democracia de nuestro país. Indudablemente que la divisa revolucionaria del Sufragio Efectivo. No Reelección, sigue teniendo vigencia, marcará sin lugar a dudas, el horizonte de las transformaciones futuras de nuestra nación, Pero en este binomio revolucionario, implica primero el cumplimiento cabal del voto.
El balance electoral reciente arroja resultados preocupantes, en varios procesos contó más la puja poselectoral que el voto ciudadano; unos votan, otros tumban y otros más designan gobernantes. Se rompe el principio más sagrado de la democracia representativa, el ciudadano no es el que elige; el poder deviene de los entendimientos de las clases políticas. La representación no es democratica, compañeros diputados, es más bien un engendro perverso de oligarquías política.
Por ello consideramos que el voto debe ser revalorado por la nueva reforma política; debe ser protegido; auspiciado y respetado.
Resuelto el problema del sufragio efectivo, el problema de la reelección adquiere otra dimensión. El pueblo respetado el voto, decide y elige. Pero convocar al pueblo y no sólo a los partidos, a una reforma política, requiere de imaginación.
Los linderos de la reforma deben superara los ámbitos de la democracia política y comprender además, los de la democracia social. De ahí nuestra alternativa de reconstrucción democrática de la nación, aquí explica por nuestro compañero diputado González Arreguín.
La modenización en marcha debe ser acompañada de transformaciones democráticas Esa es al democracia integral que propone nuestro partido.
Reiteramos nuestra propuesta hecha el 14 de octubre, en la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión: para avanzar en la reforma política integral, es indispensable que nos pongamos de acuerdo para discutir la agenda del tránsito inmediato hacia el México democrático. Se requiere una reforma política profunda; ésta debe garantizar en los aspectos de la democracia política, entre otras cosas, las siguientes: Primera, cambios cosntitucionales que garanticen el sufragio. Segunda, reformas constitucionales que den en verdad, un carácter institucional y profesional de los organismos electorales. Tercera, transformaciones legales que terminen con la autocalificación de los poderes, que hagan posible la existencia de un tribunal de elecciones con amplias atribuciones y cuarta, que se acepte la alternancia en el poder, de los partidos políticos.
Compañeros: Estamos convencidos de que la reforma política demandada tanto por la sociedad civil como por las fracciones políticas que con anterioridad al Informe la exigimos, responden hoy más claramente que nunca a las condiciones imprescindibles de cumplir con una de las premisas del desarrollo social y cultural.
No parece posible consolidar reformas económicas sin avanzar en las correspondientes reformas políticas ¡no parece posible avanzar en la redistribución de beneficios sociales ni en la justicia, si no existen ciudadanos y organizaciones sociales, con posibilidades transparentes increíbles de participación en la lucha del reparto del mercado social y político. En otras palabras, nos parece que no habrá reforma de la Revolución, si no sentamos las bases de la participación política, democrática de la sociedad y de todos los ciudadanos. Muchas gracias.
El presidente: -Tiene la palabra el diputado René Bejarano Martínez.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: -Con su permiso señor presidente, señoras y señores diputados:
Un hilo conductor recorre el discurso del IV Informe de Gobierno de Carlos Salinas: el del supuesto cambio concertado y de la consolidación del mismo.
Sin embrago, es claro que el proyecto del salinismo ha sido instrumento excluyendo no sólo a las diversas oposiciones, sino incluso a sectores dentro del propio oficialismo.
Las iniciativas de modificaciones constitucionales han partido de acuerdos cupulares y corporativos, sin verdadera consulta a la
sociedad, a la cual se le presentan como hechos consumados.
En el ámbito estrictamente económico, se sigue un modelo concentrador y excluyente, contrario al interés de la mayoría de la población; a las reformas económicas no han correspondido las necesarias reformas políticas. Así entonces, en lo que se refiere al aspecto político electoral, recordemos que el 18 de agosto de 1992, se cumplió exactamente un año de que se realizaron las elecciones federales que renovaron el Poder Legislativo de la República. De esta fecha hasta ahora, ha quedado evidenciado el contenido, el carácter y el significado de aquel operativo de Estado que deformó las tendencias electorles reales que manifiestan la pluralidad mexicana.
Durante los últimos 15 meses, en todas las elecciones locales que se han realizado desde entonces, se ha podido constatar la vocación fraudulenta de los actuales gobernantes en la escasa credibilidad que la ciudadanía le asigna a las elecciones organizadas por el régimen sustentado en un sistema de partido de Estado.
No obstante la enorme y desproporcionada cantidad de recursos económicos provenientes del presupuesto público que el régimen ha empleado en favor del partido oficial, la falsedad de los datos oficiales del año pasado y lo que va del presente, ha quedado comprobada.
Por éstas y otras razones, es que los procesos electorales locales se han convertido cada vez más, en un litigio de carácter nacional.
El régimen ha visto cómo se le han acumulado los conflictos poselectorales, e incluso problemas de gobernabilidad, en tanto que se multiplican los actos de resistencia civil de una ciudadanía cada vez más atenta a los asunto públicos y menos dispuestas a permitir la impunidad de los rufianes que se roban los votos.
A todos los agravios electorales se agregan además, los de los desheredados del neoliberalismo, las familias del campo y de la ciudad que no han visto mejorar su nivel de ingreso real, los más de 6 millones de analfabetos, los niños de la calle, los millones de desempleados, los trabajadores migratorios indocumentados; todos esos ciudadanos de la llamada extrema pobreza y que no sólo han dejado de serlo, sino que en lo que va del actual sexenio, han visto incrementado su número.
Los costos sociales de un modelo neoliberal en lo económico y conservador en lo político, están a la vista, a pesar de las campañas propangadísticas en lo que los medios masivos de comunicación el gobierno ha desarrollado permanentemente.
Por lo anterior es que el gobierno de Carlos Salinas, sin abandonar la represión, pero acudiendo menos a ella, ha hecho de la simulación una razón de Estado. La prédica contradictoria con la práctica, es un hábil recurso para un régimen marcado con el blasón del fraude y de la ilegitimidad. Con la práctica de la simulación concertadora, el Estado pretende desconcertar a la sociedad y a sus adversarios, desarmando políticamente a la oposición. Busca, además, recuperar el consenso perdido y cooptar a parte de la disidencia; reconociendo parcialmente el avance de otras fuerzas políticas en espacios que le son adversos, la fuerza estatal recompone y afina su dominación, renovando, actualizando y modernizando su propio discurso.
La clase dominante no sólo busca derrotar al desenso organizado arrinconándolo en el rescoldo del aislamiento minoritario y la impotencia, sino pretende, además, recuperar el activo consenso de la mayoría en la sociedad, es decir, aunque no se canse de reiterar que el tiempo del partido casi único ha llegado a su fin.
Lo que hace falta es que concluya, como en casi todo el mundo, la época del sistema de partido de Estado. Se trata desde el régimen de una tolerancia disfrazada, pues no existe verdadera voluntad de diálogo y acuerdo.
El discurso oficial nos presenta ante un falso dilema: concentración o confrontación. Y aunque es cierto que en Gobierno todavía existen promotores del enfrentamiento total, que anhelan el aniquilamiento de toda oposición, es mentira que sólo existan esas dos opciones, pues si se reconoce al espacio conquistado por el adversario, si se admite el grado de la correlación de fuerzas, si se respetan ciertas reglas previamente establecidas y si se genera un ambiente de civilidad política, son totalmente factibles tanto el diálogo como la negociación.
No obstante, para un sistema en donde el estatismo durante décadas ha acostumbrado a un partido casi único a diluir o a cooptar a las diversas opciones políticas, es ya una necesidad urgente que en el gobierno se acepte que pueden coexistir fuerzas en oposición independiente y que aprenda a respetarlas e incluso a reconocer la alternancia en el poder, en el ámbito de la administración gubernamental en su conjunto.
Por ello, en le IV Informe de Gobierno la reforma política del Distrito Federal no merece, según su redactor, mención alguna. La necesidad de una nueva forma de gobierno es despreciada. No se requiere conocer que la complejidad de los problemas de la gran ciudad requieren que se evite que un partido, que en las dos últimas elecciones no ha podido obtener la mayoría absoluta de los votos, ocupe el 100% de las responsabilidades gubernamentales.
