Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921124 - Número de Diario 10
(L55A2P1oN010F19921124.xml)Núm. Diario: 10ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
María de los Angeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F., martes 24 de noviembre de 1992 No. 10
SUMARIO
ASISTENCIA 977
ORDEN DEL DÍA 977
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 977
COMUNICACIONES
De los diputados Romeo Flores Leal Ernesto Botello Martínez y Carmen Bolado del Real.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (I)
Con proyecto de decreto que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional. Se turna a la comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Hilario Rodríguez Malpica Flores, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Sonia Davidson de Peterson, pueda prestar sus servicios como cónsul honorario de El Salvador en el Estado de Morelos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gilberto Calzada, Nora Patricia Chanona Téllez y Rosa María González Roa, puedan prestar sus servicios en las embajadas de Tailandia y los Estados Unidos de América, así como Rafael Faver Cinta, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
Para la creación del Instituto Nacional de Pensionados de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Alberto Cortés García. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (I)
LEY FORESTAL (I)
De las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de Ley Forestal. Intervienen en la discusión los diputados: Jesús Mario del Valle Fernández, para fundamentar el dictamen.
Héctor Morquecho Rivera, en contra.
Rigoberto Salazar Velasco, en pro.
Eberto Croda Rodríguez
Miguel Angel León Corrales, en contra.
Efraín Zúñiga Galeana, en pro.
Cecilia Guadalupe Soto González, en contra.
RECESO
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PERMISO PRESIDENCIAL
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional. Es de primera lectura y la Asamblea dispensa la segunda lectura.
Para expresar sus opiniones en pro del dictamen, hacen uso de la palabra los diputados:
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Martín Tavira Urióstegui
Ramón Mota Sánchez
José María Téllez Rincón
Se aprueba por unanimidad. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (II)
Con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Paraguay. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN (II)
Continúa la discusión en lo general del dictamen de las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto de Ley Forestal y hacen uso de la palabra los diputados:
Lucas Adrián del Arenal Pérez, en pro.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, en contra.
Jorge Uscanga Escobar, en pro.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Carlos González Durán, en contra.
Luis Alberto Beauregard Rivas, en pro.
Enrique Rico Arzate, en contra.
Javier Centeno Avila, en contra.
Irma Piñeiro Arias, en pro.
Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por 334 votos.
La Presidenta informa que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados, la discusión en lo particular se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre de 1992.
ESTADO DE TAMAULIPAS
Denuncia presentada por el diputado Adolfo Kunz Bolaños, sobre la probable violación al fuero constitucional de un diputado y la violación a los derechos humanos a diversos ciudadanos en este Estado. Gírese comunicación al Procurador General de la República. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA PATRICIA RUIZ ANCHONDO
ASISTENCIA
La Presidenta: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Salomón Jara Cruz: - Se informa a la Presidencia que existen registrados 414 diputados, por lo tanto hay quórum.
APERTURA
La Presidenta (a las 12.13 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Salomón Jara Cruz: - Se dará lectura al orden del día.
« Primer período de Sesiones Ordinarias. - Segundo año. - LV Legislatura.
Orden del día
24 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los ciudadanos diputados Romeo Flores Leal, Ernesto Botello Martínez, María del Carmen Bolado del Real y Eloy Vázquez López.
Minutas
Con proyecto de decreto, que reforma el diverso que aprueba el convenio constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano vicealmirante aeronáutico naval piloto aviador diplomado de Estado Mayor Hilario Rodríguez Malpica Flores, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito Naval, en segunda clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Sonia Davinson de Petersen, para que pueda prestar servicios como cónsul honorario de El Salvador en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Calzada González y Nora Patricia Chanona Téllez, para que puedan prestar sus servicios como personal de limpieza y asistente comercial, respectivamente en la Embajada Real de Tailandia, acreditada ante el Gobierno de México.
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Rosa María González Roa, para que pueda prestar servicios como recepcionista secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rafael Favela Cinta, para que pueda prestar servicios como empleado de vigilancia en la Embajada Británica, en México.
Dictámen a discusión
De las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente con proyecto de Ley Forestal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Gustavo Petricioli, para aceptar y usar la Condecoración del Libertador Bernardo O'Higgins, en Grado de Gran Cruz, que la confiere el Gobierno de la República de Chile.
Intervención del ciudadano diputado Adolfo Kunz Bolaños, del grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar un punto de acuerdo.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La presidenta: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Salomón Jara Cruz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
« Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Luis Felipe Bravo Mena
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con treinta y un minutos del día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos trece diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y, no habiendo quien haga uso de la palabra en, votación económica se aprueba en sus términos.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo aniversario de la muerte de Ricardo Flores Magón. Se designa Comisión para representar a la Cámara de diputados.
Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Mariano Carreón Girón; la asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos.
Una comunicación del Congreso del Estado de Durango, por la que solicita la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para solucionar problemas relacionados con la compañía de Teléfonos de México. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Hace uso de la palabra el diputado Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de la Defensa Nacional.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da cuenta con una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b, del artículo segundo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la moneda de veinte pesos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de que el dictamen de las Comisiones Unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de Ley Forestal, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Se da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gustavo Petricioli, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Es de primera lectura.
Se somete a la consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime José Serra Puche pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Reino de Bélgica. Es de segunda lectura.
Para referirse a este dictamen, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, en contra; Blanca Ruth Esponda de Torres, del Partido Revolucionario Institucional en pro; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en contra y Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, en pro. No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la asamblea considera el dictamen suficientemente discutido y lo aprueba en votación económica. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se da lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Daniel Harry Dultzin Dubin, Benjamín Clarión Reyes, Luis Rafael López Morton y Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Reino de Bélgica. No habiendo quien haga uso de la palabra, en sendas votaciones económicas se aprueban y pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Un dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Pérez y Bouras, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y se turna al Senado para sus efectos constitucionales.
Hace usos de la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo respecto de los sucesos del pasado mes de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y que fue firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Asamblea lo admite en votación económica y se turna a la Comisión de Justicia.
Para referirse a la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros y Similares de la República Mexicana, hace uso de la palabra el diputado Gonzálo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a las comisiones unidas de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de información, Gestoría y Quejas.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con una iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y trigésimo primero, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo en relación con la muerte del periodista Ignacio Mendoza Castillo, firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Quinta Legislatura. De enterado.
Para presentar un punto de acuerdo diferente, sobre el mismo caso, hace uso de la palabra el diputado Gonzálo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional y firmado por representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Auténtico de la Revolución Mexicana, Acción Nacional y Popular Socialista.
Para referirse a este punto de acuerdo, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y la Asamblea admite a discusión el punto de acuerdo.
Hacen uso de la palabra los diputados Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, en pro y, para rectificar hechos, los diputados Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional y Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional. El presidente ordena que el punto de acuerdo del diputado Altamirano Dimas, se integre con el diputado Hendricks Díaz y ambos se turnen a la Comisión de Derechos Humanos.
Para rectificar hechos, sobre el asunto con el que se acaba de dar cuenta, hacen uso de la palabra los diputados Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y José María Téllez Rincón.
Sube a la tribuna el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios en torno a la situación en el Estado de Tamaulipas y para rectificar hechos sobre el mismo tema hacen uso de la palabra los diputados Benjamín López Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional y Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Continúan en el debate, sobre la situación poselectoral en el Estado de Tamaulipas, los diputados Juan Huesca Pérez del Partido Acción Nacional; Oscar Luebbert Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Kunz Bolaños; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Humberto Flores Cuéllar, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido; Salvador Juárez García, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Saavedra Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que la Secretaría lea diversos documentos; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, quien informa que su partido se retira del debate a las dieciséis horas con veintisiete minutos.
A solicitud de diputados del Partido Acción Nacional, antes de retirarse del salón de sesiones, el Presidente ordena que se pase lista de presente a fin de ratificar el quórum y antes de que esta termine, el mismo Presidente declara que es obvio que existe la mayoría necesaria para continuar la sesión. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la solicitud de licencia del diputado Alejandro Rébora González, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo. Llámese a la diputada Marlene Herrera Díaz.
Presidencia de la diputada Patricia Ruiz Anchondo
Para expresar sus comentarios respecto al aniversario de la Revolución Mexicana, se concede el uso de la palabra a los diputados Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional; Martha Maldonado Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática; Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Efraín Zuñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista y Benjamín Avila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta concede el uso de la palabra al diputado Luis Correa Mena, del Partido Acción Nacional, quien informa de la presentación de una solicitud de juicio político en contra de diecisiete diputados del Congreso del Estado de Yucatán e inmediatamente después abandona la sala de sesiones.
Para rectificar hechos sobre este asunto, hacen uso de la palabra los diputados Ignacio Mendicuti Pavón y Rafael Fernández Tomás, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecinueve horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos a las diez horas. »
La presidenta: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Salomón Jara Cruz: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMUNICACIONES
El secretario Rubén Pabello Rojas:
« Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión. - Presente.
Por medio de la presente, en mi calidad de diputado propietario a la LV Legislatura del Congreso de la Unión y habiendo solicitado licencia previamente, comunico atentamente a esta honorable Cámara de Diputados mi reincorporación a la misma, motivo por el cual debe de quedar sin efecto la licencia correspondiente.
" Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar. "
Atentamente.
Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a 18 de noviembre de 1992. - Diputado federal, Romeo Flores Leal. »
De enterado, y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas.
El mismo Secretario:
« Ciudadano licenciado diputado Fernando Ortiz Arana. - Presente.
Por este conducto me dirijo a usted para certificar que he atendido al ciudadano diputado Ernesto Botello Martínez, por haber presentado un absceso en la base del cuarto ortejo del pie izquierdo, el cual se drenó bajo anestesia local.
Dicho absceso, es una situación que pone en peligro la viabilidad del dedo por lo que deberá permanecer en reposo absoluto mientras se efectúan las curaciones necesarias y se observa el curso de la infección.
Atentamente.
Salamanca, Guanajuato a 16 de noviembre de 1992. - Doctor Gerardo Romero Quintanar.»
De enterado.
El mismo Secretario:
« Diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Cámara de Diputados. - Presente.
Señora diputada: con fecha 3 de agosto pasado, dirigí ocurso a esa honorable Comisión para
solicitar licencia y poder separarme temporalmente del ejercicio de mi cargo y funciones como diputada federal, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que, para el caso, así lo estatuyen. Transcurrido el período y cumplido el motivo por los cuales fue concedida la licencia solicitada, manifiesto ahora mi propósito de reintegrarme al cumplimiento y desempeño de mi función como diputada federal a la LV Legislatura del Congreso de la Unión.
He de agradecer cumplidamente a usted, tenga a bien disponer el trámite legislativo y administrativo correspondiente a esta comunicación.
Atentamente.
Tampico, Tamaulipas, 16 de noviembre de 1992. - Diputada María del Carmen Bolado del Real. »
De enterado, y se le tiene por reincorporada a sus actividades legislativas.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (1)
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
« Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 19 de noviembre de 1992. - Secretarios senadores Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
Artículo primero. Se reforma el artículo 2o., del decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, reformado según decretos publicados en el citado Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1963, 7 de enero de 1980 y 13 de enero de 1986, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal para, que por conducto del Banco de México, haga la suscripción de acciones o partes sociales de la Corporación Financiera Internacional, hasta por la cantidad adicional de diez millones ciento treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, para hacer un total de 23 mil 310 acciones por la suma de veintitrés millones trescientos diez mil dólares."
Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Financiera Internacional que a México corresponda hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México Distrito Federal, 19 de noviembre de 1992 . - Presidenta, senadora Idolina Moguel Contreras, secretarios senadores: Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - El Oficial Mayor, Morelos Canseco Gómez.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que
contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Vicealmirante aeronáutico naval piloto aviador diplomado de Estado Mayor Hilario Rodríguez Malpica Flores pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito Naval, en segunda clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 19 de noviembre de 1992. - Secretarios senadores Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante aeronáutico naval piloto aviador diplomado de Estado Mayor Hilario Rodríguez Malpica Flores, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito Naval, en segunda clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - Presidenta, senadora: Idolina Moguel Contreras; secretarios senadores: Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - El Oficial Mayor, Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Davidson de Petersen, para que pueda prestar sus servicios como cónsul honoraria de El Salvador en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 19 de noviembre de 1992 - Secretarios senadores Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso para que la ciudadana Sonia Davidson de Petersen, pueda prestar sus servicios como cónsul honoraria de El Salvador en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - Presidenta, senadora Idolina Moguel Contreras, secretarios senadores Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - El Oficial Mayor, Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario Salomón Jara Cruz:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Calzada González y Nora Patricia Chanona Téllez, para que pueda prestar sus servicios como personal de limpieza y asistente comercial, respectivamente en la Embajada Real de Tailandia acredita ante el Gobierno de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - Secretarios senadores Antonio Manríquez G. y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso para que el ciudadano Gilberto Calzada González, pueda
prestar sus servicios como personal de limpieza en la Embajada Real de Tailandia acreditada ante el Gobierno de México.
Artículo segundo. Se concede permiso para que la ciudadana Nora Patricia Chanona Téllez pueda prestar sus servicios como asistente comercial en la Embajada Real de Tailandia acreditada ante el Gobierno de México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - Presidenta, senadora Idolina Moguel Contreras, secretarios senadores: Antonio Manríquez G. y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - El oficial Mayor Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa María González Roa, para que pueda prestar sus servicios como recepcionista secretaria en la embajada de los Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - Secretarios senadores Antonio Maríquez G. y Ramón Serrano Ahumada.»
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso para que la ciudadana Rosa María González Roa, pueda prestar sus servicios como recepcionista secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - Presidenta, senadora Idolina Moguel Contreras, secretarios senadores: Antonio Manríquez G. y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - El Oficial Mayor, Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Favela Cinta, para que pueda prestar sus servicios como empleado de vigilancia en la Embajada Británica en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - Secretarios senadores Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso para que el ciudadano Rafael Favela Cinta, Pueda prestar sus servicios como empleado de vigilancia en la embajada Británica en México.
Salón de comisiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - presidenta, senadora Idolina Moguel Contreras; secretarios senadores: Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 1992. - El Oficial Mayor, Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY SOBRE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONADOS
La Presidenta: - Se le concede el uso de la palabra al diputado José Alberto Cortés García, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley Sobre la Creación del Instituto Nacional de Pensionados.
El diputado José Alberto Cortés García:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Considerando que dentro de las ideas de modernidad que se han venido desarrollando a últimas fechas, tendientes en lo social a mejorar el nivel de vida de la población, mediante la implementación de métodos para elevar la productividad y la calidad, así como, abriendo nuestra economía a mercados internacionales, para lograr la afluencia de mayor riqueza y que esta sea equitativamente distribuida entre los diversos sectores que integran el pueblo de México; no obstante los citados avances, existe un sector de nuestros compatriotas, que en razón de su edad o bien por haber sufrido riesgos de trabajo o enfermedades, se encuentran impedidos para desarrollar un trabajo remunerado y por ende han dejado de pertenecer al sector productivo, que en cantidad aproximada asciende en la actualidad a un número cercano a 2 millones de mexicanos, los cuales aun cuando mediante el establecimiento de leyes de seguridad social, reciben pensiones que en términos reales las mismas son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de estas personas y sus familias, condenándoles a drásticas privaciones de satisfactores indispensables para una vida modestamente decorosa.
Siendo conocido por esta honorable representación popular, que es materialmente imposible, intentar la sustancial mejoría de las condiciones de nuestros conciudadanos jubilados, sin que se dé la concurrencia previa de los diversos sectores de la población que integran los factores de la producción (capital y trabajo), y aunándose a estos el sector oficial, aclarando que el concierto citado será adicional e independiente a las medidas ya existentes en materia de seguridad social y tendrá como característica distintiva de aquéllas el ser eminentemente social, lo cual indica que el auxilio que se preste a los trabajadores sujetos a pensión, será uniforme sin importar condiciones tales como lapsos durante los cuales los mismos hayan prestado servicios personales mediante una relación laboral.
El objetivo de esta iniciativa, es el que mediante su aprobación se lleve a cabo la creación de un organismo que coadyuve con los ya existentes al logro de una retribución que en justicia corresponde a los pensionados, contando para ello con aportaciones tripartitas que se utilicen como ayudas económicas en lo particular a cada uno y programas sociales de carácter general dirigidos a este sector de trabajadores, como pueden se asilos, lugares de recreación y todos aquellos que tiendan a mejorar la vida de los trabajadores jubilados.
El organismo a que esta iniciativa se refiere, cuya denominación se propone sea la de "Instituto Nacional de Pensionados", tendría en su caso como responsabilidad la planeación, organización y control de la justa y equitativa distribución de las aportaciones tripartitas que al mismo se hagan llegar, a efecto de que cumplan con la finalidad social a la que se han destinado y que es primordialmente la mejoría de la calidad de vida de los trabajadores pensionados, mediante el incremento de su poder adquisitivo para bienes y servicios indispensables de ellos y sus familias.
A título de aclaración, cabe mencionar que siguiendo con la característica distintiva de esta propuesta, que es eminentemente social, serán sujetos a la misma todos los trabajadores pensionados, independientemente de la entidad pública que haya dado origen a tal carácter llámese (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado o cualquier otra).
Las características principales que se pretenden cubrir con la creación y funcionamiento del Instituto Nacional de Pensiones que se propone a esta honorable soberanía:
1. Se beneficiarán todos los trabajadores pensionados, sean o no sujetos al régimen del Seguro Social.
2. Lo anterior nos indica que el beneficio se hace extensivo a trabajadores pensionados del sector público.
3. Los patrones, cumpliendo con la responsabilidad social que tienen para con la colectividad así como, la moral para con quienes laboraron a su servicio y por su edad o condiciones físicas se encuentran imposibilitados para
continuar trabajando, estarán obligados a cubrir cuotas en la cuantía anotada en esta Ley, sobre el salario base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, estableciéndose como límite superior de dicho salario el mencionado por la Ley de la materia.
4. Los trabajadores en activo, que ascienden a 13 millones en nuestro país, además de cumplir con una obligación de solidaridad para sus compañeros de clase, en el futuro también serán acreedores a este beneficio, ellos concurrirán cotizando en el porciento que en el cuerpo de este ordenamiento se establece, sobre el salario base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social o en su caso la entidad pública a la cual pertenecen.
5. El sector público, coadyuvando con los factores de la producción, concurre cotizando en el porciento fijado en el artículo de este ordenamiento, para aliviar latente el problema social que representa el que el sector de los trabajadores pensionados no cubra su necesidades primordiales mediante las cantidades que actualmente reciben.
6. con la finalidad de que le beneficio sea a la vez general, equitativo, se prevé que solamente un miembro de cada familia, será sujeto del mismo, para evitar que de existir dos o más pensionados en una familia, se duplique el beneficio contenido en esta iniciativa.
7. A fin de evitar innecesarias cargas administrativas que traerían consigo desviación de los recursos económicos del objetivo primordial de esta Ley, se propone:
a) Que la recaudación se lleve a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante capítulo específico que se abra en las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta de los patrones quienes serán retenedores obligatorios de las aportaciones correspondientes a los trabajadores a su servicio.
b) Que el sector público entere vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las aportaciones que al mismo le corresponden.
c) Que mensualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deposite la cantidad recaudada en forma tripartita en una cuenta especial que al efecto se abra en institución bancaria oficial, a nombre y disposición del Consejo de Administración Nacional, del Instituto Nacional de Pensionados, para que este destine proporcional y equitativamente tales recursos al fin propuesto en esta ley.
d) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcione apoyo logístico al Instituto Nacional de Pensionados otorgándole listados que se actualicen mensualmente y que contengan nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas sujetas de este beneficio, ello con el fin de evitar duplicidades en pagos y por ende enriquecimiento ilegítimo de alguna o algunas personas.
e) Que a fin de evitar que los pensionados reciban tardía e inoportunamente el auxilio social que se pretende implementar mediante la aprobación de esta iniciativa, tengan todos y cada uno de ellos, la opción de designar la institución bancaria y sucursal de la misma a la que deba hacerse llegar la cantidad que le corresponda para que pueda cobrarla en forma sencilla y oportuna.
Para dar viabilidad al Instituto Nacional de Pensionados a que esta iniciativa se refiere, a continuación se hace análisis descriptivo de la legislación correspondiente:
a) El objetivo genérico, es de coadyuvar con instituciones preexistentes, a efecto de que los trabajadores pensionados obtengan percepciones más decorosas que incrementen su poder adquisitivo para la obtención de satisfactores de las necesidades primordiales de ellos y sus familias, asimismo tengan acceso a establecimientos de descanso y solas esparcimiento que exprofeso se edifiquen para ese sector de la población.
b) Los órganos de Gobierno, estarán divididos en dos niveles;
b.1. El consejo de Administración Nacional, integrado por los representantes nacionales de sectores que concurren a dar vida y mantenimiento a este instituto anotándose a continuación la razón de ser cada una de tales representaciones.
1. El Ejecutivo Federal, que a su vez preside el Consejo de Administración Nacional, obedece a que siendo el máximo representante del Poder Ejecutivo de la Unión, es la persona idónea para cumplir y hacer cumplir en espíritu y esencia el objetivo perseguido por el Instituto Nacional de Pensionados.
2. Los representantes de los ciudadanos senadores de la República, así como, de los
diputados federales y los mandatarios de los estados de la República, obedece a la conveniencia que exista amalgama entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el pueblo que habita nuestra nación.
3. El representante de la Secretaría de Desarrollo Social, es en razón el objetivo primordial de tal dependencia, como idóneo para dar el impulso del sector oficial al Instituto Nacional de pensionados.
4. La intervención en el Consejo de Administración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es claramente fundada partiendo de la base que esta dependencia es responsable del bienestar de los trabajadores, entre otros los ya pensionados.
5. Siendo nuestro sistema de Gobierno, republicano, representativo y federal es necesaria la concurrencia de los poderes ejecutivo de las entidades federativas, así como, del Distrito Federal que sancionen con su voz y voto las decisiones que en relación a la parte de sus ciudadanos que integran el sector de pensionados, se tomen y que éstas sean real y efectivamente favorables para los mismos.
6. Dada la concurrencia de los factores de la producción, capital y trabajo, la representación patronal se justifica por ser sus mandantes la fuente de riquezas que acude al auxilio de aquellos que en algún tiempo y lugar formaron parte de la fuerza de trabajo que hizo viable sus negocios y por lo que ve a los trabajadores la explicación obvia de su intervención, se da en la situación de tracto sucesivo, consistente en que los trabajadores pensionados, pertenecieron a su sector y ellos al devenir del tiempo. Serán sujetos de los beneficios de esta Ley.
7. La representación de pensionados, se explica por el hecho de que siendo el Instituto, creación tendiente al beneficio de los mismos, es de vital importancia el conocer de parte de ellos sus concretas necesidades e inquietudes a satisfacer por el medio propuesto.
Dada la generalidad y abstracción que caracteriza una Ley, las facultades del principal órgano de Gobierno del Instituto, cuya descripción se hace anteriormente, así como, el modus operandi del mismo, se pretende elaborar por separado, en un Reglamento que con tal fin se formule con la oportunidad del caso.
b.2. Los consejos de administración distritales, con jurisdicción en cada uno de los distritos electorales federales en que se encuentra dividido el país, tiene por objeto, al atención de los problemas concretos que se presenten en tales circunscripciones a los trabajadores pensionados que habiten en ellas.
A efecto de no ser reiterativo en la descripción de los porqués de cada una de las representaciones que concurren a los consejos de administración distritales, valga el decir que son similares a los del Consejo de Administración Nacional, por las razones que en cada uno de los casos se establece.
8. Se hace alusión a normas operacionales que otorgan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público importante papel en la recaudación, distribución y control de los recursos económicos, por lo cual, se propone que el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público o quien este funcionario designe y en su caso remueva, tenga facultades y atribuciones similares y equiparables a las establecidas para los comisarios entratándose de las sociedades mercantiles.
9. Se anota la mecánica mediante la cuál el Congreso de Administración Nacional hará uso de las cantidades recaudadas, tanto para su entrega individual a los pensionados, como para el desarrollo de programas de solidaridad social en favor de estos, tomando en cuenta en este último caso, la necesidad de la medida, beneficios que acarreara a los sujetos del mismo y presupuesto de erogación para su desarrollo.
10. Se establecen asimismo reglas de carácter fiscal que tienden a favorecer, tanto a las personas morales y físicas que concurren mediante sus aportaciones en auxilio de los trabajadores pensionados, así como, a estos últimos a fin de evitar que por la implementación de cargas fiscales, se rompa por una parte el concierto de voluntades tendientes a ayudar a este sector, y por la otra, menguar la cantidad que se otorgue a los pensionados y sus familias.
Por lo expuesto y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo primero: La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece.
El objeto del Instituto Nacional de Pensionados es de coadyuvar con el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras entidades ya existentes, para retribuir en justicia a los trabajadores pensionados, mediante ayudas económicas y programas sociales que se determinen en los reglamentos respectivos.
Para los efectos de este ley, se entiende como pensionado toda aquella persona que haya sido trabajador activo y que por razón de su edad o condiciones físicas este inhabilitado para el desarrollo de cualquier relación laboral.
Artículo segundo. El Gobierno del instituto será ejercido por:
a) Un Consejo de Administración Nacional, Integrado por:
a.1. El titular del Ejecutivo Federal o persona designada por este, a quien corresponderá presidir el Consejo.
a.2. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social o quien este designe.
a.3. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o persona designada por el mismo.
a.4. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o quien este designe.
a.5. Los titulares de cada uno de los poderes ejecutivos de los estados de la República y del Departamento del Distrito Federal o quien estos designen.
a.6. Un representante de los ciudadanos senadores de la República, designado por la Cámara respectiva.
a.7. Dos representantes de los ciudadanos diputados federales, designados por la Cámara respectiva.
a.8. Tres representantes del sector obrero, dos de los cuales serán designados por las centrales obreras mayoritarias en el país y otro por la Federación de Trabajadores al Servicio de Estado.
a.9. Dos representantes de la iniciativa privada, designados por los organismos preestablecidos en dicho sector.
a.10. Dos representantes de los pensionados en el país, designados por estos. El Consejo de Administración Nacional estará presidido, por el Ejecutivo de la Unión o quien este designe, y los demás integrantes, tendrán la calidad de consejeros, aclarando que este cuerpo colegiado, ostentará las facultades especificas que se anoten en los reglamentos que el mismo expida para tal efecto, otorgándosele con tal fin, facultades similares a las de apoderado general para actos de administración y de dominio, limitándose esta última a no ser sustituible ni delegable, debiéndose ejercer por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente gozará de voto de calidad.
b) Los consejos de administración distritales: con jurisdicción en cada uno de los distritos electorales federales en que se encuentra dividido el territorio nacional, estarán formados por:
b.1. El diputado federal del distrito correspondiente.
b.2. El titular del Ejecutivo estatal o quien este designe.
b.3. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, nombrado por la delegación de dicha dependencia en cada Estado.
b.4. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nombrado por la delegación de la misma en cada Estado.
b.5. Un representante del sector obrero, designado por las organizaciones mayoritarias en el Estado que se trate.
b.6. Un representante de la iniciativa privada, designado por las organizaciones empresariales correspondientes.
b.7. Un representante de los pensionados, domiciliado en cada uno de los distritos electorales respectivos.
Los consejos de administración distrital tendrán las facultades y atribuciones que se señalen en los reglamentos y circulares que expida oportunamente el Consejo de Administración Nacional del Instituto.
La Presidencia de los consejos de administración distritales corresponderá a aquel consejero, que sea electo por la mayoría de los representantes que forman el mismo.
El desempeño de los cargos en los consejos de administración del Instituto Nacional de Pensionados, bien sea nacional o distrital, será
honorario, lo cual indica que los miembros de tales órganos de gobierno, no percibirán remuneraciones de ninguna especie por tal función.
Artículo tercero. Los órganos administrativos del instituto, serán los indispensables para planear, organizar, controlar y supervisar que los recursos que el instituto obtenga de las aportaciones tripartitas del sector oficial, de los trabajadores y de los patrones, cumplan con el objetivo anotado en la presente ley, aclarando que las erogaciones por todos estos conceptos, no podrán nunca ser superiores a un 10% del total de las aportaciones antes mencionadas.
Artículo cuarto. Aportaciones: Para hacer viable el objetivo del Instituto Nacional de Pensionados, el mismo se allegará fondos tripartitas integrados por:
a) Cuota del sector oficial equivalente a un 2% de los salarios base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, de todos y cada uno de los trabajadores inscritos en tal institución, así como, tomando similar base, y porciento de aquellos que laboren al servicio del sector público.
b) Cuota de los patrones el 4% sobre el salario base de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, de todos y cada uno de los trabajadores a su servicio.
c) Cuota de los trabajadores el 2% sobre el salario base de cotización de cada uno al Instituto Mexicano del Seguro Social, y en el caso de quienes laboran e el sector público, cotizarán tomando similar base y porciento de los que prestan sus servicios en empresas privadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recaudara de los tres sectores anotados en este artículo, sus respectivas aportaciones y enterará las mismas al consejo de Administración Nacional del Instituto Nacional de Pensionados en forma inmediata, para que este destine oportunamente los fondos, en forma equitativa a la ayuda social de los pensionados.
La mecánica de recaudación será:
a) Del sector público, en la forma que el Ejecutivo Federal convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
b) De los trabajadores y los patrones, mediante capítulo que se abra en las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta de los segundos, quienes además de enterar su cuota, serán retenedores obligatorios de la correspondiente a los trabajadores a su servicio.
Artículo quinto. A fin de evitar todo tipo de desviación, del objetivo de est a ley, será gasto deducible de los patrones, el 100% de la aportación que los mismos hagan al Instituto Nacional de Pensionados, asimismo, será deducible del impuesto sobre productos del trabajo la cantidad que los trabajadores en activo aporten y les sea retenida por los patrones como cuota para el precitado instituto y finalmente, estarán exentas de toda carga fiscal las cantidades que se enteren como ayuda individual a cada pensionado por el Instituto Nacional de Pensionados.
