Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921215 - Número de Diario 20
(L55A2P1oN020F19921215.xml)Núm. Diario: 20ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F., martes 15 de diciembre de 1992 No. 20
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Rinde protesta el ciudadano Enrique Pichardo Ramírez, como diputado federal.
ACUERDO
De la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en el que se pronuncia por la derogación del decreto del 30 de diciembre de 1948, relativo a la prórroga de los contratos de arrendamiento, conocido como "congelación de rentas". Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
INICIATIVAS
Presentada por la diputada Liliana Flores Benavides, con reformas y adiciones a diversas disposiciones fiscales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Cuatro, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Alberto Varón Modiano, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en toda la entidad;
María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá, en Mazatlán, Sinaloa;
Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, puedan prestar sus servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Otro de la misma Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Paraguay en México. Es de primera lectura.
ESTADO DE GUANAJUATO
Toma la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura a un documento por el que se denuncian problemas de límites entre los municipios de Uriangato y Moroleón, en el Estado de Guanajuato. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
Para su discusión en lo general y en lo particular toman la palabra los diputados:
Rodolfo Becerril Straffon, para fundamentar el dictamen.
Héctor Morquecho Rivera, en contra.
Cecilia Soto González, en contra.
Demetrio Hernández Pérez, en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Daniel de la Garza González, para proponer diversas reformas.
María de los Angeles Moreno Uriegas, en pro.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Daniel de la Garza Gutiérrez
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Cecilia Soto González
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Alfredo Lujambio Rafols
Para proponer diversas modificaciones, hacen uso de la palabra los diputados:
Arturo Torres del Valle
Leonides Samuel Moreno Santillán
Eberto Croda Rodríguez, en pro.
Rosa Albina Garavito Elías, en contra.
Para rectificar hechos, los diputados:
Marco Antonio García Toro
Rafael Sánchez Leyva
Jesús Martín del Campo Castañeda
Fernando Lugo Hernández, para proponer modificaciones.
Benjamín González Roaro
Jesús Martín del Campo Castañeda, para contestar alusiones personales.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, presenta voto particular.
Gabriela Guerrero Olivares
Juan Gualberto Campos Vega
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, propone modificaciones.
Jorge René Sánchez Juárez
Blanca Ruth Esponda Espinosa, en pro.
Arturo Torres del Valle
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para proponer reformas.
Jorge Flores Solano
Efraín Zúñiga Galeana
Patricia Terrazas Allen, en contra.
Juan José Rodríguez Prats
Jorge Torres Castillo, para proponer reformas.
Jorge Flores Solano
Quinardo Meléndres Montijo, para rectificar hechos.
Demetrio Hernández Pérez, quien propone modificaciones.
Cecilia Soto González, para presentar reformas.
Enrique Sada Fernández
Eloí Vásquez López, para presentar reformas.
Rodolfo Becerril Straffon, en pro.
Cecilia Soto González
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Eloy Cantú Segovia
Eloí Vásquez López
Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,
Raymundo Cárdenas Hernández, en contra.
Pedro Ojeda Paullada
Raymundo Cárdenas Hernández, para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco
Héctor Morquecho Rivera, en contra.
Gabriel Mendoza Manzo, para presentar proposición.
Ángel Heladio Aguirre Rivero
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
LETRAS DE ORO
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa para que se escriba con Letras de Oro en el muro del salón de sesiones, el nombre de José Fray Servando Teresa de Mier y Guerra.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Pronunciamiento político presentado por el diputado Jaime Serrano Cedillo, por el que se rechaza cualquier modificación a la Carta Constitutiva de dicha organización.
De enterado
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ RAMOS GONZÁLEZ
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 379 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente ( a las 12.30 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
15 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de ciudadano diputado.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Dictamen de la primera lectura
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el muro del salón de sesiones el nombre de "José Servando Teresa de Mier".
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel, en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá en Mazatlán, Sinaloa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para prestar servicios como inspectores de campo, en el departamento de agricultura del Consulado de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de el Paraguay, en México.
Comunicación del ciudadano diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Salvador Abascal Carranza
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con catorce minutos del día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos cincuenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas y Querétaro, por las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Dos minutas de la Cámara de Senadores, con proyecto de Ley Federal de Correduría Pública, que se turna a la Comisión de Comercio y con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortíz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Paraguay en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de haberse impreso y distribuido el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, con proyecto de Ley Federal de Protección al Consumidor y se somete a discusión de inmediato.
La Asamblea aprueba en votación económica, el acuerdo de los grupo parlamentarios en el sentido de que la discusión de este dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en pro; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro en lo general y hace diversas proposiciones de reforma a los artículos quinto, decimosegundo, decimoséptimo, vigesimoquinto, trigésimo primero, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, quincuagésimo octavo, sexagésimo, septuagésimo segundo, septuagésimo tercero, octagésimo, octagésimo sexto, nonagésimo nono, ciento cuatro, ciento nueve, ciento catorce, ciento quince y ciento veintiocho; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, en pro y Claudio Guerra Diaz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Continúan con el debate de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los diputados: Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Rafael Fernández Tomás, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, para proponer reformas a los artículos quinto, octavo, nono y vigesimocuarto; Alfonso Rivera Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para proponer reformas a los artículos décimo, decimonono, centésimo vigésimo y septuagésimo segundo; Felipe Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo quincuagésimo primero; Arturo Núñez Pardo, del Partido Acción Nacional, al artículo segundo; Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Para continuar la discusión de este dictamen y hacer diversas proposiciones, se concede el uso de la palabra a los diputados Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo vigesimocuarto; Claudio Guerra López, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución
Democrática, en el mismo sentido; Silvestre Fernández Barajas, del Partido Revolucionario Institucional, a los artículos cuadragésimo cuarto, octagésimo sexto y a diversos artículos del proyecto de Ley para corregir errores gramaticales y tipográficos; Miguel Martínez Mireles, del Partido Acción Nacional, al artículo sexagésimo tercero; Víctor Cánovas Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo quincuagésimo séptimo; Jesús Berrospe Diaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien a nombre de todos los grupos parlamentarios, presenta un punto de acuerdo que se refiere a la actividad de la Comisión Nacional Bancaria y que posteriormente fue aceptado por la Asamblea.
Continua el debate y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Víctor Martínez Fourcans, del Partido Acción Nacional, quien propone reformas a los artículos ciento veintiséis, ciento veintisiete y ciento veintiocho; Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos primero, quinto, decimonono, vigesimocuarto, ciento treinta y dos un tercero transitorio; Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Jaime Olivares Pedro, del mismo Partido, en el mismo sentido y Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, para proponer reformas a los artículos vigesimoséptimo, vigesimooctavo y ciento veintiocho.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se someten a consideración de la Asamblea las diversas proposiciones hechas durante el debate, de las cuales, en votación económica, se aprueban las correspondientes a los artículos primero, quinto, decimonono, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, quincuagésimo primero, quincuagésimo séptimo, septuagésimo segundo, septuagésimo tercero, octagésimo sexto, ciento catorce, ciento veintidós, ciento veintiséis, vigesimooctavo, septuagésimo cuarto, ciento doce, nonagésimo octavo, ciento quince y tercero transitorio, además del resumen de diversos errores presentado por el diputado Fernández Barajas, excepto el que corresponde al artículo cincuenta y cuatro.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintisiete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y trigésimo primero, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea dispensa la primera lectura.
La Secretaría da cuenta con dos oficios de la Cámara de Senadores con los que envía las minutas con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Por las mismas razones de los demás dictámenes, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley Federal de Competencia Económica.
La Asamblea confirma el acuerdo de los grupos parlamentarios en el sentido de que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto, por lo que el Presidente, para fundamentar el dictamen, concede el uso de la palabra al diputado Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra a los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en pro; Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Julio García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Fauzi Hamdan Adam, del Partido Acción Nacional, en pro; Juan Millán Lizárraga, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Gilberto Rincón Gallardo, del mismo Partido, en contra; Marco Haddad Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Julio García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar interpelaciones de los diputados Haddad Yunes y Treviño Salinas.
Para hacer diversas proposiciones de reformas a los artículos del dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados Lidia Madero González, del Partido Acción Nacional, a los artículos tercero, cuarto y quinto; José Ramos González,
del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo vigésimo; Enrique Ramos Flores, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo décimo; Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos decimoprimero, vigesimotercero, vigesimocuarto, vigesimoquinto, vigesimosexto, vigesimoséptimo y trigésimo segundo, en dos grupos independientes, por la probabilidad de que se incluya un Capítulo IV sobre las atribuciones del Estado en materia económica.
Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone modificación al artículo decimosexto; José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo trigésimo octavo; Emilio González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar interpelación del diputado Treviño Salinas; Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional, a los artículos décimo, decimosegundo, decimotercero, decimoctavo y decimonono; Julio García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para entregar el voto particular de su grupo parlamentario y solicitar se incluya en el Diario de los Debates; Alejandro Gutiérrez Velasco, del Partido Acción Nacional, a los artículos vigesimocuarto, vigesimosexto, trigésimo quinto y trigésimo nono y Fernando Navarrete Magdaleno, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo trigésimo nono.
El Presidente ordena que se incluya en el Diario de los Debates el voto particular presentado por el diputado García Hernández y solicita a la Secretaría que someta a la consideración de la Asamblea las proposiciones, de reformas presentadas, de las cuales, en sendas votaciones económicas, se aceptan las presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, respecto de los artículos décimo, trigésimo octavo y trigésimonono; del Partido Acción Nacional, sobre el artículo quinto; del Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre el artículo vigésimo y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el artículo decimosexto.
La Asamblea considera suficiente discutido del dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos diecisiete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintitrés horas con cuarenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, martes quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
EL Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el Acta, señor Presidente.
El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Enrique Pichardo Ramírez, diputado suplente electo por la segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en Comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes diputado: Marco Humberto Aguilar, Juan Carlos Alva Calderón, Carmen Bolado del Real y Samuel Moreno Santillán.
La secretaria María Guadalupe Salina Aguila: - Se ruega a la Comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Enrique Pichardo Ramírez: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Enrique Pichardo Ramírez: - ¡Sí, protesto!
EL Presidente: - Si así no lo hiciéres la nación os lo demande.(Aplausos.) Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ACUERDO
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:
«Comisión de Gobierno.
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Año de Ejercicio Presente.
La Comisión de Gobierno que integra también a los coordinadores de los grupos partidistas, con base en lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicitan a ustedes, someter a consideración del Pleno la siguiente propuesta:
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción VI, base tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y séptimo y octavo de su propia Ley Orgánica y considerando:
Que en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1948 se publicó el decreto del honorable Congreso de la Unión por el que se prorroga por ministerio de Ley, sin alteración de ninguna de sus cláusulas, salvo lo que dispone el artículo 2o. los contratos de arrendamiento de las casas o locales destinados exclusivamente a habitación y los miembros de su familia que viven en él; los ocupados por trabajadores a domicilio; los ocupados por talleres y los destinados a comercios o industrias.
Que dentro de los casos no comprendidos en la prórroga se incluyó a las casas destinadas para habitación, cuando las rentas en vigor, en la fecha del decreto referido, fueran mayores de trescientos pesos.
Que la llamada "congelación de rentas" respecto de los inmuebles que señala el decreto en su artículo 1o. y que tenían rentas de menos de trescientos pesos, ha tenido una vigencia de cerca de cincuenta años en el cual indiscutiblemente han variado las condiciones, motivadas en buena medida por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que ocasionaron la resolución de Congreso.
Que la Asamblea de Representantes es el órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal y que dentro de las materias que conforman su ámbito competencial se encuentran las de vivienda y uso de suelo, principalmente relacionados con el tema de que se trata.
Que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, considera conveniente se analice la iniciativa de decreto presentada en la Cámara de Diputados el 30 de junio de 1992, ya que la emisión de una resolución del Congreso en este asunto puede permitir solucionar en determinados plazos, una situación estática que no ha evolucionado en cerca de cincuenta años y que, además de las consideraciones referidas en el citado proyecto presentado, tiene necesariamente una vinculación con el estado mismo de las construcciones sujetas al decreto del 30 de diciembre de 1948 y por tanto la seguridad de quienes en ellas habitan, ya que el importe de las rentas fija se ha traducido en el deterioro de los edificios.
Que la situación estática mencionada tiene también relación con la propia determinación catastral de los inmuebles, la falta de correspondencia para efectos de pago de impuesto predial y la regeneración urbana principalmente del centro histórico de la ciudad de México, donde se localizan la mayor parte de inmuebles sujetos al decreto aludido.
Que para esta Asamblea de Representantes del Distrito Federal lo más importante es la calidad de vida en las viviendas de las personas que las ocupan y que las decisiones que se tomen pueden ubicarse en un marco que se enfoque a una solución, que conjugue los elementos articulados en esta situación, los arrendatarios, los arrendadores, las mejores perspectivas de arrendar viviendas de condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas; el cumplimiento de las obligaciones de los dueños para asegurar esas condiciones; las posibilidades de acuerdo con las especificaciones de un inmueble, de cambiar el régimen de propiedad y por lo tanto de ofertar vivienda propia; la regeneración urbana; la contribución tributaria; en síntesis el planteamiento de una solución actual a una situación establecida hace cincuenta años, ha tenido a bien manifestar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se pronuncia en favor de la derogación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1948 por el que se programaron los contratos de arrendamiento conocido como "congelación de rentas".
La conclusión de la prórroga determinada por el decreto referido sería establecido en primer término para aquellos inmuebles destinados a locales comerciales, talleres o industrias y, más tarde, para aquellos inmuebles o locales cuyos moradores e inquilinos pagan menos en los rangos comprendidos hasta los 300 pesos mensuales que se establecieron en dicha resolución del Congreso.
Lo anterior, se haría sobre la base de llevar a cabo un programa que contenga:
1. Promover la adquisición por parte de los moradores, de los inmuebles que se encuentren bajo "renta congelada" y son destinados a habitación, a través de un programa oficial específico de vivienda con soporte crediticio y apoyos administrativos, acorde con los plazos de terminación de las nuevas prórrogas que se establecieran.
2. Que las tasas de interés sobre los créditos otorgados, se reduzcan con el propósito de promover las operaciones de compra - venta señaladas en el punto anterior.
3. Los actuales ocupantes de viviendas que, no obstante las previsiones arriba señaladas, no puedan adquirirlas, tendrán un trato prioritario dentro de los programas oficiales de vivienda.
Sala de sesiones de la II Asamblea de Representantes, a los 10 días del mes de diciembre de 1992.- Representantes: Presidente y coordinador del grupo partidista del Partido Revolucionario Institucional, Juan José Osorio Palacios; secretario Jorge Schiaffino Isunza; coordinador del grupo partidista del Partido Acción Nacional, Hiram Escudero Alvarez; coordinador del grupo partidista del Partido de la Revolución Democrática Pablo Gómez y Alvarez; Alfredo de la Rosa Chávez; Eduardo Escobedo Miramontes; Carlos Hidalgo Cortés; coordinadora del grupo partidista del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional Juana García Palomares y coordinador del grupo partidista del Partido Popular Socialista, Belisario Aguilar Olvera.»
De enterado.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
INICIATIVAS
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer una iniciativa.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Tal como el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática lo había anunciado, hoy presentamos ante ustedes un proyecto de reformas, adiciones y modificaciones a diversas disposiciones fiscales.
«PROYECTO DE REFORMAS ADICIONES Y MODIFICACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES QUE PRESENTA EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Adición de un Capítulo VII - A a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para gravar los ingresos por diferencial de precios en la compra - venta de títulos y valores en los mercados bursátiles.
En virtud de que es necesario seguir ampliando la base gravable que permita una mayor recaudación, especialmente de aquellos sectores de la población que perciben altos niveles de ingresos; en virtud de que las ganancias obtenidas por aquellos que realizan la compra - venta de títulos y valores en los mercados bursátiles del país se han visto multiplicadas en la última década, proporcionando altísimos niveles de ingresos a sectores minoritarios de la población y que estas cuantiosas ganancias los han colocado en una situación de privilegio; considerando que es necesario igualar la condición de quienes pagan impuestos por percibir ingresos provenientes de las remuneraciones que obtienen por el desempeño de su trabajo, con la situación de aquellos quienes se benefician de las altas ganancias provenientes de las inversiones en los mercados bursátiles. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estima necesario que se adicione un Capítulo VII - A a la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el objeto de hacer que quienes se benefician de altas ganancias en las bolsas mexicanas, puedan contribuir con el erario nacional para atender las más críticas necesidades de gasto que se manifiestan actualmente.
II. Exención del pago de impuestos sobre la renta a aquellos causantes que tienen ingresos mensuales y anuales de hasta de tres salarios mínimos (potenciados al mes y al año, respectivamente); modificación de la estructura, tarifas y rangos de ingreso de los causantes, y eliminación del
"subsidio fiscal" en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que la estructura impositiva del país no ha tenido el grado de progresividad que se requiere, sobre todo si se atiende a la grave y creciente desigualdad que en la distribución del ingreso prevalece.
1. El impuesto sobre la renta, que debería ser el impuesto redistributivo por excelencia, perdió grados de progresividad en los años recientes, al conjuntarse los siguientes fenómenos:
a) El deterioro de la capacidad adquisitiva real de los salarios, provocada por el efecto combinado de la inflación y de la política de contención de los aumentos de los ingresos de los trabajadores por abajo de las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor; y
b) El mantenimiento de la unidad de un salario mínimo con referencia para la exención del pago del impuesto sobre la renta de los trabajadores con ingresos de niveles más bajos.
La situación descrita provocó que, en términos reales, importantes segmentos de trabajadores cuyos ingresos nominales son hoy iguales o superiores al salario mínimo vigente, en realidad perciban ingresos inferiores al salario mínimo real de 1980. De hecho, en términos reales, tres salarios mínimos de 1992 tienen apenas una capacidad adquisitiva real igual a un salario mínimo de 1980.
Por esta razón se propone la exención total del pago del impuesto sobre la renta para aquellos ingresos mensuales hasta tres salarios mínimos, modificándose la estructura de las tarifas y los rangos de los ingresos contenidos en los artículos 80 y 141 de la Ley en comento.
2. Por otro lado, las modificaciones incorporadas durante los últimos años a la estructura del impuesto sobre la renta para las personas físicas que prestan servicios subordinados, tendió a provocar un alza rápida de la tarifa para los niveles de ingreso bajos y medios, concentrándose el peso de los mayores aumentos entre los niveles de uno a seis salarios mínimos mientras que a los niveles más altos de ingresos se le redujo sensiblemente la carga fiscal, al pasar las tarifas altas desde 50% hasta un 35%.
La situación descrita comenzó a modificarse timidamente con los subsidios fiscales aprobados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el año de 1991, pero su efecto es aún notablemente insuficiente para corregir la alta grabación de los niveles bajos y medios de asalariados y empleados. Además de que el mecanismo del denominado "subsidio fiscal" complica innecesariamente los cálculos que los causantes requieren realizar para hacer sus pagos.
Por estas razones se propone a la Cámara de Diputados la modificación de la estructura de las tarifas y los rangos de ingresos establecidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta en los artículos 80 y 141, de manera que el impuesto gane en progresividad y justicia; a la vez que se integra a la tarifa una reducción a los pagos de causantes con niveles de ingresos medios y bajos, lo que hace innecesaria la existencia de los artículos 80 - A y 141 - A, los cuales se propone sean derogados.
Artículo 1o. Se adiciona un Capítulo VII - A De los ingresos por compra - venta de artículos y valores en los mercados bursátiles, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Se propone la adición de un Capítulo VII - A a la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el objeto de gravar tanto las operaciones de compra - venta de títulos y valores en las bolsas de valores en territorio nacional, como a los ingresos derivados de éstas, que las personas físicas y morales obtengan como resultado del diferencial en los precios de compra y venta de títulos y valores en los mercados financieros en territorio nacional.
Artículo 124 - A. Se consideran ingresos provenientes de la compra - venta de títulos y valores en los mercados bursátiles del país, a aquellos que obtengan las personas físicas y morales, como resultado directo de la venta de títulos y valores en los mercados accionarios mexicanos, una vez que el valor monetario corriente producto de la venta de dichos valores se les deduzca:
1. El valor monetario corriente al que fueron adquiridos los títulos, añadiéndosele la comisión de los corredores encargados de la operación de la compra.
2. El impacto inflacionario resultante del aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor ocurrido entre la quincena en que los valores fueron adquiridos, y la quincena en que se ubique la fecha en que fueron vendidos.
3. El costo de la comisión de los corredores encargados de la operación de venta.
Estos ingresos son diferentes de las utilidades que los valores y acciones pagan en forma de ganancias y de intereses, a los propietarios de los títulos o valores.
Artículo 125 - A. A los ingresos provenientes de la compra - venta de títulos y valores en los mercados bursátiles del país acumuladas durante el año fiscal, podrán deducírsele las pérdidas por especulación financiera sufridas durante el mismo año fiscal, las que se calcularán en los casos en que las deducciones detalladas en el artículo 124 - A superen a las ganancias.
Artículo 126 - A. Ni las ganancias ni las pérdidas provenientes de la compra - venta de títulos y valores en los mercados bursátiles, podrán acumularse a otros ingresos o pérdidas que por cualesquiera otros conceptos obtengan durante el año fiscal las personas físicas o morales.
Artículo 127 - A. Las ganancias por compra - venta de títulos y valores en los mercados bursátiles, resultantes en cada ejercicio fiscal de lo establecido en los artículos 124 - A y 125 - A de la Ley, pagarán una tarifa del 10%.
Artículo 128 - A. Toda operación de compra en el mercado de valores causará un impuesto sobre la renta igual a una diezmilésima del valor monetario corriente de la transacción. Su pago corresponderá a la persona física o moral que realice la compra, y deberá ser retenido por las Casas de Bolsa en el acto mismo en que se realice la operación de compra. Las Casas de Bolsa serán responsables de retener y enterar este impuesto a las autoridades hacendarias, mediante reglas generales que dictará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las casas de bolsa serán corresponsables solidarias del pago de este impuesto, con las personas físicas y morales que realicen compras de títulos y valores en los mercados accionarios en territorio nacional.
Artículo 2o. Se modifican los artículos 80 y 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto de mejorar su progresividad y de exentar a quienes perciban hasta tres salarios para quedar como sigue;
Artículo 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARIFA
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El monto del impuesto a pagar se determinará aplicando simplemente la tasa de la columna "Porciento para aplicarse sobre los ingresos mensuales", a los correspondientes ingresos mensuales del contribuyente, según en el nivel en que se ubiquen estos. (Se derogan los restantes párrafos del artículo).
Artículo 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARIFA
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El monto del impuesto a Pagar se determinará aplicando simplemente la tasa de la columna "Porciento para aplicarse sobre los ingresos mensuales", a los correspondientes ingresos mensuales del contribuyente, según en el nivel en que se ubiquen estos.
(Se derogan los restantes párrafos del artículo.)
Artículo 3o. Se derogan los artículos 80 - A y 141 - A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminándose el concepto de subsidio fiscal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de diciembre de 1992.- Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputados Rosa Albina Garavito Elías, Gilberto Rincón Gallardo, Jorge Calderón y Liliana Flores Benavides.»
El Presidente: -Esta Presidencia ruega a la Secretaría que turne la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Prosiga la Secretaría.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (1)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Salvador Juárez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Guadalajara con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán como Cónsul honorario de Israel en Guadalajara con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para que desempeñe el cargo de Cónsul honorario de Israel en Guadalajara con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1992. -Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octavio Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Casares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltran, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honoraria de Canadá en Mazatlán, Sinaloa.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará al Gobierno de Canadá, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para que desempeñé el cargo de Cónsul honoraria de Canadá en Mazatlán, Sinaloa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. -México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Cazares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Amenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Adolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enriquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elias, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildelfonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es la primera lectura.
El secretario Salvador Juárez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Romay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para que puedan prestar servicios como inspectores de campo en el departamento de agricultura del Consulado de los Estados Unidos de América en Montemorelos, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento;
b)Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León, serán como inspectores de campo en el departamento de agricultura.
c) Que las solicitudes se ajusten a lo establecido en la fracción II del apartado b, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Romay Riley Rodas, para que preste sus servicios como inspector de campo en el departamento de agricultura del Consulado de los Estados Unidos de América en Montemorelos, Nuevo León.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Celestino Cervantes Villanueva, para que preste sus servicios como inspector de campo en el departamento de agricultura del Consulado de los Estados Unidos de América en Montemorelos, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza
Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Cazares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elias, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscarga Escobar, Oscar Ricardo Valeron Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zuñiga Galeana.»
El diputado Manuel Rivera del Campo (desde su curul): -Señor Presidente, ¿me permite?
El Presidente: -¿Me permite un momento la Secretaría? ¿Para qué asunto, señor diputado?
El diputado Manuel Rivera del Campo (desde su curul): -Existe un error en el dictamen, ya que no existe Consulado de los Estados Unidos de América en Montemorelos, Nuevo León. Presentarán sus servicios como inspectores de campo en Montemorelos, Nuevo León, pero adscritos al Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León.
El Presidente: -Analice la Secretaría el punto de vista del señor diputado, para hacer las correcciones pertinentes.
El secretario Salvador Juárez García: -"...para que preste sus servicios como inspector de campo en el departamento de agricultura del Consulado de los
Estados Unidos de América,..."; aquí dice: "en Montemorelos, Nuevo León".
El Presidente: -Corrija la Secretaría, si es tan amable.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): -Señor Presidente, nada más una pregunta: ¿proceda que la secretaría haga esa corrección, en su opinión?
EL Presidente: - Señor diputado, ¡que registre la Secretaría!
EL diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pero el dictamen está en Montemorelos y es en Monterrey, ¿Se va a modificar el dictamen?, ¿ hay una modificación o se regresa a comisiones?
El Presidente: - Que se regrese a comisiones.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Salvador Juárez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar sus servicios como chofer, en la Embajada de la República del Paraguay en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 14 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
A) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de la República del Paraguay en México, serán como chofer;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar sus servicios como chofer, en la Embajada de la República del Paraguay en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, distrito Federal, a 15 de diciembre de 1992.- Diputados: Cesar Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Casares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Ávila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elias, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Diáz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortíz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
Es todo, Señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias, señor Secretario.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gonzálo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para dar lectura a una comunicación.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A nombre de mi Partido el Auténtico de la Revolución Mexicana quiero hacer de su conocimiento un comunicado que nos hicieron un grupo de ciudadanos guanajuatenses representados por el Centro de Estudios Municipales de Uriangato, Asociación Civil. Me voy a permitir dar lectura al siguiente comunicado:
«Centro de Estudios Municipales de Uriangato, Asociación Civil, Uriangato, Guanajuato, Morelos No. 1.
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la LV Legislatura. Ciudadano diputado Gonzalo Cedillo Valdez.
Asunto: Solicitud de deslindes y cobro de impuesto predial, fechado, Uriangato, Guanajuato, el 15 de diciembre de 1992.
Honorable ciudadano secretario: De la manera más atenta nos dirigimos a usted para notificar en ayuda y en ejercicio del fuero legal que se le otorga a nuestra Carta Magna del Estado de Guanajuato, ya que de tiempo atrás los habitantes de Uriangato vienen sufriendo invasiones de
diferente naturaleza por las administraciones sucesivas de la vecina población de Moroleón. Es de particular interés para el municipio de Uriangato el reconocimiento de sus límites geográficos par cobrar el impuesto predial y traer paz y tranquilidad en la gestión del municipio, por lo cual adjuntamos a la presente; documentación y pruebas de los terrenos de Uriangato que permiten a este honorable Congreso comprobar las invasiones que se le han hecho al municipio de Uriangato por parte de la vecina población de Moroleón. Asimismo hacemos de su conocimiento, que el ciudadano ingeniero Carlos Medina Plascencia, Gobernador de nuestro Estado, autorizó cobro de impuesto predial a Moroleón sin tomar en cuenta el problema limítrofe de nuestro municipio, lo que consideramos como violación a la soberanía de Uriangato y aún más, a la Constitución Política de nuestro Estado y de la nación.
Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que el honorable Ayuntamiento y el Centro de Estudios Municipales, en repetidas ocasiones ha gestionado se deslinde al Municipio de Uriangato sus límites geográficos, hasta la fecha dicha petición ha quedado en el aire, razón por la cual ahora adjuntamos los registros históricos que le dan prueba legal a la posesión que conforme a derecho le asume al pueblo de Uriangato:
1o. Escritura del fundo legal y ampliación del municipio de Uriangato;
2o. Cédula Real que le da origen a Uriangato;
3o. Decreto 16 con fecha de 1845;
4o. Copia de oficio No. 199 fechado el 16 de marzo de 1918;
5o. Copia del 24 de julio de 1890;
6o. Copia de la jefatura del Partido del 12 de septiembre de 1842;
7o. Copia de la hoja No. 165 fechada el 17 de mayo de 1918;
8o. El Decreto de Manuel Doblado de noviembre de 1855;
9o. Oficio de mayo 6 de 1919;
10o. Estadística de División Territorial del 2 de abril de 1937;
11o. Lista del padrón de la demarcación de Uriangato;
12o. Copia del plano ejidal donde justifican fundo legal y copia que existe en el Archivo de la Nación.
Como usted comprende la marginación en que se ha mantenido al municipio nos limita la comunicación e información de mayor calidad, pero puede estar seguro que hacemos el esfuerzo por conseguirlo. Sin otro particular, por el momento y en esperanza de su amable apoyo, quedamos de usted con nuestra más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Presidente del Centro de Estudios Municipales; Raúl Guzmán León; presidente municipal; José Camarena Martínez; miembros del Ayuntamiento: síndico propietario, Eugenio Díaz Castro; regidor, Javier González Castro; regidor, Ramiro Martínez Martínez, regidor, Nicolás Martínez Romero; regidor, Nicolás Hernández; regidor, Enrique Andrade; regidor, Abdón Díaz Bedolla; regidor, Miguel Orozco Núñez; regidor, Rigoberto Alvarez Martínez.
Con copia a la Presidencia de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia; al Secretario de Gobierno, al Gobernador del Estado de Guanajuato, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la Presidencia Municipal y al Archivo.
Turno a la Secretaría la siguiente denuncia para que le dé el trámite que respecta, conforme a la vida interna de nuestro Congreso.
El Presidente:- Ruego a la Secretaría turne esa comunicación a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
*PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
El Presidente:- El siguiente punto de la orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
En atención a que este dictamen ya ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 19 del día 14 de diciembre de 1992.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente:- Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, acordaron que la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1993, se realice en lo general y en lo particular, y la votación nominal en lo general y en lo particular, se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente:- Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Rodolfo Becerril Straffon fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el diputado.
El diputado Rodolfo Becerril Stranffon:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
La manufactura del proyecto de dictamen que habremos de discutir en esta sesión, fue precedida por varias reuniones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en cuyo nombre vengo a fundamentar el mismo.
A algunas de esas reuniones, se invitó a los servidores públicos responsables del diseño macroeconómico del presupuesto; a otras, a los encargados de los aspectos sectoriales. En todo los casos aclararon diversas dudas de los integrantes de la Comisión.
En todas las reuniones también se pusieron de manifiesto las diferencias de concepción que en materia de política económica tienen las distintas fracciones partidistas y que seguramente volverán a aflorar en el debate de esta mañana; pero en esas reuniones también hubo coincidencias, no solo por cuanto a la mayor apertura, el procedimiento y el método con que trabajó la Comisión, sino sobre todo en lo que toca a ciertas preocupaciones e inquietudes específicas que frente a la situación económica del país, derivan del presupuesto.
Destaco solamente las principales: si bien en materia de desarrollo rural el presupuesto propone destinar en 1993, 11 mil 817 millones de nuevos pesos, 9.3% más en términos reales que en el año que está por terminar, hubo reiteradas opiniones en el sentido de que el sector rural requiere un mayor volumen de recursos para capitalizarse más rápido.
Una segunda coincidencia de diputados de varios partidos, tiene qué ver con la necesidad de que los órganos electorales
cumplan y alcancen, tal como se tiene programado, sus objetivos y metas. El presupuesto asigna a las tareas de los citados órganos, un gasto de 1 mil 866 millones 400 mil de nuevos pesos. Entre esos programas destaca el denominado "Depuración Integral del Padrón Electoral y Elaboración de Credenciales para Votar con Fotografía". Por la relevancia de este asunto y tal y como se consigna en el dictamen que ustedes leyeron, hubo especial interés de los diputados para que se asegure que las metas correspondientes a la fase intensiva de dicho programa, se alcancen cabalmente.
Una tercera área de convergencia, fue la información y los tiempos del proceso. Los diputados que asistieron a las reuniones de la Comisión, consideraron que sería necesario un intercambio de ideas y opiniones con los servidores públicos responsables de elaborar el presupuesto, antes de su presentación a la Cámara de Diputados, en la fecha prevista por la Constitución.
Asimismo, se planteó la necesidad de establecer mecanismos de comunicación con las áreas del ramo, para obtener oportunamente la información adicional requerida.
En otro orden de ideas, compañeros diputados, el gasto total que el dictamen propone a esta
soberanía y que se prevé en el presupuesto, asciende a 275 mil 532 millones de nuevos pesos. Dada la precisión contenida en la Ley de Ingresos que esta Cámara aprobó en días pasados, el presupuesto implica un superávit que asciende a 18 mil 159 millones 300 mil nuevos pesos.
La propuesta del Ejecutivo de obtener un presupuesto superavitario, fue uno de los temas que generó mayor debate en el seno de la Comisión. Las opiniones obviamente fueron diversas. Varios diputados cuestionaron la existencia misma del superávit, argumentando la necesidad de lograr un crecimiento económico más elevado y una mejoría más rápida de los niveles de empleo y bienestar. Consideraron que es necesaria una expansión del gasto público en sectores estratégicos y consecuentemente propusieron una distribución total o parcial, según la propuesta de varios partidos, de los recursos superavitarios entre los diversos sectores de actividad económica. Se opusieron a que el superávit se destinara al pago de la deuda pública.
La mayoría de los diputados, por su parte, cuestionó los efectos de esta distribución. Ello implicaría, se señaló, entre otras consecuencias, una mayor inflación y tasas de interés más elevadas, que a la postre opcionarían las bases del propio proceso de crecimiento y las condiciones de vida de la población que vería reducido, por la vía de los precios, su poder adquisitivo.
Se argumentó sobre la necesidad de un superávit en las finanzas públicas, como una medida que tiene un carácter necesariamente temporal, en tanto se logra consolidar la estabilidad económica del país. Se destacaron los beneficios de una posición superavitaria en las finanzas públicas, por sus efectos favorables sobre los niveles de demanda agregada, precios, costo de dinero, proceso de generación de ahorro y la rentabilidad de los proyectos productivos.
En el curso del debate y específicamente en las tomas de posición o más adelante, los partidos habrán de ampliar y precisar su punto de vista sobre este particular. Aquí simplemente consigno las diferencias básicas.
Compañeras y compañeros: el presupuesto de dictamen que la Comisión somete a su consideración, presenta una reducción del gasto neto presupuestal de 0.4% en términos reales. No obstante, dado que se prevé que el servicio de la deuda en 1993 disminuirá en 20.7%, el gasto programable aumenta en 4.1%. Si ello de suyo es positivo, lo es aún más, opinaron la mayoría de los diputados en el seno de la Comisión, la orientación del presupuesto que pone énfasis en el desarrollo social.
En efecto, para 1993 el gasto social crece 13.4% con respecto al año que está por terminar, y representará ya 53.6% del gasto programable. Así, educación, salud, trabajo, previsión social, desarrollo urbano y ecología, absorben la mayor parte del mismo.
El crecimiento real acumulado para este sector durante la presente administración, será de 78.2%, dato que no tiene parangón si analizamos los gastos sociales que ha hecho el Gobierno en las distintas décadas. Ello ha sido posible por la congruencia entre los distintos instrumentos de política que le dan soporte al propio presupuesto, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ello.
Al aplicarse los recursos del superávit de las cuentas fiscales a la amortización del débito interno, el dictamen considera que se disminuye la vulnerabilidad de las finanzas públicas y se establecen condiciones más firmes para asegurar la estabilidad macroeconómica.
Lo ocurrido durante los últimos ya cerca de cinco años, da cuenta de ello. En 1988 por cada 100 pesos destinados al pago de intereses de la deuda, se dedicaban 36 pesos al gasto en desarrollo social; en 1993 en cambio, se canalizarán 310 pesos por cada 100 orientados al pago de intereses. Nueve meses más como se consigna en los criterios generales de política económica.
Visto de otra manera, y solo comparando 1992 y 1993, el pagó de intereses de la deuda pública en el primer año señalado, es decir el que está en curso, representó 15.7% del gasto; el año próximo representará 12.5%. Hay una reducción que se consigna en el dictamen del proyecto de presupuesto.
Un par de comentarios finales, compañeros diputados, en esta fundamentación general del dictamen.
En la discusión del pleno de la Comisión, resaltó el ramo 23, correspondiente a erogaciones no sectorizables. En el diálogo sobre el particular, se aclaró que en el tomo 2, volumen T, correspondiente a ramos federales, aparecen desagregados los conceptos, los montos y los fines generales de los recursos incluidos en este ramo. Algunos partidos, sin embargo, solicitaron mayor información al respecto. Parte de esa información concluye que las asignaciones corresponden a programas de reactivación al campo, de apoyo
al desarrollo regional, previsiones para gastos de inversión y contingencias naturales como terremotos o sequía, inundaciones, y otra de sus partes, la medular, está constituida por el paquete salarial cuya asignación definitiva se produce sólo en el curso del ejercicio.
Por otra parte, se insistió en la necesidad, y esto fue una posición de prácticamente todos los partidos, de que los municipios y estados dispongan de mayores recursos y tengan una mayor participación en el sistema de planeación nacional.
El Presupuesto de Egresos para 1993, se sitúa en un contexto mundial recesivo, en el que la economía mundial apenas crecerá a 1.1 contra una previsión de 3 puntos en este 1992, en un contexto en el que los precios de nuestras exportaciones han caído significativamente, en el que los desarrollos están surcados de desazones, de múltiples signos e intranquilidades a las que nadie escapa. En estas condiciones crecer con estabilidad, como lo sugiere el presupuesto que nos ocupa, es al menos alentador. A pesar de nuestras dificultades, me parece que cunden los motivos para confiar en las fuerzas productivas de nuestra dinámica economía, la diligente paciencia con la que cada sector, cada grupo de población cultiva la parcela que le corresponde, para decir lo menos, mitiga las causas adversas que se advierten en condiciones internacionales precarias, y da aliento y certidumbre ante lo que vendrá.
El debate que se inicia habrá de normarse por un acuerdo suscrito por todos los partidos; esperamos que tenga fluidez, y estamos ciertos que habrá de vertebrarse sobre un puntual conocimiento técnico, aunque en la perspectiva política y partidista de cada participante.
Si los diputados en Comisión, robándole tiempo al tiempo presuroso de responsabilidad, contribuyeron a darle forma y contenido al dictamen, en la discusión del pleno, deseable y conveniente, habrán de aportar nuevas propuestas que posibiliten consensos o al menos favorezcan nuevas convergencias. Muchas gracias.
El Presidente:- Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes oradores:
Diputados: Rodolfo Becerril Straffon; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, para fijar posición; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista, fijar posición; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; María de los Angeles Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional; Manuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Guerrero Ontiveros, del Partido Popular Socialista; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista; Daniel de la Garza Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, y Ángel Eladio Aguirre Rivero, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Morquecho Rivera:- Con permiso de la Presidencia, honorable Asamblea:
Para fundamentar el voto de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista en contra del presente dictamen, relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1993, vamos a expresar las siguientes reflexiones y consideraciones en torno a esto que es una muy importante cuestión, ya que constituye el programa de Gobierno para el año próximo.
Creo que para nadie escapa, y esto es indudable, de que estamos ante una situación económica y social que merece las más profundas y las más serias reflexiones, que debemos hacer para corregir, para mejorar, el rumbo de nuestra economía, para efectos de beneficiar a todo nuestro pueblo.
Creo que, ciertamente estamos ante una gran necesidad, como representantes de la nación, para que valoremos las acciones que el Gobierno actual ha emprendido en política económica, de tal suerte que precisemos con toda objetividad si vamos por una buena ruta par superar nuestros problemas o, en su defecto, estamos transitando por caminos que ya hemos recorrido, por caminos que hemos andado y que nos han demostrado que hemos estado totalmente equivocados.
Y al precisar esto veremos las consecuencias negativas, sabremos si realmente seremos tercos en seguir caminando por el desaliento para el pueblo y para nuestras naciones en conjunto.
Yo creo que cuatro años de Gobierno, de la actual administración pública federal, son más que suficientes para examinar los resultados de la política económica, seguida hasta hoy en nuestro país.
El propio Presidente Salinas de Gortari así lo señala en su IV Informe de Gobierno. Son cuatro años que con objetividad, con seriedad, deben ser examinados detenidamente para conocer el quehacer y el comportamiento de nuestra economía, tanto hacia el interior de nuestra nación como hacia el exterior, es decir, hacia el resto del mundo.
Como ustedes saben, compañeras y compañeros legisladores, desde hace varios años el Partido Popular Socialista ha reiterado, ha insistido en que solamente dos tesis de política económica son las que han prevalecido en la opción histórica de nuestro país.
De un lado, la tesis de la política económica que hemos catalogado de política económica democrática, patriótica, nacionalista, la cual con su herramienta, con sus instrumentos, ha permitido y es proclive a una justa distribución del ingreso nacional; una política económica que evite el acumulación concentrada del capital en unas cuantas manos, que además, sea la puntal de un desarrollo económico creciente, sostenido, en los diversos sectores de nuestra economía, en un contexto internacional en el cual las oportunidades de desarrollo sean parejas y equitativas para todas las naciones de la tierra.
Del otro lado, la otra tesis, la tesis contraria a una política progresista y avanzada, del otro lado está la política económica concentradora del capital, enajenante de nuestra soberanía, seguidora y aplicadora de los principios doctrinarios reductores de la acción del Estado revolucionario en materia económica.
Política económica impulsora de la conciliación de las clases sociales, y que es, a la vez, aliento, espíritu, plan, propósito y programa de las clases empresariales, ligadas, auspiciadas, vinculadas con un sentido desnacionalizante a los monopolios financieros, comerciales, turísticos, tecnológicos e industriales de las transnacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos de América.
Esta tesis, compañeras y compañeros legisladores, independientemente del signo ideológico, de la denominación o del cliché que se le quiera poner, es en realidad esta tesis todavía el instrumento, la inspiración del proyecto del Presupuesto de Egresos para nuestro país para el año de 1993. Es decir, se insiste precisamente en no valorar aun cuando se reconoce de manera muy velada, el fracaso de estas políticas económicas que a partir de la dirigencia del presente, de entonces, Ronald Reagan y de la primera ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, implementaron mediante una ola privatizadora a nivel internacional.
Pensaron que era la panacea para poder resarcir de un lado sus ganancias provenientes de los países del llamado del Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, y a la vez para capturar la dirección mundial de la ciencia, de la tecnología, para encontrar un modelo de política económica, el neoliberalismo que habría, en opinión de los economistas e ideólogos de Japón, Alemania y de Estados Unidos, habían encontrado la manera de sucumbir para siempre a las fuerzas democráticas que han pugnado en todos los lugares del mundo para superar los problemas económicos con democracia, con independencia y con progreso social.
El partido Popular Socialista ha reiterado en esta tribuna recientemente cómo Alemania ha entrado en una etapa de recesión económica, cómo Japón en este año de 1992 no tendrá su crecimiento del Producto Interno Bruto esperado, cómo Estados Unidos tiene ya ocho meses en los que se dice un "bache" pero que es en realidad una gran recesión porque tampoco va a alcanzar los índices de crecimiento económico esperados.
Y 1993, lo reconoce el propio Presidente Salinas de Gortari, lo reconoce el Secretario de Hacienda, Aspe Armella, 1993 será un año internacional totalmente negativo de perspectivas negras, para el crecimiento de las economías de todos los países. Es decir, la terca realidad una vez más nos está indicando que por vía de la explotación de los pueblos, por la vía de la explotación de los recursos y ahorros de los pueblos, que por la vía del saqueo de las materias primas, de estos pueblos que demandan mejores condiciones de vida; que por la vía pues, del sometimiento de los países débiles por parte de los países poderosos, no habrá jamás ninguna receta valedera para poder tener una estabilidad económica mundial y por lo tanto para tener una estabilidad política, económica, en nuestro país.
Repito, y a eso es, inspirado en esas tesis del neoliberalismo, lo reconocen los textos que han presentado los criterios de política económica para Presupuesto de Egresos de 1993 de nuestro país, lo reconocen como un problema fundamental y se apoyan en la inversión extranjera, se apoyan en el entorno exterior, para incrementar el crecimiento económico de nuestra nación.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, por eso al examinar la evolución del gasto público que ha tenido nuestro país, viendo dicha evolución, tenemos que el año de 1989 a 1992, con su proyecto para 1993, estos presupuestos no son sólo insuficientes para atender las necesidades de la mayoría de nuestros compatriotas, sino que además esta evolución del gasto público y su proyección para 1993, se inscribe en un proceso que ha sido una y mil veces señalado: un proceso de desmantelamiento del patrimonio industrial del patrimonio minero, del patrimonio comercial, del patrimonio financiero, agrícola, pesquero, azucarero y forestal de nuestro país.
Es decir, cuando se señala que el gasto social ahora implica casi el 54% del gasto programable, no se dice que otros renglones han reducido sus asignaciones, porque precisamente han dejado de llevarse partidas para el crecimiento productivo y para tener las fuentes fundamentales que permitan crear empleo, productividad, bienes, servicios, con independencia de la nación frente a las políticas enajenantes del exterior.
Por otra parte, este proceso evolutivo del gasto público, se caracteriza también por el pago, continuando pago sangrante de la deuda externa y también por una cuestión, compañeras y compañeros diputados, que de ninguna manera, de ninguna manera puede ser echa a un lado y que debe estar en la punta principal de los intereses, de las preocupaciones de esta representación nacional y de todas las fuerzas democráticas.
Este Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1993, su proceso de evolución de gasto público de los últimos años, se caracteriza por la reducción real y drástica, punible, condenable y rechazable, de la política salarial, de la política laboral que el Gobierno ha establecido con sus respectivos topes salariales y con los pactos anticonstitucionales y antipopulares que violan el artículo 123 de nuestra Carta Fundamental, y que ahora se han establecido para el año de 1993.
Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que no se pueden lograr los propósitos que se expresan por parte del Gobierno, en el sentido de reducir la inflación a un dígito. ¿Por qué? Ahora se habla de reducirla para 1993 en un 7%, nada más que precisamente no se señala que será en base al tremendo sacrificio que se llevará a cabo sobre las espaldas de las clases trabajadoras una vez más; y una vez más los 300 notables, como se les ha conocido a los multimillonarios concentradores del gran capital en nuestro país, vinculados al capital extranjero, siguen una vez más intactas sus fortunas, intactos sus privilegios y de manera continuada sigue la acumulación y la concentración del capital; sector manufacturas, sector automotriz, en fin; mientras se combata la inflación reduciendo los niveles de vida de las clases trabajadoras.
Además se deja a la aventura, se deja al azar lo que pudiese ser una reactivación económica por parte de las clases empresariales que habrían de tener mayor responsabilidad y un cumplimiento justo con los programas emanados de nuestra Constitución, para efectos de que realmente se combata la inflación como debe ser, por la vía del crecimiento, por la vía de la producción y no por la vía de los sacrificios salariales.
En suma, compañeras y compañeros diputados, el Partido Popular Socialista ratifica su voto en contra en torno a este dictamen y exhorta a todos los diputados a una mayor reflexión para enfrentar programas que constituyan realmente soluciones para nuestro pueblo, porque el hecho de que este Proyecto de Presupuesto de Egresos Federales para el año próximo, está, repito, precisamente inscrito en todo un bagaje legislativo, en los que renglones fundamentales de nuestra economía han sido concesionados a los particulares para efectos de que penetre más el capital del exterior, y de esa suerte no podrá tener alternativa nuestro pueblo y nuestra nación para superar viejos y sus nuevos problemas.
Estas son las razones por las cuales votaremos en contra de ese dictamen. Gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición.
La diputada Cecilia Soto González:- Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros del Pleno:
Me ha tocado el honor de presentar ante este honorable Pleno la posición del Partido Auténtico frente al Proyecto de Presupuesto de Egresos, frente al dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos elaborado por la Comisión de Programación y Presupuesto.
Hemos leído con cuidado el dictamen y quisiéramos comenzar nuestra reflexión reconociendo que el dictamen recoge, de manera rica, muchos de los debates que ocurrieron durante el proceso de este año, un poco más largo que el del año pasado, que ocurrieron al seno de la Comisión para elaborar el dictamen.
En especial quisiera hacer un reconocimiento a la Presidenta de la Comisión de Programación y Presupuesto que nuevamente, al igual que el año pasado, aportó sus conocimientos, su espíritu plural, para que las diversas fracciones parlamentarias expresáramos nuestro punto de vista, solicitáramos mayor información, elaboráramos propuestas.
Esto es algo muy importante, creemos que este dictamen recoge avances con respecto al año pasado, pero también expresa todo lo que hay por hacer para que esta Cámara de Diputados pueda realmente ejercer su función de vigilar y tener una posición crítica frente al Presupuesto de Egresos.
En ese sentido, quisiera hacer explícita la inquietud del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, porque en particular, comisiones como la de Programación y Presupuesto o la de Hacienda y Crédito Público, cuenten con una capacidad de investigación propia, que permita confrontar las cifras de la Comisión con las cifras que de manera errática, poco sistemática, mal desglosada, nos presenta la Secretaría de Hacienda.
Es sumamente difícil dictaminar a profundidad un dictamen tan complejo o una iniciativa tan compleja como la de Programación y Presupuesto, cuando la Cámara de Diputados no cuenta de manera sistemática, digo con origen propio, con estas cifras, y cuando uno tiene que depender de la voluntad del Ejecutivo para proporcionar estas cifras.
Creemos que la relación Ejecutivo - Cámara de Diputados en este sentido puede mejorarse sustancialmente, pero que aun si se mejorara necesitamos una capacidad de investigación propia.
Quisiera ahora, compañeros, iniciar nuestras reflexiones sobre el Proyecto de Egresos. Al revisar las diferentes intervenciones que hemos tenido, tanto en la comparecencia del Secretario Aspe, como en las anteriores propuestas de Presupuesto de Egresos, nos encontramos que nuestras objeciones fundamentales siguen fundamentales siguen siendo las mismas. Así que hemos intentado elaborar algún abordaje diferente al problema del Presupuesto de Egresos. Es decir, ¿desde qué punto de vista, desde qué proyecto de país, podemos juzgar el Presupuesto de Egresos como algo que se acerca o se aleja de las metas que tiene nuestro país para progresar?
Resulta claro que en la encrucijada en que nos encontramos en este momento, nuestro país enfrenta dos retos fundamentales. En primer lugar, abatir el rezago de subdesarrollado que han dejado una serie de gobiernos con políticas económicas erróneas emanados del Partido Revolucionario Institucional, y al mismo tiempo arribar al Siglo XXI con una infraestructura humana e industrial capaz de insertar a nuestro país, de manera exitosa, en el próximo siglo.
Desde el primer punto de vista, es decir abatir el rezago social e industrial que enfrenta nuestro país, nuestro partido considera que el término de 25 años es factible, es posible y deseable erradicar cualquier huella de pobreza que existe en nuestro país. A diferencia de continentes como el africano, en donde un reto como éstos necesita el esfuerzo de dos generaciones, en el caso nuestro, en un término de 25 años podemos erradicar la pobreza. Y ello significa una economía de pleno empleo, una escolaridad promedio general de 11 años, un consumo calórico de 2 mil 500 calorías y servicios médicos para toda la población.
En el segundo de los renglones, es decir preparar la planta productiva para insertarnos de manera eficaz y moderna en el próximo siglo, se requeriría desarrollar aquellas áreas en las que nuestro país puede participar de manera sobresaliente en la economía internacional, para poder jugar un papel de vanguardia.
La pregunta que tendríamos que plantearnos con respecto al Presupuesto de Egresos, es: ¿si la política economía del régimen actual, en particular el Proyecto de Presupuesto que nos presenta, avanzan hacia ese objetivo o si, por lo menos, sientan las bases para alcanzar alguno de estos objetivos, que yo creo no pueden ser cuestión de debate partidario, y estoy segura que comparten todas las fracciones parlamentarias?
Un ejercicio metodológico para poder contestar esta pregunta, es tratar de observar a nuestro país exclusivamente concentrado en las estadísticas que revelan su capacidad física productiva, es decir, por un momento situémonos como el observador en el espacio extraterrestre que estudia el desarrollo de nuestro país, exclusivamente desde el punto de vista físico.
¿Han aumentado durante estos cuatro años los niveles de alimentación, los niveles de bienestar
social? Y en este sentido quisiera referirme a una frase muy interesante pronunciada por el Presidente Salinas de Gortari en la Universidad de Brown este año, donde planteó que el único parámetro de progreso con el cual se puede juzgar al Gobierno, es el del bienestar del pueblo mexicano. Entonces la pregunta es: ¿ha avanzado el bienestar del pueblo mexicano durante estos cuatro años, con la política económica actual?
Las estadísticas que nos presentan las propias instituciones gubernamentales encargadas de proveerlas nos dicen que no, que desde el punto de vista de consumo de proteínas y calorías ha bajado. Desde el punto de vista de escolaridad el Gobierno ha tenido que instituir un programa para paliar, que no detener, la deserción escolar a causa del aumento en la pobreza que ha habido en estos cuatro años.
Desde el punto de vista del empleo, sin duda el parámetro fundamental que mide todos los demás, en cuanto a bienestar o a la capacidad de cada padre de familia para proveer a su familia de los mínimos de bienestar, la respuesta es también negativa. En estos cuatro años han aumentado el desempleo y ha aumentado la emigración hacia los Estados Unidos. Y aquí estamos dejando del lado el debate tan agudo que hubo con el Secretario del ramo, el doctor Aspe, sobre si ha aumentado o ha disminuido los salarios promedio. Lo importante es, habiendo aumentado o disminuido éstos, lo importante es que ha aumentado el desempleo.
Desde el punto de vista del desarrollo industrial también la respuesta es ambigua, ha habido algunos desarrollos muy localizados; ya se ha documentado en diversas ocasiones que solamente un puñado de empresas dan cuenta del 50% del aumento en nuestras exportaciones. No ha habido un desarrollo armónico que fortalezca regionalmente nuestra planta productiva y ha habido en cambio, en diversas ramas de la economía, quiebras generalizadas.
Desde el punto de vista, entonces, del observador extraterrestre que estaba planteado yo del observador que mide la economía desde el punto de vista de su avance físico y material, ha habido un retroceso. Ciertamente, si incorporamos a nuestro análisis las variables financieras de las que se enorgullece tanto el Gobierno, ha habido cambios importantes que debemos reconocer, pero que de ninguna manera justifican el precio que ha pagado la sociedad mexicana.
Desde el punto de vista del dictamen presentado por la Comisión de Programación y Presupuesto, nos parece, en este caso, que la mayoría parlamentaria en el seno de la Comisión, adopta de manera errónea los puntos, las prioridades que la Secretaría de Hacienda concede a lo que se conoce como los objetivos macro. En la hoja uno del dictamen, la Comisión, la mayoría del seno de la Comisión, plantea como tres los objetivos fundamentales de la política económica y sitúa en primer lugar, de nuevo, contribuir al logro de las metas de finanzas públicas establecidos en los criterios generales de política económica correspondientes a 1993. Yo no diría compañeros que desde el punto de vista de bienestar fundamental del país sea esta la meta fundamental.
En la página dos plantea el dictamen, para alcanzar estos objetivos de acuerdo con el proyecto de Presupuesto se llevarán a cabo las siguientes acciones estratégicas. Y de nuevo se plantean en primer lugar hacer compatible el nivel de gasto total con la estabilidad macroeconómica y en general el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el dictamen se ve dominada por lo que yo llamaría la dictadura de lo macro, la dictadura de lo macro, es decir la necesidad de a toda forma presentar y defender presupuestos superavitarios en un país dificitario en todo es lo que permea el Presupuesto de Egresos.
Plantea también en esta serie de objetivos para lograr las metas planteadas, y del número dos, concentrar las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias de la actividad fundamental, cuestión que en efecto se observa un aumento muy importante en el gasto social pero que es absolutamente menor a lo que necesita el desarrollo del país.
En tercer lugar, continuar el proceso de modernización de la educación y el desarrollo científico y tecnológico. En subsiguientes intervenciones demostraremos que si bien el aumento en educación es importante no compensa en nada la falta de inversión en el sector educativo que se sufrió en los pasados 10 años. En el caso del desarrollo científico y tecnológico, por segundo año consecutivo la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara recomienda mayor gasto en ciencia y tecnología que el que se asigna en el Presupuesto de Egresos.
En el número siete se plantea como un objetivo impulsar la actividad productiva del sector agropecuario a fin de elevar las condiciones de vida rural y la producción de alimentos e insumos; bueno esto es definitivamente una frase demagógica. Si nosotros observamos con cuidado el Presupuesto de Egresos para el sector rural
observamos que lo único que salva a este sector de no caer en un franco déficit es el importante presupuesto asignado al proceso de titulación y al proceso de papeleo que surge de las reformas al artículo 27 constitucional.
Todas las fracciones parlamentarias, incluida la mayoritaria; al observar en detalle lo asignado al sector rural, observamos un franco descenso especialmente en el caso de infraestructura rural y en el caso de transferencias a Banco de Crédito Rural y al Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, es decir un descenso en aquellos renglones del presupuesto agropecuario que pudiesen garantizar una recuperación o una salida a un sector que se encuentra en la debacle, es decir, uno de los sectores oscuros de nuestra economía nacional utilizando la terminología del doctorado.
No es cierto entonces que se apoye este objetivo de impulsar la actividad productiva del sector agropecuario.
En el punto número ocho, fortalecer la infraestructura básica para apoyar el crecimiento de la actividad productiva atrayendo recursos suplementarios del sector privado. Si observamos de nuevo aquellos renglones de infraestructura básica importantes para garantizar la eliminación de cuellos de botella y aumento en la productividad, observamos que tampoco se cumple ese objetivo; si bien es cierto que en el caso de desarrollo eléctrico existe una serie de inversiones para continuar con el desarrollo de la capacidad eléctrica instalada, no hay una sola inversión que garantice la modernización del sector eléctrico, el tránsito a nuevas tecnologías de producción de energía, ya hay una reducción en el Presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos.
En el caso de Comunicaciones y Transportes la inversión se limita a las inversiones del sector privado de carreteras.
Sabemos muy bien que gracias al sistema de cuotas, la inversión privada puede rápidamente recuperar sus inversiones en transporte carretero. En el caso de transporte de ferrocarril, una de las ramas más importantes que aseguran el costo menor por tonelada, kilómetro transportado; hay un descenso importante en la inversión y nos informaron los funcionarios de Hacienda, que para la reparación de vías férreas, se escogió la gloriosa meta de 300 kilómetros.
En una red primaria de 16 mil kilómetros, la Secretaría de Hacienda designa recursos para reparar 300 kilómetros. Compañeros si eso revela fortalecer la infraestructura básica para apoyar el crecimiento de la ciudad productiva, pues no sé donde vamos a ir a parar.
Y en el último punto, un punto no incluido en esta serie de objetivos, mencionaría yo la cláusula recientemente firmada en la nueva versión del Pacto, de limitar el aumento salarial a cifras de un dígito de nuevo, una meta dictada por, perdón el pleonasmo, por la dictadura de lo macro. En este sentido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en contra del dictamen de Presupuesto de Egresos, por no combatir la filosofía general del Presupuesto; no compartir la idea fundamental de que la única manera de lograr la estabilidad de la economía, la única manera como dice el señor Secretario de Hacienda, la única manera de bajar la inflación; la única manera de sanear las finanzas públicas es a través de un presupuesto superavitario.
Ya decíamos que esta es decíamos el año pasado que no es la primera vez que se presentan presupuestos superavitarios en el país, ya en 1903 y en 1909, Yves Limantour, Secretario de Finanzas o de Hacienda de Porfirio Díaz, presentó a la nación de manera jubilosa, presupuestos superavitarios.
En ese sentido, ésta sería la cuarta vez que se nos presentan presupuestos superavitarios.
En segundo lugar, discrepamos del uso previsto que se le da a este superávit en el Presupuesto de Egresos. Se nos avisa, al igual que el año pasado, que el Gobierno, de darse este superávit presupuestal, lo utilizará para cancelar deuda pública.
También se nos anuncia, al igual que el año pasado, que los recursos extraordinarios que seguirán ingresando, en este caso por privatización de puertos y otra serie de industrias y servicios a la nación, de nuevo servirán para cancelación de deuda interna.
La pregunta es si es ésta es la única manera de garantizar una forma permanente de beneficios a la nación. Hemos planteado de manera repetida, que dedicar tanto los recursos del superávit como los recursos extraordinarios provenientes de desincorporaciones a deuda pública, contiene el riesgo de que cualquier aumento en las tasas de interés, no es un factor que pueda controlarse internamente, muchas veces tiene que ver directamente con alteraciones en la economía internacional, y en muchos casos está dictada por la necesidad que ha desarrollado este propio
Gobierno de mantener altas tasas de interés, atractivas para la inversión extranjera.
Tiene en este sentido el Gobierno un margen de maniobra muy pequeño. Como decía yo, cualquier aumento en las tasas de interés significativo, puede eliminar de un plumazo los supuestos ahorros en intereses que se lograrían al cancelar deuda externa.
El camino alternativo propuesto por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es el de, en el caso del superávit, en primer lugar eliminar el mismísimo concepto de superávit, como lo haremos en nuestra intervención en lo particular, reasignando estos recursos, en particular una cantidad de 10 billones de viejos pesos ó 10 mil millones de pesos nuevos, a ramas prioritarias del desarrollo económico, y en el caso de recursos extraordinarios, utilizar estos recursos para inversiones que realmente tengan un efecto perenne en nuestro país.
Obras fundamentales como el Plan Hidráulico del Noroeste, que llevarían agua sobrante del sur del país a tierras del norte en donde no existen excedentes de agua, sólo pueden realizarse con este tipo de excedentes.
Lo que tendría que examinarse es si se gana más al cancelar deuda por concepto de ahorro de intereses, o si la inversión productiva que realizaría nuestro país, a mediano y largo plazo rendiría más que estos ahorros sumamente riesgosos en intereses anuales.
Nosotros creemos que desde el punto de vista del proyecto de país que describimos en un principio, habría áreas fundamentales de la economía como transportes, desarrollo educativo, desarrollo energético, que podrían desarrollarse con estos recursos.
Es en este sentido, compañeros, que nuestro partido nuevamente encuentra negativo el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo, y en el desarrollo de las intervenciones en lo particular plantearemos un presupuesto alternativo que esperemos gane su aprobación. Muchísimas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:- Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros de esta honorable Cámara de Diputados:
Vengo en representación del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y esta intervención tiene el propósito de exponer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, las razones y los argumentos que fijan la posición del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en lo que se refiere al dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos para la Federación en el ejercicio 1993.
Voy a proceder de la siguiente manera: en primer lugar compararemos el presupuesto actual con el de hace unos años, y señalaremos las bases de una transformación profunda en los gastos públicos, y haciendo este análisis, encontramos su correspondencia con el planteamiento de la reforma del estado expuesto ya en varias ocasiones en ésta y en otras tribunas.
En segundo lugar, discutimos en la fracción y en la Comisión, el contexto en el que se ubica la política fiscal y el presupuesto en particular, que es el de una estabilización utilizada como herramienta de depuración productiva y disciplina laboral.
Y en tercer lugar, establecemos los acuerdos y desacuerdos que sostenemos, tanto en lo relativo a la política macroeconómica, como en la distribución presupuestal, el papel del Legislativo en la vigilancia del gasto público y terminamos con las propuestas que reservamos para la discusión en lo particular.
En primer lugar, me voy a referir a la transformación presupuestal. Hace apenas tres años la discusión del Presupuesto de Egresos estaba sobredeterminada por el costo financiero de la deuda, y las secuelas producidas en la deuda social, en la descapitalización del país y en el fenómeno de la desindustrialización.
En 1988 esta situación llego al límite, cuando aumentaron en más de 75% los intereses, comisiones y gastos de la deuda, para situarse en un nivel muy similar al total del gasto programable. El Presupuesto era sólo un calendario de intereses por pagar y un mínimo programa de atención a los programas indispensables del Gobierno; era el presupuesto de un deudor agobiado que apenas sobrevivía. Sin embargo, a partir de 1989 las cosas empezaron a cambiar, el gasto primario total ha crecido progresivamente y la distribución es muy diferente. Empiezan a crecer los rubros destinados al sector social, incluido Solidaridad y a disminuir los referentes a la deuda interna y externa.
El presupuesto ya es otro. Casi se podría decir que corresponde al de un país muy, muy
diferente, y si seguimos a los viejos teóricos de las finanzas públicas y concebimos al presupuesto como el esqueleto del Estado, bien podríamos decir que el nuevo presupuesto corresponde a un Estado diferente. Es el presupuesto de la reforma del Estado.
Para entender esta mutación presupuestal, es necesario ubicar tres momentos, y preciso: el del presupuesto del sobreendeudamiento que va de 1982 a 1988 - 1989, cuyas características son un peso creciente del costo financiero de la deuda y una tendencia creciente de superávit primario, con fuertes políticas de austeridad en los gastos sociales y de infraestructura.
Siguiente aspecto importante: el del presupuesto balanceado o de transición, que va de 1989 a 1992, con una tendencia hacia la recuperación del gasto primario total, reducción del peso de la deuda, recuperación del gasto social, incremento del superávit primario con una política de estabilización basada en el superávit de las finanzas públicas.
Y el tercero, el presupuesto reformado que inicia en 1992 y va hacia 1993, donde se afianza el superávit financiero, se continúa disminuyendo el peso de la deuda, se mantienen las tendencias crecientes al gasto social, pero se retrae significativamente la inversión pública en la industria, el comercio, en el sector energético y en comunicaciones y transportes.
Precisamente esta reducción de la inversión pública es el elemento diferenciador con la fase anterior del presupuesto, porque expresa muy bien el contenido presupuestal de la reforma del Estado.
La retracción de la inversión pública refleja la modificación del marco institucional y normativo del desarrollo, producto de las reformas a la legislación de Vías Generales de Comunicación, de Pesca, de Aguas, Forestal, a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, y la inminente de Energía Eléctrica.
En 1993 se entrelazan dos de los procesos característicos del nuevo Gobierno: la reducción del peso de la deuda y la reforma de las funciones y los medios estatales.
Por eso pueden originarse varias paradojas interesantes en el presupuesto; reducción real de su monto total; incremento significativo de partidas sociales y algunas de infraestructura y consecución, por tercer año, de un superávit fiscal.
Se ha explicado que es la reducción del costo financiero de la deuda hasta en un 3% del Producto Interno Bruto, lo que posibilita la utilización del presupuesto como palanca de estabilización y motor del crecimiento social. Sin embargo, esto no es del todo cierto, es sólo una parte de la explicación; la otra, más relevante en el mediano plazo, es la reformulación de las prioridades estatales, la redefinición de las funciones del Estado en el proceso de producción de las relaciones capitalistas.
Antaño, paralelo a las funciones específicas del desarrollo social, se destinaba una parte mayor del presupuesto a la promoción, la protección y el subsidio de actividades productivas, comerciales y financieras; se apostaba a una intervención basada en la producción directa, las exclusiones y prohibiciones y un esquema de protección integral al capital privado.
Hoy las cosas ya cambiaron. La desincorporación, primero, y las nuevas condiciones jurídicas de los procesos económicos, relevaron al Estado de la atención prioritaria de estas actividades.
Junto al diseño de un marco regulatorio de la operación y la administración de los procesos económicos, estas políticas conformaron la estrategia de reforma del Estado; la reforma del Estado implica evidentemente una incorporación indispensable del sector privado en el desarrollo nacional, incluso se confía en la inversión privada como el motor fundamental del crecimiento económico.
En 1993 se llega a un presupuesto totalmente reformado, tanto en lo que se refiere al peso de la deuda como a la definición de las funciones estatales. Por eso se puede gastar más en los sectores sociales y menos en el total; por eso, paradójicamente, se le puede utilizar como instrumento de estabilización y mecanismo impulsor del desarrollo social.
Este presupuesto es una novedad, una novedad teórica y política para el caso mexicano; no es negando su particularidad como se le puede enfrentar críticamente, sino partiendo de ella, encontrando su ubicación y sus debilidades, tácticas y estrategias. Esto es lo que intentaremos hacer a continuación.
Me voy a referir al contexto presupuestal. El Presupuesto de Egresos para 1993, se presenta en una coyuntura económica y social muy especial es el presupuesto del año en que debe firmarse el Tratado de Libre Comercio, en que
se aspira a una inflación del 7%, después de que en 1992 no se pudo alcanzar el dígito soñado; en que el déficit de cuenta corriente traspasará la barrera de los 20 mil millones de dólares, en que se espera un panorama internacional recesivo: en que se define la sucesión presidencial y en que continúa el bajo nivel de vida de la población, después de cuatro años de éxitos macroeconómicos.
También es el año de la presunta reforma microeconómica.
Todos estos factores enmarcan y determinan el presupuesto.
El año de 1993 es, con mucho, el año más difícil del sexenio. Se pondrán a prueba los delicados equilibrios macroeconómicos, construidos a lo largo de cuatro años; pueden articularse y reiniciar un crecimiento equitativo y acelerado, o bien pueden desarticularse e iniciar una peligrosa etapa de incertidumbre y desencanto.
La diferencia con otros periodos similares, es casi evidente. El Gobierno explícitamente apostó las expectativas como una variable central del crecimiento. Buena parte del futuro depende de acontecimientos externos y el margen de maniobra gubernamental se ha reducido, como un resultado de la misma estrategia: liberalización, desincorporación, desregulación, reformas legislativas, retracción de la inversión pública, etcétera.
Por eso, el presupuesto para 1993 tiene una mezcla de presupuesto social y de variable de estabilización. Pero es más esto último que lo primero. Antes que nada el presupuesto para 1993 es el presupuesto del mayor superávit financiero de la historia reciente: un presupuesto antiinflacionario.
Es el presupuesto donde se depositan las mayores esperanzas de conseguir la ansiada inflación de un dígito; es en este presupuesto donde se depositan también las esperanzas de que el sector privado comande la acumulación de capital.
La reducción de la inversión pública es la mayor señal de esto.
No es difícil suponer que éstos son también sus riesgos mayores; es difícil pensar que en un período tan corto de tiempo se cambien las actitudes y aptitudes de los inversionistas mexicanos, más atentos a la especulación que a la innovación; más orientados a los negocios de viudas y bucaneros, que a la de los empresarios arrojados y arriesgados con que sueña el presente Gobierno.
¿Cómo suponer que el período de aceptación al Tratado de Libre Comercio, se confíe en un presupuesto que indudablemente afectará la competitividad de las empresas nacionales, el empleo y los salarios?
¿Cómo explicar que en la lucha por una inflación, seguramente inalcanzable del 7%, se pierda la oportunidad de rearmar a la planta productiva nacional, de resarcir el nivel de vida e impulsar la productividad?
Parecería que la política económica para el ejercicio de 1993 apuesta demasiado al superávit fiscal, y pierde la oportunidad de estimular el desarrollo productivo y social que permita enfrentar mejor la globalización y el Tratado de Libre Comercio.
Después de todo, nosotros lo hemos dicho, las condiciones de la inflación actual son distintas a las de hace tres años; dependen más de factores institucionales y de la misma estrategia, que de factores ligados a las finanzas públicas. Es más, quizá por dejar de gastar en algunos rubros, como son: comunicaciones y transporte, energía, desarrollo rural, etcétera, se generen presiones inflacionarias.
Parecería que al continuar con la misma estrategia se ponen en riesgo los avances logrados y se postergan las condiciones para el desarrollo equilibrado.
¿Es que acaso los diseñadores del presupuesto son impermeables a las voces que desde la academia, los partidos políticos, los asesores externos, las firmas calificadoras de inversiones y hasta los mismos inversionistas privados claman por una mayor incidencia presupuestal, en aspectos socioeconómicos importantes?
Hay una explicación para esta negativa de los técnicos hacendarios.
Hay una explicación para que sean reacios a una demanda que apuesta más al crecimiento con inflación moderada que al estancamiento con inflación baja, pero inestable.
¿Quién garantiza que el famoso dígito no sea producido por el mismo estancamiento y que conforme se crezca y avancen también los precios? Puede no gustarnos, puede incluso desagradarnos, pero la explicación es muy sencilla
y técnicamente viable, aunque social y políticamente sea difícil de aceptar.
Y la explicación consiste en una suerte de "darwinismo" económico y social que explico a continuación.
En la competencia globalizada y más específicamente en la competencia del Tratado de Libre Comercio sobrevivirán los más fuertes y los más dotados, no habrá lugar para las sobreprotecciones, los subsidios, la ineficiencia y los criterios distintos a los operativos.
Las empresas y los individuos que no sean capaces de enfrentar competitivamente el nuevo ámbito, serán desplazados, desconocidos o desaparecidos del orden social. Ya lo estamos viendo en ramas, sectores y empresas nacionales; las que no se han reconvertido o fusionado o emigrado, quiebran o desaparecen, lo mismo sucederá inevitablemente con los ciudadanos.
Y ante esto, que es un proceso consciente e inevitable, ¿cuál es el papel del Estado? En primer lugar, establecer las reglas y condiciones del proceso, cosa que ha venido haciendo en los últimos dos años con las reformas legislativas.
En segundo lugar, redefinir sus áreas, sectores y modalidades de intervención. Redefinir, a su vez, el espacio de participación de los particulares.
Y, en tercer lugar, proporcionar los elementos individuales, grupales y colectivos para enfrentar el proceso.
En el marco individual, el acento en la educación y particularmente en la básica, como se aprecia en los dos últimos presupuestos, señala tanto el lineamiento como el objetivo, la igualdad de oportunidades a través del derecho de educación básica, ése es el compromiso y el eje gubernamental.
En el ámbito económico, la voluntad estatal abre la posibilidad de intervención de los particulares en prácticamente todas las ramas productivas, pero despojándolos de subsidios, mercados y mercados cautivos y demás formas de proteccionismo. El objetivo es claro: la reconversión es forzosa o desaparecen.
El presupuesto en estos dos sentidos es un arma estratégica de la reestructuración productiva e individual, por eso en 1993, antes de adoptar un presupuesto que estimulara el desarrollo y permitiera la recomposición del mercado interno para propiciar una reconversión en crecimiento, se optó por todo lo contrario, un presupuesto que castigara al mercado interno y forzara a la reconvención de las empresas, so pena de desaparecer.
