Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921112 - Número de Diario 7
(L55A2P1oN007F19921112.xml)Núm. Diario: 7ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registro como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Héctor de Atuñano y Lora
AÑO II México, D.F., jueves 12 de noviembre de 1992 No 7
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Punto de acuerdo propuesto por el diputado Gilberto Rincón Gallardo respecto de la guerra civil. De enterado. Se turna al Ejecutivo para los efectos correspondientes.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Aguascalientes, a la sesión solemne en la que el Gobernador de esta entidad, rendirá su sexto informe. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
INICIATIVA
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de dicha Ley. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
PROPOSICIÓN DE NOMBRE PARA LA SALA DE SESIONES
Toma la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, para presentar una iniciativa a fin de que la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, lleve el nombre del Presidente Benito Juárez García. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Cultura y de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, los cinco primeros, y del Reino de España, el último. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE AGUAS NACIONALES (I)
De la Comisión de Asuntos Hidráulicos, con proyecto de Ley de Aguas Nacionales. Se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el diputado José Guadalupe Enríquez Magaña.
Para su discusión en lo general, suben a la tribuna los diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
José Luis Canales de la Vega, en pro.
Leonides Samuel Moreno Santillán, para fundamentar su posición.
Elpidio Tovar de la Cruz, en contra.
Abundio Ramírez Vázquez, para fundamentar su posición.
COMUNICACIÓN
Del diputado Servando Hernández Camacho, por la que informa de su reincorporación a sus labores legislativas. A las catorce horas con diez minutos, queda reincorporado.
LEY DE AGUAS NACIONALES (II)
Prosiguen con la discusión los diputados:
Guillermo Díaz Gea, en pro.
Juan Luis Calderón Hinojosa, para fundamentar la posición de su partido.
RECESO
Continúan con el debate los diputados:
Jesús Octavio Falomir Hernández, en pro.
Francisco Hernández Juárez, en contra.
Jaime Ríos Velasco Grajeda, en pro.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra.
Alejandro Ontiveros Gómez, en pro.
Miguel Angel León Corrales, en contra.
Crescencio Pérez Garduño, en pro.
Josafat Arquímedes García Castro, en contra.
Juan José Rodríguez Prats, en pro.
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra a los diputados:
Francisco Dorantes Gutiérrez
Héctor Ramírez Cuéllar
Elpidio Tovar de la Cruz
Josafat Arquímedes García Castro
Se aprueban en lo general los artículos no impugnados.
Para la discusión en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Raúl Pardo Villafaña
Domingo Alberto Martínez Reséndiz
Juan Carlos Alva Calderón
Odilón Cantú Domínguez
Gustavo Nabor Ojeda Delgado
Julio Gómez Herrera
Alejandro Luévano Pérez
Tomás Correa Ayala
Ovidio Pereyra García
Abundio Ramírez Vázquez
Enrique Sada Fernández
Patricia Terrazas Allen
Pablo Ismael Esparza Natividad
Guillermo Sánchez Nava
Jorge Alfonso Calderón Salazar
José María Téllez Rincón
Enrique Rico Arzate
Laura Pavón Jaramillo
La Presidenta informa que los diputados Gustavo Gámez Pérez y Mario del Valle Fernández, han solicitado, en obvio de tiempo, que sus intervenciones se incluyan en el Diario de los Debates y así lo ordena.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
La Presidencia hace la declaratoria correspondiente. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE TAMAULIPAS
Para expresar sus opiniones respecto de los hechos desarrollados en la ciudad de Matamoros, hacen uso de la palabra los diputados:
Laura Alicia Garza Galindo
Lidia Madero García
Elpidio Tovar de la Cruz
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Manuel Muñoz Rocha
Humberto Flores Cuéllar, para rectificar hechos.
Francisco Dorantes Segovia, para rectificar hechos.
Jorge Oceguera Galván
Gonzalo Altamirano Dimas, para rectificar hechos.
Jorge Tovar Montañez
Luis Felipe Bravo Mena, para rectificar hechos.
Juan Ramiro Robledo Ruiz, para rectificar hechos.
MEDIOS DE INFORMACIÓN
Israel González Arreguín, para presentar un punto de acuerdo. Se aprueba.
Intervienen además los diputados:
Fernando Lugo Hernández, para rectificar hechos.
Salvador Juárez García
Luisa Alvarez Cervantes
Francisco Gárate Chapa, para rectificar hechos.
MARCHA DE PERIODISTAS
Se concede el uso de la palabra al diputado Julio César Hernández, para presentar un punto de acuerdo. De enterado y túrnese a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los efectos correspondientes.
ESTADO DE PUEBLA
Para referirse a la situación poselectoral en dicho Estado, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Ana Teresa Aranda Orozco
René Juvenal Bejarano Martínez
Alberto Jiménez Arroyo
Marco Humberto Aguilar Coronado
Melquiades Morales Flores
Marco Humberto Aguilar Coronado, para rectificar hechos.
Guillermo Pacheco Pulido, para rectificar hechos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA YOLANDA ELIZONDO MALTOS
ASISTENCIA
La Presidenta: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia, del registro de firmas de los diputados.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Se informa a la Presidencia que existen registrados, previamente 425 diputados, por lo tanto hay quórum.
La Presidenta: - (Siendo las 11.50 horas): Del día 12 de noviembre, iniciamos la sesión de este día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día.
12 de noviembre de 1992
Lectura del acta de la sesión anterior.
Pronunciamiento político del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Congreso del Estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano ingeniero Miguel Barberena Vega, gobernador constitucional del Estado, rendirá el sexto informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado.
Iniciativa de decreto del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, a fin de que la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lleve el nombre de "Benito Juárez".
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jaime José Serra Puche, Daniel Harry Dultzin Dubin, Benjamín Clarión Reyes. Luis Rafael López Morton y Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Reino de Bélgica.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano ingeniero Jorge Pérez y Bouras, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de encomienda, que le confiere el Gobierno de España.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Asuntos Hidráulicos con proyecto de Ley de Aguas Nacionales.
Denuncia que presenta la ciudadana diputada Laura Alicia Garza Galindo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acerca de los hechos ocurridos en Matamoros, Tamaulipas.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros y similares de la República Mexicana.
Denuncia que presenta el ciudadano diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación poselectoral, en el Estado de Puebla.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La Presidenta: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada Yolanda Elizondo Maltos
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo de las once horas con dieciséis minutos del día diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos y con una asistencia registrada de cuatrocientos trece diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría de lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, con proyecto de Ley de Aguas Nacionales, se encuentra impreso y ya es distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
La Presidencia informa que se encuentra en el Recinto Legislativo el doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público y designa una Comisión para que lo introduzca en el Salón y lo acompañe hasta la tribuna, donde la misma Presidenta le concede el uso de la palabra a fin de que, en los términos constitucionales, haga la presentación de las iniciativas del Ejecutivo Federal con proyectos de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993; Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el mismo ejercicio; con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; informa sobre el uso de la facultad en materia arancelaria; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993 y Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el mismo ejercicio.
Terminada la presentación, una comisión de diputados acompaña al Secretario de Hacienda y Crédito Público cuando sale del Salón de sesiones.
La Presidenta ordena los turnos correspondientes a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, del Departamento del Distrito Federal y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves doce de noviembre de mil novecientos noventa y dos a las diez horas.»
La Presidenta: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior, y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.....
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo..... Aprobada el acta señora Presidenta.
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
«Escudo . - Partido de la Revolución Democrática. - Secretaría de Asuntos Internacionales.
Compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 16 de enero del presente año se firmaron en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México los acuerdos de paz entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mediante los cuales se pactó el fin de la guerra civil que por más de 12 años ensangrentó a ese país hermano.
El Congreso de la Unión, en la sesión de su Comisión Permanente del 22 de enero de 1992 hizo patente "su satisfacción porque la firma de los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992
se haya llevado a cabo en nuestro territorio y asume tal honor como un reconocimiento y como un renovado compromiso por la fiel aplicación de los principios tradicionales de nuestra política exterior, que además de pugnar por la no intervención, la autodeterminación, también demanda la cooperación para la paz y el desarrollo."
El 1o. de febrero de este mismo año entró en vigor el cese al fuego entre las dos partes, que ha sido respetado hasta la fecha y sienta un precedente valioso para la comunidad internacional como punto de referencia para otros procesos de negociación de conflictos en el mundo.
Los acuerdos de paz establecían plazos para el estricto cumplimiento del conjunto de temas pactados, los cuales incluían la reducción y depuración de las fuerzas armadas, así como también la desmovilización del Ejército Nacional para la democracia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la autodestrucción de sus armas.
Por otra parte, temas vitales para El Salvador como la reforma electoral, judicial y agraria, aunado a un conjunto de transformaciones económicas y sociales que permitan la consolidación de la paz, la edificación de la democracia, la reconstrucción y el desarrollo integral de ese país hermano. Todo lo anterior sería supervisado por las Naciones Unidas.
La falta de cumplimiento y atraso en los tiempos fijados, que fue verificado y señalado por los representantes de las Naciones Unidas, en los temas económico, social, en las reformas judicial y electoral y en el militar, principalmente, requirió la necesidad de la fijación de nuevos tiempos para viabilizar y encauzar el proceso hasta su objetivo final.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Boutros Boutros - Ghali, propuso el 23 de octubre de 1992, una recalendarización de los acuerdos firmados en Chapultepec, propuesta que fue aceptada de inmediato por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y con posterioridad por el Gobierno del señor Alfredo Cristiani, luego de intensas negociaciones con la intermediación de la Organización de las Naciones Unidas, arribando a un compromiso de común acuerdo el pasado domingo 8 de noviembre de 1992.
Por estas razones, con fundamento en el artículo 58 del Registro Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos felicita al Gobierno de El Salvador y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por el acuerdo logrado el 8 de noviembre de 1992, y los exhorta al buen cumplimiento del espíritu y letra de los términos de la propuesta formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de que el próximo 15 de diciembre, que ha sido designado como el Día de la Reconciliación Nacional, concluyan las etapas renegociadas que buscan poner fin al enfrentamiento armado en este país centroamericano. A su vez, insta a las partes a comprometerse con la construcción de la paz, la justicia social, la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos y con ello a rechazar cualquier intento de reiniciar el conflicto armado.
Esta Cámara de Diputados estará atenta al cumplimiento de los acuerdos en este crucial período a fin de contribuir a culminarlo, cerrando una dolorosa etapa de la historia salvadoreña y abriendo para ese pueblo una nueva, de justicia y paz con dignidad.
Dado en el edificio de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. - Diputados: Ricardo Valero, José Antonio González Fernández, Gabriel Jiménez Remus, Manuel Terrazas, Cecilia Soto, Cuauhtémoc Amezcua y Gilberto Rincón Gallardo.» Muchas Gracias.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - De enterado, y túrnese al Ejecutivo para sus efectos correspondientes.
INVITACIÓN
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
La Quincuagésima Quinta Legislatura de honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes invita a usted a la sesión solemne de instalación y en la que el ciudadano Miguel Angel Barberena Vega, gobernador constitucional del Estado, rendirá su sexto informe de Gobierno, el día 15 a las 11.00 horas en el Teatro de Aguascalientes, declarado recinto oficial.
Aguascalientes, Aguascalientes, noviembre de 1992.»
La Presidenta: - Para asistir, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Armando Romero Rosales, Jorge Sánchez Muñoz, Samuel Moreno Santillán, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Rangel Hernández, Eduardo Flores y Héctor Morquecho Rivera.
INICIATIVA
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari, y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 11 de noviembre de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de la República, ha sido pugnar por el mejoramiento de las condiciones de bienestar social de los mexicanos mediante el establecimiento de seguros, prestaciones y servicios sociales oportunos, eficaces y suficientes.
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, dispone como el objetivo más amplio de la política de seguridad social, el impulso a la protección de todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunas, eficaces, equitativos y humanitarios que coadyuven efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de seguridad social.
No obstante las restricciones de recursos que ha enfrentado el país, la presente administración ha logrado significativos avances en materia de seguridad social; sin embargo, aún subsisten ciertas limitaciones en la atención del bienestar social de los trabajadores al servicio del Estado.
Por tal motivo, el Ejecutivo a mi cargo, reconoce que es necesario llevar a cabo acciones que amplíen el régimen de bienestar del servidor público, impulsando la protección a dichos trabajadores y sus familiares y brindando una atención digna y equitativa que coadyuve efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de bienestar.
La seguridad social de los trabajadores del Estado requiere que su marco jurídico se adecúe, a fin de establecer mecanismos administrativos más modernos para tutelar eficazmente a su población derechohabiente. La presente iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que someto a la alta consideración de ese honorable Congreso de la Unión, busca proporcionar un marco jurídico idóneo para alcanzar dicho fin.
Uno de los objetivos de la iniciativa, es el de redistribuir el monto porcentual asignado a los distintos seguros, servicios y prestaciones a cargo de Instituto, de tal forma que, sin incrementar las cuotas de los trabajadores ni las aportaciones que corresponde realizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que la propia Ley regula, se reasignen mayores recursos a los renglones de pensiones y servicios médicos, toda vez que la distribución que actualmente se prevé en los artículos 16 y 21, ya no es suficiente para proporcionar el nivel de atención esperado en estos importantes rubros, a pesar de los esfuerzos presupuestales realizados. Es necesario avanzar en la elevación de la cantidad de los servicios a cargo del instituto.
La iniciativa, de merecer su alta aprobación, modificaría los artículos 19, 35, 91 y 101 de la Ley, para dar congruencia normativa al texto legal, con la adecuación en el párrafo anterior.
Asimismo, se propone, a fin de fortalecer las finanzas del instituto, incluir un sistema
fijación de recargos por los retrasos en los pagos de las aportaciones en que pudieren incurrir las dependencias y entidades.
Por otra parte, con la reforma que se propone al artículo 57, se busca que los aumentos de las cuotas pensionarias se realicen conforme al incremento porcentual del salario mínimo general para el Distrito Federal, parámetro que utiliza ya la propia Ley en diversos capítulos. Esta medida garantizaría el principio de seguridad jurídica y, además, se homologaría al tratamiento que contempla la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta materia.
Otros objetivos que destacan de la presente iniciativa son el impulso al fomento del ahorro interno y la procuración del mejoramiento de la situación económica del trabajador, primordialmente al momento de su retiro, así como en el financiamiento de su vivienda.
Como finalidad primordial de la presente iniciativa, destaca la elevación a rango de Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro con objeto de conceder a los trabajadores del Estado la totalidad de las ventajas de dicho sistema, al incluir la subcuenta del fondo de la vivienda, ya que anteriormente el Ejecutivo a mi cargo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de marzo de 1992, estableció la subcuenta de ahorro para el Retiro en favor de los trabajadores al servicio de la Administración Pública Federal al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mediante esta reforma asimismo, se harían extensivos estos beneficios para los trabajadores de los poderes Legislativos y Judicial.
De merecer la presente iniciativa la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, quedaría incorporada a dicho sistema la totalidad de los trabajadores del Estado actualmente sujetos al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Como arriba se señaló, adicionalmente se plantea otorgar a los trabajadores del Estado, lo relativo al fondo de la vivienda, que se propone sea similar al previsto en el decreto de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se sirvió aprobar ese honorable Congreso, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1992. De esta manera se lograría una igualdad de los trabajadores al servicio del Estado con aquellos regulados por el apartado A del artículo 123 constitucional.
El sistema de ahorro para el retiro tiene por objeto aumentar los recursos a disposiciones de los trabajadores al momento de su retiro, mediante el establecimiento de cuentas bancarias individuales abiertas a su nombre, en las que las dependencias y entidades acreditan las cuotas correspondientes.
Las dependencias y entidades sujetas a la aplicación de la Ley que se pretende reformar, estarían obligadas a cubrir cuotas del 2% sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite superior de dicho salario el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Con estas aportaciones se constituirían depósitos en dinero a favor de cada uno de los trabajadores; dichas aportaciones se acreditarían mediante la entrega que realizaran las dependencias y entidades a cada uno de sus trabajadores del comprobante expedido por la institución de crédito respectiva, lo que convertiría al trabajador en partícipe de la fiscalización de su entero.
Es importante destacar que los saldos de las subcuentas del ahorro para el retiro se ajustarían periódicamente en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, y causarían intereses a una tasa real no menor del 2% anual, pagaderos mensualmente mediante su depósito en las propias cuentas. Ello con el propósito de que el ahorro formado por los trabajadores a lo largo de su vida laboral, mantenga su poder adquisitivo y lo incremente en términos reales.
Los fondos del sistema de ahorro para el retiro serían susceptibles de retiro, sólo en los casos en que el trabajador cumpla 65 años de edad o tenga derecho a recibir una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, sin perjuicio del derecho a designar beneficios para el caso de muerte que asistiría a todos los trabajadores.
En caso de que el trabajador dejare de estar sujeto a una relación laboral, tendría la opción de efectuar retiros por el 10% del saldo de la subcuenta del sistema de ahorro para el retiro.
En lo tocante al fondo de la vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la reforma propuesta lo consolidaría como una instancia encargada de financiar un número creciente de viviendas, a través de mecanismos prácticos y efectivos para la asignación de créditos.
Por tal motivo, los recursos del fondo de la vivienda, provenientes de las aportaciones que corresponde efectuar a las dependencias y entidades, podrían destinarse a descontar, con la participación de las instituciones bancarias, los créditos que éstas hayan otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los diversos incisos de la fracción I del artículo 103 de la presente iniciativa.
Dichas aportaciones se depositarían en las subcuentas del fondo de la vivienda a nombre de cada trabajador. El saldo de las subcuentas del fondo de la vivienda pagaría intereses en función del remanente de la operación del propio fondo, para lo cual en la iniciativa se determinan la aplicación de las aportaciones recibidas por el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el procedimiento contable a seguir por la Comisión Ejecutiva del Fondo al cierre de cada ejercicio, con el objeto de estimar el remanente de operación, abonándose el 50% de esta estimación como pago provisional de intereses a dichas subcuentas, de acuerdo a la consideración final del mencionado remanente.
En síntesis, el sistema de ahorro para el retiro, constituirá un beneficio significativo para los trabajadores al servicio del Estado, toda vez que al conformar un beneficio adicional a los que otorga esta Ley, protege en forma directa a sus trabajadores y a sus familiares derechohabientes, además de ser un avance en la evolución del derecho social.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., fracciones XIX y XX; 16; 19 último párrafo; 21; 22; 35; 57; tercer párrafo; 91 fracción II; 100 fracción I; 103 fracciones II, III, V y VI; 104; 106 A 109 III tercer párrafo; 113 primero, segundo y cuarto párrafos; 117; 121; 122; 126 fracción II y segundo párrafo de la fracción III; 157 fracción III y los inicios c y d de la fracción XV; 169 fracciones IV y V; 170 fracción VI y 182; se adicionan el artículo 3o. con una fracción XXI; un Capítulo V bis al Título Segundo que se denominará "Del sistema de ahorro para el retiro", y que comprende los artículos 90 bis - a al 90 bis - w; los artículos 103 con un último párrafo a la fracción I; 126 bis - a al 126 bis - g a la Sección Tercera del Capítulo VI del título Segundo, y 188 bis al Título Quinto; y se derogan los artículos 101 fracción III, 102; 103 fracciones I, inciso a y VII; 112; 114 a 116; 123 y 169 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 3o.......................................................................
I a XVIII...........................................................................
XIX. Promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y recreación;
XX. Servicios funerarios; y
XXI. Sistema de ahorro para el retiro.
Artículo 16. Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir al instituto una cuota fija del 8% del sueldo básico de cotización que disfrute, definido en el artículo anterior.
Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:
I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;
II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;
III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;
V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del instituto exceptuando los correspondientes al fondo de la vivienda.
Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de administración.
Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos señalados, el trabajador deberá pagar la totalidad de las cuotas y aportaciones a que se refieren las fracciones I a V del artículo 16 y II, III, V y VII del artículo 21. Si el trabajador falleciere antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, éstos deberán cubrir el importe de esas cuotas a fin de poder disfrutar de la misma.
Artículo 21. Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta Ley cubrirán al instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores.
Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma:
I. 6.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;
II. 0.50% para cubrir las prestaciones a préstamos a mediano y corto plazo;
III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiros a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo;
V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;
VI. 5.00% para constituir el fondo de la vivienda;
VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del instituto, exceptuando los correspondientes al fondo de la vivienda.
Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos de administración.
Además, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, las dependencias y entidades cubrirán el 50% del costo unitario por cada uno de los hijos de sus trabajadores que haga uso del servicio en las estancias del bienestar infantil del instituto. Dicho costo será determinado anualmente por la Junta Directiva.
Artículo 22. Las dependencias y entidades públicas harán entregas quincenales al instituto, a más tardar los días 10 y 25 de cada mes por conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes, del importe de las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16, 21 y 25 fracción II de esta Ley, excepto tratándose de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. También entregarán en los plazos señalados, el importe de los descuentos que el instituto ordene que se hagan a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta Ley.
Las omisiones y diferencias que resultaren como motivo de los pagos efectuados, el instituto las notificará a las dependencias y entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario deberá pagarse el interés a que se refiere el párrafo siguiente.
Las dependencias y entidades públicas que no cubran las cuotas, aportaciones y descuentos a los trabajadores ordenados por el instituto, en la fecha o dentro del plazo señalado, deberán pagar un interés equivalente al Costo Porcentual Promedio de Captación de Recursos del Sistema Bancario, que determina el Banco de México. Los intereses se fijarán por mes o fracción, a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta la fecha en que el mismo se efectúe.
No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones, las que deberán ser enteradas al instituto. Tratándose de las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, se estará a lo dispuesto por el artículo 90 bis - A de esta Ley.
El entero de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro será por bimestres vencidos, a más tardar el día 17 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, en los términos que al efecto se señalan en el Capítulo V bis del Título II de la presente Ley.
Al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos de las dependencias y entidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
incluirá en las partidas necesarias el concepto de aportaciones de esta Ley, y vigilará su correcto ejercicio en los términos de este artículo.
Artículo 35. Las prestaciones que concede este capítulo serán cubiertas íntegramente con la aportación a cargo de las dependencias y entidades que señala la fracción IV del artículo 21 de esta Ley.
Artículo 57.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto.
CAPITULO V - BIS
Del sistema de ahorro para el retiro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 90 bis - a. Las dependencias y entidades están obligadas a enterar al instituto, el importe de las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, mediante la constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador, en la forma y términos señalados en el presente Capítulo.
Artículo 90 bis - b. Las aportaciones a que se refiere el artículo anterior, serán por el importe equivalente al 2% del sueldo básico de cotización del trabajador. Tratándose del ahorro para el retiro, el límite a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
Artículo 90 bis - c. Las dependencias y entidades estarán obligadas a cubrir las aportaciones establecidas este el Capítulo, así como las relativas al fondo de la vivienda, mediante la entrega simultánea de los recursos correspondientes en instituciones de crédito, para su abono en las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas a nombre de los trabajadores. A fin de que las instituciones de crédito puedan individualizar dichas aportaciones, las dependencias y entidades deberán proporcionar a las instituciones de crédito información relativa a cada trabajador, en la forma y periodicidad que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro tendrán dos subcuentas: La de ahorro para el retiro y la del fondo de la vivienda. La documentación y demás características de estas cuentas, no previstas en esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que expida el Banco de México.
Las dependencias y entidades deberán llevar a cabo la apertura de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador en la o las instituciones de crédito que ellas elijan, dentro de las que tengan oficina en la plaza o, de no haberla, en la población más cercana.
El trabajador que sea titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro y tuviera una nueva relación de trabajo, habrá de proporcionar a la dependencia o entidad respectiva, su número de cuenta, así como la denominación de la institución de crédito operadora de la misma.
El trabajador no deberá tener más de una cuenta del sistema de ahorro para el retiro.
Artículo 90 bis - d. En caso de terminación de la relación laboral, la dependencia o entidad deberá entregar a la institución de crédito respectiva en favor del trabajador, la aportación correspondiente al bimestre del que se trate o, en su caso, la parte proporcional de dicha aportación en la fecha en que se deba efectuar el pago de las aportaciones correspondientes a dicho bimestre.
Artículo 90 bis - e. El entero de las aportaciones se acreditará mediante la entrega que las dependencias y entidades habrán de efectuar a cada uno de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institución de crédito en la que la dependencia o entidad haya enterado las aportaciones citadas, el que tendrá las características que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la expedición de disposiciones de carácter general.
Las instituciones que reciban las aportaciones de las dependencias y entidades deberán proporcionar a éstas comprobantes individuales a nombre de cada trabajador dentro de un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que reciban las aportaciones citadas. Las dependencias y entidades estarán obligadas a entregarles a sus trabajadores dichos comprobantes junto con el último pago de sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año.
Las instituciones de crédito que no siendo la operadora de la cuenta individual del trabajador reciba
aportaciones para abono en favor de éste, deberá entregar los recursos correspondientes a la institución que opera dicha cuenta para su acreditamiento en la misma, a más tardar el tercer día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción.
El comité técnico del sistema de ahorro para el retiro determinará la comisión que las dependencias, entidades y los trabajadores deberán cubrir a las instituciones de crédito que expidan comprobantes y no lleven las cuentas individuales respectivas.
Artículo 90 bis - f. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México, y mediante la expedición de disposiciones de carácter general, podrá autorizar formas y términos distintos a los establecidos, para el entero y la comprobación de las aportaciones correspondientes al ahorro para el retiro y al fondo de la vivienda.
Artículo 90 bis - g. El trabajador podrá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las dependencias y entidades establecidas en este capítulo.
Los trabajadores titulares de las cuentas del sistema de ahorro para el retiro y, en su caso sus beneficiarios, podrán a su elección, presentar directamente a través de sus representantes sindicales sus reclamaciones contra las instituciones de crédito ante la Comisión Nacional Bancaria o hacer valer sus derechos en la forma que establece la ley. El procedimiento de conciliación a que se refiere este párrafo se sujetará a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 90 bis - h. Las instituciones de banca múltiple están obligadas a llevar las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro en los términos de esta Ley, actuando por cuenta y orden del instituto. Dichas cuentas deberán contener para su identificación el registro federal de contribuyentes del trabajador.
Las instituciones de crédito informarán al público la ubicación de aquéllas de sus sucursales en las cuales podrán abrirse las mencionadas cuentas, mediante publicaciones en periódicos de amplia circulación en la plaza de que se trate, en la inteligencia de que habrán de habilitar a este propósito cuando menos una sucursal por cada cinco que tengan establecidas en un mismo Estado de la República o en Distrito Federal.
Artículo 90 bis - i. Las aportaciones que reciban las instituciones de crédito operadoras de las cuentas individuales, deberán ser depositadas a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto. El propio Banco de México, actuando por cuenta del mencionado instituto, deberá invertir dichos recursos en créditos a cargo del Gobierno Federal.
El saldo de dichos créditos al fin de cada mes, se ajustará en una cantidad igual a la resultante de aplicar al saldo promedio diario mensual de los propios créditos la variación porcentual del "Índice Nacional de Precios al Consumidor" publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste.
Los créditos a que se refiere el presente artículo causarán intereses a una tasa no inferior al 2% anual, pagaderos mensualmente mediante su reinversión en sus respectivas cuentas. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de los propios créditos, ajustado siguiendo el mismo procedimiento previsto en el párrafo anterior.
La tasa citada será determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando menos, trimestralmente, en función de los rendimientos en términos reales de los valores a largo plazo que circulen en el mercado, emitidos por el Gobierno Federal o, en su defecto, por emisores de la más alta calidad crediticia. Esta determinación será dada a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de amplia circulación en el país.
Artículo 90 bis - j. El saldo de las subcuentas de ahorro para el retiro se ajustará y devengará intereses en los mismos términos y condiciones previstos para los créditos a que se refiere el artículo anterior. Dichos intereses se causarán a más tardar a partir del cuarto día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que las instituciones de crédito que lleven las cuentas individuales reciban las aportaciones, para abono de las cuentas respectivas, y serán pagaderos mediante su reinversión en las propias cuentas. Las instituciones de crédito podrán cargar mensualmente a las subcuentas de ahorro para el retiro, la comisión máxima por manejo de cuenta que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México. La tasa de interés pagadera al trabajador, una vez desconectada la mencionada comisión, no deberá ser inferior a la mínima señalada en el tercer párrafo del artículo 90 bis - i.
El saldo de la subcuenta del fondo de la vivienda de las cuentas individuales devengará intereses en los términos del artículo 106.
Artículo 90 bis - k. Las instituciones de crédito deberán informar al trabajador al que le lleven su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, el estado de la misma cuando menos anualmente, en la forma que al efecto determine el Banco de México.
Artículo 90 bis - l. El trabajador podrá, en cualquier tiempo, solicitar directamente a la institución depositaria el traspaso a otra institución de crédito, de los fondos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, a fin de invertirlos en los términos establecidos en el presente capítulo.
Ellos, sin prejuicio de que la dependencia o entidad pueda continuar enterando las aportaciones en la institución de su elección, la cual extenderá los comprobantes respectivos de conformidad en lo establecido en el artículo 90 bis - e.
Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de una institución de crédito a otra, pagarán la comisión que determine el Banco de México. Dicha comisión será descontada a los trabajadores del importe de los fondos objeto del traspaso.
Artículo 90 bis - m. El trabajador tendrá derecho a solicitar a la institución de crédito el traspaso de parte o la totalidad de los fondos de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, a sociedades de inversión administradas por instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros o sociedades operadoras.
Sin perjuicio de lo anterior, la dependencia o entidad deberá continuar entregando las aportaciones respectivas en la institución de crédito de su elección, para abono en la subcuenta de ahorro para el retiro del trabajador.
Para la organización y el funcionamiento de las sociedades de inversión que administren los recursos provenientes de las mencionadas subcuentas, se requiere previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la otorgará o denegará discrecionalmente. Estas sociedades de inversión se sujetarán en cuanto a: La recepción de recursos, el tipo de instrumentos en los que puedan invertirlos, la expedición de estados de cuenta y demás características de sus operaciones a las reglas de carácter general que expida la mencionada secretaría, oyendo la opinión del Banco de México.
En lo no expresamente previsto en este artículo y en las reglas a que se refiere al párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Inversión.
El trabajador tendrá derecho a solicitar a la sociedad de inversión, el traspaso de parte o la totalidad de los fondos que hubiere invertido en términos del presente artículo a otras de las sociedades de inversión referidas o a la institución de crédito que le lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. El trabajador que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 90 bis - o deberá solicitar a la sociedad de inversión de que se trate, el traspaso de los fondos respectivos a la institución de crédito citada.
En caso de que el trabajador solicite traspasos de fondos a sociedades de inversión en los términos de este artículo, sólo responderán de los mismos y de sus rendimientos dichas sociedades de inversión.
Artículo 90 bis - n. El trabajador podrá retirar el saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, siempre y cuando por razones de una nueva relación laboral, deje de ser sujeto de aseguramiento obligatorio del instituto y dicho saldo se abone en otra cuenta a su nombre en algún otro mecanismo del sistema de ahorro para el retiro de los que al efecto señale el comité técnico del sistema de ahorro para el retiro.
Artículo 90 bis - ñ. El trabajador tendrá derecho a solicitar la contratación de un seguro de vida, con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro, en los términos que al efecto determine el comité técnico del sistema de ahorro para el retiro.
Las instituciones de seguros no podrán otorgar préstamos o créditos con cargo a dichos seguros.
Artículo 90 bis - o. El trabajador que cumpla 65 años de edad, o adquiera el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de esta Ley o de algún plan de pensiones establecido por la dependencia o entidad que se trate, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta
individual del sistema de ahorro para el retiro, lo entregue por cuenta del instituto, los fondos de la misma, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe a fin de obtener una pensión vitalicia, o bien, entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
El trabajador deberá solicitar por escrito a la institución de crédito la entrega de los fondos de su cuenta individual, acompañando los documentos que al efecto señale la Secretará de Hacienda y Crédito Público.
Los planes de pensiones a que se refiere el primer párrafo serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 90 bis - p. Tratándose de incapacidades temporales del trabajador, si éstas se prolongan por más tiempo que los periodos de prestaciones fijados por esta Ley, éste tendrá derecho a que la institución de crédito le entregue, por cuenta del instituto, una cantidad no mayor al 10% del saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual. Para tal efecto, el trabajador deberá proceder en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 90 bis - o.
Artículo 90 bis - q. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a:
I. Realizar aportaciones a su cuenta individual siempre y cuando las mismas sean por un importe no inferior al equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior sin perjuicio de que las instituciones de crédito puedan recibir aportaciones por montos menores. Estas cuentas quedarán sujetas, en lo conducente, a las disposiciones establecidas en este capítulo, y
II. Retirar de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual una cantidad no mayor al 10% del saldo de la propia subcuenta.
El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores cuyo saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro, registre a la fecha de la solicitud respectiva una cantidad no inferior o equivalente al resultado de multiplicar por 18 el monto de la última aportación invertida en la subcuenta de que se trate, y siempre que acredite con los estados de cuentas correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud respectiva de inconformidad establecida en el penúltimo párrafo del artículo 90 bis - o.
Artículo 90 bis - r. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho de hacer aportaciones adicionales a su cuenta individual, ya sea por conducto de la dependencia o entidad al efectuarse el entero de las aportaciones, o mediante la entrega de efectivo o documentos aceptables por la institución que los reciba.
Artículo 90 bis - s. El trabajador titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, deberá a la apertura de la misma, designar beneficiarios. Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier tiempo el trabajador pueda sustituir a las personas que hubiere designado, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada una de ellas.
En caso de fallecimiento del trabajador, la institución de crédito respectiva entregará el saldo de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya señalado por escrito para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las señaladas en el artículo 90 bis - o. La designación de beneficiarios queda sin efecto si el o los designados mueren antes que el titular de la cuenta.
A falta de los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, dicha entrega se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 501 fracciones I a IV de la Ley Federal del Trabajo. A falta de la persona a que se refieren estas fracciones, el instituto será el beneficiario.
Los beneficiarios deberán presentar solicitud por escrito a las instituciones de crédito, en los términos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 90 bis - o de esta Ley.
Artículo 90 bis - t. Las cantidades que corresponden a los trabajadores y a sus beneficiarios conforme el presente capítulo, son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo pueden embargarse por autoridad judicial los recursos a que se refieren los artículos 90 bis - p, 90 bis - q fracción II y 90 bis - s, hasta el 50% de su monto.
Lo señalado en el párrafo anterior, no autoriza bajo ningún concepto el retiro de los recursos en plazos y condiciones distintos a los establecidos en este capítulo.
Artículo 90 bis - u. El sistema de ahorro para el retiro a que se refiere este capítulo contará con un comité técnico que estará integrado por siete
miembros propietarios, designados: Tres por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos por el Banco de México; uno por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y uno por la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por cada miembro propietario se designará un suplente. Asimismo, el comité contará con un secretario.
Los miembros propietarios y suplentes del comité serán designados por los titulares de las dependencias y entidades mencionadas en el párrafo anterior, de entre de los servidores públicos que ocupan los cargos de subsecretario o director general de la Administración Pública Federal Centralizada, o su equivalente. En el caso de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado corresponderá hacer la designación al secretario general del comité ejecutivo nacional.
Artículo 90 bis - v. Al comité técnico del sistema de ahorro para el retiro corresponderá:
a) actuar como órgano de consulta respecto de asuntos relativos al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores;
b) en su caso, recomendar a las autoridades competentes la adopción de criterios y la expedición de disposiciones sobre dicho sistema;
c) autorizar términos y condiciones particulares para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos a que se refiere este capítulo siempre que, a juicio del comité, el tratamiento concedido por virtud de dichas autorizaciones sea conveniente hacerlo extensivo a todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto;
d) resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en el presente capítulo, siempre que, a criterio del comité, el tratamiento concedido por virtud de tales resoluciones sea conveniente hacerlo extensivo a todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto; y
e) las demás que le señalen otras disposiciones.
El comité publicará en el Diario Oficial de la Federación las autorizaciones y resoluciones a que se refiere el presente artículo.
Artículo 90 bis - w. El comité sesionará cuando menos una vez cada cuatro meses y, en cualquier momento, a petición de alguno de sus miembros propietarios.
Las reuniones del comité serán presididas por el miembro propietario que al efecto se designe de entre los presentes.
Quien presida tendrá voto de calidad en caso de empate.
Para que el comité pueda sesionar válidamente, se requerirá la asistencia de cuatro de sus miembros, debiendo estar presentes representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.
Artículo 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Mediante garantía del total de dichas cuotas y aportaciones a que se refieren las fracciones II de los artículos 16 y 21 de esta Ley;
III a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria, o bien, a través del otorgamiento de una garantía personal, en los casos que expresamente determine la comisión ejecutiva. Estos préstamos se harán por una sola vez.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. (Se deroga.)
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 102. (Se deroga.)
Artículo 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) (Se deroga.)
b) a, e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo el instituto podrá descontar con la responsabilidad de las instituciones de crédito, créditos que éstas hayan otorgado para aplicarse
a los conceptos señalados en los incisos anteriores.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo el instituto podrá descontar con la responsabilidad de las instituciones de crédito, financiamientos que estas hayan otorgado para la construcción de conjuntos habitacionales para los trabajadores.
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III. Al pago de capital e intereses de la subcuenta del fondo de la vivienda de los trabajadores en los términos de Ley;
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines; y
VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.
VII. (Se deroga.)
El precio de venta fijado por la Junta Directiva, se tendrá como valor de avalúo de las habitaciones para efectos fiscales. Las donaciones y equipamiento urbano deberán realizarse conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 104. Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formarán por la comisión ejecutiva, conforme criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y su adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas.
Artículo 106. Las aportaciones al fondo de la vivienda previstas en la fracción VI del artículo 21 de esta Ley, se efectuará en los términos del artículo 90 bis - c.
El saldo de las subcuentas del fondo de la vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del fondo de la vivienda.
A tal efecto, la comisión ejecutiva del fondo de la vivienda procederá, al cierre de cada ejercicio, a estimar los elementos del activo y del pasivo del fondo de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta Ley.
La comisión ejecutiva del fondo de la vivienda efectuará, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del citado fondo para el año inmediato siguiente a aquél a que corresponda. El 50% de la estimación citada se abandonará como pago provisional de intereses a las subcuentas del fondo de la vivienda, en 12 exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por la comisión ejecutiva, el remanente de operación del fondo en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.
Una vez que la comisión ejecutiva del fondo de la vivienda haya fijado tanto la estimación, como determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.
La comisión ejecutiva del fondo deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su valor real.
Artículo 107. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al fondo de la vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho fondo.
Al momento en que el trabajador reciba crédito del instituto, el saldo de la subcuenta del fondo de la vivienda de su cuenta individual, se aplicará como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos de la fracción I del artículo 103 de la presente Ley.
Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones que las dependencias o entidades efectúen a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.
Artículo 108. La junta directiva expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a que
se refiere la fracción I del artículo 103. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Las reglas antes citadas tomaran en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta del fondo de la vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.
Los trabajadores podrán recibir crédito del instituto por una sola vez.
Artículo 109. La junta directiva mediante disposiciones de carácter general que al efecto publique en el Diario Oficial de la Federación, determinará: Los montos máximos de los créditos que otorgue el instituto, en función de, entre otros factores, los ingresos de los trabajadores acreditados, así como el precio máximo de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción puede ser objeto de los créditos citados.
Artículo 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece el artículo 90 bis - s.
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Artículo 112. (Se deroga.)
Artículo 113. Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios a las dependencias o entidades sujetas al régimen de beneficios que otorga esta Ley y hubiere recibido un préstamo a cargo del fondo, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de 12 meses y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las dependencias o entidades públicas.
Para los efectos del párrafo anterior, también se entenderá que un trabajador ha dejado de prestar servicios cuando transcurra un período mínimo de 12 meses sin laborar en ninguna de las dependencias o entidades por suspensión temporal de los efectos del nombramiento o cese, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de su designación o nombramiento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La existencia del supuesto que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el instituto.
Artículo 114. (Se deroga.)
Artículo 115. (Se deroga.)
Artículo 116. (Se deroga.)
Artículo 117. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 103 se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustados de los mismos a la tasa que determine la junta directiva. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos.
Las cantidades que se descuenten a los trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del 30% de su sueldo básico.
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.
Artículo 119. (Se deroga.)
Artículo 121. Las aportaciones al fondo de la vivienda previstas en esta Ley, así como los intereses de las subcuentas del fondo de la vivienda a que se refiere el artículo 106, estarán exentos de toda clase de impuestos.
Artículo 122. Las aportaciones al fondo de la vivienda, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto, que reciban las instituciones de crédito conforme a esta Ley, deberán ser invertidos a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto por lo que respecta al fondo de la vivienda. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo 103, en créditos a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México.
Sin perjuicio de lo anterior, el instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o
en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias con respecto al fondo de la vivienda.
Artículo 123. (Se deroga.)
Artículo 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Efectuar las aportaciones al fondo de la vivienda en instituciones de crédito, para su abono en la subcuenta del fondo de la vivienda de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas a nombre de los trabajadores en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional; y
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pago de las aportaciones señaladas en la fracción II de este artículo, será por bimestres vencidos, a más tardar el día 17 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. Las dependencias y entidades efectuarán las entregas de los documentos a que refiere la fracción III del presente artículo en la institución de crédito de su elección.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 126 bis - a. Los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, se adjudicarán a las personas que estén inscritas en el registro de constructores que al efecto lleve al instituto, a través de subastas públicas, mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente.
El saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones que otorgue el instituto, no podrá exceder de un vigésimo del saldo insoluto de los créditos a que se refiere la fracción I del artículo
Artículo 126 bis - b. Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más conjuntos habitacionales, se publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de la entidad federativa donde se ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo, los requisitos siguientes:
I. La descripción general de la obra que se desee ejecutar;
II. La tasa de interés mínima a pagar por el financiamiento de que se trate;
III. Las condiciones que deberán cumplir los interesados, particularmente en cuanto al tiempo de terminación de la obra;
IV. El plazo para la inscripción de interesados, que no podrá ser menor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria;
V. El plazo en que el instituto autorizará a las personas inscritas a participar en la subasta; y
VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de los sobres que contengan las posturas.
En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las secretarías de la Contraloría General de la Federación y de Hacienda y Crédito Público, podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento.
Artículo 126 bis - c. Las personas que participen en las subastas, deberán garantizar al instituto: Las posturas y, en su caso la correcta inversión de los recursos del financiamiento que reciban y el pago del financiamiento.
La junta directiva fijará las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse.
Artículo 126 bis - d. La junta directiva determinará la sobretasa de interés que causarán los financiamientos a partir de su otorgamiento, en caso de que las viviendas construidas en conjuntos habitacionales financiados por el instituto se vendan a precios superiores a aquéllos que se determinen para el conjunto de que se trate, en términos del artículo 109 de esta Ley o el conjunto respectivo no se concluya en los tiempos establecidos.
Artículo 126 bis - e. No podrán obtener financiamiento del instituto las personas siguientes:
I. Los miembros de la Junta Directiva, de la Comisión Ejecutiva del fondo de la vivienda y los trabajadores del instituto, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, así como aquéllas en las que participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios. La Junta Directiva
podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en esta fracción, mediante reglas de carácter general aprobadas por lo menos por dos miembros representantes del Estado y dos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; y
II. Las que se encuentren en incumplimiento respecto de la ejecución de otra u otras construcciones de conjuntos habitacionales financiados por el instituto.
Artículo 126 bis - f. La adjudicación del financiamiento obligará al instituto y a la persona en quien la misma recaiga, a formalizar el documento relativo dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la adjudicación.
Si el interesado no firmare el contrato por causas no imputables al instituto, perderá en favor del propio instituto la garantía que hubiere otorgado, el cual podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el financiamiento al segundo participante en la subasta respectiva, en los términos de su propuesta y así sucesivamente.
Artículo 126 bis - g. Los contratistas de obras financiadas por el instituto responderán ante los adquirentes de los defectos que resultaren en las mismas, de los vicios ocultos y de cualesquiera otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Decidir las inversiones del instituto, excepto tratándose del sistema de ahorro para el retiro, y determinar las reservas actuariales y financieras que deban constituirse para asegurar el otorgamiento de las prestaciones y servicios que determina esta Ley, así como el cumplimiento de sus fines;
IV a XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos;
d) Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del fondo, los que no deberán exceder del 0.75% de los recursos totales que maneje;
e) a g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. (Se deroga.)
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del fondo, los que no deberán exceder del 0.75% de los recursos totales que administre.
La Comisión Ejecutiva procurará que los gastos a que se refiere la presente fracción sean inferiores al límite señalado.
V. Proponer a la Junta Directiva las reglas para el otorgamiento de créditos; y
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Presentar a la Comisión Ejecutiva para su consideración y en su caso aprobación, los programas de financiamientos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 103, a ser subastados y otorgados, según corresponda, por el instituto.
VII y VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 182. La constitución de las reservas actuariales será prioritaria sobre las financieras, con el fin de garantizar el pago de los compromisos de pensiones, indemnizaciones globales, amortizaciones de créditos otorgados a los trabajadores en los términos de las fracciones I y II del artículo 103 de esta Ley, y entrega de depósitos prevista en el artículo 90 bis - s de este propio ordenamiento.
Artículo 188 - bis. El derecho del trabajador y, en su caso, beneficiarios, a recibir los recursos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro en los términos descritos en los artículos 90 bis - o, 90 bis - p, 90 bis - q 90 bis - s de la presente Ley, prescribe en favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los dispuesto en el inciso d fracción XV del artículo
157, que entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.
Segundo. Se abroga el decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la administración pública federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1992.
Los depósitos constituidos en favor de los trabajadores en términos del decreto mencionado en el párrafo anterior, se sujetarán a lo establecido en la presente Ley.
Tercero. Por lo que hace a los depósitos constituidos como a los créditos otorgados con cargo al fondo de la vivienda, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, les continuarán siendo aplicables las disposiciones entonces vigentes.
En un plazo de 24 meses contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el instituto deberá calcular el saldo de los depósitos constituidos a nombre de cada trabajador con las aportaciones hechas a su favor al fondo de la vivienda. Esta información deberá proporcionarse a los trabajadores en la forma y términos que determine la Junta Directiva.
Cuarto. Los trabajadores de las dependencias, entidades, gobiernos estatales y municipales, así como de cualquier otra institución u organismo público que no estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se hayan incorporado voluntariamente al sistema de ahorro para el retiro, de conformidad con lo dispuesto en el decreto que se abroga en el segundo transitorio, quedarán incorporados al sistema de ahorro para el retiro a que se refiere la fracción XXI que se adiciona al artículo 3o. de la Ley.
Quinto. La primera estimación del remanente de operación del fondo de la vivienda se realizará a más tardar el 15 de diciembre de 1993, para efectos del ejercicio de 1994.
El instituto deberá efectuar la primera subasta de financiamiento para la construcción de conjuntos de habitaciones a que se refiere el artículo 103 fracción II que se reforma, a más tardar el 30 de septiembre de 1993.
El instituto deberá ir ajustando gradual y consistentemente el saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 126 bis - a que se adiciona, en un período que terminará en marzo de 1997.
Sexto. El presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del fondo de la vivienda a que se refiere el inciso d de la fracción XV del artículo 157 que se reforma para los años de 1993, 1994, 1995 y 1996, no deberá exceder, respectivamente, del 1.30%, 1.10%, 0.90% y 0.80% de los recursos totales que maneje el propio fondo.
Séptimo. Se sustituyen las referencias que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se hacen a la Secretaría de Programación y Presupuesto, por Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los 10 días de noviembre de 1992. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Se recibe y se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
PROPOSICIÓN DE NOMBRE PARA LA SALA DE SESIONES
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para presentar iniciativa de decreto, a fin de que la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lleve el nombre de Benito Juárez.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ciudadanos legisladores:
Los autores del proceso histórico son los pueblos. Ellos engendran a sus conductores cuando los necesitan. La grandeza de los hombres depende de las hazañas de sus pueblos, de sus anhelos, de su decisión en el combate. Pero los hombres de genio influyen también en su pueblo, cuando lo saben comprender, cuando se convierten en su cerebro y en su brazo. Pero lo cierto es que jamás un pueblo estará huérfano de guías.
Lo decimos sin espíritu prepotente; pero acudiendo únicamente a la verdad: ningún pueblo de América Latina ha tenido un proceso histórico con tanta personalidad como el de México. México nació a la lucha por su independencia con una revolución popular. Este movimiento engendró otros dos que le han dado al país su raigambre y su dimensión de hoy. Y hay un hilo conductor en todo el proceso revolucionario de México. Por eso los conductores de ayer y sus ideas siguen teniendo actualidad. En gran parte son hombres de nuestro tiempo.
Vicente Lombardo Toledano ha dicho de Benito Juárez: "Es una figura de gigante"; pero es un gigante no porque él solo y debido a su carácter y a su genio, hubiese realizado la obra trascendental que cumplió, sino porque tuvo la virtud y el mérito de estar a la altura de su tiempo, no sólo del tiempo mexicano, sino del tiempo universal".
Es indudable que Benito Juárez es heredero legítimo de Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos y Pavón, como la Revolución de Reforma es descendiente directa a la insurgencia. Morelos proyectó con mano precisa e ideario diáfano lo que sería la nación mexicana emancipada, el nuevo Estado mexicano, radicalmente distinto al régimen impuesto por el coloniaje. Tomó las ideas universales y las proyectó sobre el suelo mexicano. Concibió un Estado basado en los principios de la soberanía popular, en los derechos del hombre, en el gobierno representativo de los intereses populares; pero no imitó instituciones envejecidas de Europa, como la monarquía, desconocida en nuestra tierra, a pesar de los tres siglos de dominio de la monarquía española.
Enarboló la bandera de la República y la realidad económica, social, política y cultural del país, lo convenció que sólo el federalismo podía ser viable para el futuro de la nación. Para el "Siervo de la Nación", el Estado mexicano debía ser moderno, en el sentido de su separación de corporaciones religiosas; no debía admitir los fueros, y la igualdad ante la ley debía regir a toda la sociedad. Claro que su ideario tiene un trasfondo social; el nuevo Estado mexicano debía destruir las estructuras económicas de la colonia; debían destruirse las relaciones feudales y esclavistas y las grandes masas populares debían elevar sus condiciones materiales y culturales. Igualmente, desde Morelos quedaban claros los principios internacionalistas de México: La autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
A Morelos no le alcanzó la vida para ver realizado su proyecto social y político. Al consumarse la independencia, no hubo cambios sustanciales en el interior del país. Las causas que habían provocado la Revolución de Independencia quedaban latentes. Por eso se puso en marcha otro movimiento y surgió nuevamente la lucha, enconada y sangrienta, entre quienes propugnaban por destruir todo el andamiaje que dejó el colonialismo y los que se aferraban a él con las uñas de las manos y del pensamiento.
México recorrió un largo y sinuoso camino para arribar a una nueva Revolución. Ella había de ser el reflejo no de la simple inestabilidad; sino un salto en la calidad de la lucha, porque ella había de traer un cambio en el ser nacional: Se había de asentar para siempre el Estado mexicano que pervive hasta nuestros días y que hemos de defender las generaciones de hoy y del porvenir.
Tenemos que enterrar con montañas de verdades las mentiras divulgadas dentro y fuera del país en contra de una de las figuras más puras de la historia universal y de México. Benito Juárez era creyente como casi todos los hombres de generación, con excepción de Ignacio Ramírez, el filósofo materialista. Su lucha no era antirreligiosa, sino política. Su combate estaba dirigido a vencer los cuerpos privilegiados que acaparaban la riqueza material y se empeñaban en mantener su fuerza incontrastable dentro del Estado y sobre el Estado.
Juárez había recibido el legado de su raza, de cualidades altamente positivas para las tareas políticas que estaban de por medio. Pero no representaba sólo a su raza, sino al pueblo mexicano en sus ideales, en su cultura, en sus ansias de destruir todos los obstáculos que se le oponían.
Era el hombre designado por la historia para construir la nueva sociedad liberada de las viejas ataduras de la servidumbre económica y espiritual. Era la síntesis de las cualidades de un pueblo que había adquirido su conciencia nacional, dispuesto a defender el derecho del pueblo mexicano a construir su destino sin la opresión de imperios, aunque se dieran el título de civilizados.
Benito Juárez pudo evadir las trampas que le querían tender las fuerzas oscurantistas y pudo abrevar en el humanismo de su tiempo y en las ideas que las revoluciones de los siglos XVII, XVIII y XIX habían difundido por el mundo.
En Benito Juárez hacían feliz unión el talento, la serena reflexión, la lealtad a una causa, la militancia en la corriente más avanzada de su tiempo y la voluntad de hierro para realizar las empresas más difíciles. Todas esas cualidades hicieron de Juárez el líder indiscutible del pueblo y de la nación.
El desafío a la cerrazón y a los métodos antihumanistas de las fuerzas conservadoras, acicatearon el espíritu de Juárez en lugar de amilanarlo.
Las amenazas externas y el intervencionismo prepotente, hicieron del ilustre "Indio de Guelatao", una estrategia excepcional en el terreno de la diplomacia y un táctico genial para mover al pueblo mexicano a la hora de la lucha.
Quiso ganar todos los combates en una sola batalla y le ahorró al pueblo mexicano mayores sacrificios realizan de una vez la obra completa.
Comprendió que la táctica de la espera y de las reformas escalonadas en aquellas circunstancias que constituían una oportunidad histórica, sólo conducirían al fracaso y a una indeterminable guerra civil.
La Constitución de 1857 era un avance trascendental, aunque no debía ser toda la obra de la Reforma. Ella estructuró los órganos de la República de acuerdo con los principios de la división de poderes y de la soberanía popular; y por primera vez en el Derecho Constitucional Mexicano, estableció un catálogo preciso y sistemático, de los derechos del hombre como "la base y el objeto de las instituciones sociales".
Por eso Juárez la defendió y la tomó como bandera cuando Ignacio Comonfort, aliado con los conservadores, dio el golpe de Estado contra ella y rompió sus propios títulos de Presidente de la República. Cuando los conservadores demandaron que se revisara la Constitución , a fin de conciliar los intereses en pugna, Juárez respondió con firmeza: "Fuera de la Constitución que la nación se ha dado por el voto libre y espontáneo de sus representantes, todo es desorden".
Y en su manifiesto a la nación, del 7 de julio de 1859, en plena guerra de tres años, el reformador dijo: "La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque el resultado de la encarnizada lucha de los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado, esta vez contra los más caros principios de la libertad y del progreso social, depende todo de su porvenir... Nada tiene qué decir el Gobierno sobre la organización política del país, porque siendo él mismo una emanación de la Constitución de 1857, y considerándose, además, como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, debe comprenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que los ciudadanos todos, sin distinción de clases ni condiciones, disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad."
Juárez se rodeó de los hombres más ilustres de México, para hacer la obra de la reforma, precisamente porque él no era un hombre pequeño. La obra gigantesca tenían que hacerla gigantes. En síntesis, ella dio los siguientes frutos:
Fue destruido el Estado - Iglesia. La iglesia debía asumir su condición de institución privada. Fueron reconocidos los derechos del hombre. La iglesia y el Ejército perdieron sus fueros, como consecuencia del principio de la igualdad ante la ley. El Ejército, herencia de la colonia, corrupto, indisciplinado, verdadero cuerpo de casta, dejó de ser la rémora que asoló al país por medio siglo. Surgió la República como única forma de gobierno viable para México y la monarquía fue liquidada para siempre. El federalismo triunfó como principio frente al centralismo.
De los escombros del Estado - Iglesia, surgió el nuevo Estado, como autoridad única, regulador de la vida pública, promotor de la educación, de la cultura y de la ciencia, e impulsor del desarrollo social.
Juárez fue capaz de crear el frente patriótico nacional para acumular fuerzas contra la intervención extranjera. Jamás se arredró ante las contingencias adversas. Tenía fe en que la causa sagrada de la independencia nacional conquistaría la victoria. El Ejército invasor fue derrotado no por presiones internacionales ni por los vientos de guerra en Europa. Napoleón "El Pequeño" retiró sus huestes imperialistas de nuestro suelo cuando se convenció de que el pueblo mexicano jamás se rendiría.
Expulsado el agresor, las fuerzas conservadoras que sostenían al iluso Maximiliano de Habsburgo, se desplomaron como castillos de naipes. Así, los principios de autodeterminación y no intervención, México los hizo valer con las armas en la mano. Hoy nadie puede desconocer que la política internacional de México tiene que abrevar del pensamiento juarista.
Sin la obra de Benito Juárez, no hubiera sido posible la Revolución Mexicana de 1910 - 1917.
Sin la obra juarista, es inconcebible el México progresista y revolucionario. Sobre ella se apoyan las conquistas sociales de nuestro pueblo, así como la personalidad de la nación. Sin la acción y el pensamiento del Benemérito de las Américas, no podemos pensar en el futuro de México.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y las disposiciones relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, me permito someter a esta soberanía, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Unico. Póngase el nombre de "Benito Juárez", a esta sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Ruego a la Presidencia tenga a bien disponer que la presente iniciativa sea remitida a las comisiones unidas de cultura y de reglamento, régimen y prácticas parlamentarias, para su estudio y dictamen.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de noviembre de 1992. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Martín Tavira Urióstegui.
La Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Régimen y Práctica Parlamentaria.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el día 6 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"El ciudadano Jaime José Serra Puche, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Bélgica, con motivo de la próxima visita a México del Príncipe Alberto de ese país. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
En atención a que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de noviembre de 1992. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios».
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el día 6 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"El ciudadano Daniel Harry Dultzin Dubin, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica, con motivo de la próxima visita a México del Príncipe Alberto de ese país. Para tal efecto y a fin de que se
integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
En atención a que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan, para su conocimiento y fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de noviembre de 1992. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 6 del actual.
"El ciudadano Benjamín Clariond Reyes, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica, con motivo de la próxima visita a México del Príncipe Alberto de ese país. Para tal efecto y a fin de que se integren a su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
En atención a que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de noviembre de 1992. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 4 del actual:
"El ciudadano Luis Rafael López Morton, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica, con motivo de la próxima visita a México del Príncipe Alberto de ese país. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
En atención a que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de noviembre de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario:
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 4 del actual, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica, con motivo de la próxima visita a México del Príncipe Alberto de ese país. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
En atención a que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan, para su conocimiento y fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de noviembre de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de octubre próximo pasado:
"El ciudadano ingeniero Jorge Pérez y Bouras, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado Encomienda, que le confiere el Gobierno de España. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
En atención a que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 6 de noviembre de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
* LEY DE AGUAS NACIONALES.
La Presidenta: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Aguas Nacionales.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 6 del 10 de noviembre de 1992.
La Presidenta: - Ante esta Presidencia se ha solicitado con fundamento en el artículo 108 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado José Guadalupe Enríquez Magaña fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Enríquez Magaña.
El diputado José Guadalupe Enríquez Magaña: - Con el permiso de esta honorable Presidencia; señoras diputadas, señores diputados:
La Comisión de Asuntos Hidráulicos de esta Honorable Cámara de Diputados, ha puesto a su consideración el dictamen que recayó a la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Aguas Nacionales. Al fundamentar el dictamen se expresa que en el marco jurídico en que vive el país desde la Constitución de 1917, se sentaron las bases para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales como propiedad originaria de la nación y para conciliar en el caso el interés público con el interés privado, se estableció también la necesidad de las concesiones.
En este dictamen, se afirma con razón que el principio de que las aguas de nuestro país son nacionales y por lo tanto resultan inalienables e imprescriptibles, resulta pues urgente que los particulares que quieran aprovecharlas deberán tener en todos los casos la concesión correspondiente, otorgada por conducto de la Comisión Nacional del Agua como representante de la federación, en el caso, mediante un procedimiento muy sencillo de dar respuesta inmediata a la solicitud que se formule.
Se establece también que preservar la calidad del agua es uno de los retos actuales de las sociedades modernas, por lo que debemos actuar con oportunidad en esta materia, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en el contexto social, de ahí que la iniciativa contenga también un título completo dedicado a la reglamentación de la calidad de las aguas que viene a complementar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, así como la Ley de Salud, en el entendido de que la protección ecológica y la de la salud sólo pueden ser eficaces cuando se atienden y resuelven las causas de los desequilibrios desde su origen, ya que atacar tan sólo los efectos de la contaminación resultaría insuficiente.
Se establece también que el desarrollo del país requiere que el uso o el aprovechamiento de sus recursos naturales se lleve a cabo con criterios que permitan seguir progresando sin poner en riesgo el patrimonio de los mexicanos, por lo que en el caso del agua, la sociedad mexicana piensa que se trata de un recurso vital para el desarrollo del país que requiere indiscutiblemente de una nueva cultura en su uso, en la cual todos, con el apoyo de las instituciones, reconozcamos su valor y asumamos nuestra responsabilidad para garantizar su manejo eficiente y la conservación de su calidad.
Es necesario actuar con decisión y oportunidad para que la escasez o el abuso del agua no limite la perspectiva del futuro de México, por lo que debemos darle un enfoque normativo, actualizado, para lograr un uso adecuado y un aprovechamiento racional.
Estimamos que para todo ello, se debe aprovechar el enorme esfuerzo desarrollado por los mexicanos durante los últimos años, lo que nos ha permitido tener actualmente una infraestructura importante, tales como presas, acueductos, canales, distritos de riego, etcétera, y contando fundamentalmente con una experiencia producto de varias generaciones que han sabido servir a México en esta materia.
En tales condiciones se ha considerado necesario un nuevo marco jurídico que regule el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, de acuerdo con las necesidades de la sociedad actual que vive indiscutiblemente nuevos impulsos en la producción y en la productividad, así como en el desarrollo de la actividad agrícola, en la actividad industrial, en la comercial y en la actividad de servicios. Por ello, después de amplias consultas y estudios con motivo de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, se proponen en el dictamen que nos ocupa, mecanismos para lograr una mayor participación de los sectores público y privado, en la administración, en la construcción y en la operación de la infraestructura hidráulica, para consolidar en esa forma nuestra programación en la materia.
Y también se propone la consolidación de una autoridad federal única para la administración del agua en cantidad y en calidad, como lo sería la Comisión Nacional del Agua.
En el propio dictamen señores diputados, se busca dar seguridad jurídica en el uso y aprovechamiento del agua, que permita a los usuarios tanto privados como sociales, planear adecuadamente sus actividades de mediano y de largo plazo, fortalecido todo ello con la creación del
Registro Público de Derechos de Agua, que estará al servicio de la población con el propósito de proporcionar mayor certeza jurídica a los derechos en la materia y por ello tendrá el carácter de público, con facultades para expedir certificaciones sobre su contenido.
Asimismo, para garantizar el aprovechamiento eficiente y racional del agua y el uso de la infraestructura hidráulica en su caso, para la modernización del campo, se busca que esas infraestructuras respondan al espíritu de las recientes reformas constitucionales para lograr repito, no sólo la modernización del campo, sino de todo el país.
El dictamen permite también una mayor participación de los particulares en la construcción y operación de toda la infraestructura hidráulica del país y sobre todo, de los servicios donde con este nuevo sistema, los resultados resultan evidentes.
A mayor abundamiento destacamos que en el caso existe también en la iniciativa una mejor técnica jurídica al contemplarse tan sólo un título de infracciones, sanciones y recursos y remitiendo al código penal todo lo relacionado con los delitos sobre la materia.
Así pues, la Comisión Nacional del Agua como representante de la autoridad federal en esta materia, se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Social y la de Salud, para obtener los mejores resultados y lograr la conservación y mejoramiento del medio ambiente y la prevención de la contaminación del agua y cuerpos acuíferos; quedando bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, la política y normatividad en materia ecológica.
Se estima, que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejerce directamente o por conducto de la Comisión Nacional del Agua, quien se constituye en esta forma, en la única autoridad en la materia.
Se expresa también que por otra parte, al reglamentar los diferentes usos, destaca la posibilidad de que sean los propios usuarios en el caso del campo, los que administren su uso y aprovechamiento para el riego, sin olvidar el estado, su obligación de apoyarlos, lo que indiscutiblemente resulta de acuerdo con el espíritu de las recientes reformas del artículo 27 constitucional, tendientes a llevar más libertad y justicia para los campesinos.
Al solicitar su voto favorable al dictamen, lo hacemos porque consideramos que la ley reglamentaria que se propone resulta fundada y de acuerdo con el espíritu y texto del constituyente de Querétaro que afirma que la propiedad de las aguas nacionales corresponde a la nación y es dominio de la misma inalterable e imprescriptible, y para la explotación de dichos recursos establece claramente que sólo podrá hacerse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal como se asienta en el propio dictamen.