La negativa del partido oficial a dar a conocer su propuesta de reforma política para la capital del país, anula las posibilidades de diálogo. Sin propuestas no hay materias de comunicación.
En realidad, al igual que en la limitada y parcial propuesta de Carlos Salinas para modificar algunos aspectos electorales, existen dos elementos principales que explican su reducido alcance: Hacer recaer la responsabilidad de las transformaciones más sustanciales a que los partidos políticos se pongan de acuerdo, haciendo abstracción de que el íider real del partido de Estado es el propio Salinas, es evadir la responsabilidad que le corresponde y endosar a otros la negativa para avanzar en ciertos sentidos.
Y en segundo término, las modificaciones propuestas si bien recogen viejas demandas ciudadanas y de la oposición, al no tocar los problemas de fondo, están deseadas para modificar algo; para que en lo fundamental lo demás siga igual.
"A confesión de parte de relevo de pruebas".En el Informe. Carlos Salinas, en la página 47, cuando habla de sus propuestas de reforma política dice textualmente:
"Trabajar en torno a los procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales".
Evidentemente se está reconociendo que no hay, que no existe, esa imparcialidad de los procesos electorales; pero no se está proponiendo que exista imparcialidad absoluta, si se está diciendo, solamente, que se garanticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales.
Así es que no nos extraña por eso que uno de los aspectos más perniciosos del presidencialismo y que la diputada María de los Angeles Moreno, con su novedosa teoría "de los pares y los nones", elevada a rango de sacralización universal de una ceremonia que alejada del esquema republicano y del equilibrio de Poderes, se coloca aún detras de lo hecho ya por ocho gobernadores, que apegados estrictamente a los textos constitucionales, entregaron por escrito su Informe y evitaron la suntuosa ceremonia de sumisión del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el pasado 1o. de noviembre ejerció sobria y enérgicamente sus derechos parlamentarios, decidimos no ocupar los lugares que nos correspondían en la Mesa Directiva, en la vicepresidencia y en la Secretaría, porque entendemos que la Mesa Directiva de la Cámara representa a todos los diputados no sólo a uno de ellos o a determinado partido; por eso elevamos nuestras más enérgicas protesta porque los diputados del Partido Revolucionario Institucional de la Mesa Directiva asumieron actitudes cortesanas que no van acordes con su investidura.
Además la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, al contestar a la solicitud de uso de la palabra del senador Porfirio Muñoz Ledo dijo, cito textualmente: "se hace notar que las interpelaciones sólo se dan entre pares y este no es el caso". Al respecto quiero citar aquí la reflexión pública que hizo Carlos Monsiváis, cito:
"El entusiasmo del aplauso me obliga a revisar la frase de la diputada Moreno, si lo que quiso fue recordar una disposición administrativa debió ser precisa; de otra manera al darle a su frase un aire de aplicación universal, lo que ella hizo fue aportar no con la intención, si con la actitud, fue una nueva teoría del Presidencialismo, la condición unánime, infalible, incontestable. Del presidente sólo sujeto al diálogo en la Cumbre Iberoamericana".
Nunca nadie, de acuerdo a esta teoría, podrá criticar al Presidente, porque la crítica es una interpelación y jamás el Presidente del país estará a la par de persona alguna; ahora que si la diputada Moreno nada más quiso aplicar el Reglamento, debió llevar en sus tarjetas esa otra memoria indispensable, la del artículo correspondiente, porque al ser tan estrictamente política, su generalización incorpora el respeto debido a la sacralización.
Evidentemente, concluyo la cita, la diputada Moreno hizo una afirmación errónea y peligrosa, sólo explicable por la inercia autoritaria que todavía permea en muchos de los aspectos del sistema político mexicano; casos como el anterior y otros más demuestran que desde el priísmo no se quiere afrontar en condiciones diferentes del libre juego democrático ni la agenda electoral de 1993, pero mucho menos las elecciones
federales que servirán para la sucesión presidencial de 1994.
Tanto a nivel nacional como en el caso del Distrirto Federal el oficialismo se encuentra aislado en sus concepciones político-electorales pues la movilización cívica ciudadana y el resto de las fuerzas políticas reclaman una política de fondo, a lo cual el Gobierno se opone sistemáticamente pretendiendo evadirla con maniobras diversionisas, como la llamada Mesa de Concertación, que en lugar de ser un espacio de debate y reflexión para encontrar puntos de consenso es una máscara para posponer y distorsionar el reiterado reclamo de democracia.
El Partido de la Revolución Democrática desde el pasado 14 de julio presentó su propuesta de reforma política-electoral, nuestra iniciativa que incluye lo referente al Distrito Federal está hecha en tiempo y forma, esperamos al del Gobierno y su partido.
Emplazamos a Manuel Camacho Solís a que de inmediato entregue su alternativa si es que la tiene, para que haya materia de discusión. La reiterada negativa a hacer explícitas sus concepciones obedece a que son tan limitadas y superficiales que temen que rápidamente generen consensos pero en contra.
Las recientes experiencias electorales demuestran que ahí donde a habido competencia, el Régimen tiene cada vez más dificultades para imponer resultados manipulados; el miedo a convocar a elecciones para que los capitalinos podamos elegir a nuestros gobernantes, obedece a que en el corazón político del país puede generarse masivas protestas por la violación a la voluntad popular y que el sistema de dominación no quiere enfrentar.
Las desairadas elecciones de jefes de manzana del presente año demostraron que la mayoría de los ciudadanos no se encuentran en las actuales formas de representación ciudadana el canal adecuado para resolver sus problemas. Eso no se debe a que los habitantes del Distrito Federal no tengamos interés o fervor cívico.
El sismo septiembre de 1985 demostró lo que la ciudadanía es capaza de hacer cuando se le requiere. El ejemplo de civismo y de solidaridad, solidaridad de la buena, todavía esta presente en la memoria de quienes vivimos esa experiencia. Esa voluntad de cambio, decisión de participar y capacidad de servicio, deben aprovecharse para tratar de propiciar alternativas de resolución de los graves problemas que padece la ciudad más contaminada del mundo.
El gobierno y la administración de la gran urbe no pueden seguir estando suspeditados al centralismo derivado de un presidencialismo que justifica su existencia en la reforma constitucional de 1928, siendo Alvaro Obregón Presidente de la República, cuando la ciudad capital era mucho muy distinta a como es ahora.
Para avanzar en la planeación democrática de la restitución de los derechos políticos plenos para los capitalinos, se requiere además de un gobierno propio electo para el Distrirto Federal y un Poder Legislativo local en plenas facultades.
La reordenación urbana y la protección ecológica han estado sujetas a un funcionamiento basado en la prueba y el error. La crisis ambiental del invierno de 1991 y la primavera de 1992, hicieron evidente muchas de las afirmaciones oficiales carecían de fundamento, como por ejemplo que eran los vehículos automotores los principales responsables de la contaminación ambiental cuando también muchas empresas lo son, y en muchos casos, en mayor medida.
Sin dejar de reconocer el indudable esfuerzo para avanzar en la protección del medio ambiente, es evidente que sólo la participación concertada de la ciudadanía puede garantizar que las medidas que se tomen sean trascendentales y que puedan garantizar resultados positivos en el corto plazo y a largo plazo también.
Para ello se requiere de profundizar la cultura ecológica y disminuir las determinaciones cohercitivas que tienen efectos secundarios más graves que los males que se pretende atacar. Tal es el caso del programa "Hoy no circula" de uno o de dos días, que si bien ha servido para disminuir en esos días la emisión de contaminates, también es cierto que ha incrementado considerablemente el parece de vehículos particulares.
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que el Legislativo Federal discutirá en las próximas semanas, hará evidente que quedó hecho trizas el mito según el cual el gobierno de la capital del país no era financieramente sano y que por lo tanto no estaba en posibilidades de autonominzarse del Poder Ejecutivo Federal.
La Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal nació limitada de origen. No se trata como se ha dicho por voceros oficiales, de ampliarle sus facultades, sino por el contrario, se debe garantizar su desaparición para dar lugar a un congreso local con plenas facultades.