¿Quién seguirá?, sólo los pocos fuertes que logren asociarse, recomponerse o reproducirse. No nos gusta, pero es una solución lógica en el ámbito capitalista; aunque no sólo para los pequeños y medianos empresarios, porque ante la recesión los trabajadores enfrentan el despido, la baja salarial como un arma más política que económica. Sus conquistas se ven frenadas, anuladas o reconvertidas.
En este sentido, el presupuesto es a la vez un elemento para la depuración productiva y un instrumento de disciplina social de los trabajadores, sin que deje de tener un elemento dinamizador de las potencialidades individuales de los futuros ciudadanos en la educación, la salud y la vivienda.
Por eso es que puede ser tanto un presupuesto estabilizador como igualador de oportunidades y de disciplina social, un perfecto instrumento de la reforma del Estado.
Pero también de reforma de la sociedad y de la economía. Por éstas, entre otras razones expuestas y fundamentadas en la comisión respectiva, el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, será favorable en lo general reservándonos el derecho reflexivo y propositivo en lo particular, con respecto al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 1993. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posiciones. El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores, ciudadanos que nos acompañan en este día de discusión del presupuesto de Egresos de la Federación:
Está, el Congreso de la Unión, la Cámara de diputados, es la casa del pueblo, la casa del pueblo mexicano. Es aquí donde estamos representantes de diversos sectores y diversos grupos de ciudadanos sin circunscripciones plurinominales uninominales. Y debiera ser una práctica cotidiana en nuestro recinto, el que se abrieran las puertas del recinto a ciudadanos, para escuchar los debates y seguir punto por punto, las posiciones de los diferentes partidos políticos.
¡Qué bueno que hoy nos acompañan compañeras y compañeros, para seguir estos debates.
Enhorabuena! Ojalá que esto fuera una sana práctica republicana. Agradecemos pues este interés que muestran compañeras y compañeros en estas discusiones. Y ojalá que se transmitieran en vivo las discusiones que aquí hacemos al conjunto de la República y la nación supiera aquéllo en lo que están interviniendo y participando sus representantes.
Y decimos esto de entrada, porque nuevamente pareciera que en un clima en donde algunas discusiones son seguidas con escaso interés por algunos de nuestros legisladores, con un gran interés por otros en cambio, se olvida que estamos discutiendo aquí la vida económica de numerosas comunidades, de pueblos, de regiones y de sectores productivos.
Hablar de qué va a suceder con este país el próximo año, tiene que ver precisamente con cuál va a ser el destino del gasto público, su composición, su distribución en estados y municipios, y su afectación en áreas distintas.
Casi podemos decir estimados compañeros legisladores, sin exagerar, que la vida de cada uno de los 85 millones de habitantes de la República Mexicana, va a ser afectada de manera directa por lo que vote el día de hoy la Cámara de Diputados y por aquéllo que sea aplicado a los distintos sectores. Hemos escuchado a lo largo de un año, enérgicas tomas de posición de campesinos y de comuneros, exigiendo que sus demandas sean atendidas; hemos escuchado a lo largo de un año, exigencias de grupos de trabajadores asalariados, exigiendo que sus demandas de mejoramiento social sean atendidas; durante años, los jubilados y pensionados han exigido que al menos aseguremos condiciones mínimas de vida digna. Grupos amplios, amplios, de solicitantes de vivienda, se manifiestan en toda la República y hoy a las puertas de este recinto, exigiendo que sus demandas de vivienda sean atendidas; grupos étnicos también, han exigido que sus necesidades sean atendidas.
Por tanto, lo que aquí estamos discutiendo, tiene que ver no sólo con criterios técnicos, estadísticas o aspectos macro o micro económicos, sino con la vida diaria y las aspiraciones de los ciudadanos de la República Mexicana. Y el Gobierno tiene la obligación y esta Cámara también tiene su obligación, de regresarle a los ciudadanos, lo que extrae de ellos a través del sistema impositivo. Esa es la obligación fundamental del Gobierno de la República: cumplir con las disposiciones precisamente de garantizar el bienestar, el ingreso y el empleo de los mexicanos, satisfacer sus necesidades fundamentales y defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República.
Pero eso se hace con hechos y no con palabras solamente. Y en estas condiciones, en que tocan a las puertas del Palacio Legislativo grupos de solicitantes de vivienda, en que en toda la República hay movilizaciones de trabajadores, de campesinos y comuneros exigiendo que sean atendidas sus demandas, proponernos un presupuesto superavitario como éste, con 18 mil 159 millones de nuevos pesos de superávit, dejando insatisfechas necesidades fundamentales de la población, consideramos que constituye un error fundamental, no solamente desde el punto de vista de la ausencia de un auténtico reclamo de justicia social que se ha atendido por la Cámara de Diputados; es más profundo el problema, estimados legisladores.
Más allá de estadísticas, y más allá de datos macroeconómicos, lo que hay de fondo es que el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Popular y ciudadanos en su conjunto, está postulando que hay otra ruta para el combate a la inflación, que hay otra ruta para una recuperación ordenada del ingreso y del empleo, que hay otro mecanismo para fortalecer nuestra seguridad económica y nuestra soberanía en materia de los sectores productivos. Y esta ruta es precisamente, fortalecer la inversión en sectores prioritarios de la nación, fortalecer la oferta de bienes y servicios en aquellos sectores prioritarios para nuestro desarrollo económico nacional, y esta ruta, la del fortalecimiento de los sectores productivos con una inversión creciente en sectores estratégicos de la economía mexicana, tiene la maravillosa cualidad, contrariamente a las opiniones cerradas de tecnócratas, de incrementar el ingreso, mejorar el empleo, fortalecer la mediana y la pequeña empresa y al mismo tiempo, crear bases estructurales para impedir un repunte de procesos inflacionarios.
La vivienda, la agricultura, el fortalecimiento del poder de compra de los trabajadores, el apoyo a la reconversión agrícola, industrial, de medianas y pequeñas empresas y del sector social, tiene precisamente esa cualidad, 18 billones de viejos pesos bien invertidos en agricultura, en industria, en vivienda, en ecología, en las necesidades fundamentales de la población, tiene un efecto multiplicador del gasto que nuestros tecnócratas se niegan a reconocer. Repito esta idea: permite mejorar ingreso y empleo, permite mejorar los niveles de vida de grandes sectores de la población y desencadenar una dinámica económica donde ya no dependeremos de una política de enfriar el crecimiento económico y
contener el desarrollo de las potencialidades productivas de la nación como único medio de contener la inflación, sino hay otra vía, una vía popular - democrática, una vía constitucional, la vía que nos señalaron quienes hicieron la Revolución Mexicana de 1910; de 1917; apostar al crecimiento económico, apostar al bienestar de los grandes sectores de la población, apostar a la defensa de los principios básicos del 123 y del 27, aprobado por los constituyentes del 1917 y empujar a esta nación a que despliegue a sus potencialidades productivas. En vez de esta obsesión de crecer al 2% ó 2.6%, porque se puede desatar la inflación o se puede desatar el déficit de la balanza en cuenta corriente, nosotros decimos: si quieren bajar ese monstruoso déficit de la balanza en cuenta corriente, inviertan en agricultura e inviertan en industria; si quieren destruir las bases consustanciales de la inflación, aumenten la oferta de bienes y servicios agrícolas e industriales producidos en México; si quieren desatar potencialidades productivas, asuman que hay otra ruta económica.
Diez años, estimados legisladores, son demasiados, de una política monetarista y restrictiva, y que no nos digan, y que no nos diga con una danza de estadísticas, que hoy estamos mejor que hace 10 años. En términos estrictamente estadísticos, lo que cada mexicano produce de bienes y servicios, en 1993, es menor de lo que producían hace 12 años, en 1981. Sólo un dato les voy a dar, arriesgándome quizá a cansarlos; sólo un dato:
En 1981, el producto por habitante de este país, era de 69 mil 207 pesos, del año 1980, 69 mil 207 pesos, y en 1993, con ese crecimiento que espera obtener el Gobierno en el año que entra, apenas el producto por habitante será de 67 mil 381 pesos.
Cada mexicano es hoy más pobre de lo que era hace 12 años, globalmente. Pero no es sólo ahí el problema. La participación de los trabajadores dentro del ingreso nacional ha disminuido más de un 11%. Y en el período de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los salarios mínimos, de los que vive el 25% de la población mexicana, han bajado más de un 20%.
Y para aquellos que nos quieren decir que ha habido un aumento de los salarios en la industria manufacturera, quisiéramos decirles que ese es sólo un pequeño segmento de la población mexicana. Y un análisis puntual exacto diríamos nosotros, estricto, de lo que son los salarios en las ramas de jurisdicción federal de acuerdo con los anexos del informe muestra que esos salarios en las ramas de jurisdicción federal, supervisados por tanto las negociaciones contractuales por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han bajado un 20% en 1989 y 1990.
Veinte por ciento, estimados legisladores. Y sólo tuvo, claro, un pequeño aumento, en 1991, de poco más del 4%. ¿Pero qué es un 4% de aumento en las ramas de jurisdicción federal a nivel salarial, cuando tiene una caída acumulada del 20% en dos años anteriores?
¡Ah pero nos dirán: "Es que otros indicadores están mostrando que hay aumentos"! sí, pero son indicadores que no resultan convincentes, estimados legisladores.
¿Por qué? Porque hay un anexo del informe que dice claramente que en dos años en la rama de jurisdicción federal bajó el salario en un 20% global, que es precisamente en 1989 y en 1990.
Alguien nos dirá: "Pero es que ha crecido el empleo". No, señores legisladores. Apoyándonos estrictamente en los anexos del informe, tenemos que a lo largo del 1989 y del 1990, sólo se crearon poco más de 500 mil empleos. ¡Sólo 500 mil empleos, cuando en este país más de 1 millón 250 mil jóvenes ingresan al mercado de trabajo cada año!
¡Sólo, pues, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hay un déficit de empleo de dos y medio millones! ¡Que sumados a ese déficit que arrastramos de la década de los ochenta crea una situación verdaderamente espeluznable, que los datos del censo muestran: de la población económicamente activa sólo el 25% tiene empleo permanente y remunerado y 18 millones sobreviven en condiciones críticas, sin tener empleo permanentemente, estable y remunerado!
E incluso un último indicador, antes de entrar a otras consideraciones. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional, bajo el Gobierno de Carlos Salinas. ¡Pues también ha bajado, en más de 1%!
Alguien dirá: "Bueno, ¿qué significa que baje en un 1% la participación a los trabajadores?". Significa varios billones de pesos, de viejos pesos, que los trabajadores mexicanos dejan de recibir por concepto de su reducción en la participación del ingreso nacional.
Por lo anteriormente expuesto, el balance económico que nosotros hacemos de 10 años de políticas de ajuste estructural, es un balance
negativo. Tenemos menor producción agrícola en términos per capita y en muchos sectores productivos, que no son exportadores, tenemos menor producción agrícola - industrial, tenemos menor producto por habitante y tenemos un mayor número de población viviendo en extrema pobreza.
Y es ahí donde entra el otro elemento del cuestionamiento que nosotros hacemos a la política gubernamental.
La idea central que sustenta la propuesta del Partido de la Revolución Democrática es que no basta atacar la pobreza solamente con los efectos terminales: banquetas, luz eléctrica, agua potable, fondos, Programa Nacional de Solidaridad y otro tipo de aplicaciones.
La experiencia de más de 40 años de desarrollo económico en nuestro país, a partir del Gobierno del General Lázaro Cárdenas, y la experiencia de otros países que han instrumentado procesos exitosos de crecimiento económico, es que la mejor manera de combatir la pobreza y la miseria es: fomentando la creación de empleos, aumentando los salarios reales de amplios sectores de la población y creando una demanda interna en expansión, que complementada con la demanda externa, permite un proceso largo de crecimiento económico que fortalece la soberanía y la independencia nacional.
Esa es la experiencia mexicana, pero es también la experiencia internacional, y eso es congruente con los principios constitucionales. Por ello nosotros cuestionamos toda una escenografía en términos de argumentación que se nos dice: "Es que la mitad del Presupuestos de Egresos de la Federación, especialmente del gasto programable, se va a destinar a desarrollo social".
¿Pero cuál es la realidad, compañeros legisladores? Eso apenas es el 9% del producto interno bruto, que es lo mismo que se dedicaba a gasto social hace apenas 12 años. No hay, pues, una mejora sustacial en términos reales. Pero el otro problema es que tenemos una población desempleada creciente y una población con bajos niveles de vida y bajos niveles de salarios, en donde el gasto social no alcanza a cubrir el enorme regazo en materia de empleo y de ingresos que está siguiéndose por una política de desindustrialización y de desmantelamiento del sector agropecuario.
¿De qué sirve, pues, gastar la mitad del Presupuesto de Egresos de la Federación en gasto social, si por el otro lado se les está quitando a los trabajadores casi 140 ó 140 millones de millones de pesos por concepto de la reducción de los salarios reales que se ha operado a lo largo de más de 12 años? Así se incrementara Solidaridad en 10 veces, pasando de 7 billones de viejos pesos a 70 billones de viejos pesos, eso no alcanza a cubrir la pérdida de ingresos reales de los trabajadores mexicanos, motivado por la baja de los salarios a lo largo de más de 10 años, ¡no alcanza!, ¿por qué?, porque están perdiendo los trabajadores en sueldos que dejan de recibir, más de 130 ó 140 billones de viejos pesos.
Por eso es que nosotros pensamos que ya es el momento, hoy, 1992, diciembre, de pensar en otra estrategia de política económica.
Otro argumento, se nos dice: "es que tenemos que bajar", y el licenciado Aspe lo repitió durante ocho horas de manera reiterada, "tenemos que bajar la tasa de inflación a niveles internacionales, como única forma de ser competitivos en nuestras relaciones económicas". Falso, señores Legisladores!, ¡falso!
Durante muchos años economías como la italiana y la española han tenido un creciente proceso de integración económica, virtuoso, adecuado, interdependiente, con impactos multisectoriales, con tasas de inflación más altas que las internacionales, y es que la clave no está en la tasa de inflación, la clave está en la fortaleza de los procesos económicos internos, en la reconversión productiva, en un mecanismo que permite el incremento del ingreso y del empleo al mismo tiempo que se fortalecen diferentes sectores productivos.
El mito de que tenemos que bajar la inflación a niveles internacionales, reduciendo el crecimiento económico y con un superávit presupuestal que inhibe las potencialidades productivas de la nación, es eso, es un mito, porque no hay ningún argumento, ni desde el punto de vista del proyecto constitucional de nuestra nación, ni desde el punto de vista de las exigencias de la ciencia económica, que hagan necesario una draconiana política de contracción para bajar la inflación a costa, claro, del incremento del desempleo, del aumento de la pobreza de millones de mexicanos y de la contracción económica en muchas regiones del país.
Otro punto que resulta preocupante, es que siendo inminente la firma por el titular del Ejecutivo Federal del Tratado de Libre Comercio y anunciándose hoy en los periódicos que a partir de
abril el Senado de la República discutirá este Tratado de Libre Comercio, el presupuesto no incluye ninguna previsión, ninguna de un plan nacional de reconversión agrícola y de reconversión industrial, ¡nada! solamente sabemos que existe un macrorrubro de 26 millones de erogaciones no sectorizables que no está desglosado en el tomo específico, solamente se nos dice a groso modo en qué van a ser gastados algunos de estos rubros, y se nos dice, para que creamos, como si fuera una confesión puramente religiosa, que van a ser usados para fomento económico, pero no hay ninguna previsión de reconversión agrícola y de reconversión industrial. Y no hay tampoco una previsión de cómo se va a apoyar a las regiones de menor desarrollo relativo a los sectores de menor desarrollo relativo que sean afectados por este proceso de integración acelerada, que puede darse a partir del año de 1994, pero que está en marcha desde el año de 1985.
La propuesta del Partido de la Revolución Democrática en ese sentido es una propuesta integral. Como punto de partida proponemos un nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación, que modifique las tendencias descendentes que muestra el presupuesto en una serie de rubros y que nos permita iniciar, así sea sólo con los primeros pasos, una expansión ordenada, que nos aleje del desorden presupuestario, que nos aleje del desequilibrio de las finanzas públicas, que nos mantenga en un presupuesto equilibrado, pero que atienda necesidades fundamentales en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de agricultura y en materia de protección ecológica y necesidades fundamentales de la población. Esto es posible, es viable, y sólo la tozuda negativa del Gobierno a instrumentar una política de cambio estructural en favor de las grandes mayorías impide ello.
Efectivamente, hubo discusiones en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, fructíferas, las tuvimos para el análisis de Cuenta Pública y las tuvimos para el Presupuesto. Cinco grupos de funcionarios en diferentes ocasiones vinieron a dialogar con los diputados de esta Comisión.
Tuvimos cuatro reuniones para discutir el proyecto de dictamen pero lo que resulta preocupante estimados compañeros Legisladores es que si una lee el proyecto de dictamen que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados a través del licenciado Aspe el 10 de noviembre, si uno lee el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, mejor dicho por la mayoría de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública el pasado viernes, es exactamente igual, ni un peso, ni un centavo, ni una coma, ni un punto fue modificado de esa propuesta presupuestaria que envió el Ejecutivo Federal. Alguien dirá es que no hubo propuestas, claro que las hubo, el Partido Acción Nacional propuso una modificación de asignación de la mitad del superávit fiscal; el Auténtico de la Revolución Mexicana propuso modificaciones; el Frente Cardenista propuso modificaciones y el Partido de la Revolución Democrática por conducto de un servidor de ustedes propuso de manera integral un nuevo Presupuesto de Egresos de lo Federación que permitía una aplicación completa de superávit fiscal para una serie de rubros prioritarios.
Nosotros y en esta tribuna distintos diputados del Partido de la Revolución Democrática que pasarán a continuación, sustentarán esta propuesta, nosotros proponemos en términos generales un aumento del gasto total del orden del 6.7% y proponemos de manera específica en el gasto primario, es decir lo que queda una vez que se pagan los intereses de la deuda interna y externa, un aumento del 7.5%, pero en algunos rubros prioritarios como son vivienda, agricultura, bienestar social y particularmente las transferencias a estados y municipios de la Federación, proponemos aumentos que van del 7.7% al 13% pero con tres importantes excepciones que es que en el caso de desarrollo urbano proponemos un aumento de 28% fundamentalmente para vivienda. (Aplausos.)
En el caso del abasto popular, proponemos un aumento del 26% y en el caso de Pesca proponemos un aumento del 97%. Estos tres sectores, Agricultura, Vivienda y Pesca tienen esa extraordinaria cualidad de permitir inversiones aceleradas que no impactan en la balanza comercial, no incrementan el déficit de la balanza comercial, generan de manera inmediata en días y semanas a partir de la instrumentación de este aumento del gasto, empleo e ingresos para cientos de miles de mexicanos crean un beneficio social por la vía del empleo y el ingreso de manera directa, permite disminuir en el caso de la vivienda el gravísimo déficit que en materia de vivienda tienen millones de compatriotas mexicanos y permite a su vez aumentar la oferta en este caso de alimentos agrícolas de origen agrícola y de alimentos de origen pesquero para ayudar a combatir la inflación por la vía de una oferta mayor de alimentos para el conjunto de la población. Pensamos pues que estas propuestas que yo solamente estoy embozando de manera muy rápida ante ustedes, son apenas el primer paso de una
estrategia de una reactivación económica con fortalecimiento del ingreso y con fortalecimiento del empleo.
Por último quisiera referirme a lo siguiente; el dictamen tiene desde nuestro punto de vista elementos críticos particularmente el proyecto de decreto porque por un lado autoriza al Ejecutivo a utilizar el superávit fiscal para pagar la deuda interna y eso es criticable cuando hay necesidades productivas y sociales tan importantes como el que estamos aquí reseñando. Pero además hay un elemento que vamos a sostener en éste y en los próximos meses, la mejor manera de disminuir el peso de la deuda interna y de la deuda externa, no es de ninguna manera sacrificando al pueblo, tampoco es vendiendo empresas que son patrimonio de la nación para pagar deudas. (Aplausos.)
Lo que hay que hacer y debió este país hacerlo desde hace años es apostar a un crecimiento ordenado, equilibrado, ¿por qué? Porque una economía que crece anualmente al 5% ó 6% anual acumulativo, por el propio proceso de crecimiento del producto si a la deuda interna y la externa se mantiene constante, el porcentaje de la deuda interna y de la externa como parte del producto interno bruto disminuye por que la economía en su conjunto está fortaleciéndose, pero además el bienestar de los mexicanos se fortalece gracias a un crecimiento ordenado y justo, pero hay otro elemento que nos preocupa particularmente de este proyecto de decreto.
Uno de ellos, el peso desmesurado que dentro de este Presupuesto de Egresos tienen las erogaciones no sectorizables, 26 billones de viejos pesos a groso modo, y especialmente una partida dentro de erogaciones no sectorizables por más de un billón de pesos que va a gastos contingentes del Ejecutivo.
Entendemos que la Presidencia de la República requiere recursos. Hay una partida, la 0002, que se llama así "Presidencia de la República", donde deben ser asignados de manera directa y trasparente los recursos que requiera esta oficina de la Presidencia, pero no estamos de acuerdo que haya estos grados de discrecionalidad en asignación de gasto, derogaciones no presupuestables.
Me adelanto al argumento, alguien me dirá "es que el diputado Calderón no leyó un anexo que le entregaron hace cinco minutos, en donde se desglosaba las erogaciones no sectorizables". Sí lo leímos señores legisladores, y en ese anexo viene el mismo grado de generalidades que se maneja en el domo, porque no se cumple una obligación fundamental de una sana práctica presupuestaria que es asignar de manera específica y no contingente, gastos a aplicación determinada, y abrir ciertas ventanas de flexibilidad, pero no en la asignación presupuestaria sino en otros mecanismos.
Un último punto que llamamos la atención de los legisladores, es el siguiente: Hay una serie de artículos que no voy a extenderme, que tienen que ver con los artículos 13, 14, 15, 18, 26, 27, 29, 32, 38 y 39, que conceden enormes facultades discrecionales al Ejecutivo Federal, y especialmente a la Secretaría de Hacienda para vender las paraestatales que quiera vender con excepción de las que fueran creadas por el Congreso de la Unión, para modificar partidas presupuestales hacia el alza donde lo crea pertinente; para reducir la asignación de partidas presupuestales donde lo crea pertinente sin ningún tope; para cancelar partidas presupuestales y para una serie de mecanismos que hacen que a la vuelta de unos meses y leyendo textualmente lo que viene en el proyecto de decreto, bueno pues la Secretaría de Hacienda tiene la libertad de hacer lo que quiere con el presupuesto sin que nosotros los legisladores podamos cuestionarlo porque se le está dando un poder discrecional de enorme importancia a la Secretaría de Hacienda.
Por ello, es que nosotros estamos cuestionando no solamente los montos presupuestales aquí asignados, sino también la metodología y el proceso de formulación de este Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, pero no por ello menos importante, en la discusión en lo particular que daremos en el curso de esta sesión, presentaremos una propuesta de flexibilización presupuestaria en materia del Instituto Federal Electoral para que en la hipótesis de que el Programa de Fotocredencialización no pueda ser realizado en los tiempos originalmente previstos, exista la flexibilidad de la Secretaría de Hacienda con autorización expresa del Congreso, para asignar los recursos adicionales que requiera.
Pero en suma, nuestro punto de vista es que hay otro camino para la nación. Lo dijimos quienes participamos en la comparecencia del licenciado Aspe, lo hemos dicho en pueblos y comunidades y a todo lo largo y lo ancho de la nación. Hay otro camino, hay otra ruta distinta a la privatización de empresas paraestatales, al ajuste estructural y a la baja de los salarios.
Una ruta que permite mejoramiento del empleo y del ingreso, fortalecimiento de la planta
productiva y de la pequeña y mediana empresa; desarrollo rural y desarrollo industrial y fortalecimiento de la independencia y de la soberanía con democracia.
Y en esa ruta, estamos comprometidos los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel de la Garza, del Partido Acción Nacional, para fijar posición.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados:
Una política financiera gubernamental sana, debe tener tres objetivos básicos, y estos tres objetivos básicos deben ser siempre tomados en cuenta para juzgar o la bondad del sistema recaudatorio o la bondad de un presupuesto de egresos.
¿Qué nos dice la doctrina sobre estos tres objetivos básicos? Primero, que debe haber libertad plena del ciudadano para ejercer cualquier actividad legítima. Obviamente violenta la libertad plena del ciudadano para escoger una actividad legítima, cuando implementa programas como el Programa Nacional de Solidaridad, en el que explotó la carencia de un gran número de mexicanos. Debe haber a la vez o debe tener como meta una política financiera gubernamental sana, que haya óptimos niveles de vida, y ciertamente no procuro estos óptimos niveles de vida cuando mantengo un presupuesto educativo precario.
El tercer y último objetivo de una economía gubernamental sana, de una política financiera gubernamental sana, perdón, es que la distribución del ingreso entre todos los ciudadanos de un país, sea de conformidad con principios de equidad, que le permitan a cada ciudadano satisfacer en forma razonable sus necesidades.
Teniendo en cuenta este gran marco, cuál es el rol del Gobierno en materia de finanzas públicas, yo no tengo duda y, seguramente todos ustedes coincidirán conmigo, que el Gobierno en determinadas áreas es mucho más eficaz que la iniciativa privada, y viceversa; el Gobierno en determinadas áreas no es tan eficaz como lo es la iniciativa privada.
La tesis neoliberal de que entre menos Gobierno será más eficaz la economía, no es necesariamente cierta; un buen Gobierno debe ser eficaz, creativo, honesto en lo que le corresponde hacer y no ceder sus funciones.
Y aterrizo por poner algunos ejemplos. Déjenme referirme al transporte urbano público. No hay ciudad en Estados Unidos en que el transporte urbano público no sea controlado y dirigido por las entidades municipales. Aquí en México sentimos que nuestras entidades municipales no tienen la capacidad para establecer un servicio urbano público decoroso para los ciudadanos. Y el Gobierno del Estado, y hablo concretamente por lo que a Monterrey toca, tiene en sus manos el control del transporte urbano en Monterrey, cuando esto debería ser una función municipal; tiene en sus manos el metro, cuando esto debería ser un control municipal. Hay una yuxtaposición de poderes, de funciones. Y claro, esto provoca que el obrero regiomontano pierda dos horas para llegar y regresar de su trabajo, y esto en el nivel globalizador económico en que nos vamos a colocar, deteriora la productividad.
Por eso, cuando desde esta tribuna en reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de aumentar las participaciones a entidades federativas y municipios, nosotros no consideramos que sea un gasto; es realmente una inversión que va a mejorar la productividad de muchos mexicanos.
Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿cómo puedo juzgar la bondad del presupuesto? ¿Cuál es el roll óptimo de un Gobierno en materia de gasto y de inversión pública?
La teoría lo señala en forma muy simple: el gasto o el costo de la inversión pública debe provocar un beneficio social, al menos igual al costo o al gasto. Se procura en muchas ocasiones que el beneficio social sea superior.
Cuando yo construyo o el Gobierno construye una presa por ejemplo, es evidente que si está bien planeada esa obra de irrigación, el beneficio social será mucho mayor que el costo o el valor de la obra.
¿Pero qué sucede en México? generalmente el costo de una obra pública o el gasto público, y esto lo reconocen propios y extraños, distinguidos miembros de la mayoría de este Congreso, se contamina con la corrupción, y entonces resulta que el costo de la obra, que el gasto público es muy superior al beneficio social que derrama.
Con esta filosofía diría yo, filosofía básica de lo que son unas sanas finanzas públicas, mi
fracción parlamentaria analizó el presupuesto que puso a la consideración de esta soberanía el Poder Ejecutivo.
Y por aquello de que en la réplica alguien me señale que estoy violentando la Ley de Contabilidad y Presupuesto, porque cualquier reforma al presupuesto que haga un diputado, debe hacerse a través de la Comisión correspondiente, de anticipo señalo que no obstante que estamos en contra del superávit para no violentar el equilibrio presupuestal en el proyecto de iniciativa que espero sea aprobado, por que es un proyecto razonable, mantenemos el superávit.
Nosotros tuvimos en cuenta, fundamentalmente, factores de productividad, factores de racionalidad en la asignación de recursos, y factores de eficiencia.
Analicemos lo bueno del presupuesto, no todo es malo, y si hemos de actuar con rectitud intelectual, tenemos que reconocer lo bueno.
Nos dio mucho gusto comprobar que la Secretaría de Hacienda, el presupuesto asignado a la Secretaría de Hacienda, en términos reales con respecto al año de 1992, bajó un 6%. Advierto que para hacer esta comparación indexamos el presupuesto de 1992 en un 7%, dando por bueno, cosa que dudamos, el pronóstico del Gobierno de que la inflación del año que entra será de 7%. Es bueno que el órgano que ejerce el control sobre el presupuesto dé muestras y se apriete el cinto, y esta apretada del cinto la hemos implementado en todas y cada una de las secretarías de Estado. Así como en Hacienda se van a apretar el cinto, y en términos reales van a bajar su presupuesto en un 7%, desde la Presidencia de la República hacia abajo tienen que apretarse el cinto y bajar su presupuesto.
Nos dio gusto que a raíz de nuevas disposiciones, el Ramo 18, relativo a Energía, Minas e Industria Paraestatal, haya una sustacial mejoría; hay una mejoría de 1 mil 100 millones de nuevos pesos. Esta mejoría se debe fundamentalmente porque deja de pasarse subsidios a Comisión Federal de Electricidad y terminó la vida de Fertilizantes Mexicanos. Ahí había transferencias el año pasado por 1 mil 100 millones de pesos nuevos.
Nos dio mucho gusto también que una rama muy importante, que debemos impulsar, como lo han hecho los países europeos, que es el turismo, tenga un aumento en términos reales del 29%.
Nos dio mucho gusto conocer por primera vez que al Ejercito Nacional sirven 157 mil 10 personas; es un contraste este dato con el presupuesto del ejercito anterior, donde sólo se reportaba en el ramo de la Secretaría de la Defensa a 46 eventuales. Felicitamos pues al Ejecutivo que ahora ya nos dé a conocer el número de mexicanos y mexicanas que integran nuestra fuerza armada.
Ahora vámonos a lo negativo. Nos encontramos que sectores prioritarios, como lo son la agricultura y la pesca, tienen un presupuesto asignado en términos reales más bajo que el de 1992. Si algún detonante económico debemos tener, es precisamente en estos dos sectores básicos, agricultura y pesca; equilibramos el presupuesto asignado a agricultura, y ello implicó aumentarlo en un 17%. Y según nuestros expertos en materia de pesca, hay necesidad de darle un gran impulso a este sector, y en esa virtud aumentamos el presupuesto en términos reales con respecto al año pasado, en un 50%.
De tajo, de tajo, repito, hemos quitado una partida poco transparente, que provoca confusión y que es la denominada erogaciones no sectorizables. Esta partida de erogaciones no sectorizables representa 26 mil 200 millones de nuevos pesos; es decir, casi una tercera parte del presupuesto central, que asciende a 89 mil 800 millones de nuevos pesos.
Nuestros comisionados, tras arduas luchas, por así decirlo, por fin obtuvieron el análisis de esta partida confusa y difusa: "Erogaciones no sectorizables".
Y lo que hicimos fue, a través de asignar partidas específicas, distribuir estos 26 mil 200 millones de pesos en cada una de las dependencias que debe ejercer en este presupuesto.
El famoso Programa Nacional de Solidaridad, el famoso Programa Nacional de Solidaridad en forma reiterada, pero no habremos de cansarnos de repetirlo hasta en tanto no se acabe con esa nefasta organización, aplicado con propósitos de buscar clientela, de capitalizar políticamente clientela para el partido oficial, lo hemos integralmente transferido en una aportación especial a los Estados y a los municipios. (Aplausos.)
Y, en este sentido, no queremos que haya la más mínima intervención de la Federación. Necesitamos fortalecer nuestro federalismo.
Estos son, señores, a grandes rasgos, los conceptos básicos que motivan el que reformemos el presupuesto que se sometió a la consideración de esta soberanía.
Se me pasaba otro aspecto muy importante, que es la educación. La educación, nosotros sentimos que debemos cumplir con los niveles establecidos a nivel de la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas. Somos candil de la calle y oscuridad en la casa.
Leía, precisamente el día de ayer, en la prensa que Todd, Eugenio Todd, que fue subsecretario de Educación y que ahora es el representante de nuestro país en la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, hacía una excitativa a los países latinoamericanos y pueden consultar el periódico El Norte, del domingo, hacía una excitativa a los países sudamericanos de la necesidad de que sus presupuestos en materia educativa alcanzaren el 8%.
Y señalaba que en los Estados Unidos de América el presupuesto dedicado a educación asciende a 7.9, y que ante la eminencia del Tratado de Libre Comercio, pues era necesario que elevaran sus presupuestos. Y realmente Eugenio Todd, ex subsecretario de educación, haciendo esa excitativa a los países latinoamericanos, sin aplicarlo internamente.
Nosotros hemos asignado el 8% del producto interno bruto a la educación, pero la educación tenemos que tomarla en forma integral, porque la educación la imparte el Estado, la imparten los particulares y también se gastan grandes cantidades en materia de investigación que forman parte de este rubro de la educación. Entonces de los 41 mil 600 millones asignados, incluyendo las dos partidas, la relativa a educación y la partida que se descentraliza, parte del gasto, a las entidades federativas, eso da los 41 mil millones, nosotros la subimos a 55 mil 300 millones.
En consecuencia y alguien le señalaba al diputado Lujambio que la tribuna no era el lugar para hacer reformas a nuestros proyectos, a los proyectos que presenta el Legislativo, que las reformas se hacen en el cabildeo, con los secretarios, con el Presidente, y pues yo francamente creo que independientemente de estos procesos parlamentarios modernos, la tribuna es el conducto adecuado de comunicación para que con mente abierta, dejando a un lado las disciplinas de partido, votemos en conciencia lo mejor para los mexicanos.
Y sentimos, amigas y amigos diputados, que este presupuesto que con mucho orgullo presenta mi fracción parlamentaria a su consideración, debe ser motivo de análisis y sinceramente creemos debe ser aprobado.
Para no cansarlos con la redacción de nuestra iniciativa para reformar el presupuesto de egresos, señalo los cambios fundamentales dejando en la Secretaría, cumpliendo con la formalidad correspondiente de dejar en la Secretaría debidamente firmada, la iniciativa correspondiente.
El artículo 2o. asigna al poder central un presupuesto de 89 billones 809 mil 142 millones 700 mil pesos. Nosotros asignamos un presupuesto de 106 billones 993 mil 624 millones 900 mil pesos. La Presidencia, y aquí me voy a referir exclusivamente a miles de pesos, a la Presidencia que se le habían asignado 279 mil millones, nosotros le asignamos 235 mil, o sea, que aplique esa austeridad del 6% que aplicó la Secretaría de Hacienda.
Dentro de las partidas no sectorizables estaba la partida secreta, entonces establecemos el rubro 2.1 y no tenemos por qué esconder la partida secreta de la Presidencia de la República si está establecida en la Constitución y esta partida secreta según el análisis de los conceptos no sectorizables, asciende a 591 mil millones 600 mil pesos.
En Gobernación no nos explicamos, tiene un aumento significativo del 17% en términos reales. ¿Qué, ya están preparando para la campaña presidencial o qué?, entonces la bajamos en 665 mil 800 millones de pesos, y establecemos el ramo 4.1 derivado del renglón éste de partidas no sectorizables para incluir ahí la infraestructura penitenciaria que sentimos que es una buena acción y destinar 298 mil millones 800 mil, como está previsto en el presupuesto; en Relaciones Exteriores, de 647 mil lo bajamos a 554 mil. Y ahí asignamos las cuotas a organismos internacionales, incluidas en ese renglón nebuloso al que ya me he referido en reiteradas ocasiones y, las cuotas a organismos internacionales, para claridad de todos, ascienden a 166 mil millones 500 mil pesos.
Hacienda, respetamos el presupuesto, fue el que puso la muestra, lástima que el resto de las entidades federativas no lo quieran hacer, respetamos su presupuesto de 2 mil 699; y añadimos el rubro 6.1 de censos nacionales, por 568 mil millones 400 mil; a la Defensa Nacional, también sentimos que debe apretarse el cinturón, no estamos en épocas de guerra, entonces de los 4 mil 50 millones lo reducimos a 3 mil 412.
Y en lo no sectorizable estaba una partida para promover la vivienda militar por 185 millones, que queda incluida en el nuevo rubro 7.1. Por lo que toca a agricultura, de 5 mil 337, la
elevamos a 6 mil 664; sentimos que éste es un renglón que debe tener este incremento real al que antes me refería, del 17%. De lo no sectorizable debe ser manejado por agricultura, la promoción al campo donde están asignados 4 mil 371 millones, lo cual también nos parece correcto.
A Comunicaciones y Transportes, le bajamos su presupuesto de 5 mil 172 a 4 mil 863; a Comercio y Fomento industrial, le bajamos su presupuesto de 6 mil 419 a 5 mil 598, y le incluimos la partida incluida en lo no sectorizable, a través del rubro 10.1 de apoyo en la infraestructura económica por 1 billón 753 mil 500 millones de pesos; a Educación Pública, y aquí incluimos en Educación Pública las aportaciones para educación básica en los estados, de 41 mil millones que implicaban las dos partidas, estamos elevándola como ya lo señalamos, a 55 mil millones 300 mil.
El renglón Salud, al que se habían asignado 4 mil 635, nos parase importante aumentarlo en términos reales y lo aumentamos a 5 mil 35.
A nivel de la Marina, pues yo creo que aquí no hay que presumir y de 1 mil 300 millones asignados, lo bajamos a 1 mil 126.
En Trabajo y Previsión Social, de 425 mil millones, lo bajamos a 320 mil e incluimos la partida globalizada en lo no sectorizable, de 21 mil 300 millones, para mejoramiento a la productividad.
La Reforma Agraria, nos parase que debe establecerse un programa de terminar con esa Secretaría en un período de tres años y por eso hemos bajado su presupuesto de 622 mil millones, a 301 mil. Este es un rubro que tiene que ir disminuyendo y que tiene que desaparecer a más tardar en los siguientes dos años.
Por lo que toca a la Procuraduría General de la República, su presupuesto de 708 propuesto, lo disminuimos a 664 e incluimos una partida dentro de lo no sectorizable, de 394 mil millones 800 mil para justicia y seguridad social.
Energía y Minas lo conservamos, nos parece que aquí sí se está dando muestras de ir acabando con el mal de las transferencias y lo dejamos en los 315 mil millones 900 mil.
Las aportaciones a seguridad social, las dejamos en los 7 mil 185 previstos en el presupuesto, pero agregamos el rubro 19.1, que es: programas de prestaciones económicas y sociales, por 1 mil 813 millones, también que se deriva del rubro no sectorizable.
El desarrollo social lo dejamos en los 836 millones; el turismo, que como ya mencionamos nos parece muy positivo que... hubiera incrementado en términos reales, lo dejamos en los 432 mil millones; quitamos el rubro 23 de erogaciones no sectorizables que ya las distribuimos en cada uno de los renglones del presupuesto, y a la Contraloría General de la Federación, que también es una Secretaría cuyo presupuesto se había incrementado significativamente, de 76 mil lo bajamos a 58 mil.
Por lo que toca al artículo 3o. del presupuesto, que se refiere a las erogaciones previstas en el presupuesto de egresos de la federación para los estados y municipios en el año de 1993, el presupuesto de 62 mil 416 millones 378 mil 800 pesos, lo bajamos a 37 mil millones 889 mil 800 pesos, para dejar exclusivamente en esto las participaciones de estados y municipios, que es el rubro 28 y que no lo podemos cambiar porque este rubro se nutre de la Ley de Coordinación Fiscal.
Entonces , señor Presidente, estoy terminando la lectura de mi iniciativa. Le pediría a usted cinco o 10 minutos más.
El Presidente: - Con mucho gusto.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Las participaciones a estados y municipios, repito, que es el rubro 28, por 34 mil millones 329 mil 800 pesos, ese rubro no lo podemos cambiar, porque tiene su origen en la Ley de Coordinación Fiscal, pero estamos aumentándolo también con un trío de las partidas no sectorizables, con el rubro 28.1, que denominamos apoyos a entidades federativas y municipios para su desarrollo, por 3 mil 560 millones.
Por último, hacemos una reforma al artículo 6o. derivado de estos ajustes presupuestales de los dos grandes renglones mencionados anteriormente, y eso, repito, afecta al artículo 6o. Y concretamente en el artículo 6o., estamos añadiendo a las transferencias que están previstas por 13 mil 306 millones 936 mil 800 pesos, las añadimos con el ramo central relativo al programa salarial para el sector paraestatal, porque dentro de las partidas de lo no sectoriable, están aumentos salariales en el transcurso del año.
Entonces lo previsto para el sector paraestatal, que son 6 billones de pesos, están aumentadas. Y también el apoyo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por mil y pico de millones de pesos, lo cual aumentan las transferencias en 7 mil
millones 498 mil 500, con una partida especial que se denominará:
Transferencias del Sector Central, el rubro 023, para cubrir el programa salarial del sector paraestatal y apoyo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 7 mil millones 498 mil 500.
Esta es, señores, nuestra propuesta. Es una propuesta seria, es una propuesta que sentimos logra cumplir estos objetivos básicos a los que me refería en un principio, de un financiamiento público sano; es una propuesta que trae aparejada un adelanto en el equilibrio social de los mexicanos, una propuesta que trae un progreso en el federalismo, al darle mayores recursos a los estados y municipios. A su muy distinguida consideración queda esta propuesta, con la esperanza de que será aprobada. Muchas gracias.
El Presidente: - Pasa al final la propuesta presentada por el diputado Daniel de la Garza, para su votación.
Tiene el uso de la palabra la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, por el Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición.
La diputada María de los Angeles Moreno Uriegas: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Quiero empezar destacando algo en lo que sin duda coincidimos. Contribuir al bienestar de todos los mexicanos es, sin duda, el interés superior que guía la labor de este órgano legislativo; dictar buenas leyes que den cauce a la convivencia armónica y constructiva de nuestra sociedad, que sigan siendo el marco que exprese y conduzca la voluntad de los mexicanos de lograr una nación más justa, soberana y democrática, es la tarea más alta que nos han encomendado nuestros compatriotas.
También sin duda respetamos mucho nuestra labor y las funciones de esta Cámara en la que participamos.
Es por eso que nuestro trabajo en las comisiones correspondientes, en este caso la de la Programación y Presupuesto, también nos merece el mayor respeto.
Y es por ello que cuando discutimos en el seno de la comisión algo tan complejo como un presupuesto, que lleva muchos meses y muchos detalles y la consulta de muchas leyes y muchas cuestiones que deben verse armónicamente vinculadas, tenemos que pensar que no es factible hacer en unos días una propuesta alternativa a un presupuesto. Y también pensar en que desde el Gobierno un área especializada en estos asuntos, trabaja con todos los elementos humanos, técnicos y de otro tipo de recursos, para construirlo.
Yo creo que la discusión que se dio en el marco de la Comisión fue efectivamente como aquí una de nuestras compañeras señaló: muy rica. Y que el dictamen trató de recoger algunos de los principales puntos de concordancia y también de disenso.
Y seguimos pensando que las propuestas que seriamente pueden ser consideradas, tienen que darse al analizar papeles, al sacar datos y cifras, en un marco diferente al de un pleno, que frecuentemente, ante tantas cifras, se abruma y lamentablemente no nos escucha.
Yo no quisiera tampoco abrumarlos ni con cifras ni en el tiempo. Me parece que como parte de este trabajo y de esta encomienda que tenemos, hemos de volver a plantear que un instrumento estratégico para dar rumbo, ritmo y sentido a nuestro crecimiento e imprimirle un sello de equidad social, es, sin duda, el gasto público.
Por eso coincido en que no es solamente una discusión técnica, es una discusión política y con amplias repercusiones sociales.
Este gasto público refleja y subraya prioridades, destaca compromisos de cambio y hace evidente, en acciones concretas, el impulso que en un año queremos dar a sectores, actividades, regiones y grupos de población, coherente con un plan de desarrollo de más largo aliento, que expresa nuestros objetivos de ser un país moderno, que crezca de manera sostenida en lo económico y en forma ordenada en lo ecológico. Con capacidad de autodeterminación y voluntad de colaboración ante el exterior. Con tolerancia y con paz social. Con democracia perfeccionada y con libertad.
Es por ello que la discusión del proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación resulta tan relevante. Es por ello que la consideración acuciosa de su contenido y su congruencia con los objetivos que en diferentes plazos nos hemos propuesto como nación, provoque en nosotros la necesidad de reflexionar y encontrar ideas. Y yo insisto: esto no es sólo técnico, es político en el más amplio de los sentidos.
La asignación del gasto público y su ejercicio eficiente debe apoyar la modernización económica y la satisfacción de las justas demandas
de mejores condiciones de vida para los mexicanos. Coincidimos en ambos propósitos. Para lograrlos, es que estamos trabajando. Es cuestión de ritmos y de percepción en cuanto a la utilización de los diferentes instrumentos de la política económica.
Un gasto público bien dirigido, administrado con eficiencia y centrado en áreas estratégicas y prioritarias, es uno de los mecanismos más eficaces para promover la estabilidad, el crecimiento económico y en general para lograr los objetivos de nuestro proyecto nacional. Pero no es el único, y tiene que ser consistente con otros instrumentos de la política económica.
Yo deseo destacar en esta intervención dos grandes cuestiones: una, la de la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación y cómo contribuye a lograr los propósitos de bienestar. La otra, la de la congruencia entre lo planeado y lo realizado. Y quiero empezar por esta segunda consideración.
En efecto, independientemente de las discrepancias ideológicas o disensos partidarios, es evidente que los hechos en los últimos años muestran una gran congruencia entre lo que se dice y lo que se hace; y una evidente consistencia en la condición económica de esta administración.
Recordemos un poco. En su mensaje de toma de posesión el Presidente Salinas propuso a la nación en lo interno tres grandes acuerdos básicos: Recuperar el crecimiento con estabilidad; avanzar en la vida democrática y mejorar el nivel de vida de la población, así como combatir la pobreza extrema. Ha sido sobre estos tres acuerdos que hemos avanzado sustancialmente. Fue sobre ellos que se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y sobre los que han sido establecidos los programas sectoriales de medio plazo. Todos están escritos y han sido puestos a nuestra consideración en su momento.
Pero, sobre todo, ha sido sobre esos mismos tres objetivos que se han jerarquizado las acciones y se han manejado los recursos públicos. Y esto es lo que cada uno de los presupuestos de egresos de la federación ha concretado anualmente y esto es lo que hace también el que se propone para 1993.
Veamos, por ejemplo, que con respecto al crecimiento en los últimos cuatro años, después de un largo período de estancamiento, el país ha retomado la senda del crecimiento económico, éste, entre 1989 y 1992 ha presentado una tasa promedio anual 3.5%. Sí, es cierto, con altibajos y con diferencias entre sectores y ramas, esto nunca se ha negado; pero siempre superior a la dinámica de la población.
El presupuesto siempre podrá discutirse en cuanto a su suficiencia, porque las necesidades sociales son muy amplias, pero que es y debe de ser acorde con las posibilidades económicas del país en lo interno y en su marco internacional, no hay duda. Y que tenemos que imprimirle un ritmo a aquello que vamos consiguiendo, también.
Vale la pena destacar que, por un lado, se ha buscado impulsar este crecimiento con el aumento de la inversión, orientada sobre todo a la transformación estructural del aparato productivo, para hacerlo más eficiente y competitivo, para abastecer mejor al mercado interno y, por otro, con el aumento de exportaciones no petroleras que estimulen la competitividad hacia el exterior.
En cuanto a la estabilidad, la inflación se ha reducido a su nivel más bajo en los últimos 20 años y sus variaciones anuales continúan mostrando una marcada tendencia descendente. Así, es factible pensar en alcanzar una tasa de entre 11 y 12% al finalizar este año y buscar una meta de alrededor de 7% en 1993.
Sí, el combate a la inflación se mantiene en el primer plano de la estrategia económica para 1993, en ello podemos o no estar de acuerdo como algo primordial, pero es cierto que la estabilidad de precios es premisa para la recuperación del crecimiento del poder adquisitivo del salario y del empleo con carácter sostenido. Se dijo, se ha hecho. Se persevera para lograr más avances en una camino ya muy recorrido y que nos ha costado, a todos, un enorme esfuerzo.
No es casual, por otra parte, que muy diversas corrientes del pensamiento económico coincidan en lo indeseable de la inflación.
Por otro lado, las tasas de interés se redujeron, y esto me importa destacarlo porque es un elemento para facilitar a cometer proyectos productivos que estimulen el empleo. El crecimiento de la actividad económica, la estabilidad de precios y el saneamiento de las finanzas públicas que, como en otras oportunidades se ha subrayado, no son fines en sí mismos, sino son medios, han permitido fortalecer el ahorro interno e incrementar el flujo de financiamiento disponible para los sectores productivos, nuevamente pensando en estimular el empleo y en alentar el incremento
de productividad, que pueda distribuirse en mejores percepciones, hacia los trabajadores.
Tampoco se ha negado que haya problemas en estas retribuciones y coincidimos en que queremos una mejor distribución.
El país mantiene la estabilidad monetaria y cambiaría y ha fortalecido su posición financiera internacional. Actualmente no transfiere recursos al exterior y sí, en cambio, utiliza ahorro externo como complemento del interno, con el propósito de orientarlo a la ampliación y modernización de la planta productiva, de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional del Desarrollo y es, otra vez, modernizar la planta y alentar la actividad productiva; significa creación de empleos y buscarlos en mejores condiciones.
Los resultados en materia de finanzas públicas han sido determinantes para el proceso de estabilización, en sólo cuatro años se ha logrado pasar de un déficit fiscal que representaba más del 12% de toda la producción anual de bienes y servicios del país, a un superávit de 0.4% en el presente año, esto sin considerar ingresos extraordinarios por la venta de entidades o de bancos.
Quiero insistir, las finanzas del sector público se encuentran saneadas y también quiero insistir, no es un objetivo per se. Esto ha sido un punto determinante para que la política económica tenga un mayor grado de libertad en su aplicación y contribuya a ese crecimiento sostenido con estabilidad. Es un elemento que muestra congruencia entre lo propuesto y lo efectuado y por favor recuerden que uno de mis dos argumentos es la incongruencia. Los factores que han permitido el saneamiento de las finanzas públicas son por un lado que se han fortalecido los ingresos, particularmente los tributarios y por el otro lado que se ha reducido el gasto total, pero esto debido fundamentalmente a una importante baja en el pago del servicio de la deuda tanto interna como externa; en cambio el gasto programable, el que tiene efectos directos en la actividad económica y social ha crecido de manera importante en los últimos años, de 2.8% real en 1990 hasta el 4.1% en 1993.
En efecto, la reducción del gasto público ha sido producto no de un recorte en las asignaciones orientadas al desarrollo del país, sino de una reducción en el costo de la deuda. Puedo ilustrar este punto, y ofrecí no dar demasiadas cifras para no aburrir mucho a mi auditorio. En 1988 el gasto público representaba el 40% del producto y en 1992 significará el 25%, esto es 15 puntos porcentuales menos, el costo financiero de la deuda por su parte, se reducirá del 18 al 4% en el mismo período, es decir, menor en 14 puntos porcentuales.
Lo anterior significa que cerca del 95% de la reducción en el gasto neto total se explica por un menor pago de intereses de la deuda pública. Esto ha sido posible gracias a varios elementos que ya conocemos, la renegociación de la deuda externa, las menores tasas de interés internas por la reducción de la inflación y el desendeudamiento de los últimos años con recursos provenientes de desincorporaciones y superávit fiscales.
No obstante que el pago de intereses se ha reducido sustancialmente, es aún muy alto y en esto creo que también coincidimos. El pago de intereses representarán durante 1993, de aprobarse este proyecto, el 12% del presupuesto total, abatirlos implica continuar reduciendo el saldo nominal de la deuda pública y esto difícilmente, si no es que de manera imposible, puede hacerse sino mediante la aplicación de superávit.
Reitero, la obtención de un superávit es medida necesariamente transitoria, mientras se logra consolidar la estabilidad en el país; una posición superativaria tiene efecto sobre los niveles de demanda agregada que apoya la reducción de precios y de tasas de interés. Esto una vez más es coherente con el proyecto económico en el cual se inscribe este presupuesto y este proyecto, que no sólo ve al corto plazo sino al futuro del país, tiene en el centro de su atención el bienestar y el cumplimiento de la democracia en los términos que lo define el artículo 3o. constitucional, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El balance superavitario otorga asimismo mayor margen de maniobra en las finanzas públicas para enfrentar desde una posición más sólida el incierto panorama económico externo del próximo año. De esto se ha hablado en otras oportunidades, la situación en los países desarrollados en aquellos que nos rodean, no presenta un panorama fácil. Pero por otra parte la reducción en el costo del servicio de la deuda ha abierto espacios para reformar la estructura del presupuesto en los últimos años y ése es el otro elemento que yo dije que quería tocar, la estructura del presupuesto.
La reforma del Estado anunciada y cumplida con la misma congruencia de la que me he referido anteriormente, ha llevado a un estado
ciermente con menores propiedades, que fortalece su rectoría y su eficiencia y concentra su atención en cumplir mejor sus responsabilidades sociales. Esto ha tenido expresión clara en la política de gastos.
La distribución del gasto se orienta hoy, fundamentalmente a promover el bienestar de la población y a consolidar la infraestructura básica. Se ha puesto especial atención a la modernización de la educación, a la transformación del campo, otra coincidencia amplia entre todos los partidos, entre los representantes en el marco de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Coincidimos en lo importante que resulta la canalización creciente de recursos para el desarrollo rural, no sólo para fortalecer productivamente el sector, sino sobre todo para mejorar los niveles de bienestar de las familias campesinas. Y aquí, hay otros argumentos para ver cómo desde diferentes sectores, como salud y educación van, también destinados recursos al campo.
De igual manera coincidimos en la necesidad de avanzar de manera más firme en el proceso de descentralización y desconcentración de programas y recursos, así como en un desarrollo regional más equilibrado, y ello por cierto se hizo mas explícito en el dictamen que recogió estas impresiones a partir de los miembros de la Comisión, como también recogió que se requiere que los gobiernos locales participen de manera más activa en la definición de las acciones y obras de alcance regional que se lleva acabo con recursos federales.
Pero decía en cuanto a la distribución del gasto que también atiende a la cobertura y calidad del sistema de salud y de los servicios asistenciales, a la dotación de servicios básicos y de vivienda, a la protección del medio ambiente y al combate a la pobreza extrema, especialmente, pero no únicamente, a través del Programa Nacional de Solidaridad.
Las cosas como el ataque a la pobreza que es muy complejo, no pueden hacerse de golpe, se hacen de manera paulatina y buscando conciliar desde luego, los aspectos macroeconómicos con los aspectos que corresponden a los sectores y a la actividad concreta de las empresas.
El proyecto de presupuesto que el Ejecutivo Federal somete a nuestra consideración, es consistente que el resto de los instrumentos de política económica. Por su monto, apoya el proceso de estabilización; por su estructura, da preferencia al gasto social; promueve asimismo la transformación estructural de las diversas ramas y sectores de la actividad económica de acuerdo con los señalado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Mi partido, el Revolucionario Institucional considera que es indispensable perseverar en la estrategia económica, y en ella la política de gasto juega un papel fundamental que debe contribuir a consolidar los avances logrados pero sobre todo, debe traducirlos en bienestar social.
Nos preocupa el monto del gasto público, ya dije antes, siempre podrá juzgarse insuficiente en términos de necesidades crecientes, pero en cuanto a bienestar nos preocupa más su adecuada orientación y su ejercicio eficiente.
Nos importa que los mayores beneficios del gasto lleguen a los que más necesitan.
El bienestar no puede entenderse como un privilegio para unos cuantos. No lo entendemos así. La alimentación, la educación, la salud, la vivienda, un medio ambiente sano, son derechos de todos los mexicanos y propiciar su disponibilidad equitativa, es obligación indeclinable y permanente del Estado mexicano.
Coincidimos en que es impostergable abatir la miseria y continuar combatiendo las causas de las desigualdades extremas. Rezagos en muchos casos ancestrales, deben ser superados, debemos impedir que se ensanche la distancia entre el precepto legal de justicia social y la realidad que viven cotidianamente muchos mexicanos.
Pero no podemos plantearnos estos logros con base en acciones que pudieran ser utópicas, tenemos que ser realistas; tenemos que pensar en nuestro recursos reales y en los ritmos en los que puede nuestro país acometer múltiples objetivos, perseverar en todo aquello que ha caracterizado las banderas del pueblo mexicano, la libertad, la democracia, la soberanía y el avance en bienestar social. Hay muchísimos lugares en el mundo donde los problemas de pobreza subsisten. Siglos de existencia de la humanidad demuestran que la pobreza persiste, no es una justificación queremos combatirla, pero esto no es automático ni tenemos una fórmula mágica para lograrlo, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo para realizar.
Mi partido aprueba la estructura del proyecto de presupuesto, porque avanza en este sentido del bienestar y el combate a la pobreza, al concentrar las erogaciones públicas en áreas sociales
y estratégicas para el desarrollo, porque coincide con las prioridades de la estrategia nacional de desarrollo.
Así, el gasto en el desarrollo social tendrá un incremento de 13% real con respecto a 1992 y de 78% con respecto a 1988.
El Estado mexicano es rector del desarrollo y su principal responsabilidad es social, pero no sustituye en sus compromisos a los integrantes de la sociedad, se requiere articular la participación del Estado solidario con la participación organizada de la comunidad, para consolidar las nuevas relaciones de corresponsabilidad que aceleren el paso hacia una nueva dimensión social del desarrollo y hagan más eficientes los servicios públicos vinculados con la calidad de vida de los mexicanos.
También coincidimos con algunas cosas dichas por nuestros compañeros del Partido Popular Socialista, lo propósitos que se plantearon en la Constitución de 1917, aquellas banderas derivadas de la Revolución siguen siendo los mismos objetivos en nuestra sociedad actual, pero los tiempos cambian y los medios para alcanzar esos objetivos también.
Nosotros nos transformamos, han de transformarse los recursos y aquellos instrumentos que utilizamos para alcanzar nuestros fines. No es válido decir que lo que antes era adecuado para obtener ciertos objetivos, hoy lo es igualmente. Se reconocen los problemas, pero es injusto no reconocer los avances, y yo insisto, no los quiero aburrir con cifras, pero las hay y muchas que muestran también los avances en materia social.
El Programa Nacional de Solidaridad, sin duda contribuye a combatir la pobreza extrema y a elevar la calidad de vida de los mexicanos, y desde sus inicios se ha distinguido como un instrumento de extraordinario alcance social, cuya eficacia ha sido comprobada en obras y acciones que realiza en todos los lugares del país e independientemente de los signos partidarios que prevalezcan.
Conviene reiterar que el ejercicio de los fondos del programa no está sujeto a la discrecionalidad de funcionario alguno, son recursos que se coordinan a través del Convenio Único de Desarrollo, para atender necesidades del desarrollo regional y local, son fondos que se concertan con las comunidades y con los diversos grupos sociales. Tampoco hay discrecionalidad en otras áreas.
En la Comisión se discutió ampliamente acerca del Ramo 23, Erogaciones no Sectorizables. Ahí se agrupan todas aquellas previsiones de gasto que en el momento de elaborar el proyecto de presupuesto no están designadas de manera muy específica en alguna dependencia, porque corresponden a programas de carácter multisectorial o bien porque corresponden a previsiones por posibles contingencias, entre otros elementos.
El Ejecutivo informa de los programas globales y sus correspondientes montos, en el tomo 2 relativo a ramos generales, y en que el tomo 3 de manera mucho más desagregada. Al calificarlos como no sectorizables no se está queriendo decir que estas partidas no estén asignadas, sí lo están y se dice cómo, y al final del ejercicio se informa sobre el destino de estos recursos, de la misma manera que para cualquier otro ramo o sector.
En el ramo 23 no hay economías, al final del ejercicio los recursos aprobados están sectorizados de acuerdo a como en principio se planteó en el presupuesto.
Honorable Asamblea: La economía tiene hoy otro perfil. Crecemos, hay menor inflación y mayores recursos para el desarrollo social. Las decisiones se toman sobre base de los planes y programas oportunamente formulados y presentados, y sobre elementos de concertación con los diversos sectores sociales.
Consideramos de suma trascendencia la orientación del presupuesto que se propone para el próximo año. Su estructura ratifica que la más alta prioridad del Gobierno de la República es el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos, por ello los diputados de la fracción priísta pedimos el voto aprobatorio para la iniciativa de decreto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente:- Para rectificar hechos, y por cinco minutos tiene el uso de la palabra el diputado Daniel de la Garza.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez:- Señor presidente, señoras y señores diputados:
Coincido con la distinguida diputada María de los Angeles Moreno, que hay congruencia en las finanzas públicas mexicanas, pero es importante analizar si esa congruencia no es o no cae en un círculo vicioso. Hay congruencia también en el error, y yo siento que el presupuesto es congruente, pero mantiene los mismos vicios
congruentes en los vicios de los presupuestos anteriores.
Yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo por convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso. Hay congruencia en el error cuando no se asignan los suficientes recursos a la educación; hay congruencia en el error cuando no se asignan los recursos adecuados de los estados y municipios para que logren una auténtica economía; hay congruencia en el error cuando se utiliza un Programa de Solidaridad que es un Programa de caridad pública y que no tiene en la técnica presupuestal el más mínimo apoyo.
Nuestra propuesta no es una propuesta utópica; tomamos los recursos reales, el monto total del presupuesto, pero precisamente para convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso, reasignamos en buena medida los diversos rubros presupuestales.
Yo sí quisiera hacer una excitativa a la mayoría, a la diputación mayoritaria, de que una vez por todas pasemos del círculo vicioso al círculo virtuoso. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Para rectificar hechos y por cinco minutos tiene la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa:- Con su permiso, señor presidente, señores diputados:
Se habla aquí de círculos virtuosos, que son precisamente los que han tratado de instituir a lo largo de casi una década de ajuste estructural, de ajuste en las finanzas públicas, de saneamiento, de control de inflación, de reducción del gasto público, porque precisamente lo que necesitamos es revertir las tendencias de círculos viciosos anteriores, y nos llama la atención que precisamente un miembro de un partido que en el pasado siempre argumentó que deberíamos revisar nuestras finanzas públicas y ajustarnos a nuestros ingresos, sea ahora quien venga a decirnos que debemos nosotros gastar más.
En realidad, el gran éxito de este presupuesto de egresos de la federación, es que tiene una orientación que precisamente fortalece la vida de estados y municipios, que fortalece al programa de Desarrollo Social en cantidades impresionantes, cantidades a las cuales habríamos aspirado tiempo atrás, todos los diputados que teníamos o que tenemos auténticas preocupaciones sociales.
Precisamente este presupuesto de egresos de la federación, es uno que revierte la tendencia de los círculos viciosos a los círculos virtuosos. Enhorabuena, compañeros.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):- Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su venia, señor Presidente.
El Partido de la Revolución Democrática ha sostenido la necesidad de fortalecer la estructura productiva del conjunto de la República, y es absolutamente contradictorio, y es ello el motivo por el cual hago esta intervención para rectificar hechos, por un lado destinar 34 billones de viejos pesos para participación de estados y municipios, y por otro lado a través de un conjunto de medidas de política económica, contraccionista y de apertura comercial indiscriminada, desmantelar infraestructura productiva de numerosas regiones y numeroso municipios. Los habitantes de la Laguna, los Guasave, los habitantes del Valle del Yaqui, los del Sureste y Sur de la República, saben lo que significa la crisis agrícola provocada por una apertura comercial indiscriminada.
Entonces de un lado, exactamente como pasa con los casos de solidaridad y de combate a la pobreza extrema, se quiere combatir la pobreza extrema con algunos elementos de gasto, aplicados específicamente a tales elementos, pero de otro lado hay una política contraccionista y una política de apertura comercial que está creando aquello precisamente que se quiere combatir desde el otro lado.
Y esto mismo está sucediendo en materia de estados y municipios. ¿De qué sirve, de un lado, que nos presenten los grandes logros de un pequeño aumento en la participación, en el producto interno bruto, de lo que es gasto, estados y municipios? Sube del 2.8%, 2.9% al 3.1%, qué bueno, qué bueno que sube al 3.1 del producto interno bruto en 1993, dos puntos porcentuales. Pero de otro lado hay una situación en donde se está desmantelando mucha de nuestra infraestructura productiva, precisamente por esta estrategia contraccionista. Pero hay un problema adicional: el hecho de que no se quiere reconocer es que hay una estabilidad macroeconómica aparente en términos de tipo de cambio,
de tasas de interés de inflación, porque estamos trasladando a otro sector de la economía el macrodesequilibrio, que es precisamente el déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente.
Se nos dice como si esto fueran dos universos distintos, pero no. Lo que sucede es que se combate a la inflación con una oferta agregada momentánea que se trata de cubrir con importaciones, y esto que puede parecerles una explicación técnica, significa que en vez de fomentar la oferta interna de bienes y servicios, especialmente de primera necesidad, hechos por productores mexicanos, se importan, se contienen momentáneamente presiones inflacionarias, se contrae la demanda, se aplica un presupuesto contraccionista y se transfiere a otro sector de la sociedad un inmenso desequilibrio que es el de la balanza comercial y de cuenta corriente, con casi 24 mil millones de dólares de déficit, dependiendo de la deuda que se contrata vía metamorfoseada de bolsa de valores, inversión en bolsa de valores, y la deuda interna que se convierte en deuda externa por otras vías, el equilibrio de las finanzas públicas, pero es un esquema en donde estamos a la larga afectando seriamente estados y municipios.
No es, pues, con esto termino, una preocupación de tal o cual partido político, es la sociedad mexicana en su conjunto que exige un incremento sustancial a estados y municipios, pero que exige algo más: democracia, participación popular, autonomía y autogestión, para que los fondos que son formalmente atribuidos a estados y municipios se ejecuten con honestidad y en defensa de los intereses populares. Gracias.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):- Señor Presidente; pido la palabra para hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hasta por cinco minutos.
La diputada Cecilia Soto González:- Con su venia, señor Presidente.
Quisiera aquí, compañeras y compañeros diputados, referirme explícitamente a la intervención de la compañera Esponda, aunque ella contestó específicamente o se refirió a los argumentos de otro partido, me parecen interesantes y quisiera contestarlos.
Se propone que al plantear un presupuesto superavitario, se está incurriendo en un círculo virtuoso o ha ingresado al círculo de la virtud el actual Gobierno, y que el partido o los partidos que proponemos gastar más estamos induciendo a lo contrario a la virtud, el vicio, en todo caso.
Pero nos estamos refiriendo, en este caso mi partido, a un presupuesto alternativo que no significa endeudamiento. Aquí rechazamos los argumentos tan socorridos del señor Aspe, de que cuando se polemiza con la posición de Hacienda, entonces uno está en el extremo negro del espectro.
Estamos proponiendo no un presupuesto que obligue al sector público a endeudarse. De hecho, tenemos que agradecerle al doctor Aspe algo muy importante: Hemos pasado días muy gratos los diputados de la oposición, asignando nuevo gasto a nuestros sectores. Y eso es un logro que debemos agradecerle a él; es decir, hemos pasado realmente un ejercicio espléndido, imaginando realistamente cómo podría ser mejor el país si utilizáramos esos recursos que ahora están fatalmente destinados a cancelación de deuda interna, a construir aquellos proyectos que puedan mejorar el nivel de vida de los mexicanos.
Habla la compañera Esponda exclusivamente de logros en el aspecto macro y en el aspecto financiero.
Las fracciones parlamentarias de la oposición, en particular la de mi partido, hablamos de otros aspectos, otros parámetros para medir la economía en donde se puede ver claramente que estamos incurriendo en un círculo vicioso; que aumente el desempleo, que aumente la desnutrición, que aumente el número de niños que van en la escuela, no tiene nada que ver con la virtud.
En ese sentido, pensamos que no puede descalificarse a la oposición con ese tipo de argumentos.
No estamos planteando, como lo decíamos nosotros, un presupuesto irresponsable, sino un ejercicio alternativo para tener un país mejor. Muchas gracias.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa (desde su curul):-Pido la palabra, señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales tiene uso de la palabra la diputa Blanca Ruth Esponda.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso señor Presidente.
Se habla aquí, y no es la primera ocasión que lo escuchamos esta mañana, de un presupuesto alternativo que han presentado incluso algunos compañeros muy respetables de algunas fracciones parlamentarias.
Vale la pena acotar, compañeros diputados, que la facultad de presentar y de preparar y, además de ejercer el presupuesto, es una facultad que compete al Ejecutivo, y que en los términos del artículo 74, fracción IV de la Constitución de la República a nosotros exclusivamente nos compete conocerlo, discutirlo y, en su caso, aprobarlo, esa es nuestra facultad, ajustémonos por lo tanto a esa facultad.
Sin embargo, el espíritu abierto, participativo, receptivo que ha tenido no solamente la Comisión, si no que ya es una característica habitual en esta legislatura, es de que hemos estado aceptando y dando la bienvenida a propuestas que son constructivas, que nos permiten darle la orientación más eficaz que nosotros quisiéramos imprimirle al presupuesto.
Pero el avance en la economía nacional es incuestionable. Debemos recordar que en 1987, por cada peso que se recaudaba en el país, 73 centavos estaban destinados a pagar el servicio de la deuda externa y sólo 25 centavos se orientaban hacia infraestructura y bienestar social. Hoy el panorama es completamente inverso, de cada peso recaudado 25 centavos son para los compromisos externos y 75 son para el desarrollo de los sectores internos.
Otra cuestión que es importante subrayar aquí. El gasto público para 1993 se ejercerá bajo dos principios esenciales que ya nos han dado buenos resultados en el manejo de la economía, que es la disciplina y la racionalidad, con una clara orientación hacia fortalecer toda nuestra infraestructura de desarrollo y al mismo tiempo a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginados de nuestra sociedad.
Yo creo que no debemos subestimar el avance social que hemos alcanzado también, porque no es sólo el avance económico, es en lo social en donde hay un avance significativo que a veces desde la perspectiva del centro resulta difícil valorar, pero es importante subrayarlo;
Más de 80 mil escuelas han sido rehabilitadas sólo en cuatro años, 70 mil espacios educativos nuevos construidos, más de un millón 250 mil despensas otorgadas, más de 500 mil becas de servicio social otorgadas, más de 100 mil unidades rurales médicas para la atención primaria, la salud, en muchos de nuestros pobladitos marginados, olvidados aveces de la planeación del centro, hoy tienen en realidad atención médica; pero también no hay que olvidarnos de esos 8 millones de compatriotas nuestros que hoy sí pueden tener acceso a los servicios de agua potable, de alcantarillado, de electrificación, y también a veces de pavimentación.
Yo pienso que todo este esfuerzo de solidaridad nacional, porque bien vale recordarlo, que esto no es el esfuerzo de un partido, ni es una acción exclusiva de un sector de la sociedad, sino que es la movilización de toda energía social, es lo que está permitiendo que se reviertan algunas de las condiciones que son rezagos ancestrales, que son marginaciones que es cierto que como sociedad no nos podemos admitir, son marginaciones que han sido, a pesar de los logros de la Revolución, no por ella. Y yo creo que por eso también debemos asumir una actitud más justa, más equilibrada en nuestra apreciación en cuanto a los avances que vamos teniendo. Son avances que hoy en día invitan a muchos planificadores de diversas sociedades del mundo, lo mismo latinoamericanas, que asiáticas, que europeas, a venir a conocer la experiencia mexicana. ¡Compañeros, sintámonos orgullosos de los avances nacionales!
Sabemos que hay mucho por avanzar también, sabemos que hay grandes rezagos, sabemos que tenemos que combatirlos, sabemos que tenemos que hacer ajustes, todo eso, para eso tenemos este debate.
Por lo tanto, compañeros, señor Presidente, ojalá pudiéramos volver a la estructura de nuestro debate que había sido debidamente concertado entre las distintas fracciones parlamentarias. Muchas gracias.
El Presidente:- Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Lujambio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:- Señores diputados:
Consideré necesario venir a la tribuna para contestar puntualmente algunas de las afirmaciones que nos acaba de hacer la compañera diputada Esponda. Ella dice que nosotros estamos proponiendo un presupuesto alternativo. Nosotros lo que estamos proponiendo es un dictamen diferente, un dictamen alternativo que cabe perfectamente dentro de las facultades de esta Cámara el resolver.
Por otro lado, hablaba ella también de que podemos sentirnos satisfechos de los avances, casi casi creo que mencionó la palabra: orgullosos. Nosotros, diputada Esponda, no podemos sentirnos satisfechos por ningún motivo, mientras persistan las trágicas realidades sociales que afrontan millones y millones de compatriotas. Acaba de haber una reunión en Santiago de Chile, nos informan los medios de comunicación, que hubo delegados allá, del Programa Nacional de Solidaridad, que reconocen que la población mexicana, es más de un 50% se debate en los niveles de pobreza y de pobreza extrema. ¿Usted se sentiría orgullosa de esos avances, diputada Esponda?
Hemos también planteado a lo largo de diversas intervenciones en tribuna, que nuestros cuestionamientos básicos no son el aspecto de macroeconomía, sino el significado social y aun moral, de las políticas económicas del Gobierno.
Yo terminaré esta intervención preguntándole también a la diputada, ¿qué tendría que decirnos para ejemplificar estos avances que supuestamente existen en este país?, sobre lo que publica una importante revista extranjera, en donde aparece cada año, la lista de los 500 hombres más ricos del mundo. Hasta 1991, en esta lista, donde solamente tienen cabida aquellos hombres que pasan de mil millones de dólares en su fortuna personal. Esta relación que publica la revista Fortune, el año de 1991, incluía en su relación de esos 500 ricos, a solamente dos mexicanos. Hoy en día, la propia revista, nos habla de que ya podemos estar satisfechos porque hay ahora, siete mexicanos en esta revista de billonarios en dólares, uno de ellos, el dueño del paquete principal de Teléfonos de México, recién adquirido, el señor Carlos Slim, que seguramente esta información no se publica sin el consentimiento de los interesados, en el año de 1991, declaraba una fortuna personal de mil millones de dólares. Pero ya en 1992, se triplicó y ahora complacidamente nos habla de que tiene 2 mil 800 millones de dólares. ¿Eso es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y satisfechos diputada? Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, en contra.
El diputado Arturo Torres del Valle:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ya estudié con gran interés la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 1993 con mis compañeros del Partido Acción Nacional.