A mayor abundamiento, la propuesta de una nueva legislación no se concibe como una regulación en el vacío o una regulación en el aislamiento que pretende ignorar lo anterior o hacer de lo que ocurre en el mundo en materia hidráulica por el contrario, en el dictamen que se analiza se pretende aprovechar la rica experiencia legislativa sobre la materia mexicana, todo lo cual en su momento cumplió con su cometido dando continuidad a aquello que ha sido útil, eficiente y equitativo y que es acorde con el desarrollo actual del país, al mismo tiempo que se debe insertar en una conformación mundial de enormes proporciones para lo cual se toman en cuenta los avances que se han logrado en otros países, en donde el agua es un recurso vital y necesario para el desarrollo y el progreso.
Se expresa que la iniciativa se enmarca en las tendencias actuales de la legislación hidráulica en el mundo y responde a las necesidades de los usuarios en nuestro país, cualquiera que sea el destino o uso que se haga del agua.
La Comisión con la aportación de sus miembros que representa a las distintas fracciones parlamentarias, ha enriquecido el contenido de la iniciativa en favor de los procesos, con reformas y adiciones y en su redacción, lo que da una mayor precisión. Asimismo, se incluyó un título para destacar el uso del agua en materia de acuacultura que permite apoyar esta actividad de acuerdo con las normas aplicables.
Estimamos, pues, que el dictamen que se analiza es un auténtico resultado del trabajo que se ha venido llevando a cabo en esta Legislatura en comisiones, en donde se escuchó la opinión de todos los partidos, resulta pues este dictamen un auténtico trabajo pluripartidista, al que, señores diputados, les rogamos expresar su voto favorable. Muchas gracias.
La Presidenta: - En términos del artículo 114 de nuestro Reglamento esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general del proyecto de ley de Aguas Nacionales los siguientes oradores:
Diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra; diputado José Luis Canales de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; diputado Leonides Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición; diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; diputado Guillermo Díaz Gea, del Partido Revolucionario Institucional, a favor diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición; diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en contra; diputado Jaime Ríos Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; diputado Alejandro Ontiveros Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; y diputado Juan José Rodríguez Pratts, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
Por lo tanto tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señoras y señores:
El propósito de la Ley Federal de Aguas que comenzamos a analizar en este momento, al igual que sucedió con la Ley de Pesca en su momento, con la Ley de Minería también, es el de retirar al Estado de las actividades de construcción de obras, usos y aprovechamiento del agua en todos los niveles y características, para dejarlo a la iniciativa privada.
El Gobierno, a partir de ahora, sólo se encargará de la parte normativa y se convertirá en una ventanilla para el otorgamiento rápido de permisos, concesiones y para ejecutar funciones de vigilancia; pero dejará de tener el papel que había tenido hasta hoy.
Mientras la Ley Federal de Aguas, promulgada en el año de 1972, tenía un profundo sentido social, pues trataba de beneficiar a los ejidos, a las comunidades y a las pequeñas poblaciones, tomando en cuenta que se trata de un recurso escaso y caro, la presente ley pone en el libre juego de las fuerzas del mercado este vital líquido.
Don Andrés Molina Henríquez, en su conocida obra Los Grandes Problemas Nacionales, hacía notar que México, salvo en algunas regiones, no era un país apto para la agricultura, sino más bien para la ganadería y para la minería, tomando en cuenta las características geográficas de nuestro territorio. Y, en efecto, así es.
Aunque la obra constructiva de la Revolución Mexicana en materia de presas, canales, acueductos, drenajes, ha sido muy amplia, todavía podemos decir que el agua es un recurso escaso. Escurren un total de 410 mil millones de metros cúbicos anuales, y de ellos el 80% se destina a la agricultura, el 5% a la industria y el 5% para usos domésticos. Pero sin embargo llueve demasiado en donde no debiera o no se necesita, como ocurre en las regiones tropicales y en donde se requiere no llueve en la cantidad deseada, como sucede en las zonas centrales y norteñas.
Esta desigualdad en la existencia del recurso podrá ser agravada con los enfoques mercantiles y comerciales, que ahora se pretenden aprobar y aplicar, pues cada vez representa mayores erogaciones traer agua a las grandes ciudades como México, Monterrey y Guadalajara, de tal forma que la privatización de estas obras, que implican erogar muchos miles de millones de pesos, provocará un aumento desmedido en las tarifas que pagan los consumidores.
El uso racional y equitativo de un bien escaso, como lo es el agua, no debiera quedar a merced de la iniciativa privada, sino debe desempeñar esta tarea el Estado, en coordinación con los distintos grupos de usuarios.
Todavía estamos muy lejos de tener altos niveles de irrigación en la agricultura mexicana, pues de los 22 millones de hectáreas que se cosechan en el país, sólo 6 millones tienen este servicio, que se encuentran ubicados en los 77 distritos de riego y que generan el 50% de la producción agrícola nacional.
La extensión de la superficie irrigable fue una tarea que asumieron los gobiernos posrevolucionarios, sobre todo a partir del Gobierno del general Plutarco Elías Calles, a partir de la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, estando conscientes estos gobiernos de las condiciones desventajosas que tiene nuestro sistema
orohidrográfico y para incrementar la productividad de nuestra frontera agrícola.
Pero la agricultura sigue siendo esencialmente temporalera, sujeta a las lluvias que tienen un comportamiento errático, en función de los cambios climáticos que se registran en el mundo entero. Hay años buenos, como el pasado, pero también hay años malos, no sólo tratándose de sequías, sino también de inundaciones.
La mayor parte de los ríos, de sus cuencas, de sus riberas, registra un alarmante grado de contaminación, debido, sobre todo, a la emisión de aguas residuales, como lo reveló un reciente estudio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, destacándose muy cerca de nosotros la alta contaminación que registra el Río Lerma, que es un cuerpo de agua fundamental para el mantenimiento del equilibrio ecológico en la región central de nuestro país.
No pensamos que privatizando las cuencas y las riberas de los ríos, podrán limpiarse estos cuerpos de agua, sino por el contrario, este fenómeno puede incrementarse porque por razones lógicas y explicables, a la empresa privada sólo le interesa tener un alto nivel de ganancia con la inversión más baja posible y tampoco le conviene, nunca, la protección del medio ambiente.
Sin rígidos controles estatales, como los que quiere aplicar la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, como los que existen en la mayoría de los países, no podrán limpiarse los cuerpos de agua que han sufrido daños muy grandes y que su recuperación biótica es a muy pero a muy largo plazo; algunos de ellos ya han experimentado daños irreversibles junto con la flora y con la fauna.
Otro problema importante al que nos enfrentamos es el de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, no sólo en las grandes ciudades, sino también en las regiones productoras de alimentos del noroeste, en donde las extracciones son superiores a la recarga y se ha presentado un alarmante fenómeno de salinidad, hasta hoy no controlado, sobre todo en el Estado de Sinaloa.
La Ley actual, a diferencia de la anterior, no establece ningún orden de prioridades respecto del uso del agua.
En 1972, cuando se promulgó la Ley que está vigente, se privilegiaba el uso disponible para fines agrícolas, lo cual era correcto, lo cual era concordante con la Ley Federal de Reforma Agraria, promulgada por el Gobierno de Luis Echeverría. Pero ahora existe la tendencia de poner en orden de prelación los usos industriales, comerciales y domésticos.
Los objetivos al desregular esta actividad y al retirarse el Estado de ella, quedan a merced de las inversiones que pudieran efectuar los empresarios privados que como es lógico se concentran en aquellas obras que les son más rentables.
A nuestro juicio estas son las cuestiones más vulnerables y más criticables de la Ley que hoy comenzamos a analizar, que son las que motivan que el voto del Partido Popular Socialista sea en contra. Hay en la Ley una excesiva facilidad para el otorgamiento de concesiones a los particulares, se facilitan las prórrogas y las transmisiones de los títulos sin hacer una evaluación a fondo del modo como se ejercieron dichas concesiones originariamente, sino se trata solamente de meros trámites administrativos. Es excesivo el límite de hasta 50 años para el término de las concesiones, la Ley abre la posibilidad de transmitir derechos de propiedad a particulares en zonas reglamentadas, vedadas o de reserva, lo que puede afectar los mantos acuíferos aún más de lo que ya están. El Estado se autolimita al fijar estas zonas y en cambio se otorga más libertad a los particulares para participar en ellas en donde está de por medio la vida humana de las grandes ciudades. Se sientan las bases jurídicas para la privatización de los servicios de agua potable, drenaje, y alcantarillado; el tratamiento de aguas residuales también se asigna a los particulares que pueden instalar plantas tratadoras, se permite la transmisión del uso del agua para finalidades agrícolas entre ejidatarios y particulares, pero no sólo en la zona parcelada sino también en las zonas de uso común en consonancia con la Ley Federal de Reforma Agraria, lo que puede dislocar la unidad productiva del ejido, se propicia en el colmo del liberalismo, la transmisión libre de la explotación de las aguas nacionales, desaparece la participación del Estado en los distritos de riego para entregarlos a los usuarios, los cuales, a partir de ahora deberán absorber todos los gastos, lo que va a encarecer la producción agrícola.
Hay que tomar en cuenta que muchos distritos de riego tienen ya operando 30 o 40 años, tienen un nivel de deterioro muy grande y requieren una rehabilitación integral, una rehabilitación implica erogar miles de millones de pesos, antes los erogaba el Gobierno Federal, ahora los tendrán que erogar los usuarios o ejidatarios.
El Estado sólo asume el compromiso de realizar la infraestructura, pero luego no tiene facultades
que le permitan encauzar la distribución del agua en los distritos de riego dejando esta tarea a los ejidatarios. La Ley abre el camino para que los particulares puedan generar energía eléctrica y más aún, para que puedan generar energía eléctrica en base a los recursos de la geotermia.
Se otorgan grandes facilidades administrativas para que los particulares en contravención a las normas rígidas en materia ecológica, puedan efectuar descargas de aguas residuales a los distintos cuerpos de agua.
La Ley otorga libertad absoluta a los usuarios para realizar obras de infraestructura en las aguas nacionales, ya que el otorgamiento de permisos en estas aguas es sólo de carácter excepcional.
El Estado, en estas obras, en las aguas nacionales, sólo participa como elemento de apoyo financiero, técnico y administrativo; en el mejor de los casos, sólo otorga subsidios, pero deja a merced de los particulares, su uso, explotación y aprovechamiento.
Se entrega en concesión privada. Todas las obras de la infraestructura hidráulica federal, como son presas, puentes y acueductos. Al concesionarse a la inversión privada las obras de la infraestructura hidráulica y de los servicios, se plantea que habrá tarifas a costos reales. Esto quiere decir que no se toman en cuenta los distintos usos del agua ni la capacidad de ingresos de los usuarios de las grandes ciudades.
La Ley de referencia, en el interés de simplificar los trámites, para el otorgamiento de concesiones y permisos, se va al otro extremo de desregular esta actividad administrativa y política del Estado, y en la práctica pone el uso de los recursos bióticos al funcionamiento del libre mercado, a la movilidad de la Ley de la oferta y la demanda; a las disponibilidades de la inversión existentes, nuestros recursos acuíferos, olvidando que deben ser usados y explotados con un profundo sentido social y tratando de conservarlos para las futuras generaciones.
La protección de los recursos acuíferos no puede estar sujeta a la Ley del máximo lucro, tampoco a la ganancia inmediata, sino ésta debe ser una tarea irrenunciable del Estado.
La flexibilización y la tolerancia, para manejar las descargas de aguas residuales tanto de empresas públicas como privadas, ha generado una elevada contaminación en alguno de los ríos más importantes del sureste y el Río Lerma entre otros; y esa experiencia, al parecer no es asimilada por los autores de la iniciativa.
Tomando en cuenta que la cantidad de agua de que dispone el país ha sido esencialmente la misma desde hace muchos años y que las lluvias tienen y han tenido un comportamiento irregular, y que este comportamiento continuará en la medida de que hay un cambio climático en el mundo y siendo éste un líquido vital no sólo para la producción de alimentos sino también para la vida misma, el nuevo sistema de concesiones y permisos, la deja a merced del comportamiento del mercado de capitales y por lo tanto esto entraña un serio peligro para este recurso caro y escaso.
Este tratamiento está en contradicción con las resoluciones sobre la biodiversidad que fuera aprobada en la reciente Cumbre de Brasil, en que exige a los Estados tomar medidas severas de carácter proteccionista y regeneradora sobre los recursos acuíferos, con la protección de los campesinos.
En varias regiones de nuestro país, pero sobre todo en el Valle de México, se ha experimentado un proceso de deterioro de los mantos acuíferos, por lo que consideramos que deben mantenerse las restricciones para establecer zonas vedadas o reglamentadas, sobre todo para evitar mayores recargas, a efecto de disminuir los costos que implica traer el líquido vital desde zonas alejadas, distantes, lo que implica quitarle esos recursos a distintas poblaciones del Estado de México.
Hace falta un uso más racional del agua en las grandes ciudades, a efecto de no seguirlas desarrollando en detrimento de la agricultura y del medio rural. La extracción de agua en forma excesiva, genera empobrecimiento en el campo y una gran migración a las ciudades, lo que sólo redunda en un crecimiento cada vez más desordenado de nuestro país.
Desde la época del general Plutarco Elías Calles, comenzó el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del país, con el interés de vincular el agua a la producción agropecuaria. Muchos billones de pesos se han invertido en estas décadas, y hoy tenemos 6 millones de hectáreas regadas, 1 mil 273 presas de almacenamiento, 38 mil kilómetros de drenes y desagües, 55 mil kilómetros de caminos de enlace y 80 mil pozos para riego. Toda la infraestructura hidráulica federal, creada por la Revolución Mexicana, por medio de esta ley se está transfiriendo a los particulares, sin que el Estado pueda tener potencialidades reales para una distribución equitativa de los recursos del agua, no en función del poder económico de las personas o de las regiones, sino en función de las
necesidades de la población, de los ejidos, de las comunidades y de las pequeñas y medianas ciudades.
Coexisten así zonas de la agricultura moderna, sobre todo en el valle del noroeste, que se dedican a los cultivos de alto rendimiento y muchos de ellos destinados también a la exportación, frente a la agricultura de autoconsumo de tierras de mala calidad, sin agua, sin créditos, sin maquinaria, de la cual se alimenta la mayoría de la población de nuestro país. Para ellos, para este sector de la agricultura de autoconsumo, no hay un tratamiento adecuado en la ley que estamos examinando.
No podrán tener acceso al riego, de acuerdo con esta ley, simplemente porque no tienen la inversión suficiente para construir, operar y mantener las obras que se requieran.
Estamos a favor de que los ejidatarios y los usuarios de los distritos de riego participen en su administración, operación y mantenimiento, pero es evidente que no podrán efectuar las erogaciones que se requieren para su ampliación, para su rehabilitación; no podrán tener recursos suficientes para la construcción de presas y de puentes, ya que sólo el Estado tiene recursos suficientes para ello, como se ha comprobado desde los años veinte hasta la fecha.
Todos sabemos que este tipo de obras requiere de fuertes inversiones, que ahora tendrán que hacer los productores rurales que han alcanzado la mayoría de edad.
Siguiendo el esquema neoliberal, el Estado sólo construye la infraestructura, pero en el colmo de la contradicción, después no puede operarla, no puede establecer prioridades del uso del agua en función de la producción de alimentos, porque tanto la explotación del agua como sus frutos, quedan como privilegio de los inversionistas privados.
De acuerdo con Adam Smith, el Estado debía proporcionar a la población los servicios públicos, entre ellos el de agua potable, drenaje, alcantarillado, recolección de basura y desde luego la seguridad pública.
En esta Ley el Estado se retira paulatinamente del cumplimiento de esas funciones que el padre del liberalismo le adjudicó al Estado, porque la somete a partir de ahora al régimen de concesiones. En los municipios en donde estos servicios se han privatizado, no se ha observado una notable mejoría en ellos pero sí un encarecimiento de los costos de sus tarifas.
A partir del enfoque prevaleciente, no se toma en cuenta que la población de las grandes ciudades, está estratificada, según ingresos salariales, de tal forma que la equiparación de las tarifas, según los costos reales, al no tomar en cuenta esas diferencias de ingreso, sólo provoca grandes injusticias, que la vida en las ciudades se encarece y que no mejora la calidad de la misma. Así, tenemos servicios más caros que los servicios públicos, pero igual o más deficientes que éstos últimos.
La eficiencia de la productividad no son valores en sí mismos, sino deben tener una referencia de carácter social; no son privativos de los particulares tampoco del Estado, sino que ambos en distintas proporciones. Lo que debemos preguntarnos es ¿Para qué buscamos estos objetivos, y a quién o a quiénes pretendemos beneficiar con ello?
El artículo 27 de la Constitución establece claramente que la generación de energía eléctrica es una función estratégica, reservada en forma exclusiva al Estado, y por lo tanto la Ley Federal de Energía Eléctrica, aprobada en la "L" Legislatura, siempre la hemos considerado anticonstitucional, pues hace desaparecer esa exclusividad al permitir que los particulares puedan también generar energía eléctrica, entonces, hablando en otras palabras, ya no es un área estratégica, ni la Comisión Federal de Electricidad es la única entidad encargada de hacerlo, sino también pueden producir energía los particulares, o sea cualquier persona.
En el Capítulo del Tratado de Libre Comercio, relativo a la energía se insiste en esta posibilidad, con la finalidad de permitir la inversión privada en la generación de energía eléctrica, sobre todo en el norte de nuestro país, con la única salvedad de que sea de autoconsumo y sus excedentes vendidos a la Comisión Federal de Electricidad.
La apertura de los particulares en este campo, se contrapone al propósito de integración nacional de la industria eléctrica, bajo un solo mando técnico y administrativo, pues en esa dirección se pretende la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en nuestro país, y en el pasado la liquidación de las empresas subsidiarias regionales que había del capital extranjero.
Consideramos que el objetivo en la actualidad debe seguir siendo el de marchar hacia una integración nacional, y no hacia la desintegración de la industria eléctrica; que las facilidades que hoy se reafirman en esta Ley para la
autogeneración pueden originar la creación de subsistemas paralelos a la Comisión Federal de Electricidad, que crecen en la medida que la Comisión Federal carece de recursos suficientes para sus actividades, y por lo tanto estamos en contra de la ley que estamos comentando. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado José Luis Canales de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Luis Canales de la Vega: - Con su permiso, ciudadana Presidenta, compañeras y compañeros diputados.
Quisiera yo iniciar mi intervención retomando una de las ideas de la exposición de motivos de la iniciativa, en el sentido de que el proyecto mantiene el principio de que las aguas son nacionales y como tales inalienables e imprescriptibles, y que los particulares que quieran usarlas deberán, en todos los casos, tener concesión expedida por la Federación. Creo que así se garantizan los derechos de los particulares y también se salvaguardan los intereses del Estado.
El Proyecto de Ley de Aguas Nacionales expresa los criterios del liberalismo social establecidos por el Ejecutivo Federal, y recoge experiencias valiosas a poco más de tres años de iniciada la instrumentación de una nueva política hidráulica caracterizada por su modernidad y por su situación de vanguardia en el contexto internacional.
El manejo integral del recurso, la participación de la sociedad y de los usuarios en la toma de decisiones para el manejo del agua en las cuencas hidrológicas, la instrumentación de un sistema de precios del agua que apoya el uso suficiente del recurso, la autosuficiencia de los servicios hidráulicos, así como su descentralización y la participación de los sectores social y privado en la construcción y administración de las obras, son entre otros elementos de la nueva política del agua, que han sido puestos en la práctica y que ahora se busca consolidar dentro de un marco jurídico adecuado.
Existe el consenso general en la sociedad mexicana de que el agua es un recurso vital y motor para el desarrollo del país, que requiere de una nueva cultura en la cual, todos, con el adecuado apoyo de las instituciones, reconozcamos el valor de este recurso y la responsabilidad compartida para garantizar su uso eficiente y la conservación de su calidad.
La sociedad mexicana es hoy más participativa, más consciente de los límites que imponen la disponibilidad de nuestros recursos hidráulicos, de su necesario cuidado y del papel fundamental que éstos juegan en el bienestar social, en el apoyo a la producción y en el desarrollo regional.
El México actual no puede explicarse sin las grandes obras de infraestructura que se han construido a lo largo de nuestra historia. Entre ellas destacan las dedicadas a la irrigación, a la generación de energía eléctrica y al abastecimiento de agua a las ciudades e industrias.
Gracias a estas obras, el país tiene su perfil actual y dispone de una base para encarar los retos que plantea su desarrollo. En esto el marco legal ha jugado un papel fundamental y estratégico.
Los principales objetivos de la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, que el Presidente Salinas de Gortari sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, son las siguientes: La administración integral del agua, con una mayor participación de los usuarios; la consolidación de la programación hidráulica y de la Comisión Nacional del Agua como autoridad única para la administración del agua en cantidad y en calidad; la seguridad jurídica en el uso y aprovechamiento del agua, que permita a los particulares planear adecuadamente sus actividades a mediano y largo plazos; el aprovechamiento eficiente y racional del agua para la modernización del campo y, en general, para la modernización del país; y la mayor participación de los particulares en la construcción y operación de infraestructura y servicios hidráulicos y la distribución de sus usos.
En este respecto, refiriéndome a la participación del orador que me antecedió en la palabra y que se refiere y señala la omisión del orden de prelación en los usos del agua, me permito solicitarle a la Secretaría dé lectura al artículo 27 de la Ley Federal de Aguas vigente.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - "Artículo 27. Para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional, que incluyen las del subsuelo, la Secretaría deberá observar el siguiente orden de prelación:
Uno. Usos domésticos; dos. Servicios públicos urbanos; tres. Abrevaderos de ganado; cuatro. Riego de terrenos. A) Ejidales y comunales, B)De propiedad privada; Cinco. Industrias. A)Generación de energía eléctrica para servicio público , B) Otras industrias; seis. Acuacultura; siete. Generación de energía eléctrica para servicio privado; ocho. Lavado y entarquinamiento de terrenos y, nueve. Otros.
El Ejecutivo Federal podrá alterar este orden cuando lo exija el interés público, salvo el de los usos domésticos, que siempre tendrán preferencia".
El diputado José Luis Canales de la Vega: - Muchas gracias. Creo que queda bien determinado el respeto que se da a los usos del agua en la nación, y que además se ve también y nos remitimos al artículo 13 transitorio de la Iniciativa, que hay un interés marcado en que estos usos se respeten en su totalidad.
En las disposiciones más importantes que contiene la Ley de Aguas Nacionales destacan, por un lado, las disposiciones preliminares donde se precisa como objeto de la Ley, que no sólo la regulación del uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, como ocurre con la Ley vigente, sino también con igual importancia la preservación de su calidad, dentro de una concepción integral del recurso, con lo cual se corrige una de las grandes lagunas de la Ley actual.
Por lo que se refiere a la administración del agua, se precisan las facultades que puede ejercer el Ejecutivo Federal, directamente o través de la Comisión Nacional del Agua, y se consolida ésta como la autoridad única en el ámbito federal, en materia de cantidad y calidad del agua.
Se dota a este órgano administrativo de la necesaria autonomía técnica y administrativa que requiere para cumplir con su objetivo, sin perder de vista su carácter intersectorial.
Un aspecto fundamental y novedoso en materia de administración del agua, se refiere a los Consejos de Cuenca, concebidos como instancia de coordinación y concertación de las autoridades federales, estatales y municipales, con los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica.
En la futura administración del agua los Consejos de Cuenca tendrán un papel cada vez más preponderante y decisivo, ligado a éstos, se respeta pero también se promueve la libre organización que decidan adoptar los usuarios para administrar las aguas que les han sido concesionadas y para facilitar su participación en la administración y programación hidráulica.
Y en materia de administración del agua, zonas reglamentadas de veda o reserva se desarrollan los principios que para la misma establece el artículo 27 Constitucional.
En este aspecto se ha considerado importante determinar la forma en que se concesionará el uso y aprovechamiento de las aguas del subsuelo.
El proyecto de ley mantiene el principio constitucional en el sentido de que fuera de dichas zonas, de veda o reserva, las aguas nacionales del subsuelo puedan ser libremente alumbradas sin perder su carácter de nacionales. Y en el proyecto aclara que en los casos de libre alumbramiento se deberán cumplir las contribuciones que el Congreso de la Unión haya establecido para su uso o aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación, independientemente de que sean aguas superficiales o del subsuelo.
Por seguridad jurídica se precisa el régimen de transición de una zona de libre alumbramiento a una zona reglamentada de veda o de reserva.
La regulación que contiene el proyecto de Ley en relación con los distintos usos del agua tiene como propósito destacar el régimen específico al que se sujetarán el uso público urbano, el agrícola y el de generación de energía eléctrica, así como las disposiciones necesarias para el control de avenidas y la protección contra inundaciones.
Especial atención merece el uso agrícola. La Ley de Aguas Nacionales busca adecuar y ajustar el marco de regulación de las aguas nacionales en forma congruente con las recientes reformas al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria con objeto de facilitar la reactivación del campo.
Como aspecto fundamental del proyecto, se reafirma la voluntad y el compromiso del gobierno de participar junto con los productores en el desarrollo de los distritos y unidades de riego, por considerar que dicha infraestructura que será administrada en todos los casos por los propios usuarios, constituye uno de los más importantes esfuerzos y logros positivos de varias generaciones de mexicanos y un pilar importante para el desarrollo agrícola del país.
En materia de riego agrícola México ha llegado a desarrollar, con apoyo en la Ley Federal de Aguas de 1972, toda una metodología y una práctica para el establecimiento de los distritos de riego, lo cual ha merecido reconocimiento internacional.
La nueva Ley retoma estas experiencias para dar continuidad a la expansión de nuestra frontera agrícola a través de distintas opciones para la construcción de infraestructura de riego y drenaje, dentro de esquemas que faciliten la concertación y el consenso de los beneficiados con las obras.
Se prevé también que la infraestructura hidroagrícola sea operada, conservada y mantenida
por los propios usuarios y se sientan las bases para su administración descentralizada, dentro de un esquema de autosuficiencia financiera, lo cual permitirá a los usuarios mantener el papel relevante que ha tenido el desarrollo agrícola del país.
Dada la importancia que tiene la prevención y control de la contaminación de las aguas, la iniciativa les dedica un Título completo. El propósito es consolidar una sóla autoridad en materia de calidad del agua, la Comisión Nacional de Agua, a quien corresponde fijar las condiciones particulares de descarga, otorgar o revocar los permisos de descarga de agua residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, y vigilar por lo que toca al agua el debido cumplimiento de las leyes en materia ecológica.
Hacer esto es uno de los aspectos de mayor preocupación presente y futura, se establecen las disposiciones necesarias que permitirán a la autoridad, actuar en la prevención y control de la contaminación del agua por causas de interés público y social.
En la parte relativa a las inversiones y para el desarrollo de las obras públicas de infraestructura hidráulica, se prevé la forma en que la inversión social y privada podrán participar en la construcción y operación; con ello se subsana una importante laguna que presenta la legislación vigente lo cual no ha permitido obtener mayores beneficios de la inversión privada o de los proyectos de coinversión para lograr la mayor expansión de la infraestructura y de los servicios hidráulicos, en provecho de toda la población.
La Ley de Aguas Nacionales prevé la posibilidad de utilizar las figuras de concesión y del contrato para ampliar la participación de los sectores privado y social. En materia contractual se contemplan varias figuras que actualmente no están reguladas en el derecho mexicano, tal es el caso de los contratos "Llave en Mano", los cuales permiten que una sola empresa se responsabilice del proyecto, construcción, financiamiento, equipamiento y de todo lo necesario para entregar una obra o sistema en condiciones de operación plena e incluso de la operación de las instalaciones y de la prestación de los servicios correspondientes.
Finalmente, un principio básico en la nueva legislación, se refiere a la obligación que tienen todos los usuarios, por ese simple hecho, de contribuir al desarrollo hidráulico, mediante el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, incluido el pago de derechos por la descarga de aguas residuales tendientes estos últimos a evitar la contaminación de nuestros ríos y acuíferos.
Por lo anteriormente expuesto y porque la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales tiende a garantizar la conservación del agua para el bienestar social, para la producción industrial, agropecuaria y de servicios, y porque se pretende con ella crear conciencia en un uso más racional de este recurso, así como preservar su calidad, solicito de ustedes, señoras y señores diputados, su voto a favor de esta iniciativa. Gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán: - Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en sus párrafos 5o. y 6o. las aguas que son propiedad de la nación y el dominio de éstas sobre aquéllas, de manera formal, de tal suerte que la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas sólo podrá realizarse a través de una reglamentación clara y precisa con las personas físicas o morales en su conjunto.
La iniciativa de Ley de Aguas Nacionales enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal, de ser aprobada, será a su vez, reglamentaria de los párrafos 5o. y 6o. del artículo 27 constitucional y, por tal motivo, ratificará y normará los principios enunciados.
De su análisis y discusión en comisiones para el dictamen de la Comisión, mi Partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana refiere, por mi conducto, a esta honorable Asamblea, nuestra evaluación y posición en lo general a la citada iniciativa de Ley.
Creemos que con la actualización y ratificación de dichos principios, la iniciativa de Ley se orienta, en nuestro concepto, a la consecución de una administración integral del agua; con una mayor participación de los usuarios la consolidación de la programación hidráulica y de una autoridad federal única para su manejo en cantidad y calidad. La seguridad jurídica en su uso y aprovechamiento, su utilización eficiente y racional y una mayor participación de los sectores privado
y social en la construcción y operación de la infraestructura y de servicios hidráulicos, que racionalizará el caos que a la fecha existe y tantos problemas sociales nos está causando.
Para ese propósito, la iniciativa se encuentra estructurada en 10 títulos, comprendiendo los tres primeros las disposiciones preliminares en un esquema de mayor participación de los usuarios y de la sociedad en general, donde se reitera respetar los niveles de Gobierno en favor de los usuarios y en particular lo específico al consumo humano.
Los títulos cuarto y quinto, contienen las disposiciones relativas al otorgamiento de concesiones y asignaciones para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, así como las consecuencias que derivan del establecimiento de zonas reglamentadas de veda o de reserva de dichos aprovechamientos, destacando los capítulos respectivos a los derechos y obligaciones de los concesionarios o asignatarios.
Un aspecto innovador observamos, lo constituye de la transmisión de los títulos, que permitirá el mercado de los derechos, así como la creación del Registro Público de Derechos del Agua, en el que se inscribirán los títulos de concesión y asignación, permisos y demás documentos a que se refiere el propio ordenamiento.
Por su parte, el título sexto regula en forma específica los distintos usos de las aguas nacionales y el régimen específico a que se sujetarán los usos públicos, urbanos, agrícola y para generación de energía eléctrica. Al igual que las disposiciones necesarias para el control de avenidas y la protección contra inundaciones, que de respetarse dichos ordenamientos, limitarán las inundaciones que por las avenidas que se generan en épocas de precipitaciones, provocan tantos problemas y daños en nuestra comunidad. Y se aprovechará al mismo tiempo este recurso, para bien de todos.
El título séptimo contiene la regulación referente a prevención y control de la contaminación de las aguas, como aspectos fundamentales de esta iniciativa, que beneficiarán sin duda los programas turísticos de los litorales que a la fecha se ven brutalmente afectados.
El título octavo precisa la forma en que los usuarios y los particulares podrán participar en materia de inversiones, en infraestructura y servicios hidráulicos, así como los términos y condiciones para la inversión privada, que se requiere en la materia y en la forma de recuperación, evitándose el subsidio y el desvío de la función de Gobierno en este sentido.
El título noveno alude a los bienes que guardan relación con las aguas nacionales, los que estarán sujetos a disposiciones de órdenes e interés público, para garantizar su utilización en beneficio de la colectividad nacional.
Por último el título décimo establece mecanismos requeridos para garantizar la aplicación de la ley y corregir el incumplimiento a sus disposiciones y lo relativo a las infracciones y sanciones, contemplando los medios de defensa que tienen los particulares frente a la autoridad, dentro de nuestro estado de derecho, limitando el arbitrio de las representaciones de gobierno.
En dicho contexto puede advertirse que la iniciativa de Ley dice:"...respetar escrupulosamente los principios constitucionales en materia de aguas, como el caso de la concesión, que no viene a constituir un nuevo instrumento jurídico Habida cuenta que esta figura existe desde épocas remotas y específicamente desde el México independiente y posteriormente en el código de 1870, que por lo demás da plena certidumbre jurídica al concesionario, al quedar determinado en la iniciativa que el término de la misma no podrá ser inferior a cinco años, supuesto que no está contemplado en la vigente ley.
Otros aspectos importantes de la iniciativa de ley, se pueden mencionar en cambios, los relativos a las mayores atribuciones que se confieren a la Comisión Nacional del Agua, para fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, saneamiento, y tratamiento y reúso de aguas y la de contratar y concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia, conciliar y en su caso fungir como árbitro, a petición de los usuarios en los conflictos relacionados con el agua.
Otro aspecto que destaca también, es la creación del Registro Público de Derechos de Agua, en el que deberán inscribirse las concesiones, asignaciones y permisos a que se refiere la misma, así como las prórrogas, suspensiones, terminaciones y demás actos y contratos relativos a su transmisión, lo que viene a dar publicidad al mercado del agua, y plena certidumbre jurídica a los usuarios.
Se ratifica en ella el respeto del uso o aprovechamiento de aguas en ejidos o comunidades y en congruencia con la nueva Ley Agraria, la Iniciativa de Ley refiere ese respeto al mencionar
que pueden ser para el asentamiento humano o para tierras de uso común, de acuerdo con el reglamento que para ello formule el ejido o comunidad y asimismo establece que cuando hubiere parcelamiento, corresponderá a los ejidatarios y comuneros el uso o aprovechamiento del recurso para el riego de su parcela, sin que en ningún caso la asamblea o el comisionario puedan usar, disponer o determinar el uso o aprovechamiento del agua destinada a las parcelas sin el previo y expreso consentimiento de los ejidatarios, salvo que se trate de aguas indispensables para el uso doméstico del asentamiento humano.
En el apartado relativo a los distritos de riego, la iniciativa regula la transferencia de la administración, operación y conservación de los mismos a los usuarios, a efecto de que lleven a cabo dichas funciones de acuerdo con un reglamento, previa constitución de una asociación civil, cuya directiva establece que se elegirán democráticamente, ojalá y así sea, y a la que se otorgará el título de concesión correspondiente.
En el propio apartado se determina que una vez integrado el padrón de usuarios será responsabilidad del concesionario mantenerlo actualizado, en los términos del reglamento, así como que se podrá inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua.
La Nueva Ley de Aguas Nacionales que se encuentra a nivel de iniciativa, como todo cuerpo normativo, no podría omitir dentro de sus disposiciones un título relativo a infracciones, sanciones y recursos, porque no se concibe una ley que no conlleve sanciones ni autoridad que no pueda aplicarla, todo, desde luego, dentro de la legalidad y con respeto absoluto a las garantías individuales que así exigimos y que deseamos armonice la vida nacional.
De esa manera la iniciativa contempla como faltas, en otras, el uso o aprovechamiento de aguas nacionales residuales que no cumplan con las normas oficiales en materia de calidad y condiciones particulares establecidas para el efecto así como usar o aprovechar aguas nacionales con volúmenes mayores que los que corresponda a los usuarios; suministrar aguas nacionales para consumo humano que no cumplan con las normas de calidad, no solicitar la inscripción en el Registro Público de Derecho de Agua del título respectivo, y otras más actualmente previstas por la vigente Ley. Faltas que son sancionadas administrativamente con multas equivalentes a días de salario mínimo general vigente en la zona en que se cometa, definiendo el Gobierno su posición rectora y su ejercicio normativo.
La iniciativa contempla, de igual manera, el recurso administrativo de revisión contra los actos o resoluciones definitivos que emita la Comisión Nacional de Agua, cuando le cause agravio a los particulares, de tal forma que éstos últimos cuenten con ese medio de defensa contra dichos actos de autoridad, recurso que además, conforme a la misma iniciativa, es optativo hacerlo valer por el particular. Esto es, que si el afectado lo prefiere, puede acudir directamente ante los tribunales federales competentes en contra de dicho acto o resolución.
En consecuencia, de ser aplicables las sanciones que previene a las infracciones como queda definido y se respeta la preeminencia de su uso, como queda determinado, será sin duda un instrumento que dirima y regule los problemas que a la fecha existen y armonizará la vida de los mexicanos, por lo que mi partido, en estas condiciones, dará su voto a favor en lo general. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Con su permiso, señora Presidenta.
Diputadas y diputados a esta Legislatura:
En los términos del artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos de los artículos 88, 94, 95 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por mí conducto expresa su voto particular en relación a la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales.
Tal iniciativa fue enviada por el Ejecutivo el pasado 2 de julio del presente año, y al igual que las leyes en materia de minería, pesca y comunicaciones y transportes se orienta a convertir el campo de acción estatal en un campo de la actividad económica privada: regida únicamente por las leyes de la oferta y la demanda.
La tendencia expresa es dar seguridad a los inversionistas y poner a la disposición del mercado los recursos naturales propiedad de la nación, en congruencia con las líneas políticas para la modernización de la economía que sostiene Salinas de Gortari, en las que se plantea "que al actualizar las normas de regulación de la actividad productiva para desburocratizar y simplificar los trámites, propiciar el abatimiento de
costos e incertidumbres, así como asignar mayores recursos y alentar una mayor concurrencia de productores que sirva de acicate a la competitividad y productividad, se removerán obstáculos a la entrada de nuevos participantes en los casos que carezcan de una clara justificación económica".
Dice Salinas de Gortari "que modernización económica implica, entre otras cosas, un sector público más eficiente y un sistema de regulaciones económicas que en vez de atrofiar, aliente la actividad económica eficiente de los particulares, elimine inseguridades y permita y fomente la concurrencia de todas las actividades productivas".
Estos son los criterios que orientan la reforma al marco legal de la actividad económica, que bajo la directriz del Tratado de Libre Comercio remueve la legislación con orientación nacionalista creada desde el Gobierno de Lázaro Cárdenas y continuada en otros gobiernos.
Las razones explícitas de la llamada modernización de la economía, son:
Desburocratizar y simplificar trámites.
Propiciar el abatimiento de costos e incertidumbres y propiciar una mejor asignación de recursos.
Remover obstáculos a la entrada de nuevos participantes en la actividad económica, alentando la concurrencia de más productores para que se estimule la competitividad y la productividad.
El sector público más eficiente se entiende como la reducción de la intervención directa del Estado en la actividad económica, incluso en servicios públicos que tradicionalmente había prestado a través de sus dependencias o entidades. El Estado abandona así funciones públicas, al transitar de Estado propietario a Estado solidario y presenta una nueva legislación que permita un equilibrio entre la rectoría del Estado con la necesaria participación de los sectores social y privado.
No obstante en toda esta racionalización, aderezada a cada momento con la palabra "modernidad", es fácil descubrir que estamos en presencia de una apertura de la función pública a la actividad privada, que anula al Estado rector, como rector del desarrollo nacional y lo coloca como un simple garante de los intereses de los particulares. El interés privado se convierte en interés colectivo, o dicho de otra manera: se declara de interés público el interés de los particulares.
En este afán privatizador se modifican los principios esenciales del derecho social surgido de 1910 - 1917. El artículo 27 constitucional además de ser reformado, sufre una reinterpretación para hacerlo acorde con la ideología neoliberal.
El párrafo tercero de este artículo otorgó a la nación el derecho inalienable de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Igualmente, precisó los criterios por los que debería guiarse dicha regulación y el hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
En cuanto al aprovechamiento de los recursos bajo el dominio eminente de la nación, como es el caso del agua, el Constituyente de 1917 precisó: "No podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes." De lo que se desprende con claridad lo siguiente: Que ningún bien de dominio eminente podrá explotarse, usarse o aprovecharse sin que exista o medie concesión y que sólo la Ley y ningún Reglamento secundario pueden establecer las reglas y condiciones a que se sujeten las concesiones.
En cuanto al ejercicio del poder público, el artículo 49 constitucional establece la división de poderes en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y prohibe que dos o más de estos poderes se reúnan en una sola persona o en una sola corporación. La Constitución dice expresamente que no podrá depositarse el Poder Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 131 constitucionales.
La iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, cuyo dictamen se discute, puede caracterizarse como: Una iniciativa anticonstitucional, pues su contenido no se guía en lo esencial por lo dispuesto en el artículo 27, en materia de regulación de recursos naturales y otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio eminente de la nación.
Una iniciativa violatoria del principio de la división de poderes, al abandonar el Legislativo su función de legislar para transferirlo al criterio del Poder Ejecutivo, como lo demuestra la constante remisión al Reglamento, sin bases o normas legales qué desarrollar.
Una iniciativa contraria a la rectoría del desarrollo nacional que propiciará sin duda, una injusta distribución de la riqueza pública.
Y, en suma, una iniciativa que más que reformar anula al Estado, al hacer de la libre competencia la Ley máxima de la regulación de la vida económica y social de nuestro país. Constituye, en efecto, una iniciativa perjudicial a los intereses público y social.
Desde que se inició el debate de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Hidráulicos, los diputados del Partido de la Revolución Democrática que participamos, fuimos enfáticos en señalar que no se puede estar de acuerdo con un dictamen que simplemente acata la pretensión del Ejecutivo de poner a disposición de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y en detrimento del interés público, la explotación de los recursos y de la infraestructura hidráulica del país, incluso en renglones constitucionalmente reservados al Estado, como es el caso del servicio público de energía eléctrica.
La concesión de nuestros recursos en infraestructura hidráulica, en los términos contemplados en la iniciativa, no sólo contraviene preceptos constitucionales muy precisos, sino que pretende pasar por alto la experiencia histórica al respecto.
Tanto en el pasado remoto, como en el reciente, se pretendió justificar la concesión de nuestros bienes nacionales al capital privado, con el argumento de que esta participación era necesaria para impulsar el desarrollo económico del país. Sin embargo, de todo ello sólo derivaron fenómenos tales como los monopolios, el saqueo de la riqueza nacional, la depredación y la sobreposición del interés privado al interés público que en su momento tuvieron que ser enfrentadas con expropiaciones y nacionalizaciones.
Si han de abrirse las puertas para concesionar a particulares, los recursos y la infraestructura hidráulica del país, ciertamente no puede ignorarse la experiencia histórica nacional y menos aún pasar por alto las disposiciones constitucionales en la materia.
El Partido de la Revolución Democrática exige y demanda que más allá de los retoques o modificaciones secundarias, el dictamen introduzca en la Iniciativa reglas claras y precisas en materia de concesiones, de tal forma que quede plenamente garantizado el interés público, la preservación del medio ambiente y el beneficio social; es aquí donde radica a nuestro juicio, uno de los aspectos centrales del debate.
Tal como está la Iniciativa de Ley a través de la figura de la concesión se otorgan a la inversión privada amplios derechos sin exigir prácticamente ninguna obligación, de tal forma, que lo que se pone por delante no es el beneficio social sino el interés minoritario del capital nacional e incluso del capital extranjero al que con la iniciativa en cuestión, prácticamente se le abren las puertas de par en áreas estratégicas. De ello se deriva otra discrepancia de fondo, pues la iniciativa llega al extremo de establecer de manera subrepticia y vergonzante, mecanismos para abrir a la inversión de particulares el servicio público de energía eléctrica, lo que desde luego es contrario a lo señalado en la misma Constitución. El cuarto párrafo del artículo 25 constitucional dispone "el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Tal disposición obliga al Estado a excluir la participación de los particulares en dichas actividades y a sancionar a quienes invadan el campo de acción reservada al sector público.
A todas luces es anticonstitucional lo dispuesto en el proyectado artículo 80 de la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, con ninguna persona física o moral que no sea la Comisión Federal de Electricidad puede explotar, usar o aprovechar aguas nacionales con objeto de generar energía eléctrica. De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se entiende que no se considera servicio público para los efectos de la misma, el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares individualmente considerados. De aquí se desprende que ningún particular puede llevar adelante obra alguna, incluidas las hidráulicas, para generar energía eléctrica más allá del autoabastecimiento; pero además, la Fracción III del artículo 4o. de la misma Ley establece que la prestación de dicho servicio comprende: la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieren la planeación y difusión, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Ni siquiera como excepción puede entonces permitirse que los particulares generen energía eléctrica más allá de las necesidades de su autoabastecimiento ni que la restante la ofrezcan al público aunque la Comisión Federal de Electricidad sirva de intermediaria.
Existe otro criterio en la iniciativa que contradice lo dispuesto por el artículo 27 constitucional en materia de concesiones.
El párrafo cuarto de dicho artículo dispone que para la explotación, uso o aprovechamiento del agua, es indispensable que medie concesión cuyas condiciones y reglas debe establecer la Ley.
Este dispositivo constitucional obliga al gobierno federal a someter al régimen de concesión a quien solicite estos usos sin establecer excepciones; sin embargo, la iniciativa permite que no se requiera de la concesión para usar el agua en pequeña escala para generación hidroeléctrica conforme a la Ley.
Igualmente releva del requisito de la concesión a quienes extraigan aguas marinas tanto interiores como del mar territorial.
Los proyectados artículos 19 y 38 de la iniciativa, limitan la facultad del Estado para reglamentar la extracción y utilización de aguas nacionales. Se olvida en este proyectado artículo, que el dominio de la nación sobre el agua es inalienable e imprescriptible y que tiene un amplio derecho para regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación.
Desaparece así la regla establecida en el artículo 7 de la Ley vigente, según la cual es de interés público el control de extracción y utilización de aguas del subsuelo, inclusive el de las libremente alumbradas.
La iniciativa de Ley no establece mecanismos para la conservación, óptima distribución y reutilización del recurso, sino que se limita a la promoción de inversiones sujetas a las libres fuerzas del mercado; en suma, se trata de privatizar un recurso escaso sin restricción alguna.
De aprobarse esta iniciativa de ley, se cargarán aún más los costos de inversión sobre una población mayoritaria que se empobrece más día con día y se incrementarán los efectos devastadores para el entorno natural de nuestro país.
En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley, encontramos consideraciones que se refieren al desarrollo sustentable: la nueva cultura del agua; el uso eficiente y la conservación de su calidad como una responsabilidad compartida; la necesidad de actuar con decisión en caso de escasez o abuso de líquido; la realización de reformas profundas en el contexto de una sociedad participativa y consciente como es la mexicana, etcétera.
Pero estas buenas intenciones no se reflejan en lo más mínimo en el articulado, porque la posibilidad de optimizar el manejo del recurso en términos de ahorro y reciclaje no es compatible con la lógica de la ganancia por la venta de la mercancía agua.
Es decir, mientras más agua se consuma y en esos términos aumente la demanda, mayores beneficios tendrán los concesionarios que se convierten en el punto nodal de la iniciativa, y serán precisamente ellos los menos interesados en promover el ahorro del recurso.
El agua como bien escaso y recurso natural, obliga a una planeación democrática en su uso, control y aprovechamiento. En cuanto a uso, en tanto patrimonio nacional y propiedad de todo el pueblo de México en su control, toda vez que es un bien de interés público y en su aprovechamiento, porque como bien público, demanda una racionalidad social desligada muchas veces de la racionalidad económica.
La privatización implica el riesgo político de proporcionar al usufructo privado inversiones en infraestructura que han costado directa y significativamente grandes esfuerzos a los futuros clientes de los concesionarios.
Los derechos privados como derecho de propiedad, obligan a una discusión y definición sobre los límites y modalidades que en la iniciativa no están contemplados suficientemente. Sustentar la modificación de la intervención del Estado en materia hidráulica sobre permisos como que el gobierno no puede seguir financiando la infraestructura que demanda el país y que resulta necesario traspasar la existente a los particulares, es ignorar las condiciones deficitarias actuales, el pésimo estado de la infraestructura producto de eficiencias en la planificación, el burocratismo y la corrupción imperantes.
Asimismo, parece no haberse reflexionado seriamente sobre cómo habrá de conseguirse que los inversionistas se interesen en la concesión para el mantenimiento y reparación de las obras hidráulicas o la creación de otras que no son necesariamente redituables económicamente, pero sí indispensables desde el punto de vista social.
Es poco probable que los inversionistas movidos por el criterio de la rentabilidad y conocedores tanto de la necesidad de invertir grandes sumas en la construcción de esta infraestructura, como del bajo poder adquisitivo que los habitantes tienen en muchos de los centros de población del país, se arriesguen a invertir. ¿Quién entonces se encargará de sus necesidades? ¿Serán éstas satisfechas parcialmente a través del Programa Nacional de Solidaridad, cuando el régimen se encuentra en aprietos políticos?
En el caso del campo, que enfrenta graves problemas de descapitalización, no habrá
inversiones cuando existan perspectivas redituables en las unidades de riego y las pequeñas obras de irrigación, muchas de las cuales requieren rehabilitación parcial e incluso total, por la falta de inversión en mantenimiento que se ha acentuado en el marco de la política neoliberal aplicada en los últimos años.
La inversión necesaria para atender el déficit de cobertura, será mayor en el campo que en las ciudades, por lo que las poblaciones pequeñas cargarán con un costo mayor al de los grandes centros urbanos. En otras palabras, quienes históricamente han vivido en el rezago, tendrán que pagar aún más por tener el servicio.
Como fuerza productiva, el agua exige un ordenamiento para su aprovechamiento económico. El uso doméstico, industrial, agrícola y como generadora de energía eléctrica, supone la administración de un bien del pueblo y éste sólo cuenta con la estructura organizada del estado como su representante y aval. Por eso el Estado no debe renunciar a sus atribuciones de regulación del agua y dejar al interés privado lo que es por definición constitucional de interés social y público.
Como recurso natural y nacional, el agua es fuente de riqueza; su uso, conservación y aprovechamiento, debe cumplir con el requisito constitucional de ser palanca del desarrollo colectivo.
La jerarquía en los destinos del recurso hidráulico es fundamental en la sociedad, está claramente definida en el artículo 27 de la Ley que se deroga, pero ausente en el dictamen, únicamente se considera la prioridad del uso doméstico en situaciones de emergencia.
Con la desaparición del orden de prelación establecido anteriormente, adquirirán la misma valoración el uso doméstico y el turístico; el riego agrícola, la generación de electricidad y su empleo industrial, los recursos hidráulicos, al igual que la tierra, con las recientes reformas a la legislación agraria, serán cedidos a los grandes inversionistas, sin garantía de que se beneficie el conjunto de la sociedad.
El orden de prelación que se establecía hasta ahora, es congruente con dos de las condiciones constitucionales que establece el artículo 27, para regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana. Las reglas que establece el artículo 22 de la iniciativa no son congruentes con las disposiciones anteriores.
De acuerdo con la lógica salinista de la modernización de la economía, es necesario dar certidumbre jurídica a los inversionistas. Por eso el proyectado artículo 7o. de la iniciativa, reduce el campo de la utilidad pública en materia hidráulica, dejan de considerarse las obras y servicios de agua potable y alcantarillado, la regulación de la distribución de las aguas de propiedad nacional, incluidas las limitaciones de extracción y vetas subterráneas; las obras hidráulicas destinadas a preservar y mejorar las condiciones ecológicas para el desarrollo de la flora y la fauna acuáticas, en corrientes, lagos, lagunas, vasos y esteros; las obras hidráulicas destinadas a propiciar la formación, conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos para usos agropecuarios; la adquisición de obras hidráulicas de propiedad privada, cuando sea necesario incorporarlas a un sistema general hidráulico establecido o por establecer.
Complementariamente a esta desaparición de la utilidad pública en el texto de la iniciativa, no aparece el contenido del artículo 3o. de la Ley vigente; se olvida deliberadamente que la declaratoria de utilidad pública tiene como finalidad precisar los casos en que el Ejecutivo Federal podrá decretar la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial, de los bienes de propiedad privada o la limitación de los derechos de dominio.
Aunque formalmente la nación sigue siendo propietaria del agua, el uso de la misma, susceptible de ser concesionado hasta por 50 años y prorrogable por otros tantos, se equipara con cualquier otra mercancía. Los individuos o personas morales, todo tipo de agrupaciones con personalidad jurídica, pueden cambiar el uso, con el solo requisito de dar aviso a las autoridades competentes y transmitir los derechos de los títulos, sin prácticamente ningún control.
El carácter profundamente mercantilista e individualista de la iniciativa presidencial, inspirada en la nueva Ley Agraria, consagra la movilidad de los derechos de aguas disociándolos de la tierra, y abandonado la orientación social de la aún vigente Ley Federal de Aguas, en la que resalta la protección a los usos domésticos y agrícolas, y la preferencia de los derechos de los núcleos ejidales y comunales.
El principal instrumento para promover la participación de los particulares, lo constituyen los Consejos de Cuenca, presentados en el dictamen como un aspecto fundamental y novedoso en materia de administración de agua; se conciben como instancias de concertación y coordinación
entre los representantes de los usuarios y las autoridades correspondientes a los niveles federal, estatal y municipal, que en la futura administración del agua, tendrían un papel más preponderante y decisivo. Sin embargo, no se les faculta para participar en la definición de las políticas hidráulicas, tanto a nivel regional como nacional.
En el proyecto de Ley que se discute, prevaleció el razonamiento simplificador y eficientista de los funcionarios de la Comisión Nacional de Agua; solamente los que están dentro de las zonas irrigadas y sean usuarios, son llamados a participar, sin mencionarse los productores forestales, los agricultores temporaleros, y en general todos los habitantes del área de la cuenca. Estos últimos, solamente son considerados como terceros que pudieran llegar a ser afectados, previéndose únicamente en este caso la intervención de la autoridad.
Respecto al ciclo que corresponde a la captación de agua en las cuencas altas, no se considera ninguna medida para el fomento de bosques; tampoco existe indicación de medidas de estímulo al ahorro de agua, desde el diseño de los asentamientos humanos, como la pavimentación permeable, la separación de aguas, al menos las pluviales, las cosechas domésticas de agua, etcétera.
No se observan medios para la concertación entre los niveles de usuarios, como la veda de algunas partes de cuencas, para garantizar el abasto en otras, o la inhabilitación de tierras de riego por contaminación industrial privada. En suma, no están representadas todas las partes interesadas de la sociedad civil no se cumple el precepto de la planeación participativa, no existe un mecanismo de diseño e instrumentación de políticas que contemple efectivamente la complejidad de su ámbito, ni una forma de establecer contraloría institucional y social en la gestión. De esta forma se instalaría una planeación democrática para la explotación, uso y aprovechamiento del agua.
Se requeriría de un Consejo Nacional Hidráulico, en el que participaran representantes de los Consejos de Cuenca, y que estuviera facultado para la definición de Plan Nacional Hidráulico y la planeación regional y sectorial que se requiere, así como dotarlo de facultades para la realización de las obras necesarias y el control de los impactos ambientales en las zonas aledañas a las cuencas. De esta forma, se sería congruente con el reconocimiento señalado por el artículo 57 de la Ley vigente, que establece la necesidad de contar con un programa nacional hidráulico, subprogramas regionales, estatales, de contingencia y de usos sectoriales, así como de un inventario nacional y regional de recursos hidráulicos, en cantidad y calidad, entre otras; es decir, se reconoce la necesidad de controlar, a través de la planeación, la conservación, uso y destino del agua, aun cuando no se establecen los mecanismos necesarios para garantizar la elaboración de este programa de desarrollo regional.
Pero la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, al igual que la mayoría de las que se han presentado al Congreso este año, elimina la planeación como instrumento para la organización y optimación del recurso, lo que sugiere la subestimación de las enormes diferencias que existen en el país respecto a su disponibilidad y a las necesidades sectoriales para el uso del agua.
A fin de conseguir un desarrollo regional sano, que se sujete a sus propias condiciones de disponibilidad de agua, sería necesario legislar para la elaboración de programas de desarrollo, que definieran destinos y usos del recurso, mediante la planeación hidráulica, no sólo para resolver los rezagos, sino para prever y construir fuentes a futuro, considerando las demandas sectoriales, así como las alternativas de suministro.
La orientación adecuada para el crecimiento de las redes de abastecimiento y drenajes, la captación de aguas pluviales y el desarrollo de plantas de tratamiento, todo esto mediante un análisis del caso que atiende a las necesidades particulares de cada zona.
La iniciativa de Ley propuesta, más que un ordenamiento jurídico cuyo propósito debiera ser deslindar ordenadamente los diversos aspectos que intervienen en el uso de explotación, aprovechamiento y preservación de los recursos hidráulicos, delimita a establecer en buena parte de su articulado, las funciones que deberá cumplir la Comisión Nacional del Agua, pareciendo más bien un manual de procedimiento que una Ley reguladora de un recurso natural.
Desde el punto de vista de técnica jurídica, es uno de los más defectuosos que se han presentado a la consideración de la presente legislatura. Está plagado de imprecisiones, indefensiones, lagunas, desorden en la presentación de los diversos aspectos sobre los que pretendan legislar, además contiene un notorio desbalance en cuanto a títulos, capítulos, secciones y artículos, que reflejan el sobredimensionamiento de ciertos aspectos y la escasa consideración de otros.
Se planea que la Comisión Nacional del Agua constituye un organismo desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero en realidad, y de acuerdo a las facultades plenipotenciarias que le otorga el proyecto de Ley, asistimos al renacimiento de la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos, misma que se había fusionado en los setenta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para dar lugar a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En 1989, el actual titular del Poder Ejecutivo creó la Comisión Nacional del Agua, separándola en los hechos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, secretaría que perdió el control de los distritos de riego y se quedó solamente con el manejo de las unidades de riego, pequeñas obras de irrigación y de los distritos de temporal. Con la nueva Ley, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos dejaría también de tener injerencia en lo que atañe a las unidades de riego, limitando su participación exclusivamente a la agricultura de temporal.
La Ley Federal de Aguas vigente, junto con la creación de los distritos de desarrollo rural en 1988, tenían, con todas sus limitaciones, un enfoque mucho más integral de las cuencas hidrológicas, ya que vinculan el riego, el temporal, el agua y los bosques.
La Iniciativa de Ley de Aguas Nacionales propuesta, concentra desorbitadamente en un solo organismo, funciones administrativas de regulación, normatividad, concesiones, etcétera, de inscripción y registro como títulos de concesión, asignación y permisos jurisdiccionales para resolver disputas por derechos de agua, de procuración de justicia, en asesoría, prevención de faltas y delitos, conciliación y arbitraje, otorgándole el doble carácter de juez y parte, y haciendo la impartición y procuración de justicia en materia de aguas nacionales un laberinto burocrático en el que resulta impredecible cualquier resolución.
Todas estas funciones deberían estar adecuadamente separadas y reguladas por distintos órganos para no desintegrar los factores naturales de la producción que constituyen tierra y agua, las funciones administrativas deberían estar realmente centralizadas en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Las funciones preventivas de procuración de agua en un organismo descentralizado dependiente de otra secretaría, las inscripciones y registros en un órgano desconcentrado, y finalmente las de resolución de disputas por derechos de agua en un órgano autónomo que garantice la administración imparcial de justicia hidráulica, facultado para conocer y resolver las quejas e inconformidades contra las resoluciones administrativas en materia de agua.
Se dice que uno de los objetivos primordiales de la Ley Agraria, consistiría en otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, pero ¿de qué servirá si no existe seguridad jurídica en la tenencia de los recursos hidráulicos?
Si el actual marco jurídico es sumamente defectuoso, con la propuesta de Ley quedaría en peor estado.
Como en la Ley Agraria, la Ley de Pesca, la Ley de Minería y la Ley Forestal, que será sometida próximamente a esta Cámara, se corre el grave riesgo de abrir la puerta a la concentración de la explotación de los recursos naturales.
Del mismo modo que la Ley Agraria auspicia el acaparamiento de tierras y la iniciativa de Ley Forestal tiende a legitimar el monopolio en la explotación de bosques y selvas, la Ley de Aguas Nacionales está encaminada a favorecer la concentración del agua, con lo cual se afianzaría aún más el manejo mercantil irrestricto y carente de sentido social de los recursos naturales, impulsado por el proyecto neoliberal, cambiando definitivamente el proyecto de nación emanado de la Constitución de 1917.
Se destacan en el texto del dictamen el trabajo plural y el debate tenido en torno a la Iniciativa de Ley de Aguas Nacionales.
Ciertamente es de celebrarse que una Ley no se apruebe al vapor, pero de nada sirve un trabajo plural ni un importante debate si se desestiman las preocupaciones y reclamos expresados por distintos sectores que mantienen discrepancias con la iniciativa.
El dictamen de la fracción mayoritaria deja intactos aquellos aspectos de la iniciativa que fueron precisamente los más debatidos y cuestionados, dado su carácter lesivo a la soberanía nacional y a los recursos naturales de nuestro país.
En los hechos, haciendo balance de los resultados presentados en el apartado 3, modificaciones a la iniciativa, podemos notar que solamente se realizaron ligeros cambios, casi todos insustanciales.
En las condiciones anteriormente descrita, el grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática no puede sino discrepar del dictamen presentado por la fracción mayoritaria de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, y en lo general emitir su voto en contra. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Para la fracción del Partido del Frente Cardenista, en el dictamen sobre la Ley de Aguas Nacionales, se hacen más precisas o se hace más precisa la legislación en la materia.
Esta iniciativa constituye una importante reestructuración de la Ley vigente. Siendo el agua un líquido vital para los asentamientos humanos y para el desarrollo de las actividades económicas y sociales, es conveniente la readecuación del marco jurídico establecido, con el fin de garantizar, por un lado, una distribución eficiente del agua y, por el otro, el aprovechamiento adecuado y racional del mismo.
En este contexto, se debe prever una supervisión de los mantos acuíferos, con el fin de evitar la escasez y el desecamiento de los mantos acuíferos, más estricta por parte del órgano rector, que en este caso es la Comisión Nacional del Agua.
De todos nosotros es conocida la insuficiencia de agua en el país, en las grandes urbes como Monterrey, Guadalajara y, desde luego, el Distrito Federal. Hay en algunas partes prácticamente una catástrofe, que se manifiesta en la ecología, como es el caso de la comarca lagunera de Coahuila, donde hay un problema latente, que se ha estado combatiendo, ciertamente, pero que no deja de ser una amenaza: El problema del arsénico, o mejor dicho, una palabra acuñada, el problema del arsenicismo, arsénico en el agua que provoca cáncer.
Para proveer a estas ciudades se han afectado cuentas hidrológicas; estas cuencas no sólo han surgido el uso irracional del agua, sino que han sido objeto de una criminal contaminación, por parte de las mismas ciudades e industrias, que arrojan aguas residuales, incluso tóxicos sólidos y líquidos Esto último, además de provocar el inutilizamiento del agua, ha provocado el desecamiento de las cuencas y de los mantos acuíferos.
Generalmente los drenajes de las ciudades han venido desembocando en lagos, ríos y mares, atentando contra la fauna marina.
En sí, los grandes problemas en relación al agua lo constituyen los aprovechamientos irracionales y la contaminación, provocada por el arrojo de aguas residuales y los tóxicos.
Otro problema que se ha presentado ha sido la insuficiencia de plantas de tratamiento para aguas residuales, lo cual impide que éstas se aprovechen con suficiencia. Generalmente estas aguas se arrojan cuando bien podrían ser utilizadas, una vez tratadas, desde luego, para riego o para usos industriales, en donde necesariamente se necesita el agua potable.
Dado que el dictamen no modifica sustancialmente la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, podemos ratificar nuestra opinión de que en la iniciativa se retoman las definiciones hechas en el artículo 4o. de la actual Ley, aunque se incorporan otras definiciones mas genéricas. Esto permite tener un mayor entendimiento de los términos que se manejan en la iniciativa.
Consideramos que se le dan menos atribuciones directas al Ejecutivo Federal y se trasladan en forma indirecta a través de la Comisión Nacional del Agua, organismo que constituye legalmente el brazo ejecutor de la Ley, aunque en la práctica ya lo hacía. No obstante las facultades que se asientan son más precisas en cuanto a las vedas, extracción y utilización de las aguas del subsuelo, establecimiento de distritos de riego y expedición de decretos de expropiación de los bienes, de hecho las atribuciones que se fijan se ajustan al contenido de la iniciativa.
En el Título Sexto de la propuesta de Ley se ordena lo vinculado a los diversos usos del agua que en el actual marco legal se encontraban considerados en diferentes rubros. Así se precisan de una manera más directa los aspectos de uso urbano, agrícola, uso y aprovechamiento en ejidos y comunidades, unidades de riego, distritos de riego, drenaje agrícola, uso en generación de energía eléctrica y control de avenidas y protección contra inundaciones.
