Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921210 - Número de Diario 17
(L55A2P1oN017F19921210.xml)Núm. Diario: 17ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., jueves 10 de diciembre de 1992 No. 17
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Presentada por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, respecto a las leyes de Competencia Económica y del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Debaten los diputados:
Juan Antonio Nemi Dib, en contra
Héctor Ramírez Cuéllar, en pro.
Alejandro Encinas Rodríguez, para rectificar hechos.
José María Téllez Rincón, para rectificar hechos.
En votación económica se desecha el punto de acuerdo.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
Del diputado Juan Gualberto Campos Vega, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Relaciones Exteriores.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la comisión del Distrito Federal, con proyectos de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Hacen uso de la palabra los diputados:
Victoria Reyes Reyes, para fundamentar el dictamen.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Adolfo Kunz Bolaños, en contra.
Jorge Oceguera Galván, en pro.
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, en contra.
Victor Martín Orduña Muñoz, en contra.
Jesús Martín del Campo Castañeda, en contra.
Amado Treviño Abatte, en pro y para proponer una modificación al artículo 2o. y la inclusión de un artículo 3o. transitorio. Se aceptan ambas proposiciones.
Se aprueban en lo general y en lo particular el dictamen y pasa al senado para sus efectos constitucionales.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Para su discusión en lo particular en lo general toman la palabra los diputados:
Manuel Monarres Valenzuela, para fundamentar el dictamen.
Juan Jacinto Cárdenas García, en contra.
Adolfo Kunz Bolaños, para proponer una modificación al artículo 18. Se acepta.
Manuel Terrazas Guerrero, para fijar la posición de su partido.
Guillermo Flores Velasco, en contra.
Salvador Abascal Carranza, en contra.
Benjamín González Roaro, en pro.
Victor Martín Orduña Muñoz, para proponer modificaciones a diversos artículos.
Alberto Nava Salgado, para rectificar hechos.
Victoria Reyes Reyes, en pro.
Victor Orduña Muñoz, para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco, en contra.
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueban en lo general y en lo particular el dictamen y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyectos de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Para su discusión en lo general y en lo particular toman la palabra los diputados:
Julieta Mendívil Blanco, para fundamentar el dictamen
Hildebrando Gaytán Márquez
Javier Marcelino Colorado Pulido
Odilón Cantú Domínguez
Arquímides García Castro, en contra.
Marco García Toro, en contra.
José Manuel Correa Ceseña, en pro.
José María Téllez Rincón, para fundamentar su voto.
Luis Raúl Alvarez Garín, en contra.
Guillermo Flores Velasco, para presentar proposiciones de reformas a diversos artículos. Se desechan.
Jaime Olivares Pedro, en pro.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, en contra y presenta proposición. Se desecha.
Fernando Charleston Salinas, en pro.
Tomas Correa Ayala, para proponer una modificación. Se desecha.
Concepción Trinidad Rosas de la Luz, para proponer modificaciones. se desechan.
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
Juan Jacinto Cárdenas García, para presentar una modificación. Se desecha. Gabriel Mendoza Manzo, para proponer modificaciones. Se desechan.
Florencio Salazar Adame, en pro.
Juan Hernández Mercado, para presentar proposiciones de modificación. Se desechan.
Armando Sergio González Santacruz, en pro.
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
Que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Rafael Morgan Alvarez. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO PACHECO PULIDO
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los señores diputados.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Señor Presidente: Se informa que hay registrados 427 diputados. Hay quórum.
El Presidente (a las 12.32 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Luis Pérez Díaz: - Se va a dar lectura al Orden del Día.
"Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
10 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Intervención del ciudadano diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para proponer un punto de acuerdo.
Excitativa.
Dictámenes a discusión
De la comisión del Distrito Federal, con proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Iniciativa que Reforma la fracción I, artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - Esta Presidencia informa que importante número de señores diputados se encuentran en reuniones de trabajo de sus respectivas comisiones.
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte a la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Juan Cárdenas García
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, con una asistencia registrada de cuatrocientos dieciocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da cuenta con el orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a una comunicación de la Comisión de Fomento Cooperativo, por la que informa y justifica la ausencia de algunos de sus miembros a las sesiones de los días diez y once. De enterado.
Sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Morelos, por las que informan de asuntos propios de sus legislaturas. De enterado.
En virtud de que los dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa
y tres y con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, han sido impresos y distribuidos entre los señores diputados, la Asamblea les dispensa la primera lectura.
Se da primera lectura a los dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Ildefonso Carlos Consejo Loperena, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el gobierno del Perú; Jorge Alberto Lozoya Legorreta, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de España; Victor Luis Urquidi Bingham, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña; Sergio Ramírez Torres, Héctor Manuel López Becerra, Wanda Sigrid Arzt Colunga y Julieta Yolanda López Alvarez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En virtud de haberse impreso y distribuido el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentario y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Tomás Osorio Avilés, del Partido Revolucionario Institucional y el Presidente informa que por acuerdo de los grupos parlamentarios, la discusión se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien se pronuncia en contra del acuerdo de los grupos parlamentarios y la Presidencia somete a consideración de la Asamblea el acuerdo que, en votación económica se aprueba.
A discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en pro en lo general y proponer modificaciones al artículo vigesimoctavo; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro en lo general y en contra del artículo octavo; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados: Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en dos ocasiones; José María Téllez Rincón; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José María Téllez Rincón, quien acepta una interpelación de la diputada Alvarez Cervantes; Nicolás Olivos Cuéllar y Javier Centeno Avila.
El Presidente hace una excitativa a los oradores para que se ciñan al tema de la discusión y para continuar con ella, hacen uso de la palabra los diputados: Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en pro en lo general y presenta proposiciones de reformas a los artículos octavo y vigésimo; Presidencia del diputado
Salvador Abascal Carranza
Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional, en pro;
Presidencia del diputado
Juan Cárdenas García
Alejandro Ontiveros Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la posición de su partido; para pronunciarse en pro, el diputado Miguel González Avelar; para rectificar hechos los diputados Emilio Becerra González y Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
Continúa el debate sobre el dictamen de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y hacen uso de la palabra los diputados Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone modificaciones al artículo octavo; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo vigésimo quinto; Javier Centeno Avila; Alvaro Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo séptimo; César Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional, en pro; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Nicolás Olivos Cuéllar, para
rectificar hechos y aceptar una interpelación del diputado Rodríguez Lozano.
También para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados: Patricia Ruiz Anchondo, Emilio Becerra González y Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Nicolás Olivos Cuéllar; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Germán Petersen Biester, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones a los artículos vigésimo sexto y sexagésimo quinto; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional y Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática.
Desde su curul, el diputado Rafael Fernández Tomás, solicita que se someta a votación el dictamen, la Asamblea lo considera suficientemente discutido y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos doce votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se da primera lectura a un dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Nicolás Olivos Cuéllar.
La Secretaría da cuenta con dos minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se turna a la Comisión de Energéticos y la Ley de Turismo, que se turna a la Comisión correspondiente.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cuarenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos, a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
MOCIÓN SUSPENSIVA
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo.
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez:- Con su permiso señor Presidente.
Antes de hacer mi intervención quisiera pedirle a los compañeros diputados que están en el pasillo, particularmente los del Partido de la Revolución Democrática, que se sienten para que podamos hacer nuestra intervención. Muy amables.
Compañeras y compañeros diputados: Voy a permitirme presentar un punto de acuerdo a esta Cámara de Diputados vinculado con el proceso de dictamen de las iniciativas de Ley de Competencia Económica y de la Minuta que seguramente el Senado enviará a esta Cámara de Diputados sobre la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
Esta propuesta se deriva no solamente del análisis del contenido de las mismas, sino también del debate que tuvimos con el secretario de Comercio, doctor Jaime Serra Puche la semana pasada, y consideramos que dado el carácter de las iniciativas y su contenido y su vínculo con el Tratado de Libre Comercio, éstas merecerían un análisis y un tratamiento especial y no el que actualmente estamos siguiendo en este período de sesiones.
El texto de la propuesta dice de la siguiente manera:
Las iniciativas de Ley de Competencia Económica y de Servicio Público de Energía Eléctrica que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal y que fueron turnadas para su estudio y dictamen, la primera de ellas a las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial, y de Comercio, y la segunda al Senado de la República y cuya minuta sin lugar a dudas será turnada a la Comisión de Energéticos, están estrechamente vinculadas al texto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que fue inicializado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, y que todavía está sujeto a la aprobación de los órganos legislativos de cada uno de estos países, y en particular en lo que respecta a México al acuerdo del Senado de la República.
De la sola, lectura y compulsa de los textos contenidos en las iniciativas presentadas y en el texto del tratado mencionado, se desprende, de manera indubitable, su estrecha vinculación.
En lo que respecta a la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados hace apenas una semana, se establece lo que en los hechos es una reglamentación de los artículos 1501 y 1502 contenidos en el Capítulo XV denominado "Política en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado", del tratado inicializado el pasado 7 de octubre en la ciudad de San Antonio Texas. Como demostración de esta afirmación reproducimos a continuación, a manera de ejemplo, algunos textos correspondientes a estos artículos.
En la fracción III del artículo 1502, se señala: "Cada una de las partes se asegurará mediante el control reglamentario, la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas, de cualquier monopolio de propiedad privada que la parte designe o gubernamental que mantenga o designe."
Y en los incisos b, c y d señala: "Excepto cuando se trate del cumplimiento de cualquiera de los términos de su designación que no sean incompatibles en los incisos c o d, actúe solamente según consideraciones comerciales o venta del bien o servicio monopolizado en el mercado pertinente, incluso en lo referente a su precio, calidad, disponibilidad, capacidad de venta, transporte y otras condiciones para su compra y venta.
El inciso c, señala que cuando se otorgue trato no discriminatorio a la inversión de los inversionistas, a los bienes y a los proveedores de servicios de otra parte, al comprar y vender el bien o servicio monopolizado y en el mercado pertinente.
En el d, se señala que no utilice su posición monopólica para llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia en un mercado no monopolizado en su territorio, que afecten desfavorablemente la inversión de un inversionista de otra parte.
A mayor abundamiento, el artículo 1501 del tratado, señala que cada una de las partes adoptará o mantendrá medidas que prohiban prácticas de negocios, contrarias a la competencia y emprenderá las acciones que procedan al respecto, reconociendo que estas medidas coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos y propósitos del tratado.
Como se puede observar de la lectura de las disposiciones contenidas en la iniciativa de Ley de Competencia Económica, se pretende cumplir fielmente éstas y otras disposiciones del Tratado de Libre Comercio.
Esta iniciativa de Ley deroga varios ordenamientos entre los cuales se destaca la Ley reglamentaria del artículo 28 constitucional y la Ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica.
Entre otros aspectos, dispone la creación de una comisión nacional de competencia dotada de amplios poderes discrecionales para vigilar y autorizar diversas formas de concentración de capital.
Se omiten importantes disposiciones relativas a facultades estatales en materia de regulación de precios, tarifas y comercialización de artículos de consumo básico. Se excluyen aportaciones fundamentales en materia de derecho económico, códigos de conducta para corporaciones transnacionales y regulación antimonopólica internacional, que establece la Carta de Deberes y Derechos Económicos de las Naciones, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas a mediados de la década de los setenta.
Independientemente del cuestionamiento que podemos hacer a esta iniciativa, en cuanto a su contenido y que en su momento las haremos valer, lo que es claro es que se pretende entrar a la discusión de aprobar una iniciativa, que de manera irrefutable trata de llevar a nivel de normas jurídicas, contenidos de un tratado internacional, que todavía no ha sido discutido y aprobado por el órgano legislativo que la Constitución establece para ese efecto y que por lo tanto no tiene todavía el rango de norma y mucho menos es vinculatorio para el orden jurídico nacional.
En lo que respecta a la iniciativa de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se suscita el mismo problema en el anexo 602.3 del tratado. Y específicamente lo que se refiere a las llamadas actividades e inversión en plantas de generación eléctrica, donde se establecen lineamientos en relación al autoabastecimiento, la cogeneración y producción independiente de energía eléctrica, que son reproducidos de manera prácticamente íntegra en el articulado de la iniciativa que ahorita comentamos.
En la Constitución General de la República, se establece con precisión, que los tratados internacionales deberán ser aprobados por el Senado de la República, independientemente de que como lo hemos señalado y fundamentado en el caso de tratados como el Tratado de Libre Comercio, que afectan disposiciones constitucionales y ordinarias que son competencia de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que por lo tanto debía ser discutido y aprobado por ambas cámaras del Congreso.
En el caso que nos ocupa, se violenta el orden jurídico nacional, al pretender entrar a la discusión y aprobación en su caso, de leyes ordinarias cuya viabilidad, contenido y objetivos, se encuentran sujetos a un tratado internacional que no ha sido aprobado por el Senado de la República y esto es un principio básico de la teoría constitucional. Y desde luego, un principio fundamental para preservar el estado de derecho y la vigencia del orden jurídico en nuestro país.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a su consideración el siguiente punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior. El punto de acuerdo es Único: Que las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio y Energéticos, suspendan la discusión y elaboración de los dictámenes correspondientes a la iniciativa de Ley de Competencia Económica y a la iniciativa de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hasta en tanto se apruebe en términos constitucionales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el cual se encuentran vinculadas dichas iniciativas de Ley. Dejo la propuesta para su discusión, aquí en la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Para el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Antonio Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Con el permiso de la Presidencia.
Partiendo del principio de que lo aquí expresado por el señor diputado Alejandro Encinas está sustentado en la buena fe, tenemos que reconocer que su argumentación parecería irrefutable, pero no es así. Nos parece, por el contrario, que tenemos elementos sobrados para demostrar exactamente lo contrario.
Nosotros pensamos que el proceso legislativo en que se encuentra inmersa nuestra Cámara y la colegisladora, Cámara de Senadores, forman parte de un proyecto de modernización nacional que considera, para empezar, la reforma del Estado y que considera, por supuesto, el proceso de economía global en que esta inmerso nuestro país.
No podemos suponer de manera subjetiva, que haya un vínculo preciso entre iniciativas de Ley, que nada tienen qué ver con el texto del tratado, y un proceso de carácter diplomático que como bien él ha dicho, apenas está desarrollándose.
Nosotros pensamos que es deber nuestro continuar el proceso de modernización de nuestras normas, porque es el único camino para darle viabilidad al proyecto nacional de nuestro país.
Queremos decir que hay aquí minutas del Senado que estamos discutiendo con mucha racionalidad y con mucha profundidad, con mucho profesionalismo de todas las fracciones parlamentarias, y por supuesto, después de un largo período de debates en comisiones y en el seno mismo de esta plenaria.
Por tal virtud, compañeros diputados, de manera muy respetuosa, yo quiero invitarles a reconsiderar el punto de acuerdo propuesto y rechazarlo, porque éste es el momento más oportuno para darle viabilidad a la modernización de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para el mismo objeto, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna para sumarme a la propuesta que ha hecho el diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.
Consideramos que se está tratando de legislar en el contexto de una rama industrial considerada
por la Constitución, como rama estratégica, como es la producción, generación y distribución de energía eléctrica. Se trata de una legislación que si el Congreso de la Unión no la revisa a fondo, no la examina con cuidado, puede generarse una grave vulneración a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, que le otorgan al Estado la exclusividad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Cuando en la LII Legislatura aprobamos las reformas al artículo 28 de la Carta Magna e incluimos la generación de energía como una rama estratégica.
En el cuerpo del dictamen de esta reforma se consideró que no podía haber inversión de capital privado nacional, ni mucho menos extranjero. La palabra "estratégica" tiene exactamente esa connotación. Se trata de una rama que por su importancia en la economía nacional en el funcionamiento de la industria, es exclusiva, subrayó la palabra exclusiva de la inversión estatal.
Si no puede haber inversión privada en las áreas estratégicas, inversión privada nacional, mucho menos puede haber inversión privada extranjera, porque sería vulnerar la esencia de lo que es una empresa estratégica para la nación.
Por esta razón, es que nosotros rechazamos la parte relativa al Tratado de Libre Comercio sobre energía eléctrica, porque posibilitaba la creación de sistemas alternos, de sistemas paralelos, a la Comisión Federal de Electricidad y vulneraba su esencia de compañía estatal única en el sector. Y por esta razón también consideramos que el Congreso de la Unión debiera aplazar, para el próximo período de sesiones, una reforma a la Ley de la materia, y por lo tanto secundamos la propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente.
Yo quisiera no entrar al debate que plantea el diputado Nemi Dib. No estamos discutiendo un aspecto estrictamente de procedimiento en cuanto si se discute con oportunidad y con detenimiento las iniciativas en este momento. Creo que efectivamente las fracciones parlamentarias, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que ante la carga legislativa tan grande que tenemos, estemos desahogando prácticamente, en promedio, una iniciativa de Ley por día. El problema creo que es otro y creo es el problema de fondo.
Estamos señalando que las propuestas contenidas en dos iniciativas del Ejecutivo, tanto la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica como la de Competencia Económica, se están planteando o elevando a rango de Ley, a norma jurídica, puntos de acuerdo inicializados apenas en el Tratado de Libre Comercio.
Y desde nuestro punto de vista, debíamos respetar los tiempos políticos para la aprobación del tratado, donde el Senado de la República, independientemente de lo que suceda en los congresos de Canadá y Estados Unidos, pueda desahogar el análisis y finalmente la aprobación del tratado.
Para que una vez que sea elevado a rango de Ley el tratado, dadas las facultades y las características de éste, en el Senado de la República, podamos entrar a la revisión de la legislación reglamentaria.
Porque hay otra probabilidad también, y eso está en el debate público de todos los días, en torno a la posibilidad de que en algunos aspectos del tratado puedan renegociarse. Y que los tiempos políticos establecidos se amplíen inclusive más allá de enero de 1994, para la implementación del tratado.
Entonces, simple y sencillamente estamos planteando la discusión en los términos de posponer el dictamen de la minuta del Senado sobre Energía Eléctrica y de la iniciativa de la Ley de Competencia Económica, hasta en tanto no se suscriba el tratado. Y ya suscrito éste, y conociendo con exactitud los términos de suscripción, entonces si, esta Cámara de Diputados dictamine en torno a esas propuestas.
Pero para qué anticipar algo que todavía no está concretado con la firma de los congresos de los tres gobiernos.
Esa es la propuesta y en torno a eso, sí nos gustaría discutir con ustedes. Muchas Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba o se desecha el punto de acuerdo propuesto por el ciudadano...
El diputado José María Téllez Rincón (desde su curul): - ¡Para hechos!
El Presidente: - Para rectificar hechos, compañero.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Se ha venido manejando lo de la industria eléctrica con una rapidez, que no hemos entendido. Creo que este capítulo necesita tratarse con mayor detenimiento por toda la Cámara.
En las comisiones que están llevando esto, hemos tenido que diferir porque estamos viendo el nuevo trato que se quiere dar a esta Ley. No podemos aceptarlo por una convicción personal.
Nosotros que fuimos los iniciadores de la nacionalización en nuestro país, luchamos mucho por ello, lo decía ya aquí en una vez pasada, y dimos nuestras contrataciones colectivas para obtener la nacionalización, que todos los obreros del país vieron con mucho agrado.
Ahora nos encontramos con que esta nueva Ley permite a los extranjeros venir a establecerse en el país para poder generar y distribuir la energía eléctrica. Esto nos preocupa, porque sentimos que en la ambigüedad que priva en esta propuesta, está la venta de nuestras empresas, las cuales hemos tenido por mucho tiempo y han sido de beneficio para la nación.
Pediríamos aquí que se ponga a consideración lo propuesto por el diputado Encinas y que nos hicieran el favor, todos ustedes, de entender que es un problema muy serio, que no se puede tratar con tanta rapidez, para que lleguemos al mejor acuerdo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba o desecha el punto de acuerdo propuesto por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El secretario diputado Salvador Juárez García: - En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta o se desecha el punto de acuerdo propuesto por el diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para hacer una excitativa.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Estamos a unos días de que se dé un paso más para que sea ratificado el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Y desde que se inició este proceso, hemos tenido aquí diversas opiniones en torno a si esta Cámara de Diputados tiene o no facultades para intervenir frente a este hecho que se desarrolla en este momento y que es de gran trascendencia, no sólo para el presente, sino para el futuro de nuestra patria.
En torno a esta cuestión, se han planteado dos puntos de vista: unos, que apoyándose en el artículo 133 de la Constitución, señalan que compete exclusivamente al Senado de la República la ratificación de los tratados que suscriba nuestro país; y otros hemos afirmado, fundados en el artículo 131 constitucional, "que siendo facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir los motivos de seguridad o de policía, la circulación y entrada a la República de toda clase de efectos, cualesquiera que sea su procedencia" y también que "el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso; consideramos que en este terreno, en este tratado específico, ambas cámaras deben participar en su ratificación, tanto la Cámara de Senadores, por la facultad expresa el artículo 133, como también la Cámara de Diputados, por la facultad también que le asigna el artículo 131 constitucional.
Pero como esto ha sido motivo de controversia y esto ha impedido en la práctica que como Cámara de Diputados participemos activamente en diversas etapas del proceso, del conocimiento, de los avances, de los trabajos de este tratado, y que hayamos tenido solamente la posibilidad de acudir en carácter de invitados a algunas de estas reuniones, nuestro grupo parlamentario, a través de nuestro coordinador, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo presentó en la Comisión Permanente una iniciativa de reformas a la Constitución, con objeto de que se señale expresamente que ambas cámaras tendrán la facultad de participar en la ratificación de los tratados.
De esto han pasado ya varios meses y nosotros queremos entonces, fundados en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, solicitar
al Presidente de la Mesa Directiva se sirva hacer una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que, como lo marca el mencionado artículo del reglamento, esta Comisión presente dictamen de la iniciativa de reformas a los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que presentamos en aquella ocasión. Pensamos que esto es indispensable en este momento que sería lo más digno para este Poder Legislativo para el Congreso de la Unión, que ambas cámaras participemos en este proceso de ratificación del tratado para que todas las fuerzas políticas del país que estamos representadas en estos órganos tengamos la posibilidad de expresar nuestra opinión y nuestro punto de vista. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En los términos solicitados por el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, esta Presidencia respetuosamente hace la excitativa reglamentaria a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
* LEY DE INGRESOS DEL
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 1993
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1993.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de Segunda lectura.
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 16 del día 9 de diciembre de 1992.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que los grupos parlamentarios acordaron que la discusión del proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal se realice en lo general y en lo particular y la votación nominal en lo general y en lo particular se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los grupos parlamentarios.
La secretaría Layda Elena Sansores San Román:
- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los grupos parlamentarios.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo.
El Presidente: - Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la diputada Victoria Reyes Reyes fundamente el dictamen.
Tiene la palabra por tales motivos, la diputada Victoria Reyes Reyes.
La diputada Victoria Reyes Reyes: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
He solicitado el uso de la palabra, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para fundamentar el dictamen que sobre la Ley de Ingresos, presentara el Ejecutivo Federal a esta honorable Cámara.
En el marco de la fundamentación del mismo, deseo resaltar el trabajo concertado que hemos venido realizando los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que integramos la Comisión del Distrito Federal.
De esta manera especial, quiero destacar el trabajo profesional, dedicado y entusiasta de la subcomisión que preside el compañero diputado Gilberto Rincón Gallardo, cuya experiencia parlamentaria, talento político y capacidad profesional, dio dentro del contexto de la pluralidad ideológica y la madurez política, el dictamen a discusión.
Con gran responsabilidad, empeño e interés, los diferentes partidos políticos representados por los diputados, nos incorporamos a dicha subcomisión, intercambiamos ideas, puntos de vista y observaciones diversas en múltiples reuniones con senadores de la República, expertos en esta materia, y con servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, involucrados en la tarea cotidiana a fin de que el dictamen se enriqueciera de manera objetiva y centrada.
Independientemente de las controversias y distintas ópticas propias de la pluralidad política, de los tiempos modernos, lo cual indiscutiblemente fortalece el principio de la democracia, hemos logrado consensos significativos en el dictamen de referencia.
Hechas estas justas precisiones, con el permiso de esta honorable Asamblea, pasaré a referirme a los aspectos más importantes y sobresalientes del dictamen.
Para 1993, se ha planteado para sufragar los gastos del Distrito Federal, un presupuesto de ingresos que asciende a poco más de 14 mil millones y medio de nuevos pesos, a partir de ahora me referiré únicamente a nuevos pesos, lo cual significa un incremento en relación al del año en curso, de aproximadamente el 13%.
Este monto, nos da una idea del significativo esfuerzo que se tendrá que desplegar para cubrir las crecientes necesidades de una sociedad en pleno desarrollo, como la de la ciudad de México.
Lo anterior adquiere especial importancia, sobre todo si consideramos que la Hacienda Pública capitalina, financia hoy con el presupuesto propio de todos los ciudadanos del Distrito Federal, el gasto de la entidad, sin recurrir a subsidios federales ni al comprometedor endeudamiento.
Es esencial para comprender en su justa dimensión este presupuesto de ingresos, que analicemos por una parte , las participaciones en ingresos federales, y por la otra, los ingresos propios; tanto del sector central como del descentralizado.
De acuerdo con la iniciativa presentada, los ingresos por participaciones serán de 5 mil 784.8, millones de nuevos pesos, en tanto que los ingresos propios ascenderán a 6 mil 737.8. Sobre este particular debemos mencionar que aun cuando el monto absoluto de las participaciones se ha visto incrementado como un reflejo de las políticas financieras del Gobierno Federal, la tasa anual ha experimentado un decremento.
Por el efecto del coeficiente de participaciones, de ahí que su crecimiento con respecto de 1992, sea de sólo 10%.
Dentro de este contexto, podemos señalar que dentro de los ingresos propios, destacan por su importancia, los impuestos que suman 3 mil 190 millones de nuevos pesos, los derechos con 1 mil 469 millones, los productos con 1 mil 537 millones, y los aprovechamientos, con 136 millones, ingresos propios que, en su conjunto, representan un incremento de casi el 16% en relación con los aprobados en 1992.
Para 1993, la iniciativa dictaminada incluye transferencias del Gobierno Federal por sólo 200 millones de nuevos pesos, los cuales se destinarán en forma exclusiva para apoyar diversos programas de Solidaridad en el Distrito Federal.
En lo que se refiere a financiamiento, el Departamento del Distrito Federal, continuará percibiendo créditos, cuyos términos y condiciones son verdaderamente favorables, tanto de los gobiernos de Francia como de Japón, a fin de sufragar los gastos del metro y programas de reforestación respectivamente.
Muy importante de señalar, es que el déficit financiero del Departamento para el próximo Ejercicio Fiscal, corresponderá en exactitud al endeudamiento del año, lo que significa que solamente dos centavos de cada peso de gasto, provendrían de endeudamiento.
Por lo anterior, se estima que la iniciativa en cuestión, marca la continuidad y fortalecimiento del proceso de saneamiento financiero que el Departamento del Distrito Federal, iniciara en 1988 y cuyos resultados a la fecha permiten sufragar, con recursos derivados de las contribuciones aportadas por la comunidad capitalina, un 45% del Gasto Público, que sumado a los ingresos percibidos a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, permiten cubrir el 98% de las erogaciones totales del Departamento.
Este logro de que la población capitalina sufrague completamente sus propios gastos es, indudablemente, motivo de satisfacción, ya que propicia una relación más justa entre el Distrito Federal y el resto de las entidades federativas, al dejar de ser la ciudad capital una ciudad subsidiada.
Lo anterior implica que el mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México, es posible alcanzarlo con la participación ciudadana, pero no sólo con el pago de sus
contribuciones, sino con una mayor injerencia en las decisiones del Gobierno y la administración , respecto al destino y aplicación de las mismas.
En tal virtud, el manejo honesto, transparente y racional de la Hacienda Pública, al igual que la atención de las necesidades planteadas y el eficiente funcionamiento de las obras y servicios públicos, deben constituir los objetivos fundamentales del Gobierno y la administración del Distrito Federal, en reciprocidad a esa contribución y participación ciudadana.
De igual modo, la autosuficiencia lograda por primera vez en muchos años en la historia del Departamento del Distrito Federal, se debe sustentar también tanto en una mayor eficiencia administrativa, como en un incremento sustancial de la actividad económica de esta entidad.
Es indiscutible que en los años por venir, el Distrito Federal seguirá exigiendo, para fomentar su desarrollo y crecimiento, finanzas públicas sanas y estables. Por ello, no sólo para conservar sino para elevar sistemáticamente la calidad y cantidad de los servicios públicos, se tendrá que dar prioridad a la inversión pública y buscar nuevos esquemas de financiamiento que, sin recurrir al empréstito, permitan reforzar los ingresos y recursos de la capital de la República. Sin embargo, y es necesario dejarlo bien claro, lo anterior no significa, de ninguna manera, elevar el costo de los servicios indiscriminadamente, sino proporcionar a la ciudad de México, servicios suficientes, continuos y de mejor calidad, a un precio justo y razonable.
El revaluar el costo de los servicios no debe entenderse como un aumento general de los mismos, sino como un ajuste selectivo sustentado en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, que incluso en algunos casos se traduzcan en una disminución de las cuotas, fortaleciendo de esta manera el principio de que quien más tenga, que más pague.
Muy importante es destacar en este dictamen, la disminución de más de tres puntos porcentuales en el factor de ajuste de las contribuciones, ya que esta medida que según compromiso del Departamento del Distrito Federal no afectará el presupuesto de egresos necesario para cubrir las legítimas demandas ciudadanas, implica un compromiso determinante de las autoridades fiscales para redoblar sus esfuerzos de productividad y eficiencia, a fin de compensar el ingreso respectivo.
En vista de lo anterior, la Comisión ha recomendado que dicho esfuerzo se concentre en contribuciones muy precisas y determinadas, y en uso de las facultades que la Constitución le otorga, esta soberanía estará atenta de que dichas recomendaciones se atiendan.
En conclusión, podemos señalar que las obras y servicios que se requieren para la buena marcha de nuestra ciudad, representan un reto de tal magnitud, que sólo con la participación seria, responsable y decidida de sus habitantes, así como el de las fuerzas políticas comprometidas con la ciudad, se podrá enfrentar.
Debemos reconocer que a lo largo de la presente administración se ha avanzado sobre bases más firmes, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo debemos señalar que la ciudad plantea requerimientos superiores a las metas alcanzadas. Decir que nada se ha hecho, es faltar a la verdad; decir que todo se ha hecho, es un falso triunfalismo; de ahí que todos, Gobierno ciudadanos y representantes populares, debemos seguir luchando por la autosuficiencia financiera de la ciudad de México, ya que esto es un factor decisivo para hacer de nuestro Distrito Federal una entidad más justa más equitativa en beneficio de los millones de mexicanos que en ella habitamos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados oradores: Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Oceguera Galván, del Frente Cardenista; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Victor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, y Amado Treviño Abatte, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados:
El día de ayer la Prensa nacional informó de la resolución para aumentar los salarios mínimos en un 7%. Esto tiene mucho qué ver con la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, porque el aumento de los impuestos para el año próximo es del orden del 9.9%, el 10% en términos redondos.
Se consideró en esta Cámara el nivel inflacionario del año próximo, calculado para diciembre del año próximo, que se piensa en términos
optimistas que será de un dígito, pero nadie puede saber realmente si esta meta se alcanzará, y no la meta de inflación anualizada de este año que será del 13%.
Si tomamos en cuenta que el salario mínimo fue elevado en un 7% el día de ayer, y la tasa anualizada de la Ley de Ingresos del Departamento es casi del 10%, vemos que se trata de una burla sangrienta a los trabajadores, a los empleados, a quienes viven el la ciudad de México, porque el nivel impositivo del año próximo será, en el mejor de los casos, tres puntos por encima del aumento de salarios acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Ese solo hecho, esa tremenda injusticia, sería más que suficiente para rechazar en forma categórica la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal. Aquí hubo el compromiso, que ahora se viola, de que la tasa anualizada del aumento de los ingresos del Departamento del Distrito Federal, sería compatible con el nivel inflacionario, sobre todo por una petición que hizo la diputación obrera de esta Cámara. Pero eso no se cumplió, porque el día de ayer se aprueba un incremento que está muy por debajo de la tasa anualizada de impuestos y derechos, contribuciones, que contiene la Ley de Ingresos.
Esto lo queremos señalar, porque se está demostrando que aquel planteamiento de que los impuestos se ligarían a la tasa inflacionaria, no fue cumplido por las autoridades, no está siendo cumplido por este Poder Legislativo en el dictamen, y una vez más, una vez más como en el pasado, los impuestos suben muy por encima de la tasa inflacionaria esperada.
¿Por qué decimos que esperada? Porque casi nunca se cumple la tasa inflacionaria esperada. Siempre, cada año, el Gobierno fija un nivel inflacionario y hace sus cálculos en función de ese nivel inflacionario, pero siempre, por lo menos en los últimos años, la tasa inflacionaria supera a las expectativas de crecimiento de la inflación, de tal manera de que si se espera una tasa anualizada de la inflación de un dígito, dentro de un año en esta Cámara podemos valorar que una vez más no de cumplió el objetivo, y en cambio sí los impuestos se elevaron muy por encima de la tasa inflacionaria esperada, y más aún de la que se registra en la economía nacional.
Esto lo decimos tomando como válidos los datos oficiales, que han sido muy impugnados por distintas dependencias e instituciones. Pero aun sobre la base de resultados oficiales, el aumento que observa la Ley de Ingresos del Departamento es totalmente injusto y desproporcionado, porque el 20% de la población de la ciudad de México percibe un salario mínimo, el 40% más de uno y hasta dos salarios mínimos; el 15% más de dos y hasta tres salarios mínimos, y el 25% percibe más de tres salarios mínimos. Sólo el 2% de la población, en la ciudad de México, tiene ingresos superiores a 300 millones anuales.
De tal manera que, la Ley de Ingresos debiera ser rechazada en su esencia por esta Cámara, dado que no toma en cuenta la estratificación social en la capital de la República, dado que hace caso omiso de las percepciones salariales como lo mencionaremos un poco más adelante.
La tendencia es a encarecer la vida de la ciudad de México; la tendencia es a gravar los servicios; a elevar los costos de la vida en la capital de la República, pero ni la calidad de los servicios se ha mejorado ni la oferta de los servicios públicos se ha incrementado, en función del encarecimiento de la vivienda.
La política que aplica el Gobierno de la ciudad de México, es una política de expulsión, de expulsión de masas de trabajadores de la ciudad a la periferia, masas de trabajadores que ya no pueden pagar más impuestos, que ya no pueden soportar los niveles inflacionarios y que se ven obligados a salir del Distrito Federal; son expulsados por la política económica recaudatoria de este Gobierno.
Nos encontramos con que, mientras el crecimiento de la ciudad de México, según datos oficiales, decrece en un 6%, la población de Ecatepec aumenta en un 55%; la de Cuautitlán Izcalli un 88%; la de Atizapán de Zaragoza un 56%; la de Chalco un 261%; la de Chimalhuacán un 290%; la de Coacalco un 56%; la de Ixtapaluca un 76%; la de Huixquilucan un 69%.
Hay entonces, un fenómeno de redistribución de la población debida a que la recaudación se basa ya fundamentalmente en ingresos propios y eso se presenta como un triunfo de la gestión del actual Gobierno capitalino.
Pero debemos señalar que el tesorero del Departamento del Distrito, en su comparencia ante la Asamblea de Representantes, tuvo la sinceridad para afirmar que las finanzas públicas del Departamento del Distrito en su comparencia ante la Asamblea de Representantes, tuvo la sinceridad para afirmar que las finanzas públicas del Departamento del Distrito Federal no tenían superávit, como algunos han pretendido presentar, sino tenía un déficit de aproximadamente
el 2% , como resultado de un sobreendeudamiento que tiene el Gobierno de la ciudad.
Y prácticamente para el año próximo no habrá superávit en el Gobierno capitalino, sino más bien habrá un déficit mayor.
Pero lo que nos importa es ver cómo el Gobierno de la ciudad viola las leyes que aprueba el Congreso de la Unión, ante la falta de mecanismos que nos permitan valorar en la práctica las leyes que aquí aprobamos, el Gobierno de la ciudad viola las leyes que aprueba la Cámara de Diputados.
El artículo 15 del decreto aprobatorio de la Ley de Ingresos del año pasado establece que ningún programa prioritario de la ciudad de México puede bajar en su monto, en su volumen, y en que si hay ahorros o no hay inversiones en los programas prioritarios, pasa de esos excedentes de un programa prioritario a otro programa prioritario, pero nunca se tiende hacia la baja en los programas prioritarios.
Queremos denunciar que el Gobierno capitalino viola el decreto del Congreso de la Unión con las siguientes cifras:
La Cámara de Diputados aprobó una partida para transporte de 2 billones 114 mil millones de pesos y hay una baja a 2 billones 069mil 436 millones de pesos.
En ecología, la Cámara aprobó un presupuesto de 1 billón 172 mil 754 millones y bajaron a 1 billón 148 mil 120 millones de pesos.
En vivienda, que fue otro programa prioritario, esta Cámara aprobó gasto de 216 mil 714 millones y bajaron el presupuesto, sin ninguna autorización del Congreso, a 210 mil 211 millones.
En otro programa prioritario que fue producción primaria, esta Cámara aprobó un presupuesto de 16 mil 474 millones de pesos y lo disminuyeron a 15 mil 420 millones de pesos.
Esto quiere decir que la facultad que tiene la Cámara de Diputados en esta materia es más bien simbólica que real. Esto quiere decir que este debate ya no debiera darse en la Cámara de Diputados, sino debiera darse en la Asamblea de Representantes, que es el órgano que con mayor seriedad, con mayor profesionalismo podría evaluar el cumplimiento de las leyes que aquí aprueba la Cámara de Diputados.
Se habla de la proporcionalidad en el impuesto predial y se dice que el 70% del impuesto predial es recaudado por el 10% de las cuentas y que el 10% de ellas del consumo de agua representa el 50% de la recaudación. Cualquiera diría que hay una justa proporcionalidad, porque se afirma que las residencias más bajas pagarán el 25% del valor comercial y las de más alto precio, las que cuestan más de 500 millones, pagarán el 62%.
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que para los estratos de más altos ingresos, el pago del impuesto predial, aunque proporcionalmente en términos monetarios es más bajo, representa una erogación que no tiene importancia.
Una persona que tiene altos ingresos, que en la ciudad de México percibe anualmente 300 millones de pesos, no le representa ningún gravamen importante el pago del impuestos predial por su vivienda, aun en el caso de que esta vivienda se gravara con la tasa más alta, del .62%.
Pero en cambio, aquellos trabajadores que están entre un salario mínimo y dos o tres salarios mínimos, que forman parte de la mayoría de la población, aunque la tasa del predial es nominalmente más baja porque su residencia es más pobre, implica para ellos un egreso más considerable dado el nivel de ingreso general que tiene esa familia.
De tal manera que no basta el gravamen de la vivienda, sino que hay que tomar en cuenta el ingreso real de quienes habitan en esa vivienda. Como podemos comprobarlo, muy fácilmente, los ingresos en la ciudad de México son totalmente dispares y diferentes entre sí.
Quisiera referirme a dos gravámenes que ahora van a ser objeto de aprobación por esta Cámara, uno de ellos se refiere al 1% que se pagará por concepto de la compra de vehículos usados. Este impuesto lo pagará el comprador del vehículo. Se afirma que no hay problema, que apenas es el 1%, que no debemos preocuparnos, que es una cantidad insignificante.
Pero el año próximo los sistemas de verificación anticontaminante serán más rigurosos y cada vez lo serán más. De tal forma que el Gobierno de la ciudad de México anuncia que el 40% de los aproximadamente 3 millones de vehículos que circulan en la ciudad de México, no pasarán el año próximo el sistema de verificación anticontaminante, ya desde ahora están pronosticando que el 40% no pasará este examen por la rigidez que tendrá a partir del año próximo.
En la ciudad de México hay aproximadamente 3 millones de vehículos registrados, la mitad tiene una antigüedad menor de 10 años y se considera
que el 35 % de estos vehículos tienen una antigüedad mayor de 10 años.
La tendencia es a que en la ciudad de México sólo circulen automóviles nuevos, la tendencia es en función de la expansión de la industria automotriz a que sólo puedan circular en la capital de la República automóviles del año correspondiente, y la tendencia es a ir sacando de la circulación vehículos usados, incluso de un año anterior.
Pero no se ofrece ninguna alternativa en lo que se refiere al transporte público. Muy bien. Un trabajador puede prescindir de su automóvil usado porque le van a gravar cada vez más y no va a poder circular , pero ¿en dónde están las alternativas para ese trabajador para que se use el transporte público? Si vemos nosotros que mientras Ruta 100 demanda 8 mil unidades, sólo están circulando 2 mil 500 unidades; trolebuses requiere 1 mil 500 unidades y sólo están circulando 300 unidades.
A nivel general, a nivel proporcional, el sistema concesionario privado, está movilizando en este momento, a más del 50% de los viajes persona - día y el transporte público ha pasado a jugar un plano secundario, subsidiario respecto del transporte privado. La tendencia es a que aumente el transporte privado concesionado y a que disminuya paulatinamente el transporte público.
Nosotros nos preguntamos: la ciudad de México tiene un grave problema de contaminación, pero lo que está alentando, es el aumento del número de vehículos en dónde está la compatibilidad entre el combate al ozono, al bióxido de carbono por un lado, y que por el otro al alentar al uso de los automóviles nuevos. Encontramos una grave contradicción, porque el 75% de las partículas contaminantes del ozono, son generadas por éstos casi 3 millones de vehículos; y aunque son vehículos que serán nuevos y que sólo podrá comprar una minoría, tienen un cierto grado de contaminación ambiental.
Por eso pensamos que este impuesto es profundamente lesivo para los trabajadores, no por el 1% no por el monto en sí mismo, sino por la tendencia que tiene esta política a que sea la ciudad de México una ciudad sólo de vehículos nuevos.
En seguida queremos comentar el derecho que se va a cobrar para la recolección de basura y para la descarga de drenaje. Se va a hacer un acto de justicia, porque según el licenciado Santiago Oñate Laborde, procurador de Defensa del Medio Ambiente, de 686 empresas verificadas por su procuraduría, la mitad mostraron graves irregularidades en la ciudad de México. Se clausuraron de ellas 259 empresas, clausura parcial; se aplicó clausura total a 16 y del total, sólo 168, presentaron ante la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, su estado industrial sin irregularidades graves.
El hecho es que las empresas se habían habituado a hacer las descargas de sus residuos, a la red de drenaje y de agua potable y hacer los depósitos de la basura industrial, porque 250 mil establecimientos generan el 50% de la basura industrial. Se cobrará 250 pesos por kilómetro de basura , si el particular lo lleva al centro de transferencia, sólo pagará 50 pesos; si lo lleva al sitio final, sólo pagará 25 pesos. Sin embargo, este impuesto sí lo consideramos nosotros valioso, sí lo consideramos válido, porque se repara una injusticia tributaria . Sin embargo, se trata de enfrentar este problema de la contaminación de la red de agua potable y de drenaje y de los mantos acuíferos, de una forma muy limitada, cobrando esas cantidades.
El hecho es que el nivel de los mantos acuíferos en la ciudad de México, desciende en forma alarmante cada año; el hecho es que en la ciudad de México no hay capacidad de recolección ni de procesamiento industrial de la basura.
El hecho es que la red de agua potable y de drenaje , es usada por casi todas las empresas, para hacer sus descargas de carácter industrial. Este impuesto sería en todo caso, apenas el principio, apenas una parte de la solución de este gravísimo problema que hay en nuestro país.
Por estas consideraciones , y básicamente porque respaldamos la actitud que asumió la diputación obrera en la Cámara de Diputados y porque respaldamos sus declaraciones en torno a esta burla sangrienta que implica el aumento al salario mínimo, es que votaremos en contra de la Ley de Ingresos, y pedimos a esta Cámara que rechace categóricamente esta Ley, sobre todo por que es regresiva, no solamente no es distributiva, sino porque es regresiva respecto de la riqueza en la capital de la República. Muchas gracias.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:-
Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Analizar el Presupuesto de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, en forma aislada, resulta un poco difícil; tiene mucho que ver con el Presupuesto de Egresos y con la reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Por eso posiblemente al hacer alguna referencia, invada espacios de una o de otra, pero procuraré fijarme lo más posible en lo que se refiere al presupuesto.
El presupuesto para este año contempla un 13% de incremento en relación al año anterior, que es prácticamente el equivalente a la inflación de este año. En este sentido pensamos que no hay, en términos globales, variaciones importantes, pero sí encontramos algunas variaciones importantes en términos particulares y algunas de ellas muy interesantes.
Sí quisiera precisar , de entrada, la posición del partido. Al igual que el año anterior, nosotros votaremos en contra del Presupuesto de Ingresos.
Sin embargo sí queremos también precisar algunos aspectos positivos del mismo y algunos aspectos a nuestro juicio, negativos.
Donde encontramos el cambio más importante es el aspecto del impuesto predial; el Presupuesto para 1993 implica un 35% más que para 1992.Y aquí pensamos que esto se está logrando en una buena parte , voy a decir en qué me parece correcto y en que no me parece correcto, por el camino adecuado.
La nueva propuesta contempla un incremento de la base del impuesto que era risible, equivaldría al 10% del valor comercial, y un disminución de las tasas. De continuar esta tendencia, podríamos llegar a tener un impuesto bastante justo, muy rentable y muy importante.
Nosotros pensamos que el impuesto predial, administrado adecuadamente, podría representar mucho más, pero muchísimo más, cerca del 10% que representa actualmente.
En este aspecto se contempla una reforma que nos parece muy positiva y que queremos reclamar para nosotros el mérito de la misma, porque hemos estado insistiendo desde el año pasado en ese punto.
No es una reforma total, no hemos llegado a un impuesto con base única de valor catastral, sino que incluso, desde el punto de vista técnico ahora tendríamos tres bases: valor catastral, valor renta dividido en dos: habitacional y no habitacional. Pero indudablemente que desde el punto de vista social nos estamos encontrando con una reforma muy positiva, que va a repercutir tanto en la oferta de vivienda de alquiler, como en el nivel de rentas.
De un 18.5% que se pagaba sobre la base de renta, se baja, en el caso de vivienda, a un 10.4% en el nivel mas alto. Creo que esto merece ser reconocido como un avance y sobre todo no tanto como un avance aquí de carácter legislativo, sino que vamos a encontrar a nivel de la ciudad una mejoría; evidentemente va a repercutir en una baja en el monto de las rentas y, sobre todo, en los sectores populares se van a ver directamente beneficiados.
En el caso de este impuesto en lo no habitacional, nos reservamos porque vamos a hacer una propuesta. No estamos de acuerdo con él, pero al menos esperamos que se conserve el mismo nivel que tenía el año pasado y esto requiere un cambio de carácter estrictamente aritmético, que haremos en su oportunidad.
En cuanto al impuesto sobre la adquisición de inmuebles, hay aquí una situación curiosa. Si consideramos los valores del año pasado, aumentamos la inflación y calculamos la proporción, de todas maneras vamos a encontrar un incremento mayor al que proporcionalmente correspondería. Esto se puede ver en dos factores.
El año pasado señalamos que había un manipuleo de los valores del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Que había un valor para impuesto predial y un valor para impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y esto creo que es importante señalar, y quería yo aquí hacer una cita de un personaje muy discutido de América Latina, que fue el general Juan Domingo Perón, presidente de Argentina.
El señaló en alguna ocasión "que no existe razón valedera para mantener el escándalo administrativo que significa valuar un bien de una manera a los efectos impositivos y con otro criterio para su adquisición por el Estado. La evaluación debe ser una sola y ajustada a la realidad, permitiendo la oportuna intervención del contribuyente".
Creo que este pensamiento, que cita el doctor Eduardo Magnu, un investigador en un tratado de valuación, es muy importante. No es lógico que existan diferentes valores para el mismo inmueble, debe de haber un solo valor.
Y en este sentido, creo que tanto la baja del impuesto predial como la baja del impuesto sobre
adquisición de inmuebles, pueden traer un efecto muy positivo sobre la economía de la ciudad.
Yo aquí quiero también citar a Arthur Laffer, de la Universidad de California que ejemplificó los efectos de los impuestos con una curva de carácter más pedagógico que científico. Y este establece que cuando el Estado aumenta los impuestos, no necesariamente se obtiene de ello un beneficio proporcional a la presión fiscal.
Todo aumento del impuesto lleva efectivamente a ciertos contribuyentes a disminuir su actividad, a otros a pasarse al mercado negro o a instalarse en la evasión fiscal, legal e ilegal.
En un caso límite, un impuesto del 100% reporta un 0% al Estado, ya que toda actividad privada se interrumpe.
Creo que este concepto de Laffer es muy interesante. Y ahora que estamos viendo una tendencia a la disminución real de los impuestos en materia inmobiliaria podemos pensar que va a haber una recuperación de esta actividad y un mayor desarrollo con mayores oportunidades para la ciudadanía.