Es preciso reconocer que es un trabajo muy profesional, aunque durante el estudio tuvimos la dificultad de carecer de uno de los anexos que nos entregó la Oficialía Mayor, en concreto, el tomo tercero. Entiendo que debido al tamaño y escasez, no nos los hayan entregado, pues sólo recibieron dos volúmenes. Sin embargo, lo que debieron hacer al menos, estaría a nuestra disposición para consulta, ello nos hubiera evitado confusiones y falta de información, lo que motivó presentar asuntos que fueron aclarados por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El presupuesto de egresos ha mejorado en varias órdenes, en relación a los que se elaboraban en el pasado. Sin embargo, contempla algunos aspectos que para beneficio del país nos gustaría que hubiera cuando menos la voluntad de corregir, mas no la cerrazón.
Ya en el pasado manifesté que el manejo hecho en el decreto, de la deuda en términos netos, no coincide con la intención del constituyente. El monto del presupuesto que ejerce el Ejecutivo Federal es demasiado importante, mientras que los presupuestos manejados por las entidades federativas y los municipios, son exiguos. Por tanto, las entidades y municipios, tienen muchos rezagos, siempre necesitan más presupuesto para resolver sus problemas y gobernar adecuadamente.
Abundar sobre el centralismo, el presidencialismo, así como lo comentado en mis intervenciones tanto con el doctor Aspe, como en la cuenta pública de 1991, es remachar sobre lo dicho anteriormente. No obstante, en esta ocasión les comentaré sobre tres aspectos que ya deben de corregirse, para que el presupuesto sea mejor:
Primero. La política de gasto propuesta, concentra sus esfuerzos para elevar el nivel de vida de la población, tanto en el ámbito urbano como en el rural, que pretende lograr, a través del gasto social que incluye: educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo y previsión social y desarrollo urbano. Empero, veamos qué tan exacto es lo anterior. Según el cuadro comparativo de la página 7 de la presentación, de los datos son los siguientes: Los intereses pagados en 1988, convertidos a nuevos pesos, fueron 141 mil 780 millones. En 1993 serán tan sólo de 32 mil 120 millones.
El gasto en desarrollo social, en 1988, fue de 50 mil 386 millones de nuevos pesos. Para 1993,
será de 99 mil 604 millones de nuevos pesos. Al respecto se nos dice: "Mientras que en 1988 el gasto de intereses era casi tres veces mayor al gasto social, para 1993 se alcanzará una situación inversa". ¡Cierto!, pero la disminución en intereses se debe principalmente a que las tasas Prain y Libor han bajado, asunto en que nada ha tenido qué ver el Gobierno mexicano. Dichas disminuciones de casi 110 mil millones de nuevos pesos, en cambio el gasto social se incrementó en el mismo período, solamente 46 mil 218 millones de nuevos pesos.
En conclusión, no es el gasto social un objetivo tan importante como se ha difundido, pues éste ni siquiera equivale al 50% de los ahorros que se tuvieron en el pago de intereses; ahorros que se han logrado por una situación internacional favorable y sólo por la eficiencia del Gobierno mexicano en la proporción que logró disminuir la deuda. En cambio, se da una gran importancia a emplear el ahorro del gasto por intereses, en generar superávit financiero, y en otras actividades que en la presentación del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 1993, denominan: "De interés general", que en algunos casos es indiscutible.
Segundo. En 1992, el superávit financiero del sector público, sin considerar los ingresos extraordinarios generados por la desincorporación bancaria, la venta del segundo paquete accionario de Teléfonos de México y las ganancias por amortización de la deuda externa, se estima en el .4% del producto interno bruto, puesto que este fue estimado en 1 mil 1 billones 300 mil millones de pesos actuales, o sea, un billón de nuevos pesos, el superávit financiero será de 4 billones, 4 mil millones de nuevos pesos, y más de 34 mil millones de nuevos pesos si se incorporan los ingresos extraordinarios.
En 1993, el superávit fiscal fue presupuestado en 18 mil 159 millones de nuevos pesos, más ingresos extraordinarios que pueden tener por venta del tercer paquete accionario de Teléfonos de México, desincorporación de otras empresas descentralizadas y ganancias por amortización de la deuda externa de pagos que se hicieron en años anteriores, pero cuya deuda vencerá en 1993, el monto del superávit es enorme. Por lo que cabrían al menos las siguientes opciones:
1o. Incrementar el gasto social.
2o. Incrementar la obra pública.
3o. Asignar mayores recursos a estados y municipios.
4o. Pagar las deudas externa e interna.
5o. Reducir contribuciones.
6o. Subsidiar a la agricultura, tal como lo hacen Estados Unidos de América, Canadá y Europa.
7o. Combinación de estas alternativas, tal como lo sugirió el diputado Daniel de la Garza.
¿Qué se pretende hacer en cambio con tal superávit? El objetivo del superávit financiero es reducir la inflación. Al cobrar a la población 293 mil 691 millones de nuevos pesos y sólo gastar 275 mil 532 millones, se están retirando de la circulación 18 mil 159 millones de nuevos pesos. Es decir, se está reduciendo la inflación. ¿A qué costo? ¿Sacrificando a quiénes?
El actual régimen ha cometido varios errores graves cuando lucha contra la inflación, todo por el gran prestigio que le da a nivel internacional lograr este objetivo. Los errores cometidos en la campaña para reducir la inflación a través de la importación de productos chatarra, entre los que podemos mencionar tan solo los siguientes:
1. Permitió la importación de China de conejo en canal, contaminado por una enfermedad desconocida en México. Ello provocó una gran mortandad en los criaderos de estos animales y la quiebra en muchos cunicultores.
2. Importó carne de res de Europa, asunto ya tratado ampliamente en esta Cámara durante el segundo período de sesiones del primer año. Era carne de pésima calidad y de escaso valor nutritivo, pues tenía varios años de estar congelada.
3. Se permiten importaciones de pollo, cerdo, huevos, sorgo, este grano subsidiado en los Estados Unidos de América y sin que nadie compensara a los agricultores mexicanos por el "dumping". Esto empobrece al agricultor nacional y crea dependencia de México con respecto al país productor de alimentos, cuya gran experiencia negociadora permitirá que obtenga ventaja una vez que México no pueda volver a producir suficiente carne, leche, huevos y sorgo. En tal caso ya no los venderían baratos al Gobierno mexicano.
Cualquier persona sensata estaría en desacuerdo con la teoría sustentada durante 18 años por el Partido Revolucionario Institucional. "Lo primero decían era buscar el bienestar del pueblo y que el índice inflacionario, el tipo de cambio y otros problemas monetarios eran totalmente secundarios."
En la lucha contra la inflación todos coincidimos. Lo que el Partido Acción Nacional no aprueba y señala hasta el cansancio: son los peligros de las malas políticas para combatir la inflación que utiliza el Gobierno. No se vale abatir la inflación, perjudicando a otros sectores, cuando el Gobierno no es el primero en apretarse el cinturón y dar testimonio de eficiencia. Cuando el pueblo ve las costosísimas campañas del partido oficial, el dispendio y el mal uso de algunas empresas paraestatales. ¿Como va a estar de acuerdo el pueblo en que el peso de la lucha contra la inflación sea solamente cargado por él?
No creemos correcta, salvo que se utilicen los 18 mil 159 millones de nuevos pesos en pagar la deuda, la política de combatir la inflación con superávit financiero. Como lo han dicho secretarios del gabinete económico: si la emisión de papel moneda no es inflacionaria cuando está apoyada por la productividad, mucho menos lo será el gasto de un ingreso que no era inflacionario cuando se emitió el dinero. Y en el caso de los ingresos obtenidos a través del impuesto sobre la renta, no puede ser inflacionario, ya que ello presupone una buena administración, puesto que se obtuvieron utilidades y sobre ésta se pagó el impuesto; así llego el dinero a las arcas públicas.
Otros impuestos y derechos se recaudan a través de productos y servicios, cuando un tercero los adquiere o los usa, por lo que tampoco serían inflacionarios según esta teoría.
¿Cómo va a estar de acuerdo la ciudadanía cuando ve que se importan los artículos extranjeros, en ocasiones de mala calidad, muy inferior a la nacional, a precios artificialmente bajos para reducir la inflación? ¿Cómo va a estar de acuerdo con las tasas tan altas de interés que le Gobierno no cobró y permite que se sigan cobrando a los productores? ¿Cómo va a aceptar el pueblo cuando le consta que no son acatadas las incitaciones a la eficiencia y austeridad, hechos por el Presidente de la República, por varios funcionarios públicos?
Hay métodos para combatir la inflación. Me permito sugerir solamente cuatro de ellos: el fundamental, es emitir papel moneda sólo cuando lo apoye la riqueza producida por los mexicanos; otro más, es cuidar las arcas públicas, que haya finanzas sanas; un tercero sería invertir los ingresos en proyectos productivos o de beneficio para el pueblo; y para terminar, habría que motivar a la sociedad para que combata a la inflación, convencida de que es un fin bueno, mas no obligada por las políticas que sigue el Gobierno.
Nos sucede que el pueblo no tiene confianza, es renuente porque intuye que no es parejo el jalón que se da para mejorar la situación en México, por ello el ahorro interno y la inversión son mínimas.
Por último, de los correctivos, de los tres que mencioné al principio, el siguiente se refiere al artículo 3o. de la iniciativa de decreto, en donde se menciona que las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los estados y municipios en el año 1993, importan la cantidad de 62 mil 416 millones de nuevos pesos y se distribuyen de la siguiente manera: al ramo 25, que es aportación para la educación básica en estados, 20 mil 339 millones; al ramo 26, que se refiere a Solidaridad y desarrollo regional, 7 mil 747 millones; al ramo 28, participaciones a estados y municipios, 34 mil 330 millones.
Puntualizo dos consideraciones para este artículo. La primera es que el Distrito Federal no tiene derecho a tales erogaciones, puesto que no es estado, a menos de que la mayoría acepte en este momento el estado número 32, denominado "Anáhuac", ni tampoco es municipio por lo tanto carece de ese derecho, por no estar comprendido en la Ley.
El ramo 28, el Distrito Federal está exceptuado de participar y coincide en lo general con lo estipulado al principio de artículo 3o., porque este ramo es para estados y municipios.
Al comentarse el ramo 26, en el tercer párrafo, al final reitera: "...debiendo informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el manejo de los fondos Solidaridad estatales, municipales y especiales. Por la misma razón si no se corrige este artículo, cuya propuesta de modificación someto a esta soberanía, el Distrito Federal no podrá recibir las participaciones mencionadas en el artículo 3o. de la iniciativa de decreto.
Me sirvo leer la propuesta y entregarla a esta Secretaría.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados: Los inscritos, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General, proponemos que se modifique el artículo 3o. de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de 1993, para que quede redactado en los siguientes términos:
"Artículo 3o. Las erogaciones previstas en le presupuesto de Egresos de la Federación para las entidades federativas y municipios en el año de 1993...", y continúa el párrafo.
Al referirse al Ramo 28, éste deberá decir: "participaciones a entidades federativas y municipios...".
Al referirse al Ramo 26 en el párrafo siguiente dice: "Las provisiones del ramo 26" y continúa el párrafo y ya casi llegando al final, añade "sobre el manejo de los fondos Solidaridad del Distrito Federal, estatales, municipales, y especiales".
En otro párrafo, en el siguiente diría: "Las erogaciones correspondientes al Ramo 28, participaciones a entidades federativas y municipios".
Palacio Legislativo a 15 de diciembre de 1992. Firma: diputado Alfredo Lujambio, el diputado Daniel de la Garza y un servidor, diputado Arturo Torres del Valle. Hago entrega. (Aplausos.)
La segunda consideración respecto al Ramo 25 es la siguiente: en los tomos 2 - A y 2 - B del proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación no viene desglosado de manera específica, puesto que viene incluido en el análisis del Ramo 11, pero de modo incompleto; no se dan a conocer los montos que corresponden a cada entidad ni la fórmula que se utilizó para asignar a cada estado la Erogación correspondiente.
En el Ramo 25, ya oscuro de por sí, todavía tiene otra inconveniencia, en él se menciona que las erogaciones previstas en el presupuesto para los estados y municipios, importan la cantidad de 62 mil 416 millones, pero lo correspondiente al Ramo 25 o sea 20 mil 339 millones no son participaciones que los estados podrán utilizar como lo consideren conveniente, porque se trata de gasto corriente que correspondía a la Federación y que sólo está transfiriendo a los estados debido a la descentralización educativa.
El riesgo que esto implica es serio. ¿Qué pasaría si en el futuro la Federación decide enviar una erogación menor al costo real de la educación transferida a los estados? ¿Cómo puede un estado defenderse si no le envían lo suficiente o no se le permite mejorar?
¿Deben los estados con un presupuesto entre todos del 12% aproximadamente del que la Federación administra, soportar el costo de la educación? Urge que se reglamente el cuánto, el cómo y el cuándo recibirán los estados lo correspondiente a las aportaciones para la educación básica.
Por los motivos expuestos, la recomendación del Partido Acción Nacional hecha por medio de mi compañero, Daniel de la Garza, es para que se vote en contra en lo general y en lo particular el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993. La alternativa de presupuesto que ha sometido nuestro Partido a esta soberanía, es un ejercicio serio y positivo sobre la base de la información disponible, que refleja en principio, lo que serían las grandes lineas de un programa de Gobierno democrático más apegado al postulado federalista de profundo respeto a la institución municipal, que es la base de la organización política y administrativa del país, tal como lo proclaman nuestros principios y plataforma del Partido Acción Nacional.
Aun cuando hemos señalado diferencias de criterio en cuanto al decreto de Presupuesto de Egresos, quiero dejar constancia de que el trabajo de la Comisión ha sido bueno, por lo que agradezco a su presidenta, la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, las atenciones y finezas que ha tenido conmigo. Asimismo hago un reconocimiento a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes muy gentilmente nos informaron y ampliaron nuestros conocimientos sobre el presupuesto.
Para finalizar, me permito sugerirles a los amigos de Hacienda que en el futuro tengamos más comunicación durante el año y que nos permitan a los diputados, al menos los de oposición irnos enterando de como se están elaborando los presupuesto de ingresos y de egresos de 1994. Por su atención, colegas diputados. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente:- La propuesta del diputado Torres del Valle se reserva para su votación económica al final de la sesión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán:- Con su venia señor Presidente, honorable Asamblea:
Dentro de la divergencia que vivimos durante las reuniones de trabajo en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
para llegar al consenso del dictamen de proyecto al presupuesto para 1993, hoy a discusión, mucho se hizo y mucho se logró, particularmente en conciencia y responsabilidad por el conocimiento a fondo de las cuestiones muy a pesar de no habernos dejado satisfechos a la oposición en términos generales, según expresión de cada fracción a través de sus representantes en temas como la deuda pública, desempleo, pobreza extrema y presupuesto superavitario, por decir algunos.
Sin embargo, creo que esta situación nos permite enriquecer los dictámenes en lo posible y a futuro, apreciar que alcanzaremos mayores avances y progresos que se reflejan en la aceptación por parte del Partido Revolucionario Institucional, en las observaciones y propuestas en uso del sentido común como privilegio inalienable nos lleve a mayores convergencias en beneficio de México y los mexicanos, por muchos compañeros diputados expresado y por todos recogido.
Beneficio a los que más demandan y probidad exigen de sus gobernados mediante una legislación actual y justa que permita fortalecer congruentemente el federalismo, ampliar las formas de participación democrática, reducir las desigualdades regionales o sectoriales y optimizar los recursos de la nación.
En consecuencia, mi partido, por mi conducto, propone modificar el artículo 25 de la iniciativa de Decreto del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, en virtud de que en la redacción actual del segundo párrafo de la fracción I, da idea de que para iniciar proyectos nuevos deberá tenerse garantizada la disponibilidad de recursos hasta su conclusión en etapa operativa e inclusive de mantenimiento. Esto significaría que si un proyecto que se inicia es de tal magnitud que sólo pueda preveerse en su terminación de un lapso que incluya más de un año, implicaría uno de estos dos supuestos.
Primero: que no se inicie puesto que no puede concurrirse en el año correspondiente, al presupuesto de 1993; y,
Segundo: que se requiera financiamiento por un lapso mayor al año que comprende el ejercicio del presupuesto en discusión.
Por otra parte, ante la escasez de recursos y la necesidad destacada de su asignación cada vez más cuidadosa y jerarquizada y que además atienda a la posibilidad de vincular efectivamente las acciones de corto plazo y las que puedan preverse a mediano y largo plazos, y dado que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha conformado una área especializada en el registro, identificación, análisis y evaluación de proyectos de inversión para diferentes sectores, ramas o áreas de la actividad económica y en particular para los campos que son materia de atención de diferentes esferas del sector público, se plantea que en las dependencias y entidades ejecutoras del gasto de inversión observen la normatividad que respecto de la iniciación de nuevos proyectos, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anterior, se sugiere la redacción siguiente para el segundo párrafo: "Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos para la conclusión de las etapas cuya ejecución se programa dentro del ejercicio fiscal de 1993". Y adicionalmente un tercer párrafo que diga: "Las citadas dependencias y entidades deberán observar la normatividad que respecto de la iniciación de los nuevos proyectos señalados en el párrafo anterior, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Señor Presidente, dejo a la Secretaría la propuesta para su consideración en su oportunidad. Muchas gracias.
El presidente:- Se reserva para su votación económica al final de la discusión la propuesta del diputado Samuel Moreno Santillán.
Tiene el uso de la palabra el diputado Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista.
El diputado Eberto Croda Rodríguez:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Me toca en este turno hacer algunas consideraciones acerca del dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993. Este presupuesto para mi fracción parlamentaria del Frente Cardenista es la expresión dineraria de la reforma del Estado. A diferencia de los anteriores, en éste aparece con mayor claridad y definición la estrategia de redefinición funcional del Estado, más gasto en desarrollo social y menos en el servicio de la deuda y de los sectores industriales, energéticos, de comunicaciones y transportes, etcétera.
Esto evidentemente no implica una previsión negativa en la inversión total, sino una nueva repartición entre el sector público y el privado; se apuesta a que la empresa privada comande
el proceso de acumulación, por eso disminuye tan notablemente la inversión pública.
Este presupuesto es múltiple, puede ser a la vez un instrumento antiinflacionario, en donde disminuye realmente en 0.4%; un motor de desarrollo social, en donde los aumentos reales en educación, salud y seguridad social, del desarrollo urbano y ecológico, así como un mecanismo de reforma del Estado y de la sociedad.
Unifica tres procesos: la estabilización de precios, la reforma del Estado y y la disciplina social y depuración productiva, lo cual implica abordar tres aspectos económicos fundamentales de manera simultánea .
Y es aquí donde empiezan nuestras convergencias y divergencias en los general y en lo particular. En primer lugar nuestras convergencias están orientadas como sigue:
El proceso de reestructuración presupuestal que lleva hacia un predominio de los sectores sociales y de infraestructura por sobre los costos financieros de la deuda y el esquema de subsidios y sobreprotección al sector privado.
La discusión en este punto no es estratégica sino puntual, se refiere a rezagos, insuficiencias y desatenciones; se requiere siempre mayor gasto orientado al sector educativo, a la salud, al sector rural, a la seguridad social. Todos estaremos en acuerdo siempre en elevar este gasto, y en lo referido al paquete salarial, que en este caso no contempla ninguna modificación sustancial a los salarios de los maestros, médicos y trabajadores sociales, etcétera.
En la modificación de las funciones y los medios de acción estatal, la regulación es más operativa y administrativa, que a través de la producción directa de las áreas restringidas y los esquemas proteccionistas. Más regulación de intervención; se gasta menos en subsidios y transferencias al sector privado, menos en organismos paraestatales que en sectores sociales.
Nuestras divergencias por otra parte, el superávit financiero del sector público que se ha convertido en un fetiche de la estabilización de precios, cuando la inflación responde a factores institucionales y no de las finanzas públicas, además de que la posible inflación de un dígito, que aunque es deseable difícilmente podrá ser sana y sostenida, dado que en un ambiente recesivo no se generan las condiciones de productividad que hacen posible las bajas inflaciones.
El presupuesto estancado que apuesta a la inversión privada como motor del crecimiento, cuando las actividades empresariales en México y ciertos obstáculos como las tasas de interés, el mercado interno deprimido y la infraestructura insuficiente, hacen muy difícil suponer que los particulares carguen con el desarrollo productivo nacional.
En la búsqueda del famoso dígito puede perderse la oportunidad de crecer, crear empleos, aumentar el mercado interno y fortalecer la planta productiva que se necesita para enfrentar la competencia globalizada.
Para 1993 podrían haberse utilizado productivamente los logros en las finanzas públicas y en la reestructuración presupuestal que ya mencionamos. ¿Cómo esperar que en el corto plazo los particulares refuercen la infraestructura eléctrica, las vías de comunicación y de transporte, y en general que respondan a la infraestructura indispensable para la competitividad? ¿No sería aconsejable más prudencia en las expectativas frente a la inversión privada, como ya lo hemos visto en el desarrollo agropecuario?
La sola modificación de los ordenamientos jurídicos no garantiza ningún crecimiento de la inversión privada.
¿Por qué se retrae el Estado vía la inversión pública en estos sectores, así como en el rubro de la vivienda que tanta falta hace a los mexicano? De nueva cuenta parecería que los tiempos y los plazos no entran en juego en la estrategia gubernamental. ¿En dónde queda la vigilancia del legislativo en la aplicación del presupuesto?
Todas las reformas legislativas de este sexenio, coherentes con la desregulación, han confiado las autorizaciones, permisos y concesiones a los reglamentos internos de las dependencias públicas. El grado de discrecionalidad en la interpretación y ejecución de la Ley, es demasiado alto para un Gobierno republicano y según democrático, en este presupuesto como en el de los últimos años, la discrecionalidad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abarca disposiciones relativas a la emisión de bonos y valores, a la modificación de partidas presupuestales, a la exacta observancia de las normas contenidas en el decreto, en la organización del sistema de información de ingresos y gastos, y en la reducción de montos presupuestales.
Evidentemente a mayor discrecionalidad de las entidades del Ejecutivo, existe menor vigilancia
y atribuciones al Legislativo, por eso nuestro partido propondrá algunas modificaciones en lo particular al decreto de Presupuesto que hoy nos ocupa.
Desde hace unos años hemos venido luchando y disminuyendo el índice de la discrecionalidad en las reducciones presupuestales; este año no será la excepción, y pugnaremos de nuevo el artículo 15 del presente dictamen.
La definición de los montos, planes y programas del presupuesto, todavía este diseño presupuestal es una práctica del Ejecutivo y una revisión y sanción del Legislativo; sin embargo, la planeación en nuestro país es democrática según disposiciones constitucionales, y sería necesario trascender la visión representativa de la democracia para que los trabajadores de las entidades responsables, para que los servidores públicos, para que los profesionales y las organizaciones no gubernamentales intervinieran en el diseño y elaboración del presupuesto, en los montos, pero también en la definición de las prioridades, jerarquías, programas, metas y proyectos. Este sería un paso consistente con la reforma del Estado y la reforma presupuestal, ya no sólo una variable macroeconómica sino una línea estratégica de la sociedad, definida y orientada por ella, por los ciudadanos. Esa sería la democracia presupuestal, coherente con otras formas de democracia directa, a la que debemos aspirar los mexicanos.
Por lo demás, en la primera intervención en esta alta tribuna por mi partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ya se ha fijado la posición, la cual, de acuerdo a los análisis realizados por los componentes de la misma, hemos decidido emitir el voto favorable en lo general, reservándonos el derecho de impugnar algunos artículos en lo particular y hacer las propuestas penitentes que en su momento presentaremos en esta tribuna. Muchas gracias.
El Presidente: - La propuesta del diputado Eberto Croda Rodríguez, del partido del Frente Cardenista, se reserva para su votación económica al final de la discusión.
En seguida tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente:
He solicitado el uso de la palabra para continuar la argumentación que mi partido ha venido haciendo, que lo lleva a sostener su voto en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, que hoy se discute en este pleno.
La Ley de Ingresos que recientemente discutimos y el Presupuesto de Egresos, constituyen no sólo los documentos vertebrales de la política económica anual, sino que también como una fotografía reflejan por supuesto los criterios con los que la política se elabora; su monto, su estructura, su ritmo de crecimiento nos habla de las prioridades que el grupo en el Gobierno tiene sobre la economía.
Por desgracia, la discusión sobre la política económica y de sus principales instrumentos, se encuentra totalmente ideologizada en nuestro país, y por supuesto esta ideologización de la discusión se refleja también en esta Cámara de Diputados.
Las posibles convergencias de las que el diputado que sostuvo el dictamen, son casi imposibles cuando de parte del Gobierno y de sus representantes en esta Cámara, privan la autocomplacencia y las certezas en torno a esta política.
La realidad sin embargo ya dictaminó el fracaso de la política económica; así nos los hacen saber los indicadores en torno a la tasa de crecimiento, en torno a la inflación, en torno a la tasa de crecimiento de inversión, en torno al crecimiento en el déficit en cuenta corriente. Por supuesto también en torno al deterioro de los niveles de bienestar de las grandes mayorías de este país.
En este tipo de indicadores no vamos a reiterar, pensamos que sólo quien está ciego, quien está sordo puede hacer a menos la evidencia de este fracaso.
Esta política además, es una política anticonstitucional. Así nos lo hacen saber también los resultados en relación a educación, a vivienda, a salud, y sobre todo al nivel salario que la mayoría de los trabajadores en nuestro país tienen que sufrir y que esta total y absolutamente en contra de la fracción VII de artículo 123 constitucional.
Estoy citando cifras oficiales en relación al deterioro salarial. Tendrían, los diputados de esta Legislatura, sobre todo los de mayoría, de salir un poco de su modorra, para pensar qué cosas los legisladores podemos hacer para evitar que la economía continúe por las vías de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad, porque son esos los resultados de una política que se ha venido implementando a lo largo de la última década.
Quisiéramos, entonces, hacer un llamado para si no a la convergencia a la que nos convocaba el diputado, al menos pudiéramos discutir de manera responsable el dictamen que hoy tenemos en este pleno.
La pregunta que los diputados del Partido de la Revolución Democrática quieren hacer a este pleno es: ¿Qué sucedería en nuestro país, si todos actuásemos, y sobre todo esa mayoría, si todos actuásemos de manera responsable y analizáramos este dictamen en función, justamente, de ser uno de los instrumentos fundamentales de esa política económica que ha tenido esas consecuencias?
Nuestro partido, como algunos, ya de mis compañeros han sostenido en esta tribuna, sostiene la tesis de que no puede analizarse, no puede elaborarse un presupuesto de egresos y una Ley de Ingresos, como si fuesen dos documentos independientes. Uno y otro constituyen los ejes vertebrales de la política económica que se instrumenta anualmente.
Y, justamente, en aras de esa congruencia, de ver el gasto y el ingreso públicos como parte de un mismo proyecto, es que la mañana de hoy la compañera de mi partido, la diputada Liliana Flores Benavides, trajo a este pleno dos iniciativas de reformas fiscales: una que gravaría, si se aprobara, la ganancia especulativa que se genera en el mercado de valores, y otra importantísima, que incluso se queda por debajo de lo que el sector obrero, parece no bien representado en esta Cámara, o al menos con un discurso esquizofrénico en torno a lo que declaran afuera y lo que sostienen en este pleno; repito, la iniciativa que nuestra diputada Liliana Flores presentó, una de sus partes está proponiendo la desgravación fiscal para los trabajadores de salario mínimo, que perciban hasta tres ingresos de salario mínimo.
Sabemos que el Congreso del Trabajo y sobre todo la Confederación de Trabajadores de México, está solicitando, está exigiendo la desgravación de hasta cinco salarios mínimos. La nuestra se está fundamentando, justamente en lo que significa el salario mínimo en la actualidad, una tercera parte del valor que éste tenía en 1982. Por eso es que estamos proponiendo esa desgravación hasta ese nivel, de cualquier manera sino en el pleno, esperamos que en la Comisión de Hacienda, cuando reglamentariamente en términos del tiempo, esta iniciativa se dictamine, esperamos escuchar las voces de esos representantes obreros que declaran y demandan fuera de este pleno que los trabajadores con hasta cinco salarios mínimos no tendrían por qué pagar un impuesto.
Retomando el hilo de mi exposición, quise señalar a ustedes la congruencia que como partido hemos tenido, tanto en la discusión de la Ley de Ingresos, con las propuestas que hemos hecho, como la que ya se ha estado desarrollando en este pleno en torno al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, y la que se desarrolló por supuesto en la Comisión que elaboró este dictamen.
Si realmente, como les decía hace un momento, actuáramos de manera responsable y en lugar de ese diálogo de sordos que tenemos en esta soberanía, nos escucháramos, el Partido de la Revolución Democrática de manera responsable trae de nuevo a esta tribuna la necesidad, la argumentación de que este dictamen no se apruebe, y que el Presupuesto de Egresos esté reflejando, esté significando el cambio de política económica que nuestro país necesita, después de 10 años de una política que ha tenido los resultados que todos conocemos en términos de precariedad en el crecimiento, en términos de inestabilidad y en términos de injusticia social.
Son varios los ejes de la propuesta que el Partido de la Revolución Democrática en varios foros y en esta Cámara de Diputados ha traído para que se reconsidere de manera responsable esa política económica oficial totalmente ideologizada, con patrones realmente que vienen además de gobiernos que por supuesto no se atreven a aplicar la receta que a nosotros nos hacen llegar; pero que sin embargo, el Gobierno para congraciarse con estos lineamientos hasta ahora casi hegemónicos, pero también ya en crisis en la economía mundial, han tomado para la definición de su política económica.
Hace un momento la diputada María de los Angeles Moreno sostenía que es muy difícil poder mejorar el bienestar social de manera repentina. La diputada Moreno tiene toda la razón, podíamos decir incluso que es un juicio de sentido común, plantear cualquier otra tesis, otra propuesta en relación a como recuperar el bienestar social en nuestro país, sería, por decir lo menos, demagógico.
La propuesta que el Partido de la Revolución Democrática tiene para la recuperación del bienestar y entonces para la reactivación del mercado interno y de la demanda, como uno de los elementos fundamentales para el crecimiento productivo en nuestro país, es el de poder pactar con los trabajadores la negociación del pago de la deuda social acumulada con ellos.
Cuando el Secretario de Hacienda vino y nos defendió los criterios de la política económica y las iniciativas que hoy estamos discutiendo, sostuvo, como han sostenido durante 10 años los tecnócratas en el Gobierno, que es populista querer recuperar de la noche a la mañana los salarios, porque esto lo único que trae como consecuencia, es que a la vuelta de la esquina, a la vuelta de uno ó dos años, la inflación resurja.
Yo me quiero detener el tiempo suficiente y no más que eso, para dejar claro que la propuesta que además ha venido a decantar en propuestas muy puntuales en este dictamen que posteriormente mis compañeros traerán a esta tribuna, en absoluto se basa en una propuesta demagógica en torno a la recuperación del bienestar social y entonces a la recuperación del mercado interno.
La propuesta que el Partido de la Revolución Democrática tiene, respeta los equilibrios macroeconómicos, es una propuesta gradual, pero sobre todo es una propuesta realista. De la misma manera en que el Gobierno frente a sus acreedores internacionales, reconoce y reconoció en la última renegociación, el monto de la deuda externa, lo que el Partido de la Revolución Democrática está planteando, es que se reconozca el monto de la deuda social.
¿Qué se hace en una mesa de negociaciones para pagar una deuda, una vez que se valúa el monto de esa deuda? Muy sencillo, señoras y señores legisladores, lo que se hace en esa mesa de negociaciones, es pactar la forma en que la deuda se paga. ¿Cuál es la forma que el Gobierno ha venido ofreciendo a los trabajadores de este país, para pagar esa deuda?, esa deuda que diría yo, se conoce pero no se reconoce. Lo que ha planteado es esa llamada "teoría del goteo", "espérense un poquito, les dice a los trabajadores, una vez que la economía se recupere, una vez que podamos sostener tasas de crecimiento elevadas, ya verán como a todos nos va bien y ya verán cómo ustedes empiezan a mejorar su salario". Esa es la "teoría del goteo", y eso es lo que se ofrece a los trabajadores.
Lo que el Partido de la Revolución Democrática está sosteniendo y proponiendo y tiene que ver con su negativa a votar a favor de este dictamen, es que una vez reconocida la deuda se negocie y que el pago de esta deuda se haga en función de tres elementos: uno, a través de la elevación del salario directo, de acuerdo con las posibilidades reales de la economía, reflejadas en la voluntad de quienes están negociando de manera soberana y democrática. ¿Cómo va a hacer este país, para pagar esa deuda? Tiene que ser entonces en función de aumento de precios; tiene que ser entonces en función de aumento de productividad y tiene que ser entonces, introduciendo un elemento de indemnización por la cuota que los trabajadores han portado a este país, para su recuperación, que pareciera ser un fondo perdido. Esos tendrían que ser los instrumentos, los ritmos de pago se determinarán de acuerdo a las posibilidades reales, se puede pagar en 10, 15, 20 años, pero no dejar de pagar.
No hay forma, señoras y señores legisladores, en que nuestro país puede empezar a sentar las bases de un crecimiento sostenido y estable.
Yo quisiera que alguien se atreviera a interpelarme en este momento, para ponerme el ejemplo de algún país que pudo sostener tasas de crecimiento con un mercado interno absolutamente deprimido y con salarios de los más bajos del mundo, como es el caso, por desgracia, de México. No existe una experiencia histórica de ese tipo. Eso sí que es demagogia, porque se puede recuperar uno, dos años, como ya nos sucedió. ¿Y qué es lo que nos está sucediendo en 1992? Ya estamos cerrando con una tasa de crecimiento menor a la que la economía se dio el lujo de crecer en los dos últimos años.
Uno de los elementos es que no existe la ampliación de un mercado interno que pueda sostener un crecimiento productivo real.
Hasta aquí entonces uno de los ejes de esa propuesta que en absoluto se encuentra en la concepción de la política económica del Gobierno. Me estoy refiriendo al pago de la deuda social de los trabajadores, alrededor del aumento de su salario directo.
Pero tenemos también la propuesta, nuestro partido la ha desarrollado y la ha sostenido, que no solamente el mercado interno tiene que crecer en función de ese salario directo; tiene que crecer también en función del aumento del salario indirecto. Me estoy refiriendo al impacto que el gasto social tiene en los hogares de las familias; este gasto social, se nos viene a decir ahora, se ha elevado y forma un poco más, constituye más del 50% del gasto que se está proponiendo se apruebe.
El problema, como decía el diputado Calderón, es que después de 10 años de deterioro, aún estamos por sectores y por rubro, por debajo de los niveles que teníamos en 1982.
No queremos que a la vuelta de dos años, en aras de ese equilibrio macroeconómico, vuelva
a caer el gasto social. Tiene que hacerse de manera responsable y como parte de esa renegociación de la deuda social con los trabajadores.
Pero también se nos ha venido a decir en esta tribuna, quienes defienden este dictamen, que no hay de otra; que, o aprobamos este dictamen o sostenemos esta política económica o el país se va al derrumbe.
Ya nos dijeron por qué no pueden aumentar los salarios: porque aumenta la inflación. Ya les estoy yo aquí sosteniendo que los salarios pueden aumentar de manera responsable y de manera concertada, democráticamente.
Lo que sigue es ver de qué manera se va a financiar ese desarrollo estable, sostenido y productivo, que no siga siendo a través del deterioro en el poder adquisitivo del salario, porque esa experiencia ya se realizó y porque esa experiencia ya trajo los resultados dramáticos sobre las economías de los trabajadores y de sus familias. Entonces tenemos que buscar otra manera.
El gobierno dice que no hay otra forma de financiamiento que no sea la repatriación de capitales y la, inversión extranjera directa. Nosotros decimos, a esa alternativa, ¡bienvenida sea! Que los mexicanos que no apostaron al país sigan, de manera sostenida y no como ya sucedió en 1992 porque no tienen confianza en esta política, que sigan repatriando sus capitales; en buena hora que lo hagan, que lo hagan en ritmos sostenidos y en volúmenes suficientes. En 1992 ya esto no ocurrió, cayó en relación a 1990 y a 1991. Que lleguen los recursos de la inversión extranjera.
También el Partido de la Revolución Democrática dice: "Bienvenidos los recursos de la inversión extranjera, siempre y cuando sean complementarios y no el motor del financiamiento al desarrollo que los mexicanos queremos: estable, sostenido y justo".
También 1992 ya nos indica el fracaso de la apuesta del Gobierno a que sea éste el principal motor del financiamiento del desarrollo.
¿En dónde se está evidenciando ese fracaso? En la multicitada cifra de volumen de inversión extranjera y de composición de esa inversión extranjera. 62% más de 12 mil millones de dólares colocados en cartera, no comprometidos con esa infraestructura productiva que se necesita para que el país realmente establezca las condiciones de un despegue económico sostenido.
He ahí entonces, por el lado de la oferta, por el lado del financiamiento, otros fracasos de la política económica del Gobierno.
Pero además nosotros estamos diciendo: "No queremos que el desarrollo se siga financiando con esa ganancia extraordinaria que el empresario tiene, gracias al deterioro del poder adquisitivo, gracias a lo que materialmente le saca el capitalista del bolsillo de su trabajador".
Esa ya no puede ser la forma de financiamiento, porque esa ya nos dijo del fracaso, de ese fracaso que ahora se esta viviendo.
¿Entonces qué forma de financiamiento? El Partido de la Revolución Democrática dice: "Sí a la repatriación de capitales". El Partido de la Revolución Democrática dice: "si a la inversión extranjera, siempre y cuando esté comprometida".
¿Y entonces cómo vamos a financiar? ¿Por qué decimos que nuestra propuesta no es demagógica?
Ustedes con todo derecho, si estuviesen un poco más atentos, porque sé que no lo están, en este momento alguien tendría que tomar el micrófono y preguntar: "Diputada Garavito: ¿y cómo le va a hacer usted para sostener ese proyecto que viene aquí a defender, ese proyecto de la Revolución Democrática, si no hay recursos de los trabajadores, si no hay recursos del inversionista extranjero porque no tienen en este momento confianza con esa política económica?".
Lo que el Partido de la Revolución Democrática ha venido sosteniendo, es que a partir de la crisis de 1982 los recursos para el financiamiento no se evaporaron, no desaparecieron como por arte de magia. Los recursos existen. los recursos están concentrados en poquísimas manos, y esas manos son improductivas, y esas manos no están apostando a ese crecimiento ni a esos objetivos que nos viene a plantear el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni los criterios de política económica para 1993, ni el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 1988.
¡Esos recursos están en manos que no están apostando a ese proyecto ni a esos objetivos!
¿Qué es lo que se tiene qué hacer? De manera responsable, señoras y señores legisladores, ponernos a pensar, como lo hizo la diputada Liliana Flores, a nombre de nuestro partido esta mañana, de qué vamos a desalentar esa ganancia especulativa. O si no, también que
alguien por favor tome el micrófono y haga el favor de responderme. ¿a título de qué, 37 empresarios van a continuar apoderándose del 22.5% de la riqueza que este país se produce?
Si alguno de ustedes tiene la justificación, me puede explicar cómo lo hizo. Está a la vista, gracias a esa política económica que se aplicó. ¿Pero en función de qué filosofía? ¿En qué artículo constitucional se les permitió a esos 37 empresarios, sólo para ponerlos de ejemplo, apoderarse de más de la quinta parte de la riqueza nacional?
Es ahí justamente cuando uno empieza a analizar las cosas con detalle, cuando se da cuenta que venir a pedir el voto a favor de un dictamen que está avalando esa política económica, es venir a pedir el voto a una situación inconstitucional. Y a que esa inconstitucionalidad en la economía, en la sociedad y en la política, sigan perdurando en nuestro país.
Por eso por supuesto, apegados al estado de derecho los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, no podemos decir sí a este dictamen. Por eso nos esforzamos en pensar cómo los instrumentos de la política económica son eso, sólo instrumentos, no otra cosa; e instrumentos de un desarrollo que pueda efectivamente sentar las bases de ese crecimiento sostenido, estable, suficiente y justo. ¡Ahí está la fuente del financiamiento!
El Partido de la Revolución Democrática trajo aquí una iniciativa. Yo les pregunto a 500 cabezas: "¿Pensando en el país, más que pensando en cómo salvar el "honor" de sus gobernantes, no se podrá ocurrir más y mejores cosas que las que ya responsablemente el Partido de la Revolución Democrática ha traído a esta tribuna?.
Yo estoy segura que ustedes dicen sí, ustedes, los diputados de la mayoría priísta, pero que no se atreven. Es problema de ustedes, es un problema de conciencia, por supuesto, lo dejo a sus conciencias, pero es responsabilidad de mi partido pensar en la mayoría de los mexicanos, pensar en esa nación soberana que está estipulada en nuestra Constitución y pensar en la observancia de esos artículos, de esa Constitución que por primera vez en el mundo parió los derechos sociales que hoy se están desmantelando. En aras de esos derechos, por supuesto, hacemos estas propuestas y, por supuesto, les pedimos a todos ustedes no voten a favor de ese dictamen.
Tendría entonces que pensarse en esa política alternativa. ¿Qué tal si de aquí saliéramos como activistas todos, independientemente del partido al cual pertenezcamos, como activistas todos, repito, para promover un acuerdo nacional para un crecimiento suficiente, estable y justo? ¿Qué tan responsables no seríamos con nuestros representados, con esta nación?
¿Por qué el lugar de eso, con la consigna, venir con la certeza de que todo está bien y que se tiene que votar a favor? ¿Por qué por una sola vez en este período legislativo no se detienen un poco a pensar cuáles serían las transformaciones que este país sufriría a favor de ese proyecto, si realmente pensáramos de manera responsable, cómo aportar soluciones a la crisis que aún estamos viviendo? No se puede calificar de otra manera que habiéndose controlado la inflación, 10 años después la inflación no se haya erradicado; que habiendo el salario mínimo perdido 60%, aún lo siga perdiendo y que sean mínimos estratos de trabajadores los que empiezan a recuperar su salario. Que después de tres años de lograda la reconversión del sector externo que se nos viene a presumir y que efectivamente existe, hubo una inversión en la composición de ese sector externo; de ser países fundamentalmente exportadores de petróleo, ahora somos países fundamentalmente exportadores de manufacturas.
La pregunta es: ¿qué es lo que está sucediendo con esa composición de las exportaciones? Sigue estancada y no solamente eso, las exportaciones tienen un techo de crecimiento del 3 al 6%.
¿Para qué sirve entonces una reconversión del sector externo que nos trae los resultados de estar viviendo en este momento la amenaza de una devaluación por la ampliación del déficit en cuenta comercial? Por el sencillo hecho de que nuestra planta productiva aún no es capaz de competir en el mercado internacional.
Y la pregunta es: ¿cómo vamos a ser capaces de competir en ese mercado internacional con esos salarios de miseria, con ese derroche de la mano de obra, con esa cantidad de desempleados? Pónganme ustedes el ejemplo de una potencia exportadora que tenga esos salarios de miseria; pónganme ustedes el ejemplo de un trabajador que efectivamente va a rendir durante su jornada legal de trabajo lo que tiene que rendir después de haber sufrido el desgaste de dos horas para llegar a su trabajo, mal comido, sin vivienda, sin educación, sin condiciones de salud, ¿qué economía puede ser productiva y que economía puede ser competitiva? Claro que ya se dio la reconversión, señores, lo que nos vino a presumir aquí el secretario Aspe de que vamos a ver cómo
le hacemos con esa reforma microeconómica, es justamente el reconocimiento de que todo ese cambio en el perfil que decía la diputada Moreno, el cambio en el perfil de la economía, lo que está es reflejando efectivamente una reconversión en el sector externo, en el sector agrícola y en el sector industrial. Claro que esa reconversión ya se dio y estos son los resultados.
Señoras y señores legisladores, de manera responsable detengámonos unos minutos antes de manifestar nuestro voto sobre este dictamen porque es la única manera, con independencia de este Poder Legislativo, preocupando realmente por la suerte de una economía que efectivamente tiene que competir, que esa competitividad no la va a medir por el volumen de inversión extranjera que le llegue, sino por la capacidad que los mexicanos tengamos para complementariamente con los extranjeros poder responder al reto de la competitividad, para que nuestro país pueda transitar hacia el Siglo XXI efectivamente con una economía moderna y una economía competitiva.
La solución no está muy lejos, basta que cambiemos la orientación de nuestras preocupaciones, más que cuidar la figura de fulano y de zutano, cuidemos la solidez de la economía, el bienestar de los compatriotas, la competitividad, la justicia social y ustedes me dirán si no somos capaces, asumiéndonos como ciudadanos libres, dignos y responsables, de empezar a construir de otra manera nuestra nación.
Por estas razones y consecuentes con la responsabilidad a la que estamos convocando y no con la irresponsabilidad de quien está silbando de manera anónima y no se atreve a hacer un interpelación o a protestar públicamente ante el ciudadano Presidente con quien por supuesto me disculpo porque mi tiempo se ha agotado, no pido más tiempo porque estoy a punto de concluir, pero repito, a esta responsabilidad a la que estamos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática convocando a los legisladores de este pleno, consecuentes con ella es que pedimos el voto en contra de este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado García Toro.
El diputado Marco Antonio García Toro: - Deseo reiterar una vez más ante ustedes que son los representantes de la nación, el desacuerdo manifestado por los verdaderos partidos políticos de oposición representados en esta honorable Cámara, por la situación en la que se ha ubicado a esta soberanía para convertirla en una oficina de trámite y validación de los proyectos del Ejecutivo en turno.
Hoy discutimos el proyecto de Presupuesto de los Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, enviado a esta honorable Cámara.
Señores diputados, ¿creen ustedes con sano juicio y rectitud de intención que el proyecto de Presupuesto formulado por una dependencia del Ejecutivo en el plazo de un año, pueda ser razonablemente examinado, discutido y aprobado en escasos 30 días?
Los diputados que integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional representado en está Cámara, consideramos necesaria la participación de este cuerpo colegiado por medio de la Comisión respectiva en la elaboración de dicho presupuesto; ya lo ha comentado en otras ocasiones el diputado Alfredo Lujambio.
El proyecto que nos ocupa, dice que para 1993, el Sistema Nacional de Salud continuará trabajando en la misma dirección a fin de consolidar los esfuerzos para mejorar el bienestar de la población. Fortalecerá las actividades de medicina preventiva y autocuidado individual, familiar y colectivo de la salud; ampliar la cobertura y el acceso a las instalaciones médicas. Son citas textuales del documento que nos ocupa.
En materia de seguridad social, se incrementará la difusión de programas culturales, deportivos y de esparcimiento; se simplificarán los trámites de acceso a los servicios funerarios y para el pago de pensiones y jubilaciones; se extenderá la cobertura en la atención integral a los hijos de madres trabajadoras y se consolidarán los esquemas de financiamiento.
En este aspecto señores diputados, no hemos encontrado en el proyecto que nos ocupa, el punto de partida para la consolidación de dichos esquemas, y sobre todo los que se refieren a la seguridad social.
Los informes que nos han proporcionado, en comisiones de Trabajo, los presidentes de las mismas y los representantes del Ejecutivo que han acudido a estas reuniones de trabajo, nos han presentado un panorama que de no ser atendido ahora, podrá significar un gran retroceso en materia de justicia en la seguridad social, pues quienes ahora llevan sobre sus espaldas la triste realidad de una miseria pensión, no ven, tampoco nosotros, los diputados que representamos a los
diversos partidos en esta honorable Cámara, la voluntad, la voluntad del Ejecutivo para resolver la problemática situación que viven los jubilados del régimen obligatorio de las instituciones de seguridad pública.
Yo pregunto, señores diputados, ¿serán tan míseras las pensiones de los trabajadores mexicanos, que su líder nacional no ha querido jubilarse?, ¿ o querrá decirles que es mejor esperar la muerte trabajando, que jubilarse para no morir de hambre.
En tal virtud, los diputados de Acción Nacional proponemos por conducto de nuestro compañero Daniel de la Garza, las modificaciones al presupuesto, para abordar este tema, asignando 5 mil 200 millones de nuevos pesos, proviniendo del superávit que se deduce en el proyecto a discusión.
Estos recursos serán usados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectuar el incremento de 300 nuevos pesos a las pensiones y jubilaciones, durante un período de tiempo de 12 meses mientras tanto, el director del Instituto ordenará la ejecución del balance actuarial y estudios financieros, con la finalidad de que los órganos de Gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social, Asamblea y Consejo Técnico, cuenten con los elementos suficientes para adoptar las decisiones que garanticen la solidez financiera del instituto, y estén en posibilidades de cumplir los compromisos y obligaciones que la Ley le asigna.
La partida para el Instituto Mexicano del Seguro Social será de 4 mil 200 millones de nuevos pesos y el resto para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que también requieren de un incremento en sus ingresos.
Esta honorable Cámara... señor Presidente, le suplico dos minutos nada mas para terminar.
Esta honorable Cámara se comprometió con los jubilados a dar una solución de fondo a más tardar una solución de fondo a más tardar en este mes de diciembre. Por este motivo han vuelto a manifestarse públicamente los jubilados y pensionados del país, pues hasta ahora ninguna dependencia oficial del Poder Ejecutivo o Legislativo han dado respuesta ante esta apremiante necesidad .
La justicia en la seguridad social es un reto que se plantea a esta honorable representación nacional, por lo cual, señores diputados, solicitamos a ustedes emitir su voto de la propuesta de modificación del proyecto de presupuesto que fue presentada a esta soberanía por conducto del diputado De la Garza, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Sánchez Leyva, para rectificar hechos.
El diputado Rafael Sánchez Leyva: - Con su permiso, señor Presidente, muchas gracias, señoras y señores diputados:
He solicitado la oportunidad de subir a tribuna para hechos, porque durante el transcurso de esta sesión hemos escuchado varias afirmaciones que para alguien que ha trabajado durante 23 años en el sector salud, es imposible aceptar.
En particular quiero hacer referencia a las cifras que como decía el señor diputado Calderón, manejando alegremente las estadísticas, se habla de que no hemos avanzado y de que el país está en muy malas condiciones.
De ninguna manera quisiera que se vaya a interpretar, como se acostumbra también aquí, a decir que vengo a defender o querer intentar tapar el sol con un dedo; quisiera hablar a nombre de los cientos de miles de trabajadores del sector salud y del sector educativo, que durante años han entregado su trabajo para el desarrollo del país.
No es posible aceptar que se diga que hay indiferencia para las mayorías más necesitadas de este país, y no es posible aceptar que se diga que el presupuesto, tanto para los pensionados del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o inclusive de la población que no tiene seguridad social, sean destinados para otro efecto.
Si ustedes, como aquí se pidió, con seriedad y responsabilidad han analizado las cifras, y no sólo se quedaron con el proyecto de dictamen que está discutiendo sino con honestidad y responsabilidad se revisa el desarrollo social del país en los últimos 50 años, podemos asegurarles que han avanzado todos aquellos que han trabajado en beneficio de las mayorías.
Nadie me podrá negar que ya la mayoría de los hijos superan en estatura, en educación, en todos los aspectos mínimos de bienestar que nuestro país se ha comprometido ante las organizaciones mundiales de cumplir.
Sólo quiero decirles que en el Plan Nacional de Desarrollo están señaladas las cifras
destinadas a este sector, y aceptando, no en número absoluto sino en números relativos, que hay una tendencia ascendente destinada para este trabajo, quiero poner un ejemplo muy concreto: aquí se ha hablado de enfermedades, se ha dicho que nuestro país en comparación con América Latina y con los países desarrollados, está en pésimas condiciones. No niego que falta mucho por hacer, pero insisto, por justicia para quienes han trabajado en los dos sectores a que hice mención, les pido que con seriedad se analicen los avances que se han logrado.
Quiero finalmente, por referencia a la seguridad social que se dijo, señalar que tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hay un crecimiento notable, no en números absolutos sino en cifras relativas, tomando en cuenta el total del presupuesto. Hay un incremento en cinco años que aquí se han mencionado, de 1988 para acá, de un 42.5%, y en alguna cifra, dependiendo de cómo se maneje el total hasta el 78%. se me dirá que en un momento inflacionario puede ser muy relativo; lo acepto, pero por favor señores, ya no tenemos muchas enfermedades que hace 10 años teníamos, la desnutrición sí se pone como ejemplo, Chiapas, Oaxaca, o quizá me pongan algún otro Estado, Michoacán tal vez, que tiene zonas muy pobres, pero yo les pediría que para equilibrar analicemos el norte del país, analicemos las zonas urbanas donde también hay zonas periféricas con muchas necesidades, pero les aseguro que las cifras estadísticamente analizadas con responsabilidad como se pidió, nos garantizan que el país va desarrollandose en forma positiva.
Yo, a ustedes compañeros diputados, a todos, respetando la opinión diferente, les pido que dado que este presupuesto tiene un incremento importante y le da predominio al sector social, su voto para esta iniciativa sea favorable. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado Jesús Martín del Campo Castañeda: - Mi intervención es para aclarar al conjunto de los legisladores y en particular al compañero diputado que acaba de intervenir, que los del Partido de la Revolución Democrática no somos responsables de la elaboración del dictamen; si no son confiables las cifras que en el dictamen están, debería rectificarse ese dictamen, debería regresarse a comisiones, que por cierto es una propuesta nuestra.
Por otro lado, si de interpretación se trata, es un asunto que estamos poniendo aquí sobre la mesa, sin rodeos; nuestra interpretación frente a la realidad, pensamos, es objetiva. Dos sectores ha tocado el diputado que antecedió en el uso de la palabra, el sector educación y el sector salud.
Todo mundo sabe, al leer las cifras, las que están en los propios documentos oficiales, que en materia de producto interno bruto dedicada a educación, apenas el año pasado se logró igualar la cifra que invertía en 1982, y que en el presupuesto de Egresos que tenemos y que hemos analizado, se agregará dos décimas, que es 3.9% del producto interno bruto, lo que no habla de ninguna bonanza, lo que no habla de que estamos en las mejores condiciones ni debemos cruzarnos de brazos con esa peculiar interpretación simplista que ha hecho el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Debo decirle además, que el propio Ejecutivo ha reconocido en los distintos informes de Gobierno de este sexenio que es lacerante la situación salarial de los trabajadores de la educación, los más numerosos entre los trabajadores al servicio del Estado, a la que se le agrega ahora el trato regresivo cuando se aprobó la reforma a la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir de una iniciativa del Ejecutivo, que va a castigar severamente a los jubilados y pensionados del sector educativo, cuando va a reducir los posibilidades de percepción de pensionados al aumento del salario mínimo, que es inferior a los salarios que por la lucha han dado los trabajadores de la educación, han obtenido en los últimos años.
Pero además, lo que hemos cuestionado en este sector, es que si bien se ha aumentado en términos reales la inversión en los últimos años, en este último Presupuesto de Egresos se plantea un aumento del 14.9%, sin embargo, es sobre la base de transferencia de recursos que deberían corresponder a salarios para el desarrollo de otras actividades en el propio sector educativo; que este modelo está desarrollado sobre la base de la precarización de los salarios y puede mantener el desempleo, y no sólo mantenerlo, sino hacerlo creciente, y de esta manera es una, para decirlo en términos coloquiales mexicanos, saludada con sombrero ajeno, se saluda, se habla de aumento de presupuesto global en educación, pero no se habla de que están contenidos los salarios por este presupuesto que se ha exagerado, que se ha vuelto la razón de Estado, la razón de la política estatal en economía, que
es la desaceleración de la economía, que es mantener una estabilidad forzosa, una camisa de fuerza para el desarrollo de nuestro país.
Por lo tanto, efectivamente no compartimos, y le debo decir al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que siendo yo trabajador de la educación, dirigente sindical, conocedor del medio, ningún trabajador de la educación, creo yo, autorizaría al diputado que me antecedió en el uso de la palabra para que aquí aplauda esta política de egresos, que todavía requiere, y creo que tampoco muchos trabajadores de la salud, y mucho menos, lo afirmo categóricamente, los pensionados y jubilados que han venido a restregarnos que nosotros debemos cumplir la palabra empeñada de luchar por una pensión mejor para ellos.
Y lo mismo podría decir del sector salud, para concluir, porque en nuestro país, si bien han desaparecido enfermedades que hay en otros países con un desarrollo similar al nuestro, que es lo mínimo que se puede esperar, sin embargo, hemos tenido problemas, los más conocidos recientemente, los del Cólera, que no ha logrado desaparecer, reaparece la Tuberculosis en sectores sociales en los que parecía que ya no iba a existir, y hay una gran cantidad de niños y adolescentes desnutridos en nuestro país, por debajo de los niveles promedio con países con productividad como el nuestro. Entonces habla de una desacertada política en el sector salud. Y para no extenderme más, diría que tenemos diametralmente puntos de vista opuestos en este caso para interpretar las mismas cifras que el dictamen nos da y que el Proyecto de Egresos no da, por lo que reafirmamos la idea de que hay que votar en contra de este Proyecto de Egresos.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Fernando Lugo.
El diputado Fernando Lugo Hernández: - Señor Presidente, señoras, señores diputados:
Me referiré en esta ocasión al sector Comunicaciones y Transportes.
En diciembre de 1991, esta misma soberanía, al aprobar el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, consideró con ello dedicar 747 mil, millones 900 mil pesos, cifra que según cita el mismo anexo, representa el 47% de la inversión total en el sector y con los cuales se pretendió atender la conservación de 46 mil kilómetros de red troncal de carreteras federales, 47 mil kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales, entre otros.
Ahora que se discute en esta soberanía el proyecto de dictamen, se contempla en dicho proyecto un presupuesto de 1 mil millones de nuevos pesos, para la realización de trabajos de conservación, mantenimiento de la red de carretera federal, incluyendo el mejoramiento de puentes y libramientos.
Al discutir en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el estado en que se encuentran las carreteras nacionales, hemos encontrado que el presupuesto asignado y autorizado para la conservación y mantenimiento sigue siendo raquítico, según el decir de los mismos funcionarios de esta misma dependencia.
Hemos estado en reuniones de trabajo con el secretario del ramo, y al ser cuestionado sobre el particular, su respuesta ha sido: "Es insuficiente el presupuesto para atender la demanda de conservación y mantenimiento de las carreteras nacionales, sobre todo las libres, que son las que se encuentran más deterioradas".
Al estar por concluir el presente año y revisar y analizar los avances en este sentido, se ha encontrado que se han operado los recursos que en su momento fueron aprobados por esta soberanía para el sector comunicaciones y transportes, y que al constatar las obras de conservación y mantenimiento en las carreteras, puentes y libramientos, no parece que se haya aplicado tal inversión, pues seguimos encontrando muy deterioradas las carreteras nacionales.
Esto me da la base para proponer a esta soberanía la necesidad de que considere mayores recursos para ser aplicados a la conservación y mantenimiento de la red de carreteras federales, libramientos y puentes.
Para esto propongo que se agregue un segundo artículo transitorio al proyecto de dictamen en discusión, para quedar como sigue: "Artículo único, que pasa a ser artículo primero. Artículo segundo. Para garantizar la conservación y mantenimiento de la red de carreteras federales, libramientos y puentes de acceso libre, podrán autorizarse recursos adicionales de los excedentes que establece el artículo 14 del presente proyecto de decreto".
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 1992. - Lo firman los diputados: Alfredo Lujambio, Arturo Torres y Fernando Lugo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Benjamín González Roaro (desde su curul): - Pido la palabra para hechos, señor Presidente:
El Presidente: - Para rectificar hechos hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Benjamín González Roaro: - Gracias, señor Presidente, compañeros diputados:
Quisiera hacer una reflexión en torno a lo que recientemente comentó aquí el compañero diputado, el compañero del sector educativo, Martín del Campo.
Yo quisiera señalar que, en relación al gusto educativo la fracción parlamentaria a la que pertenezco ve altamente satisfactorio que el gasto en este renglón se esté incrementando constantemente año con año, en términos reales; que el crecimiento del gasto educativo en estos años de administración, en estos cuatro años, ha sido un crecimiento real del 75%, crecimiento que no podemos soslayar.
Pero, incluso, yo quisiera efectuar algunas comparaciones que nos permitan ubicarnos con una perspectiva histórica de lo que representa este crecimiento.
Si analizamos los últimos 13 años presupuestales, encontraremos que en términos reales, el gasto educativo más alto del país se dará precisamente en 1993, ya que el gasto que se había ejercido con anterioridad más alto al de 1993, es el que se efectuó en el año de 1982 que presentó 270 mil millones de pesos de 1980.
Es importante sí señalar que como otras fracciones partidistas, vemos que el gasto educativo es una inversión y que esta inversión requiere una atención permanente, pero también debemos de estar consientes de los que representa esta inversión en el contexto de las demás necesidades que tiene el país, y por eso lo importante es observar en términos claros, en términos concretos, que haya un crecimiento permanente en términos reales, sostenidos, en el gasto educativo que es lo que ha estado sucediendo.
Por otro lado quisiera recordar que el propio dictamen de la Comisión señala una preocupación por los miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de que sigan buscando y así lo recomienda, alternativas que permitan fortalecer las reservas de los institutos de seguridad social para buscar mejoras a los trabajadores jubilados. Creo que esa es una inquietud que todos compartimos y que requerimos en un ánimo de autosuficiencia de los institutos de seguridad social, buscar cuáles pueden ser esas alternativas de mejoramiento.
Por lo antes expuesto, compañeros, nosotros pensamos que el gasto educativo para 1993 representa un avance importante y un crecimiento en términos reales compatible con una estrategia de promoción del bienestar social para la población mexicana. Muchas gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, por cinco minutos.
El diputado Jesús Martín Campo Castañeda: - Comenzaría con una pregunta al compañero diputado y de sector educativo, Benjamín González Roaro, con quien convergemos en preocupaciones como obviamente ha quedado explícito en las dos intervenciones, la pregunta es: ¿por qué el salario de los maestros, cuál sería la razón, no aumenta en la misma proporción que el gasto en educación?, por eso mencioné explícitamente que en el modelo seguido, obviamente no podemos estar en desacuerdo los del Partido de la Revolución Democrática en que haya un gasto creciente en educación, que reconocemos que tenemos el cálculo, igual a partir de los datos, pero que la distribución del mismo es inadecuada y sigue castigando a los salarios por la idea ésta de que pueden ser los aumentos salariales inflacionarios o pueden contribuir a la inflación, cuestión que es una falacia desde nuestro punto de vista porque, como dije, sobre la base de la precarización de los salarios, no hay ningún impulso ni al trabajo ni a la productividad y en este caso a la educación.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no se justifica mantener bajos los salarios reconociendo que ha habido una ligera tendencia a la alza en términos reales de los propios salarios, pero que todavía eso sí, no recuperan el rezago existente en cuando a la capacidad adquisitiva de los trabajadores de la educación y del conjunto de los trabajadores. Entonces sigue siendo injustificada, desde nuestro punto de vista, esta política.
Y claramente hay también desaciertos en la planeación, podría decir que incluso siendo partidarios totalmente acérrimos defensores del libro de texto gratuito, hemos propuesto que incluso sea gratuito también el de la secundaria, ahora que sea obligatoria. Los últimos que se
elaboraron de historia son los más caros, porque se elaboraron unos que no sirvieron, que costaron mucho, que están embodegados, que no tendrán uso, que ojalá que se usen en las bibliotecas, se elaboran unos nuevos que como ya se supo, son costosos y ese tipo de planeación y de distribución del gasto en educación no contribuye a que sea lo mas eficaz en el propósito de que se eleve la calidad de la educación.
Insistimos entonces, en que deben incrementarse los salarios, incluso la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, es una propuesta de incremento equilibrado de los salarios, en este caso de los trabajadores de la educación, redistribuyendo de manera adecuada y utilizando el superávit que existe y distribuyéndolo proporcionalmente. Haremos una propuesta puntual de la que adelanto en términos generales, que lo que requiere, lo que plantea el Partido de la Revolución Democrática, es que a partir del Presupuesto de Egresos existente, podría incrementarse y que el incremento sirviera principalmente para aumentar los salarios.
Y hacía respuesta al otro diputado que había intervenido antes de mí, en mi primera intervención, porque lanzaba las campanas al vuelo y esto no tiene sustento o fundamento en la percepción que tienen los trabajadores de la salud. La población que es receptora de los servicios públicos de salud, la población que en general ha resentido el modelo económico seguido en este país y que tiene frente a sí en todas las familias de escasos recursos que son millones en este país y que tienen niños desnutridos, niños más desnutridos que antes de 1980, niños que tendrán incluso problemas de salud irreversibles en muchos casos y que tendrá un impacto directo en educación, impacto del que se quejan los profesores cuando tienen a los niños desnutridos, que tienen condiciones difíciles de su propia estancia en el plantel escolar.
Entonces, a esta situación me refería, es una situación evidente reconocida, a la desnutrición creciente en nuestro país, que no sólo no ha podido ser atendida, no ha sido abatida y con el modelo económico seguido y con el Presupuesto de Egresos tal como se nos presenta, no parece que tendrá fin.
Entonces, a este tipo de cuestiones me refería, no estamos en desacuerdo que se incremente la modalidad, los procedimientos y la distribución del incremento para el caso de educación y salud, no parecen tener un correlato de beneficio social efectivo, tal como aspiramos todos lo legisladores.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, para hacer una propuesta.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia señor Presidente:
Solicité la palabra en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una propuesta de modificación en un conjunto de rubros que tiene que ver particularmente con los artículos 2o, 3o, y 6o. en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993. Esto está contenido, lo que voy a exponer brevemente a continuación, en el voto particular que el Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía y que repito, al término de la intervención solicitaré que este voto particular del Partido de la Revolución Democrática, sea inscrito en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados.
Entrando en materia para la propuesta que en nombre del Partido de la Revolución Democrática formularé, el artículo 74 constitucional, particularmente la fracción IV, dice textualmente:
"...Que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, en la fracción IV, dice: examinar, discutir y aprobar anualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Departamento del Distrito Federal, añadiendo otros considerandos."
Nosotros consideramos que la facultad de examinar, discutir y aprobar, nos da precisamente la posibilidad de modificar el presupuesto o el proyecto mejordicho, del Presupuestode la Federación que el Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados, por ello es que nos parece legítimo y conveniente que las diferentes fracciones parlamentarias, cosa que hemos hecho distintas fracciones parlamentarias, en este caso nuestro partido, examinen la situación de la economía del país, y tengamos nuestros propios criterios generales de política económica, examinemos la política presupuestal y cuestiones si es el caso de esta política, propongamos alternativas de política económica y además, propongamos modificaciones a aquello que es la iniciativa de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo Federal presenta.
De ninguna manera debe entenderse la Constitución, como que la cámara de Diputados recibirá el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y lo aprobará sin cambios. Evidentemente tenemos facultades, en su caso, de modificación en aquellos rubros y en aquellos puntos que el interés de la nación lo señale como conveniente y necesario.
Es por ello que hemos, en intervenciones en lo general, que un servidor de ustedes y la diputada Rosa Albina Garavito ha hecho, presentado nuestra opinión crítica, general, a lo que es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero además, y esto lo repito, lo fundamentamos en nuestro voto particular, presentamos una alternativa de política económica que hemos esbozado y que en lo sectorial y específico continuarán desarrollando algunos diputados compañeros del Partido de la Revolución Democrática; pero también hemos presentado una propuesta de presupuesto alternativo, que tiene como eje, aumentos sustanciales en lo que se refiere al resumen sectorial económico, al desarrollo rural en más de un billón, y a Pesca en un 97%, así como aumentos sustanciales en desarrollo social que pasaría de 106 billones de viejos pesos, a 114 billones de viejos pesos; con aumentos importantes en educación, más de 5 billones; en salud y laboral, 4 billones; en desarrollo urbano, más de un billón y en programa social de abasto, que sería un aumento cercano a un billón de pesos.
Proponemos también un aumento de billón y medio en comunicaciones y transportes, un aumento de medio billón en comercio, y un aumento de 4 billones en energéticos.
Esto modifica evidentemente en la propuesta que estamos formulando, tanto la consideración de gasto corriente, que subiría a 176 billones, como de gasto de capital que sube a 41 billones, elevado el techo de gasto programable, de 202 billones a 217 billones. Proponemos incrementar la participación a estados de 34 billones y medio, a 37 billones y medio.
Sin embargo, este conjunto de modificaciones que no voy a detallar en mayor grado, repito, porque compañeros del Partido de la Revolución Democrática hará propuestas específicas sectoriales, se mantiene dentro del techo presupuestario, establecido anteriormente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y por tanto continuamos dentro de 293 billones 691 mil 500 millones de nuevos pesos. Es decir, mantenemos el equilibrio presupuestario.
Evidentemente nuestro deseo sería romper ese techo presupuestario y de ahí la importancia de la propuesta que la diputada Liliana Flores ha hecho el doble vertiente de un ajuste que permita reducción en la carga impositiva a trabajadores, pero por otro lado ese segmento de especulación e intermediación financiera, aplicar al menos una moderada carga fiscal. Y que da toda una agenda de debate nacional en el que nuestro partido está interesado, como parte de esta sociedad nacional activa, a una modificación de la estructura de ingresos y de la estructura de egresos y a la modificación de los convenios de coordinación fiscal con estados y municipios que permita en incremento sustancial de la participación de estos estados y municipios.
Pero en la medida que se trata no solo de dos o tres modificaciones, sino de cambios en distintas partidas presupuestales, quisiera yo, además por tanto entregar nuestro voto particular, entregar a la Secretaría la propuestas genéricas de modificación que, repito, serán fundamentadas por diputado del Partido de la Revolución Democrática.
Sólo a título de resumen, quisiera señalar a esta soberanía, que proponemos aumentos en el artículo 2, para agricultura, educación pública, salud, trabajo y previsión social, reforma agraria, pesca, energía, minas e industria paraestatal, aportaciones a seguridad social y desarrollo social.
Proponemos también en artículo 3, aumentos a aportaciones para educación básica a los estados y a participación estados y municipios. Y proponemos también, y esto quisiera sólo hacer una pequeña consideración, en el caso particular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proponemos un aumento del orden de 585 millones de nuevos pesos. Y en el caso particular del Seguro Social proponemos un aumento de 2 mil 260 millones de nuevos pesos. Porque consideramos que con estos 2 billones de viejos pesos es factible, en diálogo con los órganos técnicos del Seguro Social, tener recursos para un aumento sustancial a jubilados y pensionados, que ha sido una parte de la demandas fundamentales que en esta Cámara han sido expuestas reiteradamente. (Aplausos.)
Asimismo proponemos aumentos para Ferrocarriles Nacionales de México, para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, para la Comisión Federal de Electricidad, Compañía de luz y Fuerza del Centro de Petróleos Mexicanos.
Todos ellos de manera ponderada y equilibrada, manteniendo el tope presupuestario de 293 mil 691 millones 500 mil nuevos pesos y dentro de un esquema de presupuesto equilibrado que pensamos que en el futuro con recuperación económica y crecimiento del ingreso y el empleo podrá incluso, sin que esto sea una herejía, incurrirse en un moderado financiamiento del
gasto público, siempre y cuando sea manteniendo equilibrios macroeconómicos.
Por lo anteriormente expuesto nuestro partido, además de reiterar lo que ya expuso la diputada Rosa Albina Garavito y un servidor de ustedes, que es su voto en contra de la propuesta de decreto para el Presupuesto de Egresos que nos presenta el dictamen de la Comisión, repito, reiterando nuestro voto en contra, sometemos a su consideración, para que sea votada posteriormente, propuestas de modificación al presupuesto, a fin de mejorar, tal como lo hemos analizado, nuestra planta productiva, el ingreso, el empleo y el bienestar de los mexicanos.
Ruego entonces al señor Presidente, instruya a la Secretaría se inscriba al Diario de los Debates al voto particular, que en este momento hago entrega a la Secretaría, y ruego también se someta a la consideración, en su momento y pido al Presidente que dicte las medidas pertinentes, la propuesta de presupuesto alternativo de egresos que el Partido de la Revolución Democrática presenta a esta soberanía y de la cual hago entrega también a la Secretaría.
El Presidente: - Tome nota la Secretaría de la petición concreta y propuesta del diputado, y se reserva para su votación económica, al final de la discusión, su propuesta. (Aplausos.)
Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Hacemos uso de esta alta tribuna de la nación para llamar la atención de esta honorable Asamblea sobre un proceso preocupante que está operando en materia de presupuesto del Gobierno Federal dedicado a la política en ciencia y tecnología.
La preocupación del Partido Popular Socialista, misma que reconocemos es recogida en parte importante por el dictamen emitido por la Comisión de Programación y Presupuesto, reside en el hecho de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, se observa una notoria y evidente desaceleración en el gasto federal destinado al fomento de la ciencia y la técnica de nuestro país, lo cual podría indicar un cambio de concepción, respecto de la consideración acertada del Jefe del Ejecutivo, de que la ciencia y la técnica son estratégicas para la modernización, y una contradicción con el ofrecimiento hecho por el mismo Jefe del Ejecutivo ante los miembros de la comunidad científica del país, de que se continuarían apoyando estas actividades de manera prioritaria.
La posibilidad de este cambio de enfoque en materia de ciencia y tecnología, precisamente cuando en los tiempos que corren la potencialidad económica e industrial de un país está en relación directa con su capacidad científica y tecnológica y la disputa de los mercados internacionales, se apoya en el dominio y control de la tecnología de vanguardia, no podría dejar de llamar la atención de esta honorable Asamblea, que como representación del pueblo adopta sus acuerdos en función de nuestros problemas, pero también de nuestras posibilidades futuras, como nación independiente, capaz de crear mejores condiciones de vida y no para un grupo de privilegiados, sino para la mayoría del pueblo trabajador.
En efecto, desde el notable y valioso incremento presupuestal de 1990, que hemos reconocido en varias oportunidades desde esta tribuna, cuando se otorga un incremento del 20% en términos reales al gasto federal en ciencia y tecnología, hemos visto como este impulso se ha venido desacelerando año con año. Así, observamos que en el año pasado, en 1991, el incremento es de 18% en términos reales, menor pero comparable al de 1990.
Para 1992 el incremento siguió disminuyendo, pues representó el 14.2% en términos reales. Ahora, para 1993, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone un incremento presupuestal del 8.8% en términos reales.
La diferencia notable entre el 20% de 1990 al 8.8% proyectado para 1993, nos muestra de manera objetiva el desaceramiento del ritmo de apoyo a la ciencia y a la tecnología.
El mismo panorama se observa respecto del porcentaje de gasto en términos del producto interno bruto. En 1989 el gasto en ciencia y tecnología sólo representó el 0.27% del producto interno bruto. A partir de 1990 fue incrementándose hasta alcanzar el 0.37% en este año de 1992. Y, según el proyecto a discusión, para el año de 1993 apenas representará el 0.38% del producto interno bruto; es decir, estamos a punto de estancarnos.
Por cierto, señoras y señores diputados, solicitamos que se tome nota de que en la página
161 del tomo I de Presupuesto de Egresos de la Federación, en su último renglón se encuentra un error, ya que se maneja el 0.82% del producto interno bruto, en lugar del 0.38% que hemos mencionado. Creemos que es necesario corregir este error.