Se definen en la iniciativa los bienes nacionales que quedan a cargo de la Comisión Nacional del Agua. En la iniciativa se amplía lo referente a este rubro y se ordenan en el Título Noveno los artículos que estaban considerados en la Ley vigente en el Título Primero. En este punto se amplían las infracciones y faltas con la finalidad de racionalizar los volúmenes de consumo de
agua, de proteger la salud de los consumidores, de evitar la contaminación y proteger las zonas vedadas y controlar el uso de aguas residuales. En este aspecto se actualizan las multas a las condiciones imperantes en la situación económica actual. Vale decir, vale señalar, que los montos especificados en la Ley actual se encuentran fuera de todo contexto en cuanto a sanciones y multas se refiere.
Es importante mencionar que la Ley permite interponer los recursos administrativos. Se mantiene así el derecho del usuario para defenderse contra los actos o resoluciones definitivas emitidas por la Comisión Nacional del Agua.
Es conveniente señalar que en la iniciativa de Ley no se toman en consideración aspectos contenidos en la Ley actual, creemos que esto es conveniente en casos específicos; se han superado situaciones que no deben ser ya reglamentadas. En otros casos las atribuciones reguladas corresponden ya a otras instancias gubernamentales y además para otras situaciones.
De alguna manera se han considerado en el articulado propuesto dentro de los aspectos más importantes que se han omitido y que pensamos que deben de corregirse los siguientes:
Se elimina en la iniciativa de Ley lo referente a las cuotas en los distritos de riego, en caso concreto, pero se recupera en el capítulo referente a cobro por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes nacionales, en el cual se maneja o de forma muy genérica, se le da la atribución a la Comisión para realizar tales cobros conforme a la Ley Federal de Derechos; lo positivo en todo caso del dictámen y que modifica a la iniciativa presidencial, es que se le da la posibilidad a los usuarios de acordar las cuotas a pagar, las cuales se someterán a la autorización de la Comisión; sin embargo, debido a esto se maneja de una manera más genérica. Se considera que debe de existir un criterio definido por parte de la Comisión Nacional del Agua para impedir que la industria acuerde tarifas que no le corresponden de acuerdo a la actividad económica que realice o que tenga establecida.
Debe de existir una mayor flexibilidad, en el caso de los distritos de riego; una de las omisiones más relevantes de la iniciativa y en la que se vuelve a incurrir en el dictamen, es lo referente a la tipificación de los delitos. En la Ley Federal de Aguas vigente existe un apartado en donde se regulan las faltas que son consideradas como delitos y donde se especifican las sanciones. Por ejemplo, se establece la pena de cárcel a los que obstaculicen lo estipulado en la Ley mencionada, a los que dañen y destruyan una obra hidráulica de propiedad nacional, y a los que usen y aprovechen aguas nacionales sin concesión o permiso. Al omitirse en este rubro tal penalización, se propone una Ley que consideramos benévola, que sólo impone multas a infractores, multas de carácter administrativo.
A nuestro parecer, se debió de incorporar un apartado de delitos en donde se castigue severamente el daño y destrucción de las obras hidráulicas, así como la contaminación, sobre todo por parte de las industrias, de los mantos acuíferos.
En opinión del Partido del Frente Cardenista, nos pareció conveniente la creación de un Consejo Técnico en donde se promovía la participación de otras secretarías de Estado, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, etcétera. En el dictamen se adiciona a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y a la Secretaría de Pesca, lo cual nos parece adecuado si se considera el aprovechamiento de recursos para la generación de energía eléctrica y se incorpora a la acuacultura.
Con las facultades que tendría este Consejo se garantiza un seguimiento estricto en las actividades hidráulicas. Otro de los aspectos positivos de esta iniciativa y que se recoge en el dictamen, es lo referente a los consejos de cuenca; éste es un punto novedoso en la iniciativa de Ley, por medio de estos consejos se le daría o se le dará participación a las diversas instancias federales, estatales y municipales, así como a los usuarios. Su objetivo es el de formular y ejecutar programas y acciones en materia hidráulica, es un recurso para la concertación entre autoridades y usuarios del recurso agua.
Se incorpora a la iniciativa de Ley la posibilidad de formular, implantar y evaluar la programación hidráulica esto nos parece fundamental porque permitiría detectar y corregir errores que se cometen en las acciones hidráulicas.
Es importante que se establezcan los derechos y obligaciones de los usuarios, ésta es una laguna de la Ley actual, con esta determinación la Ley precisaría hasta dónde pueden los usuarios actuar y como consecuencia de los derechos, qué obligaciones deben de cumplir. No se puede únicamente aprovechar el recurso y no participar para mejorar los servicios. Esto garantizaría que
se mejoren las condiciones de distribución y uso de los recursos hidráulicos.
Por primera ocasión se propone la creación de registro o padrón de usuarios, lo cual nos parece saludable, ya que permitirá un control adecuado de las concesiones y los permisos que se otorguen para el uso y aprovechamiento del recurso agua.
Se propone que las concesiones puedan ser transmitidas sin mayor requisito que el de dar aviso al Registro Público de Derechos del Agua. Esto le da flexibilidad al uso y aprovechamiento del recurso. Y permite además la concertación entre los particulares o entre las personas morales.
En la actual Ley en algunos capítulos, se hace mención a las zonas reglamentadas de veda o de reserva. En la iniciativa se ordenan, establecen y precisan este tipo de zonas. Esto le da claridad a la iniciativa.
En la Ley actual se contempla de manera muy genérica el aprovechamiento del agua para uso agrícola en el rubro de distritos de riego. La iniciativa se ajusta a la nueva Ley agraria; el uso de agua en actividades agrícolas. Asimismo se incorporan estos aspectos conforme a lo estipulado en la Ley agraria, preservando el derecho de ejidos y comunidades sobre la explotación, uso y aprovechamiento del agua.
La prevención y control de contaminación de aguas, es un aspecto novedoso o un concepto novedoso y de suma importancia, que se incorpora a la iniciativa. Esto es fundamental si tomamos en consideración que uno de los grandes problemas ecológicos de México es la contaminación de aguas por derrama en ellas, de residuos líquidos y sólidos.
Nos parece relevante que se legisle sobre las descargas en aguas nacionales, para evitar la pérdida de los mantos, cuencas y corrientes hidrológicas. Contemplar la inversión en infraestructura hidráulica, permite que se regule y norme la inversión en obras hidráulicas, lo cual garantizaría la terminación de proyectos que permita en el proyecto de Ley, la participación del sector privado mediante la concesión de obras, lo cual abre la posibilidad para que se beneficien grandes regiones del país.
Al mismo tiempo que se permite esta participación, también se le regula, con lo cual se evita que los particulares actúen a su antojo o a su libre albedrío.
En resumen, se considera que no obstante de que la iniciativa de Ley regula de manera más moderna la actividad hidráulica y que las concesiones que ya estaban contempladas en la Ley vigente se actualizan y precisan para que se controlen adecuadamente, desde nuestro punto de vista, aún quedan algunas lagunas que no fueron precisadas, en cuanto al uso racional del agua, contaminación y delitos. Insistimos, es conveniente que se retome en el dictamen un apartado de delitos; tener una Ley benévola, basada únicamente en infracciones, no garantiza que se puedan resolver los problemas de destrucción de la infraestructura y la contaminación del recurso hidráulico. Por el contrario, permite que se incurra en este tipo de daños.
Por otro lado, consideramos que es conveniente que el aspecto de la acuacultura se regule de una manera más definida, dada la importancia que se le da a esta actividad en la Ley de Pesca aprobada recientemente en esta Cámara.
Esperamos, compañeros, que el punto de vista del Partido del Frente Cardenista aclare nuestra posición, y en el momento adecuado, se considere razonado nuestro voto. Gracias. (Aplausos.)
COMUNICACIÓN
La Presidenta: - Ruego a la Secretaría dé lectura al comunicado que se ha recibido del diputado Servando Hernández Camacho.
El secretario diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión. - Presente.
Por medio del presente escrito, en mi calidad de diputado propietario a la LV Legislatura del Congreso de la Unión por la tercera circunscripción plurinominal y habiendo solicitado licencia previamente para participar como candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Matamoros, Estado de Tamaulipas, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ante usted con el debido respeto manifiesto:
Que en atención que el proceso electoral citado ya se realizó y a reserva de hacer valer en su oportunidad los recursos necesarios para la anulación del mismo, comunico atentamente a esta honorable Cámara de Diputados mi reincorporación a la misma en mi carácter de diputado federal propietario, motivo por el cual debe de quedar sin efecto la licencia correspondiente; dicha reincorporación surtirá efectos a partir de la fecha.
"Justicia para gobernar y honradez para administrar"
Matamoros, Tamaulipas, a 11 de noviembre de 1992. - Servando Hernández Camacho.»
La Presidenta: - Esta Presidencia informa que a partir de esta fecha y de esta hora, queda reincorporado en sus tareas legislativas, el contador público diputado Servando Hernández Camacho.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Díaz Gea, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El diputado Guillermo Díaz Gea: - Con su permiso, señora Presidenta, compañeros diputados:
Sin duda alguna uno de los fundamentos que todos los países tienen para su preservación, es el agua, como elemento fundamental del desarrollo en la vida humana y de las sociedades. Por tal motivo he perdido el uso de la palabra, para referirme a la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, en lo general.
Es necesario señalar que en la elaboración de la iniciativa que nos ocupa, ha habido una amplia participación de los grupos sociales, partidos políticos y autoridades involucradas en la materia; todas siempre pensando, como fin superior, el bienestar de nuestro país.
Sobre este particular, quiero expresar que el agua, como líquido vital de todo ser viviente, representa para la sociedad, un rubro de primer orden, y por ende, el artículo 27 de la propia Constitución General de la República que recientemente reformamos en esta Cámara, es el sustento jurídico que en los párrafos quinto y sexto precisa:
"Las aguas son propiedad exclusiva de la nación y solamente a ésta le corresponden el derecho de las mismas".
Por tal motivo, es la nación, a través de los órganos reguladores correspondientes, la que faculta el aprovechamiento racional y la explotación del recurso mediante concesiones, tanto a personas físicas como morales.
Resulta evidente, pues, que de ser aprobada la iniciativa que nos ocupa, será reglamentaria del precepto constitucional ya mencionado, con lo que permitirá una administración real y verdadera eficientando su uso y dándole participación a los usuarios que en última instancia son los directamente beneficiados, convirtiéndolo en un aprovechamiento equitativo y con verdadero sentido social, es decir, en beneficio de todos los mexicanos.
Apartir del aprovechamiento ya mencionado, la tan requerida seguridad jurídica en el uso, manejo y beneficio del recurso va a permitir que los sectores, tanto privado como social, tengan mayor interés por la confianza que les da la seguridad de poder ser ellos, con la coordinación de las autoridades competentes, lo que se beneficien, cuiden y preserven la calidad del agua que utilicen, así como también todas sus obras de infraestructura, que tanto han costado a la nación.
La iniciativa a la que hago referencia, como ya se ha dicho, consta de 10 títulos. De los cuales, los tres primeros se refieren a una mayor participación de los usuarios y de la sociedad en general, en todo lo concerniente a este líquido vital.
Los títulos Cuarto y Quinto se refieren a las concesiones y asignaciones en el uso y aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación, tanto de superficie como del subsuelo.
Es importante también, en la mención de los títulos correspondientes, el establecimiento de zonas vedadas o de reserva para dicho aprovechamiento, por el interés social que representa el no agotar acuíferos y contaminarlos. Por tal motivo se establecen los capítulos relativos a los derechos y obligaciones de los concesionarios o asignatarios. Independientemente ésto de la responsabilidad penal, que de llegar a darse el caso están señaladas expresamente en el Código para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal.
Lo referente a los delitos del uso del agua en materia del Fuero Federal y por economía procesal no se señalaron en un capítulo especial de delitos en materia de aguas. Ello sería reiterativo y se establecería una dualidad innecesaria, razón por la cual se consideró pertinente su regulación en la presente iniciativa.
Por otra parte, es de vital importancia el que se contenga un capítulo exclusivo de infracciones y sanciones, ya que en la Ley vigente algunas de ellas no se contemplan; lo que permitirá obviamente que se dé un mejor cuidado a la preservación, conservación, calidad y cantidad del recurso.
Por otra parte, cabe mencionar en lo referente a concesiones que los constituyentes de 1917 lo establecieron, adelantándose a otras legislaciones del mundo y dando con ésto sustento jurídico a las mismas.
Es necesario puntualizar, a fuerza de ser reiterativo, las innovaciones que la iniciativa que se debate contiene al efecto, como son:
Una administración integral del agua.
Una mayor participación de los usuarios.
Una autoridad federal única para su manejo. Evitando con ello burocratismos engorrosos que sólo provocan pérdida de tiempo, dispendio de recursos, tanto materiales como humanos.
Seguridad jurídica en el uso y aprovechamiento del recurso. Situación ésta que en algunos casos se da y que impide de manera efectiva la inversión, tanto de los sectores privado como social, en la medida que debería de darse.
Ahorrándole al Gobierno Federal fuertes y costosas inversiones en la construcción, mantenimiento y operación de los servicios hidráulicos, que bien podrían aplicarse estos recursos en otros renglones de la administración pública que tanto lo requieren y, como ya se dijo con anterioridad, utilizando de igual manera, en forma eficiente y racional el agua.
La transmisión de títulos que permitan el mercado de los derechos del agua, con los que se eficientará el uso de este recurso en los diferentes rubros.
La creación del Registro Público del Derecho del Agua, como una medida de control, vigilancia, seguridad y publicidad en las concesiones, asignaciones, permisos, prórrogas, suspensiones, terminaciones y demás actos y contratos que fueron otorgados o que se otorguen en lo futuro.
Un capítulo exclusivo de infracciones y sanciones, que, como se ha dicho, resulta de suma importancia, pues algunas se incluyen como faltas, no se contempla en la Ley vigente, lo que permitirá, de aprobarse la presente iniciativa, que los usuarios cumplan con las obligaciones que se señalan en este capítulo, al garantizar la aplicación de las sanciones a los infractores, característica esa que toda norma jurídica debe tener en su generalidad y obligatoriedad.
La creación de los Consejos de Cuenca, que se integran de manera equilibrada por las dependencias y entidades de los tres niveles de Gobierno y los representantes de los usuarios, teniendo como común denominador para su equilibrio el diálogo y la concertación, como vías democráticas más razonables para el logro de una mejor administración del agua.
El desarrollo y construcción de la infraestructura hidráulica y todo lo concerniente a la preservación del recurso, permitiendo también la descentralización burocrática, pues los problemas que se den y las soluciones de los mismos, en una buena parte serán resueltos en el ámbito espacial en que se generen.
Establece la distinción entre concesiones y asignaciones, con sus respectivos derechos y obligaciones dando a los primeros la posibilidad de transmitir los derechos y obtener prórrogas de los títulos correspondientes por un término igual al de su vigencia.
Como toda Ley, la iniciativa en debate no solamente contiene el ya mencionado capítulo de infracciones y sanciones, indispensables en toda norma jurídica, como son las multas que se fijan, acordes y tomando en cuenta el salario mínimo general vigente en la zona donde se comentan, estableciendo además la garantía de audiencia y el recurso de revisión contra todos aquellos actos o resoluciones definitivas que emitan las autoridades en la materia, permitiendo lo anterior que cuando se causen agravios a los usuarios, personas físicas o morales, no queden en estado de indefensión contra los abusos y arbitrariedades de la autoridad, siendo esta, garantía y recurso optativo para el agraviado, ya que puede ocurrir, si lo prefiere, ante los tribunales federales competentes, para hacer valer los derechos que se le vulneren.
La transferencia de los distritos de riego a los usuarios para su operación de manera directa y concertada, como lo establecen los artículos 51, 66, 72 fracción IV, 73 fracción II y ocho transitorio, señalando que dichas transferencias de responsabilidad se harán en un plazo de tres años, entendiéndose con meridiana claridad que en la palabra "concertación" se establece el acuerdo de voluntades para recibir las obras hidráulicas en condiciones óptimas o mediante los acuerdos convenientes que permitan la inversión en términos favorables a los usuarios.
Mayor participación de los sectores social y privado en la construcción y operación de infraestructura de servicios hidráulicos, lo que permitirá el incremento de las obras hidráulicas, tanto en el medio rural como urbano, y una mayor
eficiencia en el manejo de los mismos, para que resulten rentables a los inversionistas.
Todos estos puntos resultan torales en la época actual, en la que los cambios nos obligan a ser creativos, eficientes y congruentes con la realidad que nos ha tocado vivir, y que de alguna manera el pueblo de México no hace responsables como representantes populares en la preservación y demás medidas de este recurso vital, no solamente en el presente, sino también en el futuro.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, a esta Cámara, se apruebe en todos sus términos la presente iniciativa de Ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Se le concede la palabra al diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para fijar posición.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Con su gentil permiso, señora diputada Presidenta, compañeros diputadas y diputados.
Nuestra nación, indiscutiblemente fue privilegiada por la madre naturaleza dotándola de una gran variedad de medios y ecosistemas, a todo lo largo y a todo lo ancho de nuestro país; desde los vastos desiertos norteños, cada día más grandes, hasta las hermosas selvas tropicales, cada día más chicas, de las frías sierras madres a la vasta tierra caliente en sus frescos bosques, a sus extensas y hermosas playas y litorales. La mano divina dotó a nuestro territorio de enormes riquezas y recursos naturales, prácticamente al alcance de la mano; sin embargo su explotación, obra del hombre, requiere de esfuerzos racionales para conservar estos recursos naturales muchos de ellos sobreexplotados, explotados irracionalmente o irremisiblemente contaminados y depredados.
El agua, recurso abundante en el globo terráqueo, recordemos que dos tercios o casi tres cuartos de la superficie de la tierra es agua, también lo es en nuestro país; sin embargo es irregular en su distribución territorial; abunda, sobra extremadamente en algunas muy pocas regiones donde es difícil y poco su aprovechamiento; escasea en otras donde es sobreexplotada y sólo en una menor proporción del país está en equilibrio con las necesidades y condiciones del territorio y sus habitantes.
Uno de los aspectos fundamentales de la Ley que hoy discutimos, es la consolidación de la Comisión Nacional del Agua, como autoridad única en la materia del orden federal, con plena competencia sobre la cantidad y calidad del agua, eliminando duplicidades y omisiones en la competencia establecida, hasta ahora, en la legislación con otras dependencias.
En la Ley de Aguas Nacionales, cuyo dictamen hoy discutimos, observamos entre otros criterios, uno muy importante en materia de preservación ecológica, es el del aliento al uso racional del agua en cuanto a la conservación de su calidad y el abatimiento del desperdicio en la cantidad en todos los órdenes de su uso.
En materia de conservación cualitativa del agua y prevención de la contaminación, se precisa la competencia de la Comisión Nacional del Agua como órgano ejecutor y de la Secretaría de Desarrollo Social como autoridad que fija la normatividad, aspecto ampliamente normado en el Título Séptimo de la Ley que reitera al interés público la conservación, prevención y control de la calidad del agua.
Otro criterio fundamental en esta Ley es el que, todo uso, aprovechamiento, y/o explotación de aguas nacionales , y/o de los bienes federales relativos a aquellas, podrá realizarse bajo la figura jurídica de la concesión prevista en nuestra Constitución en su artículo 28. Regulado o reguladas estas concesiones a través del Registro Público de Derechos del Agua, definido y nombrado en el Capítulo IV del Título Cuarto de la Iniciativa de Ley.
En materia de uso para fines agrícolas, el más importante en términos de uso consuntivo, término nuevo e introducido en el texto de esta Ley, referido al consumo de un volumen de agua de una calidad determinada, sabemos que se consume para riego en nuestro país el 91% del volumen del agua disponible en el país.
Según el Programa Nacional de Aprovechamiento del Agua publicado hace un año, los 78 distritos de riego existentes que irrigan aproximadamente 3.2 millones de hectáreas y que benefician a más de 514 mil usuarios, presentan la mayor parte de ellos problemas de deterioro físico y pérdida de productividad.
Cito: "La insuficiencia financiera insidió negativamente en la capacidad para operar, mantener y conservar las obras existentes en todas las superficies bajo riego y difirió programas importantes de mantenimiento y conservaciones que afectaron directamente el nivel de eficiencia, de conducción y propiciaron el abatimiento de los
niveles freáticos y el ansalitramiento de tierras agrícolas...", concluyo la cita.
Consideramos conveniente en Acción Nacional la promoción de la transferencia de los distritos de riego a los usuarios, previa rehabilitación de los mismos, ya que de lo contrario, los usuarios estarían en una situación financiera de incierto futuro desde el inicio de su operación y administración de los distritos por los usuarios.
En esta transición o transferencia los distritos de riego, nos preocupa más que la cancelación o eliminación de los subsidios a los costos del agua a los productores, que en no pocos casos se verán reducidos seguramente por la eficiencia de la autoadministración, sino la insuficiencia financiera de la mayoría de los productores que, minifundistas difícilmente podrán afrontar en costos reales un mal año agrícola, recordemos que no podemos hablar que habrá un buen año por un mal año cuando se dan ciclos de malos años de sequía, se dan juntos, se dan varios periodos, así que difícilmente podrán afrontar, decía, un mal año agrícola o peor aún, gravamen por inversión indispensable e impostergable actualmente para rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola de sus distritos, si no es con la presencia solidaria y subsidiaria del Estado para garantizar que el agua y su infraestructura sean realmente factor de desarrollo regional y social.
Ciertamente, en Acción Nacional creemos que debe la entidad menor hacer tanto como pueda y en la entidad mayor tanto como sea necesario. Esto se podrá dar en la medida en que se reduzca la administración centralizada y se promueva la participación de los directamente interesados, pero el riego puede ser el predominio de las leyes del mercado sobre la prioridades en el uso y destino del agua como pueden ser los intereses industriales sobre el uso doméstico urbano y/o sobre el uso agrícola.
Relación ésta garantizada hasta el momento en el artículo 27 de la Ley actual que hoy derogaremos con esta nueva Ley que la Comisión de esta Cámara preserva en un artículo transitorio.
La transferencia también requiere de una activa capacitación a los usuarios en lo que se refiere a los aspectos técnicos y administrativos con el fin de que sean capaces de determinar con precisión la conservación y el mantenimiento necesario así como contar con la organización administrativa, contable y presupuestal para planear adecuadamente en el tiempo, el nivel de ingresos suficiente para aplicar dicha política.
En Acción Nacional creemos que el modelo agropecuario para el Siglo XXI, debe configurar un nuevo pacto social entre la nación y los hombres del campo; crear nuevos conceptos y apoyos para su desarrollo integral; propiciar un nuevo orden social orientado a rescatar la eminente dignidad humana de los campesinos, traduciéndolo en relaciones justas entre todos los productores del campo.
Con respecto del Título Octavo, cuyo propósito es precisar la forma en que los usuarios y los particulares pueden participar en materia de inversiones en infraestructura y servicios hidráulicos, y considerando que estas inversiones por su tamaño importarán altísimos costos, miles de millones de pesos actuales y en algunos casos también miles de millones en pesos nuevos, y que precisamente es objetivo de esta Ley, el que se dé una mayor participación de los particulares en la construcción y operación de infraestructura y servicios hidráulicos, creemos que el Estado deberá promover en primera instancia que sean personas físicas o morales, con capital nacional, o promover el acceso de éstas a financiamientos competitivos, baratos y de largo plazo.
Concluyendo, creemos que esta Ley de Aguas Nacionales puede generar un aprovechamiento eficiente y racional del agua, para, por un lado, elevar la productividad en el campo y de esa manera mejorar los niveles de vida de los campesinos, gracias a una mayor participación de los usuarios, así como conseguir y mantener para toda la población un suministro eficiente de agua de buena calidad y preservar, al mismo tiempo, las fracciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas.
Ante estas consideraciones, los diputados del Partido Acción Nacional en esta Cámara, votaremos en lo general a favor de la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales.
RECESO
La Presidenta (a las 15.08 horas): - Esta Presidencia concede un receso de 60 minutos, solicitándoles atentamente sean puntuales para continuar con los trabajos del día.
Receso.
(A las 16.43 horas): - Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el diputado Octavio Falomir Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Jesús Octavio Falomir Hernández: - Con su permiso, señora Presidenta.
Comparezco a esta tribuna a hacer algunas consideraciones en lo general sobre la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales, que se ha sometido a la consideración de esta Cámara de Diputados.
Dada la circunstancia estratégica para la producción y el desarrollo comercial, industrial de servicios, los cuales están cambiando con gran dinamismo, la modernización de la legislación debe responder a la realidad, y exige por tanto estar en consonancia con la misma.
La iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, remitida por el Ejecutivo a esta soberanía, permite que los factores de la producción y la sociedad en general participen y coadyuven en forma directa en la construcción de obras de beneficio social, que los momentos actuales no podrían ni deben ser financiados con carga a las finanzas públicas nacionales.
Dentro de las funciones del Estado mexicano, sin embargo, está la de regir y regular el recurso acuífero, buscando en todo tiempo su justa distribución y conservación, acorde a las necesidades del desarrollo armónico del país.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 27 párrafo quinto, establece que son propiedad de la nación, entre otras, las aguas que se encuentran dentro del territorio nacional, y señala también los principios para su aprovechamiento, razón por la cual los artículos primero y segundo de la iniciativa que nos ocupa, dicha Ley reglamentaria del artículo 27, y que la misma es de observancia general en todo el territorio nacional, y que sus disposiciones son de orden público, y que tienen por objeto regular el uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su calidad, poniendo énfasis como dice el dictamen, en crear conciencia a un uso cada día más eficiente del agua, así como preservar su calidad como un compromiso y responsabilidad frente a las generaciones futuras.
De igual manera nos parece correcto, que en su artículo tercero mantenga las definiciones de cauce, ribera, uso doméstico y otros que ya contemplan la Ley Federal de Aguas, y que se introduzcan nuevos e importantes conceptos definitorios, para facilitar y precisar la ampliación e interpretación del proyecto de Ley, como son acuíferos, comisión y normas entre otras.
En cuanto al Título Segundo, relativo a la administración del agua, considerar a la Comisión Nacional del Agua como el vehículo a través del cual el Ejecutivo Federal ejercerá su autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, y el buscar la participación de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, así como fomentar la participación de los usuarios y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, es un acierto, ya que es congruente con la política que se viene desarrollando en nuestro país, para hacer más participativa a la sociedad, basándonos en un esquema de un Estado rector y menos interventor, lo que permite además que se inyecten frescos, sin gravitar sobre las finanzas del Estado, para la consecución de obras de beneficio social.
También establece cuáles son las causas de utilidad pública en relación a las aguas, y señala claramente en el Capítulo III de Título Segundo, los lineamientos básicos para el funcionamiento de la Comisión Nacional del Agua.
La Comisión Nacional del Agua, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tendrá una efectiva vinculación con los principales usuarios del agua en el país, como son los de la población urbana y rural, con los productores rurales, con la industria, con energía eléctrica , con pesca, turismo y otros. De ahí la integración intersecretarial del Consejo Técnico, que se establece como órgano de Gobierno de la misma.
En este mismo sentido, nos parece un aspecto fundamental y novedoso en materia de administración de agua, las normas que en este título regulan los Consejos de Cuenca; en un ámbito de concertación, permitirían una mayor libertad de organización y participación de los usuarios, no sólo en la planeación, sino principalmente en la administración y manejo del agua.
Los Consejos de Cuenca en la iniciativa se conciben como eso, como instancias de concentración y coordinación y en la futura administración del agua tendrá cada vez un papel más preponderante y decisivo, porque esto permitirá un avance progresivo precisamente de uso racional y eficiente del recurso, precisamente por la participación de los interesados en él.
Los Consejos de Cuenca son producto del carácter intersectorial que tiene el manejo de las aguas nacionales. En el proyecto, tomando en cuenta dicho carácter intersectorial, se prevén diversos mecanismos, entre los que destacan la
presencia de un Consejo Técnico Rector de la Autoridad Hidráulica Federal, que permitirá la coordinación entre diversas dependencias que deben intervenir, así como para facilitar la posible participación de las instancias de Gobierno y representantes de los usuarios.
Asimismo el Capítulo V del título en comento, relativo a la organización y participación de los usuarios, establece la obligatoriedad para que la Comisión Nacional del Agua reconozca, promueva y apoye la organización de los usuarios, tendiente a mejorar el aprovechamiento del agua, así como la preservación y control de su calidad, impulsando su participación en los diversos niveles para la consecuencia del fin propuesto.
Con el transcurso del tiempo, nuestra capacidad instalada de almacenamiento se ha visto disminuido por el azolvamiento de los cajones hidráulicos, razón por la cual se hace necesario el desazolve de los mismo y el brindar una infraestructura hidráulica, el mantenimiento adecuado, a más de la construcción de nuevas presas y obras menores, así como la red de conducción y distribución que permiten aprovechar al máximo el recurso agua para nuestras crecientes necesidades.
Para lograrlo, se requiere, además de la construcción de las obras señaladas, de una nueva cultura en cuanto al aprovechamiento y uso racional de dicho recurso, ya que no es posible, dadas nuestras crecientes necesidades de este vital líquido, tratar de solucionar las mismas, sólo en base a la construcción de cajones de almacenamiento hidráulico.
Lo anterior está plasmado en la iniciativa de Ley que nos ocupa, y es congruente con el Programa Nacional de Modernización del Campo, en el cual se inserta el Programa Nacional de Irrigación y Drenaje de 1990 - 1994, formulado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de su órgano desconcentrado, Comisión Nacional del Agua, mismo que contempla la transferencia de los distritos de riego a los usuarios y el cual se encuentra en su primera etapa, habiéndose creado en diversas zonas los módulos de operación, conservación y administración correspondientes mediante la concesión del agua, permiso de uso de la infraestructura y equipo bajo la figura de la asociación civil. A manera de ejemplo, me permito señalar que de los seis distritos que actualmente se encuentra en el Estado de Sinaloa, cuatro han sido transferido a los usuarios, y solamente dos de ellos actualmente los maneja la Comisión Nacional del Agua.
Es ésta la razón por la que el Título Octavo de la iniciativa que se debate, relativo a la inversión en infraestructura hidráulica, faculta a los usuarios a realizar por sí o por terceros las obras necesarias para el aprovechamiento de las aguas y fomentar la organización de los usuarios para administrar y operar la infraestructura que se cree para tal fin.
Lo anterior consideramos es un gran avance en la consideración de los fines que el Estado mexicano se ha propuesto de ampliar la participación de los usuarios del recurso y de los inversionistas en la construcción de las obras necesarias para su aprovechamiento, sin que dichas obras impacten en las finanzas públicas y conservando además en todo tiempo su rectoría a través del control normativo y el otorgamiento de concesiones, así como también mediante la supervisión de las obras y el otorgamiento de asistencia técnica para que las mismas satisfagan las necesidades que les den origen, así como para la superación, conservación, mejoramiento, modernización y su operación.
También se establece, en el numeral 100 de la iniciativa en comento, que la Comisión Nacional del Agua realizará por sí o por terceros, las obras comprendidas dentro de los programas de inversión federal a su cargo, quedando facultada también para ejecutar obras que se le soliciten y que se financien total o parcialmente con recursos distintos de los federales.
Asimismo, en el Capítulo II del título en comento, se establece la participación de la inversión privada y social en obras públicas federales, considerando de interés público la promoción y fomento y la participación de los particulares en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos, facultando a la Comisión Nacional del Agua para celebrar los contratos que sean necesarios para tal fin, así como otorgar las concesiones para operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal; así como también para concesionar la construcción, equipamiento y operación de la infraestructura hidráulica federal, sin que el término de la concesión pueda exceder de 50 años.
Asimismo, se establecen los lineamientos para que el concesionario otorgue en garantía los derechos concesionados y las causas por las cuales se podrá dar por renovada la concesión; así como la forma para la recuperación de la inversión pública en obras hidráulicas, regulando también el cobro por el uso de aguas y bienes nacionales.
Compañeros diputados: quisiera expresarles a ustedes, dentro del contexto de esta iniciativa, que en lo general mi partido está apoyando, alguna experiencia en cuanto a la transferencia de los distritos de riego del país y al concepto general que ofrece esta iniciativa, propuesta por el Ejecutivo.
Ante el deterioro de los distritos de riego, se imponía la necesidad de que los productores lograran el que ellos tuvieran una injerencia en el manejo de estos distritos de riego, porque los estaba afectando en sus intereses. Por lo que, la solución ante la escasez de los recursos para rehabilitarlos y ante la falta de recursos por la falta de los precios de la cosecha, la solución fue el que estos distritos de riego fueran transmitidos a los usuarios, para que ellos con su responsabilidad, con sus recursos y organización fueran, pues, a administrarlos para una mayor eficiencia.
Indudablemente que esto, lo consignado en la Ley, constituye un reto de suma importancia para los productores y los mexicanos en general, pero consideramos que en este momento es un reto que se está enfrentando con éxito, pues, en los ejemplos que hay de transferencia de los distritos, de los que existen en el país, ha habido una mayor eficiencia y han arrojado resultados positivos, porque se inyectan los recursos ahí mismo y no se distraen para ninguna otra esfera o actividad.
Y ahora, con esta participación de los usuarios del cual proyecto de Iniciativa de Ley, en el futuro serán los líderes naturales del campo, serán los propios productores que hoy avanzan en su formación, los que serán los protagonistas del manejo de su infraestructura hidráulica.
En la realidad existen avances de aumento de eficiencia en cuanto a mayores recursos para la organización, conservación y administración de los recursos, y esto nos llevará a la vertiente de ser más productivos.
Creemos que hubo muchos años de paternalismo excesivo y nos perjudicó. Tenemos que reconocer: se hicieron las cosas por nosotros, y eso nos perjudicó, nos daño y nos atrofió.
Eso es lo que pretenden los que se oponen a la iniciativa.
Hoy lo que México necesita es gente emprendedora, que se comprometa con el desarrollo social de nuestro país; que participe, que no nada más sea espectador del desarrollo; que sean protagonistas de la solución de sus problemas del Estado y de los que tengan sean resueltos por los propios interesados.
Pero nosotros, la sociedad, además de que queremos que el Estado sea el rector, sea el que nos apoye y nos asesore y nos administre en lo general, pero queremos la sociedad ser partícipes para que nosotros defendamos los intereses de la nación.
Así pues, señores diputados, esta iniciativa no trata sino de sólo adecuarse a una nueva realidad de mayor demanda de una sociedad más organizada y participativa a hacer las cosas por sí solas, es el manejo de los recursos que al final son de todos, son de la nación, y esta iniciativa consolida y da garantía a este proceso irreversible de nuestro país y del mundo actual para que la sociedad participe más. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Compañera diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La Ley de Aguas Nacionales que hoy está a debate, es reglamentaria del artículo 27 constitucional y en consecuencia es de observancia en todo el territorio nacional, es de orden público y tiene por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, la distribución y control de agua, así como preservación de su calidad.
El agua es un recurso natural, prioritario, fundamental, que tiene qué ver con el desarrollo económico, político y social de todos los pueblos del mundo. A lo largo de la historia este hecho se ha manifestado en forma natural y necesaria. Los pueblos se establecieron en las áreas en donde hay abundancia de agua, donde hay ríos y lagunas, donde hay aguas subterráneas y mantos acuíferos.
Históricamente los gobiernos con sentido progresista o simplemente con sentido visionario, han intervenido en forma directa en la preservación, en la explotación y uso racional y científico de este elemento, sin el cual no puede haber vida alguna; han establecido normas jurídicas para su distribución y control, a través de infraestructura adecuadas y siempre se ha procurado que el agua no sea monopolio de nadie, ni mucho menos que se convierta en elemento de enriquecimiento de alguien.
De ahí que en nuestra propia Constitución vigente, en su artículo 27, esté establecimiento en el párrafo quinto: "Son propiedad de la nación las aguas de los mares, territorios y en los términos que exige el derecho internacional. Las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, la de los lagos interiores de forma natural y que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes, directo o indirecto". Y se siguen enumerando así otros líquidos que son de propiedad nacional, incluyendo los que se extraen de las minas.
En el párrafo sexto del mismo artículo 27 constitucional vigente, se establece, cito. "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con reglas y condiciones que establecen las leyes".
Por otra parte, el artículo 25 constitucional establece lo siguiente: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo, y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución".
En el párrafo cuarto del mismo artículo 25 constitucional, se establece, cito. "El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las estrategias que se señalan en el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan".
Ahora bien, examinando con sentido democrático, progresista, nacionalista y patriótico, es evidente que la Ley de Aguas Nacionales que hoy debatimos, es contraria al espíritu y a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, esta Ley Reglamentaria tal y como se presenta, el Estado renuncia en gran medida a sus funciones de regular la explotación, el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como a la distribución y su control, la misma preservación del agua y de su calidad. El Estado sólo adopta un papel secundario, como de gendarme y se da prioridad a la iniciativa privada nacional y extranjera para el manejo de este elemento natural, convirtiendo el agua en un objeto más del comercio especulativo.
Se observa que se han retirado en gran parte en esta Ley las prioridades del uso doméstico y agropecuario del agua y se pone al mismo nivel el uso suntuario, industrial, turístico.
En las legislaciones anteriores se protege a los usuarios de escasos recursos, a los campesinos, ejidatarios y a los comuneros para producir granos y resolver el problema de la alimentación de nuestro país.
Es evidente también que el sentido de esta Ley está orientado a las reformas constitucionales y de las leyes reglamentarias que obedecen a las exigencias establecidas en el Tratado de Libre Comercio. La Ley se está adecuando al interés de privatizar todo, de abrir las puertas indiscriminadamente a la inversión extranjera, así como a la inversión privada nacional. Pero con todas las condiciones flexibles para enriquecerse en poco tiempo.
Esos hechos son sumamente graves, compañeros diputados, porque ponen en riego la soberanía nacional. No olvidemos lo que está ocurriendo en Panamá, el origen de la invasión norteamericana de ese hermano país, es una concesión de aguas para construir el canal, el que ha creado el conflicto en el que han perdido la vida miles de panameños y que dé lugar al capricho de los Estados Unidos de América, de ocupar ese territorio para seguir disfrutando del paso de los barcos de ese canal.
Este sueño norteamericano está presente en nuestro caso. No olviden que siempre se ha planteado la construcción de un canal en el Istmo de Tehuantepec, del Puerto de Coatzacoalcos al Puerto de Salina Cruz. Y si con el tiempo se privatiza, como ya estaba privatizado hace algunos años, ese canal, compañeros, va a partir nuestro territorio nacional y perderemos gran parte de nuestra soberanía nacional. De ahí que los veracruzanos y los oaxaqueños, los chiapanecos y todo el país, debemos estar alertas para que no suceda esto y que no tengamos el conflicto que ahora tienen los panameños.
Aquí se ha venido a decir que la administración de los distritos de riego va a resolver los problemas de mejor manera que como los resolvía el estado. Esto es una demagogia, compañeros; no
es cierto. Sin duda alguna seguirá el Estado mexicano proporcionando los elementos económicos para rehabilitar en primer lugar las presas; para rehabilitar toda su infraestructura. Muchas presas en el país están en situación deterioradas, casi inservibles. Yo puedo citar el distrito de riego número 19 "Benito Juárez" del Istmo de Tehuantepec; si la privatizaran, no se va a rehabilitar, compañeros, porque los campesinos no tienen elementos necesarios para aportar a su rehabilitación; necesariamente tiene que entrar la inversión del Estado federal, del Estado de Oaxaca, de otro modo seguirán cerrados los ingenios azucareros, los dos ingenios azucareros, porque no habrá caña, ni cultivos de otra naturaleza.
Ya estamos viendo que esos propios empresarios agrícolas del norte, de los estados del norte, están sufriendo ya y quieren que el Estado les apoye ahora y ellos administrar sólo el riego. Eso tiene que ocurrir, porque de otro modo ¿cómo harán para disminuir los costos de la producción para poder competir con los Estados Unidos y Canadá?, más que cuando sabemos que esos países con los que se va a firmar el Tratado de Libre Comercio, tienen subsidiado en más del 25% sus productos agropecuarios. Eso además, compañeros, va a crear la corrupción, van a surgir otra vez los latifundistas privilegiados, los caciques que van a manejar a su antojo las aguas, y como siempre, los campesinos y ejidatarios y los comuneros, los harán a un lado y serán sólo los latifundistas los que serán beneficiados con esta medida. Lo hemos visto.
Las visitas que hemos hecho en las presas de los estados del norte de nuestro país, todo mundo se queja de la baja producción, del mal manejo; ya inclusive de presas que ya están administradas por los propios usuarios. Por eso afirmo, con la experiencia que tenemos, que eso es demagogia; que el Estado mexicano va a seguir aportando para la rehabilitación, para la conservación, explotación, el manejo correcto de las aguas de las presas para que haya producción.
Yo estoy muy preocupado, compañeros, por esta privatización, por estas concesiones que se están dando a la iniciativa privada a las empresas, a los organismos sociales que se han creado ya en nuestra Constitución. Es la rendija por la que se va a colar la inversión extranjera, como ya está sucediendo. Y si hay presión para que se privaticen esas aguas, es para facilitar las reformas, nosotros diríamos, las contrarreformas al 27 constitucional.
Por estas razones y por las 10 razones que mi compañero Héctor Ramírez Cuéllar expuso en la tribuna en la mañana. la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Ríos Velasco, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Ríos Velásco Grajeda: - Con su permiso, ciudadana Presidenta; honorable Asamblea:
Es incuestionable que la Iniciativa de Ley de Aguas Nacionales que ahora nos ocupa, propone un novedoso marco jurídico para la administración y el cuidado de las aguas propiedad de la nación; como es también claro que constituye una respuesta integral para aspectos fundamentales que evidentemente el Ejecutivo ha tomado muy en cuenta.
Ante una sociedad cada vez más demandante y participativa, consciente de los límites de nuestros recursos hidráulicos, así como del importante papel que estos tienen en el desarrollo y en el bienestar social, el Ejecutivo propone conjuntar esfuerzos y recursos de la propia sociedad con los del Gobierno para avanzar con mayor rapidez y firmeza, ante los retos que nos presenta el país actualmente.
A los problemas ocasionados por el crecimiento urbano y el considerable incremento de la población, realidad del México de hoy, se agrega el de poder ofrecer a la totalidad de la población, agua en la cantidad y calidad suficientes. Para tal efecto, es necesario propiciar la aplicación eficaz de este vital líquido; economizar su empleo y racionalizar su uso. Ello dentro de un marco de equidad y justicia aplicable en toda la República, de tal modo que beneficie también con la misma equidad y justicia, a todos los mexicanos. Este es el compromiso de la iniciativa que hoy debatimos.
En lo relativo a los diferentes usos del agua, la regulación que contiene este proyecto de Ley tiene como finalidad destacar el régimen específico al que se sujetarían los usos público, urbano, privado, agrícola y para generación de energía eléctrica, así como para el control de avenidas y la protección contra inundaciones.
Al uso agrícola se le da una especial atención. La iniciativa tiene como propósito adecuar y ajustar el marco de regulación de aguas nacionales en forma congruente con las recientes reformas al artículo 27 constitucional y a la nueva Ley
Agraria, con el claro objetivo de inducir la reactivación del campo.
Una trascendental intención de esta iniciativa, lo constituye la alternativa que se le ofrece a los productores rurales de participar en la administración integral del agua. La norma promueve la libre organización de los usuarios para administrar las aguas que le hubieren sido concesionadas y facilitar su participación en dicha administración y programación hidráulica.
Se propone que la infraestructura hidroagrícola sea operada, conservada y mantenida por los propios usuarios, sentado las bases para su administración autónoma dentro de un esquema de autosuficiencia financiera.
En el curso de nuestra deliberación hemos subrayado el interés de que las cuotas que establece la Ley Federal de Aguas y de Derechos cubran, como mínimo, la totalidad de los costos de operación, conservación y mantenimiento de las obras, y la parte del costo de inversión federal determinada como recuperable. Y que los ingresos por cuotas se destinen a cubrir esos costos.
Este es un criterio fundamental en el manejo ordenado y racional del gasto para mantener en forma eficiente y útil la infraestructura hidroagrícola existente. Así, el concepto de cuota conservaría la dimensión económica que establece la Ley vigente.
En el debate en lo particular propondremos al Pleno las modificaciones pertinentes al artículo 110 de la iniciativa, para hacerlo congruente con estos conceptos.
La iniciativa propone también la formación de los distritos de riego, que conjuntaría a las unidades en función de áreas respectivas, de obras de infraestructura hidráulica comunes, de las aguas y los vasos de almacenamiento, así como de las instalaciones para su operación y funcionamiento. En ese sentido la Comisión concesionaría a las personas morales constituidas para tal efecto, además del agua, la infraestructura pública necesaria.
De esta manera, la normatividad estaría adecuándose a lo que ya es una realidad en muchas regiones agrícolas de nuestra patria: la transferencia de los distritos de riego a sus usuarios.
Al señalar también con mayor puntualidad el derecho de los productores rurales a organizarse, así como al disponer las bases para integrar los comités hidráulicos y desde luego su derecho a formular un reglamento de manera democrática y autónoma, establece el marco de un manejo transparente, eficiente y rentable del agua para los fines de producción agrícola.
La iniciativa deja abierta la posibilidad de un nivel más de organización, al apuntar que a su vez los distritos de riego podrían interconectarse o fusionarse con otro u otros distritos sin perder su propia naturaleza. Podemos afirmar entonces que es éste un concepto nuevo del manejo del agua, que se inscribe privilegiadamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del país.
Asimismo el proyecto de Ley propone regulaciones que permitirían un equilibrio de la rectoría del Estado para conservar un recurso que es de todos, concediendo simultáneamente el espacio para la necesaria participación de los sectores social y privado, y compartir una responsabilidad común.
Se trata, efectivamente, de que el órgano federal que hasta ahora venía cumpliendo funciones más amplias, se concentren en fungir como entidad rectora y normativa. La operación y todo lo que de ella se deriva correspondería, en un marco deseable de corresponsabilidad, a los directamente interesados. Es decir, en el caso del uso urbano a los organismos estatales o municipales, y en el caso del uso agrícola a los productores rurales.
Como aspecto fundamental del proyecto se reafirma el compromiso del Gobierno de participar, junto con los productores rurales, en el desarrollo de distritos y unidades de riego, por considerar que dicha infraestructura, que sería administrada en todos los casos por los propios usuarios, constituiría un importante logro y un pilar para el desarrollo agrícola del país, así como también se prevé, por otra parte, la forma en que la inversión privada, sola o en proyectos de coinversión, participe en la construcción de la infraestructura y de los servicios hidráulicos en beneficio de toda la población.
Respetuosa del principio constitucional y de la legislación existente, la iniciativa propone el eventual aprovechamiento del recurso hidráulico para la generación de energía eléctrica por parte de los particulares y de la misma Comisión Nacional del Agua, para sus propios requerimientos, y a disponer de los excedentes en los términos de la Ley.
El proyecto de ley, con toda su gama de conceptos novedosos, reconoce implícitamente el mosaico hidrológico, variado y complejo, que
conforma actualmente nuestro país, donde se superponen, no siempre en forma ordenada, las grandes variaciones que presenta la distribución espacial y temporal del agua y los patrones de crecimiento demográfico y de la actividad económica.
Muchos de los elementos aquí planteados como parte de una nueva política del agua, ya han sido puestos en práctica y ahora se busca consolidarlos dentro de un marco jurídico adecuado.
El desarrollo a largo plazo requiere de la aplicación de criterios que garanticen razonablemente el progreso, sin tener que pagar costos que pongan en riesgo, en el presente o en el futuro, este patrimonio de los mexicanos.
Creemos tener en esta iniciativa el instrumento jurídico que, al captar el reflejo de la realidad nacional responde a las nuevas necesidades de México, respetando el esfuerzo histórico que los mexicanos de ayer y hoy han realizado en materia hidráulica; que al fomentar la participación de la ciudadanía y convertir a los usuarios en actores del proceso, alientan nuevos sentimientos de solidaridad, estimula su imaginación creadora y promueve el sentido de responsabilidad de todos los mexicanos. En fin, que siendo un proyecto dinámico, congruente, apuntalador de nuestra soberanía y respetuoso de nuestra Constitución, coadyuvará, sin duda, a nuestro propósito de hacer de nuestra patria un espacio más justo, con más oportunidades de empleo y un mejor nivel de vida para todos sus habitantes, y por lo mismo, que merece nuestro voto aprobatorio. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Yo quisiera iniciar mi intervención citando a un ex candidato a la Presidencia de la República, que en diciembre de 1987 ofrecía a los electores, lo cito: "En lugar de incrementar la oferta de agua y más que llevar nuevos ríos a las ciudades, había que hablar de disminuir la demanda, porque la escasez de agua representa uno de los más graves problemas del país". Está publicado en el Excélsior del 3 de diciembre de ese año.
Y ese ex candidato no era Cuauhtémoc Cárdenas, sino era Carlos Salinas de Gortari. Y para lograrlo propuso un programa de ocho puntos que incluían:
1. Creación de una cultura del agua.
2. Conservación de la calidad del líquido.
3. Usos alternativos. Es decir, una mejor utilización del líquido.
4. El establecimiento de tarifas que reflejen los costos de prestación del servicio, pero que no graven más a la población de bajos ingresos.
5. El mantenimiento de la infraestructura hidráulica ya existente.
6. La aplicación de nuevas tecnologías en el uso del agua.
7. La descentralización y reordenación de los sistemas administrativos, para que no existan problemas de competencia y sí una simplificación,
8. Un programa de comunicación, que en otras palabras era un programa de concientización sobre el uso del agua.
Esto también aparece publicado en la misma fuente.
Y el problema no es que hoy, ante la discusión en esta Cámara de la Iniciativa de Ley de Aguas Nacionales que nos presentó el Titular del Poder Ejecutivo Federal, podamos comprobar que Salinas mintió en su campaña; tampoco el problema está en que también en la Exposición de Motivos de dicha Iniciativa se refiere a estos mismos puntos de la problemática hidráulica nacional y en el articulado de la misma Iniciativa y del Dictamen que hoy estamos discutiendo, encontremos la antítesis a estas ideas que planteó durante la campaña y en la misma Exposición de Motivos.
No, compañeros diputados; el problema es que el manejo de los recursos naturales, entre ellos el agua, debe considerarse de importancia estratégica a nivel nacional y un factor determinante para el desarrollo regional, cuyo peso se refleja directamente en las potencialidades o limitaciones de la esfera económica, en el medio ambiente y en la salud pública, principalmente.
Ahora, una política global sobre medio ambiente que no considere el adecuado manejo de recursos naturales, como el suelo, la atmósfera, las aguas
y la eliminación de desechos, no sólo estaría destinada al fracaso, sino propiciaría el deterioro de recursos naturales asociados con la base económica de nuestro país.
Ese verdadero problema, es más, ésa es la tragedia, estamos pues ante una Iniciativa de Ley cuyo dictamen que hoy discutimos no varió en nada sustancial la propuesta del Ejecutivo, es más, está en consonancia con otras medidas de política económica y social donde el Ejecutivo propone un nuevo marco para la desregulación y sobre todo para la transferencia de las funciones en está área hacia la sociedad, lo que significa la aplicación de los principios de recuperabilidad de las inversiones fiscales en desarrollo e infraestructura, la inversión privada social y la privatización de la administración de los servicios.
En pocas palabras, más que una Ley cuyo espíritu no es el que argumentó en su campaña y en la propia Exposición de Motivos, esta iniciativa cuyo dictamen discutimos hoy, parece un manual de procedimientos de cómo entregar a la iniciativa privada nuestras aguas nacionales en el menor tiempo posible. Una Iniciativa donde el agua para los mexicanos será una simple mercancía cada vez más escasa y más cara, como ya lo vivimos al día de hoy. La propuesta de la Iniciativa está orientada principalmente a la administración de las aguas y poco o nada menciona acerca de la problemática hidráulica como una cadena productiva que comienza desde la regulación y mantenimiento de las cuencas altas y termina la disposición y conducción de aguas residuales.
Parece ser que nos encontramos a dos versiones distintas de cómo optimizar la gestión de los servicios públicos de aguas y saneamiento: una la del Dictamen que discutimos, que interpreta que el problema de eficiencia es técnica y que será resuelto con la racionalización de la oferta, el diseño de ingeniería adecuado, la definición de sistemas de medición y de fijación de tarifas al consumo, la privatización, etcétera; otra, la nuestra, la del Partido de la Revolución Democrática, que en cambio entiende que la eficiencia es el mejor aprovechamiento de un recurso escaso y que se requiere la definición de políticas para enfrentar el problema del desequilibrio entre oferta y demanda; encontrar mecanismos de control social para evitar la confrontación ente los distintos sectores demandantes y la administración pública.
La discusión entonces establece entre los que ven la solución al problema desde el ángulo de la tecnología de la administración y nosotros, los que la vemos, los que vemos la solución desde un punto de vista más político e inclusive interpretamos el problema de la optimización de la gestión de los servicios como un problema de falta de democracia.
Por ese motivo, en el resto de nuestra intervención plantearemos una serie de puntos que consideramos indispensables en el debate para lograr dicha optimización en la gestión de los servicios públicos.
Sabemos que plantear una serie de líneas encaminadas a este objetivo es una labor sumamente compleja donde se corren graves riesgos de omisión o de una intervención inadecuada; sin embargo, entraremos a las propuestas y al debate, y estamos pues, llamando a los diputados a que escuchen estas propuestas como también nosotros escuchamos los argumentos que nos den en el ánimo de avanzar.
Habría que partir necesariamente haciendo un llamado hacia la concientización en el uso del agua y del manejo adecuado de los residuos, en particular es de gran importancia conseguir la revolución social del agua desde su origen como recurso estratégico para el desarrollo nacional, hasta considerar su vital importancia de disposición en los procesos productivos de comercio, servicios y en el consumo doméstico.
Como consecuencia del punto anterior, es ineludible pugnar por la elaboración de políticas nacionales, de aprovechamiento y conservación de este recurso, vinculadas desde luego a las políticas sectoriales de desarrollo económico regional, de desarrollo urbano y de programas de preservación ambiental que consideren la eliminación de los desechos.
Este conjunto de políticas requieren asimismo de un marco jurídico de referencias donde se fije como prioridad el compromiso social entre oferentes y demandantes de los servicios públicos y donde se reconozca la participación comunitaria.
En relación al manejo administrativo de la oferta, independientemente de que sea público o privado, el punto medular en su manejo es en torno a su interés público y a su autofinanciamiento. Si se logra un consenso en esta premisa básica, rectora de la administración de los servicios, se resolvería en buena medida el dilema del carácter privado o estatal de las empresas.
Continuando con esta línea, la disyuntiva entre la centralización y descentralización, también
pudiera estar parcialmente resuelta, aunque las características de estos servicios como son su gran complejidad técnica y administrativa, la necesidad de grandes inversiones y su amplitud territorial, especialmente en el caso de redes de agua y alcantarillado, tienden a señalar la conveniencia de un manejo centralizado, sin que ello se convierta en un impedimento a la concurrencia de los diferentes niveles de Gobierno y de la participación comunitaria.
Ahora bien, ¿cómo garantizar estos niveles de concurrencia y en qué fase? Una forma podría ser mediante riguroso análisis técnico de las necesidades en sus diferentes escalas, asociadas por supuesto a las diferentes necesidades de los gobiernos regionales y locales para poder establecer la necesaria vinculación entre determinantes técnicos y los niveles de decisión política.
En este sentido, la versatilidad del espacio local y de su Gobierno podrían usarse como el marco propicio para la integración de las acciones autogestivas, esto es particularmente en las fases operativas de la prestación de los servicios, donde creemos que es posible incorporar distintos y graduales niveles de participación de la comunidad.
Pensamos que esto es posible pues no existen intereses ni necesidades homogéneas. Esta relación podría ser resuelta de manera más expedita y con mayores oportunidades de consenso si se suscriben en el marco de acción legal. De esa manera, por ejemplo, podría resolverse buena parte de los problemas del sector rural cuya atención de necesidades exige un análisis particular que contemple las dimensiones culturales del manejo de servicio sin pretender hacer extensivas y de manera mecánica las propuestas técnicas y administrativas aplicadas a las zonas urbanas.
Existe por otra parte, desde el punto de vista de las empresas que manejan el servicio de agua, una concepción muy particular del problema. El agua es un recurso escaso que exige implícita e imperiosamente del ahorro; sin embargo, esta obligación recae siempre sobre los usuarios. Si bien es cierto el predominio de una cultura de consumo derrochador y ampliamente desvalorizada del agua, las empresas no se encuentran exentas de este tipo de comportamiento y se soslaya frecuentemente la importancia de los programas de mantenimiento, para prevenir y controlar desperdicios del líquido en fases previas al consumo.
Aunque pareciera paradójico, esta presión de ahorro sobre los usuarios podría manejarse desde las propias empresas, si se lograra establecer una normatividad, en la cual se fijaran cuotas máximas de dotación. Se habla siempre de cuotas máximas de cobertura de servicios, pero hasta ahora no se han fijado límites al consumo de las zonas conectadas a las redes. Este tipo de cuotas máximas probablemente contribuirían a abatir los consumos derrochadores, precisamente en aquellas zonas de estratos sociales que cuentan con el servicio en forma abundante. Se habla pues de una cuidadosa limitación de la oferta.
Estas medidas pueden ser complementadas, aprovechando la relativa disposición social de pagos para contar con el servicio de agua. Es evidente que tales medidas deben acompañarse de tarifas geométricas y diferenciadas, pues hasta ahora la prestación de los servicios se orienta hacia la demanda solvente, en detrimento de la cobertura social.
Por ello un sistema de tarifas cruzadas, puede manejarse como un mecanismo compensatorio. Creemos que así el subsidio podría ser realmente efectivo e incluso podría lograrse el autofinanciamiento para las empresas.
Un elemento indispensable para optimizar la gestión de los servicios públicos es desde luego la disponibilidad de información sistematizada y actualizada, no sólo al interior de las empresas, donde no es extraño encontrar vacío de información, sino también de hacerla extensiva a la comunidad, ya que de su disposición depende en buena medida la acción autogestiva.
Es pues por estas razones, que nosotros llamamos a los señores diputados de la mayoría, a reconsiderar su voto en lo general y que lo ejerzan en contra del dictamen; pero decimos nosotros que estamos, pues, dispuestos a que si se escuchan nuestras propuestas, a encontrar puntos de consenso que nos permitan avanzar en esta Ley. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Ontiveros Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alejandro Ontiveros Gómez: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El 2 de julio del presente año, se recibió en esta Cámara de Diputados la iniciativa del Poder Ejecutivo relativa a una nueva Ley de Aguas Nacionales, que fue turnada para su estudio a la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
Esta nueva Ley incorpora en su contenido y alcance, los objetivos y propósitos que demanda la modernidad del país, para insertarlos en una transformación mundial de enormes proporciones.
Congruente con una previa consulta democrática, en la que intervino la sociedad en su conjunto con la concertación, análisis y participación de técnicos, especialistas, profesionales, estudiosos de la materia, el Plan Nacional de Desarrollo, que es producto de la demanda que se le planteó a nuestro candidato del partido, actual presidente licenciado Carlos Salinas de Gortari, este Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, establece los lineamientos centrales para promover acciones inaplazables que permitan incrementar y dar seguridad a las inversiones del sector público y social, en obras de infraestructura hidráulica, tanto para aumentar la superficie de riego del país, como para hacer un uso eficiente de la misma, eliminar vicios y distorsiones que frenan la participación responsable de la sociedad en sus procesos productivos; mantener el papel rector del Estado, pero descentralizar los recursos humanos, financieros y físicos, promoviendo la creación de empresas financieramente sanas y administrativamente autónomas.
Mediante una mayor participación de los usuarios en la operación y mantenimiento de los distritos de riego, y preservar el medio ambiente a través de una administración ecológica adecuada del agua, como un compromiso y responsabilidad frente a las generaciones futuras.
El proyecto de Ley, en consecuencia, responde a lo establecido del Plan Nacional de Desarrollo, a los lineamientos y contenidos del artículo 27 constitucional y sus reciente reformas, y a los cambios legales que se han generado en el mundo para el aprovechamiento, preservación y uso racional del agua, considerada como un factor estratégico para el desarrollo de las naciones.
La sociedad ha tomado conciencia de la realidad y sus perspectivas futuras, de la necesidad de acudir a nuevas fórmulas, en donde sociedad y Estado compartan su responsabilidad, con creatividad, participación y conciencia ecológica para preservar y fortalecer unitariamente lo nuestro, lo necesario y lo importante; transformar las leyes y operar los cambios, es hoy en día nuestra tarea, por ellos se configuró en la Comisión de Asuntos Hidráulicos, un grupo pluripartidista que sostuvo reuniones con las dependencias del Ejecutivo involucradas, con científicos, investigadores y toda diversidad de grupos que tuvieron interés en aportar ideas y opiniones para enriquecer el dictamen en estudio.
De igual manera se llevó a cabo un simposium sobre el agua y la Ley. Con todo ellos aclararon dudas y se complementaron áreas con el juicio, experiencia de talento de una sociedad plural y heterogénea, que aún en la diversidad se preocupa por obtener consensos que transformen nuestra estructura social, política y económica, en respuestas de competitividad y eficiencia que demanda la globalización, la regionalización, ¿y por qué no decirlo?, en última instancia la guerra comercial de los bloques internacionales.
En este marco, en las disposiciones preliminares, se precisa como objeto de la Ley no sólo la regulación del uso o aprovechamiento de las aguas, es decir la cantidad de agua disponible, enmarcando la explotación dentro de las posibilidades de renovación y recargo de los mantos acuíferos, como ocurre con la Ley vigente, sino también y con especial importancia, la preservación de su calidad dentro de una concepción integral y unitaria del recurso, con lo cual se cubre una de las grandes lagunas que existan en la Ley actual.
Se mantienen los principios constitucionales, en el sentido de considerar las aguas como nacionales, y el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre las mismas, razón por la cual se contempla la figura de la concesión para su uso y aprovechamiento.
Las aguas residuales, independientemente de la contaminación y el daño ecológico que generan, se convierte en serias amenazas para la salud del hombre y para la adecuada preservación de los ecosistemas. El desequilibrio ecológico ocasiona daños irreversibles a la sociedad, a la naturaleza y a los recursos susceptibles de apropiación, y pone en riesgo el presente y el futuro de los mexicanos.
Tomado en cuenta que conjuntar esfuerzos y recursos del gobierno y de la sociedad, para avanzar con mayor rapidez frente a los retos que tenemos en materia de agua, la Ley de Aguas Nacionales es un nuevo enfoque de estrategia, así como un instrumento legal adecuado.
En este sentido, la nueva Ley prevé en forma concertada con los productores rurales el avance en dos aspectos: por un lado se incrementa la capacidad financiera de los distritos de riego, con lo que reduce el subsidio federal y se dispone de mayores recursos para atender nuevas necesidades de conservación y de infraestructura.
Por otro lado, se establece que sean los propios usuarios quienes se hagan cargo de la administración de los distritos de riego en condiciones que permitan su funcionamiento financieramente autónomo y administrativamente independiente.
El Estado reafirma su compromiso de apoyar a los productores rurales en el desarrollo de distritos y unidades de riego, estimulando a la vez la inversión y planeación a largo plazo, condiciones indispensables para el reparto equitativo de los recursos naturales del país, y para que los productores rurales tomen sus propias decisiones, tanto en lo individual o en asociaciones que hagan viable y atractiva la aleación de nuevas tecnologías en beneficio de la comercialización e industrialización de sus productos.
Es así como la inversión pública que en el presente siglo ha sido determinante para impulsar la productividad del sector, suman otras fuentes de inversión y abren nuevas posibilidades a los sectores sociales y privado, en la conducción y operación de la infraestructura, y consecuentemente del incremento de la productividad y rentabilidad del potencial agrícola.
La iniciativa a su vez le da fuerza efectiva a la descentralización a través de la consolidación y fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de usuarios en los procesos de extracción, conducción y riesgo.
Por último, es muy importante destacar que gracias a la intervención de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, a petición de las organizaciones de productores rurales, se estableció un derecho de preferencia del propietario o poseedor colindante, que en muchos casos son ejidos y comunidades, para obtenerla concesión para el uso o explotación de la zona federal respectiva.
La Ley recoge las lecciones de los últimos años donde la autoridad federal en materia de agua se encontraba dispersa, provocando ineficiencias y conflictos innecesarios.
En este sentido la Ley estructura la rectoría del Estado bajo el principio de establecer una autoridad, única para la administración del agua, a través de la Comisión Nacional del Agua, lo que habrá de conducir sus atribuciones de manera objetiva. Esto es: la propia Ley establece claramente los límites y la discrecionalidad de la autoridad, en la cual brevemente, autoridad y usuarios saben sus derechos y obligaciones.
