Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921216 - Número de Diario 21
(L55A2P1oN021F19921216.xml)Núm. Diario: 21ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 16 de diciembre de 1992 No. 21
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INFORME
De la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, respecto de una vía de comunicación. De enterado.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que deroga el diverso de congelación de rentas.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Alberto Varón Modiano, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Israel, en Guadalajara, con circunscripción en el Estado de Jalisco;
María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá en Mazatlán, Sinaloa y
Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Paraguay en México.
Se aprueban y se turnan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.
Para sus discusión en lo general y en lo particular en un solo acto toman la palabra los diputados:
Juan José Castillo Mota, para rectificar hechos.
Francisco Hernández Juárez
Juan Hernández Mercado, para rectificar hechos.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Patricia Ruiz Anchondo
Octaviano Alaniz Alaniz
Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se someten a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Agustín Basave Benítez.
Toman la palabra los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez
Yolanda Elizondo Maltos
Manuel Terrazas Guerrero
Jesús Martín del Campo Castañeda
Francisco Salazar Sáenz
Jesús Saravia Ordóñez
Javier Centeno Avila
Juan Cárdenas García
Juan de Dios Castro Lozano
Juan Cárdenas García
Octaviano Alaniz Alaniz, para rectificar hechos.
Diego Fernández de Cevallos, para rectificar hechos.
Demetrio Hernández Pérez
Francisco José Paoli Bolio
Cesáreo Morales García, en pro.
Francisco José Paoli Bolio, para contestar alusiones personales.
Hildebrando Gaytán Márquez, para rectificar hechos.
Nicolás Olivos Cuéllar, para rectificar hechos.
René Bejarano Martínez, para hacer entrega de un documento.
Jorge Zermeño Infante
Carlos González Durán
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Se aprueba el dictamen en lo general.
Para la discusión en lo particular del dictamen y presentar reformas:
Juan Cárdenas García
Francisco Dorantes Gutiérrez
Elpidio Tovar de la Cruz
Jesús Berrospe Díaz
Layda Sansores San Román
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Jorge Calderón Salazar
Miguel González Avelar
René Bejarano Martínez
Eloy Cantú Segovia
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Eloy Cantú Segovia
Joel Arce Pantoja
José del Valle Adame
Luis Moreno Bustamante
Alejandro Encinas Rodríguez, presenta punto de acuerdo.
Gilberto Zapata Frayre
Jorge Tovar Montañez
Alfredo Castillo Colmenares
Abundio Ramírez Vázquez
Rafael Puga Tovar
Arturo Fuentes Benavídez
Lydia Madero García
Eloí Vásquez López
Ildefonso Zorrilla Cuevas
Eloí Vázquez López
Alfredo Ling Altamirano
Julio López Valenzuela
Salomón Jara Cruz
Ana Teresa Aranda Orozco
Luis Beauregard Rivas
Se someten a discusión las propuestas presentadas.
Se aprueba en lo general y en lo particular y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO PACHECO PULIDO
ASISTENCIA
EL Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 368 diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente (a las 12.40 horas): - Esta Presidencia se permite informar a la Asamblea que muchísimos señores diputados se encuentren reunidos en este edificio en trabajo de sus comisiones parlamentarias.
Se abre la Sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Pérez Díaz:
«Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura. Orden del día
16 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de ciudadanos diputados.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que deroga el diverso de congelación de rentas.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Fernanda Barcárcel Santa Cruz de Romero, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá en Mazatlán, Sinaloa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República del Paraguay en México.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal; y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El Secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del Diputado
José Ramos González
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos
del día quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos setenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Enrique Pichardo Ramírez, diputado suplente electo en la segunda circunscripción y designa a una comisión que lo introduzca y acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminado el acto protocolario, el diputado Pichardo Ramírez entra en funciones de inmediato.
La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en el que se pronuncia por la derogación del decreto del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, por el que se prorrogaron los contratos de arrendamiento, conocido como "congelación de rentas". Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones fiscales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se da lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Alberto Varón Modiano, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Israel en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en toda la entidad; María Fernanda Barcárcel Santa Cruz de Romero, pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Canadá, en Mazatlán, Sinaloa; Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, puedan prestar sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Desde su curul, el diputado Juan de Dios Castro Lozano reclama el trámite por existir error en este dictamen y el Presidente pide que se regrese a la comisión dictaminadora.