En forma precisa, concreta y específica, este desaceleramiento que los datos de manera inobjetable nos indican, preocupa por las siguientes razones:
Porque el presupuesto para 1993, respecto del producto interno bruto, es todavía menor que el 0.4% que se alcanzó a fines de los años setenta y muy lejos, por supuesto, todavía respecto del 1.5% del producto interno bruto que para países como el nuestro recomienda la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas.
Nos preocupa porque los países desarrollados, entre los cuales se encuentran Estados Unidos y Canadá, que de manera inminente serán nuestro competidores directos, incrementan sus presupuestos en la materia, ya de por sí mucho muy superiores al nuestro y reestructuran sus sistemas educativos y científicos para recuperar o ganar presencia en los mercados internacionales.
Nos preocupan porque la industria nacional así como la agricultura nacional, necesitan en muy pocos años transformarse tecnológicamente con el fin de sobrevivir a la desigual competencia con los monopolios norteamericanos, los cuales se niegan ya a vender tecnología a las empresas mexicanas frente a la certeza de que podrán instalarse en nuestro país y hacer uso o explotar en beneficio propio la tecnología que crean en sus laboratorios industriales.
Les interesa nuestro mercado y les puede atraer aprovechar nuestra mano de obra barata; entonces nos preguntamos, ¿para qué vender tecnología a los competidores locales?
Nos interesa porque el eslabón de la tecnología es el más débil de nuestra incipiente cadena de interacción, ciencia, técnica, producción y mercado, el cual debemos fortalecer en el menor tiempo posible, pero para ello, esto es de sobra conocido, se necesitan más recursos que los dedicados a la investigación científica porque implica crear laboratorios de desarrollo tecnológico lo cual conlleva a la adquisición de equipo, maquinaria e instrumental que no propusimos y que son de elevado costo.
Habiendo ubicado este problema como prioritario, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta honorable Cámara, hemos demandado dos acciones específicas del Ejecutivo: por un lado, el fortalecimiento de los laboratorios industriales que ya tenemos, la creación de otros más por el propio estado, o en asociación con la industria privada nacional, sobre todo la pequeña y la mediana, y por el otro, la implementación de un programa de contingencia para el fortalecimiento de las escuela y facultades de ingeniería, con el propósito de que el país pueda contar con el número de ingenieros de alta calificación que el país requerirá en un proceso de auténtica y real modernización.
El insuficiente incremento del presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología evidentemente se reflejará en forma concreta en las actividades de nuestros centros de investigación, como se ve en el hecho de que el Instituto de Investigaciones Eléctricas, uno de nuestros mejores laboratorios industriales, no tendrá incremento presupuestal para 1993 o en la disminución del presupuesto para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares o en el abatimiento de los recursos asignados al Instituto Nacional de la Pesca que sufrirá una disminución del 85.7% respecto de 1992.
A quienes argumentan que el incremento es suficiente porque uno mayor no podrá ser gastado en forma eficiente y productiva, podríamos decirles que en las visitas que la Comisión de Ciencia y Tecnología ha realizado a los centros de investigación, así como en el foro organizado con dirigentes de asociaciones nacionales de científicos y tecnológicos, lo que hemos percibido en las intervenciones de estos dirigentes, es abundancia de ideas y decisión de contribuir al desarrollo del país por la vía de los conocimientos científicos y de la creatividad tecnológica.
Señoras y señores diputados, sabemos muy bien que es verdaderamente difícil cambiar algunos términos del Decreto sobre el Presupuesto de Egresos en relación al Presupuesto para Ciencia y Tecnología destinado a 1993. Sin embargo, tratándose de una cuestión de trascendencia extrema en relación con el porvenir de nuestra patria, teniendo plena conciencia de que aflojar el paso en materia de política científica y tecnológica que mi partido, el Partido Popular Socialista sostiene debe ser responsabilidad del Estado, explícitamente contenida en el artículo 3o. de la Constitución, repito, aflojar el paso en esta materia, atenta contra los intereses nacionales y por tanto apelamos al ofrecimiento del
Ejecutivo de seguir impulsando con decisión el desarrollo científico y tecnológico de la nación, para que con base en el artículo 26 del decreto a discusión, de los recursos que manejará directamente el Presidente de la República, denominados "fondos presidenciales para la ciencia y la tecnología", se hagan las transferencias necesarias destinadas a proyectos específicos de interés nacional en el marco de lo que hemos planteado, a fin de que en la práctica aumente el total de recursos que ciencia y tecnología se dediquen en el ejercicio fiscal de 1993. Muchas gracias. (aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados.
Ya el diputado Héctor Morquecho , a nombre de nuestro grupo parlamentario, ha expresado nuestra decisión de votar en contra de este dictamen del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, y hemos hecho porque en su esencia no lo compartimos.
No compartimos la política económica del Gobierno Federal, pero hemos aprovechado también el día de hoy para expresar algunos juicios como los que ha hecho la diputada Gabriela Guerrero, de una preocupación permanente del Partido Popular Socialista porque se incrementen los recursos destinados a un pilar fundamental de la modernización de la industria en nuestro país como es la investigación científica y tecnológica.
Y yo quisiera sumar otra preocupación más, en función de un tema que hemos abordado en otras ocasiones y que se refiere a la actitud del Estado mexicano en torno a las empresas paraestatales, se mantiene todavía en el artículo 39 de este proyecto de decreto una serie de mecanismos para continuar con el proceso de, la llaman así eufemísticamente, de desincorporación del proceso de privatización realmente, de las empresas que están en manos del Estado.
Hemos señalado que el objetivo de esta política privatizadora, es reducir el papel del Estado como productor directo, como prestador de servicios, como financiador de la investigación científica, como promotor de una serie de actividades que tiendan a resolver los problemas que aquejan al pueblo, en fin como agente económico activo de nuestra economía nacional.
Quieren constreñir esta presencia del Estado no solamente a las áreas estratégicas señaladas en el párrafo cuarto, del artículo 28 constitucional, sino que ahora con esta posibilidad también señalada en el artículo 39 de la decisión de entidades paraestatales, se busca que dentro de estas empresas que se encargan de las áreas estratégicas de la economía nacional, pues se pudieran privatizar aquellos aspectos que no están estrechamente vinculados con este sentido estratégico, o sea, se trata de reducir al máximo la acción del Estado en la vida económica.
Y es evidente que esto sucede así, ya que si vemos los recursos que destina el Gobierno Federal para las entidades del sector paraestatal, nos vamos a dar cuenta que en general se reduce en un 5%; que a Petróleos Mexicanos se le reducen más del 10% los recursos; que a la Comisión Federal de Electricidad en un 3.7%; que a Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el 12%, que se reduce en el 0.8% a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y que solamente se incrementa el 7.9% a los Ferrocarriles Nacionales y el 8.7% al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Estas cuestiones nos preocupan porque nosotros hemos hecho estas preguntas: esta política que está realizando el Estado mexicano de vender sus empresas como Fertilizantes Mexicanos, que es una empresa importante para la agricultura de nuestro país, o Azúcar, Sociedad Anónima, esta política de reducirle los recursos a las empresas que están aún en manos del Estado. ¿Realmente contribuye esta política a desarrollar la economía nacional con independencia? Nosotros hemos dicho que indiscutiblemente que no, esta política es contraria a ese objetivo. Preguntamos también: ¿esto contribuye a mejorar las condiciones de vida del pueblo también? Nuestra respuesta es negativa, esta política es contraria a los intereses populares.
Y nosotros hemos dicho que es falsa la tesis de que mientras el Estado haya tenido una participación activa en la economía nacional, esto era contrario a la atención de los problemas que afectan a la población. Eso es falso, como falsa es la tesis también de que el Estado al abandonar una serie de áreas estratégicas de la economía o de áreas prioritarias de la economía, en realidad sí puede atender los requerimientos sociales, y creo que los datos que hemos manejado en otras ocasiones en esta misma tribuna, nos dicen que si vamos a analizar la política económica por los resultados que ésta ha tenido en cuanto al empleo, en cuanto al salario, en cuanto al nivel de vida de la población, vamos a llegar a la
conclusión de que esta política es exactamente lo contrario a lo que ha propiciado en el pasado la política de participación del Estado en la vida económica nacional.
Pero además queremos señalar que en este momento, en la etapa que nos está tocando vivir en este año, en estos momentos, esta aplicación a pie juntillas de las recetas neoliberales, recetas que están demostrando no solamente en nuestro país sino en todo el mundo, que no van a poder mantener un crecimiento sostenido de la economía, que además implícitamente este liberalismo es injusto en la distribución del ingreso, hemos dicho que en este momento aplicar esa política así, a pie juntillas, es en la práctica un suicidio para nuestro país.
Debiéramos aprender de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Nos produjo realmente un grato sabor de boca saber que el pueblo uruguayo, consultado, ha rechazado el proceso privatizador.
Nosotros hemos dicho que esta ola privatizadora que ha durado un poco más de una decena de años, ya va para atrás, ya ha perdido su impacto y sus resultados negativos están abriendo nuevas perspectivas, y es muy grato por eso para nosotros saber que un pueblo hermano de América Latina ha dicho no a este proceso reprivatizador.
Ese ejemplo que nos está dando el pueblo uruguayo. Aquí no tenemos la figura del referendum, pero estoy convencido que si al pueblo nuestro se le preguntara si está de acuerdo con los resultados de la política privatizadora, va a decir que no está de acuerdo, porque está sintiendo en carne propia los resultados de esa política al servicio del gran capital.
Entonces, compañeras y compañeros diputados, yo pedí el uso de la palabra para sumar esta preocupación a la ya expresada por mi compañera Guerrero, para afirmar el sentido de nuestro voto en contra de este proyecto de decreto. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una propuesta.
El diputado Manuel Rafael Huerta de Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia.
México se ha caracterizado por un modelo de desarrollo económico que en la época del desarrollo estabilizador registró altas tasas de crecimiento; sin embrago no se puede decir que hubo desarrollo, debiendo a que la mayor proporción del ingreso se concentró en unas cuantas familias y el resto de la población mexicana sufrió un proceso de agravamiento de la miseria y de la marginación social.
Se impuso un modelo de desarrollo capitalista centralizado, que crecía con polos de desarrollo como la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, a costa de los recursos naturales y sociales de las demás regiones del país, generando un desarrollo centralizado y polarizado, reproductor de la desigualdad social y regional.
En la década de los setenta se gestó la crisis del modelo, la que estalló de manera estrepitosa en el año de 1982, crisis que en el Fondo Monetario Internacional y el capital financiero enfrentaron con políticas neoliberales, impulsadas desde el Gobierno Federal, consistentes en cargar todos los costos de la crisis sobre el bienestar social de la población.
Así caracteriza pues a la década de los ochenta, como generadora de la mayor deuda social que se expresa en el deterioro de las condiciones de vida de la población, la caída sin precedentes históricos de los salarios, la elevación de los precios de los servicios públicos, el desempleo de millones de mexicanos, la contracción del sector agropecuario, producto de una política contraccionista con efectos en los flujos migratorios de la población rural a las ciudades, la desnutrición de la población, la disminución de la seguridad social determinada por el decremento del gasto público en renglones de salud, de educación, agua potable, desarrollo urbano, vivienda social y ecología.
La política neoliberal tiene como efecto que 40 millones de mexicanos vivan en la pobreza, y 20 de millones de éstos padezcan la pobreza extrema.
En recientes reuniones de especialistas en materia económica de la Organización de las Naciones Unidas, llegaron a la conclusión de que las políticas neoliberales, ejecutadas en los distintos países, tienen impactos desbastadores en los ingresos y los niveles de vida de la población, que incluso, si dichas políticas se cambiaran en el momento actual, se lograría hasta el año 2020 que se recobracen los niveles que estos indicadores tenían en la década de los setenta, como ya lo anunciaba la diputada Soto.
El modelo del desarrollo capitalista ha generado la crisis ecológico más grave en la historia
reciente. Los ecosistemas y los recursos naturales experimentan un acelerado deterioro. Existen especies de flora y fauna en un proceso irreversible de extinción, contaminación alarmante del suelo, aire y agua. Se presentan los procesos de inversión térmica en la zona metropolitana de la ciudad de México sin vistos de solución. El abatimiento y contaminación de los mantos acuíferos, la desecación de los principales lagos y graves alteraciones de las cuencas hidrológicas, la polución de las aguas de los mares nacionales, en una palabra, estamos ante un proceso de degradación del medio ambiente, que pone en peligro la reproducción del ciclo biológico de la naturaleza, ocasionado por la racionalidad capitalista en la obtención de la ganancia.
En los noventa la problemática del desarrollo urbano, la dotación de la infraestructura de servicios públicos, la reordenación y la planeación estratégica de los asentamientos humanos, la seguridad social en las ciudades, han tenido una tendencia de profundo decrecimiento. Las obras públicas no sólo disminuyen en términos absolutos, sino que no se destinan los suficientes recursos para su mantenimiento y conservación, y tienen como consecuencias catástrofes tan lamentables como la de Guadalajara.
La tendencia de crecimiento acelerado de las metrópolis, provoca en fenómeno de concentración de la población; las megalópolis cercen y cambian el uso de los territorios, generando efectos de aglomeración y deseconomías, y concentrando la presión social en las ciudades. Eso evidentemente no sólo ocurre en el país, sino incluso en megalópolis como en Los Angeles, donde de han generado revueltas urbanas que por el empobrecimiento de la sociedad representan desafíos a la estabilidad política.
Todo esto tenderá a agravarse y se debe a que el crecimiento polarizado ha impedido la realización de una planeación estratégica efectiva, que permita la racionalización y el uso de las potencialidades regionales, o sea la reordenación del crecimiento por medio del desarrollo regional armónico y planificado.
En México existen déficit en agua potable alcantarillado del orden de 3 millones 260 mil viviendas que no disponen de agua potable, y eso hablando solamente en términos de cantidad y no de calidad, y con datos oficiales.
De 5 millones 815 mil viviendas, no tienen drenaje y existen millones que no cuentan con vivienda propia. El sector de desarrollo urbano, ecología y agua potable, en 1993 tendrá apenas un presupuesto de 3 mil 494 millones de nuevos pesos, donde se registra un crecimiento en precios corrientes del 26.8% respecto a 1992. No obstante, el presupuesto del sector será menor en 31.7% del presupuesto de 1987.
La participación del sector dentro del producto interno bruto en 1987, era del .54%, en 1988 de .3%, en 1991 de .2% y en 1993 del .31%. Por ende, ha tendido a la disminución, así las reducidas asignaciones del sector no permiten satisfacer las demandas de servicios públicos, vivienda y protección del medio ambiente de la población.
No obstante ser un sector prioritario, la asignación del gasto programable representa sólo el 1.8%.
El rubro de vivienda social en el presupuesto de la Federación se propone eliminarlo en el año de 1993, a través del Programa de Fomento y de Regulación de la Vivienda, entendido por sus ejecutores y planeadores como un programa de simplificación administrativa, por medio de una ventanilla única de trámites que ahorre tiempo y procedimientos burocráticos a los solicitantes.
Simplificación que es claro que debe hacerse, pero el problema de fondo no es burocrático sino es de inversión de recursos: en materia de vivienda sólo ha sido de un 4% del total de la inversión pública. Como se verá, pues, son insuficientes.
Señalar que va a desregular el mercado de vivienda, implica que la vivienda como mercancía que es, con sus respectivos valores de uso y cambio, entrará al mercado nacional con los requerimientos que el Tratado de Libre Comercio está exigiendo en distintas áreas de la economía nacional, y establecer al mismo tiempo las condiciones que garanticen a la inversión privada su libre movimiento y competitividad en búsqueda de altos rendimientos económicos, regulados por el libre juego de la oferta y la demanda.
Es correcto que la inversión privada se oriente a la producción de espacios habitacionales de la población que cuenta con los recursos para adquirir estos bienes raíces, pero no a costa de abandonar las necesidades de vivienda social.
La apertura del mercado de la vivienda, originará que las empresas y los solicitantes que no tengan para pagar las altas tasas de interés en los financiamientos, se le marginará, puesto que llegarán compañías con nuevas tecnologías más
desarrolladas y bajos costos de producción-operación, que obtendrán ganancias extraordinarias y elevarán los precios de la vivienda, generando un mercado especulativo que beneficiará al capital inmobiliario.
En la actualidad el sistema bancario privado del país con recursos frescos para invertir en la vivienda.
Hasta agosto de 1992 se había abierto 10 millones 154 mil cuentas bancarias destinadas al Sistema de Ahorro para el Retiro, según el IV Informe de Gobierno, por lo que el Gobierno Federal anuncia de manera espectacular la realización de 500 mil acciones de vivienda en los próximos dos años de su administración, propósito de producir efectos multiplicadores y acelerados de la economía nacional al producir empleos e ingresos que dinamicen al mercado.
¿Qué es lo criticable? Además de lo que ya hemos planteado de que evidentemente estos recursos van a ir a la banca comercial, es justamente que no se plantean fondos ni cajones financieros en el sistema bancario con tasas de interés social y precios preferenciales que permitan la adquisición de la vivienda por parte de la población de bajos ingresos.
Lo que se traducirá en aumentos del número de mexicanos sin vivienda propia, en que las viviendas sin infraestructura de drenaje y agua potable seguirán incrementándose con la consiguiente disminución de la calidad de la vivienda y de la vida en una alta proporción de conacionales.
En la zona metropolitana de la ciudad de México el problema es particularmente grave, surgen 10 mil familias mensualmente. Estas familias tienen derecho a un espacio donde habitar, y originan una presión social sobre el suelo en el Distrito Federal y en los municipios conurbanos a la zona.
El presupuesto de la Federación no considera un programa de vivienda que atienda las necesidades sociales; es decir, la vivienda de tipo social, dado que establece la política de la vivienda financiada por los bancos comerciales, con requisitos inaccesibles para la población marginada. Se piden ingresos de más de siete salarios mínimos, enganches elevados, condiciones de pago y plazos de amortización que sólo pueden cubrir los sectores de ingresos medios y altos de la población, y a veces, sinceramente, ni estos sectores pueden cubrir.
Que se intente una política liberalizadora y desreguladora del mercado de la vivienda, es algo que tendrá impactos negativos en el bienestar social de las familias mexicanas.
Es por esto, es por este motivo que se propone que se asigne un presupuesto de 500 millones de nuevos pesos, para cubrir en el año de 1993 un programa de vivienda en el Distrito Federal, que contemple 10 mil acciones de vivienda social.
Se propone construir solamente la quinta parte de las acciones de vivienda que se realizaron con los programas de reconstrucción, emprendidos después de los sismos.
Si hubiere voluntad política, el programa propuesto es viable, porque existen organizaciones sociales promotoras de vivienda que cuentan con proyectos, con asesoría técnica, y con toda una experiencia en la construcción de viviendas que, como todos aquí sabemos, son la base para un programa de estas características.
Es viable por contar con disponibilidad del suelo propiedad del Departamento Distrito Federal, suelo destinado a desincorporarse y suelo de la propiedad de las mismas organizaciones sociales solicitantes.
De esta manera, el programa es posible por su favorable relación beneficio-costo, además por no considerarse al Distrito Federal en el programa de "Cien Ciudades", y simplemente para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de una población de cerca de 10 mil familias y por la disminución de la presión social sobre el uso del suelo en los municipios conturbados en la zona metropolitana.
De no realizarse el programa, en 1994 nos tendríamos que preparar para aprobar un programa del Programa Nacional de Solidaridad similar al realizado en Chalco.
La decisión de eliminar los apoyos directos gubernamentales para la adquisición de vivienda, dificultará que las familias que carecen de ella puedan adquirir una propia. Lo cierto es que no existe un presupuesto en 1993, donde se asignen recursos para la construcción de vivienda de interés social, destinada para las distintas entidades federativas del país; no se podrán satisfacer ni los más mínimos requerimientos de la demanda.
Así, de 1970 a 1992 las viviendas no propias han aumentado un 26.8%. Además, actualmente del total de viviendas, el 67% es de dos cuartos,
el 27% es de tres a cinco cuartos y sólo el 6% es de más de cinco cuartos, de donde se deduce que la problemática de la vivienda en el país en lugar de solucionarse tiende a agravarse.
Y con la disposición de eliminar la construcción de vivienda social de los programas del Gobierno Federal y dejándose el financiamiento a los bancos comerciales y al sector privado, será difícil que la población pueda adquirir sus casas propias, por el encarecimiento del mercado inmobiliario de la vivienda.
Ante esa situación, se propone que se destinen 500 millones de nuevos pesos en un programa nacional de vivienda social y equipamiento urbano, que se destine a las áreas del país que presenten los mayores rezagos en la materia, dado que el programa de las "Cien Ciudades", con el que se pretende descongestionar las metrópolis, no contiene las suficientes acciones destinadas a la vivienda de tipo social.
Dicho programa propuesto es viable, porque se cuenta con las reservas territoriales suficientes en los municipios del país y existe la capacidad técnica para su construcción.
Llama la atención que el sector del desarrollo urbano busca incrementar la participación privada que opera con criterio de rentabilidad, para disminuir la participación pública en áreas como la infraestructura básica, como el servicio de agua potable y de previsión de servicios necesarios, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, obras eléctricas, etcétera, en las que antes sólo invertía el sector público, y en muy poco tiempo ya forman parte de las inversiones privadas y de las ganancias de los grandes capitalistas.
Así lo aprueba la afirmación que se hacen en los Criterios Generales de Política Económica para 1993, que en la página 40 dice: "Mientras que en 1988 la inversión del sector privado representó menos del 1% del total, para 1993 esta proporción alcanzará aproximadamente el 50% y de ahí podríamos ir haciendo cálculos de cuánta ganancia se están llevando los grandes capitalistas".
Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal de 1992, en el ramo 20 "Desarrollo Urbano y Ecología", ascendió a 1 millón 139 mil 427 nuevos pesos; en 1993 el presupuesto en el ramo 20 destinado a la Secretaría de Desarrollo Social asciende a 836 mil 274 millones 900 nuevos pesos, con lo que cabe preguntar los motivos por los que registran esta sustancial disminución y los efectos que tendrá con el deterioro ambiental, y si con estos reducidos recursos se podrá lograr cumplir con las prioridades en materia de desarrollo urbano, vivienda, agua potable, así como con los acuerdos y convenciones que el Gobierno mexicano se comprometió en la Cumbre de la Tierra.
De igual modo con estos reducidos montos presupuestales, poco podrá realizar el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que aparecen como órganos decorativos creados por las modificaciones a la Ley de la Administración Pública Federal.
Otro rumbo atendido por el sector, es el ecológico, y en este renglón debería de participar el sector privado, sin embrago, no es rentable para sus intereses, por ello los capitalistas intervienen sólo contaminando y evidentemente descontaminando ya, porque ahora es también una fuente de ganancias.
Como ya se señaló, el problema ecológico tiene como causa un modelo capitalista depredador, con un explosivo crecimiento urbano no planificado, sistema que orienta a la obtención de rentabilidad de corto plazo y ante una legislación deficiente o sin aplicar que tiene efectos catastróficos sobre el medio ambiente.
El presupuesto de protección al medio ambiente según se señala en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, dice: "Se propone una asignación presupuestal de 1 mil 563 millones 700 mil nuevos pesos, que será aplicado por 11 dependencias, 24 entidades y por instituciones de crédito a través de apoyo financiero. Se llevarán a cabo acciones para reforzar las actividades rectoras de coordinación, sigue la cita, y sabemos que en el dictamen que aquí se leyó esto se puso por un debate que tuvimos en la Comisión donde nosotros decíamos que no era tal, y aquí quisiera que algún compañero diputado se subiera a decir aquí en qué dependencias, en qué entidades, por qué instituciones de crédito, a través de cuál se va a tramitar este apoyo financiero, a través de qué organismos y que áreas.
Pero ése no es el problema, aquí lo que es imprescindible señalar es que dicho presupuesto se dispersa entre todas las dependencias, suponiendo que así fuera, del Gobierno Federal, lo que no permite una programación, ni un control, ni un seguimiento y mucho menos una evaluación estricta por parte de una instancia centralizadora como es el propio Instituto Nacional de Ecología o de la propia Secretaría de Desarrollo
Social, y que diera cuenta de los impactos y las desviaciones, incumplimientos del ejercicio de los presupuestos en materia ecológica.
Del mismo modo es necesario que se cumpla con las vertientes de la Ley de Planeación como son la obligatoriedad, la concertación y la inducción y no sólo se considere la realización de la coordinación, en virtud de que en la obligatoriedad se logre que los que contaminan y destruyen los recursos naturales cubran los costos; en otras palabras, que quienes contaminen paguen, así como inducir a la iniciativa privada en invertir en proyectos y acciones de rescate ecológico y se concierte con la sociedad civil en la efectiva protección del ambiente.
El Presupuesto de Protección al Medio Ambiente se diluye entre los programas de las distintas dependencias, organismos y empresas paraestatales; no obstante, sus acciones son de tipo correctivo, más que las preventivas del deterioro; atacar la contaminación es una prioridad incuestionable; sin embargo, ello no debería suplir lo que es también otra urgencia: frenar y revertir expresiones de deterioro ambiental que están teniendo consecuencias muy graves.
Por lo cual se propone que al presupuesto destinado a la protección ambiental se incremente 984 millones 200 mil nuevos pesos, para que se realicen programas de reforestación, protección efectiva en áreas naturales protegidas, recuperación de suelos, conservación de ecosistemas, protección a la flora y fauna, la prevención de la contaminación y la degradación de la naturaleza; en la descentralización industrial del país, en el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de sus normas técnicas ecológicas, sobre las actividades humanas contaminantes.
La realización de los estudios de impacto ambiental, la orientación de recursos para la investigación y desarrollo de tecnologías no contaminantes y protectoras del entorno natural; en la formación de una conciencia ecológica de la población por medio de la educación formal y no formal, en el uso de transporte público no contaminante, y en el estudio de investigación de los elementos ambientales que deben incorporarse al Tratado Trilateral de Libre Comercio, así como se señala en la propuesta que hemos hecho, de la realización de un programa de rescate ecológico en la recepción de Coatzacoalcos Veracruz, que la explotación petrolera ha convertido en tierra muerta, de la protección de los bosques en la meseta tarasca entre otros.
De manera sintética se propone pues para el sector desarrollo urbano, ecología y agua potable, en lugar de 3 mil 494 millones de la unidad monetaria de 1993, se asignen 5 mil 478 millones 200 mil nuevos pesos; es decir, un incremento de 1 mil 984 millones 200 mil más, equivalen a un incremento del orden de 56.7%, con el propósito de orientar 1 millón de actuales pesos al programa de vivienda social en el Distrito Federal y a nivel nacional, los que se tomarán de las erogaciones no sectorizables y que el Partido de la Revolución Democrática propone se utilicen de la partida 8100, destinada a gastos secretos del titular del Ejecutivo Federal, para que dicho programa coadyuvemos al cumplimiento del artículo 4o. constitucional, y de paso podamos hacer avanzar a este Congreso, a transparentar el manejo de los recursos por lo que tanto hemos debatido aquí ya.
Por lo que proponemos que desaparezca entonces dicha partida y entonces 1 billón se use en el programa de vivienda socialmente prioritario y el resto se asigne ya de manera directa al Presupuesto del Ramo 002, correspondiente a la Secretaría de la Presidencia, que conjuntamente a lo asignado, consideramos suficiente para los gastos del Ejecutivo Federal.
De igual manera se considera que los restantes 984 millones 200 mil nuevos pesos del aumento del Presupuesto que proponemos al sector, se destinen a la protección ecológica del país y se tome del superávit presupuestal que aquí ufanamente nos han presentado.
Esas son las propuestas. Muchas gracias.
El Presidente: - La propuesta del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se reserva para la votación económica al final de la discusión.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado René Sánchez, Juárez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge René Sánchez Juárez: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Consideramos que todos los partidos manifestamos nuestro interés en el tema tan importante para el desarrollo de nuestro país, como es el relativo al desarrollo urbano y a la protección del medio ambiente y la ecología.
Precisamente es en el Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, donde se establece la prioridad
de la protección al medio ambiente. Y congruente con este plan, el Programa de Protección Ecológica, pretende que toda actividad de protección al medio ambiente, se lleve a efecto en función de la vocación natural del suelo donde se realiza, lo cual implica impulsar una rigurosa política de ordenamiento ecológico y la aplicación de procedimientos que permitan evaluar el impacto ambiental de las acciones a realizar, principalmente en aquellos proyectos de gran escala, con incidencia en el entorno ecológico, dando mayores atribuciones, a los gobiernos locales en la gestión de este desarrollo.
Consideramos que los retos ambientales sólo se resuelve mediante la corresponsabilidad y además de la obligada y eficiente acción de la autoridad, así como de la participación consciente y responsable de los ciudadanos.
Los objetivos del gasto para esta área son tres: protección del medio ambiente, mantenimiento del equilibrio ecológico, y racionalización de los recursos naturales, particularmente los no renovables.
Como hemos dicho, las metas en la materia se sustentan en el Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente, cuyas principales acciones son mejorar la calidad del agua potable, incrementar el número de plantas de tratamiento de aguas negras, disminuir la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, mejoramiento de los métodos para el procesamiento y disposición de sólidos, consolidar el sistema de reservas naturales y proteger la biodiversidad del país.
Así, el proyecto de presupuesto para 1993 se propone un incremento del gasto destinado a desarrollo urbano, agua potable y ecología, en 26.9%.
En dichos términos el presupuesto destinado a la protección del medio ambiente, ascendería a 3 mil 494 millones de nuevos pesos, que implican un aumento al gasto ecológico de 53.9% en términos reales.
Es importante destacar que en este rubro no se contemplan los gastos que realizará el Departamento del Distrito Federal en materia de protección ambiental que aparecen en su propio proyecto de presupuesto. Además de que se complementa con el gasto en otros rubros como son: la ecología productiva con recursos del Programa de Solidaridad, la actividad forestal, el gasto que destina a la protección ecológica. Petróleos Mexicanos, el Sector Salud, así como Educación Pública.
Cabe destacar un programa de gran importancia como lo es el programa de ecología productiva, con proyectos que eleven los ingresos de las comunidades de pocos recursos, sin deteriorar el medio natural con acciones concretas como reforestación y plantaciones, de protección contra incendios forestales y de inspección y vigilancia forestal; todas encaminadas a estimular una cultura forestal, teniendo como meta en reforestación; sembrar 100 millones de árboles en todo el país.
Específicamente en el programa de vivienda, este presupuesto que solicitamos se autorice, permitirá alcanzar en 1993, las metas siguientes: la construcción de 320 mil 625 viviendas nuevas, que es 25.9% más que en 1992; mejorar 158 mil 980 viviendas, que es 26.2% mayor al alcanzado en 1992, ofrecer 21 mil 11 lotes con servicios; de 27 mil 52 viviendas usadas y liberar 300 hipotecas.
Lo anterior significará canalizar recursos federales y del sector privado por 14.8 billones de pesos, 9.6% adicional a lo invertido en 1992, mediante el otorgamiento de 527 mil 968 créditos que representa el 21.6% más que en 1992.
Efectivamente, nadie espera que el Programa de las "Cien Ciudades" resuelva instantáneamente los problemas del desarrollo urbano, pero sin duda es una estupenda plataforma para abatir rezagos y dar mayor consistencia a las tareas de creación y mejoramiento de la infraestructura y de los servicios sociales.
En estos consideramos solicitamos a esta soberanía sea apoyado el presupuesto y sea aprobado por todos nosotros. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Gracias, señor Presidente, con su permiso:
¡Qué bueno que hemos vuelto a la ronda, como lo habíamos programado entre los partidos! Creo que eso facilita la discusión y le da orden y sentido.
Este debate político en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, ciertamente que enriquece ese carácter democrático que tiene la planeación nacional con esta participación plural y la búsqueda de consensos.
Por eso, señor Presidente, compañeros diputados, habremos de aceptar de buena gana, en
plenaria, en adición a lo que aceptamos ya en Comisión, algunas de las propuestas hechas que mejoran la asignación del gasto público.
Sin embargo, yo me pregunto compañeros: ¿con qué autoridad moral se nos viene aquí a demandar respeto y seriedad en el trabajo legislativo, si quien hizo ese llamado jamás asistió al trabajo de comisiones, que fue arduo, que fue intenso y el cual duramos largas horas debatiendo y analizando las diversas propuestas?
Yo creo que no se vale, diputada Garavito, ofender así el trabajo de sus compañeros. Más respeto para nosotros, ¡eso sí exigimos! (Aplausos.)
Tampoco podríamos aceptar aquí ceder nuestro derecho que nos asiste como mayoría parlamentaria, para apoyar e impulsar las acciones de mejoramiento y de bienestar que realiza un Gobierno responsable, consciente, pleno y legítimamente constituido, en aras de una pretensión partidista.
La nuestra, es cierto, es una democracia, representativa, sí, pero sobre todo es participativa y popular. Aquí no cabe la partidocracia ni el cogobierno. Por eso hemos rechazado aquí proyectos de presupuestos alternativos para los cuales, ni siquiera tenemos facultades constitucionales, y cuando el primer deber de todo legislador es ajustarse a la Constitución de la República.
La concertación no representa la declinación de la capacidad de representar los intereses mayoritarios del país y con ellos poder orientar el desarrollo nacional. Hay una clara acción y conducta de Gobierno que es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y que además de estar ajustada a derecho, propicia la salud y el equilibrio de nuestra economía.
Bienvenidas las críticas y el disenso, porque en efecto reflejan la pluralidad y la diversidad de nuestra acción. Pero hagamos también posible que a través de este diálogo, entre concepciones distintas, podamos encontrar acuerdos y coincidencias posibles.
Fuimos receptivos a las propuestas que mejoraran al presupuesto y que demuestran concretamente nuestra voluntad de cooperar y de colaborar en favor de los intereses más elevados de la nación.
Lamentamos que subsistan aun actitudes reduccionistas del todo o nada, que cada año quisieran hacer de este instrumento la panacea para resolver, en un solo acto y con un solo instrumento de política, las insuficiencias y los rezagos sociales de la nación.
Todos sabemos que estos rezagos existen, no los generamos nosotros; están ahí, se han ido acumulando. No son producto de una sola causa ni de un solo momento, sino son producto de la acumulación de problemas estructurales de la economía, de carencias de recursos necesarios para su distribución y para el fomento de la actividad productiva. Y también son consecuencia de una cambiante e incierta economía internacional.
Por ello, no podemos aceptar proyectos alternativos, como decía, al carecer de esa facultad constitucional no tendríamos razón para siquiera discutirlo. ¡Sí damos, en cambio, una gran bienvenida a todas aquellas aportaciones que han enriquecido nuestro afán de servir mejor a la nación!
Creo que con éste, junto con los otros tres proyectos de presupuesto que hemos aprobado en tres años anteriores, hemos podido ser útiles para esta transformación cualitativa de nuestra sociedad. Y en esta oportunidad tenemos para nuestra discusión y, en su caso, aprobación, un presupuesto que es el paso necesario para una etapa de consolidación de las expectativas de crecimiento y de bienestar que ha abierto el empeño modernizador de la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari.
La consolidación del sistema económico y su contenido y alcances, eminentemente solidarios, están contenidos en este presupuesto. No podemos permitirnos el lujo de dar un regreso a la inflación, de volver a un presupuesto deficitario. Queremos consolidar lo logrado para poder atender los justos reclamos sociales, como es aquél de la mejor y mayor cobertura de la educación, de los programas de salud, mejores condiciones para lograr fórmulas que nos permitan responder a las exigencias de pensionados y jubilados, un mejor programa de seguridad social y también, por qué no, aumentar nuestra capacidad para la ciencia y la tecnología, que si bien sabemos no es un esfuerzo exclusivo del gobierno, que es un Gobierno de la sociedad en su conjunto y, sobretodo, del sector productivo y empresarial, también creemos que el Estado puede promover el desarrollo de estas capacidades en una sociedad.
Se decía aquí, de una manera muy injustificada, que no hay avances. Nada más falso. hay avances significativos. Hemos renegociado una deuda externa que nos ha permitido reducir las
transferencias de recursos al exterior que durante tantos años consistieron el debate esencial de esta Cámara. Hemos podido, también, aumentar la inversión privada, la nacional y la externa y esa inversión privada hoy está generando fuentes de trabajo, está creando empleos.
Las renumeraciones. Los Salarios. Vamos a ver, las renumeraciones en la industria manufacturera han crecido en un 6.5% en términos reales desde 1989, en promedio. Ahora, veamos los salarios, los salarios promedio, que es la suma del salario mínimo más el salario contractual, ha crecido en términos reales de 1988 a 1992 en un 20%. Nos preocupa, es cierto, recuperar pérdidas en el salario mínimo, pero nos interesa que el salario real se siga recuperando, porque es la base para que nosotros podamos mantener un creciente incremento en los niveles de ingreso de la clase trabajadora.
Las tasas de desempleo, compañeros, se han reducido de 3.6% en 1988 a 2.9% en 1992. No es suficiente, nadie está satisfecho. Queremos más reducción, queremos más empleo, pero también por eso necesitamos más confianza en la economía, necesitamos una decisión más firme de parte de los inversionistas privados para que puedan generar fuentes de trabajo, pero trabajo duradero, trabajo con un empleo remunerador que otorgue seguridad social. No queremos el trabajo éste que le genere inquietud, zozobra al trabajador. Pero, ¿qué necesitamos para lograr esa recuperación? Aparte de más empleos, necesitamos mejores salarios, pero también necesitamos productividad, para que haya una mejor distribución de la riqueza.
Decían aquí..., bueno, ¿cuáles son los indicadores de bienestar social? Señores , hay indicadores muy claros, vean ustedes, y vienen en nuestros documentos enviados tanto por las autoridades como en el propio cuerpo del dictamen. La población de 6 a 14 años de edad que no asiste a la escuela entre 1970 y 1990 se redujo, los que no asistían era un 40%, hoy nada más lo hace un 13%, que tenemos que seguir combatiendo. ¿Quienes de más de 15 años y con instrucción posprimaria?, de un 12% que había en 1770 ahora hay un 42% ¿Cómo está el analfabetismo en nuestro país?, de un 25% que había en 1970 a un 12%.
Vean ustedes cómo se ha abatido todo este índice de desarrollo social. Pero vean también, por ejemplo, la calidad, veamos los elementos cualitativos, por ejemplo en los programas de vivienda. En 1970 las viviendas que tenían pisos de tierra, podría decirse la vivienda rural y urbana era un 41%, hoy, menos de la mitad, el 19% todavía tiene pisos de tierra, no quiere decir que nos agrade que así sea pero es la realidad y se está combatiendo sistemáticamente, a través de transferencias de recursos al sector de desarrollo social en donde se atienden los programas de vivienda; y este año simplemente. ¿Cómo estará la vivienda? Este año la vivienda crecerá, hay recursos para el desarrollo de la vivienda, la vivienda urbana pero también la rural porque no nos olvidemos que tenemos a muchos millones de compatriotas viviendo en el campo y que ellos no se ajustan a los modelos de vivienda urbana que nosotros normalmente hemos promovido a través de los sistemas establecidos.
Compañeros, quiero insistir en una cuestión, por acá nos decía el señor diputado Torres, nos daba una argumentación en torno a su propuesta para incrementar los recursos y transferencias a estados y municipios. Yo quiero traer a colación aquí los que se dispone expresamente el artículo 73 fracción XXIX inciso a, esa fracción establece que para establecer contribuciones el Gobierno las puede establecer sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos, gasolinas y otros productos, cerillos, fósforos , etcétera, y luego dice, y aquí quiero llamar su atención, "las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la Ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán porcentajes correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto de energía eléctrica", y como ustedes aquí pueden apreciar, solamente se puede repartir en participaciones, aquello en lo cual las entidades federativas, que no los estados solamente, sino también el Distrito Federal, han contribuido a su captación. Así pues, el porcentaje actual que viene en el presupuesto no es un capricho, no es un subsidio, tampoco es una dádiva unilateral de la Federación, sino es el justo equilibrio convenido entre la Federación y cada una de las entidades; además cada modificación a la disposición de la Ley llegan a esta soberanía previamente consensadas siguiendo los mecanismos y las instancias previstas en la propia Ley y en el sistema de coordinación.
Aquí yo quiero destacar compañeros que se trata de un resultado de un largo ejercicio de concertación...
El Presidente: - diputada Esponda, ¿permite una interpelación?
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con mucho gusto señor Presidente.
El diputado Arturo Torres del Valle (desde su curul): Diputada, no sé si por algún error considero que yo no hice la propuesta en esos términos. Sí considero que debe de modificarse la Ley de Coordinación Fiscal Federal, porque no, al revés de lo que usted piensa, no creo que sea justo este acuerdo, creo que fue forzado y que fue impuesto sobre la parte más débil que son los estados. ¿O acaso considera usted que si el 12% del presupuesto federal lo manejan los 31 estados sumados y de ahí todavía tienen que repartir un 20% de eso que reciben, a los municipios, es justo?
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Compañero diputado, permítame comentarle que no es un 12% como aparece en el cuadro porque en ese cuadro vienen consideradas las asignaciones de las empresas paraestatales que, como usted sabe, no forman parte de los ingresos y entonces descontada esa participación tenemos un 19%, pero en adición y aquí quiero llamar su atención, tenemos en el artículo 3o. el rubro del Ramón 25, el 26 y el 28 que en conjunto nos dan 62 mil 416 mil 800 nuevos pesos que si sumamos esta participación, más todo lo que está contemplando acá que irá a estados y municipios porque allá es donde se va a aplicar y si además de eso, compañero, hiciéramos un desglose de lo que las secretarías aplican concretamente con acuerdos entre estados y municipios, usted verá que la cifra es infinitamente mayor, pero yo coincidiría con usted en una cosa. Coincidiría con usted en que la última convención fiscal regional tuvo lugar en 1948, y que quizá ya vaya siendo tiempo y que pudiéramos actualizarla.
Yo ahí sí coincido. Ahora, no creo, no hay ningún mecanismo por el cual haya una actitud forzada, aquí el consenso se produce entre el responsable de la autoridad de una entidad federativa y la Federación, pero mi argumentación iba dirigida al siguiente diputado, también a que el Distrito Federal tiene derecho de participar en estos ingresos toda vez que contribuye a generarlos en los términos que lo establece la propia Constitución.
Yo creo que debemos insistir en un argumento que planteó aquí mi compañera la diputada María de los Angeles Moreno, al inicio de...
El Presidente: - Diputada Esponda, ¿acepta una interpelación de la diputada Cecilia Soto?
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa:
- Mire señor Presidente, yo le rogaría que en este momento no porque realmente quisiera aprovechar mi tiempo para poder exponer algunos puntos que no he podido hacer a lo largo del debate.
El Presidente: - Adelante diputada Esponda.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa:
- Muchas gracias, muy amable.
Creo que debemos insistir en que la política del gasto del Gobierno Federal, es congruente y es consistente con lo proyectado en la Ley de Egresos aprobado por esta soberanía.
De acuerdo a la estrategia económica que se orienta a apoyar el crecimiento económico con la estabilidad de precisos y a mejorar el nivel de bienestar social, es preciso que nuestro tarea se refleje en cuidar que no se exceda la disponibilidad de los ingresos que recibe, porque a lo que aspiramos es a unas finanzas sanas.
Es necesario que este instrumento tan valioso de redistribución de los recursos nacionales, también sirva para combatir la inflación y para que se favorezca el crecimiento económico gradual y sostenido y como decía yo, una mayor generación de empleos.
Este sector compañeros, ha recibido 106 mil 575 millones de pesos nuevos, lo que representa un incremento de 13%, 13.4% con respecto a 1992, pero su participación en el total, es de 53.6%, con un incremento acumulando del 78.3% de 1988 a la fecha.
Estamos aquí pues, reflejando en el presupuesto cómo el Estado recupera ese carácter rector y a la vez, ese carácter tutelar y protector de los menos favorecidos por las tendencias del desarrollo nacional.
Ciertamente que el desarrollo social no va exclusivamente a un sólo programa, va a una variedad de programas que están destinados a mejorar la situación del trabajo, de la previsión social, de la seguridad social, los programas de desarrollo urbano, de agua potable, los programas para fortalecer las medidas anticontaminantes, y creemos que en su conjunto este presupuesto asignado al sector social, lo que va a propiciar es que va a desatar un interés y una participación de la sociedad que a la vez podrá complementar los esfuerzos que realiza en el Gobierno.
Ciertamente que la educación es una pieza fundamental en la consolidación del proyecto de reforma estructural de la nación. Se buscará una mayor cobertura y la elevación de la calidad en
su impartición; se asegurará la ejecución y el seguimiento del programa de federalización educativa que pondrá énfasis en las comunidades, los municipios y las entidades federativas en donde existen mayores rezagos sociales.
Conviene aquí recordar, que la inversión pública en educación será de 44 mil 567 millones de nuevos pesos, que representan un incremento de 15% real con respecto a 1992. Las aportaciones federales para la educación básica en los estados será de 20 mil millones, lo que significa que los recursos de este sector, crecen en un 10% con relación a 1992.
También es importante verlo en el concierto internacional de naciones. 34 países que registraron un incremento sólido en su programa económico, tenían como un factor detonante de ese fortalecimiento económico a la educación.
Creemos pues que la universalización de la educación es lo único que nos va a garantizar que el programa de desarrollo económico, que el ejercicio de las libertades democráticas de nuestra nación, puedan materializarse en el corto y en el largo plazo.
Decía yo que también en materia de ciencia y tecnología queríamos hacer un comentario, y es que si uno observa los indicadores de las inversiones en este sector, advertiremos un incremento sistemático. Por ejemplo, de un gasto total en ciencia y tecnología de 19 mil pesos, llegamos a 3 mil 686 pesos en 1992.
Creemos que éste es un rubro muy importante del desarrollo nacional, porque es aquí precisamente en donde buscamos que la educación superior, que los centros de excelencia, busquen una vinculación entre la docencia, la investigación y el aparato productivo. Si nosotros logramos en un corto plazo revertir esa tendencia disociativa del aparato productivo con el aparato educativo, estoy convencida de que por cada egresado habrían un empleado, porque si nosotros nos vamos a las regiones en donde hay mayor desarrollo relativo económico, siempre vamos a encontrar una sobreoferta de trabajo, en tanto que vamos a encontrar una escasa oferta de mano de obra de calificada, capaz de tomar esos puestos de trabajo. Y esto ocurre con cierta frecuencia, compañeros diputados, en el norte de nuestro país.
Un rubro importante de la política social, lo constituye sin lugar a dudas el renglón de la salud y la seguridad social. Este renglón tiene un avance sustantivo en 1992.
En el ramo de los servicios de salud, se va a asignar un presupuesto de 47 mil millones, que representa un incremento real del 12%. Con estos recursos y con el énfasis puesto por las instituciones en este sector y sobre todo en las acciones de medicina preventiva, en la ampliación de las unidades de servicios médicos, de modernización sanitaria y con la intensificación del Programa Nacional de Planificación Familiar en todas las regiones que tiene que ver con la atención a necesidades esenciales de los grupos más desprotegidos, creemos que se mejorará el bienestar social de México.
En este sector se propone ampliar la presencia de la salud en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes, donde actualmente no existen todavía servicios formales de salud, por la dispersión geográfica en que se encuentran, por el costo que representa llevarlos, pero en donde estamos seguros que con el diseño de nuevos métodos de trabajo, va a ser posible atender a todos estos conciudadanos nuestro que se han ido alejando y se han ido marginando de las zonas de desarrollo urbano.
La asistencia y la seguridad social también recibirán un vigoroso empuje, particularmente la atención a la niñez, a los ancianos, a los minusválidos, así como a las mujeres que requieren condiciones de mayor seguridad en el momento del parto o posparto o que sufren consecuencias de esos embarazos.
Nosotros creemos que no es posible, compañeros, compartir visiones infundadas que auguran el desmembramiento y la desaparición del Estado como un ente coordinador de la voluntad colectiva hacia los fines superiores de la nación.
Tampoco compartimos las aspiraciones de quienes quisieran ver renacer un Estado colocado por encima de la capacidad social de conducción del desarrollo, y que en aras de la justicia redujera espacios para la libertad, que sustituyera a la sociedad o que a la larga pudiera convertirse en riesgoso para la propia justicia o para su propia supervivencia.
Concidimos con muchos de nuestros compañeros que han expresado aquí que el mercado, por sí solo, es insuficiente para garantizar el bien estar individual, y sobre todo, habría que subrayarlo, en sociedades en donde existen condiciones de rezago, de injusticia social o de pobreza extrema. Nosotros ratificamos que la auténtica naturaleza originaria e histórica del Estado mexicano, es la búsqueda del desarrollo social como objetivo superior del esfuerzo de la sociedad y del Gobierno.
Por eso compañeros diputados, sí es obligación de nuestro Gobierno, la administración adecuada y puntual de los recursos públicos, cualquiera que sea la dimensión de ellos, debe ejercerlos de acuerdo con la estrategia económica y social que amplía las oportunidades de desarrollo y de bienestar a toda la población, que materializa en los hechos, en la vida familiar, en la vida individual, ese afán de justicia y de democracia, pero ningún gobierno, por bien intencionado, por justo o representativo que sea o que pretenda serlo, podrá impulsar el desarrollo más allá de lo que sus condiciones objetivas y los recursos disponibles se lo permitan.
La responsabilidad es del Gobierno, se encuentren lo suficientemente claras y reglamentadas en nuestra Constitución y en leyes complementarias, y la actual administración no sólo no las elude, ni las disimula, sino que las asume a plenitud.
El abatimiento de la inflación y el crecimiento de la economía por encima de la dinámica poblacional se traducen en recuperación sostenida de los salarios reales, con gradualidad, es cierto no al ritmo que todos quisiéramos, pero necesitamos todavía más tiempo.
Las remuneraciones reales por persona ocupada, ya decía yo que durante cuatro años consecutivos tuvo un incremento real, y los salarios reales netos promedio aumentaron en 6.8% y los salarios reales brutos en 5.6% en relación con el año 1991.
Compañeros diputados, los diputados del Partido Revolucionario Institucional tenemos la convicción de que no hay desarrollo económico sostenible sin desarrollo social. Reconocemos también, que en nuestro país existen múltiples carencias y desigualdades sociales, pero que también existe la potencialidad productiva para construir las bases materiales que requiere una sociedad democrática en lo económico, en lo político y en lo social.
Asumimos el reto de la modernización como una necesidad de un futuro más promisorio para todos los mexicanos, pero también creemos que el arribo a una nación más igualitaria debe surgir el combate corresponsable a los rezagos y a la marginación social. El primer compromiso de un Gobierno popular y representativo, como el que encabeza el Presidente Carlos Salinas de Gortari, es con los que tienen menos, con los más marginados, con los desamparados, y el avance industrial, el financiero y el avance social que hemos alcanzado en algunas regiones y en grupos sociales, no puede inhibir la capacidad de indignación de millones de mexicanos ante la pobreza y la desigualdad que todavía padecen millones de compatriotas en diversas comunidades de la República y que son la medida de los ineludibles compromisos que aún tenemos.
Habitamos un México heterogéneo que bien puede denominarse el resultado de la suma de muchos Méxicos. Frente al México del adelanto tecnológico industrial, el México de la sobrevivencia rural de métodos precolombinos; frente al México de la opulencia, ése de que se hablaba hace unos minutos, el México de la indigencia; frente al México mestizo, un México amplio de auténticas raíces autóctonas, pero todos esos Méxicos se entrelazan en uno solo, que es el de una nación vibrante y pujante en la búsqueda de mayor libertad, de mejor democracia, de más y mejor justicia social.
Las mayores libertades y la mejor democracia, son frágiles cuando se carece de una justicia social extendida de la que ningún mexicano puede quedar excluido.
De igual manera la justicia social florece cuando el Estado es capaz de garantizar la existencia de la democracia y de las libertades consustanciales a los individuos y a la colectividad.
El desarrollo, compañeros, es tarea de todos. Muchas gracias.
El diputado Arturo Torres del Valle (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arturo Torres del Valle, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Compañeras y compañeros diputados.
Lamento no haber sido lo suficientemente claro durante mi intervención o al menos no haber podido convencer del asunto relativo al Ramo 25, al Ramo 26 y al Ramo 28, en el que efectivamente el Gobierno Federal considera como participaciones a estados y municipios por una cantidad de 62 mil 416 millones de nuevos pesos.
Nada más que para el Partido Acción Nacional lo respectivo al Ramo 25, que son aportaciones para educación básica en los estados, no lo es tal, porque simplemente la Federación está transfiriendo un gasto corriente que ya tenía, que eran sueldos de los maestros federales, mantenimiento
de escuelas y gastos relativos a lo mismo, y ahora le está dando el dinero para que lo paguen los estados. No es un dinero que el Estado pueda hacer el uso como ellos lo deseen y de acuerdo a su voluntad sino que ya está comprometido.
Entonces de esos 62 mil le quitamos 20 mil y quedarían 41 mil, a grosso modo. Pero aquí podríamos iniciar con el debate relativo a Solidaridad. Hemos dicho que Solidaridad, aunque se nos hace bueno que se ayude o se palie la pobreza externa por parte del Ejecutivo Federal, no nos gusta la manera cómo lo está haciendo de sacar provecho electoral y de invertir en los estados y en los municipios que ven peligrosos, que pueden perder las lecciones o en los estados en que haya elecciones.
Sí nos gustaría, y en ese momento cambiará el Partido de Acción Nacional, dejaría de considerar el gasto de Solidaridad y Desarrollo Regional, si el Gobierno Federal lo diera a los municipios, éstos fueran los que decidieran en qué se va a invertir, y además controlaran el avance de las obras. En ese momento estaríamos de acuerdo que sí sería una participación del presupuesto federal, canalizado hacia los municipios. Pero mientras eso no suceda no estamos de acuerdo.
Entonces, de los 41 que quedaban le quitamos siete, tenemos los 34, que coinciden con el Ramo 28, que son participaciones a estados y municipios.
De aquí se me dijo, no es el 12.5%. Bueno, si de los 275 mil millones de nuevos pesos que tiene el presupuesto federal le estamos los 34 mil 330, que sí aceptamos que se pasa por el presupuesto federal por una coordinación fiscal hacia los estados, entonces tenemos que el presupuesto que va a ejercer la federación es de 241 mil millones.
Los estados tiene que, de estos 34 mil, reparten el 20% entre sus municipios, les quedan 27 mil, y un 10% aproximadamente de esa cantidad, porque esto representa el artículo 90, son ingresos propios que tienen derechos, y esto representa 30 mil millones de pesos, el cálculo que tienen los 31 estados en conjunto, en sus ingresos. Estos 30 mil, según mis matemáticas y creo que es igual para todos, representa el 12.5% aproximadamente el presupuesto sobre el cual el Ejecutivo ejerce, tiene autoridad para decidir en qué y cómo los canaliza.
Ahora, respecto a lo que se me dijo, que las empresas descentralizadas y paraestatales no deben formar parte de este presupuesto, pues, les recuerdo que está el artículo 90 de la Constitución, que me voy a permitir leer aquí, para que quede de acuerdo si ése o no debe de considerarse los ingresos y los egresos de las paraestatales como parte del presupuesto federal.
El artículo 90, dice: "La administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativos de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación".
Por lo tanto, las paraestatales sí forman parte del presupuesto de la Federación.
Por su atención, gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Creo que en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hemos hecho un es fuerzo muy importante por avanzar no solamente en mejorar nuestras formas de discusión y de tener acceso a la información que se requiere, tanto para el análisis de la Cuenta Pública Federal, como para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Creo que este esfuerzo nos ha ayudado a propiciar un ambiente de trabajo y de discusión, que nos ha permitido encontrar muchas preocupaciones comunes, y que creo que estas preocupaciones pueden abundarse.
Por eso, creo que no es conveniente que a esto que hemos avanzado le demos al traste en esta discusión, porque no creo que sea con epítetos, con calificativos o con la descalificación de la opinión de la oposición, como se pueda dirimir este debate.
Y lo que valdría mucho la pena, en primer lugar, es entender cuál es la naturaleza de esta discusión, ¿qué implica la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.? Y, bueno, hay que entender que no es una discusión
menor, si no en torno al presupuesto donde se confrontan ideas, proyectos políticos y concepciones diferentes de lo que debe ser el quehacer de la vida económica y política del país. Eso es lo que nos hace diferentes, y por eso tenemos que entender la naturaleza de esta discusión.
Yo en muchas cuestiones no coincido con la diputada Blanca Ruth Esponda. Creo que, efectivamente, hay que ir avanzando a nuevas formas de discusión y debate en la Cámara, pero no es con la descalificación.
Decía Blanca Ruth que habían pasado los tiempos de la partidocracia. Bueno, estoy de acuerdo, ha pasado ese tiempo y también el del monopartidismo; esos dos aspectos han pasado a peores momentos.
Pero creo que es momento de ir avanzando en el cogobierno del Poder Legislativo.
Yo creo que, si nosotros analizamos el comportamiento de los diferentes partidos políticos en esta Legislatura y el esfuerzo que hemos hecho para modificar los órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados, para impulsar acuerdos parlamentarios, que son una forma de instrumento de gobierno de la Cámara, para modificar las formas de gobierno, desapareciendo a la Gran Comisión, como se hizo en el discusión de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la semana pasada, y avanzar hacia una de Régimen Interno y Concertación, para abrir a la diversidad y a la pluralidad en la composición de esta Cámara a las formas de Gobierno, y van sentando bases para ir asumiendo una responsabilidad entre los distintos partidos.
Yo por eso creo que el cogobierno es una forma de atender no solamente la diversidad de las opiniones en la Cámara, sino que los partidos también asumamos la responsabilidad en la dirección y el destino del Poder Legislativo. Yo creo que es el tiempo de ir avanzando en esa dirección y no venir a cancelar esta discusión.
Nosotros hemos discutido con mucho respeto y seriedad en las comisiones, el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública, éste ha sido un trabajo de equipo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en donde a pesar de las limitaciones de recursos, de la subrepresentación política aquí con los pocos diputados que se nos reconocen con los resultados electorales oficiales, no solamente hemos cumplido a cabalidad, sino yo creo que con creces. Hemos presentado propuestas específicas, hemos presentado un proyecto alternativo que no pretende sustituir la facultad de iniciativa que tiene el Ejecutivo en materia de presupuesto federal, sino fortalecer la facultad que tiene el Legislativo para modificarlo.
Yo creo que ésa el la esencia del proyecto alternativo que nosotros hemos presentado: el de reivindicar el papel del Poder Legislativo como un órgano que asume no solamente las tareas de análisis de las iniciativas, sino asume la responsabilidad de hacer propuestas, decimos nosotros propuestas serias y responsables que lamentablemente muchas veces no encuentran eco en la mayoría que compone esta Cámara.
Y yo quisiera darle un ejemplo a la diputada Blanca Ruth Esponda, de la necesidad de que nosotros vayamos avanzando no solamente en una nueva forma de análisis y discusión del presupuesto, sino también ir estableciendo algunas modificaciones. Y le voy a poner un ejemplo que nos toca muy cercano, es el que se refiere al presupuesto que se la asigna al Poder Legislativo, que lamentablemente hasta ahora no se ha apegado a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, porque todavía no hemos sido capaces en esta legislatura de avanzar por ejemplo en la formulación de programas de trabajo de las comisiones y de los comités legislativos.
Que esos programas de trabajo van a traducirse en partidas, de propuestas presupuestal, que puedan definir el presupuesto con el que va a contar cada una de las comisiones de esta Cámara; y tampoco hemos ido avanzando en formas de integración de estos programas de trabajo particulares de las comisiones y comités legislativos en un programa general de trabajo del Poder, de la Cámara de Diputados en concreto, y creo que ésta es una tarea ineludible.
Esta Ley de Presupuesto y Contabilidad establece tres condiciones básicas para la formulación de los presupuestos. Uno, dice: "El gasto público federal se basará en presupuesto, estos presupuestos se formularán con apoyo en programas que señalarán objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Y estos presupuestos se elaborarán cada año calendario y se fundarán en costos".
Esto todavía no hemos logrado hacerlo en la Cámara de Diputados. Creo que el Comité de Administración ha hecho un buen intento en avanzar en esta dirección, mucho por la presión de los partidos, mucho por la presión del Partido de la Revolución Democrática, pero la respuesta
ha sido muy insignificante. Por poner un ejemplo, el Comité de Administración de la Cámara solicitó a todas las comisiones legislativas su programa de trabajo para el año entrante, para presentar el presupuesto. Quiero decirles que ni siquiera a la mitad de las comisiones y los comités presentaron su programa de trabajo. Yo creo que ahí hay una responsabilidad del Poder Legislativo. Muy pocas comisiones presentamos aquí, hablo como responsable de una de las comisiones, este programa de trabajo, con metas, objetivos y con la posibilidad de aterrizar en costos; pero está es una tarea que nos obliga ya no solamente al Comité de Administración y a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sino a todos los diputados, porque esto ayuda en primer lugar a eliminar la discrecionalidad con que se maneja el Presupuesto de la Cámara de Diputados, lo hace transparente, todos lo conocemos, todos participamos y todas las comisiones y comités saben con qué presupuestos y qué recursos cuentan para desarrollar sus programas de trabajo, y lo más importante, cada comisión tendría su propio programa de trabajo, que lamentablemente no es el caso en esta Legislatura.
Yo por eso le digo a Blanca Ruth que vayamos dándole otro tono a la discusión, y que estas propuestas de modificaciones, que ya algunas han anunciado por parte del grupo parlamentario mayoritario y las que haremos nosotros y los demás partidos de oposición, que las debemos de entender como parte de un proceso de reivindicación de la facultad legislativa, no solamente para proponer, discutir, sino también para modificar las propuestas que haga el Ejecutivo, como seguramente hoy con muy pocas variantes, va a hacerse por primera ocasión al modificarse cifras que nos había mandado originalmente el Ejecutivo.
Creo que ése es el debate que hay dar Blanca Ruth, y no venir a distorsionar y a encajonarnos en una discusión donde cada vez queda más de lado el hecho de una actitud intolerante, una actitud que pretende la descalificación y lo que requerimos es exactamente lo contrario: tolerancia, acercamiento y concertación para asumir corresponsablemente entre todos los partidos, el gobierno de la Cámara de Diputados. Creo que ésa es la tarea.
Regresando un poco al tema de discusión, yo quisiera retomar algunos planteamientos que ya dio a conocer aquí mi compañera Rosa Albina Garavito, en torno a cómo nosotros vemos a la política presupuestal que se nos propone para 1993 y algunas consideraciones particulares relativas al sector desarrollo rural.
Yo creo que la política presupuestaria como está planteada, pretende inducir un ritmo determinado de crecimiento de la actividad económica y al mismo tiempo orientar el sentido social del desarrollo. Son dos premisas básicas que deberá reunir toda política presupuestaria. Sin embargo, el planteamiento que hoy nos hace el Ejecutivo, creo que está orientado en dos líneas totalmente contrapuestas, ya que por un lado se pretende contribuir a la estabilidad de precios por la vía de restringir el crecimiento de la demanda global, mediante el superávit fiscal y por otro lado se pretende incrementar el gasto social, restringiendo el gasto productivo, para impulsar un llamado desarrollo social que busca solamente atenuar los efectos que pueden derivarse de la actual etapa de modernización y reordenamiento del aparato productivo.
Desde el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, insistir en una política de estabilización de carácter restrictivo, reduciendo artificialmente la demanda a través de la política fiscal y en buena medida de la política salarial y financiera, no sólo resulta socialmente costosa, sino que también en estos momentos ya es ineficaz.
De la misma manera, el concepto de desarrollo social que define la otra línea estratégica del presupuesto que discutimos, además de ser contradictoria a nuestro juicio, resulta totalmente insuficiente.
Y aquí tenemos que entrar a analizar un caso particular el asunto relacionado con el sector desarrollo rural. Y valdría detenernos a hacer una reflexión sobre qué es lo que han sucedido en el campo mexicano, a un año de la reforma al artículo 27 constitucional.
Cuando hace 12 meses discutimos en esta Legislatura, la reforma constitucional, fue reiterado el planteamiento de la mayoría de esta Cámara, tres aspectos fundamentales, se nos decía: la reforma va a traer libertad y justicia al campo; la reforma protege al ejido y la reforma hace a los campesinos, sujetos del cambio. ¿Qué es lo que ha pasado un año después?, creo que las expectativas que se han planteado con la reforma constitucional y con la Ley Agraria, no se han cumplido. Y uno de los mejores reflejos del incumplimiento de esas expectativas, es no solamente lo que ha sucedido a lo largo de estos meses en el campo mexicano, sino la propuesta concreta que este presupuesto nos plantea para el sector desarrollo rural.
Si analizamos el problema de darle seguridad a la tenencia de la tierra, revertir las tendencias
al minifundismo y evitar el regreso del latifundio, encontramos que estas expectativas no solamente no se han cumplido, sino que se han acrecentado en forma considerable.
Se ha desatado un fuerte proceso de especulación de la tierra, donde se basa hacia una mayor concentración; los promotores agrarios, decíamos el otro día en la reunión con el procurador agrario, en vez de hacer sus trabajos de extensión y de procuración en el campo, se han convertido prácticamente en corredores de bienes raíces, alentando la especulación y la venta de los terrenos.
El problema de la capitalización del campo, no ha llegado a los recursos que se han planteado; lejos de favorecerse la organización de los productores, se ha avanzado hacia la disolución de los organismos económicos de los productores rurales. Ya la disolución y desmantelamiento de todos los aparatos económicos que se habían dado a finales de los ochenta, se ha acrecentado considerablemente, se han disuelto las asociaciones rurales de interés colectivo, las uniones de crédito, las uniones de ejidos, las asociaciones agrícolas locales. Y a cambio de esto no ha habido la tan mentada asociación con particulares.
Se habían creado falsas expectativas en torno a que la asociación con particulares iba a permitir la capitalización del campo, y hoy nos encontramos que a 12 meses de aprobada la reforma constitucional, solamente se ha constituido una sociedad mercantil en el campo mexicano; en San Luis Río Colorado, y curiosamente esta sociedad entre particulares y ejidatarios en áreas comunes, es una asociación inmobiliaria. ¿Para qué? Para fraccionar los terrenos y alentar el crecimiento de la zona de San Luis Río Colorado y esto no tiene qué ver nada con el mejoramiento de las condiciones de producción y el aliento a la inversión y capitalización del campo.
Se nos decía en aquel entonces también que se iban a comprometer recursos presupuestales para el campo, para garantizar su capitalización. Y creo que de todos los compromisos asumidos, solamente uno se ha cumplido, que es el del subsidio del 30% a la prima de seguro, porque el fondo nacional de empresas en Solidaridad, se ha canalizado fundamentalmente a las áreas urbanas, no ha ido fundamentalmente al campo; la cartera vencida del Banco Nacional de Crédito Rural de no se renegoció cabalmente, por el contrario, no solamente una gran cantidad de beneficiarios han sido eliminados de la cartera del Banco Nacional de Crédito Rural, se han pasado al Programa Nacional se Solidaridad y no han contado con los recursos, sino fundamentalmente el Banco Nacional de Crédito Rural ha hecho una campaña de desmantelamiento en la infraestructura productiva, al avanzar en embargo de la escasa y precaria infraestructura e instalaciones que tenían los ejidos, como son los tractores y otros implementos agrícolas.
Yo creo que habría que ir repensando esta situación del campo mexicano, un campo que ha sido castigado severamente en los últimos 10 años. Y creo que si bien en el Presupuesto de Egresos para 1993 se revierte esta tendencia en cuanto a reestructuración de recursos presupuestales y hay un incremento real del 9.3% respecto a 1992, y también en 1992 hubo un incremento real, todavía es muy insuficiente, no solamente para abatir los rezagos de hace 10 años, sino para abatir apenas los rezagos acumulados al inicio de este sexenio.
Solamente para dar algunos datos, durante todo el sexenio anterior y los tres primeros años de la actual administración, el castigo al sector se tradujo ampliamente en el gasto programable para el sector. Por poner algunos datos, en 1981, el presupuesto asignado al sector alcanzó 152 mil millones 200 mil pesos, que representaban en aquel entonces el 3.13% del producto interno bruto.
Pero a partir de 1982 se inicia una acelerada caída al pasar a 123 mil millones 200 mil pesos, 19% menos que en 1981, y ya representaba entonces el 2.55%.
En 1991 ya representaba apenas el 0.82% del producto interno bruto, y para 1993, este gasto que se nos propone, aun cuando se incrementa en términos reales, solamente representa el 1.06% del producto interno bruto, muy por debajo de 1981, que era del 3.13%.
Pero hay otros datos que ejemplifican mejor la situación, y datos que son francamente alarmantes, y tiene qué ver con la cantidad de recursos, el gasto por habitante que se canaliza al sector de Desarrollo Rural, el cual si bien había alcanzado su punto máximo en 1981, al ascender a 2 mil 166 pesos, para 1993 se nos está planteando el gasto per capita en el campo de solamente 664 pesos, 72.3% menor que en 1980, aun cuando la población rural en el país se ha incrementado considerablemente.
Creo que esas situaciones se han traducido en un fuerte deterioro no solamente de la capacidad productiva, sino de la infraestructura del sector rural. Algunos de los datos que dimos en la glosa
del informe, demuestran cómo la producción de los 10 principales cultivos del país en 1992 fue de 25 millones de toneladas, lo que ya significaba una caída de 1 millón de toneladas respecto a 1991.
Y aquí, claro, aquí hay datos sumamente contrastantes. Ya que por un lado, en el Informe de Gobierno del licenciado Salinas se nos informaba, por dar un dato relacionado con la famosa autosuficiencia alimentaria, que la producción de maíz para este año iba a ser de 13 millones 600 mil toneladas. Y sin embargo Agricultura anuncio ayer que esta producción iba alcanzar en el mismo año los 16 millones 600 mil toneladas.
¡Una variación de 3 millones de toneladas, que francamente no sabemos de dónde los sacaron! Porque de acuerdo a las estimaciones concretas que tenemos, derivadas de información oficial, solamente podía haberse satisfecho esta producción a través de la importación de los Estados Unidos, porque ni por equivocación, ¡y eso es parte de la falta de información y de precisión en los datos que se nos proporcionan!, hay 3 millones de toneladas ,más del 1o. de noviembre al día de hoy.
Yo creo que sí necesitaríamos ir analizando con mayor detenimiento, para ir viendo cuáles las manifestaciones reales de esta política presupuestaria en el sector agrícola.
Yo quisiera abundar en muchos de los datos. Algunos los compartirán sin lugar a dudas, algunos de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que ayer hicieron algunas destacadas declaraciones en los medios de información. El caso de la Confederación Nacional Campesina, Efraín Zúñiga, con quien estoy de acuerdo con sus declaraciones. Y considero que no es suficiente el Presupuesto de Egresos para este año; se necesita un incremento por lo menos del 50% más. O con Jesús González Gortázar, donde efectivamente mucha de la corrupción y la negligencia de las autoridades es la que tiene frenada al sector.
Creo que son los problemas reales que tenemos que ir atendiendo.
Por eso nosotros queremos insistir en un aspecto central respecto al campo mexicano. No es posible continuar con esta política de abandono, que si bien revierte la tendencia histórica de la caída del presupuesto, todavía es muy insuficiente, igual que los rezagos, y creemos que es necesario darle una reorientación fundamental a la política de gasto en el sector rural. Que pueda ir ésta a combatir pues las causas estructurales, que son las que mantienen la crisis, que no necesariamente pueden resolverse a través de la tan anhelada inversión extranjera, ¡que no llega!, y máxime en momentos en que la inversión pública no solamente se ha detenido, sino prácticamente se ha abandonado en la canalización de recursos al sector.
Nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo con los objetivos planteados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y hemos planteado en Comisiones, lo hemos planteado en la glosa del Informe y lo queremos volver a plantear hoy: la necesidad de ir avanzando en un programa alternativo, aunque a Blanca Ruth no le gusta mucho la palabra, de resurgimiento de la agricultura, que permita revertir las causas que han determinado la crisis actual, en la que una política de precios y de apoyos oficiales y financieros pueden ayudar a superar la caída que el sector ha tenido en la última década.
Como contexto de esa situación, nosotros consideramos que se requiere de un mercado interno más dinámico, derivado de una mayor capacidad de compra de los trabajadores. Se requiere de una racionalización de la apertura comercial, en función de la defensa de nuestros productores. Y una política económica y social que tienda a disminuir la polaridad de nuestra estructura agraria, que diferencie la política de apoyos para que beneficien a los segmentos productivos más carentes de recursos.
Al mismo tiempo, reiteramos nuestra propuesta de avanzar en una reforma institucional para un manejo más eficiente y democrático de los recursos destinados al campo, con la participación efectiva de los propios productores y con una verdadera descentralización de las facultades, hoy concentradas en las instituciones federales.
Por el momento y para dejarlo a discusión de este pleno, quisiéramos hacer un conjunto de modificaciones al artículo 2o., al artículo 6o. y el artículo 7o. del proyecto de decreto, en la que se plantean en lo fundamental la modificación de alguno de los recursos que se asigna a los diferentes sectores.
En caso de agricultura y Recursos Hidráulicos, en el caso de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y en la Secretaría de Reforma Agraria, estamos haciendo una propuesta muy concreta ya se ha fundamentado en las comisiones, de incrementar en aproximadamente un 10% el presupuesto al sector. Y,
en general, haremos una serie de proposiciones que serán fundamentadas por mis compañeros para cada uno de los sectores, tanto para Agricultura, Educación, Salud, Trabajo, Reforma Agraria, Pesca, Energía, Minas e Industria Paraestatal, aportaciones a seguridad social y desarrollo social a distintos organismos sujetos a control, que es como nosotros sometemos a consideración de esta soberanía, esperando escuchar un debate muy concreto sobre las propuestas, que las vamos a dejar en la Secretaría, y pidiendo y ofreciendo un debate serio y responsable, como Rosa Albina lo ha planteado el día de hoy y como el Partido de la Revolución Democrática lo ha hecho todos los días en todas las comisiones en las que participamos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.
El diputado Jorge Flores Solano: - Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
Realmente es para mí muy satisfactorio reconocer el esfuerzo que se ha hecho en una de las comisiones de esta Cámara, por integrar su presupuesto de egresos, por integrar la parte que le corresponde al Poder Legislativo.
Pienso que indudablemente hay un conocimiento muy amplio de lo que es la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que nos establece ciertas limitaciones para formular el presupuesto, para manejarlo, para presentarlo y para que esta soberanía pueda aprobarlo o discutirlo. Señala su Capítulo II, en el artículo 13, que el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo a los programas que señalen objetivos, metas, unidades responsables de su ejecución; los presupuestos se elaborarán cada año calendario, y se pondrán sus costos. Así lo ha mencionado nuestro compañero, el diputado Encinas, que en su Comisión, por parte del Legislativo, hay programas.