Es este marco, la Comisión Nacional del Agua queda investida de las funciones y atribuciones necesarias para administrar los recursos nacionales en forma integral; atiende la cantidad y la calidad de recursos, las aguas superficiales y subterráneas.
Habida cuenta de que el mayor desarrollo de nuestras cuencas hidrológicas ha incrementado la complejidad de las relaciones entre los distintos usuarios, que aprovechan el recurso con situaciones potenciales o reales de conflicto, la Ley establece distintos mecanismos que habrán de apoyar la tarea de la autoridad.
En primer lugar, establece los Consejos de Cuenca como órganos de coordinación y concertación entre la autoridad y los usuarios o sus representantes.
En el seno de estos consejos se pretende dar un mayor realismo a la programación hidráulica y a las decisiones que permitan sostener el desarrollo regional, con objetivos que permitan mantener el sano equilibrio hidrológico.
En segundo lugar, se propicia la participación organizada de los usuarios, por un lado, para facilitar el aprovechamiento del recurso en condiciones de mayor eficiencia, y por otro lado, para defender sus derechos individuales y de grupo en situaciones de conflicto o competencia por el uso del agua.
En tercer lugar, establece la posibilidad de que la comisión actúe como conciliador o árbitro, a petición de los usuarios. Ante conflictos que presente el uso del recurso, esta participación como árbitro amigable, favorece la actuación de la comisión que en la práctica ocurre hoy.
En cuarto. La Ley precisa al régimen de concesiones y asignaciones, a fin de otorgar mayor certidumbre y certeza jurídica a los particulares, limitando o precisando el papel de la autoridad; este propósito se contempla con creación del Registro Público de Derechos de Aguas y el establecimiento de reglas precisas sobre la transmisión de derechos que, en todo caso, interponen al público o el derecho de terceros frente a actos individuales.
En efecto, las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua son extensas, como la demanda la complejidad técnica de administrar un recurso que interviene en todos los aspectos de la vida y desarrollo de la sociedad.
El carácter omnipresente del recurso, requiere no sólo coordinar las acciones de los particulares, sino buscar la plena armonía entre los sectores
usuarios. De ahí que la Comisión cuente con un consejo técnico, en el cual están representados los principales sectores de la economía.
De esta manera, se coordina el uso del agua con una institución técnicamente capaz de conocer el recurso, propiciar la programación de su uso, regular la relación usuario - medio ambiente y la relación entre los usuarios de una misma cuenca.
De esta manera, se reconocen también lo espacios que debe tener una sociedad cada vez más consciente, cada vez más crítica, cada vez más organizada y participativa en los problemas que afronta el desarrollo, y que repercuten en impactos ambientales cada vez más intensos e irreversibles.
Se crea también para proporcionar mayor certeza jurídica.
El Registro Público de Derechos de Agua, en el que deberán de inscribirse los títulos de concesión, asignación y permiso, a los que se refiere la legislación sobre aguas nacionales, así como las operaciones de su transmisión, que la Ley claramente establece, están sujetas a la autorización previa de la autoridad.
Compañeras y compañeros diputados:
El sector agropecuario, determinante en el desarrollo económico de México, ha ido perdiendo el dinamismo que lo caracterizó en el pasado, pues no sólo se ha detenido su tasa de crecimiento, sino ha disminuido principalmente por una gran inestabilidad en los precios de los productos, en los costos de los insumos y, consecuentemente, en los ingresos de los productores, lo cual significa también una tendencia a la baja en la producción.
Dadas las restricciones presupuestales, el campo ha resentido una continua descapitalización, razón por la cual la oferta de alimentos para la población de las materias primas para la industria, ha sido satisfecha cada vez en mayor escala con importaciones, lo cual se traduce en una mayor dependencia de nuestro país a políticas comerciales que se determinan en el extranjero y que afectan directamente nuestra balanza comercial.
Si no revertimos esta tendencia, repercutirá en otros ámbitos de las políticas nacionales y fundamentalmente en el nivel de vida de los mexicanos.
Por ello, fortalecer nuestra facultad de decisión y acción requiere de toda nuestra capacidad creativa, para encontrar nuevas fórmulas que nos permitan recuperar la soberanía alimentaria e incorporarnos en condiciones de competitividad a los mercados internacionales.
Por esta razón, el desarrollo de la infraestructura hidráulica se vuelve esencial para el crecimiento de los rendimientos de los principales cultivos, con el fin de no someter la alimentación del pueblo a los vaivenes o caprichos de los bloques comerciales, y, por otro, colocar nuestro excedente aprovechando las ventajas competitivas y comparativas, por la incorporación de nuevas tecnologías, por el valor del cambio de la moneda, por la posibilidad que hoy tenemos, que nos permite aprovechar la economía de escala en mejores condiciones de mercado.
Por ello, consideramos que la iniciativa de aguas presentada a esta soberanía por el Ejecutivo, responde a nuestras expectativas de revertir el proceso de estancamiento del campo mexicano, al abrir nuevos caminos para que la inversión tanto pública como social y privada, en obras de infraestructura hidráulica se convierta en un factor multiplicador de la productividad agrícola y, por ende, en un instrumento para desterrar la pobreza extrema a que están sometidas las familias campesinas que, como sabemos, en condiciones de igualdad han demostrado en diversas latitudes ser los más eficientes en las labores agrícolas.
Nuestros retos serán: elevar el nivel y el bienestar de los productores del campo; imprimir competitividad al sector agropecuario; asegurar abasto y soberanía alimentaria; alentar el potencial exportador; lograr una mejor asignación de los recursos para el sector; conservar calidad y cantidad de nuestros recursos naturales, estimular el desarrollo y la diversificación de actividades en el medio rural, para que una vez más los hombres del campo constituyan el pilar de nuestra soberanía y el eje central del cambio globalizador que exige la competitividad: eficiencia y aun excelencia, en un mundo cada día más independiente en sus acciones, pero más libre en la defensa de sus intereses y convicciones internas.
Porque la ley cubre nuestras expectativas sin que deje de ser perfectible en lo futuro, en concordancia con los tiempos y los cambios que se generen, considerando que la misma cumple plenamente con los objetivos del momento en que vivimos y que la iniciativa del Ejecutivo interpretó en toda su dimensión la demanda de
transformación que nos exige un mundo más interdependiente y competitivo.
Por todo ello y porque consideramos que la iniciativa se enmarca en las tendencias actuales de la modernización, de la legislación hidráulica en el mundo, a nombre de la diputación del Partido Revolucionario Institucional, solicito a ustedes, señoras compañeras diputadas y diputados, que su voto sea a favor del dictamen en lo general. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia.
En el trasfondo de la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley de Aguas Nacionales encontramos exactamente la misma línea de todo el proyecto económico y político que hoy se implementa en nuestro país.
Impulsar al capital privado en todos los sectores claves de la estructura económica. Desembarazar al Estado de sus Empresas públicas incluidas aquellas que por sus características son fundamentales para que el Estado cumpla con las obligaciones sociales que la Constitución le exige y además dejar todos los sectores de la economía al libre juego de la oferta y la demanda, ahora las aguas nacionales pasan a ser una pieza más de este proyecto.
En lo que respecta a la nueva Ley de Aguas que hoy discutimos, el interés del Estado se centra en incentivar la inversión privada en infraestructura hidráulica, como en muchos otros casos se utiliza como argumento que el erario público no puede financiar la construcción de este tipo de infraestructura.
Este hecho en el cual el Ejecutivo nos presenta una Ley cuya principal característica consiste en que el Estado se libera de invertir en infraestructura de un bien público y tan necesario, tan importante en el equilibrio del medio ambiente y tan frágil además como es el agua, nos explica con toda claridad que es precisamente la falta de inversión pública en toda una serie de aspectos claves para el desarrollo de este país la base sobre la cual se sustenta el tan comentado superávit fiscal del Estado mexicano.
El Estado, en lugar de cumplir con el deber de garantizar un servicio social que la Constitución lo obliga, en lugar de utilizar los impuestos en beneficio de las necesidades del pueblo como corresponde, los va a guardar bajo el colchón en forma de superávit fiscal y se trata de la suma de 18 billones 200 mil millones de los actuales pesos, 18 mil millones de los nuevos para 1993.
Para darnos una idea de lo que esto significa, baste afirmar que esta cantidad es siete veces y media más grande que el presupuesto total de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para 1993.
La necesidad de invertir en nuestra infraestructura hidráulica es tan evidente que en el diagnóstico acerca de la problemática hidráulica nacional hay consenso, sobre explotación del recurso, contaminación, utilización de tecnologías atrasadas, distribución desigual, falta de infraestructura para abastecer de agua potable al 30% de la población, uso irracional del agua, etcétera. Incluso, la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales Coincide con este diagnóstico.
La problemática hidráulica es tan compleja que tiene que ver con el 100% de la población mexicana y con sectores fundamentales de la economía nacional como lo son la agricultura y la industria; pero además pone en entredicho el abastecimiento a futuro del preciado líquido, pues incluso ya hoy, dicho abastecimiento es todo un problema en las grandes ciudades y en las zonas rurales.
Frente a esta problemática, el Ejecutivo en lugar en invertir lo necesario para resolverla, nos presenta una iniciativa de Ley que se sustenta en la inversión privada. Así pues, la posibilidad de que en nuestro país se llegue a contar con una infraestructura hidráulica a la altura de las necesidades de la población, la economía y el medio ambiente, dependen del interés que muestre el capital privado en arriesgar sus dineros en este sector.
Todo esto es tan cierto que en la nueva Ley de aguas no sólo se propone que sea el capital privado quien invierta en nueva infraestructura hidráulica, se propone también que la infraestructura ya existente pase a manos del sector privado. Se privatiza pues una infraestructura que le significó costos y esfuerzos a los usuarios de ella que ahora tendrán que pagar cuotas a la altura de los nuevos dueños del agua.
En el artículo 102 de la iniciativa se establece con toda claridad que la promoción al fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción y operación de
infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los servicios respectivos es una cuestión de interés público. Está claro que cuando la Ley en este artículo habla de los particulares, no se refiere a ejidatarios y comuneros, se refiere al gran capital.
La privatización que le permitirá al gran capital adueñarse de la infraestructura hidráulica, operar ésta y prestar servicios es declarada en la nueva Ley una cuestión de interés público.
Sin embargo no es un problema sencillo que el capital privado se decida a invertir en infraestructura hidráulica, las necesidades existentes de abastecimiento de agua en el campo y la ciudad son enormes, y si tomamos en cuenta el bajo poder de compra de la mayor parte de la población de nuestro país, podríamos estar hablando de inversiones que podrían no resultar redituables.
Es por ello que la iniciativa se esmera en hacer atractiva a la inversión privada, el concesionamiento y la asignación en el uso y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos a personas físicas o morales.
Ahora las concesiones sólo requieren de una solicitud muy sencilla que deberá ser contestada en un plazo no mayor de 90 días hábiles, podrán establecerse hasta por 50 años con opción a prórroga por 50 años más.
Los concesionarios podrán cambiar el uso del agua simplemente avisando a la Comisión Nacional del Agua. Podrán realizar las obras públicas federales, de infraestructura hidráulica y luego recibirlas en concesión. La explotación, uso, aprovechamiento de aguas nacionales serán asignados a los municipios, también podrán ser concesionados.
En la iniciativa es muy clara toda una serie de facilidades a los particulares para obtener las concesiones. En este marco, en las concesiones para alumbramiento de agua o de obras de riego o para la construcción y operación de plantas generadoras de energía eléctrica, no se presenta como un requisito, aun cuando está previsto por la ley del equilibrio ecológico la manifestación de impacto ambiental.
Además, tampoco es un requisito para los concesionarios, garantizar que al término o revocación de la concesión, se regresen los recursos en las condiciones en que se recibieron. Y a lo largo de toda la iniciativa, de manera constante se habla de garantizar la recuperación de la inversión.
Para los sistemas estatales o municipales de aguas y alcantarillado, la comisión otorgará concesiones o asignaciones y precisará de qué forma se garantiza el pago de las contribuciones.
Cuando en los municipios se realicen obras de captación y potabilización, se deberá garantizar la recuperación de la inversión. Para invertir en la construcción de un distrito de riego, primero se hará un estudio de valores fiscales y comerciales y se garantizará cómo recuperar la inversión.
Todos los contratos que la Comisión Nacional del Agua celebre con particulares será bajo la modalidad de inversión recuperable. La iniciativa prevé la existencia de tarifas mínimas que impliquen una segura recuperación de costos, incluso los bienes concesionados a la inversión privada, podrán ser utilizados como garantía y en el caso de las inversiones que realice el Estado, la iniciativa tiene un capítulo especial de recuperación de inversión pública. Sin embargo, la nueva propuesta de ley de aguas, declara de utilidad pública la construcción, operación, conservación y desarrollo de obras públicas hidráulicas y sus respectivos servicios.
La protección, el mejoramiento y la conservación de cuencas, acuíferos, cauces, vasos que además son declarados propiedad de la nación, el equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, también son declaradas de utilidad pública. Pero todos estos recursos se concesionan al capital privado y evidentemente que la inversión privada sólo se da sobre la base de obtener dividendos.
¿De qué manera se va a lograr que los inversionistas privados, vigoricen el interés público por sobre sus ganancias?, o más bien habría qué decir: ¿de qué manera se va a obligar al capital privado a priorizar el interés público, a costa de sus ganancias? En esta Ley eso no queda claro.
Y la experiencia que en este país se tiene en lo que a concesiones a particulares se refiere, es que la figura de la concesión no es ni ha sido nunca en el curso de nuestra historia, garantía de respeto por los concesionarios sobre los bienes nacionales que explotan o aprovechan por esa vía. Al contrario, el primer requisito que permea en toda la iniciativa, es que cualquier tipo de inversión en infraestructura hidráulica, sea clara y perfectamente recuperable.
El documento está plagado de ejemplos en los que esta contradicción entre el interés público y la recuperación de la inversión, por supuesto
con ganancias, se hace presente. Y como podemos ver, el interés público queda muy mal parado.
Por ejemplo, se declara de interés público el equilibrio hidrológico de las aguas nacionales en la fracción IV del artículo 7o. Pero en el artículo 23, una vez obtenido un título de concesión, se autorizan proyectos de obras que puedan afectar el régimen hidráulico o hidrológico de cauces o vasos.
Otro ejemplo lo tenemos en el buen deseo planteado por la iniciativa en el sentido de racionalizar el uso de aguas, lo cual, por cierto, no es un problema menor, ya que la sobreexplotación y contaminación, sin duda, son los factores que más ponen en riesgo el aprovechamiento de nuestras aguas hoy en día y a futuro.
La primera medida que tendría que aplicarse para frenar al sobreexplotación y contaminación del agua, debería de ser, duda alguna, el inhibir la demanda del líquido.
Me parece que pedirle al capital privado que invierta, y solicitarle al mismo tiempo que inhiba la demanda de su mercancía, no pasa de ser un buen deseo.
En el título referente a la prevención y control de la contaminación de las aguas, se establecen las condiciones de descarga de aguas residuales, se establecen medidas para evitar que basuras y desechos contaminen las aguas, y se establece también la vigilancia sobre el agua suministrada para el consumo humano.
Que todo esto quede establecido en la nueva Ley y que cumpla, son dos cosas distintas. Ahí está la experiencia de la Ley General del Equilibrio Ecológico, que tiene un capítulo completo sobre prevención y control de la contaminación del agua, y no obstante los problemas de contaminación en las aguas nacionales, no solamente subsisten; se agravan.
¿Cuándo ha habido monitoreos permanentes sobre los residuos contaminantes de las zonas industriales?
En primer lugar, nos surgen dudas ante el muy probable desinterés de los inversionistas privados, por la protección y la conservación. Si en este país o en cualquier otro los inversionistas privados fuesen garantía de una actitud positiva hacia la protección y la conservación, muchos de los problemas del medio ambiente no existirían.
En segundo lugar, nos surge la duda en el sentido de la capacidad que la Comisión va a tener para desarrollar la vigilancia.
En el caso de aguas residuales que contaminan o de cuencas que se sobreexplotan, va a resultar muy peligrosa la situación ante la improbable incapacidad de la Comisión, para vigilar y garantizar que las normas, condiciones y disposiciones sean cumplidas.
Según se desprende de la revisión de artículos, como el 118 y el 121, la iniciativa pretende que la Comisión se encuentra preparada para supervisar el cumplimiento de lo estipulado en materia de aprovechamiento de agua o construcción y operación de infraestructura hidráulica, así como de detectar cualquier acción ilegal.
Pero ¿acaso cuenta la Comisión con los dispositivos necesarios para cuando menos monitorear en ciudades del peso de Guadalajara, México y Monterrey, y garantizar que se cumplan los requerimientos de cantidad y calidad prescritos por algunos reglamentos de la Ley del Equilibrio Ecológico?
Catástrofes como la de Guadalajara, en que se tuvo que pedir prestado a Petróleos Mexicanos, por parte de la Comisión Nacional del Agua, el equipo para monitorear el nivel de explosividad del drenaje, nos permiten asegurar que no existe en la Comisión Nacional del Agua esa capacidad.
El agua, sus usos, explotación y aprovechamiento, quedan convertidos en un instrumento mercantil, sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda. La cuestión es que el agua no puede ser reducida a una mercancía más. El agua de los ríos lagos y arroyos, es el lugar de innumerables especies de flora y fauna, actúa como agente vital diluyente y purificador, y es parte esencial en el equilibrio del medio ambiente. Resulta por lo tanto preocupante que se apruebe una Ley que no garantiza los mecanismos para lograr que el balance y el equilibrio hidrológico sean recuperados, preservando la calidad y cantidad del agua; una Ley que no enmarca la explotación dentro de las posibilidades de renovación y recarga de los mantos acuíferos; una Ley que no garantiza poner freno a la degradación acelerada de los recursos hidráulicos. Convertir el agua en una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, y permitir que los aprovechamientos, usos y explotación del agua sean convertidos en un negocio, hipoteca seriamente el abastecimiento del preciado liquido.
Se olvidan una vez más que la explotación de los recursos naturales no debe realizarse solamente sobre la base de criterios lucrativos, pues ello significa hacer a un lado la función social de dicha explotación.
No es poco, compañeras y compañeros diputados, lo que se está cambiando en este país en lo que a conservación y preservación de recursos naturales se refiere. Esta nueva Ley de Aguas traerá consigo una serie de innumerables cambios que, sin duda alguna, van a afectar el equilibrio del medio ambiente en nuestro país. Es todo. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Crescencio Pérez Garduño, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Crescencio Pérez Garduño: - Con su permiso, señora Presidenta.
Crear normas para regular la conducta externa de los habitantes del país, es una tarea que el derecho como disciplina se encarga de crear, analizar y aplicar la normatividad, ha tomado en consideración para hacer congruentes sus postulados a las condiciones imperantes en el momento histórico que se vive.
El derecho social, insigne obra creada por las instituciones jurídicas del Constituyente de 1917, mantiene como una de sus características esenciales el ser cambiante, ofreciendo la posibilidad de dar respuestas a los reclamos que la población plantea al Gobierno en sus diferentes esferas.
Uno de los requerimientos que con mayor atingencia debe atenderse para dar seguridad debida y preservación de las especies es el de conservar de manera óptima la generación, uso y mantenimiento de todo aquéllo que de una y otra forma se vincula con los recursos acuíferos de la nación.
El agua es un elemento vital para la sociedad, ya que sin éste el ser humano no podría subsistir y entre más se incremente el crecimiento demográfico más se irá acentuando el problema de satisfacer a la población del vital líquido.
México requiere del agua como fundamento para su desarrollo, en razón de que su distribución hidrológica es irregular e inconstante, lo que dificulta su abastecimiento, propiciado además por situaciones económicas, tecnológicas y culturales.
Por ello, la administración adecuada del recurso hidráulico en el país para uso y aprovechamiento deben involucrar a todos los sectores de la población mexicana, por lo que en este contexto el Ejecutivo Federal se ha comprometido a instrumentar una política del agua, la cual se sustenta en una movilización de la sociedad y en el establecimiento de una nueva cultura del agua, consistente en que todos, con el apoyo adecuado de nuestras instituciones, reconozcamos el valor de este recurso y la responsabilidad que compartimos para garantizar el uso eficiente y la conservación de su calidad.
Por tal motivo, la iniciativa que nos presenta el Ejecutivo Federal no debemos entenderla como un capricho, sino como la resultante de la experiencia que de muchos años a la fecha se ha recopilado a través de los planteamientos y exigencias que la sociedad viene reclamando.
En efecto, el problema del agua presenta aspectos preocupantes en virtud de que la mayoría de los principales centros urbanos se ubican en regiones del país que tiene, por su relieve, menor disponibilidad del agua, cuyo transporte se hace cada vez más distante y a costos elevados y crecientes, además de que en el uso doméstico y en el industrial se requiere un mayor esfuerzo para su ahorro y uso eficiente. De igual forma, se hace costoso el desalojo, su tratamiento, de las aguas ya utilizadas.
Problema similar se presenta en el campo, ya que en las zonas áridas y semiáridas es donde se concentran más de la mitad de los suelos aptos para la agricultura y que disponen de menos del 10% del total del agua del país.
Al existir un índice más elevado de usuarios, la demanda del agua se incrementa, decreciendo la calidad con que se presta el servicio y, en consecuencia, tomando en consideración la vulnerabilidad del agua, su contaminación y el daño ecológico resultante, hacen que las descargas de agua residuales se conviertan en serias amenazas para la salud del hombre y la adecuada preservación de los ecosistemas.
Por lo antes expuesto, para la comunidad en general existe la preocupación de hacer permanente y continuar una política del agua que nos enseñe y nos responsabilice a actuar solidariamente al hacer uso de este importante líquido toda vez que de no hacerse, nuestras perspectivas de desarrollo se verán fuertemente limitadas.
Por lo que se ha hecho imprescindible el consolidar debidamente todas las acciones y medidas que se tomen al respecto, buscando en todo este
contexto se encuentre comprometido en un nuevo instrumento legal que contenga toda la ideología de esta nueva cultura, que comprende las experiencias, no sólo de nuestras legislaciones anteriores en esta materia, sino también las contempladas en los países y que ha sido resultado de sus experiencias dimensiales propias y nos proporciona la metodología para lograr una distribución más justa y equitativa.
La iniciativa de Ley que se propone, tiene como fin regular las aguas nacionales en todo el territorio, las cuales por su propia naturaleza son de carácter federal y garantiza la conservación del agua para el bienestar social y para la producción industrial, agropecuaria y de servicios, dando énfasis a la creación de una conciencia educada, culta y comprometida para darle un uso cada vez más racional y preservar su calidad.
Un aspecto relevante que se considera en la iniciativa de Ley, es el fortalecimiento del desarrollo tecnológico, que incluye la investigación y formación de recursos humanos, calificados para contribuir al uso eficiente y al aprovechamiento racional del agua.
La iniciativa de Ley se orienta a la consecución de una mayor participación de los usuarios, a la consolidación de la programación hidráulica y de una autoridad federal única para su manejo en cantidad y calidad, la seguridad en su uso y aprovechamiento, su utilización eficiente y racional y una mayor participación de los sectores privados y social en la construcción de la infraestructura y de los servicios hidráulicos.
También concibe al agua como un recurso unitario que se renueva a través del ciclo hidrológico, modificado por la actividad del hombre, confirmando la íntima relación entre las aguas superficiales y las del subsuelo, y vinculándolas con su cantidad y calidad.
Esta Iniciativa de Ley al ser reglamentaria del artículo 27 constitucional se ajusta a los lineamientos y contenidos en especial de las recientes reformas de que fue objeto para llevar libertad y justicia al campo, destacándose la especial regulación en cuanto al uso agrícola en la que se precisa la situación de las aguas de los ejidos y comunidades de los distritos y unidades de riego y de drenaje.
Un aspecto innovador de la iniciativa lo constituye la transmisión de los títulos entre usuarios y cambios de uso y la creación del Registro Público de Derechos del Agua en el que se inscribirán los títulos de concesión y asignación, permisos y demás documentos a que se refiere la misma y contempla la intervención de la autoridad, sólo en aquellos casos que se requieran, a fin de que no se afecten derechos de tercero ni causen problemas a las condiciones hidrológicas y ecológicas de las cuencas y acuíferos.
En este contexto legal se mantienen los principios constitucionales referidos a la necesidad de contar con una concesión para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales y de que el dominio de la nación sobre dichas aguas es inalienable en imprescriptible. Es de señalarse que la iniciativa de Ley, la concesión continúa siendo el acto que realiza la administración pública, mediante el cual autoriza a particulares la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación bajo el régimen estricto de derecho público en el que se señalan determinadas cargas y obligaciones y se establecen los derechos que corresponden a la administración pública sobre los bienes nacionales. Las aguas nacionales son bienes del dominio público, por ende corresponden a la nación, no son susceptibles de apropiación en particular; en consecuencia su régimen jurídico se caracteriza esencialmente por la inalienabilidad e imprescriptibilidad, bienes como tales no deben ser susceptibles de apropiación particular, las aguas nacionales son de la nación, principio que tiene el más alto rango jurídico al haberse establecido como decisión política fundamental en el artículo 27 de la Constitución.
Las aguas nacionales, por disposición constitucional sólo pueden ser usadas aprovechadas por particulares a través de la figura jurídica de la Constitución; por ser uno de los medios que la ciencia jurídica dispone para el otorgamiento de derechos especiales de uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, la concesión es una mera atribución de un derecho jurídico especial respecto del bien, no sobre el bien, es una manifestación de voluntad del Estado. La concesión crea derechos y obligaciones recíprocos entre autoridad concedente y concesionario y crea derechos objetivos pero no puede crear derechos reales. La administración otorga el derecho de uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a condición de que su titular cumpla con las obligaciones que se le impone, la autoridad regula el funcionamiento del servicio, aprueba tarifas y cuotas y realiza otras atribuciones, la concesión sólo otorga un derecho temporal que no por ello deja de ser seguro.
A través de las concesiones y asignaciones, los ejidos, las comunidades, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, pequeños propietarios
rurales, las empresas productivas, las estratégicas, las entidades paraestatales y hasta los hogares que requieren pozos para uso doméstico; en fin, todos aquellos que la necesitan pueden tener acceso a ella mediante el sistema de la concesión. Asimismo es innovador la creación de los consejos de Cuenca integrados por las dependencias y entidades de los tres niveles de Gobierno y los representantes, los usuarios como iniciativas de coordinación y concertación para formular y ejecutar programas y acciones para el logro de una mejor administración del agua, desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos.
Lo anterior dará una mayor libertad de coordinación, organización y participación de los usuarios, no sólo en la planeación, sino principalmente en la administración y manejo del agua y con ello facilitar su intervención en la administración y programación hidráulica.
Un rubro trascendente que contiene la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, es la de la inversión privada y social en obras hidráulicas, considerando de interés público la promoción y fomento de la participación de los particulares, con lo que hará sustento y fuerza el marco legal para la acción descentralizadora a través del fortalecimiento, consolidación y participación de organizaciones de usuarios en el campo, capaces de tomar a su cargo la administración de la construcción y operación de las obras de infraestructura hidráulica con inversión y participación de los sectores social y privado, manteniéndose la soberanía nacional y la rectoría del Estado.
Es por ello que la iniciativa prevé la forma en que la inversión privada participe en la construcción y operación para el desarrollo de las obras públicas de infraestructura hidráulica, permitiendo con ello obtener mayores beneficios de la inversión para lograr la mayor expansión de la infraestructura y de los servicios hidráulicos, promoviendo el desarrollo del país en beneficio de la población mexicana.
El espíritu del legislador fue congruente al establecer dentro de nuestra Constitución Política la doctrina económica que señala específicamente el artículo 25 de la Constitución, al determinar que al Estado corresponde alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional que establece nuestra Constitución, y en ningún momento se objeta la potestad del Estado para imponer las modalidades que la propia Constitución en su artículo 27 establece.
La iniciativa de Ley prevé la posibilidad de utilizar las figuras de la concesión y del contrato para ampliar la participación de los sectores privados y social de la inversión de obras hidráulicas, y con ello se abre la posibilidad al financiamiento con capital privado, parcial o total en los proyectos de infraestructura hidráulica federal, a través de concesiones o contratos otorgados a terceros con una inversión recuperable por conducto de su operación durante un determinado plazo, sin que en ningún momento el Estado deje de tutelar en la medida del alcance de sus recursos asignados en la materia.
La modernización nos impone adaptar las estructuras económicas a las condiciones cambiantes del país y a las tendencias de la economía mundial, reflejándose en un sector público más eficiente para atender sus obligaciones legales y compromisos que den cumplimiento a las necesidades del país.
Esta modernización implica mayor actividad en todos los renglones de la economía del país y una mayor inversión de los particulares para conseguir el desarrollo nacional, por ello es importante estimular una mayor inversión, fijando normas que den seguridad y productividad a la misma.
En base a los argumentos esgrimidos, no debe confundirse que dicha inversión es en detrimento del interés público, sino por el contrario, es en beneficio de toda la población y desarrollo del país, precisándose que dichas inversiones que hagan los particulares respecto de obras hidráulicas, éstas son y seguirán siendo propiedad de la nación, conforme a los principios contenidos en el artículo 27 de la Constitución, aunado a que conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, las concesiones no crean derechos reales sobre bienes del dominio público que como tales no son susceptibles de apropiación particular.
En este rubro se contiene en materia contractual una nueva figura que no se encuentra contemplada en el derecho mexicano, como lo son los contratos llave en mano, los cuales permiten que una empresa se responsabilice del proyecto, construcción y financiamiento, equipamiento y de todo lo necesario, para entregar una obra o sistema en condiciones de operación plena; empresa que tendrá incluso la posibilidad de operar las instalaciones y prestar los servicios correspondientes hasta recuperar la inversión.
Lo anterior no va en detrimento del patrimonio de la nación, sino por el contrario, se fomenta con ello el incremento en el desarrollo económico del país, en razón de que en la iniciativa se establece que el compromiso de la empresa será de entregarla funcionando a toda su capacidad y en forma eficiente y aprobada.
Con esta modalidad, la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales remite a los aspectos señalados en las disposiciones fiscales, como es el régimen de recuperación de inversiones y de los gastos y costos de operación.
Es de precisarse que cuando en la iniciativa de Ley de Agua Nacionales se prevé la posibilidad de utilizar las figuras de la concesión o del contrato, en el caso de que se trate de personas físicas o morales extranjeras, éstas deberán ser reguladas por lo que establece el artículo 27 constitucional.
Asimismo, la iniciativa de Ley contempla los mecanismos para abrir la inversión de particulares para el servicio público de energía eléctrica, ya que ésta respeta y es congruente con los principios contenidos en el artículo 27 de la Constitución y la Ley de Energía Eléctrica, que permite la generación de energía eléctrica por particulares para su abastecimiento y la venta, conforme a la Ley, de los excedentes.
Cabe señalar que el mismo ordenamiento prescribe que corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, y no prohibe la autogeneración de energía eléctrica.
Asimismo, la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, no considera servicio Público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares individualmente considerados.
En este contexto jurídico, lo que no pueden es prestar el servicio público o el servicio al público de energía eléctrica, principio que desde luego respeta la iniciativa, pues no existe disposición en contrario y sí en cambio señala expresamente que la venta se efectuará en los términos y condicionada a lo que diga la Ley, con lo que existe un reenvío expreso a lo dispuesto en la Ley, como es el caso de la Ley General de Servicio Público de Energía Eléctrica.
Es de destacarse que en este contexto la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, establece que las obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, que tengan posibilidades de generar energía eléctrica, lo pueden hacer directamente para su autoabastecimiento, con la posibilidad de vender los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, conforme lo establece la Ley de la materia.
De igual forma, la iniciativa señala la posibilidad de otorgar concesión de aguas para la autogeneraicón de energía eléctrica, con apoyo en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional y sujeto a lo dispuesto en la Ley de Energía Eléctrica.
Al respecto, la iniciativa no establece en ningún de sus preceptos que se preste servicio público, sino por el contrario, remite estos aspectos a la Ley de la materia. En este sentido, no se debe confundir la concesión de agua con el permiso o autorización de abastecimiento que emite la autoridad competente.
De manera sintética puede afirmarse que los puntos más relevantes contenidos en la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, son los siguientes:
La administración integral del agua, con una mayor participación de los usuarios, desarrollando una conciencia social para darle el verdadero valor al agua.
La consolidación de la programación hidráulica y de la autoridad federal única, para la administración del agua en cantidad y calidad.
La seguridad jurídica en el uso y aprovechamiento del agua, que permita a los particulares planear adecuadamente sus actividades, a mediano y largo plazo.
El aprovechamiento eficiente y racional del agua, para la modernización del campo y en general para la modernización del país.
En atención a las consideraciones anteriores, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de mi partido, se permite solicitar un voto aprobatorio para el dictamen que ha sido puesto a consideración de esta honorable Asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: Esta Presidencia solicita en auxilio de la Oficialía Mayor, para que conduzca atentamente a asesores y público que permanece en pie para que tomen asiento en sus lugares respectivos. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Arquímides García, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: - Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
En los términos del artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para los efectos del artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, deseo manifestar mi posición, avalando y apoyando la propuesta hecha por mis compañeros que me antecedieron en la palabra, en relación a la iniciativa de ley de Aguas Nacionales.
En los grandes debates que durante los años veinte hubo sobre el 27 constitucional, muchos de los términos o aparentes impresiones de ese artículo fundamental de nuestra Carta Magna, se clarificaron y adquirieron su real significado.
El primer de todos fue el que se refería de la limitación del dominio privado exclusivamente a la superficie del territorio nacional, como escribió en 1992 don Andrés Molina Enríquez: cito: "Una vez fijado el punto de partida de la naturaleza social la propiedad sobre las tierras y agua del territorio de la nación la Constitución dividió dicha propiedad entre la del suelo superficial o superior y la del suelo inferior o subsuelo, declarado que ésta última quedaba bajo el dominio de la nación, y por tanto, que los derechos de domino que en forma de propiedad podrán tener los particulares, sólo podrían referirse al suelo superficial o superior, Esa división, continúa diciendo Molina Enríquez, aunque se desprende de antecedentes precisos de la época colonial, puede considerarse como original en la ciencia jurídica, y es una de las más felices inspiraciones de los ilustres constituyentes de Querétaro". Hasta aquí la cita.
Sobre la superficie del territorio, el propietario privado sólo puede ser, de acuerdo con el 27, propietario por decisión de la nación, y su derecho es un derecho privado, desde este punto de vista también un derecho secundario frente al derecho primordial de la nación.
Pero referente al subsuelo, según la inspirada observación de Molina, no hay un absoluto derecho de propiedad privada; ahí hay sólo una concesión que en ningún momento deroga o pone en entredicho el derecho fundamental de la nación.
En la sesión del Constituyente en que fue aprobado el artículo 27, el diputado Ibarra señalaba, en relación con las riquezas del subsuelo: "Y si en lo sucesivo se va a considerar a la nación como propietaria de esas riquezas, por consiguiente, creo que nada más justo que lo mismo que pido se haga para el petróleo; se haga también para todas las minas, para toda clase de explotación de las riquezas naturales y que van a ser propiedad de la nación".
Sin duda alguna el diputado Ibarra, y todo sus compañeros de Asamblea, no pensaban siquiera en un recurso natural específico, pero no se trataba de señalar limitadamente cuáles riquezas del subsuelo deberían de pertenecer a la nación, sino de dejar claro, de una vez por todas, que el subsuelo en su conjunto, incluida sus riquezas conocidas y por conocer, pertenecer a la nación, como gustaba de decir Molina Enríquez: "De manera inalienable e imprescriptible".
Señora Presidenta, para mi es preocupante que a un asunto de vital importancia como es la discusión de esta iniciativa, no se le dé la importancia debida, por lo que pido a usted que se me ponga atención.
La Presidenta: - Esta Presidencia solicita atentamente a todos los compañeros diputados, asesores y público en general, escuchar atentamente al orador, cumpliendo así una responsabilidad que el honorable pueblo de México nos ha brindado.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: - Gracias.
En aquellos debates de los veinte, se planteó también la cuestión del verdadero significado que debía darse a la expresión del original párrafo cuarto del 27, que decía: "Corresponde a la nación el dominio directo". Don Miguel S. Macedo, preguntaba si eso no quería decir simplemente dominio eminente, es decir, en la tradición norteamericana, derecho a legislar y a expropiar.
Los juristas revolucionarios y los constituyentes libraron una batalla memorable que finalmente ganaron en toda la línea. Fernando González, coincidió en que dominio directo equivalía al derecho o facultad que tiene el Estado de dictar Ley entorno a la explotación del subsuelo, pero dejó claro que el dominio de la nación sobre el subsuelo es, en primer término, un dominio total, propiedad completa le llamó y "excluyente", por tanto de los particulares, en cualquier sentido que eso sea el de conceder a los particulares la explotación de un bien nacional con finalidades específicamente sociales.
El ingeniero Pastor Roa, ministro de fomento en la época de Carranza, y diputado constituyente
de 1919, declaraba: "Al tratarse de los productos del subsuelo, el Congreso Constituyente quiso que quedaran más precisos todavía los derechos de la nación". Y por eso empleo las palabras dominio directo, quedando así claramente expresado que en esta clase de riquezas no sólo tenía la nación la propiedad original y absoluta, sino que también le corresponde la propiedad privada de ellas.
Por propiedad privada de la nación, en la época de los veinte, se entendía, como es bien sabido, la capacidad física, presente y actuante de la nación para explotar las riquezas de subsuelo por sí mismas, a través de los órganos del Estado.
Molina Enríquez, en un documento que produjo para el grupo Pastor Roa, que elaboraba el artículo 27, que luego fue aprobado, dejaba estas observaciones: "Sólo podrá ser materia de propiedad privada o colectiva, el suelo superior o superficial, debiendo entenderse que todos los derechos concedidos hasta ahora como de propiedad a los particulares o a las corporaciones de población, permitidas por las leyes, se refieren a dicho suelo, el suelo inferior o subsuelo, estará en todo tiempo bajo el dominio de la soberanía nacional, representada exclusivamente por la federación y se considerará destinado perpetuamente al uso común.
En consecuencia, los metales preciosos y demás materiales cuya explotación declare de interés público la Ley especial, así como todos los productos del subsuelo, que no broten o salgan por sí mismos al suelo superior o superficial, y que para ser apropiados o aprovechables requieran obras artificiales de extracción hechas en el suelo inferior o subsuelo, mientras no sean extraídos serán inobligables, inalienables e imprescriptibles, y sólo pueden pasar a los particulares por extracción por concesiones de administración otorgada conforme a la Ley especial y a las demás leyes al efecto se expidan".
Molina Enríquez, como se ve en ese documento de 1917, precisa tres cosas, que luego pasaron al texto del artículo 27: una, que toda las riquezas del subsuelo , identificadas o no, conocidas o no, pertenecen a la nación; dos, que sólo pueden pasar a los particulares por extracción, y, tres, que para extraer un particular debe tener concesión que la nación haya hecho en su provecho.
Pero Molina apunta otro elemento fundamental: que la Ley que declare de utilidad pública o de propiedad exclusiva de la nación, en todo caso, no es limitativa, sino simplemente prescriptiva de aquellas materias o sustancias que, en todo caso, pertenecen sólo a la nación.
Como explicaba en 1934 Machorro y Narváez, ello corresponde cabalmente al espíritu del 27 constitucional, pues es error pensar que en él de lo que se trató fue de limitar la propiedad de la nación; mas de lo que se trataba y la lucha revolucionaria del pueblo era el mejor testimonio, era delimitar los derechos de la propiedad privada.
"No fue precisamente, dice Machorro y Narváez, la preocupación principal de ese precepto, la garantía absoluta del derecho de propiedad, sino que, por el contrario, declarado este derecho y su respeto como limitación del Estado en general, toda la amplitud del artículo se preocupa más bien por establecer limitaciones al derecho de propiedad.
Por tal motivo, seguía diciendo Machorro y Narváez, los párrafos cuarto y sexto relativos al subsuelo, deben recibir una interpretación en consonancia con ese espíritu general del artículo al que pertenecen, y debe estimarse que en ellos no se trató tanto de establecer las garantías de concesión y explotación del subsuelo en favor de los particulares, cuando aclara por una parte la reivindicación a favor del Estado, de la propiedad del subsuelo y, por otra, la limitación de los derechos de los concesionarios por los requisitos de explotación en determinadas condiciones.
El espíritu general del artículo 27 de la Constitución es limitativo y no extensivo del concepto de propiedad individual.
Machorro y Narváez sabía lo que decía: "Sencillamente no hay garantía individual de concesión, y en lo que se refiere al subsuelo, no se trata de limitar los derechos de la nación, sino, al contrario, de limitar los derechos de los individuos propietarios privados".
Quienes redactaron la Iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, también saben lo que dicen y lo que hacen; saben que atentan contra la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional, cuando nos proponen que demos a los concesionarios del agua una garantía individual de concesión, para explotar según su interés y no el social, una riqueza pública.
Los concesionarios del agua se ven ya favorecidos económicamente con el derecho que adquieren para apropiarse del bien y no vemos por qué ha de privilegiarse casi a perpetuidad con 100 años de concesión. El poder público se ata las manos durante todo ese tiempo para no intervenir directamente en la explotación de un bien público.
La concesión es el acto administrativo a través del cual la administración pública concede, otorga a los particulares concesionarios para:
a) Explotar o aprovechar un bien propiedad del Estado; o
b) Explotar un servicio público.
Tratándose de bienes de la nación, la concesión otorgada no otorga un derecho en interés exclusivo al concesionario, y como consecuencia de ello, el aprovechamiento otorgado al concesionario tiene al mismo tiempo el carácter de derecho y obligación.
Que el derecho que otorga la concesión no está establecido en interés exclusivo del beneficiario es fácil e inmediatamente perfectible si se tiene en cuenta la propiedad del Estado sobre los bienes concesionados. Que la llamada nacionalización de tales bienes ha obedecido a la importancia que tiene para la vida económica del país la explotación efectiva de esos bienes, lo cual sólo puede lograrse evitando que un régimen de propiedad privada deja al arbitro del propietario tal explotación.
En tales condiciones, considero que se deben de establecer mecanismos jurídicos que garanticen que la explotación se lleve a cabo en las mejores condiciones y con el mayor rendimiento que exija los intereses colectivos.
La facultad de explotador para asociarse de los productos materia de la concesión no puede considerarse como una contraprestación civil de la obligación de explotar ni tampoco puede pensarse, como acertadamente señala el maestro Gabino Fraga, que el Estado quede obligado a garantizar la amortización de las inversiones y el lucro esperado, pues para ello se necesitaría que hubiera una correlación minuciosa entre el motivo de las cargas que impone la concesión y las ventajas que de ella derivan.
En la parte correspondiente a las concesiones, la iniciativa presidencial de Ley de Aguas Nacionales, trata a este bien público como si fuera un bien del dominio privado y equipara la concesión con la propiedad privada que otorga a su titular el derecho de uso, disfrute y disposición, se revela con claridad que lo que por vía de esas disposiciones se hacen es transformar subrepticiamente a la propiedad de la nación en propiedad de los concesionarios, así se ha dicho también en las legislaciones en materia de minería y pesca.
A nuestro juicio no debemos permitir, no debemos aprobar esta conversión, debemos mantener el régimen de concesiones de los bienes propiedad de la nación dentro del marco constitucional. Debemos garantizar que su explotación se haga en beneficio colectivo y no de unos cuantos. Que el aprovechamiento de estos bienes, como el agua, sirva al desarrollo nacional y que no se constituyan monopolios y excesivas concentraciones en torno de su concesionamiento.
En las condiciones anteriormente descritas, no podemos sino discrepar del dictamen presentado por la fracción mayoritaria de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, y apoyamos y avalamos la posición de mis compañeros miembros de esa Comisión, que no firmaron ese proyecto, y en lo general votaremos en contra de esta Ley.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Con su permiso, señora Presidenta:
Sin lugar a dudas el concepto de soberanía surge en el propósito de consolidar el poder político en lo interno. Estaban emergiendo los nuevos estados y se identificaba este principio de teoría del Estado como un concepto absoluto, indivisible, único, intransferible. Surgieron después las teorías plurales, la división de poderes, el principio de la voluntad general, la compatibilidad de la soberanía en el marco del derecho internacional público y el principio de soberanía empezó a relativizarse. Ya no era aquéllo que justificaba autocracias, sino que se sustentaba conforme a derecho, surge el estado de derecho, y esa corriente histórica - política es la que desde el principio adopta nuestra Constitución.
Desde el inicio de los documentos jurídicos de nuestra vida independiente se habla de que la soberanía radica originalmente en el pueblo, la ejercen los poderes de la Unión conforme a los principios jurídicos. Y hoy en día soberanía se identifica fundamentalmente como capacidad para decidir. Desde ese punto de vista, el Estado mexicano, hoy, toma decisiones conforme a los tres poderes, sujeta su actuación en deterioro de la soberanía ninguna modificación en su legislación interna, trátese de la Ley de Aguas, trátese del Tratado de Libre Comercio, o bien de las reformas recientes al artículo 27 constitucional. Es un poder que reside originalmente en el pueblo, se ejerce a través de los poderes de la Unión y se sujeta a la norma jurídica.
Aquí el día de hoy hemos escuchado en una mezcla de ideologías y en algunos aspectos de sentido común, que con frecuencia esto genera antagonismos, una serie de argumentos en contra de la iniciativa que estamos analizando. Se confunden o se aplican viejas tesis entre lo que es interés público, interés privado, casi casi rescatando al mercantilismo antiguo o las viejas tesis del imperio romano; en otras partes se ataca al burocratismo, pero se defiende a la empresa pública; en algunas afirmaciones se ataca al individualismo pero se defiende a la sociedad civil, lo cual nos lleva a reimplantar lo que pudiera ser en estos umbrales del siglo XX toda una nueva teoría de Estado. Nos lleva a hablar de lo que es macro, de lo que son bienes públicos, de lo que es determinar las funciones del Estado, de acuerdo al marco de la Constitución, que está inspirada en el liberalismo social, que es la doctrina filosófico - jurídica que tiene mayor continuidad en nuestra vida independiente, y para también precisar lo que es el alcance del derecho.
Muchas veces se hacen sugerencias casuísticas y se va casi a concederle a la norma jurídica atributos que no están en el terreno del deber ser. Creo que debemos asimilar lo que está sucediendo en el mundo que es una crisis del estatismo, y tendremos que aceptar que es necesario desregularizar, simplificar para conformar un derecho que sea accesible al ciudadano y que lo respete como tal.
El Estado debe jugar un papel importante desde luego, pero no por medio de puños y de órdenes. El Estado es la manifestación jurídica del pueblo y por lo tanto podemos modificarlo. Tanto el Estado como el mercado, tienen un valor instrumental; no tienen vida propia; están en manos del pueblo darle el uso adecuado para que se cumpla un propósito de libertad y de justicia. No sacralicemos al Estado; no tiene vida propia, repito, corresponde a lo que es el pacto social, renovado todos los días en el seno del Congreso de la Unión.
¿Cuál es el marco jurídico que regula la electricidad?, efectivamente el artículo 28 habla de la electricidad. Pero el artículo 27 habla del servicio de energía eléctrica y es un principio de doctrina y hay jurisprudencia ya consagrada, en el sentido de que en los principios constitucionales no puede haber contradicción y que la Ley específica prevalece sobre la Ley general. Por lo tanto, tenemos que remitirnos al artículo 27 constitucional, que habla de lo que el Estado debe hacer como monopolio que es el servicio de energía eléctrica, no la generación, no la transferencia, no la distribución, no todo lo que implica y lo que está detrás de lo que es el servicio de energía eléctrica. Y esto se complementa perfectamente con la ley de servicio eléctrico en su artículo 36. Ahí habla de autoabastecimiento habla de cogeneración, que son formas que el Estado está utilizando en un programa de ahorro y uso eficiente de energía.
Si una empresa, si una industria, si un hotel o un ingenio azucarero por ejemplo, está generando vapor y el vapor puede ser utilizado para cogenerar electricidad, es perfectamente factible que la Comisión lo autorice, lo concesione y esto sirva para abatir nuestra posibilidad de desabasto, o sea, incrementar la reserva.
El autoabastecimiento. Como ustedes saben, la hidroelectricidad es la gran reserva nacional; tenemos 12 mil megawatts de reserva, casi una tercera parte de lo que actualmente es capacidad instalada, en el territorio nacional; son escurrimientos hidráulicos susceptibles de ser utilizados para generar electricidad. La electricidad, tan costoso es generarla como trasladarla. Si en Chiapas, por ejemplo, donde están escurrimientos muy importantes en virtud de su conformación geográfica, un particular pide autorización para generar energía, ¿por qué no otorgársela? ¿En qué se está lesionando un recurso estratégico? ¿En donde está ese riesgo de la soberanía? Por el contrario, se genera la electricidad; satisface las necesidades en particular y el sobrante puede ser adquirido por la Comisión, quien es la única autorizada para otorgar el servicio público al usuario, obviamente, y entonces cobrar por este servicio público.
Esto nos lleva a ponderar los grandes atributos de la hidroelectricidad; es una forma que no contamina; no requiere combustible; no hay desechos y es la energía en las plantas eléctricas, que llegan a su más alta potencia en más breve tiempo. Una hidroeléctrica en tres minutos está a su máxima capacidad. No así la termoeléctrica ni mucho menos la nucleoeléctrica. En la hidroelectricidad tenemos, repito, un recurso muy importante que va al sistema eléctrico nacional. Este sí lo opera a través del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Electricidad, que lo controla la Comisión Federal de Electricidad. Este sí es un instrumento estratégico, el sistema eléctrico nacional, lo opera la Comisión; le está ordenando a cada planta en el país cuánto debe generar y otorga el servicio en todo el país.
La importancia de la energía eléctrica es tal, que hay muchos países que casi casi podemos clasificarlos en toda su contextura, en todos sus
órdenes, en todas sus aristas, en virtud de la energía eléctrica. Si la generan a base de hidrocarburos, quiere decir que no han diversificado sus fuentes de energético y acusan un retraso en su desarrollo tecnológico. Si la generan sin cuidado del medio ambiente, hay también un problema de tipo ecológico; si no llega a todos los habitantes, hay un problema de inequitativa distribución del ingreso; si la vende subsidiada, hay un problema de tipo económico; si no llega hasta el último pueblo, inclusive pudiera generarse un problema de seguridad pública, porque la energía eléctrica es todo esto, es economía, es seguridad pública, es cultura y es educación.
La Comisión Federal de Electricidad ha avanzado mucho en este sexenio. Muchos mexicanos se han incorporado recibiendo el servicio eléctrico. De subsidios ya solamente queda el subsidio de la tarifa 1, la tarifa domiciliaria, con 3 billones 200 mil millones de pesos, y la tarifa IX que es de riego agrícola, con 600 mil millones de pesos.
Ya se empezaron las grandes obras hidroeléctricas como Zimapán, Aguamilpa, Agua Prieta, está operando el ahorro y uso eficiente de energía y ha diseñado una política social para tratar las afectaciones, para tratar a los usuarios, para corregir muchísimos de sus problemas internos en la burocracia y en el trato con los trabajadores. Y eso me lleva a la siguiente reflexión:
Démosle a la empresa pública la posibilidad de desarrollarse plenamente; no la encajonemos en prejuicios, no la atrapemos en esquemas ideológicos; démosle la posibilidad de que muestre que sí sirven y que sí está impulsando el desarrollo de la nación. En la empresa pública en México, en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos, hay mexicanos de gran calidad que tienen amor a la camiseta, que están sirviendo a esas empresas y hay escalafón para irse otorgando éstos, los cargos correspondientes.
Si nosotros no le permitimos a la empresa pública operar con un criterio de competitividad, si nosotros no le damos un marco flexible, si nosotros no le damos las atribuciones para que se sume el empresario privado, estamos simple y llanamente encajonándola y condenándola a su fracaso. La empresa pública está siendo cuestionada a final del siglo XX y creo que debemos hacer un esfuerzo y por eso el voto que yo vengo a ratificar, de mi partido en torno a la iniciativa de Ley de Aguas.
Estamos en una época de vísperas; hay problemas en la producción agropecuaria en el mundo. En los setenta, los alimentos fueron un instrumento político. Los estados destinaron subsidios, apareció aquel libro ordenado por el Club de Roma, de Los Límites del Crecimiento, y había la angustia de que la Tierra se agotaba en la generación de alimentos. Y por eso vino una política que no reparó en incurrir en déficitis para estimularla, que también vino una guerra y que estaba el alimento ahí depositado como instrumento de presión. Estas condiciones han cambiado, ahora se vislumbra una década en donde surge la biotecnología, en donde también se cuestiona por la misma ecología el problema de uso de agroquímicos, en donde hay una guerra de subsidios comercial y en donde tenemos que allegarle al productor, que es el sujeto básico en la producción de alimentos, todos los elementos para que salga adelante.
Por eso el Estado mexicano no renuncia ni pierde su sentido social; reformar la revolución implica renovar la confianza en el hombre; eso es lo que hay detrás de toda la reforma que hemos ventilado en esta lectura. Efectivamente, la productividad y la eficiencia deben tener un sentido social, como aquí se dijo. Pero también lo social debe tener un sentido de efectividad y de productividad; de lo contrario se termina repartiendo miseria.
Las únicas revoluciones que triunfan, son las que creen en hombre, y por eso hay en toda la reforma, en este afán de renovar nuestra legislación, rescatando las tesis del liberalismo social, un profundo mensaje humanista que nos obliga a repasar y a revisar los viejos conceptos, para actualizar nuestro Estado, un Estado eficiente, un Estado que tenga prestancia; prestancia para escuchar la demanda popular; prestancia para ser eficaz en lo social; prestancia para respetar la norma jurídica.
Por eso, hoy ratificamos nuestro voto y nuestro apoyo a esta iniciativa de Ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul): - Pido la palabra.
La Presidenta: - Tiene la palabra, señor diputado.
De acuerdo al reglamento, en el artículo 102 señala que tiene un tiempo único de cinco minutos, señor diputado.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Gracias, señora Presidenta.
Con tres minutos tengo. Nada más para leer una parte del artículo 27 constitucional, que dice:
"Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público."
No se trata, señoras y señores diputados, de encajonar al país o a la economía, lo que se trata es de preservar el derecho del Estado de manejar los servicios públicos de la nación.
En cualquier organización social, sea comunista, sea socialista o capitalista, es facultad del Estado conservar ese derecho de la administración de los servicios públicos; no tan solo por ideología, sino también por interés de seguridad del Estado.
Si cada día entregamos nuestros intereses ecónomos. Si cada día entregamos los intereses de México en manos del capitalismo local e internacional, estamos cada día debilitando a nuestro Estado, a nuestro mismo Gobierno y a nuestra patria.
¡Qué fácil es venir a la tribuna y con una excelencia de oratoria y erudición del derecho constitucional se nos trate de deformar la realidad de la situación! No, compañeros diputados. Tenemos que ser acuciosos, lo suficientemente perspicaces, para no ser envueltos en esa habilidad de la oratoria y de la retórica. ¡Debemos conservar el derecho del pueblo de México de tener una administración pública que, como he dicho, es el común denominador en cualquier lugar o en cualquier latitud del planeta!
Los servicios, como son el transporte, la salud, la alimentación, la seguridad, deben ser facultad única del Estado.
Por eso yo les pido, posiblemente vote en favor de la Ley, pero no estaré de acuerdo en que se nos quiera manejar la conciencia como si todavía no hubiéramos terminado la primaria. Muchas gracias y disculpen, señores diputados.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar (desde su curul): - ¡Para hechos!
La Presidenta: - Tiene la palabra para rectificar hechos, señor diputado.
El diputado Héctor Ramírez y Cuéllar: - Señora Presidenta, compañeros diputados:
El señor diputado Rodríguez Prats vino aquí a hacer una serie de reflexiones que se apartan del texto constitucional. El artículo 27, fracción VI, dice así:
"Corresponde exclusivamente a la nación, ¡exclusivamente a la nación!, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares."
Dice el señor diputado Rodríguez Prats que es posible que la nación pueda generar energía eléctrica, pero que no importa que los particulares también la generen, que no importa que los particulares también la distribuyan.
En el artículo 27, cuyo párrafo he leído, se hace un enfoque integral de la industria eléctrica. No puede separarse de la industria eléctrica generación y la distribución. ¿Para qué querríamos generar energía eléctrica si no es para su distribución, si no es para su comercialización, para su venta, para el consumo?
La generación de energía eléctrica no es un fin en sí mismo de los particulares ni del Estado, sino es un medio para ponerla al servicio del desarrollo industrial del país.
Precisamente, quisiera recordar al señor diputado Rodríguez Prats, cuando la energía eléctrica estaba en manos privadas, extranjeras, había una serie de empresas regionales que generaban energía eléctrica. Y el propósito del general Lázaro Cárdenas al crearla Comisión Federal de Electricidad, fue el de sentar las bases de la integración nacional de la industria eléctrica, eliminando los enclaves regionales, las empresas regionales que generaban en aquel tiempo energía eléctrica.
El propósito de la Comisión Federal de Electricidad al disolver la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es el de culminar el proceso de integración administrativa y técnica de la industria eléctrica. Y no puede haber en el proceso de integración nacional una empresa pública nacional que no puede regir en el Valle de México. La absorción de la Compañía de Luz tiene el propósito, precisamente, de la integración nacional de la energía eléctrica.
Dice el diputado Rodríguez Prats que no hay problema, porque es una energía que se genera para el autoconsumo. Si ese fuera el problema, la limitante, no tendríamos objeción alguna. Si el propósito fuera que un establecimiento comercial, mercantil, autogenerara su energía eléctrica para su autoconsumo, no habría tantas objeciones en esta tribuna.
El problema, diputado Rodríguez Prats, está en el excedente, cuando se habla del excedente después de cubrir la demanda del autoconsumo de una empresa, se está entrando, querámoslo o no, a un sistema de comercialización, a un sistema de distribución porque el excedente lo venderán los particulares a la Comisión Federal de Electricidad para su distribución. Se está generando con el excedente, se abre la puerta del excedente una operación de carácter comercial con la empresa del Estado. Si las empresas privadas siguieran el camino de la autogeneración de energía en base a la adquisición de plantas propias, yo me pregunto y pregunto a los señores diputados, ¿para qué serviría la Comisión Federal de Electricidad si cada empresa industrial, comercial o agrícola puede generar su propia energía? Si cada empresa puede además venderla a la empresa pública no tendría razón de ser la existencia de la Comisión Federal de Electricidad, ése es el problema, que se generan o se vuelvan a generar sistemas de producción paralelos como los que había en la época en que la industria eléctrica era privada y estaba en manos del capital extranjero.
Que se sienten las bases para surgimiento de sistemas regionales, quiero poner el ejemplo del norte de nuestro país; en el norte de nuestro país esta avanzando mucho la autogeneración de energía eléctrica y hay una actividad comercial muy grande para venderla a la Comisión Federal de Electricidad. De seguir una tendencia acelerada de este subsector privado de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tendrá una función subsidiaria, complementaria y la base de la generación será una base de generación privada y ¿dónde queda, señores diputados el artículo 27 el artículo 28 de la Constitución? Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Para rectificar hechos tiene la palabra el señor diputado Elpidio Tovar de la Cruz.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Con su permiso, señora Presidenta.
Se ha venido a decir aquí en esta tribuna para hacer la defensa de uno de los aspectos más graves que contiene la Iniciativa de Ley que estamos ahora discutiendo, que es el de que se abre la puerta a los particulares nacionales y principalmente extranjeros, para invadir un campo exclusivamente reservado a la nación como es la generación y la venta de energía eléctrica.
Se ha venido a plantear aquí que esto es una necesidad, pero además está contemplada dentro de los términos de la Ley.
Quiero señalar que nos hemos opuesto de manera categórica a que se establezcan estas disposiciones porque precisamente entran en contradicción no sólo con la Constitución, se establece de manera muy clara, la facultad exclusiva del Estado en esto, sino también otras disposiciones legales como son la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece de manera clara que no se considerará de servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares individualmente considerados.
Pero esta misma Ley establece en su fracción III del artículo 4o., qué es lo que se concibe como servicio público, y es la realización de todas las obras, instalaciones, trabajos, etcétera, que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
Lo que nos preocupa de esta iniciativa, es que al abrir las puertas a la inversión privada en materia de infraestructura hidráulica, se le concede la posibilidad de recuperar la inversión mediante el suministro de agua para usos múltiples, incluyendo la venta de energía eléctrica en los términos de la Ley.
Es decir, se expresa de manera clara la facultad para los particulares, de vender, no solamente de producir o de generar energía, sino de vender ésta en los términos de la Ley, dice; pero la Ley no establece en ningún caso que los particulares tengan esta facultad, solamente concede la posibilidad de generarla para autoabastecimiento, y en la iniciativa de Ley que hoy estamos discutiendo, en el artículo 108, que es, me parece a mí , uno de los más graves, se expresa de manera clara la posibilidad de que los particulares para recuperar la inversión, tengan la facultad de vender energía eléctrica. Muchas gracias.
La Presidenta: - ¿Para qué asunto señor diputado? Para rectificar hechos, tiene usted la palabra.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: - Para fundamentar mi participación, permítanme leer el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional.
"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan."
Conforme a este artículo y de acuerdo con la ubicación de esta disposición, la creación de
áreas estratégicas reservadas al Estado, constituye una limitación a la libertad de industria, y si bien es cierto que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite a los particulares generar energía eléctrica para el autoconsumo, no autoriza esta Ley la invasión del campo reservado al Estado, y si el Estado lo hiciera estaría fuera de la Constitución.
Permítanme hacer una observancia adicional respecto a la generación de energía eléctrica: a pesar de que la iniciativa pretende promover el equilibrio y protección ecológica en el manejo del agua, otorga injerencia tanto a la Comisión Nacional del Agua como a la Comisión Federal de Electricidad, sin establecer candados a la actuación de ambas, y esto es lo preocupante, porque ello puede conducir a que se mantenga el hasta ahora irracional aprovechamiento de ríos, característico de la generación de energía eléctrica; la construcción de presas, causantes de la frecuente inundación de los mejores sueldos para uso agrícola; la destrucción de hábitat y otros negativos impactos en los ecosistemas y, por esta vía, en los sectores sociales que dependen de los mismos. Esto lo podemos ver, esto lo podemos constatar en el Capítulo III, Capítulo VI, y Título Noveno de la iniciativa de Ley de Aguas.
La Presidenta: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo............. Suficientemente discutido.
La Presidenta: - Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular los siguientes artículos:
Por el Partido de la Revolución Democrática, 1o., 5o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 65, 68, 69, 70, 74, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 98, 103, 104, 107, 108 y 113.
Por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, los artículos 13, 20, 22, 39, 47, adición de un 47 - bis, 48, 69, 88 y 103.
Por el Partido Revolucionario Institucional, 1o., 5o,. 22, 78, 79, 80, 108 y
Y por el Partido Acción Nacional, 65 y octavo transitorio.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y los artículos no impugnados.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Aprobado el dictamen en lo general y los artículos no impugnados por 377 votos.
La Presidenta: - Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, para discutir el artículo número uno.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática considera imprescindible que esta Ley de Aguas Nacionales sea de orden público y de interés social, y que tiene por objeto regular el aprovechamiento de las aguas, estableciendo la compatibilidad entre la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, con el desarrollo económico y social del país, con el propósito de lograr un desarrollo sustentable y garantizar la soberanía nacional.
En efecto, de acuerdo a la Carta de la Tierra, de la Declaración de Río de Janeiro que dice: "Los seres humanos están en el centro de las preocupaciones del desarrollo sustentable, tienen derecho a una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza; el derecho al desarrollo debe ser desempeñado de forma que se atienda equitativamente a las necesidades de desarrollo ambiental de las generaciones presentes y futuras. Para conseguir el desarrollo sustentable, la protección ambiental debe constituir parte integral del proceso de desarrollo, no pudiendo ser considerado aisladamente de éste. A fin de conseguir el desarrollo sustentable y mejores condiciones de vida para todos los pueblos, los estados deben reducir y eliminar padrones insustentables de producción y consumo. Los estados deben establecer una legislación ambiental efectiva."
En este sentido, se busca asegurar que la explotación y uso de las aguas consideren la racionalidad ecológica, entendida como el conjunto de condiciones que permiten el ciclo evolutivo de la naturaleza, y el desarrollo de los seres humanos.
Así la Ley de Aguas, al considerar de manera explícita el desarrollo sustentable, permitirá que
el aprovechamiento del vital líquido se rija por las determinaciones de los estudios de impacto ambiental, y coadyuven al logro del ordenamiento ecológico nacional. Congruente con el desarrollo sustentable, tenemos la necesidad de que la Ley de materia hidráulica, establezca los mecanismos para la observancia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación de que es un requisito ineludible la manifestación del impacto ambiental para el otorgamiento de la concesión o asignación, sea para realizar obras de riego, construcción de plantas hidroeléctricas, infraestructura hidráulica.