Artículo sexto. El Consejo de Administración Nacional, tendrá dentro de sus facultades y previo acuerdo con los sectores oficial, privado y obrero, elevar solicitud al honorable Congreso de la Unión para modificar el monto de las cuotas que cada uno corresponde enterar al Instituto Nacional de Pensionados. Asimismo, acordará la parte de las aportaciones que deban destinarse en forma directa a incrementar la percepción individual de cada pensionado, la cual se enviará a los mismos, mediante depósito en la institución bancaria que cada uno de ellos haya elegido por escrito.
Enterará también a los consejos de administración distritales las partes proporcionales de las cantidades recaudadas que se haya acordado destinar a programas sociales desarrollados por los mismos, tomando en cuenta las siguientes prioridades:
a) Monto de la aportación tripartita de cada entidad federativa.
b) Número de pensionados en el Distrito Electoral Federal de que se trata.
c) Incremento del costo de la vida
d) programas específicos a desarrollar en cada distrito electoral de una o varias entidades federativas.
Artículo séptimo. Operatividad: Los programas sociales específicos, serán aprobados por el Consejo de Administración Nacional de instituto, a propuesta de sus miembros o de los consejos de administración distritales, los que deberán acreditar la necesidad de la medida, así como, los beneficios que acarreará el desarrollo del programa de que se trate y finalmente el presupuesto de erogación necesaria para la implementación del mismo.
Artículo octavo. En cuanto a los beneficios individuales, se establece que solamente será sujeto de estos, un miembro de cada familia previendo que en alguna haya dos o más pensionados, ello con el fin de que sea general y equitativo y evitar duplicidad de tal beneficio a una sola familia.
Artículo noveno. En Consejo de Administración Nacional, sesionará por lo menos cada tres meses, lapso en el que analizará y en su caso reconsiderará el destino de los fondos recaudados, pudiendo ratificar o rectificar el mismo, de acuerdo a los lineamientos preestablecidos en cuanto a aportaciones, número de pensionados, incremento en el costo de la vida y programas pendientes a desarrollarse en beneficio de los pensionados.
Artículo décimo. Lo no previsto en la presente ley, será resuelto por el Consejo de Administración Nacional del Instituto Nacional de Pensionados, en uso de las facultades y atribuciones que al mismo le otorga el presente ordenamiento.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto, entrará en vigor el 1o. de enero de 1993.
Segundo. Los patrones y los trabajadores, estarán obligados a enterar sus cuotas correspondientes, desde el lapso comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente decreto y aquella en que se cubra la primera percepción semanal, quincenal o mensual.
Tercero. El Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcionará listado de pensionados por el mismo, y actualizará oportunamente este, anotando los nuevos pensionados y el receso de los actuales.
Similar obligación a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que este artículo se refiere, tendrá cualquier otra institución pública que pensione personas de tal sector o de empresas descentralizadas del mismo, para los efectos aquí anotados.
Cuarto. Las autoridades fiscales llevarán a cabo las adecuaciones en los ordenamientos correspondientes, a efecto de aceptar como gasto deducible de los patrones, el 100% de la aportación que los mismos hagan al Instituto Nacional de Pensionados, asimismo, hacer deducible del impuesto sobre el producto del trabajo las aportaciones de los trabajadores en activo y finalmente que sean exentas de toda carga fiscal las cantidades que como ayuda individual se enteren a cada pensionado por el instituto precitado.
Solicito a ustedes ciudadanos secretarios, se sirvan dar cuenta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la presente iniciativa, para los efectos correspondientes.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a los 3 días del mes de noviembre de 1992.- Diputado federal, José Alberto Cortés García.»
La Presidenta: - Túrnese a las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN ( 1 )
* LEY FORESTAL ( 1 )
La presidenta: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Forestal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Rubén Pabello: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
La Presidenta: - Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta Presidencia se ha solicitado que el diputado Mario de Valle Fernández, fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el diputado Mario del Valle Fernández.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández: - Con su permiso, señora Presidenta, honorable Asamblea:
* Este documento fue publicado en el Diario No. 9 del día 18 de noviembre 1992 *
A las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente fue turnada, el pasado 2 de julio del año en curso, la iniciativa de Ley Forestal enviada por el Ejecutivo Federal.
La iniciativa se enmarca en la transformación y modernización de la legislación para el campo, encauzando reformas que modifican razonablemente el marco normativo para un adecuado aprovechamiento de los recursos forestales del país y con el fin de lograr un manejo sostenible, su conservación, su protección y restauración. El tema ha desarrollado una serie de opiniones diversas en torno al desarrollo, a la ecología y su repercusión social.
Asimismo se ha señalado hasta dónde las Cámaras o las comisiones tienen especialistas para regular las actividades que marca el Estado o la información necesaria en un tema de tanta trascendencia. Al respecto hay que señalar: las Cámaras, en lo particular, tienen un trabajo intenso de comisiones. Y la Comisión de Bosques y Selvas, realizó, en busca de información sobre este tema, amplias giras de trabajo y foros de consulta en varias entidades federativas; entidades que representan los ecosistemas forestales del país y a estos trabajos asistieron un grupo plural de diputados, representando a las diversas fracciones que integran esta Comisión.
El objeto de los recorridos, las visitas, las audiencias, fue recibir información de ejidatarios, comuneros, propietarios, ecologistas, investigadores, industriales, profesionales del sector, centros de educación, organizaciones no gubernamentales, así como especialistas en la materia para conocer la problemática que vive el sector forestal en cada Estado y a nivel nacional, así como puntos de vista sobre la iniciativa que nos ocupa.
Este trabajo de información y consulta permitió a los miembros de las comisiones allegarse elementos sobre las circunstancias que viven los diversos grupos sociales cuya actividad primordial se relaciona directa o indirectamente con los recursos forestales.
Por todo lo anterior se puede concluír que la iniciativa de Nueva Ley Forestal, ha sido sometida a un amplio estudio y debate interno en comisiones, caracterizado el debate por una apertura en la pluralidad y por una discusión que tiene involucrados a quienes han buscado tener información de especialistas, así como del campo y de los actores vinculados al sector forestal.
La legislación forestal no ha sido estática. Ha cambiado en cinco ocasiones. La primera ley data del año de 1926 y se inició con 68 artículos. La segunda es de 1943. Existe una tercera de 1947.
Y tenemos de una aplicación de 13 años, en 1960 una cuarta ley.
Tardaron 27 años para tener la legislación que se busca hoy cambiar, una legislación que ha tenido en aplicación un poco más de 5 años.
Cada una de estas leyes han constituido avances en las normas que les precedieron y han buscado dar respuesta a las condiciones particulares del recurso y del sector forestal, así como a las condiciones socioeconómicas prevalecientes en su momento y a las teorías y experiencias nacionales y mundiales que se han manifestado para regular el aprovechamiento de los recursos forestales, protegerlos, conservarlos y restaurarlos.
La legislación que se busca abrogar, está sustentada en la teoría de protección al ambiente y norma el aprovechamiento de los recursos forestales con un enfoque más proteccionista que de desarrollo, regulando de manera exhaustiva el aprovechamiento, el transporte, la operación, las plantas de transformación. La reglamentación ha sido excesiva, ha desalentado a la inversión con la conducente descapitalización de la actividad, creando asociaciones inestables entre productores - inversionistas, con resultados negativos para unos y otros. Y se ha deteriorado el recurso porque en un plazo inmediato se buscaba recuperar inversiones.
Esta legislación también limitó los espacios de participación de otros niveles de Gobierno: el estatal y el municipal. Limitó a los dueños de recurso y a la sociedad en su conjunto, dando pie a una centralización que no dio los resultados deseados.
Los bosques y las selvas constituyen una de las mayores riquezas de la nación, y el aprovechamiento de los recursos forestales que hacen los dueños o sus asociados tiene consecuencias importantes para la sociedad, en la medida que producen efectos ambientales negativos, dañan el habitat de una enorme variedad de flora y fauna silvestre y rompen los eslabones ecológicos fundamentales para el clima y la disponibilidad de recursos hidrológicos en el país.
México cuenta con una riqueza biológica de cerca de 50 millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas, que se clasifican como la cuarta a nivel mundial Esta riqueza es patrimonio nacional y reclama ser protegida, conservada y
restaurada, en valor de los beneficios sociales y económicos que de ellos se derivan.
El sector forestal nacional manifiesta una pérdida continua de superficies, lo cual implica la pérdida de capas productivas en extensas zonas del territorio, una baja continua en la producción y una baja en la generación de empleos, con la consecuente pobreza de los pobladores que viven en las áreas de bosques y selvas.
Aunado a lo anterior, el país pierde anualmente alrededor de 370 mil hectáreas de cubierta forestal. Y de 1960 a la fecha se ha perdido el 30% de la superficie arbolada del país, así como también se han perdido de 150 mil a 200 mil hectáreas de suelo arable. Esto ha disminuido la calidad y suministro de agua en las principales cuencas hidrológicas, a pesar de contarse para ello con una ley ambiental excesivamente proteccionista.
Lo señalado denota la urgencia de un cambio al marco normativo forestal y la participación más activa y responsable de los dueños del recurso, la sociedad civil y las diversas instancias del Gobierno.
No se propone un cambio sólo por modernizar, sino se propone un cambio por comprometer a los involucrados en un manejo sostenible de los recursos. No obstante todo lo anterior, existen estudios que se han realizado sobre el sector y que ponen al descubierto que México cuenta con extensiones cubiertas por arbolado y una de las mayores en el mundo susceptible de reforestarse, con los consecuentes beneficios ecológicos y sociales que de ello podrían obtenerse.
Son todas estas consideraciones las que dieron motivación para una nueva Ley forestal, misma que hoy se pone a consideración de esta Asamblea por las comisiones que las estudiaron. Esta Ley cuenta con 58 artículos, cuatro Títulos y nueve Transitorios.
La iniciativa reconoce la necesidad de los dueños y poseedores de los recursos forestales y la población rural que comprenden. Que busquen su beneficio con el aprovechamiento racional de los recursos, al mismo tiempo que mantengan e incrementen la cubierta forestal del país.
Se promueve la asociación entre las partes para aprovechar, mantener y renovar los recursos forestales.
Se abre la posibilidad para desarrollar plantaciones forestales comerciales en zonas deforestadas, ajustándose éstas a las normas específicadas en la Ley del Impacto Ambiental y Equilibrio Ecológico, y con la finalidad de que estas plantaciones, aprovechando su potencial, disminuyan la presión que actualmente se ejerce sobre bosques y selvas.
Se busca tener una alternativa a la explotación forestal que apoye la restauración de los recursos forestales.
La iniciativa propone crear mecanismos para alentar una mayor participación de los estados y los municipios, disminuyendo con ello la centralización de funciones y de decisiones; se facilite el aprovechamiento directo de los recursos por parte de ejidatarios, comuneros, propietarios o poseedores del recurso, determinando su responsabilidad en la conservación, mejoramiento y regeneración de los mismos.
La iniciativa fomenta la participación de la sociedad, de los productores, de los grupos no gubernamentales, así como de diversas instancias vinculadas con el sector, los estados y los municipios, en la definición forestal del país y las normas de manejo de los recursos forestales.
Toda esta participación se da a través de la propuesta de constituir un Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal y de éste se van a derivar los consejos regionales que resulten de la zonificación forestal del país.
Se simplifica la regulación que se hace de diversas etapas del proceso forestal, sin que el Estado pierda, por ello, su capacidad de supervisar e inspeccionar. Asimismo, se promueve una mayor coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias, constituyéndose una ventanilla única de carácter forestal.
La iniciativa también contribuye a proteger y conservar la biodiversidad, definiendo las funciones normativas y de supervisión del aprovechamiento de los recursos forestales y se refuerzan las labores de conservación y protección de los bosques, de las reservas y zonas forestales propiedad de la nación. Esto último, atendiendo las atribuciones reconocidas a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, conforme a las modificaciones de la Ley Orgánica.
En la iniciativa se enmarca de manera precisa la participación del Estado y los dueños del recurso, para llevar a cabo las labores de prevención, control, combate de incendios y plagas. Se busca desarrollar a través de nuevas normas forestales una nueva cultura: la investigación y la educación
forestal, así como promover la formación y el ejercicio profesional responsable de técnicos en la materia.
La regulación de las labores de aprovechamiento de los recursos forestales maderables, la forestación y la reforestación, se fundamentan en la autorización que hace la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, en base a las características de los recursos de las zonas o ecosistemas en que se encuentren localizados, así como en función de su difícil regeneración, su procedencia de áreas protegidas o selvas tropicales y, en su caso, en esto último se requerirá una manifestación de impacto ambiental.
Se establece una diferencia entre la regulación de los productos maderables y los no maderables; los últimos por sus características y métodos de recolección. Se propone para ello que se regulen a través de normas oficiales mexicanas que deberán elaborar las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Desarrollo Social, con opinión del Consejo Técnico consultivo Nacional Forestal y de los Consejos Regionales. Se especificarán para ello las normas adecuadas a cada producto o derivado, e incluso para la recolección de madera para combustible, por presentar características semejantes.
Finalmente, se propone un marco de sanciones administrativas y se tipifica como delito el transporte, comercio o transformación de madera en rollo que provenga de un aprovechamiento no autorizado, en tanto se contempla este delito en el Código Penal respectivo.
Los artículos transitorios prevén mecanismos para garantizar la transición entre la ley vigente y la propuesta, de tal forma que no se ponga en riesgo los recursos forestales del país. Asimismo, se fijan los plazos para la creación de un Registro Forestal Nacional y la integración del Consejo Técnico Consultivo, para que a partir de este último se derive la creación de los consejos regionales.
Por todo este enfoque anterior, la iniciativa tiene un objetivo principal, aprovechar la riqueza de los bosques y selvas en beneficio de sus dueños y pobladores para poder entregar a la generaciones futuras los recursos forestales y los asociados con ellos como son el suelo y el agua incrementados frente a los que recibió esta generación. Se busca aumentar la superficie boscosa del país, desarrollar su potencial productivo mediante un manejo sostenible de los recursos forestales al tiempo que posibilitar con ello el mejoramiento de los niveles de bienestar de los dueños y pobladores del bosque.
Por todas estas razones, discutidas a lo largo de cuatro meses y habiéndose realizado esta discusión en un amplio marco plural de consulta e información, tenemos hoy ante ustedes una nueva Ley Forestal, para la cual pedimos un voto aprobatorio ante una realidad que demanda respuestas actualizadas. Muchas gracias. ( Aplausos. )
La Presidenta: - Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general del proyecto de Ley Forestal, los siguientes oradores: diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, en contra; diputado Rigoberto Salazar Velasco, del partido Revolucionario Institucional, a favor; diputado Eberto Croda Rodríguez, del Partido del frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición; diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición; diputado Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; diputado Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, en contra, y diputada Irma Piñeiro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, a favor. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista para hablar en contra.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
Como se ha expresado que el voto del Partido Popular Socialista será en contra de este dictamen que hoy se está iniciando en su discusión, vamos a expresar nuestras razones, nuestros fundamentos, pero antes de ello veamos primeramente de una manera, pues por lo menos superficial, las condiciones en que hoy prevalecen dentro del sector forestal, sus frutos que ha tenido a favor de nuestra economía o bien los problemas que enfrenta, este ramo.
Por principio de cuentas, los trabajadores que trabajan en esta área y los ejidatarios y comuneros
que desempeñan diversas actividades en este sector, no han logrado mejorar sus niveles de existencia y no sólo eso, sino que además han empeorado sus condiciones de vida, creo que el dictamen algo señala al respecto.
Podemos considerar que de hecho, del año 1983 a la fecha, los trabajadores del sector han perdido un 66% de su poder adquisitivo con relación a sus ingresos; sus prestaciones e incentivos laborales, si así se les pudiese llamar, se han reducido notablemente y la plantilla de personal, debido a la baja real que se han presentado en los presupuestos tanto de gasto público como de inversión privada, han propiciado la gran emigración de ejidatarios, de comuneros, hacia las ciudades, hacia los centros urbanos, en búsqueda de mejores condiciones de existencia, en busca de empleo y de medios más adecuados para sus familias.
En lo que respecta a los productos maderables, viendo un enfoque general, del año de 1984 a 1990, se ha resentido una notable baja en la producción. Tenemos el caso de los desperdicios de madera que se han reducido un 60%. La clasificación denominada durmientes se ha reducido un 58%; la madera para chapas un 39%; la madera para envase y embalaje, un 60%.
Y únicamente tenemos que diversos tipos de materiales, como los tablones, los materiales celulósicos, los materiales para combustible, la postería, son los que han mantenido un incremento del 17% en este lapso que se señala de 1984 a 1990.
Con relación a los productos no maderables, como las ceras, las gomas y las resinas, éstas han aumentado un 22%.
Esto, ciudadanos legisladores, nos indica que el comportamiento del sector es errático, es variable y sujeto a los vaivenes en las inversiones que no han seguido un curso planificado y debido también a la planta laboral de las 2 mil 200 plantas de la industria forestal, que también es variable en cuanto al personal se refiere; es decir, no se ha aprovechado oportunamente la capacidad de estos productos, debido sobre todo a la falta de inversiones del sector público, que como lo indica el presente dictamen, se ha quedado rezagado en ese nivel de inversiones el sector público.
Rezagado ante un cúmulo muy importante de requerimientos para la producción maderera y no maderera y de esa suerte abastecer el mercado interno. Por esta razón, se da el hecho de que nuestro país sigue importando productos maderables con lo cual en los últimos cinco se ha acumulado un déficit en la balanza comercial del orden del 285%, pues no obstante que México tiene problemas con la balanza comercial dentro de ese sector y aun cuando existen bajas a la producción, como se ha señalado y como el dictamen también informa, prevalecen sin embargo indicadores de que existe una gran concentración y acumulación en pocas manos en el manejo de estos recursos forestales; una gran concentración y acumulación en pocas manos de sus procesos de producción y de distribución en sólo 12 grandes empresas privadas, de las cuales cuatro son de inversión extranjera; las otras ocho empresas privadas son de capital mexicano, según lo consigna el folleto denominado "Las 500 Empresas más Importantes de México". Y aparte de estas dos empresas privadas, sólo una es de participación paraestatal: Productora e Importadora de Papel, Sociedad Anónima.
Resulta que mientras que las 12 empresas privadas tuvieron ventas en el año de 1991 por un valor de 4 billones 270 mil pesos, la empresa paraestatal Productora e Importante de Papel, Sociedad Anónima vendió en ese año 1 billón de pesos, es decir, se refleja la concentración del capital en el sector privado.
No es ocioso señalar, compañeras y compañeros diputados, que de las 12 empresas privadas sólo una, la Kimberly Clark, cuyo principal accionista lo es el ingeniero Claudio X. González, asesor del gabinete económico del licenciado Carlos Salinas de Gortari, en materia de inversiones extranjeras, tuvo esta empresa Kimberly Clark, ventas por 2 billones 500 mil pesos en ese año de 1991.
Es decir, es una situación de deterioro social, de deterioro en cuanto a las perspectivas que habría de tener este sector, dada la gran importancia, los grandes recursos, lo importante, básico, esencial, que significa para la economía de México y para la salud para el conjunto de cuestiones que tienen que ver con la ecología, con la flora y la fauna en su conjunto.
Ante el abandono del sector forestal por parte del Gobierno, que ha concesionado a empresas privadas nacionales y extranjeras la explotación de los vastos recursos de este sector, y ante la injusta acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos que se han aprovechado de estos recursos, mi partido, el Popular Socialista, siempre se ha pronunciado y ha demandado mayor inversión programada, planificada, de manera nacional y regional, para efectos de que
el sector forestal cumpla con el proyecto de nación que ha trazado el Estado mexicano.
Mi partido ha pedido que la inversión privada se aplique conforme a un auténtico plan que mejore el abasto al mercado interno y que se sujete a las prioridades nacionales.
Hemos demandado que la inversión extranjera sea complementaria y que se sujete a los programas de desarrollo propios de nuestro país, y que no sea esta inversión extranjera la que nos diga, la que nos indique dónde, cuándo, cómo y por qué razones invertir.
Asimismo, hemos solicitado en todas las instancias, en todos los foros, que sean beneficiados realmente los trabajadores, los ejidatarios, los comuneros de este ramo, mediante crédito, tecnología, apoyo, programas, para mejorar sus condiciones de existencia.
Y hoy tenemos, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa de Ley Forestal, que en nuestra opinión va en contra del interés nacional y del interés popular, porque esta iniciativa de Ley Forestal nace y se promueve, como reconoce el dictamen, se promueve ante esta soberanía en base a las modificaciones que con espíritu reaccionario y contrario al espíritu de la lucha de nuestro pueblo, se le hicieron al artículo 27 general de la República.
Estas modificaciones que significaron un retroceso en el interés del Gobierno de favorecer los planes y propósitos de la iniciativa privada nacional y extranjera, están urgiendo la creación de esta nueva Ley Forestal. ¿Con qué fin? Precisamente para adecuarla a los objetivos y las tendencias de lo que se estuvo negociando durante meses, lo que está próximo a firmarse, el Tratado de Libre Comercio.
Hoy, con esta iniciativa de ley, al igual como sucedió con el sector minero, sector pesca, aguas y otras áreas de nuestra economía, hoy le toca turno a las actividades y recursos forestales, maderables y no maderables, ser objeto y motivo de tratamiento para enrolarlos en la vía de la libertad comercial, sin restricciones, para poner, por parte de este Gobierno, dichos recursos al servicio no de los comuneros, no de los ejidatarios, no de la nación, sino al servicio de los especuladores de las casas de bolsa, y con acceso indiscriminado a los capitales extranjeros.
Tal y como lo plantea esta iniciativa ya dictaminada, se abre la posibilidad concreta de no simplificar, sino de desregular la actividad forestal. ¿Para qué? Para abatir los controles que se han venido ejerciendo por parte del Estado, controles que han servido para evaluar, para administrar, para instrumentar, para formular y establecer las concesiones programadas a los particulares y otros aspectos fundamentales en este sector, mucho muy importante para los que trabajan en él, y como para nuestra nación en su conjunto.
También esta nueva ley tratará de aterrizar con hechos las modificaciones constitucionales ya mencionadas y ya plasmadas en la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en materia agraria, con el propósito de que los comuneros, los ejidatarios y los pequeños propietarios, se asocien con inversionistas de alto rango, para capitalizar la actividad forestal, así lo reconoce el dictamen que estamos discutiendo, asociaciones en las cuales los comuneros y ejidatarios pasarán a ser jornaleros de los inversionistas capitalistas, los cuales hoy, ya para este año de 1992, habrán tenido un año más abonado en su larga experiencia y en su camino para aprovechar los recursos forestales, mediante concesiones de privilegio y al través de los prestanombres.
Por otra parte, tal y como ha sucedido, decíamos, en otros sectores de nuestra economía, al calor de la llamada modernización, el Gobierno compromete el papel y el accionar del Estado mexicano, para asegurar los resultados de la investigación científica y la planeación regional en favor del capital usurero y especulador, y en consonancia la burguesía rural, junto con los banqueros de la banca privatizada estarán en posibilidad de meter aún más el acelerador para implementar los más óptimos mecanismos en su favor para explotar estos recursos forestales.
Otra cuestión que es muy conveniente mencionar y que deja mucho qué desear, es que con esta nueva ley se coloca en un plan de igualdad al Estado y a los particulares. Esa es la tendencia que se aprecia en las iniciativas por parte de este Gobierno.
Se pone en un plano de igualdad al Estado y a los particulares en cuanto al aprovechamiento de los recursos forestales. Con este criterio, con este punto de vista que se maneja en este dictamen, las tesis constitucionales, precisadas en los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, relativas al Estado y a la nación, son soslayadas en la práctica, o por lo menos ése es el propósito, y hay que ver que al soslayarse el espíritu y la vigencia de estos artículos constitucionales citados, se levanta la lápida de ultratumba de la historia que había estado
cerrada para las tesis del jus natural, del derecho natural, que es el que origina la tesis del bien común.
Hoy, hoy que precisamente manos y criterios neoliberales han sacado de esa ultratumba de la historia para aplicarla a pie juntillas en todas las iniciativas que han mandado recientemente a esta soberanía por parte del Ejecutivo Federal.
No podemos tampoco, compañeras y compañeros legisladores, avalar lo que argumenta y señala este dictamen, toda vez que si bien es cierto que han existido cinco leyes forestales, ya las citó el compañero diputado que argumento la posición de la comisión, y digo si también es cierto que fueron buenas en su tiempo como se cataloga o respondieron a una etapa determinada de la existencia de nuestro país, de su desarrollo, de su evolución, no podemos soslayar lo que dice el dictamen, porque dice que también es cierto que esas leyes fueron demasiado asfixiantes, demasiado proteccionistas, demasiado reguladoras, que ello desalentó la inversión de los propietarios; que limitó la rentabilidad en este sector. Y señala el dictamen que la actual legislación señala que el Estado es el principal actor en el sector forestal marginando a la sociedad. Yo creo que faltó agregarle "civil", para que dijera, "marginando a la sociedad civil", como ahora ya se antoja por parte de las tesis modernistas.
Y que finalmente, dice el propio dictamen, que esa centralización en manos del Estado en este sector, no dio los resultados deseados en esta materia.
Es decir, dicho en otras palabras, el Estado como interventor económico en el sector forestal es un auténtico estorbo. Así habría de decirlo el dictamen, con palabras claras y llanas, que el Estado es una auténtica traba para el quehacer de la iniciativa privada.
Por otro lado, tampoco podemos avalar soluciones y enfoques privatistas en favor de capitales nacionales y extranjeros, cuando se reconoce que ejidatarios y comuneros no han recibido el apoyo financiero del Estado ni de la banca de desarrollo.
Dice el dictamen: "En este contexto, y considerando que los bosques y selvas están en su mayoría en manos de ejidos y comunidades, mismos que en su mayoría no han tenido elementos para aprovechar los recursos forestales", termino allí lo que dice el dictamen. Con este criterio se está reconociendo que no ha habido el apoyo del Estado de manera planificada.
Pero si consideramos que de 1983 a la fecha el Gobierno ha abandonado a este sector y su solución, entonces, ha sido la falta de responsabilidad de los funcionarios para sacar del deterioro a este sector.
De ninguna manera, pues, tiene justificación el hecho de que se plantee ahora privatizar, concesionar al sector privado nacional y extranjero, los recursos forestales, la actividad, los procesos y la distribución, derivados de este sector.
Se trata precisamente, compañeras y compañeros legisladores, de cuestionar el papel del Estado y de magnificar al sector privado. Se dice que se formarán corporaciones comerciales para desarrollar plantaciones en zonas deforestadas, cuyas actividades descansarán en las sociedades mercantiles integradas hasta hoy con un 49% de capital extranjero, pero estamos en riesgo de que sea incrementado este porcentaje, en virtud de las tendencias de este Gobierno para seguir legislando en favor del capital exterior.
Que se procurará que los particulares eleven eficazmente el aprovechamiento de estos recursos.
Se reduce la regulación estatal, pero el Gobierno se compromete a que el Estado cubra la infraestructura en materia de transporte, almacenamiento, transformación y comercialización.
El Estado, entonces, queda minimizado a simple vigilante, custodiando los intereses de la burguesía, porque no participa como actor económico, pero sí sirve para crear la infraestructura.
Y, por otra parte, se delega en los particulares nacionales y extranjeros la administración de los parques nacionales, de las reservas y de las zonas forestales propiedad de la nación. Y, asimismo, delega la supervisión y conservación de las áreas señaladas, lo cual ratifica que el Estado abandona su responsabilidad de cuidar y preservar el patrimonio nacional en esta materia.
En suma, compañeras y compañeros diputados, aplicada a la explotación de bosques y selvas la llamada reforma del Estado mexicano, representa un abandono y un cambio radical en la preocupación expresada por el Constituyente de 1917, en el sentido de cuidar el patrimonio nacional, su perspectiva y su desarrollo.
Con esta propia reforma al Estado, como ha ocurrido en otros sectores de nuestra economía, al legislarse por la mayoría de esta Cámara, en
plena coincidencia con la derecha, con sentido regresivo y antinacional, hoy se sientan la bases, por la vía de las disposiciones reglamentarias, para que en nuestra Carta política nacional sea modificada otra vez, en contra del espíritu y del proyecto postulado por el Estado revolucionario, nacido aún con múltiples problemas, con obstáculos de la región y en medio de grandes e importantes debates en el año de 1917, ha cumplido hasta el año de 1982 una etapa altamente positiva para nuestro país y para nuestro pueblo.
Hoy en materia forestal con motivo de esta nueva ley, se aducen argumentaciones dentro de las cuales la finalidad esencial es poner al Estado de rodillas, llevándolo a un ámbito limitado desde el cual sólo pueda dictar medidas y ejercer disposiciones ahora de neogendarme, de neopolicía y de neovigilante al servicio de la burguesía más acaudalada vinculada en cuerpo y alma a las inversiones extranjeras y al imperialismo del exterior.
Así derivados de este análisis de la situación del sector forestal, el Gobierno actual lleva al Estado mexicano a su abdicación de lo que ha constituido la razón de su existencia y su razón de ser en el campo de la economía, de la política y de su quehacer social.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, el Partido Popular Socialista votará en contra de este dictamen relativo a la Ley Forestal. Gracias.
La Presidenta: - Se le concede el uso de la palabra al diputado Rigoberto Salazar Velasco del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Rigoberto Salazar Velasco: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa de ley que se presenta hoy a la consideración de esta honorable Legislatura se inscribe en el esfuerzo de modernización de los instrumentos jurídicos del Estado mexicano. El criterio general que la inspira es la adecuación de la norma jurídica a las exigencias de la nueva realidad nacional, buscando regular en el derecho lo que ya es un imperativo del hecho social.
Esta iniciativa es congruente con las recientes reformas al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria. Busca esencialmente otorgar certidumbre a la inversión en el sector, instrumentándose mecanismos que generen beneficios económicos al país y establecer las bases para un desarrollo forestal, buscando el justo equilibrio entre naturaleza y sociedad, así como promover una redistribución de responsabilidades en la preservación de nuestros recursos forestales.