Yo quisiera simplemente mencionar aquí ante todos mis compañeros que han hecho esfuerzos en mejorar este Presupuesto de Egresos de la Federación, si podríamos contar, ya tenemos las modificaciones, han sido aquí presentadas, con los programas respectivos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una propuesta.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente la problemática que vive el agro mexicano es preocupante, ello se explica porque prevalecen las condiciones de pobreza como resultado de un proceso histórico de descapitalización que permitió a su vez el proceso de industrialización del país por la vía de la sustitución fácil de las importaciones. El factor determinante en la crisis del sector agropecuario fue el trato preferencial que la política económica del Estado dio a la actividad industrial como supuesta premisa para el desarrollo de otros sectores. Dicho proceso generó un desequilibrio en la estructura productiva en detrimento de la actividad agrícola. Reconocemos que existieron intentos del Gobierno de dar apoyo al sector primario en los planes de desarrollo que no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales que ahora se manifiestan con mayor crudeza.
Hace un año se debatieron aquí con profundidad las reformas al artículo 27 Constitucional con el propósito fundamental de modificar la realidad objetiva que vive el campo. Este debate reveló la preocupación de todas las fracciones parlamentarias en relación a la situación que viven los campesinos. A partir de la aprobación de las reformas al artículo 27 Constitucional y de la aprobación de la Ley Agraria, se generaron expectativas favorables para los campesinos; sin embargo, vemos con preocupación que las inversiones privadas o públicas no han fluido al campo con la rapidez y la magnitud necesarias. Debemos tener presente el hecho de que con la apertura comercial resultante del Tratado de Libre Comercio, el campo mexicano y sus productores directos tendrán que enfrentar niveles de competitividad y productividad internacional.
En este contexto se hace prioritario que el Estado y los sectores sociales privados generen de manera conjunta un programa integral de reconversión tecnoproductiva que eleve la capacidad de producción y permita a la vez alcanzar niveles de productividad y calidad cercanos a los que tienen los países con los que se suscribe el tratado. Para ello se requieren de inversiones hacia el sector, de una canalización adecuada y oportuna de créditos así como de una política de apoyos directos a las organizaciones de productores, elementos que en su conjunto permitirán poner el marco un proceso de capitalización para el agro.
Nosotros queremos reconocer aquí que el campo efectivamente tiene problemas, pero no
admitimos que el campo esté desmantelado, tenemos confianza, reconocemos el esfuerzo y el entusiasmo de los campesinos de México, vemos en ellos un gran entusiasmo en su lucha social, vemos en ellos una gran vigor de clase en su trabajo de todos los días, porque a pesar de que no han fluido los recursos de capital necesarios, los campesinos han respondido produciendo alimentos para el país y produciendo materias primas. Los campesinos en un gesto de trabajo inaudito, sin capital suficiente, sin apoyo suficiente, han producido, por ejemplo este año, 15 millones de toneladas de maíz que son suficientes para atender la demanda de alimentos del pueblo de México; hay vigor de clase en las organizaciones de los campesinos, ahí están integrados los comisariados ejidales, y las uniones de ejidos están trabajando, están peleando por sus reivindicaciones de clase, por las reivindicaciones económicas y las asociaciones rurales de interés colectivo, están trabajando y hay empresas económicas que expresan que en el campo están haciendo un nuevo movimiento campesino.
Sentimos que hay en el campo de México, organización, y que hay una clase rural en pie de lucha. Estamos conscientes que el reto para modernizar el campo es enorme y requiere de un proceso muy profundo que no es de corto plazo. Esto se explica porque los rezagos del agro, provienen de décadas anteriores, son 50 años; y la solución de los mismos no puede ser inmediata.
Es por ello que pensamos que la modernización del campo, no será resultado de las reformas constitucionales por sí mismas, sino que precisa de un esfuerzo común de todos los actores involucrados en esta causa para que los productores mexicanos accedan a niveles de desarrollo y de bienestar congruentes con el ritmo del progreso del país.
Por estas circunstancias que vive el campo del país, quiero a nombre de la diputación campesina de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, presentar a ustedes señores diputados, señoras diputadas, una propuesta de modificación al artículo 2 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
Voy a justificar esa propuesta de modificación. El sector Agropecuario constituye un elemento básico del desarrollo económico; el desarrollo rural es sin duda una prioridad nacional y su adecuada atención es condición indispensable para lograr entre otros objetivos, una producción suficiente de alimentos y materiales primas para el mercado nacional, una mejor relación de intercambio con el exterior y sobre todo la elevación del nivel de vida de más de la tercera parte de los mexicanos que habitan y trabajan en el campo.
Una de las reformas más trascendentes y profundas realizadas durante la presente administración es precisamente la referida al agro mexicano. Los cambios jurídicos han buscado lograr transformaciones en las formas de organización y asociación, dar mayor seguridad a la tenencia de la tierra y atraer las inversiones al campo en cantidades crecientes que permitan su capitalización más rápida y aumentos en la producción y productividad.
Es evidente que el impulso al campo demanda la combinación de múltiples políticas y acciones, y es también cierto que exige asistencia y recursos crecientes pero sobre todo cuidadosamente orientado a partir del sector público.
El gasto destinado al desarrollo rural, representó en 1988 el 2.5% del gasto programable; en 1993, la propuesta contempla una asignación que significa el 4.3% de dicho gasto. El gasto en desarrollo rural se ha incrementado 4% promedio anual en términos reales durante el período de referencia.
Entre 1992 y 1993, el mismo gasto crecería de acuerdo con el proyecto en 9.3%. Además, el impacto del gasto realizado por otros sectores como educación, salud, desarrollo social, solidaridad y las previsiones del Ramo 23 para estímulo al campo, significan 14 mil 226 millones de nuevos pesos que repercutirán en diversos aspectos productivos y de bienestar en el campo; no obstante, preocupa concretamente el crecimiento de la inversión física en el sector Agropecuario, y por ello se propone un incremento de 350 mil millones de pesos destinados a obras de inversión con alto beneficio social y económico que desarrollará la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y que han sido demandadas por las comunidades campesinas; han sido demandadas ya por las organizaciones campesinas.
En virtud de lo expuesto, la diputación campesina del Partido Revolucionario Institucional, propone que se modifique el artículo 2o. del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, conforme lo siguiente:
Se incrementará entonces el Ramo número 8, Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 350 mil millones que se tomarán del Ramo número 23, de Erogaciones No Sectoriales.
Firman esta propuesta los diputados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional. Yo les pido a todos ustedes comprensión para esta propuesta de modificación del presupuesto, les pido apoyo para esta aportación que hace el sector Campesino representado en esta Asamblea y nos sumamos al esfuerzo y a la compresión de todos los partidos políticos aquí representados en la Cámara, por impulsar el trabajo del campo y por llevar ahí al campo mayor democracia, mayor justicia y mayor libertad. Muchas gracias.
Dejo a la Secretaría mi propuesta.
El Presidente: - La propuesta del diputado Zúñiga se reserva para la votación económica al final de la discusión.
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Terrazas Allen: - Con su venia, señor Presidente, compañeros y compañeras diputadas:
Esta noche nuestro partido, Acción Nacional, quiere hacer referencia a los problemas del campo y la preocupación que como diputados federales tenemos para que la solución de los mismos llegue a cada uno de los campesinos.
El campo es el escenario fuente de vida y bienestar del hombre mismo, es la sustancia y la solidez de los cimientos sobre los cuales está edificada toda nuestra vida nacional. Es por esto que debemos atender las posibilidades de riqueza en el campo mexicano y que realmente están abandonadas. Son las familias campesinas los mejores relicarios de la tradición nacional.
El campo es la columna vertebral de la patria, por eso nos llena de visión y de esperanza. Y también está en el centro de nuestra preocupaciones y de nuestros esfuerzos. El campo tiene una irrenunciable cuna sagrada, misión vital, por que la producción de alimentos es esencial para la vida de todos los mexicanos.
La humanidad puede venir prescindiendo de todo, menos de la agricultura, y nada en cambio puede suplir lo que la agricultura da.
El campo es un gran escultor de hombres y mujeres fuertes, es la provincia de la vida humana donde las cosas adquieren la vital dimensión de la permanencia.
Con estas reflexiones de un gran patriota, de un gran ideólogo de nuestro partido, he deseado empezar mi exposición, de estas reflexiones del señor Efraín González Luna.
Las recomendaciones públicas que ha hecho el Ejecutivo en la serie de giras que ha tenido a lo largo y a lo ancho de nuestro país, han sido siempre, y con mucha importancia y con mucha fuerza, que hay que darle prioridad a los problemas y a las soluciones del campo mexicano, porque es el sector productivo que en estos momentos se encuentra hundido en una grave crisis, y que por lo tanto necesita de apoyos profundos.
Las políticas de fomento de desarrollo del campo, aunadas a las modificaciones del artículo 27 constitucional, y la promulgación de la Ley Agraria, no son congruentes con la vida misma en la que se vive en este sector, con la que reflejan los rostros de los campesinos; los apoyos no han llegado al surco y no han llegado a los productores. La prueba de esta ineficiencia en planes de desarrollo, de la ausencia de rentabilidad de la tierra, reflejada en la propia descapitalización de los productores y en el aumento constante y aterrador y golpeador de sus carteras vencidas, tanto con la banca oficial como con la banca privada, son los hechos vividos día a día del campesino que no puede ver un insignificante rayo de luz esperanza en su actividad productiva.
Según datos de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en su último informe de labores 1991- 1992, éstos nos demuestran que la producción de los principales cultivos en 1990 fue de 27 mil 804 toneladas, y que ésta decreció en 1992 a 25 mil 016 toneladas, cifra que nos da una baja del 9% en la producción de los principales cultivos tales como arroz, maíz, frijol, semilla de algodón, ajonjolí, soya y cebada.
La superficie cosechada según el mismo boletín informativo, por los productores del campo en estos mismos cultivos, fue en 1990 de 13 mil 325 hectáreas, y en cifras estimadas, en 1992 bajó esta superficie a 11 mil 711 hectáreas, lo cual, señores diputados, significa nada menos que un 20% de decremento de la superficie cosechada en nuestro país.
Ahora veamos, reflexiones en la superficie sembrada. La superficie sembrada en estos mismos cultivos fue en 1990 de 14 millones 308 mil hectáreas, y en 1992 baja nada menos que a 12
millones 954 mil hectáreas, lo que quiere decir que en este corto tiempo se han dejado de sembrar nada menos que 1 millón 354 mil hectáreas.
Resulta deprimente, con estas cifras oficiales y no confiables, porque conocemos la labor de la Secretaría, que no es congruente con la realidad en el campo y que sus cifras por algo siempre las pone entre comillas con una "e" de estimadas, resulta sí, deprimente la situación en el campo de México, en contraste con el crecimiento del país en otras áreas no muy selectivas.
Conforme a palabras expresadas por nuestro compañero diputado, representante de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, el diputado Gortázar, que a través del periódico El Universal mencionó que el crecimiento positivo de la macroeconomía del país es de casi 3%, y que el sector Agropecuario terminará el año con un retroceso cercano al 1.3%, a pesar, dice él mismo, de los billones de pesos canalizados a este rubro, ya que sólo se han destinado a grandes proyectos agroindustriales, y se ha soslayado la labor de los productores primarios.
También, expresó, existen grandes obstáculos para el desarrollo del sector Agropecuario, como es la erradicación de la negativa cultura de la banca para prestar al campo, lo subrayamos, la negativa cultura de la banca para prestar al campo.
La falta de estímulos directos al productor agrícola, efectivos canales de comercialización y la falta de atención de todos los sectores, como medios para revertir la tendencia descapitalizadora del medio rural.
Expuso que lo más grave es la desatención al campo, y que esto puede originar una grave dependencia de México al exterior en materia de alimentos. La prueba ya la tenemos con la gran importación de alimentos, que golpea al productor mexicano, sobre todo en el aspecto de granos, en frijol, en cacahuates, en soya y en sorgo.
Pero, señores, a mí me gustaría invitar al diputado González Gortázar, para que hiciera uso de la tribuna y dijera lo mismo y también apoyara las peticiones de que hizo mención también el diputado Efraín Zúñiga Galeana de apoyar más al campo, porque la petición precisamente, aunque no coincide en cifras, del diputado Efraín Zúñiga Galeana, es derivada de la participación de todas las fracciones parlamentarias de este Congreso, la preocupación de todos los grupos, de la integración plural que a través de cada una de las comisiones se ha hecho conciencia de la necesidad de apoyos al campo mexicano.
Yo quisiera reconocer plenamente en estos momentos la participación plural y la preocupación de todas las fracciones parlamentarias con respecto a los apoyos financieros para el campo.
Sin embargo, coincidimos con dichas declaraciones y con la realidad misma que nos reflejan los índices que la Secretaría de Agricultura nos da, por lo que consideramos que se deben de aumentar los renglones del financiamiento en forma directa. Es por esto que nuestras modificaciones al proyecto de Egresos, señores, no son utópicas, sino lo que deseamos es la clarificación de las asignaciones.
Por esto proponemos que en el rubro 008 se aumente a agricultura y recursos hidráulicos 1 mil 327 millones de nuevos pesos, los que consideramos conveniente se apliquen en infraestructura hidroagrícola, la que muestra un decrecimiento en un año en términos reales del 27%.
En el rubro 008.1, que proponemos, se incorporen 4 mil 863 millones de nuevos pesos, es nuestro propósito que esto se aplique a financiamiento y seguros de las líneas del Banco Nacional de Crédito Rural, Aseguradora Agrícola Mexicana y Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura.
Sabemos, todos los que estamos aquí presentes y que estamos involucrados con la realidad de la crisis del campo mexicano, que el problema es la descapitalización, que el problema son las carteras emproblemadas y vencidas, y conocemos que se necesitan fuentes de financiamiento, que haya flexibilidad en el otorgamiento de los créditos y planes y programas de saneamiento de esas carteras. Nuestra preocupación es la descapitalización.
Nadie se va a querer asociar con un productor que verdaderamente está hundido en la quiebra económica; para nada podemos aplicar las modificaciones a la Ley. ¿Quién va a querer asociar? ¿Quién va a querer verdaderamente invertir con aquél que está hundido en la quiebra económica?
Por eso insistimos que estos aumentos se hagan a través del financiamiento fresco para los productores que están en una situación de problema económico y que no es imputable a su propia responsabilidad, porque ahora sí le quiero hacer
un cuestionamiento desde esta tribuna a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: ¿no es lógico que el 80% de la población rural esté en quiebra económica? ¿No es cierto que hay desvíos? Existirán los casos muy aislados. La situación es derivada de la ausencia de planeación, de una pésima política económica al campo, derivada de la ausencia de planeación, porque el campo ha sido el soporte de los demás sectores durante muchos años.
Reivindiquémoslo, devolvámosle realmente al campesino lo que les han arrebatado.
Aclaramos también que el presupuesto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se argumentó que no crece; pero no obstante el Partido Acción Nacional, sí propone que crezca dicho presupuesto, en las erogaciones vía transferencias asignadas a Banco Nacional de Crédito Rural, Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura y Aseguradora Agrícola Mexicana.
Este nuevo rubro propuesto, el 008.1, es la respuesta, señores, al reclamo de las mujeres y hombres que trabajan la tierra para devolverles, como ya les mencioné, lo que la pésima política económica de este Gobierno les ha arrebatado, y para la reactivación misma del campo mexicano, lo que puede ser tomado en forma clara, concreta y veraz de las partidas, subrayado, no sectorizadas.
Qué caso tiene que estén en la niebla si las podemos ver antes de tiempo y como legisladores coadyuvar en la vigilancia del ejercicio efectivo del destino de los apoyos financieros.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra propuesta concreta del Partido Acción Nacional con relación al apoyo al campo de México es, señores, de 6 mil 190 millones de nuevos pesos, para que con esto se contribuya a aliviar en parte las grandes necesidades del sector agropecuario.
Por eso, le pedimos a esta Cámara, como ya lo hizo nuestro compañero diputado Efraín Zuñiga Galeana, en su declaración , también a través de los periódicos nacionales, que se haga uso de su soberanía y que analicemos con seriedad las partidas del campo de México, el cual, ya lo sabemos, se encuentra hundido en la miseria, consecuencia de la corrupción burocrática y también se encuentra hundido en la pobreza, pero sobre todo, compañeros, compañeras legisladoras, un reclamo a nuestra conciencia; ellos están esperando nuestra respuesta positiva a sus planteamientos y a la solución de sus problemas. Muchas Gracias.
El Presidente: - La propuesta de la diputada Patricia Terrazas se reserva para su votación económica al final de la discusión .
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): - Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Con su permiso, señor Presidente.
Sin duda alguna uno de los temas que al final del siglo reviste especial complejidad y se discute prácticamente en todo el mundo, es lo relativo a la política agropecuaria.
En el caso de nuestro país, diseñar una política requiere ser muy casuística por sus tremendos contrastes y su reconocida heterogeneidad. Hay una agricultura comercial que contrasta con una agricultura de autoconsumo; hay una agricultura minifundista pulverizada, que contrasta con una agricultura de exportación; hay una agricultura de autoconsumo, y todo ello implica desarrollar y diseñar una política acumulando la larga experiencia que el Estado mexicano tiene en este campo.
Antes que la economía está la agroclimatología, y sabemos también que hay muchas tierras poseídas por mexicanos, que están agotadas o donde inclusive se tiene que extraer el agua a más de 120 metros, lo cual no hace costeable ningún cultivo.
A todo lo anterior habrá que agregar un panorama internacional tremendamente complejo. La Ronda de Uruguay no concluye, precisamente por los problemas de los subsidios a la actividad agropecuaria.
Hay una lucha, hay una tendencia de países que se agruparon para luchar porque no se otorguen subsidios, y estoy hablando de Argentina, de Australia, de un país muy próximo a nosotros que nos tiene mucho que enseñar en los aspectos agropecuarios como Costa Rica, que ellos tienen como lema simplemente que no compitan las tesorerías de las naciones sino que compitan los productores. Y hay un enorme esfuerzo por todos los dirigentes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio a efecto de precisar los sistemas que nos permitan medir los subsidios y tratar de disminuirlos.
Y se me dirá, ¿por qué se tiene que referir a la política internacional en materia agropecuaria? Por una razón muy simple, no podemos encapsular el sector agropecuario mexicano, somos importador de alimentos y somos exportador de muchos productos agrícolas. Lo cierto es que sin Tratado de Libre Comercio o con Tratado de Libre Comercio, la internacionalización de los precios en los productos agrícolas se tiene que dar, y lo que también es cierto a final de siglo es que se han acabado los mercados cautivos.
El Estado mexicano asimila una larga experiencia: los subsidios, que no degeneren y vayan a enriquecer a una agricultura comercial, sino que precisamente lleguen a los sectores más necesitados. En materia de comercialización en los productos agropecuarios, tenemos la experiencia de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ahora se crea Aserca, que busca dar información e interviene en forma casuística y muy señalada; se construye la infraestructura.
Y en materia de tecnología, y aquí debemos reconocer que hay que seguir investigando, pero también afirmar que definitivamente en materia de tecnología, el 90% de la tecnología para incrementar la producción agropecuaria está a la luz del día, tenemos los paquetes tecnológicos, con tecnología económicamente rentable, ecológicamente apropiada, culturalmente al alcance de nuestros productores. La falla fundamental que hemos tenido y que hemos venido arrastrando es que esa tecnología se convierta en una eficiente asistencia técnica. Ese eslabón, el conocimiento, ¿cómo transmitirlo? ¿Cómo aplicarlo?
Sabemos qué hacer en el café, cómo combatir la roya y la broca, utilizar la semilla clasificada en trigo o en maíz, o saber también el frijol cómo podemos mejorar nuestros cultivos y cómo utilizar los agroquímicos; pero precisamente ese eslabón ha sido el punto débil que hemos venido arrastrando por muchas décadas. Y ahí es en donde hay que concentrar el esfuerzo.
Repito, no se trata de abandonar la investigación, pero sí de fortalecer, y los nuevos esquemas que está instrumentando la Secretaría de Agricultura, los nuevos subsidios que van directos al productor y contrata directamente la tecnología bajo la supervisión del Estado, creemos que funcionarán con mayor eficiencia.
Tenemos también que mejorar nuestros sistemas de información y tendremos que seguir luchando en la defensa fitosanitaria; en materia de ganadería sabemos cómo incurrir en una ganadería intensiva; sabemos cómo mejorar nuestros índices de agostadero, pero seguimos teniendo una baja productividad para dar mediante un marco jurídico de certidumbre, un incentivo a la inversión para que se mejore cada uno de los aspectos de la agricultura.
Con todo lo anterior lo que quiero decir, es que en materia agropecuaria se tiene que diseñar una política casuística. Tenemos que avanzar en la conversión productiva, que significa acercar al productor al mercado; tenemos que formar el perfil del empresario del agro que enfrenta una década extremadamente difícil por la complejidad de todos los factores. La realidad siempre es más conservadora que la ideología. Modificar la realidad requiere de una actitud perseverante a largo plazo, problemas estructurales de añejo cuño y rezagos de diversa índole.
Si la economía de alguna forma, como decía algún pensador, es la ciencia que se enfrenta a lo desconocido, la política agropecuaria no puede prever muchos factores ajenos al Estado.
El Estado mexicano ratifica una nueva política agropecuaria, una política que rechaza la planificación cupular, que respeta al productor y lo reconoce como el principal protagonista, y eso lo hace en el marco del artículo 25 constitucional, en el marco de una economía concertada; así ejerce el Estado mexicano la rectoría en la economía.
Tiene que instrumentar políticas con recursos que es cierto, siempre serán escasos, son carencias que venimos arrastrando y hay problemas estructurales que debemos modificar arrastrando y hay problemas estructurales que debemos modificar.
Si incurrimos en un análisis parcial de solamente ver los montos de la inversión, sentimos que no llegamos a conclusiones que puedan ser aplicables. Tenemos que ver el monto y la calidad de la inversión. Y repito, la inversión en el presupuesto de 1993, es una inversión que se ha incrementado en diversos rubros y que además está sumando una inversión privada que empieza a darse. Ahí está el proyecto de Wittes, ahí están proyectos en cuestiones de ganadería y en cuestiones de granjas y en cuestión porcícola que son importantes tanto en el Bajío, como en la Península de Yucatán.
Desde luego, siempre hay una política perfectible y dada nuestras carencias, los recursos siempre serán escasos. Creo que en las circunstancias
actuales y considerando el presupuesto en su conjunto, hay una coincidencia de todos los partidos políticos para seguir perfeccionando esta política agropecuaria, para seguir participando los partidos y ayudándose a organizar a los hombres del campo. Tenemos un 30% de la población económicamente activa en el campo. Sin lugar a duda cualquier proceso de modernización de la agricultura o de las actividades agropecuarias y primarias, tendrá que implicar un desplazamiento de mano de obra hacia las zonas urbanas.
Todo eso implica una labor de concientización. Hace unos momentos aquí se hablaba de desideologizar el debate en ciertos aspectos. La materia agropecuaria requiere urgentemente de eso y yo coincido en lo angustiante que son algunos productos que inclusive están dependiendo de precios internacionales, por ejemplo, el inmenso problema de las 600 mil familias que dependen tanto del proceso industrial como del proceso de siembra del café, que está pasando por su peor crisis, por el almacenaje que tienen los países que consumen café, la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América. Que todos los partidos hagamos un esfuerzo, busquemos, apoyemos hoy la petición que ha presentado aquí mi compañero Efraín Zúñiga, para incrementar la inversión en el ramo 8, en el ramo del sector agropecuario y busquemos de qué manera canalizar recursos.
Es cierto, hay una transición tremendamente difícil que implica muchísimos factores a los que debemos atacar en su conjunto, hay coincidencia en ese punto, y creo que de alguna manera el Poder Legislativo ha empujado para que se perfeccione una política que repito, casuísticamente, revisando la cartera vencida en donde se han logrado reestructurar cerca de 5 billones de pesos, tan solo por la Banca de Desarrollo, y en la que tendrá que empujarse también a la banca privada, tendremos repito, que seguir avanzando para mejorar nuestra política agropecuaria. Hay coincidencia de los partidos, hay acuerdo para que se haga un esfuerzo de todos los sectores en auxilio de los hombres del campo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una propuesta.
El diputado Jorge Torres Castillo: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Ya mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática han razonado en esta tribuna, el voto particular de nuestro grupo parlamentario en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, que hoy se discute.
Igualmente nuestro grupo ha propuesto aquí, una política presupuestaria alternativa, que incida en la promoción de un mayor ritmo de crecimiento económico, en una mayor integración y eficiencia de la estructura productiva y en una mejor distribución del ingreso.
Esta política presupuestaria alternativa, tendría que sustentarse en una verdadera descentralización de las decisiones y en el fortalecimiento real de la democracia y de la soberanía de estados y municipios.
En lo particular he de referirme al Ramo número 0028, contenido en el artículo 3o. del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 1993, correspondiente a participaciones a estados y municipios.
El Convenio Único de Desarrollo, que es el instrumento por medio del cual el Ejecutivo Federal obliga prácticamente a cada uno de los gobernadores de los estados para formalizar los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión, genera el centralismo y la discrecionalidad que atropellan la soberanía de estados y municipios y se viola la Constitución Federal y la de los estados, destinándose recursos sin conocer cuál será su aplicación y burlándose de los poderes legislativos locales, al considerarlos sólo para aprobar un presupuesto a ciegas, como ocurre en el caso del Congreso General.
Descentralizar y reducir las discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del gasto público, son elementos que apoyan, que ayudan a fortalecer la soberanía popular y la de los estados y municipios de la República. Estos criterios los tomamos en cuenta para orientar nuestra propuesta de cambio presupuestal.
El Programa Nacional de Solidaridad significa, entre otras cosas, centralización de decisiones de gasto que competen a estados y municipios y discrecionalidad del Ejecutivo, ya que los recursos presupuestales que se le asignan a este ramo, se ejercen sin necesidad de la aprobación de programas específicos.
Esta centralización y discrecionalidad, no son necesarios para ayudar a la población rural y urbana que vive en pobreza extrema. Tampoco son necesarias la centralización y discrecionalidad del Ejecutivo para promover la
participación de la población en las decisiones de programas y obras que necesitan.
El centralismo, la imposición y la discrecionalidad con que se manejan las participaciones a los estados, se reproducen en las entidades federativas, donde los gobernadores reparten en forma arbitraria las participaciones a los municipios, lo que conlleva privilegios y marginaciones que provocan iniquidad y reclamos más que justificados, de regiones como la comarca lagunera, que comprende cinco municipios del Estado de Coahuila y cinco municipios del Estado de Durango, donde amplios sectores de la población desde hace años demandan la creación de un nuevo Estado: el Estado de La Laguna, ante el abandono de la Federación , la marginación, el vacío de poder, la ausencia de los gobiernos estatales y la crisis agropecuaria que hoy ahoga a esta región, que fue un ejemplo nacional de producción algodonera en la historia reciente del país.
El esfuerzo de atención a la pobreza extrema, se debe multiplicar a través de todas las dependencias del Gobierno Federal y de los estados y municipios: en la Secretaría de Educación Pública y en las de Salud, Desarrollo Social, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comercio, Comunicaciones y Transportes, etcétera, y en todos los gobiernos de los estados y municipios debe haber programas específicos para atender zonas y grupos sociales en condiciones de pobreza extrema, y no en un solo programa centralizado.
Esos programas deben ser prioritarios; la atención prioritaria a los más pobres no es un acto de solidaridad, es una obligación esencial del Estado en todos sus niveles.
Por las razones anteriores proponemos que los recursos que se destinan al Programa Nacional de Solidaridad se vayan ejerciendo mediante programas específicos a través de las dependencias que corresponda, sin crear nuevos programas burocráticos; una parte considerable de ellos se debe transferir a estados y municipios; así se va eliminando el carácter presidencialista, electorero y centralista del ramo llamado Solidaridad, y en cambio se fortalece la soberanía que se ejerce en esta Cámara de Diputados, a la vez que la soberanía de estados y municipios.
En tanto se realiza esta asignación mediante programas específicos para ayudar a la población en pobreza extrema, proponemos una disminución de los recursos asignados al Programa Nacional de Solidaridad, a la vez que un aumento al sector de desarrollo social y a los recursos que se deben entregar a estados y municipios.
El aumento que proponemos para la transferencia y estímulo es de un 9% respecto del proyecto del Ejecutivo, de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993.
Aquí dejamos en la Secretaría la propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática, para la reforma al artículo 3o., en sus distintos rubros. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - La propuesta del diputado Jorge Torres Castillo, se reserva para su votación económica al final de la discusión.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge Flores Solano: - Muchas gracias, señor Presidente.
Antes que todo quisiera decirle a mí compañero del Partido de la Revolución Democrática, que tiene todo el derecho de manifestar su preocupación con estas expresiones presupuestales que tiene esta iniciativa que estamos dictaminando. ¡Pero no estoy de acuerdo con sus conceptos! ¡Y menos con que los Convenios Únicos de Coordinación generan centralismo y violan la Constitución Federal y la de los Estados!
Son Convenios Únicos de Coordinación en donde se expresan las voluntades de dos entidades soberanas, estados y municipios, en donde convienen los términos de esta concertación y esos convenios quedan sujetos a la ratificación de los congresos de los estados.
Señalaba que generan privilegios y discriminaciones. ¡No puede haber subordinación donde hay convenio y donde hay un alto esfuerzo de concertación en los términos que nos obliga el artículo 115 constitucional en favor de los municipios! Podrá no estar de acuerdo con las cantidades y los montos concertados. Estos son problemas de soberanías de estados y municipios.
Hablamos de recursos que expresamos en un presupuesto que convienen o que devienen de esos Convenios de Coordinación. ¡No son transferencias o regalos; son recursos concertados! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Quinardo Meléndez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Quinardo Meléndez Montijo: - Gracias, señor Presidente, señores diputados, señoras diputadas:
El sistema federal adoptado en la Constitución vigente, fue el escogido desde el año de 1823 por el acta constitutiva y reiterado en la Constitución de 1857. Y Acción Nacional sostiene que el sistema federal ofrece enorme posibilidades de desarrollo que la nación no ha podido aprovechar, a pesar de los 169 años de vigencia formal de dicho sistema.
Este sistema, establecido después de cruentas luchas, sólo por excepción ha satisfecho las expectativas que se consideraron para su implementación, por falta de vigencia real.
En la práctica, el sistema federal es usado por las autoridades federales como pretexto formal para consentir violaciones a garantías individuales y sociales cometidas por los gobiernos locales, especialmente en materia política. Sin que esto les impida señalar, centralistamente, la pauta de comportamiento a las autoridades estatales cuando deciden intervenir y así les conviene.
Uno de los más eficaces medios para establecer condiciones de sumisión es el centralismo fiscal, que se manifiesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, que participa a los estados y municipios de la República tan sólo la quinta parte del total de los ingresos participables.
No es de extrañar, pues, que este centralismo tenga como principal expresión y al mismo tiempo como principal víctima a la ciudad de México y su área metropolitana que, en menos de la milésima parte del territorio nacional concentra más del 20% de la población, y a más de la mitad, de la inversión nacional.
Por otra parte, el municipio, de más antigua y arraigada tradición todavía que el federalismo, pues se remonta a los calpullis o barrios aztecas y se define luego a partir del cabildo de La Veracruz de 1519.
Sin embargo, no fue sino hasta la Revolución de 1910 cuando se propugnó por el establecimiento del municipio libre, lo cual se logró con la Constitución de 1917, como sabemos, que lo consideraba como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.
Como resultado, a pesar del énfasis revolucionario en el municipio libre, este, al igual que el sistema federal, ha sido una reiterada ficción legislativa en México.
El régimen político ha tenido buen cuidado de evitar el fortalecimiento del municipio y alegando que los ayuntamientos son ineficientes e irresponsables, les sustrae funciones y recursos.
A los municipios les compete la prestación de servicios vitales para la población. No voy a repetirlo, todos ustedes los conocen. Sin embargo, para cumplir con sus programas reciben tan sólo tres pesos con 70 centavos de cada 100 pesos de ingresos fiscales participables. Es decir, a la Federación le corresponden 81.49; a todos los estados en conjunto 14.81 y a los casi 2,400 municipios, en total tres pesos con 70 centavos.
Yo quiero preguntar aquí: ¡si ese es el justo equilibrio convenido entre las partes integrantes del pacto federal en el convenio único de coordinación o no es más que una abierta sumisión por parte del..., a los que somete el federal a esos municipios y a los estados?
Por eso, no puedo estar de acuerdo con el diputado Jorge Flores Solano...
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul): - Señor Presidente, quiere preguntarle al orador si acepta una interpelación, por favor.
El Presidente: - Diputado ¡acepta una interpelación?
El diputado Quinardo Meléndez Montijo: - Sí, con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul): - Muchas gracias.
Le pregunto al señor diputado ¡Si sabe cuánto establece de la proporción que los estados reciben de acuerdo con la Ley de Coordinación de Participación a los Municipios, cuánto establece esa Ley de Coordinación y si los estados en su libre soberanía tienen o no reglamentado qué recursos pueden disponer los municipios?. Y, en última instancia, ¿si sabe que hay ingresos que los municipios obtienen por la cooperación gratuita y voluntaria de todos los ciudadanos?
El diputado Quinardo Meléndez Montijo: - Con mucho gusto responderé a las preguntas.
La Ley de Coordinación Fiscal establece el 18.91% de participación a los estados; los estados a su vez deben participar el 20% de esos recursos recibidos a los municipios. Y con relación a lo que me dice de los diferentes recursos
adicionales, o sea, no procedentes de participaciones, que obtienen los municipios, quiero decirle que en promedio, en ningún caso, en casi ningún caso mejor dicho, no puedo asegurar porque no conozco las finanzas de los 2,400 municipios del país, pero si un buen número de municipios en el Estado donde yo sirvo, puedo decirles que en ningún caso ascienden al 30% de los ingresos totales del municipio, o sea que solamente podríamos hablar de un 30% adicional de recursos de estos tres pesos con 70 centavos que reciben a nivel nacional.
Pero yo quisiera continuar y decirle que si los municipios son ineficientes e irresponsables o como dijeran por estas fechas el año pasado los diputados Rodríguez Prats y Pereyra García, que fomentaban las cantinas para recaudar o que eran incapaces de administrar los recursos eficientemente, o como incluso se llegó a afirmar por alguien en el seno de la Comisión de Programación y Presupuesto, que los presidentes municipales se roban los dineros del pueblo y por eso no es conveniente asignarles más recursos; yo pregunto: ¿la solución es acaso arrebatarles funciones y limitarle atribuciones e ingresos?
Esta supuesta solución es condenar a la institución municipal y al pueblo mismo a la minoría de edad. Es como si, dispensen la tan elemental analogía, que el padre de familia al ver llegar a su hijo de la escuela le quitara la tarea para elaborársela, diciéndole: "Trae para acá niño tonto, porque eres irresponsable". ¿No sería mejor apoyarlo cuando lo necesite con asesoría y ayuda, con respeto absoluto a su deber?
Del principio de subsidiariedad se desprende que la autoridad superior o mayor no debe hacer lo que la autoridad menor o inferior debe, es un principio de orden democrático, si el municipio tiene problemas para operar el sistema de agua potable por ejemplo, que se le apoye técnica, administrativa o financieramente, según lo requiera, con el ánimo de que esa institución, el municipio libre, uno de los objetivos más anhelados de la Revolución se desarrolle plenamente como prestador eficiente de servicios comunitarios, como unidad de convivencia, como escuela de ciudadanía y como célula de producción.
Por lo anterior, quiero apoyar la propuesta tanto hecha por el Partido de la Revolución Democrática, anteriormente como también la propuesta hecha por el Partido acción Nacional, en boca del diputado Arturo Torres para que los recursos de Programa Nacional de Solidaridad, actualmente administrados por la Secretaría de Desarrollo Social, se sumen a los recursos que reciben los estados y municipios además de las participaciones que declara la partida de rubro 00028. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - La proposición se reserva para su votación económica al final de la discusión.
Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Quiero en primer lugar, referirme de manera escueta y sencilla, como lo hicieran los campesinos de nuestro país, a un aspecto importante de la discusión que nos ocupa y es con referencia a la intervención a la propuesta del diputado Efraín Zúñiga Galeana. En muchas ocasiones el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha dicho, ha manifestado clara y llanamente su preocupación por el agro mexicano y en esta ocasión tenemos que manifestar que coincidimos con la propuesta hecha aquí por el diputado Efraín Zúñiga Galeana y que concretamente se refiere a canalizar recursos del Ramo 23, que corresponde a gastos no sectorizables hacia el Ramo número 8 que corresponde a Agricultura y Recursos Hidráulicos, concretamente para el Programa de Infraestructura Rural.
Argumentar y repetir aquí lo que ya han dicho otros compañeros no tiene caso y puesto que ha quedado claro en la participación del Partido del Frente Cardenista en la Comisión de Programación y Presupuesto, me evito por economía de tiempo, argumentar todo lo ya expuesto.
Por otro lado, quiero manifestar a esta honorable Asamblea, las propuestas del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional con respecto a las modificaciones a los artículos 7o, 14, 15 y 29 del Proyecto de Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 1993. Voy a fundamentar la propuesta de modificación al artículo 7o. del Decreto de Presupuesto de Egresos.
Uno de los problemas que han detectado en los presupuestos de egresos, es que su destinan grandes recursos para el pago de intereses y de amortización de la deuda pública. Nosotros consideramos que el monto destinado en el presupuesto de egresos para cubrir el costo financiero de la deuda y para la amortización de la misma es suficiente.
No creemos necesario que se destinen recursos adicionales para la amortización de deuda pública, esto con base en que el mismo Ejecutivo Federal ha podido renegociar la deuda externa y ha mantenido en niveles manejables la deuda pública interna.
Hemos insistido y lo hicimos en la comparecencia del Secretario de Hacienda, que mantener un superávit fiscal es peligroso, es una situación que no se puede mantener por mucho tiempo. En todo caso, este superávit debe ser destinado, a nuestro parecer, para programas sociales y/o productivos.
Nuestra propuesta es modificar el párrafo quinto del artículo 7o., para quedar como sigue. Dice así: "El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales.
Adicionalmente, podrá amortizar deuda pública hasta por un monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados al rendir la cuenta de la Hacienda Pública Federal".
Nuestro partido propone que quede de la siguiente manera: "El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales.
El Ejecutivo Federal Informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados al rendir la cuenta de la Hacienda Pública Federal".
Esto es con relación a la propuesta del Partido del Frente Cardenista, de Modificación al artículo 7o. del proyecto de Presupuesto de Egresos. el cual me voy a permitir dejar en manos de la Secretaría después de la lectura de lo que sigue.
Propuesta de la fracción del Frente Cardenista, con respecto a la modificación del artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Justificación: la estructura presupuestal ciertamente se ha modificado, los recursos destinados para cubrir los intereses de la deuda y para la amortización de la misma, representa ya sólo un poco más del 12%; sin embargo, en el cuerpo del documento, en su articulado, se le dan posibilidades al Ejecutivo Federal de asignar recursos adicionales para la amortización de la deuda pública.
Nosotros consideramos que no es conveniente destinar recursos adicionales para tal fin, cuando aún existen grandes rezagos y desequilibrios sectoriales. El país aún tiene una elevada deuda social mucho más preocupante que el pago del costo financiero de la deuda pública y de las amortizaciones de la misma. Por tal razón, proponemos modificar el primer párrafo del artículo 14 para quedar como sigue:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social y/o programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente. así como para amortizar deuda pública con cargo a..."
Y siguen las siguientes fracciones iguales. Lo que nosotros proponemos es que se quite el párrafo que dice concretamente:
"Así como para amortizar deuda pública...", y quedaría de la siguiente manera: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social y programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a..." Esta propuesta también la dejaremos en la Secretaría para su votación respectiva.
Con respecto a la propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del artículo 15, manifiesto a esta soberanía la siguiente justificación:
El artículo de referencia establece que si se llegase a presentar una reducción por contingencias superior al 12.5% en los ingresos presupuestarios, el Ejecutivo Federal deberá informar a esta Cámara de Diputados sobre las reducciones que derivadas de lo anterior efectúe en los presupuestos de las dependencias y entidades.
En este contexto y dada la incertidumbre del desarrollo de la economía internacional y su posible impacto, tanto en el comercio exterior como en el mercado petrolero internacional, que pudiera significar una reducción importante de los ingresos presupuestales, es necesario que esta
Cámara tenga conocimiento de tal circunstancia, sobre todo porque ello podrá suponer modificaciones en proyectos de especial relevancia aprobados por esta representación.
De esta forma se considera que esta reducción de los ingresos, por su importancia, se hace significativa a partir del 10% y no del 12.5%.
Por lo anterior, el partido que represento propone que se modifique el párrafo cuarto del artículo 15 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a lo siguiente:
Dice el artículo 15: "En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública."
La propuesta de nuestro partido es la siguiente: "En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Y por último me permito leerles la propuesta de modificación al artículo 29. La justificación es la siguiente:
Uno de los mecanismos de control del presupuesto para las entidades paraestatales, lo constituyen los convenios de saneamiento financiero, lo cual permite sanear las finanzas de las entidades paraestatales, mediante el establecimiento de compromisos por parte de las mismas y de la asunción de pasivos por parte del Gobierno Federal.
El cambio estructural instrumentado por el Gobierno Federal, traducido en gran parte en la desincorporación de entidades paraestatales y en el saneamiento de otras, ha hecho que cada vez sean menos las entidades que requieren la aplicación de un programa de saneamiento financiero.
Así también, dado que los programas de saneamiento financiero se elaboran en base a los cierres de los ejercicios fiscales, consideramos que la fecha para que presenten estos programas, se debe reducir al 31 de mayo. Esto permitirá que las entidades tengan un período mayor para lograr el saneamiento financiero.
La propuesta concreta es modificar el artículo 29, fracción II, para quedar de la siguiente manera. Como ya está comentado, voy a leer la propuesta únicamente de nuestro partido:
"El saneamiento financiero mediante la asunción de pasivos de las entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas, y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de mayo de 1993 a la comisión Intersecretarial del Gasto Financiero y sea aprobado por ésta."
Estas son en concreto las propuestas de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y las entrego a la Secretaría para la votación respectiva. Muchas gracias.
El Presidente: - Se reserva para su votación económica al final de la discusión.
Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Cecilia Soto González: - Compañero Presidente; estimados colegas del pleno :
Ha subido el diputado Efraín Zúñiga, representando al grupo campesino dentro de la fracción mayoritaria de la Cámara, para presentar una propuesta sumamente trascendente que cambia el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en materia de infraestructura.
Si él lo presenta, debemos suponer que esta propuesta va a ser votada favorablemente por esta mayoría, y que en este sentido, si no estoy equivocada, por segunda vez en la historia la Cámara de Diputados, alterará el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo. Tengo entendido que el primer caso fue en 1982, cuando se alteró pero en sentido contrario, es decir se disminuyó el presupuesto de Presupuesto de Egresos.
Es sumamente importante que esto suceda en esta LV Legislatura, y que sobre todo siente un precedente para que en este mismo sentido la
Cámara de Diputados, realmente se aboque al estudio del presupuesto, con el ánimo de que puede mejorarlo, de que puede modificarlo si así conviene a los intereses de la nación.
Sin embrago, yo quisiera fundamentar por qué la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se va a abstener en el caso de la propuesta planteada por el diputado Zúñiga, y para poder fundamentar por qué va a ser éste el sentido de nuestro voto, necesito hacer una evaluación somera, puesto que ya otros compañeros de otros partidos han hablado de la situación del campo, y por qué la gravedad de la situación del sector rural y de otros sectores básicos de la economía, y en particular del indicador del empleo, requiere de un enfoque diferente, radical al proyecto de Presupuesto de Egresos.
No pretendemos, como nominalistamente entendió la diputada Blanca Ruth, presentar un presupuesto alternativo; estamos presentando modificaciones al proyecto de dictamen. Estas modificaciones básicamente desconocen la necesidad de tener un superávit presupuestario, tal y como se indicó cuando fundamentamos la posición del partido en el sentido de votar en contra del proyecto de Presupuesto de Egresos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presenta un presupuesto ligeramente deficitario, de alrededor del .7%. Presentamos, distribuimos en diversos sectores un gasto de aproximadamente 10 mil millones de pesos, aunque reconocemos que podría haber un superávit de 18 mil millones; nueve mil millones aproximadamente son intermediación financiera o son gastos financieros que se cancelan de un momento a otro, y en ese sentido en realidad el presupuesto cuenta solamente con 9 mil millones.
Nosotros distribuimos un poco más de estos 9 mil millones, simplemente para plantear que no comulgamos con el dogma del presupuesto superavitario, y que en ese sentido incurrir en una deuda muy pequeña para financiar este déficit insignificante, no tiene por qué significar mayor inflación o mayor problema al desarrollo económico.
Hacemos una asignación extra para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aproximadamente 2 mil 820 millones; es decir, un incremento del 104%. Esperamos que el secretario Aspe le dé gusto en su Secretaría.
Básicamente utilizamos estos recursos extras para hacer mayores transferencias a los fideicomisos que integran al Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, Banco de Crédito Rural Nacional y Aseguradora Agrícola Mexicana.
En el caso de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hacemos una erogación extra de 2 mil 500 millones, un aumento del 46.8%; en Educación, un aumento del 4.6%, de 1 mil millones; en Salud, el 10.8%, de 500 mil; en Pesca, del 75%, con 180 millones; en Desarrollo Social 500 millones, un aumento del 60%, y en el artículo 3o, en aportaciones para educación básica, un aumento del 5%. En el artículo 3o. un aumento del 1.7%, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, 500 millones; en el caso de Ferrocarriles Nacionales de México, También en el último artículo citado, un aumento del 10%, y en la Compañía Federal de Electricidad, un aumento del 3%.
Del examen de la situación actual de la economía nacional, de las claras tendencias a que disminuya la tasa de crecimiento del producto interno bruto, de esta observación se deriva la necesidad de cambiar el presupuesto y asignar recursos muy importantes a aquellos sectores que aumenten la eficiencia de la actividad económica.
Quisiera referirme en particular al caso de la agricultura y a plantear por qué todas las fracciones parlamentarias reaccionamos vivamente cuando la Secretaría de Hacienda nos presentó el presupuesto global del sector rural.
¿Qué elementos básicos pueden incidir en el aumento de la productividad rural? ¿El desarrollo de la infraestructura? ¿El desarrollo científico y tecnológico ligado al campo? ¿El desarrollo de la asistencia técnica y la sanidad vegetal y la existencia de crédito abundante y a la mano?
Quiero comentar con ustedes las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda al respecto, para que, repito tengan una idea de por qué todas las fracciones parlamentarias manifestamos nuestro rechazo a este presupuesto.
En el caso de desarrollo tecnológico, sectorizado bajo el Sar y el Inifap, la Secretaría de Hacienda nos proponía una reducción del 10.7%. Tienen ustedes que tomar en cuenta, compañeros, que una parte muy importante de la red de centros de investigación en materia agropecuaria ya está desmantelada, se proponía terminar de desmantelarlos.
En el caso de asistencia técnica y sanidad agropecuaria y forestal, se propone una reducción del 13.3%.
Es muy importante comentar que de darse el ingreso a nuestro país o la formalización de nuestro país en el Tratado de Libre Comercio, cuestiones como la sanidad vegetal son muy importantes. Es muy común que los Estados Unidos utilicen cuestionarios de sanidad vegetal para levantar barreras no arancelarias. Nuestro país necesita invertir en el desarrollo tecnológico, en el extensionismo, en la asistencia técnica, en programas específicos, que amplíe a grandes zonas agrícolas del país, zonas libres de diferentes insectos, diferentes plagas.
En este sentido, la reducción en 13.3% en términos reales del presupuesto destinado a este rubro, es simplemente de total incompetencia.
En el caso de infraestructura hidroagrícola se propone una reducción real del 27%.
El argumento de la Secretaría de Hacienda en este sentido, es que una serie de distritos de riego han sido ya traspasados a los productores privados y que en alguna gran obra y específicamente el caso de Güites (sic), hay una inversión importante de la iniciativa privada.
Pero es muy importante reconocer, sin embargo, que los distritos de riego en la mayor parte de sus casos han sido entregados a los productores, habiendo manifestado éstos su inconformidad por el estado en que les fueron entregados.
Durante muchos años existió el concepto de mantenimiento diferido, es decir, obras de revestimiento de canales, etcétera, que año con año se diferían por falta de presupuesto.
Recuerden ustedes que entre 1982 y 1988 la inversión en el sector Rural cayó en 60%.
En el caso de financiamiento y seguros, hay una caída del 46%, y aquí incluimos a Banco Nacional de Crédito Rural, a Aseguradora Agrícola Mexicana y los fideicomisos que componen el Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura.
Digo, esto simplemente no está dentro de los renglones de la sanidad.
Tenemos que comentar, compañeros, que al inicio de esta administración la cartera vencida, en el caso del ramo agropecuario, era aproximadamente de 900 mil millones en pesos viejos. En estos momentos la cartera vencida es de aproximadamente, es decir, en cuatro años ha aumentado a 9.8 billones de pesos, de pesos viejos. Es un crecimiento exponencial. Algo ha hecho mal este Gobierno en el ramo agropecuario, que ha crecido de esta manera la cartera vencida.
De estos 9 billones en pesos viejos, que ha aumentado la cartera vencida, el Gobierno Federal ya ha tratado de manera favorable de 4.3 billones de deuda correspondiente a los productores sociales, Quedan sin resolver 5 billones de pequeños propietarios.
Precisamente el Ramo 23 del proyecto de Presupuesto de Egresos que nos presenta el Ejecutivo y que ahora adopta la mayoría de la Comisión de Programación y Presupuesto, se incluye parte de los egresos que va a tener que destinar la Federación, a cubrir la deuda de los productores ejidales.
En el Ramo 23 se incluyen aproximadamente 750 mil millones, para cubrir esta descapitalización, esta cartera vencida del Banco Nacional de Crédito Rural, que toma en un fideicomiso Solidaridad.
Pero no está resuelto el problema en la cartera vencida de los pequeños propietarios y muy en especial, muy especialmente la debacle en la que se encuentran las zonas de riego. Se trata de las zonas más productivas del país, de zonas en donde los productores han hecho inversiones muy importantes y que se encuentran incapacitados para seguir produciendo.
La Secretaría de Hacienda confía en que una serie de fondos que existen en Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, podrían resolver este problema. Sin embargo, la banca privada no confía tanto en Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura; la cartera vencida de pequeños propietarios es de tal gravedad, de tal magnitud, tan deformada, que automáticamente la banca comercial considera, que estos propietarios no pueden ser sujetos de crédito futuro y, por tanto, no vale la pena reestructurarle su cartera.
De esta manera, que si la Secretaría de Hacienda no incluye un fondo extraordinario, un fondo extraordinario para la solución de este problema, ya sea a través de un mecanismo tipo Ficorca, ya sea a través de un fondo de garantía especial, se está condenando a las zonas más productivas del país a la improductividad y, sobre todo, se está cerrando la vía para poder convertir muchas de estas zonas a nuevos patrones de cultivo.
En el Ramo 23, precisamente tan mencionado, se habla de un paquete de aproximadamente 4.2
billones, o 4.7 billones de pesos viejos, para la reactivación del campo.
Lo más que pudimos averiguar de este paquete, no tuvimos respuesta más detallada a nuestras interrogantes al respecto, es que aproximadamente 1 billón de pesos viejos se destinará al subsidio del trigo, y 750 mil millones, como les decía yo, a la capitalización del Banco Nacional de Crédito Rural por obra de esta cartera vencida que tomó Solidaridad en un fideicomiso.
Aproximadamente 3 billones de pesos, no sabemos exactamente de qué manera será utilizada por el Ejecutivo para reactivar el campo, es difícil por parte de un legislador responsable o de una fracción parlamentaria acuciosa poder aprobar un renglón como éste que puede ser muy prometedor, pero que no se nos desglosa.
Se habla de que en enero habrá un paquete de apoyo al campo extraordinario, el presupuesto no deja otra opción para que sea de este rubro donde se va a utilizar.
Consideramos que es un error del Ejecutivo no informar al Legislativo de estos usos posibles.
Continúo el desglose global del sector Rural. En el caso de apoyos a la comercialización en Aserca, hay una caída del 18.4%; en el subsidio al trigo que ya mencionaba yo, está sectorizado en el Ramo 23, se encuentra asignado en el Ramo 23, hay una caída del 18.2%. Bueno, hay una caída del 18.2% porque ustedes probablemente han oído muchas veces el argumento de que en ningún país del mundo se siembra trigo en zonas de riego y por tanto en este país hay que dejar de sembrar trigo en zonas de riego. Es posible que este argumento pueda tener alguna validez, pero no es factible dejar de sembrar trigo en áreas de riego, si al mismo tiempo no se asignan recursos extraordinarios para garantizar la conversión a otros patrones de cultivo en este tipo de zonas.
Reconociendo además, que no en todas las zonas de riego se va a poder sembrar productos hortícolas como es la ilusión de los técnicos de la Secretaría de Comercio. Está calculado que convertir simplemente el Valle del Yanqui y el Valle del Mayo, menos de 350 mil hectáreas, a este tipo de cultivos, inundaría por completo el mercado norteamericano. Así es que ese sueño, señores, no se puede.
Quisiera ahora desglosar un poco más la magnitud de la desinversión en el caso del sector Rural. En el caso del Banco Nacional de Crédito Rural hay una caída del 61.2% en apoyos fiscales del Gobierno Federal. Se nos podrá argumentar que en una parte importantísima de esta cartera vencida fue ya absorbida, lo cual es cierto, pero si nosotros observamos la categoría de egresos, observamos que no hay una mejora. En el otorgamiento de crédito hay una caída del 2.3%.
Debemos tomar en cuenta que esta caída del 2.3% que provee el presupuesto, no toma en cuenta que muchos productores ya no tuvieron acceso al crédito del Banco Nacional de Crédito Rural por haber asumido éste una serie de criterios empresariales que ya conocemos.
Pero es más importante analizar las metas físicas del Banco Nacional de Crédito Rural. En el caso de superficie habilitada, hay un aumento muy pequeño del 7% en el caso del Banco Nacional de Crédito Rural. En el caso de Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, hay una reducción del 4.7% en el caso de transferencias. En el caso de egresos de Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura hay una caída del 5.9% en descuento, y es muy importante que veamos las metas físicas. En el caso de las metas físicas, en relación con la agricultura, hay una reducción del 16.7% de hectárea; es decir, para 1992 se estará en un número de 2 millones 520 mil hectáreas y para 1993 se presupuestan apenas 2 millones 100 mil hectáreas.
En el caso de mejoramiento de suelos, una reducción del 10.55%.
En el caso de tractores, una reducción del 25%.
Ahora, es muy importante compañeros que ustedes reflexionen sobre el proceso de descapitalización, de venta de activos, que ha llevado el sector Rural, tanto de pequeños propietarios como de pequeños ejidatarios, para que se den una idea de la magnitud que significa esta reducción del 25% del número de tractores. Ya ahorita, no hay suficientes tractores, la práctica común de los ingeniosos productores agrícolas que tenemos es que de dos o tres o cuatro máquinas combinadas o tractores que se tienen, se pueden reparar uno o dos.
La enorme cartera vencida que tienen los pequeños propietarios y los ejidatarios los ha obligado durante los últimos años a vender activos no productivos. En este momento la banca comercial exige a los productores agropecuarios para siquiera tratar el caso de su cartera vencida, vender directamente activos productivos. Sé que les pide que para tratar su cartera vencida, deben de dejar de ser productores agrícolas. Vende
tu tierra, ya vendiste tu casa, ya vendiste tus tractores, ya vendiste tus combinadas, ya vendiste tus centrales de maquinaria, ahora, vende tu tierra.
En el caso de agroindustrias hay una reducción del 5.3%; en el caso de empresas... bueno, no me refiero ya al caso de Fopesca, ustedes saben que es un fideicomiso en extinción, por lo tanto todas las cifras son negativas.
En el caso de infraestructura agrícola, probablemente ése fue el renglón que más llamó la atención de los compañeros de la fracción mayoritaria. Hay una reducción total, una reducción del 46% en construcción de zonas de riego de inmigración mayor. Como decía yo que la participación de la iniciativa privada, que no está boyante en este ramo, no es tan significativa como para paliar esa reducción.
En el caso de irrigación menor, la caída del 62%. En el caso de rehabilitación de sistemas de riego, de 21.1%.
En el caso de construcción de zonas de temporal, una caída del 39.3%. En el caso de conservación y mantenimiento de distritos de riego, una caída del 3.2%. Pero en el caso de planeación y administración, una elevación del 11%. Esto compañeros, es un verdadero drama y en este sentido es que aunque tiene una significación histórica como decía yo, la propuesta del compañero Efraín Zúñiga, desde el punto de vista pragmático, un punto de vista muy importante para algunos legisladores pragmáticos, es una gota en el desierto. Es en este sentido que no podemos votar a favor de esta propuesta, como decía, nos abstendremos y sostendremos nuestra propuesta alternativa para modificar el proyecto de dictamen en los artículos 2o, 3o y 6o.
Quisiera ahora plantear a ustedes otras tres propuestas: en particular me refiero al inciso tercero del artículo 14 del dictamen sobre proyecto de decreto. Se trata compañeros, del artículo que autoriza al Ejecutivo para autorizar por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, erogaciones adicionales.
Dice el artículo originalmente que estas erogaciones adicionales podrá aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización o productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, así como para amortizar deuda pública.
En los siguientes tres incisos, plantea de dónde pueden venir estas erogaciones adicionales. En el primer inciso excedentes que resulten de Ingresos ordinarios, a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos.
En el segundo, excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades parestatales.
Y el tercero es el que nosotros modificamos. Originalmente, plantea la iniciativa, que podrá disponer de estos ingresos para ingresos adicionales, cuando provengan como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales, con el retiro de la participación estatal de aquéllas que no sean estratégicas y prioritarias.
Ya hemos expresado compañeros, que nos parece que cuando el Ejecutivo decide discrecionalmente sobre los ingresos extraordinarios provenientes de desincorporaciones , está actuando con exceso, está sobrepasando el espíritu de la Ley, sobre todo cuando la Ley de Egresos del año pasado, y otros años, plantea en el artículo 39, que el Ejecutivo pedirá autorización a la Cámara cuando se trata de desincorporar empresas que hayan sido creadas por la Ley o por decreto por nuestro Poder Legislativo, o que pedirá nuestra opinión cuando se trate de otro tipo de empresas, propiedad del Estado. Si para venderlas necesita autorización expresa de la Cámara de Diputados, no vemos por qué los ingresos provenientes de esta desincorporación no deban ser autorizados también por la Cámara de Diputados.
Proponemos entonces una redacción diferente para este párrafo tercero, que dice así:
"Para el caso de ingresos que obtenga el Gobierno Federal, como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros, el Ejecutivo Federal vía la Secretaría de Educación Pública. pedirá opinión a la Cámara de Diputados sobre los usos que considere pertinentes. La Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública analizará la información a que se refiere el inciso anterior, y en su caso dará su opinión."
También tenemos, compañeros, una propuesta para modificar el párrafo sexto, creo que es el
párrafo quinto y creo que en esto coincidimos con la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, si no entendí mal su proposición. Es el párrafo que autoriza al Ejecutivo para amortizar deuda pública por una cantidad equivalente al superávit fiscal.
Compañeros, de nuevo, hablando pragmáticamente, ¡cuándo puede saber el Ejecutivo que tiene un superávit? Pues al final del ejercicio fiscal. En ese sentido, por qué tenemos que autorizarle desde ahorita que cancele deuda si no es sino hasta el final o hacia final del ejercicio cuando podemos, cuando puede el Ejecutivo, tener una idea precisa del monto del superávit, bien puede esperarse al próximo proyecto de egresos, para autorizar, para pedir autorización a la Cámara de Diputados para los usos que considere pertinentes.
En este sentido, el artículo original, el párrafo original, es el sexto, según yo, del artículo 7o, dice así:
"El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda pública hasta por el monto del superávit presupuestario".
Nosotros proponemos, compañeros, eliminar esta frase; la repito:
"Adicionalmente podrá amortizar deuda pública hasta por el monto del superávit presupuestario".
Y tenemos, compañeros, una última propuesta. Se refiere una modificación al inciso quinto del artículo 26. El artículo 26 establece una serie de normas para las erogaciones por concepto de transferencia.
En el párrafo quinto dice la iniciativa original: "Los subsidios a los", perdón, voy a leer primero la cabeza del artículo 26: "Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la Ley de la materia, y se apegarán a los siguientes criterios: párrafo quinto: Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población". Compañeros, aquí hay una imprecisión importante. Se plantea que a los productos agropecuarios, ubicados dentro del régimen de precios de garantía. Como ustedes saben, solamente dos productos, maíz y frijol, se encuentran dentro del régimen de precios de garantía. Y hay otros productos para los cuales se necesita subsidio. En particular estamos hablando que el Ramo 23, aproximadamente presupuesta unos 900 millones de pesos nuevos para subsidio el próximo año.
El trigo no se subsidia en su totalidad. Se busca subsidiar en especial aquella producción de trigo que se marca hacia la producción de producto de consumo básico, ropas de pasta, tortillas de harina para los norteños y otros productos de consumo básico. El pan, por ejemplo.
Obviamente se busca tener un criterio selectivo para no subsidiar trigo que va directamente a consumo...
Señor Presidente:- Le suplico que llame la atención. Si están aburridos que se salgan.
En términos del artículo 100... compañero: tengo suficiente tiempo.
El Presidente:- Diputada: le suplico pueda redondear la participación. El tiempo ha concluido.
La diputada Cecilia Soto González:- Yo pido su autorización para continuar, primero planteándole compañero que está muy redonda la participación.
(Desorden.)
Planteaba entonces que la modificación que planteamos es incluir el término "insumos". "Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos e insumos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico". Así incluimos el sorgo, la soya, etcétera El resto del artículo sigue igual.
Estas son las cuatro propuestas y entrego a la Secretaría una copia para que se proceda, según plantea nuestro Reglamento. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:- Por nada, diputada.
Para rectificar hechos tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Enrique Sada, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El diputado Enrique Sada Fernández:- Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera en primer lugar manifestar que compartimos la preocupación de la diputada Cecilia Soto, en todo lo que se refiere a desarrollo rural. Sin embargo, me gustaría hacer algunas precisiones con respecto a la intervención anterior.
En cuanto al financiamiento al sector Agropecuario, quiero manifestar que el Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura durante 1991 otorgó 8 billones 95 mil millones de pesos; en 1992 otorgó 9 billones 750 mil millones y en 1993 el presupuesto es de cerca de 12 billones.
El Banco Nacional de Crédito Rural tiene un crecimiento que va de los 2 billones 961 mil millones a los 3 billones 800 mil millones y asciende en 1993 a los 4 billones 347 mil millones.
El Ficar de 809 a 708 y sube a 782 en 1993.
El Banco de Comercio Exterior de 4 billones 657 mil millones en 1992 a 4 billones 391 mil millones y en 1993 a 4 billones 965 mil millones.
En Nacional Financiera de 1 billón 163 mil millones en 1992 a 1 billón 600 mil millones y en 1993 a 1 billón 760 mil millones.
Fina tiene un financiamiento en 1991 de 3 billones 509 mil millones; asciende en 1992 a 3 billones 554 mil millones y en 1992 a 4 billones 326 mil millones.
La banca comercial tiene un crecimiento durante 1991 de 2 billones 465 mil millones, sube en 1992 a 3 billones 068 mil millones y en 1993 la meta es llegar a 3 billones 800 mil millones.
En total pasaríamos de 1991 de 23 billones 659 mil millones a 1993 a 31 billones 980 mil millones. Y quisiera también precisar que dentro del Ramo 23 existen algunos rubros que la diputada manifestó, que le preocupaban, y que están considerados dentro de ese ramo. Por ejemplo, el Inifap tiene dentro de este ramo, el 23, en desarrollo tecnológico 335 millones; en asistencia técnica y sanidad agropecuaria y forestal existen 800 millones de nuevos pesos; la Comisión Nacional del Agua tiene en infraestructura hidrológica 1 mil 483 millones 900 mil; Acerca en apoyo a la comercialización tiene 247 millones 800 mil; en trigo 950 millones, en otros programas y transferencias a entidades tiene 2 mil 062 millones. Y en total, para dar nada más algunos ejemplos sobre este rubro, en el Ramo 23 hay 14 mil 800 millones de nuevos pesos destinados al sector Agropecuario. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vásquez López:- Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Resulta contradictorio, a veces, que se reproche, por una parte, a la oposición, el no hacer propuestas alternativas y cuando la oposición, presenta propuestas alternativas entonces decirles que se dan el lujo de desecharlas, como si desechar las propuestas alternativas fuera un mérito.
La propuesta de presupuesto que el Partido de la Revolución Democrática presenta, alternativo, es una propuesta que no rompe con el planteamiento esencial de lo que aquí vino a preconizar el Secretario de Hacienda.
Quiero señalar el carácter equilibrado del presupuesto que presenta el Partido de la Revolución Democrática. No se trata de un presupuesto voluntarista que venga a tratar de simplemente estimular en forma artificial la demanda. No estamos ante una propuesta neokeynesiana desbocada; por el contrario, inscribimos la propuesta del Partido de la Revolución Democrática dentro del marco de lo que se ha venido manejando en la política presupuestaria actual del país.
Simplemente sustituimos lo que ha sido una pieza fundamental del presupuesto, que es la existencia del superávit, que finalmente pasa a ser pago de deuda, por el concepto de déficit financiable; en lugar de poner como motor la contención, es decir, contradictoriamente, que para que haya equilibrio en el presupuesto contengamos la economía, estamos tratando de estimular en forma regulada, fundamentalmente el fortalecimiento de una planta productiva y estimulando la demanda global pero lo estamos haciendo en un nivel aceptable para una economía que se encuentra afectada por una inercia que le impide crecer a más del 3%.
Por eso nuestra propuesta es solamente incrementar en un 7% pero poniendo el acento en aquellos sectores que nosotros consideramos estratégicos y que le van a dar al país competitividad frente a las nuevas situaciones
internacionales en la economía, incluso frente al Tratado de Libre Comercio.
Se trata entonces de una propuesta coherente de racionalización del gasto, resulta un poco incongruente y así lo hemos manifestado, que tratándose de un presupuesto superavitario como el que está proponiendo por su parte la Secretaría de Hacienda, que está conteniendo la economía, al mismo tiempo existan renglones en donde el Presidente de la República tiene un alto grado de discrecionalidad, en total si consideramos el Ramo 2 de Presidencia de la República, el Ramo 26 de Solidaridad y Desarrollo Regional y el Ramo 23 Derogaciones no sectorizables, estaremos hablando de que hay 34 billones 100 mil millones de pesos actuales que están a discreción del Presidente de la República y aún así se está conteniendo la economía; esto resulta contradictorio, digo, con las pretensiones de política económica que aquí se han venido a plantear. Nosotros creemos, que por el contrario, lo que no se encuentra tecnorizado y lo que está a discreción debe ponérsele negro sobre blanco, justamente para que al final del período podamos evaluar de una manera correcta cómo se va ejerciendo el gasto.
No puede ser, como lo reconoció el ingeniero Rojas, secretario del Programa Nacional de Solidaridad, que no existan metas ni programas para el Programa Nacional de Solidaridad, porque éstas se tengan que ir fijando con criterios puramente políticos, bajo la presión de una equis o zeta campaña electoral o ahí en donde se pueda debilitar a sectores de la oposición presentándoles gestores alternativos. Por ese motivo ya hemos propuesto aquí la sustitución de gran parte de ese presupuesto destinado al Ramo 26, que se transfiera directamente a los estados y municipios, lo cual fortalecerá seguramente el desarrollo regional de una manera más calificada.
Se nos ha venido a decir aquí que hay que planificar menos la agricultura yo les pregunto a los que han venido a decir aquí eso, que fortalezcamos la microeconomía agrícola, puedo estar de acuerdo, pero, ¡cómo se puede planificar la microeconomía agrícola si no se estimula la demanda de los productos agrícolas, la comercialización, si no se garantiza la comercialización y si no se establece en un Plan Nacional la distribución geográfica de la producción agrícola?, ¡cómo podemos por ejemplo viabilizar la comercialización de los productos agrícolas, con carreteras como las que encontramos en el sur de este país, como las carreteras que van a Veracruz, por ejemplo a Tuxpan o las que van a Oaxaca o las que van a Guerrero?, carreteras por donde circula una gran cantidad de productos agrícolas y que lo que se está proponiendo en este año para el ramo de las carreteras es completamente irrisorio, porque se requiere alrededor de 2 billones de pesos actuales para su reparación; ya no se puede hablar de su rehabilitación total o sustitución.
De esta manera, entonces, al no sectorizar grandes cantidades por lo menos 4 billones, por ejemplo de recursos que se van a canalizar al campo, en lugar de otorgarlos directamente para que se ejecuten en programas agrícolas concretos planificados, estamos abriendo la cartera al corporativismo o al neocorporativismo y dejando de lado la posibilidad de una planificación racional a un nivel regional, a un nivel intermunicipal, a un nivel estatal.
Nosotros creemos que se debe invertir esta relación, por ello hemos propuesto la transferencia de estos recursos. Nuestra propuesta no es una propuesta de aumento en todos los renglones del presupuesto, por el contrario, ponemos el acento justamente en el gasto programable, y en los organismos y empresas paraestatales, porque lo que nosotros no deseamos es lo que está sucediendo en muchas partes, y ha sucedido ya, que se desalienta la inversión de las empresas paraestatales, que les reduce el presupuesto, se les somete a condiciones irrespirables se les reduce en la productividad, les reduce en la competitividad y les hacen ineficientes para después argumentar que la empresa pública no tiene viabilidad y entonces someterla a subasta.
Nosotros creemos efectivamente, hay ramas en donde el Estado o la empresa pública puede tener menor rentabilidad, menores condiciones y jugar en papel menor dentro de esa rama de la economía, y que esos sectores deberían estar en manos de empresas privadas.
Coincidimos, hay aspectos que los podemos proponer, sin embargo consideramos que hay ramas estratégicas en donde la empresa pública debe fortalecerse y por ello planteamos nosotros un incremento para esas empresas, para incrementar su productividad y propiciar la modernización de su planta instalada, de manera que nosotros podamos presentarle condiciones de competitividad a la empresa nacional.
O qué, ¡todo lo vamos a apostar a que vengan a invertir, o vamos a apostarle como se ha hecho en algunas ramas, a que vengan y ni siquiera inviertan en nuevas empresas, sino que simplemente compren la planta existente, la echen a funcionar con mayor capital y simplemente
inviertan capital de trabajo sobre planta instalada que ya existe y está echada a andar?
Hacer eso es pervertir y es mantener las condiciones inerciales de la economía que le impiden crecer más allá de 3%. Esta forma de mantener subsumidas las condiciones de crecimiento potenciales de la economía nacional, se revertirán en un futuro y el desastre económico puede ser de una magnitud superior a la que hoy estamos observando en algunos países del este, en donde precisamente los problemas de no renovar la planta productiva se está revirtiendo en una carencia de tecnología que impide a esas economías se recuperen en el corto plazo.
El propio país está en condiciones muy difíciles y con a actual política económica, los plazos que nos presentan el horizonte para la recuperación, son de más allá de 15 ó 20 años en muchas de las ramas de la economía nacional.
Por este motivo nosotros pensamos que hoy es el momento de iniciar la reactivación de la economía mexicana y de la empresa mexicana y para eso proponemos que se incremente el presupuesto a costa del superávit, y por eso también nosotros planteamos que esto debe darse en un marco de democracia y de planificación participativa.
Por eso también nos oponemos a que el Congreso renuncie perse, a ejercer el derecho que tiene para fijarle los montos específicos del ejercicio de cada uno de sus programas que tendrá que ejercer el Ejecutivo.
Dentro de las pocas preguntas que me respondió el licenciado Aspe cuando vino aquí a su comparecencia, está aquella que planteaba la crítica en el sentido de que cada vez eran mayores los gastos discrecionales del Ejecutivo, y cada vez menor la posibilidad de este Congreso, de decidir sobre esos renglones.
El dijo que tenía un profundo respeto, y todos escuchamos en qué términos se expresó. Sin embargo, la discrecionalidad del Presidente ha aumentado, y ha aumentado específicamente en el Ramo 23, en el concepto 8,100 del Ramo 23, que es justamente ese Ramo de erogaciones no sectorizables que se refieren, dice, "Gastos Contingentes y Censos Nacionales". ¡Cómo es posibles que si en México no va a haber censo este año, se hable de que crece un 45% el gasto en este renglón? ¿A qué se debe? ¿Es que acaso el licenciado Aspe o quien formuló la propuesta, dice una cosa cuando está aquí en la tribuna y otra cuando está frente a su patrón o cuando está elaborando el presupuesto? Porque aquí vino a decir que debía haber un equilibrio entre poderes y que él lo respetaba, y sin embargo está esta propuesta que incrementa en 45% una partida secreta que además simplemente no tiene ningún renglón ejecutable que podamos mensurar, sino hasta que termina el período.
De acuerdo, podemos pensar que se trata de desastres, que se trata de atender los desastres que sucedan en nuestro país, que por desgracia y por falta de planificación y la corrupción que ha existido en administraciones anteriores, han acaecido en nuestro país.
De acuerdo, puede darse otra explosión en Guadalajara, puede haber un sismo en donde las especificaciones de la construcción de la obra pública no se hayan cumplido y haya grandes cantidades de damnificados. De acuerdo, pero consideramos nosotros que debemos, esa partida secreta que hoy existe, no puede quedar simplemente a discreción del Presidente de la República; en todo caso que quede abierta la posibilidad de que el Presidente tome en un momento dado, del superávit, la cantidad necesaria para atender damnificados y no que le quede abierta una cartera o un arca para que pueda disponer en cualquier momento, y en cambio esa partida, como ya se dijo aquí, se puede utilizar, como propuso nuestro compañero Manuel Huerta, para la construcción de vivienda. ¡Qué mayor contingencia puede haber en este país que el déficit de 6 millones de solicitantes de vivienda que no la tienen ahorita y con los programas actuales quizá no la tendrán en más de 30 ó 40 años!
Por ese motivo nosotros hemos propuesto que esa partida, la que se refiere al concepto 8,100 del Ramo 23, sea eliminada del Presupuesto.
En otro orden, nosotros consideramos que la discrecionalidad del Presidente que tiene en términos cuantitativos, en estos 34 billones que le están proponiendo en el Presupuesto de Egresos, en el dictamen, se expresa también en una discrecionalidad absoluta para poder desaparecer entidades y empresas paraestatales. Bien es cierto que muchas de ellas fueron creadas por decreto del propio Ejecutivo, pero el papel que ya están ejerciendo en este momento, de muchas de ellas, ya tiene un interés público y se consideran de interés social.