La Ley de Aguas debe fijar criterios para el aprovechamiento, explotación y uso del agua, que no atenten el balance hidrológico de la cuenca, ni afecten la calidad y cantidad del recurso. Por eso el Partido de la Revolución Democrática propone cambiar el artículo primero que dice: la presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. Es de observancia general de todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto regular la explotación, uso, aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su calidad.
Proponemos: "Artículo 1o. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público y de interés social, y tienen por objeto regular y planear la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su calidad y cantidad para lograr un desarrollo integral sustentable".
Firma un servidor y además el diputado Elpidio Tovar de la Cruz y Miguel Angel León Corrales. Muchas gracias. Lo dejamos en la Secretaría.
La Presidenta: - Se le concede la palabra al diputado Raúl Pardo.
El diputado Raúl Pardo Villafaña: - Señora Presidenta, compañeros diputados:
A nombre de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, y en base a la propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo 1o., no sólo la acepta sino que además la complementa, reformando también el artículo 15.
La propuesta de la comisión habla de que se propone adicionar al artículo primero de la Iniciativa de Ley, con el objeto de que se señale que sus disposiciones no sólo son de orden público sino de interés social, y que dentro de su objeto no sólo deben de preservar la calidad, sino también la cantidad, todo ello con el objeto de lograr un desarrollo integral, sustentable del recurso hidráulico.
Queda claro que con tal concepto se facilitará la planeación hidráulica, y con ello se respetará la cuota natural de renovación de las aguas, ya que ello sería consecuencia de la preservación de la cantidad.
Por lo antes expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente texto para el artículo 1o.
Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
Por lo que se refiere al artículo 15, con motivo de las modificaciones propuestas al artículo 1o., en el que se señala como nuevo objetivo la preservación de la cantidad y calidad de agua, se considera conveniente como consecuencia establecer: en la programación hidráulica se respetarán las cuotas naturales de renovación de las aguas.
Para tal objeto se propone adicionar un último párrafo al artículo 15, para quedar como sigue, del uno al siete, y al último la propuesta sería:
"La programación hidráulica respetará la cuota natural de renovación de las aguas". Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática, para discutir y analizar los artículos 5o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
EL diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz: - Con su venia, señora Presidenta:
El Partido de la Revolución Democrática considera que la iniciativa que se encuentra a
discusión en este día, es de trascendental importancia para la vida nacional, dado que afectará al conjunto de los mexicanos.
Consideramos además que esta Ley permite concentrar excesivas facultades y funciones en el organismo denominado la Comisión Nacional de Aguas, como si este organismo fuese el único capacitado técnica y políticamente para aplicar los resolutivos necesarios para la administración de los recursos hidráulicos.
En atención a lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia por la creación de un Consejo Nacional Hidráulico, de una Procuraduría Hidráulica y de un Registro Nacional en la materia.
Se plantea que la Comisión Nacional de Agua constituya un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero en realidad, de acuerdo a las facultades que hemos observado en la propuesta de ley, se le otorga a este proyecto una serie de iniciativas que le permiten parecerse a la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos, misma que hacia los años setenta se fusionó con la Secretaría de Agricultura y dio lugar a la creación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En 1989 el actual titular del Poder Ejecutivo creó la Comisión Nacional de Agua, separándola de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría que perdió por completo el manejo de los distritos de riego, y se quedó solamente con el manejo de las unidades de riego, pequeñas obras de irrigación y de los distritos de temporal.
Con la nueva Ley, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos dejaría también de tener injerencia en lo que atañe a las unidades de riego, limitándose su participación exclusivamente a la agricultura de temporal.
La Ley Federal de Aguas vigente, junto con la creación de los distritos de desarrollo rural en 1988 tenían, con todas sus limitaciones, un enfoque mucho más integral de las cuentas hidrológicas, ya que se vinculaban al riego, al temporal, a las aguas y a los bosques.
La Iniciativa de Ley de Aguas propuesta, concentra desorbitadamente en un solo organismo funciones administrativas, regulación, normatividad, concesiones, de inscripción y registro, títulos de concesión, asignación y permisos jurisdiccionales; resuelve disputas por derechos de agua, de procuración de justicia, asesoría, prevención, faltas y delitos, conciliación y arbitraje, otorgándosele un doble carácter de juez y parte y haciendo de la impartición y procuración de justicia en materia de aguas nacionales, un laberinto burocrático, en el que resulta impredecible cualquier resolución.
Todas estas funciones deberían estar adecuadamente separadas y reguladas por distintos órganos, para no desintegrar los factores naturales de la producción, que constituyen la tierra y el agua, y las funciones administrativas que deberían estar realmente centralizadas en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Las funciones preventivas de procuración de agua, en un organismo descentralizado dependiente de otra Secretaría; las de procuración relativas a la asesoría y prevención en otro organismo descentralizado; las de inscripción y registro en un órgano desconcentrado y, finalmente, las de resolución de disputas por derechos de agua, en un órgano autónomo que garantice la administración imparcial de justicia hidráulica, facultado para conocer y resolver de las quejas e inconformidades contra las resoluciones administrativas en materia de agua.
Podemos decir que, en este aspecto, si analizamos el capítulo número nueve, fundamentalmente, el artículo número nueve, perdón, en donde se dan las atribuciones de la Comisión. Por un lado, dice que: "se pueden ejercer las atribuciones que conforme a la presente ley corresponden a la autoridad, en materia hidráulica, dentro del ámbito de la competencia federal, excepto en las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal".
Estas atribuciones que se le entregan, realmente competirían a una instancia totalmente distinta.
El segundo párrafo se refiere a la formulación, formular el programa nacional hidráulico respectivo, actualizarlo y vigilar su cumplimiento. Única y exclusivamente esta Comisión haría esa programación sin participación de ninguna otra instancia.
El tercer párrafo diría: " proponer los criterios y lineamientos que permitan dar una idea de congruencia a las acciones del Gobierno federal en materia de aguas nacionales y asegurar y vigilar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación para sus recursos de ejecución".
Podríamos contar todas y cada una de las fracciones que componen el artículo 9o. y nos vamos
a encontrar con una serie de incongruencias. "Se le faculta para expedir títulos de concesión, asignación o permiso que se refiere a la presente Ley; reconocer derechos y llevar Registro Público de Derechos de Agua".
Pero, por el otro lado, nos dice, en la fracción VIII, "que va a conciliar y, en su caso, fungir, a petición del los usuarios como árbitro en la solución de los conflictos relacionados con el agua". Esto quiere decir que será juez y parte.
Otra cuestión que sería importante resaltar aquí, es que le asigna la función de vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos administrativos y aplicar las sanciones, ejercer los actos de autoridad en la materia, que no estén reservados al Ejecutivo Federal.
Esta facultad, que tiene ver con la procuración de la justicia, tal parece que nos va a dar por resultado que vamos a tener ahora a la policía hidráulica.
Actuar con autonomía técnica, en la fracción XIV, dice: "Actuar con autonomía técnica y administrativa en el manejo de los recursos que se destinen y de los bienes que tengan, en los términos de esta Ley, así como la autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, de los objetivos, metas señaladas en su programa y presupuesto".
Esto, definitivamente, nos vuelve a meter en la idea de que se pretende crear una Comisión, tal parece, sui generis, porque si revisamos, por ejemplo, la fracción X, dice: "ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las de las contribuciones, aprovechamientos que se les destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas conforme a lo dispuesto en un Código Fiscal de la Federación".
Ahora se le dan algunas atribuciones fiscales y parece que no le competirían a esa Comisión. Sin embargo, creemos que es muy importante que esto sea considerado, señores, porque de lo contrario parece que vamos a crear por otro lado la necesidad de cambiarle de nombre a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que se llame solamente Secretaría de Agricultura de Temporal.
Nosotros queremos hacer algunas propuestas respecto a las modificaciones que tengan que hacerse respecto al artículo 5o. Proponemos que diga un artículo 5o. - bis: "la Comisión se regirá por un Consejo Hidráulico Nacional integrado por los representantes de los Consejos de Cuenca, mismo que decidirá la política hidráulica en coordinación con el Consejo Técnico".
Respecto al artículo 7o. proponemos que en la fracción II se anexe: "de manera tal que no sea afectado el balance hidrológico".
En la fracción III, en lugar de decir: de la energía eléctrica destinada a servicios públicos, diga: "a la prestación del servicio público".
En el artículo 9o. proponemos sean solamente siete fracciones las que compongan este artículo. Proponemos la creación de un artículo 9o. - bis que diga: "Son atribuciones del Consejo Hidráulico Nacional:
I. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas, los de riego, drenaje y en los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convengan con terceros.
II. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos concesionados por terceros y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua y la conservación de su calidad.
III. Promover el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico e impulsar una cultura del agua que se considere a este elemento como un recurso vital y escaso.
IV. Promover y en su caso realizar una investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua y la formación y capacitación de recursos humanos.
V. Convocar a la constitución de los consejos de cuenca, comités hidráulicos y consejos ciudadanos de usuarios afectados y a la comunidad científica.
VI. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales".
Artículo 10. "La Comisión contará con un consejo Técnico que estará integrado por los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de la Contraloría General de la Federación; de Energía , Minas e Industrias Paraestatales; de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, quien lo presidirá; de Salud; de Pesca; y formarán parte de este consejo además, siete representantes del Consejo Hidráulico Nacional. Por cada representante propietario se designará a los suplentes necesarios.
El Consejo cuando así lo considere conveniente podrá invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal y a los representantes de las entidades federativas, de los municipios y de los usuarios. El Consejo Técnico deberá recibir cualquier propuesta de política hidráulica surgida del Consejo Hidráulico Nacional, de las entidades federativas, los municipios y responder a sus proponentes por escrito sobre las resoluciones que adopte, las cuales deberán producirse en un tiempo razonable.
Para el caso de propuestas de políticas hidráulicas no consideradas, la comunidad científica, los usuarios y los afectados podrán hacerlas llegar al consejo técnico."
Artículo 11. En este artículo proponemos se suprima la fracción V.
El en artículo 12 proponemos la siguiente redacción: " El director general de la comisión, quien será designado por el Secretario de Agricultura, dirigirá y representará legalmente a la comisión, adscribirá a las unidades administrativas de la misma, expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia, y tendrá las demás facultades que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias."
Proponemos la adición de un artículo 13 - bis que diga: "El Consejo de Cuenca elaborará y aplicará su reglamento."
El artículo 13, proponemos la siguiente redacción: "La comisión, previo acuerdo de su Consejo Técnico, establecerá consejos de cuenca que serán instancias de coordinación y concertación entre la comisión, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y los representantes de los usuarios, los afectados de la respectiva cuenca hidrológica, con el objeto de formular y efectuar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y de la preservación de los recursos de la cuenca.
La comisión concertará con los usuarios en el ámbito de los consejos de cuenca las posibles limitaciones temporales a los derechos existentes para enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, sobre explotación o reserva. En estos casos tendrá prioridad el uso doméstico."
En el artículo 14 proponemos que se suprima la palabra "reconocerá" y se cambie por la de "acreditará".
En el artículo 15 proponemos se suprima el párrafo primero y proponemos el que sigue:
"La aprobación por parte del Ejecutivo Federal en una primera instancia del Programa Nacional Hidráulico respectivo.
Inmediatamente el Programa Hidráulico respectivo deberá ser sometido a la aprobación en segunda instancia, del Congreso de la Unión".
Proponemos se suprima los párrafos tercero, cuarto, y proponemos se incluya una fracción VIII que diga:
"La aprobación hidráulica respetará la cuota natural de renovación de aguas".
Y una fracción IX que diga:
"La formulación de una política de incentivos para el ahorro de aguas".
Dejo las propuestas en la Secretaría.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alva Calderón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Carlos Alva Calderón: - Con su permiso ciudadana Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
En atención a lo dispuesto hace un momento, quiero poner a su consideración de ustedes algo sobre el artículo 14 del dictamen de la iniciativa que nos ocupa.
Con objeto de precisar que la Comisión, en el caso de organización de usuarios lo que puede hacer jurídicamente es acreditarla, pero no reconocerla, pues este último concepto se considera que es más propio de Ley que de autoridad administrativa, proponemos una siguiente redacción:
"Artículo 14. La Comisión acreditará, promoverá y apoyará la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación y control de su calidad y para impulsar
la participación de éstos a nivel estatal, regional o de cuenca, en los términos de la presente Ley y su reglamento".
Firman esta propuesta el diputado Nabor Ojeda, la diputada Laura Pavón, el diputado Julio Gómez Herrera, el diputado Fidel Herrera y su servidor Juan Carlos Alva Calderón.
Dejo esta propuesta en manos de la Secretaría para sus efectos.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para debatir los artículos 13, 47 y 88.
El diputado Odilón Cantú Domínguez: - Con su anuencia compañera Presidenta, compañeros diputados:
Hemos considerado que el punto en donde se trata de los consejos de cuenca, es novedoso en la iniciativa de Ley propuesta. Por medio de estos consejos le da la participación a las diversas instancias federales, estatales y municipales, así como a los usuarios.
Sin embargo, consideramos que a los consejos de cuenca, se les dan únicamente atribuciones de coordinación y concertación, pero lo que proponemos que a éstos se les den atribuciones jurídicas suficientes para ser órganos de decisión.
Así también consideramos que dada la importancia del medio rural, es importante que en la prioridad definida en el artículo 13 de la iniciativa, se incorpore el uso agrícola. En tal sentido, sugerimos modificar el artículo 13, para quedar de la siguiente manera:
Dice: "La comisión, previo acuerdo de su consejo técnico, establecerá consejos de cuenca que serán instancias de coordinación y concertación entre la comisión, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica, con objeto de formula y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica, de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca".
La comisión concertará con los usuarios en el ámbito de los consejos de cuenca las posibles limitaciones temporales a los derechos existentes, para enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, sobreexplotación o reserva. En estos casos tendrá prioridad el uso doméstico."
Debe decir, según nuestra propuesta: "La comisión, previo acuerdo de su consejo técnico, establecerá consejos de cuenca que serán instancias de coordinación y concertación entre la comisión, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica, con objeto de formular y ejecutar programas y acciones para mejor administración de las aguas el desarrollo de la infraestructura hidráulica de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca. Los consejos de la cuenca, cuando así se requiera, opinarán y decidirán sobre las acciones inmediatas en la materia.
La comisión concertará con los usuarios en el ámbito de los consejos de cuenca las posibles limitaciones temporales a los derechos existentes para enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, sobreexplotación o reserva. En estos casos tendrán prioridad los usos doméstico y agrícola."
En el artículo 47 se regula lo relativo a las aguas residuales, pero permite que éstas puedan descargarse en los bienes nacionales. Consideramos que para evitar la contaminación de los mantos acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces, etcétera, debe establecerse la obligatoriedad de los municipios para que estas aguas sean tratadas antes de ser descargadas. Esto permitiría que se arrojaran un menor cúmulo de contaminantes.
En tal virtud se propone, dice: "La Comisión promoverá el aprovechamiento de las aguas residuales de los sistemas de agua potable y al alcantarillado que se podrán realizar por los municipios, los organismos operadores o por terceros".
Debe decir: "Las descargas.
La Comisión promoverá el aprovechamiento de aguas residuales de los sistemas de agua potable y alcantarillado que se realizará por los municipios, los organismos operadores o por terceros".
En torno al artículo 88, es conveniente que en la iniciativa de Ley se precise la prohibición a las empresas industriales para que descarguen desechos tóxicos en mares, ríos, lagos y lagunas. Algunas cuencas hidrológicas han sufrido durante mucho tiempo, las consecuencias de la acción contaminante de las industrias, incluso algunas de ellas, se han ido desecando paulatinamente. Por tal razón consideramos precisar en el artículo 88, tal prohibición. Dice:
"Las personas físicas o morales requieren permiso de la Comisión para descargar en forma permanente, intermitente o fortuita, aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos."
Debe decir:
"Las personas físicas o morales requieren permiso de la Comisión para descargar en forma permanente, intermitente o fortuita, aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. No se autorizarán permisos a personas físicas o morales que descarguen desechos tóxicos, sólidos o líquidos." Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Gustavo Nabor Ojeda.
El diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado: - Con su venia, señorita Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con atención los planteamientos que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha hecho en relación a la Ley de Aguas Nacionales. Y hemos observado que lo relativo al planteamiento que hace en el artículo 13, en atención a los consejos de cuencas, los planteamientos de operación que realiza este órgano novedoso que les permitirá a los productores participar en la toma de decisión, la mecánica de operación de los consejos de cuencas es un elemento que debe remitirse al reglamento que tendrá que establecerse al respecto, por lo que consideramos que deberá rechazarse y adecuarse en su tiempo, dentro del reglamento respectivo.
En lo correspondiente al artículo 47, donde se refiere a la atención de las aguas residuales por los municipios, planteamos a ustedes una propuesta de modificación al artículo 5o. que de manera conjunta el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional plantean, y que dice al respecto, que con objeto de que en la coordinación de acciones entre las instancias de Gobierno, se respeten las facultades que en la materia se atribuya a cada una de ellas. Esto es, que en el artículo 5o. quede el texto de la siguiente manera:
"Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. Asimismo, fomentará la participación de los usuarios y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios hidraúlicos."
Esta propuesta es suscrita por los diputados: Juan de Dios Castro, Gabriel Jiménez Remus, Juan Calderón, Javier Garduño Pérez, Rigoberto Salazar y Diego Zavala.
Hago entrega a la Secretaría de la misma.
También queremos comentar en relación a la inquietud que tiene el Partido del Frente Cardenista, sobre el equilibrio ecológico, y le pedimos a los compañeros vean lo que contempla al respecto el artículo 117 de esta ley, que permitirá atender lo correspondiente al impacto ambiental. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Julio Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Julio Gómez Herrera: - Con su permiso, ciudadana Presidenta, compañeros diputados:
El capítulo tercero de la Ley de Aguas Nacionales, referente al uso en generación de energía eléctrica, es fiel al espíritu y al carácter de las disposiciones constitucionales establecidas en los párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional.
Pero consideramos que son justas las inquietudes de compañeros diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, expresadas ante la Comisión de Asuntos Hidráulicos, así como la propuesta presentada en la conferencia con el Senado, en el sentido de que esta Ley sea congruente con la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica y puntualice que la posibilidad de otorgar concesión de agua para la autogeneración de energía sea exclusivamente para el autoabastecimiento y, en su caso, de existir excedentes deben de entregarse a la Comisión Federal de Electricidad, única facultada para prestar el servicio público, que es del interés nacional.
Por consecuencia, me permito presentar la siguiente propuesta común de los partidos, Popular Socialista, del Frente Cardenista,
Autentico de la Revolución Mexicana, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que dice:
"En reunión de conferencia celebrada en la Comisión del Senado de la República, el pasado 6 de noviembre, los colegisladores Ricardo Monreal, Leonardo Rodríguez Alcaine y Armando Hopkins, hicieron una propuesta que esta Comisión recoge para que la frase ley aplicable en la materia se incluya en los artículos relativos.
En consecuencia, se propone adicionar en los artículos 78, 79, 80 y 108, para precisar que cuando se establecen referencias en materia de la presentación del servicio público, en energía eléctrica, se entienda que se atenderá a la Ley aplicable en la materia, para quedar como sigue:
En el artículo 78, en el tercer párrafo, que termina diciendo nada más "en los términos de la ley". Se le agregue:" en los términos de la ley aplicable en la materia".
Lo mismo en el segundo párrafo del artículo 79.
En el primer párrafo del 80, y en el segundo párrafo del 80 que establezca: "conforme a la ley aplicable en la materia", en el segundo párrafo final.
Y lo mismo en el primer párrafo del artículo 108."
Lo firman los representantes de las diferentes fracciones parlamentarias y lo dejo a la Secretaría, para que lo tome a consideración de la Asamblea.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Luévano, del Partido de la Revolución Democrática, con los artículos 16, 21,22,25,98,103,104,107 y 108.
El diputado Alejandro Luévano Pérez: - Con su permiso, señora Presidenta:
La reflexión que voy a plantear y las modificaciones corresponden a algunos de los artículos planteados en el Título Octavo y el Título Cuarto.
Consideramos que los términos de esa iniciativa, en lo relacionado al Título Cuarto, sobre el derecho del uso o aprovechamiento de aguas nacionales, son preocupantes en los términos que están planteados por los siguientes aspectos que me gustaría mencionar:
En primer lugar, se desregula la operación del servicio, otorgando en concesión la explotación, uso y aprovechamiento del agua bajo el esquema de un programa llamado "Llave en Mano", lo que significa que el concesionario puede hacerse cargo de todo el proceso hasta la recuperación de su inversión, mediante al cobro a los usuarios. Pero prácticamente no se establece ninguna condición para el otorgamiento de la concesión; simplemente hay que llenar una solicitud. Es decir, no hay límites ni en términos de volumen de agua o número de cuentas otorgadas en concesión, lo que implica que podría ser una sola empresa la concesionaria de todos los recursos hidráulicos del país.
Tampoco se establecen condiciones sobre la explotación, uso o aprovechamiento del agua, en tanto no se señala el destino del recurso.
El concesionario es libre para determinar si se utilizará el agua en generación de energía eléctrica, riego agrícola o para atender prioritariamente necesidades industriales o domésticas. Porque en esta iniciativa también desaparece el orden prioritario de los usos. Solamente se señala que en casos graves de escasez será prioritario el uso doméstico, pero en cualquier otras circunstancia el manejo del agua responde a las necesidades del mercado.
En otros términos, se le otorgan poderes plenipotenciarios a la Comisión Nacional del Agua, lo que la faculta para resolver discrecionalmente sobre las asignaciones de las obras públicas hidráulicas, ya que sólo algunas de ellas se reservan para licitación pública, es decir, no hay obligación para concursar la asignación de las obras y se resuelve discrecionalmente sobre la otorgación de concesiones y se plantea incluso que el primero en solicitar la concesión tiene prioridad, así como que de no existir más de una solicitud se otorga automáticamente la concesión. ¡Vaya competencia que es la que nos están planteando en esta iniciativa!
Asimismo, sin otro referente más que las necesidades del proyecto, se establece que las zonas afectadas por las obras hidráulicas podrán ser expropiadas a solicitud de la Comisión Nacional del Agua y como se trata de una causa de utilidad pública, no hay apelación posible. Aquí habría que preguntar:
¿Que pasará con las políticas de ordenamiento territorial de las que tanto se lamenta la propia Comisión Nacional del Agua, cuando se presentan invasiones de asentamientos humanos en las zonas de amortiguamiento aledañas a las áreas.
reservadas para la operación de los servicios hidráulicos!
No existe, por otro lado, en ninguna parte de la iniciativa de ley que comentamos, la referencia a los derechos de quienes se vean afectados y de los propios usuarios. Parece presuponerse que se conseguirá un óptimo funcionamiento del servicio, por lo que no caben quejas y mucho menos denuncias sobre la operación del mismo. Puede argumentarse que para eso está la Procuraduría del Consumidor o incluso la Procuraduría Social, pero lo cierto es que ninguna de estas dos instancias tiene facultades para garantizar la preservación de los derechos de usuarios y afectados.
En el capítulo de programación hidráulica, la ley vigente de 1972 reconoce en su artículo 157 la necesidad de contar con un Programa Nacional Hidráulico subprogramas regionales, estatales, de contingencia y de uso sectorial, así como un inventario nacional y regional de recursos hidráulicos en cantidad y calidad, entre otras. Es decir, se reconoce la necesidad de controlar, a través de la planeación, la conservación, uso y destino del agua, aun cuando no se establecen los mecanismos necesarios de estos programas que reforzarían el desarrollo regional.
Pero la iniciativa presentada, al igual que la mayoría de las presentadas al Congreso este año, eliminan la planeación como instrumento para la organización y optimización del recurso, lo que sugiere la subestimación de las enormes diferencias que existen en el país respecto a la disponibilidad del recurso y a las necesidades sectoriales para el uso del agua.
El contar con una planeación regional que reconociera las necesidades de los sectores económicos en la zona, permitiría una distribución racional de las actividades en el territorio.
Tampoco se establecen incentivos para el ahorro del agua. Tampoco es requisito para la concesión la utilización de tecnología de punta y esto alerta sobre la continuidad de técnicas y tecnologías depredadoras que en nada han contribuido a la utilización del uso del recurso. Los lineamientos de la iniciativa parecen incluso contradecir la evaluación que el propio Salinas de Gortari hiciera en la Constitución del Programa Agua Limpia, Estrategia Nacional, donde señalo que a lo largo de cuatro décadas no se controlaron suficientemente los procesos de crecimiento urbano e industrial subestimando los valores ambientales.
por otro lado, el no diferenciar los casos en que se utilizará la infraestructura pública existente para vender la mercancía "agua" de aquéllos en los que se concesiona la propia construcción de infraestructura, es no reconocer la diferencia sustanciales de inversión y sus implicaciones en cargas distintas de costos para la población. Esto es particularmente grave si consideramos que el 30% de la población total del país no cuenta con infraestructura para el abastecimiento de agua potable y el 51% no dispone del servicio de alcantarillado, hecho que se agudiza en el caso de la población rural, donde la cobertura es de 49% en agua potable y 12% en alcantarillado, mientras que para la población urbana es de 76% y 65% respectivamente; lo que significa que la inversión necesaria para atender el déficit de cobertura será mayor en el campo que en las ciudades y si consideramos que la iniciativa señala como de una de las escasas condiciones para la inversión, el que debe garantizarse su recuperación.
Estos planteamientos que estamos presentando y que se han mencionado también en las intervenciones generales nos llevan a proponer las siguientes modificaciones.
En el Título Cuarto de la iniciativa que se discute, proponemos agregar un artículo 16 - bis, no existe, no se contempla en la iniciativa y proponemos un artículo 16 - bis en los siguientes términos: para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional que incluye las del subsuelo la comisión deberá observar el siguiente orden de apelación: 1) usos domésticos; 2) servicios públicos urbanos; 3) abrevaderos de ganado; 4) riego de terrenos, a) ejidales y comunales, b) de propiedad privada, y 5) generación de energía eléctrica para servicio público.
Después de éste, otras industrias. 6) Acuacultura, 7) Generación de energía eléctrica para servicio privado. 8) lavado y entarquinamiento de terrenos; y 9) Otros. El Ejecutivo Federal podrá alterar este orden cuando lo exija el interés público salvo el de los usos domésticos que siempre tendrán preferencia.
En el Capítulo de Concesiones y Asignaciones del mismo Título proponemos en el artículo 20 en el párrafo 3o. una modificación para quedar en los términos siguientes: "La asignación de agua a que se refiere el párrafo anterior, no puede ser transferida a particulares". Esta es la propuesta de modificación y que se eliminen los tres renglones siguientes.
En el artículo 21 proponemos agregar una fracción VIII con el siguiente lema: "El estudio
de impacto ecológico entre las condiciones a considerar en este artículo". Se entiende que se recorre el actual artículo 8o. de la iniciativa, fracción perdón, para constituirse en una fracción IX.
En relación al artículo 22 del mismo Título proponemos modificar las actuales fracciones I y II contenidas en la Iniciativa para quedar en los siguientes términos, previo el siguiente texto: "Cuando sean varios los solicitantes de las mismas aguas con igual destino, la concesión a juicio del Ejecutivo Federal, se otorgará observando el siguiente orden de prelación: 1o. al que compruebe que las han explotado, usado o aprovechado durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud en forma pública, pacífica y continua y conforme a lo que establece el artículo 22 - bis; 2o. al que pretenda en mayor beneficio social; y, 3o. al primer solicitante en igualdad de condiciones".
A continuación, el texto señala "para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión publicará la disponibilidad de aguas nacionales en los términos del Reglamento para la Licitación Pública", proponemos que se adicione esta parte "para la licitación pública" y continuaría el texto, "por cuenca, región, o localidad".
Asimismo proponemos agregar un artículo 22 - bis, en los siguientes términos: "Para tramitar las solicitudes de concesiones, la Comisión comprobará el régimen de propiedad de las aguas a fin de que de ser procedente, el Ejecutivo Federal expida la declaratoria de propiedad nacional respectiva, siempre y cuando existan volúmenes disponibles".
En el artículo 25, proponemos eliminar el texto completo del segundo párrafo. En relación al Capítulo III del mismo Título, sobre derechos y obligaciones de concesionarios o asignatarios, proponemos en el artículo 28, modificar la fracción IV por el texto siguiente: "Queda estrictamente prohibido trasmitir por la vía mercantil o cualquier otra distinta a la herencia, los derechos de los títulos que tengan los concesionarios.
Asimismo, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone que sean eliminados de esta iniciativa de Ley los artículos del 33 al 37, relativos al capítulo de transmisión de títulos.
Finalmente, en el Título Octavo, sobre infraestructura hidráulica, proponemos en el artículo 108 la eliminación de la última parte del texto del primer párrafo para quedar como sigue:
"Artículo 108. La recuperación total o parcial de la inversión privada o social, se podrá efectuar mediante el suministro de agua para usos múltiples" y ahí terminaría el texto de este artículo 108.
Por el Partido de la Revolución Democrática, presentamos estas propuestas un servidor, el diputado Miguel Angel León Corrales y el diputado Alejandro Encinas Rodríguez. Entregó a la Secretaría para los efectos correspondientes.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para los artículos 20,22,39 y 103.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Con su venia señora Presidenta:
Quiero aclarar que los artículos que me reservé fueron propuestas para el artículo 48, el artículo 69 y un artículo adicional, el 47 - bis.
Las propuestas que mi partido propone para adicionar el artículo 47 - bis, al dictamen de la Ley de Aguas Nacionales, es el siguiente:
Es importante que en el Título Sexto denominado Usos de Agua, Capítulo I, de uso público urbano se recuperen las formas que permitan el uso racional del agua. Una de estas formas debe ser el uso obligado de accesorios que permitan el uso necesario del líquido. Por tal razón, se propone adicionar un artículo a tal capítulo para ser el 47 - bis, en la siguiente manera:
"Artículo 47 - bis. La Comisión promoverá el uso de accesorios que permitan la racionalidad del agua. La venta de cualquier accesorio que no cumpla con los requisitos de ahorro de agua, será sancionada conforme a la Ley y otras disposiciones legales."
Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para modificar el artículo 48 del dictamen de la Ley de Aguas Nacionales. En el artículo 48 de la iniciativa de ley, establece que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, dispondrán del derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales. No obstante, en algunos momentos existe insuficiencia del recurso. Los ejidatarios y comuneros generalmente producen alimentos básicos, por lo que creemos conveniente que en la ley se les dé trato preferencial en el uso y aprovechamiento del recurso. Así también consideramos que una de las formas de capitalizar al medio rural, es
permitir que los ejidatarios y comuneros tengan acceso a los mares, ríos y lagos y lagunas, para realizar actividades turísticas; esto les permitirá incrementar su nivel de vida. Por tal motivo se propone lo siguiente:
En la iniciativa de Ley dice lo siguiente: "Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, dispondrán del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, que les hubieren concesionado en los términos de la presente Ley."
Proponemos que debiera decir: los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, comunidades y sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, dispondrán del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieren concesionado en los términos de la presente Ley. En caso de insuficiencia del recurso, tendrán preferencia para el uso y aprovechamiento del agua los ejidos y las comunidades, siempre y cuando las tierras se designen al cultivo de alimentos básicos. A los ejidos y comunidades se les otorgarán concesiones para usar y aprovechar mares, ríos, lagos y lagunas, para orientar la actividad turística en los bienes nacionales, en las cuales podrán asociarse entre sí o con particulares.
Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para modificar el artículo 69 del dictamen de Ley de Aguas Nacionales.
Nos ha preocupado la opinión de algunas organizaciones de productores, en el sentido de que en ciertas zonas productoras de alimentos básicos y de legumbres y de verduras, ante la insuficiencia de agua se opte por utilizar, para regalos, aguas residuales.
Esto ha provocado que los productos contengan elementos contaminantes. En este sentido proponemos que se prohiba el uso de aguas residuales para el riego agrícola, por lo que consideramos conveniente una adición al artículo 69. En la actualidad dice: en ciclos agrícolas en los que por causa de fuerza mayor el agua sea insuficiente para atender la demanda del distrito de riego, la distribución de las aguas disponibles se hará en los términos que señalan en el reglamento del distrito.
El dictamen debe decir: "En ciclos agrícolas en los que por causas de fuerza mayor el agua sea insuficiente para atender la demanda del distrito de riego, la distribución de las aguas disponibles se hará en los términos que se señala en el Reglamento del distrito. Ante las deficiencias de agua, queda estrictamente prohibido utilizar aguas residuales para el riego de cultivos".
Dejo estas propuestas en la Secretaría para su aprobación en su caso. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Ovidio Pereyra, del Partido Revolucionario Institucional.
EL diputado Ovidio Pereyra García: - Con su permiso señora Presidenta; compañeros diputados:
Se ha propuesto aquí la integración de un artículo 47 - bis, para que la Comisión promueva el uso de accesorios que permitan la racionalidad del agua.
Quiero decir a esta soberanía que en el artículo 29, en donde se establecen las obligaciones de los concesionarios y asignatarios, en las fracciones V, VI y VII, ya se establecen medidas para vigilar la racionalidad del uso del agua, por lo tanto no consideramos necesaria la inclusión de este artículo 47 - bis, toda vez que la fracción V dice "que se deberá permitir al personal de la Comisión la inspección de las obras hidráulicas utilizada para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, incluyendo la perforación y alumbramiento de aguas del subsuelo, y permitir la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores y las demás actividades que de requieran para comprobar el cumplimiento de los dispuesto en esta Ley".
En la fracción VI, se dice: "que se deberá proporcionar la información y documentación que le solicite la Comisión, para verificar el cumplimiento de las condiciones contenidas en esta Ley en los títulos, etcétera".
Y la fracción VII, "cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su rehuso en los términos de las normas oficiales y de las condiciones particulares que al efecto se emitan".
En lo referente al artículo 48, señalado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pide trato preferencial para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, en lo referente a la siembra de productos básicos.
Yo me remitiría al artículo 13, para que sean los Consejos de Cuenca, que están integrados por dependencias, están integrados por los usuarios y representantes de las organizaciones, y ahí es donde se formulan y se hacen los programas de acción para administrar y disponer del uso del agua. Creo que éste es el organismo que debe decidir, integrado por todos los usuarios de una cuenca, de una región, qué es lo preferente, lo adecuado, de acuerdo con las condiciones de terrenos y climas en esa región, lo que se deba programar para la siembra.
Remitiríamos también al artículo 15, que es el que señala la forma en qué se programará el uso hidráulico del agua, para definir qué es lo que conviene hacer en cada región, y el uso racional del agua.
Por lo tanto, considero que no debe ser aceptada la propuesta de reforma al artículo 48.
En cuanto al artículo 69, la propuesta solicitada también debe ser rechazada, porque será el Reglamento de los distritos de riego, con la participación de los usuarios quienes definirán cuando haya causa de fuerza mayor para el uso del agua, y que sea insuficiente, quienes definan en qué forma se va a distribuir el agua y sobre qué productos se va a trabajar para su siembra.
Ahí en el artículo 51, cito el artículo 51, en donde se establece el Reglamento de los distritos, para definir qué es lo que se va a hacer.
De tal manera, en nombre de mi partido, propongo también que sea rechazada la propuesta que el compañero ha hecho, y se acepte el dictamen que la comisión ha realizado. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez Vázquez.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con su permiso, señora Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Voy a intervenir para proponer la modificación al artículo 20, al 22, al 39 y al 103. Pero antes quiero recordarle al compañero diputado que me antecedió, que nosotros estamos proponiendo la inclusión de un artículo 47 - bis, y que diga que la Comisión promoverá la manera de cómo se incluyan los accesorios, pero el artículo 29, en el inciso quinto habla de medidores; estamos planteando accesorios, como son los lavabos, los baños, etcétera, para la racionalidad del agua; eso es lo que le estamos proponiendo, y creo que no contestó, no refutó lo que estamos planteando en el artículo 47 - bis.
Muy bien. En el artículo 20, el Partido del Frente Cardenista, en el artículo 20 de la iniciativa se establece que el uso y aprovechamiento por parte de personas físicas o morales, se realizará por medio de concesiones. A nuestro parecer, en este artículo pudiera estar implícita la participación de personas extranjeras, ya que no se precisa si las personas físicas o morales son únicamente nacionales.
Por tal razón, proponemos lo siguiente. El artículo 20, a la letra dice, en el primer párrafo: "La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales, se realizará mediante concesión otorgada por el Ejército Federal, a través de la Comisión, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley y su Reglamento".
Proponemos que diga: "La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o morales nacionales, subrayado, se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley y su Reglamento".
En el artículo 22, se establece que se reservarán ciertas aguas para licitación pública. La figura de licitación está relacionada con la acción de vender, lo cual implica ceder en propiedad. Esto contradice el sentido de la concesión, en la cual se cede el uso o usufructo de algún bien, pero no implica cesión o propiedad.
Por tal motivo, es necesario modificar la fracción I del artículo 22, para quedar como sigue: En el primero y segundo párrafos estamos de acuerdo y planteamos la modificación, dice de la siguiente manera: "La Comisión podrá reservar ciertas aguas para licitación pública, cuando se prevea la concurrencia de varios interesados".
Proponemos que el párrafo tercero quede de la siguiente manera: "En el otorgamiento de las concesiones se observará lo siguiente: I. La Comisión podrá reservar para concesionar ciertas aguas por medio de concurso, cuando se prevea la concurrencia de varios interesados".
En el artículo 39 se establece que el Ejecutivo Federal fijará los volúmenes de extracción y descarga. Consideramos que es adecuada esta propuesta, pero se debe precisar que para el uso y racionalidad del agua, el aprovechamiento que se determine debe ser suficiente, por lo que proponemos: El artículo está como sigue: "En la reglamentación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a que se
refiere al artículo anterior, el Ejecutivo Federal fijará los volúmenes de extracción y descarga, que se podrán autorizar las modalidades o límites a los derechos de los concesionarios y asignatarios, así como las demás disposiciones, especiales que se requieran por causa de interés público".
Proponemos que diga de la siguiente manera: "En la reglamentación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo Federal fijará los volúmenes suficientes de extracción y descarga, que se podrán autorizar las modalidades o límites a los derechos de los concesionarios y asignatarios, así como las demás disposiciones especiales que se requieren por causa de interés público".
Además, "La autorización de estos volúmenes estará sujeta a medidas de uso y racionalidad del agua".
Conforme a nuestra propuesta de modificación del artículo 22, en cuanto a la figura de la licitación pública, la cual consideramos que es la acción de vender, y que se contrapone con la figura de concesión, proponemos la modificación al párrafo segundo del artículo 103 para quedar de la siguiente manera. Empieza: "Las concesiones" en el primer párrafo; el siguiente párrafo: "La Comisión fijará las bases mínimas para la participación en la licitación pública de las concesiones a que se refiere este capítulo en los términos de esta Ley y su Reglamento. La selección entre las empresas participantes en la licitación será en base a las tarifas mínimas que respondan a los criterios de seriedad, confiabilidad y calidad establecidas en las bases que para cada caso expida la Comisión."
Proponemos que deba decir:" Las concesiones, etcétera", y seguimos en el segundo párrafo: "La Comisión fijará las bases mínimas para la participación en el concurso para obtener las concesiones a que se refiere este capítulo en los términos de esta Ley y su Reglamento. La selección entre las empresas participantes en el concurso se hará en base a las tarifas mínimas que respondan a los criterios de seriedad, confiabilidad y calidad establecidas en las bases que para cada caso expida la Comisión".
Firman la propuesta de modificación a estos artículos los diputados Alberto Carrillo Armenta, Israel González Arreguín, Tomás Correa Ayala, Jorge Oceguera Galván, Luisa Alvarez Cervantes, Manuel Terrazas Guerrero, Odilón Cantú Domínguez, Demetrio Santiago Torres y un servidor. Gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Sada Fernández: - Con su permiso señora Presidenta:
Con respecto al planteamiento aquí presentado por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional quisiera hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, en lo que se refiere al artículo 47 tratado anteriormente por el diputado Ovidio Pereyra, quisiera hacer la aclaración de que en este caso, en el caso de los accesorios, la Ley es muy clara de que se trata en todo caso de respetar los ámbitos estatales y municipales.
Para ilustrar o para dejar constancia, incluso, de que son los municipios los que tienen competencia sobre este tipo de aspectos, dejo aquí a la Secretaría reglamentos y en este caso por el ayuntamiento de Guanajuato en este sentido.
Con respecto a las propuestas presentadas por el Partido del Frente con respecto a los artículos 22 y 103, solicito para tratarlos en un sólo acto y hacer una propuesta conjunta del Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional en donde quedarían de la siguiente manera: El artículo 22 propone modificar la primera fracción de la iniciativa para sustituir la palabra "licitación" que está relacionada con la acción de vender, con el concepto legal de concurso, por considerar que éste es el aplicable para el otorgamiento de concesiones.
Estamos de acuerdo en que quede al artículo 22 en su fracción I de la siguiente manera:
"La Comisión podrá reservar, para concesionar, ciertas aguas por medio de concurso cuando se prevea la concurrencia de varios interesados".
Y en el caso del artículo 103 se propone modificar el segundo párrafo del artículo 103 de la iniciativa, otra vez para sustituir la palabra, "licitación" que está relacionada con la acepción de "vender" por el concepto legal de concurso, por considerar que éste es el aplicable para el otorgamiento de concesiones, por lo tanto el texto que se propone quedaría de la siguiente forma.
"Artículo 103. La Comisión fijará las bases mínimas para la participación en el concurso para obtener las concesiones a que se refiere este capítulo, en los términos de esta Ley y su Reglamento."
"La selección de las empresas participantes en el concurso, se hará en base a las tarifas mínimas que respondan a los criterios de seriedad, confiabilidad y calidad establecidas en las bases que para cada caso expida la Comisión." Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional con los artículos 65 y 8o. transitorios.
La diputada Patricia Terrazas Allen: - Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
El Partido Acción Nacional, ante la inminente crisis por la que ha atravesado el sector agropecuario en los últimos años y ante la realidad que se nos presenta en estos momentos de la transferencia de los distritos de riego a los propios usuarios, no podemos, en conciencia, dejar de reflexionar que estos distritos no se encuentran en óptimas condiciones de uso y funcionamiento, y que a la par con esto el costo de las obras de rehabilitación de los mismos es sumamente costoso y que los productores no se encuentran en condiciones económicas de soportar a sus espaldas otra carga más en su deteriorada economía.
Sabemos que un distrito de riego no puede ser adquirido si esté no es autosuficiente, y que esta autosuficiencia con respecto a su mantenimiento y conservación tendrá que ser financiada por el propio usuario, viéndose reflejado este financiamiento en el aumento de las cuotas de riego.
Las obras hidráulicas deberán ser transferidas en condiciones óptimas de uso y funcionamiento eficiente, dado que las condiciones actuales de riego no cumplen estos requisitos.
Es nuestro deber reclamar del Gobierno Federal el cumplimiento de su compromiso de entregar los distritos de riego debidamente rehabilitados para proteger la economía del productor, que nos dará por consecuencia la producción que México necesita y la productividad para darle la rentabilidad a la tierra que en estos tiempos en el campo mexicano no se tiene.
Si analizamos que la cartera vencida de los productores del campo aumentó en un solo año en un 800%, pasando de .5% al 6% de los créditos totales otorgados por la banca comercial y que son en su totalidad de un billón 4 millones de pesos, deseamos tener certeza de que los problemas del campo sean solucionados, por lo cual proponemos que aunado a los programas de reconversión agrícola, saneamiento financiero, inducción tecnológica, estímulo regionales, capital de riesgo y planeación, se debe de cumplir integralmente con el productor mismo, entregándole los distritos de riego debidamente, totalmente rehabilitados, para así cumplir con el sector que por tantas décadas ha sido el sostén de la economía de nuestro país.
El día de ayer en una reunión oficial de la Comisión de Agricultura, el grupo parlamentario de Acción Nacional, reclamó precisamente esta petición ante el subsecretario de agricultura, licenciado Ernesto Enríquez Rubio.
La contestación del subsecretario a la comisión fue la siguiente: "Ningún distrito de riego será transferido, si éste no está debidamente rehabilitado". Por lo tanto, pedimos que las declaraciones oficiales sean congruentes con la Ley y que verdaderamente al aplicar los hechos de justicia en el campo mexicano, nosotros, compañeros diputados, ante la responsabilidad que tenemos con los productores del campo, les respondamos con hechos y con verdadera eficacia a sus presentes necesidades.
Sería incongruente que aparte de los problemas económicos y en la profunda crisis en la cual está hundido el campo mexicano, después de que al transferirse los distritos de riego, se tengan que aumentar las cuotas de agua, para que éstos sean autosuficientes y el propio productor sea el que las pague, aparte todavía nosotros como diputados, no podemos dejarle una herencia de una carga económica más, para que los propios usuarios paguen la rehabilitación de estos distritos.
Debemos dejar asentado que Acción Nacional está en contra del paternalismo, lo único que buscamos es que se le devuelva al campo lo que por tantas décadas se le ha arrebatado: la rentabilidad de la tierra. Y darle a los productores del campo auténtica justicia social, cumpliendo el Gobierno Federal que en la propia exposición de motivos de esta Ley de aguas nacionales, se manifiesta.
Por lo tanto, insistimos en que los distritos de riego sean transferidos debidamente rehabilitados: somos también productores; conocemos la realidad en el campo mismo, las obras hidráulicas están en pésimas condiciones: los drenajes azolvados, aquellas obras que ya están revestidas, definitivamente están en pésimas condiciones. Las obras hidráulicas están inconclusas, el campesino, el productor, no tienen centavos, no tienen dinero, para que todavía les heredemos otra carga más, económica, a sus espaldas.
Les pido su apoyo, compañeros, en conciencia, para que nuestra propuesta sea un legado, no de paternalismo, pero sí de apoyo a la productividad y al campesino mismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros, a nombre de la Representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la siguiente propuesta de modificación al último párrafo del artículo 65 de la Ley a discusión, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 65. Los usuarios del distrito tendrán derecho de adquirir, conforme a lo dispuesto en la Ley, la infraestructura de la zona de riego. En este caso, la infraestructura se entregará a los adquirentes en buen estado de uso para su funcionamiento eficiente."
Atentamente.
Diputada Patricia Terrazas Allen, diputado Juan Luis Calderón Hinojosa y diputado Eduardo Constantino Torres Campos.
Hago entrega a la Secretaría, de nuestra propuesta. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Pablo Ismael Esparza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pablo Ismael Esparza Natividad: - Con su permiso, ciudadana Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Voy a referirme y voy a tratar de ser breve, a la propuesta que nuestra paisana, la compañera de Acción Nacional ha hecho, para modificar el último párrafo del artículo 65 de este proyecto de Ley.
Creemos que no procede, porque los proyectos de dictamen que se hizo por parte de nuestra Comisión de Asuntos Hidráulicos, se agregó en el artículo transitorio, concretamente en el octavo, una palabra que creemos envuelve o se ajusta a la petición que hace nuestra compañera de Acción Nacional. Esa palabra es de que previo a la entrega, a la transferencia, se deberá hacer una concertación entre las asociaciones civiles, de usuarios, que se formen y la Comisión Nacional del Agua.
Estamos conscientes, y efectivamente reconocemos que algunas obras, lo reconoce el mismo Ejecutivo Federal, algunas obras no están en su óptimo estado para la operación. Pero también hay que reconocer que con el inicio del programa de transferencia de distritos de riego, se han hecho, se están haciendo verdaderos esfuerzos para que los distritos se entreguen en condiciones óptimas de operación. Estamos conscientes también, de que los distritos deben entregarse en buenas condiciones, estamos conscientes de que al hacer la transferencia de los distritos hacia los usuarios, se lleve el objetivo de disminuir los costos de operación. Al disminuir los costos de operación, se hacen o se aumenta en sí, con las mismas cuotas por servicio de riego, se aumenta el porcentaje de autosuficiencia.
Reconocemos que existen condiciones, sobre todo en el Estado de Chihuahua, y en sí en todo el país, que la agricultura no pasa por su mejor momento, pero esto, la transferencia de los distritos hacia los usuarios, es un reclamo que están haciendo las organizaciones campesinas. Por ello creemos que el artículo 65 debe de quedar tal y como viene en el proyecto de iniciativa que se entrega. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Guillermo Sánchez Nava, del Partido de la Revolución Democrática, con los artículos: 49,65,69.78,79,80.
El diputado Guillermo Sánchez Nava: - Ciudadanos diputadas y diputados:
Hago las siguientes propuestas en relación a los usos en la agricultura. Proponemos se adiciones un artículo 49 - bis, para que quede en los siguientes términos:
"Los permisos de ocupación para fines agropecuarios se otorgarán de acuerdo con el siguiente orden de apelación:
1. Ejidos o comunidades colindantes, y
2. Pequeños propietarios colindantes."
Esta propuesta, ciudadanos diputados, es recogiendo el espíritu de la Ley en vigencia. En su artículo 154 de la actual Ley en vigencia se especifica exactamente ese espíritu en relación a la prelación.
Consideramos entonces que es justa, que es correcta, esta propuesta.
En el artículo 65, que se refiere a los distritos de riego, el artículo en la iniciativa dice así:
"Los distritos de riego serán administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos, organizados en los términos del artículo 51 o por quien éstos designen, para lo cual la Comisión concesionará el agua y, en su caso, la infraestructura pública necesaria a las personas morales que éstos constituyan al efecto."
Nuestra propuesta es que sólo queden las tres líneas primeras. Quedaría entonces:
"Artículo 65. Los distritos de riego serán administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos."
Proponemos que se quiten las siguientes líneas, precisamente para ser consecuentes con toda la argumentación que mis compañeros hicieron en lo general en sus intervenciones, es decir, que se garantice de manera explícita que los distritos de riego serán administrados, conservados y mantenidos por los usuarios y no dar entrada a que se les impongan las concesiones tanto del agua como de la agricultura pública necesarias por personas morales.
En el artículo 68, el artículo de la iniciativa dice así:
"Los usuarios de los distritos de riego están obligados a:
1. Utilizar el agua y el servicio de riego en los términos del reglamento del distrito, y
2. Pagar las cuotas por servicios de riego que se hubieren acordado por los propios usuarios, mismas que deberán cubrir por lo menos los gastos de administración y operación del servicio y los de conservación y mantenimiento de las obras. Dichas cuotas se someterán a la autorización de la Comisión, la cual las podrá objetar cuando no cumplan con lo anterior.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será suficiente para suspender la prestación del servicio de riego, hasta qué el infractor regule su situación.
La suspensión por la falta de pago de la cuota por servicio de riego no podrá decretarse en un ciclo agrícola, cuando existen cultivos en pie."
Nuestra propuesta es que se quiten los dos últimos párrafos. El primer argumento es que en todo caso no corresponde a este artículo, puesto que hay un capítulo de sanciones.
Y en segundo lugar, para no tener como una presión o coaccionar a los usuarios para que pues tan pronto tengan algún problema, de inmediato exista la amenaza de suspensión de ese servicio.
Finalmente, en el artículo 69. El artículo dice así:
"En los ciclos agrícolas en los que por causas de fuerza mayor el agua sea insuficiente para atender las demandas de distritos de riego, la distribución de las aguas disponibles será en los términos que se señalen en el Reglamento del distrito, de prelación que establece esta Ley."
Nuestra propuesta es que quede de la siguiente manera: "En ciclos agrícolas en los que por causas de fuerza mayor el agua sea insuficiente para atender las demandas del distrito de riego, la distribución de las aguas disponibles se hará en los términos..."; quitar las siguientes palabras, que dice:..."que se señalen en el Reglamento del distrito"; para quedar solamente: "Se hará en los términos de prelación que establece esta Ley".
Esto, la propuesta es para que ningún Reglamento que establezcan, ya sea en un distrito, quede por encima de la Ley, a pesar de que en la iniciativa están varios incisos sobre el contenido que deben tener los reglamentos, aún así consideramos que no debe quedar la posibilidad de que algún Reglamento quede por encima de la Ley. Por eso, la propuesta es que solamente debe quedar explícito: " de prelación que establece esta Ley".
Dejo, atentamente, Guillermo Sánchez Nava, Miguel Angel León Corrales y el diputado Alejandro Encinas. Gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar. - Con su permiso, compañera Presidenta de esta sesión:
Cuando el diputado Elpidio Tovar hizo la primera intervención a nombre del Partido de la Revolución Democrática, abordó distintos puntos. Uno de ellos se refería a nuestra discrepancia, particularmente a los dispuesto en los artículos 78, 79, 80 y 81, relativa a uso en generación de energía eléctrica.
Y de manera particular en el artículo 80 de la propuesta que estamos discutiendo, se señala que
las personas físicas o morales deberán solicitar concesión a la Comisión cuando requieran de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, con el objeto de generar energía eléctrica en los términos de Ley.
Hay otras referencias en el 79 y en otros artículos.
En el texto del Tratado de Libre Comercio, particularmente en el anexo 602.3, en el punto número cuatro viene un apartado que se titula, repito, en el anexo 602.3, en el punto cuarto, viene un apartado que se titula: "Actividades e inversión en plantas de generación eléctrica", en donde se establecen tres posibilidades para que empresas puedan participar en la generación de energía eléctrica: una es la posibilidad de producción para autoabastecimiento; otro es la llamada cogeneración, cuando se dice: Una empresa de una de las otras partes podrá adquirir, establecer y operar una planta de cogeneración en México que genere electricidad"; y donde dice que no es requisito que los dueños de la planta industrial sean también los propietarios de la planta de cogeneración, "La electricidad generada que exceda a los requerimientos de suministro de la planta industrial debe ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad". Pero posteriormente se habla de la producción independiente de energía eléctrica, y donde dice: Una empresa de una de las otras partes podrá establecer y/o operar una planta de producción independiente de energía eléctrica, y sólo establece el requisito de que la electricidad generada por dicha planta para su venta en México deberá ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad pero la generación, según la propuesta del Tratado, podrá ser privada; verán ustedes, después de esta larga sesión por qué empiezo una propuesta del Partido de la Revolución Democrática de modificación de tres artículos con dos anexos, con 2 - bis, por qué empiezo esta propuesta de modificaciones leyendo el texto de la propuesta del Tratado de Libre Comercio, por una razón estimados compañeros legisladores sobrevivientes de una larga sesión quienes todavía están hoy pendientes y participando de manera activa en este trascendental debate para la nación.
El problema es que este Tratado de Libre Comercio que fue firmado en San Antonio, no ha sido aprobado ni por el Senado Mexicano, ni por el Congreso de los Estados Unidos, ni por los órganos legislativos de Canadá, el Tratado no ha sido aforado y en muchas situaciones muy complejas que no voy a distraer su atención, en otro momento hablaremos de ello, que hacen muy difícil el procedimiento de aprobación y ratificación del Tratado. El Congreso de los Estados Unidos tiene previsto una vez que eventualmente el Tratado sea aprobado, instrumentar lo que ellos llaman la legislación complementaria; primero se aprueba el Tratado de Libre Comercio en su caso y después se propone al Congreso las legislaciones complementarias.
¿Por qué el Partido de la Revolución Democrática se discrepa con la propuesta del Capítulo III de este Título particularmente del 78,79,80 y 81 especialmente con el 80¿ Estimados compañeros legisladores, discrepamos porque antes de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio y en abierta contraposición a lo dispuesto con el artículo 27 constitucional, se está abriendo la posibilidad legal de una Ley, en una Ley que estamos a punto de aprobar en lo particular en capítulos y artículos específicos ¿para qué particulares y no se hace la salvedad de que sean personas morales mexicanas?. ¿para qué particulares en este caso de Estados Unidos y de Canadá que tendrá el trato nacional o consideración como si fueran nacionales en esta discusión puedan tener plantas hidroeléctricas aprovechando recursos nacionales? Les puede parecer quizá que es un problema de minucia, detalle, y que a estas alturas bien vale mejor votar e irnos a nuestra casa, pero se trata de asuntos muy trascendentales para la vida nacional y que tiene que ver con el proyecto de nación que estamos construyendo particularmente desde que fue nacionalizada la industria eléctrica en el Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos.
Tengo en mis manos, no voy a leerlo íntegro porque sería demasiado extenso lo que mencioné, que es el anexo del Tratado de Libre Comercio hasta el 102.3, donde se abre de la posibilidad legal para que extranjeros sean dueños de plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, no sólo para el abastecimiento y para cogeneración, sino también para generación de energía eléctrica; y el 27 constitucional no solamente establece la condicionalidad de que se venda la electricidad a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Establece la precisión de que debe ser generada precisamente con una entidad pública, generada, producida y esta situación en donde se da facultades para que sea concesionada a particulares la generación de energía eléctrica en plantas hidroeléctricas, cosa que puede parecer quizá como una minucia, tantas leyes hemos aprobado que una más, que más da, es una cuestión de capital importancia para el proyecto nacional, no es una cuestión secundaria y lo dijimos en
varias ocasiones y lo reiteramos hoy, debiera haber un principio elemental, elemental de congruencia política de al menos esperar a que el Senado Mexicanos, si fuera el caso, aprobar el Tratado de Libre Comercio en caso de que la mayoría del Senado decida aprobarlo, y después aprobar la legislación complementaria; invertir los términos, cambiar las cosas antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio y crear un marco legal previo al Tratado de Libre Comercio como si el Tratado estuviera ya en vigor, no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho en varias ocasiones y lo sostenemos aquí.
Lo dijimos en el debate del 27 constitucional, que esa era una modificación legal, previo al Tratado pero acorde con lo ya negociado en el tratado. Lo dijimos en la Ley Minera; lo dijimos en las discusiones particulares que tuvimos en la Ley de Comunicaciones y hoy lo decimos otra vez, antes que este Tratado haya sido aprobado por los órganos legislativos de los países, se está instrumentando en una Ley reglamentaria y casi de contrabando en un oscuro capítulo 80 y un artículo 79 de la Ley en cuestión, un artículo que puede tener una importancia decisiva en el perfil energético particularmente de generación de energía eléctrica.
El licenciado Serra Puche ha dicho, lo dijo precisamente en su comparecencia, que no debemos preocuparnos porque no se va a afectar la soberanía, e interpretó el 27 sólo en términos de que la Comisión Federal de Electricidad va a vender la electricidad pero no hay problema porque esta Comisión venda la electricidad, si otro la genera dijo, no hay problema.
Nosotros sostuvimos precisamente desde ese día, que existe una violación constitucional cuando hay generación privada la electricidad para fines comerciales; no estamos en contra del autoabastecimiento que pueden tener empresas en términos de generación de energía eléctrica, y eventualmente puede haber casos de cogeneración que puedan ser justificados según dictámenes y estudios, pero en este caso se está abriendo la posibilidad de concesionar todo nuestro potencial hidroeléctrico, precisamente para la generación de energía eléctrica a personas físicas y morales, no es un artículo de pequeña importancia.
Por eso es que me dirijo a ustedes en nombre del Partido de la Revolución Democrática, para expresar en esto que puede parecer un asunto de detalle o minucia en una larga Ley después de una discusión de muchas horas, algo que tiene capital importancia.
Para terminar, nuestro partido propone las siguientes redacciones alternativas para estos artículos y en particular presentamos la siguiente iniciativa. Proponemos que se supriman los artículos 78, 79 y 80 de la iniciativa de Ley, de esta iniciativa de Ley, y se proponen las siguientes redacciones alternativa:
Artículo 78. Corresponde exclusivamente a la nación la explotación, uso y aprovechamiento de aguas para generar energía eléctrica destinada al servicio público. La Comisión podrá concesionar las aguas nacionales con el fin de generar energía eléctrica para el autoabastecimiento. Dicha concesión estará limitada a la necesidad de energía eléctrica individualmente considerada, de acuerdo con el dictamen técnico que emita previamente la Comisión Federal de Electricidad; esta concesión se suspenderá inmediatamente a petición de la Comisión Federal de Electricidad cuando ésta presuma que el concesionario está generando energía eléctrica más allá de los límites del autoabastecimiento o invadiendo el área estratégica del servicio público de la energía eléctrica.
De comprobarse cualquiera de estos supuestos, la concesión quedará revocada.
Artículo 79. Los estudios y la planeación de los aprovechamientos hidráulicos destinados a la generación de energía eléctrica que realice la Comisión Federal de Electricidad una vez aprobados por la Secretaría, formarían parte de los planes generales sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país.
Artículo 80. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios y la planeación a que se refiere el artículo anterior, decretará a favor de la Comisión Federal de Electricidad, la asignación de los volúmenes de agua destinados a la generación de energía eléctrica y a enfriamiento de plantas.
En cada corriente, vaso, laguna o depósito de propiedad nacional, la Secretaría realizará la programación periódica de extracción y distribución necesarias para regular el aprovechamiento de la Comisión Federal de Electricidad con los demás usos de agua con el orden de producción establecido en la presente Ley.
Artículo 80 - bis. Las obras hidroeléctricas correspondientes al sistema hidroeléctrico, deberán realizarse por la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 81. El Ejecutivo Federal podrá decretar la reserva de uso de las aguas de propiedad
nacional para generación de energía eléctrica; la reserva de las aguas del subsuelo en estado de vapor o con temperatura inferior a 80 grados centígrados, será permanente para dicho fin.
Artículo 81 - bis. Mientras no se utilicen las aguas objeto de reservas, podrán ser aprovechadas por particulares, mediante concesiones, bajo condición resolutoria que otorgue la Secretaría, previa opinión de la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 81 doblemente bis. La Comisión Federal de Electricidad cubrirá las cuotas cuyo monto, período y forma de pago, serán determinados en cada caso por el Ejecutivo Federal.
Atentamente.
Diputados federales Guillermo Sánchez Nava, Miguel Angel León Corrales, Alejandro Encinas, y Jorge Calderón.
Nuevamente antes de dejar este texto a la Secretaría, apelo al patriotismo, al compromiso con el proyecto nacional de nación, a los ideales de la Revolución Mexicana y a todo el esfuerzo que hemos construido los mexicanos durante muchas generaciones, para crear un sistema energético propio, autónomo y en defensa de nuestro país y nuestra economía, apelo a su patriotismo para modificar sustancialmente esta antinacional propuesta de legislación, que da a los extranjeros la posibilidad de utilizar nuestros recursos hidroeléctricos, apelo a su patriotismo, apelo también a su patriotismo para no cometer una situación que resulta absolutamente inadecuada para nuestra soberanía, que es antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, hacer una modificación legislativa acorde con aquello que fue negociado, y apelo también a ese sentido de responsabilidad de la legislación en esta LV Legislatura, para al menos en este punto particular, preservar la capacidad de soberanía energética, en el aspecto particularmente de electricidad.
Dejo pues a la Secretaría esta propuesta de Ley, a fin de que sea votada en los términos conducentes. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra, señor diputado.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso compañera Presidenta , compañeras y compañeros diputados:
Nunca se nos ha querido informar a esta soberanía cuánto cuesta un kilowatt con todas las prestaciones que se tienen que pagar a los trabajadores, y yo no lo voy a dar porque me voy a meter en un lío tremendo, que es un secreto que se debe guardar por el beneficio del país, así se nos ha dicho. Entonces yo lo único que quiero decir es que ese precio es muy barato, muy barato, créanlo, y cuando se da por generación por agua, es mucho más barato todavía eso, es entregar un verdadero negocio, pero con una amplitud que deja tanto de rendimiento a los que puedan tener forma de meter este tipo de manejo en la electricidad, que cuidado con ello.
Los electricistas luchamos siempre por la nacionalización de esta industria, dimos nuestros contratos colectivos con el objeto de poder lograr que nuestro país tuviera esto como propio, que fuera dueño de su electricidad, que fuera dueño de un negocio que deja mucho dinero y que da forma de hacer crecer a nuestro país.
Queremos pedirles que esto se cierre un candado ahí muy serio, que sea exclusivamente, ya que se quiere abrir esto, que sea el consumo que deban de tener el propio y que no se pueda dar ninguna venta, porque aunque se dice que la Comisión Federal será el que tenga que vender esto, el excedente, cuidado con ello, sabemos lo que ha ocurrido, tenemos el ejemplo de nuestro petróleo, y aquí sí hay que pedirle a la Comisión, como lo dice el diputado Calderón, al nacionalismo nuestro, a una palabra que ha quedado ya lejos de nosotros pero que debemos recalcarla, porque es necesario, créanlo, que esto no se nos vaya de las manos a la nación. Los obreros dimos todo lo que estuvo de nuestra parte, lo dimos con ahínco, con esfuerzo, nuestras manos construyeron todas las subestaciones, construyeron las torres de transmisión, y lo hicimos con gusto. Créanlo, siempre terminamos antes de lo previsto, con el objeto de saber que era un beneficio para nuestro país. Ahora no lo entreguemos gratuitamente, es un negocio redondo, óiganlo bien, por que el kilowatt es muy barato y deja un rendimiento muy amplio.