Pasando a otros impuestos, y aquí sí tenemos reservas, aclaro que aunque me parece muy positiva la reforma en materia de impuesto predial, considero que la estructura es inadecuada y ahí es incompleta, que eso quede claro. Creo que es un avance, pero no a donde debemos llegar. La tendencia en impuesto sobre adquisición de inmuebles es, indudablemente, un avance muy positivo.
Tenemos otros aspectos, el aspecto del impuesto de nóminas, que seguimos teniendo dudas sobre su legalidad, ya que no nos parece que sea un impuesto que se adecúe a las normas constitucionales y que se ha convertido en el segundo ingreso, propio, del Departamento del Distrito Federal.
Tenemos el nuevo impuesto de adquisición de vehículos usados, que no tiene realmente ninguna trascendencia fiscal, representa el 22% del presupuesto, o sea, no tiene significado y no consideramos que sea un impuesto práctico, no pensamos que afecte en nada el problema de la contaminación y lo que si puede generar es un mercado de facturas endosadas en blanco, no tanto por no pagar el impuesto, que no deja de gravar a contribuyentes de escasos recursos, sino por no hacer los trámites que en alguna manera siempre resultan bastante engorrosos.
En relación a las contribuciones de mejoras, yo quisiera reflexionar un poco sobre este capítulo. Actualmente, a pesar ..., bueno, el año pasado nos dieron una explicación totalmente equivocada de este impuesto, pero actualmente que impuesto no ha tenido el desarrollo que puede tener. La razón es muy simple, se absorbe por parte del Estado el 50% de la obra; si esto, desde un punto de vista social, es muy adecuado, yo hago este razonamiento:
En algunas zonas de la ciudad no se requiere este subsidio del Estado y la solicitud de obras queda condicionada a que el Estado cuente con los recursos.
En otras zonas de la ciudad que se puedan requerir las obras, posiblemente los ciudadanos ni siquiera puedan pagar ese 50%. Aquí mi reflexión, pensando en otra época, en que estos funcionarios en forma muy positiva, sería que las contribuciones de mejoras se cobraran al 100%, para que la ciudadanía pudiera gestionar en cualquier lugar de la ciudad, sin condicionar al presupuesto estatal sus propias obras. Y que el subsidio estatal pudiera ser mayor en zonas o regiones de las ciudad donde los habitantes no cuentan con los recursos para cubrir este tipo de obras. Esto haría una situación mucho más ágil y además mucho más justa socialmente.
No hay razón de subsidiar obras en las zonas residenciales, y sí, además, puede haber mucho interés en desarrollar obras. Y no hay justicia condicionando las obras en zonas donde no hay ingresos suficientes, y, sin embargo, pueden ser muy necesarias.
Otra cosa que me llamó la atención, es que todavía se contempla con base cero el uso de áreas públicas, o sea, el cobro del espacio en áreas públicas, a pesar de que la tendencia es a dar por terminado con el problema del ambulantaje, lo cual se tendrá que hacer construyendo nuevos mercados, y de que la Suprema Corte de Justicia, negó la posibilidad de que se puedan adjudicar las áreas Públicas en uso exclusivo, todavía existe aquí la ilusión de que se puedan percibir algunos ingresos. Creo que este renglón ya deberíamos de suprimirlo.
Hay algunos otros temas como es el aspecto que ya señalé, del impuesto a la compraventa de autos usados, el problema de la descarga de drenaje que se refiere precisamente a pozos y que aquí lo conveniente en la Ciudad de México sería que no hubiera pozos, por ejemplo, más que cobrarle las descargas y el aspecto de los desechos sólidos que es un poco impreciso, se cobra no sólo por distancia sino por peso también en volumen y
la distancia que se transporta, pero en el caso de los desechos sólidos, el artículo es un poco impreciso, hay un tipo de desechos que no sólo no cobran por llevárselos, sino que incluso pagan por llevárselos, como es el caso del papel, y hay otros que requerirían, incluso de hecho se da cierta vigilancia adicional más allá de los fiscal, por su toxicidad, peligrosidad, por ser tóxicos, pero estos puntos ya que se refieren propiamente a la Ley de Hacienda y no quisiera yo extenderme más.
Reconocemos los avances que se han logrado en buena medida propuestos por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero seguimos estando en desacuerdo con la estructura de la Ley, motivo por el cual vamos a votar en contra; en relación a los puntos específicos los trataremos cuando se discuta la Ley de Hacienda. Muchas Gracias.(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván.
El diputado Jorge Oceguera Galván:- Con su permiso señor Presidente, compañeros diputadas y diputados:
Con la intervención que en este momento iniciamos ante esta fraternal soberanía, nos presentamos ante ustedes para referirnos hacia aspectos críticos y no críticos de esta Ley. La estrategia, objetivos y metas de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para 1993; en opinión de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista, continúa encadenada a una política de estabilización que ya rindió sus frutos. Se insiste por parte del Ejecutivo y autoridades del Departamento del Distrito Federal, en seguir aplicando una línea de política de ingresos que pospone el desarrollo y limita el crecimiento sano y sostenido para la ciudad capital del país.
Los objetivos de la política tributaria por ejemplo, privilegian el fortalecimiento de los ingresos de la Hacienda Pública del Distrito Federal, respecto a la conveniencia de generar un crecimiento del producto del empleo.
Sigue siendo más importante en los criterios del Ejecutivo Federal recaudar ingresos tributarios que proporcionar mejores situaciones para el desarrollo productivo de la ciudad. Los equilibrios fiscales resaltan los objetivos a privilegiar en los criterios que motivan la iniciativa, lo hacendario sobredetermina las cuestiones de desarrollo global, de esta manera las cuentas fiscales se han convertido en un verdadero fetiche, se ocultan o subestiman los problemas estructurales de esta ciudad.
En correspondencia con los objetivos de la política de gasto, propuestos por el Distrito Federal, se ajustan a los lineamientos de ingreso fiscal de una política económica poco imaginativa. El objetivo de la estabilización de precios sigue sobredeterminando a los demás, es decir, al ejercicio del gasto social, al gasto en infraestructura y a la generación de empleos. No hay creatividad en la política de estabilización de precios; se pretende seguir aplicando la misma receta cuando el diagnóstico ha cambiado.
Ahora que hay finanzas públicas relativamente sanas en la administración del Distrito Federal, se persiste en aplicar la misma prescripción antiinflacionaria, queremos demostrar esta afirmación.
Comparemos la situación hacendaria que se esboza para el Distrito Federal en 1993, respecto a la aprobada por los legisladores hace 10 años; confrontemos la participación de los principales rubros en el ingreso total del Gobierno de la ciudad de México.
En 1993, los impuestos representaban apenas el 4.7% de los ingresos totales; los que nos proponemos en efectivo para el próximo año, de aprobarse, significaría el 22%. De esa manera, encontramos que la porción de los impuestos ha crecido de manera significativa; se ha elevado en cuatro veces aproximadamente.
Si estimáramos los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos y accesorios de las contribuciones, encontraríamos una situación interesante; se contestará el enorme esfuerzo realizado por esta administración del Distrito Federal, para recaudar ingresos propios y sobre todo la participación de los ciudadanos del Distrito Federal, en particular de los contribuyentes.
En esto, para 1983, la suma de tales conceptos representaba apenas el 11.9%; en cambio, los propuestos para el año entrante, de ser aceptados, alcanzaría el 44.4%. La comparación resulta ilustrativa. Hoy existe una Hacienda Pública más autosuficiente en el Distrito Federal, si añadimos a los conceptos anteriores, es decir a los impuestos, productos, aprovechamientos, etcétera, la participación de ingresos federales, encontramos una situación similar.
Antes, en 1983, sumaban un 45.8%; para 1993, en cambio, significarían las tres cuartas partes de los ingresos públicos para el Distrito Federal. La contrapartida en estos avances hacendarios, se refleja en los cambios operados en los ingresos derivados de financiamientos.
Aquí nos percatamos de una mutación relevante. En 1983, representaba casi la mitad de los ingresos públicos del Distrito Federal. Los estimados para 1993, representarían escasamente un 3% del total. La diferencia es enorme.
Anteriormente las finanzas del Distrito Federal, estaban sujetas a la deuda pública, ahora se apoyan en recursos captados mediante la tributación.
En la iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, se nos dice que los ingresos fiscales, en 1993, no habrán de venir de incrementos generalizados a las cuotas, tasas o tarifas, sino de tres factores básicos. Se menciona en primer lugar, que habrá un ajuste automático a las contribuciones, resultante de las vejaciones que haya sufrido recientemente el índice de precios.
En segundo lugar, que la recaudación crecerá en respuesta a una mayor actividad económica en el Distrito Federal.
En tercer lugar, que se espera una mayor recaudación, como consecuencia de una mayor administración tributaria por parte del Gobierno capitalino, producto de avances acumulados en los pasados cuatro años.
Veamos la pertinencia de dichos factores, que habrán de permitir mayores ingresos al Departamento del Distrito Federal.
En primer lugar nuestra fracción parlamentaria se opone a que los ciudadanos del Distrito Federal y en particular a los trabajadores, a las capas medias, se les castigue con mayores impuestos. Consideramos que en los últimos cuatro años han realizado una aportación significativa; en segundo lugar el manejo financiero del Distrito Federal, pareciera estar a contrapelo con las prognosis del presupuesto nacional,cuando se apuesta a un mayor crecimiento en la entidad. Aquí se debe tener precaución.
Por último creemos que la mejor administración tributaria en el Distrito Federal, no debe ser el pretexto para el atraco al contribuyente, deben distinguirse entre el gran evasor, asesorado, contactado con los negociantes de la corrupción fiscal, y el causante que incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, ya sea por desconocimiento o por dificultades derivadas de la desaceleración económica.
Queremos insistir con los señalado en la presentación de los motivos de los presupuestos de Ingresos y Egresos del Distrito Federal, para 1993; esta administración ha logrado avances sobresalientes en materia financiera para la ciudad capital. Los números lo muestran de manera palmaria, pero en dicha comprobación , se exhibe paradójicamente los límites de la estrategia de estabilización. Reiterar en una política fiscal agresiva para el causante, puede tener efectos contraproducentes para la actividad económica;más impuestos inhiben el proceso productivo.
En materia de cultura tributaria, se ha avanzado en estos últimos cuatro años pero esto no se debe exagerar, aquí debe diseñarse una estrategia fiscal a largo plazo, no se trata tan sólo de cobrar más impuestos a más gente, proceder así deslegitima a la autoridad, incluso podría generar efectos contrarios a las metas de una mayor recaudación tributaria.
Debe buscarse con claridad el asunto fiscal respecto a lo productivo ¿Porque hay más crecimiento, se cobran más impuestos? En términos de lógica matemática al tributación es una variable dependiente del crecimiento económico, esto debe ser comprendido.
Desde hace tiempo hemos sostenido que la reforma fiscal debe combinarse con una estrategia productiva. Además, para la ciudad de México debe acompañarse a los objetivos al mejoramiento del ambiente. Insistimos, la estrategia fiscal tiene que ser clara, no basta cobrar impuestos a partir tan sólo de montos globales de ingresos.
En los criterios de la política fiscal tiene que diferenciarse además a los causantes, para apoyar a la productividad, redistribuir ingresos, mejorar bienestar social y castigar a la especulación; debe premiarse a quien contribuya a elevar la productividad, a quien lucha contra la contaminación y en contrapartida, debe cobrársele más a los grandes que contaminan y a las grandes fortunas derivadas de la especulación.
Estos son apenas algunos criterios de lo que debería ser la reforma fiscal en el Distrito Federal.
Ha quedado manifiesto que en sólo cuatro años se ha elevado el pago de las contribuciones de los capitalinos al gasto total. En 1988 representaba el 23% en cambio para 1992 significan casi la mitad. Con recursos propios y federales ahora se financian 98% de cada peso, cuando hace apenas cuatro años, la cifra era de 68 centavos. Está claro que en la finanzas actuales no gravitan ni los subsidios ni los endeudamientos externos, por eso es importante preguntarnos:
¿qué más se podría hacer en el terreno de las finanzas públicas a los contribuyentes?
Insistimos, los objetivos y las estrategias de la política tributaria y de gasto que nos propone el Ejecutivo Federal, refleja una prolongación con los aplicados en los últimos cuatro años. Hay obstinación en el propósito de la salud financiera de la hacienda pública para la ciudad capital del país. Nos preocupa que el pilar básico de este saneamiento siga siendo el contribuyente pero sobre todo que se hace tabla rasa del contribuyente, sin valorar seriamente sus aportes al desarrollo de la productividad, y al mejoramiento del ambiente.
Se requiere una reforma fiscal democrática para el desarrollo más equilibrado de nuestra ciudad. Los problemas del deterioro ambiental deben ser sufragados por quienes son más responsables y quienes más tienen.
Las finanzas públicas en el Distrito Federal, han conseguido adelantos significativos; su regulación no ha quedado a la zaga de los progresos observados a nivel nacional. Se han arreglado los que parecían problemas arraigados de la hacienda pública del Distrito Federal; han progresado. Por ejemplo, los ingresos propios han bajado el endeudamiento público y se depende menos de los subsidios de la Federación . Reiteramos lo dicho ante el propio Jefe del Departamento del Distrito Federal: tales logros indican capacidad en la administración pública. y paradógicamente exhiben el serio desfase democrático de la ciudad de México.
En el manejo de la cosa pública se observa talento financiero, en cambio en la transición democrática continua presentándose un Gobierno medroso, que no está a la altura de los reclamos de los ciudadanos.
La respuesta del Regente de esta ciudad, licenciado Camacho Solis, a la fracción parlamentaria de mi partido, en su última comparecencia en esta Cámara, respecto a los problemas de transporte, agua, drenaje, y vivienda en el Distrito Federal, reflejan una contradicción con los datos del IV Informe Presidencial. Tan esto es así, que él mismo lo reconoció como un problema de cifras que debe ser atendido por un equipo técnico. Esto quedo manifiesto al responder a nuestra crítica al respecto, del retraso del Departamento del Distrito Federal en materia de inversión e infraestructura.
No quisiéramos suponer que tras las discrepancias estadísticas pudiera haber otras diferencias entre el Departamento central y quienes elaboran los anexos del informe al Congreso. Consideramos que la estrategia de estabilización iniciada en 1988, ya tocó a fondo. El Estado, desde luego los trabajadores, aportaron sus meritorios esfuerzos a los fines de la estabilización de precios.
La Hacienda Pública del Distrito Federal no escapa a ello, por ello nos parece erróneo en que se insista en una visión de la inflación que no corresponde a la causas que la genera.
Ya no puede seguir culpándose al Gobierno por la inflación; no se dan un desequilibrio en la demanda efectiva, resultante de un gasto público incontrolado. Concretamente, en el Distrito Federal, como en pocas partes del país, existen fenómenos estructurales y condiciones oligopólicas de mercado que producen los niveles inflacionarios. No queremos decir que se reflejen irresponsablemente los controles regulatorios del gasto en el Distrito Federal y que se torne a viejas prácticas populistas.
Más bien queremos insistir en que el combate a la inflación en el Distrito Federal, tiene que proceder con otra receta porque el diagnóstico ya ha cambiado.
La salida a la inflación ya no se dará por prescripciones financieras, sino más bien con propuestas de cambio estructural; se deben enfrentar los cuellos de botella que impiden un crecimiento sano y sostenido. Por ejemplo, deben de fortalecerse el gasto del Departamento del Distrito Federal, la construcción de vivienda, tanto de alquiler como propia y de programas de abasto.
Es importante destacar la significativa respuesta del regente, ofrecida a nuestro partido, respecto a los límites de la estrategia de estabilización y a las razones particulares del fenómeno inflacionario en el Distrito Federal.
Esbozan razonamientos originales, un enfoque que se niega a ver el en el gasto público una causa obligada y aumento de precios.
Estamos de acuerdo con le licenciado Camacho Solis, en efecto, como dice: la realidad es más compleja.
Esto indica que dentro de poco tiempo tendremos que debatir de nuevo la Cuenta Pública, respecto a la conveniencia de revisar la política de estabilización y a tener que afrontar los rezagos en infraestructura y política social.
Este es un asunto de la mayor importancia y que seguramente deberá ser considerado en las
próximas estrategias y plataformas electorales para 1994. Insistimos, se requiere alguna reforma política integral en el Distrito Federal, una reforma que tenga como fin principal el colocar a los ciudadanos de esta entidad, en los actores beneficiarios de los cambios democráticos.
La salida a los grandes problemas del Distrito Federal, no se podrá dar de manera exclusiva; en los marcos de las finanzas públicas, desde luego, que tampoco se resolverán con una hacienda pública maltrecha.
En estos cuatro años se ha avanzado en cuestiones financieras y se han enunciado algunos puntos de los que podrían ser un acuerdo para la transición democrática en el Distrito Federal.
Con el fin de avanzar en tales horizontes, nuestra fracción parlamentaria considera necesario avanzar en una reforma política - integral para el Distrito Federal.
La línea de cambio democrático para el Distrito Federal que propone nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista, tiene como fundamentos históricos, ideológicos y constitucionales, atiende el reclamo colectivo de sus electores y de la mayoría de sus ciudadanos de esta región del país, que exige su transformación política en un nuevo Estado de la federación.
Por lo pronto la Asamblea de Representantes, debería de discutir y aprobar las cuestiones referidas al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Distrito Federal.
Sobre este particular debemos hoy pronunciarnos. Que la salud financiera pública se transforme en lozanía democrática para el Distrito Federal. Basta ya de cuentos neoporfirianos, que privilegian logros fiscales al estilo de Limantour.
Los ciudadanos del Distrito Federal, se reclaman la democracia que durante tanto tiempo se les ha venido escamoteando.
Los puntos fundamentales de la agenda cardenista para la reconstrucción democrática del Distrito Federal, los reiteramos de nueva cuenta, y son: la creación del Estado del Valle de México; la instalación de un Congreso Constituyente en el Estado del Valle de México; la transformación de las delegaciones políticas en municipios.
Después de hacer estas consideraciones, estas observaciones, nuestra fracción pone la balanza y a consideración de nuestra fracción, nos hemos dado cuenta que la balanza se ha ido hacia el lado derecho y que los beneficios que ha hecho el Gobierno del Distrito Federal son más que, los perjuicios o los avances.
Por lo cual nuestra fracción va a votar a favor.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:
- Señor Presidente, señoras y señores diputados:
En primer término, quiero agradecer los conceptos de la diputada que habló a nombre de la Comisión y corresponder reconociendo el trabajo que ha hecho la Comisión del Distrito Federal y las subcomisiones.
En primer término, hay que decir claramente que son dictámenes preparados en la Cámara, que no vinieron de fuera, que son proyectos que se trabajaron aquí y se recogieron las opiniones, se discutieron en distintas ocasiones, y creo que ha sido un trabajo particularmente importante para la comisiones de esta Cámara.
El Partido de la Revolución Democrática desde un principio advirtió que votaría en contra del proyecto de dictamen y de la Ley de Ingresos, por razones de fondo.
Para nosotros no era un problema de ajuste, de ajuste de cifras o de cambio de párrafos; es un problema de un rumbo político que resulta insalvable para el trabajo de una Comisión.
Con fundamento en los artículos 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión , el grupo parlamentario, del Partido de la Revolución Democrática, viene aquí a exponer ahora su voto particular en contra del dictamen elaborado por la Comisión del Distrito Federal, de la Quincuagésima Quinta Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, sobre la iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993, presentada por el Titular del Ejecutivo Federal.
La Iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1993, representa la continuación de la estrategia de política económica, a la que se ha apegado el Gobierno durante los últimos cuatro años. Una parte de la estrategia financiera seguida ha consistido en elevar rápidamente los ingresos propios del Departamento, distintos a las participaciones de ingresos federales, sobre la base de:
1o. Crecientes contribuciones que los habitantes de la entidad han tenido que entregar a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal; y
2o. Mayores pagos por los distintos servicios que ofrece el Departamento.
En efecto, en la misma Iniciativa de la Ley enviada por el Ejecutivo se resalta que, mientras en 1988 los capitalinos aportaban vía el pago de contribuciones el 23% de cada peso de gasto hoy aportan el 45%, cito textualmente.
La otra parte de la estrategia ha consistido en la reducción sensible tanto de los recursos que entregan al Departamento a través de las participaciones a estados y municipios derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, como de la disminución de otras transferencias del Gobierno Federal.
El dictamen reconoce que entre 1993 y 1988, el Distrito Federal recibió un promedio anual del 21% de participación en los impuestos federales asignables que sumado a la transferencias federales para los organismos del transporte, llegó a representar el 63% de los ingresos anuales, cito textualmente.
Es conocido que el efecto conjunto del relativo estancamiento de la población de la entidad con el continuado crecimiento de la población nacional, da como resultado una creciente disminución de los ingresos federales participables, los cuales en 1992 alcanzaron sólo el 16% y en 1993 alcanzarán cerca del 15% debido a la fórmula con la cual se asignan estos recursos.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha expresado reiteradamente su discrepancia con el rápido estrechamiento de los ingresos federales participables debido a que:
1o. El Departamento del Distrito Federal soporta diariamente al menos una parte de los insumos de servicios urbanos que demandan los capitalinos que no residen en la entidad, pero que se transportan, trabajaban, estudian, gestionan comercian, se divierten, etcétera, en la entidad, mientras que tienen sus residencias y pagan sus tributos en las zonas conurbadas, sobre todo del Estado de México; y
2o. Un porcentaje muy considerable de los ingresos tributarios captados por la Federación se generan en la propia entidad.
El Gobierno se ha empeñado en vincular el aumento de los ingresos propios del Departamento del Distrito Federal con una supuesta gestión gubernamental exitosa; para ello ha hecho del saneamiento de las finanzas públicas un fin de sí mismo, sin atender cabalmente las demandas ciudadanas de mejoramiento de la calidad de la vida urbana. Cuando en la propia iniciativa se señala que:
"Diariamente deben proporcionarse infraestructura urbana, servicios médicos, culturales, transporte, apoyo a la vialidad, protección, justicia y otros bienes y servicios públicos no sólo a los capitalinos sino también a la población flotante no contribuyente que ya suma varios millones.
Queda así pues atrapada entre líneas la visión oficial de la ciudad, la cual es contradictoria en términos urbanos y excluyentes en el ámbito social.
Independientemente de que esos millones de mexicanos que usan cotidianamente la ciudad son contribuyentes de la Federación, lo cierto es que la ausencia de políticas metropolitanas por parte del Gobierno y del Departamento del Distrito Federal, está generando mayores desigualdades y consolidación de una ciudad dual.
En la opinión oficial, la megalópolis no existe y sus habitantes por ende obtienen un trato distinto; ello explica el que los pobladores de la zona conurbada sean considerados visitantes de su propia ciudad.
Es cierto que los habitantes de la entidad han debido pagar cada vez mayores contribuciones, sin obtener mayores o mejores servicios a cambio de ello, ni siquiera han podido evitar que algunos de los aspectos más críticos de la vida de la ciudad vayan empeorándose progresivamente. Pero además, por esta visión de los visitantes, las implicaciones sociales y urbanas de una ciudad fracturada y dividida de manera deliberada, pueden ser altamente nocivas para la convivencia civil en el futuro inmediato.
El Gobierno tiene una política de ingresos y gasto dirigida a la ciudad actual lo cual implica la renuncia a la planeación urbana y al diseño de la ciudad del futuro. Lo peor es que pensar y actuar para la ciudad de hoy es una tarea gubernamental incompleta, no sólo por esa ruptura con la zona conurbada, también porque la atención a los principales conflictos urbanos se realiza de manera deficiente. Sirven de ejemplo las políticas para el mejoramiento del ambiente o las relacionadas con el transporte público.
Las dimensiones de la crisis ecológica del invierno anterior pusieron en evidencia la fragilidad de los programas oficiales. El Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica no resistió un estado de emergencia y las autoridades se vieron en la necesidad de definir parcialmente el programa.
No basta con incorporar al discurso oficial el concepto de desarrollo sustentable, tampoco el de integrar a la política de ingresos los llamados impuestos ecológicos, máxime cuando éstos últimos representan una parte mínima de la captación de recursos del Departamento del Distrito Federal.
Los cobros de derechos por descarga a la red de drenaje y por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos sólo abordan una pequeña parte de la problemática del agua y de la basura. Según la información brindada por las autoridades capitalinas a los miembros de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara, son alrededor de 300 pozos los explotados por particulares en su mayoría industriales.
El objetivo de largo plazo es lograr que ellos se conecten a la red hidráulica de la ciudad y que el Departamento del Distrito Federal mantenga el control de los pozos.
De cara a la grave crisis en el uso del agua, esta política inductiva se presenta como insuficiente y confirma que el uso, por una parte de particulares de un recurso vital para la sociedad, no ha sido útil ni racional.
En el caso de la recolección y recepción de residuos sólidos, se nos indicó que sería una actividad progresiva dirigida a empresas y centros comerciales.
El objetivo es el de obtener recursos para que las autoridades dediquen unidades de recolección de manera exclusiva, a dicha actividad, al mismo tiempo que incrementaría el número de unidades de recolección a domicilio.
Detrás de este buen propósito, queda abandonado el compromiso de que las empresas y centros comerciales deben de cumplir para reciclar y tratar la basura.
Los habitantes del Distrito Federal, pueden lamentarse de que llevan años aumentando los pagos reales de contribuciones a la hacienda del Distrito Federal, sin que a cambio de ello reciban una proporción correspondiente en cantidad o calidad, de los servicios proporcionados por el Departamento del Distrito Federal, que redunden en un mejoramiento de la calidad de vida de la capital. Incluso en algunos renglones sumamente importantes, los servicios públicos han decaído en número y calidad sin que, como era de esperarse, hayan sido sustituidos por la inversión privada nacional o extranjera, provocándose nuevas y muy serias dificultades a los capitalinos.
Respecto al decaimiento de algunos servicios proporcionados por el Departamento del Distrito Federal a la población capitalina, tenemos que en materia educativa, en el anexo estadístico del IV Informe del Ejecutivo se da cuenta de que, durante el actual sexenio se están construyendo actualmente, menos aulas que las que se edificaban en promedio durante el primer lustro de la década pasada.
Esto tanto para planteles de jardines de niños como escuelas primarias y secundarias.
Cuando compareció ante la Comisión del Distrito Federal el Regente de la Ciudad, se le hizo este planteamiento y él lo reconoció. La explicación que nos dio, fue que estaban poniendo mayor atención en los asuntos de la seguridad, en la construcción de escuelas, en la nueva construcción de escuelas. Y francamente la explicación es insatisfactoria, porque se pueden construir nuevas escuelas y desde luego que hay que tener en cuenta todos los sistemas de seguridad que requiere una zona sísmica como es el Distrito Federal.
En lo que se refiere a transporte urbano colectivo, durante el sexenio ha decaído la flota vehicular tanto de Ruta - 100 como de trolebuses respecto a la que prevalecía al principio del sexenio y los años previos. En efecto, la Ruta - 100 tiene circulando cerca de la mitad de las unidades que se registraron entre 1982 y 1989. Los trolebuses en circulación hoy, son apenas el 60% de los que daban servicio a la ciudadanía durante el sexenio pasado. Y si se nos dice , como ya se nos dijo que esta cifras no son ciertas, véase la página 476 del anexo del IV Informe presidencial, ahí están estas cifras. Tendencias similares se muestran en el número anual de pasajeros transportados. Sólo el Metro se ha seguido expandiendo. Pero aun el Metro, según las cifras de los anexos del IV Informe presidencial está transportando en promedio, menos pasajeros diarios respecto a 1988 y 1989.
En servicio urbanos y acciones ecológicas, perdónese la insistencia, pero no queremos que se nos desmientan estas cifras.
En servicios urbanos y acciones ecológicas, según el propio anexo del IV Informe, se puede sostener
que hoy pavimentan y bachean menos miles de kilómetros cuadrados que durante el primer lustro de la década pasada, y que hay menos jardines públicos y áreas verdes creados, y también que se han plantado muchos menos miles de árboles. En efecto, siempre según el anexo estadístico del IV Informe, mientras que se plantaron más de 12 millones de árboles cada año desde 1978, hasta 1984, en 1991 se plantaron apenas poco más de 3 millones.
En materia de captación de agua potable, la entidad se mantiene en niveles ligeramente menores que en 1986-1987. El número de potabilizadoras de agua, es el mismo desde el primer lustro de la década pasada, y el volumen de agua potabilizada, no ha aumentado significativamente.
La población beneficiada por regularización en 1992, va a ser 10 veces menor que aquella de 1987 y 20 veces menor que la de 1988. Pero también es menor respecto a la de cualquier año del sexenio anterior.
Hay una razón adicional para votar en contra del dictamen de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal; lo constituye el hecho de que la Cámara de Diputados ha venido legislando en materia sin contar con la información indispensable para efectuar una política adecuada; me refiero a que, para estudiar la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente al año fiscal de 1993, no se ha contado en tiempo, con la información básica requerida respecto al número de causantes en la entidad, desglosados por tipo de impuestos y los montos con que tributan, según los rangos en que se ubiquen.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha insistido en la necesidad de subsanar esta deficiencia en el trabajo legislativo, solicitando a las autoridades, y lo hicimos una vez más recientemente, a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, para que proporcionen la información requerida y la actualicen con regularidad. Ellos se comprometieron a hacerlo, y a la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara ha hecho suya esta demanda.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha planteado la necesidad de buscar formas alternativas de financiamiento de la ciudad, sin que esto represente mayores gravámenes para la mayor parte de sus habitantes, en especial, los de bajos ingresos.
Se tiene en cuenta aquí, que el 75% de los trabajadores de la entidad, perciben como máximo, tres salarios mínimos, con lo cual los aumentos en los costos del agua, el predial, los transportes públicos, entre otros, representan esfuerzos sumamente gravosos para la mayoría .
Ya la comisión ha reconocido la necesidad de moderar los aumentos a los derechos que se habían contemplado inicialmente, por un monto de 13%, disminuyéndose su alza a un máximo de 9.9%.
Sin embargo, para nosotros, nos sigue pareciendo muy oneroso, en vista del raquítico aumento al salario mínimo que estará vigente durante 1993, por un 7.7%, acordado apenas hace unos días por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Hemos planteado ya una iniciativa para incrementar los ingresos participables de la Federación, aumentando el porcentaje estipulado en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con cargo al proyecto del superávit fiscal planteado por el Ejecutivo para 1993, hasta la tasa del 20%, con lo cual estimamos que los ingresos del Distrito Federal podrían aumentarse en cerca de 500 mil millones de pesos actuales, 500 millones de nuevos pesos.
Todo esto hay que aunarlo a la cada vez más requerida reforma política al Distrito Federal.
No nos importa la reforma política al Distrito Federal sólo por el asunto electoral, sino queremos una reforma en la que dictámenes como éste y leyes como la de ingreso cuenten con una participación mucho más numerosa de la ciudadanía, para que ésta tenga efectos en la emisión de la Ley.
Para eso queremos también la reforma pendiente al Distrito Federal, que por cierto no fue lo suficientemente abordada , ni responde a los requerimientos ahí hechos, por parte del Regente de la ciudad.
Por las razones aquí expuestas, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en contra del dictamen de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el año fiscal de 1993.
Agradezco particularmente, la atención prestada.(Aplausos.)
El presidente:- Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:- Señor Presidente, señoras y señores congresistas:
De existir el año próximo una auténtica reforma política en el Distrito Federal, como decía Gilberto Rincón, posiblemente ésta sea la última legislatura que analice y discuta el Presupuesto de Ingresos del Distrito Federal y a la Ley de Hacienda de esta entidad federativa, ya que son temas que deberían ser abordados y discutidos por la Legislatura de esta ciudad capital. Pero mientras esto sucede, seguiremos aquí discutiendo estos temas de importancia toral para la ciudad de México.
La iniciativa de Ley de Ingresos y el dictamen que se discute contienen, desde el punto de vista de Acción Nacional, cuestiones con las que no estamos de acuerdo, mismas que nos llevan a razonar nuestro voto en contra por los siguientes argumentos:
A juicio de mí partido, la iniciativa de Ley de Ingresos y el propio dictamen que estamos discutiendo, contienen elementos inflacionarios que hemos estado impugnando desde 1990. Estos índices inflacionarios son los relativos a la indexación de los índices inflacionarios a las contribuciones.
La iniciativa de Ley de Ingresos establece que los ingresos fiscales de 1993 no habrán de venir de incrementos generalizados a las cuotas, tasas o tarifas del Distrito Federal, sino de tres factores fundamentalmente. Y el primer factor que se aborda para obtener mayores ingresos el Departamento del Distrito Federal, es precisamente el de la indexación. Y al efecto, se considere efectuar un ajuste automático a las contribuciones, resultante de la variación que haya sufrido recientemente el índice de precios.
Dice que este sistema ha permitido que no se rezaguen las cuotas y bases de las contribuciones, como ocurría en el pasado.
Y el propio dictamen autoriza en el artículo segundo transitorio, una base de actualización del 9.9% para las cuotas de los derechos y las contribuciones de mejoras. Este procedimiento de actualización automática de contribuciones es por desgracia una herencia que ahora se ve con naturalidad, de los procesos inflacionarios pasados. Toda vez que en lugar de considerar a la inflación en nuestras leyes tributarias como un fenómeno circunstancial o coyuntural, a través de este procedimiento de actualización automática se le convierte en un factor estructural. Y así resulta que el enemigo que teníamos a vencer como era la inflación , es ahora el que marca la pauta para ajustar nuestras cargas tributarias.
No aceptamos esta indexación , porque a la gran mayoría de los contribuyentes no se les aumentan sus ingresos a partir del 1o. del año próximo en la misma proporción que se incrementan las contribuciones. Esta indexación lo único que hace es generar una escalada de precio en los primeros meses del año.
Este procedimiento de ajuste automático de indexación resulta por demás inequitativo y caprichoso, porque en su caso, no debe ser considerado sobre la base del índice de precios del año que se termina, porque los presupuestos de Ingresos así calculados siempre serán a la alta o inflacionarios y nunca serán pauta para cumplir las metas de control de la inflación proyectada para el año entrante, toda vez que de entrada el Gobierno garantiza sus ingresos por encima de los índices inflacionarios.
Materializando este concepto, tenemos que si el artículo segundo transitorio actualiza las contribuciones en el 9.9% y la inflación oficial esperada para el año próximo es del 7%, el Gobierno de la ciudad de México ésta asegurando sus ingresos a la alta en un 2.9% por encima de la inflación. Otro de los aspectos que preocupa en Acción Nacional, y por los cuales también nuestro voto en contra, es el relativo al endeudamiento.
El Departamento del Distrito Federal ha venido adquiriendo un endeudamiento desde 1991 para aumentar sus ingresos. La exposición de motivos de la iniciativa dice que "las finanzas públicas del Distrito Federal han cambiado estructuralmente durante los pasados cuatro años para convertirse en equilibradas y sanas por primera vez en muchos años". Y dice: "Hoy la Hacienda Pública capitalina, financia el gasto de la entidad sin recurrir a subsidios externos ni al endeudamiento comprometedor". Al efecto, cabe hacer las siguientes consideraciones.
Si las finanzas del Departamento del Distrito Federal son tan sanas como se dice en la exposición de motivos, ¿cómo explicar que desde 1991, 1992 y ahora para 1993, tengamos que recurrir al endeudamiento externo para completar el presupuesto anual del Departamento del Distrito Federal?
En 1991 se contrajo una deuda de 470 mil 270 millones de pesos. En 1992 se contrajo una deuda de 263 mil 365 millones de pesos. Y para 1993 se pretende contraer una deuda de 441 mil millones de pesos.
Desde 1992 y 1993 se están adquiriendo endeudamientos con el protocolo francés, que financia la compra de equipo necesario para la ampliación y operación del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, y dice el Presupuesto de Ley de Ingresos:"... y créditos para la reforestación".
Desgraciadamente, decíamos, esta costumbre del endeudamiento es un vicio que no hemos podido desterrar en materia tributaria.
Estamos totalmente de acuerdo en la compra de equipo y de la ampliación del Sistema de Transporte Metro. En lo que no estamos de acuerdo es en que se tenga que recurrir al financiamiento externo, aún con créditos blandos, ¡aún con créditos blandos! no estamos de acuerdo que se contraten para que se siga construyendo.
Por otro lado, si se habla que este financiamiento va a servir para reforestación, creemos nosotros que hay otras dependencias que podrían, con cargo a su presupuesto, hacerse cargo de la reforestación, como es la Secretaría de Desarrollo Social.
Resulta también paradójico que se esté pensando en la creación de un nuevo impuesto, como lo es de la adquisición de vehículos, la compraventa de vehículos usados, y se le pone membrete como de "impuesto ecológico", y se está contratando deuda externa para poder hacer reforestación.
El financiamiento de la ciudad de México debe ser con ingresos propios, pero fundamentalmente debe ser con eficacia en la recaudación tributaria. Esto nos ayudaría a no recurrir al endeudamiento externo.
Por otro lado yo creo que no todo lo que contempla la Ley de Ingresos es malo, tiene algunos aciertos como lo son la deducción de la tasa del gravamen del 4 % al 6% en adquisición de inmuebles, la deducción del 15% al 10% sobre espectáculos públicos pero en cambio de estas deducciones se propone para completar el ámbito tributario del Departamento del Distrito Federal con un nuevo impuesto y cinco derechos. Este nuevo impuesto el de adquisición de vehículos automotrices usados sobre el 1% que se dice es un impuesto ecológico, es un impuesto que ya platicaremos de él en la Ley de Hacienda, nos parece terriblemente mal pensado y muy mal pensado porque no están establecidas claramente las bases de tributación , no ésta establecido con precisión, las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. En general creemos que es un mal impuesto , además de mal impuesto consideramos que es un impuesto por demás pequeño en la finanzas, porque ayudaría a una recaudación muy pequeña para el Presupuesto de Ingresos del Departamento del Distrito Federal.
Se establecen cinco derechos nuevos; el primero de ellos, el derecho por descarga a la red de drenaje. Esto nos parece un buen derecho, creemos que todo aquél que tenga que descargar sus aguas residuales en el drenaje tenga que pagar un derecho por este concepto. Nos dan un nuevo derecho que es el de la recolección y recepción de residuos sólidos es decir de la basura, éste también lo consideraremos en la Ley de Hacienda y creemos que es un impuesto mal aplicado, mal instrumentado y ya lo abordaremos y diremos el por qué.
Estos tres conceptos dan un total de ingresos al Departamento del Distrito Federal de un 16% en el crecimiento de sus ingresos, pero la Ley de Ingresos tiene una grave deficiencia, se establecen dos derechos que no aparecen contemplados en la Ley de Ingresos, ¿cuánto es lo que espera el Departamento del Distrito Federal, recaudar por esos conceptos? Y estos son el relativo al derecho por el uso de parques y bosques, y el derecho por el control de los servicios privados de seguridad que se determinan en la Ley de Hacienda, que también en su oportunidad abordaré.
Por estas razones y por considerar que este Presupuesto de Ingresos del Departamento del Distrito Federal resultará inflacionario para el año entrante y que no ayuda en nada a cumplir las metas económicas propuestas, ni ajustarse a los índices inflacionarios previstos, es que el Partido Acción Nacional votará en contra de esta iniciativa. Gracias por su atención compañeros diputados. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda.
El diputado Jesús Martín del Campo Castañeda: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha dejado constancia de su voto en contra del dictamen de Ley de Ingresos del Distrito Federal, que ahora discutimos. Son dos razones fundamentales las que dan fundamento a nuestro voto : por un lado la iniciativa representa la continuación de la política gubernamental de los últimos cuatro años, y por otro, detrás de esta iniciativa se encuentra una visión de la vida urbana muy limitada.
Quisiéramos insistir en algunos de los aspectos de este proyecto de ciudad y que tiene que ser con la política de ingresos del Departamento del Distrito Federal; llama la atención que por el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales, las autoridades no se propongan obtener ningún ingreso; este hecho cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que desde la regencia se anunció hace algún tiempo la implementación de un programa de reordenación de comercio en la vía pública.
El problema del ambulantaje dista mucho de haber sido resuelto. El día de ayer el Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de México, señaló que el comercio ambulante evadirá 1 mil millones de pesos en impuestos en 1992. Independientemente el sesgo que pueda tener esta afirmación puede ser iniciativa de los ingresos a que están renunciando las autoridades para no atacar a fondo el control corporativo y la corrupción que los dirigentes del comercio ambulante ejercen cotidianamente.
Otro de los aspectos que agobia la vida urbana, como es el de la contaminación ambiental, recibe un tratamiento muy limitado. El Gobierno parece conformarse con incorporar a su discurso el concepto de desarrollo sustentable para la ciudad pero renuncia a implementar medidas radicales y de fondo para combatir la contaminación. Ayer mismo nuestro partido propuso en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, un conjunto de medidas para abatir la contaminación que incluirán entre otras cosas, estímulos fiscales para propiciar una mayor participación social del mejoramiento ambiental, al tiempo que se establezcan medidas fiscales más severas para las empresas e industrias altamente contaminantes de la ciudad.
Lo que las autoridades capitalinas han dado en llamar paquete ecológico, ataca solo tangencialmente este problema, y como hemos señalado, evade las responsabilidades de los empresarios en el tratamiento de agua o de los desechos sólidos, que son la materia de dicho paquete.
Pero quisiera referirme aquí al otro aspecto que fundamenta nuestra oposición a este dictamen, que es el de la reducción drástica de las aportaciones federales al Gobierno del Distrito Federal. Es tal la obsesión por las finanzas sanas, que las autoridades capitalinas no tienen empacho en establecer una diferencia entre la recaudación y lo que ellos denominan como objetivos extrafiscales. El énfasis de los ingresos propios ha recaído en las espaldas de los trabajadores, de tal forma que ahora habrá un incremento del 15.7% de las aportaciones federales atendiendo a la nueva fórmula que las autoridades fiscales de la Federación han establecido para la asignación de dichos recursos.
La nueva fórmula de participaciones en ingresos federales atienden no sólo la aportación que cada Estado le da a la Federación e involucra también factores de tipo demográfico. Así, sujetos a la división territorial y atendiendo a los datos del último censo de población, los ingresos federales correspondientes al Distrito Federal han disminuido del 22% al 16%.
Al sujetarse a criterios estrictamente fiscales, las autoridades olvidan dos cuestiones fundamentales: la primera, es que desde hace bastante tiempo, la ciudad dejó de ser sólo el Distrito Federal, y la propia vida urbana ha provocado que lo que ahora conocemos como área metropolitana de la ciudad de México con problemas y necesidades comunes, sea en realidad una sola entidad.
La segunda, como la hemos señalado ya en esta tribuna, es que en el Distrito Federal, se genera una parte importante del valor de los bienes y servicios, es decir, de la riqueza nacional, por un monto equivalente a un 20% del producto interno bruto; concentra las tres cuartas partes de los recursos captados a través de la banca comercial, a través de 1990 y podemos inferir, a falta de datos precisos, que nuestra entidad aporta una parte bastante significativa de los recursos que la Federación capta a través de los impuestos sobre la renta.
Estas consideraciones fortalecen nuestra iniciativa presentada durante este período para incrementar los ingresos participables de la Federación, con cargo al proyecto de superávit de cargo fiscal planteado por el ejecutivo para 1993, hasta la tasa del 20%, con lo cual los ingresos del Distrito Federal podrían aumentarse en cerca de 500 mil millones de pesos.
Estamos convencidos que la ciudad y los ciudadanos requerimos de otra política de ingresos y gasto en donde la reactivación económica, la atención de las demandas ciudadanas, el mejoramiento del ambiente, sean las preocupaciones centrales. Ello exige recuperar los instrumentos de la planeación urbana y diseñar políticas de alcance metropolitano para poder revertir la ciudad dual y excluyente que tan celosamente promueven el Ejecutivo Federal y el Departamento del Distrito Federal.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Amado Treviño Abatte:
El diputado Amado F. Treviño Abatte: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
En el turno que corresponde al Partido Revolucionario Institucional hago hoy uso de esta tribuna para procurar en forma sencilla, exponer a ustedes las razones y criterios que motivan nuestro pronunciamiento a favor del dictamen sobre la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio 1993.
No se trata, quiero enfatizar, de establecer una polémica infructuosa con quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por el contrario es la ocasión para que revisemos y valoremos conjuntamente algunas premisas y acontecimientos. En una dinámica de trabajo plural a la cual ya se refirió mi compañera diputada Victoria Reyes, una subcomisión se reúne a examinar una Iniciativa de Ley de Ingresos que presentó el Ejecutivo. Para ilustrar el criterio de quienes participaban en los trabajos, se recibe la visita de servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, incluido el Jefe del Departamento con ellos, con miembros del Senado de la República y con otros diputados de la Comisión, se intercambiaron puntos de vista en este contexto; se revisan aspectos diversos y se logran acuerdos valiosos.
El dictamen de la Ley de Ingresos que hoy se somete a la consideración de ustedes, contiene aspectos sumamente relevantes.
La administración pública, tiene necesariamente que erogar gastos para cumplir con sus tareas y compromisos fundamentales. Esas acciones que se contienen en el Presupuesto de Egresos, requieren una contrapartida, los ingresos necesarios para solventarlos.
La ley de Ingresos enumera las contribuciones y puentes a través de las cuales del Departamento del Distrito Federal habrá de allegarse recursos en el próximo ejercicio. La Ley de Hacienda, es el instrumento normativo donde se establecen procedimientos, cifras y supuestos de tributación para que esto sea aplicable.
La iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, nos señala que en el ejercicio de 1993, se estima obtener 14 mil 535.9 millones de nuevos pesos. Esto es, el 13% superior a lo esperado para 1992. Del total, un 46% se obtendrá por contribuciones de carácter local; la transferencia de recursos federales es integrar el 2%, y la participación de los ingresos federales distribuibles alcanza un monto de 5 mil 784.8 millones de nuevos pesos.
Las anteriores, son algunas cifras que nos permiten inferir que en las contribuciones locales tienen cada vez un peso específico mayor en el esquema tributario del Distrito Federal, y que en forma paulatina se están logrando finanzas públicas más sanas; esto no como un fin por sí mismo, sino como un elemento más para alcanzar mejores condiciones de vida entre la población.
Los montos de endeudamiento son un ejemplo de esto último, ya que sólo tres centavos de cada peso serán por esta vía.
El dictamen recoge observaciones, planteamientos y recomendaciones que tuvieron origen en las distintas fuerzas políticas aquí representadas. El documento contiene juicios que estimamos sensatos en relación con el impuesto predial y con las reformas en su nuevo esquema que llevará implícitas.
Los derechos denominados ecológicos, de recolección de desechos sólidos y de descarga a la red de drenaje, se piensa resultarán positivos para nuestra ciudad.
El imperativo constitucional de equidad y proporcionalidad, estarán reflejados en la Ley de Hacienda para todas las contribuciones; igualmente, se ponderaron los mecanismos de ajuste y descuento en lo particular sobre cada impuesto, sobre cada derecho, sobre cada producto entre otros, habrán de aplicarse.
El articulado de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal es breve y suficientemente claro. Tiene un artículo 1o., donde consta como catálogo anual que es, el monto de los ingresos provenientes de cada concepto en detalle.
No perdamos de vista que sólo se trata de un estimado de percepciones, que con base en ciertos parámetros elabora la utilidad administrativa. El numeral segundo de la Ley se refiere a los beneficios que otorgan a los ciudadanos que efectúan el pago anticipado de sus contribuciones, concretamente en las relativas al impuesto predial y al derecho por el uso o suministro y aprovechamiento de agua potable.
Sobre este particular, quiero hacer en esta tribuna una propuesta a la Asamblea: se trata de modificar la cifra de descuento para quien efectué el pago del impuesto predial correspondiente a los bimestres 1o. a 6o., de 1993. En el texto del dictamen se sugiere otorgar una reducción a quien haga este pago en el mes de febrero
del 5%, y la propuesta que me sirvo presentar, es que el descuento en este caso, sea del 7%.
La razón, es hacer más atractivo para el contribuyente el pago anual por anticipado sobre el que pudiera realizar bimestralmente. Dejo a la Secretaría, con autorización de la Presidencia, la propuesta de la modificación al artículo 2o. de la Ley de Ingresos a efecto de que sea considerado y votado en su oportunidad.
Los artículos 3o. y 4o., se refieren a los recargos por prórroga para el pago de créditos y a la ratificación de los acuerdos por los que se ha dejado en suspenso total o parcial el cobro de ciertos gravámenes respectivamente.
El artículo 5o., en congruencia con lo que disponen otras leyes, establece que los ingresos que se recauden por cualquier concepto, deberán concentrarse exclusivamente en la tesorería del Distrito Federal, quien tiene la representación del fisco local.
Por último, el dictamen contiene dos artículos transitorios: el primero, que fija la fecha a partir de la cual tendrá vigencia el ordenamiento en cuestión; el segundo, que determina un factor conforme al cual deberán actualizarse, para el año de 1993, algunas de las contribuciones que se encuentren vigentes en el último día del presente ejercicio.