La obra pública y los proyectos principales de inversión como el Proyecto de Recuperación del Centro Histórico, el de la Alameda o de Santa Fe, han sido instrumentados sin tomar en cuenta adecuadamente a los ciudadanos afectados. Se debe garantizar que su voz sea escuchada y que sus intereses sean respetados.
En lo referente al transporte y a la vialidad, deben destacarse que según los datos del anexo del IV Informe de Gobierno, la flota vehicular de trolebuses, Ruta-100 y tren ligero, permanece prácticamente estancada, de 1991 a 1992, en tanto que la flota de minibuses y combis crece considerablemente, lo cual nos permite afirmar que se vivirán en los próximos años problemas agudos de mantenimiento y contaminación,derivados del desgaste y las absolesencia de estos vehículos.
El comecio en vía pública ha servido más para anuncios espectaculares de su regulación, que para medidas efectivas de control.
Lo mismo puede decirse de los programas de vivienda y seguridad social, pues deben destacarse por ejemplo que la campaña de manipulación es contra de las manifestaciones en la capital de la República, no tomó en cuenta que la principal responsabilidad en el retraso de la construcción de viviendas y que es la causa de muchas manifestaciones, es que las autoridades solicitan decenas de trámites para retrasar deliberadamente el otorgamiento del crédito correspondiente.
En seguridad y procuración de justicia, debe destacarse que a habido un repunte significativo en el número de posibles delitos registrados y que en nada justifica en que en la capital no se cuente con una Comisión Metropolitana de Derechos Humanos.
En lo referente al aspecto educativo y cultural, el Departamento del Distrito Federal sigue sin destinar la cantidad de recursos necesarios para la tarea educativa, contemplada en la Ley Federal de Educación. Además, el reciente Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Basica, no contempla medidas descentralizadoras de la administración educativa hacia el gobierno del Distrito Federal, lo cual constituye una limitación considerable para los fines que se pretenden conseguir.
Por la limitación que nos impone una intervención como está, no podemos profundizar en muchos aspectos de la problemática del Distrito Federal, pero no podemos de dejar de citar a Jordi Borja, que hace un aporte sustancial para el tipo de ciudad que aspiramos. Dice Jordi Borja: "El único sistema para producir una acción social y cultural que sirva en los sectores populares mayoritarios, es dotarlos de medios de expresión que le den identidad y fuerza; los criterios básicos para definir una política como progresista, es la de evaluar su capacidad de informar a los incumunicados, de llegar a los marginados, de organizar a los desorganizados, de dar identidad colectiva a los anónimos, de atribuir protagonismo a los subalternos, hacer difusión de masas de los bienes culturales de la élites, de promover creatividad de los que no saben que creen o pueden hacerlo y, en consecuencia, de dar fuerza social e influencia política a los que cotidianamente no la tienen."
Por eso que que decimos que se requiere en el Distrito Federal una reforma política con dimensión social, se trata de visualizar no sólo las nuevas formas de gobierno para la ciudad, sino de involucrar en el análisis los aspectos sociales de las reformas, par que éstas signifiquen la reformulación del habitat urbano; una política democrática con dimensión social en que la políticas públicas futuras estén diseñadas con planeación democrática.
Democracia para la ciudad supone llegar a todas las zonas, visualizar cada una de sus partes y dignificarlas. Una política democrática no puede marginar más aún a los marginados, se trata de acceder a todos los sectores sociales, priorizados ahora a los que mínimamente han participado de los bienes y servicios de la ciudad.
Con esa intención participamos de este esfuerzo, con el ánimo de vislumbrar una nueva ciudad democrática en todas sus vertientes y que nos considere a todos y a todas.
Una reforma política con dimensión social, atraviesa por un replanteamiento del modelo de desarrollo urbano.
Habitamos una ciudad desigual y dispareja, amplias zonas carecen de servicios indispensables, de condiciones mínimas de seguridad y de salubridad. Muchas familias a lo largo de la gran urbe, en las colonias populares, en los barrios, reúnen ellos solos toda la problemática de tipo social, la falta de empleo, la subalimentación, el hacinamiento, la falta de servicios.
Desde mi punto de vista, un esfuerzo democratizador de la ciudad debe comenzar por atacar esa disparidad económica entre sus habitantes, lograr aumentar la calidad de vida y concretar los derechos de la metrópoli,
medio ambiente sano, crecimiento planificado, vivienda digna, servicios suficientes, salud, cultura, recreación, educación, deporte, medios de transporte, fuente de trabajo, derechos ciudadanos, etcétera, es decir se trata de hacer una reforma urbana democrática, hacer más ciudad para más ciudadanos y ciudadanas.
Al igual se han elaborado proyectos específicos de planeación en zonas del Distrito Federal, como el proyecto Alameda, el programa Xochimilco, el programa Santa Fe y otros, se hace necesario analizar minuciosamente otras zonas, sobre todo las cinturas de miseria, para hacer un plan de desarrollo en cada uno de ellos. A eso me refiero con visualizar cada una de las partes de esta ciudad y dignificarlas, colonia por colonia, barrio por barrio, calle por calle, casa por casa inclusive. Tenemos que garantizar el bienestar al que toda persona tiene derecho.
Iniciativas para lograrlo se han venido expresando entre otros, por las organizaciones populares empeñadas en resolver o contribuir a resolver la problemática planteada; propuestas en torno a la política de vivienda que resuelven el déficit habitacional, y con él el hacinamiento, la violencia, la insalubridad y otros problemas que tiene la gente que carece de una vivienda propia; propuestas en torno a programas alimentarios, nutricionales y de abasto familiar, programas de salud, ecológicos y culturales.
En torno a la política de vivienda, quisiera enfatizar que el tamaño del problema requiere de acciones en la misma dimensión; las soluciones tiene que atacar las causas y éstas son principalmente dos: la escasez y consecuentemente la especulación con el suelo urbano, y dos, la falta de financiamiento suficiente.
Se afirma que la tasa de crecimiento del producto interno bruto se ha recuperado, que el país avanza en su consolidación económica, que vamos adelante y que la crisis se quedo atrás, sin embargo ese crecimiento no se refleja en los niveles de vida de la población. Los recursos deben traducirse en acciones de gobierno que mejoren la calidad de vida de los habitantes, por ello insistimos en que es necesario aumentar el presupuesto destinado a la vivienda, y además de tomar decisiones que detengan la especulación con el suelo y mejorar la oferta.
Las medidas contenidas en el convenio y los acuerdos para el fomento de la vivienda, vienen a constituir un importante coadyuvante en el abaratamiento del costo de la vivienda en el tiempo de ejecución, pero son un paliativo y no avanzas hacia la solución del problema. La redensificación representará una mejor utilización del espacio urbano, crecer verticalmente como han crecido las principales ciudades del mundo; dejar de ser una ciudad enana en más de un sentido, implicará nuevas e importantes oportunidades de tener acceso a la vivienda. Los estímulos fiscales y el abaratamiento y agilización de trámites repercutirá en una reducción de tiempo y el costo de la vivienda; sin embargo es necesario complementar estas medidas con la solución al problema del suelo y el financiamiento del mismo.
Se necesita también actualizar los planes parciales, condonar el pago de licencias y permisos a la gente de muy escasos recursos y exentar del pago de impuestos a los más pobres, simplificar requisitos y otras medidas semejantes.
Una de las zona de gran conflicto, son los municipios metropolitanos del Estado de México. Es necesario un acercamiento entre los gobernantes de la Ciudad de México y del Estado de México, para que juntos, con sus respectivas ciudadanías, diseñen el plan de crecimiento de esa zona.
El fenómeno migratorio del Distrito Federal hacia el Estado de México, obedece entre otras causas, a la notoria dificultad de acceder al suelo en el Distrito Federal. Ello es comprensible y no debiera provocar medidas arbitrarias y violentas, sino pensar en la solución.
Por ejemplo, la regularización de los asentamientos humanos, la saturación de los baldíos en el área, la combinación de recursos federales y municipales para urbanizar esa zona estratégica, abrir nuevas zonas de desarrollo urbano. El desarrollo de la capital debe ir acompañado del desarrollo de otras regiones en la misma proporción para que la población y el crecimiento demográfico encuentren opciones de vida no centralizadas.