Póngase ese candado muy severo compañeros diputados, y no permitan que vendan la electricidad, que no sea el propio Gobierno de nuestra República. Gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con su permiso señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
En la Ley que hoy discutimos, uno de los puntos más importantes es lo que se refiere a la cuestión ecológica, ya que el agua representa uno de nuestros más preciados recursos, pues además de ser indispensable para todos los seres vivos y de formar parte de la materia viva, son utilizados en casi todas las actividades humanas.
La mayor cantidad de agua sobre el planeta, se encuentra en los mares y océanos, y corresponde aproximadamente al 97.2%, a diferencia del agua dulce disponible en el mundo, que se encuentra en ríos, lagos, arroyos, manantiales y depósitos subterráneos, y se estima en aproximadamente 8 millones de Kilómetros cúbicos, equivalentes al 0.63% del total y en peligro de reducirse.
Debido en gran parte a las malas y erróneas políticas implementadas para preservar tan preciado líquido, es necesario ciudarlo. En consecuencia, al crecimiento desconsolado de las poblaciones, tiene un doble impacto. Por un lado impulsan la demanda del agua potable y simultáneamente la contaminan.
La elevada concentración humana en el Valle de México, y el consecuente exceso de su demanda, han provocado que el agua proveniente de los mantos acuíferos propios de la zona sur, sean insuficientes, por ello, desde hace años se ha recurrido a fuentes externas y en detrimento de recursos de los lugares de extracción.
En la zona metropolitana de la ciudad de México, el abasto del agua potable se ha duplicado en el transcurso de 13 años. A fines de 1975 se recibía un caudal de 35 metros cúbicos por segundo; actualmente se suministra un caudal de 35 mil 500 litros por segundo, lo que equivale a una dotación promedio de 292 litros por habitantes y por día, repartido en proporciones desiguales.
En el marco ecológico puede decirse que el extraer agua de hasta 3 mil metros de profundidad, se han producido daños irreversibles como la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación del agua, el hundimiento del terreno, la desertificación, la disminución de la fertilidad de la tierra, y consecuentemente la baja en la producción agrícola.
En México existen varias cuencas hidrográficas. Su longitud, caudal, área y población afectadas por la contaminación son muy diversas, dependiendo en gran parte de la densidad de los asentamientos humanos.
Se ha determinado por los estudios efectuados por lo que fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Ecología, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en coordinación con los municipios, que casi todas las cuencas del país presentan algún nivel de contaminación derivada de la erosión, por desechos químicos y biológicos originados en los grandes centros urbanos y también por el uso de plaguicidas.
Los ríos que conforman las cuencas también se encuentran altamente contaminados, y algunos han sido declarados ríos muertos, como es el caso de Coatzacoalcos y el Lerma, que son a la vez fuentes de contaminación, ya que sus aguas son empleadas en usos agrícolas y de consumo humano. Muchos ríos sufren las descargas municipales e industriales, provocando una gran contaminación, encontrando diferentes concentraciones de metales pesados, como es el caso actual y alarmante del delta del Río Balsas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Otros elementos graves de contaminación son los plaguicidas, los cuales afectan las cuencas pluviales y posteriormente su zona de influencia.
Las aguas residuales, tanto de origen industrial como doméstico, se mezclan en una sola alcantarilla, y se arrojan a los ríos sin ningún tipo de tratamiento previo.
Con la consecuente contaminación de los cursos de agua que sirven río abajo, para el riego de cultivos, sólo en algunas partes que dispone de lagunas de oxidación para tratar las aguas hervidas.
Para evitar este desastre ecológico, es conveniente que las industrias establezcan mecanismos para el tratamiento de sus aguas residuales, a fin de evitar la contaminación que se agrava día a día y pone en peligro el futuro de generaciones.
La industria química y alimentaria produce grandes cantidades de contaminantes, en el primer caso de bajo índice de biodegradabilidad, y en el segundo, son sustancias biodegradables y de baja toxicidad.
Así la contaminación del agua presenta niveles alarmantes, sobre todo por presencia de metales pesados en aguas residuales que posteriormente son utilizadas en el riego.
Los mares reciben anualmente miles de millones de toneladas de desperdicios, contaminantes que provienen principalmente de descargas municipales y del desperdicio industrial; el escurrimiento de plaguicidas y fertilizantes,
contaminantes de los barcos y operaciones marinas de extracción, también desperdicios tóxicos y en algunos casos radioactivos.
Los ríos y corrientes que llegan a los océanos transportan cada año 20 mil millones de toneladas de materias suspendidas y sales disueltas, contaminantes metálicos y orgánicos. Así, las aguas costeras son las que sufren la mayor presión de la contaminación, particularmente los estuarios, marismas saladas, arrecifes coralinos y manglares.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido de la Revolución Democrática encontró que es necesario hacer notar que la nueva iniciativa de Ley Nacional de Aguas que se pretende imponer, ha retomado articulados de la Ley General del Equilibrio Ecológico pero de manera tergiversada, al aumentarle párrafos que rompen con la esencia de sus objetivos.
En el caso de los artículos 124, 130, 121, 123 y 129 de la Ley del Equilibrio Ecológico General y la Protección del Ambiente, en comparación con los artículos 89, fracción IV del artículo 86, artículo 91,92 y 88 de la iniciativa de reforma a la Ley que hoy discutimos.
Así proponemos que se modifique la fracción IV del artículo 86, que dice: "Autorizar en su caso el vertido de aguas residuales en el mar, y en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataforma fijas". Para quedar de la siguiente manera: "Autorizar en su caso el vertido de aguas residuales en el mar, y en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas, siempre y cuando su contenido no sobrepase la capacidad regenerativa de las aguas marinas".
Hacemos también propuesta de modificación al artículo 88, para quedar como sigue: De acuerdo con el Capítulo II, en sus artículo 117, fracciones III y IV, artículos 120, 121 y 122, y todas sus fracciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las personas físicas y morales no podrán descargar aguas residuales en cuerpos receptores, que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas.
"La Comisión impondrá la sanción correspondiente, cuando los derrames de aguas residuales se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en terrenos, cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos."
Se hace una propuesta de modificación al artículo 89, para quedar de la siguiente manera: "La Comisión para otorgar los permisos deberá tomar en cuenta la clasificación de los cuerpos de aguas nacionales, a que se refiere el artículo 87. De tal manera que, no podrá otorgarlos cuando los afluentes no cumplan con las normas oficiales mexicanas correspondientes y las condiciones particulares que requiere cumplir la descarga.
La Comisión deberá contestar la solicitud de permiso de descarga, presentada en los términos del Reglamento, sujeto, a su vez, a los criterios y a la Ley General del Equilibrio Ecológico, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su admisión. En caso de que no se conteste dentro de dicho lapso, estando debidamente integrado el expediente, el solicitante no podrá efectuar la descarga, teniendo derecho a demandar a la Comisión la reparación de daños que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones".
Y, por último, se hace una propuesta de modificación al artículo 90, para quedar de la siguiente manera: "La Comisión, en los términos del Reglamento, expedirá el permiso de descarga de aguas residuales, en el cual se deberá precisar, por lo menos, que no atenta contra el interés público y social; la ubicación y descripción de la descarga en cantidad y calidad; el régimen al que se sujetarán para prevenir y controlar la contaminación del agua, y la duración del permiso".
Señora Presidenta, dejo en la Secretaría los artículos para su procedimiento. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Laura Pavón, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Laura Pavón Jaramillo: - Con su permiso, compañera diputada Presidenta, compañeros diputados:
El preservar y controlar la calidad del agua es uno de los retos de las sociedades modernas. El actuar oportunamente en esta materia, es un reclamo de la sociedad y un compromiso que todos hemos asumido, en un esquema de corresponsabilidad.
Nuestro proyecto de Ley tiene un título completo dedicado a la calidad de las aguas, mismo que complementa las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Al igual que sucede con esta última Ley, en la iniciativa se toma como base el principio de que
la protección ecológica sólo puede ser eficaz si parte de las relaciones entre la ecología y el desarrollo; esto es, no basta atacar los efectos si no se atienden y se resuelven las causas de los desequilibrios ecológicos.
No se puede combatir los efectos de la contaminación bajo el supuesto de que dichos fenómenos derivan exclusivamente de actos individuales, y no de la orientación del desarrollo nacional.
En cuanto a la propuesta de reformas al artículo 88, afirmo que es falso que el artículo 117, fracciones III y IV, y los artículos 120, 121 y 122, en todas sus fracciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico, prohiba que se puedan efectuar descargas de agua residuales en los cuerpos receptores. La Ley debe ser sensata y racional y no puede llegar a extremos de disposiciones que son de imposible cumplimiento, lo que sí dice la Ley es que para efectuar descarga se deberán efectuar el tratamiento correspondiente, así como cumplir con las normas técnicas ecológicas y las condiciones particulares de descarga.
En caso de incumplimiento, no solamente se prevé en dicha Ley la imposición de sanciones, sino incluso en ciertos casos de gravedad la aplicación de prisión.
Por otro lado, ante el incumplimiento se faculta a la Comisión del Agua, para incluso clausurar aquellas empresas que están contaminando, revocando el permiso de descarga respectivo. Adicionalmente se le aplica una contribución para que pueda pagar el daño que se ha ocasionado.
Por lo tanto es improcedente la propuesta hecha pues no haría otra cosa que repetir la que ya está prevista en la Ley sobre todo en el artículo 119 y en sus fracciones I y II.
Por lo que respecta a la propuesta de reformar el artículo 89 no es necesaria la aclaración propuesta en el primer párrafo, toda vez que no agrega nada a lo que ya dice la disposición legal, pues al exigir que para expedir el permiso de descarga se deba tomar en cuenta la norma técnico ecológica y las condiciones particulares de descarga, claramente se entiende que si no cumple con ella no se puede otorgar el permiso, pues de otra forma en realidad no estaría tomando en cuenta dichas normas y condiciones, contraviniendo lo que dice el texto de la Ley y por lo tanto incurriendo en responsabilidad.
Por lo tanto, no es necesario aceptar la aclaración.
Y por lo que hace a la propuesta de que la Comisión pague los daños y perjuicios con motivo de descarga de aguas residuales autorizadas, también es improcedente, pues toda la legislación mexicana, al igual que sucede con la extranjera, a quien se le exige la responsabilidad y por lo mismo la reparación del daño es a quién contamina.
Lo que se está proponiendo es sustituir la responsabilidad de las empresas contaminadoras para desviar a que sea la autoridad o el Gobierno el que pague, con lo que la responsabilidad de unos cuantos se hace descansar en la espalda de todo el pueblo mexicano.
Los conceptos de interés público y social que se proponen se adicionen al artículo 90, lo único que ocasionaría es que quedara a la discreción y a la arbitrariedad del otorgamiento o no de un permiso de descarga.
Con lo anterior, se rompería el propósito de toda la iniciativa de crear una administración objetiva, en la cual, autoridad y usuarios con anterioridad conocieran sus derechos y sus obligaciones excluyendo toda posibilidad de administración subjetiva.
Convendría aclarar además que en la fijación de las condiciones particulares de descarga para otorgar los permisos correspondientes, se establecen precisamente con dos objetivos:
1o. Mantener la capacidad de regeneración de los cuerpos receptores; y
2o. Mejorar las condiciones de calidad de dichos cuerpos, a fin de hacerlos aún más aptos para distintos usos que incluirían en abastecimiento de agua a la población y aún el sostenimiento de la vida acuática.
El otorgamiento de un permiso de descarga lleva entonces un implícito, que el concesionario debe por su cuenta hacer el tratamiento de las aguas residuales que permitan cumplir cabalmente con los objetivos de calidad del agua que se establezcan.
Abundando esos objetivos quedan plasmados al clasificar las corrientes de agua en el marco de la programación hidráulica que ocurre en todas las cuencas del país.
Por lo anterior, concluiríamos que en materia ecológica está resguardado el interés nacional
en el asunto que hoy nos ocupa, ávida cuenta de que en el Título VII lo aborda con amplitud y toca los aspectos vitales de preservación, cuidado y eficiencia del agua, buscando con ello contribuir a lo que se ha llamado atinadamente "Cultura del Agua" y en lo que debemos comprometernos todos.
Por lo anterior, señora Presidenta, solicito a usted fuera tan amable de ordenar a la Secretaría se preguntara a la Asamblea si el dictamen en lo particular está suficientemente discutido. Muchas gracias.
* La Presidenta: - Los diputados Gustavo Gámez Pérez y Mario del Valle Fernández, se encuentran en la lista de oradores, pero por respeto a la Asamblea, solicitan se incluya su intervención en el Diario de los Debates.
Consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten las propuestas en el orden en que fueron presentadas por los diputados.
La Presidencia instruye a la Secretaría que se inserten en el Diario de los Debates todas las propuestas aquí presentadas por los partidos políticos, en la inteligencia de que por esta sola ocasión y sin que cause precedente, habrá de darse lectura sólo a las propuestas que sean aceptadas por la mayoría de los diputados.
El secretario diputado José Socorro Velázquez Hernández: - Se cumple la instrucción, señora Presidenta.
(La Asamblea pide que la Presidenta vuelva a repetir el último párrafo de su intervención,)
La Presidenta: - Se instruye a la Secretaría que se inserten en el Diario de los Debates todas las propuestas aquí presentadas por los partidos políticos, en la inteligencia de que por esta sola ocasión y sin que cause precedente, habrá de darse lectura sólo a las propuestas que sean aceptadas por la mayoría de los diputados.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Se van a votar las propuestas presentadas por las diferentes fracciones parlamentarias.
Articulo 1o. Propuesta del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.
"Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable."
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo............
Los diputados que estén porque se rechace, sírvanse manifestarlo......... Se acepta la propuesta, señora Presidenta.
Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Artículo 5o., propuesta del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional:
"Artículo 5o. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. Asimismo, fomentará la participación de los usuarios y de los particulares en la realización de administración de las obras y de los servicios hidráulicos."
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo............ Se acepta la propuesta, señora Presidenta.
Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional.
"Artículo 14. La Comisión acreditará, promoverá y apoyará la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación y control de su calidad y para impulsar la participación de éstos a nivel estatal, regional o de cuenca, en los términos de la presente Ley y su Reglamento."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...........
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo........... Se acepta la modificación y se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Partido Revolucionario Institucional propone la adición de un párrafo al artículo 15 y dice de la siguiente manera: "La programación hidráulica respetará la cuota natural de renovación de las aguas".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..........
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo........... Se acepta la propuesta y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se va a leer una propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.
Artículo 22. Se propone que el texto de la fracción I quede de la siguiente manera: "La Comisión podrá reservar para concesionar ciertas aguas por medio de concurso, cuando se prevea la concurrencia de varios interesados".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...........
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.......... Se acepta la propuesta, señora Presidenta y se reserva para su votación nominal en conjunto al final de la lectura de estos artículos.
Propuesta de Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional:
Artículo 103. Se propone que el texto del artículo 103 quede de la siguiente manera: "La Comisión fijará las bases mínimas para la participación en el concurso para obtener las concesiones a que se refiere este capítulo, en los términos de esta Ley y su Reglamento. La selección entre las empresas participantes en el concurso, se hará en base a las tarifas mínimas que responda a los criterios de seriedad, confiabilidad y calidad, establecidas en las bases que para cada caso expida la Comisión".
En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...............
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.............. Se acepta la propuesta señora Presidenta y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Propuesta de la seis fracciones parlamentarias que forman esta Cámara. Propuestas a los artículos 78, 79, 80 y 108. Terminarían los artículos 78, 79, 80 y 108 con la siguiente leyenda:
".en los términos de la Ley aplicable en la materia."
Los que estén porque se acepte la propuesta mencionada, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo........... Aceptada la propuesta señora Presidenta.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: (desde su curul): - Una aclaración para que conste en el Diario de los Debates. Es una propuesta de cinco fracciones parlamentarias. ¡no, seis.!
El secretario diputado José Socorro Velázquez Hernández: - Una disculpa de la Secretaría. Efectivamente son cinco fracciones parlamentarias. Aquí está incluida la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, pero efectivamente no está firmado. Aclarado.
La Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si los artículos reservados en lo particular se encuentran suficientemente discutidos.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Se consulta a la Asamblea, por instrucciones de la Presidencia, si los artículos reservados en lo particular se encuentran suficientemente discutidos. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.................
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo............
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutidos, señora Presidenta.
La Presidenta: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular, de los artículos reservados y discutidos, en un solo acto.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos reservados y discutidos, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Señora Presidenta: Se emitieron por los artículos 1o., 5o., 14 y 15; 416 votos a favor y 5 votos en contra.
Por los artículos 22 y 103; 416 votos a favor y 5 en contra.
Por los artículos 78, 79, 80 y 108; 494 votos a favor y 27 en contra. Perdón, 394 votos a favor y 27 en contra.
Por los artículos 13, 20, 39, 47, 48, 69 y 88, 409 votos a favor y 12 en contra.
Por los artículos 7o., 8., 9o., 10, 11, 12, 16, 21, 25, 28, 32, 44, 45, 46, 57, 65, 68, 70, 74, 81, 86, 89, 90, 98, 104, 107, 113 y octavo transitorio, 416 votos a favor y 5 en contra.
Por el artículo 65; 386 votos a favor y 30 en contra.
La Presidenta: - Aprobados los artículos 1o., 5., 14 y 15, por 416 votos en pro.
Los artículos 22 y 103, por 416 votos en pro.
Los artículos 78, 79, 80 y 108, por 394 votos en pro.
Los artículos 13, 20, 39, 47, 48, 69 y 88, por 409 votos en pro.
Los artículos 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 16, 21, 25, 28, 32, 44, 45, 46, 57, 65, 68, 70, 74, 81, 86, 89, 90, 98, 104, 107, 113 y octavo transitorio por 416 en pro.
El artículo 65 por 386 votos en pro.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Aguas Nacionales.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Pasan al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
ESTADO DE TAMAULIPAS
La Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los hechos ocurridos en Matamoros, Tamaulipas. (Aplausos.)
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Con su permiso, señora Presidenta, honorable Asamblea:
No es atribución del Congreso Nacional debatir sobre los asuntos que competen a las entidades federativas que conforman el Estado republicano.
Hoy, sin embargo, consternados y con la justa irritación de la comunidad tamaulipeca y nacional por los hechos acontecidos en mi Estado, Tamaulipas, el día de ayer, vengo a esta tribuna en nombre de la representación priísta nacional, no a buscar trasladar el incendio de Matamoros a esta Cámara, pero sí asistida por la fuerza de la razón, de la Ley y de los hechos mismos, a formular una denuncia en contra de Jorge Cárdenas González, candidato perdedor de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura tamaulipeca y en contra de su familia, autores intelectuales y materiales, ejecutores de hechos vandálicos, atentatorios contra la paz del pueblo tamaulipeco, contra las autoridades electorales, federales y estatales, y específicamente contra el priísmo matamorense, el de Llera, el de Hidalgo, Ocampo y Gómez Farías.
Vengo también a buscar abrir un espacio para la reflexión y el análisis de quienes en esta Cámara convivimos. Pero especialmente con los partidos políticos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, porque al haber otorgado la candidatura mediante una coalición al aquí denunciado, los torna en este momento corresponsales, junto con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de hechos que marcan un parteaguas en la historia democrática de México.
Desde que finalizó la Revolución Mexicana en este país, pasamos a debatir con las ideas; las armas y la violencia las dejamos atrás.
En aquél pasado fue necesario, porque no podíamos o sabíamos los mexicanos construir y lograr consensos en el marco del derecho. Pero hoy sí lo sabemos, conocemos el camino. Por eso no se vale que se use el enfrentamiento.
Hoy, aquí, en este país, aun cuando a veces existen reticencias de algunos para reconocer que hemos avanzado juntos en la construcción de la democracia y en el resguardo del mayor activo de México, además de su pueblo, que es la paz social, la verdad es que hay muchas muestras de ello.
Aquí en esta Cámara, convivimos pacíficamente seis partidos políticos. En este país gobiernan otros partidos políticos en los estados y municipios, lo que a mi juicio demuestra dos cosas: una, el respeto indeclinable y el reconocimiento del Presidente de México y de la estructura institucional y electoral de la nación, a los triunfos que los partidos de oposición logran en nuestro país. Y segundo, un clima político favorable, porque siempre hay factibilidad para consensar posturas y situaciones.
La jornada electoral en Tamaulipas, según la afirmación de propios y extraños, incluso de los aquí denunciados, hasta que se vieron perdidos, y, ¡ojo!¿, no del todo como veremos más adelante, y de los medios de comunicación nacionales y locales, fue de reconocimiento a unas elecciones ejemplares donde campeó la tranquilidad y la civilidad política de todos; todos nos ufanamos de ello. Asistieron al proceso y hacemos un profundo reconocimiento a su trabajo y a su tiempo, muchos diputados federales, más de 50 del Partido Revolucionario Institucional; ignoro el número de diputados de otros partidos, pero todos luchamos por la paz de la contienda, en algunos municipios se hicieron recorridos juntos, diputados federales de diferentes partidos políticos.
Sólo mencionaré algunos datos para ejemplificar el caso; contendimos los seis partidos políticos aquí representados más la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura; se instalaron al 100% y en tiempo y forma las 2 mil 543 casillas que comprenden el Estado, hubo en el 100% de las casillas representantes de dos o más partidos políticos, se cuenta con el 100% de las actas de las tres elecciones, todas firmadas por los partidos de oposición presentes en cada casilla y ninguna por impugnaciones, incluso se tienen todas las actas resguardadas desde el lunes por la Comisión Estatal Electoral, previendo la posibilidad de sucesos como el de ayer.
Se alcanzó aproximadamente el 60% de la votación del padrón electoral. Los incidentes ocurridos el día de la jornada prácticamente no existieron, se robaron la urna para gobernador en la casilla de Matamoros, donde vive la familia de Manuel Cavazos y sí se registró el primer incidente mayor en el municipio de Hidalgo. El candidato del Partido Acción Nacional, Israel Cuéllar, ex priísta inconforme con el proceso de selección interna del Partido Revolucionario Institucional bloqueó el acceso a la cabecera municipal, se hicieron disparos con arma de fuego, sustrajeron y destruyeron el material electoral desalojando además con gases lacrimógenos al comité municipal electoral que se encontraba laborando normalmente. Este hecho representa una provocación abierta, toda vez que las actas de este suceso están firmadas por los partidos contendientes incluyendo el partido de este candidato y no contienen ninguna impugnación.
Los recuentos de las actas y por supuesto que no voy a entrar en datos numéricos, permiten afirmar triunfos para el candidato a la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional en una proporción hasta ayer de tres a uno y en 40 de los 43 ayuntamientos. Se han entregado las constancias de mayoría a 37 candidatos, incluyendo las tres alcaldías que ganó la oposición, Madero a la Coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, Río Bravo y Victoria al Partido Acción Nacional. Las restantes cinco constancias pendientes que corresponden a los municipios involucrados en los hechos de violencia, seguramente fueron entregadas el día de hoy en los cómputos realizados en la Comisión Estatal Electoral.
Fue un proceso pacífico y limpio, el proceso violento poselectoral empieza a fraguarse el propio domingo 8 por la noche; el candidato de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, Cárdenas González, convoca a una rueda de Prensa; la primera declaración ahí expresada es: "se acaba de cometer el fraude más grande de la historia, se responsabiliza al Partido Revolucionario Institucional, al Gobierno estatal y al federal de la tensión social y de la generación de un clima de inestabilidad en el Estado por causa de esta infame burla al pueblo tamaulipeco".
Acto seguido solicita a los comunicadores sociales, ser el conducto para agradecer al pueblo tamaulipeco su alto sentido de responsabilidad cívica que se manifestó al acudir a las urnas como nunca antes lo había hecho y los exhortó a mantenerse en la lucha y la defensa de su dignidad y sus derechos sobre todo de la democracia.
Los reporteros preguntaron: "sus argumentos para establecer el fraude, señor Cárdenas"; don Jorge, de acuerdo a sus números, ¡usted por
cuántos votos ganó la gubernatura?", no contestaba.
"Antes, decía, quiero formular un señalamiento contra Cavazos Lerma porque no quiso firmar un pacto de civilidad política."
Por supuesto que Cárdenas se olvidó que la civilidad no se firma, ésa se asume. Acto seguido, enumeró una serie de irregularidades que según él existieron y a las que podemos aquí en esta tribuna, responder puntualmente.
"Especialmente, señalaba, fraude en Matamoros, Tampico, Mante, Soto La Marina, Mainero, Ocampo; pero, pero, llevamos ventaja en Río Bravo, en Victoria y en Madero, decía, ahí tenemos cierto predominio, pero en todo lo demás hay fraude generalizado, se pasó de un fraude hormiga en la mañana a un fraude elefante por la noche, francamente, afirmó, fueron violentos los operativos que el Partido Revolucionario Institucional generó el domingo por la noche."
Una perspicaz reportera del medio nacional, le dijo al señor Cárdenas: "Me parecen contradictorias sus declaraciones de ahora con las que usted me dio a las 2.47 de la tarde; entonces dijo usted que todo estaba normal, que no había irregularidades graves".
Contesta Cárdenas: "Si, pero nada más hasta mediodía". Insiste la perspicaz reportera: "Me siguen pareciendo contradictorias sus informaciones, queremos datos, actas, porcentajes. En la tarde dijeron ustedes que iban ganando; a las 9.30 de la noche dijeron que no tenían datos porque se montó un rápido operativo en la noche".
Respuesta de Cárdenas: "Pues no, no tenemos cifras porque llegó la policía y se las llevó todas a Matamoros, en Mante, en muchas ciudades, no podemos darle ningún informe".
En otro momento se le preguntó al señor Cárdenas: "Bueno, si hay fraude generalizado, suponiéndolo, pero si usted ganó, ¿asumiría usted la gubernatura?, ¿aceptaría usted los municipios que ganaron aunque haya habido fraude, o pedirán la anulación total de las elecciones?".
Nunca hubo contestación a esas preguntas reiteradas. Que no sabían, que aún no tomaban la determinación, pero Cárdenas dijo al fin: "Si son sucias, yo no asumo la gubernatura que se convoque a nuevas elecciones", pero de su hijo Gustavo, candidato del Partido Acción Nacional, por Victoria, no dijo nada, y éste ayer recibió constancia de mayoría.
Pero lo más importante es que ahí, en su conferencia de Prensa, se anunció que convocarían a una reunión el martes 10 de noviembre, a todos los candidatos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática para determinar la estrategia de movilización y de protestas.
Esa reunión, efectivamente se realizó; duró cuatro horas y estuvieron candidatos y dirigentes en el Estado del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y ahí se fraguó la estrategia, el plan para buscar desestabilizar al Estado de Tamaulipas y anular la elección en su totalidad.
Parte de la estrategia, además de tomar edificios, cerrar carreteras y puentes internacionales, se determinó hacer movilizaciones y se evaluó la propuesta que hizo el señor Roberto Martínez Calderón, candidato del Partido Acción Nacional, la presidencia municipal de Matamoros, de ir a muestrear algunos paquetes electorales, obviamente en comités electorales, para verificarlos.
Se hizo el compromiso de formular un manifiesto dirigido al Presidente de la República, para que éste apareciera el día de ayer, y así sucedió, en los periódicos de la capital tamaulipeca, en donde informan de que han decidido iniciar acciones legales y de protesta pacífica para demostrar el fraude, hasta lograr la anulación de las elecciones, así como la consignación de los autores materiales e intelectuales del mismo.
Señalan que las medidas de represión al pueblo tamaulipeco que se están implementando, no harán sino enardecer los ánimos y agravar la situación. En la reunión también se dispuso la visita rápida de Cárdenas González, a los municipios de Xicoténcatl, Gómez Farías y Ocampo, para el miércoles 11. El operativo de Matamoros quedó a cargo de Martínez Calderón, candidato del Partido Acción Nacional al ayuntamiento.
Como registra hoy la entrada de una nota en un medio a nivel nacional, por donde fue pasando Jorge Cárdenas, y yo agregaría su hijo Jorge Cárdenas Gutiérrez, fue dejando una estela de llamas.
Hago entrega de este documento a la Secretaría de la Cámara, por favor, reciba usted, con su permiso, señora Presidenta, para que conste en actas, seguida de mi intervención, y hago también entrega de 20 copias de este documento a los
medios de comunicación, a través de mi secretario particular.
Se preguntarán cómo conseguí este documento. Es lo de menos, alguien de adentro, preocupado, me lo hizo llegar.
Pero vamos al caso Matamoros. No tiene caso cansarlos. Muchos de ustedes lo vieron ayer en la televisión, anoche, o bien hoy en la mañana, o lo leyeron en la Prensa.
Participaron el hijo de Jorge Cárdenas, Rolando Martínez Calderón y candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía, el diputado con licencia del Partido Acción Nacional, Servando Hernández Camacho, candidato a la alcaldía también y sobre el que tenemos que registrar que es muy lamentable para nosotros, para esta Cámara, que haya participado en estos hechos.
Participó también la candidata del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a la diputación local, Guadalupe Oropeza, y militantes del Partido Acción Nacional y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hasta sumar unas 100 personas. No se registraron militantes destacados del Partido de la Revolución Democrática, pero la diligencia de este partido podría aclarar en esta tribuna si se sumaron o no militantes de su partido a estos hechos violentos.
Sí quisiera destacar dos situaciones, una, que no se dio a conocer a los medios ignoro la causa, pero que es cierta, que se golpeó indiscriminadamente al licenciado Rubén González Chapa, presidente de la Junta Municipal Electoral en Matamoros y también autoridad electoral federal; al licenciado Alfredo Cortés, también autoridad electoral, y al señor Pedro Villar Martínez, comisionado político de mi partido ante la junta. Se les pretendió quemar vivos al dejarlos encerrados en el local incendiado. Por fortuna lograron salir.
El otro hecho deleznable fue el ataque artero contra dos camarógrafos de Televisa, que por definición se encuentran fuera de los conflictos. Hasta en las guerras se respeta a los reporteros y camarógrafos para que den fe de la situación. Quien agrede a la Prensa, cuya única obligación es la transmisión de la información objetiva a una comunidad cada vez más exigente y demandante, se muestra como agresor, como un ser incapaz de ser respetado ante la sociedad.
Los hechos ocurridos en Matamoros, además de sus rasgos fascistas, sólo pueden calificarse como delitos, como actos que violentan el estado de derecho, y para los cuales pedimos todo el peso de la Ley.
¿Cómo es posible que se alegue por quienes participaron, que era una manifestación pacífica frente al Comité Electoral, y que fueron brutalmente agredidos por la policía?
Pregunto esto porque la manifestación pacífica, traía bombas molotov, botellas, palos, piedras. ¿Cómo aparecieron, por acto de magia?
Sólo quiero recordar aquí que en la elección de alcalde de 1989, Jorge Cárdenas González usó los mismos procedimientos, se quedó con la Presidencia Municipal y quedó impune, pavoneándose ante el descontento de la población, y ésta es la misma actitud que ha tomado su hijo y quienes en el hecho participaron.
Creo finalmente, que el punto medular de la posición de mi partido ante estos hechos, y con respecto a los partidos que lamentablemente, y sin conocer a fondo a Jorge Cárdenas, creo francamente que sin evaluar el riesgo que significan las alianzas con él, le otorgaron el beneficio de su registro coaligado, deben deslindar su posición respecto al candidato y a sus actos.
Creemos firmemente que debe hacerse el deslinde para beneficios del pueblo de Tamaulipas y para ustedes mismos, con todo el rigor que obliga la ética de las ideas y la ética de la política.
Esto lo manifiesto por supuesto con el más estricto respeto a la autonomía de cada partido político, pero sí les advierto que Jorge Cárdenas sigue gritando aquí, hoy, hoy aquí en la ciudad de México y también en Tamaulipas, que esto de ahora es sólo el principio, que esto, según sus palabras, se va poner color de hormiga.
Creo sin embargo, que el deslinde de posiciones no deja más que dos alternativas al Partido Acción Nacional y al Partido Revolución Democrática, el repudio o la corresponsabilidad. No hay más que dos alternativas, porque queremos pensar que hay una fractura real y además profunda entre ustedes y Jorge Cárdenas González. Primero, el hecho de repudiar significaría necesariamente que se repruebe públicamente al candidato Cárdenas González, y dejamos para su reflexión la expulsión del mismo de sus partidos. Creo que esto es procedente porque no puede haber incongruencia, no puede haberla, entre los estatutos y la doctrina de un partido que reprueba los hechos violentos e inmorales de sus militantes y su real práxis política.
Segundo, la corresponsabilidad. La corresponsabilidad con los hechos acontecidos y con los que sucedan en el futuro. Esto habla por sí mismo, implica la propia descalificación ante el pueblo de México y ante el pueblo de Tamaulipas, y significa también el vulnerar sus propias normas y sus propias reglas.
Creo que aquí no hay de otra; hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace; o están con la democracia o están contra ella; o están con el pueblo de Tamaulipas y de México y los que votaron por sus partidos, o no lo están; o se respeta al pueblo de México o no se respeta.
Ustedes, compañeros, han usado en muchas ocasiones esta tribuna para formular acusaciones de todo tipo. Considero que ahora les toca a ustedes venir aquí a dar explicaciones. Muchas Gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Esta Presidencia informa que se han registrado para hacer uso de la palabra, en relación a este mismo asunto, los siguientes diputados: Lidia Madero García, del Partido Acción Nacional; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Muñoz Rocha, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Salvador Juárez García, del Partido de la Revolución Democrática; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra entonces la diputada Lidia Madero García, del Partido Acción Nacional.
Solicitando atentamente a los diputados se ajusten en su exposición al tiempo que marca el artículo 103 del Reglamento, que consta de 30 minutos.
La diputada Lidia Madero García: - Señora Presidenta:
Nosotros no admitimos que la compañera diputada Laura Alicia nos venga a dar línea política de acción para nuestro partido.
Históricamente, Acción Nacional se ha proclamado tajantemente en contra de la violencia; la violencia no se inicia con un quema de urnas, la violencia se inicia y se inició en Tamaulipas desde antes de la contienda electoral; la violencia se inició en la imposición de candidatos; la violencia estuvo presente en la utilización de los fondos públicos para las campañas políticas del partido oficial; la violencia estuvo presente en la utilización del Programa Nacional de Solidaridad para los candidatos, sobre todo el protegido número uno del Programa Nacional de Solidaridad; la violencia está también en la burda, en el derroche de propaganda política que se hizo en todo el Estado; la violencia está en la presión y represión de personas de nuestro partido y de otros partidos, inclusive de los que quisieron y decidieron cambiar del partido oficial a otro partidos con mejores opciones; la represión y la presión tratando de volvernos a reintegrar por la fuerza a sus filas; la violencia está también en ver a la persona, a los ciudadanos de Tamaulipas como objeto y no como sujetos en las elecciones en Tamaulipas.
Se inició cuatro días antes de las elecciones, después de haber tenido un plantón de ocho días ante la Comisión Estatal Electoral, y varias comisiones municipales y distritales en el Estado, solicitando un marco legal del desarrollo de los comicios del 8 de noviembre; el partido oficial y el Gobierno decidieron iniciar el diálogo con los partidos de oposición; decidieron retirar las afirmaciones que el presidente de la Comisión Estatal Electoral, el señor Lirach, había hecho continuamente de que las solicitudes de los partidos de oposición para que se llevara a cabo un acuerdo político en la Comisión Estatal Electoral, con objeto de limpiar y de establecer un marco legal mejor planteado que en la Ley Electoral de Tamaulipas, la cual es una de las más retrógradas y obsoletas de toda la República, diciendo que los partidos de oposición no sabían los planteamientos que presentaban, que eran "niñerías" y "chiflazones" lo que los partidos de oposición estaban presentando.
Cuatro días antes decidieron tomar en cuenta esas propuestas y establecer un acuerdo en donde se tomaron en cuenta, finalmente, estas propuestas.
Sin embargo, estas propuestas no se publicaron, "curiosamente" por error de los diarios del Estado; no se publicaron y se dejaron al libre arbitrio de las autoridades en las casillas electorales.
Esto mismo llevó a una confusión el día de las elecciones, que se inició desde temprana hora, y no es verdad que se iniciaron con todas las de la ley y en tiempo y en forma establecidos
en la Ley, en todas las casillas electorales. Se dejo a los presidentes manipular las elecciones; se utilizó las prácticas que siempre se han utilizado, como el "ratón loco", como el tratar de expulsar a nuestros representantes, como la no utilización de la tinta indeleble, etcétera.
Además de que, realmente en algunos lugares aparentemente la elección fue tranquila y no fue hasta llegar a la tarde, cuando se comenzaron a acelerar las prácticas ilegales. Y, finalmente, se descubrieron, al final del proceso electoral.
Y se descubrieron precisamente porque la participación ciudadana que había existido anteriormente en las contiendas políticas, no reflejó los resultados de las elecciones. Y esto se hizo presente a la hora de descubrir la falsificación de actas, a la hora de descubrir la falsificación de identificación, a la hora de apertuta de las casillas, a la hora que se utilizaron vehículos de la universidad para trasladar a personas de un poblado a otro para que votaran.
Quiero hacer hincapié que la Ley permite que cualquier persona vote fuera de su sección, inclusive en su mismo municipio, por causas justificadas. Eso abre la posibilidad de que una persona vote, inclusive, en la sección que está a la vuelta de la esquina, aunque no le corresponda.
Otra de las prácticas fueron la presión y la falta de secrecía en el voto; la compra de los votos, la cual se iba a pagar después de haber enseñado la boleta marcada por Partido Revolucionario Institucional; se compró y se obligó, presionó a la ciudadanía de distintas maneras. De hecho, anteriormente se había corrido de sus empleos a personas que estaban participando abiertamente en la campaña de nuestros candidatos; se les pagaba el salario después de haber participado en los mítines políticos del partido oficial.
Todo esto, señores, es violencia. Y no es porque estemos aceptando ni dejando de reprochar la quema de las urnas, Sin embargo, quiero hacer hincapié en que el pueblo no es el mismo de hace 10 años; el pueblo de Tamaulipas, tiene razón la diputada Laura Alicia, ha experimentado un parteaguas en su participación cívica; es la primera vez en la historia del Estado que participa el 60% de la población. Esto hace al mismo tiempo que el pueblo no se deje amedrentar, que no se deje apabullar por la imposición de sus autoridades y que esté decidido a defender lo que por derecho le corresponde.
El Partido Acción Nacional invita a que se deslinde responsabilidad, a que se vea la otra cara de la moneda. Ya la diputada Garza dio su punto de vista sobre el problema y el conflicto de Matamoros. Yo quiero decirles que efectivamente los miembros de nuestro partido estaban en un plantón desde temprano esperando los resultados del conteo de los votos.
A las 8.00 de la mañana se suponía que se iba a iniciar la sesión que se pospuso para después de media hora porque no había quórum, los representantes del Partido Revolucionario Institucional no estaban presentes ni las autoridades electorales. Media hora después se volvió a suspender la sesión porque todavía no había quórum y se pospuso para el día siguiente.
Se retiraron nuestros representantes y una hora después ya estaban las autoridades electorales y los representantes del Partido Revolucionario Institucional contando los votos, todos los policías adentro de la Comisión Electoral.
En ese momento los representantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional trataron de entrar a la Comisión, fueron desviados. Fue desviada una candidata del Partido de la Revolución Democrática y otra del Partido Acción Nacional y Jorge Cárdenas Gutiérrez trató de entrar, fue gaseado, se retiró del recinto y posteriormente los antimotines empezaron a gasear y a golpear a la gente.
Esta acción no fue espontánea, fue una acción premeditada. Qué casualidad que por primera vez en la historia tres cámaras de Televisa estaban preparadas para tomar toda la acción. Qué casualidad que las bombas molotov estaban debidamente preparadas y que eran personas profesionales las que golpearon. Gracias a Dios, Televisa se encargó de imprimir todas las acciones y podemos identificar plenamente a las personas que participaron en este acto de violencia.
Yo invito a que los identifiquemos y a que preguntemos a la policía por qué corrió en este momento de violencia del lugar donde debería de actuar. Por qué dejó que en la comunidad fueran golpeados los ciudadanos.
Estuvieron miembros de nuestro partido y nos comunicaron en ese momento a la ciudad de México, estaban en contacto directo relatando todo.
Así es que yo invito a todos los presentes a que deslindemos responsabilidades y deslindemos las responsabilidades también de la policía, de
los porros, de los antimotines, que han participado como nunca en esta acción y que en Hidalgo, cuando se quemaron las urnas el día 8 en la noche, fueron ellos los primeros que agredieron con gases lacrimógenos y con golpes a la comunidad.
Yo invito a las autoridades a que citen la parcialidad con la que se han caracterizado en este proceso electoral desde el principio. Yo los invito a que sean por primera vez en su vida objetivos y que deslinden las responsabilidades y consignen a quien así lo merezca. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
En los comicios celebrados en Tamaulipas el pasado 8 de noviembre para la renovación de ayuntamientos, congreso local y gubernatura, un fraude electoral burdo y generalizado se impuso a la voluntad ciudadana, generándose un preocupante clima de tensión e inestabilidad política.
Lejos de afrontar la responsabilidad que les asiste como generadores del descontento popular, el Gobierno y su partido han provocado con su cerrazón e intransigencia la violencia poselectoral, tratando de desprestigiar y desarticular las acciones de resistencia civil pacífica emprendidas por la coalición Partido Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática y encabezadas por su candidato a la gubernatura, Jorge Cárdenas González.
Hoy, el Gobierno y su partido se apresuran a condenar los graves incidentes registrados en varias poblaciones tamaulipecas en donde grupos de inconformes con las irregularidades comerciales, destruyeron paquetería y documentación concentradas en las oficinas de los comités municipales electorales cuyos cómputos debieron celebrarse el día de ayer.
El Partido de la Revolución Democrática es el primero en lamentar la violencia poselectoral y rechazarla porque no contribuye a la solución de los problemas sociales. Sin embargo, no puede pasarse por alto el hecho de que ésta pudo y debió haberse prevenido, pero ni el Gobierno ni su partido parecieron interesarse en evitarla; por el contrario, lo que hicieron fue prácticamente alentarla mediante un enorme cúmulo de irregularidades cometidas a lo largo del proceso electoral desde su inicio hasta la etapa actual. Más aún, Gobierno y partido oficial se empeñaron en mantener intacta la Ley electoral de Tamaulipas, una de las más atrasadas del país, incapaz de garantizar la transparencia de los comicios, a pesar de que desde meses antes de iniciado pudo verse claramente que el del presente año sería, como lo fue, uno de los procesos electorales más competidos de los últimos años, caracterizado por la posibilidad real de una alternancia en la gubernatura.
Complementariamente se confeccionó un padrón tergiversado de la manera más escandalosa. Al respecto, baste señalar que en un muestreo realizado en los principales municipios tamaulipecos por grupos de observadores, se encontró que una quinta parte de la población en edad de votar no figuraba en la lista nominal ni tenía credencial de elector, y que el 8.2% de las credenciales eran falsas, además de que la cifra real de personas credencializadas era más alta de la que se informó oficialmente.
Por otra parte, no sólo se echó mano de viejas y desprestigiadas prácticas, como la utilización de los recursos públicos para apoyar a los candidatos del partido oficial, sino que se recurrió a la burda maniobra de acusar de una supuesta malversación de fondos municipales al alcalde matamorense con licencia, Jorge Cárdenas, ya entonces candidato de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática.
Puede decirse que los únicos intentos de dar seguridad y transparencia a los comicios, provinieron prácticamente de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática y sus candidatos, que semanas antes del 18 de noviembre, plantearon una serie de demandas en un principio sistemáticamente rechazadas por la Comisión Estatal Electoral.
Fueron necesarias la movilización pacífica, para que este órgano aceptara parcialmente las propuestas, mismas que después incumpliría, pues contrariamente a lo convenido, se toleró el mismo día 8, los desayunos de proselitismo, mejor conocidos como "operación machaca".
Pese a las prohibiciones legales que pesan sobre las actividades de propaganda, en vísperas de, y durante la realización de los comicios, la firma de las boletas antes de entregarlas al elector, no fue sorteada en muchos de los funcionarios de casillas y muchas de ellas ni siquiera se reubicaron.
El entintado indeleble del pulgar derecho de los votantes no se realizó por inmersión, utilizándose además, una tinta no autorizada. Asimismo, se manejó en muchos casos, una cantidad de boletas adicionales mucho mayor al 3% pactado.
Por si lo anterior fuera poco, el listado definitivo de electores fue entregado a los partidos políticos, apenas dos días antes de las elecciones, registrándose durante las mismas, la más amplia gama de violaciones a la Ley en la materia. Se cambió injustificadamente la ubicación de un importante número de casillas; se suplantó a sus funcionarios con objeto de desalentar a los electores, facilitar los carruseles y los "tacos de votos", se ejerció violencia física y moral sobre el electorado y se echó mano a los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, para sobornar a los votantes, se anularon masivamente votos a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Se trata sin duda de todo un torrente de graves violaciones a la legalidad electoral, que han oscurecido ocultándolo por completo, el sentido real de la voluntad popular, dejando en un estado de indefensión a los partidos contendientes y a la ciudadanía en una entidad en la que invariablemente los recursos de protesta y queja, sólo prosperan cuando es el partido del Gobierno el que los presenta.
Estas y no otras, son las causas del clima de agitación e inestabilidad, que vive el pueblo de Tamaulipas. Situación que sin duda facilita la acción de los provocadores al servicio de los intereses más oscuros que pretenden descalificar la lucha ciudadana en defensa de sus derechos. El Gobierno, lejos de aceptar un diálogo políticamente responsable, que contribuya a resolver el problema por él mismo creado, ahora pretende echar mano de métodos represivos que sólo agravarán y complicarán más el panorama, como la historia electoral del propio Estado de Tamaulipas permite prever.
Los primeros amagos ya han sido hechos: por un lado la Procuraduría General de la República ha anunciado un incremento en el despliegue de sus efectivos en la entidad. Por otro, la Procuraduría del Estado, por boca de su titular, María del Refugio Martínez Cruz, amenaza con la persecución implacable de dirigentes y candidatos del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática, intentando involucrarlos en los incidentes del día de ayer.
Estos funcionarios, sin embargo, se han negado a atender las denuncias presentadas contra los verdaderos delincuentes electorales, algunos de ellos identificados como miembros de su propia dependencia. Por ejemplo, en una clara muestra de su parcialidad, la mencionada funcionaria mantiene virtualmente estancadas las investigaciones en torno al atentado sufrido por el ingeniero Alfredo Pliego Aldana, ex diputado federal y candidato por la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Ciudad Madero.
Como integrante de una Colación que se convirtió en uno de los principales protagonistas de la contienda electoral en Tamaulipas, el Partido de la Revolución Democrática quiere manifestar muy claramente, que si la violencia surgida del descontento popular no es ni puede ser la base para superar los conflictos derivados de los pasados comicios, menos aún lo es la violencia que el Gobierno ejerce en estos momentos sobre el pueblo tamaulipeco en un intento por consumar el fraude. (aplausos.)
A nadie conviene la violencia, y si el Gobierno es sensato, debe reconocer que tampoco a él le favorece. Una sucesión de procesos electorales marcados por el fraude y la imposición, como parecen anunciar los eventos de Tamaulipas y otros estados, enrarecerán el ambiente político y crearán un clima de inestabilidad que puede afectar gravemente la cada vez más próxima elección presidencial.
El país no puede permitirse tal riesgo. Por ello, es imperativo en estos momentos que el Gobierno acepte en los hechos y no sólo en los informes de Gobierno, el compromiso de avanzar hacia una verdadera reforma política que garantice una auténtica competencia entre partidos, así como a elecciones transparentes, confiables e imparciales. (Aplausos.)
En el caso de Tamaulipas, el Partido de la Revolución Democrática ratifica su posición. Sólo la voluntad política de las partes involucradas en este conflicto, que lleve a un diálogo responsable y serio, permitirá limpiar los resultados de los pasados comicios y respetar todos y cada uno de los triunfos obtenidos. Sólo así será posible restituir al Estado de Tamaulipas la legalidad electoral hoy puesta en entredicho. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
El proceso electoral en Tamaulipas, y la serie de acusaciones que en algunas partes, algunos medios y aquí se han hecho, merecen un análisis, una reflexión. Y en esta ocasión voy a hablar única y exclusivamente de hechos de los cuales he tenido conocimiento en forma directa, ya sea personal o hablando con los interesados o viendo las filmaciones. No voy a especular, no voy a teorizar, voy a hablar de hechos concretos que me constan.
Yo no estaría de acuerdo en que estuvimos ante unas elecciones ejemplares. Sin ir tan lejos , el pasado 1o. de noviembre se nos hacía aquí una propuesta. Se nos decía que había que transparentar los fondos de los partidos políticos. Se nos decía que había que poner un limite al costo de las campañas. Y se nos decía que había que trabajar con los medios de comunicación.
Estuve en Matamoros. Estuve en Matamoros para el registro de nuestro candidato. Estuve en Matamoros participando, como observador, en acciones proselitistas. Y estuve en Matamoros el viernes, sábado, domingo y lunes posterior al día de las elecciones.
¿Y qué fue lo que observé en esos múltiples viajes? ¡La disponibilidad de grandes recursos económicos, de los cuales difícilmente podemos conocer su origen¡ No voy a especular. Es una zona que da "mucha tela donde cortar" en cuanto a quién podría tener interés en financiar esta multimillonaria campaña.
Pero fue indudable que hubo un alarde de recursos. No recuerdo haber visto postes con menos de dos anuncios del partido oficial y en muchos lugares tenían cuatro y no cabían más. Bardas. Toda clase de propaganda, totalmente desproporcionada para el tamaño de la ciudad de Matamoros.
Estos fondos se gastaron en forma ilimitada y nadie sabe cuál es su origen. Aquí tenemos dos situaciones que encajan perfectamente bien con la propuesta del 1o. de noviembre. Creo que esa propuesta está muy encaminada, si vemos este caso específico.
En cuanto a los medios, para los que somos originarios del Distrito Federal y que tenemos una Prensa más o menos plural, resulta sorprendente encontrar periódicos, como uno que se llama Río Bravo, que parecen órganos partidistas, más que periódicos. Pero igual se manejan otros medios como radio, televisión, etcétera.
Y prácticamente no hay evento, desde funciones de box, eventos deportivos y eventos sociales que no tengan como invitado de honor al candidato oficial.
No estamos, pues, ante un proceso que podamos considerar ejemplar.
Pero hay otro dato que quería comentar como muestra, pero que tuvo grandes repercusiones. Quisiera leer unos párrafos muy breves de la Ley, como son la fracción V del artículo 91, que dice:
Artículo 91. Los comités municipales electorales tienen las funciones siguientes:
"Fracción V. Registrar en un plazo de 72 horas, a partir de su presentación y en todo caso 10 días antes del señalado para las elecciones, los nombramientos de los representantes comunes de partido y candidatos ante las mesas directivas de casillas en los términos de esta Ley."
El artículo 133 refuerza esto, diciendo: "Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos y fórmulas de candidatos y hasta 10 días antes del día de la elección tendrán derecho a nombrar a los representantes siguientes:"...
Y la fracción II del artículo 146. dice: "El registro de los nombramientos de los representantes comunes del partido y candidatos ante las mesas directivas de casillas se sujetará a las reglas siguientes:
"Fracción II. Los comisionados de los partidos deberán devolver al comité municipal electoral a más tardar 15 días antes de la elección, las formas de nombramiento por duplicado, debidamente requisitadas."
Esta muestra de las contradicciones que hay en la misma Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, demuestra que no hay mucha seguridad jurídica en el proceso.
¿Pero qué pasa con esto? Que los partidos no saben en qué momento tienen que registrar: si 15 días antes o 10 días antes. Esto es grave, pero más grave aún es que el comité no cumple con la devolución en 72 horas. Me consta, yo estaba ahí, los nombramientos fueron devueltos incompletos el viernes en la noche previa a la elección. Esto, desde luego, generó que no se pudieran entregar muchos de ellos, había fuertes lluvias y caminos intransitables. Y que los que faltaron no hubo forma de reponer a los representantes comunes.
Entonces, estamos viendo aquí que el proceso no fue ejemplar, como se pretende hacer creer.
En cuanto a la elección en sí, el día de la elección, quiero señalar hechos que me constan a mí. En la primera hora visité seis casillas que habían sido cambiadas de lugar, dos de ellas a más de kilómetro y medio de su lugar de origen, sin que existiera ninguna razón fundada para ello. Me acuerdo de las direcciones, una que estaba en Reynosa y Prolongación Colima, y otra que estaba en Cuarta y González; eran dos en cada lugar y fueron cambiadas y otras dos más que no recuerdo la dirección. Pero esto es una muestra también de irregularidades durante el proceso. No hubo tal limpieza.
Se expulsó a algunos representantes de casillas, de los que sí alcanzaron a recibir su credencial, y encontramos a una secretaria que fungía sin tener credencial de elector; o sea, una serie de irregularidades.
Durante el proceso fui informado, directamente por el que lo había hecho, que se habían robado una urna en una de las casillas; que la policía municipal había detenido a los ladrones y que la policía judicial estatal liberó a los ladrones. O sea, podríamos seguir. De hechos se habla aquí que no hubo impugnaciones en las actas. No es necesario que haya impugnaciones en las actas, la Ley establece que los escritos de protesta que dan origen al recurso de queja, se pueden interponer el mismo día de la elección o dentro de los tres días siguientes a la elección, que fue lo que hizo mi partido. Y concretamente, fundadamente, se impugnaron o se presentaron 82 escritos de protesta, por esos cambios de ubicación o por expulsión de funcionarios u otros tipos de irregularidades.
Con estos antecedentes, de una elección viciada, no podemos pensar que los militantes de los partidos de oposición estaban muy contentos y muy satisfechos. Es obvio que había indignación y malestar, y es obvio que habría protestas.
Y vamos a los hechos delictivos. Y aquí quiero señalar que esto se está manipulando. Yo pienso que la mayoría de los que están aquí presentes vieron las imágenes que proyecto la televisión y se ve muy claro que en la toma que se hace de Servando Hernández Camacho, nuestro candidato, está parado junto a una barrera de policías; en ese momento él estaba esperando que nuestro comisionado saliera de la oficina para hablar con él, toda vez que no permitían el acceso a la oficina a personas que no fueran miembros del comité. Y se ve también en la toma muy claramente cómo al iniciarse los golpes en otra parte de la fila, él alza las manos y es gaseado, fue retirado por su primo que lo acompañaba, le dieron oxígeno y posteriormente cuando se enteró que había un incendio regresó en busca del comisionado.
Esta es una versión muy diferente de la que se ha querido manejar pero ahí están las imágenes en la televisión, cualquiera de ustedes que lo haya visto, a pesar que fueron manipuladas por que hacen un empalme de imágenes inmediatamente después aparecen unos individuos que pueden ser perfectamente identificados, arrojando las bombas molotov, pero hay un detalle en la toma, la barra de policías que estaba ahí desapareció, ¿para qué estaban los policías?, o ¿cómo desaparecieron?, o ¿a dónde se fueron?
Posteriormente esa misma noche, la noche de ayer, ya tarde, me habló Servando Hernández Camacho, para narrarme los hechos, mismos que pude comprobar con la filmación del día de hoy; sin embargo a pesar de qué el no generó la violencia, a pesar de que no había ningún elemento para culparlo, el hecho que se le mencione en un noticiario de televisión, que él no es suficiente, y en las imágenes no se ve que él agreda a nadie sino al contrario que es agredido, el día de hoy tuvimos una experiencia muy desagradable; se presentó un numeroso grupo de agentes de la policía judicial federal, rompió la puerta de su casa a patadas, lo golpeó y lo sacó a declarar a pesar de ser diputado federal y si alguno me va a decir que tenía licencia, yo les diré que con todo y licencia hay jurisprudencia en el sentido de que sigue gozando del fuero constitucional. (Aplausos.)
Esta arbitrariedad inexplicable porque antes de 24 horas estaba siendo agredido en forma tan humillante, se suspendió gracias a la oportuna intervención del presidente de la Gran Comisión de esta Cámara, el diputado Ortiz Arana, que tan pronto tuvo conocimiento del hecho intervino y desde luego fue liberado el diputado Hernández Camacho. (Aplausos.)
Nosotros exigimos que se investigue la forma en que se llevó a cabo el arresto, lo innecesario de los daños, lo cobarde de la agresión y que se responsabilice al que haya cometido esta violación.
En cuanto a los hechos en general, queremos dejar aquí con toda precisión lo siguiente: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reprueba la violencia, condenamos la cobarde agresión que sufrió el camarógrafo y afortunadamente se cuenta con los elementos suficientes para identificar a los culpables tanto de la agresión como de los que arrojaron las bombas molotov a las oficinas del comité.
Creo que en esta ocasión se podrá precisar con claridad quienes son los responsables, rechazamos enfáticamente que se pretenda culpar a Servando Hernández Camacho, de hechos que no cometió. Las personas que realizan conductas deben de tener los pantalones para afrontar sus consecuencias, aquí no podemos culpar a otros de hechos propios; condenamos y rechazamos estas acusaciones por que demuestran el valor moral de quien las hace, y exigimos que las autoridades competentes en cada nivel señalen las responsabilidades de cada quien, tanto en la agresión al camarógrafo como en el incendio del comité y finalmente por el arbitrario arresto, vejaciones y daños que sufrió nuestro candidato a presidente municipal de Matamoros. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Manuel Muñoz Rocha, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Muñoz Rocha: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
La historia política de Tamaulipas nos enseña que desde finales de los años sesenta, los partidos de oposición han logrado espacios de participación y conseguido posiciones en los ayuntamientos y el Congreso local.
Hemos continuado el desarrollo de nuestra entidad con respeto a la pluralidad y a la continua participación democrática, en un permanente perfeccionamiento que da la presencia y participación a los distintos partidos políticos en nuestro Estado.
La elección de 1991, desarrollada en armonía y tranquilidad, nos permite quitarle grandes espacios al abstencionismo con una participación del 64% del padrón, y en esta abundante participación cívica, mi partido, el Revolucionario Institucional, logra contundentes triunfos en ocho de los nueve distritos electorales federales y nos acompañan en esta Legislatura por la vía de la representación proporcional, diputados que representan a todos los partidos contendientes en nuestra entidad.
Los tamaulipecos en esta histórica convivencia seguimos luchando por los triunfos de nuestros partidos y logrando cada vez mayor presencia y participación que nos permite llegar a la elección de 1992, en la que habrían de renovarse el Gobierno del Estado, los 43 ayuntamientos y el Congreso local.
En este proceso participaron los partidos políticos de la siguiente manera: por la gubernatura, cuatro partidos, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista y en una coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática; por las diputaciones locales, se registraron 114 fórmulas de candidatos de los seis partidos en los 19 distritos electorales por el principio de representación proporcional y los seis partidos registraron su lista de siete candidatos; por las presidencias municipales, 153 planillas como sigue: 34 del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, siete del Partido Popular Socialista, 22 del Partido Acción Nacional, 28 del Partido del Frente Cardenista, 43 del Partido Revolucionario Institucional, 18 del Partido de la Revolución Democrática y uno de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática.
La anterior descripción deja constancia de la importante participación de todos los partidos políticos, quienes iniciaron en oportunidad sus acciones de proselitismo, hacia la elección del pasado 8 de noviembre.
En las contiendas electorales para gobernadores sobresalen, de las cinco opciones, sólo dos, la del Partido Revolucionario Institucional, con una intensa campaña de penetración sustentada en el amplio y continuo contacto con el pueblo, con una dinámica que permite cobertura total a nuestra geografía y visitas reiteradas a los núcleos poblacionales de mayor importancia. Contienda exitosa, con convocatoria permanente al respeto por los partidos contendientes y una insistente invitación a lograr un objetivo común, deseo de todos, elecciones limpias, transparentes, participativas, que refrenden nuestra fuerza política y legitimen la voluntad popular.
La otra campaña, la de la coalición, se sustenta en anticipar un supuesto fraude electoral con provocaciones, críticas e insultos y una exagerada publicidad que distorsiona en la opinión pública la penetración real lograda y que pretende crear divisiones preelectorales que no coinciden con la realidad y el verdadero sentir de la población, y deja evidencia de un propósito de proyectar una imagen de problemas e intranquilidad electoral que no existe y cuyos resultados hoy saltan a la vista.
En las campañas a diputados locales, sólo el Partido Revolucionario Institucional manifiesta presencia continua y participativa, penetración, intensidad y consistencia.
Los candidatos a presidentes municipales, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana intensifica su acción en Reynosa y San Carlos; el Partido del Frente Cardenista fortalece su presencia en Aldama; el Partido Acción Nacional imprime interés en siete municipios: Tampico, Matamoros, Río Bravo, Jiménez, Hidalgo, Mante y en Ciudad Madero con la coalición.
En las condiciones previas al 8 de noviembre, nos encontramos con tomas y plantones de las oficinas electorales estatales y las de 16 municipios.
En sesión de esta Comisión, se acordó dar respuesta a las peticiones hechas por la coalición y ya tratadas en esta tribuna la semana próxima pasada, donde los representantes de nuestro partido acceden y se suman apoyando los planteamientos.
Aún así, en sesión extraordinaria y con deseo de concertar las mejores condiciones para el día de la elección, se acordó disminuir del 10% al 3% las boletas adicionales de las casillas, como lo indica la Ley; el uso de tinta indeleble por inmersión; la firma de boletas electorales, previo a la entrega al elector por un funcionario de la casilla elegido por sorteo; la revisión de las casillas extraordinarias, acuerdos últimos que se suman a todos los esfuerzos de los recientes meses, para dar al proceso electoral mayor limpieza y transparencia y que facilite la participación abierta de la ciudadanía en el proceso electoral.
En esta tribuna, la diputada Luisa Alvarez, del Partido del Frente Cardenista, denunció el jueves pasado la actitud de la coalición que impedía la distribución oportuna de la documentación indispensable, ya que a sólo 3 días de la elección, mantenían tomadas las oficinas electorales en cuando menos tres municipios.
Grande fue el esfuerzo de organización de las autoridades y de los partidos políticos. Muchos fueron, sin duda, los participantes para lograr el mejor desarrollo del proceso. A todos les reconocemos su interés y su entusiasmo que hizo posible esta participación cívica.
Debo reconocer la activa participación de todos los partidos políticos, para lograr el objetivo de un proceso transparente, legisladores federales, estatales, autoridades de los partidos y autoridades gubernamentales y la ciudadanía toda, permitieron se realizará una labor valiosa, que permite que se conozca el proceso electoral tal y como se llevó a cabo, y ayuda a que se conozca a Tamaulipas como es y no como pretendieron mostrarla.
El testimonio de todos los participantes, objetivo e imparcial, es muy valioso para los tamaulipecos, por lo que estamos muy reconocidos.
La jornada electoral se desarrolló sin mayores incidentes en casi todo el Estado. Es cierto que hubo algunos, pero por su magnitud y trascendencia debemos otorgarle su clara dimensión y con la debida perspectiva mantener la imparcialidad y la objetividad. Aquí se describieron ya esos sucesos con amplitud. Estos fueron actos aislados.
Lo que conviene subrayar es lo positivo, y en este sentido quisiéramos reconocer públicamente la actuación cívica de los tamaulipecos. No obstante el frío, no obstante la lluvia, su participación fue significativa, del orden del 60% del padrón, no obstante también que en Matamoros llovió y que en Nuevo Laredo hubo un clima similar, la votación fue copiosa, y eso merece el reconocimiento de los tamaulipecos. Son esas cosas positivas las que debemos subrayar y resaltar.
Tampoco hay que desdeñar el trabajo de más de 50 mil ciudadanos que participaron en las casillas electorales, ya fuera como funcionarios o como representantes, como suplentes, pero que fue un trabajo que merece todo nuestro reconocimiento.
Nuestro triunfo ya fue descrito con detalle. Tenemos las actas que lo prueban, firmadas por los representantes de los partidos contendientes. Debo señalar que hasta hoy no se ha presentado ninguna sola impugnación, ni una sola prueba del supuesto fraude ante la Comisión Estatal Electoral. Destacamos que los antecedentes al día de la elección mostraron un favorable desarrollo y los acuerdos necesarios para que se llevara a cabo el proceso electoral del pasado 8 de noviembre, en completa tranquilidad y con gran participación de la ciudadanía, como pudimos constatar los que atestiguamos la jornada, y que fue señalado ampliamente el lunes 9 de noviembre y días posteriores por los medios de difusión, que reconocieron y elogiaron la actitud cívica de todos los tamaulipecos.