Aquí, en relación con lo que en esta tribuna ya se ha planteado, quisiera hacer las siguientes precisiones:
La Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, como cualquier otra, debe mantener un nivel de sus ingresos que le permita, con mejor administración, mantener un ritmo constante de actuación en áreas tan elementales como sería la prestación de los servicios públicos o el mantenimiento de la infraestructura urbana. El medio concebido para cumplir con esos propósitos, fue establecer un mecanismo de ajuste en sus ingresos, que puede funcionar en dos vertientes: una, por el factor de ajuste que determine el Congreso de la Unión y que atiende los planteamientos de la máxima representación social nacional; dos, por el coeficiente de actualización que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor, hasta un período generalmente inmediato entre el que correspondió al mismo período en uno o varios ejercicios anteriores, y éste se aplica en forma supletoria.
Estos mecanismos de ajuste no se establecieron ahora sino en 1989. En ambos casos debe quedarnos claro que de la decisión que adoptemos, dependerá el mantener o no un equilibrio en las finanzas públicas, que no son las finanzas de la autoridad sino las de los habitantes de la ciudad.
¿Por qué 9.9%, como establece el artículo segundo transitorio? La iniciativa planteaba actualizar utilizando el segundo procedimiento, es decir, aplicando un factor de 13%, resultado del fenómeno inflacionario: noviembre de 1991 a noviembre de 1992, de acuerdo a la información dada por el Banco de México el día de ayer.
Este procedimiento representaba en pesos mantener, respecto a lo que generaron algunas contribuciones durante 1992, el mismo nivel de ingresos, sin perjuicio de que se pudiera incrementar la recaudación por cuestiones de administración tributaria o por ampliación de las bases. Sin embargo, la Comisión del Distrito Federal está proponiéndole a esta representación optar, en esta ocasión, por el primer mecanismo descrito, es decir, el que le permite ejercer su facultad original y que tiene un alto contenido social.
Algunos elementos que fueron considerados son:
1. Los compromisos y metas que se fijaron dentro de los criterios generales de política económica, tanto en 1992 como para 1993.
2. La preocupación permanente de este cuerpo representativo por atender a los sectores sociales, especialmente a los obreros, así como enmarcar el factor de ajuste, dentro de los compromisos definidos para la estabilidad, la competitividad y el empleo.
3. Que en forma gradual pero progresiva, se puede inducir una recuperación en los salarios mínimos y contractuales.
4. La necesidad de exigir a las autoridades mejor administración, al tiempo que se atempera hacia algunos sectores de la población capitalina, la repercusión de ciertos gravámenes.
Es un factor igual a 9.9%, porque fundamentalmente creemos que aquí se cumplen los compromisos del Pacto, y porque este factor no se ponen en riesgo, ni el equilibrio en la relación tributaria, ni los programas del ejercicio
presupuestal para 1993.
Sin embargo, quiero aclarar que hay elementos que subyacen en esta reducción. Primero, con esta medida el Departamento del Distrito
Federal tendrá que incrementar sus esfuerzos de administración tributaria, de precisión y verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y en depuración de sus padrones. Estas acciones precisas deberán informarlas en forma detallada cada trimestre a esta Cámara.
Segundo, la preocupación medular en que no debemos afectar ningún programa de gasto. La ciudad demanda seguridad, vivienda, mejoras ecológicas y obras que no se pueden disminuir.
Estrechamente relacionada con estas consideraciones, se encuentra la segunda propuesta que en nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional queremos presentar aquí y que se refiere a la necesidad de que se informe a esta soberanía sobre las acciones que emprenderá el Departamento del Distrito Federal para alcanzar sus ingresos totales estimados.
Dejo en la Secretaría la propuesta para que se incluya un artículo tercero transitorio para quedar como sigue:
"Artículo tercero. El Departamento del Distrito Federal deberá informar en forma detallada, dentro de los informes que rinde trimestralmente a la Cámara de Diputados, sobre las acciones emprendidas para mantener las cifras totales de ingreso estimadas en esta ley, así como las efectuadas para no disminuir el monto de los programas de gasto que se determinan en el decreto de presupuesto de egresos respectivo."
Dejo en la Secretaría la propuesta para que se incluye un artículo tercero transitorio.
Considerando lo anteriormente expuesto señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, quisiera solicitar a esta Asamblea su voto favorable respecto al dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal en relación con la iniciativa de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1993. Lo hago, reafirmando en presencia de ustedes mi convicción personal sobre las bondades del documento sobre el que se debate. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la primera modificación propuesta por el diputado Amado Treviño Abatte.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Propuesta para modificar el artículo 2o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1993.
"Artículo 2o. Tratándose del impuesto predial, los contribuyentes que efectúen el pago correspondiente a los bimestres primero al sexto de 1993, a más tardar el último día del mes de enero de ese año, tendrán derecho a una reducción del 10% del impuesto, en tanto que los contribuyentes que realicen dicho pago a más tardar el último día de febrero, tendrán derecho a una reducción del 7%. Firma, diputado Amado Treviño Abatte, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada.
El Presidente: - El mismo procedimiento en lo conducente para la propuesta del diputado Amado Treviño Abatte sobre el artículo tercero transitorio.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Propuesta para adicionar el artículo tercero transitorio a la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1993:
"Artículo tercero: El Departamento del Distrito Federal deberá informar, en forma detallada, dentro de los informes que rinde trimestralmente a la Cámara de Diputados, sobre las acciones emprendidas para mantener las cifras totales de ingreso estimadas en esta Ley, así como las exceptuadas para no disminuir el monto de los programas de gasto que se determinan en el decreto de presupuesto de egresos respectivos."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptado.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 273 votos en pro; 44 votos a favor del artículo segundo y en contra del resto; un voto a favor del artículo primero y segundo y en contra del resto; 16 votos a favor de la modificación al transitorio segundo y tercero, y en contra del resto; 21 votos en contra de todo.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 273 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
*LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 16 del día 9 de diciembre de 1992.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que los grupos parlamentarios acordaron que la discusión del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, se realice en lo general y en lo particular, y la votación nominal en lo general y en lo particular, se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los grupos parlamentarios.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los grupos parlamentarios.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente: - Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Manuel Monarres Valenzuela fundamente el dictamen. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Manuel Monarres Valenzuela.
El diputado Manuel Monarres Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Me he permitido solicitar el uso de la tribuna para fundamentar el dictamen que la Comisión del Distrito Federal ha puesto a la consideración de esta honorable Asamblea.
Antes de proceder con la argumentación correspondiente, quisiera dejar constancia de la labor responsable, ardua, seria y profesional, desplegada por todos y cada uno de los compañeros diputados integrantes de la Comisión del Distrito
Federal, a cuyo cargo estuvo el estudio, análisis y dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Es indiscutible que las ideas, opiniones, observaciones e inclusive las críticas que en ámbito de pluralidad y respeto político se hicieron en relación a dicha iniciativa, contribuyeron a enriquecer y perfeccionar la misma, en beneficio de un número muy elevado de contribuyentes del Distrito Federal.
Lo anterior es un reconocimiento implícito del grado de avance democrático que se ha alcanzado en nuestro sistema político nacional, quedando atrás las prácticas tradicionales; ni el rechazo sistemático ni la aprobación complaciente fueron fórmulas orientadoras de nuestra labor: análisis, rectitud y fidelidad de principios, han sido elementos fundamentales que hicieron posible el trabajo que hoy se somete a la aprobación de esta soberanía.
Lo anterior ha sido posible por el número importante de reuniones realizadas por la subcomisión de Hacienda del Distrito Federal y la Comisión del Distrito Federal, participación de la que todos debemos estar orgullosos y satisfechos.
En este contexto, cabe resaltar la significativa participación de nuestros compañeros del sector obrero, cuya preocupación manifiesta no sólo es el sentir de dicho sector, sino por la mayoría de los ciudadanos de la capital de la República y, desde luego, con el consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas hizo posible la serena reflexión respecto al factor de actualización de las contribuciones para 1993, lo cual representa el firme propósito del Gobierno de la ciudad de redoblar sus esfuerzos de administración, en aras de no afectar los egresos necesarios para cubrir las legítimas demandas de la sociedad.
Ahora bien, la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo pone de manifiesto el sentido social con el que se manejan las finanzas públicas del Distrito Federal, lo cual nos permite apreciar que las contribuciones que se han sometido a la consideración de esta Cámara de Diputados, no afectan de manera general a los habitantes del Distrito Federal.
Por el contrario, se puede ver claramente que las mismas están dirigidas a grupos de contribuyentes debidamente identificados y con una capacidad contributiva determinada.
Es así que, en primer lugar se puede constatar que no existe una elevación generalizada de bases, cuotas o tarifas. Asimismo, vemos con beneplácito que algunas contribuciones disminuyen en relación con 1992, lo cual indudablemente se traducirá en un beneficio para un alto número de contribuyentes que verán reducidas sus cargas fiscales.
Tal es el caso de la reducción al impuesto sobre espectáculos públicos, cuya tasa se disminuye en cinco puntos porcentuales en relación al año anterior, lo que tiene como finalidad principal ampliar el número y la calidad de los espectáculos de esparcimiento para los habitantes de la ciudad de México, lo cual no solamente nos parece correcto, sino necesario.
Por su parte, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, pasa de una tasa del 6% al 4%. Esta reducción beneficiará a todos aquellos que en el Distrito Federal adquieran un inmueble, pero indudablemente las que se verán mayormente favorecidas serán aquellas personas de menores ingresos, que con múltiples esfuerzos adquieran una vivienda, para que pase a formar su patrimonio familiar.
De igual forma y en relación con este importante tema, estimo conveniente destacar la reducción que se ha propuesto para aquellas viviendas en arrendamiento, las cuales de aprobarlo esta soberanía, tendrán una disminución del 50% en el pago del impuesto predial.
Con esta medida, en forma aislada, no nos hacemos muchas ilusiones que se logrará la disminución automática del monto de las rentas. Sin embargo, sí estamos seguros de que las autoridades ponen de su parte al disminuir el impuesto predial, el cual dejará de ser el socorrido pretexto para aumentarlas indiscriminadamente.
De especial importancia fue la inclusión que hace la Comisión de una norma que definirá el sistema para aplicar los factores para la determinación del impuesto en aquellos muebles con usos múltiples, con usos mixtos, es decir, habitacionales y no habitacionales, ya que con ello no solamente se aclara una situación ambigua, sino que se fortalece el beneficio de esta reforma.
Al hablar del impuesto predial no podemos menos que pensar que es la contribución más importante no sólo para el Distrito Federal sino para todas las entidades de la federación, se convierte de hecho en la principal fuente de ingreso de las mismas.
Sin embargo, esta contribución en el caso de la ciudad de México reviste una especial complejidad debido a su expansión territorial, al contraste muy marcado que existe entre las diversas zonas de la capital de la República así como su concentración demográfica y sobre todo a la sensibilidad social de este impuesto.
De ahí que desde hace algunos años en el Departamento del Distrito Federal, se haya emprendido un sistema de modernización en la administración del mismo, como el primer paso en 1983 el honorable Congreso de la Unión introdujo en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal el concepto de valores unitarios del suelo y de las construcciones, con una referencia adecuada para determinar el valor catastral de los inmuebles.
Posteriormente, en 1989, se adopta la decisión de modificar únicamente la tarifa dándole una verdadera progresividad, misma que al igual que los valores unitarios se actualiza desde hace años conforme a la inflación pasada.
En esta ocasión, como parte del procedimiento de la modernización aludida, se ha sometido a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados un cambio estructural para la determinación de este impuesto.
En efecto, la reforma que hoy se nos propone tiene como objetivo fundamental el fortalecer la equidad y proporcionalidad de esta contribución a través de la corrección de los valores unitarios del suelo y las construcciones, así como de la reconfiguración de las colonias catastrales.
De esta manera, compañeros diputados, la redistribución de los valores, la ampliación a 1 mil 677 colonias catastrales y la fijación de valores separados a 132 corredores de alto valor, indudablemente que propiciará que este impuesto responda en mayor medida a esquemas también de mayor justicia social.
No es una reforma que pretenda aumentar el predial a todos de manera general, es una reforma que tiende a tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. El monto del impuesto se verá reducido y en otros se incrementará de acuerdo con el valor catastral correspondiente. Con esto se reafirma el principio de que el que más tiene, debe de contribuir en mayor medida, y de aquéllos que menos tienen sería una verdadera equidad y justicia social.
En la iniciativa que hoy se discute, destaca un paquete de contribuciones, que si bien es cierto no pierden su imprescindible naturaleza recaudatoria, sí manifiestan un profundo sentido ecológico. Esto tiene una especial significado para la ciudad de México, toda vez que aunque se reconoce que mucho se ha avanzado en este sentido, no nos queda menos que señalar que es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra ciudad capital.
Por ello nos parece que todo lo que se haga para enfrentar este complicado fenómeno debe ser bienvenido.
Dentro de este paquete se propone un derecho de recolección y recepción de desechos sólidos para establecimientos mercantiles, industriales y similares, que generan más de 200 kilos de desechos sólidos diarios, de conformidad esto con el Reglamento de Limpia para el Distrito Federal expedido por la Asamblea de Representantes.
En este sentido nos parece justo que se establezca la obligación de pago de estos servicios para los establecimientos señalados que generan este tipo de residuos, dado que sus características y volumen implican una serie de gastos especiales para la administración de la ciudad, en equipos, en vehículos, en instalaciones, etcétera, a los que en justicia deberán contribuir en aras de la equidad y la eficiencia del propio servicio.
Al respecto, compañeros diputados, me permito resaltar que en este derecho que se propone, no se afecta el servicio de recolección de basura doméstica puesto que dicho servicio seguirá siendo gratuito, pero es indiscutible que sí se verá beneficiado en la medida en que el cobro a establecimientos mercantiles e industriales y similares se lleve a cabo, ya que permitirá liberar recursos y equipos para mejorar el servicio doméstico.
En lo que se refiere al tema del agua, se estimó acertado y conveniente otorgar facultades fiscales a la recientemente creada Comisión de Aguas del Distrito Federal, ello en virtud de que es una medida coherente con el derecho que la crea, con el decreto y además de que se dará seguridad jurídica al contribuyente, al conocer cuáles son las autoridades que normarán desde 1993, de aprobarlo esta soberanía, todo lo relacionado con el vital líquido.
En este orden de ideas y en relación a la supresión del servicio a todos aquellos usuarios no domésticos, la Comisión determinó apoyar esta medida en virtud de que no existe ninguna razón lógica, jurídica, política o social para aquellos
grandes consumidores de agua que la reciben en forma regular, continua y permanente, dejen de pagarla.
Por lo que se refiere al derecho por la descarga a la red de drenaje, en la actualidad el Departamento del Distrito Federal no recibe contribución alguna por las descargas que efectúan todas aquellas personas que hacen uso de fuentes externas a la red de agua potable, como lo es el agua extraída de los pozos particulares, por lo que a la Comisión le ha parecido muy adecuada la medida de cobrarles por la utilización del drenaje público a cuyo mantenimiento contribuimos todos aquellos que utilizamos el agua potable de la red del Distrito Federal.
Este derecho propicia la equidad, además de que otorga la oportunidad a las empresas que así lo deseen o estén en posibilidad de hacerlo, se conecten a la mencionada red pública de agua potable del Distrito Federal, lográndose con ello además el importante objetivo ecológico de evitar de que se siga explotando desmedidamente el acuífero del Valle de México.
El agua, compañeros diputados, es una cuestión que indudablemente requiere de hábitos, acciones y respuestas novedosas en su aspecto jurídico, técnico y administrativo. Necesita también de la participación comprometida de la sociedad organizada, de ahí que pocos serán los esfuerzos que se hagan en esta materia para asegurar su abastecimiento, calidad y continuidad en cuyas acciones descansa la participación de la población para el uso adecuado del preciado líquido.
Parte fundamental para alcanzar el mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México, es el abatir los índices de contaminación. Es indudable que existen diferentes fuentes de emisión contaminantes y que dentro de ellas, tenemos a los automóviles que por el crecimiento del parque vehicular, representa una de las fuentes de mayor contaminación y produce además costos crecientes para la ciudad, de ahí que se haya considerado acertada como parte de la estrategia para el mejoramiento de la calidad del aire, el que se establezcan medidas fiscales para gravar aquellas fuentes que incidan determinantemente en el fenómeno de la infición, como en el caso de la tenencia y la adquisición de vehículos automotores usados.
La contaminación no es un problema que atañe a un solo sector, es un fenómeno que nos involucra a todos: sociedad, Gobierno y representación popular, por ello debemos solidarizarnos para combatirla con todos los medios a nuestro alcance.
Por lo que se refiere al impuesto sobre vehículos de automotores usados, ésta es una contribución que actualmente se encuentra establecida en más de 20 entidades de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán, son solamente algunos ejemplos de ellas.
Sobre el particular, podemos manifestar que en un medio social como el que existe en México, toda aquella persona que adquiera un vehículo, independientemente del año y modelo, denota una determinada capacidad contributiva y por lo tanto, debe aportar a los gastos públicos, sobre todo si tomamos en cuenta que millones de nuestros conciudadanos, utilizan sistemas de transporte colectivo que necesariamente se deben modernizar y eficientar para que cumplan con su importantísima función social.
Asimismo cabe señalar que esta contribución no afectará como se ha mencionado, a las clases de menores recursos, ya que el 65% de los cambios en el padrón vehicular, se da principalmente en vehículos por una antigüedad hasta de ocho años, por lo cual la Comisión ha considerado procedente el establecimiento de este impuesto, haciendo algunas precisiones al texto de la iniciativa, que ciertamente contribuirán a hacer más operativa la aplicación de esta contribución.
Esta Comisión quiere dejar constancia de la recomendación enfática que se hace a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, para que en el establecimiento de este tributo, no signifique un trámite burocrático más para los sujetos del mismo. De tal suerte, que debe ser un compromiso serio y formal de la autoridad administrativa, el facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal e inclusive, que el pago se haga vía el formato que se utiliza para dar el aviso de cambio de propietario. Con esta medida, se dará fiel cumplimiento a los principios de comodidad y certeza jurídica, propios de toda contribución.
En cuanto al impuesto sobre tenencia y uso de automóviles, podemos manifestar que la determinación de haberle dado progresividad a la tarifa local en relación a la federal, nos parece acertada, toda vez que le da proporcionalidad y reconoce la verdadera capacidad contributiva de los sujetos de este impuesto, al distinguirlos también por procedencia, uso y capacidad de carga.
Es de señalarse que en su estructura actual, por el hecho de que un vehículo sea de un año más antiguo, se reduce considerablemente el pago de esta contribución, creando esquemas inequitativos.
Nadie puede negar que al hablar de los problemas del Distrito Federal, en muchos casos nos estamos refiriendo a problemas que rebasan el ámbito puramente local del Distrito Federal. Es decir, se está haciendo mención a problemas de carácter metropolitano. De ahí que a la Comisión dictaminadora le haya parecido acertado plantear la homologación de tarifas referidas a los derechos de control vehicular, especialmente con el Estado de México. Esto es un primer paso importante para la coordinación metropolitana.
Otras entidades de la región centro del país, también propondrán a sus respectivas legislaturas, el establecimiento del impuesto para la adquisición de vehículos automotores usados.
En este contexto se ha visto con agrado que para fomentar el transporte colectivo, se haya sugerido la disminución de los derechos respectivos para la operación del transporte escolar y de empleados.
Por otro lado, fue considerada como una medida procedente, el hecho de trasladar a la Ley fiscal, las aportaciones que se tenían consideradas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Esta acción aparte corresponde a una depurada técnica jurídica, toda vez que la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios, serán ahora objeto de un derecho, lo que permitirá dar una seguridad jurídica al contribuyente, al establecerse en la Ley fiscal, la contribución que debe de cubrir.
En relación a las reformas sobre constancias de zonificación, licencias de uso del suelo y estudios y dictámenes técnicos de densidad; significativa fue la aportación de la Comisión al determinar que por lo que respecta al último concepto, el pago de la contribución, por lo que hace a vivienda de interés social, se reduzca en un 50%.
No quisiera concluir mi intervención sin antes puntualizar el beneficio que se propone en la iniciativa dictaminada, respecto del establecimiento de la Ley local del pago espontáneo.
Es incuestionable que dada la naturaleza de las contribuciones del Distrito Federal como lo son: agua, y el predial, entre otras, esta medida beneficiará a muchísimos contribuyentes que quieran regularizar de buena fe y en forma voluntaria, su situación fiscal; por ello la Comisión ha visto de buen agrado este planteamiento.
El Distrito Federal, compañeros diputados, asiento de los poderes de la Unión, cuna de apreciados valores, centro cultural, político y financiero por excelencia, elemento representativo de alianza nacional, es una ciudad, una gran ciudad que dentro de la enorme complejidad que su Gobierno y administración le significan, funciona y funciona bien. Por esta razón, y para que se disponga de los ingresos que este funcionamiento requiere, dentro de un marco de estricta legalidad y apego a los principios constitucionales que rigen a toda contribución, es que solicito respetuosamente a esta Asamblea, se apruebe el dictamen sometido en este día a su consideración, con la convicción institucional y personal, de que es una reforma que contribuirá a la autosuficiencia financiera de la ciudad de México y al desarrollo que pretendemos los que en ella vivimos, sustentando esto sobre bases de una mayor justicia social. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes oradores: Diputados: Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional; y Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: -Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
El dictamen, objeto de esta discusión que iniciamos en torno, aborda el problema de la hacienda del Distrito Federal.
Quisiera comenzar por plantear cuáles han sido, en términos generales, las consecuencias más apreciables para las grandes mayorías, para los obreros, para las masas populares que habitan la zona metropolitana de la ciudad de México, de la aplicación de una política económica y social a nivel nacional, que se reflejan, indudablemente en esta entidad.
Yo creo que ustedes han visto el día de hoy, en todos los periódicos, algunas notas que hablan de las consecuencias de esta política económica y social.
Uno de los diarios da a conocer una cuestión que hemos reiterado, desde esta tribuna, los diputados del Partido Popular Socialista y diputados de otros partidos, y es respecto a la participación del salario en el ingreso nacional.
Y es evidente, gráficamente, cómo el factor trabajo participa cada vez en menor proporción en el ingreso nacional y aumenta la participación del factor capital.
Y también en notas aparte se habla de una declaración del Regente de la ciudad, en visita a una ciudad de España, donde plantea lo difícil de la acción de la autoridad en esta entidad federativa, debido a la escasez de recursos. Es decir, lo que hemos denunciado nosotros de que las condiciones de vida material de las masas populares se siguen deteriorando, no se puede ocultar en ninguna parte. Ahí están los datos públicos.
Pero es evidente, además, de que los trabajadores ahora consumen menos carne, toman menos leche y ya ni del pescado se acuerdan, porque hace muchos años desapareció de su mesa. De que ahora tienen que ir a buscar una vivienda cada vez más alejada, en las peores condiciones. De que visten cada vez menos dignamente. De que sufre un transporte cada vez más caótico.
Esto es consecuencia lógica de una política económica y social orientada a fortalecer al capital, en detrimento de las condiciones del factor trabajo.
Por eso no podemos estar en contra de los propósitos que se plantean en el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Y el agrupamiento de estos propósitos hablan por sí mismos de la magnitud de los problemas.
¿Alguien puede estar en contra de que uno de los objetivos deba ser necesariamente el mejoramiento de las condiciones de vida? ¿O el de abatir los niveles de contaminación? ¿O el de mejorar los índices de seguridad? ¿Preservar las reservas ecológicas? ¿Dotar de servicios urbanos? ¿Fortalecer el transporte colectivo? ¿Estimular la creación de empleo? ¿O fomentar el desarrollo económico?
No, no podemos estar en desacuerdo con estos propósitos. Pero precisamente por eso nuevamente insistimos en el planteamiento que hemos hecho en comisiones: es tal la magnitud del regazo en todos los campos, que las medidas que se proponen para que el Departamento del Distrito Federal tenga los recursos suficientes a fin de atender las necesidades graves de la capital, no son suficientes. ¡De ninguna manera!
Tenemos que valorar, sí, algunas medidas que incidirán necesariamente en mayores recursos. Desde el mejoramiento de las técnicas de recaudación hasta la cuestión de nuevos derechos, serán fuentes de mayores recursos para el Distrito Federal.
Consideramos positivo que se adopten mejores técnicas para la recaudación. Los dos derechos nuevos, al que deben pagar los establecimientos industriales y comerciales que generan más cantidad de basura, pagarán el derecho por concepto de recolección de residuos sólidos. Y el otro, el de descarga de aguas residuales en el sistema de aguas de drenaje, que deben pagar efectivamente grupos específicos, no son derechos que deban cubrir todos los habitantes del Distrito Federal; nos parece positivo.
Pero esto es lo que también nos confirma nuestra apreciación de que deben buscarse más fuentes de ingresos, sin gravar a la totalidad de la población, sino a grupos específicos.
Hemos planteado en comisiones la necesidad de que se avanzara en el establecimiento de un impuesto local al capital especulativo. Porque es evidente que el capital invertido en las casas de bolsa no está cubriendo ningún impuesto para el sostenimiento del Distrito Federal. Y es evidente, además, de que obtienen enormes utilidades esos capitales especulativos y gozan de todos los servicios del Distrito Federal.
Por eso, pensamos, planteamos, reiteradamente en que era necesario avanzar en un impuesto de esta naturaleza, para que haya más recursos para el Departamento del Distrito Federal.
Planteamos también una modificación en el pago del 2% del impuesto sobre nóminas de las empresas, a fin de avanzar en algo parecido al predial, es decir, tasas diferenciales, porque evidentemente hay pequeñas y medianas empresas que no podrían pagar más, pero sí muchas empresas grandes pueden aportar más.
Y esto sería avanzar en un planteamiento que se da, tanto en la exposición de motivos como en el dictamen. Un principio que el Partido Popular Socialista ha mantenido y ha defendido
y ha presentado desde hace mucho tiempo, desde siempre, desde que apareció en la vida política nacional: que pague más el que más tiene, menos el que menos tiene, y que no pague nada el que nada tiene.
Se habla de que se avanza en la aplicación de este principio, a propósito del pago del predial, pero no se avanza más. ¿Por qué razón? Y esta es nuestra discrepancia mayor. Porque se persiste en la política de favorecer al capital, de no molestar al capital más, aunque las mayorías sigan viendo caer dramáticamente, sin frenarse en ningún momento, sus niveles de vida.
Y si pensamos en que las clases mayoritarias no fueron responsables, no son responsables de la profunda crisis económica en que aún nos debatimos, no es posible aceptar una Ley de Hacienda que no tienda a revertir el proceso actual. Porque es evidente que los responsables de la crisis, están todavía siendo recompensados con mayores apoyos, con mayores estímulos y no se les quiere afectar en nada sus enormes utilidades.
Y esto habla de un hecho también que hemos denunciado. Es tanta la inequidad que se registra en la proporción de contribuciones o aumenta esta inequidad cuando recordamos lo que hemos denunciado, de que las grandes empresas, los grandes capitales, pueden muy bien evadir el pago de los impuestos, de los derechos, por mil días; ahí están también en la información diaria del aumento de la evasión fiscal.
Pero, en fin, son los hechos los que están demostrando que se persiste en una política de seguir favoreciendo a los grandes empresarios, a los grandes comerciantes y desatendiendo, por parte del Departamento del Distrito Federal en este caso, de las responsabilidades sociales para dotar, para otorgar un mayor bienestar a las grandes mayorías.
Y algunas modificaciones que se dan en la Ley de Hacienda miran ese rumbo también. La disminución de la tasa impositiva para ciertos espectáculos. ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué garantía hay de que se refleje en una tarifa menor para ir al teatro, para que la gente vaya al teatro? No hay ninguna garantía, es en beneficio estricto de los empresarios de los espectáculos.
Que baja la tasa en la compra de inmuebles, bien, pero, ¿a quién beneficia?, ¿beneficia a las grandes mayorías?, las grandes mayorías ya no pueden adquirir inmuebles. Si un 60% de la población económicamente activa recibe menos de dos salarios mínimos, ¿se puede pensar en que puedan adquirir inmuebles? ¿O beneficia a las inmobiliarias porque van a pagar menos impuesto?
Disminuye la tasa para las viviendas de renta pero, ¿qué garantía hay de que no suban las rentas? Es decir, se protege a los que más tienen y los pobladores y la población que tiene que arrendar para habitar una vivienda no recibe ningún beneficio, al contrario, no hay garantía de que se frene la elevación de la renta y esto es una Ley de nuestro sistema de que los precios, las tarifas sobre todo los del sector privado, o más bien del sector privado aumenta sin posibilidades siquiera de un freno y de manera sistemática.
Otros aspectos también hablan en este sentido pero mayormente señores diputados, ¿esta previsión en la Ley de Hacienda de una recaudación de más de 14 billones y medio de pesos es suficiente para empezar a resolver los problemas graves del Distrito Federal? Mi compañero Héctor Ramírez Cuéllar, hablaba por ejemplo, del déficit en el transporte público, tremendo, y ésta es una cuestión que impacta de manera brutal en los raquíticos ingresos de las grandes mayorías del Distrito Federal; ya en otra ocasión hemos dicho, los trabajadores tienen que destinar casi el 30% de sus ingresos solamente para transporte y tienen que transportarse porque tienen que trabajar; entonces nosotros planteamos precisamente nuevas fuentes de ingresos para resolver este problema o comenzar a resolverlo, ¿cuánto se requiere?, porque hay un déficit de más de 7 mil unidades de Ruta 100 para dar un buen servicio, porque el servicio particular concesionado sólo ha empeorado la vialidad, ha hecho caro el transporte porque se rige bajo el principio del menor esfuerzo y la mayor ganancia posible y si no, léanse también los diarios; cuántas rutas hay, pero ni siquiera llevan al pasajero de su origen a su destino final; o cada vez son más cortos los recorridos del transporte concesionado y eso lo hace más caro, por eso necesitan más recursos para que el Departamento del Distrito Federal adquiera más unidades y que la expansión del Metro sea más acelerado, de que haya más trolebuses y se necesita ordenar realmente al servicio concesionado, frenar su voracidad, obligarlos a un plan de vialidad general, pero esto en todos los aspectos, en el mejoramiento de las condiciones de vida.
Los recursos no son suficientes para que el Departamento retenga la política de crear fuentes de trabajo directamente. No son suficientes para abatir más los niveles de contaminación, las medidas que se proponen son de ponderarse, van en ese sentido pero no son suficientes.
Al costo que sea hemos dicho nosotros, debe evacuarse las industrias más contaminantes; al costo que sea hay que transformar los combustibles de los automotores, pero se necesitan recursos. Sin embargo, se persiste en una política ya atrasada desde hace años, de no buscar nuevas fuentes de ingreso.
Se pondera el hecho de que se presentan finanzas sanas; de que el Departamento del Distrito Federal ya puede valerse por sus propios recursos, pero si se ha agravado el desempleo, si hay más niños en la calle; si no se contribuye en educación; si se abandonan los servicios de salud; ¿se puede decir que está cumpliendo el Departamento del Distrito Federal con su obligación con la sociedad, con las grandes mayorías?, evidentemente no.
Por esta razón consideramos nuevamente, que se debe establecer una política distinta, una política que se inscriba en la responsabilidad social del Estado mexicano que aún se mantiene en la Constitución, aunque en los dos últimos gobiernos del país se empeñan en abandonar esas responsabilidades sociales.
Hay hechos dramáticos, ahí está el Hospital Rubén Leñero. En qué pésimas condiciones está, no hay camas creo. Los médicos tienen que cargar ellos mismos sus utensilios, está abandonado; y hay muchos otros renglones de salud que ha abandonado el Distrito Federal.
Generar empleos, se necesitan recursos; pero no se quiere cambiar la política de favorecer al capital, a pesar de que se ve diario el drama de las grandes mayorías que ya no pueden alimentarse adecuadamente; que sufren ahora las enfermedades que ya se habían erradicado, a consecuencia de una grave desnutrición.
Por eso señoras y señores diputados, el Partido Popular Socialista no puede estar de acuerdo con una Ley de Hacienda que no cambia el sentido general de la política económica y social del Gobierno que se refleja más en el Distrito Federal.
En consecuencia y ponderando, repito, los avances que haya y el esfuerzo de la Comisión dictaminadora, debo valorar sinceramente que se recogió una preocupación nuestra, ésta precisamente de buscar nuevas fuentes de ingreso.
Están el dictamen, yo lo valoro, pero ese es el sentido que hay que buscar, ese es el camino que hay que seguir, buscar nuevas fuentes de ingreso; y esta Ley de Hacienda, salvo esos dos aspectos muy reducidos, pero en lo general no se orienta al planteamiento del Partido Popular Socialista.
Bien, en razón de que el propósito planteado en la exposición de motivos, de que se procurarán recursos económicos oportunos y suficientes para atender y satisfacer eficientemente las necesidades públicas, a juicio nuestro no se pueden alcanzar con las medidas propuestas, el Partido Popular Socialista, nuestra fracción parlamentaria, votará en contra del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente.
Es que lo bueno de hablar a la hora de la comida es que habla más uno para la televisión que para el público. Espero que, como dicen los locutores, a todos aquéllos que están en el restaurante les envío un cordial saludo. Y a la mejor hasta desperté a los que estaban aquí.
Bien, para nosotros, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, una Ley como ésta está vigente y que tiene una serie enorme de propuestas de modificación, no podemos tomarla en paquete, tenemos que dividir entre aquellos artículos que consideramos que son un avance y aquellos artículos que consideramos que son un retroceso, y con este criterio votaríamos; incluso para votar, si se vota en lo general, haremos entrega de una tarjeta a la Secretaría con los artículos, porque si no, sería una letanía grande, son cerca de 40.
Quisiera yo comentar algunas cosas que aquí se han dicho y que demuestran fundamentalmente falta de información. Se mencionó que con la baja del impuesto predial no bajaría el monto de las rentas. Esto puedo asegurar que va a ser una consecuencia directa e inmediata, porque se estaba dando un fenómeno, que había, existe una gran demanda de vivienda, pero que no bajaban las rentas porque los costos no permitían disminuirlas. Desde el momento que el impuesto predial a vivienda en arrendamiento disminuye casi a la mitad, da un margen para hacer una disminución, y esto se va a ver, no venimos aquí a adivinar, venimos a hablar de un fenómeno que conocemos directamente, se va a ver en los índices inflacionarios de los próximos meses inmediatos.
El impuesto predial no es un pretexto para subir las rentas. Yo quisiera hacer algunas comparaciones que alguno de ustedes puede pensar que son mentirosas, de tan exageradas que se ven, pero que puedo probar.
Para ser más claro, en México existen dos bases del impuesto, base de valores unitarios, que antiguamente equivalían al 10% del valor comercial, y base de valores capitalizados por renta, que no se ajustaban con el 10%, sino con el 42%. Esto implicaba que había un gran diferencial de precios entre un valor y otro, y esto era un trato inequitativo.
Con la nueva reforma, incluso hay bases, porque la de renta se divide en dos, para habitacional y para no habitacional, y si no lo impugnamos, es porque consideramos que es un avance, y porque además, dentro de la reforma existió un avance, o sea se avanzó en valores unitarios y se disminuyó en las tasas.
Ya lo señalaba yo que esto era lo que había ofrecido el Presidente Salinas de Gortari en su campaña, y que hasta ahora se está empezando a cumplir. Esto es un avance también.
Pero para que se tome conciencia, con datos precisos del problema, yo quisiera señalar lo siguiente: dentro del movimiento de los contribuyentes, uno de los primeros puntos donde se presentó fue en California, Estados Unidos, y ahí se manejó lo que se llamó la proposición número 13. Se hizo un referendum y se estableció el uno al millar anual como límite superior para establecer el impuesto predial.
Obviamente los burócratas del Estado de California, acostumbrados a abundantes recursos, decían que esto iba a ser el caos, que se iba a acabar el sistema de bomberos, de policía, etcétera. Actualmente no sólo funciona en el Estado de California con este límite, sino muchos otros estados en Estados Unidos.
En México, contra ese uno al millar, estamos hablando del 2.8 al millar con la tarifa actual de rentas, lo cual es una diferencia de casi tres veces más, por dar un ejemplo. Daremos otro ejemplo: recientemente en España hubo una reforma fiscal, y el impuesto predial o territorial como se llama allá, bajó de 5 mil 500 pesetas por cada millón de pesetas de valor catastral, bajó a 4 mil pesetas por cada millón de pesetas de valor catastral.
En México pagamos en la base de rentas actual, 28 mil pesos por cada millón de valor catastral, siete veces más. Las personas que afirmaban que no va a tener repercusiones, creo que debieran de conocer esta información adicional.
Pero les voy a decir otro ejemplo, y me van a ver como si fuera el mentiroso más grande del mundo, pero lo tengo documentado, se lo presenté a la Tesorería; aquí hay personal de la Tesorería que podría decir que no es cierto. En 1990, a principios de 1990, un departamento, se usó para ejemplo, pero la proposición es similar, un departamento en la calle de Bernard Shaw, en Polanco, si era ocupado por su propietario y pagaba valores unitarios, pagaba 10 mil 569 pesos al bimestre, 10 mil 569 pesos; si estaba rentado, no me voy a equivocar en la suma, 792 mil pesos al bimestre, 792 mil pesos. De 10 mil a 792 mil. Esto era lo inequitativo, lo desproporcionado del impuesto, y este cálculo que se hizo en su oportunidad fue utilizado.
Necesitamos, y lo señalé en mi primera intervención, una estructura más rentable. En el mismo 1990 le señalaba que se cobró la recaudación récord, eran 360 mil millones de pesos al año, que si se hubieran cobrado 100 pesos por metro de tierra al bimestre, se hubieran cobrado 425 mil millones al año, o sea tenemos una estructura de impuesto predial totalmente inadecuada. Venir a hablar aquí de que se va a beneficiar a los ricos, no; el impuesto predial en arrendamiento lo pagan los pobres, porque es un impuesto que se repercute, es un costo de operación. Venir a hablar que va a haber encarecimiento o que no se asegura, es indudable que vendrá una baja de precios.
Pero, principalmente estamos llegando a un sistema de impuesto predial más justo, más proporcionado, aunque todavía nos falta un muy largo trecho por caminar. Es indudable que en esta ocasión se avanzó en el sentido correcto.
Quisiera mencionar que vamos a votar en contra de algunos artículos, la fracción A del artículo 10, que habla de los precios y servicios que se cotizan en el mercado internacional.
Tan pronto fijen el salario mínimo en México, en los términos del mercado internacional, estaríamos de acuerdo; pero mientras tengamos unos niveles de ingresos, sobre todo unos salarios en los sectores populares, que si no fuera tan dramático, darían risa, no podemos aceptar que nos equiparen a niveles internacionales en ningún tipo de tarifa o servicio, porque nuestra población gana en pesos, viejos o nuevos, para el caso es lo mismo, y no pueden ser competitivos.
Vamos a votar en contra del artículo 20, porque no nos parece correcta la tarifa, se corrigió, pero pensamos que no lo suficiente.
Estaremos en contra del 49-B, que se refiere a la tenencia, donde hay un aumento más que proporcional en los derechos de tenencia, y desde
luego vamos a votar en contra del 49-C, D, E y F, que se refiere a la compra - venta de autos.
Insistimos en que éste es un impuesto que no va a generarle a la Tesorería mayores ingresos, equivale al .22%, que va a generarle muchísimo trabajo por una parte, y que puede generar mucha inseguridad jurídica, ya que, no tanto por no pagar el impuesto, sino por no hacer los trámites, van a andar circulando las facturas endosadas en blanco, y esto va a generar una gran inseguridad jurídica.
Vamos a votar en contra del 69, el 75, el 98, fracción sexta, el 99 y el 109, porque implican aumentos más que proporcionales a los hablados; vamos a votar en contra del 119-A, que se refiere a la recolección de desechos sólidos, ya que habla de los establecimientos mercantiles, industriales o similares. El concepto de "similar" como que no va a ser muy preciso para efectos legales.
Pero tampoco hace ninguna discriminación. Hay ciertos establecimientos, mercantiles o comerciales, cuyos desechos sólidos no van más allá de los desechos domésticos.
Hay, no sé si lo señalé aquí, el caso, experiencia propia, que hay desechos, como el caso del papel, que no sólo no hay que pagar para que se lo lleven, sino pagan por llevárselo. O sea, que creo que éste es un artículo impreciso.
Estamos en contra del 124-A, que quiere cobrar derechos por utilizar los parques para fotografías o filmaciones, porque se nos hace que es una broma.
Yo ya me imagino llendo a buscar a don Manuel Paullada a la Tesorería para que me cotice unas cuatro fotos de la Alameda, que voy a utilizar para algún efecto comercial. O sea, yo creo que éstos son bienes de uso y de dominio público y que resulta absurdo establecer cuotas por retratarlos o por filmarlos, así sea para efectos comerciales. Este artículo a mí me suena poco como en broma.
Y votaremos también en contra del sexto transitorio, por cuestiones de interpretación y de principio. Consideramos que no está debidamente fundamentado legalmente, pero no vale la pena entrar aquí a un alegato de tipo jurídico.
Queremos hacer una propuesta en relación al artículo 18, párrafo tercero, fracción II. Voy a leer la explicación, pero quiero ser más preciso.
Al mover las bases y al bajar las tasas, obviamente hubo que ajustar, y esto en algunos aspectos como en vivienda de arrendamiento bajó el pago neto que hay que hacer. Pero en vivienda de no arrendamiento no hay ningún compromiso de que baje.
Pero por cuestiones meramente aritméticas, cuando se reajustó aquí, a petición de algunos señores diputados, la tarifa de nuevo, para entrar dentro de lo convenido en el pacto, al aplicar el factor, el impuesto subía por encima de lo que se pagaba el año pasado.
Si lo del año pasado ya era un impuesto muy alto, 18.5%, está bien, seguiremos luchando porque lo disminuyan, pero de momento el compromiso era que se quedaba igual, y por una cuestión aritmética el factor tendía a subir.
Nosotros estamos proponiendo aquí una corrección, que es un problema, a mi juicio, meramente aritmético, toda vez que ni baja la recaudación ni baja el nivel de impuesto, queda exactamente igual con esta corrección.
Y la propuesta de modificación al tercer párrafo, de la fracción II, del artículo 18 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal dice:
"Considerando que la lucha contra la inflación incluye conservar en lo posible la misma carga fiscal para los contribuyentes y analizando el factor especial para determinar el, tiene un error, del impuesto predial de inmuebles destinados a uso no habitacional, se propone que dicho factor sea de 0.75".
Resulta conveniente señalar que el factor que se propone modificar se ajustó por la Comisión al elaborar el dictamen, al adecuar la nueva tarifa a la petición que el aumento promedio del impuesto predial sea acorde con los lineamientos del Pacto de Estabilidad, Competitividad y Empleo; y que el factor propuesto permite conservar el límite superior superior en el mismo nivel, sin afectar la recaudación.
Por lo anterior, se propone adecuar el artículo 18, fracción II, tercer párrafo, para quedar como sigue: "La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por el factor 0.75, cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional y por el factor 0.42 cuando el uso sea habitacional, y el resultado será el impuesto a pagar.
En el caso de inmuebles con usos habitacionales y no habitacionales, se aplicará a la cantidad resultante conforme al párrafo anterior, el factor que corresponda a cada uso, considerando para ello la parte proporcional determinada en base a las contraprestaciones fijadas para cada uno de ellos.
Las cantidades respectivas se sumarán y el resultado así obtenido será el impuesto a pagar.
Justicia para gobernar y Honradez para Administrar".
Y firma por la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Dejo esta propuesta en poder de la Secretaría y muchas gracias por su atención.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: Compañero diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Decía un respetable diputado, con una conclusión que remataba todo su análisis de la iniciativa, cuyo proyecto de dictamen o cuyo dictamen estamos analizando, que la ciudad funcionaba mejor; el elemento fundamental, conclusivo de su intervención: la ciudad funciona mejor.
Yo creo que hay que decir que la ciudad ha mejorado en su funcionamiento, es decir, la ciudad ha resuelto una serie de rezagos, indudablemente; está en un proceso de resolver muchos problemas acuciantes de la población y de la ciudad misma, como centro urbano.
Y podemos nosotros, afirmar que tenemos, del año pasado a este año, nosotros lo hemos dicho y lo decimos plenamente convencidos, que tenemos una ciudad mejor. No negamos lo que se ha hecho, con un esfuerzo muy grande, indudablemente.
Pero decir que, a secas, que la ciudad funciona mejor, pues la verdad es que no hace la conclusión debida.
Ha avanzado la ciudad en su funcionamiento mejor, pero tiene graves problemas todavía de funcionamiento. Yo creo que aquí valdría la pena considerar y decir también lo que señalábamos que es cierto, la ciudad funciona mejor, tenemos una mejor ciudad, pero el pueblo del Distrito Federal y los trabajadores viven con relación al año pasado una situación de descenso, viven peor que el año pasado en su conjunto, un sector de la población sí vive mejor.
Es importante señalar esto porque a nuestro juicio es el problema de la concepción que tenemos de la ciudad, de los problemas de sus habitantes, de la ciudad como tal y tiene que ver también con una afirmación que queremos hacer de entrada, mientras no sea tomada en sus manos la ciudad por sus habitantes, mientras no haya un Gobierno propio, la ciudad no fa a funcionar como debe funcionar y la ciudad debe ser la que merecen los habitantes del Distrito Federal.
Tiene que ver esto con un problema, es avance, es mejoramiento, indudablemente, ya no somos igual que antes también porque se ha iniciado la lucha, mejor dicho, el examen de la reforma política que en el Distrito Federal debe aplicarse.
Y nosotros decimos: si esta reforma política no avanza, si no se democratiza la ciudad, que tenga gobierno propio, electo; la Hacienda Pública del Distrito Federal que ahora no basta para resolver los grandes problemas, no va a poder hacer frente a los retos en cuanto a los problemas de la ciudad que existen y que hay que resolver.
No es ir con la idea constante de, venga o no venga a cuentos, haya propósito o no o a propósito simplemente de fondo, hablemos de la democratización del Distrito Federal. Es que esto tiene que ver con el problema de la formulación, de los proyectos, de los medios, de las medidas, de la hacienda pública que debe existir para resolver los problemas de la ciudad.
Nosotros, repetimos, no ignoramos los avances de la ciudad, los reconocemos, pero decimos, ¡esto no basta! Y cada vez basta menos y por eso se requieren medidas de otro tipo, buenas las disposiciones pero son insuficientes, es necesario considerar otros aspectos fundamentales para lograr la Hacienda Pública del Distrito Federal que responda a los mejoramientos necesarios que ahora no se han logrado en la situación de los trabajadores y de la ciudad de México.
Esto es nuestro punto inicial y vamos a insistir una y otra vez. No será suficiente y algunos compañeros no lo consideraran adecuado. Muy bien, estamos convencidos de que éste es nuestro punto de vista y es un punto de vista justo.
No ignoramos las dificultades de la ciudad de México. No ignoramos que continúan avanzando, alcanzando grandes magnitudes en significativos niveles de interdependencia que obligan desde cualquier perspectiva a buscar soluciones eficaces y multidireccionales que aún no se plantean.
Pero al mismo tiempo decimos que para lograr este objetivo se requiere en efecto medidas
políticas y que esas medidas políticas que son la reestructuración política - administrativa del Distrito Federal, nos puedan permitir avanzar en el logro de estas soluciones eficaces y multidireccionales.
Es indudable el grado de concentración de actividades en la capital resultado histórico, admítase o no, con responsabilidades políticas que se pagan en las urnas, de un afán centralista.
Los problemas que han surgido y siguen presentes, han ido interconectándose hasta crear una compleja red de refuerzos mutuos y resistencias diversas que son de difícil solución si se toman aisladamente. Si a lo anterior agregamos las inercias burocráticas en la administración, de recursos para la ciudad, tenemos un panorama complejo respecto de las soluciones para los grandes retos de la capital del país.
Nosotros hacemos la afirmación de que el planteamiento fundamental y el sentido de la hacienda del Distrito Federal, aunque haya avanzado, es un criterio no sustentable del desarrollo de la ciudad. Como ahora se dice al abordar los problemas de la ecología: desarrollo sustentable, es decir, desarrollo con ecología. Nosotros decimos que en la concepción de la ciudad, en cuanto al desarrollo de la misma, en cuanto al mejoramiento de la misma, con mayor pobreza de la población, desarrollo de la ciudad sin desarrollo de las condiciones de vida del pueblo, en todos los sentidos, es un desarrollo insustentable.
Dentro de la multiplicidad de agravantes de los problemas de la ciudad, se encuentran el incremento de los índices de delincuencia, por eso mismo, porque no hay las condiciones ni se acoge la concepción de un desarrollo de la ciudad como debe ser. Repito, dentro de la multiplicidad de agravantes de los problemas de la ciudad se encuentran: el incremento de los índices de delincuencia, la vivienda, la deficiencia al transporte y las anomalías en el transporte.