No podemos permitir...
El Presidente:- Permítame, señor diputado. ¡Acepta usted una interpelación del diputado Solano?
El diputado Eloy Vásquez López:- A la conclusión de mi intervención, si es tan amable.
El dictamen que nos traen dice el artículo 39, que vamos a dar una opinión después de que la Secretaría de Hacienda ya decida privatizar, desincorporar se dice en el eufemismo, una entidad paraestatal. Nosotros consideramos que ese señalamiento es inaceptable. La Cámara de Diputados no es una instancia para opinar, es un órgano de Poder Legislativo de este país, dictamina, autoriza al Ejecutivo, no opina. Está para autorizar o desautorizar una desincorporación, y no podemos delegarle un cheque en blanco de este tipo a una Ley reglamentaria, como lo es el Presupuesto, porque tenemos una facultad constitucional, y esa facultad constitucional no la podemos delegar, no la podemos declinar mejor dicho; en este caso la estamos declinando, estamos renunciando a ella anticipadamente, no se la estamos entregando a nadie, al contrario, nosotros no podemos hacer eso. La Cámara no puede aceptar renunciar a ejercer un derecho, porque es un Poder que tiene que juzgar los actos de otro Poder.
Por tanto, nosotros consideramos que ese planteamiento, el artículo 39 debe desaparecer. Proponemos en concreto que desaparezcan los párrafos dos, tres, cuatro, cinco y seis del referido artículo, para que el Presidente de la República, si quiere desincorporar alguna de las entidades o empresas paraestatales, nos presente aquí un dictamen y vengan sus secretarios y los diputados que defienden al Presidente de la República, y argumenten aquí en la tribuna, y nos digan por qué tiene que desaparecer una empresa paraestatal, y aquí discutamos, y aquí nos derroten para que quede constancia en el Diario de Debates que por lo menos el Poder Legislativo cumplió con su obligación.
Compañeras y compañeros, vamos a votar las propuestas del Partido de la Revolución Democrática en lo particular. Esperamos que al ejercer su voto lo hagan con la plena conciencia de que el presupuesto actual, tal como está presentado, está magnificando una propuesta de política económica que ya fue superada, criticada y derrotada por los propios ciudadanos, ahí en donde nació, en la cuna del neoliberalismo, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Ese modelo que hoy nos quieren seguir implantando, es ya un fracaso. Van a venir modificaciones de política económica internacional para las cuales puede no estar preparado nuestro país, si no existen condiciones ante un proteccionismo de lo Estados Unidos o un giro que pueda dar la nueva administración.
Creemos nosotros que la fuerza de México sigue estando en su capacidad productiva, y por ello los llamamos a votar por la propuesta de presupuesto que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente:- ¡Acepta la interpelación del diputado Flores Solano?
El diputado Eloy Vázquez López:- Sí la acepto, señor Presidente.
El diputado Jorge Flores Solano (desde su curul):- Muchas gracias, compañero Eloy. ¡Sabe usted con qué frecuencia son los censos nacionales, y todo el tiempo que se requiere para preparar el trabajo correspondiente al levantamiento de las encuestas, la preparación de las encuestas, y con qué tiempo tiene nuestro país que prepararse a efecto de cumplir en tiempo con esos censos?
Para eso es esa partida; ése es el costo de la preparación de los censos nacionales de manera industrial que tenemos que levantar en 1995. Y por otra parte, no hay tantas facultades discrecionales; si usted conoce la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública, y este decreto que estamos autorizando, obliga al Ejecutivo y a sus diferentes partes a seguir ciertas reglas para esos gastos que le dan flexibilidad en el manejo de presupuesto. Por su respuesta, muchas gracias.
El diputado Eloy Vásquez López:- Le agradezco mucho su interpelación. Y quiero decirle una cosa, nosotros proponemos que para estudios y formulación de proyectos y toda esa rama, se incrementen las partidas, pero hay ramas de tecnología y ciencia en donde podrían entrar, y ramas de estadística; no tienen por qué encontrarse en una partida especial, que no se diga claramente como se va a ejecutar. Si existe la institución, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que en el presupuesto de esa instancia ahí se establezca cuánto se va a gastar en la preparación de los censos, y no que se ande dejando en manos discrecionales del Ejecutivo. Espero haber respondido su pregunta.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul):- Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:- En términos del 102 se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional
El diputado Rodolfo Becerril Straffon:- Con su permiso, señor Presidente. Sólo unas cuantas precisiones respecto a la discrecionalidad del gasto, que ya se han tocado en el curso del debate de esta mañana y de la tarde.
Hay tres cuestiones que se han cuestionado en materia de discrecionalidad, por un lado los gastos asignados a Presidencia de la República, por otro lado, los del Ramo 23, que es lo no sectorizable, y finalmente los gastos que tienen que ver con el Programa Nacional de Solidaridad, todo lo cual ha sido cuestionado.
Simplemente por lo que toca a la Presidencia de la República, si ustedes analizan la Cuenta Pública, que aprobamos recientemente, encontrarán puntualmente y con toda precisión la contabilidad del gasto que se efectuó en Presidencia de la República.
En 1993, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, se destinarán alrededor de 279 millones de nuevos pesos, cuyos componentes principales tiene que ver, aparte del aspecto de censos a que hacía referencia el compañero Flores Solano, con el pago de remuneraciones a personal, la adquisición de materiales y suministros y el pago de servicios básicos como luz, agua teléfono y conservación y mantenimiento, que son 180 millones de nuevos pesos.
Todo eso está preciso en el volumen tres del proyecto de presupuesto que se presenta a esta soberanía y que incluye aproximadamente unos 60 centímetros de textos en donde se desglosa en los renglones analíticos con toda precisión el dónde se está gastando por programas, por tareas, específicamente el presupuesto de 1993.
No existe esta discrecionalidad que aquí se ha referido. La Ley obliga a que todo gasto que realiza el Gobierno, incluyendo el de Presidencia de la República, tenga no sólo los registros contables sin una asignación específica que está contemplada en el volumen tres de los anexos que nos han presentado como complemento a la información que aquí se ha hecho. Gracias.
La diputada Cecilia Soto (desde su curul):- Señor Presidente pido la palabra.
El Presidente:- ¡Con qué objeto, diputada?
La diputada Cecilia Soto (desde su curul):- Para rectificar hechos.
El presidente:- En términos del 102, se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto, y posteriormente al diputado Jorge Calderón Salazar.
La diputada Cecilia Soto González:- Señor Presidente, compañeras y compañeros:
Quisiera contestarle puntualmente a lo expresado por el orador que me antecedió en el uso de la palabra.
Ciertamente, existe en el tomo tres que él menciona, un desglose mayor para el caso del Ramo 23. Pero el desglose se reduce a separar en gasto de inversión y gasto circulante, los programas que describe anteriormente. Es decir, se dice: "Programa de Reactivación al Campo. Gasto de inversión y gasto circulante"; pero no se dice cuáles son esos programas específicos de reactivación al campo.
No, compañero Becerril Straffon, no está desglosado satisfactoriamente para esta Cámara de Diputados.
Igual otro programa muy importante de desarrollo regional, no está desglosado de manera importante.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul):- Señor Presidente, pregunte usted por favor al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:- ¡Acepta la diputada Soto una interpelación?
La diputada Cecilia Soto González:- Encantada de la vida.
El Presidente:- Proceda, señor diputado.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon (desde su curul):- Podría describir, diputada, desglosar los gastos y las inversiones si tuviésemos un terremoto o una inundación, que son parte de los conceptos que incluye el Ramo 23?
La diputada Cecilia Soto González:- Compañero, me estoy refiriendo específicamente a los rubros de gasto de reactivación para el campo y desarrollo regional. No trate de escaparse por la fácil, compañero.
En el Ramo 23 existen una serie de asignaciones claras, está el paquete salarial, está el paquete para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en el caso del paquete salarial es casi el 46, 47 %, es un rubro muy importante.
Nosotros no decimos que hay una discrecionalidad total, nosotros tenemos un matiz diferente a otras fracciones parlamentarias. Existe el caso, como decía yo, de lo que se asigna al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra serie de rubros.
Pero hay dos o tres paquetes con un peso muy importante, 4.7 billones el caso del campo, 2. algo, el caso de desarrollo regional.
Y aun cuando no tuvieran una importancia por su peso, dado el problema del campo, nosotros queremos saber cómo se van a usar esos recursos.
Como legisladores responsables no podemos aprobar algo que no se nos especifica. Yo le pregunto, en cambio, compañero, si usted me puede desglosar puntualmente, compañero Becerril, si usted me puede desglosar puntualmente cuál es el contenido del paquete de reactivación del campo; le ayudo, 900 para el trigo y 750 mil para cartera vencida del Banco Nacional de Crédito Rural. Por favor explíqueme los otros tres.
El Presidente:- Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su venia, señor Presidente.
Pedí la palabra para rectificar hechos, porque el Partido de la Revolución Democrática ha, reiteradamente, en reuniones de comisiones, ante la opinión pública y en esta tribuna, exigido que las asignaciones genéricas que están en el programa del Ramo 23, de erogaciones no sectorizables, no solamente sean explicadas, sino sean asignadas a entidades específicas.
Sabemos, porque el presupuesto, el decreto que se nos va a proponer a nuestra consideración en próximos minutos así lo establece, que hay múltiples artículos que le dan facultades, además de lo que en sí ya tiene de libertad el Ejecutivo para modificar erogaciones no sectorizables, pues, estimados legisladores, desde hace horas los legisladores del Partido de la Revolución Democrática hemos dicho que hay varios artículos del decreto que le dan flexibilidad al Ejecutivo para reducir partidas presupuestales, para aumentar partidas presupuestales donde lo crea pertinente, para cancelar, como de manera muy precisa nuestro compañero diputado Eloy Vásquez lo dijo, la existencia de paraestatales y privatizarlas, y para un conjunto de cambios a la estructura presupuestal, que hace que lo que este Congreso está aprobando sean grandes marcos pero que en la práctica el Gobierno podrá hacer una serie de modificaciones, con una sola condición, es cierto, con una condición insuficiente para una sana vida republicana en materia de control presupuestal, que es la condición de informar en cuenta pública del conjunto de modificaciones y cambios que hizo.
Y resulta, precisamente por lo que decía el diputado Becerril Straffon, que cuando entramos a estas hojas de Asignación Presupuestal por Programa, que trae lo mismo que trae el tomo de Desglose Presupuestal de Gobierno Federal, donde vienen aplicadas algunas o la totalidad de estos gastos sectorizables, nos encontramos con un desglose tan genérico como que el billón 160 mil millones de pesos del Programa de Gastos Contingentes y Censos Nacionales, dice así:
"Erogaciones Contingentes, 600 mil millones de pesos actuales. Programa de Censos, 560 mil millones de pesos actuales". ¡Ese es el desglose, que nos digan que se van a gastar 600 mil millones en gasto contingentes?
Y si vamos a otros rubros es exactamente lo mismo, descubrimos cosas interesantes, por ejemplo en el Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Productividad sabemos que una buena parte de estos fondos va para la Confederación de Trabajadores de México, para el Centro Sindical de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México y otra parte va para el Instituto Nacional de Administración Pública; pero sigue habiendo un conjunto de rubros genéricos que se denomina: ayuda a los sectores Social y Privado, por una cifra que es casi la mitad de lo que compone este rubro presupuestal. Y podríamos hacer otro tipo de afirmaciones, por ejemplo en Programa Salarial, encontramos que una gran parte va hacia un rubro genérico de subsidios corrientes por casi 2 mil, 424 millones de nuevos pesos y 2 mil, 797 millones de nuevos pesos también va a subsidios corrientes.
Programa de Apoyo a la Infraestructura Económica, encontramos subsidios corrientes, 200 millones de nuevos pesos; Erogaciones Especiales, 350 millones de nuevos pesos; Erogaciones Especiales, 315 millones de nuevos pesos; Erogaciones Especiales, 280 millones de nuevos pesos; Erogaciones Especiales, 288 millones de nuevos esos; Erogaciones Especiales, 306 millones de nuevos pesos; y así, sucesivamente.
En el Programa de Reactivación en el Campo, en algunos casos están especificados apoyos para
Aseguradora Agrícola Mexicana, pero en otros casos encontramos:
Subsidios Corrientes, 371 millones de nuevos pesos; otra vez: Subsidios Corrientes, 300 millones de nuevos pesos; y así sucesivamente.
En otros como Desarrollo Regional, una parte importante, bueno, la totalidad prácticamente va a subsidios corrientes.
En otras palabras, no los quiero cansar y ésta es una intervención para hechos. Lo que yo quiero presentarles a ustedes es que este documento en el cual se nos desglosa en qué se va a utilizar el ramo 23, y voy a terminar, señor Presidente, en unos segundos, le ruego me permita unos segundos solamente.
El Presidente:- Proceda, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Lo que yo estoy presentando a ustedes es que en este documento de Asignación Presupuestal por Programas, y del que se denomina Resumen Cuantitativo por el Ramo, que supuestamente desglosa lo del Ramo 23, pues no lo desglosa, quedamos exactamente igual en términos de la discrecionalidad del Ejecutivo para aplicar rubros tan genéricos como subsidios, subsidios, subsidios, erogaciones, erogaciones, erogaciones, prácticamente con absoluta libertad para aplicación y hemos cuestionado, no lo voy a repetir aquí, que solidaridad, independientemente de que en todos los rubros aparece una dependencia que va a aplicar el gasto, la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Hacienda, cuando una sola dependencia está siendo la que va a realizar autorizaciones para posteriormente ejecutarlas, Secretaría de Desarrollo Social, por 7 billones 700 mil millones de pesos, estamos ante un marco de discrecionalidad que nosotros cuestionamos.
La solución es muy simple, quitar en este decreto y en general en un conjunto de disposiciones secundarias ese conjunto de facultades discrecionales para mover, cambiar, quitar, reducir, aumentar y privatizar todo lo que se quiera privatizar. Especificar el gasto de lo que genéricamente se denomina: Erogaciones no sectorizables, en la estructura formal, estricta, de la administración pública del Gobierno Federal y asumir de manera responsable, y con esto termino, las facultades que tiene el Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, en materia de control presupuestario, tanto en la formulación del presupuesto como ejercitar de manera responsable el control a la hora de discutir la Cuenta Pública. Muchas gracias.
El Presidente:- Para rectificar hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Eloy Cantú Segovia, en términos del 102.
El diputado Eloy Cantú Segovia:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En esta tribuna se ha planteado con razón que el gasto público es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica. En efecto, es a través de este instrumento que se promueven actividades, que se busca una más equitativa distribución de la riqueza por regiones, por actividades, etcétera.
En consecuencia, al ser un instrumento de política económica, se trata fundamentalmente de ver a nivel agregado, las orientaciones del gasto, los montos y los techos financieros que se asignan para apoyar alguna actividad económica que se considera prioritaria. Aquí hemos discutido qué porcentaje del gasto va para pagarse deuda, cuánto se asigna al gasto social, dentro del gasto social, cuánto va a la educación, a la salud, a la seguridad social.
Estamos en consecuencia haciendo el análisis de un instrumento macro a nivel agregado, de tipo general. Sería muy difícil de conciliar por un lado este concepto del gasto público como un instrumento de política económica y simultáneamente esperar ver desagregado, individualizado, las decenas de miles de proyectos a los que puede dar lugar el gasto público federal. O una cosa u otra, difícilmente se antoja factible, conciliar ambas. Nuestra atención se centra en ver qué está estimulando, qué se está motivando, a qué le estamos dando más importancia, qué tiene la prioridad social o política.
Así pues, no sería conveniente el distraer en este momento la atención en una desagregación de dicho gasto, como aquí se ha planteado. Por una parte existe este razonamiento, por la otra, todos sabemos que por ejemplo en el rubro de desarrollo regional, mediante el cual el Gobierno Federal descentraliza recursos federales, a estados y municipios, el ejercicio de estos recursos está sujeto a las propuestas de inversión que hagan justamente los estados y los municipios, a través del comité de planeación para el desarrollo del estado o del comité de planeación para el desarrollo de los municipios. En consecuencia no se puede conocer a priori ex anti, en qué proyecto de inversión se va a gastar, si se sabe que esto es para fortalecer el desarrollo de los municipios y de los Estados, pero no se sabe en metas precisas, cuánto se va a aplicar.
reparación de escuelas, para introducción de agua, drenaje, para alumbrado, etcétera. Así pues a esto está sujeto su desglose, a que venga la propuesta de estados y municipios, no se puede en este momento, pedir el desglose del mismo.
En lo concerniente a una prioridad que en la reactivación del campo, sí existe sin embargo, un cierto grado de desgregación de la información. Por ejemplo en el programa de reactivación del campo, para el rezago agrario, del monto autorizado global, se dice que el 16% irá al rezago agrario; para la Aseguradora Agrícola Mexicana, irá el 8.5%; para el Banco Nacional de Crédito Rural, el 6.9%; para subsidiar el trigo, el 28.6%; para la delimitación de tierras ejidales, el 28.6% y para la compra de granos básicos, el 11.4%...
El Presidente:- Señor diputado, ¿me permite un momento por favor?
El diputado Eloy Vásquez López (desde la curul):- Me permite una interpelación?
El diputado Eloy Cantú Segovia:- No muchas gracias, voy a continuar mi exposición.
El Presidente:- No acepta.
El diputado Eloy Cantú Segovia:- ...así pues, sí se da una desagregación porcentual de la asignación de techo financiero que estamos aquí discutiendo su aprobación. Pero también hay montos específicos para cada uno de los rubros que acabo de comentar. Concretamente, para Aseguradora Agrícola Mexicana, son de los nuevos pesos 371 millones 400 mil; para el Banco Nacional de Crédito Rural, 300 millones y así para cada uno de los rubros. ¿Qué se da?, se dan techos financieros, se da orientación del gasto.
Ahora bien, la pregunta que nos podríamos formular es la siguiente: ¿si esta Cámara de Diputados no va a conocer nunca de cómo se ejerció este presupuesto, en la Cámara de Diputados vamos a ignorar cómo se desagregó este presupuesto en proyectos específicos?
Compañeras y compañeros: todos sabemos que aquí se hace el análisis de la Cuenta Pública, y ahí se conoce, a detalle, en qué se gastó cada peso. Muchas gracias.
El presidente:- En los términos del 102, tiene el uso de palabra el señor diputado Eloy Vásquez, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vásquez López:- Precisamente esto es lo que tenemos que discutir, es lo que está en el fondo del problema. Si las leyes son para cumplirse o son para interpretarse.
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en su artículo 13, establece que: "El Gasto Público Federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución".
Si lo único que vamos a aprobar aquí no son programas ni metas, sino enunciados, títulos de los programas, sin conocer los objetivos, las metas y muy vagamente las unidades responsables de su ejecución ¡Cómo va a evaluar la Contaduría Mayor de Hacienda el gasto público?
Después vienen aquí a traernos cambios que critica el diputado... que no está aquí presente, el diputado panista, Juan de Dios Castro, y que incluso se presta para que presente una iniciativa, para que se someta a sanción a la institución que violó el presupuesto. ¡Por qué sucede esto? Porque justamente lo que nosotros no debemos hacer es aprobar techos financieros en abstracto; lo que tenemos que hacer es ir a planificar desde abajo, desde el proyecto productivo y agregar los proyectos productivos para establecer los programas de desarrollo regional, aprobarlos por consenso, concertar con los actores específicos, sacar la base de financiamiento necesaria y ahí entonces, establecer el programa concreto.
Cuando las cosas se hacen así, la recuperación del financiamiento es prácticamente un hecho. Cuando está el techo financiero, lo que se establece es una competencia, a veces brutal, entre los solicitantes de crédito que termina por una disminución del propio presupuesto.
Hemos venido aquí a ver cómo hay presupuesto, techo financiero no ejercido, por carencia de los proyectos productivos necesarios. No existen los proyectos y entonces se aprobó un techo financiero en abstracto y no se ejerce y el país sigue hundido en la más desesperante inercia recesionista.
Por eso nosotros criticamos esta forma de hacer el presupuesto y hemos establecido que tenemos que desarrollar la planificación participativa, la planificación democrática, la planificación municipal, la planificación estatal, y por eso el Programa Nacional de Solidaridad en lugar de ser centralizado, tiene que pasar a los estados, a los municipios para que desde ahí se planifique y desde ahí se evalúe. Muchas gracias.
El Presidente:- Se concede la palabra al diputado Alejandro Nieto, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez:- Con su permiso señor Presidente, honorable Asamblea:
Participo en esta oportunidad como miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para fundamentar la inclusión de un nuevo artículo transitorio del proyecto de decreto que esta Asamblea debate. Se trata de asegurar los recursos presupuestales para continuar los trabajos de reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Esta comisión dictaminadora en sus trabajos para elaborar el dictamen contó con información del programa y presupuesto para el ejercicio de 1993, relacionado con las obras de reconstrucción del Palacio Legislativo.
Existe, en primer lugar, un proyecto para reubicar la biblioteca del Congreso, de su sede tradicional en el centro de la ciudad de México, para trasladarse a uno de los edificios de este conjunto de San Lázaro y ofrecer así respuesta a una necesidad básica de nuestro trabajo legislativo. El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por la Comisión de Reconstrucción y el propio Comité de Bibliotecas.
Además, de ser aprobada esta propuesta, los trabajos del próximo año incluirían la terminación de otro de los edificios destinados a la Cámara de Diputados, aumentando la superficie útil, facilitando así el reordenamiento y reubicación de oficinas administrativas, de unidades de apoyo parlamentario y de comisiones legislativas.
Finalmente, los recursos del próximo año se destinarían para realizar trabajos en los pórticos del conjunto y en la plaza principal, que actualmente no tiene ningún uso específico, así como obras en espacios exteriores y estacionamientos que no han recibido inversión alguna en más de 10 años.
Esta propuesta está animada en el propósito de todos nosotros de fortalecer y dignificar crecientemente el trabajo e imagen del Poder Legislativo, por lo que no dudamos que recibirá de todos ustedes su aprobación.
Por las consideraciones anteriores, se propone el siguiente texto de un nuevo artículo segundo transitorio, para quedar como sigue:
"Artículo segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para proveer dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, los recursos necesarios para continuar con el programa de reconstrucción del Recinto Legislativo de San Lázaro".
Dejo en la Secretaría este escrito que presenta nuestro partido. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Se reserva para su votación económica al final de la discusión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:- Gracias, señor Presidente, honorable Asamblea:
En la última comparecencia ante esta Cámara, del Secretario de Hacienda, el doctor Aspe, ante las propuestas de diversos partidos de oposición en relación con aumentar el gasto o las transferencias a los estados a costas del superávit, siempre respondió que dichas propuestas atentaban contra el control de la inflación, y que en esa medida no se podían aprobar las transferencias de recursos que, insisto, diversos partidos proponían de esa partida del superávit a distintas otras.
Lo que no explicó el doctor Aspe, ni han explicado los voceros del régimen, es por qué causas después de 10 años de aplicar la misma política neoliberal, la misma medicina elaborada por el Fondo Monetario Internacional, impuesta a todos los países por esas dependencias transnacionales, por qué, insisto, después de 10 años de tomar esa medicina nuestra economía no puede crecer siquiera al 3%, porque se sobrecalienta rápidamente.
¿Por qué al 3% de crecimiento se dispara el déficit hasta llegar a 20 mil millones de dólares? y ¿Por se dispararía la inflación si crecemos un poco más? Esa respuesta no la han dado. Y no la han dado porque significaría reconocer que la medicina neoliberal no ha resuelto la causa principal de la inflación, que es, según nuestro criterio, la deficiencia estructural, aguda, que hace que México no produzca bienes de capital con competitividad y que tenga una planta industrial que no sólo no está capacitada para exportar y competir por el mercado internacional, sino que está perdiendo aún la competencia en el mercado nacional.
Es evidente a estas alturas, después de 10 años, insisto, de medicina neoliberal, que el dejar hacer y el dejar pasar, no resolvió esas deficiencias estructurales y que es necesario tener un política desde el Estado para el desarrollo de la industria y del campo mexicano. Finalmente, eso es lo que el electorado de Estados Unidos aceptó al derrotar a Bush, aceptó que es falso que la retirada absoluta del Gobierno en la reactivación de la economía resuelva las dificultades, y por eso allá, en aquel país, el electorado apoyó la política que propusieron los demócratas ahora, de estimular la economía a través del gasto público.
En México, insistimos, se continúa con esta política a pesar de que es muy probable que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al cambiar los presupuestos teóricos sobre los cuales se basa la política económica de los Estados Unidos, ellos también decidan cambiar la política que recomiendan a otros países.
Nosotros pensamos que para resolver los problemas estructurales de este país se necesita aumentar la actividad económica gubernamental. Y sostenemos que eso se puede hacer ahora, sin inflación. No aceptamos el dogma neoliberal de que cualquier gasto público genere inflación, creemos que eso, a estas alturas, es falso.
Y todo el proyecto de presupuesto alternativo que presentó nuestro partido y que han explicado aquí nuestros compañeros diputados, trata de explicar en qué áreas y en qué rubros podría gastarse más sin que se desate la inflación. Esto ya lo dicen también economistas de los Estados Unidos, periodistas de las secciones económicas de los principales diarios, y algunos de los maestros, nuestros, neoliberales, también ya recomiendan aumentar el gasto público.
Creemos, por ello, que es falso que haya sólo un camino para sacar a México de los problemas económicos que tiene y que es necesario que el pueblo de México pudiera reflexionar y conocer estos proyectos alternativos. Por eso algunos compañeros decían qué importante sería que estos debates pudiera conocerlos el pueblo de México en toda su esencia, porque estaría tal vez en posibilidad de manifestarse de algún modo o de otro en favor de los distintos proyectos que se están poniendo en juego.
Se proponen en nuestro proyecto cambios en distintas partidas que subsanen lo que a nosotros nos parecen errores garrafales y absurdos, por ejemplo, nosotros pensamos que la disminución real del 10.5% respecto del gasto programable que ejerció en 1992 Petróleos Mexicanos, no tiene ninguna justificación ante la creciente necesidad de consumo de petróleo y derivados que en forma expansiva estamos importando. A la vez de absurda esta política de reducción de los recursos a Petróleos Mexicanos, es congruente con la política del Gobierno de que sean inversionistas privados por vía de propiedad o de contratos de servicios los que ocupen todos los campos de actividad productiva.
Con esa política restrictiva de la inversión pública en la industria petrolera, parece que el Gobierno de México quiere cumplir sus tratos paralelos al Tratado de Libre Comercio y que también quiere convalidar la tesis del Congreso de los Estados Unidos que sostiene que México cuenta con enormes recursos petroleros en su territorio, pero que debido al atraso tecnológico y a la escasez de recursos financieros al ritmo que va nuestra industria petrolera; antes del año 2000 no sólo no seremos capaces de proveer a ese país de las cantidades de petróleo que le vendemos hoy, ni siquiera podrá Petróleos Mexicanos, satisfacer la demanda nacional del hidrocarburo. De esta tesis el Gobierno de Estados Unidos deriva la urgente necesidad de que México abra la posibilidad de una mayor entrada de empresas extranjeras en la industria petrolera por vía directa o indirecta de propiedad o de crecimiento de servicios mediante contratos para exploración, explotación y cualquier otra actividad de esta actividad industrial.
Con la política presupuestaria para Petróleos Mexicanos, el Gobierno lo que hace es convalidar la tesis del Congreso de Estados Unidos para que se cumpla el deseo y la profecía de nuestros vecinos. En suma, para agilizar el crecimiento económico y a la vez mejorar la estructura productiva del país, se requiere un impulso de la iniciativa privada pero también del gasto gubernamental. Creemos que el asignarle a Petróleos Mexicanos, un 10.5 menos de lo que gastó el año pasado, es simplemente actuar como quintacolumnista en esa gran empresa, porque a estas alturas ya se puede prefigurar que en el corto plazo nos van a decir que alguna de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos, ya es incosteable que no es competitiva y que entonces es necesario desincorporarla, porque no se le deja a Petróleos Mexicanos, una cantidad de recursos financieros suficiente para avanzar al cumplimiento cabal de sus tareas constitucionales, ni para mejorar sus tareas de mantenimiento, ni para estar permanentemente actualizándose en lo tecnológico.
Quiero decir que en la comparecencia del señor Rojas, director de Petróleos Mexicanos, nosotros
le señalamos que en los planes de desarrollo aprobados, estaba contemplada la construcción de refinerías suficientes para abastecer el mercado nacional de gasolinas. Se nos contestó que teníamos razón y que muy pronto Petróleos Mexicanos iniciaría la construcción de esas refinerías programadas desde hace dos años. A estas alturas lo que tenemos son anuncios de reducción del presupuesto de Petróleos Mexicanos, pero además una política de los que dirigen esa empresa tendiente a invertir o a coinvertir con algunas empresas transnacionales en la compra de refinerías en los Estados Unidos, y mientras tanto México sigue aumentando su importación de gasolinas.
Nosotros hemos dicho que la producción de gasolinas para el consumo nacional es una actividad reservada constitucionalmente para el Estado Mexicano, que ahí no cabe ninguna concesión. A nuestro parecer, lo que está haciendo el Gobierno mexicano es darle vuelta a la Constitución no autorizando la inversión privada para construir refinerías en México, pero sí coinvirtiendo Petróleos Mexicanos con empresas extranjeras privadas en los Estados Unidos, y de allá importar la gasolina.
Creemos que eso es absurdo porque en primer lugar al coinvertir Petróleos Mexicanos en los Estados Unidos, habrá el compromiso de Petróleos Mexicanos para estar alimentando de petróleo crudo a esas instalaciones, pero al mismo tiempo estaremos creando empleos en los Estados Unidos y no aquí; mientras que a los trabajadores petroleros se les está despidiendo en su propio país.
Ese es un problema fundamental que esta soberanía debiera discutir. No es correcto darle la vuelta a la Constitución con ese tipo de mecanismos y otros que se les están ocurriendo a los dogmáticos del neoliberalismo que nos gobierna.
Creemos que a Petróleos Mexicanos hay que dejarle los recursos suficientes para que pueda cumplir su compromiso con la nación y que se sustituya la refinería que se cerró en esta ciudad con la construcción de las instalaciones suficientes y necesarias para que el consumo creciente de gasolina de este país, sea surtido por instalaciones mexicanas operadas por técnicos y trabajadores mexicanos.
Creemos además, que una sana inversión de Petróleos Mexicanos en áreas como la petroquímica podría constituirse en una locomotora que pudiera jalar a partes importantes de la economía nacional.
Sostenemos que México tiene las condiciones para crear un sector de la industria petroquímica competitivo a nivel mundial, y que eso podría ser una de las especialidades en las que México fuera ejemplo, pero creemos como decíamos, que está siendo dirigida esta paraestatal por sus principales enemigos o adversarios.
Quiero decir también que Petróleos Mexicanos podría con una política de inversión inteligente, ayudar a que se subsanen los problemas de la estructura económica a los que me he referido. Podríamos ir saneando nuestra economía si a la vez que Petróleos Mexicanos actúa se le da más apoyo al campo.
El campo y Petróleos Mexicanos pueden ser los elementos centrales para una reactivación de nuestra economía sobre bases muy sanas, lo que no ha logrado la medicina neoliberal.
Quiero tratar brevemente otro asunto. Se ha estado señalando por parte de las autoridades, que diseñan la política económica, que no es posible asignar más recursos a los estados y municipios por la razón de que se dispara la inflación. Ya he señalado que no creemos que eso sea fatalmente cierto y que hay zonas y ramas de la economía nacional en las que se puede invertir sin riesgo de inflación, pero además quiero señalar que en México hay regiones muy atrasadas que van a ser muy golpeadas, que están siendo muy golpeadas por la apertura comercial indiscriminada y que serán más golpeadas aún con la firma del Tratado de Libre Comercio.
Hemos señalado en todos los tonos y por todos los medios, que México debió haber negociado ante Estados Unidos y Canadá antes de firmar el Tratado de Libre Comercio y como condición para hacerlo, fondos compensatorios que ayuden al desarrollo nacional. No se nos hizo caso. Serra Puche en sus comparecencias dijo que las disparidades entre las economías de aquellos dos países y la nuestra estaban contempladas en los plazos de desgravación.
Hace unos días el señor Salinas de Gortari anunció que pediría a Estados Unidos y a Canadá la creación de un fondo de ayuda financiera para enfrentar el impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía mexicana. Ya distintos analistas han señalado que esa petición de Salinas de Gortari es extemporánea y aparece como una simple maniobra para presionar al nuevo Gobierno de Estados Unidos a que no dé marcha atrás en la aprobación del Tratado de Libre Comercio tal como está. Al parecer lo que el gobierno mexicano está haciendo es simplemente decirle
a Clinton que si él introduce los temas laboral y ecológico a la negociación, México introducirá los temas de migración y de fondos compensatorios.
Nosotros señalamos que la necesidad de los fondos compensatorios no nace ahora con el triunfo de Clinton, era una evidencia desde que empezó la negociación.
Sostuvimos siempre que México no tenía razón al sacar de la mesa de negociación ese asunto de los trabajadores migratorios y de los fondos compensatorios. El Gobierno ahora está diciendo o dando argumentos que nosotros dimos hace más de un año. Pero a donde voy es a lo siguiente:
Si el Gobierno mexicano está pidiendo fondos compensatorios para que se apoye el desarrollo económico en las regiones o sectores que van a ser dañadas por el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué aquí en México no hay fondos compensatorios que permitan impulsar a las regiones atrasadas que han sido impactadas por una política económica que ha aplicado el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional desde hace muchos años y que produjeron desempleo y marginación? ¿Por qué aquí en México no puede haber ese fondo compensatorio que permita que haya desarrollo económico en esas zonas deprimidas?
No estamos conformes de ningún modo nos preocupa que estas desigualdades regionales, no se resolverán con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, porque es evidente que con esa fórmula no podremos de ningún modo ir cerrando la brecha de la desigualdad.
El Banco Interamericano de Desarrollo plantea que en un contexto de libre comercio y sin fondos compensatorios, México podría alcanzar los niveles actuales de ingreso per capita de Estados Unidos para el año 2,030, esto es, casi 40 años para nivelarnos. Yo pregunto: ¿Cuánto tiempo va a pasar para que las zonas deprimidas, Oaxaca, Zacatecas, partes de Durango y de, San Luis Potosí, se pongan a la par de las zonas desarrolladas de nuestro propio país, con la asignación de recursos tan raquítica establecida por la fórmula que contempla la Ley de Coordinación Fiscal?
¿Qué se le ofrece al pueblo que habita en esas zonas, y que en momentos no se les deja otra salida mas que abandonar sus tierras?
Nosotros señalamos que es urgente dar una solución, y que así como México, ahora, aún a destiempo; está pidiendo la creación de esos fondos compensatorios a Canadá y a los Estados Unidos, nosotros queremos que se escuche en esta tribuna la voz de los diputados que provenimos de las regiones deprimidas, para exigir esos mismos fondos compensatorios.
Insistimos en que México tiene una deuda con esas regiones. Yo quiero, en este momento hablar como diputado zacatecano. En este año tenemos la peor cosecha de frijol de los últimos tiempos.
De haber producido el año pasado una cosecha récord de 450 mil toneladas, que muchas de ellas no se pudieron comercializar por las cuestiones que ya todos sabemos y que aquí se han expuesto, ahora la cosecha llegará si acaso a 100 mil.
La entidad es castigada además por el hecho de que la minería está deprimida y además de que ya no paga derechos por la explotación minera, y el Impuesto sobre la Renta no lo enteran en Zacatecas, sino en las matrices que están en esta ciudad.
Por todos lados se afecta la bolsa de donde va la participación para esa entidad. ¿Cuál es el resultado? Migración multiplicada. Hay algunos indicadores que hablan de ello, les doy dos: La población zacatecana en los Angeles es mucho mayor ahora que la población junta de las dos principales ciudades del estado, Zacatecas y Fresnillo. Otro elemento: en los últimos meses, de Zacatecas a la Ciudad de México hay dos vuelos, mientras que hacia el norte hay uno a San Francisco, otro a Chicago, otro a Los Angeles, dos a Tijuana, diarios. Este es un simple elemento de cómo la población de esa entidad, y no es la única, la pongo como ejemplo porque es la que mejor conozco, está integrándose en los hechos a la zona del suroeste estadounidense y despegándose de una nación, de México porque hay un Gobierno que no se hace solidario con los problemas.
Ante esta gravísima caída de la cosecha, se anuncia un programa de emergencia que es ridículo, para que los campesinos arreglen los pisos de sus viviendas y construyan fogones. Esa es la solución que se plantea.
Compañeras y compañeros: queremos insistir por ello, en que no bastan ya evasivas para que aumente la cantidad de recursos que la Federación debe destinar a los estados y a los municipios, especialmente a los más atrasados. Exigimos la creación de ese fondo compensatorio, al margen de la fórmula de asignación que contempla la Ley de Coordinación Fiscal.
Espero que todos los diputados, independientemente del partido al que pertenezcan, que
provienen de esas regiones, se sumen en esta exigencia y pronto formulemos los mecanismos legales concretos para que se haga realidad. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Compañeros diputados.
Por trabajos relacionados con la Comisión de Energéticos, no estuve presente todo el tiempo durante el cual el compañero Raymundo Cárdenas hizo uso de la palabra, pero alcancé a oír lo que él planteó con respecto al programa de inversiones de Petróleos Mexicanos. Como él es un distinguido miembro de esta Comisión de Energéticos , y hemos tenido la oportunidad de platicar muy ampliamente sobre el tema, ya que desde que iniciamos nuestros trabajos como comisión, la primera tarea que nos impusimos fue precisamente la de conocer qué es lo que el Plan Nacional de Desarrollo contiene al respecto, qué es lo que hay en el programa específico energético, y que ha sucedido alrededor de todo ello desde entonces.
Toda vez también de que tuvimos necesidad, deseo, la oportunidad y el privilegio de analizar a fondo a Petróleos Mexicanos, precisamente con motivo de el análisis, discusión y aprobación de la ley que creó a los cuatro organismos públicos descentralizados subsidiarios, tres de ellos que manejan sus labores exclusivas de la nación al respecto, y el cuarto en donde se comparte la posibilidad en la petroquímica secundaria de que hayan inversiones tanto públicas como privadas, y también ante el gravísimo y lamentable, dramático, suceso del 22 de abril pasado, cuando Guadalajara sufrió las consecuencias de ésta gravísima explosión, que todos lamentamos, y toda vez que es apenas el 15 de julio cuando se terminó, se aprobó la nueva Ley.
Tomando en cuenta también que fue en agosto cuando de acuerdo con los procedimientos necesarios, tenía que prepararse el presupuesto respectivo o la propuesta de presupuesto que estamos analizando, tomando en cuenta que teníamos obligación de percatarnos si se daba la provisión necesaria para los gastos de mantenimiento y para garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras; tomando en cuenta la referencia explícita a los problemas habidos en materia ecológica por los daños que ha sufrido Tabasco y en otras regiones los pescadores y en general la flora y la fauna del lugar; y por lo tanto también de la necesidad que hubiese una aportación adecuada de recursos para ese efecto.
Tomando en cuenta también de que hasta dónde yo sé, nadie duda de que tenemos que tratar de seguir pudiendo exportar el millón y medio de barriles diarios, aproximadamente, que nos están dando un sustento presupuestal enorme, todavía dentro del conjunto de lo que recibe la nación por los distintos sistemas; tomando en cuenta también que todos comentamos favorablemente aquí la hábil solución que se dio en materia impositiva al crear un sistema dual en el que nosotros tenemos simultáneamente la seguridad de que se recibirá una cantidad aproximadamente igual que la del año pasado, pero ya ahora poniéndola en cada uno de los lugares en donde se produce el ingreso que debe ser gravado.
Donde está claro qué es lo que recibe el Estado por el recurso natural no renovable que se nos va, y qué es lo que son negocios buenos, malos o regulares en la petroquímica secundaria.
Tomando que sabemos que hubo ya la precisión de quiénes son y qué van a hacer en cada uno de esos cuatro organismos el año próximo, podemos decir que se ha dotado de manera adecuada y correcta a Petróleos Mexicanos y sus organismos públicos subsidiarios para hacer frente a las responsabilidades que tiene, en la medida de que esto es posible para un año.
Nosotros sabemos también, porque estamos pendientes que habrá necesidad de determinar si en Petróleos Mexicanos, petroquímica secundaria, habrá o no venta de empresas.
Lo que podríamos adelantar, que ahí corre la impresión generalizada de que sí las habrá, pero no para perder, sino para que se pueda contar simultáneamente con ese ingreso que Petróleos Mexicanos podría destinar a los programas de mayor producción de básicos y de refinados, como también para que esas empresas pudieran ser recapitalizadas por el sector privado y pudieran mantenerse en la competencia, por el grave riesgo que tienen ahorita de quedar obsoletas y fuera de ella.
Y que, por lo tanto, yo creo que será muy útil que sigamos platicando Raymundo Cárdenas y yo, infatigablemente, para estar seguros de que en todo caso permanentemente procuraremos que se atiendan bien los requerimientos de esa empresa, que es y seguirá siendo un puntal para la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul): - Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor Presidente, honorable Asamblea:
Yo esperaba que don Pedro nos diera la buena noticia de que con los presupuestos que vamos a aprobar hoy, Petróleos Mexicanos, aceleraría la construcción de la refinería pendiente; pero no nos dio la buena noticia.
Tampoco nos dijo que Petróleos Mexicanos elevaría el porcentaje del producto interno bruto que se le asigne como parte del gasto programable sectorial.
Yo creo que es muy lamentable que después de que en las discusiones de la nueva Ley petrolera, prácticamente todos los grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo en que cuando discutiéramos este presupuesto cuidaríamos de dejarle a Petróleos Mexicanos lo suficiente para que se desarrollara, ahora tengamos la constatación de que este porcentaje destinado a energéticos ha ido disminuyendo, y que de 1989, cuando se destinó un 4.65% del producto interno bruto, ahora estemos hablando de un 3.93%; de 4.65% a 3.93%, a energéticos.
Y en relación con el presupuesto de Petróleos Mexicanos disminuye un 10 %.
Nosotros insistimos en que ésa no es la manera nacionalista de dirigir a Petróleos Mexicanos ni es la manera como Petróleos Mexicanos podría contribuir al desarrollo de la economía nacional ni aumentar a nuestra soberanía.
Seguimos insistiendo que el hecho de que Petróleos Mexicanos no produzca gasolina suficiente aquí en nuestro país, con trabajadores y técnicos mexicanos, y que esté coinvirtiendo en el extranjero, es una manera de darle la vuelta a la Constitución.
Pero éste seguramente será un argumento que no tomará en cuenta la mayoría y se le seguirá castigando a Petróleos Mexicanos, quitándole los recursos que obtiene para meterlos al superávit, prácticamente "abajo de la cama". Creo que eso es totalmente incorrecto y esperemos que la nación muy pronto lo reclame. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Creo que es lamentable que en este caso el Ejecutivo plantee una disminución real en el presupuesto de Petróleos Mexicanos y es lamentable y voy a referirme a una de las reuniones que tuvimos con el director de Petróleos Mexicanos, precisamente a raíz del lamentable accidente ocurrido en Guadalajara y en donde perdieron la vida muchos mexicanos, donde los diputados fuimos a exigir respuestas a nuestras interrogantes, y lo que se nos dio fue una explicación de los métodos de control, los mecanismos que iban a adoptar para la seguridad.
Y, desafortunadamente nos enteramos que actualmente el sistema, la red que tiene Petróleos Mexicanos, atraviesa esta red de oleoductos, de gasoductos, muchas ciudades importantes, como Coatzacoalcos, Minatitlán, la propia ciudad de México, Monterrey, Guadalajara; que tenemos las mismas plantas almacenadoras como la Nogalera, aquí en la misma ciudad de México y en otras ciudades importantes.
Y, nosotros hemos insistido en que no hay el presupuesto suficiente para darle el mantenimiento a estas plantas, y de no haberlo vamos a tener otra vez accidentes de la naturaleza que se presentó en Guadalajara; accidentes como los que se han presentado aquí en el área metropolitana, en San Juan Ixhuatepec, por ejemplo, y en donde después desgraciadamente resulta que no hay responsables, y Petróleos Mexicanos se acelera luego, luego a decir que él no tiene ninguna responsabilidad, y así ha sucedido en todos los accidentes, son otros los culpables menos la institución. Hay impunidad.
Y creo que esta soberanía debe tener la suficiente autoridad moral para hacer un cambio, una modificación en el presupuesto y asignar los suficientes recursos para poder resolver ese problema de reubicación de esa planta, para resolver el problema de que existen cientos de kilómetros que ya no tienen la señalización debida, de peligro, que incluso varias atraviesan esta ciudad y que se hacen obras también, que ya ni los propios técnicos de Petróleos Mexicanos saben por dónde pasan sus redes.
Creo que ésta es una alerta de protección civil que tenemos nosotros que considerar y aprobar.
este aumento al presupuesto que hemos planteado de 2 billones de pesos.
Yo alerto a esta soberanía, que no seamos cómplices de esa ineptitud, de esa falta de importancia a estos problemas que le dan los funcionarios de Petróleos Mexicanos y los funcionarios del Ejecutivo Federal.
Es un grave problema y no debemos lamentar esto después, Petróleos Mexicanos requiere recursos para poder atender sus necesidades de mantenimiento, reubicación y también como se ha dicho, poner en marcha esas refinerías que están pendientes de iniciar. Por ejemplo no se ha iniciado esta refinería de Azcapotzalco que se cerró y que ahora es una gran planta de almacenamiento muchas veces mayor que la planta de la Nogalera, donde pueda suceder un accidente muchísimo más grande, más grave que el que pasó allá en Guadalajara.
Tenemos que adoptar medidas ya, a eso los llamo, compañeros diputados. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Con su venia señor Presidente, ciudadanas y ciudadanos legisladores:
Sólo para dar algunos razonamientos más con relación al voto que mi partido, el Popular Socialista, dará en contra del dictámen que hoy estamos discutiendo.
Argumentaba yo hace algunas horas en esta tribuna, que con este presupuesto de egresos federales, no habrían de atenderse de manera oportuna, de manera adecuada, los problemas graves que padece nuestro pueblo: desempleo, falta de servicios públicos fundamentales, en fin, lo que consiste en la problemática que nuestro pueblo ha padecido. Y creo que esto es así, porque como ya se ha expresado, se trata, desde el punto de vista del Gobierno, de encajonar, de meter en un cuarto totalmente cerrado herméticamente, al Estado, al Estado como promotor, como empresario, como promotor del desarrollo económico de nuestro país. Es decir, que reiterando lo que hemos expresado, las privatizaciones de la estructura paraestatal, las privatizaciones de la Banca, las desregulaciones financieras, todo esto conforme al proyecto del Gobierno, traerá, y como se ha señalado, menor gasto público y menor inversión pública productiva.
Por otro lado, con esta tendencia, con este propósito de llevar al Estado a una postración, de llevarlo a un posición de neogendarme, neovigilante, de neopolicía, el presupuesto de egresos precisamente que hoy estamos viendo, no puede enfrentar los grandes retos que tenemos para 1993, retos que en los criterios generales de política económica para el año próximo, retos que se expresan también en ese texto, se expresan también en los fundamentos de este presupuesto egresos, retos que el entorno económico internacional, será totalmente adverso para la perspectiva a la que este Gobierno el ha apostado, para según palabras del secretario de Hacienda, Aspe Armella, seguir creciendo dijo él, con la dinámica que hoy tenemos, en los últimos cuatro años.
Asimismo se reconoce que frente a los descalabros, frente a las calamidades, frente al surgimiento de problemas sociales y recrudecimiento de los ya existentes, problemas que habrán de seguirse generando debido a la llamada modernización y al cambio estructural eficientista, este Presupuesto de egresos tiene, según el dictamen que estamos viendo, y según el programa económico del Gobierno del Presidente Salinas, tiene y cuenta con una cantidad de recursos enfocados al gasto en el desarrollo social que se ubicará por encima del 50% del gasto programable, como se ha señalado; lo cual, independientemente de que es insuficiente, este gasto social, en el fondo, detrás de este parapeto, la verdad es que se ejercerá dicho gasto social sacrificando otros renglones también importantes para la producción, para el empleo, generados por las entidades paraestatales y por el sector social.
Un cuadro de datos muy claro y explicativo de por sí desde el punto de vista histórico, sobre la evolución del gasto público del año de 1989 a 1992 con proyección para 1993, datos elaborados con base en un anexo del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Salinas, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y elaborado también con base en datos del tomo uno del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, nos precisa lo siguiente:
"El gasto en desarrollo rural de 1989 a 1990, creció 5.5%. De 1990 a 1991, decreció en un menos 14%. De 1991 a 1992, creció un 26%, y se proyecta para que en 1993 este gasto en desarrollo rural, crezca un 7%".
Haciendo suma y promedio, tenemos que de 1989 a 1993 se proyecta un crecimiento del sector Rural de un 16.2%.
En cuanto al sector Pesca, del año de 1989, año en que había bajado dos tercios de su gasto respecto al año de 1988, de 1989 a 1990 creció 1%. Para 1991 creció, este sector Pesca, 30%. En 1992 decreció menos 20%, y se proyecta que crezca su gasto para el año próximo, en un 2.8%, lo cual nos da en promedio, de 1989 a 1993, un decrecimiento de menos 74%.
Estas cifras, compañeras y compañeros diputados, estas cifras porcentuales se explican, pero no se justifican. Por la razón de que lo que multicitadamente se ha dicho, por la razón de que el Estado se ha desprovisto, ha desincorporado, ha transferido, ha escindido, ha eliminado, empresas importantes, empresas paraestatales y por esa razón a la vez en la perspectiva de reducir presupuestos para otras que piensa también desincorporar, se han reducido precisamente los presupuestos. Esa es la razón por la cual se reducen esos presupuestos que señalan.
También otra razón son los derivados de una política salarial, de una política laboral, totalmente en contra de los intereses de la clase trabajadora, del campo y de la ciudad. De una política laboral, antisindical, caracterizada por los reajustes de personal, por los topes salariales, por los pactos, lo que repito se inscribe en este proceso de desmantelamiento del patrimonio nacional.
Para abreviar estos mismos datos de este cuadro que hemos elaborado, tenemos que el sector Comunicaciones y Transportes, salvo el año de 1991, en que en términos reales creció su gasto en un 17%, tenemos que de 1989 a 1993 habrá una reducción de menos 13%.
El sector Comercio y Abasto tiene una proyección de 1989 a 1993 de un decrecimiento acumulado de menos 26%.
En el sector Energético será de un decrecimiento de menos 7.4%.
Del sector Industrial de menos 95.8%.
Del sector Desarrollo Urbano de menos 4%.
Y fíjense que sólo se mantienen con porcentajes crecientes en su gasto programable: el sector Turismo, el sector Desarrollo Social, el Programa Solidaridad y lo relativo a Educación y Salud.
Es decir, el esquema está muy claro; se abandona la parte productiva, se deja en manos del sector privado nacional y extranjero estas áreas productivas de nuestra economía. El Estado se arrincona y enarbola una tesis de solidarismo y deja aquellos renglones como Turismo, para efecto de apuntalar la infraestructura que permita al capital privado, doméstico y transnacional, explotar ese renglón importante para el desarrollo de nuestro país.
Por otra parte, esta propia evolución del gasto demuestra, con cifras y datos del propio Gobierno, que la estructura del gasto programable ha sufrido lo que estoy señalando, precisamente, una serie de deformaciones. Ya que al reducirse la inversión productiva queda que por la vía de la venta de los activos y de las empresas del Estado se han incrementado los recursos, los ingresos. Ingresos, como dice el dictamen y como lo indica el Gobierno, no recurrentes.
De tal suerte que estos ingresos de una sola vez, junto con el superávit que se espera para el año de 1993, es como se podrá incrementar ese gasto social. Sólo que ese gasto social no viene así, en montón, directo y en concreto, sino que se vendrá por la vía de reducir puntos de la deuda interna y deuda externa, con lo cual se liberan recursos, recursos se dice, para el gasto social y se agrega: "Para la gente más desprotegida".
Entonces, compañeras y compañeros diputados, el esquema está totalmente clarísimo: se sacrifica a la nación, se sacrifica al pueblo para que de esa manera se diga que se está ampliando el gasto social, cuestión que además ese sacrificio del pueblo y del patrimonio nacional, al tener una parte disponible, negociando una parte pequeña de la deuda externa; ya se ha pedido aquí creo que 3 mil millones de dólares que se aprueben para comprar deuda barata; precisamente estos sacrificios no son precisamente para mejorar directamente el nivel de vida del pueblo, sino para apuntalar, para subsidiar, para darle calor, cobijo, garantía a la inversión extranjera, ya que este superávit, estos recursos van a servir también para financiar el déficit de la cuenta corriente; es decir, en última instancia es precisamente la gente de escasos recursos, las clases trabajadoras las que están implementando estos esfuerzos y no ven que el esquema de política económica del Gobierno les sirva a las mayorías.
En suma, la implementación de este Presupuesto de Egresos, compañeras y compañeros diputados, al igual que los anteriores de los últimos cuatro años, están enmarcados en una política económica que ha dado frutos muy lamentables, muy negativos, para los que con sus manos, con su esfuerzo personal, con su intelecto, son los que producen la riqueza de nuestro país y
benefician de manera, de contrapartida a minorías que siguen gozando del saqueo y de la explotación de nuestro pueblo. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Mendoza Manzo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Señor Presidente, honorable Asamblea: Como consecuencia de los últimos procesos electorales que se han dado tanto a nivel local como federal, quedó clara la necesidad sentida, tanto por la ciudadanía como por los partidos políticos y las propias autoridades electorales, la necesidad de mejorar sustancialmente nuestro sistema electoral, a efecto de lograr dar claridad y credibilidad a cada proceso electoral, local o federal, que en lo futuro hay que llevar a cabo.
Por lo tanto, el Instituto Federal Electoral, previo consenso de los partidos representados ante esta soberanía, de las organizaciones sociales, de los diferentes grupos organizados...
El diputado Emilio Becerra González (Desde su curul): - Señor Presidente, le pido que haga por favor una moción de orden.
El Presidente: - Se suplica a los compañeros diputados respeto al orador, para poder escucharlo, atender la petición del diputado Becerra, con mucho gusto.
El diputado Gabriel Mendoza Manzo: - Gracias, señor Presidente.
...Como consecuencia se decidió que era conveniente avanzar en el proceso de fotocredencialización implementado por el Instituto Federal Electoral. Al efecto, para apoyar este programa, se aportó el suficiente soporte presupuestal. Efectivamente, está previsto para el programa los recursos económicos y financieros estimados para soportarlo y llevarlo a feliz término...
Sin embargo dada la importancia que tiene para el pueblo de México el que sus procesos electorales cada día sean más transparentes y más confiables e independientemente de que ya tengamos este programa, nosotros queremos proponer a esta soberanía un agregado al decreto que hoy discutimos, a efecto de que por ningún motivo pudiera haberse interrumpido este programa que está llevando a cabo el Instituto Federal Electoral.
Por lo tanto me voy a permitir dar lectura a la propuesta que en este sentido formula el Partido de la Revolución Democrática:
México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 1992. - Propuesta para la inclusión de un artículo 3o. transitorio al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1993.
Justificación. Las diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados han considerado prioritario asegurar la conclusión de la fase intensiva del programa de Credencial Electoral con Fotografía. Para ello proponemos un artículo transitorio que faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dotar al Instituto Federal Electoral de los recursos necesarios para cubrir los costos que se derivarían de una extensión del plazo previsto para desarrollar dicha fase.
Se incluirá un artículo tercero transitorio, que a la letra dirá:
"Dentro del Presupuesto de Egresos aprobado por este Decreto se incluyen los recursos necesarios para atender el programa autorizado conforme a las disposiciones aplicables, que permitan que la credencial para votar contenga la fotografía de acuerdo con el inciso a del numeral 2 del artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
"En tal virtud, sólo en el caso de que sea necesaria una extensión en cuanto a los plazos previstos para la conclusión del referido programa y una ampliación e intensificación del mismo, siempre que ello implique incurrir en erogaciones adicionales a las presupuestadas al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitud expresa del Instituto Federal Electoral, otorgará la ampliación presupuestal correspondiente, con carácter compensado".
Dejo en la Secretaría esta propuesta que firma el diputado Jorge Calderón y un servidor, Gabriel Mendoza Manzo. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se reserva para su votación económica al final de la discusión, la propuesta del diputado Gabriel Mendoza Manzo.
En el uso de la palabra, el diputado Angel Heladio Aguirre Rivero del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Angel Heladio Aguirre Rivero: - Con su venia ciudadano Presidente, compañeras y compañeros diputados.
Hemos escuchado con toda atención, los planteamientos que algunos compañeros diputados miembros de otras fracciones parlamentarias han formulado en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993. Ello no solo agrega una gran solidez analítica al dictamen que hoy se nos presenta, sino constituye también una rica oportunidad de reflexión pluralista.
Renovamos así la práctica a favor del diálogo plural, democrático y respetuoso con las demás organizaciones políticas aquí representadas y de quienes hemos recogido propuestas interesantes en este y otros temas de interés nacional, y qué bueno que así sea compañeros diputados, porque es precisamente la divergencia de ideas la que le da altura al debate, la que fortalece nuestra democracia y enaltece la figura y la vida parlamentaria de este recinto legislativo.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, se dará en un entorno internacional particularmente difícil e incierto, caracterizado por la globalización de los procesos productivos, por una desaceleración económica en algunos países industrializados, por una revolución científicotecnológica especialmente en el campo de las telecomunicaciones, y por una nueva conformación del poder internacional que necesariamente habrá de afectar a las relaciones internacionales en su conjunto.
El proyecto de Presupuesto de Egresos, toma como marco de referencia como aquí se ha dicho, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, cuyos ejes fundamentales son la consolidación de la estabilidad de precios, el crecimiento gradual y sostenido de nuestra economía y una creciente participación dentro del gasto social dentro del presupuesto.
El gasto total presupuestal para 1993, asciende a más de 275 mil millones de nuevos pesos, que en términos reales significa una disminución de un 0.4% con relación a 1992. Sin embargo compañeros diputados, conviene revisar las causas de esta disminución.
Quisiera referirme en primer término a la renegociación de la deuda externa de nuestro país, ello ha sido posible y ello nos permite que ahora paguemos tasas menores de interés y por ende las erogaciones públicas por este concepto hoy son menores.
Recordemos que hace sólo 4 años, en 1988, destinábamos más de un 44% del gasto total al pago de los intereses de la deuda, y que ahora si esta honorable representación así lo determina, habremos de pagar un 12.5% para el gasto de intereses de nuestra deuda externa.
Con ello compañeros, se observa un cambio estructural en el presupuesto que hoy debatimos. El gasto programable para el sector Paraestatal, habrá de disminuir también en un 5.1% con relación a 1992, pero ello no significa renunciar a la rectoría económica del Estado Mexicano, sino hacer más efectivo el uso de los recursos, fundamentalmente para los mexicanos que menos tienen y a través del estímulo a la planta productiva de nuestro país que genere nuevos empleos e incremente la productividad.
La nueva función del Ejecutivo Federal le ha permitido que mediante la concertación con el sector privado y el sector social, podamos avanzar en algunos proyectos que parecían estar reservados antes para el Gobierno Federal. Tal es el caso del sector Comunicaciones y Transportes, en donde sólo en los últimos cuatro años se han podido construir más carreteras que todas las carreteras que se hayan hecho en la historia del país, eso desde luego sin soslayar algunas ineficiencias y algunos abusos que cometen algunos concesionarios en este campo.
Hoy es importante destacar que el Presupuesto de Egresos de la Federación, contempla una marcada orientación social, toda vez que se proponen 106 mil millones de nuevos pesos, que significa un incremento en términos reales de un 13.4% con relación a 1992 y un crecimiento real acumulado en estos cuatro años de más de un 78%.
Las tendencias del presupuesto se han modificado diametralmente, pues en 1988, de cada peso del gasto total, 16 centavos se destinaban al desarrollo social; para 1993, se propone que de cada peso del gasto total, se destinen casi 40 centavos al desarrollo social, es decir, casi tres veces más de lo que se asignaba en 1988.
Yo creo, compañeros diputados, que todos hemos coincidido en que los recursos que hoy se asignan al Presupuesto de Egresos de la Federación, son insuficientes para atender la demanda de todos los mexicanos, pero también hemos coincidido en que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe tener, ante todo, una significada orientación social, y creemos que hoy lo está teniendo, como tal vez no se había dado en los últimos años, si partimos que más de un 53% del gasto total habrá de destinarse precisamente a los programas de desarrollo social.
Y qué bueno, compañeros que ahora paguemos menos intereses de la deuda, y qué bueno que ahora se destinen mayores recursos a la educación, al desarrollo urbano, al agua potable, a la ecología y al combate a la pobreza extrema, para poder seguir transitando por los caminos de la justicia social.
Quisiera fundamentar lo anterior señalando que en el sector Educación, habrá de darse un incremento de un 15% en términos reales; que en el sector Salud habrá de darse un incremento de un 12.8% con relación a 1992, lo que servirá para que el sector brinde mejores servicios y pueda ampliar su cobertura asistencial y regional.
El desarrollo rural, renglón que a todos nos preocupa porque consideramos que los recursos que se asignan son muy limitados no obstante la importancia de este sector, crecerá en un 9.3% con relación a 1992, en el gasto programable. Sin embargo, debemos admitir que la inversión física disminuye en un 17.8%, pero que si sumamos otras inversiones que repercuten en el desarrollo rural integral, la cifra ascenderá a más de 14 mil millones de nuevos pesos, lo cual consideramos que es un avance muy significativo en el agro mexicano.
Situación similar acontece con la pesca, en donde las diversas fracciones parlamentarias expresaron su inquietud, la cual compartimos, porque efectivamente también las inversiones son muy reducidas.
Pero vale recordar, compañeros diputados, que hace apenas algunos meses, esta honorable representación aprobó una nueva Ley Federal de Pesca, que pretende incorporar nuevas figuras asociativas mediante nuevos mecanismos que estimulen la actividad pesquera.
Solidaridad, ese programa que hemos diseñado todos los mexicanos, como el instrumento claro, transparente, participativo y democrático, habrá de canalizar para 1993 más de 8 mil millones de nuevos pesos que significan un incremento en términos reales de un 4.7%.
Ciertamente ustedes me podrán decir que aún existe mucha pobreza en nuestro país, y yo les voy a contestar que es cierto, pero también los voy a invitar a que veamos un poco hacia atrás, y que reconozcamos la carencia de servicios que muchos pueblos y comunidades padecían, y que eran mayores al México de hoy. Quisiera dar algunos datos que nos pueden ilustrar.
En 1988 la población asegurada al Instituto Mexicano del Seguro Social era de 8.9 millones de derechohabientes, mientras que en 1992 asciende a 11.6 millones, es decir más de un 30%. Hace apenas cuatro años, el número de viviendas que contaban con servicio de drenaje eran de 9.3 millones, para 1992 esas crecieron a 11.3 millones, lo que significa un 21.5% más con relación a 1988. Más aún, mientras que en 1988 existían 12.8 millones de viviendas electrificadas, en el presente año llegarán a 15.3 millones de viviendas electrificadas, que significan un 20% más con relación a 1988.
En la presente administración se han construido más de 1 mil 300 unidades médicas, casi una unidad médica por día. En el sector educativo el número de bibliotecas que era de 1 mil 700, hoy es de 3 mil 600, es decir más del doble. Se han edificado más de 20 mil nuevas escuelas, lo que significa estar construyendo 12 escuelas por día, sólo por mencionar algunos rubros del bienestar social. Nadie compañeros diputados podrá negar los avances tan significativos que se han tenido en esta materia.
Sin embargo en esas comunidades, en esas comunidades apartadas en donde se ha recibido el beneficio de Solidaridad; es ahí donde se valora en su justa dimensión al Programa Nacional de Solidaridad. Allá, hasta donde llega la cancha de basquetbol, el pequeño sistema de agua potable, el pequeño sistema de drenaje, la pequeña clínica rural o el aula comunitaria, y son ellos, los habitantes de esos pueblos y sus comunidades los que han puesto las reglas de Solidaridad, porque son también ellos los que conocen sus carencias y necesidades, y porque son ellos los que saben la mejor forma de organizarse en el trabajo comunitario.
¿Qué pueden saber de carencias aquéllos que nunca las han tenido? Por eso Solidaridad lo han hecho suyo, y por eso Solidaridad no es de un partido político, y por eso Solidaridad no tiene creencias ni ideologías, por eso Solidaridad es un programa que efectivamente está llegando hasta donde viven los pobres más pobres de México.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, apoya sin reservas el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, porque creemos que éste cumple con los criterios generales de política económica, con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y por su avanzada orientación social en el gasto.
Compañeras y compañeros diputados, los priístas queremos que siga disminuyendo la
inflación a un solo dígito, queremos que siga disminuyendo la deuda externa, queremos que se conserve la tasa de crecimiento económico, siempre superior a la tasa de crecimiento de nuestra población, pero queremos también que esas tendencias favorables y sanas de nuestra economía, se manifiesten en forma más acentuada en el ingreso per capita de todos los mexicanos.
El Presupuesto de Egresos para nosotros se tan solo una de las avenidas para alcanzar esos propósitos.
Quisiera finalmente dejar constancia de nuestro reconocimiento a la pluralidad que se ha dado en este debate, porque, como lo decía en un principio, fortalece nuestra democracia y la sana convivencia política en beneficio de nuestra sociedad.
México requiere hoy más que nunca de la palabra comprometida, de convicciones políticas vigorosas y renovadoras, y de ciudadanos motivados para seguir luchando por el engrandecimiento de la patria, porque todo lo que hagamos hoy será la cosecha, compañeros diputados, que habremos de heredarle a las futuras generaciones de este gran país, de este México nuestro. Muchas gracias.
El Presidente: - Agotada la lista de oradores, se ruega a la Secretaría poner a la consideración de la Asamblea las propuestas que fueron presentadas por los señores diputados en el curso de la discusión, y consulte en cada caso, en votación económica, si se acepta o se rechaza.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Los diputados Daniel de la Garza, Alfredo Lujambio, Arturo Torres del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen se modifique el dictamen correspondiente al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 1993, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social para el año de 1993, importan la cantidad de 106 mil 993 millones 624 mil 900 nuevos pesos, moneda nacional, y se distribuyen de la siguiente manera:
Rubro 2. Presidencia de la República: 235 mil millones 288 mil 300 nuevos pesos.
Rubro 2.1. Partidas secretas: 591 millones 600 mil nuevos pesos.
Rubro 4. Gobernación: 665 millones 871 nuevos pesos.
Rubro 4.1. Infraestructura penitenciaria: 298 millones de nuevos pesos.
Rubro 5. Relaciones Exteriores: 554 millones 320 mil 900 nuevos pesos.
Rubro 5.1. Cuotas organismos internacionales: 166 millones 500 mil nuevos pesos.
Rubro 6. Hacienda y Crédito Público: 2 mil 699 millones 180 mil 100 nuevos pesos.
Rubro 6.1. Censos nacionales: 568 millones 400 mil nuevos pesos.
Rubro 7. Defensa Nacional: 3 mil 412 millones 982 mil 300 nuevos pesos.
Rubro 7.1. Programa Vivienda Militar: 185 millones de nuevos pesos.
Rubro 8. Agricultura y Recursos Hidráulicos: 6 mil 664 millones 624 mil 800 nuevos pesos.
Rubro 8.1. Reactivación al campo: 4 mil 371 millones 400 mil nuevos pesos.
Rubro 9. Comunicaciones y Transportes: 4 mil 863 millones 383 mil 500 nuevos pesos.
Rubro 10. Comercio y Fomento Industrial: 5 mil 598 millones 970 mil 700 nuevos pesos.
Rubro 10.1. Apoyo a infraestructura económica: mil 753 millones 500 mil nuevos pesos.
Rubro 11. Educación Pública, incluyendo aportación para educación básica en los estados: 55 mil 350 millones 79 mil 700 nuevos pesos.
Rubro 12. Salud: 5 mil 35 millones 599 mil 300 nuevos pesos.
Rubro 13. Marina: Mil 126 millones 329 mil 900 nuevos pesos.
Rubro 14. Trabajo y Previsión Social: 320 millones 992 mil nuevos pesos.
Rubro 14.1. Mejoramiento a la productividad: 21 millones 300 mil nuevos pesos.
Rubro 15. Reforma Agraria: 301 millones 724 mil 400 nuevos pesos.
Rubro 16. Pesca: 507 millones 274 mil 700 nuevos pesos.
Rubro 17. Procuraduría General de la República: 664 millones 456 mil nuevos pesos.
Rubro 17.1. Mejoramiento, justicia y seguridad social: 394 millones 896 mil nuevos pesos.
Rubro 18. Energía, Minas e Industria Paraestatal: 315 millones 913 mil 400 nuevos pesos.
Rubro 19. Aportaciones a seguridad social: 7 mil 185 millones 434 mil 100 nuevos pesos.
Rubro 19.1. Programa de Prestaciones Económicas y Sociales: mil 813 millones 400 mil nuevos pesos.
Rubro 20. Desarrollo Social: 836 millones 274 mil 900 nuevos pesos.
Rubro 21. Turismo: 432 millones 748 mil 200 nuevos pesos.
Rubro 27. Contraloría General de la Federación: 58 millones 181 mil nuevos pesos.
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los estados y municipios en el año de 1993, importan la cantidad de 37 mil 889 millones 800 mil nuevos pesos, y se distribuyen de la siguiente manera:
Rubro 28. Participaciones a estados y municipios: 34 mil 329 millones 800 mil nuevos pesos.
Rubro 28.1. Apoyos a entidades federativas y municipios para su desarrollo: 3 mil 560 millones de nuevos pesos.
El Ramo 11, por concepto de aportaciones para educación básica en los estados, será administrado por la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Las erogaciones correspondientes al Ramo 28 "participaciones a estados y municipios", se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 4o. Igual al proyecto.
Artículo 5o. Igual al proyecto.
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1993, correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
Rubro 637. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado: 7 mil 600 millones 451 mil nuevos pesos.
Rubro 641. Instituto Mexicano del Seguro Social: 29 mil 284 millones 11 mil 200 nuevos pesos.
Rubro 4460. Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V.: 765 millones 519 mil 400 nuevos pesos.
Rubro 6750. Lotería Nacional para la Asistencia Pública: 506 millones 979 mil 700 nuevos pesos.
Rubro 8400. Instituto Mexicano del Café: 10 millones de nuevos pesos.
Rubro 9085. Aeropuertos y Servicios Auxiliares: 589 millones 985 mil 400 nuevos pesos.
Rubro 9120. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 791 millones 650 mil 600 nuevos pesos.
Rubro 9195. Ferrocarriles Nacionales de México: 4 mil 908 millones 489 mil 700 nuevos pesos.
Rubro 10125. Compañía Nacional de Subsistencia: 7 mil 148 millones 593 mil 400 nuevos pesos.
Rubro 18164. Comisión Federal de Electricidad: 16 mil 718 millones 762 mil 300 nuevos pesos.
Rubro 18180. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (en liquidación): 2 mil 939 millones 897 mil 700 nuevos pesos.
Rubro 18572. Petróleos Mexicanos: 23 mil 563 millones 89 mil 600 nuevos pesos.
Importe financiero con recursos propios y créditos 73 mil 971 millones 943 mil 200 nuevos pesos.
Transferencias incluidas en el gasto del Gobierno Federal, 13 mil 306 millones, 936 mil 800 nuevos pesos.
Transferencias del sector central, Ramo 23 para cubrir el programa salarial del sector paraestatal y apoyo a la reserva técnica del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, 7 mil 498 millones 500 mil nuevos pesos.
Artículo 7o. igual al proyecto; artículo 8o. y demás igual al proyecto.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén porque se deseche. sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para modificar el segundo párrafo del artículo 25 para que diga:
"Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos para la conclusión de las etapas, cuya ejecución se podrá dentro del ejercicio fiscal de 1993."
Y adicionalmente un tercer párrafo que diga:
"Las citadas dependencias y entidades deberán observar la normatividad que, respecto de la iniciación de los nuevos proyectos señalados en el párrafo anterior emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
Firma el diputado Samuel Moreno Santillán.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional, para modificar el artículo 3o. de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, para que quede redactada en los siguientes términos:
"Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las entidades federativas y municipios en el año de 1993, 00028, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, las provisiones del Ramo 00026 sobre el manejo de los fondos Solidaridad del Distrito Federal, estatales, municipales y especiales, las erogaciones correspondientes al Ramo 00028, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios."
Firman los diputados: Diego Fernández de Cevallos, Alfredo Lujambio Rafols, Arturo Torres del Valle y Daniel de la Garza Gutiérrez.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...
Aceptada, señor Presidente.
Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para modificar los artículos 2o., 3o. 6o. del dictamen sobre proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 1993.
"Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportación a seguridad social, erogaciones no sectorizables para el año 1993 importan la cantidad de 97 billones 1 mil 309 millones 142 mil 709 nuevos pesos y se distribuyen de la siguiente manera:
En obvio de tiempo no mencionaré nuevos pesos, son todos nuevos pesos.
Presidencia de la República, 279 mil millones 288 mil 300; Gobernación, 856 mil 871 millones; Relaciones Exteriores, 647 mil 320 millones 900 mil; Hacienda y Crédito Público, 5 billones 519 mil 180 millones 100 mil; Defensa Nacional, 4 billones 050 mil 982 millones 300 mil; Agricultura y Recursos Hidráulicos, 7 billones 837 mil 624 millones 800 mil; Comunicaciones y Transportes 5 billones 172 mil 383 millones 500 mil; Comercio y Fomento Industrial, 6 billones 419 mil 970 millones 700 mil; Educación Pública, 22 billones 341 mil 079 millones 400 mil; Salud, 5 billones 133 mil 599 millones 300 mil; Marina, 1 billón 363 mil 329 millones 900 mil; Trabajo y Previsión Social, 425 mil 992 millones; Reforma Agraria, 622 mil 724 millones 400 mil; Pesca, 420 mil 274 millones 700 mil; Procuraduría General de la República, 708 mil 456 millones; Energía, Minas e Industria Paraestatal, 315 mil 913 millones 400 mil; Aportaciones a Seguridad Social 7 billones 185 mil 434 millones 100 mil; Desarrollo Social 1 billón 336 mil 274 millones 900 mil; Turismo 432 mil 748 millones 200 mil; Erogaciones no Sectorizables, 26 billones 163 mil 518 millones
800 mil; Contraloría General de la Federación 76 mil 181 millones.
Firman, diputada Cecilia Soto y diputado Moreno Santillán.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la siguiente propuesta de modificación al artículo 2o.