Insistimos en una planeación zona por zona, sólo asi podrán evitarse tragedias y desastres como la sucedida el 22 de abril en la Ciudad de Guadalajara.
Al respecto no queremos dejar de mencionar como parcial e interesada la intervención y el señalamiento insuficiente del Presidente al respecto de este conflicto.
Nadie puede regatear al valor y al ejemplo cívico de la ciudadanía, especialmente de los tapatíos para afrontar la tragedia. Pero también es cierto
que hasta la fecha la Procuraduría General de la República no ha entregado el informe que debería haber entregado hace ya mucho tiempo; que esa tragedia, además del fervor cívico, puso en evidencia la negligencia, la complicidad, la corrupción, la decidia y la falta de voluntad política para resolver los problemas de los ciudadanos, el alejamiento del pueblo con respecto al Gobierno y la incapacidad del gobierno para hacer que los ciudadanos vivan con seguridad.
No dejaremos de insistir en que para el caso de Guadalajara se castigue a los responsables de las más de mil muertes y de los daños por centenares de millones de pesos.
Por eso insistimos en la planeación zona por zona y en la evaluación periódica, conjuntamente con la sociedad y los programas específicos.
Algo que parece estar olvidado es el mejoramiento de los barrios, los problemas y necesidades de los barrios, como en el Centro Histórico, no son sólo sus fachadas, sus plazas, sus toldos o sus marquesinas, es la basura, la drogadicción, la falta de agua, la escasez de alimento, la prostitución, el alcoholismo, la violencia, la falta de áreas verdes, en una palabra, la miseria.
No hay políticas que se planteen para resolver los problemas de los barrios ni de otros muchos lados.
La planeación y las políticas deben de ser integrales, considerar todos los aspectos y todos los derechos de los habitantes.
Los problemas de la ciudad son de tal magnitud que rebasan al gobierno. Quisiéramos que el gobierno entendiera que la ciudadanía capitalina es mayor de edad, que piensa, que opina, que proprone, que actúa y que por ser madura tiene límites y marca tiempos.
No podemos, la ciudadania capitalina conformarnos con la imposibilidad de elegir o ser legidos al gobierno de la ciudad, éste es un derecho de elemental democracia.
La forma de gobierno establecida para la ciudad, hay que insistir en ello, es antidemocrática y no satisface las aspiraciones de la ciudadania. Esta tiene que tener reconocimiento social y participación en las decisiones de la ciudad, mediante el establecimiento de una forma de gobierno democrática, la e lección de las autoridades, las instalación de un congreso local, el establecimiento de un régimen municipal y la instalación de un consejo metropolitano de planeación y desarrollo urbano.
Sobre esto último quisiera insistir en lo siguiente: los problemas señalados más arriba requieren de un tratamiento global en la zona metropolitana, de una administración pública unificada con un marco constitucional para tratar las cuestiones metropolitanas.
Planteamos la creación de un consejo metropolitano, electo por el pueblo, que tenga carácter de autoridad, que elabore las políticas globales de desarrollo de la metrópoli, planee el crecimiento, ordene el territorio, prefigure modelos de organización y urbanización futuros.
La planeación del desarrollo urbano sería el ejercicio político de este organismo metropolitano, pero no como un ente separado de la sociedad; tendría, necesariamente, que ser elegido por la ciudadanía, para que sea representativo y tenga sustento y efectividad.
Consideramos que falta una forma de Gobierno cuyos órganos administrativos estén en estrecha relación con la ciudadanía y sirvan par generar medios de vida y organización ciudadana en toda la urbe.
Falta que el Gobierno, con la representatividad y pluralidad suficiente, salga de sus recintos y vaya a la calle, a los barrios, a las casas de las gentes, palpe sus necesidades y adquiera compromisos, no en un sentido publicitario y populista, sino con la responsabilidad que da el haber sido elegido por la ciudadanía y deberse a ella.
Por eso, buscamos que la política sea también una acción social y contribuya a mejorar realmente las condiciones de vida de la gente.
Se ha insistido en que somos una oposición nostálgica del pasado carente de propuestas. Nada más falso. Tenemos muchas razonadas propuestas, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Lo anterior tiene que ver con algunos conceptos de Carlos Salinas, acerca del Estado, el liberalismo social, la democracia y la reforma política y de los cuales queremos señalar algunas opiniones.
Es cierto que, el Estado mexicano requiere modernizarse. Nadie en el Partido de la Revolución Democrática reclama el regreso imposible a etapas superadas del pasado nacional. Sin embargo, la reforma del Estado supone profundas transformaciones del conjunto del sistema político, orientadas hacia la consolidación de un sistema de partidos, con alternancia en el poder
e incluso formas de cogobierno, basadas en la representación proporcional y el equilibrio de poderes.
El concepto de liberalismo social, manejado por el salinismo, es una coartada ideológica en un grupo temeroso de llamara las cosas por su nombre y, por ende, proclive a los eufemismos.
El liberalismo, es una concepción clásica, pone en el centro de su articulación teórica al ser humano en lo biológico y al ciudadano en lo político, no como lo hace el régimen que se sustente en las corporaciones económicas y políticas nacionales y multinacionales.
La democracia, entendida en los términos del artículo 3o. constitucional, conforme a la reforma de 1946, no es sólo una forma de gobierno, sino de vida. No hay democrácia sin equilibrio de poderes, apego al federalismo, respeto al estado de derecho y justicia social.
Es largo el inventario de reformas políticas que el país ha vivido. Desafortunadamente casi siempre éstas han llegado tarde, después de experiencias traumáticas y a contrapelo de la opinión de quienes han gobernado y lo siguen haciendo.
¿Cuántos muertos tuvieron que existir para que se desaclarizara la Plaza de la Constitución y fuera un espacio de libertad?
¿Cuántos muertos para que hubiera diálogo público y para que se entendiera que el país tendría que transformarse en 1968?
¿Cuántos muertos habrá que pagar par que la sucesión presidencial de 1994 sea pacifica y en calma?
¿Cuál es la cuota de sangre que los gobernantes exigen para transitar a la democracia?
La reforma de la Revolución Mexicana no puede hacerse traicionando sus postulados fundamentales: el nacionalismo y la defensa de la soberanía, que en el concierto mundial fortalecen la unidad e identidad nacional,fundadas en la democracia y la justicia.
Pocas horas antes de morir, el 18 de mayo de 1992, en una carta para la democracia, dirigida al Movimiento Ciudadano por la Democracia, Salvador Nava Martínez dijo: "La instauración de la Democracia no se puede posponer por mucho tiempo, el reloj político también tiene sus horas contadas".
Esperamos que se entienda que no se trata de una cuestión menor; lo que está en juego son las condiciones en que México arribe al Siglo XXI y no se trata de provocar tensiones innecesarias. Siempre, siempre hemos estado dispuestos a buscar soluciones de fondo.
El 22 de octubre de 1992 en el encuentro citado por el Movimiento Ciudadano por la Democracia y en el que también intervinieron Luis Héctor Alvarez, del Partido Acción Nacional y Beatriz Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo: "Las fuerzas democráticas la oposición independiente han venido planteando la necesidad de la transición hacia la democracia".
Nadie está por una ruptura que significaría desquiciamiento de la vida política y mayores inestabilidades de la economía. Que se entienda bien, señoras y señores diputados, hace un año en los días previos al III Informe de Gobierno, el Partido de la Revolución democrática propuso llegar a un acuerdo nacional por la democracia; por su parte el Partido Acción Nacional, propuso un consenso nacional por la democracia. La respuesta oficial fue el silencio.
Hoy insistimos en la necesidad del diálogo para transitar hacia un nivel superior de convivencia política. Si en el Partido Revolucionario Institucional siguen prevaleciendo los regateos a la modernidad democrática, su llegada será dificil, pero tarde o temprano terminará por imponerse, transformando de fondo las bases mismas del sistema de partido de Estado. Muchas gracias.
El presidente: -Tiene la palabra el diputado Quinardo Meléndrez Montijo.