Podemos deducir que el problema forestal nacional presenta dos grandes consideraciones, una de orden económico y otra de carácter ecológico. Económico por la importancia del sector ante las expectativas del desarrollo nacional, ecológico por el empeño de legar a las futuras generaciones de mexicanos recursos susceptibles de ser aprovechados sin una disminución drástica de sus posibilidades de explotación.
Desde las primeras disposiciones en la materia, sucesivas administraciones han intentado en nuestro país la resolución de los problemas forestales con base en estas dos grandes consideraciones: la Ley Forestal vigente regula excesivamente todas las actividades inherentes al sector, haciendo del Estado el principal actor en las labores de conservación, protección y restauración de los recursos forestales, limitando la participación activa de la sociedad y la interacción de otros niveles de Gobierno.
Esta exhaustiva concentración de facultades aunada a las dificultades propias de aplicación de la Ley, ocasiona el desarrollo de un proceso de explotación eminentemente extractivo. Al no existir certidumbre jurídica se desincentiva la inversión en la regeneración de bosques y selvas y se descapitaliza toda la actividad forestal.
Ante esta realidad, existe consenso en cuanto a la crítica situación por la que atraviesa el sector forestal de México. Somos testigos de la pérdida anual de cientos de miles de hectáreas de bosques y selvas del país. Pese a su potencialidad y pese a los esfuerzos reguladores, el sector se encuentra en crisis. Esta crisis se manifiesta en la pobreza de los pobladores, ejidatarios y comuneros de las zonas forestales del país, en los graves daños ecológicos a la biodiversidad de la flora y fauna, al clima y al ciclo hidrológico, al suelo y a su aprovechamiento.
Los recursos forestales han disminuido considerablemente y las importaciones se han incrementado aceleradamente. Se estima que poco más del 30% de la superficie arbolada del país ha desaparecido de 1960 a la fecha, y anualmente se deforestan alrededor de 340 mil hectáreas. Es conveniente añadir que el rendimiento promedio de los bosques mexicanos es 40% menor
que el promedio mundial, en virtud de que la mayor parte de la producción proviene de los bosques y selvas naturales.
Estas cifras ejemplificadoras constituyen indicadores de la crisis de nuestro sector forestal.
En estas circunstancias, es urgente cambiar el enfoque empleado hasta ahora para desarrollar un nuevo modelo de aprovechamiento de los recursos forestales. La iniciativa que hoy se discute incorpora, como tesis fundamental, el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos, buscando aprovecharlos para el beneficio económico presente, pero de tal manera que no se comprometa la capacidad de la naturaleza para regenerarse y proveer beneficios futuros.
Este enfoque representa un cambio fundamental respecto a los paradigmas prevalecientes hace tan solo unos años; paradigmas que por un extremo colocaban a la naturaleza a la disposición irrestricta del hombre y, por otro, se colocaba a la preservación del medio ambiente por encima de las necesidades económicas.
En síntesis, es urgente cambiar el enfoque empleado hasta ahora para fundamentar un nuevo modelo de aprovechamiento de los recursos forestales, un modelo que beneficie directamente a los propietarios y poseedores de los terrenos susceptibles de explotación y, que a la vez asegure que las técnicas empleadas permitan conservar y acrecentar los recursos existentes, reduciendo al mínimo los impactos ambientales de carácter negativo.
Esta iniciativa enviada a esta soberanía por el Presidente de la República es el resultado de un debate abierto y plural, de la opinión y aportación de todas las fracciones partidistas, así como de las aportaciones de ejidatarios, comuneros, productores, funcionarios, ecologistas e investigadores universitarios.
La iniciativa contiene los siguientes elementos básicos, dignos de analizarse para su aprobación, ya que constituirán el eje rector de la nueva política forestal:
Una nueva política forestal que hoy requiere de la participación corresponsable del Estado y la sociedad. El Estado se orienta más a la promoción que a la regulación, ejerciendo menos atribuciones regulatorias, lo que también se refleja en la reducción del número de artículos respecto a la Ley vigente.
Concentra la acción del Estado en el levantamiento del inventario de recursos forestales del país y en clasificar los recursos para efectos de normar la forma en que pueden aprovechase; reconociendo que la problemática de los bosques templados y fríos, es totalmente diferente de las selvas tropicales y zonas áridas.
El Estado seguirá teniendo la responsabilidad de vigilar la correcta aplicación de la Ley y de administrar los parques nacionales y las reservas forestales propiedad de la nación. Esto es, no se abandonan las funciones esenciales del Estado, por el contrario, se busca el manejo eficiente de ellas.
La nueva Ley Forestal hace de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios y poseedores de los terrenos forestales, los responsables directos de su conservación.
Se constituye el Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, que estará integrado por representantes de dependencias del Ejecutivo, de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores, empresarios y otras organizaciones vinculadas con la actividad. Dicho consejo fomentará la participación activa de la sociedad en la emisión de normas para la zonificación forestal; el manejo forestal, la creación de áreas naturales protegidas, la revisión de programas de manejo, el fomento de las labores de conservación, protección y restauración forestales, el fomento de la cultura y la investigación, así como en la declaración de vedas. Esto es, el Consejo fungirá como un órgano colegiado en materia forestal que apoyará a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la Secretaría de Desarrollo Social.
A su vez, el consejo Nacional se deberá de apoyar en los consejos regionales. En dichos consejos también participarán representantes ejidos y comunidades, así como los estados y municipios de que se trate.
Se promueve la zonificación nacional de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal. Dicha zonificación constituye una de las herramientas vitales de planeación ecológica y forestal, junto con los programas de manejo. La Ley distingue la problemática existente entre el aprovechamiento de recursos forestales maderables de los no maderables; previendo para estos últimos, el establecimiento de normas generales que respeten las costumbres de las comunidades que se sostienen de su aprovechamiento.
Es reconocimiento de que cerca del 80% de las tierras con cubierta forestal están en manos
de ejidatarios y comuneros, la nueva Ley Forestal, tiene como finalidad que el manejo de los recursos contribuya al desarrollo socioeconómico de sus poseedores. Esto responde al comentario que hacía el compañero del Partido Popular Socialista, en cuanto a que las tierras forestales están en pocas manos.
Se crea el Registro Nacional Forestal, para inscribir los programas de manejo, industria y prestadores de servicios técnicos, como un mecanismo de regulación y control.
Los programas de manejo, a diferencia de los actuales permisos de aprovechamiento que se renuevan anualmente se amplían hasta por el plazo necesario para alcanzar su objetivo, lo que es congruente con el ciclo de regeneración de los recursos forestales y con el tiempo requerido para recuperar las inversiones.
Se controlará la tala ilegal, verificándose que las materias primas forestales, provengan de aprovechamientos autorizados.
La Ley reconoce los inconvenientes de una administración centralizada en materia forestal y establece las bases para su descentralización.
La nueva Ley Forestal involucra en forma más directa, a los gobiernos estatales y municipales, por la vía de convenios de concertación. Posibilita la administración de parques nacionales, reservas y zonas forestales propiedad de la nación, bajo esquemas que incluyen la transferencia a particulares. Esto propiciará inversión con grandes beneficios sociales en investigación, conservación y recreación.
En el caso de la declaración de veda, creación de parques nacionales, zonas y reservas forestales, la Ley introduce una innovación importante que protege a los propietarios de los terrenos forestales afectados, al requerir un programa de desarrollo integral para las comunidades afectadas.
Mediante el apoyo a programas de difusión técnica, investigación y actualización educativa, se promoverá el desarrollo de una cultura forestal. También se crean programas para otorgar financiamiento a universidades e instituciones académicas, públicas y privadas, a fin de promover investigaciones en materia forestal y estimular la formación de recursos humanos especializados.
El fomento al desarrollo forestal es una característica consustancial a la iniciativa de ley que se presenta. Este fomento se basa en el uso de las posibilidades de asociación que brinda la Nueva Ley Agraria y en el aprovechamiento a largo plazo de los recursos forestales.
Algunos de los instrumentos que motivan este fomento forestal, en la iniciativa que hoy se presenta, son los siguientes:
Los propietarios de los terrenos forestales se vuelven sujetos de crédito. Dada la certidumbre jurídica, se fomenta el desarrollo de las plantaciones forestales, y en términos generales, se incentiva el manejo sostenible a largo plazo, de los recursos forestales.
La nueva Ley también establece un marco de sanciones para desalentar la comisión de ilícitos, que permita al Estado actuar con eficacia en contra de los infractores y se tipifican como delito, el transporte, comercio o transformación de madera en rollo que provengan de aprovechamientos no autorizados.
Por todo lo anterior, con el nuevo marco jurídico se facilitará la incorporación de nuevas áreas al aprovechamiento con el consecuente incremento de la producción. Se crean condiciones de seguridad para lograr una mayor inversión en el sector, y en general, se incentiva el desarrollo de una industria competitiva.
En conclusión, las reformas planteadas se basan, antes que nada, en el reconocimiento de que los mejores custodios de los recursos forestales del país, son los dueños y poseedores de los bosques y de las selvas, y que tienen el legítimo derecho a aprovecharlos para su beneficio directo.
Al Estado le corresponde establecer, con el concurso directo de los interesados, las reglas para asegurar que el aprovechamiento de los recursos forestales se lleve a cabo de una manera tal que los bosques y selvas del país se puedan conservar y acrecentar con el tiempo.
Respecto al cuestionamiento que hacía también el compañero del Partido Popular Socialista, en el sentido de que las reformas al artículo 27 constitucional y la Nueva Ley Agraria eran reaccionarias, yo quiero decirle que estas reformas se ajustan a la realidad que estamos viviendo, a las demandas auténticas de los campesinos que quieren mayor justicia, mayor libertad, mayor bienestar para el campo.
Por todo lo anterior, pido respetuosamente a esta Asamblea vote a favor de este dictamen y
Nueva Ley Forestal, ya que será para el bien de México y de todos los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición.
El diputado Eberto Croda Rodríguez: - Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional la actividad forestal en sus diversas etapas atraviesa por grandes problemas, que van desde la conservación hasta transformación industrial del recurso. Estos problemas se derivan, en gran parte, de la falta de un esquema de financiamiento, así como de la insuficiencia de apoyos institucionales, negligencia y corrupción, lo cual ha impedido que la actividad forestal se convierta en un polo de desarrollo regional, económico y social.
Actualmente este sector representa un polo de pobreza para la mayoría de los poseedores del recurso forestal, aunque para unos cuantos ha sido una mina de oro. La situación de la actividad forestal afecta, indudablemente, a un sector importante de población rural, alrededor de 17 millones de personas, y tiene un impacto directo sobre los aspectos ambientales, como son la regulación de las cuencas hidrológicas y la biodiversidad, entre otros.
Nuestro país es un poseedor de un gran potencial de recursos forestales, maderables y no maderables, y de una gran riqueza biológica en sus bosques. Los 50 millones de hectáreas de bosque cerrado y de selvas, y los 110 millones de hectáreas con vocación forestal, así lo determinan.
No obstante, esta riqueza se ha ido perdiendo por la acción inclemente del hombre y por la existencia de una explotación irracional de los recursos forestales.
En el dictamen se nos recuerda que el sector forestal mexicano enfrenta una difícil situación, que se manifiesta en la pérdida continua de superficies arboladas, tanto en selvas tropicales como en bosques templados, y se apuntan sus graves consecuencias.
Se dice también que los bosques y selvas se deforestan a tasas muy elevadas y se estima que de 1960 a la fecha han desaparecido cerca del 30% de las superficies arboladas y que anualmentese pierden alrededor de 370 mil hectáreas de cubierta forestal.
Cabría aquí hacer algunas reflexiones que nos conduzcan colectivamente a entender esta realidad.
¿Será que esta deforestación se ha hecho por la deforestación misma o si detrás de ésta se encuentran los grandes capos del negocio de la madera y sus socios enquistados en la burocracia del país? ¿Tendrá que renovarse y actualizarse esta nueva normatividad en la materia? Es lo justo, así lo consideramos que es conveniente. Pero también tendríamos que cambiar y moralizar las instituciones encargadas de la vigilancia y aplicación de esta nueva ley, pues tenemos que en nuestro país existen campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios poseedores de este recurso, que solicitan el aprovechamiento de los mismos y se pasan varios años tramitando sin lograr conseguir dichos permisos y son otros los que de pronto se aparecen con los permisos en la mano, los compradores particulares, vulgarmente llamados "coyotes", y a esto es a lo que tendremos que contribuir todos los mexicanos a cambiar.
Otro problema que localizamos es el del insignificante papel que desempeña la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos respecto a la aplicación de las políticas de forestación y deforestación. Vayamos, no tan lejos, al gran Valle de Perote, en el Estado de Veracruz, en donde nacionalmente se ha manifestado periodísticamente y agrupaciones que se han preocupado de este tema, la enorme deforestación y la presencia de los que deforestan "a orilla de carretera", y sin embargo no hay castigo para estos talamontes. Ejemplos como este abundan en todo el país.
Otro problema en este sentido: ¿qué hará la Secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos como cabeza de sector respecto a esto?, nos preguntamos. Mientras tanto seguimos con la carga de la crísis hulera y de otras variedades de tipo forestal que son indispensables para el desarrollo de nuestro país.
El resultado es finalmente, hasta hoy, el crecimiento de las importaciones de esos productos forestales en detrimento de la economía nacional.
Hemos observado también la falta de argumentación en el proyecto de dictamen, cuando se habla de que es indispensable regular el aprovechamiento de los recursos forestales que
contribuya, en primer lugar, al desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de dichos recursos con libertad y justicia; en segundo lugar, a sentar las bases para su salvaguarda y aprovechamiento sostenible. Pero hasta aquí teóricamente no hay problema, solamente que no se nos aclara si se implementarán programas piloto para comprobar su funcionamiento y vialidad, y tampoco se apoya dicho dictamen en experiencias, con datos y cifras convincentes, de tal forma que nos despejen dudas a los diputados sobre la factibilidad o no de los programas de manejo que se multicitan en el presente dictamen a discusión.
La disminución en el potencial forestal se debe fundamentalmente a la deforestación de grandes superficies de bosques y selvas. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos informó recientemente que durante las últimas tres décadas la destrucción de los bosques y selvas afectan 23.8 millones de hectáreas y que se encuentran altamente perturbadas y con diverso grado de erosión en un 80% del territorio nacional.
Dramáticamente, esa Secretaría menciona que los desmontes para cambio de uso del suelo con fines agropecuarios, constituye el 85% de la superficie deforestada. De este cambio del uso del suelo el 75% se realiza en forma ilegal; el 12% se deriva de incendios, plagas y enfermedades; y el 13% se efectúa a través de permisos otorgados por la Subsecretaría Forestal.
Podría imaginarse que la deforestación implica tener menos árboles y otro tipo de vegetación, pero implica una mayor destrucción de los ecosistemas, lleva consigo la destrucción de mantos acuíferos de la fauna silvestre; elimina la humedad, etcétera.
Podemos citar que desafortunadamente México ocupa el cuarto lugar mundial en deforestación. En esta actividad destructiva no sólo han participado particulares, sino que también se han visto involucrados funcionarios y ex funcionarios en los gobiernos federales y estatales bajo el amparo del cambio del uso del suelo forestal por el agropecuario.
Hasta la fecha la actividad forestal ha sido instrumentada y regulada básicamente por el Estado. Durante años se han practicado viejos vicios que van desde trámites engorrosos hasta la corrupción en el medio. Se ha permitido la tala ilegal y el contrabando de madera. Se ha tolerado el control de la explotación de los recursos por parte de los caciques y de funcionarios públicos. Se ha autorizado una resinación de los árboles indiscriminada en detrimento de la calidad de la madera. Se ha permitido, en fin, un despiadado cambio de uso del suelo. Por el contrario, tampoco se ha hecho en favor de la conservación y fomento del recurso forestal; no se ha dado la obligatoriedad para que los poseedores del medio forestal a los que se les ha autorizado aprovechamientos, instrumenten programas de forestación o reforestación que permitan la regeneración de los bosques y selvas.
Otro de los problemas que se presentan en el sector forestal, es el que no existen mecanismos ni fuentes de financiamiento para la fase de extracción; esto no permite un abastecimiento de materias primas a la industria, lo cual se abastece en muchas ocasiones de madera proveniente de aprovechamientos ilegales.
Nos parece interesante que en el dictamen de la Iniciativa de Ley Forestal se establezcan grandes preocupaciones y la intención de mejorar y capitalizar la actividad forestal. El proceso de desregulación de algunas fases de la actividad implica una menor carga del Estado pero también debe de significar una mayor corresponsabilidad de los diversos sectores de la sociedad.
El Estado debe, a nuestro parecer, impulsar la actividad forestal en los aspectos de conservación y fomento del recurso y la reforestación de grandes extensiones que han sido destruidas.
Si bien es conveniente desregular los servicios técnicos forestales del transporte, la comercialización y la transformación industrial, no conviene por ningún motivo dejar sueltos los aspectos mencionados. Por tal motivo nos parece interesante que del dictamen se recojan preocupaciones de los diversos grupos sociales en el sentido de proteger este recurso forestal.
En cuanto al uso del suelo hemos expuesto que en el pasado se ha constituido en un elemento clave que ha contribuido al deterioro de los bosques y selvas consideramos que es riesgoso permitir este cambio de uso del suelo; no obstante esto y de acuerdo a las modificaciones al artículo 27 constitucional en las cuales se permite, consideramos que este cambio del uso del suelo sólo se debe autorizar por excepción. En el Reglamento de Ley se deben determinar con precisión cuáles son las excepciones y cuáles serían las normas reglamentarias que establecería la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En la Iniciativa de Ley que propone el Ejecutivo Federal y abroga la Ley Forestal aprobada por esta Cámara de Diputados en 1986, se recogen
elementos importantes entre los que se encuentran la protección de la biodiversidad, la obligación para la reforestación de áreas explotadas, la participación activa de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, la desregulación de los servicios técnicos forestales, el transporte, comercialización y transformación industrial del recurso, la gran preocupación que se ha presentado en la iniciativa de la ley en su Dictamen por las fracciones parlamentarias aquí presentadas, por especialistas en la materia, organizaciones sociales y de productores, en fin, por los directamente involucrados en la problemática forestal, es la rápida destrucción de bosques y selvas y cómo encontrar los mecanismos para su conservación y fomento.
No ha existido una obligación para que los poseedores o propietarios del recurso o los que realizan aprovechamientos forestales reforesten las áreas aprovechadas es mas, se ha fomentado el desmonte de miles de áreas, incluso hace poco tiempo, unos tres años atrás que aún estaba vigente un Programa de Desmonte avalado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y con lo cual se hacía oficial la deforestación; en el dictamen se trata de contemplar las obligaciones de forestación y reforestación que se contraigan, no obstante consideramos que aún queda muy ambiguo señalar obligaciones que se contraigan ya que esto da una mayor flexibilidad a los particulares ya que si no se contraen obligaciones simple y sencillamente no habrá forestación o reforestación. En tal sentido consideramos que se debe ser más contundente y considerar que los programas de manejo deberán contener los compromisos de forestación y reforestación del recurso; en lo particular haremos una propuesta al respecto.
De la misma manera observamos una deficiencia en el dictamen, se habla en la exposición de motivos sobre los efectos negativos que causa la destrucción de los bosques y selvas; uno de estos efectos es la eliminación de especies de la fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción.
En el dictamen se da como una salvedad adoptar las medidas para conservar y proteger el habitat de especies de la fauna silvestre. Nosotros consideramos que mas que una salvedad, debe ser una obligación que en los programas de manejo se adopten las medidas mencionadas.
Nos satisface de alguna manera que la regulación de la fase extractiva del recurso siga siendo responsabilidad del Gobierno Federal y sea a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos por el que se expida la autorización de los programas de manejo.
No se puede dejar a la libre decisión de los particulares los aprovechamientos de los recursos forestales; la experiencia del pasado marca el problema del presente y que significa la destrucción de nuestros bosques y de nuestras selvas.
Existe un proceso desregulatorio en cuanto a los servicios técnicos forestales y que permite que particulares sean los que presten este servicio.
En el dictamen no se dejan al margen los apoyos que se le pueden otorgar a los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales que carecen de recursos económicos o que por lo reducido de sus terrenos no pueden contratar servicios técnicos forestales para elaborar sus programas de manejo.
En el dictamen se estipula que la Secretaría otorgará asesoria técnica a estas personas para elaborar sus programas de manejo. No obstante consideramos que en el Reglamento de la Ley y en este sector, en el pasado y aún en el presente los grandes explotadores y taladores de bosques y de selvas se han encubierto bajo la sombra de los campesinos pobres que poseen dicho recurso forestal.
Uno de los graves problemas también de la actividad mencionada, lo representa el contrabando de productos. Nos parece interesante la desregulación del transporte mediante el mecanismo de quitar la vía en el caso de transporte de los productos maderables y que sea sustituida por un marcador autorizado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal se proponía quitar esta vía en el caso de otros productos que no pueden ser marcados, lo cual daba opción a los particulares, del contrabando ya que la madera la pueden convertir en astillas, aserrín y la resina y los productos no maderables que no se pueden marcar, se podían sacar libremente aún sin que tuvieran autorizados los programas de manejo correspondientes.
En el dictamen se recoge nuestra preocupación en este sentido. Se exige que se presente la documentación en los términos que fije el Reglamento de la presente Ley y las normas que para el efecto expida la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; sin embargo nos parece
que en el dictamen se deben de tratar conjuntamente los casos de los productos forestales maderables y los no maderables, situación que se trata en artículos separados.
Es decir, los aspectos de transporte y almacenamiento de recursos forestales no maderables contemplados en el párrafo tercero del artículo 11, deberían trasladarse al artículo 20 que es en donde se tratan los aspectos del transporte y almacenamiento de materias primas forestales.
Hemos expuesto que uno de los grandes problemas de la actividad forestal lo constituye la deforestación. La tala inmoderada de los bosques ha sido una forma de deforestar, por lo que debe ser considerada como delito, para ser congruentes con el diagnóstico elaborado en la iniciativa.
La deforestación no sólo implica el derribe de árboles, sino también la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad. No se puede soslayar a los talamontes atenuándoles el castigo con una simple infracción, por lo que también debe ser penado con cárcel.
No sólo quien transporte, comercialice y transforme productos provenientes de aprovechamientos no autorizados, si no que también se debe someter a una pena de cárcel a aquellos que realicen los aprovechamientos no autorizados. El mismo tratamiento se debe de dar para aquellos individuos que provoquen intencionalmente incendios forestales; ser benévolos no nos conduce a evitar que se den estas situaciones, por el contrario, puede fomentar las acciones de destrucción de recursos forestales.
Para finalizar, el dictamen de Ley Forestal en debate, incorpora conceptos nuevos enriquecidos por los resultados de las constantes giras de trabajo y los foros de consulta que se realizaron por todo el país por la Comisión de Bosques Selvas, acordes con las recientes reformas al marco constitucional, particularmente del artículo 27 constitucional.
En la iniciativa se declara de utilidad pública la conservación, protección y reforestación de los ecosistemas forestales, teniendo como objeto primordial el aprovechamiento de los recursos forestales del país, así como el fomento, conservación, protección y su restauración de los recursos forestales del país, entre otros elementos, que nos satisfacen y que apoyamos.
Por lo anterior, la presente iniciativa merece nuestro apoyo en lo general, pero en lo particular juzgaremos lo pertinente debido a que nos hemos reservado algunos artículos que, desde nuestro punto de vista, se deberán modificar y mismas que haremos en el momento de su discusión particular. Muchas gracias.
La presidenta: - Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática .
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia:
La tala de nuestra riqueza forestal ha sido ancestralmente inmoderada, pero injustamente se ha señalado al campesino como responsable de ella. Con la superficialidad que caracteriza al observador de gabinete, se ha señalado que el campesino es irracional al talar el bosque. Racionalicemos nuestro juicio sobre el habitante rural, del comunero sobre todo, y enfaticemos la necesidad del desarrollo social integral.
Compañeras y compañeros diputados, acabo de leer una cita textual de Carlos Salinas de Gortari y debo recordarles que el gobierno mexicano, entre otros acuerdos, suscribió en Río de Janeiro la Declaración de Principios sobre Bosques y Selvas, en la Cumbre de la Tierra. En ella podemos leer lo siguiente:
Las políticas nacionales sobre los bosques, deberán respetar el derecho de las poblaciones indígenas, las comunidades locales y los habitantes de los bosques.
Estamos frente a una evidente contradicción entre las declaraciones y los acuerdos que a nivel internacional el Gobierno suscribe, y las propuestas que se presentan a esta honorable Cámara de Diputados para normar el aprovechamiento de los recursos naturales. Ahí están los ejemplos de las leyes de Pesca, Minera, la de Aguas Nacionales y ésta que hoy discutimos, la nueva Ley Forestal.
Hace ya casi un año esta Legislatura realizó diversas modificaciones al artículo 27 constitucional y a su Ley Reglamentaria, a fin de dar existencia a la pequeña propiedad forestal, así como para que las asociaciones mercantiles entre ejidos y comunidades con terceros, tuvieran un carácter legal, pero dicho artículo en su nueva fracción VII plantea lo siguiente: la Ley protegerá la integridad de la tierra de los grupos indígenas. La Ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
Ahora bien, este dictamen de Ley Forestal, ¿garantiza o no la vigencia de este precepto constitucional? ¿Garantiza o no los acuerdos firmados en Río? Y no se trata de una pregunta intranscendente, tiene que ver con una crisis del sector forestal que toca a fondo.
En efecto, la crisis del sector forestal mexicano es innegable y el dictamen de la Ley Forestal acierta, cuando en su introducción toca los aspectos de la crisis ecológica y la crisis productiva del sector. Las tasas de deforestación que sufren los bosques y las selvas de México, son de las más altas del mundo. Las cifras más optimistas nos dicen que se deforestan alrededor de 320 mil hectáreas anuales, pero algunos investigadores hablan de hasta 700 mil hectáreas al año.
Las consecuencias de esta pérdida de masa forestal son catastróficas: erosión de suelos fértiles, disminución permanente en la calidad y en la cantidad del agua, azolve de presas, extinción de especies de flor y fauna, es decir, pérdida de biodiversidad, cambios en los microclimas, etcétera.
En lo que se refiere a la productividad, la situación del sector no es mejor; ha disminuido notoriamente en los últimos años, y presenta una clara tendencia a empeorar. La participación del sector en el producto interno bruto es mínima y decreciente. Nuestro déficit comercial en el sector casi se ha duplicado en lo que va de este sexenio, y el desarrollo de la industria y la infraestructura hace mucho se encuentra estancada en franco deterioro. estamos pues muy lejos de alcanzar la competitividad.
Pero en lo que el dictamen no acierta, y ni siquiera menciona, excepto en un solo renglón de sus 36 páginas, es en un aspecto clave: no señala que en torno a la cuestión forestal existe una grave problemática que tiene que ver con los habitantes de los bosques de nuestro país, casi 17 millones de compatriotas. Sus condiciones de existencia son de extrema pobreza, pero paradójicamente son los dueños de los recursos forestales. El 86% de los terrenos forestales de México son propiedad de ejidos y comunidades.
Proponer una Ley forestal que no pone en el centro como principal sujeto al ejido y a la comunidad, es sin duda uno de los más graves errores de neoliberalismo salinista que va a tener fuertes consecuencias en los planos ecológico, productivo y social.
Las causas de esta crisis son muy claras, son muy precisas. Durante mas de 50 años la explotación forestal en México ha estado en manos de grandes empresas. A través de mecanismos francamente de tipo minero, éstas han extraído la riqueza de los bosques en forma de ganancia, sin preocuparse en lo mínimo por reinvertir y recapitalizar la infraestructura forestal, sin invertir en caminos, sin invertir en reforestación.
Estos industriales han utilizado durante más de medio siglo el llamado "método selectivo", que ha mostrado ser, cuando está fuera de control de las comunidades, el peor sistema de explotación forestal, con fatales consecuencias para la conservación de los ecosistemas forestales. A esto habría que agregar las políticas que en materia forestal ha implementado la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de donde por cierto sale hoy la iniciativa que hoy aquí discutimos, y es precisamente esta Secretaría a la que la iniciativa le confiere un sinnúmero de atribuciones.
Debemos recordar, y esto el dictamen no lo cuerda, que fue debido precisamente a orientaciones oficiales que México perdió en los últimos 40 años, casi 20 millones de hectáreas de selvas tropicales y bosques templados, en aras de una expansión a ultranza de la ganadería extensiva, la colonización desplanificada y la gran empresa forestal.
Han sido la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaria de la Reforma Agraria, las que más se han caracterizado por su alto grado de corrupción, jugando un papel muy claro que nadie puede negar, facilitar el despojo de los ejidos y comunidades ubicados en los bosques de nuestro país.
Por otro lado, el dictamen, se equivoca rotundamente al sostener que no se han desarrollado sistemas productivos capaces de generar bienestar en forma sostenible para los dueños del recurso. Pasa por alto las experiencias exitosas de manejo forestal, las cuales han demostrado que los ejidos y las comunidades son perfectamente capaces de implementar un desarrollo forestal que técnicamente ha permitido la conservación de los recursos, y al mismo tiempo la rentabilidad del aprovechamiento.
Se olvida que a pesar de las condiciones tan adversas que el sector social forestal ha enfrentado, un porcentaje importante de ejidos y comunidades, el 20%, ha logrado superar el
rentismo, y sobre la base de procesos claramente autogestionarios, ha podido tener acceso a la producción forestal con manejo técnico.
Según los propios datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, estas unidades campesinas han demostrado incluso mayor eficacia que la industria privada. el 15% de la superficie campesino - industrial, contribuye con un 17% de la producción primaria; es decir, su contribución es claramente superior al control de la superficie.
Compañeras y compañeros: el dictamen pretende ignorar las experiencias de socioproducción forestal que se dieron en la segunda mitad de los setenta y durante los ochenta en varias zonas forestales del país que aún se desarrollan de manera exitosa.