Propuesta: artículo 2o. dice: las erogaciones 00008, Agricultura y Recursos Hidráulicos, 5 billones 687 mil 624 millones 800 mil nuevos pesos; 000023, erogaciones no sectorizables; 25 billones 813 mil 513 millones 800 mil; firman los diputados, es un alista muy larga voy a mencionar nada más los apellidos: Castro, Guerrero, Merino, Zúñiga, Sada, Rodríguez, Alva, del Valle, Mendicuti, Aguirre, Rentería, Enriquez, Sánchez, Tobanche, Escobedo, Molina, Martínez, García, López, Saucedo, Rutiaga, Gandarilla, Luzanilla y Piñeiro.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El secretario Salvador Juárez García: - Modificaciones que el Partido de la Revolución Democrática propone a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
Artículo 3o. Aportaciones para educación básica de los estados. Debe quedar 22 mil 576 millones 290 mil nuevos pesos. Solidaridad debe quedar: 5 mil millones de nuevos pesos. Participación a estados y municipios debe quedar: 37 mil 591 millones 320 mil nuevos pesos.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario: - Modificaciones que el Partido de la Revolución Democrática propone a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
Se propone: que el presupuesto para desarrollo urbano, ecología y agua potable se incremente en 1 mil 984 millones 200 mil nuevos pesos, destinando mil millones de nuevos pesos a un programa de vivienda social en el Distrito Federal y a nivel nacional, y los otros 984.2 millones, se destinarán a la protección del medio ambiente, en programas específicos de rescate de la región de Coatzacoalcos, Veracruz; la protección efectiva de las áreas naturales protegidas y la preservación de los bosques de la meseta tarasca, entre otros. En consecuencia este pasará de 3 mil 949 millones de nuevos pesos, a 5 mil 478 millones 200 mil nuevos pesos. Atentamente lo firman los diputados Manuel Huerta, Jorge Calderón y Rosa Albina Garavito.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional para modificar el artículo 7o. del decreto de Presupuesto de la Federación para 1993.
Debe decir: "Artículo 7o.: las erogaciones previstas. El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Firma el diputado Demetrio Hernández Pérez.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
Modificaciones que el Partido de la Revolución Democrática, propone a la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993. Artículo 7o, penúltimo párrafo, se propone que se elimine: "Adicionalmente podrá amortizar el Ejecutivo Federal deuda pública hasta el monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informa de estos movimientos a la Cámara de Diputados al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Consideramos que el superávit presupuestario limita el desarrollo de la economía y empobrece más a las mayorías al no regresar el Gobierno al pueblo en forma de gasto social los recursos que recogió de la sociedad. Este apartado concede al Ejecutivo la posibilidad de hacer un uso discrecional de esos recursos."
Lo firma el diputado Jorge Calderón, con el diputado Alejandro Encinas.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
Propuesta de la fracción parlamentaria Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional para modificar el artículo 14 del decreto de Presupuesto de la Federación para 1993. Debe decir:
"Artículo 14. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social y programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a:
Primera y la tercera"
Diputado Demetrio Hernández Pérez.
En votación económica, se pregunta se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente.
El mismo Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Dice:
Artículo 15. "En el caso de la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal en el contexto de los párrafos anteriores procederá de inmediato a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública".
Propuesta: El artículo 15. "El Ejecutivo Federal en el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción en los ingresos presupuestarios superior al 10%, el Ejecutivo Federal en el contexto de los párrafos anteriores procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiese lugar e informará también de inmediato a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública".
Lo firma el diputado Demetrio Hernández Pérez.
En votación económica se pregunta se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente de Reconstrucción Nacional para modificar el artículo 29. Dice:
"Artículo 29. El saneamiento financiero mediante la asunción de pasivos de las entidades paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de mayo de 1993 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiero y sea aprobado por ésta.
Diputado Demetrio Hernández Pérez."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha.
La secretaría Layda Elena Sansores San Román: - Propuesta del Partido de la Revolución Democrática al artículo 2. Deberá quedar de la siguiente manera, las cifras serán referidas en nuevos pesos:
"Agricultura 5 billones 867 mil 624 millones 800 mil pesos; Educación Pública 23 billones 688 mil 79 millones 400 mil; Salud 4 billones 980 mil millones; Trabajo y Previsión Social 457 mil 110 millones; Reforma Agraria 685 mil millones; Pesca 473 mil millones; Energía y Minas 347 mil 500 millones; Aportaciones a Seguridad Social 7 billones 723 mil millones; Desarrollo Social 1 billón 70 mil millones.
Firman los diputados Jorge Calderón y Alejandro Encinas."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada.
La secretaría Layda Elena Sansores San Román: - Propuesta del Partido de la Revolución Democrática al artículo 6o. Deberá quedar de la siguiente manera, las cifras serán referidas en nuevos pesos:
"Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 8 billones 185 mil 685 millones; Instituto Mexicano del Seguro Social 31 billones 485 mil 18 millones;Aeropuertos y Servicios Auxiliares 666 mil 626millones 550 mil; Caminos y Puentes Federales 894 mil 564 millones 500 mil; Ingresos de Ferrocarriles Nacionales de México 5 billones 546 mil 592 millones 570 mil; Compañía Nacional de Subsistencias Populares 7 billones 756 mil 223 millones 405 mil; Comisión Federal de Electricidad 18 billones 173 mil 294 millones 290 mil; Compañía de Luz y Fuerza del Centro 3 billones 195 mil 668 millones 39 mil; Petróleos Mexicanos 25 billones 613 mil 77 millones 740 mil."
Diputados Jorge Calderón y Alejandro Encinas."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada.
*Los cuadros estadísticos, soporte de estas propuestas de modificación, serán insertadas en el Diario de los Debates. (Aplausos.)
El Presidente: - Se suplica orden en la sala para que pueda proseguir la compañera diputada.
La secretaría María Guadalupe Salinas Aguila: - Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para modificar el inciso III del artículo 14 del dictamen sobre el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993.
"Para el caso de ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias o de la destinación de otros bienes muebles e inmuebles que no les sean útiles o no se cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros, el Ejecutivo Federal vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pedirá opinión a la Cámara de Diputados sobre los usos que considere pertinentes. La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública analizará la información a que se refiere el inciso anterior y en su caso dará su opinión.
Reforma al artículo 7o. Párrafo 6. "El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados.
El artículo 3o. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo...Desechado, señor Presidente.
Artículo 7o. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
*El voto particular del Partido de la Revolución Democrática será insertado al final de este Diario.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Ya lo leí, sí. Lo voy a volver a leer en atención a la diputada Cecilia que es la que hace la propuesta.
El Presidente: - Adelante diputada.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Párrafo 6. El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda en términos nominales. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados al rendir la Cuenta de la Hacienda Federal.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechado, el séptimo.
El Presidente: - Se les suplica respeto al orador, a los compañeros diputados para poder desahogar con más calma los trabajos. Adelante compañera secretaria.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para modificar el artículo 26. "Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos e insumos agropecuarios, ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingresos de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y de poder adquisitivo de la población.
Firman la diputada Cecilia Soto González y el diputado Samuel Moreno Santillán".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente.
Propuesta de modificaciones que presenta el Partido de la Revolución Democrática al artículo 13. Se propone eliminar el último párrafo que a la letra dice: "Las partidas a que se refiere el párrafo 3o. de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 8,100 del Ramo XXIII, erogaciones no sectorizables."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática de modificación al artículo 39, se propone eliminar los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 del referido artículo.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
Propuesta presentada por el diputado Alfredo Lujambio, Arturo Pérez y Fernando Lugo, del Partido Acción Nacional, dice: propongo se agregue un segundo artículo transitorio al proyecto de dictamen para que se quede como sigue:
"Artículo único, pasa a ser artículo primero. Artículo segundo: para garantizar la conservación y mantenimiento de la red de carreteras federales, libramientos y puentes de acceso libre, podrán autorizarse recursos adicionales de los excedentes que establece el artículo 14 del presente proyecto de decreto".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
Propuesta presentada también por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propone que en el rubro 8 se aumente "Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1 mil 320 millones de nuevos pesos, los que consideramos para que se apliquen en infraestructura hidroagrícola".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente.
Propone también que en el rubro 8.1, se incorporen: " 4 mil 863 millones".
En votación económica se pregunta si se admite esa proposición o se desecha.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo Desechada, señor Presidente.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propone la modificación al artículo 6o.:
Menciono ramo, entidad paraestatal, cifras referidas y nuevos pesos:
641. Instituto Mexicano del Seguro Social: 29 mil 734 millones 11 mil 200.
9,195. Ferrocarriles Nacionales de México: 5 mil 408 millones 489 mil 700.
18,164. Comisión Federal de Electricidad: 17 mil 218 millones 762 mil 300.
Firman los diputados Cecilia Soto y Moreno Santillán.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche...Desechada.
El Secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para el artículo segundo transitorio:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para proveer dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, los recursos necesarios para continuar con el programa de reconstrucción del recinto Legislativo de San Lázaro."
Firma el diputado Alejandro Nieto Enríquez.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la modificación.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señor Presidente.
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática, para la inclusión de un artículo tercero transitorio al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
Propuesta: "Artículo tercero transitorio. Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993. Propuesta: "Artículo tercero transitorio. Dentro del Presupuesto de Egresos aprobado por este decreto, se incluyen los recursos necesarios para atender el programa autorizado conforme a las disposiciones aplicables que permitan que la credencial para votar contenga la fotografía de acuerdo con el inciso a del numeral, de acuerdo con el artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En tal virtud, sólo en caso de que sea necesaria una extensión en cuanto a los plazos previstos para la conclusión del referido programa y siempre que aquello implique incurrir en erogaciones adicionales a las presupuestadas al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud expresa del Instituto Federal Electoral, otorgará la ampliación presupuestal correspondiente con carácter compensado."
Firman los diputados: Jorge Calderón y Gabriel Mendoza Manzo.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque sedeseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada.
Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para modificar el artículo 3o. "Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los estados y municipios en el año de 1993, importan la cantidad de 63 billones 416 mil 378 millones 800 mil nuevos pesos, moneda nacional, y se distribuye de la siguiente manera:
00025 Aportaciones para educación básica en los estados, 21 billones 339 mil 160 millones 500 mil nuevos pesos;
00026 Solidaridad y desarrollo regional, 7 billones 747 mil 418 millones 300 mil nuevos pesos.
00028 Participaciones a estados y municipios, 34 billones 329 mil 800 millones de nuevos pesos."
Firman los diputados: Cecilia Soto y Moreno Santillán.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario Mauricio W. Clark Ovadia: - Se va a procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, en lo general se recogieron 283 votos en pro, 69 en contra.
Por los artículos dos y tres transitorios y en lo general en contra, 9 votos.
Por los artículos 7 y 14 y el resto en contra, 6 votos.
A favor de los artículos tercero, 15 párrafo cuarto, 26 fracción V, 25 fracción I párrafo dos y tres, 29 fracción segunda, 20 y 3 transitorios, 5 votos a favor y en contra en lo general el resto.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 283 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, y de la Ley que establece las normas mínimas sobre Readaptación Social.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa que reforma el artículo 85 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y adiciona un párrafo final al artículo 8o. y otro al artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre la Readaptación Social de Sentenciados, presentado por el Ejecutivo Federal el día 8 de diciembre de 1992.
Esta Comisión con la facultad que le otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al estudio de la presente bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
En uso de las facultades que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 8 de diciembre de 1992 el Ejecutivo Federal presento la iniciativa que reforma el artículo 85 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y adiciona un párrafo final al artículo 8o., y otro al artículo 16, de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El Presidente de la mesa directiva conforme al reglamento, ordenó su turno a la Comisión de Justicia.
En relación con la iniciativa objeto de este dictamen, esta Comisión presenta los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. La presente iniciativa, pretende reforzar el efecto disuasorio de las sanciones que prevé la Ley, evitando la concesión de aquellos beneficios penitenciarios que conllevan la libertad anticipada de los sentenciados por los delitos de robo en casa habitación con violencia en las personas, narcotráfico, secuestro y violación, es necesario señalar que una de las funciones de la pena, es la denominada preventiva general y que busca como efecto inhibir la Comisión de Delitos, mediante la ejemplaridad de las sanciones penales, dicha función asume especial relevancia tratándose de aquellos casos en donde se lesionan bienes jurídicos y culturales fundamentales como los son la libertad, la seguridad del domicilio, la seguridad nacional y la legalidad, valores sobre los que se finca una adecuada convivencia social.
2. A mayor abundamiento, los delitos a los que se refiere la incitativa, son de aquellos que causan mayor irritación y preocupación en la sociedad, puesto que en su generalidad son cometidos por asociaciones que se organizan con fines específicamente delictivos, que utilizan la violencia, muchas veces armada, para la consecusión de sus fines que enfrentan sistemáticamente el Estado de derecho, como medio para su enriquecimiento y envilecimiento. Es de aceptarse por cierto que el problema no rebasa la capacidad del Estado para controlarlo en márgenes tales que sus efectos lleven a una descomposición social. Sin embargo lo anterior no debe llevar a la autocomplacencia, sino al contrario a la reflexión para dotar cada vez más, a la autoridad de mayores elementos para abatir esto fenómenos, con eficiencia y con respeto a los derechos humanos.
3. Además, uno de los signos distintivos de la criminalidad organizada es que sus miembros permanecen en la actividad delictiva, aun cuando alguno de ellos sea capturado, procesado y sentenciado, dejando abiertas sus redes de complicidades y presiones para reincorporarlo al seno de la organización tan pronto obtenga su libertad, lo anterior señala con claridad la necesidad de adoptar medidas como aquellas que contempla la iniciativa en cuestión, ya que no estamos en el caso de delincuentes ocasionales, sino de aquellos que rebasan ya el viejo apelativo de habituales y lamentablemente merecen el nombre de delincuentes profesionales.
4. La Comisión encuentra como uno de los mejores méritos de la iniciativa el de referirse a aquellos delitos que generalmente son cometidos por el crimen organizado y estima que es necesario avanzar en la adopción de mejores y mayores medidas que establezcan una estrategia estatal diferenciada frente a estos fenómenos. No podemos, ni debemos ignorar que la existencia de una criminalidad organizada, dotada de toda clase de recursos, requiere ser enfrentada con medidas creativas que tiendan a reafirmar el Estado de derecho, lo anterior se suma a una tendencia universal, para combatir un hecho novedoso en el balance, las fuerzas de la legalidad van venciendo esta lucha. Por lo mismo consideramos necesario perseverar en adaptar cada vez mejor al Estado para enfrentarla racionalmente a fin de que el saldo a favor del derecho permanezca y mejore.
5. Por otra parte, la Comisión señala que la iniciativa se inserta en una tendencia, cada vez más generalizada, para dotar de mayor certidumbre a las resoluciones judiciales en materia penal, al regular la procedencia o improcedencia de beneficios penitenciarios que se suceden a las sentencias.
El mensaje debe ser claro, los jueces como garantes de la legalidad deben determinar perfectamente el alcance y grado de la respuesta estatal frente a la Comisión de los delitos más graves. Lo anterior debe llevar a que esta responsabilidad se cumpla con la serenidad y firmeza que la sociedad reclama.
6. Esta Comisión también considera necesario señalar que la medida cuya adopción se propone
al pleno, no es contraria a los fines preventivos de la pena, es decir, a la readaptación social del delincuente, ya que expresamente considera que la cancelación de tales beneficios penitenciarios no exime en forma alguna a la autoridad de la obligación de mantener un trato humanitario en las cárceles y a orientar el tratamiento carcelario en el trabajo y en la educación como criterios fundamentales.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión, en congruencia con los sanos propósitos que guían a la iniciativa ha considerado la necesidad de proponer algunas modificaciones a la misma a fin de acendrar y aclarar el espíritu que persigue, mismas que a continuación se explican:
a) Se considera que dentro de las hipótesis delictivas a que se refiere la iniciativa en cuestión pudieran darse casos que no ameriten la medida que hoy se propone, especialmente preocupan aquellos en que las organizaciones criminales de narcotraficantes se aprovechan de personas de escasos recursos y poca educación, para la Comisión de delitos por lo que si bien esta Comisión considera que en cuanto a la libertad preparatoria prevista por el artículo 85 del Código Penal, la cancelación de tal beneficio no abarca a la hipótesis prevista en el artículo 195 del mismo ordenamiento y que se refiere a la producción de estupefacientes por campesinos de escasos recursos y educación. También considero relevante no incluirlos en la excepción que se propone para los artículos 8o. y 16 de la Ley de Normas Mínimas, con lo anterior se evita que personas que no forman parte de los mandos de las organizaciones criminales y que caen en la ilegalidad propiciados por la miseria y la ignorancia se ven perjudicados por esta medida.
b) Con el mismo espíritu, se circunscribió la aplicación de la medida a la violación tumultuaria, no sólo por ser expresión más drástica de tan reprobable delito, sino porque además es aquella que se comete colectivamente y que en la generalidad de los casos acusa reiteración en su realización. Con lo anterior se busca ser fiel al espíritu de la iniciativa que busca desestimular la comisión de ilícitos cometidos por una pluralidad de sujetos asociados.
c) Asimismo se consideró, que a fin de preservar el espíritu readaptador de la pena dentro de la prisión, la exclusión de las medidas preliberaciones, para esta clase de delitos solo debería limitarse para aquellas medidas que posibilitan al sentenciado un acceso al exterior de los establecimientos, dejando a salvo los derechos de la autoridad para aplicar medidas intracarcelarias, de ahí que sólo se limiten la exclusión de los beneficios enunciados en la fracción cuarta y quinta del artículo 8o. de la Ley de Normas Mínimas.
d) Por último, se determinó omitir dentro del dictamen que se propone el artículo segundo transitorio, por considerar que los conflictos de las leyes penales en el tiempo deben ser resueltos por el artículo 56 del Código Penal, sin necesidad de hacer referencia expresa en artículos de naturaleza transitoria.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia se permite presentar a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 85, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 85. La libertad preparatoria no se concederá a los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos en el artículo 197; por el delito de violacción previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265 en relación con el artículo 266 bis fracción I; por el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366, con excepción de lo previsto en la fracción VI de dicho artículo en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación, conforme a lo previsto en el artículo 367 en relación con los artículos 372 y 381 bis, de este código; así como a los habituales y a quienes hubieren incurrido en segunda reincidencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se adiciona un párrafo final al artículo 8o. y otro al artículo 16 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, para quedar como sigue:
"Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se concederán las medidas de tratamiento preliberacional establecidas en la fracciones IV y V de este artículo a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del artículo 197, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente
atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica, por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265, en relación al artículo 266 bis fracción primera por el delito de plagio o secuestro previsto en el artículo 366 con excepción a lo previsto por la fracción VI de dicho artículo en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del código penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en Materia de fuero Federal."
"Artículo 16o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se concederá la remisión parcial de la pena a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos por las fracciones I a IV del artículo 197 salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265, en relación al 266 bis fracción I; el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366 con excepción a lo previsto por la fracción VI de dicho artículo en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo en un inmueble habitado o destinado para habitación con violencia en las personas, conforme a lo previsto en el artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del código penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal."
TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 1992.»
Es de primera lectura.
LETRAS DE ORO
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto para que se Inscriba con Letras de Oro en el Muro del Salón de sesiones el nombre de Servando Teresa de Mier.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se le dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Régimen, reglamento y Prácticas Parlamentarias.
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
Honorable Asamblea: En el Ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados: Agustín Basave Benítez, José de Jesús Bazaldúa González, Eloy Cantú Segovia, Arturo de la Garza González Luna, Liliana Flores Benavides, Tomás González Luna, Oscar Herrera Hosking, Pablo Emilio Madero Belden, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Juan Morales Salinas, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Andrés Silvia Alvarado, José Rodolfo Treviño Salinas, Rogelio Villareal Garza, presentaron ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro, en el muro del salón de sesiones de esta honorable Cámara de Diputados, el nombre de José Servando Teresa de Mier.
Esta iniciativa fue leída en la sesión plenaria del día primero de los corrientes por el diputado Agustín Basave Benítez y apoyada en tribuna por el diputado Martín Tavira Urióstegui; posteriormente fue turnada a esta Comisión que dictamina su procedencia, para su estudio, discusión y dictamen, en base a lo dispuesto por los artículo 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso.
Estudiada la propuesta en los términos que establecen los ordenamientos legales que rigen el funcionamiento de esta honorable cámara de Diputados, sometemos a la aprobación de esta soberanía el presente dictamen, expresando, al efecto, las siguientes
CONSIDERACIONES
1o. Rendir homenaje a quienes han trascendido en la historia de nuestro país por su conducta y sus aportaciones para encauzar y transformar la sociedad, y obtener mejores condiciones de vida para quienes la integran, dignifican a todo pueblo que reconoce en su historia y sus valores la esencia fundamental de su cultura.
Por ello es altamente significativo que en el recinto de esta honorable Cámara de Diputados se encuentren inscritos los nombres de algunos hombres y mujeres que en su tiempo y circunstancias entregaron lo mejor de sí mismos para construir nuestro país, del que los mexicanos nos sentimos legítimamente orgullosos.
2o. En el caso en estudio, habida cuenta de la amplitud y pertinencia de los razonamientos contenidos en la propia iniciativa que se analiza, así como ante lo extenso de la vida y obra del personaje al que hoy aludimos, nos remitiremos en nuestra parte solamente a algunas breves referencias biográficas.
Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra fue originario de Monterrey, hoy en el Estado de Nuevo León, donde nació el 18 de octubre de 1763, habiendo fallecido en la ciudad de México, el 3 de diciembre de 1827. Durante su accidentada vida fue político e historiador, sacerdote y liberal, actor e ideólogo de la Revolución de Independencia y Constituyente en el Congreso de 1824.
Sus aportaciones a la conformación de la patria son relevantes, pues participa con la acción política y la pluma en la revolución de Independencia, desde su gestación hasta que ésta se consuma mediante la separación definitiva de España. Así Servando Teresa de Mier constituye la punta de lanza que abrió la brecha por donde transitaría, incontenible e impetuoso, el gran movimiento revolucionario de Independencia.
Predicador notable, en el ejercicio de su ministerio alcanzó el reconocimiento general por sus dotes oratorias, que culminan en su famoso e inspirado sermón del 12 de diciembre de 1794, en el que cuestiona las tradiciones impuestas por la Iglesia Católica relativas a los supuestos derechos de la corona española, basados en la evangelización, para regir los destinos de México. Tal actitud le hizo merecedor del destierro por diez años en España, con la pérdida de la cátedra, del púlpito y del confesionario, así como del título de Doctor.
Fugas y reaprehensiones en Caldas y en Burgos le hicieron llegar a París, después a Portugal; en 1810, al saber del levantamiento de Hidalgo en México, marchó a Londres, desde donde escribió a favor de la Independencia Mexicana su obra, "Historia de la Revolución de la Nueva España". Fue está la primera que se publicó sobre el tema y sirvió de importante sustento ideológico para denunciar la dominación española sobre las tierras de América y propagar los fundamentos de la insurgencia libertadora.
Servando Teresa de Mier conoce en Inglaterra a Francisco Javier Mina y lo persuade a organizar, en 1816, una expedición para liberar a la Nueva España; él mismo forma parte de ella y trae consigo sus ideas, su ímpetu libertario y una imprenta, con la que de inmediato se dedica a publicar proclamas, bandos y todo tipo de propaganda política para apoyar la causa insurgente.
Sufre nuevamente encarcelamientos, vejaciones y destierros hasta que, vencido el poder militar español, el Congreso Constituyente Mexicano consigue sacarlo de la cárcel de San Juan de Ulúa, en virtud de formar parte de ese Congreso como diputado por Nuevo León.
Como republicano convencido, combate en el Congreso a Agustín de Iturbide por haberse coronado emperador y es nuevamente encarcelado en el Convento de Santo Domingo; de donde termina fugándose, una vez más. Fue reelecto diputado al segundo Congreso Constituyente donde pronunció, el trece de diciembre de 1823, su famoso "Discurso de las profecías ", que tantas controversias provocó y en el que abogó porque se estableciera el sistema federalista atemperado. Fue de los firmantes en 1824 del acta constitutiva de la federación y de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Su prestigio para entonces era tal, que el presidente Guadalupe Victoria lo llevó a vivir al palacio nacional en reconocimiento a su talento, cayendo por entonces gravemente enfermo y en trance de muerte. Fray Servando quiso ser asistido espiritualmente y fue el propio Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Miguel Ramos Arizpe, su reconocido adversario político, quien le administró el viático.
De esta manera Ramos Arizpe, cuyo nombre figura ya en recinto, y Servando Teresa de Mier, daban un ejemplo de conciliación que tan necesario era entonces para encauzar por la civilidad la vida de la nueva República. A su muerte se le dio sepultura, con grandes honores, en el templo de Santo Domingo.
3. Apasionante, sin duda, es la vida y obra de Servando Teresa de Mier. La riqueza de su pensamiento sigue siendo aún analizada por los estudiosos de la historia.
Su pensamiento fue precursor de las características que adoptaría nuestro estado nacional. El pugnaba por una república nueva, moderna, libre y soberana, regida por el derecho y gobernada en beneficio de los mexicanos. Los seis mil ejemplares esparcidos en el país de su "Memoria política instructiva", dirigida desde Filadelfia a los jefes independientes del Anáhuac, generalizaron la idea de la República, atacado injustamente de centralista como legislador, al análisis elemental de su pensamiento evidencia su verdadero propósito: lograr la cohesión del país a través de una descentralización paulatina que evitara el desgajamiento de un estado en formación. Postuló que nuestro federalismo no debía ser una calca de que se había establecido en los Estados Unidos; pero tampoco un centralismo como el de Colombia. Entre ambos buscaba la conciliación. Así, por ejemplo, en el Congreso Constituyente de 1824 expresó: "¿Qué pues concluiremos de todo esto? se me dirá, ¿Quiere usted que nos constituyamos en una República Central? ¡ No! Yo siempre he estado por la federación razonable y moderada, conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos". Testimonio es que echa por tierra las afirmaciones que en forma aviesa o equivocada se han esgrimido en su contra.
Su ejemplo de valor civil de firmeza en sus convicciones y de amor a la Patria, deben estar presentes en la memoria del pueblo mexicano. Fue un hombre ilustrado, como Hidalgo y un heterodoxo frente a las convenciones de su época.
La adversidad templó en el yunque del infortunio su carácter, lo dotó de una voluntad férrea e inquebrantable y reafirmó sus convicciones de libertad e independencia del dominio español. Desde la celda donde se encontraba, inscribía sin cesar sobre sus tesis independentistas. Hoy nadie la regatea ser uno de los precursores de nuestra soberanía.
En nuestros días, ante la asechanza de nuevas formas de dominación extranacional, de diversas manifestaciones de coloniaje que amenazan con deteriorar nuestra identidad y nuestra libertad para autodeterminarnos, las tesis de Servando Teresa de Mier cobran mayor vigencia y convocan a los mexicanos, todos, a mantener la unidad nacional para preservar la independencia de la Nación.
Los méritos de nuestro personaje, como político, ideólogo, historiador y actor principal en el movimiento de consumación de la independencia son, así, indiscutibles.
En estricta justicia, Servando Teresa de Mier es merecedor del homenaje de esta Cámara de Diputados; su nombre debe figurar junto al de patriotas que, como él, han dado honor y gloria a la Nación.
Finalmente, esta comisión ha tomado en cuenta el hecho de que en el año de 1987, al conmemorarse los ciento sesenta años de su deceso, se le rindiera homenaje en el pleno de este cuerpo legislativo y se solicitara por diputados de diversos partidos, aunque sin formalizar la iniciativa correspondiente, que se inscribiera su nombre con letras de oro en este recinto.
Por las razones expuestas, la iniciativa que se dictamina se encuentra fundada y en consecuencia, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Inscríbase en letras de oro en lugar de honor del recinto de la honorable Cámara de Diputados el nombre de Servando Teresa de Mier.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 15 de diciembre de 1992. Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, diputados; Miguel González Avelar, Presidente y Alejandro Ontiveros Gómez, secretario.»
Es de primera lectura.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Serrano Cedillo, para presentar un pronunciamiento político a nombre de diputados de todos los grupos parlamentarios.
El diputado Jaime Serrano Cedillo: - Señoras y señores diputados.
A nombre de los diferentes partidos de esta honorable Cámara de Diputados, voy a dar lectura a la declaración política en relación a la participación de México en la Asamblea Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, considerando:
1o. Que con fecha 21 de mayo de 1992, la honorable Cámara de Diputados de la LV
Legislatura rechazó cualquier pretensión de modificar la Carta de la Organización de Estados Americanos, con el fin de establecer estructuras supranacionales.
2o. Que nuevamente se externan propósitos de algunos países para modificar la Carta de la Organización de Estados Americanos, con objeto de constituir a este organismo como una instancia en contra de los principios esenciales del derecho internacional, como son la intervención y la autodeterminación de los pueblos.
3o. Que los organismos multilaterales, más que convertirse en instancias punitivas, deben consolidar programas que permitan crear las condiciones de desarrollo y cooperación que coadyuven a erradicar las condiciones de pobreza extrema y de desigualdad social de la región que son verdadera amenaza de orden constitucional, sin perjuicio de los tratados de los países miembros que tienen firmados en materia de derechos humanos y que son normas vigentes en el sistema interamericano.
4o. Que cada nación tiene el derecho de establecer, de acuerdo a su soberanía, y según sus propias circunstancias sociales, históricas, culturales y territoriales, las modalidades específicas de desarrollo en todos sus aspectos, sin esquemas mas estereotipados de estructuras económicas o políticas.
5o. Y que en virtud de lo anterior, los grupos partidistas representados en la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, suscribimos la siguiente declaración política:
Rechazamos cualquier intento de modificación a la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de erigirse en sancionador y juez de los estados miembros.
Apoyamos la posición de México, porque prevalezcan los principios fundamentales del Derecho Internacional, ya que su observancia es la garantía de la paz y la seguridad de la región.
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la honorable Cámara de Diputados, a los 15 días del mes de diciembre de 1992.
Firman por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio González Fernández y Rodolfo Becerril Straffon; por el Partido Acción Nacional, Gabriel Jiménez Remus; por el Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo; por el Partido del Frente Cardenista, Manuel Terrazas Guerrero; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Javier Colorado Pulido; por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - De enterado.
Prosiga la Secretaría.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
16 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de ciudadanos diputados.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que deroga el Diverso de Congelación de Rentas.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Varon Modiano, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel, en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá, en Mazatlán, Sinaloa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República del Paraguay, en México.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero común, y para toda la República en materia de Fuero Federal; y de la Ley que establece las normas mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforman los artículos 3o., y 31 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a la 01.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar hoy, miércoles 16 de diciembre, a las 11.00 horas.
Se ruega de la manera más atenta y respetuosa a los señores diputados, concurran puntualmente a la sesión del día de hoy mismo, a las 11.00 de la mañana. Se levanta la sesión.
VOTO PARTICULAR DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
¡Por una política presupuestaria alternativa!, voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en contra del dictamen del presupuesto de egresos de la federación correspondiente a 1993.
Diciembre de 1992.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados: Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara el siguiente:
VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DEL DECRETO RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 1993
HACIA UN CAMBIO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA INTRODUCCIÓN
La política presupuestaria constituye uno de los elementos más importantes de la política económica, que como tal puede inducir un ritmo determinado del crecimiento de la actividad económica y el empleo, al mismo tiempo que orientar el sentido social del desarrollo.
La política presupuestaria que nos propone el actual gobierno en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, está orientada igual que en años anteriores por dos líneas estratégicas fundamentales: una, contribuir a la estabilidad de precios por la vía de restringir el crecimiento de la demanda global mediante el superávit fiscal; la otra es incrementar el gasto social, restringiendo el productivo, para impulsar un llamado desarrollo social que el gobierno entiende como una forma de "atenuar los efectos que pueden derivarse de la actual etapa de modernización y reordenamiento del aparato productivo".
A través del tiempo, ambas líneas muestran su desgaste, y por lo tanto se requiere un cambio de esa orientación fundamental.
Insistir en una política de estabilización de carácter restrictivo reduciendo artificialmente la demanda mediante la política fiscal, a la que se suman la política salarial y financiera, en estos momentos no sólo resulta demasiado costoso socialmente, es ya ineficaz.
El concepto que el gobierno tiene del desarrollo social, que define la otra línea estratégica del presupuesto, además de contradictoria es insuficiente.
Sin un mayor crecimiento económico, que implica antes que nada una mayor demanda global, no habrá modernización ni cambio superador de la estructura productiva del país; sin crecimiento de la producción y de la productividad y sin una mejor distribución del ingreso, no habrá desarrollo social que valga.
Por ello, nosotros proponemos un cambio en la política presupuestaria, orientando hacia la promoción de un mayor ritmo de crecimiento económico, hacia una mayor integración y eficiencia de la estructura productiva y hacia una mejor distribución del ingreso. Además, pretendemos avanzar en la descentralización de las decisiones y en el fortalecimiento de la soberanía de estados y municipios. A continuación argumentamos acerca de la necesidad y posibilidad económica de esos cambios y hacemos la propuesta concreta de cambio en la asignación presupuestaria que corresponde a cada una de los nuevos lineamientos, para orientar la política de gasto en el sentido de una nueva política económica.
1. GASTO PUBLICO, CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD.
La política de gasto público puede y debe contribuir al crecimiento de la actividad económica.
Una tasa de crecimiento del producto interno bruto del 3% o menos, es muy insuficiente actualmente en México, después de una década de estancamiento. A ese ritmo de crecimiento, la economía no impide que el desempleo siga aumentando. Por tanto, se está agravando el problema social más grave del país.
En la última década el desempleo aumentó en más de 8 millones de mexicanos, ya que de 1980 a 1990 el número de plazas de trabajo aumentó en sólo 2 millones 302 mil, cuando la población económicamente activa se incrementó en más de 10 millones. En ningún año de la década pasada, ni en los cuatro que van de este sexenio, la creación de nuevas plazas de trabajo ha correspondido ni siquiera a la mitad de las requeridas por el crecimiento de la población.
Si el producto interno bruto crece a un ritmo menor al 3% anual, el empleo prácticamente no aumenta, debido al incremento de la productividad obligado por la nueva competencia a la que se enfrenta la economía nacional.
La población económica activa crece a una tasa mayor que la del incremento demográfico actual, debido a que los jóvenes que hoy aspiran a incorporarse al trabajo, nacieron en una época en la que la tasa demográfica era casi el doble que la actual.
La falta de oportunidad de un empleo formal para millones de mexicanos no se expresa totalmente en el llamado desempleo. La mayoría de los que no tienen acceso al empleo formal, se dedican a diversas actividades informales, cada vez más competidas y menos reditúales, o intentan emigrar a Estados Unidos, en dónde cada vez son peor recibidos.
En el futuro inmediato, con una economía más abierta a la competencia internacional, que obliga a una creciente productividad del trabajo y al uso de tecnologías de alta intensidad de capital, sólo un vigoroso crecimiento económico garantiza el nivel de empleo que reclama la población del país.
La negación de un empleo productivo y bien remunerado motiva la desesperanza de millones de compatriotas. Sobre todo de la juventud que aspira a contribuir económicamente o a formar su propia familia. La juventud mexicana tiene derecho a la esperanza.
La política económica debe utilizar sus instrumentos, entre ellos el gasto público, para contribuir activamente en el crecimiento de la actividad económica y del empleo.
Es falso que se acabaron los tiempos en que el gasto público puede servir para impulsar el crecimiento de la economía, como reiteradamente afirman los responsables económicos del actual gobierno.
Se agotó el tiempo de creer que el libre juego de las fuerzas del mercado va a resolver el cada vez más grave y expansivo problema del desempleo.
El superávit de las finanzas públicas induce a la desaceleración de la economía; induce a tener una menor tasa de crecimiento y en consecuencia a que se genere menos empleo. Esta política del superávit contribuye por tanto, a que en nuestro país aumente el número de desempleados.
La justificación de esa política, por parte del gobierno, radica en la lucha antiinflacionaria. Es ése un argumento desgastado por el tiempo. Si alguna vez se justificó, no corresponde ya a la situación actual. Las presiones inflacionarias, que todavía padece la economía nacional, desde hace varios años no obedecen a un gasto público demasiado alto, que promueva una excesiva demanda. Desde hace ya diez años, el gobierno practica una política de austeridad financiera, fiscal y salarial, que primero se expresó en una drástica reducción del gasto programable, después en el llamado superávit primario y actualmente en el superávit financiero.
La persistente caída de la razón gasto-ingreso no impidió que en algunos años se manifestara una hiperinflación. Actualmente, una vez alejada la hiperinflación, la política de austeridad no impide que las presiones inflacionarias persistan. Porque la política de austeridad no ataca las causas estructurales de la inflación, que consisten en la falta de capacidad de respuesta productiva de algunas ramas de actividad, ante cualquier aumento de la demanda global; al contrario, la contracción de la inversión pública agrave esas fallas de la estructura productiva.
Tampoco, la política de austeridad que se expresa en el superávit, resuelve las presiones inerciales que aceleran la inflación, al mismo tiempo que promueven la concentración del ingreso en favor de los agentes económicos con mayor poder en el mercado.
Seguir poniendo énfasis en la contracción del gasto público y en la contención salarial, como instrumentos de combate a la inflación, resulta actualmente no sólo injusto sino además, ineficaz. Esta política agrava en vez de superar, las causas productivo-estructurales de la inflación, que si ahora no se manifiestan en alzas crecientes de los precios, es porque se expresan en un acelerado y a mediano plazo insostenible déficit de nuestra balanza comercial.
Si las presiones desestabilizadoras de la economía se están presentando en condiciones en que no hay un crecimiento notable de la demanda, entonces no es restringiendo ésta como vamos a resolver el problema. En las condiciones actuales, al contrario, un gasto público bien orientado para que tenga un positivo efecto productivo, no implica una mayor inflación.
Es cierto que la economía nacional padece una tendencia a sobrecalentarse ante cualquier alza de la actividad global, pero es por otras razones, diferentes al gasto público. Debemos
enfrentar esas razones, en lugar de continuar con políticas restrictivas que aumentan aceleradamente el desempleo y otros rezagos sociales y productivos, sin atacar la cuestión de fondo.
Nosotros proponemos una política de gradual incremento de la razón gasto-ingreso del sector público, dentro de un marco razonable. Este marco corresponde a una disciplina fiscal, que nosotros consideramos, en un primer momento como de equilibrio financiero y, posteriormente, una vez evaluados los efectos de una expansión moderada del gasto, en los límites de un déficit financiable. Este concepto de déficit financiable, si es válido para el sector externo de la economía, también lo es para las finanzas públicas.
Ante la acumulación de la miseria y el desempleo que padecen las mayorías nacionales, es éste un cambio necesario.
Esto no quiere decir que nosotros neguemos importancia a la lucha antiinflacionaria. Al contrario, proponemos una política más completa y realista para garantizar una estabilidad de precios perdurable. No sólo practicando una disciplina fiscal y financiera, sino también con una política orientada a resolver las carencias de oferta de bienes y servicios que causan presiones inflacionarias. Con este fin apoyaremos a un esfuerzo nacional de producción y abasto, en lugar de simplemente trasladar el desequilibrio hacia el sector externo, como se hace actualmente. Al mismo tiempo, sostenemos la necesidad de contener las causas inerciales de la inflación, mediante una política concertada de control de precios, que a diferencia del actual PECE, sea más representativa de los diferentes sectores productivos y que, por lo tanto, tienda a una mayor equidad en la distribución del ingreso.
Una condición necesaria para compatibilizar una política de expansión de la demanda con la estabilidad, es que al mismo tiempo se impulse el crecimiento y la diversificación de la oferta de bienes y servicios. Esto es posible actualmente en México, debido a que no partimos de un crecimiento excesivo de la demanda y mucho menos de un excesivo gasto público deficitario.
Para el cambio estructural o modernización que requiere la economía mexicana en su nueva inserción internacional, es también positiva la contribución de una política de expansión de la demanda y el gasto público. La superación de nuestra competitividad, pasa por un aumento sostenido de la productividad del trabajo. Este aumento sólo será posible de manera generalizada, si se incrementan la demanda y la producción globales.
El incremento del gasto público promoverá una mayor demanda agregada y con ello un crecimiento de la producción y el empleo. Asimismo, favorecerá la modernización del aparato productivo y la competitividad.
El crecimiento de la producción tendrá también un efecto positivo sobre las finanzas públicas, al aumentar los ingresos fiscales. Esto permitirá continuar de otra manera, con el saneamiento de las finanzas públicas y al mismo tiempo sostener en los años siguientes, la política económica de impulso al crecimiento.
Por las razones anteriores, el Grupo Parlamentario del PRD propone al Presupuesto de Egresos de 1993, un incremento al gasto total de 6.7% respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo. Este aumento irá exclusivamente al gasto programable y a transferencias a los estados, que deberán aumentar en 7.4 y 9.1%, respectivamente.
2. HACIA UN CONCEPTO DIFERENTE DE DESARROLLO.
El gobierno separa lo que considera una política de desarrollo social, del proyecto económico que impulsa. La muestra más elevada de esa política de desarrollo social, consiste en haber llevado a más del 50%, la participación del denominado sector de desarrollo social en el gasto programable. En este sector se incluyen los rublos de educación, salud y laboral, solidaridad; desarrollo urbano, ecología y agua potable, y el programa social de abasto.
El concepto que el gobierno tiene de la política de desarrollo social, es el de un factor atenuante de los efectos sociales que produce el modelo económico en marcha.
El gobierno ha definido cuatro grandes objetivos de la política económica que practicará en 1993: el primero es continuar con el abatimiento de la inflación; el segundo es incrementar el empleo, y afirmamos nosotros al mismo tiempo el desempleo, ya que textualmente afirma que este objetivo se logrará con un crecimiento del 2.5 al 3 por ciento del PIB, con lo cual, como ya hemos observado, se garantiza que el desempleo siga creciendo; el tercer objetivo que señala es el de profundizar la reforma estructural para incrementar la productividad de la economía, objetivo que tampoco se logrará con la desaceleración; el cuarto objetivo es el desarrollo social, para lo cual "...El gasto social se ubicará por encima del 50% del gasto programable sectorial y permitirá atenuar los efectos que pueden
derivarse de la actual etapa de modernización reordenamiento del aparato productivo "(Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica, 1993, México, noviembre de 1992, pág. 28).
Ese es el concepto que el gobierno tiene de una política de desarrollo social: se trate de atenuar los males sociales que produce el proyecto de modernización que impulsa el mismo gobierno. Males que se vienen acumulando desde hace ya 10 años y que han sido ampliamente ilustrados por estudios y estadísticas oficiales: mayor concentración del ingreso, aumento de la pobreza extrema, desempleo masivo y desnutrición, entre otros.
Nosotros no aceptamos esa separación entre el estilo de crecimiento económico y el desarrollo social. Se debe impulsar un modelo de desarrollo económico que implique al mismo tiempo el desarrollo social, que no conlleve más miseria que obligue a medidas atenuantes.
El desarrollo económico y el desarrollo social deben constituir el mismo proceso. El desarrollo social debe ser premisa y resultado del desarrollo económico.
Resulta muy insuficiente el sólo instrumento de un mayor gasto público destinado al sector como política de desarrollo social. Se requiere además inducir una mejor distribución del ingreso, otra política salarial y de apoyo efectivo a la producción agropecuaria, a la construcción de vivienda popular y al abasto de bienes básicos. Todo ello puede impulsarse mediante la política de gasto público, que será más efectiva en cuanto los sectores social y privado concuerden en la misma dirección.
Debe haber correspondencia entre el incremento del gasto social del sector público y el salario real de los trabajadores del sector social, de los cuales los maestros y los médicos son la mayoría. Por ello nosotros proponemos un aumento significativo al gasto social, que principalmente se debe aplicar al objetivo de recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de base del sector social. Un primer paso para lograr este propósito, es que se otorgue un aumento al salario promedio de estos trabajadores, en la misma proporción en términos reales, en que se aumente el gasto social.
Esta es una manera de empezar en serio la recuperación de la pérdida salarial que a lo largo de una década han registrado estos auténticos servidores públicos. Se estaría dando además una señal por parte del gobierno al conjunto de la economía, para que inicie la recuperación salarial. Si a esta utilización del gasto público se le agregan otras medidas, como son la intervención del gobierno en la Comisión de Salarios Mínimos y en el PECE, podría ser decisiva esta política para impulsar una verdadera y generalizada recuperación de los salarios.
Una política de apoyo efectivo al sector rural, fomentando la producción nacional de alimentos, también impulsará el desarrollo social y contribuirá a conformar otro estilo de crecimiento económico, ya que actualmente la política comercial y de gasto practicada por el gobierno en los últimos años, ha contribuido poderosamente a la crisis agrícola que padece el país.
Otro elemento de una verdadera política de desarrollo social es la promoción de la vivienda popular y el abasto de bienes de consumo popular.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, proponemos los siguientes cambios en el Presupuesto de Egresos para la Federación de 1993:
Un aumento del 10% al sector de desarrollo rural, respecto del proyecto del Ejecutivo; en pesca, se propone un incremento del 97%, dado el abandono de que ha sido objeto y la raquítica base de que se parte; en educación, el aumento que se propone respecto del proyecto del Ejecutivo es de un 11%, en Salud, de un 7.7%; en Desarrollo urbano, ecología y agua potable, del 28% y en el Programa nacional de abasto, de un 26%.
3. POR UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MEJOR INTEGRADA.
La política de gasto público no sólo puede contribuir a elevar la demanda global y mejorar la distribución del ingreso; puede también orientarse a resolver, junto con los sectores productivos privado y social, los problemas de financiamiento y las fallas de la estructura productiva, que obstaculizan el desarrollo de la economía.
Un país subdesarrollado como México tiene en su estructura productiva poco eficiente y desintegrada, una causa fundamental del atraso y de la tendencia al desequilibrio externo y monetario.
Actualmente, esta falla estructural se manifiesta en el explosivo déficit de la balanza comercial, que se registra cuando la economía crece aunque sea a la moderada tasa del tres por ciento.
Esa es también la principal causa de que no se vayan a cumplir las metas de crecimiento planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que indican para 1993 y 1994 debería la economía estar creciendo a tasas del 5 y 6 por ciento. Las fallas de la estructura productiva constituyen también la principal fuente de presiones inflacionarias. Si en los últimos meses no hemos recaído en la hiperinflación, es porque una masiva importación de bienes ha suplido las carencias de oferta del aparato productivo del país. Hasta ahora, la solución nos está viniendo de fuera. Pero es una solución artificial que no es sostenible en el tiempo. En el futuro inmediato, o enfrentamos las fallas internas de producción o tendremos que frenar aún más el crecimiento, si no queremos que estalle una nueva crisis financiera o una hiperinflación.
Es urgente, por tanto, afrontar principalmente con nuestro propios recursos, entre ellos los del sector público, la necesidad de avanzar en la conformación de una estructura agrícola e industrial mejor articuladas entre sí y más integradas nacionalmente. Sólo así la inserción de nuestra economía en el mundo será más sana y más eficiente, desde el punto de vista de aprovechamiento óptimo de nuestros recursos para satisfacer las necesidades nacionales.
Mediante una actividad política agrícola e industrial, en conjunción con los sectores privado y social, se podrá atacar a fondo los factores de desequilibrio de la economía nacional, que aún hoy impiden que exista compatibilidad entre los objetivos de crecimiento y estabilidad.
La política de estabilización se concibe así como una política de desarrollo. De este modo la continuidad de una política de estabilización logrará objetivos permanentes sin necesidad de recurrir a cada rato, al freno o a la desaceleración del crecimiento. En México es necesario articular la política comercial con una política de fomento agrícola e industrial. A un costo social demasiado alto, hemos aprendido en los últimos años que la política de liberación comercial puede servir para muchas cosas, pero no suple eficientemente la necesidad de una política agrícola a industrial. La ansiada modernización del aparato productivo, no se logra con sólo abrirnos a la competencia mundial. Una agricultura en ruinas y un amplio y variado conjunto de medidas y pequeñas empresas que están en quiebra o cambiaron de giro de productoras a importadoras nos reclaman hacer algo más, que el simple dejar hacer, dejar pasar.
En los sectores en que aún se puede actuar directamente, en el sector pesquero y agropecuario, en la infraestructura de comunicaciones y transportes, en energéticos y petroquímica, entre otros, el gobierno debe hacer un esfuerzo para impulsar una mejor y más eficiente integración económica del país, sin más límites que los recursos disponibles. De ahí que nosotros propongamos aumentos significativos en los renglones presupuestarios correspondientes.
Somos conscientes que el gobierno por si sólo no va a resolver las fallas de la estructura productiva del país y las carencias del financiamiento del desarrollo. La participación de los sectores privado y social será decisiva al respecto. Pero el gobierno puede y debe contribuir a la superación de esa problemática, sin más límites que el de los recursos económicos y los instrumentos legales de que dispone.
La inversión productiva es la clave tanto del impulso del crecimiento como de la solución de las fallas de la estructura económica. En los últimos meses ha habido un notable incremento de la inversión del capital privado nacional y especialmente extranjero. Esto ha tenido una influencia positiva en el logro de ciertos equilibrios macroeconómicos, principalmente de tipo monetario, pero el efecto sobre el crecimiento de la producción de esa afluencia de inversión, ha sido cada vez más modesto. En los últimos tres años la inversión privada crece a tasas promedio del 11% cuando el producto interno bruto sólo se incrementa en una tasa de alrededor del 3%. El caso de la inversión extranjera es aún más notable, crece en los últimos tres años a tasas por encima del 80% anual, pero su impacto en la producción y el empleo es poco sensible.
Necesitamos montos altos de inversiones de capital, pero es necesario también una mayor eficiencia productiva de la inversión.
Al propósito de una mayor eficiencia productiva de la inversión, no contribuye la política de inversión pública y de estímulo a la inversión privada que practica el gobierno.
La disminución de la inversión pública en infraestructura y en los sectores productivos en que participa o participaba el gobierno, es una política equivocada que no contribuye a elevar el impacto productivo de la inversión privada. La retirada del Estado con el pretexto de abrir campo a la inversión privada apunta en la misma dirección.
En primer lugar, no siempre es seguro que la inversión pública será suplida en forma eficiente y oportuna por la inversión privada. En segundo
lugar, su canalización hacia los campos de inversión que antes ocupaba el sector público no garantiza el uso más eficiente de los recursos financieros que ha acumulado el sector privado. Por ejemplo, la canalización de cuantiosos recursos financieros a obras de infraestructura de transporte o, pero aún, a la compra de concesiones para operar autopistas, significa una enorme amortización de capitales. Estos recursos financieros podrían ser mucho más productivos si se invirtieran en la creación de nuevas empresas.
Debido a la acumulación de enormes recursos financieros por parte de un pequeño y poderoso grupo de empresarios, proceso que se aceleró durante la crisis de los ochenta, que coincide con la necesidad del crecimiento y reestructuración productiva del país, se requiere una política que induzca a la inversión productiva de esos recursos. El gobierno actual ha reconocido esa necesidad, pero la principal política de estímulo a la inversión privada que practica es la privatización de empresas y actividades que antes pertenecían al Estado. Esa política no ayuda a promover la eficiencia productiva de la inversión privada. El sector privado gasta sus recursos financieros en adquirir empresas ya existentes o en actividades, aunque poco redituables en lo inmediato, de renta segura en el largo plazo, en lugar de invertir en la creación de nuevas empresas, con nuevos productos para abrir o conquistar nuevos mercados. Esta es una de las razones de que no haya una mayor correspondencia actualmente entre el crecimiento de la inversión privada y el aumento de la producción nacional.
El gobierno debe liberar esos recursos del sector privado de la necesidad de aplicarlos en actividades o empresas que el sector público ya ocupa. Así, esos recursos podrían canalizarse hacia una mayor diversificación de mercados y actividades productivas, y contribuir de manera más eficaz a la modernización económica del país.
Lo mismo vale para la inversión extranjera: hay que atraerla a nuevas empresas, no a las ya existentes, para que esa inversión se traduzca en más empleo, producción y progreso técnico, no en un simple cambio de propiedad y en una peligrosa fuente de traslado de utilidades convertidas en divisas.
Por ejemplo, resulta absurdo la disminución que propone el Ejecutivo de los recursos para PEMEX en el proyecto de presupuesto de 1993. En términos reales una disminución del 10.5% respecto del gasto programable que ejerció en 1992.
Esto es absurdo ante el estancamiento de nuestra industria petrolera, ante la creciente necesidad de consumo de petróleo y derivados que en forma expansiva estamos importando. A la vez de absurda, esta política de reducción de los recursos a PEMEX es congruente con la política del gobierno de que sean inversionistas privados, por vía de propiedad o de contratos de servicios, los que ocupen todos los campos de actividad productiva.
Con esa política restrictiva de la inversión pública en la industria petrolera, parece que el gobierno de México quiere convalidar la tesis del Congreso de los Estados Unidos que sostiene que México cuenta con enormes recursos petroleros en su territorio, pero que debido al atraso tecnológico y a la escasez de recursos financieros, al ritmo que va nuestra industria petrolera, antes del año dos mil, no sólo no seremos capaces de proveer a ese país de las cantidades de petróleo que le vendemos, ni siquiera podrá PEMEX satisfacer la demanda nacional del hidrocarburo. De esta tesis, el gobierno de Estado Unidos deriva la urgente necesidad de que México abra la posibilidad de una mayor entrada de empresas extranjeras en la industria petrolera, por vía directa o indirecta, de propiedad o de crecimiento de servicios mediante contratos para exploración, explotación y cualquier otra actividad de esta actividad industrial.
Con la política presupuestaria para PEMEX el gobierno lo que hace es convalidar la tesis del Congreso de Estados Unidos para que se cumpla el deseo y la profecía de nuestros vecinos.
En suma, para agilizar el crecimiento económico y a la vez mejorar la estructura productiva del país, se requiere un impulso de la inversión privada que será más eficiente si se acompaña de una mayor participación de la inversión productiva del sector público. La apertura comercial conducirá al fortalecimiento y modernización productiva del país, sólo si se combina adecuadamente con una activa política de fomento tecnológico y financiero de la agricultura y la industria nacional.
Por las consideraciones anteriores, proponemos los siguientes cambios al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, aparte de los ya señalados para los sectores pesquero y rural:
Respecto de lo presupuestado por el proyecto del Ejecutivo, un aumento para PEMEX y todo el sector energético, de un 8.7%; un aumento para Comunicaciones y Transportes de un 13%, para el sector comercio de un 8.5% y para el industrial de un 10%.
4. POR UNA MAYOR SOBERANÍA POPULAR Y DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA.
Descentralizar y reducir la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del gasto público, son elementos que ayudan a fortalecer la soberanía popular y la de los estados y municipios de la República. Estos criterios también los tomamos en cuenta para orientar nuestra propuesta de cambio presupuestario.
El PRONASOL significa, entre otras cosas, centralización de decisiones de gasto que competen a estados y municipios, y discrecionalidad del Ejecutivo, ya que los recursos presupuestarios que se le asignan a este ramo, se ejercen sin necesidad de la aprobación de programas específicos.
Esta centralización y discrecionalidad no son necesarios para ayudar a la población rural y urbana que vive en pobreza extrema. Tampoco son necesarios, la centralización y discrecionalidad del Ejecutivo para promover la participación de la población en las decisiones de programas y obras que necesitan.
Las metas del PRONASOL corresponden a las funciones específicas de diversas dependencias del gobierno federal que las pueden transferir a estados y municipios; no es necesario que esas funciones se transfieran a una entidad centralizada como es PRONASOL.
La utilización de los recursos destinados al PRONASOL se debe programar en esas dependencias. La participación popular en programación, vigilancia y evaluación del gasto y de las obras públicas, se debe fomentar en todos los programas y planes, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo, no sólo en PRONASOL.
El esfuerzo de atención a la pobreza extrema, se debe multiplicar a través de todas las dependencias del gobierno federal, y de los estados y municipios. En la Secretaría de Educación Pública y en las de Salud, Desarrollo Social, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comercio, Comunicaciones y Transportes, etcétera, y en todos los gobiernos de los estados y municipios, debe haber programas específicos para atender zonas y grupos sociales en condiciones de pobreza extrema y no en un sólo programa centralizado. Esos programas deben ser prioritarios. La atención prioritaria a los más pobres no es un acto de solidaridad, es una obligación esencial del Estado en todos sus niveles.
Por las razones anteriores, nosotros proponemos que los recursos que se destinan al PRONASOL se vayan ejerciendo, mediante programas específicos a través de las dependencias que correspondan, sin crear nuevos aparatos burocráticos. Una parte considerable de ellos, se deben transferir a estados y municipios. Así se va eliminando el carácter presidencialista, electorero y centralista del ramo llamado Solidaridad, y en cambio se fortalece la soberanía que se ejerce en esta Cámara de Diputados, a la vez que la soberanía de estados y municipios. En tanto se realiza esa reasignación mediante programas específicos para ayudar a la población en pobreza extrema, proponemos una disminución de los recursos asignados al PRONASOL. A la vez que un aumento al sector de desarrollo social y a los recursos que se deben entregar a estados y municipios. El aumento que proponemos para transferencia y estímulos es de un 9% respecto del proyecto del Ejecutivo de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993.
A continuación resumimos en los cuadros número uno, dos y tres nuestra propuesta de cambio presupuestario.
CUADRO 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1993
Dar doble click con el ratón para ver imagen
CUADRO 2 GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTAL 1993 (*) RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO (Millones de nuevos pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
CUADRO 3 CUENTA DOBLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO, 1993 (Millones de nuevos pesos)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
CRITICA AL DICTAMEN Y ALTERNATIVAS DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, recibió del Ejecutivo, para su estudio, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, de acuerdo con los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se indica en la primer página del Dictamen que la propia Comisión elaboró en torno a este Proyecto del Ejecutivo, se celebraron "varias reuniones de discusión de los apartados de la política general de gasto y de las políticas sectoriales contenidas en el proyecto de presupuesto, así como para la discusión de la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993". En efecto, estas reuniones se realizaron entre funcionarios representantes del Ejecutivo y
diputados de las distintas fracciones parlamentarias con objeto de analizar con mayor profundidad el documento en cuestión.
Sin embargo, se afirma más adelante en el Dictamen que: "En dichas reuniones, las distintas fracciones parlamentarias que la integran (a la Comisión), presentaron sus argumentos, opiniones y propuestas con las cuales esta Comisión formuló y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente Dictamen".
Es necesario aclarar que aun cuando en el Dictamen se incluyeron ciertos párrafos que informan de manera parcial e incompleta cómo se realizó el debate, de ninguna manera esto implica que efectivamente se hayan tomado en cuenta en la elaboración del dictamen y del decreto las opiniones de los partidos que disintieron del Presupuesto propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, no se consideraron las numerosas propuestas concretas de modificación que los partidos propusieron al Presupuesto de Egresos, como tampoco la argumentación que acompañaba a cada una de estas iniciativas.
Algunos de los rubros más importantes cuestionados por el Partido de la Revolución Democrática fueron el Ramo XXVI, Solidaridad y Desarrollo Regional; y el Ramo XXIII. Erogaciones no sectorizables. También fueron fuertemente criticados el monto del Presupuesto de Egresos, su distribución y el superávit presupuestal que se derivará de la política económica que el gobierno seguirá en 1993.
El presupuesto asignado al Ramo XXVI, Solidaridad y Desarrollo Regional, ascenderá, según lo propuesto por el Ejecutivo, a 7747418 millones de viejos pesos. Como lo hemos señalado en numerosas ocasiones, el Pronasol significa, a diferencia de lo que se afirma, centralización de decisiones de gasto que competen a estados y municipios, y discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de recursos. Ya el propio ingeniero Carlos Rojas, subsecretario para el Pronasol, reconoció que al elaborar el Presupuesto de Egresos no le podrían fijar metas y programas a Solidaridad, en virtud de que, sobre la marcha y a lo largo del año, se van aprobando (o rechazando) peticiones de obras como agua potable, salud, vivienda, proyectos productivos, etcétera, según la demanda de los grupos organizados. Por ello el PRD propone que los recursos que se destinan al Pronasol se vayan ejerciendo, mediante programas específicos, a través de las dependencias que correspondan según el programa específico. En tanto ocurre eso, proponemos una disminución de los recursos asignados a Pronasol, que éstos no sean de 7747.4 millones de nuevos pesos sino sólo de 5 mil millones, y que los recursos restantes se canalicen al sector de desarrollo social y a los estados y municipios.
El Ramo XXIII, Erogaciones no Sectorizables, se constituye por programas especiales del Poder Ejecutivo Federal que no tienen asignación precisa dentro de la estructura orgánica de la Administración Pública Federal y que son de difícil seguimiento, control y supervisión del gasto. En la propuesta de Presupuesto para 1993 este rubro representa 23 163 513 millones de pesos, es decir, el 25.12% del total del gasto del Gobierno Federal y el 11.08% del total del Gasto Programable para 1993.
La propuesta concreta del PRD consiste en destinar mil millones de nuevos pesos de los recursos asignados al programa 8100 (mejor conocido como partida secreta) de Erogaciones no Sectorizables, al sector Desarrollo Urbano y Ecología.
En el Dictamen analizado se asegura: "...el proyecto global del presupuesto para 1993 asciende a 275 mil 532 millones de nuevos pesos, monto que es 0.4% menor en términos reales al cierre estimado para 1992 y que, dada la previsión contenida en la Ley de Ingresos de la Federación, implica un superávit presupuestal que asciende a 18 mil 159.3 millones de nuevos pesos "(1).
El PRD ha sostenido una y otra vez que la política económica debe utilizar sus instrumentos, entre ellos el gasto público, para contribuir activamente en el crecimiento de la actividad económica y del empleo. Por ello, no coincidimos en que el presupuesto se siga manteniendo en niveles de incremento tan reducidos como el que se propone y rechazamos drásticamente el mantenimiento de un superávit que lo único que provoca es profundizar la desaceleración de la economía; tener una menor tasa de crecimiento y en consecuencia lleva a que se genere menos empleo. Esta política del superávit contribuye por tanto, a que en nuestro país aumente el número de desempleados.
Todas estas tesis y propuestas concretas que fueron expuestas por el PRD en las distintas reuniones de trabajo de la Comisión para la elaboración del Dictamen, no fueron tomadas en cuenta. Tampoco se consideraron las propuestas que en lo particular presentó el PRD al Proyecto de Decreto correspondiente:
1. Cámara de Diputados, Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, México, 1992.
MODIFICACIONES QUE EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PROPONE A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1993.
Artículo 2:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Consideramos que esta reasignación de recursos es la más adecuada, dadas las necesidades de un crecimiento integral sano entre la agricultura, la pesca y la industria; de una educación que dignifique a los mexicanos; y de una política social que responda a las necesidades básicas de la población, canalizando los recursos a través de los organismos gubernamentales correspondientes.
Varios grupos parlamentarios coincidieron en incrementar considerablemente el presupuesto del sector desarrollo rural. Sin embargo, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública se limitó a asegurar que "No obstante el crecimiento real del gasto programable, los miembros de la Comisión manifestaron su preocupación por aumentar el gasto de inversión en el campo mexicano. Se consideró que el sector rural demanda la ejecución de acciones inmediatas y una canalización más amplia de recursos que permitan su capitalización para incrementar sus niveles de producción y productividad, así como el nivel de bienestar de los campesinos" (pág. 9).
Resulta sorprendente que a pesar de que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública haya reconocido la necesidad de incrementar los recursos al campo no se haya ni siquiera propuesto aumentar un solo peso viejo o nuevo a este sector.
Artículo 4o:
Se propone que se considere un rango amplio de flexibilización presupuestaria para el Poder Legislativo, así como los montos y necesidades tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores a fin de fijar recursos más adecuados para cada una de estas Cámaras.
Esta propuesta no fue tomada en cuenta tampoco, no se fijó una cantidad mayor para la reconstrucción ni se redistribuyeron los recursos que corresponden a la Cámara de Diputados y a la de Senadores. Sin embargo, al coincidir los diferentes grupos parlamentarios en la necesidad de continuar con el proceso de reconstrucción del Palacio Legislativo esta preocupación quedó asentada en el Dictamen que la Comisión elaboró: "Las diversas fracciones parlamentarias que intervienen en la Comisión coincidieron en el interés por asegurar la continuidad del proceso de reconstrucción del Palacio Legislativo" (pág. 4).
Artículo 6o:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Artículo 7o, penúltimo párrafo:
Se propone que se elimine:
"...Adicionalmente podrá amortizar (el Ejecutivo Federal) deuda pública hasta por el monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal".
Consideramos que el superávit presupuestario limita el desarrollo de la economía y empobrece más a las mayorías al no regresar el gobierno al pueblo, en forma de gasto social, los recursos que recogió de la sociedad.
En este apartado concede el Ejecutivo la posibilidad de hacer un uso discrecional de estos recursos.
Artículo 8o:
Se propone considerar una partida suficiente que garantice la realización satisfactoria del programa nacional de fotocredencialización para el levantamiento del Padrón electoral.
Referente a esto la Comisión incluyó en el Dictamen un párrafo que a la letra dice: "Por la relevancia de este asunto, los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública manifestaron su preocupación y destacaron la importancia de asegurar que las metas correspondientes a la fase intensiva del programa de credencial de elector con fotografía se cumplan" (pág. 5).
Sin embargo, en el proyecto de Decreto no quedó asentada esta preocupación por el avance democrático en el país.
Artículo 13:
Se propone eliminar el último párrafo que a la letra dice:
"Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo 00023 Erogaciones no Sectorizables".
Sostenemos que el concepto 8100 del Ramo 00023 Erogaciones no Sectorizables concede un alto grado de discrecionalidad en el manejo de esos recursos por parte del Poder Ejecutivo.
A esto el Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública contestó: "En el diálogo sobre el particular (Ramo 00023) se aclaró que en el tomo II, volumen B correspondiente a los Ramos Generales aparecen desagregados los conceptos, los montos y los fines específicos de los recursos incluidos en este ramo. Sin embargo, algunos partidos solicitaron mayor información al respecto. Por parte de esta información concluye que las asignaciones corresponden a programas prioritarios de reactivación al campo, de apoyo al desarrollo regional y previsiones para gastos de inversión y contingencias naturales tales como inundaciones y sequías. Que otra de sus partes está constituida por el paquete salarial, que si bien tiene una estimación preliminar y una asignación global en los distintos sectores, por sus características sólo puede determinarse su asignación específica en el curso del ejercicio" (pág. 13).
Sin embargo, insistimos que la desagregación que proporciona el tomo citado no indica con ninguna claridad a qué proyecto específico se destinarán los recursos. Por ejemplo, el programa reactivación al campo debería por lo menos indicar a qué regiones se canalizarán, qué productos abarcarán y a cuántas personas afectarán. Es por
ello que no puede más que concluirse que la discrecionalidad de que goza el Ejecutivo en el manejo de estos recursos es rechazable.
Artículo 14:
En la medida de que este artículo permite a la SHCP la posibilidad de autorizar erogaciones adicionales y que por lo tanto constituye un cheque en blanco para el Ejecutivo, proponemos que se incluya un porcentaje razonable del 5.0% sobre las partidas aprobadas por el Congreso de la Unión.
Artículo 15:
En la medida que este artículo permite a la SHCP efectuar reducciones a los montos de los presupuestos aprobados, proponemos limitar a 5.0% los recortes al Presupuesto.
Sabemos que es necesario un rango de flexibilidad para alcanzar los objetivos propuestos en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos. No obstante, si partimos de la idea de que supuestamente el Presupuesto se fija con base en estudios de planeación, la Cámara de Diputados no puede aceptar modificaciones profundas al Presupuesto que por ley debe aprobar.
Artículo 18:
Este artículo otorga también facultades discrecionales en el uso de cerca de 100 billones de viejos pesos al ejecutivo, a través de la SHCP. Por ello proponemos dos cambios.
1) a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
2) incluir párrafos adicionales al propio artículo en cuestión que limiten a 5.0% los cambios en las asignaciones presupuestales que puede realizar la SHCP aprobadas por el Congreso a que hace referencia este artículo.
Artículo 22:
Estamos de acuerdo en que los gastos de administración de las dependencias y órganos de gobierno disminuyan si esto no afecta la realización de programas y la prestación de los servicios.
Artículo 26:
Los criterios para regular la autorización de transferencias por la SHCP que señala este artículo nos parecen insuficientes.
Artículo 27:
Este artículo permite a la SHCP ejercicios muy diferentes del presupuesto autorizado, así como transferencias de un sector a otro e impide realizar, en términos satisfactorios, una verificación del ejercicio. Por ello es necesario limitar éstos al 5.0% sobre lo presupuestado a fin de limitar estas autorizaciones.
Artículo 29:
Los objetivos que persiguen los convenios entre las entidades paraestatales, la SHCP, la Contraloría General de la Federación y la respectiva dependencia coordinadora del sector, son válidos pero insuficientes, además de que permiten recortes en el ejercicio del presupuesto.
Artículo 32:
Este artículo permite la posibilidad de continuar con políticas de austeridad que en nombre de la productividad y la eficiencia sacrifican el crecimiento de diversas dependencias y entidades del gobierno y a su vez el desarrollo de la economía.
Nos parece poco definido el criterio de la posibilidad de transferir los remanentes de entidades y dependencias a otras entidades. Proponemos limitar a 5.0% las facultades de la SHCP en este rubro y sólo excepcionalmente y por causa fundada podría superarse este tope.
Artículo 38:
Consideramos que los informes trimestrales sobre la evaluación del ejercicio sobre la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, que la SHCP debe realizar, son insuficientes y poco rigurosos en el análisis. Por ello proponemos que mejoren sustancialmente su contenido. Además, no se otorga ninguna facultad al Congreso fuera de la posibilidad de revisar los informes.
Consideramos que el Congreso debe tener la facultad de solicitar aclaraciones sobre las irregularidades así como de fincar las responsabilidades correspondientes.
Por ello se propone modificar también el artículo 40 de esta iniciativa de Decreto para facultar a la Cámara de Diputados a efectuar recomendaciones en materia presupuestal al Ejecutivo Federal en base a los informes trimestrales a que hace referencia el artículo 38 de este Decreto.
Artículo 39:
Se propone eliminar los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 del referido artículo.
En la medida de que constituye un cheque en blanco para que el ejecutivo pueda escindir todas las cantidades paraestatales que no fueron creadas por Ley o Decreto del congreso de la Unión y que son la mayoría.
Proponemos también que la desincorporación de cualquier entidad paraestatal sea autorizada por el Congreso de la Unión y en su momento del PRD propondrá los cambios pertinentes en la Ley Federal de entidades Paraestatales.
Es así como a pesar de que hubo una apertura en las reuniones de trabajo no se consideró ninguna propuesta ni se modificó ni un nuevo o viejo peso.
Encontramos aquí otra seria manifestación de la subordinación del Legislativo ante el Ejecutivo. El Congreso de la Unión, por conducto de la mayoría priísta, es incapaz en los hechos de modificar cualquier proyecto que provenga del Ejecutivo, aun cuando se demuestre la necesidad de las modificaciones propuestas y coincidan en ello todos los grupos parlamentarios, incluso la propia fracción priísta, como fue el caso de esta iniciativa.
Resulta indispensable rescatar el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en el artículo 39 la residencia de la soberanía nacional en el pueblo, en el 41 el ejercicio de esta soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y en el 49 la división del Supremo Poder, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Queda clara así, la posición de igualdad entre los tres poderes de la Unión. No vivimos un régimen parlamentario pero de ninguna manera un régimen presidencialista. Exigimos, por ser representantes del pueblo y por la lucha que venimos sosteniendo por la democratización del país en todos los niveles, el pleno respeto al Legislativo y para ello debemos comenzar por rescatar las facultades del Legislativo frente al Ejecutivo.
ANÁLISIS SECTORIAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1993.
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
El presupuesto asignado al sector educación para 1993 es de 44 billones 566 mil millones de pesos, cifra superior en 14.9 por ciento en términos reales respecto al gasto de 1992. El presupuesto para 1993 en el sector educación en términos reales es el más elevado en los últimos trece años. Este registro de incremento positivo ya era estrictamente necesario, pues fue hasta 1992 cuando se superó el gasto real de 1982, ya que desde 1983 hasta 1991 los montos asignados a este rubro no superaban el gasto realizado en 1982.
Además, el incremento en el presupuesto real para este sector se estableció como un compromiso en el reciente IV Informe de Gobierno, en el que se dijo que en los próximos dos años, los últimos del actual sexenio, la cantidad de recursos económicos asignados a la educación crecerán en términos reales.
Esta situación debería ser permanente, sin embargo, probablemente se incrementará el gasto real educativo sólo en los próximos dos años.
Por otra parte, en cuanto a la participación de este sector dentro del PIB en 1982 era del 3.7 por ciento y para 1993 será el 3.9 por ciento. Es decir, en 1993 se espera alcanzar los niveles que se tenían hace más de 10 años. Asimismo se está aún muy lejos de alcanzar la recomendación de la UNESCO de destinar el equivalente al 8 por ciento del Producto al gasto en educación.
Se ha dado una negativa del oficialismo para establecer como mandato constitucional la obligación del Estado de proporcionar no menos del 8 por ciento del PIB como presupuesto para la educación. Lo cual, sería, de aprobarse, una forma de evitar que a capricho de funcionarios que cambian constantemente, o a eventuales desequilibrios económicos, el monto destinado a este renglón sufra variaciones negativas, que impidan el cumplimiento de los objetivos programáticos y sociales de este sector tan importante para el país.
En general, el presupuesto para 1993 se incrementará en términos reales, lo cual no puede calificarse como la política más adecuada, por que aún así es insuficiente la asignación presupuestal para revertir los rezagos acumulados por años de recesión, austeridad y decrementos reales del presupuesto, así como de una administración deficiente. En todo caso, el gasto incrementado es sólo uno de los pasos para mitigar en cierta medida el grave deterioro social al que hemos llegado.
Dentro de este contexto, aún con el aumento respecto a años anteriores del presupuesto
asignado al sector educativo sigue siendo insuficiente para revertir los rezagos y las caídas reales de gasto durante la década anterior y principios de la presente, todo lo cual provocó un retroceso en la calidad y resultados concretos.
1. La matrícula a nivel Primaria en 1993 aumentará en 0.7 por ciento respecto a 1992, pero será inferior en un 5.6 por ciento respecto a 1984. En cuanto a la Secundaria disminuirá respecto a 1989 en un 3.1 por ciento. Además, aunque con el incremento del presupuesto se pretende elevar la atención a la población, todavía es muy deficiente, pues el porcentaje de atención educativa a la demanda de servicios educativos escolarizados es de alrededor del 60 por ciento, es decir, sólo 60 de cada 100 personas en edad de encontrarse en algún nivel educativo disfrutan de esa atención.