El diputado Quinardo Meléndrez Montijo: -Con permiso de la presidencia, señoras y señores diputados:
En los últimos cuatro años en México se han registrado cambios políticos importantes, sin embargo, existe una duda generalizada sobre si estos cambios corresponden realmente a un proceso de transición de un sistema autoritario a un régimen democrático. La política mexicana parece estar entrampada.
Por un lado, se haya sujeta al autoritarismo tradicional; por el otro, hasta hoy, la participación creciente de algunos sectores de la población ha sido insuficiente para revertir hacia la legalidad los procesos comiciales y la vida política nacional en su conjunto.
Como resultado de esta realidad, estamos viviendo peligrosos conflictos electorales que conducen a encrucijadas de inestabilidad y desorden, que dañan al avance de una sociedad con graves rezagos, lo que pudiera entenderse como una medida externa y de excepción, tiende a convertirse en una perniciosa regla.
A esto parece referirse el titular del Ejecutivo en su IV Informe de Gobierno al expresar que: la forma de mantener la conducción política del país y por tanto su soberanía respecto al exterior, es mediante el fortalecimiento de nuestro sistema político democrático para arribar a un sistema de partidos en un esquema competitivo y que no puede haber regreso al partido prácticamente único.
En Acción Nacional, sostenemos que para lograr ese esquema competitivo, ese sistema político democrático, se exige un cambio radical, de patas claras que determinen las formas y canales de acceso a los principales cargos de Gobierno que definen las características de los factores reales y determinan los recursos o estrategias que se pueden emplear para ganar tal acceso. Todo finalmente con el propósito de servir eficazmente al pueblo y rendir a éste cumplida cuenta del ejercicio del poder.
Se requiere, ciertamente, de un sistema competitivo de partidos, de sus sistema político democrático, de elecciones limpias, transparentes, imparciales, de efectivo respeto al sufragio libremente emitido, porque el problema político fundamental en México es la legitimidad y democracia. Porque señores, la falta de autoridades auténticas, comprometidas con su pueblo y capaces de estar prontas en la atención de sus reclamos y necesidades puede llegar a extremos que gráficamente se aprecian en tragedias como la de Guadalajara en la que la negligencia criminal de falsas autoridades es causa generadora de indescriptible dolor humano.
Estamos, por tanto, de acuerdo con que tenemos que consolidar la nueva cultura de respeto a los derechos humanos y de combate contra la impunidad, confirmar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como institución respetada por los órganos del Poder. Estamos a favor inclusive de las funciones como programa social emergente del Programa Nacional de Solidaridad y de consolidarlas pero, a la vez afirmamos que, sin solución al problema de legitimidad democrática, la constante violación de derechos humanos continuará, así como la impartición de justicia desigual para el pobre y el marginado, y la utilización de programas sociales como instrumentos políticos.
En el Informe se observa una constante referencia a la política interna, donde se expresa preocupación por el desenlace de los eventos políticos ocurridos en el año y vinculándola más que en otras ocasiones que la cuestión internacional.
Así se busca que nuestra nación sea respetada en cuanto crece a la democracia Afirma inclusive, que los hechos políticos en México pueden ser causa de intervención extranjera, citaré sus palabras: "Firmeza política frente a quienes desde afuera quisieran tener pretexto para intervenir en nuestro país"
Se observa entonces la existencia de dos temas que preocupan e impulsan al Ejecutivo: la conflictiva interna y las pretensiones intervensionistas del exterior. Es recurrente el documento en trasladar la responsabilidad de los hechos políticos. Así, en el Informe quedó de manifiesto algo que de alguna manera se había sentido a lo largo del sexenio: los cambios políticos en México se dan siempre y cuando todo quede bajo el mismo control. El ritmo, la velocidad, la intensidad de estos cambios, quedan confiados a la incapacidad o capacidad organizativa y de movilización de los partidos que no son otros que los de oposición.
Bajo este esquema, la propuesta y la concreción de los cambio se subordinan al consenso de los partidos; en un proceso de apertura democrática es el consenso partidista, según el criterio presidencial, la única vía posible de transición segura y definitiva; pero es un sistema como el nuestro, si no se establece antes de la búsqueda del consenso una clara y tajante separación entre el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno, el consenso sólo, será un pretexto para mantener a las reformas bajo el control del Gobierno y serían logrados cambios en la medida que los intereses creados sean capaces de soportar modificaciones, que ciertamente no seran sustantivas.
Por lo que le toca a los tres grandes temas en los que se propone avanzar, mientra se logra el consenso ya citado, es necesario precisar que ciertamente son condiciones necesarias de cualquier democracia, sin los cuales México no podrá considerarse como país que se carateriza por la competencia electoral equitativa; en otras palabras, de lograrse la transparencia en el financiamiento de los partidos, los límites a los gastos de campaña, el acceso equitativo a los medios de comunicación, y la auténtica imparcialidad de los órganos electorales, sin duda, habremos avanzado a la democracia.
Empero, el cambio de fondo que reclama la sociedad, entraña el compromiso serio de la autoridad para que sea garante de la Ley y no puede abandonarse todo el consenso de los partidos.
El compromiso público y verificable del poder real, es deber moral, socialmente exigible. De diversas formas el documento presidencial señala que todos debemos poner algo de nuestra parte; que debemos avanzar juntos; que hay que tener capacidad de crear y renovar compromisos. Entendemos a que se refiere el Presidente con ello, por el momento podemos decir que el Partido Acción Nacional ha mostrado responsabilidad en su comportamiento político y ha sido impulso fundamental a la democratización del país.
El Gobierno parece querer estabilidad y resolución interna de conflictos electorales, y formula una propuesta aún incierta; si bien con inclusión de rubros específicos. Nosotros queremos democracia; para la genuina estabilidad política y la vigencia plena de la soberanía.
En Acción Nacional somos capaces de asumir y cumplir apegados a la ética y lo hemos demostrado. El Gobierno es el que no ha cumplido a cabalidad, su deber de garantizar comicios apegados a derecho. Muchas gracias.
El presidente: -Tiene la palabra el diputado Agustín Basave Benítez.
El diputado Agurtín Basave Benítez: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
La modernización en México, según muchos pensamos, implica en buena medida, dejar de ser un país de reglas no escritas, para convertirnos en un país de reglas escritas.
Ciertamente, esto puede aplicarse en muchos aspectos a la vida nacional, pero si en alguno constituye un asunto vital, es en el de la política. El problema de nuestro tiempo es el problema de la certidumbre, de la claridad en el juego político, de normas incontrovertibles que a todas las partes apliquen por igual, que todas las partes cumplan y con todas las cuales todas las partes sepan exactamente a que atenerse.
He aquí, a juicio mío, el trasfondo del mensaje que en la política interior nos dio el Presidente Salinas en su IV Informe de Gobierno: "Es hora de consolidar, dijo hora de que todos cumplamos con la Ley de nuestro compromiso democrático. Los cambios deben darse primero en actitudes. El primer paso es cumplir con la normatividad para afianzar así, los avances logrados. Y sobre todo cumplir con las reglas para dejar de lado las excepciones". La tesis es correcta. Sin duda el camino de nuestra transición democrática pasa por la legalidad; no hay atajos; hay, si, perfectibilidad de nuestra legislación electoral. Pero su imperfección no puede usarse como pretexto para violentarla Aquí no hay legitimidad ilegal que valga. Y el solo hecho de que se le considere como posibilidad, constituye un retroceso grave.
Si los comicios son parte fundamental de la democracia y ésta es el centro de toda política moderna, desdeñar en ellos lo alcanzado en áreas de lo que pudiera alcanzarse, representa políticamente hablando, la distancia más corta hacia premodernidad.
Y aquí quisiera hacer una breve digresión para aclarar dos puntos.
Primero, en torno a las lecturas que de la actitud y las palabras de la Presidenta de esta Cámara se han hecho, en torno a la respuesta al intento de interpelación en el Informe Presidencial. Cuando la Presidenta dijo que las interprelaciones, que los diálogos se daban entre pares y que éste no era el caso, se refirió evidentemente a que el Reglamento lo consigna, los diálogos se dan entre los miembros de una mismo cuerpo colegiado.