Ahí están las experiencias de las comunidades indígenas de la Sierra de Juárez, en Oaxaca, o de San Juan Nuevo, en Michoacán, las del Plan Piloto Forestal en el área maya, o la de diversas organizaciones indígenas de Chiapas y Oaxaca en la producción de café orgánico, un sistema agroforestal. Habría que añadir los aprovechamientos desarrollados por la unión de ejidos Emiliano Zapata, en Durango, así como los de Huayacocotla, Veracruz.
Lo que sucede es que esta iniciativa evita un enfoque crítico del sector industrial para luego en forma ilusoria presentar a los capitalistas privados como la única solución; supuestamente éstos no solo van a sacar del bache productivo al sector, sino que además van a resolver la crisis ecológica de los bosques de nuestro país, e incluso van a solucionar los problemas económicos y sociales de los que ahí habitan, y además a partir de una negación absurda de las experiencias del sector social forestal, se busca generar un proceso que claramente imita modelos ajenos, como los de Estados Unidos, Canadá o Chile.
Al optar por un modelo forestal basado en la privatización y en las plantaciones, el gobierno salinista olvida una de las principales conclusiones de los documentos que firmó en Río de Janeiro, en torno a que deberían ser las poblaciones que viven en los bosques, la principal y mejor garantía de conservación de estos recursos naturales, incluidos los bosques declarados de uso restringido.
Hasta hoy el capital privado nunca ha sido garantía de protección y conservación de los recursos naturales.
¿De qué manera se garantiza la conservación de los bosques en México con una Ley que no tiene como sujetos de los aprovechamientos forestales a los dueños del recurso forestal?
El artículo 12 propone una vía de obtención del permiso de aprovechamiento forestal, presentando un documento de derecho de usufructo. Con esto todo queda igual que siempre, los inversionistas privados podrán obtener, como lo han hecho durante 70 años, estos permisos de usufructo, con el beneplácito de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de la Reforma Agraria, sin ningún problema, como lo han hecho hasta hoy.
En este país ésta ha sido siempre la vía de obtención de los derechos de usufructo, y mientras los inversionistas se han visto beneficiados en sus ganancias, la problemática de las comunidades no solamente ha sido resuelta, sino que se agrava.
Se estaría repitiendo la historia de los últimos 70 años, en la cual los ejidos y comunidades han ido perdiendo, cada vez más, su patrimonio y con ellos toda la sociedad; mientras los inversionistas se han dedicado a extraer ganancias fáciles, con un muy claro muy preciso apoyo oficial.
En todo caso, si se persiste en la obstinación por impulsar la asociación con inversionistas privados, los ejidos y comunidades deben tener garantías de su participación en los beneficios de los aprovechamientos forestales, de manera acorde al monto de la parte que ellos aportan: el bosque.
Entraríamos aquí a una discusión que es fundamental: sí los campesinos van a poner el bosque y los inversionistas privados el dinero, ¿qué vale más: el bosque o el dinero?
Y desde este punto de vista, nosotros estamos planteando que, dado que los permisos de aprovechamiento forestal son indefinidos, los propietarios del recurso deben tener el derecho de ser los primeros en rescatar las acciones de las asociaciones que se formen entre los ejidos y los inversionistas.
Se deben preveer, además medidas para hacer ajustes anuales a las condiciones en que los inversionistas hagan uso del usufructo forestal. Y, además, y ésta es una de nuestras principales propuestas, las acciones de los ejidos y las comunidades en este tipo de asociaciones, deber de tener siempre la garantía de ser mayoritarias.
Estas medidas garantizan el control y apropiación de las comunidades campesinas sobre sus recursos; pero no sólo eso: modernizan las relaciones entre sectores sociales y con ellos se proporciona, incluso, mejores garantías a los inversionistas; jamás un trato abusivo, como el que significa que las comunidades se encadenen por generaciones. Sólo como fuerza de trabajo barata de empresa, se ha podido sostener por mucho tiempo.
Pero además del documento de derecho de usufructo, para obtener un permiso de aprovechamiento forestal se debe presentar un programa de manejo forestal.
La principal experiencia en este país, en lo que a este tipo de programas de manejo se refiere, muestra que su instrumentación sólo se ha dado en aquellos lugares en los cuales son los dueños del recurso, los ejidos y las comunidades, los que se interesan en implementar dichos programas, por una razón muy sencilla: desde un sentido patrimonialista, son los pobladores los más interesados en desarrollar programas que ponen en el centro la conservación y la producción de largo plazo.
Aparte de su clara tendencia privatizadora, el otro eje que permea a este dictamen de Ley Forestal es el de plantaciones comerciales. Se presenta a estas plantaciones como la panacea que va a sacar a nuestro país de sus crisis forestal, que va a llevar a nuestro país al mercado internacional y que va a lograr que México en este terreno se equipare a países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Sudáfrica o Chile.
Esta alternativa tiene que ser analizada con mayor profundidad.
Una de sus principales consecuencias podría ser la inmediata incosteabilidad de la silvicultura en bosques naturales, por la vía de un desplome de los precios de la madera, lo cual elevaría de manera muy peligrosa la presión sobre los bosques naturales y la tentación por el cambio de uso del suelo.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que en la producción de madera el transporte consume una alta proporción de los costos. Esto significa que las plantaciones tendrían que desarrollarse en terrenos cercanos a las plantas que van a abastecer o en el peor de los casos, se ubicarían en terrenos de fácil acceso. Además para ser costeables las plantaciones van a requerir tierras de buena calidad; en cualquier caso la economía maicera de ejidos y comunidades deberá desplazarse hacia terrenos más altos, lo cual significa una mayor presión sobre los bosques naturales.
Y ahí está la experiencia de la sabana mije en Oaxaca y su asociación con Papatux, con la fábrica de papel Tuxtepec, que indica que la única forma de que se desarrollan las plantaciones de esta fábrica, es que el área maicera de los ejidos se desplace cada vez más hacia zonas marginales.
Es un engaño de esta Ley afirmar que las plantaciones comerciales ayuden a restaurar áreas degradadas; al contrario, y ésa es la experiencia fundamental del caso chileno, las plantaciones tienen como consecuencia inmediata elevar la presión sobre los bosques naturales.
Pero habría que decirle algo a este grupo de jóvenes, de "muchachitos", les dice un compañero nuestro, que son quienes han redactado esta Ley y habría que decírselos con mucha precisión. Pretenden que con las plantaciones, nuestro país arribe al mercado internacional de la madera, hay que decirles que hoy, cuando se presenta este proyecto de plantaciones el Brasil, Chile, Sudáfrica, Finlandia, Estados Unidos y Canadá, ya se encuentran en ese mercado, y que si nosotros partimos de ciclos rápidos de 10 o 12 años, para cuando nuestro país haga su inmersión a ese mercado, dicho mercado va a estar completamente saturado por la producción forestal de las plantaciones de estos países que acabo de mencionar.
Por eso me parece que estos muchachitos tendrían que leer una cita que desde 1989 un informe del Banco Mundial precisaba con toda claridad, en el sentido de que en estas circunstancias cualquier país que intente crear nuevos recursos forestales para competir en el mercado internacional deberá asegurarse de que será competitivo, incluso para satisfacer la demanda interna; el establecimiento de nuevos bosques no será económico en comparación con la compra de madera o sus productos a otros productores más eficientes.
Por otro lado, el dictamen adolece de un defecto que es fundamental al limitar la participación de los propietarios de los recursos a un simple papel consultivo. Es cierto que el dictamen recoge una propuesta de la Red Nacional de Organizaciones Campesinas Forestales, que retomó nuestro partido y acepta la creación de consejos regionales forestales, pero se pretende reducir estos consejos a un carácter solamente consultivo, quedando como simple adorno, sin participar de manera clara en la elaboración y ejecución de las políticas forestales.
El titular del ejecutivo firmó en Río de Janeiro la Agenda 21, que en su Capítulo X párrafo 10 afirma: "Los gobiernos al nivel que corresponda, en colaboración con las organizaciones nacionales, en cooperación con las organizaciones internacionales apropiadas, deberían establecer procedimientos innovadores que facilitaran y fomentaran la participación activa de todos los sectores en el proceso de adopción y ejecución de decisiones, en particular los grupos hasta hoy excluidos, como las mujeres, niños, las poblaciones indígenas, sus comunidades y otras comunidades locales".
¿Que sentido tiene que Salinas de Gortari viaje hasta Río de Janeiro a firmar este tipo de acuerdos, si aquí en nuestro país no se van a aplicar? ¿Por qué no se reimpulsa al sector forestal a partir del sector social? ¿Por qué se insiste en un modelo forestal basado en el control de la empresa privada a semejanza de otros países? ¿Por qué no afianzar la silvicultura campesina, fortaleciendo las empresas ejidales y comunales que ya existen e impulsando la creación de las empresas campesinas que sean necesarias?
La presidenta: - Señor diputado, me permite por favor. Esta presidencia ruega a la asamblea guardar el orden y la compostura mientras esté el orador en el uso de la palabra; el tema que se está debatiendo es de interés nacional e interés de todos los diputados.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Nosotros sostenemos que los aprovechamientos de los bosques naturales deben quedar en manos de los ejidos y comunidades. Proponemos que la silvicultura campesina se implemente sobre la base de un desarrollo integral sustentable que contemple en forma integral el aspecto ecológico, productivo y social; así se garantizaría la conservación no sólo de los ecosistemas, sino también la subsistencia de los asentamientos humanos, la cultura y las formas de vida de ejidos y comunidades, además de la rentabilidad de los aprovechamientos, sobre la base de un manejo de lo forestal, que permita producir riqueza, es cierto, pero que no le afecte la producción de otros bienes y servicios; que considere la capacidad de producción del área y los intereses de los campesinos.
La Ley debe generar las condiciones para que los propietarios de los recursos forestales se conviertan en los verdaderos sujetos del desarrollo forestal de nuestro país. Por eso su participación en los consejos forestales debe ser a nivel directivo y no sólo a nivel de consulta; por eso la Ley debe contener salvaguardas muy precisas, para que la participación del capital privado no le signifique a ejidos y comunidades la pérdida de sus recursos y nulos beneficios.
Quienes redactaron la Ley tendrán que explicar de qué manera van a garantizar que todos estos aspectos sean tomados en cuenta, y no basta que en los antecedentes y considerandos del dictamen se insista una y otra vez en que la nueva Ley va a contribuir al desarrollo económico de los ejidatarios y comuneros e incluso se afirme que va a facilitar el aprovechamiento directo de los recursos por parte de ejidatarios, comuneros y demás propietarios.
Si a los modernos inventores de esta Ley realmente les interesaban estos aspectos, debieron incluirlos en el articulado con toda precisión y no sólo mencionarlo en los antecedentes.
El partido de la Revolución Democrática, su fracción parlamentaria, se esforzó por estudiar con seriedad la situación del sector, la Ley que hoy se deroga, su historia. Y yo reconozco aquí que esta esfuerzo se dio también en otros partidos y en otras fracciones de oposición de esta Cámara de Diputados. Se logro un contacto serio con funcionarios del Ejecutivo, dialogamos de manera intensa con diputados de otras fracciones estudiamos los problemas junto con especialistas destacados, pero sobre todo aprendimos de los sujetos que sufrirán la aplicación de este atentado contra sus comunidades y su patrimonio.
Presentamos desde nuestra fracción, 72 propuestas de modificación al texto de la iniciativa, de las cuales solamente fueron aceptadas seis; pero todavía hicimos un esfuerzo y seleccionamos nueve que hoy vamos a poner a debate y que todavía hace unas horas las pusimos en la mesa de la negociación de una manera respetuosa y propositiva.
Ahora bien, desde aquí reconocemos voluntad por parte de la Comisión de Bosques y Selvas y por la Comisión de Ecología para generar oportunidades de diálogo.
Sin embargo, consideramos que una vez más, una facción del Ejecutivo Federal mandó en el congreso y al final esta iniciativa se decidió en la casa de nuestros acreedores, en secreto, sin legisladores ni pueblo.
Compañeras y compañeros diputados: la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática, votará en lo general en contra del dictamen de la iniciativa de la ley forestal, por
considerarlo riesgoso para el patrimonio de la nación, su soberanía, la conservación de sus recursos naturales y sobre todo, para la población mayoritaria de este país, con la cual nuestro partido tiene su compromiso esencial. Muchas gracias.
La presidenta: - Tiene la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso señora presidenta, compañeras y compañeros diputados:
A partir de 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga al estado las atribuciones formales para intervenir y conducir los asuntos relativos a la economía, han concurrido múltiples reformas constitucionales y legales, hasta nuestros días, que se ha enriquecido y orientado la responsabilidad del poder público para adecuar las decisiones a las circunstancias del desarrollo nacional.
Los campesinos de México reclamaron un nuevo marco jurídico en el campo, para impulsar, para superar la crisis de producción y productividad que sufre; una nueva legislación se reclamó para un nuevo movimiento campesino. Por eso reformamos el artículo 27 constitucional con el propósito de alcanzar mayor justicia y libertad para el campo. Se reconoció a ejidatarios y comuneros, el derecho de disponer con toda libertad de sus tierras y de sus recursos. Se legitimó la posibilidad de asociarse y formar sociedades mercantiles para superar los rezagos que nos ha impuesto la descapitalización.
Los campesinos están en mejores posibilidades de producir a partir de ese momento, porque tienen seguridad sobre su medio de trabajo.
Las reformas están en marcha y sus resultados son procesos lentos o rápidos, dependiendo de las fuerzas que lo impulsen o de las fuerzas que se opongan a ello. Esta Cámara ha avanzado en su compromiso de legislar para profundizar en los propósitos de la reforma del 27 constitucional. A tiempo ha estudiado y aprobado la nueva Ley agraria y en este mismo período de sesiones, hemos votado favorablemente también, una Ley de Aguas.
Hoy analizamos esta iniciativa de Ley Forestal que también reglamenta el 27 constitucional para normar jurídicamente y dar congruencia al aprovechamiento y explotación de los recursos forestales, en el proyecto conjunto del desarrollo del campo, que requiere ante todo, de la preservación de sus recursos naturales, cuidando de que no se alteren los ecosistemas.
La Ley Forestal recoge el contenido de las reformas al artículo 27 constitucional, es cierto; esta Cámara lo aprobó.
El ejido y la comunidad indígena, la asociación con el estado y con terceros, la formación de una conciencia ecológica, son cuestiones centrales que se respetan en este dictamen y se incorporan a él de manera inalterable.
Queremos aquí afirmar que los ejidos y las comunidades serán el eje central de la actividad forestal y que desde luego, este dictamen, como el artículo 27 constitucional, protege la integridad de los pueblos indígenas
Esta iniciativa nos confirma que el ejido y la comunidad indígena seguirán siendo núcleos de producción y ejemplos de vida comunitaria. Cuando estas formas de tenencia de la tierra se abren al capital privado, se abren para romper el círculo de la pobreza.
Sin ningún temor tenemos que reconocer aquí que hay pobreza en el ejido y en la comunidad, y que es nuestro deber luchar por la liberación de sus fuerzas productivas.
La disminución creciente de superficies arboladas, quiero decir que no fue en este sexenio, en tiempos anteriores, fue cuando se incrementó la devastación de los recursos forestales. Pero esa devastación repercutió enormemente en los renglones de producción, comercialización y empleo, para propiciar la pobreza de la población indígena y campesina que dependió históricamente de los beneficios de explotación maderera. Así sucedió con la tarahumara, en donde han acabado prácticamente con el bosque, o el ejemplo de la Selva Lacandona, en donde viven miles de indígenas que sufrió una devastación de 7 mil kilómetros cuadrados de los 13 mil que constituían la riqueza original. Esta devastación, desde luego, no fue en este sexenio, fue en tiempos anteriores, debemos reconocerlo.
El deterioro masivo de nuestros ecosistemas fue ocasionado por la nula previsión al no proyectar la interacción adecuada de los recursos renovables en relación con los procesos de producción entendiendo que la interacción debió estar en todo tiempo, basada en una explotación bien estructurada y con proyecto de restauración de las áreas explotadas.
En las circunstancias actuales, el sector forestal con grandes carencias de recursos, con grandes extensiones de tierras debastadas y erosionadas, con una decadente producción maderera, con enorme deterioro ecológico, además del crecimiento, desempleo de las comunidades rurales, la legislación vigente resulta categóricamente obsoleta. Ya no corresponde a las actuales políticas y circunstancias del país en la tenencia de la tierra, en la apertura comercial, en la desregulación económica, y en el reto de la competitívidad internacional, entre otros.
Las disposiciones de la Ley vigente tampoco brindan seguridad jurídica a la inversión, por la seguridad del abasto de materias primas forestales que enfrenta una gran cantidad de requisitos y trámites burocráticos, desde el bosque hasta la industria. Tal es el caso de los permisos de aprovechamiento de renovaciones anuales, la documentación oficial del transporte, las concesiones de servicios técnicos y los permisos de industria.
Actualmente el sector forestal adolece de falta de recursos. no lo olvidemos, falta de recursos.
La restauración de los bosques y selvas de México, implica de recursos económicos, además de una estrategia basada en una marco jurídico actualizado y congruente que posibilite la regeneración de extensiones depredadas que regularice los ecosistemas, que mejore el ciclo hidrológico y que propicie en general, un entorno ecológico más sano para garantizar la vida de la sociedad del presente y del futuro.
Solo en esas circunstancias podemos concebir un sistema productivo en el sector rural que coadyuve en la solución de las necesidades alimentarias crecientes que vive el país y brinde mejores condiciones de vida a los sectores marginados del campo. Porque la restauración de los recursos naturales renovables es vital para fomentar el desarrollo agropecuario de la nación.
Con la Ley Forestal que discutimos, se orienta el papel del Estado para posibilitar la participación de la sociedad en la restauración y preservar los recursos naturales, propiciando la modernización del sector y la generación de empleos.
La nueva legislación forestal prevé mediante la participación del sector social y del sector privado, el fomento de la producción forestal que actualmente, como ya aquí se ha dicho, está en un 40% menos de la producción mundial promedio.
La necesidad de restaurar los bosques para alcanzar a futuro mejores índices de producción nacional de madera, que ha afectado en los últimos años al rubro de comercialización, que actualmente es de poca significación, inferior incluso al volumen de autoconsumo de la población rural.
Contamos con 50 millones de hectáreas arboladas, con un potencial de producción anual del orden de 34 millones de metros cúbicos.
La nueva legislación establece objetivos de regularización de las actividades del sector forestal para el aprovechamiento, conservación, producción, protección y la restauración de los recursos. Define con precisión el marco de atribuciones de las entidades responsables y las etapas del proceso operativo que valide el cumplimiento de la propia Ley.
Se integran mecanismos de control y normas específicas para eficientar el aprovechamiento y manejo de los recursos forestales que estará sujeto a un programa que conlleva el cumplimiento legal de las obligaciones técnicas y operativas que garanticen la eficiencia en el aprovechamiento, la forestación o reforestación y conservación de los recursos.
En el marco normativo que ofrece la nueva Ley Forestal que se propone, establece en concordancia de las reformas constitucionales la posibilidad a los particulares y organizaciones relacionadas con la actividad del sector, para participar con los propietarios y poseedores de las áreas forestales para fomentar las inversiones que el estado difícilmente podría canalizar en sus proyectos presupuestarios de egresos para la restauración, conservación y explotación de los recursos.
Existe, es cierto, la necesidad inmediata de incorporar nuevos métodos y procedimientos de desarrollo tecnológico y de investigación, aprovechando los recursos humanos capacitados existentes, pero erradicando la patología burocrática que ha erosionado, en contubernio con explotadores y talamontes, las estructuras operativas del sector forestal.
Impugnar esta nueva Ley porque propicia la inversión privada, es revivir de manera ociosa los debates sostenidos con motivo de las reformas al artículo 27 constitucional. La inversión privada, la sociedad mercantil, la sociedad con terceros o con el estado son parte de nuestra norma fundamental y tiene que reflejarse en esta Ley.
En los ejidos y comunidades no se olvidan las luchas que han vivido. Primero, lucharon por el reparto agrario. Después, se enfrentaron a la voracidad de las empresas forestales que recibieron la concesión de la explotación forestal. Y, por último, se opusieron a la ineficiencia y a la corrupción de los organismos forestales.
Esta historia no se olvida, porque está presente en todos los pueblos de la tierra. Es una historia que se recuerda siempre, porque sirve de antecedente para continuar la defensa de los bosques. Los campesinos no quieren el bosque como una riqueza inmóvil, como una riqueza paralizada, los campesinos quieren vivir bien de la explotación del bosque.
Hago aquí un reconocimiento a los presidentes de las comisiones de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente por el esfuerzo serio que realizaron para llegar a este dictamen. Fue un trabajo esmerado, consultado con técnicos, funcionario y con organizaciones vinculadas con el sector forestal. Tengo la convicción de que esta Ley es una buena Ley y que no la elaboraron muchachitos, que este dictamen lo elaboraron diputados libres, de todos los partidos que integran esta Legislatura.
Estoy convencido de que cada uno de los criterios de los diputados fue respetado en el seno de la Comisión. Se escuchó con atención a los diputados y aquí mismo, en esta tribuna, el diputado del partido de la Revolución Democrática ha reconocido la participación de técnicos, de especialistas, de expertos en materia forestal, que a lo largo de los foros y de las consultas y del trabajo de la Comisión fueron escuchados.
Me parece que las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología, actuaron con un sentido responsable, con una actitud esmerada. Y de parte de los miembros de la fracción parlamentaria de nuestro partido, el partido Revolucionario Institucional, merecen, los señores diputados miembros de esta comisión, el reconocimiento por su trabajo.
Pido a ustedes, señores diputados, el voto favorable de este dictamen. Insisto, ¡se respeta al ejido , se respeta a la comunidad, se respeta a los ejidatarios y a los comuneros y se respeta a los indígenas, porque son ellos, efectivamente, los propietarios del mayor porcentaje de la extensión forestal del país!, ¡ellos serán los responsables del aprovechamiento forestal!, ¡ellos serán los que en asambleas libres y democráticas decidan el recurso forestal decidan el rumbo, decidan el destino de los recursos forestales!
Y yo creo que los campesinos de México son mayores de edad, que pueden decidir en asambleas libres y democráticas. Y yo comparto aquí el empeño porque ellos sigan desarrollando sus empresas forestales.
En la Confederación Nacional Campesina también los hemos visto luchar por las empresas forestales ejidales. Y no solamente los hemos visto luchar por las empresas forestales ejidales, a las que apoyamos desde esta tribuna, sino que los hemos visto morir en defensa de los recursos forestales de sus ejidos y de sus comunidades.
En Guerrero, ustedes saben, de donde yo provengo, la lucha ha sido violenta y muchos comisariados ejidales dejaron ahí, en las veredas y en los caminos su vida en defensa de los recursos forestales; primero en la lucha por la tierra y después en la lucha contra las concesiones forestales, que muchas veces se otorgaron por corrupción o para pagar lealtades políticas.
¡Nosotros no estamos en favor de las concesiones forestales y esta nueva Ley acaba con las concesiones forestales, reconoce el derecho de los propietarios de los recursos forestales para administrarles e imprimirles el sentido democrático nacionalista que debe estar presente en la explotación del recurso forestal!
¡Nosotros reconocemos que este dictamen le da un apoyo fundamental a ejidatarios y comuneros! ¡Nosotros afirmamos aquí que los recursos forestales seguirán siendo parte de la soberanía del país! ¡Nosotros reconocemos aquí que la explotación de los recursos forestales seguirán siendo un instrumento para el desarrollo nacionalista del pueblo de México!
En ningún momento hay en el movimiento campesino nuestro una actitud entreguista sino al contrario, en todo momento hay la intención, la voluntad política de no permitir ni atropellos, ni manejos oscuros; no permitiremos que los recursos forestales sirvan para actuar en contra de ejidatarios y de comuneros, nosotros deseamos progreso para la gente que vive incomunicada en la sierra, nosotros deseamos que la explotación forestal sirva para que haya caminos en las comunidades y en los ejidos, nosotros deseamos que la explotación forestal sirva para dar empleo a mucha gente que en la sierra lo está demandando, que lo están pidiendo, que le urge tener, porque hay pueblos en este momento, desiertos, pueblos que están siendo abandonados porque hay explotación forestal, pero aquí nos pronunciamos porque la libertad y la justicia se aplique ahí en las comunidades indígenas y en los ejidos forestales.
Nosotros estamos seguros que prevalecerá la libre decisión de los campesinos, de administrar sus recursos, son mayores de edad, son hombres como todos nosotros, son mujeres como todas ustedes; yo estoy seguro que en la sierra actuarán con la libertad que actúan los diputados de esta LV Legislatura. muchas gracias.(Aplausos.)
La presidenta: - Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar su posición. la diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Colega presidenta, con su venia:
Bueno primero debo plantear que me ha impresionado vivamente la intervención del compañero que me acaba de preceder en el uso de la palabra, su alocución encendida me convence desde ahorita que va a votar en contra del Presupuesto presentado por el secretario Aspe, porque en este presupuesto no se contiene el soporte administrativo presupuestario de fomento fiscal crediticio que permita que los campesino se queden con sus tierras.
Sus intenciones son muy buenas y como digo, dichas con pasión; nos hubiera gustado haberlo visto una vez siquiera en la Comisión de Bosques, Selvas y Ecología, no lo vimos, pero esperamos su intervención para modificar el presupuesto o rechazarlo en su caso.
Compañeros, quisiera ahora plantear los razonamientos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; antes quisiera plantear, quisiera unirme al reconocimiento que ha habido por parte de otras fracciones parlamentarias para el trabajo de las comisiones unidas de Bosques y Selvas y Ecología y muy particularmente la forma en cómo el Presidente de la Comisión de Bosques ha conducido los trabajos.
No solamente hubo una consulta muy intensa, como ya se ha planteado, sino que las diversas fracciones parlamentarias también aportamos una innovación, o no es tanto una innovación sino que aportamos el compromiso de hacer un genuino trabajo de comisiones, ahí en el seno de comisiones presentar nuestros argumentos, no guardarnos las cartas para el pleno, como muchas veces nos vemos obligados a hacer, sino comprometernos con sacar una Ley, mejor, más allá de los intereses partidarios. Obviamente el Dictamen que nos presentan las comisiones unidas es una Ley, es una versión infinitamente mejor que la que nos mandó el Ejecutivo.
Ya se ha planteado aquí que esta Ley es resultado de un contrato otorgado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos a un bufete chileno, yo lo decía así en comisiones. Primera lección: leyes mexicanas hechas por mexicanos, por favor.
Segundo lugar, en la versión original, se intenta trasladar las experiencias básicamente de Chile y Brasil a México, cuando es una país completamente diferente. Sin embargo, las modificaciones fueron tantas, de tanta importancia, que hubiera sido necesaria una redacción completamente de nuevo de esta Ley.
Como esto hubiera ofendido al Poder Ejecutivo, entonces, se nos presenta una Ley que muestra las costuras de los remiendos y la hace aparecer como un pequeño Frankenstein. Contiene elementos del proyecto original y contiene elementos de la realidad aportadas por los jueces y organismos consultados por los diputados.
El resultado no es un resultado balanceado y no es un proyecto que vaya a garantizar el resultado de nuestros Bosques y la permanencia de nuestros productores en esto.
Ya se ha hablado de la realidad de México; quisiera simplemente mencionar dos o tres datos: se trata de una Ley que va a afectar a 15 millones de mexicanos, se trata de un área forestal, como dijo el diputado Zúñiga, de 50 millones de hectáreas, el doble de la de Finlandia, una de las principales potencias en el caso de maderables, pero que sin embargo mantiene un arco iris, o un matiz sumamente... no son 50 millones de tierras forestales al igual que las de Finlandia, contiene desde selvas bajas, selvas tropicales, hasta pinares en condiciones sumamente desventajosas.
La pregunta es si es un intento en realidad exitoso por modernizar la explotación y por hacer que estos bosques se conviertan en un medio de vida y de mejoramiento del estándar de vida de los campesinos y los indígenas, y si al mismo tiempo alienta la inversión industrial en aquellas áreas susceptibles de eso. La respuesta es no.
El equipo que trabajó en esta Ley, no me interesa juzgar las edades, copió solamente de los proyectos de Chile, Finlandia, Brasil, etcétera, aquellos aspectos que convenían al neoliberalismo lite que practican.
Todos aquellos aspectos de regulación estatal, de fomento a la actividad de subsidios, fueron dejados de lado, ¿por que?, bueno, porque esto no cabe en el esquema.
La experiencia de Chile y Brasil y de más de 100 años de actividad forestal en Finlandia, muestran que sin estímulos, sin créditos, sin adecuaciones presupuestarias, sin fomento, no funciona la actividad forestal.
En segundo lugar, la experiencia de estos países, especialmente en el caso de Finlandia, en donde el 70% de los propietarios son pequeños propietarios de cinco a 19 hectáreas, campesinos, 70%, es que solamente los dueños y poseedores de estos predios forestales son los que garantizan el éxito del cultivo, regeneración, lo que sea de estos predios.
Quisiera plantear, la experiencia internacional también demuestra que deben preferirse las soluciones simples y con mínimos trámites burocráticos.
No son éstas las características que se den en la Ley. Quisiera enumerar de manera sucinta, para luego pasar a desarrollar, las cuatro objeciones fundamentales que planteamos para la Ley:
Desregula lo que debe regular y regula lo que debe desregular. Pasaré a dar algunos ejemplos, después de enumerar los siguientes puntos.
2. Promueve el aprovechamiento económico de los bosques sin el soporte de estímulos, subsidios, que son condición sine qua non, según la experiencia internacional, para un éxito en esta materia.
3. Evade la creación de un Servicio Nacional Forestal, que redefina las responsabilidades de la secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Desarrollo Social, y sin esta redefinición se garantiza que continúe la rebatinga entre estas dos secretarías, lo cual significa, trabas, burocracia y obstáculos para el desarrollo de esta actividad.