Otro dictamen de la misma Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Paraguay en México. Es de primera lectura.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura a un documento por el que se denuncian problemas de límites entre los municipios de Uriangato y Moroleón , en el Estado de Guanajuato. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
También en votación económica, la Asamblea confirma el acuerdo de los grupos parlamentarios, en el sentido de que la discusión de este dictamen se lleve a cabo en lo general y en lo particular en un solo acto.
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional y, para fundamentar el criterio de sus diferentes grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, en contra; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Daniel Garza González, del Partido Acción Nacional, para proponer diversas reformas a la iniciativa, y María de los Ángeles Moreno Uriegas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados Daniel de la Garza Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado
Elpidio Tovar de la Cruz
Para continuar con el debate, hacen uso de la palabra los diputados Arturo Torres del Valle,
del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones; Samuel Moreno Santillán , del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien a su vez propone modificaciones; Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; en pro; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución democrática, en contra y, para rectificar hechos los diputados Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional; Rafael Sánchez Leyva, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática y Fernando Lugo Hernández, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones.
Presidencia del diputado
José Ramos González
Continúan debatiendo los diputados Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Jesús Martín del Campo Castañeda, para contestar alusiones personales; Jorge Calderón Salazar, del mismo partido, quien entrega el voto particular de su grupo parlamentario; Gabriela Guerrero Olivares, del Partido Popular Socialista; Juan Campos Vega, del mismo partido; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones; René Sánchez Juárez del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta una interpelación del diputado Torres del Valle; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer reformas al dictamen Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Efraín Zúñiga Galeana, del mismo partido, para proponer reformas y Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional, en contra.
Continúa el debate del dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres y hacen uso de la palabra los diputados Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Jorge Flores Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer reformas; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido y para contestar a una interpelación del diputado Flores Solano.
Presidencia del diputado
Salvador Abascal Carranza
Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien propone modificaciones; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta reformas; Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Eloy Vásquez López , del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reformas y contestar a una interpelación del diputado Flores Solano.
Continúan debatiendo los diputados Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien contesta a una interpelación del diputado Becerril Straffon; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Eloy Vásquez López, del mismo partido en el mismo sentido; Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Alejandro Nieto Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, para proponer un artículo transitorio en relación con los trabajos de reconstrucción del Palacio Legislativo sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presidencia del diputado
José Ramos González
Terminan el debate los diputados Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido; Guillermo Flores Velasco, del mismo partido y en el mismo sentido; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista en contra; Gabriel Mendoza Manzo, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer un artículo tercero transitorio y Angel Aguirre Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, quien resume los objetivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y tres.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría somete a consideración de la Asamblea las diversas proposiciones de los grupos parlamentarios, de las cuales se aprueban, en votación económica, las que se refieren a los artículos segundo y segundo transitorio, del Partido Revolucionario Institucional; tercero, del Partido Acción Nacional;
vigesimoquinto y vigesimosexto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; decimoquinto y vigésimonono, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y tercero transitorio del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y tres votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En virtud de haber sido impresos y distribuidos entre los señores diputados los siguientes dictámenes: de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal y de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa para que se escriba con letras de oro en el muro del salón de sesiones el nombre de José Servando Teresa de Mier y Guerra, la Asamblea, en sendas votaciones económicas les dispensa la primera lectura. Son de primera lectura.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Serrano Cedillo, del Partido Revolucionario Institucional, quien da a conocer un pronunciamiento político de todos los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Quinta Legislatura, por el que se rechaza cualquier modificación a la carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, a fin de convertir ese organismo en cuerpo sancionador de sus propios miembros. De enterado. Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de ayer a la primera hora con cuarenta y un minutos del día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y dos, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
INFORME
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila:
«Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
En relación al turno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, del día 23 de septiembre de 1992, a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para que se investigue la construcción del "Boulevard Solidaridad" en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentado por el diputado Adolfo Kunz Bolaños a nombre del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se conformó una subcomisión especial integrada por los diputados Victoria Reyes Reyes (Partido Revolucionario Institucional) y Gonzalo Cedillo Valdez(Partido Auténtico de la Revolución Mexicana), misma que realizó una visita al lugar de los hechos entrevistándose con autoridades municipales y ciudadanos afectados.