Por lo demás y me parece importante decirlo, cuendo se habla de que no son pares las dos personas que estaban en cuestión, no se está refiriendo a superioridad o preeminencia, sino a distinción porque el nuestro no es un régimen parlamentario, sino presidencial, y las personas que estaban en un presunto o pretendido diálogo, no eran miembros del mismo poder,
Y por otro lado y en relación a la reforma política del Distrito Federal, quisiera solamente decir que me parece clara la voluntad política de avanzar hasta donde la sociedad, que no necesariamente cada uno de los partidos políticos quiera; sin más limite que este: la voluntad de los habitantes de la ciudad de México.
Ahora bien, el Informe Presidencial habla de un compromiso de todos. Y en efecto, cada uno de los actores políticos tiene algo que aportar: El Gobierno la sociedad, los partidos . El primero y la segunda son, desde luego, factores claves
en el éxito de los procesos electorales. Pero son los terceros los que hoy tienen ante sí el mayor desafío. Los partidos se enfrentan en plena crisis de la partidocracia, el reto de estar a la altura de la nueva cultura política que exigen las nuevas circunstancias. Y cuando digo los partidos, me refiero a todos los partidos, incluyendo al gobernante y a los opositores.
Para el Partido Revolucionario Institucional, una vez superado el régimen de partido virtualmente único, el cambio empieza en el reconocimiento de la nueva competencia electoral y en al aceptación de condiciones equitativas en la nueva competencia electoral y en la aceptación de condiciones equitativas en la contienda. Los priístas debemos comprender el signo de los tiempos y hacer de la competitividad uno de nuestros máximos objetivos.
Los partidos de oposición, por su parte, también tienen que cambiar de mentalidad; por encima de actitudes contestarias, su responsabilidad es no lucrar electoralmente con una crisis de credibilidad, producto de los desaciertos del ayer. Medrar a expresas del pasado, es perpetuarlo, y lo que los mexicanos queremos, todos, es progresar. Empecemos, pues, por admitir avances.
El hecho de que el reclamo predominante entre la oposición ya no sea el respeto al voto, sino la igualdad de condiciones en las campañas, es un síntoma de avance.
Si en ese nuevo escenario se considera que el voto es indebidamente inducido que se discuta la forma de evitarlo como siguiente punto en nuestra agenda democratizadora, pero que no se recurra al encono desestabilizador, argumentando la violación de reglas que se cree deberían de estar escritas.
Sea por lo que sea, descalificar el sufragio justo cuando se consolida como única fuente de legitimidad, no beneficia a la democracia. Y aquí está precisamente el meollo del asunto. No podemos aceptar una democracia que deje de contar los votos para contar los decibeles de gritos en plazas, los kilómetros en marcha de protesta o las líneas ágata en la prensa.
Se equivocan quienes apuestan a las presión poselectoral; privilegiarla trae las peores consecuencias a cualquier sistema electoral, porque desestima todo aquello que la sociedad demanda la selección de un buen candidato, la definición de una oferta política adecuada, la realización de una campaña de penetración, y por supuesto, el respeto del orden legal como punto de partida.
El corolario natural de semejante criterio es hacer de la ingobernabilidad la suerte suprema de la democracia. En otras palabras, trasladar la manifestación de la voluntad popular de las urnas a las mantas y, en vez de propiciar el ingreso del votante a la casilla, impedir el del gobernante a su oficina.
La justificación teórica es tan obvia como falaz. Los votos sí pueden ser manipulados; los plantones no. Hacer ingobernables un Estado se torna así en la prueba irrefutable de triunfo. Apenas es necesario señalar la endeblez de tal visión de las cosas.
¿Cuántas personas se necesitan para provocar ingobernabilidad? Basta una minoría, sin duda, siempre y cuando se apoye en la aquiescencia tácita de una mayoría pasivamente escéptica, desmotivada para defender su voto. Y aquí se cierra el círculo. Con la capitalización de la crisis de credibilidad se vuelve al origen del problema y con él se hace evidente su solución. La transparencia que haga estéril el campo social para la siembra de la duda.
Por eso tiene razón el Presidente, cuando afirma que las excepciones no pueden ser la regla. No pueden serlo, so pena de resquebrajar nuestro proceso democrático. Las situaciones de excepción, justificable o no, deben tratarse como tales; pretender convertirlas en modelo a seguir, equivale a dar marcha atrás.
La legalidad es a toda luces el mejor antídoto contra esas deformaciones de la democracia. No una legalidad estática, inmutable, pero sí una que se respete en tanto esté vigente. Y en todo caso, una legalidad que se transforme en la legalidad.
En este último tema se inscribe por cierto la posición del Presidente de la República, en el sentido de que si los partidos lo juzgan pertinente se modifique la legislación electoral. Si bien lo prioritario es el acatamiento de las normas existentes, el Informe del Ejecutivo reconoce su margen de perfeccionamiento en torno a la regulación de tres puntos: Del financiamiento de los partidos políticos, de sus gastos de campaña y de su acceso a los medios masivos de información.
La fracción que represento considera conveniente analizar no sólo esos tres puntos, sino todos aquellos que contribuyan a la inobjetabilidad de los resultados electorales.
La lista no es ni pretendió ser exhaustiva, y así la entiende mi partido. Discutamos pues la agenda de la nueva reforma política. Pero hagámoslo refrendando nuestro compromiso con el orden
legal y con la voluntad democrática de nuestro pueblo. Fomentemos la coparticipación y la corresponsabilidad. Concertemos dentro de los cauces de la Ley y cumplamos los acuerdos. Y aceptemos, ante todos, la preeminencia de los intereses de la sociedad por sobre particularismos partidistas.
¡Enhorabuena que se reconozca la pluralidad¡ ¡Con sus derechos, pero también con sus obligaciones! ¡Con ella y no a pesar de ella avanza nuestro proceso democrático! ¡Sigamos pugnando por mejorar, poniendo el consenso por encima del disenso! ¡Apoyados en el respeto a la discrepancia, impulsemos a un México cabal, sin mutilaciones o divisiones lacerantes!
¡Porque sólo así, compañeras y compañeras diputados, podremos lograr que esta nación sea cada vez más grande y más justa! Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente:- Se ha agotado la lista de oradores del segundo turno.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente:- Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Fernando Lugo, para hacer un comentario sobre el proceso electoral en Tamaulipas
El diputado Fernando Lugo Hernández:- Señor Presidente, compañeros diputados.
He pedido hacer uso de la palabra para dejar constancia en esta tribuna nacional de la situación actual que prevalece en el Estado de Tamaulipas, con motivo del desarrollo de los actos preparatorios y futura jornada electoral, en la cual se habrán de elegir 43 planillas para la renovación de ayuntamientos, 19 fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y siete de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado, así como la elección de gobernador.
Lo hago porque considero importante para la nación que se tenga conocimiento, claro y amplio, de las condiciones en que los tamaulipecos enfrentamos las elecciones, a efectuarse el segundo domingo del mes de noviembre.
Lo hago también porque la sociedad nacional exige que se le informe, amplia y detalladamente, sobre los acontecimientos políticos electorales que habrán de incidir positiva o negativamente en su evolución. Porque debe existir por parte de las autoridades, sean éstas municipales, estatales o federales, un verdadero respeto a este derecho; lo hago también porque es en esta tribuna donde concurre la representación nacional de la que formo parte, la que debe conocer el comportamiento sociopolítico en todo el país así como los problemas que afectan la evolución natural y el proceso del pueblo.
El gobernador del Estado de Tamaulipas, el señor Américo Villarreal Guerra, ha reiterado en varias ocasiones el propósito de perfeccionar la estructura jurídica de la entidad a efecto de que responda a los cambios y exigencias actuales. No obstante lo anterior, Tamaulipas sigue siendo uno de los estado de la Federación que está al margen de los avances alcanzados en otras entidades del país en materia de legislación electoral.
En el año de 1989 el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó la Ley Electoral vigente que lo incorpora a la pluralidad política, el consenso social y las expresiones democráticas. En esta Ley se estableció que la conformación de la Comisión Estatal Electoral, según su artículo 69 de la misma, fuera de la siguiente manera: un Presidente, el secretario general de Gobierno o persona que designe éste, dos comisionados del Poder Legislativo, dos comisionados del Poder Ejecutivo, un comisionado municipal, un comisionado de cada uno de los partidos políticos.