La mecánica y cronología de los hechos ocurridos en los comités electorales, demuestra la estela de ilegalidades provocada por Jorge Cárdenas a su paso. Pareciera que en lugar de cuidar las oficinas de los organismos electorales, para demostrar su supuesto triunfo, se propone destruir
toda evidencia de su fracaso electoral, incubado desde la campaña de provocación e injurias que desarrollaron a lo largo del Estado en los últimos meses.
La ciudadanía tamaulipeca, por voz propia, a través de todos los medios de comunicación, y por nuestro conducto como sus representantes populares, denuncia estos lamentables hechos que violentan la seguridad y la paz social, con hechos aislados, posteriores al proceso electoral, y exigimos:
Primero, la intervención de los partidos políticos participantes en los hechos, para suspender de inmediato toda la acción contraria al derecho y al interés ciudadano y violatorias a nuestras leyes.
Segundo, la ciudadanía ya manifestó con su voto su clara voluntad y preferencia por los candidatos de su elección, que se permita la labor de las autoridades electorales para que desarrollen su trabajo, y emitan los veredictos de la voluntad popular en tiempo y forma.
Tercero, que las autoridades judiciales agilicen las investigaciones, la integración de las averiguaciones respectivas, para lo cual cuentan con pruebas y testimonios, y que actúan pronta y expeditamente en cumplimiento de la Ley y por el retorno de la tranquilidad y la preservación de la paz.
Cuarto, que se respete a los representantes de los medios de comunicación y se salvaguarde su integridad física para garantizar la libertad de expresión, y la oportunidad de la información, indispensable en estos procesos.
Los tamaulipecos, desde antes de iniciar esta contienda electoral, coincidimos en manifestar nuestro deseo por vivir un proceso ejemplar. Nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, convocó insistentemente a cumplir con nuestro compromiso de civilidad política. Hoy, en esta tribuna, demandamos la aplicación enérgica de la Ley. Los tamaulipecos votaron; con su voto obtuvo la mayoría el Partido Revolucionario Institucional; la autoridad electoral otorgó ya constancia de mayoría para las alcaldías de Ciudad Victoria y Río Bravo a los candidatos del Partido Acción Nacional, y de Ciudad Madero al candidato de la coalición.
Respetamos sus triunfos, pero exigimos que se respeten los nuestros. Hemos dado múltiples muestras de conciliación, no de debilidad. No se confunda nuestra posición. Exigimos respeto a la Ley, y sobre todo exigimos respeto, respeto irrestricto a la voluntad popular, ya manifestada en el voto. Muchas gracias.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar (desde su curul): - Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Humberto Flores Cuéllar.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar: - Con su permiso, señora Presidenta.
He querido subir a esta tribuna porque da tristeza que continuamente vemos por todos los medios de difusión, y por todos los que en una forma o en otra formamos parte de la política de México. Y cada vez que pasa una elección, aquí estamos todos los partidos políticos señalando, unos, en su gran mayoría de las veces nosotros los de oposición, los fraudes que continuamente nos hace el partido oficial; a su vez el partido oficial sube, y habla de la civilidad política, habla de los procesos limpios electorales, habla de la transparencia de las elecciones, y ¿qué es lo que sucede, mis amigos? Que aquí en este Congreso se aprobó una Ley Electoral Federal y que por falta de civilidad política los estados, y por su autonomía, no la han podido acoplar al más o menos llevarla congruente con la Ley Federal, como lo hace también con la Constitución.
Pero resulta que todas las leyes electorales de los estados en su gran mayoría están tremendamente hechas para favorecer al partido oficial.
En este proceso de Tamaulipas los tamulipecos teníamos confianza de que iba haber un proceso limpio electoral, pero cuál sería nuestra sorpresa que la Ley está hecha para ganar de todas, porque el presidente del Comité Municipal Electoral es quien escoge a los funcionarios de las casillas, es su facultad de él nombrarlos, y además se logra un acuerdo muy favorable, fíjense, de firmar las boletas al reverso por los funcionarios de casilla, en un sorteo, eso sí. Y se habla de que no hay, no hubo impugnaciones, dependiendo de quién las pusiera. Aquí se recibe una, al verse que dice: "El Presidente de la casilla se negó a pedir identificación a personas desconocidas por la mesa directiva". ¡Ah, ésa no cuenta¡ Y la cancela.
Hay civilidad política por el partido oficial, cuando el mero día de las elecciones, el día 8 de noviembre, sale una plana completa que dice: "Trascendental cierre de campaña de los candidatos tricolor". El día 8 de noviembre. Eso se llama civilidad política y transparencia electoral, y también procesos limpios.
Y se habla de que no somos congruentes con lo que decimos y que dejamos descalificado nuestro partido.
A mí se me hace que aquél que estamos descalificando es al Ejecutivo Federal, porque hoy en la prensa, dice el Ejecutivo Federal, con justa razón, yo creo: "Tenemos que avanzar en la transparencia financiera en los recursos de los partidos, en lo que hace a los topes de los costos de las campañas en cuestión de los medios". Aquí está una. Pero fíjense nada más que aquí el Proceso del día 21 de septiembre, dice que cuando va pasando el candidato de Tamaulipas a ex senador, emanado de Programa Nacional de Solidaridad, va dejando temblando los municipios, y los amparan con notas de gastos de gasolina, comidas y gastos de representación, así como 20 millones en Sotolamarina, 24 en Padilla, 18 millones en San Carlos, y así sucesivamente. Pero no obstante eso, el señor Alvaro Villanueva Perales, Coordinador Estatal de Programa Nacional de Solidaridad, amablemente compra un rancho a los señores Santos de Monterrey, un rancho que se llama La Cecilia o Cecilia, Santa Cecilia, y se lo regala al candidato del partido oficial, una casa muy bonita en forma de pirámide, por cierto, con un valor de 1 mil millones de pesos; esto en gratificación al ex - delegado del Programa Nacional de Solidaridad en ese estado.
Se gastan 2 mil despensas en el municipio de Jiménez, con un valor de 40 millones de pesos, antes del proceso electoral.
También hay civilidad política cuando dejamos en entredicho y descalificamos a los señores que manejan el proceso electoral a través de los padrones y credenciales, porque casualmente ese día, en la mañana, llegan varios microbuses con estudiantes de la facultad de agronomía y empiezan a votar con unas credenciales flamantitas que les acaban de entregar; detuvimos a un muchacho, lo llevamos al ministerio público, hace su declaración; el señor vivía en Victoria, pero allí un señor Covarrubias lo empadronó allá, en Jiménez, y ese día fue por la credencial y fue a votar.
Esos son procesos" limpios y transparentes", así también entre comillas.
Y también dejamos en entredicho al Ejecutivo Federal, porque dice que cuando los partidos ganamos decimos que hay democracia, y cuando perdemos decimos que hay fraude. Yo les aseguro a ustedes que nunca hemos dicho que hay democracia; queremos llevar al país hacia la democracia, ¿ pero qué hace el partido oficial? Corromper , destruir la sensibilidad política de los ciudadanos, a través de 50 mil pesos por un voto, así en Puerto de Factoría, señores.
Creo que ustedes lo saben.
Sabemos que esta lucha en Tamaulipas va a estar muy difícil, porque Cavazos Lerma es la familia Programa Nacional de Solidaridad - salinista. A través del Programa Nacional de Solidaridad llegaron los senadores, varios y columpiados con esos senadores de 1991, llegaron muchos compañeros nuestros que tenemos el gusto de tener aquí con nosotros. O sea, pero va a estar difícil.
A la mejor aquí más de dos quieren ser interinos, pero va a estar difícil. Es de la familia, y hay que prepararse, amigos, porque el Programa Nacional de Solidaridad va a ganar, no el Partido Revolucionario Institucional, y ustedes lo saben perfectamente que se va hacia la familia salinista y no es el partido oficial.
Así es que, en concreto, descalificamos muchas cosas que el Ejecutivo ha dicho aquí, en esta tribuna, el día 1o. de noviembre.
Yo creo, mis amigos, que hay que buscar los responsables de tantas y tantas cosas que se dan en los procesos electorales, sino no vamos a llegar nunca a realmente poder sensibilizar a la gente a través de los procesos electorales. Viene el año 1994, y yo creo que ya muy atinadamente el Presidente de la República dijo aquí, en esta tribuna, que pondría ya topes en las campañas políticas; ya nada más faltan uno o dos de la familia Programa Nacional de Solidaridad que se vaya a gobernador, y entonces ya apretamos.
Por lo pronto se va Cavazos Lerma. Muchas gracias, señores.
La Presidenta: - Para rectificar hechos , tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
En ningún momento he dudado del clima de libertad en este régimen del Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
Desde más o menos 1936, he visto el desarrollo de los procesos electorales. Recuerdo el tiempo en que había una casilla para obtener los votos
de un solo candidato y enfrente la del otro; y recuerdo haber visto alguna vez cómo llegaron a robarse las urnas de un candidato opositor al Partido Revolucionario Mexicano.
Y así he visto evolucionar la forma del proceso electoral en todos los tiempos, y de una cosa estoy seguro: Vamos caminando, quizá lentamente, hacia una democracia. Es cierto, nos está costando trabajando, principalmente al pueblo de México, concientizarse del por qué y la razón de las cosas o de una campaña para obtener un adecuado e idóneo representante en el Gobierno.
La señora diputada Laura Alicia Garza, a quien desde este lugar le hago patente mi respeto, nos invita a la reflexión y al análisis; bueno, yo acepto esta invitación y digo, les pregunto a ustedes: ¿Por qué se retiró la policía? ¿No tenía obligación la policía de guardar el orden allí? ¿ No tenía obligación el señor gobernador de garantizar la paz social?
Tal parece que se buscaba que se quemaran las boletas, como que se trataba de ocultar esta reflexión pregunto también: ¿quiénes traían o quienes manejan estos aparatos para rociar los ojos con amoniaco o con éter¿ Solamente alguien, ¿verdad?
Pero lo más curioso de eso se habla de un ataque artero a dos camarógrafos o a uno, ¿por qué esa reacción del pueblo? ¿qué acaso el pueblo ha perdido la fe en la seriedad de un canal? De un canal de televisión que el lunes primero del mes de octubre en un spot, digámoslo así, estaban dos niños platicando y uno le dice al otro: bueno, si hay reelección pues será producto de la democracia. ¿No será esto acaso motivo de que el pueblo mexicano ya un poco concientizado empieza a darse cuenta de que la televisión tiene algún interés? ¿O que un exponente y portavoz del capital internacional, el señor Jacobo Zabludovsky, frecuentemente difunde noticias con cierta tendencia, proclive a favorecer a un sistema político o gubernamental? ¿No será eso también el motivo?
La semana pasada vi un programa, donde el señor, buen artista Jorge Ortiz de Pinedo, y aquí es donde les pido por favor su atención y su seriedad. Ortiz de Pinedo hace el papel de Don Juan Tenorio, queriendo hacer, ese es el tema permítanme compañeros; tengo derecho a hablar y después si no están de acuerdo pueden venir.
En este sketch que pretende ser un remedo de la gran obra de Zorrilla, Don Luis le dice a Don Juan Manuel: ¿pues quién soy? Y dice: soy Hidalgo y se destapa la boca. Luego Don Luis también se destapa y dice: yo soy Morelos.
Yo creo que el pueblo de México está perdiendo también el respeto para un canal que ridiculiza a nuestros héroes. Para finalizar, me están pidiendo tiempo, aún sin haber terminado los cinco minutos.
Yo les pido, compañeros, su apoyo, les pido su apoyo para que hagamos dos peticiones, yo las voy a hacer en este momento y una protesta; una protesta porque se han violado los artículos 14 y 16 constitucionales por la detención de mi compañero, el compañero Servando Hernández, pues se viola flagarantemente el artículo 14 constitucional y, además no se ajusta al procedimiento que funde y motive la causa legal del mismo como dispone el 16 constitucional.
Las peticiones son las siguientes: Primero, que se castigue a quien agredió a los camarógrafos, y la segunda, compañeros, para que el pueblo de México tenga un canal de televisión en quien confiar, que no se privatice el Canal 13, para que el pueblo de México tenga un canal de televisión en quien confiar, en el que no se ridiculicen nuestros héroes, en donde se enseñe a respetar y a querer a los hombres que dieron su vida por crear y hacer la patria que tenemos. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Jorge Oceguera Galván: - Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
Vengo a hacer uso de esta tribuna para referirme al reciente proceso electoral celebrado el pasado 8 de noviembre en el Estado de Tamaulipas.
Los partidos políticos somos entidades de interés público quienes representamos a grupos sociales y programas políticos, por ello no podemos ni debemos orillar a grupos de ciudadanos a la violencia y a la ilegalidad.
Es indispensable dejar claro en esta tribuna la responsabilidad que tenemos los partidos políticos con registro que participamos en la vida política nacional. Por ética política, es nuestra obligación exigir el cabal cumplimiento de los derechos civiles pero también cumplir nuestras obligaciones.
En el Estado de Tamaulipas la situación fue muy clara, lo señalo nuestro partido al inicio de ese proceso electoral, diciendo que en un puñado de ambiciosos y politiqueros querían apoderarse de la bandera de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, de las posiciones políticas del Estado, para ponerlas a sus servicios e intereses.
En ese sentido, la responsabilidad política del Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática salta a la vista. Aquí no podemos dejar engañarnos, Jorge Cárdenas los rebasó, señores, utilizándolos para sus intereses personales. Se está pretendiendo hacer aparecer que en hechos violentos, aislados, de Tamaulipas, se vive un clima de intranquilidad y de ingobernabilidad. Nada de eso es cierto, señores; los tamaulipecos pudieron vivir una jornada electoral tranquila y fueron a votar por los candidatos de su preferencia. Quienes así lo desearon. Y no fue si no hasta el momento en que empezaron a recibir las actas, las cuales reflejaban rechazo de los tamaulipecos a esa coalición, esa misma noche en conferencia de prensa, Jorge Cárdenas empezó a hablar de fraude, cuando ya tenía en su poder las primeras pruebas su derrota.
Al día siguiente en el motel "Las Fuentes", propiedad de él, Jorge Cárdenas preparaba la llamada resistencia civil, que es muy su estilo particular, que no es otra cosa que una incitación a la violencia desencadenada por agitadores profesionales de ultra derecha, llevados desde Nuevo León y otros lugares.
En las dos ocasiones en que Jorge Cárdenas había logrado ganar la presidencia municipal de Matamoros, había utilizado los mismos métodos violentos. Estos hechos incluían también marchas, estrangulaciones de las vías generales de comunicación como las carreteras y hasta puentes internacionales.
En el recorrido que por todo el Estado preparó para Jorge Cárdenas, un individuo llamado José Hernández Alcántara para el día 11 de noviembre, se realizaron los siguientes hechos violentos:
A las 12.00 antes meridiano en el municipio de Ocampo, donde se inicia y se incita a la violencia, pero no encontró eco, pues la segunda fuerza de ese lugar somos cardenistas, donde se impidió la asonada.
A las 4.00 pasado meridiano bloquea la carretera del municipio de Xicoténcatl, impidiendo el acceso de los camiones cargados de caña de azúcar del ingenio "Aarón Sáenz", esto provocó la condena de los trabajadores; al no tener la respuesta los miembros de la coalición, se dirigieron al Comité Municipal Electoral, en donde lograron prenderle fuego a tales oficinas.
A las 6.00 pasado meridiano del mismo día, en el municipio de Gómez Farías, entró a tiros Jorge Cárdenas, abrió violentamente las oficinas del Comité Electoral Municipal y también se le prendió fuego a estas oficinas. Situaciones similares intentaron en algunos otros municipios, como en el municipio de Mante, en Antiguo Morelos. Pero desgraciadamente para ellos, su fracaso fue rotundo, porque no encontraron la respuesta que ellos querían encontrar.
Mientras tanto, ese mismo día 11, en Matamoros, otro grupo de provocadores dirigidos por Jorge Cárdenas Gutiérrez, su hijo, inició acciones violentas que concluyeron con la quema de las oficinas del comité municipal.
Hay que mencionar que dentro de estas acciones, se dio una cobarde agresión contra los medios de comunicación que únicamente cumplían con su trabajo profesional: el de informar.
Estos son los hechos aislados, ni tampoco el resultado súbito de pasiones encendidas, es más que eso, un plan, un programa concebido para generar violencia poselectoral.
En Tamaulipas, el caso ha llegado a un extremo intolerable; después de una derrota demasiado amplia para ser sospechosa, la coalición Partido de la Revolución Democrática y los denominados jorgistas, han diseñado un programa que ya ni siquiera es de resistencia civil, sino de desestabilización política y de provocación casi militar.
No negamos el derecho a la revisión de protesta o de inconformidad o de impugnación. Es posible y deseable, en un sistema democrático, que los inconformes y las minorías protestemos ante los hechos que consideramos lesivos. Sin embargo, la democracia debe de contener los mecanismos y los procedimientos de las protestas e incluso la resistencia civil; es un procedimiento moralmente válido.
Por lo que hemos visto en Tamaulipas, no es ni la resistencia civil ni la protesta legítimamente organizada y mayoritariamente, sino es una muestra máxima de una evidente campaña de desestabilización y de desprestigio para los procedimientos electorales
¿A quién le conviene volver irrelevantes las elecciones? ¿A quien le conviene un proceso de
desestabilización en el norte del país? ¿A quién se beneficia de la violencia y de la provocación?
Nuestro partido exige que inmediatamente sean investigados estos hechos ilícitos desde su origen, que se deslinden responsabilidades y que sea aplicada con toda energía la Ley contra los autores intelectuales y materiales de dicha violencia en contra de la voluntad popular, expresada en las urnas el pasado 8 de noviembre por el pueblo tamaulipeco.
Tamaulipas si bien es cierto es un Estado en el cual todavía permanecen muchos reclamos de justicia social; es un pueblo que realiza esfuerzos por incorporarse al diario desarrollo nacional y salir del atraso económico y social en el cual se encuentra.
El pueblo votó, y lo hizo bien. Votó por el pluripartidismo, independientemente de que se nos quiera maquillar la realidad. Se ha tratado de hacer que es una lucha únicamente entre dos gigantes, minimizando a otros partidos y a otras fuerzas políticas, que han participado y participaron en la vida política de ese Estado.
Los votos obtenidos por nuestro partido, son el resultado de un trabajo arduo, lleno de sacrificios, así como de un programa político claro y definido: El programa histórico del cardenismo.
Ya apareció en los conflictos poselectorales. A juzgar por los últimos casos, no hay elecciones en México sin violencia, sin impugnaciones, sin esa famosa segunda ronda que nada tiene que ver con el proceso electoral.
En Tamaulipas, la violencia poselectoral pone en riesgo la transición democrática, más aún, pone en riesgo la viabilidad de la democracia. ¿Quién va a considerar ahora a las elecciones como un procedimiento democrático por excelencia, cuando invariablemente se pone en duda sus resultados? y peor aún, ¿quién va a querer participar en las elecciones, sin más que para prepararse para la victoria política se preparan para la resistencia civil o a la violencia armada?
Revisemos los casos de inconformidad poselectoral en las elecciones posteriores a 1991 y encontraremos irregularidades pasmosas, invariablemente se cuestionan, invariablemente se desconocen.
Después de Guanajuato, después de San Luis Potosí, después de Michoacán, pareciera que las elecciones ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque sólo eran la fase preparatoria para una lucha posterior donde las triquiñuelas, las negociaciones, los chantajes y las concesiones sustituyen ya al voto del pueblo ciudadano.
En México el sufragio ya no se hace efectivo en las urnas ni en la mayoría, sino en las oficinas de los gobiernos y en los medios de información. Parece que basta un pequeño número de inconformes, con un amplio respaldo informativo o una gran capacidad para llamar la atención, para imponer o negar o cambiar los resultados electorales.
Lo curioso de este caso es que esto se hace en nombre de la democracia, en nombre del sufragio efectivo. Se hace en nombre de las mayorías. Gracias por su atención.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas (desde su curul): - ¡Para rectificar hechos!
La Presidenta: - Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Ciudadana Presidente, señoras y señores diputados:
Pareciera que los hechos graves que se han mencionado en esta tribuna en momentos se perdieran y aunque admito el compañerismo y camaradería que ha privado a esta Legislatura desde el principio, en momentos parece que no hubiera indignación, no hubiera malestar y preocupación por los hechos graves que se han venido a denunciar en esta tribuna.
Los hechos violentos sucedidos en Matamoros no es una situación nueva en el país, es una táctica que ha seguido desde hace muchos años el Partido Revolucionario Institucional en muchos de los estados de la República y tenemos pruebas de ello:
En San Luis Río Colorado, en Monclova, en San Luis Potosí. La quema de palacios municipales la destrucción de evidencias no solamente electorales, sino en un momento de turbios manejos de la administración y que han tratado de culpar a la oposición, de esas atrocidades que se manejan desde el mismo poder o desde el mismo Partido Revolucionario Institucional.
Me parece una ligereza que se venga a esta tribuna a hacer señalamientos por quienes desde el principio tenían temor a perder las elecciones y estaban derrotando a los partidos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y a su candidato a la gubernatura; ¡descalificándolo
desde antes de las elecciones, porque se sentían impotentes y temerosos de poder ganar la votación! ¡Desde ahí empezó el miedo y las acciones a pretender descalificar a los contrincantes!
¡No les fue posible hacer esto e inventaron o urdieron esta situación que nos trae en esta tribuna ¡Ya basta, ya basta de que se siga incriminando la oposición de la violencia que se está generando como ya lo dijo mi compañera Lidia Madero desde las propias acciones fraudulentas del proceso electoral! ¡Desde la preparación del proceso electoral y del desarrollo de los comicios, que son fraudulentos!
Ahora con estas evidencias sucedidas en Matamoros, en Puebla y en Sinaloa, ¡vemos muy bien cuales fueron los resultados de las pláticas que sostuvo el Presidente de la República con los miembros del Partido Revolucionario Institucional!
(Aplausos.)
Tal parece que el Gobierno, el Partido Revolucionario Institucional y el propio Ejecutivo, ya le tuvieron miedo a la democracia que se ha demostrado en varios estados de la República. ¡Ya le tuvieron miedo y ahora vuelven a las mismas actitudes que tradicionalmente los ha caracterizado a través del fraude electoral!
¡Esto no es democracia y esto exige una definición del Ejecutivo! ¡No bastan los discursos ni basta la transparencia de recursos, como aquí se vino a decir en esta alta tribuna de la nación! ¡Hace falta también la moral política! ¡Hace falta la voluntad para vivir la democracia en México! Lo demás es pura demagogia y son puras promesas que se suman a las que tradicionalmente gobernantes anteriores han señalado. (Aplausos.)
Nosotros, Acción Nacional, condenamos la violencia generada en este Estado. Exigimos una investigación a fondo por parte de las autoridades, pero no de las autoridades estatales, porque ellas desde un principio ya estaban descalificando al candidato a gobernador de la coalición.
Ojalá y en esta ocasión la Procuraduría General de la República pudiera hacer una investigación que diera satisfacción no solamente al pueblo de Tamaulipas, sino también al pueblo de México. Y ojalá la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera asomarse también por allá para poder deslindar responsabilidades y saber quiénes provocaron la violencia, quiénes provocaron la violencia y quiénes nos tienen estos momentos discutiendo un proceso electoral, como los van a tener en momentos más adelante otros procesos electorales de otros Estados. Y así seguiremos indefinidamente, en tanto no exista la voluntad política por parte del Partido Revolucionario Institucional y por parte del Ejecutivo para que realmente se viva la democracia. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Con su permiso, compañera Presidenta.
Hablar de las elecciones en Tamaulipas no tiene trascendencia sólo para esa entidad, obviamente, es parte del cuadro de la vida nacional, por eso merece, con toda justeza, que se trate aquí. No vale decir que no nos corresponde por ser un problema de un Estado; ¡ya no es problema de un sólo Estado!
Independientemente de los hechos muy concretos que cada uno de los compañeros diputados y compañeras que han venido aquí a exponer, independientemente de esos hechos particulares que pudieran ser objeto de investigación y de comprobación, lo que interesa es ver cómo influye esto, como influyen los hechos de Tamaulipas en la vida nacional.
En primer término, creemos y tenemos que reconocer que vivimos en el país un clima político - electoral que no nos permite a ninguno de los partidos afirmar que estamos satisfechos y que todo está bien. Prueba de ello es que desde la Presidencia de la República, desde el Ejecutivo, han sido planteadas algunas iniciativas, tres concretamente, que sabemos y esperamos que no sean las únicas y las últimas, consecuencia obviamente de un reclamo nacional, de un reclamo que nos atrevemos a decir que procede incluso de las filas y de la dirigencia del mismo Partido Revolucionario Institucional.
Por lo tanto tenemos que aceptar que sí hay protestas y sí hay inconformidad y disgustos previos y posteriores a la elección de Tamaulipas, es que efectivamente no hemos podido lograr las condiciones que permitan que importantes sectores de la ciudadanía mexicana vean y participen en los procesos electorales con plena confianza; pero también es cierto que hay a veces excesos de emotividad, que van propiciando los procesos electorales y los resultados electorales, nos parece que en ocasiones de una manera irresponsable. Así como hemos visto, hemos escuchado llamamientos a la movilización cívica dentro del orden y de las leyes, también hemos visto y hemos leído de llamamientos a la "resistencia civil" que en algunos casos y en algunos aspectos son francas violaciones a la Ley y eso no lo podemos admitir.
Lo que ha pasado en Tamaulipas es en nuestro concepto reflejo de esas condiciones nacionales y también de condiciones que se han ido creando en algunos dirigentes políticos y creemos que han actuado con cierta irresponsabilidad. Nos está costando mucho trabajo a los mexicanos desenraizar, desarraigar, acabar con toda esa cultura o subcultura que pudo funcionar hace decenios pero que hoy ya no nos sirve de violar con cierto descaro y comodidad las normas electorales, ya no, México ya cambió efectivamente, somos otros los mexicanos, ya no podemos y ya no queremos permitir que eso siga sucediendo.
Nos está costando trabajo desarraigar eso pero también tenemos que advertir que podemos entrar a una nueva etapa más peligrosa o muy peligrosa; que para resolver las inconformidades y la desconfianza hay que organizar medidas tales de uno u otro partido o planteamientos de uno u otro dirigente político con la idea, y eso campeó en algunos dirigentes políticos en Tamaulipas con la idea de que quien resuelve las controversias es el Presidente de la República y no la Ley y eso es más grave todavía, lo rechazamos totalmente venga de quien venga.
Nosotros por supuesto compartimos, como todos los demás partidos políticos, ese anhelo de llevar o de llegar a una vida política razonablemente sana, clara y limpia, pero lo que no debemos aceptar es que se llegue a extremos de violencia como los que sí se sucedieron en Tamaulipas, que no son comunes, el hecho de incendiar locales o lo que ya se ha dicho aquí harto conocido, harto escuchado, eso no se puede permitir por nadie de ninguno de nosotros; eso debe hacer pensar a los dirigentes políticos de todos los partidos, que nuestra responsabilidad de hasta dónde actuamos y decimos, hasta dónde decimos orientar para que lleguen ciertos grupos o gentes, individuos, por muy loable o muy respetable que pudiera ser su anhelo de justicia, que lleguen a esos extremos porque en el momento en que nosotros aceptamos que es válido, que está justificado que se llegue a esos extremos de la violencia o a la violencia en general, en cualquier forma de la violencia pre y poselectoral, estamos abriendo el camino para la represión.
¿De quién?. De quien también pudiera tener interés y la baja calidad de entrar en otra nueva forma más peligrosa de las prácticas innecesarias y negativas de la política.
La represión con el poder desde el Gobierno o sin él, y esto es más grave, por lo tanto, y para terminar esta breve intervención creo, hacemos un llamamiento a todos los partidos representados en esta Cámara, a sus dirigentes, para que nos pronunciemos públicamente contra la violencia sin ambages, la violencia electoral, que la condenemos.
Porque si no lo hacemos así, estaremos entrando y abriendo la puerta para una nueva forma más peligrosa y más negativa; por lo tanto nosotros pedimos, exigimos que se investiguen los hechos acontecidos en Tamaulipas y se castigue a los responsables sean quienes sean; sean de los partidos políticos que sean, tengan el cargo público o no, que tengan.
Porque debemos separar dos cuestiones; tenemos que hacer un esfuerzo de distinguir, una cosa es o una cosa son el proceso y los procesos electorales, las prácticas electorales, buenas, malas, medianas, condenables o no que deben también criticarse, señalarse y señalar a los culpables, eso por una parte, todo lo que se quiera en el plano de la legislación electoral y de la práctica electoral, pero separemos, pongamos en campo aparte lo que es la violencia que rebasa el plazo electoral que cae en el terreno del delito y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Felipe Bravo.
El diputado Luis Felipe Bravo Mena: - Con la venia de la Presidencia, compañeros diputados:
Es noche, pero los hechos ameritan reflexión. Comisionado por el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, estuve en Tamaulipas durante los días previos a la jornada del día 8 de noviembre y los dos días posteriores; soy testigo directo de la reunión que aquí se vino a decir como una sorpresa y documentos presentados, fue una
reunión abierta, la prensa asistió, se tomaron fotografías, una reunión pública que todo el mundo pudo escuchar lo que ahí se planeó y lo que ahí se platicó.
Yo vengo a proponerles a ustedes un esfuerzo de reflexión sobre lo que ha pasado en Tamaulipas, y la primera pregunta que yo lanzaría sería la siguiente: ¿a quién le beneficia el crímen? La pregunta que todo buen investigador y toda gente que quiera encontrar la verdad, debe hacerse.
¿A quién le benefician los hechos de Matamoros? ¿a quién le beneficia que hoy las autoridades judiciales persigan a los candidatos de oposición, acusados de haber lanzado un proceso violento? ¿A quién le beneficia que la ciudadanía quede expectante ante hechos violentos y que se baje la movilización de protesta por el fraude, a quién le favorece?
No fue la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática la que comenzó a hablar de lumbre, señores diputados, no fuimos la oposición democrática la que empezó a hablar de lumbre en este país; ustedes, señores de la mayoría, del Partido Revolucionario Institucional, fueron los que empezaron a hablar de lumbre, ciertamente, en una reunión secreta el 21 de octubre en Los Pinos con el Presidente de la República. Ustedes hablaron de lumbre. El discurso que no se publicó, a que no dejaron entrar a la prensa para que no escucharan lo que ahí se iba a decir, ahí sí hablaron ustedes de lumbre. Les recuerdo las frases que se filtraron luego en las columnas: que la oposición no se acerque a la lumbre porque se va a quemar. Y ahí está un dato preciso que yo invito a que lo tengamos presente, en la relación de hechos que voy a narrar enseguida:
Primero. Los números de las actas esas que se dicen firmadas, esas que dicen contienen la victoria abrumadora en un proceso tranquilo y transparente del Partido Revolucionario Institucional, no hacen sino contener, como lo ha dicho un autor hoy en La Jornada, un torrente de irregularidades.
En Ocampo, grupos de personas con credenciales múltiples detectadas, carrusel de votantes, reparto de boletas y taqueo, compra de votos, señores.
En Xicoténcatl, vehículos acarreando votantes, votantes sin credencial y una nueva manera de hacer el fraude, un invento en Tamaulipas que ahora seguramente veremos en otros lados: apuntan el nombre del votante en la boleta en Xicoténcatl, para que se viole de plano el secreto y la libertad del voto.
Mante. Presión sobre los votantes, grupos de fotógrafos, intimidación a los electores, porros de la Universidad sobre los votantes en las colonias populares, compra de votos también.
Matamoros. Alteración grave del padrón. La clave del fraude y aquí vamos a ir encontrando el hilo conductor de todos los acontecimientos está en lista de los votantes palomeada. Cuando nuestro candidato en Matamoros en la reunión del martes dice: señores, en Matamoros el fraude se puede descubrir en la lista de votantes que está en los paquetes electorales, porque con una verificación que se hizo de un solo caso en una casilla, se encontró que la mitad de los que habían votado eran terrenos baldíos, muertos y personas inexistentes. Ahí estaba la prueba del fraude y por eso han quemado el local, por eso le han prendido fuego, no fue la oposición.
Tampico. Presión e intimidación sobre los votantes, grupos de porros universitarios también operando.
Hidalgo. Funcionario de casilla priísta que renuncia, un Presidente de casilla que renuncia, la casilla 2, y luego aparece como representante general del Partido Revolucionario Institucional. Maravilla de la imparcialidad.
Guemes. Robo de urnas, funcionarios de casillas pagados para entregar buenos resultados.
Antiguo Morelos. Brigada de votantes múltiples, policía rural llevándose los paquetes y violando los sellos donde estaban guardados los paquetes.
Jiménez. Porros de la Universidad, presiona a los ciudadanos y agrede a los representantes de oposición.
Valle Hermoso. Presidente de la Comisión Municipal, hermano del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Otra maravilla de la imparcialidad y la civilidad política.
González. Ciudadanos con credencial no aparecen en el padrón, recogen credenciales a los ciudadanos, presionan por la noche, una nueva operación, la operación murciélago, señores, porque como se habían comprometido a no hacer operación tamal y nos fueron a endulzar la tarde anterior, y lo digo con toda claridad, en Ciudad Victoria, por una iniciativa de los delegados del Partido de la Revolución Democrática, del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido
Revolucionario Institucional, nos hace una invitación para que vayamos, para que tengamos una jornada tranquila y que los incidentes que se provoquen sean arreglados de inmediato, y se comprometen a que no habrá operación tamal; no, había habido ya operación murciélago.
Abasolo. Brigada de voto múltiple, compra de voto, cambios de funcionarios de última hora.
Lleras. Rasuramiento del padrón.
Ejidos. En los ejidos gana la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática.
Bien, este suceso de hechos provocan en la oposición, en la coalición, provocan una indignación cuando se van conociendo y acumulando los datos. Es explicable y de ninguna manera una estratagema posterior, que en la medida en que van llegando los datos, lo que al principio se veía tranquilo y parecía sin mayores incidentes, conforme van llegando los reportes va subiendo la indignación y se va descubriendo el cuadro de fraude.
Entonces es por eso que en la tarde estaba claro que estaba la elección falseada, que la elección no había sido limpia ni democrática. De ahí entonces se convoca a los candidatos el martes, en el motel Las Fuentes, y ahí en esa reunión se deciden dos cursos de acción; de ninguna manera una cosa secreta ni ninguna cosa escondida; era una cosa abierta, estaba el público, estaba la prensa nacional e internacional en la reunión, y se deciden dos cursos de acción: el curso de acción legal, presentar las protestas para invalidar los resultados de las casillas que estuviesen gravemente alteradas por los acontecimientos antes narrados.
Es curioso que hoy se dice: no se ha presentado ningún recurso, pero ¿cómo van a presentar ningún recurso si están cerrados los comités distritales y los comités municipales, no les reciben los recursos, y éste es el curso de acción legal, para ir legalmente a la anulación de la elección que estaba plagada de irregularidades?, y la ley electoral de Tamaulipas, aunque se diga que es muy atrasada y es verdad, tiene algunas verdaderas perlas negras, que son buenas para los procesos electorales. Resulta que está tipificado como delito el andar comprando votos, el andar haciendo promoción el día de la jornada. Esos sí son delincuentes y sobre eso pedimos que caiga, como también a los provocadores, el peso de la Ley para los delincuentes electorales. (Aplausos.)
Se decidió también el curso de acción política, curso de acción política pacífica, y en esta gira, en este curso de acción política, se decidió una gira del candidato de la coalición por los municipios otra vez, para explicarles lo que había pasado y para incitarlos a que presentaran los recursos de protesta legal.
Es curioso, y aquí hay otro dato importante, es curioso que enterados, porque no había por qué nos enteraran de la gira del candidato, justamente le vayan preparando la salida de cada municipio incendiando los comités. Un nuevo Atila, ¿no? nuevo Atila, ¿no?
Plantones y marchas, sí se decidieron plantones y marchas y esos son pacíficos y son legales. Finalmente..... Señores, cuando no les gusta escuchar piden tiempo. Aguanten.
Se decidió también una gran concentración el 20 de noviembre, en conmemoración de la jornada revolucionaria que se inicia con motivo del sufragio efectivo. Nada mejor que en esa ocasión. Por lo visto todo este teatro de violencia que se ha preparado, y que como ya lo ha dicho Gonzalo Altamirano, nada es nuevo, lo que se vio en Aguaprieta en 1985, se vio en San Luis Potosí en 1986, se vivió en Tejupilco en 1990, y esto no es más estrategia de implosión de los movimientos de protesta electoral legítimos de la ciudadanía, son movimientos que tratan de reventar la protesta ciudadana, provocándola con violencia.
En fin señores, ésta es la versión que yo les propongo que estudiemos también, ¿a quién le beneficia todo esto? Le beneficia a los que han cometido el fraude, a los que quieren borrar la huella que está en los paquetes, y por eso están quemando los locales electorales.
Finalmente señores, una reflexión general de lo que pasa en el país, que es finalmente lo que al Congreso de la Unión le interesa. Tengo la impresión que los acontecimientos de este 8 de noviembre en Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, son una clara señal, tienen un mensaje claro, que se desprende de la reunión del 21 de octubre en Los Pinos. El proceso de transición democrática se ha cerrado. Ganaron los duros, ganaron los tecnócratas que no quieren la transición democrática, ganaron los que quieren el regreso al sistema de partido único. La tribu incivilizada del Partido Revolucionario Institucional, ha irrumpido en el país nuevamente para que...... (Aplausos.)
Para impedir que los espacios que venido ganando, el diálogo político, la concertación política
para crear en el país una democracia competitiva como ahora se le dice en el lenguaje, fracasara y reventara totalmente.
Yo los llamo a una reflexión amigos del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ustedes también recurren a la petición de reflexión, permítanme hacerlo a mi en esta ocasión, y lo hago con toda honestidad y con toda lealtad. Vamos reflexionando sobre el cuadro y el camino que el país debe seguir. Este no es el camino señores. Mas vale que a pesar de este tropiezo grave que ha tenido el proceso de transición democrática este 8 de noviembre, nos sentemos a pactar las condiciones de la competencia leal, de la competencia transparente, y le demos al país la posibilidad de transitar, con estabilidad a la democracia, al desarrollo en el que todas las fuerzas políticas convivamos y podamos vernos la cara de frente, sin tener que insultarnos ni vernos como delincuente unos a otros.
Una última reflexión: esta última invitación que nos hacen para que descalifiquemos a nuestro candidato Jorge Cárdenas, no la admitimos, y no la admitimos por una sencilla razón: hoy nos dicen que es un alebrestado, que no supimos con quien nos metimos. Así nos dijeron con Pancho Barrios hace seis años, así nos dijeron con Maquío Clouthier hace seis años. Este hombre es un líder social; este hombre, como todos, tenemos nuestros defectos y tenemos nuestras virtudes, este hombre está aportando hoy sus virtudes y sus defectos al proceso de la democracia y lo vamos a apoyar porque es justa su demanda de reclamo democrático. Gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: - Con su venia, ciudadana Presidenta y compañeros.
De veras que el lenguaje y el tono que se ha venido a pronunciar hace un momento aquí es la negación de la representación nacional. Hombre violento, poco talento. Viene a usarse los adjetivos y los insultos para pedir que no haya insultos y que haya pacto. No lo entiendo, y creo que no lo entiende nadie en esta Cámara, y nadie que escuchara la versión por cualquier medio de lo que aquí se ha venido ha decir entendería ¿cómo es posible que se pueda usar esta tribuna para desbaratar cualquier intento de pacto civilizado, de razonamiento político, como estaban ya todos los partidos políticos con sus representantes, hasta antes de que subiera hablar quien me precedió en la palabra, encaminados en un punto común a recoger el planteamiento original de la manera que ustedes quieran, presentado aquí de una forma clara y justificada y legítima por Laura Alicia Garza Galindo, para que se reprobara simplemente, para que se reprobara la violencia de los hechos ayer en Matamoros? Era el planteamiento y era el punto de debate, no cuándo comenzó la violencia, no dónde están las causas de la violencia, no la versión que tengan unos y que tengan otros pueden ser muchas y nos pasaríamos mucho tiempo discutiendo. El planteamiento era: ¿Quién de aquí no reprueba los hechos sucedidos ayer en Matamoros? Y al final de cuentas subió la representante del Partido Acción Nacional y dijo que se investigue y se aplique la Ley, y subió el representante del Partido de la Revolución Democrática y dijo lo mismo, y subió el representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y dijo lo mismo, y todos en el mismo tono.
¿Qué necesidad hay, compañeros diputados de Acción Nacional, de venir a violentar con el lenguaje violento, un discurso en donde había congruencia y en donde todos los partidos estaban congeniando?
Yo creo que es muy simple todo lo que se ha dicho aquí se puede resumir en algo: Nadie, teniendo la explicación y la versión que quiera tener o que pueda tener y que de buena fe crea de lo que sucedió ayer como grave ejemplo en Matamoros, no puede hacer otra cosa más que reprobarlo y pedir que se aplique la Ley hasta quien le toque cumplir con la pena que le corresponda por lo que haya provocado ayer, pensándolo, planeándolo, ejecutándolo o continuando la violencia. Muchas gracias, señorita Presidenta.
MEDIOS DE INFORMACIÓN
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados.
Ahora es más importante venir a hablar aquí del ratón loco, de los grupos de choque de los cholos en Chihuahua, de los porros de la Universidad de Tamaulipas. ¿Qué es el fraude? ¿Quién lo comete? ¿Quién es el culpable? ¿A quién le puede interesar que el ciudadano común y corriente no participe en la política? Si donde gobierna el Partido Revolucionario Institucional
hay fraude, si donde gobierna el Partido Acción Nacional hay fraude, si donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática hay fraude; necesitamos una reforma política, cierto; necesitamos una mejor legislación electoral, pero necesitamos, sobre todo y eso lo sabe Enrique, necesitamos sobre todo una nueva conciencia política.
¿Quién juzga a quién? ¿Quién juzga a los que juzgan?
Un pueblo que permite la agresión a los trabajadores de la Prensa hablada o escrita, es un pueblo condenado a la esclavitud del sectarismo; quien agrede a la prensa atenta contra las libertades del pueblo.
El pasado 8 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales en el Estado de Tamaulipas; tanto las campañas como el día mismo de la elección, tuvieron amplia cobertura por parte de los medios informativos; aunque, como es comprensible, el trabajo de la prensa escrita, tanto de diarios como de radio o televisión, fue más amplia y profunda.
Desde el mismo día de las elecciones, los distintos partidos manifestaron sus puntos de vista, sus apreciaciones particulares y evaluación del proceso y sus posibles resultados.
En el marco de esta pugna electoral, el día de ayer se suscitaron en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, hechos no sólo lamentables, sino también condenables, en los cuales fueron agredidos trabajadores de Televisa y del Canal 7, cuando cumplían con la tarea de cubrir oportunamente el proceso electoral.
En consenso entre la ciudadanía, la importancia que reviste la posibilidad de estar informado y el peligro que en ocasiones los trabajadores de la comunicación corren, al tener que cumplir con su tarea en el lugar y en el momento de los sucesos.
Por otra parte, los legisladores del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional consideran completamente válido que cada partido exprese sus inconformidades ante los primeros resultados divulgados, pero por los canales adecuados, sin agredir a la ciudadanía en general ni mucho menos a los trabajadores de los medios de comunicación, en particular, cuya labor fundamental es no sólo para la vida política del país, sino también para mantener la cohesión y la estabilidad social de la nación.
Ante los disturbios suscitados en Matamoros, durante los cuales fueron agredidos trabajadores de la Prensa, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional propone el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
El pleno de la Cámara de Diputados lamenta y rechaza cualquier acto de agresión contra los trabajadores de los medios de comunicación, particularmente la sufrida por los camarógrafos de la empresa privada de televisión y el Canal 7 local, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el día de ayer, 11 de noviembre, durante los disturbios ocurridos ante la Comisión Estatal Electoral, solicitando, a la vez, una profunda investigación de los hechos y el castigo drástico a los responsables, conforme a la Ley.
Ruego a usted, señora Presidenta, ponga este punto de acuerdo a la determinación en esta soberanía.
Firman esta propuesta el diputado Alberto Carrillo Armenta, la diputada Luisa Alvarez Cervantes un servidor y los demás miembros de la fracción del Frente Cardenista.»Muchas gracias.
La Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta del diputado González Arreguín.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta presentada.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo......... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.......... Se acepta la propuesta señora Presidenta.
La Presidenta: - Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Fernando Lugo Hernández.
El diputado Fernando Lugo Hernández: - Muchas gracias. Señora Presidenta; compañeros diputados.
La violencia tiene como todo una causa, tiene como todo una razón y obviamente que ésta no se localiza ni en el momento de la jornada electoral que se vivió en el Estado de Tamaulipas. Esta se localiza más allá, ésta se localiza en la falla de los gobiernos para darle respuesta al pueblo. El pueblo tiene hambre y de alguna manera tiene que manifestar.
Reitero desde esta tribuna nacional que mi Partido Acción Nacional no utiliza como método de lucha la violencia para conseguir votos y mucho menos para ganar elecciones.
El Partido Acción Nacional no utiliza como método de lucha la compra con dinero del voto ciudadano. El Partido Acción Nacional no utiliza como método de lucha para allegarse votos, la coacción, la intimidación y la amenaza de quitarle el empleo a aquellos que trabajan para el Gobierno.
El Partido Acción Nacional no utiliza, no hace campaña política por encima de los espacios prohibidos por la Ley. El Partido Acción Nacional no es cómplice de delincuentes electorales ni se presta para llevar a cabo componendas ni hace trato con ellos...
La Presidenta: - Un momento señor diputado. Se solicita a la Asamblea ser respetuosa del orador.
El diputado Fernando Lugo Hernández: - El Partido Acción Nacional rechaza categóricamente toda imputación que pretenda hacerse para hacerlo aparecer como responsable de los hechos vandálicos sucedidos en la ciudad de Matamoros.
Lamentamos y reprobamos estos hechos. Lamentamos y reprobamos la agresión de que han sido víctimas personas que pacíficamente se encontraban en plantones ese día en el comité municipal electoral en respuesta de los resultados del cómputo.
Lamentamos y reprobamos aún más las agresiones de que ha venido siendo víctima la ciudadanía por parte de quienes se han empeñado en negarle el derecho a esa voluntad expresada en las urnas el pasado 8 de noviembre. Quiero señalar que si bien es cierto que de manera general y en apariencia, como se ha citado aquí, las elecciones fueron tranquilas, quiero decirles que no obstante esto hubo irregularidades muy serias que ponen en duda los resultados finales de la votación.
En el momento preparatorio de la elección se presentaron situaciones que de alguna manera influyeron para que el día de la jornada electoral los organismos electorales, es decir, comités distritales, comités municipales y mesas directivas de casilla, no cumplieran cabalmente con las disposiciones que señala la Ley para este día.
Como prueba de esto, un considerable número de comités municipales no permitió a nuestros comisionados estar presentes para el conteo de las boletas. El día de la jornada electoral en una gran cantidad de mesas directivas de casilla, sobre todo en el área rural, participaron propietarios y suplentes simultáneamente. En otras no se contaron las boletas como lo indica la ley.
En otros lugares del Estado, me quiero referir concretamente a los municipios de Abasolo, Jiménez, Casas, Palmilla, Jaumave y Miquihuana, tenemos testimonios de que un día antes de la jornada electoral miembros del ayuntamiento estuvieron pagando dinero en efectivo para de esta manera asegurarse el voto ciudadano. Estuvo presente también la coacción, la intimidación en la mayor parte de las mesas directivas de casilla, entre otras irregularidades que se presentaron.
Señoras y señores diputados:
No somos partidarios de los actos violentos, sabemos y conocemos cuáles son las instancias a las que debemos recurrir, pero exigimos que estas instancias actúen con toda imparcialidad. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Salvador Juárez García, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Salvador Juárez García: - Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Felicito a ustedes por esta resistencia de esta maratónica asamblea, nueve horas en lo que fue las iniciativas de ley y tres horas que tenemos con el caso Tamaulipas; cuando menos el caso Tamaulipas ha venido a darle un sabor de boca distinto y ha podido desencajarnos de como nos encontrábamos ya, tal vez cansados, aburridos; todavía nos falta un asunto más, el de Puebla, pero tal vez para las 3.00 ó 4.00 de la mañana terminemos.
Nos ha parecido un tanto extraño que el partido mayoritario viniera en forma insistente a través de la diputada Laura Alicia Garza, a hacer una protesta y acusaciones directas en contra de los partidos de oposición y del candidato a la gubernatura en Tamaulipas. Digo que un tanto extraño, porque nunca habíamos visto esto, quienes hacían o quienes hacíamos estas protestas siempre eran los partidos de oposición y lo hemos hecho ¿¡por qué?, porque el partido oficial es el que no podemos negar, siempre provoca estas situaciones.
Tal vez no les parezca escucharlo, pero ésta es una realidad, una realidad que se ve y que todos los días vemos en la práctica, que no desean llegar a la democracia.
No voy a referirme al caso de Matamoros porque, aunque soy tamaulipeco, no estuve presente, no es posible venir a decir cosas cuando no se viven; sin embargo sí quiero referirme al caso especíifico de Madero, porque ahí sí estuvimos, ahí sí hicimos nuestro recorrido en las casillas, y ahí sí participamos activamente.
Es interesante hacerles saber que si refiero que las provocaciones o las inconformidades de los partidos de oposición siempre son por lo que el partido oficial provoca, lo hemos demostrado y lo hemos justificado con una serie de pruebas, documentos. Hace un momento un compañero del Partido Acción Nacional traía un periódico de propaganda del día 8, del día de la elección, 8 de noviembre, donde se decía ahí de todos los representantes a candidatos a presidentes municipales del partido oficial, y está prohibido por la Ley Electoral.
Sin embargo en Madero, se llevaron las cosas de una manera mucho muy especial. Por primera vez se pudo hacer valer el acuerdo que se tomó en la Comisión Electoral, de que se firmaran las boletas por la parte de atrás. Esto dio margen para que no se pudiera hacer lo que acostumbraba a hacer siempre el partido en esa municipalidad: los acostumbrados rollos, los carruseles y todo eso. Todavía la elección pasada, hace tres años, nos vimos con ese problema; después de haber ganado religiosamente el Partido de la Revolución Democrática, el partido oficial hizo un tremendo fraude.
He hecho unos apuntes que quiero darles a conocer, porque creo que esto pueda poner de manifiesto que lo que estamos diciendo tiene su veracidad y que siempre es el partido oficial, el partido mayoritario, quien provoca que estos acontecimientos sucedan.
Una vez que llegaron las actas del cómputo y escrutinio al Comité Municipal Electoral en Madero, en donde la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, iba arriba en las votaciones, al día siguiente, no obstante saberlo ya generalmente porque teníamos todas las actas, teníamos todas las actas de las ciento y tantas casillas que se establecieron, empezó la represión por parte de los integrantes del partido oficial y, ahí hay una organización fuerte, poderosa, incluso a la que pertenezco yo, la sección uno del Sindicato Petrolero, pero además existen 30 y tantos sindicatos de origen estatal, porque también forman parte activa de la política maderense y que no obstante sabiendo que ya iba en votación arriba el candidato de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, quisieron hacer actos, mítines para contrarrestar el triunfo que religiosamente había tenido la coalición.
No quiero que las palabras que les vierto se tomen como una cosa dicha y sin justificación, por lo que me permití pedirles por allá a algunos compañeros que pudieron hacerse de uno de los oficios girados a los secretarios generales de los sindicatos, para llamar a los trabajadores tanto petroleros como a los de los sindicatos gremiales, a asistir a un mitin. Ese mitin para manifestarse por el triunfo, que según ellos había obtenido el Partido Revolucionario Institucional.
Yo quisiera pedirle a nuestra Presidenta, que solicitara a alguno de los secretarios para que diera lectura de este oficio, y se den cuenta que no estamos mintiendo.
La Presidenta: - Así es, proceda, señor secretario.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - "Federación Local de Trabajadores de Ciudad Madero. Circular urgente.
A los ciudadanos secretarios generales, secretarios de acción política y comité ejecutivo de los sindicatos que integran esta federación:
Por este conducto y con el debido respeto nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta, para convocarlos a que hagan acto de presencia en el Partido Revolucionario Institucional, con todo el contingente de su organización, para estar al pendiente de los resultados de las elecciones celebradas el día 8 de noviembre, donde participaron nuestros candidatos a gobernador, presidente municipal y diputado del II distrito, el licenciado Manuel Cavazos Lerma, Francisco Vargas Malagón y el licenciado Enrique Pumarejo Medellín.
Sabiendo de antemano que nuestro partido triunfó, no se dejen engañar por gente resentida que trata de manchar el triunfo de nuestros candidatos.
Cita a las 16.00 horas, cuatro de la tarde de hoy, empezando con esto, Asamblea permanente en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, hasta que se nos notifique por las autoridades competentes, el triunfo de nuestro partido, Partido Revolucionario Institucional.
Compañeros: esperamos den cumplimiento a lo antes señalado para así cumplir con el compromiso que tenemos como cetemistas organizados.
Sin otro particular a qué referirme, les reitero una vez más nuestro fraternal compañerismo.
Fraternalmente, por la emancipación de México, Ciudad Madero, Tamaulipas, a 10 de noviembre de 1992.
Por el Comité Ejecutivo, Adrián Ortiz Hernández, Secretario General; Gaspar M. Rodríguez Rodríguez, Secretario de Organización y Estadística; San Juan Sosa Gómez, Secretario de Acción Política.
Nota: haremos acto de presencia hoy martes 10, miércoles 11, desde las 9:00 de la mañana. Para cualquier cambio que llegara a suscitarse, tendrán información en las oficinas de esta federación, o en las del mismo partido". El diputado Salvador Juárez García: - Como escucharon, compañeros diputados, no obstante este oficio girado a las organizaciones obreras, no sé si haya habido algún ordenamiento del centro para que se suspendiera; pero lo cierto es que no hubo la respuesta que se esperaba; quizá porque la gente ya está cansada, y definitivamente piensa que no continúa siendo del partido del Gobierno, sino que se han entregado al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Acción Nacional.
Sin embargo no pasaron, pasaron dos días y el comité municipal electoral señalaba que a más tardar el miércoles, a las 12 del día, daban la información de quién era el triunfador. Después de hacer tan cansado ese proceso, porque hasta las 9:30, 10:00 de la noche dieron el resultado y la constancia de mayoría al ingeniero Alfredo Pliego Aldana, no se conformaron los inconformes y quisieron acribillarlo a balazos. Existe en el restaurante donde lo balacearon, los impactos de cinco balas, que por fortuna no le pegaron. Pero ahí si no era por la buena, era por la mala, que querían tener presidente municipal del partido oficial.
Nosotros reprobamos, desde luego, todos estos actos, y nos extraña sobremanera la actitud que asume el partido oficial en hacer este reclamo por cuanto a la situación que prevalece o que existió o se desarrolló en Matamoros.
Lo anterior, de la situación, queda demostrado con la entrega de la constancia de mayoría que el Comité Municipal Electoral hizo al candidato de la coalición, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, ingeniero Alfredo Pliego Aldana.
A propósito de esto, el martes anterior, ya lo señale, lo que queremos dejar establecido es que el Partido de la Revolución Democrática reprueba en todo lo que vale, los actos represivos que sucedieron en Matamoros.
La televisión en uno de los fundamentos en que puede reprobarse, consignarse o castigar a quienes cometieron esos atropellos. Esa violencia no puede ser contestada jamás por el Partido de la Revolución Democrática, con violencia. Estamos porque podamos encontrar la democracia en este país que tanta falta nos hace.
En esa reyerta que sucedió, de quemar el comité municipal de Matamoros, salieron golpeados nuestros compañeros, una candidata a regidora y otro compañero más, independientemente de los que tal vez no tenemos conocimiento. Pero yo casi pienso, lo que decía el compañero del Partido Acción Nacional, que no fue una cosa promovida por los partidos de oposición, sino por el propio partido oficial, para desaparecer las pruebas que pueden en todo momento decir o demostrar el fraude cometido por el partido mayoritario.
Con esta modesta intervención doy por concluida mi participación. Y decirles que nosotros, como la mayor parte de los partidos, reprobamos los actos vandálicos y represivos, y que no estamos de acuerdo con ellos. Que sea castigados por la autoridad correspondiente, los que hayan cometido estos delitos. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Con su permiso, señora Presidenta.
Antes de dar lectura al documento que preparamos, quisiera hacer algunas puntualizaciones de lo que aquí se ha venido expresando. Quisiera comenzar diciendo que yo no vengo aquí a defender la lucha por el poder de los nuevos patricios, sino a plantear lo que piensan los plebeyos.
Y es fácil, y es fácil, se pueden reír los del Partido de la Revolución Democrática, ahorita vamos a la discusión política, caer, compañeros, en este momento en un planteamiento de una línea antigobernista, en forma irracional. (Aplausos.)
Nosotros no podemos coincidir ni con el Partido Acción Nacional ni con el Partido de la Revolución Democrática. Y no podemos coincidir por lo siguiente:
El Partido Acción Nacional surgió como un partido que pretendía condenar la política del General Lázaro Cárdenas. Nosotros los cardenístas ahora en este momento no podemos conciliar ni coincidir con quien nació en contra de los trabajadores. Por eso no coincidimos. ¡Sería una profunda traición al General Lázaro Cárdenas!
Y quisiera refrescar la memoria porque aquí se ha venido a tergiversar una realidad de Tamaulipas. Siento que quienes han venido a intervenir en esta tribuna, parten de un profundo desconocimiento de la realidad política y social del Estado de Tamaulipas. Y voy a ir puntualizando algunas cuestiones que aquí se señalaron.
Los empresarios no solamente están en el Partido Revolucionario Institucional. ¡Los comerciantes y empresarios también están en el Partido Acción Nacional! ¿Y aquí hay representantes y diputados federales que vienen de ese sector de la población! Por lo que no se puede definir que en el proceso electoral, como lo señaló Lidia Madero, hubo un alineamiento de los empresarios al Partido Revolucionario Institucional. ¡En Ciudad Victoria hubo un alineamiento de los empresarios y comerciantes con el Partido Acción Nacional, que no lo señalaron!
Quisiera puntualizar también que los acontecimientos en Hidalgo y en Matamoros tuvieron acciones similares. Los representantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en el momento de los hechos, fueron también parte del secuestro y del desalojo a través de gases lacrimógenos. Y fue el mismo operativo, y quienes no crean los invito a que recorran Hidalgo y que recorran Matamoros y que vean las actas, para que a ciencia cierta sepan de lo que se está hablando.
Aquí se ha calificado a Jorge Cárdenas González como un luchador social y como un luchador por la democracia. No sé si los que aquí han venido a la tribuna conozcan lo que ha significado para Tamaulipas el cacicazgo de los Cárdenas González, pero se los queremos recordar.
Cárdenas González ha utilizado el poder no para la lucha social y por la democracia, ha utilizado el poder para enriquecerse él y sus familias, y del erario público que le ha permitido, a partir de él, tener grandes negocios en el Estado de Tamaulipas.
Aquí se han venido a mencionar que fueron cantidades exorbitantes en el proceso electoral, fueron cantidades exorbitantes de la coalición y del Partido Revolucionario Institucional, y quisiéramos también preguntar a la coalición ¿de dónde salieron tantos recursos económicos en el proceso electoral?, que no nos queda a muchos de los partidos perfectamente claro el origen de estos recursos; que en algunos lugares fueron superiores a los del Partido Revolucionario Institucional y ahí están las constancias y las pruebas. (Aplausos.)
Nosotros, compañeras diputadas, compañeros diputados, desde esta tribuna de la nación, tres días antes de las elecciones celebradas en Tamaulipas, nuestro partido fue muy claro al señalar las pretensiones de ciertos grupos del Estado, de asaltar el poder sin pasar por el sufragio, cobijados éstos en la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática.
En ese entonces, tres días antes de la elección, hicimos un llamado para que las diferentes fuerzas políticas hiciéramos esfuerzos sobrehumanos para vigilar las casillas; manifestamos que existía un retraso en la entrega, por parte de los órganos electorales, de los registros de representantes de casilla y partido, retraso que fue protagonizado por la coalición al tomar los edificios de los órganos electorales; tres días aquí se expuso, lo expuso la que habla y ni el Partido Acción Nacional ni el Partido de la Revolución Democrática contestaron en esa ocasión.
El 8 de noviembre los candidatos a la gubernatura del Estado expresaron a los medios de comunicación, hasta cerca de las tres de la tarde, su beneplácito por la jornada electoral, calificándola de pacífica, y comentaron algunas irregularidades, pero a su parecer no eran significativas.
Hay que mencionar como un acto cívico de la ciudadanía, que emitió su voto con tranquilidad. En Tamaulipas las elecciones del 8 de noviembre fueron las más vigiladas por los partidos y por organizaciones civiles que fueron a vigilar el proceso.
Queremos apuntar que los partidos políticos tenemos profunda responsabilidad acerca de los candidatos que postulamos. Y debemos, como instituciones de interés público, asumir la responsabilidad histórica, política y moral que ello implica.
No es correcto, en aras del interés faccional y grupuscular, como es el caso, pretender calificar
a la democracia de acuerdo a estos intereses. Hay que tener responsabilidad histórica y moral suficiente como para aceptar el resultado electoral, proceso que aún no termina, y en el cual, de acuerdo a los resultados, el pueblo expresó su preferencia en cada una de las elecciones. Por ello, no sólo es ilegal, sino inmoral, quemar donde se perdió y mantener la paz donde se ganó. (Aplausos.)
La voluntad popular se expresó en Tamaulipas desde las primeras actas de cómputo recibidas en el centro de cómputo de nuestro partido; las tendencias mostraron claramente que el presunto gobernador del Estado es el licenciado Manuel Cavazos Lerma, así como el presunto presidente municipal de la capital del Estado es Gustavo Cárdenas Gutiérrez, postulado por el Partido Acción Nacional. En Tamaulipas, los ciudadanos tamaulipecos rechazaron la violencia, ya la padecimos en el Gobierno de Enrique Cárdenas González, ex gobernador y hermano del candidato de la coalición que dejó una estela de tristeza en los hogares del Mante, por ello en Mante no prosperó el llamado a la violencia. Todos esos poderosos intereses se fraguan con la violencia, para mantener privilegios en el Estado pues la ilegalidad sólo ha servido para acrecentar cuantiosas fortunas; es por ello que se maquilla la democracia y desde nuestro punto de vista, la democracia no se expresa en un cambio popular del poder, sino en una verdadera incorporación del pueblo en los asuntos de Gobierno; democracia también significa bienestar para las mayorías; para que exista la democracia es indispensable el divorcio de ésta, con los intereses de facciones y de grupos de poder, no el maridaje con ellos.
En el Estado de Tamaulipas se pretende presentar como un Estado incendiado e ingobernable; quisiéramos expresar que los tamaulipecos tenemos claro los intereses que se juegan, por eso el día 8 de noviembre las elecciones fueron tranquilas y la muestra de eso es que se elevó el número de participantes en relación a los procesos anteriores.
En Tamaulipas conocemos el cacicazgo de los Cárdenas González, hábiles y con recursos económicos del poder, sabemos cómo gobiernan, los conocimos como militantes primero del Partido Revolucionario Institucional, luego del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, después del Partido Acción Nacional y unos contendieron hasta por nuestro partido. De acuerdo a sus intereses cambian de partido sin ningún compromiso ideológico y programático; por ello no tuvieron programa de Gobierno para Tamaulipas, sino que dolidos supieron con habilidad recoger la inconformidad de los grupos de poder en los mismos municipios y tratan de diseñar una estrategia de desestabilización en el Estado, misma que no va a prosperar. En suma, se han enriquecido del erario público porque así se les permitió, este pueblo lo sabe y por eso lo rechazó en las urnas como gobernador; por las actitudes mostradas sabíamos lo que ocurriría, el antecedente es el Gobierno de don Enrique Cárdenas González posible senador del Estado, una de sus acciones, que a la mejor no la conocen cuando fue gobernador, fue asesinando a los dirigentes, como fue el caso de Mante, cuando hubo rebeliones electorales donde cayó el parmista Plata a manos del famoso gobernador, espero que los compañeros parmistas tengan memoria histórica de esta situación.