4. Sólo atañe realmente esta Ley al 7% de los productos; es decir, los productos maderables. El dictamen planteado por las comisiones en efecto corrige una grave omisión de la iniciativa del Ejecutivo, al mencionar a los productos no maderables, pero solamente se les menciona, no hay guías específicas con respecto a esto y hay numerosos trabajos que indican cuántos mexicanos dentro de estos 15 millones, viven del aprovechamiento de productos no maderables y cuán necesaria es su capacitación.
Quisiera entonces pasar al primer ejemplo, en el sentido de que regula lo que debe desregular y desregula lo que debe regular.
Como ustedes saben, la autorización que para el aprovechamiento forestal que otorga la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tiene como prerrequisito la existencia de un plan de manejo. No solamente eso, sino que en el artículo 12 establece una serie de indicaciones muy estrictas a las características que debe tener un plan de manejo.
Un plan de manejo es un plan de aprovechamiento industrial a largo plazo, con un horizonte temporal mínimo de 10 años, un horizonte promedio de aproximadamente 20 años, que define para el productor dónde, cuándo y cómo.
El costo por hectárea que han establecido los bufetes de asesoría técnica en este sentido, es de 40 mil pesos por hectárea; el costo para el inventario forestal que han establecido estos mismos bufetes, es de 500 pesos por hectárea. La diferencia les muestra a ustedes, compañeros, la complejidad que debe tener un plan de manejo. Si estamos hablando de 7 millones de hectáreas, estamos entonces hablando de aproximadamente una inversión por parte de los productores forestales, de 280 mil millones de pesos, una cantidad exorbitante.
Ahora, es muy importante que veamos la experiencia de otros países en este sentido. En el caso de Finlandia y ya lo hemos dicho, una potencia en el aprovechamiento forestal, sólo 20% de sus aprovechamientos cuentan con plan de manejo. No es un requisito administrativo sine qua non.
En este caso no solamente estamos planteando un instrumento excesivo para el aprovechamiento forestal, sino que incluso la iniciativa y el dictamen lo exigen para forestar y reforestar. Esta es una locura, un contrasentido o como se dice ahora, está a contrapelo de las intenciones de esta iniciativa.
En este país tenemos 40 millones de hectáreas deforestadas, 20 de ellas en grado de deterioro mayúsculo, y cualquier plan, cualquier requisito burocrático para obstaculizar esta reforestación, significa una falta de incentivo para algo que debe ser fundamental.
El plan Nacional de Reforestación, por otra parte, solamente contempla 200 mil hectáreas. Para realmente reparar el daño hecho a la nación, por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, compañeros, se necesita una verdadera cruzada de reforestación. Se me dirá que solamente el plan de manejo puede garantizar un desarrollo sostenible, el término que está de moda, y un cuidado ecológico. Esto no es así.
De nuevo las experiencias de otros países nos ilustran. Debemos diferenciar entre un plan de manejo y un programa de cultivo. Un programa de cultivo es una serie de reglas básicas zonificadas; es decir, adaptadas a cada zona y a cada cultivo, que establecen las reglas que permiten un desarrollo sostenible de estos cultivos. Su horizonte máximo es de cinco años. Estas reglas, que además están en las normas oficiales, se dan a conocer a los productores, los productores se ciñen a estas reglas y con ello forestan.
Quisiera, por otra parte, además de hacer énfasis en el enorme error de expedir este plan de manejo para reforestar, plantear otro asunto: la Ley establece que en 30 días la Secretaría, que se constituye en ventanilla única, dictaminará sobre este plan de manejo.
Compañeros, al mismo tiempo la Ley plantea que se pedirá la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social para conocer el dictamen de impacto ambiental. Yo quiero saber si en 30 días es posible evaluar entre dos secretarías este plan de manejo, que va a costar a los productores una fortuna. Esto no va a ser posible.
Yo quisiera saber además si tiene la Secretaría de recursos humanos para poder dictaminar. No los tiene. Sabemos muy bien ya el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, que las manifestaciones de impacto ambiental se pueden contar por metros cúbicos, las manifestaciones de impacto ambiental que la Secretaría de Desarrollo Social no es capaz de contestar.
Yo dudo que la Secretaría, una de las más castigadas en el recorte de personal, en el presupuesto que nos acaba de enviar el señor secretario Aspe, pueda tener esta capacidad, y si no la tiene, si pretende solamente que el plan de manejo sea un acto de buena fe, ¿por qué hacer gastar a los productores cuando la experiencia internacional nos habla de otros instrumentos de cultivo, como el que acabo de mencionar, que salvan la ecología y que guían y capacitan al productor?
Es claro que algún tipo de aprovechamiento forestal, como es el caso de las plantaciones forestales, será necesario y recomendable el plan de manejo. Pero no es esté el aspecto más importante es que es el plan de manejo el instrumento por el cual se puede despojar al campesino y al comunero de sus tierras.
Decía yo que tiene un costo de 40 mil pesos por hectárea. La Ley nos dice en algún apartado por ahí, que en caso de que los campesinos, ejidatarios, pequeños comuneros etcétera, no tengan dinero, se podrá acudir a la Secretaría para tener ese soporte técnico.
Bueno, la Ley de la Administración Pública prohibe a la Secretaría y a otras dependencias hacer trabajos gratuitos, así que ciertamente les ayudará a hacer el plan de manejo, pero ciertamente se los cobrará.
De nuevo vuelvo a plantear: la plantilla que tiene actualmente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no permitirá contestar la cantidad de demandas del plan de manejo que plantearían los propietarios forestales, ejidatarios y comuneros. No hay el personal adecuado; no hay el presupuesto que permita esto.
¿Que situación se seguiría en esto? pues se seguiría que el ejidatario, el propietario del bosque, sin poder contar con el instrumento para aprovechar económicamente su bosque, tendría que asociarse forzosamente con el inversionista; el inversionista, que pagaría una alta cantidad por este plan de manejo, exigiría un contrato a mediano o largo plazo, puesto que solamente puede invertir una cantidad importante si se le garantiza una duración importante a este contrato.
¿Por qué tenemos que propiciar estas situaciones que muy probablemente lleven al despojo, cuando en otros países y nuestra propia experiencia nos ha demostrado que es posible desarrollar una economía con los propietarios de los bosques cuidando de ellos, si estos bosques se les da un valor económico importante y a los propietarios se les enseña que pueden vivir, que pueden mejorar su estándar de vida?
En este sentido nosotros propondremos una modificación al artículo 12 y 13 que plantea la necesidad de plantear no sólo planes de manejo, sino programas de cultivo.
Segundo punto. La Ley no contiene más que una referencia de paso, creo que en el artículo 33, al fomento. Y la experiencia internacional de nuevo nos demuestra que sin una amplia, generosa y estatal política de subsidios, créditos forestales, incentivos fiscales, etcétera, no puede funcionar la actividad forestal.
Por ejemplo, la experiencia internacional plantea que en el caso de las plantaciones, que es
una opción vista con mucha esperanza por la Secretaría de Agricultura, en el caso de plantaciones no es posible tener éxito si no se subsidia el 50%, por lo menos, del primer ciclo de vida de los árboles.
¿Pero que nos dice el señor Secretario, hace apenas 10 días o menos, qué nos dijo hace siete días? ¿Qué nos dijo el señor secretario Aspe sobre este asunto? ¿Nos presentó acaso un paquete de incentivos fiscales, de créditos, de subsidios, que vayan acordes con esta nueva realidad forestal? No. Nos dijo que él no sabía nada; que apenas hace un año empezó a conocer y a oír mencionar el caso de créditos fiscales para plantaciones o para inversiones forestales a largo plazo. Y como ejemplo nos dio el tratamiento de Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, para un crédito a largo plazo, que se paga en una sola ocasión al final, pero un crédito que se paga completo, un crédito que va, según palabras del señor Secretario, capitalizando hasta el último interés, un crédito que no contiene una gota de subsidios.
Señores, en este sentido no estamos acompañando a la Ley de los mecanismos financieros, fiscales, etcétera, que la hagan una Ley exitosa, y estamos de nuevo dejando a los propietarios genuinos del 80% de nuestros bosques sin este soporte.
En tercer lugar, la Ley no contempla, y ésta fue una de las propuestas con más insistencia que presentó el Partido Auténtico, la creación de un servicio forestal, que de nuevo es experiencia de los países que han tenido éxito en este sentido, una condición sine qua non.
La explotación forestal es una actividad primaria, lo cual no significa que sea primitiva, es una actividad que reviste gran especialización y complejidad organizativa, operativa y tecnológica. Desde su fase extractiva hasta su fase industrial terminal, la información científico - técnica constituye un insumo fundamental de los procesos productivos intermedios.
Tales informaciones abarcan desde el tratamiento del suelo, la intervención genética de las especies, su crecimiento, prevención y control de plagas e incendios, cultivo y manejo, hasta la tecnología de corte y aprovechamiento industrial.
Nada de esto, nada de esto hay en la iniciativa. Se nos dice que una iniciativa del Ejecutivo como ésta no puede crear una instancia como el Servicio Nacional Forestal.
Esto es algo completamente equivocado y lo acabamos de ver en la Ley de Pesca. En la Ley de Pesca de nuevo el Ejecutivo mantiene al instituto Nacional de Pesca , que precisamente una de sus funciones es dar soporte científico - técnico a la actividad de las pesquerías en el país.
El Ejecutivo, a través de este tipo de actos, delega responsabilidades que le son únicas, como es el caso de dar permisos, concesiones y autorizaciones.
En este sentido, el Ejecutivo no podría, no debería, no debería crear por decreto un Servicio Nacional Forestal. Es el Poder Legislativo, es el Poder Legislativo el que tiene la potestad para permitir que el Ejecutivo delegue este tipo de funciones.
De nuevo, el presupuesto que nos acaba de entregar el Secretario de Hacienda, no contempla el apoyo para que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por lo menos de manera mínima, cumpla con estas funciones.
En este sentido, se nos presenta una Ley que pretende ser desreguladora, pero, como les digo, regula hasta la forestación y la reforestación. Y desregula, por ejemplo, el caso de los aserraderos, que una de las demandas de los industriales fue que no se desregulara esto, porque la realidad en este momento es la gran presencia de aserraderos clandestinos.
Una Ley que no contiene un soporte de fomento de manera sólida, una Ley que mantiene la confusión administrativa entre la secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Estas son, compañeros, las razones por las cuales el Partido Auténtico votará en contra. Muchas gracias, ( aplausos. )
RECESO
La Presidenta ( a las 15.28 horas ): - Se declara un receso de 60 minutos. Al mismo tiempo, se ruega a las señoras y señores diputados que se restrinjan al tiempo señalado.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PERMISO CONSTITUCIONAL
Presidencia de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros
La Presidenta (a las 17.10 horas): - Se reanuda la sesión.
Esta Presidencia acaba de recibir un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la de Relaciones Exteriores.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea. A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto, por el cual el Senado de la República concede permiso al Presidente de la República, para ausentarse del territorio nacional a partir del 30 de noviembre de 1992.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al análisis de la presente, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
LA Minuta con Proyecto de Decreto, por el cual se otorga al Ejecutivo Federal permiso para ausentarse del territorio nacional a partir del 30 de noviembre de 1992 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados el día 17 de noviembre de 1992.
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conforme a Reglamento, ordenó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores".
Esta Comisión se permite señalar que, conforme al turno de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara, se recibió la opinión favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la minuta en estudio, misma que se anexa al presente dictamen.
Esta Comisión con las facultades anteriormente referidas somete a su aprobación el presente dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La Minuta con Proyecto de Decreto, por la cual se otorga permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional a partir del 30 de noviembre del presente año, señala que la misma es con objeto de ocurrir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para participar en la Sexta Reunión Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, y realizar una visita de Estado a la República del Paraguay.
La Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la Colegisladora, refiere que la política mexicana ha acuñado una serie de principios, hoy recogidos por nuestra Carta Magna, a tráves de los cuales se orienta la participación de nuestra nación dentro de la comunidad internacional, partiendo del respeto a la soberanía de cada país.
Nuestro país ha impulsado la diversificación de sus relaciones con el exterior, como estrategia fundamental para promover y fortalecer mejores oportunidades de desarrollo político, económico, social y cultural.
Para México, América Latina figura como una región privilegiada para el diálogo, la identificación de posiciones comunes y la cooperación en pos del desarrollo de los países que, junto con nosotros, la conformamos. Nuestras raíces histórica, culturales y geográficas nos hacen compartir criterios similares sobre la realidad actual y la evolución de la comunidad de naciones.
Dentro de este contexto, es necesario destacar el papel desarrollado por los países de la América Latina, a tráves del cual se ha demostrado su madurez política, con la búsqueda de soluciones por la vía de la negociación a conflictos armados que se han suscitado en esta parte del continente. Prueba de ello en la atinada intervención que el Grupo Contadora cumplió durante la década de los años ochenta. Así mismo y con esa misma actitud el implementado por el Grupo de Apoyo y a partir de 1986, con el Mecanismo Permanente de Consulta y Concentración Política o Grupo de Río.
El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, se ha consolidado como el espacio más importante para el diálogo y el intercambio de ideas sobre las transformaciones que ocurren en la comunidad de naciones y el reto que representan para América Latina, para el propósito común de lograr la integración, mediante el desarrollo de proyectos y programas viables en la más diversas áreas de cooperación, y para la articulación de posiciones conjuntas para presentar criterios y la voz de América Latina en diversos foros continentales y mundiales.
Así, correspondió a México, organizar la Primera Reunión Cumbre en noviembre de 1897, a la fecha se han organizado cinco Reuniones Cumbre, correspondiendo en esta ocasión la sede a la República de Argentina, cuyo Presidente, el doctor Carlos Saúl Menen, ha formulado invitación a los primeros mandatarios del Grupo de Río, para reunirse en Buenos Aires los días 1o. y 2 del mes de diciembre próximo.
Dentro de la agenda a tratar, refiere la Minuta y la propia iniciativa enviada por el Ejecutivo, se encuentran asuntos como la protección del medio ambiente, el combate al tráfico ilícito de drogas y la seguridad energética, aunado a los temas que en materia política y económica se verán respecto a la región, así como el estudio de órganos de carácter representativo que fortalezcan la unidad latinoamericana.
Refiere la minuta que nuestro país ha desplegado acciones dirigidas a diversificar sus relaciones y a vincularse de una manera, más eficaz con los nuevos centros de la dinámica económica internacional y con América Latina, ámbito de nuestras afinidades culturales e históricas. Con ello hemos ampliado el diálogo político, el acceso de nuestros productos a otros mercados y la cooperación en materia científica y cultural.
Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción X; dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, se encuentra la de dirigir la política exterior y, como uno de los principios, buscar la cooperación internacional, teniendo como objetivo lograr un desarrollo integral de nuestro país en todos sus contextos.
Es en este sentido la iniciativa del Ejecutivo, la minuta enviada por el Senado de la República y esta Comisión, coinciden, en que espacios como el Grupo de Río propician el diálogo y el acercamiento en la relaciones, tanto de los países miembros, como con otros grupos de la comunidad internacional, todo ello es congruente con la política exterior y acción internacional que México persigue a tráves de su acercamiento prioritario con América Latina, propiciando también la diversificación y ampliación de nuestras relaciones con el exterior.
Finalmente, como última etapa de la gira de trabajo al continente americano, la minuta propone otorgar al Presidente permiso constitucional, para llevar a cabo una visita de Estado a la República de Paraguay, a invitación de su mandatario Andrés Rodríguez, los días 2 y 3 de diciembre primera que llevaría a cabo a ese país un Presidente mexicano.
La visita reviste importancia, por el proceso que vive actualmente Paraguay de democratización y modernidad, lo que propicia que se incremente la cooperación, entendimiento y amistad entre ambas naciones, lo que fortalecerá nuestras relaciones con la región del cono sur y propiciará un mayor diálogo, con uno de los países miembro del Mercado Común del sur.
Por las anteriores consideraciones, esta Comisión se permite proponer a la consideración de este honorable pleno, el siguiente dictamen que contiene
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional por un lapso hasta de cinco días a partir del 30 de noviembre de 1992, a fin de que participe en la Sexta Reunión Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política en Buenos Aires, República de Argentina, y realice una visita de Estado a la República de Paraguay.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, noviembre de 1992
Es de primera lectura.
La Presidenta: - Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y se dispense la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
La Presidenta: - En consecuencia está a discusión el proyecto de decreto. Esta Presidencia informa que se han registrado los siguientes oradores: diputados Ricardo Valero, Martín Tavira Urióstegui y Ramón Mota Sánchez.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Hemos suscrito y nos proponemos votar en favor de este proyecto de decreto, pero hemos manifestado también nuestra intención de hacer algunos comentarios relacionados con el sentido de nuestra petición.
En efecto nos parece en primer lugar con respecto al proyecto que acaba de ser dado a conocer a esta Asamblea que si bien refiere objetivos fundamentales de esta visita, también por otro lado, es muy limitada en alta medida general, poco precisa en cuanto a lo que deben ser los propósitos explícitos de una visita con estas características y de esta magnitud.
En realidad, nuestra preocupación se relaciona y se desprende con alguna consideración que previamente hemos hecho ante esta misma Asamblea y que refiere las facultades, las funciones, las obligaciones inclusive de la Cámara de Diputados.
Si hacemos una lectura minuciosa del proyecto de decreto, como es nuestra obligación, e inclusive la complementamos con un documento por cierto más extenso que fue el que produjo la Comisión de Relaciones Exteriores, encontraremos en ambos que no parece existir mayor preocupación, ni la Cámara está en condiciones, en aptitud de introducir, de aportar puntos de vista más particulares que correspondan a su propia visión acerca de estos asuntos.
En la página cuatro aparecen en el segundo párrafo, los objetivos de la visita, sobre todo en su primera fase, la que se refiere a la reunión del Mecanismo de Consulta y Concertación Política en Buenos Aires, y se habla de manera general de los temas que van a ser tratados ahí: la protección del medio ambiente, el combate al tráfico ilícito de drogas, la seguridad energética, y otros de carácter incluso más amplio en materia política y económica.
Viene en muy alta medida, reproduciendo este proyecto, los mismos elementos explicativos que aparecen en la solicitud de permiso, elaborada por el Ejecutivo, sin mayor consideración y como decimos, sin mayores aportaciones como corresponde a la Cámara de Diputados.
En la misma Comisión de Relaciones Exteriores, en muchas sesiones, hemos manifestado una preocupación similar, que se ha visto reforzada en los últimos tiempos. Por ejemplo, hemos mencionado que en la agenda de la Cámara de Diputados y en los asuntos que han ocupado su atención, figuran muchos, varios que podrían ser objeto de una manifestación de interés, de preocupación e inclusive de sugerencia por parte de la propia Cámara al tratar un asunto de este orden, de esta naturaleza, pensemos por ejemplo en que la Comisión Permanente se pronunció a propósito del sentido del peligro del alcance, inclusive de la enmienda Torricelli que fue suscrita y aprobada en el Congreso de los Estados Unidos recientemente y ratificada por el Ejecutivo de ese país.
Hemos tratado otros asuntos como la situación de Panamá, sobre todo de una gran actualidad después de realizado el plebiscito que se desarrolló en ese país hace unos cuantos días.
Pensamos que la auténtica separación y más aún la colaboración entre los poderes federales no puede entenderse ni interpretarse mucho menos, como la simple reproducción o repetición de los argumentos que emanan de uno de ellos; es en todo caso, responsabilidad de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión en su conjunto, aportar sus propios criterios, sus puntos de vista, sus iniciativas. Es la forma que entendemos nosotros, como funciona y como debe de operar la colaboración.
Hace poco una delegación de esta Cámara de Diputados, asistió a una reunión interparlamentaria de alcance internacional, la Unión Internacional Parlamentaria, y uno de los puntos que fueron tratados, quizá el más importante en esa sesión, precisamente se refirió a la colaboración
creciente y no nada más en regímenes parlamentarios, sino de estructuras políticas diferentes, en materia de política exterior como una parte fundamental muy importante, destacada, de los procesos de democratización que se viven a nivel internacional.
Y éste es precisamente el punto en el que nosotros centramos nuestra opinión. No hay en rigor, tema más importante que fue precisamente el que sugerimos en estos días al conocer los primeros proyectos, primero de opinión por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y después de dictamen como el que escuchamos hace un momento, que el que se refiere a las relaciones hemisféricas.
Si algo justifica la gran oportunidad de la reunión del mecanismo de consulta y concertación política que se llevará a cabo en unos días en Buenos Aires, es precisamente la necesidad de revisar, de actualizar las relaciones hemisféricas. Y las relaciones hemisféricas están marcadas por un hecho absolutamente identificable, visible, que está con toda seguridad no solamente en la mente de nosotros los legisladores, sino, podríamos sin exagerar, afirmar que en el mundo entero.
Si algo representa el desarrollo y el desenlace electoral en los Estados Unidos de América, es precisamente que se da con esos resultados un mandato muy preciso relacionado con la necesidad de por lo menos enfrentar críticamente los supuestos y el desenvolvimiento que los modelos imperantes en estos días tuvieron. Me refiero específicamente a todas las implicaciones, a todo el sentido y el contenido del neoliberalismo. Es eso. Ya lo sabemos y además el Presidente electo de Estados Unidos de América ha manifestado su interés y su voluntad, su deseo, aunque sea inicial éste apenas, no está suficiente delineado y trazado, y precisamente de eso se trata, por otorgar una consideración y un lugar especiales a las relaciones entre su país, el Gobierno de su país y América Latina. Mientras tanto es lo que estamos haciendo nosotros, recuerden, como creo que es perfectamente identificable entre nosotros, que hace un año, en ocasión de celebrarse la anterior reunión de ese mecanismo del Grupo de Río, aquí, señalábamos la necesidad de conocer lo que entonces se decía iba a ser el tema principal de esa reunión. El tema principal estaba señalado, estaba fijado; se trataba nada menos que el de la elaboración de un punto de vista, el punto de vista latinoamericano, que aún a estas alturas no existe, relacionado con la iniciativa para las américas.
Y al hablar de la iniciativa para las américas, estamos pensando en los grandes temas de la región, estamos pensando, porque son sus componentes primordiales, el tema y el problema de la deuda externa, en el asunto o los asuntos que se desprenden de los aspectos sociales del desarrollo, etcétera.
Pues bien, no solamente no se ganaría, no se perdería, sino que sería cumplir con una responsabilidad, la nuestra, el que nosotros simplemente manifestáramos mediante esa concepción de colaboración entre poderes, inquietudes o intereses en esa dirección que no fuera tan abstracto, tan general, tan, inclusive desprendido de sentido, un planteamiento como el que estamos revisando. Sería incluso, estamos seguros, nuestra obligación la aportación que se esperaría que surgiera de la propia Cámara. Pero no es así.
Y no solamente eso, sino que todos los indicios son en un sentido, en una dirección contrarios.
Apenas anteayer, durante la entrevista que sostuvieron los presidentes de Chile y de México, en territorio nacional el Jefe del Ejecutivo Mexicano afirmaba que hay otros temas, hay un par de temas que podrían ser considerados en la relación bilateral con los Estados Unidos de América. ¿Y cuáles eran esos temas? Uno de ellos el de los trabajadores, la situación de los trabajadores migrantes, el tema de los desplazamientos o de los movimientos de la mano de obra, por una parte, por el otro, el que se desprende o el relacionado con los mecanismos de compensación en un proceso de integración económica.
No son temas secundarios, son temas centrales, pero no sólo eso. Son precisamente los temas que una y otra vez, de manera recurrente consideramos y expresamos inclusive durante la comparecencia del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, en esta Cámara, que eran indispensables en la perspectiva mexicana en cualquier proceso de integración y sobre todo en un proceso de integración con los Estados Unidos de América.
Señalábamos entonces que las condiciones de extrema debilidad, conforme a los cuales se configuró la agenda para la negociación del Tratado de Libre Comercio, hicieron que fuera una agenda altamente favorable para una de las partes, para los Estados Unidos de América primordialmente, y que quedaron fuera estos asuntos que ahora nuevamente parecen llamar la atención.
Se nos dijo, por ejemplo, que el tema de la mano de obra, fundamentalmente, no podía ser
incluido en un tratado de comercio, porque tenía otras de las características como si en la relación productiva sólo existiera el factor capital y no la contraparte que es precisamente el que se refiere al trabajo, y que en todo caso sería inaceptable para la parte negociadora norteamericana.
Se explicó y se dijo eso. Lo que nunca se ha explicado ni se ha aclarado, es por qué se incluyeron, no temas particulares, sino capítulos completos que tampoco forman parte de un tratado de libre comercio, como son todos los que se refieren a las inversiones y se refieren a los servicios.
Entonces estamos viviendo verdaderos contrasentidos y la única parte positiva que esto tiene, si acaso, es una rectificación con respecto a lo que la oposición en México, nosotros , y con toda buena fe, manifestamos que deberían ser incluidos y materia inescapable, inseparable, del Tratado de Libre Comercio.
Y estos temas, precisamente el que se refiere a la apología, a la exaltación del libre comercio como instrumento de integración en la región, es el que ahora, sin entender el sentido de los tiempos, la situación generada en la región, lo que se va a llevar a la reunión cumbre del mecanismo de consulta y concertación política a celebrarse en Buenos Aires.
Por nuestra parte queremos no solamente ratificar esta disposición, esta decisión de votar de manera favorable en favor del decreto, sino de dejar registradas estas inquietudes, esperando, ésto sí, al igual que la visita y lo subrayamos tiene sin duda una gran entidad, la primera visita que realiza un Jefe de Estado a un país de América Latina, al Paraguay, que redunde efectivamente y sea un paso importante, aunque no ésta explícitamente planteado en estos términos para la unidad, la concertación de y entre los países latinoamericanos.
Lamentando que, por otro lado, no sean oportunidades, sino oportunidades más bien desperdiciadas, para afirmar también entre nosotros la fortaleza hacia la que debemos tender de las instituciones republicanas. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Compañera Presidenta; distinguidas diputadas; distinguidos diputados:
Un permiso del Congreso de la Unión autorizando al Presidente de la República para que se ausente del país, no es una cuestión formal; es un asunto de la mayor relevancia política. Porque seguramente que el Presidente de la República cuando habla en el exterior, quiérase o no, manifiesta opiniones políticas de su Gobierno, pero, ¿por qué no?, también manifiesta el sentir del pueblo mexicano cuando el gobernante lleva en su mente y en su corazón los intereses de su pueblo.
Afortunadamente el Presidente de la República lleva a cuestas la riqueza de nuestros principios internacionales. Son las mejores armas con que México puede pelear en el exterior. No hemos sido, no somos, ni seremos, una gran potencia militar; pero sí somos una potencia política. En el concierto de las naciones México goza de gran prestigio y respeto por su política internacional de solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación, que luchan por un nuevo orden económico y político internacional.
A 166 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar, seguimos hablando del tema de nuestra América: la unidad y la integración de América Latina. Es un tema que no envejece ni envejecerá. Debemos retomarlo siempre.
Por desgracia, los países de América Latina han estado desunidos durante largos años de su historia y no sólo desunidos, sino inclusive enfrentados por razones políticas, desde luego.
Cuando México construia su revolución, cuando en México se decidía la suerte de nuestro pueblo, por el patrocinio de los Estados Unidos de América, algunos países de América Latina se adjudicaron el derecho de intervenir en nuestros asuntos internos. Es un mal ejemplo que no debe repetirse jamás.
Recordemos cómo Argentina, Brasil y Chile, unidos con el Gobierno norteamericano pretendían "arreglar" la situación interna de México. Y se adjudicaron el derecho también de tener conferencias y de llamar a México para sugerirle qué debiéramos hacer para conquistar la paz.
Hubo las conferencias de Niagara Falls que ahora recordamos y que Carranza rechazó con energía. Carranza tuvo posiciones internacionalistas muy claras y valientes. Podrán cuestionarse sus políticas domésticas, pero en política internacional Carranza es uno de los grandes constructores de nuestras doctrinas, elaboradores de nuestra doctrina.
El tema de la integración de América Latina es siempre un tema de actualidad. Esfuerzos van y esfuerzos vienen para integrar a América Latina, el Grupo Andino, el Grupo de Río, el Grupo de Contadora los que finalmente tuvieron un destino final, en fin, y no hemos logrado el sueño bolivariano en cierta forma, el sueño de Martí.
Pero hay que seguir insistiendo, porque el destino de América Latina es su unidad, su unidad frente a poderes externos que la amenazan constantemente y más ahora que va el Presidente de la República cargado de principios a un país en donde su Presidente no cumplió con su palabra; hizo campaña política cuestionando la política de su antecesor, el presidente Alfonsín; prometio llevar a Argentina a situaciones de prosperidad y de independencia y se ha convertido en uno de los servidores más dóciles de la política del imperialismo norteamericano.
Y hay otros presidentes, como el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien en una época fue un hombre progresista, pero que ahora reniega de las doctrinas internacionalistas de nuestros pueblos. Cuando el problema de Panamá estaba en su situación de gravedad, a punto de recibir la agresión de los Estados Unidos de América, Carlos Andrés Pérez habló de que los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención eran principios obsoletos que más bien estorbaban a nuestros pueblos.
¿Cómo es posible conseguir la unidad y la integración de América Latina con gobernantes de conducta, no diríamos flexible, sino hasta traidora a la historia de nuestros pueblos?
¿Quién habla ahora del nuevo orden económico internacional? Parece que es un tema que quedó olvidado en los papeles de las Naciones Unidas, pero el tema del nuevo orden económico internacional también sigue siendo actual. México es autor de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los estados aprobado por las Naciones Unidas en 1974; falta darle actualidad y ponerla en práctica. El Presidente de México no puede desperdiciar la gran oportunidad que representa este viaje para hablar de temas viejos que se renuevan sin cesar, la integración política ¿por qué no?, la integración social, la integración cultural, tecnológica, científica de América Latina. Que la bipolaridad rota recientemente vuelva a ser una bipolaridad como lo hemos dicho repetidas veces, una bipolaridad entre el tercer mundo y concretamente entre América Latina y el país poderoso del Norte.