Yo aprovecho la oportunidad para decir: cuándo va a ponerse un hasta aquí a la "patente de corzo" que tienen los minibuses en el Distrito Federal, para hacer de la ciudad lo que les da la gana, son dueños de la ciudad, ¿quién dio esa patente de corzo?, el suponerse que la concedió el jefe de la Policía, porque hacen lo que quieren a la vista... (Desorden.)
...Sí compañero, así es, pregúntele a todo mundo, se paran a mitad de la calle, en una esquina, en la otra, etcétera, es innegable. No sólo pues deficiencia del transporte, sino manejo irregular del transporte. Y hay que decirlo claramente, esto no obsta para que conste la apreciación de avances importantes de la ciudad.
Y también se agravan muchos otros problemas. Indudablemente paralelo a lo anterior nos encontramos frente a la agudización de problemas ya de otro tipo: sociales, culturales y ecológicos. Y tiene que verse la hacienda pública precisamente en la magnitud de estos problemas de la ciudad de México de carácter social, aquí hay que prestarles mayor atención, más presupuesto, por ejemplo a los de desarrollo social, pues me parece que en este caso vamos a volver a lo que hemos dicho: previamente estudio de la hacienda pública por la Asamblea del Distrito o por la Cámara de Diputados. Si no, vamos a seguir en lo mismo, cada año lo mismo.
Consideramos que bajo esta perspectiva, las modificaciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal debe ser el sustento de una política de ingresos tendiente a promover la estabilidad, a garantizar el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del Distrito Federal y a crear una estructura fiscal más justa porque ésta no es la más justa, aunque esté resuelto el problema de que la ciudad funciona bien, dicho categóricamente.
Se debería tomar en cuenta un número más elevado de variables para la obtención de niveles de autosostenimiento y de una justa distribución de la riqueza.
No sólo deja de llamar la atención en materia de ingresos se proyecte un aumento promedio del impuesto predial del 13%, cuyo objetivo es el de cubrir el rezago existente en esa materia.
Yo quisiera decir que debe llamarnos mucho la atención la explicación que hacía aquí el diputado Kunz Bolaños, efectivamente, ésta es una de las medidas que pueden contribuir a que en la práctica desciendan los alquileres.
Muy importante. Con repercusiones también en otras materias. Nosotros creemos en nuestro grupo parlamentario, que hay que examinar este punto de vista. Sin embargo, nosotros quisiéramos presentar de todas maneras, otros aspectos del problema, que probablemente merezcan esclarecimiento cuando menos.
Decíamos pues, que nos parece esta medida, vista en su conjunto, complica y representa ideas muy contrarias a la misma. Por ejemplo, empaña las expectativas de crecimiento con justicia y de
justa redistribución del ingreso en cuanto a lo que vamos a decir.
Al revisar la Ley de Hacienda, nos encontramos que el impuesto predial no sólo aumentará el 13% mencionado en la Ley de Hacienda, sino que el aumento es mayor, dado que habrá ajustes al valor catastral. Si esto es así indudablemente que tiene que ser considerado para no aprobarlo tal cual se presenta. Bien se sabe que el valor catastral siempre es menor al valor comercial de los bienes inmuebles y el hecho de hacerlos equivalentes, implica un predial mayor. ¿Así es?, preguntamos, cuestionamos.
Se dan dos aumentos, a nuestro juicio, de acuerdo con la visión que teníamos o que tenemos, que debe ser considerada también tomando en cuenta parte del análisis que hacía el diputado Kunz Bolaños, uno por la vía impositiva y otro por la vía de actualización catastral.
Nos parece importante pues, considerar también el problema desde esta óptica.
Consideramos que no es o que es aceptable, una medida que se presenta en este aspecto, de la manera como está considerada en el dictamen que nos presenta la Comisión del Distrito Federal.
Hace unos días la Comisión de Salarios Mínimos, determinó el mini salario verdaderamente increíble, en las condiciones actuales. Tomamos en cuenta, el antecedente inmediato. Pero visto así en términos inadmisibles por lo injusto del aumento para la ciudad de México, de un 7.05%, verdaderamente no puede dejar de mencionarse en lo que se refiere a este tema, porque afecta a la ciudad y al nivel de vida de la ciudad.
Por eso consideramos que esto del aumento entre comillas, que en la práctica será rápidamente superado sin dejar de tomar en cuenta que puede mejorar el salario mínimo real, de todas maneras esto obliga a considerar otras medidas y por eso decimos que en los impuestos que se prevén, no había necesidad ni hay justificación para que se establezcan.
Debemos hacer también alusión al nuevo impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados. El uso del vehículo en la ciudad de México, se ha convertido de un artículo de lujo, a un artículo necesario. Hay que reconocerlo; ante la deficiencia del sistema de transporte. Entendemos que esta medida tiene dos fines: el primero obtener ingresos adicionales y el segundo, desalentar el uso del vehículo. Pero la medida afecta al ciudadano que no posee recursos para obtener un automóvil nuevo.
Quienes venden carros usados, quienes los venden fundamentalmente son aquéllos que pueden adquirir carros nuevos.
El uso del automóvil con la aplicación de nuevos impuestos no lo desalentará, porque decíamos, se ha convertido en una necesidad de transporte, cada vez mayor. Lo que a nuestro parecer debe hacer el Distrito Federal, es dotar a la población de un transporte eficiente y con mayores rutas y en la defensa o en la lucha por una mejor ecología o por superar lo que tenemos de pésimo medio ambiente, caben otro tipo de medidas, ya los compañeros las han mencionado, en un consenso de todos, de que es necesario avanzar en esa dirección.
La causa de los problemas que no se atacan y solamente se palían con medidas parciales, pero que le otorgan al Departamento del Distrito Federal la posibilidad de obtener mayores ingresos.
En el mismo sentido, nos sigue preocupando el carácter que vayan a asumir los procesos de erradicación, de elevación y evasión fiscales. Es decir, consideramos válido el hecho de que se pretenda cubrir el universo de contribuyentes existentes con procesos de autoría y de auditoría y revisión, de simplificación de disposiciones y trámites, y con la orientación y asesoría a los contribuyentes.
Pero de ahí a sostener que ello permita distribuir la carga impositiva en un universo de contribuyentes cada vez mayor, nos parece que hay una considerable distancia. Hay que tomar conciencia, precisamente de esa distancia y no ignorarla.
En primer lugar, no se habla de asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes existentes, sino que se pretende la ampliación del universo de tributantes.
A nuestro juicio ello implica extender las cargas fiscales a sectores de población que hasta ahora se habían mantenido fuera de esa dinámica.
Insistimos nuevamente en la necesidad de establecer una estructura de recaudación que esté definida por zonas económicas y niveles de ingresos. Creemos que un factor fundamental para ello, es la continuación del proceso de actualización y completamente del catastro urbano, así como la correlación de éste con los estudios sobre
distribución de ingresos realizados en el censo pasado.
A partir de lo anterior, consideramos que se avanzaría en el proceso de garantizar equidad y justicia en la captación del ingreso por parte del Distrito Federal. En caso contrario, la tendencia observada hasta ahora, nos indica que avanzamos en un proceso tendiente a garantizar mayores niveles de autosostenimiento en la administración de la ciudad capital, sin que ello implique que hay equidad en el aparato recaudatorio.
Decíamos claro, que reconocemos el avance que significa la autosuficiencia, y hemos dicho que no es correspondiente la autosuficiencia financiera del Distrito Federal y la existencia en lo fundamental de unas finanzas sanas, con el hecho de que este esfuerzo de la población del Distrito Federal se siga correspondiendo con la falta de un verdadero régimen democrático en el Distrito Federal. Eso demuestra, de ahí la importancia que hace posible que la ciudad se gobierne así misma; tenga un gobierno propio, independiente de elección directa en todos los niveles por sus gobernantes; es la importancia que tiene este avance. Por qué lo vamos a ignorar si precisamente refuta a aquellos que decían: "Cómo es posible que el Distrito Federal se vaya a sostener". ¡No!, esto es posible. Por eso la importancia del avance logrado, y queremos subrayarlo.
Creemos que esta iniciativa avanza en la dirección de autofinanciar a la ciudad de México y a la vez encuentra, he ahí una contradicción, límites inmediatos en cuanto a la diversificación de la estructura de los ingresos.
A tres años de la importante reforma a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, aunque se ha avanzado, falta mucho por hacer; sobre todo en el ámbito de la equidad, la justicia y la proporcionalidad en el cobro y estructura de impuestos como el predial, adquisición de inmuebles, espectáculos, nóminas, tenencias.
En algunos de estos impuestos en la Ley de Hacienda que hoy discutimos, se dan reducciones importantes, las reconocemos, como en los que se refiere al arrendamiento de viviendas y a la adquisición de inmuebles.
Los incrementos y adiciones de impuestos también se presentan en el cobro de los derechos. Alguna de estas adiciones se refieren a derechos que se cobran pero no afectan a la totalidad de la población, sino a sectores muy específicos. Sin embargo, la obtención de ingresos se busca ¡a toda costa!, ahora también en el uso de parques y jardines para tomar fotografías con fines comerciales, es causal del cobro de derecho.
Nos preocupa que esto suceda. Lo cuestionamos. No porque afecte a los capitalinos en lo general, sino porque en la búsqueda de nuevas causales de derechos, sí se pueden obtener efectos directos o indirectos a la población en general. Bien es conocido que los cobros intermedios, finalmente, afectan al consumidor final.
Creemos, pues, que aquí hay una contradicción; una contradicción que debería haberse superado, que debe superarse. Si la finalidad es hacer autofinanciable al Distrito Federal, se ha logrado. Incluso las finanzas se pueden considerar, como decíamos, sanas. Si la finalidad es elevar el bienestar de los capitalinos, ésta no se ha conseguido.
De ninguna manera se han solucionado los problemas de la delincuencia, de la contaminación, de la vivienda y del transporte urbano. Las condiciones de vida de 1992 no fueron mejores que las de 1991. Y con los objetivos y metas fijadas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, francamente, consideramos que las de 1993 no van a ser mejores que las de 1992.
Sirvan estas consideraciones para apuntalar el voto general en favor, de parte del grupo parlamentario. En lo particular, pues trataremos de orientar nuestro voto, de acuerdo con estas orientaciones y pensamos que con esto fijamos en general la posición del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Muchas gracias por su atención y por el mejoramiento, sin ninguna duda, del auditorio, en calidad y en cantidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo que establece el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expone su voto particular en contra del proyecto de dictamen
que presenta la Comisión del Distrito Federal, sobre la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, presentada ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 1o. de noviembre del año en curso por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El Partido de la Revolución Democrática considera conveniente ratificar el espíritu y la letra de las disposiciones constitucionales que en materia de impuestos mandatan al Ejecutivo, al Congreso y a los ciudadanos.
Consideramos conveniente realizar esta revisión por las desviaciones y tergiversación que se hace, fundamentalmente por el Ejecutivo, de los mandatos constitucionales.
El artículo 31 de nuestro código político asienta que una obligación de todos los mexicanos es la de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Analizando este precepto, nos damos cuenta de que el impuesto constituye una obligación de derecho público. Dicho impuesto debe ser establecido por una ley y ésta debe ser proporcional y equitativa para así cubrir los gastos públicos.
El impuesto representa una carga para los gobernados y son éstos los más interesados en el mejor establecimiento de dicha carga. Para ese efecto nuestras leyes delegan esta preocupación a su representación popular, que es el Poder Legislativo, facultándolo de acuerdo a los artículos 72 inciso h, 73 fracción VII y 74 fracción IV de nuestra Carta Magna, para que pueda examinar, discutir y aprobar los proyectos de todas las leyes que versen sobre impuestos, contribuciones y aprovechamientos.
En el momento de la aprobación de las contribuciones es cuando se da la correlación entre la facultad del Congreso para imponer contribuciones y la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos.
Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que la obligación de cubrir los impuestos por parte de los gobernados, no constituye una obligación contraactual que esté regida por las leyes civiles; es decir, es una carga establecida por decisión unilateral del Estado, sometida exclusivamente a las normas de derecho público, por lo que el pago de los impuestos se traduce en la precisa condición de la exigencia del Gobierno, para el mantenimiento del orden público, a cuya sombra reposa la sociedad civil sin tener que darse necesariamente una contraprestación.
La obligación de los ciudadanos, consagrada en la Constitución, es la imperiosa exigencia de una necesidad política regida por el derecho administrativo; constituyen servicios públicos que se deben prestar, aun contra la voluntad del obligado.
Ahora bien, para la expedición de la Ley de Ingresos y los impuestos que en ella se definen, en este caso la Ley de Hacienda que estamos discutiendo, se requiere de un estudio de las condiciones particulares económicas del país y de nuestra entidad, y de las posibilidades que haya de satisfacer.
La carga del impuesto asciende a una estimación probable de su rendimiento, ya que dichos ingresos deben ser bastantes para cubrir el Presupuesto de Egresos y de esta forma satisfacer los requerimientos colectivos.
Pero debemos afirmar con toda energía que la proporcionalidad y equidad del impuesto no resulta necesariamente de la universalidad de su pago, sino de su relación con los capitales que afecta; es decir, la proporcionalidad y equidad del impuesto exige que se reconozca la desigualdad de condiciones que hay entre los individuos.
Contrariando estos principios constitucionales, las administraciones neoliberales de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, han sostenido otros principios que, aparentando ser complementarios en su esencia, van trastocando y sustituyendo estos principios constitucionales; ellos son: finanzas sanas, superávit presupuestal, prestación de servicios individualizados, cobro de los servicios de acuerdo al costo de la prestación de los mismos, racionalización de la demanda, impuesto relacionado con la calidad y cantidad de los servicios públicos, reducir la dependencia financiera respecto a los ingresos de participaciones federales, etcétera. Todos éstos enarbolados en la bandera de la modernidad y la eficiencia administrativa y, en el colmo del cinismo, bajo la bandera de la justicia social.
El desarrollo de nuestra ciudad a lo largo de varias décadas ha requerido de grandes inversiones para beneficio y provecho de la república centralista que nos rige. Ahora ésta cobra su factura al exigir que las necesidades crecientes de inversión sean pagadas por los sectores de
menores ingresos, incluso en los últimos años se ha dado el fenómeno de creciente abandono de cientos de miles de habitantes de las áreas de mayor infraestructura y servicios, aun cuando el Gobierno ha ratificado su interés de destinar menores recursos a la entidad. La propia ciudad ha impuesto sus condiciones y ha obligado a que hoy más de la tercera parte del gasto público de la Federación sea destinada a la capital.
El 27% de la riqueza del país es generada en esta ciudad, esto nos habla de la importancia estratégica que tiene nuestra ciudad para el modelo económico salinista.
El Estado tiene múltiples instrumentos de política económica para inducir el desarrollo económico. Las leyes en materia de finanzas públicas son su principal instrumento.
La discusión de la Ley que hoy nos ocupa fue reformada en 1988 y desde entonces, en las sucesivas reformas conserva una tendencia de iniquidad, injusticia y desproporcionalidad. Las contribuciones se aplican a una población cada vez mayor, cargando sobre la inmensa mayoría los aumentos. En los últimos tres años han crecido más del 100% los impuestos; en 1988 los capitalinos aportábamos, vía pago de contribuciones, el 23% de cada peso que percibíamos; hoy el 45%. Esta política tributaria no considera que el 5% de los capitalinos concentran los ingresos teniendo percepciones de más de 30 veces el salario mínimo y el 76% tiene ingresos de menos de 10 salarios mínimos, la tercera parte de la población tiene ingresos familiares de menos de cinco veces el salario mínimo. Nuestra ciudad se ha diferenciado urbanísticamente, teniendo por un lado zonas con todos los servicios, donde se ubican las mansiones con todos los lujos; por otro lado, extensas zonas de la ciudad no cuentan con los más elementales servicios públicos, ubicándose asentamientos irregulares sin pavimentación y con problemas sanitarios derivados de la falta de drenaje, agua corriente, sistemas de recolección de basura; los padres de familia que viven en estas zonas carecen de una actividad productiva fija y se dedican a trabajos eventuales.
Estas afirmaciones no surgen de la necesidad del sensacionalismo político, son los resultados que se pueden constatar de los datos del Onceavo Censo de Población y del Manual Mercadológico PINSA que han realizado una radiografía geográfica del perfil familiar, urbano, hábitos de vida y consumo y de los ingresos familiares contemplando toda la zona metropolitana.
La iniciativa que el Ejecutivo nos envía y que ha dictaminado la Comisión del Distrito Federal, ratifica la misma concepción en materia tributaria que ha sostenido la presente administración; lejos de lograr el propósito de equidad y proporcionalidad, la puesta en marcha de las disposiciones hacendarias vendrá a diferenciar más nuestra ciudad y continuará el éxodo de habitantes hacia la periferia, a engrosar los cinturones de miseria huyendo de una ciudad cara.
Los servicios públicos en general son deficientes; con la medida de cobrar por ejemplo en los establecimientos comerciales e industriales por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos, se creará el fenómeno de que si se paga por un servicio, se puede exigir calidad en la prestación de éste y al mismo tiempo al privilegiar a un sector de la sociedad se desprotegerá a la mayoría.
Esta medida es un ejemplo más de la perversión de los principios constitucionales, pues los servicios públicos son para todos los ciudadanos aún contra su voluntad; aún más, la recolección de basura es un servicio público que si bien en algunas entidades de nuestra República se ha concesionado, su concesión se da en la medida de que los particulares aprovechen los beneficios del tratamiento de la basura, pero en ningún momento se obliga a un pago por el servicio. En el fondo de esta medida está la tesis de individualizar la prestación de un servicio público.
La teoría constitucional también nos señala que el pago de los impuestos es para satisfacer gastos públicos, no significa una relación contractual, estos beneficios los reciben aun los que no pagan impuestos, de tal modo que si económicamente es falso el concepto del impuesto como contraprestación, legalmente también es insostenible esta idea.
Con esta medida se fracciona un servicio público; mientras una parte de la sociedad tiene que pagar por un derecho, la otra está exenta. Para que esta Legislatura y la sociedad vean con buen agrado la anterior propuesta y otras que nos ha hecho el Ejecutivo, se nos quiere convencer de las bondades de esta medida, argumentando que se trata de una medida de carácter ecológico, bajo el argumento de que quien contamina, pague.
Así por el estilo son las medidas sobre los derechos de descarga a la red de drenaje y el impuesto de Adquisición de Vehículos Automotores Usados. Hay en el Ejecutivo una pobre concepción de cómo combatir la contaminación
ambiental; el Gobierno de esta ciudad tiene una visión inmediatista en la solución de los problemas, no existe en ninguna parte de esta Ley el menor sentido de justicia tributaria. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salvador Abascal Carranza.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Con su autorización señor Presidente, señoras y señores diputados:
Es justo señalar antes de entrar al fondo de mi presentación, que ciertamente la Comisión del Distrito Federal trabajó con mucha seriedad y con mucha intensidad en éste y otros dictámenes de su competencia y que sin embargo nuestra posición congruente con la filosofía del Partido Acción Nacional y las discrepancias naturales que hay respecto a algunas de las disposiciones contenidas en este proyecto de decreto, nos obligan a votar en contra a pesar inclusive, de que el propio dictamen recoge valiosas reformas de la iniciativa del Ejecutivo que ya se han comentado aquí por otros compañeros diputados.
Estamos conscientes de estos avances, e inclusive comentaremos algunas de las disposiciones que contiene la propuesta en comento. Sin embargo, no podemos avalar en lo general la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, no solamente estas modificaciones, sino en su conjunto, por las disposiciones impugnadas por mi partido en años anteriores.
Para hacer un poco de memoria, quiero recordar aquí, el año pasado nos opusimos a diversas disposiciones fiscales; por ejemplo la persecución contra presuntos evasores que eran tratados en las modificaciones de la Ley Hacendaria del Distrito Federal, como verdaderos criminales.
En el debate que se dio aquí mismo en esta tribuna, nosotros señalábamos la necesidad de reducir las penas para que pudieran obtener la libertad bajo caución y por no ser considerados como criminales peligrosos los presuntos o posibles evasores fiscales.
Nos opusimos también al nuevo impuesto sobre la tenencia de vehículos anteriores a 10 años. Y fíjense lo que son las cosas señoras y señores diputados, en aquél entonces nosotros, sin ser profetas ni tener la bola de cristal, decíamos que seguramente este impuesto iba a sufrir incrementos significativos para el siguiente período fiscal, y así es.
Algunos de los incrementos llega al 70%, en lo relativo a los automóviles de 8 cilindros, o los vehículos de 8 cilindros. Lo decíamos el año pasado y esto puede también ser muy importante en las leyes que ahora discutimos, en las posiciones fiscales, por ejemplo, en relación con el famoso 1% que en sentidos reales en el contexto mismo de lo que significa la evaluación del 1%, por una transacción de esta naturaleza, quizá no signifique una carga muy onerosa, pero esto da pie y abre la puerta a que el próximo año, por ejemplo bueno, pues ya esté establecido el impuesto simplemente como se hizo con el que ya estaba yo comentando hace un momento, se aumento al 4, ó al 5%, ó al 10 y ya quién lo va a impedir.
También nos opusimos a la figura del cazarecompensas que permanece en la Ley Hacendaria del Distrito Federal y que se hizo por homologación con la correspondiente Ley Federal, pero también es curioso ver que unos meses después de que con muchos trabajos se incluyó en la Ley del Distrito Federal esta figura de las penas muy altas, me acuerdo aquellas medias aritméticas que no permitían la libertad bajo caución y nosotros insistíamos en bajarla, unos cuantos meses después por la iniciativa presidencial se reformó la Ley Fiscal, en el sentido propuesto aquí por Acción Nacional. Las demás propuestas no siguieron la misma afortunada suerte, pero cuando se propuso en la iniciativa presidencial estas reformas fiscales, ninguno de los diputados que aquí defendió en aquel momento esta inclusión por homologación con la Ley Federal en la del Distrito Federal lo de las penas fiscales, ninguno se acordó de aquellos argumentos y simplemente apoyaron la iniciativa presidencial.
En términos generales se puede decir que en el Distrito Federal sí habrá aumento de impuestos, hay aumento en el impuesto predial. Además se dice que en términos ponderados, será del 9.9%. Qué precisión, ni más ni menos. Esto nos recuerda, algunos artículos que salen a la venta con precios así de 9.99 y siempre cercano a la siguiente centena o decena, como para hacernos creer que el artículo es más barato.
Por otra parte hay que considerar que esto contradice también de alguna manera lo expuesto por el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en el sentido de que la inflación será de 7% para el siguiente año. Este elemento no quiere decir que incida ya en dos puntos o tres puntos arriba de la inflación, sino que simplemente es ponderable también, como dice la iniciativa, ponderable para efectos inflacionarios.
También habrá, como ya lo comenté hace un momento, aumento significativo en la tenencia
de vehículos anteriores a 10 años, hasta del 70%; un nuevo impuesto sobre adquisición de vehículos usados y tres nuevos derechos, con los que por cierto estamos de acuerdo también en lo general, aunque propondremos algunas modificaciones a la redacción de estos artículos.
Se propone también aumento a las tarifas por el uso del agua. También en términos generales está bien por la exposición de motivos, está bien fundamentada, pero al mismo tiempo se prevén clausuras de tomas no domiciliarias, estamos de acuerdo con ello, pero por otra parte se establecen restricciones por el mismo concepto en tomas domiciliarias, en tomas habitacionales, restricciones al uso del agua, y se dice que es en términos del artículo 64 de la Ley de Salud.
Haremos también en su momento una consideración específica al respecto, porque si bien aquel que no paga el agua es justo que se le corte, la familia que no la paga, hay otros recursos de la autoridad para hacérsela pagar y no el restringir el uso del agua, no sé cual sería el mecanismo que podría establecer ahí la autoridad para restringir ese uso del agua, me parece a mí que sería una especie de mini Ley Torricelli, es decir, de un bloqueo de agua, de un control de agua, no sé si se piense en un empleado que esté por las mañanas abriendo y por las tardes cerrando, o al revés, en cada una de las tomas domiciliarias en donde haya morosidad en los pagos correspondientes a los derechos de agua.
Eso me parece sumamente grave, por lo cual nosotros propondremos simplemente que se elimine esa parte, porque la autoridad tiene otros medios para cobrar y no mediante leyes Torricelli.
También se propone que algunos otros derechos, el caso por ejemplo del derecho por la supervisión de cuerpos policiacos privados. Aquí también vamos a hacer una propuesta porque en el segundo párrafo del artículo correspondiente, dice que el pago de los derechos correspondientes no da la autorización al cuerpo policiaco. Esta es una contradicción. Yo creo que si un cuerpo policiaco no está autorizado debidamente, no tiene por qué ni siquiera la autoridad cobrarle ningún derecho, porque esto puede inducir seriamente a error a los usuarios de estos servicios de protección o de seguridad, porque le pueden exhibir un recibo, diciendo que ya pagaron un derecho ante la autoridad, y no son expertos los vecinos o los colonos para decir que ese recibo solamente es por derechos, pero no la autorización. El estar recibiendo un dinero de parte de una asociación de esta naturaleza o de una agrupación de policía, como que al ciudadano le daría cierta confianza de que está legalmente constituido, de que está legalmente autorizado, y que no hay ningún problema en la prestación del servicio correspondiente. Se puede prestar a engaño muy serio, muy grave y a sorprender a los vecinos con esta prestación de servicios profesionales de seguridad.
Respecto a todo esto los aumentos de los impuestos, de buscarle por aquí y por allá a ver en dónde hay mayores recursos para que el Estado aumente sus arcas, me recuerda lo que dice el autor francés, experto fiscalista Pascal Salá (?), que dice que en ocasiones los gobernantes, desesperados en su afán de hacerse de mayores recursos, y presionados por las necesidades de la población, piensan como los ladrones, tomar el dinero de donde se encuentre.
Lo que pasa es que no siempre aciertan a tomarlo de los que más tienen; también lo hacen, dice, a menudo de los más pobres, de los que menos tienen, y los diputados tenemos que estar muy sensibles a estos aumentos, a esta casi carrera por los impuestos que a veces las autoridades emprenden y no tienen un fin claro. Obviamente sabemos es la mayor recaudación, pero por otro lado se están afectando intereses aunque sea de poco en poco, porque como después demostraremos, el cobro de los impuestos a veces no impacta realmente lo que debe impactar. Vamos por partes.
Respecto al aumento ponderado del 9.9% al predial, esto viene aparejado con la recatastración que por cierto nos parece sumamente positiva, que de 259 colonias catastrales, se dividió el Distrito Federal en 1,677, y por lo tanto esto debería servir para ampliar el universo de contribuyentes, más que para aumentar, así sea por razones de redifinición de zona catastral, es decir, si se hizo el esfuerzo y el trabajo en la recatastración y en redefinición de las zonas catastrales, y se amplió de una manera considerable el número de colonias, y se ubicó el ingreso medio de las colonias, esto nos llevaría, como consecuencia lógica, a pensar que es más fácil ampliar el universo de contribuyentes, cobrarles a aquellos que no están pagando, y no simplemente aumentar impuestos, lo cual es injusto, porque entonces aquellos que no han pagado, seguirán sin pagar, y los que pagan cargarán con la cuenta y la factura de los que de todos modos seguirán sin pagar.
Por supuesto que es más fácil aumentar el impuesto que hacer el esfuerzo administrativo de
buscar a los que no están registrados, a los que están evadiendo la contribución predial en este caso.
En relación con el nuevo impuesto sobre adquisición de vehículos usados, y el importante aumento sobre la tenencia de automóviles anteriores a 10 años, es preciso hacer las siguientes consideraciones:
Primero, si se acepta el impuesto del 1% para este año, que repito podría parecer modesto, para 1994 puede aumentar al 4 ó al 5 ó al 10%. Ya tenemos el antecedente que les había comentado.
Por otra parte, las argumentaciones que se esgrimen a favor de estos aumentos, pretenden ser fundamentalmente ecológicas. Dice, por ejemplo, el dictamen, "que independientemente de lo anterior, existe un ánimo ecológico que oriente esta reforma, consistente en el hecho de hacer partícipes, de una manera responsable a las personas físicas o morales en el combate a la contaminación, cuando éstas adquieran en el Distrito Federal vehículos automotores".
Y después dice: "si las personas que adquieren un vehículo usado se encuentran obligados a contribuir para los gastos que serán destinados a abatir los niveles de contaminación, actuarán de una manera más responsable". Ya se está incluso metiendo en la sicología del causante o del contribuyente, diciendo: "estas actuado de manera más responsable porque estás pagando este impuesto".
Sin embargo, el pretexto ecológico no vale, porque nadie va a dejar en su casa el automóvil por tener que pagar más tenencia; y nadie va a dejar de comprar un automóvil usado por tener que pagar el uno o más porcentaje, por una simple y sencilla razón: porque no tiene alternativa; porque hay mucha gente que no tiene alternativa del uso de los medios de transporte colectivos. Si tuviéramos un transporte colectivo eficiente, rápido, cómodo, en toda la ciudad, estas medidas quizá podrían, ni siquiera deberían implementarse como para que surtiera efecto de esta naturaleza, sólo los ciudadanos, como en cualquier parte del mundo, empezarían a dejar el automóvil y se trasladarían a donde tengan que ir, en los medios más eficientes de transporte colectivo.
Pero no tienen alternativa, y entonces no hay razón ecológica para que se diga que aumentando este impuesto se va a desalentar el uso del automóvil, y además de que estos recursos se van a utilizar para combatir la contaminación. También son demasiado reducidos estos recursos. Se piensa, por ejemplo, que por el 1% se pueda recaudar, el Gobierno del Distrito Federal, 31 millones de nuevos pesos.
Pero si la razón que se invoca es además la de un mayor control vehicular, esto tampoco vale, porque el año anterior se dijo lo mismo respecto al nuevo impuesto sobre la tenencia. Se dijo que era para un mayor control vehicular.
¿Qué pasó? ¿Qué nos garantiza que no fracase este impuesto del 1%, y que el próximo año, aparte de aumentarlo, se piense en otro impuesto para ver si ahora sí hay suficiente control vehicular?
Si lo que se quiere, y creo que es la verdad, es la ampliación de fuentes de financiamiento, que además produzcan efectos benéficos para la sociedad, tanto desde el punto de vista ecológico como del orden social. ¿Por qué no se aplican las multas previstas en múltiples reglamentos, que son letra muerta?
¿Por qué no se hacen las correspondientes verificaciones a los vehículos de transporte colectivo, por ejemplo, a los minibuses que son trampas mortales; a los autobuses foráneos? ¿Por qué no se aplica el Reglamento de carga para el Distrito Federal? ¿Por qué no se aplica el Reglamento de estacionamientos públicos, el Reglamento de tránsito? Yo creo que ahí habría cuantiosos recursos para el Gobierno si se aplicaran honestamente estos reglamentos.
Por supuesto que en su comparecencia el licenciado Camacho Solís, ya dijo que quizá esto provocaría mayor corrupción, entonces vean ustedes un círculo vicioso: si se aplica el Reglamento produce mayor corrupción, y si no, es anarquía y la ciudad sigue en el caos.
Por otra parte, quiero llamar la atención a los señores diputados de los estados circunvecinos al Distrito Federal, sobre este nuevo impuesto del 1%.
De aprobarse aquí este concepto, no tardarán en hacer lo mismo los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, porque si ustedes, como lo escucharon hace rato, saben que el Distrito Federal no había puesto esta nueva disposición fiscal, porque los demás estados no lo tenían, los demás estados no lo implementaban, porque el Distrito Federal no lo tenían; bueno, pues el Distrito Federal está dando el ejemplo, entonces propone este nuevo impuesto y ahora el Estado de México, por ejemplo, automáticamente, pues, tendrá que hacerlo, y tendrá que hacerlo porque si no muchas de las transacciones de la
compra - venta de vehículos usados, se van a hacer en el Estado de México y eludirían este impuesto del 1%.
Lo que sucede en muchas ocasiones con los impuestos, es que no impactan necesariamente aquello que, suponiendo la buena fe, desean impactar.
El tributo produce efectos ignorados de momento y no deseables, que eventualmente se traducen en tensiones sociales.
En las acciones impositivas la autoridad no considera generalmente el valor que los causantes le atribuyen a determinados fenómenos impositivos, y parte de esta insensibilidad se encuentra precisamente en la exposición de motivos, porque se dice que las propuestas de la iniciativa dictaminada, "inciden sobre grupos de contribuyentes perfectamente definidos y con evidente capacidad contributiva". Eso dice la autoridad y eso dice el dictamen.
Pero esto es muy peligroso, porque esto revela falta de sensibilidad para entender cómo realmente va a impactar el impuesto en la población, en los individuos. Esto es un problema que generalmente los gobernantes que imponen las contribuciones no ven, y me remito a la historia, para que ustedes vean los problemas que han provocado los impuestos a través de los tiempos.
Por eso, debemos tener mucho cuidado los diputados en no abrir, como se está haciendo, posibilidades ilimitadas y arbitrarias de imposición y de tributación, con el pretexto de que algunos impuestos han tenido éxito en otras partes.
También se dijo en la exposición de motivos que este impuesto había tenido éxito en otros lados y por eso en el Distrito Federal se tenía que implantar.
Con estos razonamientos podemos llegar al absurdo de gravar la compra - venta de artículos domésticos usados, de ropa usada, etcétera, o nuevos impuestos al número de lámparas de una casa, inspirados, quizá, en algún exitoso impuesto africano.
La realidad sobre esto es que, los ciudadanos se sienten cada vez más amenazados e invadidos por el Gobierno en su vida privada.
Y el ejemplo lo tenemos justamente en ese artículo que había mencionado, el 134, que dice textualmente, en la última parte del primer párrafo: "... y poder restringirlo a la cantidad necesaria, o sea, suspenderá el suministro de agua a inmuebles de uso no doméstico, y podrá restringirlo a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos, tratándose de tomas de uso domésticos, considerando en este último caso, lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Salud para el Distrito Federal".
Repito la argumentación anterior: ¿Quién va a ser el que implante estas medidas de restricción en la dotación de agua para los domicilios particulares?
Respecto al artículo 119-A, que establece un servicio, un derecho por servicio de recolección de residuos sólidos, entiéndase basura, se propone una tabla. Y yo considero que al poner una tabla complica más este problema, porque yo les pregunto, señores diputados, si el camión recolector va a llevar una balanza, cómo se va a pesar, porque está por cada 10 kilos, determinados cobros de derechos.
Entonces, esto lo va a hacer mucho más complicado y también se va a prestar a mayor corrupción. Hagamos las cosas más sencillas, simplemente eliminemos ese concepto y que la autoridad vea la manera; estamos nosotros de acuerdo en que esto, a las empresas productoras de desechos sólidos se les debería cobrar, pero que vea la manera más ordenada, que se preste menor a corrupción, para hacer el cobro correspondiente. El artículo 119-B, por ejemplo, que se refiere a los servicios privados de seguridad y habíamos comentado que en el segundo párrafo que el pago de estos derechos no implica la autorización, pues mejor entonces que no los paguen para que no se preste a malos entendidos y que se pueda exhibir como una autorización, lo que no lo es.
Para terminar y por todo lo anterior les pido a las señoras diputadas y a los señores diputados, el voto en contra.
Pero una reflexión final: ¿cuánto le cuesta a la nación que el Congreso apruebe estas leyes? ¿Cuánto papel de desperdicio? Ayer mismo veía yo como se distribuía el dictamen entre los 500 diputados o los 400 y pico que estábamos aquí. ¿Cuántos realmente lo leyeron? ¿Cuántos realmente se interesaron y se involucraron en esta Ley que hoy estamos aquí discutiendo? ¿Cuánto papel de desperdicio? ¿Cuánto trabajo desperdiciado del personal que preparó esta documentación? ¿Cuántas horas - hombre? Podemos decir también: ¿cuántas horas - diputado que son muy caras, se han utilizado y se siguen utilizando en la discusión de este tema que debería ser
objeto de discusión en la Asamblea de Representantes, de todos modos ya se discute allí? De todos modos la Asamblea de Representantes discute pero no aprueba ni desaprueba, solamente es para fijar posiciones políticas. Pero si ya lo discuten los señores Asambleístas, sería muy conveniente que también lo aprobaran en su caso.
Espero para finalizar que los diputados de los estados circunvencinos se opongan, sobre todo, en relación con el nuevo impuesto, se opongan con su voto a esta Ley. Y cuando menos los de la fracción obrera que declaró hace algunas semanas que se opondría también aunque obtuvieran algunas reducciones, pero específicadamente señalaron este nuevo impuesto, como un impuesto al cual se opondrían en lo particular.
Nosotros reservaremos, el Partido Acción Nacional, reservará para su discución en lo particular y para hacer propuestas concretas los artículos 13, 119-A, 119-B, 134 y el Capítulo Séptimo completo y será el compañero diputado Víctor Orduña, el que venga a hacer la propuesta correspondiente a esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro.
El diputado Benjamín González Roaro: -Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
Antes que nada quisiera agradecer a nombre de la Comisión del Distrito Federal, los comentarios favorables que en relación al trabajo que se realiza en su seno, hicieron los diputados Juan Cárdenas, Adolfo Kunz, Manuel Terrazas y Salvador Abascal.
Yo quisiera iniciar mi intervención comentándole a don Guillermo Flores, que para mi fracción parlamentaria la política fiscal no representa únicamente el medio por el cual el Gobierno se allega de recursos para solventar los gastos que demanda las necesidades sociales, es mucho más que eso, pues representa también el conjunto de instrumentos que el Estado puede utilizar para compensar la actividad económica entre sectores, estimular el desarrollo de actitudes y de conductas ciudadanas y redistribuir los beneficios en los distintos estratos sociales.
Por eso participamos con todo interés en la discusión que se dio en el grupo de trabajo y en la comisión dictaminadora en torno a las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Es justo comentar que observamos una participación de las demás fracciones parlamentarias igualmente activa y responsable, lo que propició un intercambio de puntos de vista que enriquecieron el debate y los argumentos.
Puedo asegurar que hubieron más coincidencias que diferencias en torno a las principales modificaciones que plantea la iniciativa y que pudimos acordar, todos los partidos, cambios que mejoraron la iniciativa.
En el Partido Revolucionario Institucional la reflexión y el análisis que realizamos en la iniciativa fue a partir de realidades y de propósitos. La realidad que representa una sociedad con muchos requerimientos satisfactores, pero a la vez altamente participativa y solidaria, y el propósito central de elevar la calidad de vida de los ciudadanos de la capital.
Fue también a partir de hechos que se constatan en la aplicación de una reforma fiscal aplicada en cuatro años que ha arrojado buenos resultados a las finanzas de la ciudad, pero que principalmente ha permitido resolver deficiencias e iniquidades que representaba la estructura tributaria del Distrito Federal.
Esto se ha logrado en varios aspectos significativos. El primero es que han aplicado cargas tributarias eminentemente progresivas, y tenemos muchos ejemplos de ello, uno, es el predial, donde el 70% de los ingresos provienen sólo del 10% de las cuentas de predial, y en el cobro por el consumo de agua, donde 10% de los contribuyentes soportan el 50% de los ingresos por este derecho.
2. Se ha logrado una autonomía financiera del Distrito Federal al descansar cada vez más en los ingresos propios y eliminar la dependencia de transferencias, subsidios o deuda.
3. Se ha mejorado los procedimientos de control fiscal, depurando padrones, ampliando las bases de contribuyentes y ejerciendo facultades fiscalizadoras.
4. Después de los ajustes que se hicieron a las tarifas en 1989, no se han requerido nuevos incrementos generalizados.
5. Se ha avanzado en forma muy importante en la necesaria coordinación fiscal con las entidades del país y muy señaladamente con el Estado de México.
6. Se ha logrado modificaciones en las conductas ciudadanas que estimulan una mejor
convivencia; por ejemplo, tenemos la reducción que el último año se dio en el consumo de agua por habitante.
7. Se ha logrado un efecto redistributivo del gasto ya, que se destina más erogaciones a aquellas delegaciones donde se recaudan menos, pero que se encuentra la mayor parte de la población.
A la luz de estos logros, cabría la pregunta: ¿qué necesidad hay entonces de modificar la Ley de Hacienda del Distrito Federal? Y es precisamente en su respuesta donde encontramos el mayor valor de las reformas que estamos discutiendo, ya que en ninguna de ellas persigue un fin meramente recaudatorio y, sin embargo, con responsabilidad se plantean.
Para incidir en la conducta ecológica de grupos localizados que generan contaminación, como son los casos del impuesto por adquisición de vehículos usados, derecho por descarga al drenaje público para empresas que la extraen de pozos, y el derecho por recolección de basura a grandes generadores de la misma, así como también para corregir y ordenar, con mayor equidad, la estructura predial del Distrito Federal.
El monto de los que se recaudará adicionalmente por la suma de los cuatro conceptos antes mencionados, que además son las principales reformas que se plantean en esta Ley, no llega al 1.5% de los ingresos, totales planteados para 1993; y, por otro lado, las reducciones que se plantean en otros impuestos, como son: el predial base - renta, adquisición de inmuebles y espectáculos públicos, representan un sacrificio fiscal de más de la mitad de lo que implican las nuevas recaudaciones por los conceptos que ya mencioné.
Ante un ingreso marginal tan reducido, lo más fácil y lo que se aconsejaría la línea del menor esfuerzo, sería no proponer modificaciones a la Ley. Sin embargo, se estaría faltando a los compromisos contraídos con la ciudadanía y con la capital. Esto demuestra que no es una carrera de impuestos.
Comentaba anteriormente que la participación de las diversas fracciones partidistas fue intensa, por lo que derivadas de la discusión, se efectuaron diversas modificaciones a la iniciativa que contiene el dictamen que estamos debatiendo.
Quiero explicar algunas de ellas: la primera se origina por la propuesta hecha por la diputación obrera de mi partido, en la comparecencia del Jefe del Departamento del Distrito Federal, relativa a no utilizar como factor de ajuste a las tasas y tarifas, El resultado de la inflación de noviembre de 1991 a noviembre de 1992, sino un factor que se ubicara dentro de los parámetros del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Esto es, abajo de dos dígitos, para lo que se propuso modificar el factor contenido en la iniciativa, de 12.7% por el de 9.9%.
Cabe aquí mencionar que la propia Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, nos establece a este Poder Legislativo, en varios de sus artículos, por ejemplo el 19 y el 20, la facultad para determinar el factor de ajuste a las cuotas y tarifas, que cuando hacemos uso de esta atribución, cuando no hacemos uso de esta atribución, se aplica el índice inflacionario contemplado para los meses de noviembre de los dos últimos años, con el propósito de evitar el rezago tributario y recuperar el valor de los impuestos y contribuciones.
Desde que ésta vigente esta disposición, es la primera vez que utilizamos la facultad que nos señala la Ley. Consideramos que el factor propuesto es el indicado, porque permite el ajuste a los términos del Pacto y porque se logran, con esfuerzo adicionales de administración, recursos suficientes para mantener los niveles de gasto social que demanda el Distrito Federal.
Esto último es lo importante , que logremos ajustar tarifas y cuotas en forma razonable; que recuperen el valor que perdieron durante un año, acorde con propósitos macroeconómicos y que no sacrifiquen el nivel de gasto que demanda la ciudadanía del Distrito Federal.
La secunda modificación se refiere a precisar la responsabilidad solidaria de quien enajena un vehículo usado, en el cumplimiento del pago sobre el impuesto que se está señalando para vehículos automotores usados, ya que se notifique a la autoridad competente el cambio de propietario.
Cabe señalar al respecto de este nuevo impuesto en el Distrito Federal, que se agravará en forma proporcional con el 1%, a todos los que adquieran vehículos usados, y sabemos que hay vehiculos usados que van desde 1992 hasta años muy antiguos. Y que el gravamen es proporcional a la capacidad de cada individuo al efectuar la operación de compra - venta.
También es preciso señalar que nos es un impuesto general, sino perfectamente orientado a sujetos con capacidad contributiva, que fortalece la solidaridad con la Ciudad de México, al
aportar mayores recursos quienes en el uso de sus vehículos particulares, generan contaminación atmosférica.
Asimismo, vemos que este impuesto con diversos nombres, ya se aplica en 26 entidades federales y que en términos generales la tarifa, ya sea expresada en valores absolutos, en salarios mínimos o en porcentajes, es mayor que la estamos proponiendo para el Distrito Federal.
Yo quisiera aquí comentar, que si no aplicamos este impuesto en el Distrito Federal, va a suceder exactamente el efecto contrario que nos alerta el diputado Abascal, porque si ya hay 26 entidades donde se está aplicando, quiere decir que en aquellas donde no se está aplicando, las transacciones se realizan en la entidad vecina. Esto permitirá una mayor coordinación y una generalidad del impuesto.
Quisiera también comentar que efectivamente como bien dijo el diputado don Manuel Terrazas, tenemos que buscar mayores acciones que eficienten y eleven la calidad del transporte público. Pero que es precisamente con estas contribuciones, como podremos liberar y tener recursos para dar mayor mantenimiento al transporte público de la ciudad y sobre todo, también quisiera destacar que no se está modificando la tarifa del transporte público, manteniéndose el subsidio local para este servicio tan indispensable.
La tercera se refiere a establecer una reducción del 50% en la cuota que deberá pagarse por estudio y dictamen técnico de incremento de densidad, cuando este servicio sea solicitado para vivienda de interés social, medida que actúa en congruencia con una estrategia de promover y facilitar la construcción de vivienda popular.
La cuarta modificación a la iniciativa consistió en procurar que el pago por la evaluación a los servicios privados de seguridad, no implique la autorización para el funcionamiento de las empresas que realicen el entero; esto porque se considera que el procedimiento de regulación y autorización de estos servicios deberá indicarse en el ordenamiento de seguridad pública para el Distrito Federal, que se trabaja en forma plural tanto en la Asamblea, como en esta Cámara de Diputados, por las distintas fracciones partidistas.
No podemos ignorar que el principal de desafío de esta ciudad es el suministro de agua potable. Se está proponiendo un nuevo derecho para aquellas empresas que descargan a la red de drenaje el agua que extraen de pozos. Esto permitirá un mejor control sobre aproximadamente 300 empresas que lo hacen, y propiciará una mayor racionalización en la distribución de este vital líquido en la ciudad. Además, va dirigido a contribuyentes con una alta capacidad contributiva, preocupación que nosotros compartimos con los compañeros del Partido Popular Socialista; buscar que los impuestos, que los nuevos impuestos siempre se orienten preferentemente a aquellos contribuyentes con alta capacidad.
En este caso se trata de empresas refresqueras, cerveceras, deportivos, baños públicos, etcétera.
Como las anteriores, se realizaron muchas más modificaciones al texto de la iniciativa que permiten precisar términos, disminuir cuotas y aclarar casos de incumplimiento. Todo esto gracias a una participación plural de las fracciones partidistas.
Pero hay otros artículos que no se modificaron y que por su importancia o por los comentarios que aquí se han hecho, también quisiera referirme a ellos:
El nuevo derecho que se establece por el servicio de recolección de residuos sólidos para los grandes generadores de basura no doméstica. Este derecho va orientado a particulares, a los que se les brinda servicio costoso y que realizan una actividad mercantil para la cual es necesaria la disposición final de la basura.
Vemos atinado el establecimiento de este derecho, porque permitirá que los mayores generadores de basura contribuyan al sostenimiento de los gastos de la ciudad y que se generen actitudes que coadyuven a un manejo más ecológico de la basura.
Además, quisiera respetuosamente comentarle a don Adolfo Kunz, que se establece congruencia con el Reglamento de limpia de la Ciudad de México, en virtud de que en su artículo 10 se consigna que los establecimientos que generan más de 200 kilogramos al día, deberán cubrir los derechos que precisamente se marquen en esta Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Al respecto de cómo establecer la cuota para este derecho, nos pareció también conveniente el criterio de cubrir los costos promedios de operación, en los que se incluyan la depreciación del equipo, salarios y otros insumos, ya que no ser propósito del Departamento, obtener utilidades por prestar este servicio, sino el de
liberar recursos para eficientar y mejorar la calidad del servicio de recolección de basura en los domicilios.
Otra modificación importante en la iniciativa que no fue sujeta a una nueva reforma en el dictamen, es la adecuación del impuesto predial. Es importante para nosotros reconocer el esfuerzo que implica la adecuación al impuesto predial, ya que significa actuar al mismo tiempo en diversas facetas, en las que cada una, por separado, implicaría un avance importante en la equidad del impuesto.
Estas facetas son:
a) El ajuste de los valores unitarios del suelo, para que tengan un referente más ciertos con los valores comerciales.
b) El establecimiento de 1677 colonias catastrales semejantes a las colonias nominales, en vez de las 277 existentes.
c) La ampliación a más estratos de tipo de construcción, que pasará de 16 a
d) Su combinación con 24 usos genéricos y siete rangos del nivel.
e) La generalización de cinco clases de construcción para cada tipo.
f) Ajustes a la tarifa para mantener estable la carga tributaria conforme a la estructura de valores.
Este, sin lugar a dudas, será uno de los programas más importantes que se hayan hecho en el Distrito Federal para modernizar, corregir y ordenar el impuesto predial.