Por lo anterior expuesto envío a ustedes, para el trámite correspondiente, el informe de la subcomisión especial integrada para este caso.
Agradeciendo de antemano su atención, me despido enviándoles un cordial saludo.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 1992.- Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente.»
«Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Presente.
En cumplimiento al mandato que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Presidencia de esa Comisión a su digno cargo, el pasado 23 de septiembre del año en curso, a efecto de que se investiguen los procedimientos para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción del Boulevard Solidaridad también llamado Ribereño, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, nos permitimos informar a usted que de acuerdo a sus instrucciones, la subcomisión integrada por los diputados Victoria Reyes Reyes y Gonzalo Cedillo Valdez, nos trasladamos a dicha ciudad el pasado 2 de octubre a fin de dar cumplimiento con la comisión encomendada.
Debemos señalar que nos acompañó el diputado Javier Colorado, Secretario de la Comisión de Vivienda de esta Cámara.
A continuación presentamos a su consideración el informe de las actividades realizadas por esta subcomisión especial de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Viernes 2 de octubre
La subcomisión fue recibida a su llegada por el diputado Carlos E. Cantú Rosas y el señor Javier Ortega Villareal, presidente del Comité Prodefensa de las Colonias Viveros y Victoria, acompañados por un numeroso contingente de vecinos del Partido de la Revolución Mexicana.
Dada la concentración que se dio en el aeropuerto, las autoridades se retiraron para evitar cualquier tipo de agresión o enfrentamiento con los vecinos, impidiéndose así el primer contacto con la autoridad municipal que permitiera dar inicio de inmediato al trabajo encomendado.
Acudiéndose en principio a un recorrido por el área donde se encuentra el asentamiento humano afectado con la construcción del Boulevard Solidaridad, en dicho lugar se efectuó un mitin del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en donde se le informó a la subcomisión lo siguiente:
Que en los días 10 y 11 de agosto del presente, los señores ingeniero Sergio Higuera Gil, arquitecto Fernando Martínez y licenciado José María Saldívar, representantes del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (ITAVU) se presentaron a altas horas de la noche en diversos domicilios de vecinos de las colonias Viveros y Victoria, y con amenazas de desalojo violento, incluso mediante el uso del ejército, presionaron a sus habitantes a vender sus propiedades, todo lo anterior, sin que los agresores explicaran los motivos de la "expropiación" ordenada por los gobiernos federal y estatal.
El 12 de agosto siguiente, el ingeniero Arturo Cortez Villada, presidente municipal de Nuevo Laredo, informó a los vecinos amenazados que los visitantes nocturnos eran representantes del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, y que deberían dirigirse a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, instancia responsable de la construcción del Boulevard y colector, causa que motivaba la venta de sus propiedades.
Al conocerse los detalles de la construcción del Boulevard, los vecinos insisten en que no es necesaria la afectación de sus propiedades en cuanto que, de la ribera del Río Bravo a sus casas habitación, hay más de 600 metros de distancia; terreno suficiente para construir hasta cuatro boulevares.
También denuncian que los avalúos que el Gobierno del Estado ha hecho de sus terrenos están por debajo de su valor comercial; además de que el Club Campestre, El Cortijo y quienes viven a orillas del Boulevard Ruiz Cortines, no han tenido problemas de amenazas de desalojo o venta forzada por parte de las autoridades, a pesar de que tales construcciones se encuentran a menos de 300 metros del Río Bravo.
Los afectados denuncian que el Boulevard y el Colector ribereños fue desviado para no afectar los intereses del rancho La Herradura, propiedad de los hermanos Canale.
Por su parte, el dirigente de los vecinos, Javier Ortega Villareal, asegura que son los inversionistas regiomontanos los que han visto un filón de oro en los terrenos ubicados junto al trazo del Boulevard, ya que después "de que se vendan las propiedades van a modificar los planos del proyecto del tal forma de que el Boulevard quede a las orillas del Río Bravo, aumentando considerablemente el valor de los mismos".
De tal manera los afectados solicitan que los planos de la obra original sean modificados a fin de evitar que se afecten los predios y los terrenos de las colonias citadas.