Que no sea el poderoso país del Norte el que lleve la batuta en el mundo, sino que encuentre siempre una respuesta contundente de parte de los pueblos de América Latina, que no pueden renunciar a su soberanía, a su integridad territorial y a su autodeterminación.
Hablamos de la integridad territorial de América Latina, de la soberanía territorial de América Latina, porque ningún país del mundo puede decir que es totalmente soberano si parte de su territorio está en manos del extranjero. y América Latina no puede decir que es soberana como región del mundo, si uno de sus hermanos está sometido todavía.
Uno de los dolores de América Latina es Puerto Rico, Puerto Rico es nuestro hermano, pero que está sometido al colonialismo por una guerra que tiene casi un siglo de haber ocurrido, por una guerra impuesta. Mientras Puerto Rico esté sometido al colonialismo, no podemos hablar de la soberanía total de América Latina y los enclaves militares como lo hemos dicho aquí, que aún el imperialismo norteamericano conserva en el continente.
Hace unos días el pueblo panameño dijo no a la política traidora del señor Endara, aquí hicimos una advertencia cuando comentamos la parte de Informe Presidencial referente a la política internacional; dijimos que el Referendum convocado por Endara es una maniobra para que el Tratado Torrijos - Carter no tenga Cumplimiento. ¿Por qué? Porque si se suprime el ejército de Panamá como lo quieren el señor Endara y su grupo, Estados Unidos de América pueden alegar que habiendo cambiado las circunstancias políticas en ese país de una manera radical, no vale ya, no tiene aplicación el Tratado Torrijos - Cartery debe aplicarse el principio de rebus sic standic como aquí lo expresamos.
Afortunadamente fue derrotada esta política de un Gobierno que fue hechura y es hechura de una intervención extranjera. Aquí hablamos de Guantánamo, parece que es un tema ajeno a México y al resto de América Latina pero no lo es. Ningún enclave militar y colonialista en América Latina será ajeno a nuestro pueblo y al resto de la región.
Aquí hemos tenido enclaves militares, algunos usados y otros no usados, como el paso por el Itsmo de Tehuantepec, que impuso el Tratado Gaddem durante la época de Santa Anna, que gracias al patriotismo de Lázaro Cárdenas fue quitado del medio y México recuperó
absolutamente su soberanía. Me refiero a la servidumbre por el Istmo de Tehuantepec.
Y claro, amenazas van y amenazas vienen. La Ley Torricelli es una de las espinas, no espina no, es uno de los puñales que el imperialismo tiene clavado en América Latina. Mientras esa Ley no sea derogada, habrá una constante amenaza para los pueblos de América Latina.
México debe denunciarlo, y la representación de nuestro pueblo de abordar este problema de manera permanente, porque no podemos permanecer indiferentes ante una Ley dictada en el extranjero que quiere ser impuesta a México y a todos los países del mundo.
No es posible a fines del año 2000, que un país, por poderoso que sea, se adjudique el derecho de dictar normas para el resto del mundo. El mundo civilizado, como se acostumbra decir por los internacionalistas, no puede aceptar que un país legisle para todos los países del mundo.
Nosotros tenemos nuestras convicciones, nosotros hemos dicho que nuestra política internacional debe siempre hermanarse con la política de otros pueblos que luchan por su libertad, por si independencia, por su autodeterminación.
Vicente Lombardo Toledano escribió que defender a Cuba, es defender a México. Y no es una frase, no es una frase política, no es una frase literaria; tiene un gran contenido. En efecto, si se permite que el imperialismo norteamericano agreda a los pueblos, los amenace, entonces quedará con la manos libres para agredir a otros pueblos de nuestra región.
Nosotros estamos ciertos que una agresión lleva a otra. Si nosotros repasamos la historia de las agresiones sufridas por América Latina, nos daremos cuenta que los Estados Unidos de América agreden, y cuando tiene éxito agreden en otra parte, y cuando vuelven a tener éxito agreden por tercera vez, de manera que esta agresión permanente del imperialismo norteamericano contra el pueblo de Cuba, es una agresión permanente contra toda América Latina.
Señores diputados, podemos tener diferencias, y las tenemos, y radicales, pero los principios internacionalistas de México deben unificarnos. La defensa de los pueblos de América Latina, es una obligación política e histórica de México.
Nosotros hemos firmado el decreto positivamente, con este criterio: de que el Presidente de la República, con los principios inconmovibles de la política internacional de nuestro país, vaya y hable en los foros de América Latina y del mundo, en favor de nuestra independencia, de la independencia de los pueblos de América Latina, de un nuevo orden económico internacional, de la soberanía territorial de América Latina y de la integración plena de los pueblos de nuestra región. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Ramón Mota Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ramón Mota Sánchez: - Gracias. Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
Una vez más se encuentra ante esta soberanía, para su elevada consideración, una iniciativa de decreto que permitiría al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, ausentarse del territorio nacional, a fin de participar en la Sexta Reunión Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, e igualmente realizar una visita de Estado a la República de Paraguay.
Y digo una vez más, para poner énfasis en la dinámica que ha caracterizado la actividad de la actual administración y del Jefe del Estado mexicano, en el ámbito de la relaciones internacionales. Estamos, y creo que vale la pena repetirlo, ante un escenario global de veloces transformaciones políticas, económicas, sociales y militares.
El final de la guerra fría, que alentó esperanzas de un nuevo orden mundial, más bien da la impresión de un nuevo desorden mundial. Se vislumbra en la actualidad un conjunto de relaciones de poder que conforman, inevitablemente, estructuras unipolares en lo militar y multipolares en el ámbito económico - comercial. El interés por obtener espacios vitales, ha llevado a la mayoría de los países a la arena mundial, en una búsqueda incesante para lograr mayores oportunidades y evitar quedar rezagados.
Para México significa un reto con grandes riesgos, pero también con valiosas oportunidades, mantenerse a la vanguardia, como ha quedado acreditado en los hechos que le han otorgado la calidad de ejemplo en la comunidad de naciones.
Nuestra Política exterior tiende a incrementar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país, a través de una efectiva inserción
en el entorno mundial, así como promover la cooperación internacional, a fin de que todos los países alcancen niveles superiores de desarrollo y progreso.
El Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en plena ejecución, señala a América Latina como una región prioritaria de nuestro quehacer externo. Los vínculos históricos y culturales en esta región geográfica a la que pertenecemos, se diversifican en todos los órdenes. Los esfuerzos emprendidos han probado su bondad para la adecuada concertación con la naciones del espacio latinoamericano, y la promoción de nuestros propios intereses nacionales.
La presencia de México en el mecanismo denominado Grupo de Río, constituye un espacio de reflexión que alienta al fortalecimiento de la concertación política, la continuación del Diálogo Norte - Sur, y promover de manera más eficaz las negociaciones de libre comercio con los países latinoamericanos, como lo señaló el propio Primer Magistrado en su IV Informe de Gobierno.
La citada reunión tiene como propósito revisar temas de la agenda internacional, así como tratar asuntos de interés como los relacionados con la situación política, económica y social de América Latina. Un tercer objetivo sería aprovechar este encuentro de jefes de Estado para afinar nuestra capacidad de concertación en los diversos foros internacionales.
Es pertinente mencionar que el Grupo de Río ha demostrado su capacidad, como interlocutor, frente a otros grupos regionales, y se yergue actualmente como el máximo organismo de consulta y concertación política de América Latina.
Entre sus realizaciones debemos señalar la concertación de posiciones comunes en organismos mundiales y regionales, como son las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. También en temas particulares como los relacionados con la integración regional, las tareas de la Asociación Latinoamericana de Integración y la posición de nuestros países frente a la iniciativa para las américas.
Otros asuntos objeto de atención constante, son el medio ambiente, el narcotráfico y la seguridad energética. Igualmente inicia un esfuerzo en comunicaciones de todo tipo para concretar un acercamiento real de nuestros países.
Su papel de interlocutor le ha permitido contactos con la Comunidad Europea a tráves de España y Portugal, con Europa Central y del Este, con los países nórdicos, con el Consejo del Golfo Pérsico y la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, sin dejar de mencionar a países como Canadá, Japón y China.
Adquiere especial significación el comunicado emitido por el mecanismo el pasado junio, de condena al fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, que legitimó la aplicación extraterritorial de la Ley en el caso del secuestro del médico mexicano Humberto Alvarez Macháin.
El Grupo de Río tiene sus antecedentes en el Grupo de Contadora, integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, al que se sumó después el Grupo de Apoyo, conformado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.
De sus gestiones en favor de la paz, sin injerencias ajenas a la región, surgió el mecanismo permanente de consulta y concertación política o Grupo de Río.
Actualmente su membresía se ha visto enriquecida por el ingreso de Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay.
Su primera reunión cumbre tuvo lugar en México, a las que siguieron las de Venezuela, Perú y Colombia, y en las que ha estado presente en todas ellas el Presidente Salinas de Gortari, en representación de nuestro país.
Por otra parte, la visita de Estado a la República de Paraguay, tiene un significado especial, porque aquella nación experimenta importante transición a la modernidad, emprende una ruta promisoria hacia la democracia y será la primera vez que un gobernante de México visite ese país, miembro del Mercado Común del Sur.
Paraguay es un país con recia historia. Durante la época colonial, misiones jesuitas crearon una especie de república religiosa. Al ser expulsada la Compañía de Jesús, Paraguay fue incorporado al Virreinato del Río de la Plata; en 1814 obtuvo su independencia.
El indomable espíritu de pelea y coraje de sus hombres, no lo arredró para aceptar una desigual confrontación bélica en contra de una coalición formada por Argentina, Brasil y Uruguay, al término de la cual, cinco años después, había perdido medio millón de hombres, quedando el país prácticamente sin generaciones jóvenes.
En 1932 tuvo otro conflicto armado con Bolivia, de tres años de duración, conocido como la
Guerra del Chaco, donde obtuvo algunas ventajas territoriales.
El General Alfredo Stroessner, en el poder desde 1954, fue derrocado en 1989 por un movimiento militar, encabezado por el general Andrés Rodríguez, que prometió elecciones libres tres meses después. De ellas surgieron el Gobierno y el cuerpo legislativo que ahora conforman los poderes de esa República.
El encuentro con el Presidente Andrés Rodríguez, tenderá un puente de fraternidad, comprensión y amistad entre ambos pueblos.
Es así como las relaciones externas de México se privilegian por su diversificación, con estricto apego al derecho internacional.
En conclusión, distinguidos compañeros, la Sexta Reunión Cumbre del Grupo de Río, y la visita de Estado a la República de Paraguay, confirman la voluntad del Presidente de la República de continuar intensificando las relaciones exteriores con su asistencia en foros multilaterales y bilaterales, en beneficio de los más elevados intereses nacionales.
Por todo lo anterior, los diputados de mi partido, el Revolucionario Institucional, votarán en favor de la realización de estas visitas, por considerarlas necesarias, convenientes y oportunas. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado José Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Agradezco, compañera Presidenta, compañeras, compañeros diputados:
Los diputados Olivos Cuéllar, Zenteno Avila y el que habla, apoyamos íntegramente la iniciativa para que nuestro Presidente lleve el espíritu libertario de un Simón Bolívar y lleve como máxima bandera el apotegma de Juárez.
Pedimos que nuestro Presidente lleve esta posición, que nos interesa en respeto de todas las naciones. Pedimos que ante el conflicto que se plantea con Cuba, lleve la bandera nuestra y que quede perenne el apotegma de Juárez, que "Entre los individuos como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz". Gracias, compañeros. (Aplausos.)
La Presidenta: - Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario Rubén Pabello Rojas: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido el proyecto de decreto, señora Presidenta.
La Presidenta: - Proceda la secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de decreto.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - En votación económica, se pregunta si se aprueba el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
La Presidenta: - Aprobado el proyecto de decreto por unanimidad.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA (II)
CONDECORACIÓN
La Presidenta: - Proceda la secretaría a dar cuenta con el oficio de la honorable Cámara de Senadores.
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla Orden Nacional del Mérito, grado Collar Mariscal Francisco Solano López, que le confiere el Gobierno de Paraguay.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 24 de noviembre de 1992. - Senadores secretarios Roberto Suárez Nieto y Antonio Manriquez Guluarte.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN A DISCUSIÓN (II)
LEY FORESTAL
La Presidenta: - Reanudamos la discusión en lo general de la Ley Forestal.
Tiene la palabra el diputado Adrián del Arenal Pérez.
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Con su permiso señora Presidenta. compañeras y compañeros diputados.
Voy a fijar la posición del Partido Acción Nacional. En febrero de 1940 congruente con los principios de doctrina que hasta la fecha nos dan el soporte y la fuerza moral y política para enfrentar los retos del tercer milenio, Manuel Gómez Morín, formuló la tesis de la necesaria y urgente reforma del Estado Mexicano.
En aquel entonces se afirmó lo que ahora sigue siendo una realidad, el sistema está derrotado ideológicamente, la opinión pública nacional sigue censurando su actitud y proceder respecto a los procesos electorales.
El fracaso de la agricultura colectivizada a la fuerza y la falta de respeto a los campesinos, que si bien con las reformas del Artículo 27 constitucional exigidas desde entonces por el Partido Acción Nacional, evidencian no sólo la derrota ideológica del sistema sino que quedamos como país relegados económicamente en el contexto internacional.
Recuerdo una caricatura que para mí es célebre, creo que fue de Rius, cuando Jesucristo y San Pedro estaban haciendo la repartición de la riqueza sobre la faz de la tierra y empiezan a repartir en Cuba caña de azúcar, en Brasil café, en Arabia petróleo, llegan a México y le ponen petróleo, caña de azúcar, oro, plata, árboles. Y le dice San Pedro: Señor, ¿qué pasa? Y le dice: Espérate vamos a compensar esto, vamos a poner a los mexicanos.
Creo que esto es agresivo para nosotros y lo quiero dejar bien sentado, en estos momentos estamos cambiando al país, en estos tiempos estamos dando una fuerza y un coraje todos para que se cambie esto y para que no hablen como se trató en esa caricatura, nosotros tenemos que cambiar esa situación, para eso estamos aquí. Hice referencia de eso porque si se manejaba, si se encaraba esa situación, y como lo he dicho en otras ocasiones, estamos participando para el cambio de nuestro país, un cambio urgente que requiere nuestra sociedad, nuestros hermanos, toda la gente en este país insiste en que lo cambiemos y para eso estamos aquí.
Ahora con la fuerza de la sociedad civil se empiezan a dar los cambios que el país requiere. En el área forestal es importante hacer los siguientes señalamientos: es definitivo que hay una crisis ecológica, es definitivo que hay una crisis en la producción de lo que es el área forestal. Y cabe la pregunta: ¿México es un país con vocación forestal?
Según la Cámara Nacional de la Industria Forestal existen en el país 143.6 millones de hectáreas forestales, siendo esto el 73% del territorio nacional, sin embargo, sólo un 20% está cubierto por bosques comerciales ya que la mayor parte de este universo está compuesto por arbustos y sobre todo matorrales. Yo recuerdo cuando se instaló la Comisión de Bosques y Selvas, que ya algunos compañeros tenían experiencia en el área y hacían la referencia de que deberíamos de darle un agregado a la Comisión para llamarla Comisión de Bosques, Selvas y Matorrales. Es más del 50% de la superficie del país que he hablado de que tiene aspecto forestal que es de matorrales, producen algo pero son matorrales.
Con esto concluimos que tenemos tierras con vocación forestal, aunque sean forestales, pero la política forestal en nuestro país nunca ha sido ni siquiera regular, por lo que no hemos podido aprovechar este recurso a gran escala.
Desde principios de siglo se han manejado modelos como las unidades de ordenación forestal y las unidades industriales de explotación forestal y otros, que bajo el control y manipuleo del sector público nunca establecieron políticas para mantener un suministro forestal nacional suficiente para garantizar ampliamente el entorno natural que requiere la vida animal y vegetal.
La corrupción en esta área sigue siendo algo cotidiano, con la participación de funcionarios de varios niveles, la falta de coordinación entre dependencias relacionadas con esta actividad es del dominio público.
Estuve en una reunión donde se presentaron para reclamar los permisos para explotación, campesinos de Michoacán, de los ejidos que están conformando lo que es la reserva de la mariposa Monarca, y gente de 80, 90 años que llorando, literalmente, y físicamente reclamaban que tenían más de un año que no se les habían autorizado los permisos siendo que lo único que hacían ellos era extraer leña para poder sufragar de alguna manera sus necesidades en cuanto a combustión.
Y ellos reclamaban: "nosotros tenemos desde hace 200, 300 años, mi familia vive en este lugar y el bosque ahí ha estado, el bosque no se ha acabado, el bosque lo hemos mantenido y nos están dando un trato desigual contra algunas empresas, contra algunas otras regiones a donde se les da el permiso y se deja la explotación sin que haya reforestación". Y eso definitivamente no debemos de seguirlo permitiendo.
En cuanto a la producción, ésta siempre ha sido irregular teniendo una bien marcada caída a partir de 1987. Tenemos algunos ejemplos. Actualmente hay déficit en materia prima para la producción de papel. Los aserraderos han guardado más o menos un equilibrio entre la oferta y la demanda. El único subsector que aporta divisas, por cierto bajas, es el de manufacturados que no compensa el déficit por la compra de celulosa y pasta. Con esto que he mencionado, tenemos elementos para enfrentar el futuro por cierto poco halagüeño.
Con el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo estamos respecto a Estados Unidos y Canadá? Voy a dar algunos ejemplos muy generales. Hablando de la superficie arbolada. Canadá tiene 436 mil 400 de hectáreas de zona arbolada; Estados Unidos, 295 mil 989 hectáreas, México sólo 27 mil 208. La deforestación, en Canadá anualmente es de 485 mil hectáreas, en Estados Unidos, 159 mil hectáreas y en México 615 mil hectáreas.
La reforestación. Canadá anualmente tiene 720 mil hectáreas contra 485 mil de deforestación, están manteniendo un superávit en reforestación. En Estados Unidos tiene una deforestación de 159 mil hectáreas contra una reforestación, que es un plan definitivamente ambicioso y permanente, 1 mil 775 hectáreas anualmente. México: deforestación 615 mil hectáreas anuales, contra una reforestación de sólo 28 mil hectáreas. ¿A dónde nos lleva esto? Señores, esto lo tenemos que parar y para eso hemos trabajado en esta Ley Forestal.
Actualmente nuestra balanza comercial en este sector es totalmente deficitaria; en cuanto a la infraestructura, tecnología, financiamiento e incentivos fiscales, estamos fuera de competencia contra los países con los cuales hemos llegado a un convenio con el Tratado de Libre Comercio.
Ante este panorama, no nos queda más que iniciar una real y profunda normatividad para preservar, aumentar y explotar racional y técnicamente nuestra escasa riqueza forestal. Será vital para esta actividad, el Reglamento que de esta Ley se expida para una correcta instrumentación. Con esta iniciativa que hoy se discute se pretende:
1o. Desburocratizar la actividad forestal; 2o. Desconcentrar el servicio forestal; 3o. Fomentar las asociaciones entre comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios e inversionistas; 4o. Llevar a cabo una profunda educación y cultura forestal, entre otros puntos.
Quiero dejar presente que esta iniciativa se le hicieron modificaciones a 36 artículos, se hicieron 12 giras de trabajo a zonas forestales para conocer y obtener información. Quizá en algunos casos haya sido manejadas, pero en algunos, en los que yo participé, puede hablar con gente directamente interiorizada en lo que es la cuestión forestal, con campesinos, con productores, con industriales adonde pude conocer realmente cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus limitaciones y cuáles eran sus ambiciones para que se regulara correctamente esta actividad. Se recibieron opiniones de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, industriales, académicos, ecologístas, etcétera..
Estamos conscientes que esta Ley es perfectible y no perfecta. Pero que ahora y ya, se requiere una norma que se adecúa a las reformas constitucionales del artículo 27, para que el sector contribuya a la mejor distribución de la riqueza y a la conservación de este recurso.
Necesitamos la participación activa de la sociedad civil. En nuestras manos está la sobrevivencia de muchas especies, incluida la humana. En lo particular tenemos reserva para algunos artículos y en lo general estamos a favor del dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta: - Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Yo quisiera compartir en esta ocasión con ustedes una reflexión y a la vez hacer algunos reclamos, particularmente sobre la forma en que esta Cámara de Diputados y en el pleno de la Cámara en especial, hemos venido abordando la discusión de asuntos tan importantes que desde mi punto de vista, no reflejan la riqueza que esta Cámara de Diputados pudiera tener en sus aportaciones.
Creo que la discusión de la glosa del Informe por ejemplo, la iniciativa de la Ley de aguas nacionales, no solamente han sido discusiones que no han cubierto las expectativas que se esperaban de esta Legislatura. En muchos casos ha sido lamentable la forma en que lo hemos
discutido. Yo creo que eso nos llevaría a nosotros a reflexionar sobre el sentido y el carácter de los acuerdos parlamentarios.
En otros acuerdos parlamentarios, son acuerdos que deben ayudarnos a ordenar el debate, pero a inhibir la discusión. Y creo que francamente muchas de las discusiones se han convertido en monólogos, donde el debate se elude; y donde no se confrontan las propuestas y los proyectos de los partidos. Se plantean posiciones generales, pero no se traducen en resultados de acercamiento y de acuerdo de los partidos para avanzar en reformas a las iniciativas que nos toca dictaminar.
Creo que ese es un hecho muy grave y que nosotros debemos de remontarlo. Y debemos de revisar cuál ha sido nuestra actuación en este primer mes de sesiones, porque en el caso por ejemplo de la Ley de aguas, no solamente no existió la voluntad política para escuchar y aceptar propuestas, sino incluso burla a muchas de las disposiciones que se incluyeron, previamente se conocía la posible presentación de una iniciativa sobre la Ley de energía eléctrica y con mala información hacia los diputados de las demás fracciones parlamentarias, se introdujeron modificaciones que a la postre se corroboraron lo que nosotros habíamos presumido con la presentación de reformas a la ley de aguas, como es el hecho de abrir a la inversión privada los proyectos de congeneración de energía eléctrica.
Y creo que así vamos por muy mal camino. Y creo que así no tiene sentido avanzar en acuerdos parlamentarios que no permitan realmente el consenso y acercamiento, sino que inhiben y diluyen la discusión en el parlamento. Y creo que un empeño que debemos tener todos, es el de efectivamente hacer una práctica parlamentaria en este recinto, y no un trámite legislativo de las iniciativas del Ejecutivo.
Creo que es un reto que tenemos que remontar y espero que en esta oportunidad, aunque encuentro todavía muy difícil poder encontrar ese acercamiento, podamos avanzar en esa dirección.
En torno a la Ley forestal, como ya señaló nuestro compañero Miguel León, efectivamente hubo avances en la forma de discusión en las comisiones unidas de Ecología y de Bosques y Selvas. Sin embargo, creo que pudo haberse hecho un mejor esfuerzo, porque estaban las condiciones dadas para que el voto del Partido de la Revolución Democrática, fuera a favor de la iniciativa. Sin embargo, creo que no solamente no hubo las condiciones, sino que hubo una gran ausencia de voluntad política particularmente del Ejecutivo porque lamentablemente en esta legislatura todavía no existe la soberanía suficiente para que entre las fracciones parlamentarias podamos avanzar en la emisión de leyes sin el consentimiento del Ejecutivo. Y creo que es una práctica muy lamentable que hoy se ratifica.
Quienes están del otro lado del celular, quienes dan las consultas, no solamente no discuten con los partidos, y la única autorización que dan a la mayoría de esta Cámara, es la de desechar las propuestas de la oposición. Y así nos castigaron hoy, porque propuestas que había aceptado el personaje que estaba del otro lado de la línea telefónica, por el hecho de no votar a favor, siendo que estaban fundamentadas dichas propuestas particulares que se habían aceptado originalmente, las han desechado. Y eso en nada ayuda al trabajo parlamentario. Y los castigos del Ejecutivo sobre el legislativo, ahora se hacen extensivos no solamente a la oposición, sino a la mayoría de esta legislatura que no tiene la soberanía para actuar por cuenta propia.
Pero ya nos castigaron, y bueno. Ahora queremos discutir. Sabemos que no van a aceptar las propuestas que inicialmente habían aceptado los miembros del Ejecutivo, sabemos que en muchas ocasiones se va a eludir del debate. Pero yo quisiera plantearles, a la mayoría de esta Cámara, que discutiéramos tres aspectos específicos de esta iniciativa.
Sin el ánimo de reeditar la discusión que dimos cuando se reformó el 27 constitucional, y cuando se promulgó la Ley Agraria. Creo que no es el momento de reeditarla; quisiéramos discutir estos puntos desde la lógica y el discurso que ustedes mismos plantearon con la reforma al 27 constitucional. Estos puntos son los siguientes:
El primero tiene qué ver con la protección y la preservación del recurso. Creo que todos coincidimos en la necesidad de preservar y conservar los recursos forestales de nuestro país, como una cuestión básica, no solamente de la estrategia de desarrollo nacional, sino la preservación de la naturaleza en México.
Efectivamente, como señalaba el diputado Efraín Zúñiga, en los últimos cuatro años se han reforestado 400 mil hectáreas en el país, esfuerzo que es importante, pero que consideramos sumamente insuficiente, ya que la pérdida que el propio Gobierno Federal reconoce en el informe, es de 320 mil hectáreas anuales de deforestación en nuestro país, es decir, apenas estamos reforestando la tercera parte de los recursos que perdemos anualmente, y eso debe preocuparnos, y creo que en una gran medida esta iniciativa no responde a esa expectativa y a esa necesidad.
Por ejemplo, cuando nosotros asistimos junto con la Cámara de Diputados a la Cumbre de Río, hubo un consenso muy importante con los representantes del Ejecutivo para suscribir la agenda 21, la Declaración de Río, la Declaración de Bosques, la Convención de Biodiversidad, en buena medida los avances que se tuvieron en la convención sobre Cambio Climático.
Y había un elemento central de la coincidencia, que era el de fomentar y promover el desarrollo integral sustentable en nuestro país.
Hemos hecho esta propuesta, considerando que estos elementos no solamente son vinculantes, sino que además hay compromisos expresos contraídos a nivel internacional por el Gobierno mexicano, para que la legislación nacional incluya ese tipo de conceptos y sin embargo no solamente hay una negativa de la mayoría, bueno, particularmente del Ejecutivo, para introducir el concepto de desarrollo integral sustentable, para introducir elementos como la obligación en la presentación de las solicitudes para los programas de manejo forestal de las manifestaciones de impacto ambiental.
Yo quisiera que nos explicaran por qué esa incongruencia y por qué esa falta de disposición a mantener ese tipo de conceptos dentro del propio dictamen que estamos hoy discutiendo. Porque esto tiene que ver también con la reglamentación de las concesiones que se abren hoy a particulares, no solamente en terrenos nacionales, sino también en zonas protegidas.
¡Ahí se equivoca el diputado Efraín Zúñiga. no se eliminan las concesiones; por el contrario, se amplían a las zonas protegidas!
Y cuando discutimos con la Comisión el artículo 26, donde reiteradamente se nos insistió en que la inversión extranjera, los "ecoswaps" contribuirán rápidamente para el rescate de nuestras zonas ecológicas, nosotros preguntábamos: "bueno, ¿por qué no recoger las experiencias de Costa Rica, de Malasia o de Madagascar? "Donde efectivamente por convenios internacionales los países que concesionan la investigación o la explotación de sus zonas de reserva ecológica y sus zonas protegidas pueden beneficiarse con el 50% de las utilidades de las empresas en esas zonas.
Yo creo que no es un problema de reparto de utilidades. Yo creo que es un problema que tiene qué ver con no solamente la defensa del recurso, sino con la defensa de un patrimonio nacional y la defensa de nuestra soberanía en esa materia. Porque ahora Costa Rica y Madagascar están pagando regalías por las patentes. Que los investigadores de esos países, de empresas, como es el caso de la empresa transnacional Lili, en Madagascar ha hecho sobre plantas medicinales o que la Merc está haciendo en Costa Rica, donde se pagan regalías tanto por las patentes en mejoramiento genético, en biotecnología, en producción de semillas e inclusive en investigaciones que estos propios países están haciendo sobre sus recursos en su propio territorio.
Creo que ese tipo de salvaguardas de nuestro patrimonio debería de considerarse en el dictamen. Lo estuvimos insistiendo y sin embargo, con el castigo además, se negaron a dar una respuesta concreta.
Y quiero llamar la atención de esto, porque el propio Tratado de Libre Comercio ya establece el acceso de los tres países, en este caso Canadá y Estados Unidos, a la base genética para la biotecnología de nuestro país. Ya que en el propio tratado se incluye a los microorganismos, que son base genética y biológica para generar los futuros proyectos de biotecnología.
Y ahí estamos nosotros dando el manejo de extranjeros, a los que posteriormente pagaremos las regalías por las patentes que salgan de esta investigación, para que nosotros podamos utilizar nuestros propios recursos.
Yo por eso coincido con el Procurador Federal del Medio Ambiente, con el licenciado Santiago Oñate, quien vino a esta Cámara de Diputados a hacer el balance de la Cumbre de Río y en forma muy destacada insistió en que el manejo de los recursos forestales de nuestro país no puede dejarse al libre manejo de las fuerzas del mercado. ¡Que es el sentido básico de esta iniciativa!
Y creo que entre nosotros tenemos que hacer una evaluación de este recurso vital, porque difícilmente todavía se pueden evaluar los altos costos de los servicios ambientales que el propio bosque proporciona. Tanto en regulación climática, como en inundación de este azolve, en protección del suelo, en biodiversidad, en captación de agua.
Y sin embargo, aunque nosotros lo hemos insistido, particularmente el artículo 12, este tipo de propuestas no solamente son desdeñadas, sino se subestiman y se equiparan con las necesidades de la inversión extranjera para proteger y rescatar estas zonas. Que dificilmente creo que lo vayan a hacer, lo vamos a abordar más adelante, ¡refiriéndonos a la información que nos dio aquí el propio diputado Efraín Zúñiga!