Como puede apreciarse, en el Estado de Tamaulipas el órgano encargado del cumplimiento de las normas constitucionales de la Ley Electoral y demás disposiciones que garantizan en su caso el derecho de participación política de los ciudadanos y responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, es la Comisión Estatal; es decir, no se ha modificado la Ley para que sea congruente al menos en lo que corresponde a los avances contenidos en el al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes electorales de otros estados.
Tampoco en el Estado de Tamaulipas están presentes en los organismos electorales los consejeros ciudadanos que hacen más equitativa la integración y la toma de decisiones en estos órganos; tampoco en el Estado de Tamaulipas prevé que las sesiones de los organismos electorales sean públicas; tampoco en la legislación electoral que a los miembros de las mesas directivas de casillas les sean tomadas las protestas; tampoco existe un órgano electoral en el Estado que se encargue en todo caso de la capacitación de funcionarios de casilla, sino que esta atribución se le encomienda al Presidente de la Comisión. En Tamaulipas es el Presidente de la Comisión Estatal Electoral el que designa a los presidentes,
secretarios y vocales de los comités distritales y municipales. En el Estado de Tamaulipas son los presientes de los comités distritales los que designan, a propuesta de los comités municipales, a los presidentes, secretarios, propietarios y suplente, de las mesas directivas; es decir, en esto no participan los partidos políticos, como tampoco se hacen estas designaciones por insaculación.
Como puede notarse, esta secuencia, la designación de funcionarios electorales provoca una típica reacción en cadena de arriba hacia abajo; las designaciones tienen un vicio de origen, no son democráticas.
Además, la legislación electoral establece que para la entrega de los paquetes electorales el plazo será de 18 horas, tratándose de casillas urbanas; de 32 horas, tratándose de casillas rurales; es decir, son demasiadas las horas en que permanece en poder de los funcionarios con el consiguiente riesgo de manipulación.
En el Estado de Tamaulipas, en el actual momento preparatorio de la elección, los organismos electorales están funcionando de manera muy deficiente, además actuando de manera parcial en sus decisiones.
Muchos de estos organismos electorales, todavía hace algunos cuatro días, se encontraban cerrados, incluso el mismo día límite para entregar los nombramientos para el registro de los representantes de partido y candidato ante las mesas directivas de casilla. Otros comités llevan a cabo sus sesiones en lugares como son restaurantes, etcétera, por causas que desconocemos los locales de los mismos permanecen cerrados; otros más ocupan instalaciones totalmente inseguras como para la realización de los trabajos el día de la jornada electoral, como son el resguardo y custodia de los paquetes electorales que se reciben en ese día; muchos presidentes de esos comités no tienen idea de la responsabilidad que se les encomendó, toda vez que ni siquiera se les capacitó para el desempeño de la función.
Así tenemos que muchos de ellos, incluso se niegan a recibir los escritos de inconformidad u otros que hemos intentado interponer en los términos de Ley.
Tenemos por ejemplo que en el municipio de Ciudad Madero Tamaulipas, el Presidente del Comité Municipal Electoral desconoce la personalidad de nuestros comisionados, negándoles el derecho para actuar y participar en las decisiones que son competencia del comité.
En otros, como en Villa de Casas, Nueva Ciudad Guerrero, les niegan el derecho a los comisionados para participar, incluso estar presentes en el conteo de boletas y demás material electoral.
Otros comités municipales tanto como distritales, mantienen abiertas sus oficinas dos o tres horas al día, por que sus titulares están realizando trabajos de campaña, tal es el caso de los municipios de Jaumave, Palmillas, Mitihuana, Jiménez, Abasolo, Casas, Hidalgo, Mainero y Villagrán.
Todas estas situaciones y otras que por respeto al tiempo he omitido, han llevado a mi partido y al de la Revolución Democrática, a solicitar a la Comisión Estatal Electoral lo siguiente:
Uno. Que se eliminen el 10% adicional en las boletas que se entreguen a cada presidente de las mesas directivas de casilla.
Dos. Que se supriman las casillas extraordinarias o en todo caso, que se determine a los electores que tengan derecho a votar en cada una de ellas.
Tres. Que donde sea necesario se establezcan las mesas directiva contiguas y que el padrón de las mismas se separe alfabéticamente, haciendo lo mismo en cuanto a la cantidad de boletas.
Cuatro. Que se permita que un representante de los partidos políticos acreditados, firme las boletas antes del inicio de la votación.
Cinco. Que la tinta indeleble que se utilice sea de calidad y que su aplicación general sea de forma tal que impregne debidamente el pulgar del elector.
Seis. Que se sustituya a los presidentes de los comités municipales y distritales electorales, que se ha detectado que abiertamente están haciendo promoción a favor de algún candidato.
Siete. Que se devuelvan a los obreros que trabajan en las maquiladoras y en general, las credenciales de elector que les fueron recogidas por el sindicato.
Ocho. Que el día de la elección se eviten actos de coacción, presión o soborno, a los electores, incluyendo los anunciados desayunos partidistas y promocionales.
Nueve. Que se publiquen en todos los periódicos el día de la elección, la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla que se instalarán en cada distrito y en todo el Estado.
Diez. Que los paquetes electorales sean entregados inmediatamente ante el Comité Municipal Electoral y Distrito correspondiente y que
puedan ser custodiados también por los representantes de partidos y candidatos.
Exigimos respeto a la decisión que el pueblo exprese en las urnas el próximo 8 de noviembre.
Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: Con su permiso, señor Presiente, honorable Asamblea:
Creo primero necesario expresar que el proceso electoral local de mi Estado, concierne en exclusiva a los tamaulipecos, no es objeto de este Congreso nacional; aunque entendemos que se busque exponerlo aquí como foro político Por ello y por la alocución del diputado Lugo, me permito formular aquí algunas reflexiones en torno a esas elecciones.
Tamaulipas, en efecto, se encuentra en pleno proceso electoral. Los priístas, mi partido, los candidatos y las autoridades, han convocado a un proceso para que éste se enmarque en el contexto de la civilidad política, de la madurez política, a que sea un proceso tranquilo, sin provocaciones, sin exceso, que sea un proceso de altura.
Los tamaulipecos anhelamos, pero también exigimos, que todos quienes en la contienda participemos, unos como electores otros como postulados, nos convirtamos en celosos guardianes de la limpieza y tranquilidad de las elecciones del próximo 8 de noviembre.
Sabemos, tenemos muy claro, que vivimos otros tiempos, tiempos que son distintos porque hay un electorado más demandante, exigente e informado, que está pendiente y analítico de las ofertas políticas de cada partido, de sus plataformas y, por supuesto, de los candidatos, para manifestarse en las urnas de acuerdo a sus análisis, con sus preferencias electorales.
Esto lo saben los candidatos de mi partido , y puedo afirmar, porque hemos estado recorriendo mi Estado en las diversas zonas y en las ciudades y haciendo campaña con nuestros candidatos, que están realizando campañas intensas, muy intensas, sin promesas y sí, con compromisos, compromisos de seriedad, compromisos derivados del conocimiento real de los problemas y de sus causas y con propuestas concretas de solución a nivel comunitario, municipal, regional y sectorial.
Efectivamente, los partidos, algunos de los partidos de oposición han presentado una serie de consideraciones y de solicitudes a la Comisión Estatal Electoral, y efectivamente las comisiones, muchas de ellas, están tomadas en mi Estado.
Esta foto es el plantón de la coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática en Ciudad Victoria, en las afueras de la Comisión Estatal Electoral. Es una docena de personas, con niños incluso. Más parece la mesa de casilla de alguna elección anterior, que un plantón. Así se impide trabajar a la Comisión Estatal Electoral, que ha tenido que trasladarse a otros lugares para poder continuar, a cinco días de la elección, a los trabajos tan serios que demanda la reunión plural de los diversos partidos políticos.
Respecto a esta situación que plantea mi compañero legislador Lugo, respecto a la falta de apertura democrática en mi Estado en torno a la legislación y que a la legislación le falta esto y le falta esto y le falta acá y más allá, ¿será acaso que los compañeros legisladores del Partido Acción Nacional se conforman, que pertenecen al Estado del Tamaulipas no pueden presentar una iniciativa de reformas a la legislación electoral, en el sentido de lo expresado por el orden con toda seriedad? ¿Por qué no se hizo en su tiempo? ¿Por qué se viene aquí a pretender modificaciones electorales a un semana de las elecciones?