Destacamos el hecho de que implicará un gran esfuerzo de orden administrativo, informático y humano, lo que percutirá en la mayor certeza jurídica, equidad distributiva y acentuarán el efecto progresivo del impuesto.
Esta reordenación se reflejará en que más del 60% de las cuentas de predial se incrementarán por abajo o al igual que el factor de ajuste. esto es, igual o abajo del 9.9%. El 20% de las mismas tendrán incrementos que no rebasarán el 20%. Y un 10% bajarán un términos absolutos.
Su efecto redistributivo queda demostrado con el hecho de que en los tres primeros rangos, de valor catastral, se ubicarán el 66% de las cuentas, contra el 60% que se ubicaban actualmente.
Además, se logrará un efecto saludable en el impuesto predial para vivienda, cuando éste se calcula en base - renta, ya que al incrementarse los rangos de valor de la tarifa al doble, reducirán en un 50%, actuando esta medida a favor de la vivienda en arrendamiento, modalidad que la ciudadanía demanda.
Hay un nuevo impuesto, efectivamente el de la tenencia...., no es nuevo, es un ajuste en el impuesto de tenencia vehículos, el impuesto local. El año pasado, cuando se efectuaron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, se aplicó una tasa cero a la tenencia de vehículos con más de 10 años de antigüedad, lo que se tradujo en la realidad en la posibilidad de la aplicación de un impuesto local por este concepto en cada Estado.
En ese entonces, cuando analizamos la conveniencia de establecerlo en el Distrito Federal, compañero Abascal, debatimos y creímos conveniente que se estableciera, porque consideramos que los propietarios de automotores, como fuentes generadores de contaminación, deben contribuir a los gastos que demandan los programas ambientales.
Sin embargo, el criterio que sirvió para fijar las tarifas no guardó ninguna relación con la progresividad que ya se establece en el impuesto federal a los autos con menos de 10 años de antigüedad. Asimismo no se consideró una adecuada agrupación por usos y por características.
Por lo en mi fracción consideramos que con las modificaciones incluidas en el dictamen, se podrá consolidar esta fuente de ingresos y sus objetivos extrafiscales.
Un nuevo derecho, unos nuevos derechos. Consumo de agua. Aquí más que derechos se establecen adecuaciones administrativas para facilitar el pago de este derecho a usuarios no domésticos. Es sin duda una medida que redundará en la economía administrativa del derecho.
Asimismo consideramos de justicia que este derecho, el más progresivo de todos, porque al aumentarse el rango de consumo aumenta la cuota que se le aplica, se impide la elusión fiscal, subdividiendo el consumo en diversas tomas que dan atención a un mismo predio. Vemos esto positivo.
No se deben permitir en este tema actitudes que son antisociales, porque realmente la problemática del agua es el principal reto que tiene enfrente esta ciudad. Y por ese hecho es un bien
muy preciado. Si nos ponemos a considerar que en esta ciudad se consumen más de 3 mil 300 millones de litros al día; que nos encontramos a una altitud de 2 mil 240 metros; que hay que traerla de fuentes muy distantes; que en el camino de su distribución se pierden un 25 o 30% del líquido que extraemos de cerca del 65% de pozos, podemos entender que éste es un reto, un desafió importante y que, por lo pronto, debemos de promover una cultura de aprecio al agua.
Por eso, en mi fracción partidista vemos conveniente que sí se establezca en la Ley la posibilidad de disminuir el suministro de agua, cuando el contribuyente es omiso. Necesitamos generar una cultura de precio al agua en esta ciudad.
Compañeras y compañeros diputados: las leyes que nos rigen requieren de constante modificaciones que las perfeccionen, ése es el espíritu del ser humano, evolutivo.
Nosotros consideramos que la iniciativa de reformas y adiciones que estamos por votar, da un carácter de evolución jurídica y social a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Sin duda, en un futuro todos los partidos seguiremos encontrando mejoras a la Ley. Pero el dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal demanda de nuestro apoyo, porque ha quedado claramente demostrado que ser persigue:
a) Fortalecer el principio de que los que más tienen más contribuyan a los gastos de la ciudad.
b) Corregir la estructura predial antes que mayor recaudación.
c) Propiciar comportamientos ecológicos adecuados a nuestra problemática ambiental.
d) Vigorizar el sistema de derechos en la estructura fiscal del Distrito Federal, ya que éstos otorgan beneficios particulares y permiten derivar recursos a programas colectivos.
Debemos estar a la altura de la conciencia ciudadana de los habitantes del Distrito Federal, que están dispuesto a cumplir con sus obligaciones si éstas son razonables y se traducen en servicios eficientes y eficaces.
La sociedad demanda de nosotros la instrumentación jurídica de mecanismos viables a largo plazo, que permitan una mejor convivencia, con mayor orden, que fortalezca la confianza que tenemos en el futuro de la ciudad y de nosotros mismos.
Gracias por su atención, compañeros diputados. Gracias, Señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Victor Orduña.
El diputado Victor Martín Orduña Muñoz: - Con su autorización, señor Presidente, compañeros diputados:
Como lo anunció el diputado Salvador Abascal, venimos a presentar las propuestas concretas a los artículos reservados para la discusión en lo particular.
Concretamente, en el artículo 13 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, proponemos que el párrafo que establece la iniciativa sea homologado con una disposición que es idéntica a la contenida en el artículo 65 del Código Fiscal. Actualmente el párrafo dice lo siguiente:
"Las contribuciones determinadas por la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 15 días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación."
Con una redacción igual, el Código Fiscal de la Federación establece que deberá ser dentro de los 45 días, y en ese sentido es nuestra propuesta, que dejamos en poder de la Secretaría.
Pasando al artículo 49, el artículo 49 de la Ley de referencia, 49-E, establece que el impuesto establecido en este capítulo deberá pagarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de adquisición del vehículo. Y establece una responsabilidad solidaria para el pago de este impuesto; dice:
"Son responsables solidarios quienes enajenen el vehículo automotor; los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones autoricen el cambio de propietario, sin cerciorarse del pago del impuesto y, 3o. Los consignatarios o comisionistas en cualquier operación de adquisición de vehículos automotores usados.
Nosotros estaríamos de acuerdo en que la responsabilidad solidaria que se establece en este artículo quedara solamente reservada para los servidores públicos que no se cercioraran del pago de este impuesto, pero no que se haga policía fiscal a quien vende el vehículo, porque no hay la posibilidad de que quien vende un vehículo se esté cerciorando de que al que se lo vendió ya hizo el cambio de propietario y que ya enteró
este impuesto, no es posible seguir este trámite y por lo tanto se caería en una injusticia al hacer responsable solidario a quien vende el vehículo o igual al comisionista que interviene en la compra - venta del vehículo, porque no puede estar en cada momento obligado a quien le vendió el vehículo a que haga este trámite. Por lo tanto, también dejamos nuestra propuesta para que quedara única y exclusivamente referida a los servidores públicos.
Por lo que al artículo 119-A proponemos eliminar la tabla de derechos por el Servicio de Recolección y Recepción de Basura y en su lugar proponer un texto alterno que diría: "La autoridad competente, mediante reglas de carácter general, establecerá los sistemas y procedimientos técnicos correspondientes para el cobro por el servicio de recolección y recepción de residuos sólidos". Igualmente dejo la propuesta por escrito.
En el artículo 134 y aun cuando el diputado Benjamín González Roaro ya vino a decir a esta tribuna que insistiría a la Comisión en que se preservara el párrafo relativo a reducir el suministro de agua en caso de casa-habitación; nosotros insistimos en la propuesta, no es posible que el Departamento del Distrito Federal, si no tiene medidores en todas las casas del Departamento del Distrito mucho menos será posible que ponga persona para que mediante un sistema de goteo determine qué cantidad de agua una persona necesita para vivir, esto es materialmente imposible que lo estén haciendo; el dejar la Ley en las condiciones y en los términos propuestos no pasa más que a ser una mera disposición declarativa que el Departamento del Distrito Federal no podría hacer, ¿por qué no aquél que no paga el agua? Bueno, señores, el Departamento Federal puede incoar en su contra un procedimiento de cobro como los que utiliza en cualquier otro impuesto o derecho.
Por ello proponemos en el artículo 134 un párrafo para quedar como sigue: "En caso de que los contribuyentes no enteren oportunamente los derechos a su cargo o bien cuando reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, la Comisión de Aguas del Distrito Federal suspenderá el suministro de agua a inmuebles de uso no doméstico" y quitar lo relativo a casa-habitación.
Igualmente dejamos la propuesta por escrito, en manos de la Secretaría.
Proponemos también un artículo transitorio que sería el artículo 14 transitorio, relativo al cobro del derecho por los servicios privados de seguridad y diría el artículo lo siguiente: "El derecho por el control de los servicios privados de seguridad a que se refiere el artículo 119-B de la Ley de Hacienda, se causará a partir del día en que entre en vigor el ordenamiento que regula el funcionamiento de las empresas prestadoras de estos servicios".
Igualmente dejamos la propuesta en poder de la Secretaría.
Y estaba yo reservando un artículo al final, por que no alcanzamos a discutirlo en la Comisión o ahorita al final. Pero de cualquier modo, para el artículo 49-D habíamos mencionado que en el caso del impuesto por la transmisión de la propiedad de un vehículo automotor usado, no había una regla clara que estableciera el procedimiento como se iba a cobrar; en los términos en que está redactada la Ley se establece la obligación de un avalúo, pero ¿quién haría el avalúo? Cualquier persona podría llevar un perito valuador y el perito valuador firmaría y diría que ése es el valor del automóvil en ese momento y ¿quién de las autoridades hacendarias, le podría decir que no?
Nosotros proponemos que haya una base muy clara para el cobro de este impuesto y por lo tanto proponemos en el artículo 49-D, que diga lo siguiente:
"Fracción I. Se considerará el valor de la operación fijada por los contratantes salvo que éste sea inferior a valor de la lista de modelos y marcas de automóviles que publique el Departamento del Distrito Federal, en la que se establezca el precio mínimo de los vehículos por modelo y marca."
Y establecimos la obligación del Departamento del Distrito Federal, de publicar esta lista, porque cuando vino el licenciado Manuel Camacho Solis a esta Cámara, dijo que se seguiría el librito azul. Yo quiero preguntarles a ustedes si saben cuánto cuesta una suscripción al librito azul. Esa suscripción vale cuando menos 500 mil pesos, para que ustedes sepan cuál es el precio del vehículo que están vendiendo.
Es demasiado oneroso para el contribuyente o para quien está comprando un vehículo, por eso proponemos que sea a partir de una lista en la que se establezcan precios mínimos de los vehículos sobre los que va a celebrarse la operación.
También dejamos la propuesta por escrito. Todas y cada de las propuestas las firmamos mi
compañero Salvador Abascal Carranza y un servidor. Esperamos que la Comisión vea estas propuestas, las analice y en consecuencia pueda aceptar todas ellas, porque son congruentes con lo que aquí se ha venido a decir. Gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Alberto Nava Salgado.
El diputado Alberto Nava Salgado: - Con su permiso, señor Presidente, distinguidas diputadas y diputados:
Quisiera en primer lugar, referirme a la propuesta que hiciera nuestro compañero, el diputado Víctor Orduña, en lo que se refiere al artículo 13 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que en esa propuesta que él hace de homologar los 15 días para que se quede en los términos del Código Fiscal de la Federación, nosotros consideramos que la adición de este último párrafo al artículo 13, obedece necesariamente unificar el plazo de pago de contribuciones determinadas por la autoridad fiscal, con el establecido para el ejercicio de los medios de impugnación que en la legislación local se establece.
En la actualidad existen incongruencias entre esos plazos, toda vez que se viene aplicando supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, conforme al cual el plazo para conocer de la contribución es de 45 días; en cambio el relativo para la interposición de los medios de defensa del contribuyente en la legislación fiscal local, es de 15 días, tanto para los recursos administrativos como para el juicio ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, situación que de aprobarse la reforma, desaparecería, pues en ambos casos, el plazo sería el de 15 días y esto es lo que nosotros insistimos que debe quedar como ya se establece en el artículo 13 de la iniciativa correspondiente.
Por lo que se refiere a la modificación que propone el artículo 134 que se refiere a la reducción del suministro de agua en tratándose de las tomas de uso doméstico, nosotros consideramos que si bien es cierto que el agua es un recurso natural fundamental para la vida y exige también esto de hábitos y de acciones para su preservación, derivados de una nueva cultura sobre el uso racional de la misma.
Consideramos que han sido múltiples los esfuerzos que se han realizado para poder suministrar el agua a los consumidores, a los solicitantes, y si bien es cierto, pues, que este líquido es importante para todo el demandante, también es cierto que no es posible que solamente un grupo de contribuyentes que de manera puntual están cubriendo las cuotas por consumo de agua, otro reducido grupo deje de cumplirlas y en consecuencia se fomente la cultura de aquel principio de que lo que no cuesta no se cuida.
Lo importante de esta iniciativa que consideramos que tiende a racionalizar, a fomentar la conciencia de los usuarios de un nuevo uso para el consumo del agua, que evita el desperdicio, dado el costo tan elevado que se tiene el gran volumen de más de 3 mil 300 millones de litros diarios que se tienen que traer a la ciudad de México, con más de 150 kilómetros de distancia.
Y bueno, consideramos pues que además la iniciativa no prevé y no señala que se vaya a dejar sin suministrar el agua necesaria para este uso doméstico; se señala pues en la iniciativa que se racionalizará en lo que sea necesario, conforme al artículo 46 de la propia Ley de Salud en vigor.
El Presidente: -Perdón, señor diputado. Adelante, diputado Orduña.
El diputado Víctor Martín Orduña (desde su curul): -Señor diputado, en el artículo 134, ¿cuál será el criterio para determinar cuál es la cantidad de agua necesaria que requiere una familia y cuál será la autoridad que determinará cuánta es el agua que puede ocupar una familia de uno, de dos, de tres personas?, ¿el criterio será si se baña, si no se baña, si come en la casa, si no?; ¿cuál será este criterio? Y le preguntaría también si el departamento del Distrito Federal tiene los suficientes inspectores y el personal suficiente para que pudiera efectuar efectivamente lo establecido en el artículo 134.
El diputado Alberto Nava Salgado: -Creo que los medios que ya existen y que inclusive en algunas ciudades del país, como Monterrey, se da, establece pues que en las tomas de agua ya existentes hay un mecanismo que se tiene para poder racionalizar este líquido en el caso de las tomas de agua. Este mecanismo se da en donde se encuentra la toma, se inserta un cartucho que va finalmente a racionalizar el suministro del agua en la toma correspondiente.
Por lo que respecta a la propuesta que hace el diputado Orduña, con respecto al artículo transitorio en relación con el 119-B, referente a los servicios de seguridad privada, nosotros consideramos que sí es oportuno, es congruente el
señalamiento, en razón de que habría que tener previamente el marco jurídico, el marco legal que establecen los procedimientos para fijar las autorizaciones para estos cuerpos de seguridad privada, que van a prestar este servicio.
Sabemos también y estamos convencidos que tanto en la Asamblea de Representantes como en esta misma Cámara de manera plural y de una manera muy participativa de las diferentes fracciones, se está trabajando a este respecto y consideramos que en breve tiempo habremos de contar con este marco legal y por eso estamos de acuerdo con esta propuesta que hace el diputado, los miembros de la fracción parlamentaria del partido al que pertenezco. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Victoria Reyes.
La diputada Victoria Reyes Reyes: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Me referiré concretamente a dos artículos a los que ha hecho mención el compañero Víctor Orduña, el primero el artículo 49-E, sobre qué hace responsables solidarios a quienes enajenen el vehículo.
Quisiera señalar que sí existe obligación de quienes enajenen el vehículo, de dar aviso a la autoridad, conforme lo establece el Reglamento de Tránsito expedido por la Primera Asamblea de Representantes, de tal forma que no estamos volviendo policías a los vendedores.
Por otra parte, me referiré al artículo 119, desechos sólidos. Para ello les pido un poco de paciencia, porque es muy importante resaltar y dejar claramente el cómo y el hacia dónde y el por qué se lleva a cabo este artículo 119.
En el Distrito Federal se producen diariamente aproximadamente 15 mil toneladas de basura, lo que implica un enorme esfuerzo para mantener razonablemente limpia, día con día, a una ciudad de las dimensiones de la nuestra.
Esta cuestión es de tal importancia para la capital, que motivó el que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, órgano de representación ciudadana en la jurisdicción, expidiera el reglamento para el servicio de limpia en el Distrito Federal. En este ordenamiento se establece la obligación de pago de los derechos correspondientes por el servicio de recolección y recepción de residuos sólidos para los establecimientos mercantiles e industriales, los cuales generan un tipo de desechos que por su volumen y características implican una serie de gastos especiales para la administración de la ciudad, en equipo, vehículos, instalaciones, etcétera a lo que en justicia deben contribuir estos establecimientos en aras de la equidad y eficiencia del servicio.
El dictamen considera periodos mensuales para la determinación y pago de los derechos, cuyo entero se efectuará con base en el cálculo que sobre el volumen de residuos haga el propio contribuyente, lo que garantiza la periodicidad y eficiencia del servicio. El pago se realizará previamente a la prestación del mismo.
Bajo esta base, las autoridades del Departamento del Distrito Federal tendrán la posibilidad de programar sus actividades en materia de recolección y disposición de residuos sólidos, considerando previamente la cantidad a manejar, lo que no limita la posibilidad del contribuyente de realizar pagos complementarios.
Para facilitar a los contribuyentes el cálculo de la cantidad de residuos sólidos, sin necesidad de tener una báscula, compañero Abascal, el monto de los desechos a enterar mediante reglas generales, se darán a conocer los indicadores básicos, tales como la fuente generadora, la composición de la basura, el tipo de vehículo recolector necesario y facilidades de su captación, lo cual no es nuevo, ya que así se calculó la carga en general.
Lo anterior, adicionalmente permitirá conocer factores que inciden en la eficiente prestación del servicio, como por ejemplo espacios en los transportes, estaciones de transferencia y centros de disposición final, así como el número de personal especializado requerido.
En la actualidad el Departamento del Distrito Federal proporciona los servicios públicos de recolección y disposición de residuos sólidos de inmuebles, tanto de uso habitacional como de uso comercial e industrial. El derecho que se propone no afecta el servicio de recolección de basura, ya que éste seguirá siendo gratuito, pero es indiscutible que sí se verá beneficiado, ya que en la medida que el cobro a establecimientos mercantiles e industriales se lleve a cabo, permitirá liberar recursos y equipos para mejorar el servicio doméstico.
El cobro de estos desechos a los establecimientos descritos, de ninguna de las maneras influirá en la distracción de recursos destinados a la recolección de basura en inmuebles de uso habitacional, pues incluso permitirá delimitar con claridad el equipo y personal asignado para cada tipo de servicio.
Actualmente el Departamento del Distrito Federal, a través de sus delegaciones, cuenta con un padrón de giros comerciales e industriales, en el que se aprecia que el mayor número de usuarios se concentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, fundamentalmente centros comerciales, grandes corporativos de tiendas de autoservicio, de éstos aproximadamente se tienen contemplados 3 mil, y seguramente crecerá este número de comercios y de industrias.
El Gobierno capitalino destina importantes recursos a la prestación de los servicios de recolección y disposición de residuos sólidos, que proporciona con personal y equipos propios, tanto para los hogares como para la industria y el comercio. Quiere decir que nosotros, la ciudadanía, estamos financiándoles a las áreas mercantiles este servicio, no obstante que estos servicios públicos tratándose de establecimientos comerciales industriales, implican el uso de tecnología, transportes y equipo especializado, así como el empleo de personal capacitado en horarios especiales para la recolección.
El erario público no percibe contraprestación alguna por los cobros de tales servicios, por lo que con el cobro de derechos de ninguna manera se pretende desatender la recolección pública; el servicio, en cambio, se pretende la posibilidad de que éste sea y llegue a ser autofinanciable, lo que repercutirá en mejoramiento permanente para nuestra ciudad. Muchas gracias.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz (desde su curul): - Señor
Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Orduña.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Señor Presidente, compañeros diputados.
En relación al artículo 49 que vino aquí a rechazar la propuesta presentada por el Partido Acción Nacional, la diputada Victoria Reyes, yo creo que lo vino a hacer es a darme la razón. Diputada Reyes, dice que sí son responsables solidarios, quienes enajenan el vehículo, porque así lo establece una disposición del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.
Pero tal y como está redactado en esta iniciativa, no aparece lo que usted dice. ¿Por qué no le agregamos: "El que serán responsables solidarios, siempre y cuando no cumplan con la obligación establecida en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal de dar aviso..."? Porqué de otro modo los hace usted responsables, dando aviso o no dando aviso, porque no se contiene esa disposición. Si ése es el sentido de su argumentación en contra, yo le pediría que esa misma argumentación en contra la pensara para aceptar, a través de la Comisión, la propuesta que estoy reformulando en los términos que usted misma vino a decir aquí, y quedaría en estos términos:
"Son responsables solidarios del pago de este impuesto, fracción I, quienes enajenen el vehículo automotor y no den aviso de dicha operación al que se refiere al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal."
Fracción III quedaría en los términos que está, solamente agregando un párrafo que diría: "...y no den aviso de dicha operación al que se refiere...
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacerle una interpelación al orador.
El Presidente: - Señor diputado Orduña, ¿admite una interpelación?
El dipuatdo Víctor Martín Orduña Muñoz: Por supuesto.
El Presidente:-Adelante, diputado.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Gracias, señor Presidente.
Señor diputado Orduña, me parece que vio usted los términos en los que venía la iniciativa, pero no así la modificación que hizo la Comisión precisamente a ese artículo en esa fracción.
El dictamen dice, en la fracción primera:
"Quienes enajenen el vehículo automotor desde la fecha de la operación hasta el momento en que la notifiquen a la autoridad competente, el cambio de propietario."
De tal manera que, creo que ya el dictamen viene a incluir la propuesta que usted nos hace.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Tiene usted razón, señor diputado Lerdo de Tejada, ya en ese sentido retiro la propuesta y la acepto si está en los términos que usted menciona. Gracias. (Aplausos.)
La diputada Victoria Reyes Reyes (desde su curul): - Señor Presidente, pido al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - Diputado Orduña, que si admite una interpelación.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Por supuesto que sí.
La diputada Victoria Reyes Reyes (desde su curul): - Compañero Víctor Orduña, yo creo que en este caso, a reserva de lo que usted considere y es un cuestionamiento: ¿quiere decir que usted no leyó completamente el dictamen?
Por lo que le suplico también, posteriormente, pida usted disculpa, porque es un trabajo muy serio. Gracias.
El diputado Víctor Orduña Muñoz: -Diputada, acepté la interpelación del diputado Fernando Lerdo de Tejada y le concedí la razón; pero no le concedo a usted la razón que pida yo aquí disculpas a esta Asamblea. No tengo por qué pedirle disculpas a usted bajo ninguna circunstancia.
Acepto, acepto que la propuesta que estoy haciendo, si no está en los términos en que estoy proponiendo, sí coincide con el sentido que traté de darle a la iniciativa. Pero, le repito, no acepto lo que usted propone, por ser totalmente improcedente y por no deberle a usted ni a nadie ninguna disculpa en este sentido.
Consideramos también que este trabajo de la Cámara es serio y responsable y tan es serio y responsable, que hemos estado haciendo propuestas a cada uno de los artículos y hemos estado debatiendo lo que creemos que está mal.
En esta ocasión, reconozco lo que dice Fernando Lerdo de Tejada, pero le suplico no pueda hacer interpelaciones en ese sentido. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para hacer algunas reflexiones sobre algunos aspectos particulares de la Ley que nos ocupa.
En la anterior intervención se hizo el voto particular en contra del dictamen que presentó la Comisión del Distrito Federal.
Y estas reflexiones sobre el contenido particular de esta iniciativa y de otras que hemos estado discutiendo en materia económica para el Distrito Federal, es el problema del propio funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Y creo que Aquí hay que ser muy claros. No se trata de criticar a la Comisión del Distrito Federal, en la cual hemos participado muy activa e intensamente, o sea, hemos tenido muchísimas reuniones y un trabajo plural muy provechoso; hemos hecho bastante, creo que ha sido de las mejores comisiones que funcionan en esta Cámara de Diputados.
Creo yo que lo que tenemos que reflexionar en el fondo es, podríamos decirlo así, la forma en que funciona la Cámara de Diputados al tratar de analizar este tipo de iniciativas.
Y voy a poner un ejemplo. Ahorita hay diputados que están de acuerdo con el cambio que se hace al impuesto predial. Se habla de que de 259 zonas que existían, con valores de uso del suelo para calcular el impuesto predial y valores de la construcción también, se pasa a 1 mil 677.
Pero díganme aquí, quién de los 500 diputados que están presentes en esta sala, me podría decir, por ejemplo, si les dijera que, de acuerdo a la página 66 del dictamen estoy poniendo una página aleatoria a cualquiera. De la región 60, de la manzana 400, de la colonia catastral y , bueno, así me puedo seguir, ¿quién me puede decir en que sitio se ubica? ¿Quién me puede decir si es correcto o no el precio que le fijan a ese valor del suelo en esa zona? ¿Quién? Yo creo que nadie, ni los miembros de la Comisión.
Si el Ejecutivo nos dice que se elevó en 9.99% ponderado después de las correcciones y es más, el licenciado Camacho corrigió en el índice inflacionario, ellos nos dicen: "Corregimos en estos valores". Pero a la hora que corrige, ¿quién nos puede garantizar que estos valores son equitativos, son proporcionales, son de justicia predial adecuada?, ¿quién nos lo puede decir? Yo puedo afirmar categóricamente que en ésta, salvo los asesores que están a un lado aquí del Departamento, podrían en este instante consultarnos en sus computadoras y decirnos exactamente a qué me estoy refiriendo.
Creo que esto es grave para esta honorable Asamblea. Creo que tenemos que profundizar el estudio de cómo hacer mejor nuestro trabajo legislativo.
También nos hablan estas modificaciones en el impuesto predial de la creación de 132 corredores comerciales y no es cualquier cosa. Los
impuestos, el impuesto predial sí modifica sustancialmente el uso del suelo, modifica la forma como se acomodan urbanamente en le ciudad, como se acomodan los pobladores e inciden grandemente sobre su desarrollo urbano.
Hoy hemos acordado, o prácticamente vamos a acordar, crear 132 corredores comerciales. ¿Bajo qué plan? ¿Bajo qué orientación? ¿Coinciden estas propuestas de las zonas que están planteadas en este legajo de tablas con las necesidades de la ciudad? Por eso nuestro partido no puede comprometer un voto a favor. No puede decir que hay un avance al pasar de 259 a 1 mil 677. No puede decir que se respetó un porcentaje moderado de aumento en los impuestos, no lo puede decir, no hay forma de comprobarlo.
Creo que esto nos debe llevar en serio a reflexionar. Ya hemos hecho otras veces la propuesta y creo que una vez más no basta reiterarlo, creo que necesitamos acercar el gobierno a los ciudadanos, necesitamos acercar la labor legislativa al ciudadano común y corriente. En la intervención anterior yo mencionaba que los ciudadanos son los directamente perjudicados por las cargas fiscales y ellos los más interesados en que esto se haga.
La cultura del mexicano ha sido aportar, no rehuyen a pagar los impuestos, han dado su trabajo gratis, solidario, que incluso de eso se ha aprovechado el Gobierno con los programas de Solidaridad y son ellos los que han construido esta ciudad.
Pero no es justo que por un lado tengamos todas las obligaciones y por otro lado no tengamos ningún derecho. Esto debe cambiar y tenemos que avanzar a una reforma política que realmente descentralice los ingresos, realmente ponga en una equidad y en una mayor participación a los ciudadanos.
Pasando a otra reflexión. Aquí la compañera diputa Victoria Reyes nos habla de una cosa ideal de lo que está sucediendo en la basura, podríamos estar de acuerdo en términos generales con lo que planteaba también el compañero Orduña, pero hemos dicho que en esta ciudad de nada sirven los reglamentos. En el caso de la basura, la Asamblea de Representantes aprobó un reglamento; cuando vamos a la realidad sucede otra cosa, distinta, como si estuviéramos haciendo un reglamento para otro planeta o para otro país o para otra entidad.
Pero aquí sí queremos que haya un servicio de basura;... el habitante, el ciudadano, tiene o que tirarla a la calle o darle su mordida al del carrito; cada carrito tiene que darle a su vez la mordida al carro de la basura, para que se la lleve, de otra manera no funciona el servicio de basura.
¿Qué pasa cuando dice el reglamento que tenemos que separar nuestros productos de desecho de basura, si el Departamento a la mera hora los revuelve en el camión? Bueno, en las unidades de transferencia que existen en la basura también se hace lo mismo.
¿Entonces para qué aprobamos reglamentos, para qué nos engañamos con esta nueva contribución que aparenta ser ecológica, pero que en el fondo es una forma más de expoliar a los ciudadanos, expoliar también a los establecimientos comerciales y establecimientos mercantiles, porque ni va a haber buen servicio y les van a estar cobrando esto, y al rato con el pretexto de que una parte tiene un mejor servicio posteriormente a todos los ciudadanos, esto que ahora se dice que es gratuito, pero que no lo es, pero que todavía puede serlo legalmente en los próximos días, cuando ya digan: para que sea eficiente tu servicio, ahora sí voy a legalizar, no va a haber simulación y te voy a cobrar formalmente lo que está.
Realmente como está, ni hay mecanismo y va a seguir incrementándose la corrupción que existe en el sistema de basura. No es ecológica esta medida, va a incrementar la corrupción, va a incrementar la desigualdad como lo señalé anteriormente.
Si seguimos por este camino, vamos a encontrar los mismos problemas ante cada una de las medidas. Lo de los autos es una broma que sea contra la ecología.
Si queremos en serio resolver los problemas en cuestión ecológica, tenemos que mejorar el sistema de transporte público, en serio, no hacer ocho, nueve kilómetros de Metro al año, eso es una burla para las necesidades de esta población. Requerimos realmente atender al servicio público de transporte si queremos atender el problema de la ecología, y esto requiere inversiones en serio, requiere incrementar la Ruta - 100 y requiere incrementar los trolebuses, el sistema del Metro, transporte ferrocarrilero adentro de la misma ciudad, requiere hacer bien los ejes viales, no hacer esa caricatura de circuito interior en la parte oriente de la ciudad, que parecen las calles estrechas del centro de la ciudad.
Quisiera que muchos diputados lo vieran también, y no anduviéramos presumiendo aquí que tenemos un nuevo periférico en la ciudad, cuando
es una porquería el sistema vial el que existe en esa parte de la ciudad.
Creo que tenemos que ser más serios en lo que estamos haciendo y no caer en simulaciones. Y esta ciudad para resolver sus problemas requiere democracia, requiere participación desde abajo, de los ciudadanos, y no echar porras a todas las medidas del Gobierno como acostumbra continuamente la mayoría priísta. Ya basta. Hay un gran descontento social de los ciudadanos, porque se le han incrementado mucho los impuestos, las contribuciones y en cambio no hay ninguna mejora en los servicios públicos y en los servicios que presta el Gobierno. Muchas gracias.
El Presidente: - Agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a dar lectura a las propuestas presentadas y someterlas a votación económica.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
"Se propone adecuar el artículo 18, fracción II, tercer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 18. La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por el factor 0.75, cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional y por el factor 0.42, cuando el uso sea habitacional y el resultado será el impuesto a pagar.
En el caso de inmuebles con usos habitacionales y no habitacionales, se aplicará a la cantidad resultante conforme al párrafo anterior, el factor que corresponda a cada uno, considerando para ello la parte proporcional determinada en base a las contraprestaciones fijadas para cada uno de ellos.
Las cantidades respectivas se sumarán y el resultado así obtenido será el impuesto a pagar."
Presentado por el diputado Adolfo Kunz Bolaños.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Víctor Orduña.
"Artículo 13. Adición de un párrafo a la fracción V. Las contribuciones determinadas por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 45 días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación."
Presentada por el diputado Víctor Orduña.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
"Artículo 49-d fracción I. Se considera el valor de la operación fijada por los contratantes, salvo que éste sea inferior al valor de la lista de modelos y marca de automóviles que publique el Departamento del Distrito Federal, en la que se establezca el precio mínimo de los vehículos por modelos y marca".
Presentada por el diputado Víctor Orduña y el diputado Salvador Abascal.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
"Artículo 49-e. Son responsables solidarios del pago de este impuesto. Primero los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones autoricen el cambio de propietario, sin cerciorarse del pago del impuesto."
Propuesta hecha por el diputado Víctor Orduña y Salvador Abascal.
En votación económica se pregunta...
El diputado Salvador Abascal Carranza (desde su curul): - Estaba retirada.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Está retirada señor Presidente.
"Artículo 119-a: Eliminar la tabla de derechos por el servicio de recolección y recepción y en su lugar debe decir; "La autoridad competente mediante reglas de carácter general, establecerá los sistemas y procedimientos técnicos
correspondientes para el cobro por el servicio de recolección y recepción de residuos sólidos."
Propuesta presentada por el diputado Salvador Abascal.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
"Artículo 134. Proponemos la supresión en el primer párrafo a partir del...; para quedar como sigue: "En caso de que los contribuyentes no enteren oportunamente los derechos a su cargo o bien cuando reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, la Comisión de Aguas del Distrito Federal, suspenderá el suministro de agua a inmuebles de uso no doméstico."
Propuesta hecha por el diputado Víctor Orduña y el diputado Salvador Abascal.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
"Artículo catorce transitorio. El derecho por el control de los servicios privados de seguridad a que se refiere el artículo 119-b Ley de hacienda, se causará a partir del día en que entre en vigor el ordenamiento que regula el funcionamiento de las empresas, prestadoras de servicios."
Presentada por el diputado Víctor Orduña y el diputado Salvador Abascal.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepté, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente.
El Presidente:- Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Luis Pérez Díaz:- En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario Luis Pérez Díaz:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El Secretario Salvador Juárez García:- Señor Presidente: Se emitieron en lo general y en lo particular 282 votos a favor, 68 en contra. Y por los artículos 10-a, 20, 49-b, 49-c, 49-d, 49-e, 49-f, 69, 75, 98 fracción VI, 99, 109, 119-a, 124-a, transitorio 6; 8 votos en contra. Y a favor del 6, 9-a, 10 menos inciso a 13, 16, 18, 25, 26, 34, 39, 76, 78, 101-a, 106, 119-b, 120, 128, 130, 131, 133, 134, 135-a, 135-b, 135-a transitorios, menos el 6; 8 votos más.
El Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular por 282 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
El secretario Salvador Juárez García:- Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente:- El siguiente punto a tratar es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
*Este Dictamen fue publicado en el Diario No. 16 del día 9 de diciembre de 1992.
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa a la lectura al dictamen y es la segunda lectura.
El Presidente:- Este Presidencia informa que los grupos parlamentarios acordaron que la discusión del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se realice en lo general y en lo particular, y la votación nominal en lo general y en lo particular se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los grupos parlamentarios.
El secretario:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los grupos parlamentarios.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente:- Ante está Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la diputada Julieta Mendívil Blanco fundamente el dictamen.
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Julieta Mendívil Blanco.
La diputada Julieta Mendívil Blanco:- Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Frente a los grandes cambios mundiales, a la globalización comercial y a la modernización que exigen los sistemas económicos internacionales, existe de parte del Gobierno Federal el compromiso de otorgar a sus trabajadores y familiares derechohabientes, así como a sus jubilados y pensionados, una cobertura completa de seguridad social.
Estos cambios que inciden de manera directa en la esfera de actividades del ser humano, nos exigen también una actitud renovada para asumir con responsabilidad el compromiso que la nación nos ha encomendado.
En efecto, de cara al siglo venidero, la seguridad social como logro histórico de todos los mexicanos, se perfila como uno de los instrumentos más efectivos para la consecución de la justicia social, pues en la práctica ha demostrado ser un factor importante de equilibrio.
Considerando que la seguridad social de los trabajadores del Estado requiere que su marco jurídico se modifique, a fin de establecer mecanismos administrativos más modernos para tutelar eficazmente a su población derechohabiente y garantizar la viabilidad financiera de la institución, el titular del Poder Ejecutivo Federal, en uso de sus atribuciones constitucionales, envió a esta soberanía, la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los diputados miembros de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, nos abocamos al estudio y análisis de la mencionada iniciativa.
Considerando que además de lo fundamental del objetivo señalado por el Ejecutivo en su iniciativa, resulta indispensable encontrar toda clase de alternativas tendientes a mejorar la situación socioeconómica de los trabajadores mexicanos.
Igualmente importante resulta tener en cuenta que los trabajadores pensionados y jubilados deben contar con los recursos necesarios para vivir con dignidad y decoro.
La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contempla aspectos encaminados a apoyar rubros prioritarios
que otorga este organismo de seguridad social a sus derechohabientes, entre los que destacan: la redistribución de enteros a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; mecanismo para la cobranza a dependencias y entidades; precisión en la pensión dinámica y la incorporación del Sistema de Ahorro para el Retiro como un beneficio adicional a los 20 seguros, servicios y prestaciones que actualmente prevé la Ley que se comenta.
El Instituto, con el fin de atender la problemática planteada, llevó a cabo los estudios que le permitieran determinar qué recursos podría destinar al rubro de pensiones y mantenimiento de la infraestructura médica, que tan importante es para elevar la calidad de los servicios de salud de los asegurados.
En consecuencia, se consideró necesario proponer la reforma con el objeto de redistribuir la asignación de los recursos presupuestales para incrementar el fondo de pensiones y los seguros de carácter médico. De esa manera, sin aumentar las cuotas de los trabajadores ni las aportaciones del Gobierno Federal, se transfieren en recursos que han generado ahorros en su operación hacia áreas que son fundamentales y prioritarias, y que manifiestan insuficiencia de recursos para cumplir adecuadamente sus compromisos.
Por otra parte, la reasignación de recursos al fondo de pensiones no significa que se pueda elevar considerablemente el monto actual de las mismas, pero sí en cambio representa mayores recursos para fortalecer este renglón fundamental, que actualmente es financieramente insuficiente.
Se ha propuesto una nueva fórmula de elevación periódica de las pensiones bajo un parámetro referencial indubitable, cuya determinación se realiza por una entidad distinta de aquélla que la aplica. Este parámetro sería el porcentaje de incremento a los salarios mínimos generales para el Distrito Federal.
Esta fórmula que contiene la iniciativa presidencial tiene, entre otras ventajas, que el incremento de los salarios mínimos se publica en los medios masivos de difusión y también en el Diario Oficial de la Federación, por lo que en todo momento el pensionista o jubilado conocerá cuál será el incremento porcentual de sus respectivas pensiones.
Asimismo, los salarios mínimos no son un elemento extraño a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la misma establece los límites máximos de cotización en base al salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Igualmente, el artículo 57 hace mención a las cuotas mínimas y máximas de las pensiones en base a salarios mínimos.
Esta fórmula ya ha sido explorada con resultados positivos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo que en 1989 adoptó la referencia a los salarios mínimos en materia de incrementos pensionarios, habiendo contado con la aprobación de este honorable Congreso de la Unión.
La iniciativa presidencial destaca como objetivo principal elevar a rango de Ley, el Sistema de Ahorro para el Retiro, con el propósito de conceder a los trabajadores al servicio del Estado la totalidad de las ventajas de dicho sistema, al incluir la subcuenta del fondo de la vivienda. Se trata, pues, de un sistema que brinda beneficios a la clase trabajadora y que ahora, al quedar incorporado a los trabajadores de los poderes públicos, se hacen partícipes de los beneficios de dicho sistema. Asimismo, con su puesta en marcha, se cristaliza el anhelo de los trabajadores de nuestro país de conservar sus derechos adquiridos, independientemente de que cambien de un régimen de seguridad social a otro, o sea, del apartado A al B y viceversa.
Este beneficio representa para el sector laboral la certeza jurídica de mantener durante su vida activa recursos que complementarán de manera importante las prestaciones dispensadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Cabe destacar que con el fin de profundizar en el estudio, análisis y discusión de la presente iniciativa, se llevaron a cabo en los meses de noviembre y diciembre una conferencia de comisiones con el Senado y una reunión de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en la cual se contó con la presencia de funcionarios del Instituto a fin de recibir información e intercambiar opiniones respecto de la iniciativa que nos ocupa. Como resultado de dichas reuniones y producto de las propuestas ahí vertidas, consideramos conveniente a fin de precisar algunos aspectos de la iniciativa, plantear algunas modificaciones.
En primer lugar, se considera necesario garantizar en la Ley la legítima intervención de los sindicatos en defensa de sus agremiados ante eventuales incumplimientos o irregularidades en
las aportaciones hechas al sistema de Ahorro para el Retiro por parte de las entidades y dependencias correspondientes.
Por lo anterior se propone la modificación al primer párrafo del artículo 90 - bis - c y del artículo 90 - bis - g de la iniciativa. Así también con la finalidad de que se considere el criterio de grupos de trabajadores en las subastas de financiamiento para viviendas, se propone modificar el artículo 104, así como respecto al artículo 126 - bis - g, se considera conveniente cambiar el término "contratista" por "promotores" toda vez que no se celebrarán contratos por obras, sino que se subastarán financiamientos.
Al artículo tercero transitorio en su segundo párrafo, señala al Instituto un plazo de 24 meses para calcular el saldo de los depósitos a favor de los trabajadores, al término del cual tendría la información individualizada por cada trabajador; se considera que dicho plazo puede ser acortado de manera que el resultado se pueda conocer en un plazo de 14 meses.
Por último, considerando que el Sistema de Ahorro para el Retiro está conformado por dos cuentas, se considera pertinente incorporar una precisión a este respecto en el artículo cuarto transitorio.
Finalmente, con la iniciativa que nos ocupa, se avanza en la lucha por conquistar mejores condiciones de vida del servidor público y su familia, por lo cual apelo a ustedes señoras y señores diputados para apoyar decididamente la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que es nuestra obligación como legisladores velar por la seguridad de quienes somos representantes. Es nuestra obligación dar pasos firmes para la consecución de metas precisas y es un deber ciudadano buscar mayores y mejores estados de bienestar y seguridad social, sin que ello implique caer en situaciones que pudieran comprometer las finanzas del Instituto de los Trabajadores del Estado y romper su equilibrio.
Solicitamos en su oportunidad el voto aprobatorio de esta Asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados oradores: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Javier Marcelino Colorado Pulido, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Josafat Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional; José Manuel Correa Cesaña, del Partido Revolucionario Institucional; José María Téllez Rincón; Guillermo Flores Velasco, del partido de la Revolución Democrática; Pedro Jaime Olivares, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás Osorio Avilés, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Arturo Charleston Salinas, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Luis Alberto Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional; Concepción Trinidad Rosas de la Luz, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc López Sánchez Coello; Juan Jacinto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista: José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriel Mendoza Manzo, del Partido de la Revolución Democrática; Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional; Armando Sergio González Santacruz, del Partido Revolucionario Institucional; Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Alberto Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática y Julieta Mendívil Blanco, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Hildebrando Gaytán. El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:- Señor Presidente, señoras y señores diputados.
Las reformas que se promueven a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos generales versan sobre la intervención del Instituto en lo relacionado con la vivienda; la reglamentación, la legalización diríamos, que se hace del Sistema del Ahorro para el Retiro para los burócratas; y una reforma al artículo 57 que se refiere a las pensiones.
De estos tres asuntos, el más importante es este último, el de la reforma al artículo 57 en la fracción III. Este aspecto determina el voto en contra que va a formular el Partido Popular Socialista, y exclusivamente sobre este aspecto quiero versar mi intervención y que por lo menos desde nuestro punto de vista, a los trabajadores burócratas sin duda esto es lo que más les ha preocupado de
esta iniciativa de reformas, porque se comete con esta modificación en la fracción III un verdadero atropello a la lucha sindical de los trabajadores al servicio del Estado.
Se les da un verdadero golpe por la espalda al nulificarse una conquista peleada durante muchos años, alcanzada por fin hace una decena de años y ahora dentro del contexto de una política neoliberal, en forma inmisericorde se abroga frente a lo cual las autoridades del Ejecutivo relacionadas con esta materia, fueron completamente insensibles a escuchar ninguna de las preocupaciones, de las propuestas que se le formularon para que desistieran de esta modificación al artículo 57.
En la comisión de Seguridad Social y del Trabajo, cuando se trató este asunto, los funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado argumentaron que la modificación propuesta era con el objeto de garantizar mejor que como están hoy las cuantías de las pensiones. Realmente estos comentarios de los funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deben tomarse como lo que son, una verdadera burla a los pensionados, un engaño, una explicación demagógica y una cerrazón a no escuchar las propuestas que efectivamente podrían garantizar la cuantía de las pensiones en mejores condiciones.
Ese es el tema toral de esta iniciativa, el golpe que van a recibir los pensionados, es un golpe producto de esa sacralización que se hace al mercado y que víctima al hombre, es la filosofía del neoliberalismo que exalta la eficiencia, lo productivo, lo provechoso, el mercado, a los que triunfan, a los que todo lo tienen y que pasa por el rasero a los que han trabajado toda su vida y ahora los quieren matar.
No hay ninguna consideración para el hombre y menos para el trabajador jubilado en esta filosofía neoliberal, y ahora el golpe ha entrado directamente en la seguridad social, y si no actuamos con verdadera serenidad y energía los diputados que representamos los intereses de los trabajadores, del pueblo y de la nación, el día de mañana se van a atropellar los derechos de los trabajadores en activo, se van a atropellar los derechos fundamentales del pueblo.
Dentro de la política económica del Gobierno, cuánto se destina al pago de las pensiones. De acuerdo con declaraciones del licenciado Emilio Lozoya, hace unos tres o cuatro meses, señalaba que en el pago de las pensiones se destinaban aproximadamente 3 mil millones de pesos. Y, ¿cuánto se destina dentro de esta política, a otro tipo de erogaciones, como es el pago de intereses de la deuda? Es una cantidad 16 veces mayor. Tres mil millones de pesos al día para poco más de 200 mil pensionados, y 50 mil millones de pesos al día para intereses de la deuda externa y otros 50 mil millones para intereses de la deuda interna.
Gastos tremendos del Estado que afectan al desarrollo nacional y el pueblo, por no revisarse y cambiarse de fondo esta política neoliberal.
Cuando asistió a la comparecencia el Secretario de Hacienda, le preguntamos, ¿en qué medida estaban considerados despidos, desempleo para 1993 de parte de la administración pública?, y no nos contestó, cambiando la respuesta sobre los maestros que pasan de la federación a los estados, pero eso no era, porque lo cierto es de que en estos años, en estos cuatro años, el número de desempleados en la administración pública ha sido muy grande, y todo indica que aumentarán el año que entra.
El salario mínimo, el propio Gobierno reconoce que no mejora su poder adquisitivo; la distribución de la riqueza no retorna su dirección en contra de los trabajadores y sigue agravándose.
¿Cuál es el cambio que se da en el artículo 57? Actualmente, la cuantía de las pensiones aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Esta es una tesis, es una demanda por la que ha luchado la clase trabajadora en todos los países del mundo; es una demanda, prácticamente es un derecho que está enclavado dentro de las concepciones sindicalistas, porque se trata de que al trabajador que se retira de laborar siga considerándose como parte de un gremio, de un grupo de profesionistas, de un grupo de trabajadores dedicados a la misma actividad, con los que puede y debe seguir compartiendo intereses respecto del trabajo, intereses respecto de las luchas de los trabajadores, y sobre todo también recibir el producto de las luchas que llevan adelante los trabajadores a los que, en el tiempo en que ese pensionado estuvo en activo, luchó para que luego éstos tuvieran mejores condiciones, pero una vez que está como pensionado y disfruta de lo que se haya alcanzado en su lucha, sin embargo, pueda seguir disfrutando de las luchas y de las conquistas de los trabajadores en activo.
Esto está en la médula, en el corazón de la lucha sindical, que es solidaridad de clase, solidaridad
de clase que es diferente a ese solidarismo de las clases antagónicas en las que se aplastan los intereses de los trabajadores o se soslayan.
Esta solidaridad de clase del trabajador en activo con el jubilado, este compromiso, esta continuidad del sentir la vida del jubilado compenetrándose de las luchas de los trabajadores en activo, es lo que está en la lucha sindical, que no se puede romper, que no se puede separar, salvo que se tenga una concepción para aplastar a los trabajadores a su solidaridad de clase y a esta entrañable confraternidad.
Este sentido de la lucha de la seguridad social, que ha superado aquella etapa del mutualismo, que se ha consagrado como un derecho dentro de las nuevas concepciones del derecho del trabajo y de la propia seguridad social, hoy se está echando abajo con esta modificación al artículo 57.
¿Qué es lo que propone la iniciativa que firmó el licenciado Salinas de Gortari, y que pudiendo escuchar razones, sin embargo, se ha mantenido en la total cerrazón el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el licenciado Emilio Lozoya? ¿Qué es lo que propone ahora? Ahora proponen que las cuantías de los pensionados reciban el aumento proporcional al que se da a los salarios mínimos. Y el salario mínimo de 1993, según esta institución, que se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos, debería aumentar sólo en un 7% el salario mínimo, y por lo tanto la cuantía de los pensionados está condenada a ir detrás de los magros, raquíticos incrementos en el salario mínimo.