En Tamaulipas que no nos engañen, no es el pueblo el que incendió a los órganos electorales, son pequeños grupos disputándose el poder para sus beneficios personales porque en otros tiempos lo han gozado. En Tamaulipas el pueblo trabajador ha forjado el progreso, si algo rechaza es la violencia; desde la más alta tribuna de la nación nuevamente el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional condena la violencia y se suma a los esfuerzos de cientos de tamaulipecos para que esta intentona no prospere al igual que no prosperó antes del proceso electoral. Más temprano que tarde, la verdad saldrá a relucir, es nuestra obligación como representante de la nación no dejarnos engañar por los lamentos de los caciques perdedores, castigándose a los responsabilidades de estos hechos. Este es el momento de deslindar responsabilidades, nosotros los del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, condenamos la violencia; sabemos que el principal violentador del proceso es Jorge Cárdenas González y eso ha quedado muy claro en el estado de Tamaulipas.
Esperamos que los que tengan responsabilidad histórica y moral y que conozcan el Estado de Tamaulipas, también con oportunidad sepan deslindarse de los hechos violentos para efectivamente pasar a que el pueblo asuma de acuerdo a sus intereses y decida libremente quienes serán sus gobernantes. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)
La Presidenta: - Para rectificar hechos tiene la palabra el señor diputado. El diputado Francisco Gárate Chapa: - Con su permiso, señora Presidenta.
Por supuesto que en Tamaulipas hay indignación, hay la indignación de una ciudadanía burlada; por supuesto que en Tamaulipas han ocurrido hechos atentatorios, atentatorios de la voluntad popular.
Es extraño, es extraño que las autoridades tamaulipecas hayan tomado algunas previsiones contra posibles actos violentos; y es extraño que estos hechos violentos se hayan dado. Qué bueno que se previnieron. Esto nos recuerda y ya se señaló, a Piedras Negras, a Agua Prieta.
Se nos viene a decir aquí que sólo somos capaces de manifestar que hay procesos electorales transparentes cuando ganamos; yo a algunos de ustedes les quiero decir que a pesar de que gané, en mi distrito hubo serias anomalías, y que gané a pesar de esas anomalías, y que en muchos de los lugares en donde ganamos a pesar de las irregularidades que se dan en los procesos electorales; a pesar de ellas, ganamos.
Se nos viene a decir aquí que los comisionados, que los funcionarios electorales fueron expulsados de la Comisión Electoral; se nos viene a decir que sufrieron agresiones. Yo les quiero decir que la primera bomba molotov que cayó adentro de la Comisión Electoral de Matamoros, cayó a 30 centímetros de Guadalupe Murillo, una persona que milita en Acción Nacional.
Lamentamos los incidentes que sufrieron los camarógrafos de Televisa, pero también lamentamos que estos mismos camarógrafos no hayan tenido la oportunidad de filmar a los muertos votando; también lamentamos que no hayan podido filmar el robo de ánforas. Lamentamos también que no hayan puesto mayor énfasis en la huida del Grupo Zorro, que está encomendado para vigilar el Cerezo de Matamoros y no para resguardar a la ciudadanía.
Lamentamos que los camarógrafos de Televisa no hayan podido filmar la represión y el acoso del que son ahora objeto nuestros candidatos. Afuera por ejemplo, de la casa de Rolando Martínez, hay grupos de judiciales esperando a que él llegue para atraparlo.
El problema, finalmente, desde mi personal punto de vista, no es la violencia en este caso; el problema en el fondo son elecciones limpias, el problema en el fondo es el de la soberanía del pueblo de México.
Quiero recordarles que el titular del Ejecutivo en su pasado informe señaló que no hay valor más entrañable, íntimo, fundamental entre los mexicanos, que tener una patria soberana, y en Acción Nacional estamos de acuerdo con eso, no hay valor más íntimo ni entrañable que el ser una patria soberana, pero no hay que olvidar que la soberanía no viene del cielo; la soberanía viene de la voluntad popular, y que si queremos que México transite por el camino de la vía democrática, tendremos que respetar la voluntad popular. Gracias.
MARCHA DE PERIODISTAS
La Presidenta: - Para otro asunto tiene la palabra el diputado Julio César García, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo sobre la marcha de periodistas del sur y sureste de México.
El diputado Julio César García Hernández: - Muchas gracias, señora Presidenta.
El día 4 de noviembre partieron desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, una marcha de periodistas, en demanda de la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que participe en la investigación de hechos entre los que señalan ellos existen asesinatos, secuestros, encarcelamientos, lesiones, despidos injustificados, intimidación y juicios judiciales sin sustento jurídico.
Esta marcha ha recibido la solidaridad de periodistas de Chiapas y, según nos informan, se ha agregado a ella periodistas de Veracruz, de Puebla y de algunos otros lugares, y han incorporado también sus propias denuncias.
En Chiapas, por ejemplo, se habla de que el 30 de mayo de 1970, fue detenido por elementos de la Policía Judicial Federal, al mando del comandante Rogelio Olivares Oropeza, el director del diario El Día, Jorge Toledo Coutiño, acusado de tráfico de drogas.
Personal de la Procuraduría General de la República, clausuró el edificio del periódico y la maquinaria donde se editaba este diario, contrariando el artículo 7o. de la Constitución.
También poco después un periodista muere. Alfonso Rodríguez Gamboa sufrió un accidente automovilístico. Las causas del accidente no han sido aclaradas y se presupone, según declaraciones propias del médico legista de la Procuraduría de Justicia del Estado, Víctor Hugo Mendoza Mérida, que su muerte se registró por negligencia médica.
Sin embargo, el 9 de abril de 1991 fue detenido sin orden de aprehensión el corresponsal de Notimex en Tapachula, Juan de Dios García Davis. La detención se realizó por la Policía Judicial del Estado, misma que lo mantuvo por espacio de más de 10 horas en los separos del Ministerio Público de esa ciudad. Se le acusaba como presunto responsable del delito de difamación, de acuerdo a la averiguación previa 715 - bis 991, en agravio del médico legista de la Procuraduría de Justicia del Estado, Víctor Hugo Mendoza Mérida.
El médico legista alegó no haber hecho las declaraciones publicadas por García Davis, respecto a la muerte de Alonso Rodríguez Gamboa, a la que me referí hace un momento, que involucraba la negligencia del Seguro Social en su fallecimiento. García Davis había recogido las declaraciones del médico legista en su grabadora frente a testigos.
Fue liberado bajo fianza luego de que el propio juez pagó la fianza de 200 mil pesos.
Denuncian también estos periodistas chiapanecos, otra serie de violaciones y agresiones a su trabajo profesional. En Quintana Roo, entre otras varias denuncias señalan lo siguiente: noviembre de 1987, el comandante de la Policía Judicial de Cancún, Andrés Sangrí Coral, golpeó salvajemente y encarceló al empleado de Prensa Sergio Chuc Madera, del periódico Novedades de Quintana Roo, ante la publicación de los hechos del mismo comandante. Poco después el comandante se presenta en las instalaciones del diario con pistola en mano, amenaza al director y al gerente Lorenzo Pacheco González y Alfonso Peña Flores, respectivamente.
El 23 de marzo de 1989, el caricaturista Nicolás Lizama Cornelio, colaborador del diario Novedades de Quintana Roo, fue privado de su libertad, amenazado y lesionando por los ex policías judiciales Luis Manuel Laguna Coral, Jorge Hernández Marroquí y Alejandro Salgado Sangrí. Los agresores son juzgados, se decreta su culpabilidad; dos de ellos huyen pero Alejandro Salgado Sangrí paga su multa de 73 mil pesos.
El 24 de marzo de 1989, el reportero Hugo Zúñiga, del diario Novedades de Quintana Roo, fue golpeado, encarcelado e incomunicado por policías judiciales de Cancún, por un supuesto robo que no le fue comprobado. El proceso penal entablado por el periodista, no fue atendido por las autoridades.
En septiembre de 1991, el periodista Alberto Vásquez, Director de la revista Gráfico de Cancún, fue baleado, afortunadamente sin consecuencias. Su denuncia judicial nunca prosperó.
En fin, hay distintos señalamientos que hacen estos periodistas del sur del país, y para ver la veracidad de estas denuncias se plantea con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con la solicitud de dispensa a que se refiere la parte final del artículo 60 del mismo ordenamiento, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de
«PUNTO DE ACUERDO
La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, encomienda a la Comisión de Derechos Humanos abocarse al conocimiento de las denuncias de violación a los derechos humanos hechos por el Movimiento de Periodistas del Sureste de México. Dicha Comisión debe presentar al plenario informe en el que cuente del resultado de su gestión.
Firman miembros de la Comisión de Derechos Humanos, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Humberto Zazueta, Partido Acción Nacional, Víctor Orduña, Partido Popular Socialista, Héctor Ramírez Cuéllar, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Cecilia Soto, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo, Partido Revolucionario Institucional, Amador Rodríguez Lozano, Partido de la Revolución Democrática, Julio César García." Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - De enterado. Túrnese a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los efectos correspondientes.
ESTADO DE PUEBLA
La Presidenta: - Esta Presidencia informa que se han registrado para discutir la cuestión poselectoral del Estado de Puebla, los siguientes diputados: Ana Teresa Aranda, del Partido Acción Nacional; René Bejarano, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; René Sánchez Juárez, del Partido Revolucionario Institucional; Marco Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional y Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada Ana Teresa Aranda, del Partido Acción Nacional.
La diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En Puebla, como en lo viejos tiempos, los porros regresaron a amedrentar a los ciudadanos, el ratón loco se hizo presente, saliéndole al paso incluso al mismísimo candidato a la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional, a quien saludó muy de mañana con un: "Buen día, Manuel".
La policía agredió a ciudadanos y sirvió de custodia y defensa a quienes hurtaban la voluntad popular; los carruseles y los robos de urnas estuvieron a la orden del día; los tacos alimentaron una gran cantidad de urnas que vieron la luz en el conteo, más votos que electores en el padrón. En puebla, en suma, el fraude cibernético no fue suficiente, hubo necesidad de recurrir a las viejas y dinosaúricas artimañas.
Señores diputados, los recursos de protesta se encuentran en manos de las autoridades electorales, pero son de tal manera graves que el Partido Acción Nacional está demandando la nulidad de la elecciones. Protestados están entre otros los municipios de Puebla, Acatxingo, Tehuacán, San Martín, Pahuatlán, Huauchinango, Acxompa, Cholula, Tianguismanalco, Xostla, Felipe Ángeles, Izúcar, Ciudad Serdán, Guadalupe Victoria, Tlaola, Xicotepec, Libres, Huejotzingo, Huaquechula, Atlixco, Amozoc, Acajete, Tecamachalco, Chutetelco, Ajalpan, Coyomiapan y Calpan.
Y por favor, que no se diga aquí que no sabemos perder, lo que en realidad no sabemos ni debemos ni podemos, es aceptar como limpio, transparente y tranquilo un proceso que ha estado plagado de irregularidades. Eso, eso sería traicionar los principios que le han dado vida a nuestro partido. Y que quede claro: Acción Nacional no fundamenta su hacer político en la lucha poselectoral; es más, somos los primeros en desear que desaparezca del mapa nacional. Sin embargo, esto no podrá suceder mientras persistan las causas que la provocan, es decir, la manipulación, el fraude, la parcialidad.
Urgente fue rescatar la democracia del Estado de excepción, en que la tiene recluida el sistema para convertirla en regla general.
La democracia para nosotros, compañeras y compañeros diputados, no es el puerto al que debemos arribar, es el mar en el que debemos navegar.
El pueblo y despertó ya está madurando, ¿el Gobierno, cuándo, señores? Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado René Bejarano, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Muchas gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados.
Las elecciones del domingo 8 de noviembre en Puebla, significaron un episodio más en la conflictividad política del país, caracterizada por la persistencia de prácticas fraudulentas que, derivadas del control que el Estado ejerce sobre el conjunto de las instancias electorales, impiden resultados confiables y creíbles.
La inconformidad de los ciudadanos agraviados por presumibles irregularidades, aunadas al derroche económico que el partido oficial exhibe durante las campañas, generan un caldo de cultivo apto para que se reproduzca la desobediencia civil, y como sucedió recientemente en Pahuatlán, Puebla, estalle la violencia.
Todavía estaba presente en el ambiente el desenlace de los recientes conflictos en Michoacán y en San Luis Potosí, cuando la clase política del Partido Revolucionario Institucional, decidió aplicar, sobre todo después del discurso que pronunció ante ellos Carlos Salinas de Gortari, las sinrazones de la inflexibilidad y de la soberbia, para justificar la nueva era del carro completo.
Aunque recientemente el líder real del Partido Revolucionario Institucional afirmó que la era del partido casi único había llegado a su fin y que era imposible su regreso, también dijo que las excepciones no se convertían en regla. La evidente contradicción provocó que la lectura de estas declaraciones, que en las diversas entidades se hizo por parte de los dirigentes del oficialismo fuera el permiso para imponer, incluso con mano dura si fuera necesario, los resultados que favorecieran al Partido Revolucionario Institucional.
Durante el mensaje político del IV Informe de Gobierno, el Titular del Ejecutivo propuso cuatro modificaciones para que los resultados de las competencias electorales no fuesen cuestionados. Sin duda, son aceptables porque retoman algunas de las demandas reiteradas por la oposición, y personalidades representativas de diversos sectores de la sociedad civil.
Poner límites a los gastos de campaña; transparentar el origen de los recursos económicos
de los partidos; permitir mayor acceso de las diversas opciones políticas a los medios masivos de comunicación, y afinar los procesos de legalidad electoral, sin duda son propuestas totalmente aceptables, pero a la luz de las viejas y nuevas experiencias de la renovación de gubernaturas, presidencias, municipales y congresos locales, son francamente insuficientes.
Cada vez más los conflictos poselectorales se precipitan en un espiral degradante, que profundiza la crisis del sistema político. Si el control del proceso está en manos de un partido, se pervierte la contienda y, por ende, los resultados no son aceptados.
Así, las circunstancias de las llamadas segundas vueltas se repiten a cada proceso, pero profundizándose los aspectos de la confrontación, dependiendo de la correlación de fuerzas existentes.
Prácticamente a los cuatro años del Gobierno del salinisimo, las elecciones locales han repetido el mismo esquema, pero las movilizaciones de inconformidad posteriores a ellas han sido cada vez más enconadas y masivas.
Recuérdense como ejemplos el caso de Guaymas, Sonora; el episodio violento en Tejupilco, en el Estado de México; el éxodo de los tabasqueños y veracruzanos; el derrumbe de Fausto Zapata, en San Luis Potosí; la caída de Ramón Aguirre, en Guanajuato, lo mismo que la de Eduardo Villaseñor, en Michoacán; el fallido intento reeleccionista de Gonzalo Martínez Corbalá; los disturbios recientes en Tamaulipas; la insatisfacción con el procedimiento en Sinaloa, en Oaxaca.
Pero, además, evidentemente no está resuelto el marco para garantizar que las elecciones de fin de año, en otras tantas entidades de la República, puedan desarrollarse adecuadamente.
La violencia sucedida en Pahuatlán, Puebla, muy parecida a la que sucedió en Matamoros, Tamaulipas, sólo que Pahuatlán fue el mismo día de la elección, es decir, la quema precisamente de los paquetes electorales y de la sede del Comité Municipal Electoral no deben dar paso a la represión que el Gobierno quiere ejercitar en contra de los ciudadanos inconformes. Hacerlo, en lugar de contribuir a zanjar las diferencias, provocaría su profundización.
La conclusión de la coyuntura política es evidente, se requiere una profunda reforma política que sea producto de un acuerdo para transitar a la democracia. Pactar reglas del juego aceptadas por todos. Buscar mecanismos que permitan la expresión cabal de la pluralidad realmente existente y tratar que en lo futuro, en los sucesivos momentos de la lucha política sea el camino para la consolidación de un verdadero sistema de partido.
Nuestro partido en Puebla participó, a pesar de todas las irregularidades en la contienda electoral. Tenemos sistematizadas, organizadas, municipio por municipio, las irregularidades que se presentaron en aquella entidad.
Voy a mencionar sólo algunas de ellas solicitándole a la Presidenta que instruya a uno de los secretarios para que se inserte en el Diario de los Debates el conjunto de irregularidades que aquí poseo y que por las condiciones obvias de tiempo no leeré totalmente.
Pero como ejemplo voy a mencionar algunos casos los aspectos más perniciosos, violentos, a los que acude el partido oficial para pretender imponer su control. En el municipio de Teziutlán, fue detectado el día ocho por militantes del Partido de la Revolución Democrática, Partido Popular Socialista y Partido Acción Nacional, un laboratorio electoral clandestino en donde fue introducida paquetería electoral. Dicho laboratorio fue instalado en la tienda Morsán, con domicilio en la calle Reforma No. 15, de la ciudad de Teziutlán.
También la noche del día siete fueron detectados 200 maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla, llevados a la ciudad de Puebla, para realizar la operación "carrusel". Fueron trasladados en tres autobuses de la Línea Sierra Golfo con los números. Ec. 7027,7093 y 7114. En el municipio de Ayotoxco, el presidente municipal electoral, Filemón García Juárez, expulsó al comisionado y representante de nuestro partido ante ese órgano electoral y sólo lo admitió dos horas después cuando el 80% de los que debían votar ya lo habían hecho misteriosamente. En el municipio de Tenanpulco a nuestro representante de casilla no se le permitió el acceso al padrón electoral ni se le permitió el acceso a la casilla.
En el municipio de Matamoros las mesas directivas no se presentaron. El padrón que manejaron en las casillas estaba rasurado e incluso con todos los nombres correspondientes a varias letras del padrón.
En el municipio de Acatlán el Comité Municipal Electoral comunicó a nuestro comisionado que
no se iban a entregar copias de las actas y no las quiso entregar.
En el municipio de Tecomatlán, a pesar de la violencia de Antorcha Campesina en contra de la población, violencia promovida y solapada por el partido oficial por diversos mecanismos, se impidió mediante guardias armados que se transportaban en vehículos con los logotipos del Programa Nacional de Solidaridad, que nuestros militantes fueran a votar que pudieran cuidarse las casillas.
Quisiera yo aquí decir a quienes vinieron hace apenas unos momentos a pronunciarse en contra de la violencia, cómo es que el partido oficial promueve, alienta y solapa la violencia de Antorcha Campesina en el Estado de Puebla.
Quisiera pedirle a los militantes de ese partido justificaran en qué teoría sustentan la sinrazón de la fuerza armada y de los asesinatos.
En el municipio de Atlixco fueron expulsados al inicio del escrutinio todos nuestros representantes y sólo admitidos hora y media después, lo mismo hicieron en los municipios de San Juan Tianguismanalco, Huaquechula, Tochimilco, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipa y San Andrés Cholula.
En el municipio de Atistihuacán no se quiso entregar copias de las actas de escrutinio. En el municipio de los Reyes de Juárez a pesar de que se solicitó la presencia de la fuerza pública por la violencia de militantes del partido oficial ésta nunca se presentó. Tenemos documentadas las irregularidades en Tehuacán, Coscatlán, en Ciudad Serdán, en Guadalupe Victoria, en Yaunahuac.
Pero quisiera mencionar un caso de un municipio cercano a San Martín Texmelucan, el municipio de San Miguel Xostla, ahí el escrutinio se estaba realizando públicamente y en esos momentos el candidato suplente a primer regidor y los auxiliares enviados por la Comisión Estatal Electoral del partido oficial se robaron las urnas y hasta el momento no se sabe el paradero de los paquetes electorales. El que los ciudadanos trataran de impedir el robo ocasionó enfrentamiento y violencia con los priístas.
En este municipio el candidato que fue apoyado por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista, sin duda obtuvo el triunfo.
La Policía Judicial de San Miguel Toxtla ha amenazado a los militantes y a los ciudadanos de este municipio. ¿Cuál es la modernidad que ustedes promueven, señores y señoras del partido oficial? ¿Esta? ¿La de robo de urnas? ¿La del amedrentamiento? ¿Este es el mensaje político del IV Informe de Gobierno? ¿Esta es la propuesta de reforma política? ¿Este es el significado? Ahí evidentemente la oposición, todos los partido registrados y un frente cívico apoyó a un candidato y éste ganó y la respuesta fue el robo de urnas. ¿Dónde están esas urnas que se llevaron los representantes del partido oficial?
¿Cuál es la consecuencia de los discursos que aquí se han venido a pronunciar por parte de este partido y que no se corresponden con los hechos de primitivismo político en el Estado de Puebla?
Así sucedió en otros lados y otras muchas irregularidades, pero la capital del Estado fue también muestra de todas las arbitrariedades, el 60% de las casillas fueron cambiadas de dirección el domingo 8. El candidato del partido oficial, Manuel Bartlett Díaz tuvo que deambular por la capital del Estado buscando la casilla donde tenía que votar, la casilla había sido cambiada de lugar, el 60% de las casillas obtuvieron ese destino. En Puebla no se cayó el sistema, pero se le cayó la casilla al candidato del partido oficial.
En un 75% de las casillas la tinta indeleble no fue utilizada y como demostró nuestro representante ante la Comisión Local Electoral, el abogado Carlos Fernández del Real, esta tinta, ante Notario Público y en la propia sesión de la Comisión Electoral, se demostró que se quitaba con agua simple y jabón que no era tal tinta indeleble.
Y así podríamos seguir denunciando las irregularidades, a pesar de todo, a pesar de todas estas adversidades, nuestro partido obtuvo la mayoría de votos en diversos municipios, uno de ellos, significativo por su importancia es, sin duda, Izúcar de Matamoros. Ahí el candidato postulado por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular socialista, obtuvo el triunfo. Pero sabemos que el Partido Revolucionario Institucional a través de las autoridades electorales, quiere anular este triunfo, desconocer los resultados mediante una lectura torcida de la Ley y adjudicarse el triunfo el partido oficial.
El Frente Cívico Matamorense, el partido de la Revolución Democrática, el Partido Popular
Socialista y todos quienes reclaman limpieza electoral, lucharemos porque esto no suceda. Nos movilizaremos. Alertamos de que se pretenda montar una provocación; vamos a ejercer nuestro derecho a la protesta cívica mediante recursos pacíficos y legales. Si se monta una provocación como en otros lados se ha hecho, señalamos la responsabilidad de quienes tienen actualmente en el Gobierno del Estado, la obligación de velar por la paz pública. El triunfo nos corresponde, nos pertenece. Es un triunfo que se obtuvo a pesar de todas las dificultades y la suciedad del proceso electoral.
Reclamamos también, como se ha dado a conocer, el triunfo en otros municipios. El Partido de la Revolución Democrática, ganó en Yanahuac, es cierto; los candidatos de este municipio renunciaron al Partido Revolucionario Institucional y se afiliaron al Partido de la Revolución Democrática. No debiera extrañar este proceso que se repite a lo largo y ancho del país; es la evidencia de que los mecanismos antidemocráticos de designación de candidatos y la crisis del partido oficial, está provocando permanentemente, abandono de militancia de este partido.
La evidencia de que el candidato que nosotros postulamos era el mejor, es que a pesar de todo obtuvo el triunfo; que la propia Comisión Municipal Electoral lo ha reconocido. Pero no vamos a permitir, puesto que a alguno de nuestros comisionados se le asaltó y se le robó una copia del acta, que alterando esa acta, a pesar de que ya la Comisión Municipal Electoral declaró el triunfo a nuestro partido, se pretenda cambiar sólo porque los candidatos hayan pertenecido al partido oficial en el pasado.
Nuestro partido volvió a ganar como hace dos periodos, en San José Miahuatlán, en Zayacatlán los Bravo, ganamos también en San Nicolás de los Ranchos, en Huehuetla, en San Gabriel Chilac, en San Pablo Anicano. Estamos reclamando restitución de la legalidad y reconocimiento del triunfo en Choxtla, en Atizihuacán en Ayotoxco de Guerrero, en Tlacotepec de Benito Juárez, en Tulcingo de Valles, en Chietla, en El Seco, en Tlaquilotepec, en Santa Rita Tlahuapan, en Los Reyes de Juárez, en Ixtacamaxtitlán, en Tetela de Ocampo en Juan C. Bonilla y en Ocotepec.
Tenemos documentos que nos permiten solicitar la organización de elecciones extraordinarias en Pahuatlán, en Coxcatlán, en Molcajac, en San Antonio Cañada, en Xochimilco, en Jolalpan, en Tepexco, en Jolchitepec, en Coayuca de Andrade, en Tecomatlán, en Santiago Miahutlán, en Libres, en Guadalupe Victoria, en Hueytamalco y en Tehuitzingo.
Nuestro partido participó organizadamente en las elecciones. Tenemos pruebas de lo que estamos afirmando.
Voy a dejar aquí a la Secretaría para que incluya en el Diario de los Debates un resumen de las irregularidades. Lo mismo que un reclamo de algunos de los municipios. Pero sabemos que en los 217 municipios, aunque no en todos, la oposición presentó candidatos, hubo irregularidades; se trataba de abultar los datos para el candidato a gobernador.
Sin embargo, a pesar de todo, las expectativas optimistas que el partido oficial se propuso, no se cumplieron. Habían anunciado, como lo hicieron en otros lados, en otros momentos, como anunciaron que iba a tener 750 mil votos en Michoacán, habían anunciado para el partido oficial, un millón de votos. Difícilmente llegarán a la mitad los votos del partido oficial.
El abstencionismo es uno de los más elevados en la historia electoral del Estado de Puebla. A pesar de ello, nuestro partido a venido avanzando, tanto en términos absolutos como relativos, obtuvimos más votos. Obtuvimos, a pesar de todas las irregularidades, más triunfos en más presidencias municipales. Nos hemos consolidado como una fuerza política electoral insosiable en el Estado de Puebla, una opción política seria y responsable.
Pero no queremos dejar de mencionar que este hecho no ha sido fácil. Se ha discutido aquí la violencia; quienes la han promovido en diversos momentos. Y no estamos inventando. El 25 de octubre, comisionado por mi partido, pude estar en el municipio de Xochimilco, a los pies del Popocatépetl. Ahí pude volver a ver a Pánfila García y Mauro Monroy Pacheco, ahora ancianos, padres de Mauro y Cuauhtémoc Monroy García, que fueron asesinados por los caciques de la región el 13 de diciembre de 1983. Han pasado casi 10 años y ese crimen permanece impune.
Cuando se dice y se viene a hablar aquí de la violencia, y de la promoción de la paz social, que se nos diga por qué esos crímenes nunca se aclararon. Se va ha decir: "Son cosas del pasado". Pues no, señores, en Puebla, la violencia caciquil, los asesinatos no son cosas del pasado, y las víctimas siempre han sido de la oposición y particularmente de la oposición de centro - izquierda.
Y estamos hablando de este sexenio, de los cuatro años de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de que se han asesinado a nuestros compañeros por conflictos político - electorales y que estos crímenes son impunes, y que ese es un ejercicio reiterado de violencia que rompe el pacto social y cuya responsabilidad es principalmente, de las fuerzas caciquiles que pertenecen al partido oficial, y que ese partido promueve, alienta y protege. Y ahí están los nombres. Y no se nos va a decir que no tenemos razón porque son casos conocidos que no se han resuelto.
Tengo la relación completa, pero mencionaré sus nombres para que se recuerde y quede grabado en el Diario de los Debates, por si demás en el conflicto pos electoral de la capital poblana y de todo el Estado, otra vez el partido oficial acude al expediente de asesinar a nuestro compañero; y lo digo con voz fuerte, porque un asesinato merece denunciarse y merece reclamarse el castigo a los responsables.
Ahí está el caso de Gumaro Amaro, que fue asesinado el 18 de febrero de 1989, y de Félix Sala Velasco, en Atilixco, el 10 de abril de 1989, y de Eleuterio Martínez Tapia, Luis Tapia Flores, Cristino Acate Mancilla, de Tepeojuma, el 26 de agosto de 1989; y de Juan Sombrero Nolasco, en Amozoc, el 13 de enero de 1990, y de Agustín Santiago Torres, de Tepeji de Rodríguez, el 22 de febrero de 1990; Teófilo Pérez, de Apatzingán, el 26 de marzo de 1990; de Fortino Méndez Romero, Ismael Méndez Sánchez de Atlixco, el 21 de abril de 1990; de Gonzalo Chávez Formacio, de San Andrés Cholula, el 29 de mayo de 1990; de Raúl Pineda Cortés, de Tepela de Ocampo, el 28 de octubre de 1990; de José Martínez de Chautla de Tapia, el 20 de noviembre de 1990; de Bernabé Ramírez Chávez, de Acatlán, el 5 de marzo de 1992, apenas hace algunos meses.
No podemos permitir ni seguir permitiendo que a los militantes del Partido de la Revolución Democrática en Puebla se les siga asesinando impunemente.
Apelamos a quienes vinieron a hablar aquí de legalidad y de respeto a la paz social, que sean consecuentes con sus palabras, que controlen a las fuerzas que acuden al expediente reiterado de la violencia; que estamos ejerciendo el derecho cívico a protestar, que no vamos a seguir permitiendo las mismas condiciones que nuestros militantes sean masacrados; que no estamos hablando de inventos, que hay expedientes entregados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que hemos denunciado nacional e internacionalmente estos casos, y que porque han sido amenazados diversos compañeros nuestros en diversos municipios donde nuestro partido ha crecido y es opción real de poder.
Esa modernidad de la que se habla, no ha llegado a Puebla, ahí hay vicios de primitivismo político por parte del partido oficial. Los llamamos y especialmente a la Secretaría de Gobernación a que influya para que se llegue a un acuerdo político adecuado en el Estado de Puebla. Pero no podemos permitir que se nos exija la rendición bajo la amenaza de la violencia o del artero asesinato. No podemos permitir que se nos humille; simple y sencillamente reclamamos dignidad para el pueblo de México y especialmente para el pueblo poblano. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alberto Jiménez Arroyo: - Con su permiso, señora Presidenta, honorable Asamblea:
Vengo a esta tribuna para hacer algunos comentarios sobre la elección en mi Estado de Puebla, donde los electores votaron por candidato a gobernador, presidentes municipales y diputados locales el pasado domingo 8 de noviembre.
En el caso del domingo de Izúcar de Matamoros, de conformidad en lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, los partidos: Partido de la Revolución Democrática, Partido Popular socialista y Partido Acción Nacional no presentaron en tiempo y forma legales convenio de coalición ante la comisión Estatal Electoral como lo marca la propia Ley.
En junio se instaló la Comisión Estatal Electoral. En julio se instalaron los 22 comités distritales y 217 comités municipales electorales, integrados por los partidos políticos y por hombres y mujeres reconocidos en el ámbito ciudadano.
La claridad del padrón electoral fue avalada por todos los partidos políticos contendientes, que durante 14 meses lo revisaron y depuraron. Y que llegó al 97% de su integración, siendo el más alto del país. Esto es una demostración de la transparencia del proceso.
Se acordó la instalación de 2 mil 491 casillas básicas y de 1 mil 500 auxiliares. Sumando 3 mil 991, que le permitieron a la ciudadanía sufragar con oportunidad.
En esta jornada participaron 15 mil funcionarios y representantes políticos que dieron constancia de la legalidad, claridad y transparencia del proceso.
La Comisión Estatal sólo recibió 31 reportes.
Ahora bien, mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, realizó una campaña durante cinco meses de trabajo arduo que le permitió a nuestro candidato a gobernador, Manuel Bartlett, recorrer en tres ocasiones el Estado, donde se reunió con la estructura priísta de los 217 municipios. Estructura que no tiene ningún partido político que no sea el Partido Revolucionario Institucional, ya que fue el único que registró candidatos en los 217 municipios.
Esto no fue factor para que el priísmo poblano se confiara. Además de la intensa campaña del candidato a gobernador, nuestro partido instrumentó el programa de movilización para la victoria partidista, donde participaron 5 mil 311 coordinadores, 26 mil 598 activistas. Estamos hablando de un verdadero ejército de priístas, que lograron el objetivo de que ganara nuestro partido.
Así fue como recuperamos Tehuacán y San Martín, con un serio trabajo partidista. Los diputados Everardo Gámiz y Héctor Ortiz Ortiz, junto con un servidor, recorrimos más de 30 casillas en la ciudad de Puebla, donde dialogamos con los funcionarios y representantes de los partidos políticos. Dialogamos con observadores de Desarrollo Humano Integral, Asociación Civil y con periodistas y no vimos ningún incidente electoral. Hubo tranquilidad para que cada quien escogiera sus candidatos.
Nuestro partido respetuoso de la voluntad popular ha reconocido con las actas en la mano que hemos sido derrotados en Teziutlán y Acatlán. Ese ha sido el veredicto popular y a todos nos toca respetarlo. La democracia se fortalece cuando todos nos sometemos a la voluntad popular.
Puebla ha hablado. Respetemos su voluntad. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional.
el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: - Señora Presidente; compañeros diputados:
Hablar del proceso electoral que vivimos en el Estado de Puebla es afirmar categóricamente que la prehistoria política sigue vigente en nuestro Estado.
Frente a la afirmación del Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. el arquitecto Jaime Aguilar Alvarez, de que empeñara su palabra en que el proceso electoral se iba a llevar a cabo en completa tranquilidad y sin ningún vicio, está la evidencia de que fue un proceso electoral viciado desde sus inicios y confirmado el mismo día 8 de noviembre.
Desde el año pasado el gobernador se burló de la ciudadanía y de los partidos políticos con la farsa de reforma a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Todos los actores políticos fuimos convocados para aportar cambios que mejorara la legislación electoral que hoy por hoy se erige como una de las más retrasadas dentro del contexto nacional.
Ciudadanos, organismos intermedios y partidos políticos trabajamos en una causa que creíamos común. Y cuando el titular del ejecutivo la turnó al Congreso Local esperábamos avanzar en este difícil tránsito a la democracia. Sin embargo, los diputados locales no asumieron su responsabilidad histórica y se la regresaron al señor gobernador.
Consecuentemente sabíamos que con una Ley como ésta no se garantizaba de ninguna manera que el proceso electoral se desarrollara con limpieza. Sin embargo, participamos con responsabilidad política, esperando que los priístas poblanos entendieran que no se podía seguir viviendo en el atraso político en el que hemos estado inmersos durante ya muchos años.
Pero nuevamente nos volvimos a equivocar. Puebla sigue representando un botín ideal para aquéllos que sólo buscan obtener el beneficio personal mediante el poder, olvidándose por completo de la ciudadanía, y si no que se lo pregunten al señor gobernador.
Ya inmersos en el proceso y con el ánimo de mejorarlo, el Partido Acción Nacional propuso cuatro cosas específicas para tratar de mejorarlo:
1. Establecer centro de votación para facilitar al elector el llegar a depositar su voto.
2. Boletas con folio desprendible para asegurar que no se introdujeran boletas extrañas al proceso, sin violar el secreto al voto.
3. Que las boletas electorales fueran firmadas por los representantes de los partidos políticos contendientes.
4. Y la división del padrón electoral por abecedario, en donde existieran casillas auxiliares.
De todas esta propuestas sólo fue aceptada el que se dividiera el padrón electoral en aquellas casillas auxiliares que se instalaran en el mismo domicilio. Las demás fueron rechazadas argumentando que iban en contra de la Ley.
Después, ante el rechazo del comité municipal electoral de nuestra propuesta para un número reducido de casillas, nosotros impugnamos 120 casillas de las 1 mil 37 que propuso el Presidente del comité municipal electoral, por estar ubicadas en lugares de difícil acceso, por no asegurar la libre emisión y el secreto del voto o porque los funcionarios de las mesas directivas de casilla eran, cosa extraña, de reconocida filiación priísta.
Así las cosas, nos enfrentamos durante todo el proceso electoral a la cerrazón de los organismos electorales, en los que evidentemente tiene una mayoría abrumadora el partido oficial, misma que no permite la toma de decisiones como un organismo colegiado, sino viciado.
La mayoría aplastante fue demostrada muchas de las veces sin argumentos y sí con prepotencia. La civilidad política a la que convocamos desde un principio no fue demostrada por ellos.
Afirmábamos que era un elemento necesario para que la competencia se desarrollara en un marco que garantizara y promoviera la participación, para que tanto el desarrollo como el resultado fuera fiel reflejo de las voluntades, pero nos volvimos a equivocar, los ataques de los fue objeto nuestro candidato a la presidencia municipal y la destrucción sistemática de la propaganda nos hicieron darnos cuenta que no estaban dispuestos a comportarse de acuerdo con las normas de convivencia civilizada con objeto de que no imperase la ley de la selva.
Lo dijimos antes y lo volvemos a afirmar, ni los partidos políticos, ni los ciudadanos nos debemos convertir en vigilantes de la propaganda, porque ésta debe ser respetada por toda la población incluidos por supuesto los trabajadores al servicio de cualquier autoridad. Esas comisiones de Vigilancia de la propaganda no tienen ni tendrán ninguna justificación en procesos electorales. Pero aún más, no podemos convertirnos en agrupación policiaca para vigilar lo que sucede el día de las elecciones, porque el Gobierno poblano y sus organismos electorales han demostrado una vez más su grado superlativo de incompetencia en la organización y vigilancia de un proceso electoral; su incompetencia o mala voluntad van desde el designar, porque en Puebla todavía son designados los funcionario de las mesas directivas de casilla, a funcionarios a los que no se les da ninguna capacitación y muchos de ellos, suponemos nosotros, no saben leer ni escribir porque en el acta final en lugar de firmar sólo pusieron su huella.
La parcialidad en su actuación quedó demostrada ese mismo día ya que el partido oficial no registró a representantes de casilla en todas las instaladas en el municipio, ni falta les hacía, para eso estaban los presidentes, secretarios y escrutadores a los que les pagaron 100 mil y 200 mil pesos a los que mejor les fue, con la única condición de entregarles el acta aunque a muchos no les cumplieron y por eso están indignados. Pero aún más, el presidente de la comisión municipal electoral se brincó la Ley violando el artículo 77 fracción V designando auxiliares municipales electorales siendo esta facultad expresa del propio comité municipal electoral y no de su presidente; pero estos auxiliares que difícilmente pueden auxiliar en un proceso dada su manifiesta incompetencia, sólo se dedicaron a amedrentar a nuestros representantes de casilla y a darles instrucciones y órdenes a los presidentes de casilla que no les competía; ellos fueron en muchos de los casos los que llevaron los paquetes electorales al comité municipal electoral haciendo a un lado a los mismos presidentes, sólo que en el trayecto se dedicaron a cambiar paquetes electorales o abrir para introducir en ellos una nueva acta que llenaban en el interior, y combies y taxis a su servicio.
Por supuesto la instrucción de no entregar copias de las actas a los representantes del Partido Acción Nacional fue la principal orden; en el comité municipal electoral, en los comités distritales electorales se presentaron problemas desde su instalación, en Puebla se llegó al extremo de decidir por votación si se quedaban o no las cámaras de videofilmación en lugar de preocuparse por los acontecimientos de la jornada electoral; pero eso sí, clausaran la sesión sin entregar copia del acta circunstanciada antes de que se recibieran todos los paquetes electorales, la protesta de nuestro representante nuevamente fue un grito en el desierto, sólo se limitaron a decirle que lo citarían cuando los paquetes electorales correspondientes fueran remitidos a los comités distritales.
El 9 de noviembre por la noche, comenzó el traslado sin aviso a los comisionados, pero sí le avisaron a la policía, misma que a empujones le impidió el acceso a nuestro representante.
De la falta de material electoral que propició el retraso en la instalación de las mesas directivas de casilla, hacemos responsables por supuesto a los organismos electorales en todos sus niveles y a sus presidentes. Faltaron actas, sobraron boletas, la tinta no era indeleble, etcétera.
Qué curioso lo mismo sucediera en Sinaloa y en Tamaulipas. Las mismas violaciones graves a la Ley en los tres estados: en Sinaloa, en Tamaulipas y en Puebla, en un gran número de casillas aparecen más votos que el número de boletas entregadas.
El cambio de ubicación de casillas a última hora en su instalación, fuera de los términos de Ley, hizo incluso pasar malos ratos a algunas personalidades entre otras la famosa casilla 43 del primer distrito local, señalada como la que debería recibir el voto del candidato a la gubernatura del Estado por parte del gobierno priísta haciéndole pasar lo que en Puebla ya se conoce como vergüenza vitalicia.
Este retroceso al año de 1983, no podía ser el mismo si no se hubieran robado algunas urnas. Tenemos un ejemplo claro: las casillas 15 y 15 - A del XXI distrito local, ubicadas en la 27 Poniente fueron robadas con lujo de violencia y protección por parte de la policía, que lejos de garantizar la integridad de los ciudadanos se dedicó a agredirlos, incluyendo al único Notario que en Puebla desde hace muchos años cumple su función y acude al llamado para dar fe de los hechos ocurridos en días de elecciones.
Algunos reporteros también fueron blanco fácil para sus gases lacrimógenos. Y qué decir de los autodenominados "hombres del cambio". Apoyos que se promocionaron ante la sociedad como los que podrían dar honorabilidad e imagen al resto de sus compañeros candidatos y a su partido.
Sólo bastaron unas cuantas semanas para que ese cambio se diera, lástima que fuera en su propia conducta. El honorable Rafael Posada, pagando cenas, taxis y lo que fuera, con tal de ir fuertes en la elección, tratando de hacer lo que no pudo lograr en su campaña, porque nuestro candidato a diputado por ese distrito Angel Alonso Díaz Caneja, sí realizó una campaña vigorosa y entrega permanente en esta contienda electoral.
O el flamante presidente de la Cruz Roja, delegación Puebla, que desde el 8 de noviembre cuenta con una nada apetecible fama en cuyo cuartel de campaña se encontraba material electoral, mismo que fue quemado. Bueno, casi todo, les faltó una urna que por su tamaño sólo les quedaba esconderla bajo las alfombras; ellos por su parte prefirieron esconderse en la cisterna.
Quizá esos hombres del cambio, para poder presentarse ante la ciudadanía poblana tengan que cambiar de nombre. Por todo esto y por muchas pruebas que obran en nuestro poder, afirmamos que no existe autoridad moral por parte de los organismos electorales ni del partido oficial para ofrecer cifras, porque apenas el 40% de las casillas pueden considerarse como aceptables, porque en el 37% de las actas existen errores de procedimiento y porque interpusimos escritos de protesta en el 23% de las casillas conforme a las causales de nulidad que marca nuestra obsoleta Ley, exigimos la nulidad de las elecciones en Puebla por haber sido un proceso electoral fraudulento.
Exhortamos a las autoridades electorales a que este domingo asuman su responsabilidad y su actuación sea apegada a derecho.
Por nuestra parte, notificamos que tendremos una reunión permanente a las afueras del comité municipal electoral y esperamos que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en 1989, cuando literalmente nos echaron a los perros encima.
Nosotros sí buscamos la civilidad. Y termino con lo único que podemos aceptar de lo que dijo la diputada Garza Galindo: no hay de otra, hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Melquiades Morales, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Melquiades Morales Flores: Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Las elecciones en Puebla se desarrollaron en un ambiente de paz y tranquilidad social, y los incidentes que sucedieron ese día, además de ser normales y menores, de ninguna manera empañan este proceso electoral, como lo pretenden los dirigentes de la oposición.
Aquí se ha venido a magnificar algunos hechos, con la pretensión de descalificar el proceso electoral poblano, que tiene como característica el
que se haya desarrollado con apego a las normas y de manera pacífica.
Mi partido tiene un registro de una serie de actuaciones de militantes destacados de la oposición, que van desde la amenaza, los actos violentos, hasta la interferencia en las comunicaciones telefónicas y que en ningún momento hemos magnificado, como lo hacen los compañeros de la oposición.
Como partido en el poder, tenemos la enorme responsabilidad de contribuir a que los procesos electorales se realicen en paz y con estricto apego al derecho, somos los más interesados en que así suceda; mi partido no está con la ilegalidad y no le conviene el escándalo ni la duda de sus triunfos electorales. La transparencia, la tranquilidad, son elementos que procuramos, sean los mejores signos de los procesos electorales. Como partido mayoritario nos interesa que nuestros triunfos no sean cuestionados; nos interesa en cambio mantener el clima de respeto a las oposiciones, a sus candidatos y a sus dirigentes.
Mi partido mantiene siempre una actitud respetuosa para los candidatos de todos los partidos y procuramos que las campañas de nuestros candidatos fuesen de altura y propositivas, no de insultos o denuestos, tal y como consta a todos los poblanos y como lo han registrado los medios de comunicación locales y nacionales.
Por ello rechazamos categóricamente las acusaciones que se han venido a hacer en esta tribuna respecto al proceso electoral poblano; como también no aceptamos que con juicios a priori, se pretenda colocar en el banquillo de los acusados a las autoridades gubernamentales y a nuestros candidatos.
Se habla aquí de un padrón abultado, rasurado. Se basa esta aseveración en un estudio de una investigadora, el cual se contradice con los acuerdos suscritos en las comisiones distritales de vigilancia electoral, que fueron debidamente acreditados ante la fe de notarios públicos.
Esa es la mejor demostración de que este elemento, este instrumento electoral fue el adecuado y en él participaron los partidos políticos en su oportunidad.
Se argumenta que hubo cambios de casillas, se habla de la existencia de centros de fraude y señalan el caso concreto, como el diputado Aguilar Coronado, de la casa de campaña de una candidato a diputados. Este edificio fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y por un notario y de ninguna manera se encontraron documentos o pruebas que condujeran a la existencia de un laboratorio, como aquí se viene a decir.
Se pregona que en este proceso electoral hubo violencia, pero no se dice que en algunas partes de la entidad, como por ejemplo en Pahuatlán, en Esperanza y en otros lugares, brigadas de otras entidades de la República, especializadas en la provocación, desarrollaron actividades que afortunadamente no tuvieron consecuencias, debido a la madurez de los priístas que en ningún momento cayeron en la provocación.
Las acusaciones deben tener siempre un fundamento y deben probarse plenamente; de no ser así, éstas caen en la ofensa y en la calumnia.
Esta Cámara conoce los sucesos políticos trascendentales de la nación, y es foro del más alto nivel, que debemos preservar y no convertirlo en un lugar de desahogo y de resonancia de problemas locales, que allá, en cada entidad o en cada municipio tendrán que resolverse legal y políticamente.
Hacemos pues un llamado a los compañeros de la oposición, para que con respeto a la Ley, con honestidad política y madurez, contribuyan a preservar la tranquilidad que se vive en el Estado. Los invitamos muy cordialmente a respetar, las resoluciones de los organismos electorales, pues vivimos en un estado de derecho, y sobre todo acatar la voluntad popular, que en esta elección favoreció ampliamente a mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias (Aplausos.)
La Presidenta: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: - Con su permiso, señora Presidenta:
Dos precisiones. No es que pretendamos colgarnos de este cuartel de campaña, en el que no sólo fue un notario, fueron dos efectivamente; uno entró solo, estando ahí Fernando Escondrillas que nos cerró la puerta. Personalmente a mí me atropelló el pie izquierdo, pero no me estoy quejando de eso, lo que pasa es que no se puede venir a decir aquí que no se encontró nada, cuando no sólo fue un notario de ellos señor Tinoco, no sólo fue el notario Ortiz Díaz, sino también fue el Director de Averiguaciones Previas, que no se declaró competente para hacer
una inspección a fondo, y lo único que se limitó a hacer fue una inspección ocular.
Claro, yo le dije al licenciado Sandoval, ¿cuál de las cajas le gusta para que encontremos algo, o cuál de las alfombras, o vamos a abrir la cisterna para ver ese asunto? No se puede con una inspección ocular hacerlo.
Por supuesto, diputado Melquiades Morales, aceptamos esa exhortación en forma civilizada, a no contribuir en lo más mínimo a cualquier causal que pueda llevarnos a la violencia; lo rechazamos categóricamente. Nosotros no jugamos en esa forma, pero también le debo decir que las resoluciones que emitan los organismos electorales, dependerán en su acatamiento por parte nuestra, de su respeto a la Ley y de su actuación imparcial como debe ser en un organismo electoral. Gracias.
La Presidenta: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Pacheco Pulido.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que a veces los hombres de provincia tenemos una concepción de las cosas muy distintas o diferentes a las concepciones que se tienen en otras partes del país sobre la propia capital.
Esto lo quiero señalar porque en Puebla, en todo el Estado, todos los poblanos todos los habitantes de Puebla, nos conocemos. Yo diría que en Puebla siempre está fresco el sabor de la amistad. Esto lo quiero señalar porque en una o en otra forma, en la escuela, en el servicio militar, en la vida social, en la vida universitaria, los que hemos estado en instituciones que se llaman oficiales y que convivimos con las instituciones privadas, hacemos amigos, todo esto nos lleva a que, decía yo, nos conocemos entre todos.
Todos los candidatos que participaron en la contienda electoral del Estado de Puebla, de todos los partido políticos, entre todos somos amigos; es decir, ahí en Puebla hay una gran categoría política entre todos los candidatos de todos los partidos políticos que participaron. Lo digo esto porque en lo personal y muchos de nosotros los diputados convivimos con ellos, y no quiero dar nombres ni quiero dar nombres de partidos para evitar réplicas, pero quería decir que no necesito avalarla, pero ratifico la honestidad, la capacidad, la amistad y, sobre todo, la verticalidad con que actuaron todos y cada uno de los candidatos a la gubernatura del Estado de Puebla y a la presidencia municipal, especialmente de la ciudad capital.
Estos conceptos y lo que hemos escuchado aquí, tanto en el caso Puebla como en las demás entidades, me hacían recordar alguno de los mensajes que aquí un magnífico diputado, Agustín Basave Benítez, en alguna intervención señalaba, y que también señaló Laura Alicia, se decía que el problema de nuestro tiempo es el problema de la legalidad, que el problema de nuestro tiempo es la claridad en las reglas de juego político, y esto fundamentalmente nos lleva a que las normas jurídicas sean conocidas por todos y a todos se les aplique por igual.
Esto creo que decía Laura Alicia importante que, con base en esa legalidad, ésta no es instancia para tratar problemas que corresponden a nuestra entidad federativa, tal vez diría yo que distorsionar la democracia es ocurrir a instancias que no son las idóneas.
Felicito a la diputada Teresa Aranda, cuando ella en su discurso decía que ya había interpuesto los recursos correspondientes ante las autoridades. Eso implica que ellos acuden con el principio de legalidad, con la Ley, con el derecho, ante las autoridades competentes del Estado de Puebla, a discutir esta problemática.
Bajo esos aspectos yo pediría a la Cámara la comprensión para entender y respetar la soberanía del Estado de Puebla.
Aquí alguien hablaba criticando a los diputados locales de mi entidad. Le pido respeto para la Cámara de Diputados locales de mi identidad, porque respeto a la soberanía y respeto a la legalidad.
Bajo esta serie de ideas que nos dan a nosotros la dimensión de una campaña política, que en Puebla también podemos afirmar dentro de esa legalidad, se llevó dentro de las estructuras que marca una Ley, una Ley que es cierto es perfectible, y que dentro de esta invitación que se ha hecho aquí permanentemente a perfeccionar la democracia, tenemos que entender tarde o temprano a ajustar los cambios que requieren las leyes, puesto que los fenómenos que ahora han surgido necesariamente generan la adecuación de una nueva legislación.
Pero esa legislación que tenemos es con la que se hizo el proceso electoral, es con la que algunos partidos políticos triunfaron en algunos de los
municipios, y es una Ley que va a encauzar a perfeccionar la democracia.
Veamos esos aspectos y repito que aquí se ha señalado, y que sumándonos a todos los conceptos que en una o en otra forma se han manifestado, y con el respeto que pedimos a nuestra soberanía, para que allá se diluciden, con los recursos correspondientes, las manifestaciones, las inconformidades, los hechos que aquí se han manifestado, queden en poder de la soberanía de nuestra entidad, en manos de las autoridades.
Yo creo que, la legalidad es el mejor antídoto contra las deformaciones de la democracia. A esa legalidad estoy pidiendo a mis compañeros de los partidos políticos aquí representados, nos ajustemos en el Estado de Puebla.
Allá han escuchado sus quejas mediante los recursos interpuestos. Tengo la seguridad que las autoridades tendrán que sujetar esos recursos al procedimiento y, como aquí también se dijo una frase, "que hay que navegar en el mar de la democracia", yo creo que también ese mar de la democracia debe estar impulsado por el compromiso político de todos los partidos, en no escatimar esfuerzos para que en beneficio de las soberanías de nuestros estados, estemos permanentemente apegados a la legalidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Señora Presidenta; se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo año. - LV Legislatura.
Orden del día.
17 de noviembre de 1992. Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Serra Puche, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Harry Dultzin Dubin, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en Grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Clariond Reyes, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en Grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Rafael López Morton, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Leopoldo II, en Grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en Grado de Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Jorge Pérez y Bouras, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.
Comparecencia del ciudadano doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
La Presidenta: (a las 3.22 horas del día viernes 13 de noviembre de 1992): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 17 de noviembre, a las 10.00 horas, en la que comparecerá el secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano doctor Pedro Aspe Armella.
Para tal efecto, se designan para recibirlo e introducirlo al recinto a los siguientes diputados:
Angel Aguirre Rivero, José Alarcón Hernández, Gabriela Guerrero Oliveros, Alberto Miguel Martínez Mireles y José Ramos González.
Y para acompañarlo en el momento que desee retirarse, a los siguientes diputados: Juan Bustillos Montalvo, Jaime Ríos Velasco Grajeda, Héctor Morquecho Rivera, Tomás Correa Ayala y Arturo Torres del Valle.
INTERVENCIÓN DE LOS DIPUTADOS GUSTAVO GÓMEZ PÉREZ Y MARIO DEL VALLE FERNÁNDEZ
El diputado Gustavo Gámez Pérez: - Con su permiso, señora Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados:
En nombre y representación de la fracción priísta de esta honorable Cámara de Diputados, hago uso de la palabra, para apoyar y hablar a favor de la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales.
Y ocupo esta importante y honorable tribuna, porque considero que hablar en favor de este proyecto de Ley de Aguas Nacionales es de singular importancia para impulsar el desarrollo social y productivo del país y, sustancialmente porque "la iniciativa se enmarca en las tendencias actuales de la modernización de la legislación hidráulica en el mundo", como reza con toda certeza el dictamen que se presentó al pleno.
Hablo también en favor de esta iniciativa de Ley porque existe la necesidad "de expedir una nueva legislación en materia de aguas nacionales que sea reglamentaria del artículo 27 de la Constitucion General de la República".
Esta iniciativa fue hecha llegar por el Ejecutivo el 2 de julio pasado. Desde esta fecha a la actual hubo tiempo para hacer un análisis más detallado de la misma razón por la cual se configuró un grupo parlamentario pluripartidista de la misma razón por la cual se configuro un grupo parlamentario pluripartidista que sostuvo reuniones con servidores públicos de todos los niveles del Ejecutivo involucrados, así como con diversos representantes de la sociedad mexicana en su conjunto.
Para ampliar sus márgenes de discusión, "se llevaron a cabo reuniones pluripartidistas en el recinto de la Cámara de Diputados, con participativos representantes y compañeros legisladores de las seis fracciones de los partidos políticos, llegándose a la conclusión que la iniciativa para constituir una nueva Ley de Aguas Nacionales, ha sido sometida a un amplio estudio de manera plural, que la consideración hecha ha contado con un respaldo técnico y directo y en lo general en las sesiones en las que se ha trabajado se permitió y se alentó la discusión y presentación de propuestas, lo que nos permite considerar que bajo una visión plural, como se indica en el dictamen respectivo y previo, la iniciativa ha sido debidamente valorada y sometida a la revisión de todos los partidos políticos que integran esta Cámara y conforman la LV Legislatura".
Con base en las anteriores consideraciones aquí expuestas, manifiesto aquí mi total desacuerdo con lo que ha declarado hoy, en un diario nacional, un grupo parlamentario de oposición a mi partido el Revolucionario Institucional, en el sentido de que el proyecto de Ley de Aguas Nacionales "esta encaminado a favorecer la concentración, el monopolio del agua, que daría por resultado un manejo mercantil irrestricto y carente de un mínimo de sentido social de los recursos naturales".
Categóricamente, rechazo que en este proyecto de Ley no se haya tomado en consideración a los agricultores, como lo denuncia una agrupación campesina nacional en un diario capitalino de hoy jueves.
Contrario a lo que se ha dicho, esta Ley de Aguas Nacionales, es moderna y vigente, porque como ha tenido amplios espacios de tiempo para sus discusiones, se ha previsto que supla en su totalidad con los requerimientos legales y funcionales que ya no reúne la Ley Sobre Irrigación, del 4 de enero de 1926, que es prácticamente, el primer ordenamiento de regulación hidráulica, que obviamente ya es antifuncional a 66 años de distancia, como igual sucede con la actual Ley Federal de Aguas, vigente desde 1972, con 20 años exactos de operatividad.
La aprobación de esta Ley de Aguas Nacionales es prioritaria y estratégica para el desarrollo social y económico de nuestro país como ya lo expresé anteriormente, porque "a 66 años de fundada la primera Comisión Nacional de Irrigación, 700 mil hectáreas regadas se convirtieron en más de 6 millones 100 mil, lo cual ha permitido a México ocupar el sexto lugar en el mundo en áreas de regadío. Lo construido incluye 1 mil 273 presas de almacenamiento; 38 mil kilómetros de drenes y desagües, 55 mil kilómetros de operación y enlace de zonas agrícolas; más de 80 mil pozos de riego y 282 mil 400 estructuras de canales, drenes y caminos. Algunas de estas obras, sobre todo de almacenamiento tienen uso múltiples, pues permiten hacer llegar agua a centros de población, a utilizarlas en otras
actividades productivas y para generación de energía eléctrica. La obra hidráulica, se resalta en el dictamen, ha permitido construir 52 centrales que producen aproximadamente el 20% de la generación eléctrica del país...
Reglamentación de uso y explotación que ya están consideradas en esta iniciativa en el Capítulo III y en los artículos 78,79,80 y particularmente, el 81. Necesario es también meditar aquí, en la labor de control de avenidas y protección contra inundaciones que efectúan los grandes envalses de agua, como son las presas de almacenamiento de agua, que hay en todo lo largo de la geografía nacional, en número, como ya dijimos, de 1 mil 273 aspectos de control, prevención y protección que también están contenidos en el Capítulo V, en sus artículos 83 y 84, donde con todo acierto y previsión, particularmente en el artículo 83, se estipula que "la Comisión en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o en concertación con personas físicas o morales, podrá construir y operar, según sea el caso, las obras para el control de avenidas y protección de zonas inundables, así como caminos y obras complementarias que hagan posible el mejor aprovechamiento de las tierras y la protección de centros de población, industriales y, en general, a las vidas de las personas y de sus bienes, conforme las disposiciones del Título Octavo..."
Por las razones y explicaciones aquí expuestas sucintamente, he hablado en favor por que tal Ley de Aguas Nacionales sea aprobada con el concurso lúcido y consciente de todas las fracciones parlamentarias aquí reunidas.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
TITULO SEXTO Usos del agua
CAPITULO III
Uso en generación de energía eléctrica
Este Capítulo recoge lo dispuesto en la Ley Federal de Aguas por lo que se refiere a la coordinación con las autoridades eléctricas, que utilizan el agua para generación de energía eléctrica, y a veces también las aguas del subsuelo en estado de vapor o con altas temperaturas para la generación geotérmica de energía eléctrica. En este sentido se encuentran los artículos 78, 79, primer párrafo, y 81.
El segundo párrafo del artículo 79 tiene como objeto aclarar en Ley una necesidad en la construcción de presas hechas directamente por el Gobierno Federal a través de la CNA, construcción que no hace la paraestatal Comisión Electoral. En estos casos de infraestructura disponible para generar energía hidroeléctrica, es deseable y posible que el Gobierno recupere parte de la inversión a través de la generación de energía eléctrica que requiera para autoconsumo, como lo sería por ejemplo, la que se requiere en un distrito de riego, pudiendo disponer de los excedentes conforme a la Ley General del Servicio de Energía Eléctrica, vendiéndoselos a la Comisión Federal de Electricidad. Para realizar tal explotación, lo puede hacer a través de la administración directa o bien através de concesión a particulares, bajo las mismas condiciones establecidas en la Ley, o sea, que no se puede prestar el servicio de energía eléctrica, sino que los excedentes se deben entregar a la Comisión Federal de Electricidad.
"IV. Esto no significa que la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica se convierta en monopolio del Estado, pues lo que la iniciativa Presidencial propone, es que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica corresponda a la nación, específicamente cuando se destine a la prestación de un servicio público.
La Ley que reglamenta esta reforma constitucional deberá establecer con toda claridad, que se entiende por servicio público eléctrico, con sus características de permanencia, generalidad, continuidad, eficiencia y seguridad; es decir que su aprovechamiento sea destinado en general para cualquier usuario mediante policitación."
La Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica es congruente con lo anterior, como se destaca en los artículos 1o. y 2o. y sobre todo el 3o. "No se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares individualmente considerados."
Congruente con lo anterior, el artículo 36 prevé que se expedirá permiso para el autoabastecimiento de la Secretaría de Energía Minas e Industrias Paraestatal, previendo que en los excedentes se convendrá su entrega a la Comisión Federal de Electricidad. Al efecto dice:
Ajustar lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales a la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica limitando la entrega de excedentes del autoabastecimiento, pues en los términos tan genéricos en los que están redactados los artículos 79, 80 y 108 se puede considerar que viola el artículo 27 constitucional que se reserva a la nación el generar, conducir transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
1. En especial preocupa el artículo 108 por lo general, pues no se quiere que se hable de generación y venta de energía eléctrica por particulares. Se considera que hay imprecisión de generalidades en los artículos citados, por lo que se quiere que expresamente se diga por lo menos que se trata de la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica.
2. No se está de acuerdo en la observación, pues la iniciativa de Ley es congruente con el artículo 27 constitucional y la Ley General de Servicio Público de Energía Eléctrica, pues ambas permiten la generación de energía eléctrica por particulares para su autoabastecimiento y la venta de los excedentes conforme la Ley. Lo que no pueden, es prestar el servicio Público o servicio al público de energía, lo cual la iniciativa lo respeta, pues no existe disposición en contrario y sí, en cambio, señala expresamente que la venta se efectuará en los términos o condicionada a lo que diga la Ley. Así existe un reenvío expreso a lo dispuesto en la Ley, como es el caso de la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica.
3. La Ley es acorde con la Constitución, toda vez que.
Esta disposición sobre la utilización de presas para generar energía eléctrica por parte de CNA, ya es Derecho Positivo Mexicano aún antes de la nueva Ley, pues se encuentra ya previsto en la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas de Infraestructura Hidráulica (artículo 7., último párrafo).
En el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, sólo reserva a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Como se aprecia no está prohibida la autogeneración de energía eléctrica, como no podría estarlo por sentido común y ante lo impráctico de una prohibición de tal tipo.
Este y no otro, fue el propósito de la reforma constitucional de 1960.
El Presidente Adolfo López Mateos, en la iniciativa destacó en dicha época:
"La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, expresé en mi informe, así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren como en el caso del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano."
En el dictamen de la Cámara de Senadores que mereció la iniciativa, todavía fue más preciso:
"En los citados convenios que celebre la Comisión Federal de Electricidad con los solicitantes de permisos, deberá pactarse la retribución que corresponda por la aportación de la electricidad que resulte en exceso de la indispensable para autoabastecimiento."
En todo lo anterior es congruente la Ley de Aguas nacionales, pues:
a) Establece que las presas a cargo de la Comisión que tenga posibilidades de generar energía eléctrica lo puedan hacer, para lo cual lo podrán hacer directamente para su autoabastecimiento con la posibilidad de vender los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, como lo señala la Ley. Si lo puede hacer directamente en bienes nacionales, no sabe la razón por la cual no pueda hacer a través de concesión que permite el artículo 28, antepenúltimo párrafo, de la Constitución, actuando el concesionario en iguales términos y no en distintos.
b) Establece, por otro lado, la posibilidad de otorgar concesión de agua para el autogeneración de energía eléctrica, con apoyo en lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, y sujeto a lo dispuesto en la Ley , esto es que pueda disponer de los excedentes, entregándolos a la Comisión Federal de Electricidad. La Ley de Aguas Nacionales en ninguna parte dice que se preste servicio público o servicio al público, sino que indefectiblemente remite a la Ley, o sea, a la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica. En este sentido, no se debe confundir la concesión de agua con el permiso o autorización de autoabastecimiento que conforme a la Ley emite la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Se trata de dos actos de autoridad diferentes dentro del ámbito de su competencia y de sus respectivas leyes.
c) Se establece que en caso de construcción de una presa por particulares o inversionistas privados, se puede recuperar la inversión, generando energía eléctrica para su autoabastecimiento y vendiendo el excedente conforme a la Ley, o sea, vendiéndolo a la Comisión Federal de Electricidad (el Estado sigue siendo regulador y rector de la distribución de la energía eléctrica.)