2. Dentro de los objetivos de la política de gasto presupuestal para 1993 se encuentra señalado que de manera especial se realizarán acciones orientadas a la modernización de la educación. Este planteamiento se ha manejado desde el principio de la presente Administración, aunado a la elevación de la calidad educativa. La formulación de objetivos como modernización y elevación de la calidad educativa son inobjetables. Estamos de acuerdo. El problema radica en que durante los cuatro años de la actual Administración, la Secretaría de Educación Pública ha hecho exactamente lo contrario.
Se ha cambiado desordenadamente por una vía que degrada la calidad formativa de la educación básica, que el pilar de la educación general.
Se han elaborado planes y discursos, que sólo se han quedado como meros documentos confusos, llenos de trampas ideológicas y totalmente imprácticos para la Nación. Además, para mencionar un aspecto concreto de este proceso, se han elaborado y sometido a prueba textos para la enseñanza Primaria, los cuales son los instrumentos de reforma que realmente llegan a las escuelas y se convierten en recurso cotidiano de trabajo de niños y maestros.
Por citar sólo algunas cifras antes de comentar el contenido de los nuevos libros, mencionaremos que para 1993 la producción de libros de texto gratuitos será de 93.1 millones de ejemplares, cifra superior en apenas 1.1 por ciento respecto a 1992 e inferior en 2.6 por ciento respecto a 1983, a pesar de la importancia que tienen en la educación básica estos libros.
Los nuevos textos han causado en amplios círculos intelectuales y científicos una gran alarma, debido a que no resisten el más superficial análisis crítico. Estos libros ya están en manos de alumnos y maestros de 4o. y 5o. grado de Primaria. Esperamos sean retirados de circulación, pues su lectura nos revela que están redactados desde la perspectiva del gobierno, son demasiado oficialistas y parciales con la realidad nacional, y en general se observa una ausencia de intención formativa, ya que desde el plano pedagógico son en extremo deficientes por repetitivos y por estar fundados en el memorismo, más que en la reflexión y el análisis.
Consideramos que sí es necesario revisar y actualizar los libros de texto. Esta tarea requiere una obra educativa inteligente y creativa. En nuestro país, contamos con gente capaz de ello, maestros competentes, profesionistas preparados, educadores con ideas y científicos dispuestos a colaborar. Esta gente debe ser convocada y la participación de todo este potencial humano daría pasos para lograr la verdadera modernización educativa.
3. Otro renglón fundamental de la educación en México, es una educación superior. Dos instituciones importantes de este nivel, para citar algunos ejemplos, la UNAM y la UAM verán reducida su asignación de recursos en términos reales en un -13.3 por ciento y un -4.5 por ciento respectivamente. Su variación negativa es contraria a la tendencia del presupuesto general en el rubro educativo.
Esta decisión política de disminución de recursos repercutirá adversamente en la ya de por sí difícil situación que vive la educación superior en nuestro país.
Una observación muy importante es que año con año las instituciones de educación superior no brindan atención a la población demandante. Así, en el ciclo escolar 1979-1980 el porcentaje de atención a la demanda era de 90.3 por ciento y en el ciclo 1991-1992 disminuyó a 66 por ciento, esto es, una reducción de aproximadamente la tercera parte en doce años. Esto se ve reflejado en la cantidad creciente de jóvenes que desean estudiar y que las deficiencias educativas de atención a la demanda les impide ingresar a las Universidades del país.
En general, el presupuesto para 1993 nuevamente se incrementará en términos reales, lo cual no puede calificarse como la política más adecuada, porque aún así es insuficiente la asignación presupuestal para revertir los rezagos acumulados por años de recesión, austeridad y reducciones en términos reales del presupuesto, así como de
una administración deficiente. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática propone que el gasto programable para el sector educación para el ejercicio fiscal de 1993 sea de 49 billones 523 mil millones de pesos. Este incremento implica que el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación sea modificado en diversos artículos donde se cita a la educación pública para quedar como sigue:
Artículo 2:
00011 Educación Pública... N$ 23,688,079,400
Artículo 3:
Aportaciones para Educación.................. N$ 22,576,290,000
La situación actual de la educación en muchas partes de nuestro país se caracteriza por la existencia de gran cantidad de escuelas unitarias, aulas improvisadas, baja o nula existencia de material didáctico y de trabajo, altos índices de deserción y reprobación, y peor aún, muchas comunidades ni siquiera cuentan con una escuela. Es necesario terminar con estos atrasos. El presupuesto incrementado no es la panacea para combatir los rezagos. En todo caso el aumento real del gasto es sólo uno de los pasos para mitigar el grave deterioro social al que hemos llegado y con el que ya no es posible continuar.
SALUD
1. Uno de los principales retos que se ha propuesto vencer la actual Administración se ubica en el terreno de la política de desarrollo social dentro de la cual se localiza el Sector Salud.
Para 1993 a este sector se le ha asignado un monto presupuestal de 47 billones 643 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento del 12.8 por ciento respecto al presupuesto asignado en 1992. A pesar de este incremento su participación dentro del PIB en 1993 será del 4.2 por ciento, todavía por debajo de la proporción recomendada por organismos internacionales de destinar al Sector Salud el 6 por ciento del Producto.
Así, aunque es innegable lo necesario de elevar el gasto en Salud en términos reales como requisito básico para enfrentar los retos que las tareas del sector imponen, también es cierto que una solución pronta y satisfactoria para atender las necesidades en Salubridad de las mayorías no consiste sólo en incrementar el monto de los recursos, sino también en su asignación oportuna y eficiente.
2. El sector en general presenta un defecto que durante varios años hemos hecho notar. El modelo de servicio en nuestro país, se puede caracterizar como curativo tardío y escasamente prevencional. Es un modelo de atención fundamentalmente de reparación, que actúa sobre las causas del daño, y no tiene incidencia directa sobre la salud de la población, sino sobre la enfermedad y la muerte, a pesar de que la inversión para conservar la salud rinde más que el costo para curar la enfermedad.
A pesar de que en el presupuesto para 1993 se nos dice que se fortalecerán las actividades de medicina preventiva, el porcentaje del gasto total asignado a la atención preventiva y curativa, será del 10 por ciento y del 40 por ciento respectivamente. A la última se le asignaran 4 veces más recursos que a la primera.
Esta situación que año con año se repite ha provocado resultados negativos en los indicadores de atención a la población mexicana en materia de salud, comparado con otros países.
Así, según datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la CEPAL en 1991, el índice la mortalidad en México es del 35.2% por cada mil niños nacidos vivos. En Argentina es del 28.8%, en Panamá del 20.8%, en Chile del 16.8% y en Jamaica del 14%, por citar algunos ejemplos.
Otro dato indicador de nuestro nivel en el rubro de la salud es el de niños nacidos con poco peso. Según el Banco Mundial, México registra un nivel anual del 15% de niños que nacen con un peso inferior a 2 mil 500 gramos. La explicación que este organismo nos da sobre este indicador, es que el poco peso al nacer suele estar relacionado con la mas nutrición de las madres y en general hace aumentar el riesgo de mortalidad de estos niños y afecta adversamente a su crecimiento en los primeros meses de vida y en la niñez, lo que eleva la incidencia de otros tipos de atraso en el desarrollo.
El mismo nivel que tiene México del 15%, lo registra también Mozambique, considerado el país más pobre del mundo, según el Banco Mundial.
3. Asimismo, el sector presenta fallas en la orientación de atención a la población, ya que se observa la aplicación de una política social selectiva que otorga una mayor atención a las instituciones que atienden a la población derechohabiente que a las instituciones que
atienden a la población abierta, las cuales pueden penetrar más ampliamente en zonas marginadas con centros asistenciales básicos.
Lo anterior no quiere decir que deben restarse recursos al IMSS o al ISSSTE, sino que deben buscarse los medios más rápidos para atender a los individuos o grupos más desprotegidos.
La mayor atención a la población derechohabiente la reafirman los siguientes datos: concentra el 70% de las consultas externas y el 65% de personal médico. Mientras que la población abierta concentra el 30% de las consultas externas y el 35% del personal médico.
También dentro del mismo ámbito de derechohabiente se observa una diferencia muy grande de atención a las zonas urbanas y rurales, pues en el caso de los asegurados del IMSS, en 1992 los asegurados permanentes en el sector urbano representaban al 85.5% del total, mientras que los asegurados del sector rural sólo representaban el 2.9%.
Consideramos que una política de orientar la política social hacia la población de escasos recursos, debe incluir el ampliar la infraestructura de atención a las diferentes zonas del país, esto es, convertir la prestación de los servicios públicos en una acción de carácter universal, es decir, con una cobertura institucional que abarque a los núcleos de la población más necesitada de estos servicios.
Asimismo, la calidad en los servicios debe ser homogénea, lo cual significa atender tanto a los ciudadanos que ya cuentan con servicios públicos de salud como a los que aún no los tienen, con el mismo grado de eficiencia, oportunidad y calidad humana.
Para conseguir lo anterior es necesaria la integración de un nuevo sistema nacional de salud, con objeto de que los beneficios de los actuales derechohabientes se extiendan a todos los sectores de la población mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido de la Revolución Democrática propone que el gasto programable para el sector salud para el ejercicio fiscal de 1993 sea de 49 billones 523 mil millones de pesos. Este incremento implica que el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación sea modificado en diversos artículos donde se cita a la salud pública para quedar como sigue:
Artículo 2:
00012 Salud N$ 4,980,000,000
Artículo 6:
ISSSTE N$ 8,185,685,000
IMSS N$ 31,485,018,000
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
El Sector Desarrollo Urbano y Ecología, considerado desde 1992 dentro del Desarrollo Social recibirá una asignación presupuestal para 1993 de 3 billones 494 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento del 26.8 por ciento en términos reales respecto al presupuesto de 1992. Sin embargo, el presupuesto para el año fiscal de 1993 será menor en 31.7 por ciento respecto al presupuesto asignado al mismo en 1987.
La proporción porcentual de este sector dentro del PIB es muy pequeña, será del 0.31 por ciento en 1993, y en 1987 fue del 0.54 por ciento, la cifra más elevada que ha alcanzado este rubro en los pasados seis años. Estas cifras nos muestran las asignaciones tan pequeñas que recibe este sector a pesar de que sus funciones son básicas y vitales para la población mexicana, por lo cual debería considerársele como un sector prioritario. Sin embargo, dentro del gasto programable para 1993 representa sólo el 1.8 por ciento del total.
Con lo anterior puede observarse claramente la mínima atención que ha recibido este rubro por parte del Gobierno Federal, lo cual se refleja por las pequeñas asignaciones de recursos así como por las múltiples carencias y deficiencias que caracterizan a este sector.
1. Así, para 1993 se propone eliminar a la vivienda como programa gubernamental, renglón que hasta 1992 pertenecía al sector que estamos analizando. Se le permitirá participar ahora libremente a la inversión privada. En el tomo I del Proyecto de Presupuesto de Egresos en la página 75 se muestra esta situación: "El Gobierno Federal y los organismos públicos involucrados con la misma dejan de construir vivienda y de ser propietarios de reservas territoriales, para fortalecer su papel de fomento y así encauzar los esfuerzos de los sectores social y privado en la edificación de la vivienda". Aunque se mencione la participación del sector social, se sabe que son los grandes capitalistas privados los que realmente pueden financiar la construcción de viviendas, lo cual las encarecerá enormemente.
Esta decisión de eliminar los apoyos directos gubernamentales para la adquisición de vivienda
dificultará que las familias que carecen de ella puedan conseguir tener una propia.
Durante los últimos 12 años se ha mantenido constante la proporción entre la vivienda propia y no propia, esto es, del 67 por ciento y 33 por ciento respectivamente. Esto significa que se tienen que reforzar los trabajos de INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO y organismos afines para avanzar o cubrir esta necesidad de nuestra población, pues una gran cantidad de personas no poseen una vivienda y tienen que alquilarla. Otra características que se está incluyendo en estos organismos para la construcción de casas para la población, es que ahora están conectadas con la banca comercial para otorgar los créditos de vivienda, lo cual encarece aún más la adquisición de las casas para los trabajadores y por tanto, se obstaculiza la construcción de casas propias para la mayoría de la población mexicana.
Así, de 1970 a 1992 las viviendas no propias han aumentado en un 26.8 por ciento. Además, actualmente del total de viviendas, el 67 por ciento es de 2 cuartos, el 27 por ciento es de 3 a 5 cuartos y sólo el 6 por ciento es de más de 5 cuartos.
Con estos datos se puede observar que el problema de la vivienda es muy grave, y con la nueva disposición de dejar esta tarea al sector privado será difícil que la población pueda adquirir sus casas propias por el encarecimiento de las mismas. Asimismo no se cumplirá con el mandato del artículo 4o. constitucional de que todos los mexicanos deberán disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
2. Por otra parte, se sabe que la capacidad del sector privado para expandirse es fuerte sobre todo cuando la rentabilidad de sus inversiones es alta.
No entendemos cómo se ha insertado al Sector Desarrollo Urbano dentro del Desarrollo Social donde se supone se encuentran las áreas que benefician a la población directamente sobre todo en lo que se refiere al bienestar social. A quien están beneficiando o logrando su bienestar no es a la población en general sino a los grandes capitalistas. Rubros del desarrollo urbano que antes atendía el sector público exclusivamente, poco a poco los está absorbiendo el sector privado. Áreas como la infraestructura básica, y de provisión de servicios necesarios tales como carreteras, puertos, aeropuertos y obras eléctricas, en las que antes sólo invertía al sector público, en muy poco tiempo ya forman parte de las inversiones privadas. Así lo prueba la afirmación que se hace en los Criterios Generales de Política Económica para 1993 en la página 40: "Mientras que en 1988 la inversión del sector privado representó menos del 1 por ciento del total, para 1993 esta proporción alcanzará aproximadamente el 50 por ciento".
3. Finalmente otro rubro atendido por este sector es el ecológico. En este renglón es donde debería participar el sector privado, sin embargo, no es rentable para sus intereses, por ello en él los capitalistas intervienen sólo contaminando.
Cabe aclarar que el interés gubernamental por los aspectos ecológicos o ambientales se ha dado debido a la presión social como consecuencia de pronunciamientos de instituciones, organismos especializados y de la misma ciudadanía. Las causas principales del deterioro ambiental han sido el crecimiento urbano industrial no planificado, fuertemente orientado a la rentabilidad del corto plazo y ante una legislación deficiente o sin aplicar, todo lo cual ha influido notoriamente en la situación actual de la Ciudad de México, y ya se resienten efectos similares en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Coatzacoalcos, entre otros lugares de nuestro país.
En cuanto al presupuesto correspondiente para atender estos problemas, parece reflejar que su orientación estará encaminada a acciones correctivas más que a las preventivas del deterioro. Atacar la contaminación es un prioridad incuestionable. Sin embargo, ello no debería suplir lo que también es otra urgencia: frenar y revertir expresiones del deterioro ambiental que están teniendo consecuencias muy graves. Esto se refleja por la poca atención que reciben los programas de reforestación, recuperación de suelos, conservación de ecosistemas, protección de flora y fauna y otros objetivos básicos para prevenir la grave contaminación que tanto nos afecta.
Esto es producto de la actitud general de los funcionarios públicos que tienen un horizonte temporal de acción, al final del cual están más preocupados en su "porvenir y fines políticos", y por otra parte, la iniciativa privada no está muy interesada en el asunto, por lo tanto, el compromiso de velar por las cuestiones ecológicas termina recayendo en la sociedad civil.
Es urgente que todos los sectores de la sociedad participen activamente, no sólo en la corrección, sino mas importante aún, en la prevención de este problema que a corto y mediano plazo nos afecta a todos.
Es necesario descentralizar las industrias que tan fuertemente se han concentrado en las ciudades, multar drásticamente a las empresas contaminantes y con el uso de tecnología y métodos adecuados, reducir la contaminación que provocan.
En el caso del transporte sería muy conveniente promover el servicio público de vehículos con equipo anticontaminante, trenes ligeros, impulsar los tranvías y trolebuses. El metro debe crear nuevas lineas que alienten a dejar el automóvil en casa.
Si no hay un transporte público eficiente, no se podrá alentar el dejar de usar vehículos particulares que son otra fuente notable de contaminación.
Consideramos que lo hecho hasta ahora es insuficiente. No se ha entrado al problema de fondo, y no es que pidamos soluciones mágicas y sin costos. Concedemos la gradualidad a cualquier medida. Sin embargo, es necesario una mayor participación no sólo del sector social que es el que más ha trabajo en este sentido, sino también se requiere mayor colaboración del sector privado y como rector y eje de las acciones a realizar a mediano y largo plazo al sector gobierno.
Por todo lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática propone que el gasto programable para el sector desarrollo urbano y ecología para el ejercicio fiscal de 1993 sea de 5 billones 478.2 mil millones de pesos. El incremento que se propone respecto al estipulado por el Poder Ejecutivo Federal representa un aumento de 1 billón 984.2 millones de pesos (1,984.2 millones de nuevos pesos). Esta cantidad se destinará en parte al programa de vivienda que el Gobierno Federal deberá seguir apoyando. Rechazamos que el gasto público se retire de este rubro tan importante para la población.
Así, el presupuesto incrementado que se propone tendrá el siguiente destino:
Programa de vivienda en el Distrito Federal:
N$ 500 millones
Programa nacional de vivienda:
N$ 500 millones
Programa 3Z: Regulación y preservación de ecosistemas (Proyecto Coatzacoalcos, Veracruz. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Meseta Tarasca, Michoacán. Subprograma: Preservación y restauración de ecosistemas, apoyar y conservar áreas naturales protegidas): N$ 984.2 millones.
DESARROLLO RURAL
El sector desarrollo rural ha sido uno de los más castigados en los últimos diez años por la actual política económica neoliberal. Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1993 se propone un incremento real del 9.3% respecto a 1992, año, éste último, en el que ya se había dado un incremento respecto a 1991.
Durante todo el sexenio anterior, y los tres primeros años de la actual administración se mantuvo castigado presupuestalmente a este sector, al grado de que en 1991 se llegó al punto mas bajo de su presupuesto real en más de una década.
El gasto programable en este sector ascendió a 152.2 miles de millones de pesos constantes de 1980 en el año de 1981, año en que se registró el montó mayor de recursos para el sector en por lo menos los últimos 12 años, representando el 3.13% del PIB. Sin embargo, sólo un año después, descendió a 123.2 miles de millones de pesos de 1980, es decir, registró un decremento real del 19.05% constituyendo el 2.55% del PIB. Esta disminución continuó a pesar de los severos problemas que presentó el campo hasta llegar a alcanzar en 1991 un monto de sólo 44.7 miles de millones de pesos constantes de 1980, lo que implicó una reducción del 70.63% respecto a 1981, representado sólo el 0.82% del PIB.
Por su parte, el gasto real por habitante en el sector desarrollo rural alcanzó su punto máximo en 1981 también, ascendiendo a 2 166.3 pesos de 1980. A partir de este año desciende sistemáticamente hasta alcanzar en 1991 su nivel más bajo, 542.2 pesos de 1980, lo que equivale a una disminución del 74.97% respecto a 1981 (2).
De esta forma, la producción de los diez principales cultivos del país en 1991 fue de 24 millones 220 mil toneladas, lo que significó un decremento del 12.9% respecto a 1990 (3).
Otra de las manifestaciones más graves de la crisis agrícola es la falta de progreso técnico en
2. Ibid.
3. SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1991, México, 1992.
el campo, que se expresa en el estancamiento de los rendimientos por hectárea de los principales cultivos de 1980 a 1992 no hubo aumentos significativos en los rendimientos por hectárea de prácticamente ninguno de los cultivos básicos. En este caso encontramos el maíz, cuyo rendimiento por hectárea fue de 1.8 toneladas en 1980 y de 1.9 en 1992; al frijol, cuyo rendimiento bajó de 603 kilos por hectárea en 1980 a 565 en 1992, lo que representa una disminución del 6.3% a pesar de "apoyo" que está recibiendo este sector; al cártamo que se redujo de 1.1 toneladas por hectárea en 1980, a sólo 536 kilos en 1992, lo que equivale a una reducción del 51.3%. En los demás cultivos los rendimientos se mantuvieron a la baja excepción del arroz palay, la semilla de algodón, el sorgo y la cebada (4).
Todos estos indicadores demuestran claramente que ha sido en la actual administración donde el apoyo al campo ha tenido los niveles más bajos, incluso respecto al sexenio delamadridista, conocido como "el sexenio del sacrificio" (del pueblo). Los efectos más evidentes de este abandono al campo son la agudización de la miseria en que viven los campesinos, la disminución en la producción, el incremento alarmante de los índices de desnutrición en el país y el aumento en la dependencia alimentaria respecto del exterior.
En el PRD hemos sostenido que el abandono al desarrollo rural ha sido una política deliberada del gobierno en los último diez años. Contribuir a la ruina del ejido para luego flexibilizarlo por vía legislativa; debilitar todos los instrumentos públicos de fomento al sector agropecuarios, para abrir campo a su privatización; dejar que avanzara la descapitalización del campo para justificar su entrega a la mano salvadora del gran capital mercantil y financiero nacional y extranjero, ha sido una política perversamente practicada desde el sexenio anterior.
Es así como hoy el gobierno asegura que la solución al problema de la descapitalización del campo se encuentra en las reformas a la legislación agraria impulsadas a finales de 1991 y principios de 1992, cuyo objetivo es propiciar la entrada de capital externo al sector. Para justificar esta política ha culpado el ejido y a la propiedad social en el campo de la grave crisis que padece el sector.
El gobierno no ha considerado a la inversión pública, a la banca de desarrollo y otras instituciones culturales formadoras del capital humano como elementos que pueden aportar un fuerte apoyo al campo.
Por ello es que a partir de la reforma al artículo 27 de la Constitución se inicia la recuperación del apoyo oficial al campo. Constituyéndose, así, el año de 1992 como el "año uno" del proyecto salinista, que necesitaba para su arranque la reforma a toda la legislación agraria. Así lo confirma el triunfalismo con que Salinas habló de este sector en el IV informe de Gobierno, al afirmar "el incremento de la inversión pública y privada y el esfuerzo de los hombres del campo permitirán en 1992 cosechar 25 millones de toneladas de los diez cultivos básicos". Lo que no dijo es que esos 25 millones significan un millón menos de las toneladas cosechadas en 1991, lo que da un decrecimiento adicional en la producción del 4.1%.
Mientras persistan las causas económicas que tienen postrada a la agricultura nacional, el gran capital privado nacional y extranjero no va a acudir al salvamento del sector. Estos cambios no sirven para superar la crisis actual, en cambio serán útiles para cuando en el futuro halla condiciones en el entorno macroeconómico para el resurgimiento agrícola. Entonces, los dueños del gran capital y no los campesinos, serán los beneficiarios de una nueva edad de oro de la agricultura mexicana. Esa el la importancia de la contrareforma salinista en el campo.
El PRD, en desacuerdo absoluto con estos objetivos, ha propuesto un programa alternativo de resurgimiento de la agricultura que a partir de un diagnóstico objetivo, empiece por revertir cada una de las causas que han determinado la crisis actual. Una política de precios y apoyos oficiales y financieros que superen la aguda caída que han sufrido en la última década; como contexto indispensable, un mercado interno más dinámico, derivado de una mayor capacidad de compra de los trabajadores; una racionalización de la apertura en función de la defensa de nuestros productores; y una política económica y social que tienda a disminuir la polaridad de nuestra estructura agraria; que se diferencie la política de apoyos para que beneficien a los segmentos productivos más carentes de recursos. Al mismo tiempo, hemos propuesto una reforma institucional, para un manejo más eficiente y democrático de los recursos destinados al campo, con la participación efectiva de los propios productores.
Por lo pronto, para este sector proponemos en lo inmediato un incremento del 10% respecto
4. Salinas, Carlos, IV Informe de Gobierno, 1992, México, 1992.
del presupuesto por el gobierno salinista para 1993.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
En este sector presupuestario se pone de manifiesto de manera muy clara el intencionado retiro relativo del gobierno en áreas fundamentales de inversión productiva.
El presupuesto al sector de Comunicaciones y Transportes de 1993 es menor al de 1992 en 4.6%.
La acentúa así como tendencia descendente, que viene desde hace una década, ya que en 1983 el gasto del sector, descontando a Telmex y Aeroméxico, era 33% superior en términos reales que el programado para 1993.
El presupuesto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos (CPFISC) para 1993 es menor en 37% que el de 1992. Asimismo hay una reducción del 13% para Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y de 8% para Ferrocarriles Nacionales.
Se expresa así la intención del gobierno de que sea el sector privado el que acuda a invertir en el sector para modernizarlo y adecuarlo a las nuevas necesidades que generará el Tratado de Libre Comerció. Esta política es congruente con las modificaciones a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que propicia una mayor participación del sector privado en la construcción y en la operación de carreteras y puentes de cuota. Se favorece incluso la concesión de la operación de caminos de cuota ya existentes. El Gobierno se retira de la construcción de nuevas carreteras, para que en lo sucesivo todas las nuevas autopistas sean negocios privados.
El abandono de los Ferrocarriles tiene la misma intención privatizadora.
ENERGÉTICOS
La importancia del sector energético no sólo reside en su aporte como abastecer de energía y de materias primas para la industria, sino también por los ingresos que esta actividad genera tanto para el equilibrio de la balanza de pagos, como por su aporte a las finanzas públicas. En años anteriores los ingresos de la federación provenientes del sector petrolero representaron alrededor del 30% del total. Para este año simplemente por concepto de pagó provisional de Derechos por Explotación de Hidrocarburos, el gobierno piensa recabar un mínimo de 20 millones de nuevos pesos, más el ISR, más el Impuesto extraordinario más el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, etc., que hacen de Pemex el principal contribuyente del gobierno federal.
EL PRESUPUESTO Y LA ESTRATEGIA DEL TLC
Como es sabido, la principal estrategia económica del gobierno de México es la de la integración de la economía con los Estados Unidos, así se ha hecho patente en el proceso de apertura comercial y en el contenido de las negociaciones del TLC, en las cuales se concretan acuerdos entre las dos naciones, acuerdos que van mucho más allá de los aspectos meramente comerciales y que afectan los sectores estratégicos de la economía. En materia energética se han dado, en el último año, pasos importantes en esa orientación y que en términos generales consisten en priorizar la producción de crudo para exportación y se amenaza con el desmantelamiento de la industria petroquímica mexicana. El Presupuesto de Egresos apunta en este sentido, responde a los compromisos que el gobierno de México ha establecido en el de Estados Unidos en materia energética y que formaron parte de las negociaciones paralelas a las del TCL.
Durante las negociaciones del TLC se exigió de México se garantizara el abasto de crudo a los Estados Unidos y se llevará a cabo una apertura para el libre comercio de productos petrolíferos y petroquímicos, así como concesiones para la exploración y explotación de mantos petroleros. A pesar de estas exigencias y de múltiples presiones, el gobierno de México se negó a aceptar compromisos de tal naturaleza dentro del TLC, pero al margen de éste se ofreció otorgar un número considerable de concesiones a gasolineras norteamericanas y reclasificar los productos petroquímicos básicos, lo que significa ceder en la exigencia de apertura comercial en el área de petroquímica y en el comercio de petrolíferos.
La reclasificación de los productos petroquímicos básicos, como lo dijimos en su oportunidad, no corresponde a ninguna lógica ni industrial ni científica, sino más bien a la lógica de privatizar y desmantelar la industria nacional, y su apertura comercial correspondiente.
La situación del sector petrolero en los Estados Unidos exige de México abasto seguro de crudo y mercado para sus productos petroquímicos y petrolíferos. Cada vez resulta menos rentable la explotación de mantos petroleros en los E.U., por lo que varias empresas han reducido su actividad
en este renglón, en cambio su industria petroquímica presenta una capacidad instalada subutilizada que requiere de ampliación del mercado exterior, la lógica de la política petrolera de nuestro país pretende acondicionar al sector energético a las necesidades de nuestro vecino.
Exploración, producción, exportación y liquidación de la industria petroquímica.
La tendencia reciente de la inversión de Petróleos Mexicanos es para ampliar las reservas mexicanas de crudos, así como para mantener el nivel actual de explotación de las mismas, en cambio se nota año con año una caída del nivel de inversión en la industria petroquímica.
Haciendo una comparación del valor adquisitivo a precios de enero de 1992, entre el presupuesto aprobado para 1992 y el presente proyecto se observa una reducción de más del 26% en la inversión en el área "Plantas de Refinación y Petroquímica", lo cual confirma nuestras aseveraciones en el sentido de que no sólo se pretende abrir a la inversión y a las importaciones los productos de la petroquímica básica sino además se pretende abandonar paulatinamente esta actividad por parte del Estado, sólo falta que en el próximo año se anuncie la venta y reprivatización de las actuales plantas petroquímicas.
ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
El proyecto del Ejecutivo en torno al gasto presupuestal para las Empresas de Energía, Minas e Industria Paraestatal asciende a 94 mil 777 millones de nuevos pesos. Cifra que en comparación con 1992 se traduce en un aumento nominal del 5.2% contra una disminución en términos reales del 5.1%.
Con lo anteriormente expuesto el Partido de la Revolución Democrática, propone, que en vista del insuficiente presupuesto asignado (315,913,400 millones de nuevos pesos) al Sector Energía Minas e Industria Paraestatal, dicho presupuesto sea de 347,500 millones de nuevos pesos.
Durante el período de enero a septiembre de 1992, las operaciones financieras del sector de entidades paraestatales bajo control directo presupuestal mostraron un déficit de operación de 1.4 billones de pesos.
El gasto otorgado a las diversas entidades del sector, constituyen, según el Ejecutivo, recursos suficientes para el desarrollo de metas y objetivos. No coincidimos con ello, ante lo cual el PRD propone las siguientes modificaciones cuantitativas al Decreto:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Por otra parte, el sector continúa con el proceso de modernización, mejor conocido con el nombre de proceso de desincorporación de entidades paraestatales consideradas no estratégicas ni prioritarias.
Si nos basáramos en los discursos de Salinas, a manera de ejemplo y en torno a la desincorporación de empresas que no son estratégicas ni prioritarias, La primera cuestión sería, ver cuál es el criterio que según el Presidente demarca lo estratégico. En el mismo sentido, hasta ahora queda sin resolverse, cuál es el criterio que utiliza el Ejecutivo para determinar lo estratégico en función de lo cual se promueven las reformas constitucionales al artículo 28.
Un claro ejemplo, lo tenemos en el discurso siguiente en el que se puede decir que se amplía el concepto de Reforma del Estado hacia la apertura de oportunidades para inversión y generación de empleos.
"Y también podemos observar que la Reforma del Estado que llevamos a cabo abre oportunidades, significa estímulo a la inversión, y en consecuencia, la generación de más y más empleos como lo reclaman nuestros compatriotas, alienta el crecimiento y reduce la inflación. Son cambios y reformas ordenadas que se van reflejando en los mejores niveles de vida para la población.
De esta manera el Estado mexicano conduce, coordina y orienta la actividad económica nacional no por la vía propietaria, sino por la reglamentaria y solidaria, atendiendo así, de manera genuina, al interés general de la población". (5)
Con el argumento anterior, tenemos como resultado que en proceso de desincorporación, venta y liquidación de empresas del sector industrial paraestatal controlando por la Secretaria de Energía, Minas e Industria paraestatal (SEMIP), entre 1988 y agosto de 1992 se han despedido a 87 mil 405 trabajadores (6), ello sin incluir al personal adscrito a la rama de Proyecto y Construcción de Obras de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya que faltan por enajenarse algunas plantas industriales de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex).
Mientras que por primera vez en casi un decenio, se incorporarán reservas en volumen superior a las cantidades extraídas, revirtiendo así la declinación de las reservas de hidrocarburos. Situación a la que durante el período 1992- 2001, se sumará a las reservas en 4 mil 277 millones de barriles adicionales a los 65 mil millones de barriles con los que actualmente cuenta México.
De Pemex salieron 34 mil 559 trabajadores: de la Comisión Federal de Electricidad (CEE), 8 mil 861; del subsector minero metalúrgico, 22 mil 300; 15 mil 352 de la industria siderúrgica privada y paraestatal -sin incluir los más de 22 mil despedidos que conllevó el cierre de Fundidora Monterrey (Fumosa) en 1986-, y 6 mil 333 de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex).
En el caso de Pemex, los despidos han sido aún mayores si se toma en cuenta que en 1987 la paraestatal contaba con 178 mil 745 trabajadores y hasta agosto de este año llegaron a 136 mil 207.
Cuando Carlos Salinas tomó al Poder Ejecutivo, en la CFE había 120 mil 887 trabajadores - 74 mil 525 de planta, 18 mil 660 temporales o "provisionales" y 27 mil 702 de construcción, y para agosto de 1992 la paraestatal sólo contaba con 112 mil 26, de los cuales 82 mil 765 son de planta, 17 mil 863 temporales y 11 mil 398 eventuales.
En el subsector minerometalúrgico al inicio de la actual administración había 230 mil trabajadores y 19 mil más en el sector paraestatal; a la fecha, en el "total nacional" sólo se registran 207 mil 700 y en el paraestatal 16 mil 43. En la rama siderúrgica privada, entre 1988 y agosto de 1992 pasaron de 65 mil 300 a 60 mil 800 y en el paraestatal de 30 mil 981 a 20 mil 129. De esta última cifra, en 1988 había 7 mil 225 administrativos y para 1992 llegaron a 6 mil 526, en tanto que obreros había 23 mil 755 y ahora únicamente llegan a 13 mil 603.
En lo que respecta a Fertimex, al iniciar la administración actual contaba con una planta laboral de 12 mil 156 trabajadores, y ahora sólo cuenta con 6 mil 822. El propio informe de la SEMIP precisa que conforme se enajenen las unidades de la paraestatal, el personal tenderá a reducirse.
Pese a la reducción de personal en lo que eran y todavía son algunas de las principales empresas del sector industrial paraestatal, los resultados alcanzados en materia de hidrocarburos, minerometalurgia y electricidad, sólo por citar algunos, no han mejorado en términos reales en el período de referencia.
Por ejemplo, durante los primeros 10 meses del año la producción de petróleo crudo y de petrolíferos registró una disminución de 0.2 por ciento y 1.5 por ciento respectivamente, con respecto a igual período del año anterior. Asimismo, los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo, petrolíferos y petroquímicos -en términos nominales- se redujeron en 9.4, 13.1 y 23.1 por ciento, respectivamente.
En contraste, el valor de las importaciones de productos petrolíferos gasolinas, diesel, combustóleo y gas licuado, entre otros- creció 19.7 por ciento, mientras que las de petroquímicos lo hicieron en 26.4 por ciento.
Así, al inicio del presente año, las reservas probadas de hidrocarburos se situaron en 65 mil millones de barriles, cifra 0.8 por ciento menor a la registrada al cierre de 1991.
En 1992, se pretende aumentarlas mediante obras de exploración que incorporarán a las
5. Discurso hecho ante el grupo de fundadores de BANAMEX ACCIVAL, el día 21 de octubre de 1991, tomado en la JORNADA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 91.
6. La jornada, 3 noviembre de 1992.
reservas alrededor de 4 mil 277 millones de barriles durante el período 1992-2001.
Mientras tanto, la generación bruta de energía eléctrica crecerá hacia finales de este año en un 3.5 por ciento, frente a un incremento promedio de la demanda de 5.7 por ciento. Por otra parte, los incrementos en los precios de la electricidad registrarán un crecimiento del 16 por ciento para uso industrial; de 42.8 para riesgo agrícola y de 19.4 por ciento para uso doméstico.
Por otro lado, la producción global nacional del sector minero durante los primeros seis meses del año -que se ubicó en 13 mil millones 60 mil toneladas de productos- observó una contracción de 4.3 por ciento, respecto al mismo período de un año anterior lo que, según dice, obedece a la depresión mundial que ha afectado severamente a esta rama industrial.
Las inversiones de Pemex se orientaron a intensificar las actividades de exploración y de producción primaria. La producción nacional de crudo fue de más de dos millones y medio de barriles diarios, volumen similar al conseguido en 1990. Las exportaciones mientras tanto, fueron de casi un millón 400 mil barriles diarios, cantidad ligeramente superior a la registrada en el período precedente.
No obstante, los ingresos por la venta de petróleo al exterior resultaron 9.5 por ciento inferiores como resultado de los precios internacionales más bajos del crudo, "pero aún superiores a los presupuestados". Señala que las reservas probadas de hidrocarburos equivalentes ascienden a 65 mil millones de barriles, que con el nivel actual de producción y exportación garantizan medio siglo de abasto.
Las concesiones que se dan para que recursos privados construyan e incorporen electricidad a la red de la CFE "que conserva su control"; al término de dicha concesión los bienes correspondientes se revertirán a la nación. Ello, dice, ha permitido aprovechar más eficientemente fuentes primarias y asegurar la expansión de esta industria. En lo que va del año, la generación de electricidad aumentó 2.6 por ciento, aunque se mantienen muy por debajo del crecimiento de la demanda.
En cuanto a las metas y objetivos fijados para 1993, nos encontramos con que éstas aumentaron a 955 (mil), lo que representa el 1.7% con respecto a 1992. Para quedar en 55,455 mientras que el monto presupuestado cayó en un -78.7%.
Entre los objetivos y metas proyectadas para 1993, podemos observar algunos importantes como: Regulación y Coordinación de la Minería (-88,8%). Fomento Minero Metalúrgico ............... (89.7%), Regulación y Coordinación del Subsector de Energía (-76.3%), Regulación y Vigilancia sobre la Seguridad Nuclear (-8.2%),Desarrollo Energético (-87.1%) Y Fomento y Regulación Energética (-19.6%) disminuyeron sustancialmente respecto al año anterior.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, en cuestión de metas y objetivos es exactamente igual al de 1992, con la única variante del año y del monto de lo presupuestado.
El aumento que se hace al número de metas, se basa en las mismas, con lo cual nos queda preguntarles, si en 1992 se cumplieron las metas proyectadas desde 1991, y si se tiene la información por qué no lo señalan en el Presupuesto.
A nuestro modo de ver sería más sensato apoyar proyectos que coadyuven al crecimiento de la economía, y no en detrimento de la misma, al continuar apoyando metas y objetivos que nunca llegan a cumplirse, y, encima se les siguen inyectando recursos que a fin de cuantas no se sabe en dónde quedan.
En otro orden de ideas se dice que dentro del sector se continúa con las adecuaciones administrativas y con el redimensionamiento de las entidades, llamado también, Programa de Contingencia para el apoyo a la industria.
El programa de contingencia para subsanar los daños generados a la industria nacional por la apertura comercial, y ahora por la recesión económica, quizá logre atenuar algo que es inminente, pero no resuelve los problemas estructurales.
Se puede decir que con la nueva visión oficial de apertura económica se ha desprotegido a la industria doméstica. Además que el plan para dar créditos, tecnología, desregulación y coordinación sectorial es insuficiente, así los resultados de un proteccionismo mal diseñado, enfocado, instrumentado y pésimamente entendido que ha sido aplicado a lo largo de décadas, pretende ser contrarrestado ahora en pocos años, cuando es una tarea que requiere muchos recursos y tiempo.
Por otra parte la preferencia de muchos consumidores mexicanos por las mercancías importadas ha traído un serio impacto sobre el aparato productivo. De ahí que todavía se pueden esperar
quiebras masivas, sobre todo en aquellas empresas que por sus bajos recursos no resistan la competencia.
Si bien es cierto que existen sistemas que pueden ayudar a mejorar los procesos de producción e incidir en una mayor competitividad de las mercancías nacionales como control de manufacturas "justo a tiempo" y calidad total, sólo con una organización eficaz, personal capacitado y especializado, así como un fuerte sentido de disciplina, "podrán ser aplicados adecuadamente"(7).
Sin embargo, por desgracia, la mayoría de las empresas el país -sobre todo las micro, pequeñas y medianas- no corresponden a ese perfil, pero lo más grave es que se trata de la mayor parte de los establecimientos industriales del país, mismos que generan mayor ocupación.
En lo que respecta a la minería, se pretende entre otros aspectos concluir con el proceso de desincorporación de Azufrera Panamericana, S.A. Y Compañía Exploradora del Istmo, S.A., las cuales han corrido un destino paralelo. En lo que para nosotros significa "más minería privada" exigimos una explicación acerca de la desaparición de un millón de toneladas de azufre que representan 126 mil veces menos de la producción para 1992. Para colmo se tuvo que indemnizar con 17.8 millones de dólares al socio extranjero de la paraestatal, la Texas Gulf.
Del mismo modo criticamos fuertemente la discrecionalidad con que se llevan a cabo las ventas de las entidades paraestatales, tal es el caso de: Azufrera Panamericana y Cía. Exploradora del Itsmo. En donde los vendedores estrella de la Secretaría de Hacienda pretenden vender la Azufrera a los accionistas que ya poseen la tercera parte de las empresas, esto a un precio demasiado alto, para la baja productividad de la compañía.
Esto nos recuerda el vil engaño que se hizo al sector social para la venta de los ingenios azucareros.
Ante tal situación el Partido de la Revolución Democrática propone modificaciones al artículo 39 (desincorporación de entidades paraestatales), de la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio.
En vista de que este artículo constituye un cheque en blanco para que el ejecutivo pueda escindir todas las entidades paraestatales que no fueron creadas por Ley o Decreto del Congreso de la Unión y que son la mayoría.
Por ello proponemos, que la desincorporación de cualquier entidad paraestatal sea autorizada por esta h. Cámara de Diputados. En su momento el PRD propondrá los cambios pertinentes en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
PESCA
El proyecto de gasto presupuestal para la Secretaría de Pesca, propuesto por el Ejecutivo asciende a 325.8 millones de nuevos pesos, cifra más que insuficiente para cubrir las metas y objetivos descritos en el presente presupuesto, así como los proyectos necesarios no contemplados dentro del mismo. Por lo que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone un presupuesto alternativo de 473,000,000, esto es, 45.18% más el presupuestado por el Ejecutivo.
Si bien es cierto que el presupuesto de 1993 con respecto a 1992 aumentó en términos nominales en 44.4% no significa un paso adelante.
En el Sector Pesca al igual que en otros sectores prioritarios, el Estado continúa con su intencionado papel desregulador en áreas fundamentales de inversión productiva.
Por otra parte cabe mencionar que el presupuesto para Pesca representa el 0.2% del gasto programable de la Administración Pública Central y el 0.4% del gasto directo, en cuanto a gasto de inversión representa apenas el 0.4% mientras que el de investigación pesquera representa el 8.6% (observadores extranjeros en barcos atuneros) y el de capacitación de productores es del 1.6% de la Inversión Federal.
En lo que respecta al monto asignado para infraestructura pesquera éste es inferior al de 1992 en un 2.5 por ciento, con este decremento el Ejecutivo pretende terminar obras en proceso, así como rehabilitar las existentes.
Cabe mencionar que el Presupuesto de 1993, las metas y objetivos son los mismos desde 1990, y no dan razón de los avances obtenidos, de los cancelados y mucho menos de los que no han comenzado y, por tanto, no se especifica, a dónde van a dar los recursos asignados a los siguientes proyectos:
7. La Economía Hoy. CANACINTRA, octubre de 1992.
La suspensión de la rehabilitación de escolleras en, Laguna de Tamiahua, Ver.
La suspensión de la prolongación de escolleras en San Francisco del Mar Oax.
La suspensión de escolleras en Chacahua Pastoria Oax.
La suspensión del Dragado del Puerto "El Mezquital" Tamps.
Parque Camaronícola "El Caimanero", Sin.
Parque Camaronícola "El Tobari", Son.
Terminal Pesquera "Puerto Juárez", Q. Roo.
Por otra parte, en la Secretaría de Pesca se han venido presentando irregularmente y de facto, algunas acciones que, de acuerdo con el panorama nacional, apuntan hacia la modernización del sector, buscando la polivalencia del trabajador, es decir, orillan a realizar funciones diversas a un mismo trabajador, y a flexibilizar la relación laboral a través de desaparecer la regularidad en horarios y jornadas de trabajo. Entre ellas están en primer lugar, la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Pesca, la cual da entrada tanto al capital privado como a el extranjero para operar, entre otros, los cultivos y la explotación desmesurada de especies reservadas a las cooperativas.
Asimismo, se ha venido desplazando a trabajadores de base, en sus funciones, por personal de confianza y prestadores de servicio social, aunado a lo cual en varias secciones se pretende desaparecer el turno vespertino. Igualmente se ha buscado imponer turnos no pactados en condiciones generales de trabajo a los trabajadores de los centros acuicolas, en términos de laborar días de descanso y festivos. Todo ello mediando la presión o el arreglo individual con el trabajador por parte de diferentes autoridades.
Del mismo modo, el programa de retiro voluntario, recientemente aplicado, significó la reducción en plantilla de 680 trabajadores con lo que disminuye en un 15% el personal en funciones. En el mismo tenor, la última retabulación "avanzó" en la compactación de puestos y funciones a la vera de un ridículo "incremento salarial" que sigue siendo ajeno a la proporcionalidad mínima que debe existir entre la complejidad de las funciones y la remuneración (véanse, en el anexo).
Referente a la concesión exclusiva de captura de varias especies "reservadas" a las sociedades cooperativas el argumento central del discurso oficial es que... "para modernizar el sector y procurar los cambios, es necesario reconocer que el mantenimiento del régimen de especies reservadas más que constituir una manera de fortalecer a las sociedades cooperativas, se está transformando en una seria limitación para su progreso", "algunas de esas especies se encuentran en los límites de su explotación" (camarón, abulón y langosta), los cooperativistas no pueden gravitar exclusivamente en su captura... ante la expectativa de una menor productividad en su pesca". Estas comunidades, buscan alternativas para continuar en el trabajo y progreso, pero requieren de inversiones que superan la capacidad financiera del sector social.
Cabe mencionar que una vez liquidado Banpesca y Productos Pesqueros Mexicanos, los recursos al sector pesquero se limitaron a extremos tales que en 1991 el FIRA le destinó sólo el 3% de sus recursos, en tanto que el Banco de Comercio Exterior le destinó solo el 1.2%. Por su parte, los recursos de la Banca Privada eran tan caros que se convirtieron en inaccesibles, con el agravante de que las carteras vencidas del sector social le fueron transladadas a la Banca Privada transformando a las cooperativas en no sujetos de crédito.
La experiencia que ha tenido el sector en materia de inversión privada, no ha sido correspondida, con reciprocidad, al no incrementar la inversión, y al no actuar con responsabilidad hacia los recursos naturales, y sí aprovechándose de la precariedad de los pescadores y de las organizaciones cooperativas para sobreexplotarlos y montarse sobre los beneficios y subsidios del gobierno al sector social en un esquema usurero.
En las declaraciones y en las acciones de gobierno observamos un viraje en la política pesquera con lo cual se corre el riesgo de reducir a la Administración Pública a un rol complementario de la iniciativa privada, vía la dotación de infraestructura, acceso a insumos, disponibilidad y financiamiento para el desarrollo tecnológico y productivo de las actividades acuícolas y pesqueros en el país que permitieron regular el mercado nacional e internacional y le dieron impulso al crecimiento de la pesca, así como también la regulación simple, carga tributaria y crédito en términos similares a los que prevalecen en el exterior.
Finalmente cabe mencionar que el papel que el Estado hace del sector ha servido para dar certidumbre y seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros bajo el supuesto
de que ello se estimulará la inversión productiva, pero recordemos que los capitales que han entrado al país son volátiles, condicionados a la obtención de altos rendimientos.
SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
REGIONAL
Como hemos señalado, ahora uno de los objetivos principales del actual gobierno es incrementar el presupuesto para el desarrollo social, con objeto de "suavizar" los efectos que sobre la sociedad está teniendo el proceso modernizador. Por ello, el Ejecutivo propone un presupuesto para el Ramo XXVI, Solidaridad y Desarrollo Regional, de 7 mil 747.4 millones de nuevos pesos, monto que representa un crecimiento real de 4.7% con respecto al cierre estimado de 1992. El 86.8% de estos recursos corresponderán a gasto de inversión y representarán un incremento real de 2.2%.
En el balance que sobre el Programa Nacional de Solidaridad se hace en el tomo I del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, se asegura que dicho programa "se ha consolidado como un medio eficaz para atender las necesidades prioritarias de la población", "ha apoyado proyectos productivos que permiten el desarrollo autosostenido y permanente de las comunidades"; y "ha contribuido a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno" (pág. 147).
A continuación se darán algunos elementos con objeto de demostrar que estos objetivos no se han cumplido.
1. Como hemos visto, la política económica del actual gobierno contribuye poderosamente a impulsar el proceso regresivo en la distribución social del ingreso, siendo éste en realidad un efecto nocivo de esa política aplicada desde 1983. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Tercer Trimestre de 1984 a 1989, del INEGI, en 1984 el 10% de las familias más pobres del país recibía el 1.7% del ingreso nacional y para 1989, su participación se reduce al 1.6% al mismo tiempo, el 10% de la población con los mayores ingresos, aumentó su participación del 32.8% en 1984 al 37.9% en 1989. El 90% de los mexicanos disminuyó su participación en el ingreso en este mismo período, en un 5.1% que es el mismo porcentaje en que aumentó la del 10% con más altos ingresos.
Frente a estas características concentradora de riqueza de un lado y de pobreza del otro, implícita en el actual modelo de desarrollo, el gobierno habla de una política social de solidaridad al mismo tiempo que impulsa esa política regresiva en la distribución del ingreso. Pretende así separar la política económica de la política social. Nosotros consideramos que esa separación es contradictoria y absurda: la política económica debe ser el principal instrumento para alcanzar el objetivo de la equidad social.
Sin embargo el concepto salinista de liberalismo social se puede resumir en una fórmula: capitalismo salvaje más Pronasol. En los hechos, el aporte de Pronasol resulta poco significativo para el logro de la equidad social. Es más, el Pronasol no impide que la concentración del ingreso y con ella la desigualdad social sigan aumentando en nuestro país. Por ejemplo, en los diez años la participación de las remuneraciones al trabajo en el país perdió 12 puntos porcentuales. En pesos de 1992, esto significa una pérdida en el ingreso de los trabajadores de 120 billones de pesos, estos es 20 veces más que el presupuesto asignado a Pronasol para este mismo año.
El gasto programable del Ramo XXVI, llamado a partir de 1989 "Solidaridad y Desarrollo Regional", ha tenido el siguiente comportamiento: en 1982 ascendió a 50.2 miles de millones de pesos de 1980, constituyendo el 1.04% del PIB, así como el nivel más alto en por lo menos los últimos 14 años.
En 1983 se resiente inmediatamente la política de austeridad aplicada por el nuevo grupo en el poder. Así, el gasto programable para este ramo desciende a 21.8 miles de millones de pesos de 1980, es decir, se reduce 56.6% respecto a 1982, representando el 0.47% del PIB. No obstante, el descenso en este rubro continúa hasta 1988, año en que sólo alcanza 11.8 miles de millones de pesos de 1980, constituyendo únicamente el 0.24% del PIB y el nivel más bajo en por lo menos los últimos 14 años.
A partir de este año comienza a presentarse un muy ligero repunte, llegando a alcanzar en 1992 38.1 miles de millones de pesos de 1980, representando el 0.68% del PIB. Este monto, sin embargo, sólo significó el 76% del gasto programable de este sector en 1982.
Por su parte, el gasto real por habitante en este ramo alcanzó su punto más alto, también en 1982, con 703.7 pesos de 1980 por persona, para descender abruptamente en 1983 a 300.2 pesos de 1980. El nivel más bajo se registró en 1988 con 150.6 pesos de 1980 por habitante, presentándose ligeros repuntes hasta llegar a 454.8 pesos de 1980 por persona en 1992. Esta cifra, no obstante,
representa únicamente el 64.6% de lo correspondiente en 1982. Es decir, que en 10 años el gasto real por habitante en el publicitado Programa Nacional de Solidaridad no sólo no se ha incrementado sino que ha disminuido más de la mitad.
Aún más, el gasto total ejercido por Solidaridad en 1989 implicó 59.21% más respecto a 1988, pasando de 8 826.4 miles de millones de pesos de 1980 a 14 052.9. Sin embargo, la tasa de crecimiento porcentual real de 1992 respecto a 1991 sólo implicó el 18.35% al ascender de 28 789.9 miles de millones de pesos de 1980 a sólo 34 0.72.7 mmdp de 1980.
Haciendo un análisis más detallado encontramos que el programa Solidaridad para el bienestar social (compuesto por los subprogramas Infraestructura educativa, escuela digna, educación básica, cultura y deporte, servicio social, niños de solidaridad, infraestructura de salud, hospital digno, agua potable, alcantarillado, urbanización, vivienda, ecología, infraestructura de abasto y apoyo al comercio, electrificación rural y urbana, fondos municipales y programas de infraestructura social, mujeres en solidaridad y servicios comunitarios, prevención y readaptación social, y becas de capacitación a trabajadores) hubo un decremento real muy fuerte del -55.4% de 1984 a 1988, al pasar los recursos ejercidos en estos programas de 10 797.97 millones de pesos de 1980 a 1984, a 4 813.9 en 1988. Para 1989, año en que formalmente se inicia el Programa Nacional de Solidaridad los recursos ejercidos en estos programas se incrementan 72.3% en términos reales, respecto a 1988, para incrementarse al año siguiente únicamente 48.6% al pasar de 8 295.46 millones de pesos en 1980 en 1989 a 12 326 en 1990. Esta disminución en el crecimiento real de los recursos ejercidos se acentúa aún más, llegando a ser de sólo el 20.2% en 1992, al pasar de 17 527.0 millones de pesos de 1980 en 1991 a 21 mil 70.4 en 1992.
Queda claro que Solidaridad es un programa insuficiente para elevar el nivel de vida de la población.
Sólo por mencionar algunos de los inquietantes datos ofrecidos recientemente por el propio Consejo Consultivo de Pronasol diremos que: 60% de los mexicanos padece desnutrición; la tasa de mortalidad infantil en México es superior a la de Panamá, Costa Rica y Cuba; en 1988 había 2.6 millones de niños menores de cinco años que padecía desnutrición en distintos grados, un millón baja talla para su edad de acuerdo con la talla normal y 104 mil niños desnutrición "crónica aguda", y para recordar el V Centenario del Descubrimiento de América, el 80% de la población indígena presenta algún grado de desnutrición, lo que equivale a más de siete millones de personas (8).
2. En cuanto a los recursos ejercidos en el programa Infraestructura básica de apoyo del Pronasol (compuesto por carreteras alimentadoras y caminos rurales, carreteras troncales, y apoyo a la participación de estados y municipios) encontramos un crecimiento sumamente errático. En 1989 ascendieron en términos reales 41.1% en relación a 1988; para 1990 descienden estrepitosamente al -2.2% al pasar de 2 680.5 millones de pesos de 1980 en 1989, a 2 622.2 en 1990. Nuevamente estos recursos se recuperan en 1991 al incrementarse a 4 946.4 millones de pesos de 1980, lo que implicó un crecimiento porcentual anual real de 88.6%. Sin embargo, en 1992 el incremento fue de tan sólo 20.8% en términos reales.
En el caso del programa Solidaridad para la Producción (compuesto por los subprogramas solidaridad para la producción, desarrollo de áreas de riego, desarrollo de áreas de temporal, fomento a la producción y productividad primaria y agroindustrial, infraestructura pecuaria, pesquera y acuicola, becas de capacitación a trabajadores, fondo para empresas de solidaridad, y fondo para el desarrollo de comunidades indígenas) se manifiesta también un crecimiento errático a pesar de la importancia que aparentemente el régimen le da a la producción y a la productividad. Así, aunque los recursos ejercidos por este programa en 1990 se incrementan 307.1% en términos reales, bajan estrepitosamente al -5.2% en 1991 al pasar de 5 801.2 millones de pesos de 1980 en 1990 a 5 500.9 en 1991. Estos recursos sufren una mejoría real de 21.3% en 1992 pero nada que ver con el incremento alcanzado en 1990. Este magno incremento de 1990 se explica por la rectificación del régimen ante las críticas a Solidaridad en torno a que es necesaria la inversión pública productiva para garantizar el "desarrollo autosostenido de las comunidades". Es decir, se intentó superar la critica de que el Pronasol es sólo un programa de beneficencia pública que no va a la raíz de los problemas. Sin embargo, las cifras lo demuestran, Solidaridad continúa siendo sólo un paliativo del sistema.
3. Por otro lado, como lo hemos señalado, Pronasol constituye uno de los instrumentos políticos más importantes de la actual
8. Consejo Consultivo del Pronasol, API Consultores, Combate a la pobreza. Vertiente alimentaria, México 1991.
administración por perseguir dos objetivos bien definidos: fortalecer la figura presidencial y recorporativizar a los sectores sociales en favor del proyecto de gobierno actual. En las elecciones federales de 1991 esto fue claro. Ni la nueva legislación, ni el uso fraudulento del padrón, ni las añejas prácticas para alterar el voto, jugaron un papel tan preponderante como el que tuvo el Programa Nacional de Solidaridad para tratar de legitimar a la actual administración.
Se asegura que este Programa entraña una nueva relación entre gobierno y sociedad en la que ésta última adquiere un papel más participativo y con ello la democracia avanza en el país. En los discursos se nota un desplazamiento desde el concepto de justicia social al de democracia. La democracia es entendida ahora ya no en referencia a cuestiones electorales, sino a cuestiones de participación ciudadana.
Efectivamente, la sociedad cambió al igual que sus formas de participación, pero ello no como resultado del apoyo del gobierno. Si hoy la sociedad es más participativa no es porque el actual proyecto político y económico lo buscaran. Si Solidaridad nació fue por la combinación entre el descontento de la población con la política económica seguida a partir de 1982; por la mayor madurez política de la ciudadanía; y por constituir un programa que no compromete al modelo neoliberal permitiéndole mitigar ciertos problemas políticos y económicos.
El acierto de Solidaridad seguramente radica en que ha sabido aprovechar el entusiasmo de la población marginada por aliviar su situación económica, o mejor dicho, ha sabido aprovechar la miseria de la población. Pero esto, por supuesto, no lo hace democrático en la medida de que su planeación, sus objetivos y su ejecución no dependen de la población.
No puede asegurarse que "Solidaridad es factor de unión y ejercicio de descentralización federalista" cuando las decisiones vienen del Ejecutivo y cuando los recursos de la nación se siguen concentrando en la capital. No puede decirse que hay una marcha un proceso de descentralización que fortalece al federalismo porque ahora se exige a las entidades federativas y a los municipios que colaboren con un porcentaje de los recursos necesarios para hechar a andar una obra marca Pronasol.
Aún más, "cabe dudar de la eficacia (y de la democratización) de un proyecto que lleva en la frente el sello de la temporalidad y de la discrecionalidad, pues el mayor flujo relativo de recursos que ahora llega a los municipios no queda integrado estructuralmente en sus esquemas regulares de planificación y gasto (...) (por ello no se fortalece al municipio). Para que así fuera tendría que desarrollarse una estrategia de descentralización de largo aliento - que incluyera una nueva reforma al artículo 115 constitucional - , que acabara con la extrema concentración actual del manejo y uso de los recursos públicos" y darse un nuevo impulso a la reforma política municipal (9).
Como lo hemos señalado en numerosas ocasiones, el Programa Nacional de Solidaridad constituye un programa que por varias razones viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias otras leyes.
Los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados cada año para el ramo XXVI, Solidaridad y Desarrollo Regional, han constituido una verdadera excepción a lo que ordena la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente en el país, que en su artículo 13 ordena textualmente "el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos metas y unidades responsables de ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año calendario y se fundarán en costos".
Lo cierto es que a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la federación correspondiente a 1993 se indiquen objetivos, metas de operación y de inversión y una unidad responsable (la Dirección General de Planeación de la SHCP), en el Pronasol, el carácter de discrecionalidad en el manejo de sus recursos por parte del Ejecutivo sigue existiendo, ya que a pesar de que se han fijado objetivos en obras y programas, no se indica el número de personas o comunidades que se pretenden beneficiar, ni los lugares donde se llevará a cabo el Programa, ni el costo de cada objetivo, ni el tiempo que se calcula llevará cada uno de ellos. Aún más el propio Ing. Rojas, subsecretario del Pronasol, reconoció que al elaborarse el Presupuesto de Egresos no podían fijarse las metas y programas de Solidaridad, en virtud de que, sobre la marcha y a lo largo del año, se van aprobando (o rechazando) peticiones de obras como agua potable, salud, vivienda, proyectos productivos, etcétera, según la demanda de los grupos organizados en Comités de Solidaridad. Es por
9. Moguel Julio, cinco críticas solidarias a un programa de gobierno, en El Cotidiano, julio - agosto de 1992.
tanto, la discrecionalidad del Ejecutivo, que incluye por ello mismo su correspondiente dosis de autoritarismo, la que decide, y lo hará sobre 7 747 418 millones de viejos pesos en 1993, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.
Por otro lado, como se sabe, el Pronasol se ejecuta territorialmente en el marco de coordinación con los estados, a través del Convenio Único de Desarrollo (CUD), que el Presidente obliga a firmar a cada uno de los Gobernadores de los estados para formalizar los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión. En los Convenios se define un apartado específico para Solidaridad, con el objeto, según el Ejecutivo, de que en los Comités de Planeación del Desarrollo de los Estados y Municipios se reúnan las autoridades de los tres niveles de gobierno para definir, controlar y evaluar los proyectos productivos y sociales en que participan las comunidades mediante los Comités de Solidaridad. Queda así claramente evidenciada otra seria violación a la Constitución Federal y a las estatales, reproduciéndose a nivel estatal la obligación de los gobiernos de estimar recursos para Solidaridad sin conocer cuál será su aplicación y burlándose de los poderes legislativos locales al considerarlos sólo para aprobar un presupuesto a ciegas como ocurre en el Congreso Federal.
De esta forma queda demostrado que el Programa Nacional de Solidaridad no es la opción para combatir la pobreza y menos aún la extrema, en la medida de que no parte de una base firme como lo es la creación de empleos y el incremento en los salarios de los trabajadores.
POR UNA POLÍTICA ECONÓMICA
ALTERNATIVA
Cuauhtémoc Cárdenas, desde su campaña presidencial en 1988 propuso un programa de gobierno patriótico y nacionalista; y esta posición de defensa de la soberanía nacional fue ratificada en numerosas ocasiones por el Partido de la Revolución Democrática a partir de su fundación, en México D.F., el cinco de mayo de 1989.
Consideramos que algunas propuestas programáticas podían resumirse en los siguientes puntos:
a) Respeto a los derechos humanos y las garantías sociales e individuales que establece la Constitución General de la República, aplicando los postulados del Constituyente de 1917, especialmente en lo relativo al artículo 27 y 123 constitucional.
b) Rectoría económica del Estado, cumpliendo los principios establecidos en el art. 25 constitucional, buscando, ante todo, el fortalecimiento de la vida democrática de la nación, "considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" (Art. 3 de la Constitución).
c) Planeación democrática para impulsar un: "desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación" (Art. 26 constitucional.)
d) Estímulo a la generación de empleos con políticas regionales y sectoriales de fomento económico y construcción de obras de infraestructura.
e) Estricto cumplimiento de la legislación laboral, pugnando, con apego a la ley, por un aumento sustancial de los salarios reales que les permita recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos 17 años, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 123 constitucional: "los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
f) Estímulo a la inversión nacional - la economía mexicana genera anualmente un ahorro interno bruto de 56 000 millones de dólares, existiendo una disponibilidad neta de ahorro nacional disponible para inversión de alrededor de 30 000 millones de dls., cifra que podría incrementarse a un nivel cercano al ahorro interno bruto con adecuadas políticas fiscales y financieras - . Estos recursos, correctamente canalizados, son la base de un proyecto nacional de desarrollo económico.
g) Racionalización de la política de apertura comercial, subordinándola al interés nacional y a la preservación de sectores productivos vulnerables a la competencia externa irrestricta.
h) Reconversión industrial y agrícola con estímulos gubernamentales, utilizando la planeación democrática y el gasto federal para impulsar el fortalecimiento del mercado interno, promover el aumento sostenido de nuestras exportaciones, especialmente de empresas de propiedad nacional, con pleno respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y
protegiendo el medio ambiente. Estimular una política económica integral, que permita la recuperación económica y el crecimiento sostenido del producto y del ingreso nacional, con la concurrencia del sector privado, social y el sector público.
i) Relanzar las negociaciones comerciales multilaterales participando activamente en organismos regionales (SELA, ALADI); en las conferencias de la ONU sobre comercio y desarrollo (conocidas como UNCTAD); en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio; buscando diversificar nuestros intercambios comerciales y diversificar nuestros intercambios comerciales y tecnológicos con Europa, la Cuenca del Pacífico y las naciones en vías de desarrollo; sin descuidar la negociación de la agenda bilateral con los E:U: Revisar, con estricto apego a las disposiciones constitucionales y con la concurrencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, los tratados comerciales internacionales ratificados por nuestro país a fin de renegociar aquellas disposiciones que resulten contrarias al interés nacional, buscando, siempre, preservar la autodeterminación política y económica de México.
j) Defensa del federalismo, la integridad de la república y la soberanía; democratización de la vida nacional; desaparición del régimen de partido de Estado, dando paso a una transición democrática que restablezca el estado de derecho, el respeto al voto ciudadano y la plena vigencia de los principios del Constituyente de 1917.
k) Democratización, racionalización y defensa de la empresa pública, consolidando la rectoría económica del Estado y fortaleciendo el control social sobre la misma, eliminando el corporativismo y la corrupción.
l) Reforma rural democrática que permita culminar el reparto agrario y fortalecer la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo rural basado en la constitución de sistemas productivos a nivel regional y sectorial. Aumento de la inversión pública en la agricultura y recuperación gradual de la rentabilidad del sector agropecuario con una política integral de aranceles, subsidios, apoyos, precios de garantía, créditos, sistemas de transformación y comercialización y capacitación y extensionismo agrícola. Respetando siempre la autogestión campesina y la autodeterminación de los productores rurales (ejidatarios, comuneros, grupos étnicos y auténticos pequeños propietarios.
m) Reforma fiscal nacional que permita reducir cargas impositivas a los grupos de menores ingresos y a la mediana y pequeña empresa productiva. Simplificación de la legislación y de los procedimientos fiscales para hacerlos sencillos y transparentes, eliminando prácticas arbitrarias e inequitativas. Defensa del federalismo en materia impositiva, fortaleciendo los sistemas de recaudación fiscal en manos de entidades federativas y municipios.
n) Programa de combate a la inflación con una política que combine el estímulo de una gradual y moderada reactivación económica que estimule la oferta de bienes de consumo de producción nacional con la solución de los "cuellos de botella" que representan el sector de bienes intermedios, insumos y bienes de capital.
o) Aumento sustancial del gasto social en educación, salud, vivienda, infraestructura urbana, medio ambiente y protección de los derechos sociales, humanos y laborales.
p) Desarrollo regional, consolidando sistemas agrícolas e industriales en las entidades federativas.
q) Regulación de la inversión extranjera estimulando proyectos de coinversión que permitan transferencias tecnológicas reales y contribuyan a fortalecer el desarrollo tecnológico del país.
r) Política monetaria y cambiaría que permita hacer compatible el crecimiento económico con les estabilidad macroeconómica. Equilibrar, tendencialmente, la balanza de pagos y el gasto público y fortalecer el ahorro interno con un adecuado mecanismo de regulación financiera en rubros como tasa de interés, emisión monetaria, deuda pública, mercado de valores y en general en el rubro de servicios financieros, regulando el flujo de divisas y su disponibilidad.
Las propuestas programáticas expuestas son algunos elementos para la formulación de una nueva agenda de relaciones económicas internacionales y de una nueva política económica para impulsar una revolución democrática con soberanía, justicia y libertad.
Defender el sector social, la planta productiva de la nación y las conquistas sociales y mantener la capacidad de decidir en forma autónoma la política económica de México rechazando la integración forzada a EU, es hoy una de las tareas más importantes para restaurar la República como entidad soberana y defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Contrariamente a los postulados tecnocráticos, sostenemos que la mediana y pequeña empresa y el sector social, apoyado por un genuino gobierno popular
surgido de una profunda revolución democrática, debe convertirse en la columna vertebral del desarrollo en México.
Un gobierno democrático deberá realizar una profunda revisión del proceso de desnacionalización y privatización de empresas públicas. Igualmente, es preciso fortalecer el control social sobre las instituciones y empresas públicas mejorar su eficiencia y productividad y aumentar significativamente el apoyo financiero y tecnológico.
Recuperar la autosuficiencia alimentaria y avanzar en la seguridad alimentaria de las grandes mayorías de la población, constituyen la prioridad fundamental en una estrategia nacionalista y popular. El ejido, la comunidad y las diversas formas asociativas de segundo y tercer nivel tales como las uniones de ejidos, las asociaciones rurales de interés colectivo y las uniones de crédito y de autoseguro agrícolas, deben ser apoyadas en forma decidida. Además se requiere continuar el reparto agrario, acabar con todas las formas de simulación agraria, repartir las tierras con vocación agrícola amparadas con certificados de inafectabilidad ganadera, continuar la obra histórica en los relativo a la construcción de la infraestructura hidráulica y mejorar las tierras temporaleras.
La grave crisis que experimenta el país desde hace varios años, hace necesario un gran acuerdo nacional para impulsar el desarrollo económico nacional y el bienestar de los trabajadores. Particularmente requerimos un poder democrático que dé un apoyo decidido al sector social y a los obreros que han sido el sector más afectado por la crisis económica desde 1982.
Es preciso establecer un nivel apropiado de protección y estímulo para la industria y la agricultura mexicana acorde con los objetivos de recuperación de la soberanía alimentaria y dinamización del conjunto de las actividades productivas y, simultáneamente, pugnar por recuperar la rectoría económica del Estado en el desarrollo económico nacional.
Esto implica, en primer términos, la lucha por la autosuficiencia alimentaria y por le control nacional de las industrias, agroindustrias y explotaciones agropecuarias dominados por empresas transnacionales. Exige también la movilización de los recursos naturales y humanos para preservar, en las relaciones internacionales, la capacidad nacional de decisión económica y la autonomía de acción política de nuestro país. Esto exige estimular la iniciativa creativa de los ciudadanos, sus derechos y libertades democráticas y su participación en un desarrollo popular.
Contrariamente a los postulados simplistas que postulan que sólo deben subsistir actividades agrícolas e industriales con productividades equiparables a las más avanzadas del mundo, consideramos que la diversidad ecológica de México y la distinta base económica de las regiones del país hace perfectamente viable la configuración de un sistema económico nacional constituido por una compleja gama de productividades y una diversidad de estructuras económicas y mercados regionales, adaptada a las necesidades de cada zona de la nación.
En materia de estrategias para impulsar un desarrollo económico independiente y soberano, estamos convencidos de que constituimos una nación económicamente viable. Sabemos que tenemos un pueblo dotado de una extraordinaria creatividad y disponemos del territorio, recursos naturales e infraestructura económica para construir, con el esfuerzo de todos los mexicanos, un sistema económico capaz de dar 85 millones de habitantes en adecuado nivel de educación, empleo, vivienda, ingresos y bienestar social.
La base de un proyecto nacional independiente está la Constitución de 1917. Nuestra Carta Magna es el sustento de un proceso ordenado y pacífico de transición a la democracia, donde desaparezca el régimen del partido de Estado y se ejerza la soberanía popular a través del respeto al voto ciudadano, única base para la formación de órganos de gobierno legítimamente constituidos.
La democratización del país es el fundamento para la defensa de la independencia y soberanía nacional. La condición indispensable para la estabilidad social y la paz pública es el respeto a los principios constitucionales. Cuando las autoridades se niegan a respetar la voluntad popular se rompe el estado de derecho y se generan procesos sociales que pueden desembocar en actos que alteran la paz pública. Los partidos políticos y los órganos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal deben respetar las normas que establece la Constitución y defender los principios que emanan del Constituyente de 1917.
Recientes acontecimientos en Guanajuato y San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Durango y Michoacán muestran que la defraudación de la voluntad popular genera una grave inestabilidad social y debilita el pacto federal, ya que las imposiciones autoritarias del Ejecutivo impiden que los
Estados y municipios ejerzan las atribuciones que establece la Constitución. El respeto a la soberanía popular, el respeto al voto y la realización de elecciones libres del control gubernamental son condición indispensable para un tránsito a la democracia basado en las normas constitucionales. Estamos seguros que, por la vía del diálogo y la concertación de todas las fuerzas políticas de la nación, podremos arribar a establecer un sistema democrático en nuestro país. El Ejecutivo Federal tiene la oportunidad histórica, en los procesos electorales que se realizarán en 1993 y 1994, de mostrar su voluntad política para avanzar a la democracia respetando la voluntad popular y los principios constitucionales. Esto permitirá fortalecer la soberanía y defender la integridad de la República.
Con democracia y una economía agrícola e industrial consolidada es posible dar una base sólida a las realidades de México con la economía mundial. Estamos seguros que un gobierno democrático que se base en el consenso popular, tendrá capacidad de negociar, en mejores condiciones acuerdos económicos que permitan establecer una dinámica interdependencia con las economías industrializadas de Estados Unidos, Canadá, Europa y la Cuenca del Pacífico, así como con las de América Latina.
Apoyándonos en el proyecto histórico plasmado en la Constitución de 1917 y en el legado revolucionario de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y el Gral. Lázaro Cárdenas, consideramos que con la movilización democrática del pueblo es posible impulsar un desarrollo integral y autocentrado, con crecimiento autosostenido, aumento del empleo y del ingreso de los trabajadores, diversificación productiva, desarrollo rural y autosuficiencia alimentaria, integración regional e intersectorial, bienestar campesino y expansión del mercado interno.
Sólo con el mejoramiento del ingreso, empleo y nivel de vida de los trabajadores del campo y la ciudad de podrá generar una dinámica de crecimiento con justicia, soberanía, democracia y respecto a los derechos humanos.
Consideramos que una política democrática y nacionalista exige un aumento sustancial de la inversión pública destinada al desarrollo económico, el aumento del crédito a las actividades productivas, aumento de la infraestructura económica del país y el establecimiento de una sólida economía agrícola e industrial basada en el respeto a los derechos sociales de los trabajadores del campo y la ciudad; y el fortalecimiento del ingreso, el empleo y el bienestar social. La realización de estas aspiraciones solo puede sustentarse en la democratización de las instituciones políticas de la nación, el fortalecimiento del municipio libre, la desaparición del régimen de partido de Estado y el establecimiento de órganos de gobierno legítimamente constituidos basados en el respecto a la voluntad popular expresada a través de elecciones libres. Realizar esta tarea es el reto de nuestro tiempo.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido de la Revolución Democrática vota en contra del Dictamen y del Decreto relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1993.
Diputada, Rosa Albina Garavito, Diputado Gilberto Rincón Gallardo, diputado Jorge Calderón Salazar.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.
¡DEMOCRACIA YA,
PATRIA PARA TODOS!
México, D.F., a 15 de diciembre de 1992.