Dicen los funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "Con esta disposición, el titular del Instituto tiene una gran mentalidad para proteger a los pensionados, porque en ocasiones no han aumentado los salarios de los trabajadores en activo, o en años anteriores ese incremento había sido inferior al de los salarios mínimos, y ahora se les va a garantizar un incremento de manera permanente, que antes no estaba garantizado".
Pero esto es un engaño, porque como se les hizo ver, y como se lo hicimos ver directamente al titular de este Instituto, si realmente le preocupa que los pensionados tengan garantizado un incremento, la solución que propone el Partido Popular Socialista, es la de mantener el artículo 57, fracción tercera, en sus términos vigentes, actuales y proceder a hacerle alguna adición; esto es, mantener el derecho de obtener los incrementos que reciban los trabajadores en activo.
Pero si en alguna ocasión, suponiendo esta hipótesis, el incremento de los trabajadores en activo fuese inferior al incremento a los salarios mínimos, entonces bastaría con una adición que señalara que las cuantías de las pensiones tendrán cada año un incremento que no será inferior al que reciban los salarios mínimos.
Y, de esta manera, conservando la fracción tercera del artículo 57, con esta adición se protegen realmente los incrementos de las cuantías para que cuando sean inferiores los de los trabajadores en activo al del salario mínimo, reciban por lo menos el incremento del salario mínimo; pero cuando son superiores reciban el total del porcentaje que reciban los trabajadores en activo.
Esta es una solución que realmente protegería, y no como ésta que ahora presenta la reforma del Ejecutivo, en la que se recurre a engañar, de que ahora sí van a tener los pensionados asegurados incrementos cada año; pero eso es a costa de que van a ser incrementos inferiores a los que están recibiendo este año con el texto vigente del artículo 57.
Por estas razones, si el Partido Popular Socialista llegó a declarar esto: A pesar de que en esta iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado hay aspectos negativos respecto de la vivienda, en los que se hacen retrocesos; a pesar de eso, si la fracción tercera del artículo 57 se hubiese mantenido en los términos que está, y con más razón si se aceptaba esta propuesta que acabo de leer del Partido Popular Socialista, el Partido Popular Socialista hubiera votado a favor de esta iniciativa, con tal de garantizar esta conquista de la clase trabajadora.
Porque no es el hecho de que hoy vamos a perder una conquista, es el hecho de que vamos a iniciar un camino de reversa, en el que se van a ir sumando por parte del Ejecutivo y del grupo neoliberal de dentro y fuera del Gobierno, más atropellos y golpes a lo que está en el derecho, en beneficio de los trabajadores.
Ese es el aspecto de fondo de esta iniciativa y ésas son sus consecuencias.
Y sectores de trabajadores que hoy se dejan llevar por el engaño de que esta iniciativa tiene aspectos positivos en otros aspectos, o de que con la reforma que se hace en el Artículo 57 de veras se va a garantizar un incremento a los pensionados, ya he mencionado, ya he dicho y ya he demostrado cómo no hay tal mejora y cómo
la única mejora sería con esta adición que propone el Partido Popular Socialista, manteniendo el artículo 57 en sus términos.
Esa es la consecuencia, ésa es la trascendencia de esta reforma.
Los pensionados han conocido de esta medida y creo que todos los grupos parlamentarios hemos recibido comunicaciones de las delegaciones de pensionados que hay en el país, solicitando que rechazáramos, que no permitiéramos que la fracción III del 57 sea modificada en los términos que viene en la iniciativa. El Partido Popular Socialista ha recibido y creo que los demás grupos parlamentarios, esas exhortaciones de los pensionados y jubilados de varias entidades de la República, y con tal de que este artículo no fuese modificado, nosotros dijimos sin ver lo demás, damos el voto a favor de esta iniciativa, de este Dictamen, con tal de que se mantenga el artículo 57 en sus términos, pero hay una cerrazón. No, señores.
¿Qué es lo que se busca con esa mentalidad centavera de ahorrarse unos cuantos pesos? Aparte de esta mentalidad centavera está esta mentalidad antisindical del régimen, canalizada ahora por la vía del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una mentalidad antisindical, de desprecio a los trabajadores y más aún, en este caso concreto a los pensionados y jubilados.
Dejemos ya de echar lágrimas de cocodrilo como a veces se hace, con pronunciamientos moralistas de que hay que beneficiar a los pensionados y jubilados que estén en la miseria. Luchemos, no permitiendo que se den estos retrocesos, opongamos a estas modificaciones, y si de veras se quiere proteger los intereses de los pensionados ya he señalado esta propuesta del Partido Popular Socialista, que sin alterar el artículo 57, se adicionara que en cualquier momento, cada año, recibirían por lo menos el incremento al salario mínimo. Pero, claro, que está la mentalidad antisindical y la mentalidad centavera del Instituto.
Es posible, cómo no, con los recursos que tiene actualmente el Instituto, atender así como está la legislación vigente del artículo 57. Pero hay el interés de ir mellando a esta institución y de irla destrozando, de suerte tal que pierda su carácter originario de institución de seguridad social con una mentalidad progresiva y que atienda a los intereses de los trabajadores.
Y está marcha dentro de la seguridad social esta mentalidad empresarial, para mellarla y para irla achicando e ir privatizando diversas de sus funciones que hoy tenía y ha tenido encomendadas.
Compañeros diputados, éste es un día aciago para la clase trabajadora de México, si se aprueba esta reforma en los términos que viene en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Colorado Pulido.
El diputado Javier Marcelino Colorado Pulido:- Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana esta iniciativa resulta en muchos de los términos muy positiva, ¿y por qué decimos esto?
En primer término, debo destacar la incorporación de un nuevo capítulo: 5 - bis al Título II de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de establecer como beneficio a los trabajadores del servicio del Estado la totalidad del Sistema de Ahorro para el Retiro, y que para nosotros nos parece ser que debe ser muy importante para los trabajadores.
De esta manera como se señala expresamente en la Exposición de Motivos, se iguala la situación de los trabajadores del Apartado "B" con los del Apartado "A", ambos del artículo 123 de la Constitución.
Se considera que el sistema de Ahorro para el Retiro es un es un instrumento de indudable apoyo para quien tiene una relación laboral por las siguientes consideraciones:
1o. L a aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro tanto en lo que se refiere a la subcuenta de ahorro para el retiro equivalente al 2%, al que se refiere el artículo 90 - bis.
B. De la iniciativa, como el 5% para constituir el fondo de la vivienda prevista en la fracción VI del artículo 21, son a cargo de las dependencias y entidades públicas, es decir, tales beneficios no gravitan sobre la economía de los trabajadores.
2o. El sistema de Ahorro para el Retiro en su conjunto, es un avance institucional que se caracteriza por la transparencia en todas sus fases operativas. En efecto, los recursos se depositan en cuentas individuales en las instituciones de crédito o de inversiones según el caso, y el
trabajador contará con los comprobantes respectivos, incluso se le proporcionará un Estado de cuenta individual.
Por otra parte, de acuerdo a lo que establece la iniciativa, aunque con diferentes mecanismos de cálculo, ambas subcuentas generan intereses en términos reales, mismos que se capitalizan en favor de los trabajadores.
Una de las características plausibles del Sistema de Ahorro para el Retiro, es que viene a superar una añeja dificultad en el sentido de que no habían fórmulas de acercamiento entre los diversos regímenes de seguridad social, esto, es que mediante el Sistema de Ahorro para el Retiro un trabajador puede pasar de un régimen laboral a otro, y en ambos existe el mismo sistema y continúa amparado con iguales beneficios.
Se le da la libertad a las dependencias y entidades públicas a elegir institución de crédito de su preferencia, sin embargo, el propio trabajador puede solicitar a la institución depositaria el traspaso a otra institución de crédito a su elección. Asimismo se establece la posibilidad de traspasar a voluntad del trabajador los recursos de la subcuenta de ahorro. Esto quiere decir que el mismo empleado puede cambiar el dinero a otra institución si así lo requiere, y con eso tendrá un control porque su cuenta es individual y la puede estar checando y conservando.
El trabajador podrá también solicitar la contratación de un seguro de vida con cargo a su ahorro. El sistema de ahorro para el Retiro contempla dos importantes ventajas adicionales. Una de ellas, en caso de que el trabajador se encuentre en incapacidad prolongada, tendrá derecho a que la institución de crédito le entregue una cantidad hasta el 10% del saldo de su cuenta.
La segunda, en el caso de que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral podrá retirar de la subcuenta de ahorro hasta el 10% del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Se establece un órgano de consulta y de resolución de casos especiales del Sistema de Ahorro para el Retiro, denominado Comité Técnico, el cual estaría integrado por los representantes de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los representantes de los trabajadores de los sindicatos, así como a través también de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
En lo relativo al fondo de la vivienda, la reforma propuesta lo consolida como un organismo de financiamiento para otorgar un mayor número de créditos a los trabajadores. Asimismo, se establecen mecanismos prácticos y efectivos para la asignación de los créditos.
La iniciativa persigue que los recursos que constituyen el Fondo de la Vivienda, se manejan en forma transparente, de tal manera que los trabajadores conozcan el saldo de dicho fondo. En este sentido es necesario destacar que la iniciativa señala expresamente el presupuesto de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda, lo que representa un importante avance en materia de organización y funcionamiento de las instituciones en la vivienda.
La reforma contempla además, modificar el tercer párrafo del artículo 57 a fin de establecer un parámetro claro y conocido para incrementar la cuantía a las pensiones, como es el salario mínimo, concepto que no es ajeno a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por ejemplo, el artículo 15 establece los límites máximos de cotizaciones, en base al salario mínimo general que dictamina la Comisión de los Salarios Mínimos. Y el mismo artículo 57 hace referencia a la cuota diaria máxima que se fijará en los términos señalados por el artículo 15 de la Ley.
Debe tomarse en cuenta que esta fórmula de incremento ya fue adoptada por la Ley del Seguro Social, en la reforma aprobada por esta Cámara en 1989.
Las ventajas que representa la reforma son: en primer lugar, que los pensionistas se enterarán al publicarse en los medios de comunicación masiva y en el Diario Oficial de la Federación, los aumentos al salario mínimo y en consecuencia sabrán con certeza cuál es el incremento de su pensión, mismo que será aplicado simultáneamente por el Instituto en todas las pensiones que se pagan al conjunto de pensionistas, en lugar, se evitan interpretaciones diversas del texto actual del artículo 57 y fundamentalmente se garantiza la movilidad de las pensiones en función de los aumentos al costo de la vida.
La iniciativa prevé la reforma de los artículos 16 y 21, con la finalidad de redistribuir los recursos presupuestales para fortalecer el fondo de pensión y los servicios de carácter médico.
Cabe señalar que la asignación de mayores recursos a ambos renglones, se realizarían sin incrementar las cuotas que cubren los trabajadores
y las aportaciones a cargo de las dependencias y entidades públicas.
En su conjunto, la reforma representa un importante logro para los trabajadores al ampliar los beneficios de seguridad social, ya que integralmente se otorgan mayores beneficios como son: un 2% más para su retiro; 5% de la vivienda en caso de no ser utilizado, se incorporará a su ahorro para el retiro, lo que representaría un 7%; 2% que se asigna para fortalecer el Fondo de Pensiones y un .5 para mantenimiento de las instalaciones médicas a fin de elevar la calidad de las prestaciones de los servicios médicos.
El artículo 57 establece claramente su contenido y alcance. La reforma incluye la modificación al artículo 22 para establecer con mayor precisión la forma y términos en que las dependencias y entidades públicas, deben de realizar el entero al Instituto; de las cuotas, aportaciones y retenciones. Con ello se persigue que el Instituto cuente con los recursos financieros indispensables para garantizar la presentación de los seguros, servicios y prestaciones.
De igual manera, la reforma contempla la fijación de recargos para aquellas dependencias y entidades que paguen las cuotas y aportaciones en forma extemporánea.
En nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y razonando, votaremos a favor de estas reformas. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Odilón Cantú Domínguez, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Odilón Cantú Domínguez:- Compañeros diputados:
Vengo a fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es imprescindible el mejoramiento de la seguridad de los mexicanos; consideramos que aunque se han logrado importantes avances, aún existen grandes carencias que no han permitido que un número importante de los mexicanos tengan acceso a la seguridad social.
En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, en los últimos tres años se ha mejorado en forma gradual la seguridad social, lo que ha permitido una forma de paliar los bajos salarios existentes en el sector público. No obstante, cualquier modificación que se suscite, por menos que ésta sea en cuando a un incremento de la seguridad social, es muy importante.
En el sexenio pasado, producto de la crisis económica, la seguridad social sufrió un estancamiento que le impidió que los servidores públicos fueran beneficiados, aunado a los efectos negativos en el salario, el cual se deterioró en más del 40%.
La falta de seguridad social dejaba un tanto en estado de indefensión a los trabajadores del sector público.
Por tales razones nos parece importante la adecuación que se propone a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El hecho de que se reasignen recursos a los distintos seguros de vida, a los servicios y prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como asignar mayores recursos en los rubros de las pensiones y servicios médicos, sin que esto impacte en incrementar las cuotas que pagan actualmente los trabajadores, ya representa un avance importante, dado que se orienta a una ampliación de los servicios.
En el pasado hemos criticado la eficiencia de los servicios, primordialmente los de carácter médico que otorga esta institución.
Si los aumentos en los montos implican una superación de estas deficiencias, consideramos que efectivamente se ampliará la seguridad social.
Actualmente en el sector público y en concreto la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contemplan un seguro del retiro para los trabajadores, primordialmente para aquellos que se jubilan o pensionan; de manera adicional, los diversos sindicatos tienen constituido un fondo para el retiro.
El ahorro interno de los trabajadores del sector público ha sido una norma, así también existe un fondo de ahorro capitalizable.
Por todos estos conceptos se cubren cuotas por parte de los trabajadores para que esto sea una realidad; ha sido una conquista sindical de los
trabajadores al servicio del Estado. Esto no lo podemos negar.
En la iniciativa se propone, para continuar fomentando el ahorro interno de los trabajadores, pero con la modalidad de incorporar al Sistema de Ahorro para el Retiro, incluyendo la subcuenta del Fondo de la Vivienda a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Consideramos que es fundamental esta propuesta debido a que de un decreto establecido el 27 de marzo de 1992, hoy se adecua para elevarlo a rango de Ley.
Esta opción, a nuestro parecer otorga una mayor certidumbre a los trabajadores al servicio del Estado, porque se garantiza que las aportaciones del Gobierno Federal sean oportunas.
La incorporación de la subcuenta del Fondo de la Vivienda, efectivamente permite que los servidores públicos tengan condiciones similares a los trabajadores ubicados en el apartado A, del artículo 123 constitucional. Esto implica que no sólo sea el 2% que representa el Sistema de Ahorro para el Retiro, sino que se adiciona al 5% que se aporta para el Fondo de Vivienda, aunque en esta subcuenta el servidor público sí efectúa su aportación.
La incorporación del Sistema de Ahorro para el Retiro a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe ser parte de todo el sistema de ahorro que tienen los trabajadores; no debe de sustituir lo que actualmente han conquistado los servidores públicos. Aunque aun no de manera suficiente, consideramos que las reformas y adiciones propuestas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado representan una ampliación en la seguridad social a los servidores públicos.
Pese a los aspectos positivos citados, nos encontramos con un punto que nos parece una reverenda aberración; implica un problema serio de dictamen. Uno de los grandes problemas que se han presentado en cuanto a la seguridad social, es lo que se refiere a los jubilados y pensionados, el incorporar en el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la modificación al artículo 57 de la Ley vigente, para que las cuotas pensionarias sean en base al incremento de los salarios mínimos en el Distrito Federal, ¡es un atentado contra las conquistas de los jubilados!
En la Ley vigente, en su artículo 57, párrafo tercero, se establece que las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentan los salarios básicos de los trabajadores en activo.
¡El aceptar la propuesta hecha en el dictamen, implicaría someter a los montos de las pensiones a la fijación de un salario mínimo, que en los últimos 10 años se ha deteriorado paulatinamente!
El salario básico de los trabajadores en activo generalmente recibe aumentos iguales e incluso mayores que el salario mínimo. Esto es, a diferencia de otros puntos del dictamen, ¡un retroceso en perjuicio de los jubilados y pensionados, y crean incertidumbre y descontento en los mismos!
Nunca hemos justificado los bajos montos de las pensiones, por lo que nuestro partido seguirá insistiendo y luchando para que los jubilados y pensionados sean remunerados de acuerdo al esfuerzo otorgado por ellos a la nación, es decir, porque se aumentan sustancialmente sus remuneraciones.
¡El pleno de esta Cámara debe tomar en consideración que todos de alguna u otra forma hemos recibido la experiencia de quienes ahora son jubilados o pensionados!
¡El pleno de esta Cámara pisó de alguna manera una institución que fue atendida por quien hoy es un jubilado o es pensionado!
¡No podemos pasar por alto esta situación!
¡Creo que remordería mucho la conciencia a aquellos que les debemos a los pensionados y jubilados lo que hoy sabemos!
¡Creo que sería un revés al movimiento obrero, si se aprueba en estos términos la Ley!
¡Los trabajadores al servicio del Estado, también son mexicanos!
Recuerdo o viene a mí memoria un viejo maestro del Estado de Guerrero, servidor público durante aproximadamente 40 años, que entregó su vida al servicio de la educación, y que ahora percibe un sueldo miserable. Viene a mi memoria también que, muy a pesar de ser maestro Rural, sus alumnos ahora y en su mayoría son profesionistas.
¡No decirlo en esta tribuna, no defenderlo en esta tribuna, sería una aberración!
¡Permitir, así porque sí, que se modifique el artículo 57, sería una contra dicción de mí parte,
sería una aberración como hombre, sería un malagradecido si no lo mencionara en esta tribuna!
¡Y permítaseme mencionarlo. Me refiero a un humilde profesor que lleva por nombre: Elías Cantú Negrete!
¡Por éstas y muchas razones estamos en contra de que se modifique el artículo 57 de la Ley actual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arquímedes García, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Josafat Arquímedes García Castro: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Deseo iniciar mi participación manifestando que los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, elevamos nuestra más enérgica protesta por el procedimiento seguido en la elaboración del dictamen que hoy discutimos, debido a que fue elaborado solamente con el punto de vista del grupo priísta.
También protestamos por la poca seriedad y la nula consideración que autoridades del Seguro Social han demostrado, al no atender las justas demandas de los pensionados y los jubilados. Y hoy esto los obligó a levantar su plantón.
Pero es mucho más lamentable la insensibilidad de esta Legislatura, de no cumplir la promesa hecha allá por el mes de abril, cuando estos agitadores, disfrazados de viejitos, realizaron un plantón frente al Recinto Alterno del Centro Médico. Tal vez para poner fin al plantón se les hizo la promesa solemne que en diciembre se resolverían los problemas de fondo mediante reformas legales. Ahora, en lugar de cumplir la palabra empeñada, se les quiere engañar en la forma más burda y ultrajante.
Señoras y señores diputados: con fundamento en lo establecido en el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expone su voto particular en contra del proyecto de dictamen que presentan las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, sobre la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentando a la Cámara de Diputados del honorable, Congreso de la Unión, el 10 de noviembre del año en curso, por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Primero . Para el Partido de la Revolución democrática, el contenido de esta iniciativa, como el de otras que la LV Legislatura ha discutido y analizado con un método poco propicio para la reflexión seria, representa un paso más hacia la profunda contrarreforma de la seguridad social mexicana iniciada por el salinismo.
Nuestro sistema de seguridad social, logro indiscutido de la Revolución Mexicana, tenía, hasta la imposición de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos priístas, un sustento filosófico, ético y humanitario en el concepto de solidaridad social que lo convirtieron en uno de los más avanzados del mundo. No obstante, el sistema de seguridad social mexicano expresaba las tensiones entre una concepción de derechos sociales plasmada en la Constitución y una forma de institucionalización ligada al puesto de trabajo; es decir, al pago de la cuota obrera - patronal.
Existe en la actualidad una seguridad social basada en el principio solidario, con fondos comunes bajo administración pública de lo que apenas cubre la mitad de la población, aunque ofrece en algunos campos beneficios amplios no contempla el seguro del desempleo. Conviene señalar, asimismo, que los principales institutos de Seguridad Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de los Trabajadores del Estado han sufrido un proceso de deterioro en la última década como resultado de las restricciones financieras que han llegado a significar una pérdida del 50% de su presupuesto per capita, cuestión que se manifiesta en una caída en el monto de las pensiones por debajo del mínimo necesario.
Por otra parte, en México y otras latitudes las luchas por la seguridad social la extrajeron del ámbito de los negocios privados y la ubicaron en el terreno público al definirla como un derecho o un bien social. Esto quiere decir que los beneficios prestados no son mercancías, son un conjunto de bienes sociales producidos con recursos que la sociedad ha decidido democráticamente dedicar a este fin. La lógica de la seguridad social responde a necesidades y exigencias socialmente definidas y no a una relación mercantil.
El planteamiento básico del proyecto neoliberal que alienta la iniciativa presidencial que ahora nos ocupa, es reabrir o ampliar la seguridad social como ámbito de la acumulación de capital en la esfera de la obtención de ganancias. La concreción de esta propuesta es un proceso de privatización en los terrenos del financiamiento, de administración y de la prestación de los satisfactores sociales básicos.
La fuerza motor del proceso aludido es el capital financiero que busca controlar y administrar los fondos de seguridad social, en especial los de las pensiones, por su monto y depósito de largo plazo; sin embargo; para nadie es desconocido que la iniciativa privada sólo le interesa la seguridad social que reporta ganancias, por eso busca absorber los servicios potencialmente rentables; también opera bajo el principio de selectividad: esto es, brinda atención sólo a quien tiene para pagar.
Una precondición para que el sistema de seguridad social privado avance, es el deterioro de las instituciones públicas promovido por la vía del desfinanciamiento y el desprestigio. En nuestro país se han dado las condiciones para una privatización selectiva de la seguridad social, prueba de ello es, además de lo señalado, el impulso a los seguros privados de jubilación y de gastos médicos mayores y la aprobación del Sistema de Ahorro para el Retiro, que con la iniciativa que aquí discutimos se pretende incluir en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), significa una ruptura profunda con los principios básicos de la seguridad social mexicana, basados en fondos comunes bajo administración, pública, al establecer fondos de capitalización individual administrados por los bancos privados; de esta manera se transfieren billonarios recursos de la seguridad social pública a manos privadas, en vez de utilizarlos con un criterio social de solidaridad intergeneracional para resolver el apremiante problema de los actuales jubilados.
Una reforma con esas características, no está por demás reiterarlo, fue llevada a cabo en Chile, país que ha tenido como resultado la destrucción del servicio nacional de salud y la previsible polarización del sistema de salud. Estados Unidos, nación con sistema de seguridad social similar, se bate en una profunda crisis de costos de coberturas.
Lo mismo puede decirse para el renglón de la vivienda, que beneficiara a los servidores públicos, cuyo derecho por parte del trabajador está ahora, de aprobarse el proyecto de reformas, sujeto a las leyes del mercado, al ingreso mayor, a la capacidad de ahorro y la posibilidad individual, en lugar de los criterios de equidad, solidaridad y justicia social plasmados en la Ley vigente.
Se pretende por tanto, trastocar los principios fundamentales de la seguridad social de los servicios públicos y de los trabajadores bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Segundo. En otro orden de ideas y en lo que respecta a la tarea legislativa propiamente dicha, es evidente para nuestro grupo parlamentario que con la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se repone el procedimiento violentado con el decreto presidencial aparecido el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por el que se establece en favor de los trabajadores de la administración pública federal, un Sistema de Ahorro para Retiro.
En el debate sostenido, remito en el debate sostenido ante esa soberanía el 23 de abril del año en curso, los grupos parlamentarios del Partido Auténtico de la Revolución Democrática y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, planteamos que con el mencionado decreto se reformaba en los hechos la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al considerar un seguro no previsto en su artículo 3o., y que si ése era el propósito, se estaba afectando la competencia del Poder Legislativo pues el titular de Ejecutivo no está facultado para legislar, con mayor razón cuando los artículos citados en el decreto en cuestión se refieren a las facultades del titular del Poder Ejecutivo, de promulgar y ejecutar la leyes que expida el Congreso de la Unión.
En ese entonces, se optó por convalidar el poco respeto que el Presidente en turno tiene por el Congreso de la Unión. Ni siquiera fue aceptada la propuesta de revisar el procedimiento.
Hoy, ante la iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los diputados que desecharon nuestra propuesta, deben aceptar que teníamos razón; al rechazarla, se sumaron a un acto más de violación a los preceptos constitucionales sentando un grave precedente para nuestra soberanía.
Es precisamente con la inclusión del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el artículo 3o. de la Ley respectiva, como da principio las iniciativas de reformas.
Tercero. A reserva de profundizar nuestros argumentos en el debate particular de la propuesta, deseamos exponer varias objeciones de carácter general a esa contrareforma legislativa.
En las modificaciones propuestas a los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se observa una redistribución de los porcentajes de las cuotas y aportaciones respectivamente, destinadas a cubrir distintos seguros, prestaciones y servicios.
En la exposición de motivos, no se da una explicación clara sobre esta redistribución porcentual, se alude únicamente a la reasignación de mayores recursos a los renglones de pensiones y servicios médicos.
En el intercambio de opiniones que sostuvimos los legisladores con los funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se nos hizo saber que además del aumento del .5% a cubrir los seguros de medicina preventiva, de enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental, se contempla un aumento de dos puntos porcentuales a pensiones, que con la Ley en vigor, reciben el 5%. La medida, vista en forma aislada, pudiera parecer beneficiosa, no obstante, se toma reduciendo el 6% el monto total destinado a vivienda, al 5%. Asimismo, se suprime el 1% para cubrir los servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida del servidor público y familiares derechohabientes. Con el mismo propósito, disminuyen en .50%, los recursos orientados a soportar el seguro de riesgos de trabajo.
Es verdad que medicina y pensiones son dos rubros que deben fortalecerse financieramente, pero no a costa de afectar y suprimir otras prestaciones.
También es cierto que la nueva redacción hace más transparente la distribución de recursos, pero ello pone al desnudo el uso discrecional al que estuvieran sujetos, sobre todo para aquellas prestaciones contenidas en las fracciones V y VII de los artículos 16 y 21 en vigor, respectivamente.
Por otro lado, extraña la reducción porcentual de recursos para los riesgos de trabajo, establecidos en la fracción V del artículo 21 que se propone cambiar, toda vez que el informe anual de actividades 1991 del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se reporta que de acuerdo con los resultados registrados en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, en 1991 se presentó un incremento del 36% en los casos atendidos. Página 29 en la citada Ley.
De lo anterior se concluye que paradójicamente los recursos destinados a cubrir riesgos de trabajo, se verían disminuidos en la reforma, y se profundizará la tendencia a la disminución de este renglón.
En el artículo 22 se propone una serie de modificaciones, de entre las que nos interesa destacar el compromiso de las dependencias y entidades de regresar oportunamente al Instituto la cuotas, aportaciones y descuentos, así como la disposición del pago de intereses en caso de que éstos incumplan, y una mayor vigilancia tanto del propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el cumplimiento de las obligaciones, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para vigilar el correcto ejercicio de las partidas presupuestadas para las aportaciones que marca la Ley.
A nuestro entender, la medida tiene su origen en el incumplimiento de diversas dependencias y entidades con el Instituto , provocando su descapitalización y serios problemas financieros, afectando los diferentes servicios, seguros y prestaciones que proporciona. Para nosotros, lo anterior amerita una minuciosa investigación y el deslinde de responsabilidades.
Una medida de particular relevancia es la propuesta del artículo 57 de la Ley referida, que consiste en disponer que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto.
En el artículo vigente se establece que la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. El retroceso legislativo de la propuesta salinista acerca del lacerante problema de los jubilados y pensionados es evidente.
En la exposición de motivos del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal se dice escuetamente: "Que esta medida garantizaría el principio de seguridad jurídico y además se homologaría
al tratamiento que contempla la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta materia". La propuesta, a juicio de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, suscritos en el proyecto de dictamen, que el día de ayer, de manera precipitada se aprobó, y cito textual: "Cumple con un requisito indispensable de técnica legislativa. Puede explicarse que existen limitaciones de carácter económico para elevar la cuantía de las pensiones como todos quisiésemos, pero no debiera ser excusa para continuar con una norma que ha demostrado que existen dificultades en su aplicación.
Como consecuencia de su ambigüedad interpretativa, la modificación propuesta a este artículo permite garantizar la seguridad jurídica del pago del incremento de las cuotas pensionarias". Hasta aquí la cita.
Es decir, que los jubilados del Instituto de Seguridad y los Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado carecen de la seguridad jurídica que garantice el cumplimiento del actual artículo 57, que en rectitud de interpretación, obliga al Instituto a proporcionar todos los aumentos, al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, sea cual fuere su modalidad.
Lo señalado ya estaba contemplado desde 1983 en la exposición de motivos del dictamen de proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social ante esta soberanía, atentas a la minuta remitida con la fecha primero de diciembre de aquel año por la honorable Cámara de Senadores, con motivo de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
En el dictamen de primera lectura, aparecido en el Diario de los Debates de fecha 14 de diciembre de 1983, se lee con relación al artículo 57 reformado entonces, lo siguiente: "Por otra parte, se establece dentro del texto del proyecto en el capítulo V referente al seguro de jubilación por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada e indemnización global, al concepto de pensión dinámica, cuya cuantía aumenta al mismo tiempo y en la misma proporción que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, con lo que se otorga un beneficio indudable que evitará en lo futuro, que en poco tiempo las pensiones se vean reducidas en su poder adquisitivo, al no incrementarse al mismo tiempo que el aumento en el costo de los satisfactores básicos". Página 119.
El concepto de pensión dinámica engloba los aumentos por distintos conceptos, tal y como lo confirma la intervención en aquella ocasión del diputado Miguel Angel Sáenz Garza, a nombre de las comisiones unidas para fundamentar el dictamen.
Además, este proyecto de Ley deja plasmado en su contenido el concepto de pensión dinámica, al asentar en su artículo 57, que la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, bien por aumento general o salario mínimo, con lo que este régimen de jubilación y pensiones se convierte primero en el marco laboral de nuestro país, decía el diputado citado.
Este concepto de pensión dinámica, otorga a esta Ley el más alto contenido de justicia social para quienes entregaron su vida activa al servicio de las instituciones públicas; eso se puede leer en el Diario de los Debates del mes de diciembre 15 de 1983, en la página 140.
Es evidente, pues, que frente al deterioro que habían venido sufriendo las pensiones, se estableció un sistema de movilidad ligado a los aumentos de distinta índole de los trabajadores en activo.
El argumento central esgrimido por los funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al defender la propuesta de reforma, es que el artículo 57, tal como está, es viable ante un panorama de recesión económica y de crecimiento de la población en edad de jubilarse.
Ello explica por qué torcieron el contenido del artículo, sometiéndolo a un sin fin de interpretaciones, lesionando los derechos de los jubilados y haciendo aparecer los últimos aumentos a las pensiones como una graciosa concesión del Estado, y no una obligación de Ley.
Por lo demás, la homologación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sostenida como argumento en la exposición de motivos, invierte las cosas. Es precisamente el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que debería homologarse con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Representantes del millón y cuarto de pensionados de aquel instituto, venido de distintos estados de la República, se instalaron en el plantón en el zócalo de la ciudad de México, para
demandar, entre otras cosas, una pensión básica de cuando menos 600 mil pesos mensuales y una solución integral y definitiva a su precaria situación. Y hoy han levantado ese plantón ante los oídos sordos de esta honorable Legislatura.
Para el Partido de la Revolución Democrática es inadmisible una reforma regresiva como la que se pretende hacer en el artículo 57, y por eso no la vamos a aceptar, y por eso vamos a votar en contra de este dictamen.
En cuanto al Sistema de Ahorro para el retiro, complementariamente a lo expuesto en la primera parte de nuestra intervención, en el sentido de que por la forma en que es concebido, significa una ruptura con los principios constitucionales de la seguridad social mexicana basada en los derechos sociales y la obligación del Estado de garantizarlos.
Queremos reiterar un señalamiento hecho ya con motivo de la inclusión del Sistema de Ahorro para el Retiro en la Ley del Seguro Social. La iniciativa representa un grave atentado contra los trabajadores porque desnaturaliza la prestación del Seguro del Retiro al dejarlos fuera del ámbito de la legislación laboral.
Asimismo, es contrario a la Constitución, al permitir que autoridades distintas a las juntas de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo al artículo 90-bis, puedan conocer de la diferencias que se suscitarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones de las dependencias y entidades en relación a las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Aunado a lo anterior, se contempla un farragoso sistema de reclamaciones que hará mayormente susceptibles de injusticias a los trabajadores que sean afectados por dicho incumplimiento.
En cuanto al renglón de viviendas, cuyas reformas están contenidas en los artículos del 91 al 188-bis de la iniciativa, queremos hacer las siguientes anotaciones:
La experiencia del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los últimos años, es reveladora del comportamiento ilegal de las autoridades respectivas, al aplicar disposiciones administrativas no contenidas en la ley, lesionando derechos de los trabajadores o desvirtuando los preceptos legales.
Así lo reconoció un funcionario del instituto, al declarar en la sesión de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, celebrada el pasado 8 de diciembre, que, con base en las reformas, se van a oficializar los cambios llevados a cabo por el Fondo de la Vivienda, que han demostrado resultados.
En el artículo 100, por ejemplo, se introduce la figura de "Garantía personal", para obtener un crédito de vivienda. Esta garantía personal fue utilizada con el otorgamiento de los llamados "Créditos a la Palabra", 22 mil 977, en 1991, según datos del propio Instituto, de 8 millones cada uno. La condición...
Señor Presidente, le suplico unos cinco minutos para terminar.
El Presidente: -Adelante.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: -Gracias.
La condición para obtenerlo fue que el trabajador y su cónyuge perdieran el derecho a cualquier tipo de crédito para vivienda a futuro.
La manera en que fue introducida la garantía personal sin criterio alguno, desvirtuó la prestación. Fue utilizada, por la inmensa mayoría de los trabajadores que accedieron al crédito, como un préstamo personal, no necesariamente destinado a la mejora de su vivienda.
El uso político que se le dio al "Crédito a la Palabra", ahora se pretende legitimar con la reforma.
En los artículos 102 y 103, se propone eliminar el programa de financiamiento para la compra de reserva territorial y construcción de vivienda. Uno de los programas más importantes del Fondo y más que viviendas ha proporcionado a los derechohabientes, no obstante, desde hace tiempo las autoridades han abandonado paulatinamente el mencionado programa, para convertir al Fondo de la vivienda en un organismo de financiamiento exclusivamente.
De acuerdo a nuestros datos, de 1973 a 1982 el crédito para vivienda financiada, construida por el Instituto representó el 83%; mientras que el crédito para compra a terceros, mejoramiento de vivienda, construcción en terreno propio y reducción de pasivos representó el 17% de los recursos invertidos por el Fondo.
De 1983 a 1987 la vivienda financiada representó el 50% y otros créditos el 44%.
Según el informe anual de actividades de 1991 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la proporción de esos renglones en 1979 fue de 36% y 64%; en 1990 de 26.2%, y 74.7%, y en 1991 fue de 4.83% y 95.1%, respectivamente.
En la práctica hace tiempo que el Fondo se convirtió en un organismo de financiamiento, sin contar con que la línea de vivienda cofinanciada con la banca, opera desde hace varios años.
Pero quizá la parte medular de la contrareforma en materia de vivienda, está contenida en los artículos 104, 106, 107, 108 y 112. En ellos se propone introducir un nuevo sistema de otorgamiento de crédito, a través de la subasta, en lugar de la asignación adecuada entre los diversos grupos de trabajadores y la membresía.
Desaparece también la gestión de los sindicatos en el otorgamiento de los créditos.
Se individualizan las aportaciones de los trabajadores al Fondo de la Vivienda y se dispone su administración privada.
Se suprime el derecho del trabajador o sus beneficiarios, a recibir un tanto más del saldo de los depósitos constituidos en su favor, de acuerdo a lo previsto en la Ley, en caso de jubilación, incapacidad total, permanente o muerte. Artículo 106.
Asimismo, desaparece el derecho del trabajador que tenga 50 o más años de edad y deje de prestar sus servicios, a que se le entreguen los depósitos constituidos en su favor.
En este mismo orden de ideas, cambia el concepto de aplicación de los recursos, basados en la solidaridad, la igualdad y la justicia social por la posibilidad individual y la capacidad de ahorro. La antigüedad es sustituida por el tiempo durante el cual se han realizado aportaciones.
El artículo 108 determina con la nueva relación que la junta directiva expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán los créditos. Lo mismo ocurrió para el caso del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores en cuyas reglas se incluyen criterios lesivos a los trabajadores como demostraremos en su oportunidad. En síntesis se trastoca el sentido original de los principios que alentaron la creación del Fondo de la Vivienda.
Con la derogación de los artículos 114, 115 y 116, se propone desaparecer los derechos del trabajador que deje de prestar sus servicios y del jubilado a continuar voluntariamente en el Fondo de la Vivienda. De hecho, la continuación voluntaria de los jubilados prácticamente no existe, ya que el procedimiento para hacerlo es el principal obstáculo.
En el artículo 117 se plantea que los trabajadores con crédito verán modificado su saldo de acuerdo con los aumentos a los salarios mínimos. Es decir, que un trabajador que percibe 800 mil pesos, puede tener un incremento del 10% que equivale a 80 mil pesos, pero si su saldo es de 30 millones de pesos, el mismo se incrementa en 3 millones. El trabajador en cuestión pagará con las políticas del Fondo 240 mil pesos mensuales, el 30% de su sueldo básico, lo que significa que en un año le serán descontados 2 millones 880 mil pesos, si al año siguiente vuelve a recibir un aumento del 10% el trabajador tendrá una deuda mayor que la del año precedente. Suplico de la manera más atenta tanto a la Presidencia como a la honorable Asamblea me permitan unos minutos para concluir.
El Presidente: -Adelante señor diputado.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: -Gracias señor:
El artículo 126-bis, de la iniciativa, establece las limitaciones para que las compañías constructoras puedan acceder a un crédito de fondos, fundamentalmente se impide la participación a funcionarios, trabajadores y sus familiares.
La medida avanza sin duda en el combate a la corrupción por muchos años imperantes en el organismo de vivienda. Sin embargo, el propio artículo abre la posibilidad de autorizar excepciones mediante el expediente vago de las reglas de carácter general que emita la junta directiva, lo cual resulta cuando menos sospechoso.
En los artículos 157, 169 y 170 se propone reestructurar las atribuciones de las diferentes instancias de fondo para adecuarlas a sus nuevas funciones con las consecuentes reestructuraciones de los distintos departamentos que la integran y la reducción en un .50% los gastos de administración.
Aunque en el transitorio sexto se consigna que esta reducción será paulatina en un plazo de cinco años, no existe en la Exposición de Motivos un compromiso para respetar la plantilla del personal del Fondo de la Vivienda.
Tenemos otras apreciaciones que hacer pero por respeto a esta honorable Cámara permítanme que las hagan en su momento, permítanme únicamente proponer a este pleno los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados considera necesario iniciar un proceso legislativo que garantice un incremento presupuestal programado a cinco años en beneficio de las instituciones públicas de seguridad social empezando con el ejercicio presupuestal de 1993. En dicho proceso deberá incluirse un aumento gradual de las partidas que las entidades y dependencias destinan a los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad, al servicio de rehabilitación y el pago de pensiones.
En consecuencia, se instruya a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta cámara, para que realice los ajustes requeridos en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo. Esta Cámara de Diputados recomienda que con el objeto de fortalecer el financiamiento designado a los distintos seguros, servicios y prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus beneficiarios y en particular, al renglón de pensiones, el Titular del Ejecutivo incremente en forma sustancial las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, quienes se encuentran negociando su aumento salarial.
Tercero. Que es necesario incrementar el subsidio a las instituciones públicas de educación superior, que les permita conceder a sus trabajadores académicos y administrativos, sujetos al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un aumento suficiente en las revisiones salariales y contractuales en puerta.
Cuarto. La LV Legislatura de la Cámara de Diputados acuerda que se conceda tanto al magisterio nacional como al área médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado un aumento salarial de emergencia, por lo que harán los ajustes necesarios para el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; independientemente de la medida anterior, recomienda al Titular del Ejecutivo que los fondos para respaldar el citado aumento provengan del superávit presupuestal programado para 1993, de acuerdo a una redistribución adecuada del mismo, en los diferentes rubros del gasto, y por último.
Quinta. De acuerdo con la legislación vigente, ninguna prestación de retiro por jubilación contenida en las condiciones generales de trabajo o en los contratos colectivos de trabajo de los empleados, bajo el régimen de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puede sufrir menoscabo como resultado de la puesta en vigor del Sistema de Ahorro para el Retiro, desde el 1o. de mayo de 1992, por lo que esta soberanía exhorta a las autoridades correspondientes a respetar las prestaciones de Ley. Atentamente.
Diputados Jesús Martín del Campo Castañeda, diputado Guillermo Flores Velasco, diputada Evangelina Corona Cadena, diputado Gabriel Mendoza Manzo, diputado Juan Hernández Mercado y el que les habla. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional.
El diputado Marco Antonio García Toro: -Ciudadano Presidente, señoras y señores diputados:
Acudo a esta tribuna con la finalidad de fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional representado en esta honorable Cámara.
El dictamen que se nos presenta par su discusión o aprobación en su defecto, nos merece citar a ustedes los puntos en que tenemos algunas coincidencias y otros en los que discrepamos.
Por ejemplo, consideramos necesaria la redistribución de las cuotas contempladas en el artículo 16, en todas sus fracciones, ya que de esta forma nos han dicho en el trabajo de comisiones, se están rectificando criterios y decisiones que fueron tomadas tiempo atrás sin el soporte financiero correspondiente. Así nos lo comentó el diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Decisiones tales como la reducción en edades y plazos de jubilación; la reducción de los periodos de cotización para acceder a los beneficios otorgados por la Ley; los aumentos a las cuantías de las pensiones.
Y citó muchos más. De lo cual se deduce que estas decisiones se llevaron a efecto sin que se hubiera adecuado el régimen financiero del Instituto en lo concerniente a las aportaciones del Gobierno y a las cuotas de los trabajadores. Hoy se rectifica. Enhorabuena.
Respecto al Sistema de Ahorro para el Retiro, vimos con agrado cómo la comisión que redactó el dictamen que nos ocupa, tomó en cuenta la propuesta que le hiciéramos al reducir el plazo citado en el artículo tercero transitorio, para reducir de 24 meses que contemplaba la iniciativa, a 14 meses y llevarlo por caminos similares, como se nos comentó en su momento al Sistema de Ahorro para el Retiro, contemplado en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este plazo, tal como ya se ha comentado, es el plazo que se le fija al Instituto para calcular los saldos de los depósitos constituidos en favor de los trabajadores.
Sin embargo señores diputados, en Acción Nacional, tememos, tememos de temer, la suerte que ha de correr el recién instituido Sistema de Ahorro para el Retiro. Pues la historia nos confirma y nos da bases para tener este sentimiento. Ya ha sucedido en el pasado que los fondos constituidos en favor de los trabajadores han sido desaparecidos, han sido mal empleados. Sólo basta que el Ejecutivo en turno envíe a esta honorable Cámara, una iniciativa de Ley o un decreto, para que se modifiquen las normas establecidas y se registren retrocesos donde hubo avances, como sucedió con el Fondo de la Vivienda, que ya cité.
El retroceso se registra, se puede registrar de darse a la aprobación a este dictamen que tiene como partida la iniciativa del Ejecutivo y la misma generada por las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social.
Este dictamen propone la modificación del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto, en donde se legisló para que los aumentos a las cuantías de las pensiones estuvieran íntimamente ligados a los sueldos de los trabajadores en activo. Ahora se pretende vincularlos a los incrementos que tengan los salarios mínimos.
Hemos recibido la preocupación en este sentido, de ciudadanos dedicados a la docencia y agrupaciones sindicales como el Sindicato Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados por el Estado, de la ciudad de Mérida, Yucatán, del Frente Nacional de Pensionados Unidos en la Nación, del Distrito Federal, de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Democráticos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección de jubilados Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Estado de Morelos.
Para prueba señores, tenemos algunos comunicados vía telegramas y escritos dirigidos de estas dependencias y personas a nosotros.
Jubilados independientes y agrupaciones de los mismos, están preocupados al igual que los diputados que integran los diversos grupos parlamentarios representados en esta honorable Cámara, con excepción de los que conforman la mayoría. sostienen además, las agrupaciones y sus representados, que los incrementos a sus salarios siempre han sido mayores que los registrados en los del salario mínimo general y que la reforma agrede de esta manera directa los avances en esta aspecto, lo que nos da bases para pronosticar otro artero golpe cuando se tenga que aprobar en un futuro no lejano, una iniciativa de ley a esta honorable Cámara, para modificar criterios que ahora han significado avances, mínimos pero al fin avances, como es el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Cabe hacer mención que en el seno de las comisiones unidas, quienes estamos fuera de líneas o directrices, solicitamos el soporte técnico de apoyo al dictamen en este punto específico; ni el ejecutivo ni los directivos de las comisiones nos han demostrado que los incrementos al salario mínimo, haya sido superior a los incrementos que se asignaron a los salarios de los trabajadores al servicio del Estado.
Reunidos en sesiones de trabajo de comisiones, solicitamos dicha información, que desde luego tendría que provenir del Instituto, sin que hasta el momento se nos haya proporcionado. Así es como trabajamos en estas comisiones; ya nos sucedió en otras ocasiones, como cuando discutimos la situación de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La información disponible no nos permite analizar o evaluar situaciones ni soportar las iniciativas presentadas.
Así las cosas, señores diputados, qué caso tiene continuar con el ritmo de trabajo en comisiones y conferencias con el Senado, con resultados nulos, desde nuestro punto de vista.
Mis compañeros diputados Concepción Trinidad Rosas y Rafael Morgan Alvarez, harán una propuesta de modificación al artículo 57 párrafo
tercero y artículo 15 de la Ley del Instituto, respectivamente. Mi compañero diputado Rafael Morgan Alvarez lo hará mediante iniciativa de ley después de haber efectuado la votación del dictamen que nos ocupa, ya que las propuestas que nosotros como integrantes de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, en el seno de las comisiones, las propuestas que hiciéramos no fueron tomadas en cuenta.
Por los motivos antes expuestos, el grupo parlamentario de Acción Nacional, votará en contra en lo general, y se reserva para su discusión, el artículo 57 párrafo tercero y hará la proposición de modificación al artículo 15 de la misma Ley.
Señores diputados: ¿Qué es lo que se pretende? ¿Avanzar o retroceder? Si en verdad, la mayoría que ustedes conforman está dispuesta a rectificar, como ya lo ha hecho el Ejecutivo en algunos renglones de la administración, estaríamos en la posibilidad de proveer la solución a un problema a corto, mediano y largo plazo, pero para ello hay que tomar decisiones y estas decisiones dependen del voto mayoritario. Las decisiones, voy a mencionar algunas para someterlas a su consideración:
1o. Incrementar las aportaciones del Gobierno y las cuotas de los trabajadores hasta un monto que permitan la autosuficiencia del Instituto para cumplir, ahora y a futuro, con todas las obligaciones que la Ley le asigna y, sobre todo, la de otorgar pensiones suficientes que permitan a los trabajadores tener una vida digna.
2o. O bien, adecuar la base sobre la cual coticen los trabajadores y las aportaciones del Gobierno, en lo que respecta al sueldo base de cotización, ya que de esta manera las pensiones que se otorguen tendrán una base de sustento.
Hablamos de integrar, de una vez por todas, el sueldo de los trabajadores; que por hoy se encuentra pulverizado. Situándolo con esta modificación en su nivel real.
Resultaría irresponsable en este momento que propusiéramos elevar las cuotas y las aportaciones por no contar con los elementos, como ya lo mencioné líneas arriba, para poder definir los montos. También lo sería que únicamente se propusiera el aumento de las aportaciones del Gobierno.
Por ello, lo que resulta congruente, al menos en esta instancia, es plantear la reforma al artículo 15 de la Ley del Instituto que hará, después de la votación, mi compañero Rafael Morgan Alvarez.
Señores pensionados... Perdón, señores diputados: No hay que perder de vista que alguno o algunos de ustedes mañana o pasado mañana van a ser pensionados o jubilados. ¡Y cómo habrán de renegar por no haber actuado en consecuencia para que las pensiones que ahora padecen los jubilados, fueran pensiones que les permitan vivir dígnamente y no en la extrema pobreza en la que ahora están postrados!