Yo quisiera aludir al derecho, a la atribución de los compañeros legisladores locales en mi Estado, del Partido Acción Nacional, para presentar las propuestas conducentes, ¿o qué sólo el señor gobernador del Estado puede presentar iniciativas de Ley?
No se autolimite. Estoy segura, me consta, que en mi Estado existe la suficiente apertura democrática para atenderlos, y ruego seriedad de los compañeros para que presenten en tiempos, forma y en el lugar adecuado estas iniciativas que vienen a presentar ante el Congreso Nacional.
Hay una serie de solicitudes que en efecto ha formado el Partido de Acción Nacional y el partido con el que se coaligaron, el Partido de la Revolución Democrática, ante la Comisión Estatal Electoral sobre diversos temas. Quizá no voy a contestar en el mismo orden en que presentó el compañero Lugo la lista de planteamientos que se han hecho ante la Comisión Estatal Electoral, pero quisiera responder puntualmente a ellos.
Primero, se solicitó la creación de casillas especiales de la misma naturaleza y funciones que las que se prevé en el Código Federal de
instituciones y Procedimientos Electorales, así como que en consecuencia se suprimiera la distribución del 10% adicional de boletas electorales a las mesas directivas de casillas y el empleo de las listas adicionales.
Sobre el particular, la Comisión, con el voto en contra de la coalición, acordó desechar la propuesta en razón que su aprobación iría en contra de disposiciones expresas de la Ley Electoral del Estado, que contienen el procedimiento a seguir.
Segundo. Solicitó la coalición que se le reconociera el derecho de tener representantes ante las mesas directivas de casilla, tanto por cada uno de los partidos políticos que integran la coalición, como por la coalición misma. Lo anterior ya había sido planteado en sesión del 7 de octubre por la coalición, habiéndose acordado por la Comisión, con la misma votación, que en aquellos casos en los que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática tuvieran candidatos propios, tendrían un representante cada partido, y en caso de la elección de gobernador, el representante de la coalición lo sería cualquiera de los dos designados.
Tercero. Que la segunda publicación de las listas de ubicación y de funcionarios de las mesas directivas de casilla, se haga en los periódicos de mayor circulación de cada distrito, y que se publique también el día de las elecciones, el día 8 de noviembre.
Lo anterior fue acordado favorablemente y se harán las publicaciones en los términos propuestos y por supuesto acordados.
Cuatro. Que se integre una subcomisión que investigue, y en su caso corrija el hecho de que algunos ciudadanos y candidatos del Partido Revolucionario Institucional han recogido credenciales de elector a los ciudadanos.
En virtud de que no se presentaron evidencias sobre los hechos denunciados, se acordó en la Comisión recomendar a los partidos que tuvieron conocimiento de hechos de tal naturaleza, formularán la denuncia penal correspondiente ante las instancias adecuadas.
Quinto. Que la Comisión Estatal Electoral y los comités distritales y municipales electorales, informen a los partidos políticos los datos de los auxiliares administrativos, y que los auxiliares electorales sean nombrados por el Presidente a propuesta de los comisionados de los partidos políticos.
A este respecto se instruyó a los comités municipales electorales, proporcionar a los partidos políticos la información solicitada, y en cuanto a la designación de los auxiliares electorales, éstos ya habían sido designados, independientemente de que la Ley Electoral faculta al Presidente de la Comisión Estatal Electoral para designarlos.
Sexto. Que los comités municipales electorales canten los resultados conforme se vayan recibiendo los paquetes electorales. Lo anterior fue aprobado por la Comisión.
Séptimo. Que se evite la remoción indiscriminada de funcionarios electorales. Quedó establecido que nunca se ha dado la remoción indiscriminada de funcionarios electorales, sino cuando se ha dado causa para su destitución.
Octavo. Que la Comisión haga un pronunciamiento que declare como ilegales y violatorios del artículo 187 de la Ley Electoral los desayunos organizados por el Partido Revolucionario Institucional el día de la jornada electoral.
La Comisión acordó remitir una resolución que establezca que, de acuerdo a la Ley, dichos desayunos no son iguales, pero recomendar a todos los partidos políticos contendientes, se abstengan de realizar actos de proselitismo durante la jornada electoral y durante los tres días previos como lo ordena la Ley.
Noveno. Que se eliminen las casillas extraordinarias o se divida el padrón en las zonas rurales.
Sobre este particular se acordó en el seno de la Comisión recomendar a los comités distritales hacer una revisión minuciosa de dichas casillas y eliminar las que fueran innecesarias, lo que ya se está llevando a cabo.
Décimo. Que se entreguen a la brevedad las listas nominales definitivas de todo el Estado a los partidos políticos.
Lo anterior se acordó favorablemente y se le dio cumplimento.
Compañeros legisladores: Nosotros consideramos que este foro debe servir también para debatir los asuntos políticos del interés de los partidos. Pero pensamos que deben hacerse también en su tiempo.
Las elecciones en Tamaulipas todavía no se realizan. Nosotros queremos apegarnos al derecho, queremos apegarnos a la legislación que aprobaron por unanimidad en su momento todos los partidos políticos, y queremos apegarnos a la civilidad y a la madurez política que demandemos de ustedes.
Muchas Gracias.
El diputado Francisco Gárate Chapa (desde su curul):- Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Francisco Gárate Chapa, y le recuerdo que para hechos son cinco minutos.
El diputado Francisco Gárate Chapa:- Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
Es curioso que la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, señale que esta representación nacional, que en esta representación nacional no deben de discutirse problemas electorales de las entidades.
Y es curioso, porque la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, durante la Comisión Permanente subió a tribuna, precisamente para hacer referencia al caso de Baja California.
Pero , señores diputados, yo creo que todos nosotros somos diputados de la nación y nos interesa lo que en cada una de las entidades de nuestro país está sucediendo, no sólo en cuestiones sociales, sino también en cuestiones políticas, en cuestiones electorales.
Yo creo que, todos nosotros debemos de tener un compromiso serio con la democracia, y creo que también tenemos el derecho de gritar aquí de denunciar, siempre que estén presentando violaciones a nuestra legislación, ya sea la federal o la local; tenemos derecho de gritar aquí cuando haya o existan ordenamientos injustos, y es el caso de la legislación de Tamaulipas.
Y no hay que olvidar que Acción Nacional, en 1988 y en 1989, a nivel federal, presentó una serie de propuesta de reforma electoral, y en casi todos los estados también lo ha hecho, y si muchas de estas reformas o propuestas electorales no han sido aprobadas, ha sido porque el gobernador en turno, y en el caso específico de Tamaulipas porque el gobernador de su partido, no las ha querido aceptar, (Aplausos).
Yo, de lo que dijo la diputada, desprendo que a ella no le interesa si en Tamaulipas hay condiciones antidemocráticas; las quiere minimizar.
Sin embargo, yo le quiero recordar que el señor Presidente, en su Informe, habló de procesos transparentes y se refirió en concreto, o se quiso referir en concreto a los procesos electorales locales, y es lo que el diputado Lugo quiso venir a decir: que en Tamaulipas las condiciones dadas no son para proceso electoral transparente.
Gracias. (Aplausos)
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):- Pido la palabra, señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente:- Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, la diputada Laura Alicia Garza Galindo, recordándole que tiene cinco minutos.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:- Gracias, señor Presidente:
En realidad es mucho cinco minutos para lo que vengo aquí a expresar. A mí sí me interesa mucho mi Estado; yo no sé si quien me antecedió en el uso de la palabra sea tamaulipeco. A mí me duele mi Estado.
Y les quiero decir que la Ley Estatal Electoral se aprobó por unanimidad en 1989; no sé si se quedaron cortos en sus propuestas, o se les ocurrieron ahora.
Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente:- Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas:- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LV legislatura.
Orden del día
5 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Yucatán.
Análisis del capítulo de Política Económica y Social.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta."
El Presidente (a las 9.15 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 5 de noviembre a las 10.00 horas.