Yo les pediría también que discutiéramos sobre la libertad de los productores, esa mentada
libertad que ustedes han reivindicado desde la reforma al 27 constitucional.
Nosotros efectivamente creemos que hay que rebasar a la libertad de los productores, por una libertad efectiva. No como la que quiere plantear en el artículo 5o., dentro de las facultades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. para promover la asociación de ejidatarios y comuneros entre sí o con inversionistas privados.
Quisiera ponerles un ejemplo de cómo se está dando en este país la libertad de asociación entre los productores. Un ejemplo muy concreto es el de la Unión de Ejidos "Melchor Ocampo", en el estado de Michoacán, quien hace unas cuantas semanas ante el Banco de Crédito del Pacífico (Bancrepsa), presentó todo un programa de manejo para cubrir no solamente un adeudo de 28 años de rezago que tenía por los problemas generados por la burocracia de Banrural, todo un programa de manejo, para cubrir no solamente un adeudo de 28 años de rezago que tenían por los problemas generados por la burocracia de Banrural, sino que presentó garantías de tres a uno, no solamente para cubrir el adeudo, sino para obtener el financiamiento.
El crédito fue aprobado por el banco, pero con una sola condición, el banco les dijo: "Búsquense un socio, porque a ese socio le vamos a prestar, para que este mismo les preste a ustedes". Esa es la promoción que la Secretaría está haciendo hoy de la libertad de asociación, una libertad cada vez más restringida, porque esa es la libertad que propone; si tú quieres recursos, asociate, el particular es el que da el financiamiento.
Yo creo que aquí hay un problema real y profundo, porque no solamente no existen las condiciones para dar una mayor libertad a la asociación de productores, sino que inclusive se eliminan los instrumentos qué en una relación moderna, en este tránsito a la modernidad pudieran fortalecer la participación del sector social.
Por ejemplo, se elimina en la nueva ley todo el apartado que tiene que ver con el fomento a la producción, todo lo que tenía que ver con medidas y estímulos fiscales, con el desarrollo de infraestructura productiva y de servicios; se elimina el fomento a la capacitación; se elimina el fomento a la reforestación, a la reconversión industrial, a la generación de fondos de fomento de crédito y financiamiento. Esto desaparece de la Ley; es al tránsito salvaje que quieren desarrollar, incluso no considera alguna de las cuestiones que el propio Tratado de Libre Comercio reconoce.
En el texto del Tratado se reconoce la categoría verde para algunos productos, donde efectivamente pudieran caber los bosques; esas categorías que se adoptan del acuerdo del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, permite mantener apoyos de infraestructura, de capacitación, de desarrollo de productos y mercados, de transferencia directa de fondos compensatorios, etcétera. ¿Y qué sucede?, no solamente no se trasladan a la Ley estos avances que pudieran reconocerse en las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, sino que se eliminan y se deja en una mayor indefensión a los productores y a los poseedores del bosque.
Yo creo que ésa es la transición de la modernización a la que nos quieren llevar exactamente los nuevos explotadores de los bosques.
Y aquí hay una cosa que nos preocupa en particular, en ese tránsito hacia la modernidad. Actualmente existe una disociación entre el bosque y la industria. Efectivamente, los particulares no invierten o deprendan el recurso por que son inversiones muy de corto plazo y los poseedores de recurso no tienen acceso a este tipo de recursos.
Por eso, nosotros creemos que valdría la pena retomar alguna de las experiencias que nos narró aquí la semana pasada el diputado Efraín Zúñiga, apenas el 18 de noviembre, en su intervención sobre el Aniversario de la Revolución Mexicana.
El diputado Zúñiga, que ya no sé cuál discurso creerle, si el de hace seis días o el de hoy, nos decía: "Existen 5 millones de trabajadores agrícolas sin estabilidad en el empleo, sin seguridad social, a los que no se paga el salario mínimo y el séptimo día con jornadas laborales excesivas y sin derecho a la organización sindical auténtica". Nos decía: "Existen 10 millones de indígenas que sufren rezago centenario, el 47% de ellos son analfabetas, el 70% de sus pueblos carecen de servicios de luz, agua potable y drenaje. Por la violencia en las comunidades indígenas y por el narcotráfico, 600 mil indígenas están presos en las cárceles de todo el país".
Entonces, llama mucho la atención, en primer lugar, porque el grueso de nuestros recursos forestales están justamente en las comunidades indígenas y como lo señala el propio diputado Zúñiga, no existen las condiciones para transitar a la competitividad, ni tampoco se cubren las expectativas que se habían trazado con la reforma a la llegada de inversión extranjera, como él mismo, y ahí estoy de acuerdo con él, lo señala; voy a citar uno de los párrafos de su intervención anterior, dice:
"Las reformas al artículo 27 las defendimos porque consideramos que debía acabarse con el cuadro de pobreza que vive el campo. Ahora podemos decir que los ejidos no se han vendido, que los campesinos defienden su tierra y la defenderán." Pero agrega, y esto es lo importante: "Pero también hay que decir que no han llegado los apoyos económicos que esperaban, no han llegado las inversiones de capital que esperábamos que fluyeran para aumentar la productividad de la tierra, para lograr una avanzada organización económica y para mejorar los niveles de vida de hombres y mujeres que confiaban en esas reformas".
Si esto no llegó desde hace un año que aprobamos, con todo y que era un compromiso presidencial para la aprobación de la reforma, por qué hoy van a llegar en momentos en que con esta Ley se abandonan todas las políticas de fomento, de canalización de recursos al campo y se deja supuestamente a un plan forestal que nadie conoce, la canalización de estos recursos. Yo creo que no hay salida.
Otro problema es la descentralización de funciones que ustedes también han reiterado con la discusión del 27, y quiero decirles que con la iniciativa que estamos discutiendo hoy, esa descentralización no existe porque todas las facultades se concentran cada vez más en la Secretaría de Agricultura, inclusive por encima de la propia Secretaría de Desarrollo Social.
Se forman consejos consultivos que no tienen capacidad ejecutiva alguna, que no tienen claramente definidas sus funciones y sin una verdadera libertad a los productores, habría que darles efectivamente libertad para que los productores en los consejos regionales pudieran evaluar, o diseñar y evaluar los planes de explotación forestal, o habrá que ir y fortalecer la presencia de los estados y municipios, eso sí, en el dictamen actual a los estados y municipios se les recarga responsabilidades para contingencias y siniestros como son plagas, como son epidemias, como son siniestros, los dos son incendios pero no tienen ninguna facultad, inclusive los cambios de uso del suelo forestal que vienen planteados en el artículo 19 dependen exclusivamente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, sin la más mínima consideración de los estados y municipios.
Vamos a hablar de la descentralización en serio, vamos a hablar efectivamente de la libertad de los productores, pero creen las condiciones, no concentren todo en la Secretaría y hagamos un esfuerzo no solamente por debatir sino por imponer la soberanía de esta Legislatura, para que los que están en el otro lado del celular no estén aquí castigando a los diputados de oposición, que al no satisfacer sus caprichos de votar a favor, las propuestas como fueron fundamentadas y no han sido aceptadas, son rechazadas.
Creo que hay que discutir con mayor seriedad; los acuerdos parlamentarios deben avanzar justamente en el consenso en torno a las iniciativas, no en torno a la inhibición del debate. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Uscanga Escobar: - Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados.
Ante todo deseo hacer un indiscutible reconocimiento al trabajo plural, responsable y serio desarrollado por ambas comisiones durante ya varios meses, varios días y muchas horas, lo cual hemos podido constatar todos los diputados pertenecientes a las diversas fracciones parlamentarias en él representadas.
La Comisión de Bosques y Selvas, por un lado, realizó un intenso trabajo de consulta desde el mes de enero de este año en doce estados que desarrollan la actividad forestal, maderable y no maderable en el país. Lo anterior en virtud de las reformas al artículo 27 constitucional que al introducir definiciones sobre los diferentes regímenes de propiedad en el campo y la figura de asociación, llevaron, como nosotros sabemos, la promulgación de una nueva Ley Agraria y consecuentemente hicieron evidente la necesidad de realizar el ordenamiento relativo a la materia forestal.
De este modo se pudo recabar amplia información con opiniones y propuestas expresas de aquellos involucrados, primaria o secundariamente, en el ramo de la actividad forestal como son, ejidatarios comuneros, y minifundistas, industriales, académicos, ecologistas y grupos de interés no gubernamentales.
Sentimos que aquí se llevó a cabo un amplio debate, una amplia participación; pensamos que hoy es indiscutible que vivimos en una sociedad eminentemente plural, que consenso y disenso son los rasgos distintivos de esta pluralidad, y en esta discución tuvimos una amplia participación de todos los grupos parlamentarios.
Asimismo, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente hizo del conocimiento de ambas comisiones el comunicado sobre bosques asumidos
en Río de Janeiro, en la llamada Cumbre de la tierra, particularmente del apartado referente a los bosques que destaca la importancia de éstos.
En lo interno, el pleno de las comisiones unidas decidió conformar una subcomisión integrada por compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios que se encargó de analizar, de estudiar la iniciativa de Ley Forestal enviada por el Ejecutivo Federal con el fin primero de conocerla ampliamente, luego de analizarla, de discutirla y tratar de buscarle los consensos necesarios en esta discusión.
Durante el desarrollo de los trabajos de la subcomisión plural, las diferentes fracciones parlamentarias por conducto de sus diputados, presentaron propuestas específicas que a no dudarlo, porque muchas de ellas les consta a los partidos políticos, muchas de ellas, vinieron a enriquecer verdaderamente el articulado de la Ley Forestal que ahora hacemos del conocimiento del pleno de esta representación.
Esto permitió superar, permitió cambiar y permitió discutir y luego llegar a la obtención del consenso mayoritario de todos los que discutimos. Así entonces, como se señala, la iniciativa de nueva Ley Forestal ha sido sometido como nunca, a un amplio estudio y debate; porque hay que decirlo, muchas leyes que nosotros hemos aprobado, han sido aprobados con el consenso de todos los partidos, con la participación de todos , porque sentimos que de esta forma enriquecemos la vida parlamentaria del país.
El dictamen no solamente recoge los antecedentes y fundamentos de la legislación forestal, sino también un diagnóstico pormenorizado de la problemática que enfrenta en sector, como es descapitalización, baja rentabilidad, sobrerregulación, reducción de las superficies boscosas y selváticas, elevada tasa de desforestación, degradación de la calidad de agua, pérdida de la capacidad productiva de extensa zona del territorio nacional.
Ante este preocupante diagnóstico sin embargo, se reconoce el hecho que nuestro país cuenta con la amplia extensión arbolada y además como expresamente se señala, una de las mayores extensiones en el mundo susceptible de reforestarse.
La posición conservacionista de la actual Ley Forestal promulgada en 1986, se basa en criterios proteccionistas y no sólo norma en exceso todo el proceso de producción forestal, sino que se ha desestimulado la inversión. En parte, no solo olvidemos, fue ésta una respuesta extrema pero lógica con la que quiso enfrentarse la realidad de una alarmante pérdida de recursos forestales y selváticos ocasionada fundamentalmente, por la extensión de la frontera agropecuaria que conlleva cambio de uso del suelo, tala inmoderada, incendios y plagas, entre las más importantes.
Empero, el potencial y prospectiva forestales de nuestro país son muy importantes, como lo son también los beneficios económicos, sociales y ecológicos que ellos directamente se pueden derivar.
Basada en este análisis, la iniciativa, como se reconoce, incorporará la incorporación impulsada en los últimos años de que es factible beneficiarse del aprovechamiento de los recursos naturales y renovables y en lo particular de los forestales, a la vez que éstos se mantienen y se vigorizan.
Así, la nueva Ley Forestal que ahora discutimos, tiene como características destacadas, una normatividad simplificada, que agiliza sustantivamente los trámites y señala plazos específicos para dar respuesta pronta a las solicitudes de autorización para aprovechamiento de recursos forestales, reforestación o forestación. Reconoce también la innegable cualidad social de la propiedad forestal y hace expresamente objeto de su atención a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, quienes son dueños de más del 80% de los terrenos forestales nacionales.
En cuanto a la descentralización, existe ésta de manera evidente y novedosa. En el artículo 7o. de esta Ley, es donde se prevé. que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos pueda celebrar acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, sobre un gran número de asuntos de naturaleza operativa, tales como labores de inspección y vigilancia, formulación y articulación de programas forestales, especialmente forestación y reforestación. Incluso por primera vez se prevé la posibilidad, según el artículo 26, de que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, administren las reservas o zonas forestales de propiedad nacional y de los parques nacionales, ubicados dentro de su territorio.
Se prevé además en esta descentralización, la creación de consejos técnicos consultivos regionales, en los que participarán representantes de los gobiernos municipales, y entre las funciones de los consejos, tenemos: recomendar normas para la zonificación, el manejo de los recursos forestales, la creación de áreas naturales, la declaración de vedas dentro de su influencia y muchas más que permiten que ésta sea una de las leyes más descentralizadas.
Queremos finalmente establecer la importancia de la participación de la sociedad y en especial de las comunidades, ejidos y propietarios de recurso forestal, estableciendo sus derechos y obligaciones, y así como los instrumentos de participación, vía convenios de concertación en la materia, y en un canal especial, a través del consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, en el que se participará en el establecimiento de la normatividad y en acciones de trascendencia en el ejercicio de la Ley.
Por lo anteriormente expresado, que en suma nos habla de una aportación real de todos los grupos parlamentarios, como aquí lo han reconocido muchos compañeros de otros partidos políticos, me permito solicitar a este pleno, de manera muy respetuosa, el voto favorable de esta representación, al dictamen que se ha hecho de nuestro conocimiento.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señora Presidenta, compañeros diputados y diputadas:
La Ley Forestal que estamos a punto de aprobar, es la quinta Ley que en esta materia ha habido en nuestro país. Cuando la comparamos con la Ley vigente, llegamos a una conclusión: no se requería, en estricto sentido, promulgar una nueva Ley Forestal; hubiera sido suficiente reformar la Ley vigente, mantener los capítulos que son positivos, que siguen siendo positivos, y agregar otros capítulos que permitieran la actualización de esta legislación.
Todavía no estamos convencidos de que sea necesario que haya una nueva Ley Forestal en nuestro país. Más aún si tomamos en cuenta que distintos aspectos de la Ley anterior, que protegían la propiedad común de los pueblos, comunidades y ejidos han desaparecido de aquellos capítulos que se referían a la promoción, al fomento de la actividad forestal en sus distintos aspectos, y se pasa de un extremo al otro. Por un lado la Ley vigente partía de la base de proteger el recurso boscoso, y le otorgaba a la explotación un carácter secundario, de tal manera que el recurso boscoso era, por un lado, un recurso subutilizado, sobre todo por las comunidades y los pueblos, y por otro un recurso sobre explotado, irracionalmente explotado por los particulares, porque aunque el Gobierno Federal tenía la obligación de proporcionar apoyo crediticio y tecnológico a los sectores de la propiedad social, casi no cumplió con esta tarea, y salvo en algunas regiones del Estado de Chihuahua, de Durango y de Michoacán, el Estado Mexicano abandonó a los ejidos y a las comunidades para que explotaran los recursos que son de su propiedad, según el artículo 27 de la constitución. Salvo esas excepciones no los proveyó de créditos, no les entregó maquinaria, no los capacitó, no los organizó para la producción industrial y para la comercialización de sus productos, de tal manera que grandes extensiones madereras de nuestro país, están sin una explotación racional.
Países como Finlandia, una superficie mucho menor que la nuestra, son países productores y países importadores de madera y sus derivados.
Cuando los funcionarios de la Embajada de Finlandia en México se dan cuenta de la situación paradójica en que vive nuestro país, ellos consideran que México está muy lejos de tener una política forestal adecuada.
Y por el otro lado está la explotación privada de las superficies boscosas.
Ahora en la Ley que ustedes van a aprobar dentro de unos minutos, se establece un predominio de las compañeras privadas por encima de la explotación que puedan generar las instituciones de la propiedad social, y esto nos parece muy grave porque el 80% de la superficie maderera o boscosa, mejor dicho, de nuestro país, se encuentra sujeta al régimen de propiedad comunal y ejidal, y viven en esa zona 17 millones de compatriotas en las condiciones sociales que ya se han descrito.
La Ley actual ignora, o mejor dicho, pretende ignorar este hecho de que las zonas boscosas son propiedad de las comunidades, son propiedad de los ejidos, son propiedad de las comunidades indígenas y no de los particulares. Y ahora se traslada el esquema neozelandés, el esquema australiano de la explotación maderera, que consiste en la formación de empresas privadas que se encarguen de la explotación, procesamiento y venta de los productos boscosos, en la proliferación de compañías privadas, pequeñas, grandes, que vendan productos a compañías más grandes todavía, especie de holding en materia maderera, que compren la producción, la procesen industrialmente y la vendan en el mercado interno e internacional. Ese es el propósito central de esa iniciativa; poner en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras, la explotación de esta riqueza de nuestro país.
Una de las cuestiones en las que nosotros no podemos estar de acuerdo, es en el hecho de
que siendo esta riqueza propiedad de las comunidades y de los pueblos ejidales, prácticamente se obliga, prácticamente se induce a la firma de contratos de aprovechamiento con particulares.
En el pasado, los contratos de aprovechamiento habrán sido voluntarios, sujetos a la decisión de la asamblea ejidal y comunal, pero aún en el caso de que estos convenios hayan sido voluntarios, muchas veces eran impedidos por causas económicas y sociales, al no tener, los pueblos y comunidades, recursos económicos, al no tener maquinaria, al no tener capacitación técnica, se veían obligados en la práctica a suscribir estos contratos de aprovechamiento con los particulares.
Quisiera simplemente referirme a la experiencia habida en el Estado de Oaxaca, que es uno de los estados más erosionados, más devastados y destruidos por el usufructo de los contratos de aprovechamiento de productos forestales. Miles de hectáreas fueron expoliados durante años por la familia Pandal Graff, que usufructó contratos durante muchos años y que ahora, cuando visitamos el estado de Oaxaca, vemos la gran erosión que han causado los contratos que las compañías firman con el sector social.
No cumplen con las obligaciones que firman en los contratos; emplean a los trabajadores, a los habitantes como mano de obra barata; no reforestan como debieran hacerlo; no construyen los caminos a los que se comprometen; no edifican las escuelas a las que se comprometen.
De tal manera que, la Ley debiera proteger el interés social de las comunidades en la firma de estos convenios o contratos de usufructo, no porque los ejidatarios, no por que los comuneros sean menores de edad, no porque sean incapaces de defender su patrimonio, sino porque en una relación de desiguales, en donde esos núcleos de población no tienen crédito, no tienen maquinaria, no tienen preparación técnica, es lógico que en la vida real, en la práctica, se conviertan en trabajadores asalariados en su propia tierra, sobre la base de sus propios recursos, para el servicio de compañías privadas.
La experiencia privada en explotación maderera en México no ha sido halagüeña, como para que sea la línea de desarrollo de esta actividad.
En otros países, como en Nueva Zelandia, por ejemplo, hay un estricto control en lo que se refiere a la reforestación de las superficies destruidas por la tala de las compañías privadas.
No pueden cortar un árbol que no ha tenido 25 años, y hay un cumplimiento riguroso para que las compañías procedan a la reforestación de esas superficies.
Pero incluso en países capitalistas como éstos, es el Gobierno Federal el que se encarga de que se cumplan estas disposiciones, que garantizan la reproducción de la vida sobre la superficie terrestre.
No se deja al libre arbitrio de las fuerzas del mercado la reforestación, sino el Estado vigila rigurosamente que se cumpla esta tarea y este objetivo tan importante.
Nosotros no estamos de acuerdo en que la Ley sea tan laxa, en lo que se refiere a la explotación de las selvas, básicamente de las selvas tropicales.
México tiene selvas tropicales, tiene bosques de zona templada, es un país privilegiado en estos recursos. Pero las selvas tropicales han sido destruidas en forma considerable, básicamente en Chiapas, en donde la selva, y en Quintana Roo, en donde la selva ha ido perdiendo terreno por la roza y la quema de los campesinos y también por la tala inmoderada de los particulares y, en segundo término, de las comunidades indígenas.
Ahora la Ley otorga mucha facilidad para la explotación de las selvas y nos preocupa, porque las selvas tienen en su seno la madera preciosa, la madera de más alta calidad, la que mejor se vende en el mercado. Y al parecer lo que ha sucedido en la zona lacandona, no es asimilado por la iniciativa de Ley que hace el Gobierno Federal, porque lo que le interesa es que entre el capital privado a cómo dé lugar, incluso sin establecer ninguna condición, ningún requisito importante.
Pero en lo que definitivamente no compartimos ese criterio, es que el concesionamiento privado que se hace de las zonas, de las áreas naturales protegidas y de los parques nacionales. Ha habido en México una gran lucha por declarar zonas naturales protegidas y parques nacionales, pensando que con esto se preservaba una biósfera determinada, pensando en que con esta declaratoria salían del mercado, no se podía hacer uso de fines mercantiles de estas zonas naturales protegidas. Y era el Gobierno Federal o el del Estado o el de los municipios o los tres juntos los que se encargaban de mantener las áreas naturales protegidas y los parques nacionales.
Pero ahora esta iniciativa concesiona a particulares estas áreas que son tan sensibles de
nuestra biodiversidad, al introducir criterios de carácter mercantil en una actividad que es de tipo eminentemente social.
Ya a estas alturas no sabemos en cuál actividad se quedara el Estado, sabemos de cuál se ha retirado, pero no sabemos en cuál se quedará, si no se queda en el área de las reservas naturales protegidas, ¿qué objeto tiene la existencia del Gobierno Federal en esta materia? ¿Qué sentido tiene un estado, un Gobierno que es incapaz de mantener las áreas naturales libres de explotación mercantil? ¿Qué acaso pensamos nosotros no hay otras actividades económicas, más rentables, donde puedan hacer negocio los particulares? ¿Por qué atentar contra estas áreas en las que depende no solamente la vida de quienes viven allí sino la vida en general de nuestro país?
Pero el propósito de esta Ley está muy claro en el Tratado de Libre Comercio, hay que observar que todas las leyes que la mayoría ha aprobado tienen el propósito de adecuarlas al Tratado de Libre Comercio. Si analizamos el capítulo forestal del Tratado de Libre Comercio veremos que es un renglón que se va a desgravar a largo plazo, que México importa madera y productos maderables y que se requiere que para un futuro próximo de cinco a ocho años México pueda ser abastecedor de su propio consumo y pueda vender productos al extranjero cuando se desgrave la materia forestal, en cinco y ocho años.
Pero como el Gobierno Federal no quiere invertir en esta actividad, crea las condiciones para que lo haga la empresa privada y sea la empresa privada nacional la que incremente la productividad del sector, productividad en el producto interno ha disminuido y que preocupa al Gobierno que al retirarse de la inversión productiva, y ése es un ejemplo más de eso, deja al movimiento de los capitales nacionales y extranjeros esta actividad, como dejó en el pasado la minería, como dejó también la pesca y otras actividades de carácter productivo, ahora deja al comportamiento de los capitales y a la inversión extranjera, la actividad forestal en nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, compañera Presidenta, honorable asamblea:
Parece que la visión de lo ecológico se deslinda en tres posiciones. Existe la posición desarrollista que quiere ver en la naturaleza un objeto a dominar por el hombre para incrementar exclusivamente la Ley y el principio de la mayor rentabilidad de lucro individual.
Existe una segunda posición que se llama: ambientalista, que finge un respeto a la naturaleza para tomarla como el paisaje a cuidar, en donde han de conservarse ciertos valores de belleza, de rusticidad, de artesanía, pero que desubican la relación esencial que debiera ser considerada por nosotros para informar la valoración jurídica central, que informara la legislación que estamos debatiendo, me refiero a la corriente designada como ecología social.
Las anteriores e incorrectas posiciones quieren ver a la naturaleza subordinada al hombre, quieren ver en una visión antropocéntrica el uso y el abuso del hombre sobre la naturaleza. La posición de la ecología social entiende que la especie humana tiene que estar en armonía con la naturaleza, para el bienestar de la misma vida humana. El origen del deterioro que causamos a la naturaleza comienza con el deterioro de las injusticias en las relaciones sociales de trabajo.
Al trabajar el hombre entra en tres importantes relaciones: en relaciones técnicas y puede usar una técnica blanda y una técnica dura de este deterioro a la naturaleza, en energéticos e instrumentos. En sus relaciones sociales de trabajo, el hombre puede instaurar el principio de una sociedad excluyente; y al explotar el trabajo de sus hermanos, ahí mismo comienza el origen y la causa del daño de la contaminación, del deterioro y del despilfarro a la naturaleza a la naturaleza, al dañar el hombre al hombre, ese maltrato se traduce en la respuesta de un maltrato a la naturaleza.
Pero la relación principal que es la ecológica, es la relación de la especie humana con la naturaleza.
Si el hombre bajo el principio de la rentabilidad y del deliberado imponerse en todo, toma la espléndida belleza del bosque y del río e instaura en ellos el mayor uso, disfrute y desgaste de la tierra, para que el bosque y el río, queden al lado de la central eléctrica, está destruyendo las bases del equilibrio ecológico.
El hombre debe respeto al hombre. Pero el hombre para existir requiere de un equilibrio con los biotopos, con las condiciones que alimentan la vida: el clima, los medios de la salud humana.
Me quiero entonces referir a algunos huecos que tiene esta Ley y que son la relación esencial entre el campo y la ciudad. Y me acuerdo de
Guadalajara, y los que son de Jalisco lo tienen muy presente. ¡Qué bello clima el de Guadalajara! Pero cómo se ha deteriorado en la medida en que ha venido la tala, la explotación y se ha permitido el incendio del bosque de la primavera. Quiere decir que esta nueva Ley se inspira, como lo expresó acertadamente el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, esta Ley también se inspira en el principio de la desregulación. La norma esencial, fundamental de la soberanía de los mexicanos sobre su territorio, se llamaba nacionalización. Poner el valor social y el cuidado de ese valor a cargo del Estado, para conservar los ámbitos de la riqueza natural en materia de minas, de petróleo, de riqueza marina. Pero es el caso que ahora el principio que está transformando estas legislaciones, es el principio de la desregulación. Y la desregulación significa quitar protección, quitar garantía a los recursos de la naturaleza, que deben ser cuidados como un patrimonio, un bosque nacional, para convertirlo todo en mercancía y para permitir la explotación del trabajo de las comunidades indígenas y de los pueblos, para despojarlos del derecho histórico que es un derecho colectivo.
Pues bien compañeros, esta ecología social en principio, esta sostenida por todas las participaciones de la oposición que he escuchado.
El Partido Acción Nacional, tiene como un criterio importante y equilibrado en la vida de la economía, que la economía debe ir precedida de valores morales y sociales, de un humanismo y que la producción debe servir al hombre en la sociedad.
Y he escuchado también en el Partido Popular Socialista, la crítica a los excesos del neoliberalismo, porque esta corriente produce el deterioro de la convivencia en el trabajo y produce el deterioro de la conservación, del cuidado, de la protección de la naturaleza.
He escuchado también criterios que exigen que las autoridades cuando concedan los permisos, tengan señaladas las normas precisas y no quede a la ambigüedad de una discrecionalidad administrativa, la concesión de estos permisos. Esa fue la censura que hizo aquí el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y esa crítica me parece también justa y certera.
Escuché también en el Partido Revolucionario Institucional, una expresión sensata y respetable que fue la condena al burocratismo, que ha dañado la conservación de estos recursos naturales.
Pues bien, unos principios modernos nos hablan de descentralización; unos principios modernos nos hablan de una sociedad incluyente. Entiendo que esta Ley no es una Ley menor, no es una Ley que no tenga importancia. ¡Sí que la tiene! porque en ella está en juego el respeto a la conservación del patrimonio nacional y la justicia, el equilibrio y el entendimiento de los derechos fundamentales de los mexicanos en sus relaciones de trabajo y de convivencia.
Quién fuera importante que no olvidáramos esta concurrencia que se ha expresado en esta tribuna y aceptáramos como una divisa sensata de la actividad parlamentaria, que aquí el compañero Alejandro Encinas puso de manifiesto, que estamos parlamentando para aceptar y reconocer las mejores razones que seamos capaces de invocar, y que si esas razones son sólidas y evidentes, no les demos la espalda.
Sólo podemos cumplir nuestra responsabilidad parlamentaria, bajo la divisa de ese criterio humanístico que aquí he tratado de resumir con el nombre de ecología social. Es todo, compañeros. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Luis Beauregard.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas: -Compañeros diputados:
La iniciativa de Ley Forestal que hemos estado discutiendo en lo general a lo largo de todo este día, ha lucido una ardorosa y desde luego que válida toma de posiciones de todos los partidos políticos representados en esta soberanía.
Los argumentos que se han expuesto, han cubierto una amplia franja que va de lo político a lo económico, de lo legal a lo administrativo, de lo ecológico a lo social. Y hay, desde luego, en este debate, coincidencias y diferencias en cuanto al contenido y en cuanto a la intensidad de cada uno de estos enfoques. No es para menos, puesto que el tema forestal, su situación actual y perspectivas implícitas y explícitas en la iniciativa que nos ocupa, es un tema de la mayor prioridad y de profunda trascendencia para el desarrollo nacional.
Hay en estas disposiciones, algunas coincidencias que yo quisiera destacar porque creo que vale la pena hacerlo.
Por otra parte, la coincidencia en la caída del sector forestal en cuanto a su crisis, hoy por hoy no es rentable la actividad forestal, hoy por hoy nadie de los que se dedican, lo mismo sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios que se dedican a las actividades forestales,
encuentran en él una correcta retribución económica para avanzar en las actividades forestales.
Hay también una coincidencia en cuanto a cuidar el recurso, a protegerlo para que sea realmente una fuente de bienestar y de riqueza para los mexicanos, que sea esta riqueza forestal grande, amplia, que tiene el país, que sirva a los intereses en conjunto del desarrollo nacional. Y hay en esta Ley también una preocupación por la parte de la autoridad y por la parte de la participación de los productores sociales en cuanto a la posesión a la propiedad de sus recursos.