Por tal motivo, señores diputados, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, les pedimos que reflexionen, que emitan su voto en contra de la modificación del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley, y que apoyen la propuesta de modificación para integrar, de una vez por todas, el salario base de cotización de los trabajadores en activo, para que las pensiones que reciban en un futuro no sean tan miserables como las que actualmente perciben.
Señores diputados: es el sexenio de las rectificaciones. El México nuevo ya nos ha sido anunciado y requiere de nuevas actitudes. Los jubilados de hoy, los jubilados de mañana, os lo habrán de tomar en cuenta. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Manuel Correa Ceseña: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Vamos a tratar, en un esfuerzo integrador, de referirnos en lo general, tal como se dijo al principio, a un conjunto de elementos que han hecho referencia a este proyecto de dictamen.
Por razones de método enumeraremos lo que, a nuestro juicio, son una suerte de consideraciones que sostiene nuestro partido en esta área tan sensible socialmente.
Primero. Hay dos segmentos de la sociedad que merecen una atención prioritaria, no sólo de los partidos políticos o de las agrupaciones sindicales, sino de cualquier persona que no esté infectada de vesania. Esos dos importantes segmentos de una gran delicadeza social y que una sociedad que no los entienda es una sociedad enferma, lo son los niños y los ancianos; los niños en su invalidez para procurarse su sobrevivencia
y los ancianos porque ya han dado y producido para la sociedad.
Desde luego que no sólo como partido...
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul): - Señor Presidente, le quisiera preguntar al orador si acepta una interpelación, por favor.
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado José Manuel Correa Ceseña: - Como no, señor diputado. Le voy a suplicar nada más que al final de mi exposición.
El Presidente: - Al finalizar su intervención, señor diputado. Continúe.
El diputado José Manuel Correa Ceseña: Decía, y estaba hablando entonces de una serie de elementos. Dije que el primero es que desde luego que nos preocupa y mucho como individuos, como personas y también como partido, el problema social que confrontan los jubilados, de eso no debe de caber ninguna duda. Y justamente en el transcurso del debate y de las deliberaciones encontraremos, en este concepto, muchos puntos comunes.
En segundo lugar y como segundo elemento, y no se trata aquí de teorías, de ismos o de doctrinas, el planteamiento principal de la iniciativa; y esto quiero subrayarlo porque no hubo ninguna objeción a fondo en esto, porque las objeciones hicieron referencia a un párrafo del artículo 57 y algún tipo de precisiones en otros artículos que, desde luego, aludiremos cuando se trate de la discusión en lo particular; decía, la iniciativa, la referencia principal es, substancialmente, sobre vivienda para trabajadores, sobre un Sistema de Ahorro para el Retiro y esencialmente, y esto tiene que ver con el traído y llevado artículo 57, con certidumbre en relación con la vinculación entre salarios y pensiones.
Se hizo alusión también, y queremos abordar un poco sobre el particular, se hizo alusión sobre los derechos sociales y dentro de los derechos sociales, se hizo alusión al derecho del trabajo.
Para nosotros, el tema de los derechos sociales es un tema muy sentido. Y no es ocioso, porque tiene que ver con el tema y tiene que ver mucho con el tema, no es ocioso decía, articular el concepto de derecho social con el concepto de instituciones de apoyo social y tomando las referencias que a este respecto se han hecho, debemos subrayar que dentro del concepto del derecho social o de los derechos sociales que dieron lugar, como todos ustedes saben, a toda una teoría o una nueva teoría constitucional en donde nuestro país de muchas maneras es pionero, esta nueva teoría constitucional que es producto del movimiento de 1910, tiene una referencia privilegiada a la seguridad social y si el derecho del trabajo es sin lugar a dudas una vertiente vertebral del derecho social, lo es de la misma manera la seguridad social y dentro de la seguridad social tenemos, y estamos entrando en el tema, dentro de la seguridad social, tenemos que referirnos no sólo al trabajador, sino tenemos que referirnos también a su ámbito familiar, seguridad que significa instituciones de salud, médicos, medicinas, apoyo social y que significa también la posibilidad de asegurar un futuro decoroso, digno en el retiro de toda actividad que como aquí se dijo, es el precio que todos tenemos que pagar, todos estaremos seguramente en el lugar de esos trabajadores que lo dieron todo y esperan desde luego el apoyo social para terminar su vida con decoro y con dignidad, en eso estamos de acuerdo todos y en este contexto de los derechos sociales y en este contexto de la seguridad social el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene una presencia importante, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado nació con ese propósito y ha significado para los trabajadores al servicio del Estado un permanente cobijo de diversa índole, el trabajador al servicio del Estado por cierto que generalmente vive con estrecheces económicas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha significado para él y y para su familia la posibilidad de atención médica y de apoyo social y sobre todo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado encuentra en el ocaso de su vida un sistema pensionario.
Un sistema pensionario que independientemente de todas las seguridades a las que ya hice alusión representa en nuestra opinión la columna vertebral del sistema de seguridad social.
En este contexto se presenta el siguiente proyecto de dictamen, lleva el propósito de profundizar y conciliar este proceso de reordenamiento administrativo y financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y precisar de manera clara la asignación de cuotas por un lado, la asignación de cuotas por un lado, de cuotas de los trabajadores descritas en el artículo 16 del proyecto y de cuotas para las entidades y dependencias asignadas al
régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como lo señala el artículo 21, buscando de esta manera siempre, darle la mayor certidumbre a los dos procesos paralelos, a la captación en el artículo 16 a los trabajadores, en el artículo 21 a las entidades y dependencias.
En esto encontraremos definitivamente el quid de la iniciativa, el instituto por su desenvolvimiento, por las condiciones económicas es imprescindible que se reordene, que se reordene para poder responder y soportar los procesos de corto, mediano y largo plazo, pero sin apartarse del propósito esencial de su constitución de brindar seguridad social a la población trabajadora del Estado; de este modo seguramente tendremos mejores empleados, mejores trabajadores.
Quiero finalmente hacer o subrayar algo que nos parece de la mayor relevancia. Quiero recoger nuevamente, porque además de alguna manera eso es lo que está en el tapete, lo que se refiere al sistema pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Este sistema pensionario representa el soporte de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Este soporte o esta obligación del Estado por sus trabajadores, no cabe duda que el Gobierno de la República lo ha venido cumpliendo desde 1925; por ello, por esta importancia, los seguros pensionarios ocupan una atención privilegiada del Instituto, así como todos los aspectos inherentes a ellos, por esta razón se debe garantizar, y ésta es la razón fundamental justamente, alrededor de esto debemos centrar nuestra atención, alrededor del sistema pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Este sistema pensionario requiere orden, requiere racionalización, requiere una administración adecuada de tal forma, de tal manera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado siga cumpliendo con todos sus compromisos. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor diputado... no aceptó. Tiene el uso de la palabra el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
La seguridad social en México es una de las más grandes conquistas de los trabajadores y ha quedado plasmada en el artículo 123. Esta conquista humana se encuentra también cristalizada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta noche estamos echando paladas para su entierro.
La lucha de los trabajadores ha sido constante por ampliar estas conquistas sociales para que no sólo se restrinjan al servicio médico, sino que abarquen todas las etapas del ser humano desde su nacimiento hasta la muerte.
El derecho a la educación, a la recreación, al trabajo, a la maternidad, al servicio médico, a la vivienda, a tener un seguro contra riesgos y accidentes, el derecho a la cesantía, el seguro a la invalidez y la jubilación. Como se observa, la seguridad social no es una concesión gratuita del Estado, sino una de las grandes conquistas de los trabajadores.
Los derechos que proporciona la seguridad social han sido tradicionalmente tutelados por el Estado, es así como en diversos países y en México, se desarrollaron grandes instituciones que proporcionaron los servicios de seguridad social a los trabajadores y particularmente en nuestro país, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuales fueron instituciones ejemplares en América Latina.
Con la irrupción del neoliberalismo, se pretende reducir la participación del Estado, por lo que es de preverse que las obligaciones de proporcionar seguridad social, se vaya privatizando.
Es evidente que varias ramas de la seguridad social están siendo administradas por la iniciativa privada. En la iniciativa que nos ocupa, el Sistema de Ahorro para el Retiro se incorpora a esta Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuestión que consideramos con oportunidad que no es un beneficio real para los trabajadores, sino un simple paliativo que no resuelve de fondo las necesidades de éstos, razón por la cual nos opusimos o nos opondremos a que se les considere una gran conquista.
Consideramos que el artículo 57 no resuelve en forma las necesidades del trabajador jubilado. Nos opondremos en lo particular a la redacción de éste y propondremos una siguiente redacción: "En lo que respecta a la cuantificación de las pensiones y jubilaciones, se formularán con base en los salarios integrados del trabajador y no en el salario básico nominal".
Algunos nos llaman que somos irresponsables por venir a hacer este tipo de posiciones aquí; algunos nos tildan con algunos otros títulos que no nos pueden amedrentar para seguir en esta tribuna. Quisiéramos que muchos de los que hicieron esta iniciativa, vivieran con ese salario, y verían si podrían ellos aplaudir estas iniciativas que sangran a nuestros compañeros jubilados.
Tampoco compartimos las modificaciones de los artículos 104, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 116 y 117. Todas éstas agreden al trabajador en todas sus formas, en los créditos que se les aumentan en cantidades proporcionales muy ilógicas, que no sabemos quién les enseñó a hacer cuentas a los que nos plantearon esta iniciativa, pero son muy injustas, a mi forma de ver.
Es un retroceso, ya que impide la participación de los sindicatos en la gestión de créditos de viviendas y se burocratiza con criterios privatistas el otorgamiento de éstos.
Nos hicieron llegar nuestros compañeros jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dijéramos aquí en la tribuna que se oponen al artículo 57, porque no representa ningún beneficio para ellos; que pidiéramos que se elevara una protesta por la Cámara ante Comercio, porque no ha sabido frenar los precios, porque éstos se han disparado, mientras que el salario sigue siendo exactamente el mismo. Los compañeros también se quejan de que los malos funcionarios de sus sindicatos, han desaparecido por ahí cuotas y que nadie les toma cuentas a ellos. Esta situación es en contra, permanentemente.
Nosotros nos solidarizamos con el Movimiento Nacional de Jubilados, en su demanda del aumento del 100% a sus pensiones. Exigimos del Estado mexicano un mayor presupuesto que garantice una mayor y mejor seguridad social para el pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín: - Compañeras y compañeros diputados:
Quiero hacer con ustedes una serie de reflexiones de esta iniciativa de Ley. Ya se han dicho una cantidad de observaciones, sin embargo quiero puntualizar algunas cuestiones que considero esenciales para mi argumentación.
En la exposición de motivos se destaca como un objetivo principal de esta iniciativa, así se dice, objetivo principal, la elevación a rango de Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con objeto de conceder a los trabajadores al servicio del Estado la totalidad de las ventajas de dicho sistema.
Yo quiero que recordemos exactamente qué es el sistema de ahorro para el retiro, y cuáles fueron los argumentos con los cuales se presentó esa iniciativa.
Había una serie de consideraciones macroeconómicas, en términos de la necesidad de incrementar el ahorro interno para dedicarlo a inversiones, pero específicamente, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, esto se presentó como un régimen complementario, esto es absolutamente esencial que lo tengamos presente, como un régimen complementario por medio del cual, con una cuota del 2% de las percepciones salariales, ahorrados durante 30 años, y con las tasas reales de interés, esos fueron los argumentos que nos estuvieron proporcionando, los trabajadores, al terminar sus 30 años de actividades, iban a tener un complemento vitalicio del orden del 16% del salario mínimo. Esos son los datos, los recuerdo con toda precisión cómo se argumentó esta situación.
En aquella ocasión criticamos el Sistema de Ahorro para el Retiro, dijimos que era insuficiente en términos macroeconómicos, que era una burla para los trabajadores en términos concretos, que era un grave precedente por qué un seguro de los trabajadores se dejaba en manos privadas, etcétera. Sin embargo. para los efectos de esta discusión, yo quería señalar lo siguiente: vamos a contrastar este objetivo, el del Sistema de Ahorro para el Retiro, que se dice que es fundamental, con la realidad jurídica y práctica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para ver qué es lo que estamos discutiendo.
El gran significado del artículo 57, y todas las fracciones han hecho referencia a él, es que está establecida la pensión dinámica. Eso quiere decir que al término de su vida laboral, un trabajador iba a retirarse con su salario del último año promediado, y que iba a tener incrementos correspondientes a como fueran dándose las modificaciones. La Ley dice: en el mismo momento y en la misma proporción en que aumente el sueldo básico.
¿Qué es el sueldo básico de los trabajadores al servicio del Estado? Es el sueldo presupuestal,
el sobresueldo y las compensaciones. Todo esto está debidamente formulado, pero además debe estar considerado en cada momento en el que se discute el presupuesto, de manera que los trabajadores al servicio del Estado, teóricamente no tenían ninguna necesidad del Sistema de Ahorro para el Retiro, no tenían necesidad de ningún complemento. En términos legales era suficiente para que vivieran con dignidad, como está establecido en la Ley.
¿Entonces por qué hoy nos quieren endulzar una situación que es incorrecta? Aquí lo que está sucediendo es que las dependencias gubernamentales defraudan a una institución gubernamental como el es Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Eso es lo concreto que está pasando, y una situación grave nos la quieren presentar endulzada, diciéndose que ahora de lo que se trata, es generosamente ofrecer el Sistema de Ahorro para el Retiro para los trabajadores al servicio del Estado, y eso es una forma incorrecta de pasar sobre una situación de violaciones sistemáticas, como voy a tratar de señalarles en este momento.
¿Qué pasa en la práctica? Que no se otorgan esas pensiones como son correspondientes, y no se dan los aumentos correspondientes dinámicos.
Ahora, nos dicen: hay ambigüedades de interpretación, y porque existen ambigüedades es que no se puede.
Bueno, hay otra explicación: además de algunas ambigüedades que podrían existir y que no han dicho cuáles son, y que no han dicho con cuáles de estas interpretaciones es con la que niegan los aumentos correspondientes, lo que sí existe es que las dependencias no declaran a Pensiones, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuáles son los sueldos, los sobresueldos y las compensaciones que están pagando, y entonces decenas de miles de trabajadores permanentemente están presentando juicios para que los montos de sus pensiones se ajusten a sus recibos, a donde dice que es lo que ellos verdaderamente ganaban, y que no corresponden con los pagos que está dando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ahora ¿Qué es lo que ha pasado? Y es una tragedia. Y aquí hay que tener una gran responsabilidad todos nosotros. Los trabajadores tratan de defenderse de la única manera que saben hacerlo, y es recurrir a los tribunales laborales, y resulta que en los tribunales laborales no prosperan estas demandas y se las rechazan diciendo que son improcedentes, y nadie les informa por que no prosperan. Y no prosperan porque resulta que son demandas fiscales, que hay que presentarlas en el Tribunal Fiscal de la Federación, y que solamente algunos, muy pocos, que se enteraron de este camino, pudieron lograr llevar sus demandas que se resolvieran positivamente en un primer momento, y que se les dieran sus pensiones según los montos a los que tenían derecho y según todas las diferencias acumuladas y según verdaderamente como una pensión dinámica.
Y cuando se empieza a generalizar esta demanda, y cuando los trabajadores empiezan a saber que la vía ésta, la vía fiscal, y se empiezan a presentar una serie de demandas, entonces se presenta una gravísima amenaza para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el Gobierno, y clausuran esta vía de manera radical. Esto es lo que está en el fondo de esta situación.
¿Ahora, qué pasa? Aquí se puede aprobar, como se aprueban las cosas, todo mundo vota, le echan tierrita al asunto y parece que no sucedió nada. Yo quiero llamar la atención de esto. En primer lugar, hay decenas de miles de trabajadores que han vivido una situación de injusticia y que se va a volver a presentar, cualquiera que sea la ley que aquí se apruebe y cualquier modificación que se ponga. ¿Por qué? Porque a esa gente se le dieron indemnizaciones incorrectamente planteadas, se les mantuvieron estancadas, fueron alcanzados por las más bajas, hoy están en las pensiones mínimas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, han presentado sus demandas y viven una situación de injusticia, y cuando esta situación de injusticia se reconoce, la gente va a estar reclamando una, dos, tres y cien veces, y va a haber aquí los plantones, y se va a exigir que esas decenas de miles de pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que han sido de manera incorrecta, tengan una solución correcta hoy en día, cualquiera que sea la formulación de la Ley que se dé.
De manera que la cuestión ante la que estamos, a mí me parece que es muy sencilla, es: o se respeta la formulación legal que existe, y es que existan las pensiones dinámicas y que esto se resuelva, o se le trata de encubrir una situación de defraudación de las dependencias gubernamentales que no han enterado correctamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de cuáles eran las percepciones de sus trabajadores.
Aquí el problema se debería de discutir en términos absolutamente objetivos y reales, lo planteó excelentemente el compañero Toro, el problema es de cuotas: ¿de qué tamaño son las cuotas que tiene que pagar el Gobierno, de qué tamaño son esas percepciones para que existan los fondos y se puedan pagar o no? Ese es el problema de fondo, estamos de nuevo ante la misma situación, que es discutir cuestiones presupuestales, y discutirlos con una base racional, que se diga cuántos trabajadores están en un nivel, cómo está la escala jerárquica de salario en el servicio público, que se hagan las estimaciones correspondientes de cuánto es lo que habría que erogar para resolver estos problemas, etcétera. En lugar de discutir en términos objetivos, nos están presentando como siempre una serie de argumentaciones que la verdad es que son bastante demagógicas. No tiene ningún sentido decir aquí: "Estamos preocupados en el Gobierno por la seguridad social y los trabajadores nos desvelan, etcétera... Cuando la realidad es que están robando a cientos, a decenas de miles de pensionados. Esa es la realidad.
A mí me parece que éstos son argumentos suficientes para que no continuemos con esta práctica verdaderamente nociva de estar aprobando leyes de parches, que por tratar de resolver una situación crean nuevos conflictos. Este es un conflicto que está planteado y que no se va a resolver con esta Ley, se van a volver a plantear todas estas demandas.
A mí me parece que con este tipo de razones es más que suficiente para votar en contra. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, para tratar los artículos 3o., 16, 21, 22 y 103, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Subo a esta tribuna para, en primer lugar, hacer una enérgica protesta por el proceder, principalmente del presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Ochoa Zaragoza, que se distinguió por su antidemocracia al conducir los trabajos para la revisión de esa iniciativa que nos envía el Ejecutivo.
Desde el inicio, en que se presentó esta iniciativa, jamás convocó a una reunión, sino apenas hasta el 8 de este mes, no hubo ninguna reunión anterior. En ésa, plantea que se forme una comisión por los presidentes de las comisiones unidas, un miembro de cada partido y lo somete a votación sin mayor discusión.
El dictamen solamente fue elaborado por él y con muchísimas precipitaciones, porque incluso cuando se nos entrega la copia del dictamen le hace falta una hoja y tiene graves omisiones también, que fueron después corregidas con el dictamen que se presenta aquí, a este pleno.
Solamente se tuvo una reunión para poder discutir libremente los diputados y poder expresar nuestras opiniones, una reunión prolongada en la cual hubo una total cerrazón para aceptar siquiera la modificación de una coma.
Este debate nos va a llevar a lo mismo, puede ser muy largo; sin embargo, la cerrazón que existe, va a dar por resultado que ese dictamen que tenemos sea finalmente el decreto que emita el Ejecutivo, una vez que esta Cámara haya aprobado esta iniciativa.
No van a valer las razones, no va a valer ninguna razón de peso en este debate, porque se ha tomado una decisión antidemocrática.
Por ejemplo, y me voy a empezar a referir a las cuestiones particulares, esta iniciativa presenta una serie de modificaciones, una parte de las modificaciones a la estructura de la distribución del ingreso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Yo elaboré un cuadro donde están comparativamente las prestaciones que otorga el artículo 3o. de esta Ley que estamos dictaminando, en el cual de acuerdo a la Ley vigente hasta ahora, en el artículo 16 y el artículo 23 se señalan en diferentes fracciones un conjunto de prestaciones que tienen un porcentaje determinado.
Al hacer el comparativo de las prestaciones que estaban contempladas en la Ley vigente y la propuesta, podemos encontrar las siguientes conclusiones: Primera conclusión: no se modificó la cuota obrero y la cuota de las dependencias.
En esta redistribución disminuyen, en términos globales, en términos macros, las aportaciones a vivienda, al pasar de 6% a sólo 5% en la fracción VI de la iniciativa.
Las percepciones globales de los jubilados y los pensionados que están contemplados en diversos seguros, como son la fracción IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 3o., donde están, para que se entienda, el seguro de jubilación, seguro de retiro por edad y tiempo de servicios, seguro de invalidez, seguro por causa de muerte, seguro por cesantía de edad avanzada, indemnización global.
Anteriormente estas prestaciones recibían en su conjunto el 8%. Hoy solamente reciben el 7%, de acuerdo al artículo 21, fracción V, y de acuerdo al artículo 16, fracción IV. Hubo una disminución real.
Es falso lo que afirmaron los funcionarios que vinieron a una reunión aquí, a Cámara de Diputados, a darnos una explicación de esta iniciativa, que esto también ocurrió hace dos días apenas.
En ésta, está claro que hay una disminución real de las percepciones que recibirán los pensionados y los jubilados. Aquí anteriormente se recibirán 8% y hoy se reciben 7%. ¿Dónde está entonces, si aquí estamos disminuyendo vivienda y pensionados, dónde está la ganancia, dónde está la reestructuración?
Las autoridades mañosamente dicen que anteriormente los seguros de medicina preventiva, seguros de enfermedad y maternidad y seguros de rehabilitación física y mental recibían por parte de la cuota de los trabajadores 2.5% y por parte de la cuota de las dependencias 6.5%, el total hacía 9%. Hoy nos dicen que esta cuota parece conjunta de seguros es de 9.5%, aparentemente aumenta .5%, ¿pero qué sucede?
Anteriormente en la fracción V del artículo 21 había un porcentaje señalado de .75% los cuales estaban desglosados en .5% para atención médica y .25% para atención, derivados del seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué sucede ahora?
Que riesgos de trabajo se sigue quedando con .25% y el otro .5% es lo que aumenta en atención médica. Total no hay un aumento real en las cuotas para la medicina preventiva, eso está claro y evidente en la iniciativa a pesar que digan lo que digan.
Todas estas razones no fueron escuchadas y no pueden ser escuchadas ante la cerrazón de un presidente de una Comisión, tan antidemocrática como el que tiene esta Legislatura.
¿Dónde está el dinero entonces? Porque no hubo aumento en medicina, disminuyó pensiones y disminuyó vivienda. El aumento aparentemente está en administración, porque ahora la fracción VII del artículo 21 nos habla de .25% y la fracción V del artículo 16 nos habla de .75%. Total 2% más administración.
Porque además en el conjunto de seguros todos indican que tiene una participación cada una de las fracciones del artículo 16, por ejemplo, la I, la IV, la III, la II, tienen porcentaje de gastos de administración y del artículo 21 las fracciones I, la IV, la V, la III, y la II tienen porcentajes de administración. Entonces está desglosado por separado un porcentaje de administración y parte del resto de las fracciones tienen contempladas un porcentaje adicional de administración.
¿Qué está haciendo esta reestructuración? Fortalecer la administración de una burocracia, eso es lo está proponiendo la iniciativa presidencial y que no pudo ser adecuadamente discutida por esta legislatura.
Pero afortunadamente en esta iniciativa aparente hay una ventaja en el artículo 3o. cuando se adiciona la fracción XXI del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta fracción que se agrega es producto de un debate que aquí también tuvimos en esta Legislatura, el pasado 23 de abril.
Cuando nosotros denunciamos un decreto ilegal y que mi intervención fue apoyada por el diputado Kunz Bolaños y en esta tribuna pasó afortunadamente y quedó en el Diario de los Debates, perdón el representante del Partido Acción Nacional, el diputado Gabriel Jiménez Remus.
En esta voy a recordar lo que él decía para fundamentar mi argumentación para hacer una reforma al artículo 21. El decía, entre otras partes señalo cuando yo decía que había una actitud ilegal del Congreso, él no negó eso, simplemente dijo que este Congreso no tenía facultades, para, ahora si este decreto que había publicado el Ejecutivo, el Congreso no podía desecharlo ni podía hacerle nada, simplemente no teníamos facultades.
En segundo, él señaló que Acción Nacional, dice así: "Nosotros pediremos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en última instancia, que explique en cuál de las partidas presupuestales se verán afectadas estas erogaciones, en beneficio de los trabajadores del Estado, que seguramente nosotros presumimos, se encuentra prevista en la Ley de Egresos". Esa es la segunda cuestión que dijo, y la tercera afirmación que expresó fue:
"Pero racionalmente hablando, consideramos nosotros que en los términos del artículo 123
constitucional en su fracción IV, establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos.
"¿Y por qué?, porque el legislador entendió perfectamente bien que el Estado era el patrón y no podía dejar al capricho del Estado patrono la eventualidad de que disminuyera a su antojo los salarios de los trabajadores".
Nosotros hicimos una propuesta de aumentar, hicimos una propuesta con dos posibilidades: una, era adicionar el artículo 21, claramente, como también se planteaba en el decreto, ese decreto ilegal. esta adición dice así:
"Asimismo, el importe de las aportaciones correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro que establecen los artículos 90 bis A, y el 90-bis B, serán cubiertas con cargo al presupuesto de las dependencias de las entidades".
O la otra posibilidad:
Es reformar el primer párrafo de este mismo artículo 21 para que quede claro que las cuotas de las dependencias, la cuota patronal sea elevada de 17.75 a 19.75
Esto lo señalamos porque entendemos que se trata de una prestación adicional como lo expresara la exposición de motivos del decreto anterior, como lo expresa esta exposición de motivos de esta iniciativa, como fue expresado por el Partido Acción Nacional en voz de don Gabriel Jiménez Remus, y como nosotros también hemos señalado.
No puede pensarse que de acuerdo a esta distribución como mañosamente se nos ha hecho, se quiera burlar a los trabajadores y sin aumentar sus prestaciones y al contrario gravarlas, este 2% que ahorita está señalado como administración, sea destinado para el pago del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Ochoa Zaragoza se negó a incorporar esta adición que estuvimos proponiendo y que va en el sentido de la propia exposición de motivos; la exposición de motivos dice que se trata de una prestación adicional.
Por tal motivo creemos que ésta, si existe realmente y puedan valer los argumentos y pueden valer los argumentos y puede valer la razón , será una propuesta que podrá ser aprobada por el pleno de esta soberanía .
Dejo en esta Secretaría la propuesta concreta que argumenta esta reforma.
Por último, hago una propuesta de reformar el artículo 108. El pasado martes 20 de octubre apareció en el Diario Oficial un conjunto de acuerdos del Ejecutivo que norman el Sistema de Ahorro para el Retiro y las reglas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
En este conjunto de reglas se establecen los criterios básicos para acceder a la vivienda de manera muy similar como lo establece esta iniciativa.
Nosotros estamos proponiendo que los criterios, no solamente sean criterios como lo señala en este reglamento que es un conjunto de criterios y tablas que nos señalan los puntos que requiere un trabajador para acceder a la vivienda. Nosotros estamos proponiendo cambiar la redacción del artículo 28 y que entre otros criterios, las reglas, contenga la precisión de que se debe contemplar la antigüedad de los trabajadores.
Esta redacción la dejo también a la Secretaría para que pueda ser tomada en cuenta en su oportunidad. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Olivares Pedro.
El diputado Jaime Olivares Pedro: -Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Todos los mexicanos en mayor o menor grado, hemos contribuido al desarrollo que vive nuestro país y justo es reconocer aquí, que los trabajadores del Estado han sido parte importante de este proceso. Y que merecen recibir los beneficios de la seguridad social de un modo más eficiente.
Nuestro papel como legisladores es proveer el marco jurídico necesario para ello, y bajo esta óptica, debemos ver nuestro debate. La ineficiencia se define como la falta de capacidad para lograr una meta. Y no se soluciona con más recursos sino con un mejor uso de los existentes.
El reto del presente es, hacer más con menos. Las modificaciones a los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que estamos discutiendo, pretenden más eficiente la distribución de los recursos captados por el Instituto, ya que en la práctica se ha visto que algunas áreas operan con holgura de
recursos, en tanto que otras, no tienen suficientes para que puedan cumplir sus compromisos.
Los riesgos de trabajo entre los trabajadores del Estado por ejemplo, han resultado menores de lo estimado al elaborar la ley. Y las tiendas y farmacias del Instituto, a pesar de sus bajos precios en beneficio de toda la sociedad, operan con autosuficiencia financiera.
En este recinto discutimos y aprobamos a principios de este año, el decreto de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que actualmente está llevando a parte de los trabajadores mexicanos, beneficios sustanciales en materia de vivienda, beneficios que no reciben los trabajadores del Estado, al estar regulados por diferente apartado del artículo 123 constitucional.
Es por tanto, de elemental justicia y equidad, otorgar a todos los trabajadores mexicanos, independientemente del lugar donde presten sus servicios, beneficios similares.
Los trabajadores del Estado, como todos los trabajadores de México y como todos los mexicanos, tienen derecho a una vivienda digna y la posibilidad de volver realidad este derecho, está hoy en nuestras manos. Démosles, una Ley que ponga en las suyas, créditos baratos y suficientes. Terminemos con el paternalismo y reconozcamos a los trabajadores del Estado, la madurez para decidir con libertad, e inteligente, el manejo de esos recursos.
El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue creado hace 20 años con la finalidad de otorgar a los trabajadores del Estado, crédito barato y suficiente para adquirir vivienda en propiedad. Pero a pesar de la buena intención de los legisladores, el crédito barato, aunque no siempre suficiente, alcanzó en estos 20 años, a menos de 300 mil familias.
Parte importante de las causas de esta insuficiencia, fue la severa inflación que sufrimos en la década pasada y los efectos de la inflación, como todos reconocemos hoy en día, los sufren más quienes tienen menos. Pero debemos reconocer que el problema residió también en la mentalidad paternalista que implica darle al trabajador una vivienda construida con parámetros fijados en algún escritorio; en vez de permitirle manejar sus propios recursos para satisfacer necesidades individuales.
Prueba de que la administración actual reconoció estos hechos, es que en los últimos cuatro años el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha otorgado así tantos créditos para vivienda como en los 16 anteriores.
Las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de vivienda que estamos discutiendo, pretenden rescatar el espíritu de los legisladores de 1972, al definir el papel del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado como un organismo financiero, y no constructor, por lo que se propone la derogación del artículo 102, así como las fracciones II y III del artículo 100.
Para evitar confusiones, la iniciativa contempla un capítulo especial denominado: "Capítulo 5o. B bis" relativo al Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual establece las aportaciones y forma de operar dicho sistema de ahorro.
De esta manera se sabe con claridad que las aportaciones equivalentes al 17.75% que señala el artículo 21, no se incrementa y que se destina a cubrir en su parte proporcional, el conjunto de seguros, servicios y prestaciones que son distintos al Sistema de Ahorro para el Retiro.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene la obligación de proporcionar a los trabajadores pensionistas y sus familiares derechohabientes, los seguros, servicios y prestaciones que consigna el artículo 3o. de la Ley que lo rige.
Para el cumplimiento de sus fines, requiere de la actualización de su marco jurídico, a fin de estar en posibilidades de asignar los recursos suficientes para la debida atención de la población derechohabiente y mejoramiento de sus condiciones de vivienda.
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado durante los 30 años de su vigencia, ha otorgado los beneficios de la seguridad social a una población asegurada en constante crecimiento.
Por otra parte ha ampliado la cobertura de seguridad social al incrementarse en la última década de 14 a 20; el número de seguros, servicios y prestaciones.
El Instituto, con el propósito de solventar la problemática planteada, llevó a cabo estudios técnicos que le permitieran identificar de qué recursos disponer para destinarlos al rubro de
pensiones y mantenimiento de la infraestructura médica que tan importante es para elevar la calidad de los servicios de salud de los asegurados.
En consecuencia se consideró necesario proponer la reforma, a fin de retribuir la asignación de los recursos presupuestales para incrementar el fondo de las pensiones y los seguros de carácter médico, de tal manera que sin aumentar las cuotas que cubren los trabajadores y las aportaciones a cargo de dependencias y entidades públicas, se reasignen a estos dos rubros.
El análisis concluyó la factibilidad de reasignar recursos entre los seguros, servicios y prestaciones, pero cuidando que en ningún caso disminuya la calidad de ninguno de ellos.
En síntesis, esta reforma se considera ampliamente justificada, ya que como se habrá advertido, la intención última es optimizar el manejo de los recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en función de su utilización para que los renglones en que la actualidad son más apremiantes de atender.
Las modificaciones propuestas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado merecen la aprobación de esta Cámara porque son realistas y equilibradas, pues bien, si amplían los límites de los beneficios que en justicia merecen los trabajadores del Estado, lo hacen con la prudencia que aconseja el sano manejo de las finanzas nacionales.
¡Prometer lo inalcanzable, sería un acto de crueldad que ningún mexicano merece! Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda: - Comienzo mí intervención planteando una exigencia a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que deberían tener congruencia y memoria sobre su propia actuación en legislaturas anteriores, en referencia a la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Quiero recordar, sobre la base de los datos sacados del Diario de los Debates, que en las comisiones que decidieron la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que ahora está vigente, en 1983, se argumentó, comisiones presididas por el Partido Revolucionario Institucional se argumentó de la siguiente manera, cuando se estableció la Ley vigente, a través de una reforma.
Dice Textualmente parte del dictamen: "Por otra parte, se establece dentro del texto del proyecto en el Capítulo V referente al seguro de jubilación por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada e indemnización global el concepto de pensión dinámica, cuya cuantía aumenta al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, con lo que se otorga un beneficio que evitará, en lo futuro, en que poco tiempo las pensiones se vean reducidas en su poder adquisitivo, al no incrementarse al mismo ritmo que el aumento en el costo de los satisfactores básicos. Este concepto dinámico va todavía más lejos y otorga un aguinaldo igual a los pensionados que a los trabajadores en activo y concede a los primeros las prestaciones en dinero que se concedan de manera general a los trabajadores en activo".
Esto decía, en parte, el dictamen de las comisiones que fue presentado a la plenaria en aquella Legislatura, en diciembre de 1983.
Por otro lado, como comenzaron a señalar compañeros de mi partido en intervenciones anteriores, el compañero Miguel Angel Sáenz Garza, que fuera diputado en aquella Legislatura, que lo es en ésta, también argumentó, fijando posición de su partido, cuando intervino frente al pleno de aquella Legislatura, diciendo cuestiones como las siguientes:
"Ademas este proyecto de Ley deja plasmado en su contenido el concepto de pensiones dinámica al asentar en su artículo 57 que la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, bien por aumento general o salario mínimo, con lo que este régimen de jubilaciones y pensiones se convierte en pionero en el marco laboral de nuestro país, al otorgar a sus pensionados y jubilados la posibilidad de mantener un nivel de vida adecuado y decoroso, sin estar sujetos como lo están en la actualidad a ver deteriorado en forma constante su ingreso y disminuido el poder adquisitivo de sus ingresos a una edad en que no es posible encontrar o desarrollar otro trabajo que permita mejorar ese ingresó".
Y agregaba el diputado Miguel Angel Sáenz Garza: "Este concepto de pensión dinámica
otorga a esta ley más alto contenido de justicia social para quienes entregaron su vida activa al servicio de las instituciones públicas y contribuyeron en alguna medida al progreso y desarrollo del país y para quienes esto es el reconocimiento del Estado a su labor durante sus años de vida activa a su servicio. En ese mismo marco se otorga al pensionado o jubilado un aguinaldo anual, igual al que se otorga al trabajador en activo y se otorgan las prestaciones que sean aplicables en igualdad de condiciones".
También éste es otro elemento ilustrativo de la posición que en aquél entonces sostuvieron los miembros del Partido Revolucionario Institucional para demandar que se aprobara, en el pleno, la reforma que hace que ahora se a vigente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los trabajadores del Estado, con ese artículo 57.
Como parte de este tipo de testimonios, por los que me permito exigir congruencia al partido mayoritario, está la posición que fijaron como partido, a través de un diputado y que también dice en una de sus partes lo siguiente:
"La iniciativa de la Ley también responde a viejos y justos reclamos de trabajadores ejemplares al servicio del Estado, ahora jubilados muchos y en casos lamentables con pensiones exiguas que hoy los ubica dentro de una problemática muy seria. El concepto de pensión dinámica adoptado en los sistemas de seguridad social más avanzados del mundo, toma cuerpo en esta Ley para considerar a los trabajadores pensionados con las mismas prestaciones de los trabajadores en activo, crecer en la misma proporción en aumentos de sueldos, recibir un aguinaldo igual y poder ejercer préstamos de corto, mediano plazo e hipotecarios, es un avance indiscutiblemente sustancial dentro del campo de la seguridad social, pero sobre todo significa la superación de una condición de desiguales para quienes han entregado su vida al servicio de los demás".
Sería todavía muy extenso el retomar completos los discursos, las intervenciones, de los diputados del partido mayoritario, cuando aprobaron en 1983 la que ahora es la Ley Vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Creo que los compañeros del Partido Revolucionario Institucional cometerán un grave acto de incongruencia consigo mismos y frente a los mismos y frente a los jubilados al servicio del Estado de todas las dependencias, que han venido reclamando un comportamiento en consecuencia con el espíritu de la Ley y no una actitud regresiva, como ahora se presenta en la iniciativa que envió el Ejecutivo a esta Legislatura.
Creo, por otra parte, conveniente señalar que hay una evolución que debe ser considerada para la determinación de esta Legislatura sobre esta iniciativa, acerca de los aumentos que han tenido los salarios para los trabajadores del Estado y a los salarios mínimos del Distrito Federal.Quiero dar los siguientes datos:
En 1988 los salarios de los trabajadores al servicio del Estado aumentaron en un 20%, mientras que los mínimos, en ese año, un 17%. En 1989 los salarios de los trabajadores al servicio del Estado aumentaron un 10%, mientras que los salarios mínimos aumentaron un 12.70%. En 1990 los salarios de los trabajadores al servicio del Estado aumentaron de la siguiente manera: 17% al nivel 1; 17.5% al nivel 7; 14% al nivel 13 y 14% al nivel 25; mientras que los salarios mínimos en el Distrito Federal aumentaron 14.9%. En 1991 los salarios de los trabajadores al servicio del Estado aumentaron 10% y los salarios mínimos en el Distrito Federal 17.3%. Para 1993 ya sabemos que los salarios mínimos aumentaron solamente el 7%.
¿Qué indica la evolución de los salarios? Que hay una tendencia regresiva en los salarios mínimos, una tendencia a detenerlos, una tendencia a la contención de los mismos, por los llamados pactos de estabilidad, mientras que la presión de los trabajadores al Servicio del Estado, por las calificaciones diferenciadas que tienen, tiende a revertir esta situación y a que se busquen mejores salarios, dependiendo de la calificación que tienen y ubicándose en las más altas categorías de los tabuladores existentes.
Quiero decir, además que el salario mínimo de los trabajadores al servicio del Estado es el del nivel 13, que es el que ganan cuando menos ahora los trabajadores al servicio del Estado y que es de 564 mil 765 pesos. Por lo que afirmamos que aprobar la iniciativa en lo que se refiere al artículo 57, significaría un retroceso en materia de ingresos para los trabajadores al servicio del Estado. Significaría que los jubilados, que de por sí, como señalaba el diputado Raúl Alvarez Garín, de mi partido, han sido mal tratados cuando se calcularon sus pensiones desde hace muchos años para acá, tengan un regazo aún mayor en cuanto a una pensión verdaderamente remunerativa y justiciera.
Si los compañeros de la mayoría, del Partido Revolucionario Institucional, insisten en aprobar
esta iniciativa, simplemente porque ha sido enviada por el Ejecutivo, a la vez que reproducen este vicio, esta inercia negativa en la vida parlamentaria de subordinarse, disciplinarse a toda iniciativa que manda el Ejecutivo, sin discutirla a fondo, por otro lado estarían siendo incongruentes, castigarían negativamente, castigarían a los trabajadores al servicio del Estado en contra de lo que argumentaron en 1983 y les tendría yo que recomendar que enviaran la iniciativa a los trabajadores, a los pensionados, a los cientos de miles de pensionados del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, con la canción de Chava Flores, "La Bartola", la que dice:"...Oye Bartola, ay te dejo esos dos pesos" y de preferencia que fuera grabada en un coro de los que aprueba esta absurda iniciativa, que es totalmente negativa para los trabajadores pensionados y que es totalmente injusta.
Quiero además concluir mi intervención en esta parte, diciendo que mi partido propone que se haga una reforma en el dictamen para ser aprobada en este pleno, en el siguiente sentido:
"Artículo 57. Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, independientemente de la modalidad del aumento que reciban los trabajadores en activo, la base de cálculo para las cuantías de las pensiones será el incremento que se otorgue al salario mínimo que perciban dichos trabajadores".
Dejo a la Secretaría el texto para que se someta a la consideración del pleno.
Espero que rectifiquen los compañeros del partido mayoritario, que retomen el espíritu de la discusión que dieron en 1983, que por una vez, por lo menos durante el ejercicio de esta Legislatura, y aunque estamos cansados y a punto de dormirse muchos diputados, despierten su conciencia y voten en congruencia con la iniciativa que nosotros proponemos de reforma al artículo 57. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Fernando Charleston Salinas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Arturo Charleston Salinas: - Con su permiso señor Presidente, señoras diputadas y diputados:
Se ha realizado aquí un arduo debate tanto general como en el particular de algunos artículos del dictamen de reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aprobadas por el pleno de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad. Hemos escuchado con atención las distintas opiniones que a este respecto con gran sentido de responsabilidad, debo admitirlo, se han vertido por parte de distinguidos diputados de distintas fracciones parlamentarias que integramos esta Cámara pluripartidista.
He subido a esta tribuna con el fin fundamental de referirme de manera particular al artículo 57 de la Ley que se propone y que ha sido firmemente debatida, tanto en los trabajos de las comisiones respectivas como en esta Asamblea Plenaria. Expongo pues algunas consideraciones que fundamentan, a nuestra forma de ver esta reforma, con mucho respeto acerca de la modificación al párrafo tercero del artículo que nos ocupa. Estamos ciertos y lo hemos escuchado con frecuencia que el origen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es precisamente el Sistema Pensionario, es este sistema al que representa una de las bases fundamentales del concepto de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Consecuentemente, uno de los aspectos esenciales en materia pensionaria, es el de contar con bases claras para normar las actividades de los prestadores de seguridad social que redunden en beneficio de la propia población derechohabiente a la que tienen obligación de servir; es precisamente la finalidad de la reforma del tercer párrafo del artículo 57 la de establecer mediante un enunciado simple y directo la concepción de claridad y concisión en una disposición jurídica que sobra decirlo, reviste una gran importancia para el Sistema Pensionario de los servicios del Estado.
La redacción que se propone cumple con el requisito indispensable de la técnica legislativa que consiste en elaborar un dispositivo normativo que no dé lugar a diversas interpretaciones y que por lo tanto facilite su exacto cumplimiento. La redacción actual de esta disposición ha generado y debemos admitirlo , muy diversas interpretaciones, la definición de incrementos para los trabajadores en activo obedece y eso es del conocimiento general a una multiplicidad de factores y su fijación ha bardeado a lo largo de los años lo cual indudablemente ha dificultado su aplicación urge pues terminar con las ambigüedades de su redacción sin que por supuesto constituya su reforma una desventaja económica para los pensionistas.
Con estos objetivos en mente y otros más se pretende con la modificación enunciada una
nueva fórmula de elevación periódica de las pensiones bajo un parámetro preferencial indubitable cuya determinación se realice ya de una buena vez por todas, de una entidad distinta de aquella que la aplica, este parámetro, si es cierto, sería el porcentaje de incremento a los salarios mínimos generales para el Distrito Federal. Ahora bien, es necesario precisar que la referencia a los salarios mínimos no es un elemento extraño a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, muy por el contrario, hay que recordar que ella misma establece, entre otras cosas, los límites máximos de cotización en base al salario mínimo general.
Por otra parte, con esta nueva disposición se establece, y lo hemos dicho, el parámetro referencial indubitable para la elevación periódica de las pensiones, sin que estas estén sujetas ya que a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, pues como todos sabemos existe un organismo mixto para la fijación de dichos salarios, y como también es sabido, los incrementos al salario se publicitan en los medios masivos de difusión y además se publican en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con estas consideraciones puedo afirmar que la reforma al artículo 57, cumple con un objetivo primordial de seguridad jurídica, ya que la autoridad aplicará los aumentos porcentuales a las pensiones de acuerdo a la interpretación gramatical del nuevo precepto y los jubilados y pensionistas conocerán con certeza el monto de los incrementos a sus respectivas pensiones, las que serán efectivas al mismo tiempo y en el mismo porcentaje en que aumenten los salarios mínimos generales para el Distrito Federal.
Por lo que hace al aspecto económico de este seguro, debe enfatizarse que con esta reforma las pensiones no se verán afectadas porque el análisis financiero realizado de 1988 a la fecha, señala que los incrementos porcentuales a los salarios mínimos han sido prácticamente los mismos que los aumentos estrictamente generales para los trabajadores en activo, más aún según datos que no hemos agenciado, el incremento a los salarios mínimos ha sido ligeramente superior a los autorizados como tales por las autoridades hacendarias del país.
Señores diputados, las pensiones debemos reconocerlo, no tienen en la mayoría de los casos el nivel que deseáramos, empero este es un gran reto al que todos juntos debemos afrontar para mejorarlas con sentido de responsabilidad, es decir, sin que se comprometa la salud financiera del Instituto y que pongan en riesgo las prestaciones presentes y futuras de los derechohabientes.
En síntesis, podemos afirmar que con esta reforma se alcanza un mayor grado de seguridad jurídica y evita interpretaciones diversas que han hecho casi imposible su aplicación de una manera general y unívoca. Más aún, con la reforma al tercer párrafo del artículo 57, se cumple con el propósito fundamental consistente en garantizar la movilidad de las pensiones con certidumbre, con concisión y sobre todo con precisión. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás Correa Ayala, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para tratar el artículo 57.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Un fantasma recorre esta discusión, el fantasma explícito de las reformas de Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en febrero pasado, y no podría ser de otra manera pues la iniciativa que hoy discutimos no es sino una extensión de aquella a los trabajadores del Estado; o mejor, no es sino la elevación a rango de Ley de un decreto del Ejecutivo.
Antes de encarar el fantasma, antes de invocarlo una vez más para captar los límites y características de este singular proyecto de seguridad social, es necesario valorar las otras dos modificaciones que contiene la iniciativa: la redistribución de las cuotas de los trabajadores y de las instituciones, y el monto de incremento anual de las pensiones y jubilaciones.
La primera es táctica evidente de optimización de los recursos. Resignando los montos se pueden incrementar los recursos, sin que esto repercuta en las cuotas. Sobre esto no habría, a nuestro juicio, mucha discusión, pero sí la hay en la segunda gran modificación, la que se refiere al incremento de las pensiones, de acuerdo al incremento en el salario mínimo del Distrito Federal.
Sobre este punto habrá destacar dos grandes problemas: uno relativo a la redifinición del jubilado - pensionado y otra al tratamiento de sus percepciones. ¿Qué es un jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado?
La respuesta evidentemente sería: aquel que entregó durante 25 o 30 años, de su fuerza de trabajo al servicio público. La definición descansa en la temporalidad, en un trabajo que desgastó al cuerpo humano, el derecho a disfrutar antes de su muerte de una sinecura bien ganada.
El estatuto del jubilado se encuentra en el tiempo, en un esfuerzo que con el tiempo se gana el derecho a un sabático previo a la muerte. Sin embargo, la iniciativa ya no piensa así. Cuando las pensiones siguen el mismo tratamiento que los salarios mínimos, es que se ha efectuado una redifinición cuantitativa del jubilado; no más un trabajador específico, con cualidades y trayectoria particular, sino un desgasto en la escala de valoración social del trabajador, que merece el tratamiento de los desvalidos. En pocas palabras, el jubilado ya no es un héroe del trabajo bien hecho y constante, que a lo largo de su vida escaló posiciones, ganó respeto y admiración, sino un desgasto social que sigue el destino de los asalariados más infelices, casi un inútil.
Nosotros preguntamos ¿por qué no se eligió como criterio de incremento anual de las jubilaciones, el porcentaje que recibía un trabajador en activo, con el mismo puesto con el que se retiró el jubilado? ¿Por qué no se deja como está el artículo 57?
Deben reconocerse los logros laborales de una vida y no sólo el haber llegado a la edad de la jubilación. La jubilación es un derecho conquistado con trabajo y no un premio por haber sobrevivido al trabajo. Después de todo el problema es un problema moral, de justicia entre generaciones y no un mero problema de retribución del fondo salarial.
Un jubilado es un trabajador con derecho a que se le reconozcan sus logros en la vida y no un inútil al que se le hace el favor de retirarlo del trabajo activo.
Lo decimos abiertamente, la modificación que propone la iniciativa para el artículo 57, es un retroceso inaceptable.
Quizá sea es esta cosa donde reaparezca el fantasma de febrero, estas pequeñas grandes cosas de los actuarios y los banqueros, porque el fantasma de febrero es un fantasma de la banca, los seguros y los tecnócratas; un fantasma tramposo quizá, pero no maléfico. El fantasma del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, ahora se extiende hacia el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado y el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No es diferente es el mismo, soló que ahora en el campo del servicio público.
Decimos que es un fantasma porque la iniciativa, aunque lo menciona por su nombre, se niega a enfocar las razones que lo crearon, ya no parece la necesidad de incrementar el ahorro nacional ni de estimular la inversión, ni siquiera recapitalizar los bancos privados ante la inminente competencia externa; ni tampoco promover la cultura financiera de los pequeños ahorradores, ni mucho menos proporcionar una posición digna, ni ninguna de aquellas viejas razones por los que algunos imaginaron para bien de los trabajadores.
En febrero nosotros lo dijimos aquí, y no hay nada que la haya modificado, el Sistema del Ahorro para el Retiro es más un sistema para el ahorro que para el retiro, sus particularidades son tales que su propósito es más financiero que de seguridad social. Incrementa sustantivamente el ahorro interno forzoso, pero no incrementa sustantivamente las oportunidades de una pensión sin problemas; cuantitativamente también es poco significativo. No es un sistema integral de pensiones, sino un mecanismo compensatorio de la pensión.
Nadie podría vivir solamente de su pensión, para eso se creó el Sistema del Ahorro para el Retiro. Aunque su importancia marginal sea muy pequeña en las percepciones de los jubilados, la importancia marginal en el ahorro nacional no es tan pequeña, para beneplácito del sistema financiero, por eso es un fantasma tan extraño; no es maléfico pero sí tramposo, y como ya se ha estabilizado, es inútil tratar de desvanecerlo, por eso se amplía y se profundiza en subcuenta de vivienda, por eso es tan difícil aceptarla sin reservas, pero también rechazarla sin reconocimientos.
En lo general podríamos aceptar un apoyo compensatorio a las pensiones a través del Sistema del Ahorro para el Retiro, pero en lo particular rechazamos la pretención de retroceder en las conquistas ya ganadas por la clase obrera. Considerando que la modificación propuesta al artículo 57 atenta contra las conquistas de los jubilados y pensionados del país, nuestra fracción parlamentaria propone que artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no sea
modificada, para el caso de que haya modificaciones a este artículo 57, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, votará en contra de esta iniciativa en lo particular y en lo general. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Trinidad Rosas de la Luz, del Partido Acción Nacional para hablar sobre el artículo 57.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz: - Con su permiso señor Presidente, señoras y señores diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna para hacer algunas consideraciones respecto a la modificación del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley en comento.
Para iniciar mi intervención, quiero apoyarme en lo que señala la exposición de motivos elaborada por las comisiones unidas, que en su tercera página dice:
"Estas comisiones unidas consideran que además de lo fundamental, del objetivo señalado por el Ejecutivo, resulta indispensable encontrar toda clase de alternativas, subrayo alternativas, tendientes a mejorar la situación socio económica de los trabajadores mexicanos".
Y en el siguiente párrafo dice lo siguiente: "Igualmente resulta importante que los trabajadores pensionados y jubilados deben de contar con suficientes recursos para vivir dignidad y decoro".
Cuando yo leí, señores diputados, estas frases de dignidad y decoro, bueno, yo no puedo estar en contra de ello, puesto que mi partido desde su fundación, en sus principios de doctrina, habla sobre la dignidad de la persona humana, y cuando se dicen que se buscan alternativas tendientes a mejorar la situación socioeconómica de los trabajadores, y por ello se aumenta a los minisalarios 7.5%, y que los trabajadores en sus revisiones contractuales sólo podrán llegar hasta el 9.9%. Pienso que con estos topes salariales de los trabajadores no podrán aspirar a una vida, a vivir con dignidad y decoro, y menos los pensionados y los jubilados, que es el tema que se ocupa.
Actualmente los pensionados y los jubilados se encuentran o se encontraban más bien en un plantón en el Zócalo, con la esperanza de obtener un mejor nivel de ingresos para vivir con decoro y con dignidad; ya no para vivir bien sino para sobrevivir; su lucha es válida, pues para entenderlos baste con un pequeño ejemplo: Un profesor con secundaria con una asignatura de matemáticas, que es de los profesores mejor pagados, percibe actualmente un promedio de un millón 540 mil pesos mensuales, con 40 horas de trabajo a la semana, y es de los mejor pagados, repito. Si esta persona se jubila a los 29 años de servicio, tendrá una pensión, según la ley, del 95% de su salario, conforme al artículo 63 de esta ley en comento. Pero un profesor de una asignatura tecnológica, prácticamente gana la mitas del salario antes mencionado, y por lo tanto al pensionarse pues queda prácticamente en la miseria.
En este caso están muchos de los que estaban ahí en el Zócalo en el plantón, esperando una solución al problema de sus pensiones.
De aquí nace la inquietud de los trabajadores activos, pues si el tercer párrafo del artículo 57, tan discutido en esta tribuna, se modifica, bajará aún más el porcentaje de aumento anual, dado que normalmente el aumento a los salarios mínimos es más bajo que el aumento al salario contractual, y entonces tanto los trabajadores en activo como los pensionados piden que no se toque esta conquista, plasmada en el tercer párrafo del tantas veces mencionado artículo 57 de esta Ley que hoy se debate.
Hay algunas comunicaciones que han sido enviadas de algunos lugares de la República a esta fracción parlamentaria, en donde los pensionados nos piden no modifiquen esta Ley, señores diputados, o en otras palabras "no me defiendas, compadre"
Sin embargo, señores diputados de la mayoría, queremos pensar que ustedes tienen razón y por lo tanto van a aprobar la redacción de la iniciativa, en este caso les pedimos que acepten por lo menos un agregado que presentamos, y es el siguiente:
"Artículo 57, fracción III: La cuantía de las pensiones se incrementarán conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto". Esto es lo que dice el proyecto.
Nosotros agregaríamos que: "En caso de que el incremento a los salarios contractuales sea mayor que el aplicado a los salarios mínimos en el Distrito Federal, éste se aplicará a los pensionados de este Instituto".
Dejo aquí en la Secretaría nuestra petición de reforma a este artículo 57. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores:
Hemos escuchado diversas afirmaciones en relación a la iniciativa de la reforma que hoy discutimos. Yo quisiera, con todo respeto, formular algunas aclaraciones y pedir a los compañeros diputados que han externado puntos de vista contrarios a la iniciativa, que se reflexione con mayo amplitud en los puntos que se han tocado, como fundamento de esta postura en contra del dictamen.
En primer lugar, quisiera yo aclarar que la pensión dinámica que se integra a nuestro régimen jurídico que regula la seguridad social, no solamente está en la Ley de 1983, a que algún compañero se refirió, sino ya que aparecía antes en la Ley de 1981 y tiene una serie de antecedentes que se pierden en el tiempo. Pero sí es, efectivamente, en la propuesta de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 1983, de noviembre de 1983, en que se le da la redacción que hoy se modifica.
Pero es también muy importante referirnos a la iniciativa que presentó el Ejecutivo en aquella época, a la cual en su párrafo tercero, por una razón que no hemos podido determinar, porque no se explica en la exposición de motivos del dictamen, se le suprimió un renglón. Pudo haber sido error mecanográfico, pudo haber sido cualquier cosa, pero el hecho está en que la iniciativa de referencia tenía un último renglón que decía: "...bien por aumento general o salario mínimo". Esa era la iniciativa y esto se suprimió del párrafo tercero de la iniciativa en mención.
La exposición de motivos, como decía, no explica ni da razón alguna al respecto.
Allí, insisto, se retoma el principio de la pensión dinámica. ¿Pero qué es la pensión dinámica o qué es este concepto? La pensión dinámica es un método de reajuste sistemático del monto de las pensiones.
Hoy, que pretendemos que se retome el concepto de salario mínimo, no estamos alternando en nada al principio de la pensión dinámica, no la estamos suprimiendo, no lo estamos eliminando del texto jurídico que regula este aspecto del régimen de la seguridad social mexicana; al contrario como ya lo expresó el diputado Charleston, se le da un punto preciso para poder aplicar este ajuste sistemático a las pensiones jubilatorias.
Por otra parte, compañeros diputados, considero que el análisis del sentido de la pensión dinámica, plasmada en el artículo 57, no solo en el párrafo tercero que ha sido comentado, está implícito y está claramente precisado en todo el texto del artículo 57. Tan es así que si vemos nosotros el contenido de dicho artículo, tenemos que concluir que se establecen varios aspectos en el mismo, el primero, está en el párrafo primero de dicho artículo: "La cuota mínima y máxima de las pensiones con excepción de las concedidas por el riesgo de trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del Instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del suelo; reguladora que se refiere el artículo 64 aun en el caso de la aplicación de estas leyes".
En el párrafo segundo: "Asimismo la cuota diaria máxima de pensión será fijada por la junta Directiva del Instituto pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley".
El párrafo tercero que se modifica quedaría: "Las cuantías de las pensiones se incrementarán conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario, se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto".
Y el último párrafo: "Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días, a las concedidas a los trabajadores en activo según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero de conformidad a las disposiciones que dicte la junta directiva. Asimismo, y esta es la parte importante, tendrán derecho en su proporción a las prestaciones en dinero que le sean aumentadas.
El Presidente: - Diputado López Sánchez, perdón, ¿acepta una interpelación?
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello : - Al terminar.
El Presidente: - Autorizado.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez: - "Asimismo tendrán derecho en su proporción
a las prestaciones en dinero que le sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados". Es decir, el esquema de la pensión dinámica no descansa nada más en el párrafo tercero del artículo 57. está en todo el texto del artículo 57 y está relacionado con otros artículos de la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Entonces al plantear la diputación priísta este dictamen y la propia Comisión haberlo aceptado, no estamos retractándonos de la postura de algunos compañeros priístas durante el debate de 1983, simplemente consideramos por una parte el esquema que se presentó en 1983 al serle omitido este renglón al que me había referido, crea un problema de interpretación. Con esto se subsana y se preserva y consolida el sistema de la pensión dinámica.
Es también importante, recordando el debate que se ha mencionado, alguna intervención que precisó también el punto de vista de los legisladores priístas en aquel momento y que hoy sigue teniendo vigencia. Textualmente se señala en el Diario de Debates: "Podríamos decir que el sueldo regulador que se toma en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, debe ser no el sueldo, sino el salario tal y como lo define la Ley Federal del Trabajo y en una cantidad exactamente igual a la última percibida como el trabajador en activo. Pero si actuáremos así estaríamos actuando irresponsablemente, no podemos comprometer la estabilidad financiera de una institución de seguridad social, imponiéndole obligaciones diferidas con su actual sistema de financiamiento no podría cumplir o si lo hacemos, la obligaríamos a elevar el porcentaje de participación de las cuotas que aportan los trabajadores y dependencias o entidades de la administración pública".
Creo compañeros diputados que esta precisión que dio un legislador en 1963 sigue siendo válida. Sigue siendo válida porque es evidente que cualquier sistema de seguridad social debe de tener un régimen financiero sano que garantice el cumplimiento de las prestaciones que el régimen jurídico correspondiente establezca.
El pretender señalar prestaciones o montos mayores a lo que económicamente es factible pone en peligro la estabilidad del régimen financiero de la institución de seguridad social y puede comprometer la prestación de los servicios que se le encomiendan.
Yo por ello insisto en dejar muy claro que no se está violentando el principio de pensión dinámica, se está cubriendo un vacío, una omisión por razones que no conocemos que tuvo el legislador en 1983 y que con esta reforma se recupera el espíritu original de la Ley conforme a la iniciativa de 1983.
Ahora sí, con todo gusto la interpelación, compañero.
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul): - Señor Presidente: Lamento que el orador no haya aceptado la interpelación en el momento oportuno, le hubiera dado la oportunidad de poder argumentar con bases lo que estaba queriendo proponer. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso señor Presidente, señoras y señores diputados:
Voy a comenzar mi intervención llamando la atención de ustedes acerca de un planteamiento que hace ya tres horas hizo otro de los oradores del Partido Revolucionario Institucional.
Hablaba de cuál es el problema principal, y argumentaba que había que tomar en cuenta las otras cuestiones de la iniciativa a discusión, decía que la cuestión del artículo 57, su párrafo tercero, no era la cuestión principal, que era una cuestión secundaria. Y si es una cuestión secundaria, por qué se defiende el texto con un sinnúmero de argumentos aun cuando no tienen ninguna base. ¿Por qué este apresuramiento de meter a discusión la iniciativa, primero ayer, sin que estuviera en el orden del día y hoy lo mismo?
Si no es una cuestión importante, ¿por qué este apresuramiento señores diputados? Yo pienso que es porque es un problema, éste del artículo 57, fundamental y que golpea la conciencia de muchos de los que van a votar a favor de esta iniciativa y quieren deshacerse rápidamente del problema.
El problema fundamental es precisamente el párrafo tercero del artículo 57 y veamos por qué, desde el punto de vista de a quiénes se agrede. Ya hemos sostenido aquí que la agresión es al sindicalismo mexicano, es la continuación de la política antisindical del Gobierno de la
República. Si buscáramos un ejemplo dramático de la aplicación irrestricta de esa política sindical es precisamente éste, una agresión brutal que se da a los jubilados y pensionados, es el problema fundamental, porque repito, no es una agresión a un grupo de trabajadores cualquiera de una fábrica o de un sindicato, pequeño o grande; es la agresión a los trabajadores que han construido este país; es la agresión de los que lucharon por una educación popular; es la agresión a los que lucharon por el libro de texto gratuito; es la agresión a los trabajadores que apoyaron, que impulsaron la nacionalización de la industria eléctrica; es la agresión de los que estuvieron en las filas; de los que lucharon por la nacionalización de Teléfonos de México; es la agresión incluso, de muchos que estuvieron en la nacionalización del petróleo; es la lucha por el reparto de la tierra; es la agresión a los trabajadores que con su esfuerzo físico, con su capacidad intelectual han creado las instituciones de que gozamos ahora. Este es el problema fundamental; que no es una agresión a un grupo pequeño; es a todos los que cumplieron con su deber con la patria.
Hoy, compañeros diputados que van a votar a favor del dictamen, están contribuyendo a enterrar sí, como se ha dicho aquí una de las conquistas mejores de los trabajadores en activo para la época en que entren en la situación de jubilados o pensionados.
Los maestros tenemos muy presente cuánto nos costó esta lucha. Por eso golpea nuestra conciencia que ahora se nos agreda de esta manera. Es una agresión al sindicalismo porque saben bien que los jubilados y pensionados son miembros de nuestro sindicato, son miembros de los sindicatos, no se han salido, en la medida en que se van jubilando o pensionando, no se salen de los sindicatos, son parte de los sindicatos, son miembros de los sindicatos. Por eso es una agresión al sindicalismo, porque se mete ahora una cuña para que muchos con justa razón, muchos pensionados y jubilados volteen la espalda a su sindicato, porque ahora no se les defiende, no se les defiende en función de lo que han entregado para este país.
Por eso éste es el problema fundamental. Por eso repito lo que mi compañero Hildebrando Gaytán, decía: "Todo lo demás podríamos haberlo soslayado; todas las demás cuestiones negativas. Y hubiéramos votado a favor de esta iniciativa, pero no hay ningún cambio. Se mantiene esta actitud; se mantiene esa mentalidad antisindical del Gobierno".
Yo llamo la atención a todos los compañeros diputados. Nosotros tenemos la posibilidad de legislar. Pero parece ser que se quiere dar un ejemplo más de que la mayoría de diputados se atiene a lo que el Ejecutivo envié, que no hay sensibilidad para cambiar una redacción que agrede a los jubilados y pensionados. No es cierto que se busque un beneficio a este sector, si así fuera, se mantendría la redacción actual, porque el argumento que se nos dio en comisiones, es de que tal como está ahora, se presta a que interpretaciones que en última instancia puede perjudicar a los jubilados y pensionados o que los obliga a estar negociando. No señores diputados, no es esa la situación, no hay tal ambigüedad porque la redacción actual prevé que sea automático el aumento para los jubilados y pensionados; no necesitan ir a negociar.
Pero aun así concediendo que hubiera ambigüedad, hemos pedido en comisiones, si se busca beneficiar a los jubilados y pensionados, busquemos entonces mecanismos para hacerlo claro, para precisarlo; pero no para indexarlo al salario mínimo perjudicando gravemente el poder adquisitivo ya raquítico, magro, injusto de los jubilados y pensionados.
Se puede discutir que ya el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con esta iniciativa no va a construir directamente las viviendas; es negativo para los trabajadores, es falso que en el pasado haya sido más costoso y que ahora se busque, a través de darle un nuevo negocio a las instituciones bancarias, que se abaraten los costos de la viviendas.
Eso puede ser, sí, secundario; pero no este problema fundamental.
Todavía el último orador que me antecedió en el uso de la palabra, ha venido a decir que veamos todo el contexto del artículo 57. Es decir, que en pocas palabras, defiende la validez del texto de la iniciativa en función de que no se eliminan otras conquistas. Para él sí sería negativo, si también se eliminaran las demás cuestiones que menciona el artículo 57, y otras de las conquistas de la clase trabajadora.
Hay vías compañeros, compañeros diputados, hay vías para hacer realmente hacer justicia a los jubilados y pensionados. Ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, por qué se les quiere obligar a estar en constante movilización en marchas, plantones, para lograr un aumento a sus pensiones.
¿Es posible que alguien piense realmente que con esta redacción que propone la iniciativa va
a cesar la movilización? ¿Cuál ha sido el crimen de los jubilados y pensionados para que se les trate de esta manera, para que con desprecio se les condene a alimentarse peor de lo que se están alimentando ahora? No olviden que los jubilados y pensionados aún tienen obligaciones, muchos de ellos, de todo tipo.
Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, reiteramos que bastaría si se tuviera una mentalidad de hacer justicia con adicionar a la redacción actual, algunas palabras que la precisaran, que evitaran interpretaciones que perjudiquen, tal como lo planteó mi compañero diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
Voy a dejar por escrito esta propuesta nuestra, llamando todavía a la sensibilidad de ustedes para que se vote en función de hacer justicia y no dar este artero golpe a los jubilados y pensionados. Muchas gracias.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Mendoza Manzo, del partido de la Revolución Democrática, para referirse a los artículos 90 - bis y 90 - bis u.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Ciudadano Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Trataré de ser muy breve. La Organización Mundial de la salud, organismo internacional del cual forma parte nuestro país, ha definido a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental, social y económico, del ser humano.
Dentro de este marco conceptual, la seguridad social ha demostrado ser el instrumento más acabado para lograr el bienestar del ser humano desde su concepción hasta el último día de tránsito por esta existencia.
De aquí la importancia del tema que estamos tratando, un tema neurálgico, trascendental. La seguridad social no es una obra individual del ser humano, es una obra de la sociedad en su conjunto, que tiene como sustento básico la solidaridad intergeneracional para garantizar este bienestar del que estamos hablando, sobre todo en la etapa de la tercera edad, la etapa de declinación en el ser humano de sus facultades físicas, mentales y sociales que le permitan participar en la actividad laboral para allegarse los medios necesarios para una vida digna.
Por eso, la seguridad social en México la construyó, la fortaleció, la desarrolló, el pueblo de México, la sociedad mexicana, el Gobierno y el Estado mexicano.
Señores diputados: ante esta definición, poco valor tiene la posición que se asuma desde el punto de vista partidista. La salud, el bienestar del ser humano, está por encima de cualquier posición partidista. Este es un compromiso del ser humano, insoslayable.
Por eso lo que se está discutiendo aquí, señores diputados, es de la mayor trascendencia. El voto en contra de cualquier modificación que afecte los derechos de los trabajadores y de sus familias, vulnera el principio de justicia social.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, razonemos, apliquemos el sentido común, para tomar una decisión que no cargue sobre nuestras espaldas y sobre nuestra conciencia, el emitir un voto sin haber hecho una reflexión profunda sobre el valor de la seguridad social.
Si estamos viviendo en carne propia el sufrimiento de los grupos de jubilados que están llevando una existencia indigna, después de que fueron ellos los que construyeron el sistema de seguridad social, no nos deberá extrañar que esta equivocación tenga alcances en las nuevas generaciones, pues no es posible que se vulnere la seguridad social atomizándola. No es a través de la constitución de capitales de manera individual, como el trabajador va a poder encontrar respuesta a sus demandas cuando tenga necesidad de retirarse del medio laboral y pueda satisfacer dignamente sus necesidades.
Por eso, compañeras y compañeros, cabe preguntarnos: ¿qué valor tiene ante este concepto filosófico de solidaridad social, de humanismo, las tesis que esgrimen de entregar los capitales de la seguridad social a los banqueros, a la iniciativa privada? Y no es que tengamos nada contra la iniciativa privada, su campo de acción es amplio y muy variado, y también pudiera participar para un sector de la sociedad en el campo de la seguridad social, pero ¡no!, definitivamente no podemos poner en manos de los banqueros, de las fuerzas del mercado, de las teorías neoliberales, las conquistas sagradas de la seguridad social de este pueblo y de esta sociedad mexicana.
Esta es una reflexión que quiero transmitir vehementemente con el fin de tocar sus conciencias. Votemos en función, no de nuestra posición partidista, votemos conforme a lo que nuestra conciencia nos dicte. Recordemos compañeros que el camino de los del zócalo, puede ser el mismo camino a que tengamos que recurrir las generaciones que venimos siguiendo los pasos de la misma que está en el zócalo.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, para concluir, a nombre de la fracción del partido de la Revolución Democrática, queremos proponer lo siguiente: adicionar como último párrafo del artículo 90 - bis a, el texto que sigue:
"Artículo 90 - bis a. El Ejecutivo Federal podrá autorizar la incorporación voluntaria al sistema de Ahorro para el Retiro por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del comité técnico."
Asimismo, proponemos una reforma al primer párrafo del artículo 90 - bis u, quedando como sigue:
"Articulo 90 - bis u. El sistema de Ahorro para el Retiro a que se refiere este capítulo, contará con un Comité técnico que estará integrado por nueve miembros propietarios designados: tres, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos, por el Banco de México; dos, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y dos, por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Por cada miembro propietario se de signará un suplente. Asimismo, el comité contará con un secretario".
Dejo en la Secretaría las propuestas antes señaladas. Gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Florencio Salazar Adame: - Con su permiso señor Presidente.
Escuchamos con atención las propuestas formuladas por el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática y nos parece que de alguna manera éstas ya están contenidas en las disposiciones normativas para los trabajadores al servicio del Estado. Dichas propuestas, como se puede advertir con claridad, se han recogido puesto que lo que sugieren en el artículo 90 - bis a, lo recoge el artículo 146 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que a la letra dice: El Instituto podrá celebrar convenios con las entidades de la administración pública y con los gobiernos de los estados o de los municipios, a fin de que sus trabajadores y familiares derechohabientes reciban las prestaciones y servicios del régimen obligatorio de esta Ley. La incorporación podrá ser total o parcial".
La propuesta de reformas, como viene en el dictamen del artículo 90 - bis, nos parece improcedente en virtud de que en efecto los órganos técnicos del Instituto Mexicano del Seguro Social se integran con nueve elementos porque ésta es una institución tripartita a la que concurren los trabajadores, patrones, la administración y la Secretaria del Trabajo y en el caso del órgano técnico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se propone que sean siete, a efecto de que estén también debidamente representados los representantes de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Federación de sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado incrementar de siete a nueve miembros, no tiene mayor significación y podría decirse que, bueno, por qué no lo incluimos entonces y solamente engrosaría un órgano que tiene funciones técnicas delicadas y que para su mejor operación, en tratándose de esta institución, nos parece que este es un número adecuado.
Por otra parte señores diputados, nos parece que la propuesta del dictamen que recoge el Capítulo V - bis, del Sistema de Ahorro para el Retiro en la constitución de sus 24 artículos y que tiene como antecedente la reforma a la Ley del Seguro Social ampliamente debatida aquí, constituye un importante avance en la seguridad social y en la protección a los trabajadores del Estado; y lo es, porque no se trata de substituir la jubilación ni las pensiones, sino de otorgar un complemento que pueda asegurarle a los trabajadores en el momento de su jubilación, que obtenga un incremento verdaderamente real, ya que como señalan estas propuestas, el 2% que va a otorgar el Estado para crear el fondo estará indexado a la inflación para asegurar que los trabajadores dispongan, repito, de este ingreso complementario y puedan de alguna manera mejorar sus condiciones de pensionados y jubilados.
Es una propuesta cuya generosidad es evidente, creo que no hay razón para ahondar en su argumentación y les pediríamos, estoy tratando de ser tan breve como mi antecesor, que la voten favorablemente. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Hernández Mercado del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los artículos 117 y tercero transitorio.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
Creo que merece una felicitación el partido de la mayoría, porque está escribiendo una página negra, más, en el libro de las pensiones y jubilaciones en México.
Es una negra historia la que han vivido los mexicanos, la que han padecido por la mala administración de las pensiones y jubilaciones, creo que varios de los diputados presentes del partido de la mayoría, llegan a tener contacto con revolucionarios que vieron morir en la miseria, que vieron morir en la pobreza, y hoy con su voto quieren ratificar exactamente esa condena a los pensionados y jubilados.
Creo que en estos momentos hay jubilados, hay pensionados que carecen de lo indispensable en sus casas. Hace un año, si no nos falla la memoria a todos nosotros, vinieron a pedirnos los pensionados y jubilados del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se les ayudara para que se les agilizaran sus trámites de pago, para que no tuvieran que hacer colas en los bancos, con estado de salud precarios, en ocasiones ancianos que tienen que ser llevados por sus nietos para que puedan cobrar sus raquíticas pensiones, y en lugar de darle una respuesta a esa petición, lo que les estamos dando es un golpe más a esos bajos y precarios incrementos, a sus pensiones y jubilaciones.
No les estamos incrementando nada realmente. Es el paso o uno de los pasos más del estado social a un estado neoliberal. Hoy que ustedes utilizan el esquema del salario mínimo, el incremento el año pasado fue del 12%, éste, el de 1993... perdón, el de 1992 fue del 8% y el de 1993 será del 7%; ¿qué harán los pensionados y jubilados con ese 7% que ya pretenden imponerles desde ahorita?
Han venido personas a hacer uso de la tribuna para decir que estamos en la tónica de hacer más con menos, yo creo que esto es más que nada una iniciativa de tintes genocidas, queremos hacer menos jubilados para hacer más recursos en las reservas de las arcas del Estado.
Creo que si fuera de sentido común, habría varios diputados del Partido Revolucionario Institucional, que apoyarían una propuesta que modificara el artículo 57, pero como entienden ustedes la disciplina, o entienden ustedes su dependencia al presupuesto, no lo van a hacer, van a votar exactamente en contra aunque su conciencia quede en otro lado.
Tan grave debe estar la situación que el Partido del Frente Cardenista va a votar en contra de la iniciativa, es un buen termómetro éste.
Creo compañeros del partido mayoritario, que ahora sí han llegado al peor de los excesos cuando menos en lo que va de este período de sesiones. Mi propuesta o, perdón, la propuesta de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, es sobre algunas modificaciones al artículo 117 y el artículo tercero transitorio.
Esto no resuelve de fondo el problema, son únicamente salvavidas, son únicamente paliativos, pero en fin, hay que defenderlo a sabiendas de que ustedes podrán escuchar pero no entender (Aplausos.)
El artículo 117, desde nuestra modesta óptica, posee cuatro grandes vicios: primero, el saldo del crédito otorgado al trabajador, aumenta conforme aumenta el salario mínimo; es decir, se indexa el saldo del crédito. Hay que indexar verdad, los saldos, eso es correcto, es saludable, para una banca privada, pero no es saludable ni es correcto dentro de un instituto de prestaciones sociales al trabajador.
Por último, dentro de esto queda al margen que así es la preocupación por indexar el crédito, pero ¿los salarios? Los salarios que tienen los pensionados y jubilados y cuotas, esas no se pueden indexar.
Vino Aspe, y a esta tribuna a decir que los salarios reales habían mejorado; que ya los mexicanos estamos mejor, que estamos a punto se de salir de la miseria, pero las cifras demuestran lo contrario, por ahí se habló ya de 22 millones de mexicanos en la extrema pobreza y 40 millones pobres. Esto sigue creciendo.
Los pensionados y los jubilados seguirán a la baja y yo creo que aquí habría que pensar mejor en su indexación.
Es bien fácil para los diputados de la mayoría, para nuestros mismos compañeros aplaudirles, es muy fácil que los reciban también con aplausos. Yo quisiera más que nada que fueran conscientes, que no fueran aplausos únicamente al que subió a la tribuna, sino aplauso a la idea, aplauso a la justicia, aplauso al derecho. Ojalá y pudiésemos tomar ese debate.
Bien, el segundo punto que consideramos es también un vicio en este artículo, que se incrementa del 25 al 30% el limite máximo del descuento al salario del trabajador con motivo del pago del crédito. ¿Cuánto percibe realmente un trabajador al servicio del Estado y hasta dónde le alcanza para subsistir? Pero le vamos a aumentar la cuota de descuento, pasará del 25 al 30%.
El tercero... Señor Presidente, quisiera pedirle a los compañeros que están haciendo sus chistes, que por conducto de usted se le llamara la atención a los compañeros.
El Presidente: - Rogaría a los señores diputados poner atención en esta Asamblea, por favor. Continúe, señor diputado.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Gracias.
El tercero, el tercer vicio es que pasa de 20 a 30 años el plazo para cubrir los créditos, pero a que no dicen que se queda la tasa estable, seguirá con el fenómeno de la indexación y a mayor plazo de pago, mayores intereses en perjuicio del salario del trabajador.
Y por último, la desaparición, ya han hecho mención algunos compañeros, desaparece el último párrafo relativo a los financiamientos para la construcción. Quiere decir que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, nunca fue funcional. Más bien yo creo que lo que nunca fue funcional, fue el Estado para impedir la corrupción que se generó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ahí es donde el Estado ha fracasado. Y cuando ustedes hablan de que hay, de alguna manera que sanear la situación, no se hace más sana una administración con estas reformas; se hace sana una administración y las funciones de un instituto cuando hay rectitud, hay honestidad y hay voluntad política de sacar a esos parásitos que han medrado a la sombra del presupuesto, ocupando puestos o altos puestos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que no han sabido responder a las necesidades de los derechohabientes del Instituto, en ningún sentido, ni en el sector salud ni en el sector vivienda.
Y por último, aquí mencionaron que las farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado funcionan y funcionan de manera autofinanciable de manera sana, perdón, con autosuficiencia financiera, funcionan así las tiendas y las farmacias. Qué interesante que funcionen así y eso demostraría que puede haber rentabilidad en la actividad que desarrolla el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahí están demostrando, hay una contradicción muy real, por un lado dicen que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sí puede funcionar en algunos renglones, pero en pensiones y jubilaciones es ineficaz.
Nuestra propuesta hacia el artículo 117 es la siguiente, proponemos, es en el tercer párrafo, que dijera así: "La cantidad que se descuente a los trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrá exceder del 25% del sueldo básico. El descuento máximo para los trabajadores con salario mínimo burocrático será del 20%".
Esto mantiene relación estrecha con la reforma de las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores y derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. En su base decimotercera establece lo mismo. Por qué en el Seguro Social, en relación con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, se plantea el 20 y el 25% y para los trabajadores de Gobierno el 30%. Quiénes pueden enfrentar mejor al patrón, los trabajadores que forman parte del Apartado A o los trabajadores del Apartado B.
Al Estado - patrón, no se le pueden reclamar mayores salarios, el Estado - patrón decide e implementa lo que es su voluntad.
Yo creo que si el actual titular del Ejecutivo se pensionase o se jubilase con el salario de su plaza inicial, al rato también lo veríamos desfilar por las calles de la ciudad de México reclamando incremento. (Aplausos.)
Proponemos también una reforma al tercero transitorio, en su segundo párrafo y que se adicione una parte más. Las modificación consiste en que se dé participación a los sindicatos. Voy a leer cómo debiera de quedar: "En un plazo de 14 meses contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto deberá calcular el saldo de los depósitos constituidos a nombre de cada trabajador, con las aportaciones hechas a su favor al Fondo de la Vivienda. Esta información deberá proporcionarse a los trabajadores y a sus sindicatos, que los sindicatos trabajen, que los sindicatos respondan y difundan, no que sean sindicatos que ya dejan de ser blancos para convertirse en sindicatos etéreos, en la forma y términos que determine la junta Directiva".
Como existe un vacío realmente en el manejo de esos fondos, proponemos un párrafo adicional:
"Una vez que se haya calculado el saldo de los depósitos constituidos a nombre de cada trabajador, e informando a éstos y a su sindicato, el Fondo abrirá un período de aclaraciones y ajustes en su caso. Concluido el período, las
aportaciones hechas a favor de cada trabajador, serán depositadas en las subcuentas del Fondo de la Vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro respectivas".
Por su atención compañeros. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Sergio González Santacruz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Armando Sergio González Santacruz: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, reconoce la necesidad de llevar a cabo acciones que mejoren el régimen de bienestar de los trabajadores al servicio del Estado. Con las reformas propuestas, de aprobarse, se fijarán mecanismos administrativos más reales para proteger con eficacia a los derechohabientes.
Redistribuir el monto porcentual asignado a los distintos seguros, servicios y prestaciones a cargo del Instituto; reasignar mayores recursos a los renglones de pensiones y servicios médicos, establecer recargos para los retrasos en los pagos de las aportaciones de las dependencias o departamentos obligados; fortalecer las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, elevar a rango de ley, el Sistema de Ahorro para el Retiro; impulsar el fomento del ahorro interno de los trabajadores, son, entre otras, importantes metas que se lograrían si aprobamos el dictamen que hoy discutimos.
Con respecto al artículo 117 del proyecto de reformas, en el sentido de que los descuentos a los trabajadores con motivo de los trabajadores con motivo de los créditos hipotecarios que se otorguen no exceda del 25% del sueldo básico, así como que el descuento máximo para los trabajadores con el salario mínimo burocrático sea del 20%, me permito señalar que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, que es un fondo de trabajadores y para los trabajadores, requiere antes que nada de generar los recursos suficientes que permitan otorgar, en forma sostenida y hasta creciente, el número de créditos que favorezcan a una mayor cantidad de familias de servidores públicos.
Los recursos del Fondo de la Vivienda, se generan no sólo a partir de las aportaciones del 5% que realizan las dependencias y entidades obligadas, sino por la recuperación de los préstamos que vía pago permitan tener una sana resolvencia, y por ende un verdadero fondo de recursos que tienda a abatir el déficit de vivienda que pesa sobre las familias de los servidores públicos.
En los términos de la Ley vigente, el descuento de los créditos no será inferior al 25% del salario del trabajador, sin embargo deja al arbitrio de órganos de Gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la fijación del porcentaje.
Resalta que el proyecto de reformas establece un tope máximo irrebasable del 30% del salario del trabajador, tope que no podrá sobrepasar ni la misma junta directiva del Instituto.
El porcentaje del 30%, no es arbitrario ni caprichoso, encuentra su fundamento por un lado, en los estudios actuariales que permiten preveer una adecuada recuperación de los créditos que se otorguen, lo que beneficia directamente a los propios trabajadores al servicio del Estado, ya que será para ellos la existencia de un fondo sano financieramente y estructurado legalmente en forma tal , que evite una descapitalización que sería directamente perjudicial a los servidores públicos.
Por otro lado, los indicadores nacionales del pago que por concepto de renta, erogan aquellos trabajadores que no han sido beneficiados con la obtención de un crédito que les permita adquirir sus casa habitación, resultan muy superiores al porcentaje del 30% del proyecto de reformas que se presenta.
El fondo ha sido creado para resolver uno de los problemas más apremiantes de todo ser humano, la obtención de una vivienda digna y decorosa, tal como lo establece la Constitución Política del país.
En relación a la propuesta del artículo tercero transitorio, la propuesta de reforma al artículo tercero transitorio, consistente en adicionar un tercer párrafo, se contempla con lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, ya que los depósitos constituidos así como los créditos otorgados con cargo al Fondo de la Vivienda, una vez que entre en vigor el presente decreto, se seguirán rigiendo por las disposiciones entonces vigentes.
En efecto, con la entrada en vigor de la reforma, dará inicio un nuevo mecanismo del Fondo de la Vivienda, que consiste en que ahora los depósitos del 5% pasarán a formar parte del ahorro
para el retiro, y se regirán en consecuencia por las disposiciones del capítulo V bis del presente proyecto de decreto. Con esto se garantizan los derechos adquiridos de los trabajadores bajo la vigencia de la Ley actual.
Por otra parte, la disposición tal como está redactada en la iniciativa a discusión, es coincidente con lo que para el efecto dispone el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores que rigen sus relaciones en el Apartado "A" de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias.
El Presidente: - habiéndose agotado la lista de oradores, proceda la Secretaría a dar lectura a las propuestas presentadas y someterlas a votación económica.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Artículo 57. De conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición para que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quede en los siguientes términos:
Artículo 57. "En lo que respecta a la cuantificación de las pensiones y jubilaciones, se formulará en base al salario integrado del trabajador y no del salario básico o normal".
México, D.F., 10 de diciembre de 1992. Diputados José María Téllez Rincón, Javier Centeno Ávila y Nicolás Olivas Cuéllar. Fracción independiente.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Adicionar un último párrafo al artículo 21, para quedar como sigue: "artículo 21, del I al VII. Asimismo, el importe de las aportaciones correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro, que establecen los artículos 90 - bis A y 90 - bis B, serán cubiertas con cargo al presupuesto de las dependencias y entidades y/o reformar el primer párrafo para cambiar a 19.75%".
Presentado por el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Artículo 57. "Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, independientemente de la modalidad del aumento que reciban los trabajadores en activo.
La base de cálculo para las cuantías de las pensiones serán el incremento que se otorgue al salario mínimo que perciban dichos trabajadores".
La firma el diputado Jesús Martín del Campo.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Se reforma el artículo 108, para quedar de la siguiente manera: "artículo 108. La junta Directiva expedirá las reglas, sin contravenir lo dispuesto en esta Ley, conforme a las cuales se otorgará en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos que se refiera la fracción I del artículo 103.
Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Las reglas antes citadas, tomarán en cuenta la oferta y la demanda regional de la vivienda o el número de miembros de la familia de los trabajadores, la antigüedad, los saldos de la subcuenta del fondo de la vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma; si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como salario o ingreso conyugal , si hay acuerdo de los interesados.
Los trabajadores podrán recibir crédito del Instituto por una sola vez".
La firma el diputado Guillermo Flores Velasco.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Artículo 57, tercer párrafo: "La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal...
El diputado Alberto Miguel Martínez Míreles (desde su curul): - Señor Presidente, de quiénes proviene la propuesta que está leyendo el señor Secretario. ¿Quiere usted instruir para que lea correctamente?
El Presidente: - Proceda a leer a sus solicitud del señor diputado.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Al final están los nombres de los señores diputados.
...Artículo 57. "La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario, se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto. En caso de que el incremento a los salarios contractuales sea mayor que el aplicado a los salarios mínimos en el Distrito Federal, éste se aplicará a los pensionados de este Instituto. Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, 11 once de diciembre de 1992.
La presenta el diputado Antonio García Toro; diputado Rafael G. Morgan Alvarez; diputado Concepción Trinidad Rosas; diputado Gómez Urquiza; y diputada María Luisa Urrecha Beltrán".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Artículo 57 tercer párrafo. "Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en cualquier caso las cuantías de las pensiones tendrán cada año un incremento que no será inferior al que reciban los salarios mínimos. - México, D.F., A 10 de diciembre de 1992."
La presenta el diputado Hildebrando Gaytán Márquez; diputado Juan Jacinto Cárdenas García.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Se reforma el primer párrafo del artículo 90 - bis u quedando como sigue: "Artículo 90 - bis u. El Sistema de Ahorro para el Retiro a que se refiere este capítulo, contará con un comité técnico que estará integrado por nueve miembros propietarios designados; tres por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; dos por el Banco de México; dos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y dos por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, por cada miembro propietario se designará un suplente. Asimismo el comité contará con un Secretario.
Lo firma el diputado Gabriel Mendoza Manzo.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Reformar el tercer párrafo del artículo 117 para quedar como sigue:
"Artículo 117. La cantidad que se descuente a los trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrá exceder del 25% del sueldo básico, el descuento máximo para los trabajadores con salario mínimo burocrático será del 20%".
Lo firma el diputado Juan Hernández Martín del Campo.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Se reforma el transitorio tercero en un segundo párrafo y se adiciona al último párrafo para quedar como sigue:
"Transitorio tercero. En un plazo de 14 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto deberá calcular el saldo de los depósitos constituidos a nombre de cada trabajador, con las aportaciones hechas a su favor al Fondo de la Vivienda. Esta información deberá proporcionarse a los trabajadores y a sus sindicatos en la forma y términos que determina la Junta Directiva.
Una vez que se haya calculado el saldo de los depósitos y constituidos a nombre de cada trabajador e informados éstos y sus sindicatos, el Fondo abrirá un período de aclaraciones y ajustes en su caso. Concluido el período, las aportaciones hechas a favor de cada trabajador serán depositadas en las subcuentas del Fondo de la Vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro respectivas".
Firma el diputado Juan Hernández Mercado.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Luis Pérez Díaz: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Luis Pérez Díaz: - Señor Presidente, se emitieron 238 votos en pro, 72 en contra y una abstención.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 238 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que Reforma Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente: - Se otorga la palabra al diputado Rafael Morgan Alvarez, del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa.
El diputado Rafael Morgan Alvarez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hace un rato se discutía y se traía a esta tribuna, algunos argumentos por los cuales los pensionados saldrían beneficiados con la aprobación del texto propuesto en el dictamen recogido, por supuesto de la iniciativa del Presidente, con respecto al artículo 57 y se hablaba de algunos principios que se habían adoptado, por los cuales sostenían están idea. Este es el principio de mayor claridad, transparencia y certidumbre. De ese tipo de cosas se hablaba.
Curiosamente en ningún momento ni los que propusimos alguna adición al artículo 57, ni los que vinieron a esta tribuna a hacer una defensa del por qué cambiaron el texto del tercer párrafo del artículo 57, eran los más obligados, debo decirlo, porque vinieron a defender el texto de la iniciativa y la propuesta de las comisiones unidades, el dictamen, jamás pudieron dar en esta tribuna, ni siquiera una simple estadística de tres o cinco años lo que hubiera sido, pero ni siquiera de tres años, de cual ha sido el comportamiento de los salarios mínimos del Distrito Federal los dos últimos años, comparado con el comportamiento de los sueldos que se han incrementado de los trabajadores al servicio del Estado. Claro, los sueldos, más los porcentajes también
aplicados a prestaciones que es un renglón importante. No hubo en esta tribuna, curiosamente, hablando de claridad, transparencia y de otros atributos que tuvieron para defender este dictamen que acabamos de aprobar o acabaron de aprobar la mayoría, no hubo aquí argumentos que nos sirvieran para ello.
Como tampoco hubo forma de sostener por parte de la Comisión, donde quedaba esa retribución, esa forma mágica que ahora quitándole recursos o no dándole más recursos para el artículo 3o., su fracción V, VI, VII, VIII, IX y X, que se refiere a las pensiones, jubilaciones, retiro por edad avanzada, indemnización global, de dónde iban a sacar más recursos para entregárselos, para que fueran mejores las pensiones, tampoco ha quedado claro en este momento. Y no va a quedar claro, porque no hay forma de que lo puedan sostener.
Queriendo ahora contribuir en algo que ha venido eludiendo la Comisión, las dos comisiones y que también el Ejecutivo no quiso entrar en materia, traigo ante ustedes lo siguiente:
"Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que fuere conducente; y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentan a su consideración la modificación al primer párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
ANTECEDENTES
1. En noviembre 10 de 1992, el Ejecutivo turnó a esta Cámara, una iniciativa de Ley para reformar, modificar, adicionar y derogar, diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
2. El Ejecutivo menciona como uno de los objetivos de su iniciativa, el de redistribuir el monto porcentual asignado a los distintos seguros, servicios y prestaciones que sin incrementar las cuotas de los trabajadores ni las aportaciones, que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, se reasignen mayores recursos a los renglones de pensiones, y servicios médicos.
3. La iniciativa del Ejecutivo y ahora el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Seguridad Social. Ciertamente asignan mayores recursos a cubrir los servicios médicos, mas no así a las pensiones mencionadas en las fracciones V, a la X; del artículo 3o. de la citada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
4. Varias veces los presidentes y miembros de las comisiones mencionadas y también los directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han afirmado que a pesar de prestar los servicios y mejorar prestaciones a los derechohabientes, no se han incrementado ni cuotas ni aportaciones.
5. Si a la situación anterior agregamos el aumento en la esperanza de vida y la necesidad de arribar a servicios y pensiones superiores a lo actual, nos encontramos con que esos servicios y pensiones a futuro estarían en un gran riesgo de no poderse otorgar.
6. Están ocurriendo en estos días decembrinos, manifestaciones de protesta no distintas a las de otros años, protagonizadas por jubilados y pensionados; y siempre con la misma demanda: pensiones dignas y suficientes.
7. Nuestro partido ha planteado en múltiples ocasiones a través de varias legislaciones, iniciativas tendientes a dignificar la vida de los jubilados y pensionados, sin que hasta ahora haya sido dictaminada ni una sola de ellas.
8o. No obstante lo anterior, en algunas ocasiones hemos aprobado las medidas de emergencia que el Ejecutivo ha enviado a esta soberanía en forma de iniciativas que jamás han resuelto el problema de fondo, ya que apenas transcurren algunos meses se vuelven obsoletas y raquíticas.
9. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (artículo 80), el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
10. La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en su artículo 3o. recoge prácticamente todo el contenido del artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, y sólo agrega alimentación, condicionada al igual que la prestación de habitación, a que no sea gratuita para poder integrarla al salario base.
11. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su
artículo 15, establece como salario básico, tres elementos; el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación, y excluye cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo; exclusión que deja afuera a muchos elementos integradores del salario, en contradicción a la Ley Federal del Trabajo. De lo cual se desprende que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta materia limita y contradice a esta Ley superior, no sólo por no contemplar para integrar el salario los conceptos de gratificaciones, habitación, alimentación, primas y comisiones, sino además excluirlos tajantemente.
CONCLUSIÓN
En la medida que el sueldo se integre con todos los elementos sujetos de ser integrados, la base para las pensiones futuras serán más reales y más justas. Y también el Instituto tendrá más posibilidades de responder adecuadamente a sus compromisos con los trabajadores en activo y con sus pensionados, ya que contará con más recursos económicos derivados de cuotas y aportaciones, gracias a la integración real del salario.
Dado lo anteriormente expuesto, presentamos a su consideración la iniciativa de modificación al texto del primer párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:
"Articulo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, se integrará con el sueldo presupuestal, el sobresueldo, la compensación, gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, siempre que sean permanentes y que su monto haya sido pactado".
Sala de Sesiones de la Cámara de diputados, noviembre 11 de 1992.
Por la fracción parlamentaria, del Partido Acción Nacional, diputados: Marco Antonio García Toro, Luisa Urrecha Beltrán, Roderico Tapia Ruiz, Concepción Trinidad Rosas de la luz, Antonio Gómez Urquiza de la Macorra y su servidor, Rafael Morgan Alvarez."
Por su atención muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese la iniciativa que se acaba de dar lectura por el diputado Rafael Morgan Alvarez, a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año de la LV Legislatura.
Orden del día
11 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Tlaxcala, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Samuel Quiroz de la Vega, gobernador del Estado, rendirá el sexto informe de Gobierno, que tendrá lugar el 15 de diciembre de 1992, a las 11.00 horas.
Comentarios sobre la situación poselectoral en el Estado de Michoacán, a cargo del ciudadano diputado Gabriel Mendoza Manzo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Intervención del ciudadano diputado Miguel Ángel Murillo Aizpuro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre el día internacional de los Derechos Humanos.
Minutas
Proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para que desempeñe el cargo de cónsul honorario de Israel, en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para que desempeñe el cargo de cónsul honorario de Canadá, en Mazatlán Sinaloa.
Proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para prestar servicios como inspectores del campo, en el Departamento de Agricultura del consulado de los Estados Unidos de América en Montemorelos, Nuevo León.
Dictámenes a Discusión
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ildefonso Carlos Consejo Lorepena, vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor para
aceptar y usar la condecoración de la orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Cruz Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de Perú.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Lozoya Legorreta, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto decreto que concede que concede permiso al ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, el Grado de Comandante Honorario, que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ramírez Torres y Héctor Manuel López Becerra, para prestar sus servicios como ingeniero en radio y telefonista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Wuanda Sigrid Arzt Colunga y Julieta Yolanda López Alvarez, para prestar sus servicios como asistenta político y secretaria recepcionista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 00.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar hoy viernes 11 de diciembre, a las 12.00 horas.