Por eso es importante abundar en algunas cosas que esta Ley que hoy discutimos, que esta iniciativa que estamos discutiendo, tiene como avances.
Por una parte, yo creo que es una Ley que amplia en términos democráticos la participación de los productos forestales, con la creación, con la propuesta de la creación de los consejos regionales en materia forestal, en donde van a participar productores, ejidatarios, pequeños propietarios, representantes de instituciones académicas, estudiosos del tema, creemos que se da un giro realmente desconcentrador a las decisiones forestales que prevé la Ley, al incluir a estos interesados en el desarrollo forestal, se esta dando una vía para que los interesados expongan cuál es el camino regional que debe de tener cada una de las zonas forestales del país.
La participación de los ejidatarios, este diálogo permanentemente que habrá a través de estos consejos, creemos que fortalece una responsabilidad compartida para el cuidado del recurso. Democratiza las decisiones. Hace corresponsables a todos y cada uno de los qué tienen qué ver con el desarrollo forestal.
En cuanto a la preocupación por el aspecto ecológico de la Ley, yo estimo, compañeros, que está cubierta. que de una manera muy clara está implícito el desarrollo sustentable. Pero no habrá desarrollo sustentable si no hay productores que se beneficien de manera real, eficiente, pronta y accesible, de la misma explotación de sus recursos.
Por otra parte, se federaliza la Ley, hay un verdadero espíritu federativo al proponer la firma de convenios con estados y municipios. Hay pues en esta nueva Ley un verdadero espíritu de aprovechar nuestra riqueza forestal.
Tenemos enfrente de nosotros, de cara al Siglo XXI, una preocupación ecológica y válida en la cual los recursos forestales juegan un papel fundamental. Así pues esta Ley en su aspecto ecológico trata de evitar la pérdida continua de la cubierta forestal. Desregulariza para hacer ágil, accesible, los recursos administrativos. Desconcentra a la autoridad forestal para llevarla a todas a todas las regiones forestales del país.
Por eso, la reorientación forestal es inaplazable. Es necesario aprovechar este nuevo marco jurídico, que es además congruente con el nuevo artículo 27 constitucional. Lleva al campo un nuevo aliento de renovación. Lleva a los productores forestales a tener en sus manos el desarrollo de sus recursos, a explotarlos de una manera racional, ecológica, congruente y consistente. Hace de ellos los verdaderos actores y protagonistas de su entorno natural.
Hay aquí una participación de la autoridad justo a la medida de lo que queremos de un Estado que sea realmente impulsor de las actividades sociales en el campo mexicano.
Dejamos, pues, nuestra preocupación, nuestra voluntad de llevar a cabo una discusión sobre esta nueva ley forestal, congruente y consciente con los lineamientos de desarrollo ecológico, de desarrollo económico, de desarrollo social, que tiene como horizonte la reforma del Estado.
Por eso, compañeros diputados, yo les invito a que votemos en lo general por esta nueva Ley Forestal. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Enrique Rico Arzáte, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzáte: - Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados:
Voy a dar algunos argumentos respecto al dictamen de la iniciativa de Ley que se discute en estos momentos.
Actualmente gran parte de los habitantes de los bosques y selvas del país son indígenas y campesinos empobrecidos, que buscan en este sistema una forma de subsistencia. Durante mucho tiempo no se ha contado con una política que proporcione la infraestructura y los recursos necesarios para la explotación racional de los bosques y selvas, ni que coloque en el centro del protagonismo a las comunidades campesinas; salvo en la excepción, durante la década de 1975 a 1985, cuando surgieron empresas del sector social con capacidad técnica y económica y que se siguen desarrollando.
Veinte por ciento de la superficie forestal que está en manos de ejidos y comunidades se
incorporó a verdaderas empresas rentables con interés social. Aún se conservan, aunque en superficies reducidas, bosques y selvas con una gran diversidad biológica, catalogada como una de las más ricas del planeta, la cuarta en el mundo, que se debe conservar como patrimonio de las futuras generaciones.
La explotación maderera no ha ido acompañada de proceso paralelo de reforestación. Salinas de Gortari, en su discurso del 1o. de noviembre dijo: "se han reforestado 400 mil hectáreas en este sexenio, esto equivale a 100 mil hectáreas por año, mientras la deforestación avanza a 320 mil hectáreas anuales". Esa es la estimación más optimista de los señores del partido oficial.
Otras estimaciones se elevan hasta magnitudes del orden de las 750 mil hectáreas.
El dictamen que hoy discutimos no responde a estos retos, compañeros diputados, no establece los medios y recursos para recuperar áreas degradadas, y propone falsamente a las plantaciones comerciales como solución. La necesidad de elevados rendimientos físicos y la presión de financiamiento obligan a establecer las plantaciones en terrenos con capacidad agrícola, con las consecuencias previsibles de disminución de la producción agrícola y la expulsión de la población, como amargamente lo han experimentado ahora los indios mapuches de chile, de donde se ha copiado este modelo.
La presión sobre los precios que provoca la apertura que ahora también se pacta en el Tratado de Libre Comercio, ya ha dejado sentir sus efectos en la disminución de la disponibilidad y a utilidades aplicables al cultivo y mejoramiento de los bosques naturales.
También en Chile se están cambiando bosques naturales por plantaciones, es parte del mismo modelo que en los Estados Unidos acaba de terminar su etapa.
Para compensar esto, seria necesario establecer mecanismos de estímulos en forma selectiva, para lograr que al menos fuera igualmente rentable establecer plantaciones de una sola especie, que forestar áreas degradadas o cultivar bosques naturales, lo que el dictamen no considera. Frente a esto, no se considera frenar el cáncer del establecimiento desordenado de la industria, simplemente se le requiere de aviso y registro, ¿eso es cuidar de los recursos naturales, señores diputados?
Los metros cúbicos de madera que se extraen anualmente no son el principal problema de los bosques, sino son las modalidades de la explotación. En México importamos entre tantas otras cosas la idea de que lo moderno es igual a lo inmenso y así tenemos industrias voraces que han saciado su apetito solo en corto plazo por medio de la extracción selectiva de los mejores ejemplares y las especies de mayor valor.
En las selvas solamente se aprovechan un par de especies maderables dentro de 140 que existen. En los bosques han quedado abandonados los pinos mal conformados en masas de escasa densidad que no permiten la competitividad, mientras que casi no se aprovecha la mayoría de las numerosas especies de los encinos mexicanos. En la Ley que hoy se discute existen grandes ausencias, el dictamen considera de su materia solamente a la madera de bosques y selvas, mientras que en lo forestal son también los manglares, zonas áridas, resinas, gomas, ceras, barbasco, xate, lechuguilla, que son también recursos naturales; patrimonio nacional y fuente de vida para la población. Ahora los manglares enfrentan la amenaza de su destrucción ante la proliferación de granjas camaroneras y proyectos de aperturas de canales de navegación costera y de otros, con su propia destrucción, como ha ocurrido en Tepacalco, Guerrero, la destrucción que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad en todos los manglares y en todos los ahí presentes en la zona, el riesgo de pérdida de sistemas bióticos complicados y de actividad económica en pesquerías ribereñas y de altura como la camaronera el manejo de zonas áridas ha sido hasta la fecha regida por medio de la extrapolación de las medidas y normas aplicadas a los bosques con muy malos resultados, compañeros; por ejemplo la lechuguilla ha sido regulada por el sistema de estudios, permisos y documentación regular, cuando la necesidad de regulaciones es menor, ya que el mismo aprovechamiento aumenta su vida al inhibir la floración y la imposibilidad de aprovechamiento económico prematuro, la protege.
En las zonas áridas el manejo de los recursos está asociado regularmente a un manejo ganadero por lo que la norma técnica está establecida para el ganado y es a la vez para las especies forestales. El aprovechamiento de estas regiones es de recolección, que al llevarse a cabo por personas que no cuentan con el derecho jurídico sobre la tierra, plantean una problemática que contrasta con la de los bosques y selvas; también existen compromisos internacionales, no se puede pasar por alto los resultados de la Cumbre de la Tierra, en donde México suscribió compromisos significativos para el sector forestal.
La Agenda 21, la Declaración de Río, la Convención sobre Biodiversidad o la Declaración de bosques y selvas evidencian lo que ya había considerado la Ley que ahora se deroga. ¿Que no es posible la sustentabilidad si no es bajo un criterio de desarrollo social integral? Que es indispensable la participación y el beneficio directo de la población en la gestión y el aprovechamiento de los recursos forestales, que el medio idóneo para lograrlo es la combinación de un papel activo del Estado y mecanismo de planeación y ejecución participativos.
De esto, la iniciativa del dictamen habla mucho y resuelve poco. De nada sirve anunciar intenciones que no se traducen en instrumentos eficaces para llevarlos a la práctica; grande queda el riesgo de derivar una agenda social olvidada a un simple reglamento que no recibe lineamientos definidos y que puede ser cambiado sorpresivamente, como ha sido en la historia de la instrumentación de una política errática que estas reformas pretenden corregir.
Tenemos la responsabilidad de señalar el riesgo que significa la ligereza con que se abre la puerta al saqueo de recursos genéticos de nuestro país, por organismos disfrazados ahora de científicos o directamente de empresas privadas extranjeras.
Hablaban mis compañeros el ejemplo claro de Costa Rica, en donde la compañía Merc tiene la exclusividad de prospección y patente de organismos en reservas naturales a cambio de un 50% de utilidades que están fuera de todo control. También se hablaba y se conoce de otras experiencias, el caso más claro es el de Madagascar, en donde el saqueo ha sido completo.
Mientras México firma el Tratado de Libre Comercio y con él garantiza derechos de patente, Estados Unidos secuestra compañeros, embarga, amenaza, hace todo menos firmar compromisos de biodiversidad. ¿Existe o no riesgo?
En la investigación y el desarrollo, el desafío formidable de cuidar nuestro todavía enorme patrimonio y de competir en un mercado abierto, exige la formación de recursos humanos competentes, la investigación de nuevas tecnologías que si se han pensado para nuestras propias condiciones es en silvicultura, en aprovechamiento de especies no tradicionales y distinto tipo de masas vegetales.
El desarrollo de productos manufacturados de procesos productivos de mercado y frente a ello, con la frontera ya abierta, vamos con justificada alarma que mientras que Estados Unidos invierte el 2.7% del producto interno bruto en la ciencia y el desarrollo tecnológico, México se contenta apenas con el 0.49%.
Compañeros, desaparece el INIFAB; se cierran las escuelas de técnicos y guardas forestales y languidecen las universidades públicas asfixiadas por la penuria económica. ¿Tiene algún sentido el triunfalismo con el que nos lanzan a la conquista del llamado mercado más grande del mundo?
Y antes de terminar, compañeros diputados, me llamó mucho la atención de una exposición por parte del diputado Zúñiga Galeana; no lo quería mencionar pero estoy convencido del compañero Zúñiga Galeana y los demás compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que se van a subir a esta tribuna, no van a argumentar que es en nombre del acaparamiento, de la destrucción del ambiente y de la calidad de la vida, o en nombre de la corrupción y del ecocidio.
Compañeros, ustedes están convencidos y lo van a nombrar en esta tribuna, que es en nombre de la productividad, de la modernización, y más aún van a argumentar que es en nombre del desarrollo de la ciencia forestal y del suelo, a mi me extraña también que se hable y que sea en nombre del nuevo movimiento campesino y algunos dicen que representan aquí en esta Cámara de diputados. Durante seis meses, compañeros, el movimiento campesino, es decir la Confederación Nacional Campesina, no se presentó ante las comisiones de selvas y bosques, de Ecología y medio ambiente, a entregar su participación o sus puntos de vista sobre la Ley. ¿Qué nos dice al respecto de esto, compañero Zúñiga Galeana?
Señores diputados, aquí frente al pueblo que nos manda, tenemos que decir que si hoy la razón nos produce cambios significativos en la iniciativa que debatimos, esta Cámara expondrá el patrimonio forestal de las generaciones futuras, a riesgos inaceptables, en aras de la ganancia a corto plazo y condenando a la miseria a enormes contingentes de compatriotas, y otra vez puesto en cuestionamiento la independencia entre los poderes, base del régimen republicano que declaramos reconocer. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Centeno, por cinco minutos.
El diputado Javier Centeno Avila: -A nombre de los diputados José María Téllez Rincón, Nicolás Olivos Cuéllar y de un servidor, vamos a realizar esta participación.
Nosotros nos pronunciamos en contra de esta Ley, votaremos en lo general en contra por las siguientes razones:
Primera. Nos llama la atención que en los antecedentes de este proyecto de Ley, se considere representativo el 37% del territorio nacional, ya que quedan sin considerar estados como Chihuahua, Michoacán, Baja California y Tabasco, entre otros, que presentan variedad y biodiversidad diferente que los estados contemplados.
Resulta difícil aceptar que el proyecto de Ley se sustente en un conocimiento parcial del recurso y no en un inventario total preciso y acabado de los recursos boscosos, selváticos y desérticos de todo nuestro territorio. Al parecer la comisión realizó las visitas a los diferentes estados sin el apoyo de grupos especializados que ratificaran el criterio de representación muestral.
Otro punto que consideramos importante es la argumentación que se señala en torno a la función de los bosques en el equilibrio ecológico acordado en la Cumbre de la Tierra, sin mencionar otros que consideramos de la máxima importancia y que quedaron remitidos a la agenda número 21, como es el crecimiento poblacional humano y su impacto sobre las leyes nacionales como ésta, en la que no se contempla dicho fenómeno.
Desde la segunda Ley Forestal, en diciembre de 1942, promulgada por el entonces Presidente Manuel Avila Camacho, los bosques y selvas de la zona oriente del país, desde Tamaulipas hasta el Estado de Tabasco, han sido desvastados en un 83%. Este dato lo da el programa puma de la Universidad Nacional Autónoma de México, octubre de 1992.
No parece ser la solución ahora que van a intervenir los particulares, para que el deterioro se detenga o al menos disminuya. Si los particulares inversionistas intervienen aspiran, como los comerciantes, a recuperar su dinero, con un margen de ganancia en el tiempo más corto posible. Por lo tanto, la restauración e incluso la explotación posterior, no parece ser una atracción, debido entre otras cosas porque los tiempos de recuperación de los terrenos forestales es en lo general largo.
Entonces a lo que apunta a la inversión, es a la explotación de lo que queda. Este es el grave peligro. Y el reto para nosotros es anteponer todo tipo de barreras o candados jurídicos que garanticen la protección total e inmediata de la poca riqueza forestal que nos queda.
Con respecto a la restauración, es importante señalar que varios autores consideran que los procesos de alteración en nuestros bosques y selvas es irreversible.
Nosotros insistimos en que los propietarios originales, la étnicas nativas y los ejidos, han permitido la conservación de la biodiversidad, y los que invadieron, compraron o utilizaron los terrenos, han sido elementos contundentes en el deterioro y en la desaparición de las selvas y los bosques.
La Ley propuesta carece de una infraestructura conceptual referente a la demografía nacional, como fenómeno no natural sino alterador.
No existe una concepción de lo que se considera y de lo que realmente es una relación equilibrada de la población con su entorno. Existe, creemos, una in definición de la actividad depredadora incontenible del hombre sobre los sistemas naturales.
Consideramos que la rehabilitación de nuestros bosques y selvas, a la luz de la participación económica de los particulares es utópica, ya que conocemos la mentalidad y los propósitos históricos de los inversionistas nacionales y extranjeros.
En este contexto consideramos que lo poco que existe, hablando de los recursos forestales a que hace mención la Ley, esta potencia, la participación más abierta, más agresiva de los capitales, los cuales no tienen una clara noción de lo nacional, de lo ecológico, de la conservación, y sí en cambio tienen una noción clara cuando se trata de ganancias; siempre han privilegiado las ganancias sobre la preservación ecológica.
Dentro del articulado existe un argumento de riesgo e in definición sobre los terrenos situados en zonas urbanas, ya que al no considerar el crecimiento, muchos y cada vez más terrenos quedarán en zonas urbanas, y según la Secretaría, podrán cambiar de forma de uso.
No existe en todo el cuerpo de la Ley o los propósitos nacionales acerca de la biodiversidad de áreas protegidas; no se percibe en esta Ley hacia dónde se dirigen las nuevas generaciones y qué se considera prioritario, importante o secundario.
El incremento de requisitos, de pasos burocráticos, de engarces en la ruta crítica de todos los procedimientos para signar permisos, incrementa el precio de los productos por un lado
y abre las puertas todavía más a la burocratización y posiblemente a la corrupción.
Urge un inventario nacional, total, sistematizado, verídico y entendible del acervo boscoso y selvático, así como desértico del país. Esta debe ser la plataforma para irrumpir contra los viejos cánones de explotación, para despertar y diseminar los conceptos embrionarios de una nueva cultura ecológica que nos urge a todos los mexicanos.
Sin la participación de la sociedad civil, de los centros de investigación regional y de todos los interesados, no se podrá avanzar significativamente en la preservación de nuestros recursos forestales. Muchas gracias.
La Presidenta:- Tiene la palabra la diputada Irma Piñeiro Arias, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada A. Irma Piñeiro Arias:- Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Quiero iniciar esta intervención compartiendo con ustedes algunas reflexiones que han estado presentes durante el ya largo período de análisis del proyecto de Ley, cuyo dictamen hoy nos ocupa.
En primer lugar, la conciencia de la importancia vital que este ordenamiento tendrá no sólo para los mexicanos, sino para todos los que habitamos y habitan este planeta, pues al legislar sobre este asunto contribuiremos, en mayor o menor medida, al mantenimiento de un bien cuya existencia beneficia no sólo a los agentes que actúan directamente sobre él, sino también a la preservación y calidad de la especie humana.
Esta visión, que hoy nos parece obvia, hace poco más de dos décadas, apenas en los setenta, alertaba sobre el deterioro del medio ambiente en el que hoy ya vivimos.
En segundo lugar, desde otra perspectiva, hemos tenido presente que este bien cuando se convierte en un recurso debe propiciar un mejor nivel socioeconómico de los que participan en su explotación.
En tercer lugar, también hemos tenido presente que en México los bosques y las selvas tienen consigo un significado territorial, patrimonial y cultural, del que depende la identidad y existencia de las comunidades campesinas que las habitan; no son solamente un recurso económico y ecológico, son una forma cultural y una manera de vida.
Por eso, legislar para una actividad tan compleja no es tarea fácil, exige un gran sentido de responsabilidad y compromiso.
Con estas premisas hemos concurrido los representantes de todos los partidos políticos, sumando nuestras propuestas y observaciones, a fin de enriquecer el proyecto de Ley y ajustarnos al mandato constitucional.
Esta iniciativa es fundamentalmente reglamentaria de artículo 27 constitucional, que reconoce la personalidad jurídica de ejidos y comunidades y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para asentamiento humano como para actividades productivas.
Así, la Ley reconoce como sujetos a comuneros y ejidatarios y pequeños propietarios, quienes legítimamente tienen la posesión de los recursos forestales en nuestro país, y que suman cerca de 20 millones de mexicanos, en su mayoría indígenas. Ellos aseguran la permanencia de valores culturales que fomentan la protección y conservación de los recursos que son importantes para la sociedad en su conjunto.
En resumen, el aprovechamiento y desarrollo de los bosques y selvas queda básicamente en manos de sus habitantes: ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, quienes son los principales interesados en la conservación de esos recursos en el largo plazo.
La Ley también asume la impostergable instrumentación de los compromisos internacionales, en defensa de los recursos forestales y la obligación de los gobiernos de auspiciar el arraigo y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas forestales, y de respetar los derechos de las comunidades indígenas.
La Ley también define con claridad el objeto, dando preeminencia a la conservación del recurso de los cuatro conceptos de definición del objeto de la Ley, tres son de orden ecológico, conservar, proteger y restaurar.
En México a pesar de su gran riqueza en bosques y selvas, la actividad de explotación ha sido marginal en el producto interno bruto, debido principalmente a problemas de organización social de los poseedores del recurso, a problemas económicos y de proyectos que se reflejan en costos de producción no competitivos, por lo tanto, esta Ley busca adecuar el marco legislativo a las
actuales circunstancias económicas y sociales del país y al marco internacional en el que se encuentran inmerso.
No podemos dejar de lado, sin embargo, que en la Cumbre de Río, México fue reconocido internacionalmente como el pionero en la generación de proyectos productivos que buscan sí conservar el recurso pero también buscar alternativas de vida para los habitantes de las zonas en donde se agrupan esos recursos a través de la explotación racional de los mismos, eso busca esta Ley, una cosa no está reñida con la otra. Todos empezamos a oír de ecología productiva, ésa es en realidad la alternativa y ése es también el reto formidable a enfrentar para que la gente del campo viva mejor.
Compañeras y compañeros diputados, largas han sido nuestras discusiones, en todas ellas se hizo patente que la Ley parte de una realidad en la que hay intereses distintos y hasta contrapuestos que es necesario armonizar.
A nuestro juicio la iniciativa presentada por el Ejecutivo con las modificaciones que en la Comisión se hicieron, cumple satisfactoriamente con esa exigencia, por lo que solicito a ustedes su voto aprobatorio. Muchas gracias.
La Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León para rectificar hechos.
El diputado Miguel Angel León Corrales:- Con el permiso de la Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Es realmente interesante escuchar como en el momento de los discursos, en el momento de hablar de la crisis del sector, tanto ecológica como productiva, al abordar la problemática ecológica de los recursos forestales, se coincide en todas las fracciones parlamentarias y entonces sucede que desde un discurso ecologista, que desde un discurso en defensa de los ejidos y las comunidades como sujetos de los aprovechamientos forestales e incluso afirmando que el Gobierno mexicano es vanguardia en lo que se refiere a un aprovechamiento natural de los recursos, que nos esté planteando una Ley como esta Ley Forestal.
El problema aquí no es asunto de discursos ni de lo que se plantee en los considerandos del dictamen y en toda una seria de cuestiones que contradicen completamente el contenido de la iniciativa, el problema aquí es el articulado de la iniciativa, compañeras y compañeros.
¿Cómo es posible que se afirme que esta ley es la mejor defensa de las condiciones ecológicas de los medio ambientes de los bosques de nuestro país y que esta Ley va a garantizar que los ejidos y las comunidades se conviertan en sujetos de los aprovechamientos forestales, cuando nosotros vemos en el articulado un artículo como el 12 o un artículo como el 6o.
Vamos al fondo, compañeras y compañeros. Lo que esta Ley está planteando es que a través de documentos de derechos de usufructo, la iniciativa privada va a poder tener los aprovechamientos forestales por tiempo indefinido y en términos de cómo quedó la Ley Agraria esos aprovechamientos forestales van a llegar hasta 100 años.
Se dice que esto va a beneficiar a ejidos y comunidades, pero como bien se ha planteado aquí, la Ley no contiene absolutamente ninguna salvaguarda para garantizar que una vez que la iniciativa privada consiga esos permisos de aprovechamiento y esos derechos de usufructo, a los ejidos y a las comunidades les va a pasar exactamente lo mismo que en la historia de los últimos 70 años, mientras unos sacan el recurso y obtienen las ganancias, los dueños de estos recursos siguen sumidos en la pobreza.
Se habla de que esta Ley garantiza la protección ecológica de los bosques, ¿pero cómo se puede garantizar desde una Ley que no pone como eje la participación de los pobladores a la hora de implementar los programas de manejo? Y aquí una y otra vez varias fracciones planteamos con toda claridad que la experiencia en México y la experiencia en el mundo nos dice que ahí donde no participen las poblaciones en programas de manejo integral, estos programas fracasan.
Y nos habla de una Ley participativa, pero los ejidos y las comunidades sólo podrán tener acceso a consejos consultivos, esa es la palabra, es decir, cuando la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos quiera tomarlos en cuenta lo hará y cuando no, pues simplemente pasará por alto cualquier punto de vista de esos consejos.
Como decía el compañero Alejandro Encinas, aquí no hay debate, aquí nos subimos a plantear discursos que no tienen qué ver nada con la Ley que estamos discutiendo. No se nos ha demostrado en los artículos de esta Ley, de qué manera dicha propuesta garantiza una protección ecológica, de qué manera dicha propuesta garantiza la participación efectiva de ejidos y comunidades
y menos aún de qué manera esta Ley va a convertir a ejidos y comunidades en los ejes de la producción forestal.
Se han venido a plantear muchos discursos, pero los discursos no son Ley, compañeros y compañeras, la Ley es el articulado, y este articulado contradice de manera clara y precisa la mayor parte de los discursos que se han venido a plantear a esta tribuna por las compañeras y compañeros que hoy van a aprobar dicha Ley.
A ver cuándo llega el momento de que el debate se dé en esta Cámara y no en algunas de las oficinas del Ejecutivo Federal; tal vez en ese momento tenga caso y sentido debatir con toda la seriedad y profundidad que lo ha hecho la oposición. A ver cuándo se deja de subir a esta tribuna a plantear discursos que no tienen absolutamente nada que ver con las propuestas. Gracias. (Aplausos).
La Presidenta:- Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Rubén Pabello Rojas:- En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta:- Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular, los siguientes artículos: 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 37, 46, 46 fracción V, 47, 51, 57 y 58.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación).
El secretario Rubén Pabello Rojas:- Señora Presidenta: se emitieron 334 votos en pro, 33 en contra y cuatro abstenciones.
La Presidenta:- Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 334 votos.
Esta Presidencia informa que por acuerdo de los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias que integran la LV Legislatura, la discusión en lo particular de los artículos reservados sobre la iniciativa de Ley Forestal, se realizara en la próxima sesión plenaria.
ESTADO DE TAMAULIPAS
La Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar un punto de acuerdo.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:- Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Tengo aquí a nombre de mi partido una solicitud y un punto de acuerdo. La solicitud creo que es de interés para todos los diputados de todos los partidos. Me voy a concretar a leer el texto:
"Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, presente. Los firmantes integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considerando.
Primero. Que el pasado 12 de noviembre fue detenido en la ciudad de Matamoros, Estado de Tamaulipas, por integrantes de la Policía Judicial Federal, el ciudadano diputado Servando Hernández Camacho, integrante de esta Cámara de Diputados, el cual fue liberado debido a la inmediata intervención del Presidente de la Gran Comisión, diputado Fernando Ortiz Arana; igualmente su casa fue objeto de cateo.
Segundo. Que la conducta descrita implica una violación de carácter constitucional y hace presumir que tras la apariencia de perseguir a delincuentes del orden común, se detiene a personas en razón de sus actividades políticas.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a los considerandos anteriores, presentamos a su consideración la siguiente solicitud:
Que la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicite a la Procuraduría
General de la República, por los conductos legales correspondientes, un informe por escrito de los hechos violatorios al fuero constitucional del diputado federal Servando Hernández Camacho.
Justicia para gobernar y honradez para administrar. Firmado por los miembros de nuestra fracción parlamentaria".
«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión.- Presente.
Los firmantes, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
CONSIDERANDO
1. Que se detuvo y acusó formalmente, con una rapidez sin precedente, a los ciudadanos Guadalupe Oropeza Kerlegan, Candelaria Longoria, Carlos Eliud Pérez González y Rogelio Serrano Díaz, entre otras personas, sin cumplirse las formalidades del procedimiento e imputándoseles una serie interminable de delitos a los cuales son ajenos, y
2. Que las conductas descritas implican una violación de carácter constitucional y hacen presumir que tras la apariencia de perseguir a delincuentes del orden común, se encarcela a personas en razón de sus actividades políticas.
Con fundamento en lo dispuesto por el reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a los considerandos anteriores, presentamos a su consideración el siguiente punto de acuerdo, con objeto de que sea turnado a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
PUNTO DE ACUERDO
Que las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos integren una subcomisión pluripartidista, para que investigue sobre las violaciones a los derechos constitucionales de los anteriormente citados, con objeto de que informe a esta honorable Cámara de Diputados del resultado de su investigación.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar" Firman los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
La Presidenta:- En vista de la denuncia presentada por el diputado Adolfo Kunz Bolaños, y con fundamento en la facultad que confieren a esta Presidencia los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se acuerda:
Por lo que se refiere a la posible violación al fuero:
1o. Gírese comunicación por escrito al Procurador General de la República, solicitando información de los hechos denunciados y de que se afirma fue objeto el diputado Servando Antonio Hernández Camacho.
2o. Con la información que se conozca al respecto, se procederá en los términos de la Ley correspondiente.
Por lo que se refiere a los detenidos en Tamaulipas:
Túrnese a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas:- Señora Presidenta: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día.
26 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente con Proyecto de Ley Forestal, para su discusión en lo particular.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Gustavo Petricioli, para aceptar y usar la Condecoración del Libertador Bernardo O'Higgins, en grado
de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Intervención del ciudadano diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Juan Hernández Mercado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la represión en Campeche.
El Congreso del Estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Otto Granados Roldán, rendirá la protesta como gobernador constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 30 de noviembre en el teatro de Aguascalientes, declarado recinto oficial a las 17.00 horas.
El Congreso del Estado de Oaxaca, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, rendirá la protesta como gobernador constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 1o. de diciembre en el teatro del Centro Cultural Oaxaca, declarado recinto oficial a las 16.00 horas.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla Orden Nacional del Mérito, grado Collar Mariscal Francisco Solano López, que le confiere el Gobierno de Paraguay.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano vicelmirante aeronáutico naval piloto aviador diplomado de Estado Mayor Hilario Rodríguez Malpica Flores, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito Naval, en Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto que concede permiso a la ciudadanía Sonia Davidson de Petersen, para prestar servicios como cónsul honorario de El Salvador en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Calzada González y Nora Patricia Chanona Téllez, para prestar servicios como personal de limpieza y asistente comercial, respectivamente, en la Embajada Real de Tailandia, acreditada ante el Gobierno de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa María González Roa, para prestar servicios como recepcionista secretaria en la Embajada de los Estados
Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Favela Cinta, para prestar servicios como empleado de vigilancia en la Embajada Británica, en México. Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta (a las 20.43 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre, a las 11.00 horas.