Finalmente denuncian al ingeniero Antonio Carlos Valdez Balboa, Secretario de Asentamientos y Obras y Servicios Públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, como el dueño de la constructora que promueve el desalojo de los vecinos y la construcción del Boulevard y el Colector Solidaridad.
Una vez concluido el recorrido por las colonias Viveros y Victoria, nos trasladamos a las oficinas de la presidencia municipal de Nuevo Laredo a fin de entrevistarnos con su titular, el ingeniero Arturo Cortez Villada.
Entrevista con la autoridad
En nuestra entrevista con el presidente municipal de Nuevo Laredo y el ingeniero Alfredo Villalobos Vázquez, coordinador técnico del proyecto de construcción del Boulevard y representante de la Secretaría de Asentamientos y Obras y Servicios Públicos del Gobierno tamaulipeco, se nos informó lo siguiente:
"El área que será afectada, colonias Viveros y Victoria, con la construcción del Boulevard, es una zona federal invadida con partes privadas.
Los posesionarios que se encontraban en la zona federal invadida han sido reubicados en su totalidad.
El Boulevard Solidaridad es la obra más importante para la ciudad de Nuevo Laredo y el comercio internacional, que asciende diariamente a 50 mil millones de pesos.
El ayuntamiento de Nuevo Laredo sólo ha sido un gestor de la construcción del Boulevard; y se ha pedido apoyo financiero a los gobiernos federal y estatal.
Según las autoridades, los afectados por las obras se dividen en 468 posesionarios y en 250 propietarios. "Los afectados tienen dos opciones: recibir una vivienda conforme al avaluó de su propiedad o el pago en efectivo; para los propietarios existen cuatro tipos de vivienda, mientras que para los posesionarios sólo hay un tipo".
Los funcionarios acordaron reunirse con los diputados al día siguiente, no sin antes informar que no se ha ejercido presión sobre los afectados; aunque reconocieron que ha habido discrepancias con los avalúos, insistiendo en que solamente existen problemas en siete hectáreas de la construcción del Boulevard, lo que equivale a 1 mil 100 metros de un total de 12 mil que tendrá el multicitado Boulevard.
Sábado 3 de octubre
En compañía del presidente municipal y funcionarios del cabildo y estatales, así como con los representantes de los vecinos, la subcomisión especial realizó un recorrido por el área susceptible de afectación, destacando entre lo observado que, en efecto, aún a temprana hora parte del centro de Nuevo Laredo sufre congestionamientos en su puentes internacionales de salida a los Estados unidos, lo cual en teoría vendrá a resolver el Boulevard.
Asimismo se sucedieron varios careos entre las autoridades y los vecinos, temas recurrentes lo fueron los precarios avalúos hechos por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización y la negativa a vender por parte de los vecinos, mismos que demandan un nuevo trazo para la obra.
Terminado el recorrido le fue solicitado al presidente municipal un expediente técnico sobre el proyectado Boulevard: sus antecedentes, mapas, áreas afectadas, censos, avalúos , etcétera. Dicha información fue entregada al diputado Javier Colorado.
Señor Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas: por lo anteriormente expuesto nuestras conclusiones y recomendaciones son las siguientes
1. La construcción del Boulevard Solidaridad o Ribereño es necesaria, dada la problemática de vialidad en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2. La construcción del Boulevard se ha efectuado sin negociar debidamente con los vecinos de las colonias Viveros y Victoria, los representantes de los gobiernos municipal y estatal tamaulipecos.
3. Que los avalúos realizados por las autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas se han realizado por debajo de su valor comercial.
4. Que las reubicaciones realizadas a las familias asentadas irregularmente en la zona federal han sido beneficiadas.
5. Que los propietarios de las colonias Viveros y Victoria no han sido debidamente informados ni atendidos en sus demandas.
Por lo anterior proponemos:
a) La integración de una Comisión Técnica cuyo trabajo consista en evaluar el expediente técnico del Boulevard Solidaridad, considerando las posiciones contrapuestas por las partes, así como evaluar la posibilidad de un nuevo trazo.
b) Supervisar los avalúos que efectúan las autoridades estatales, de tal forma de que éstas se apeguen a derecho.
c) Que se nombre una comisión negociadora que realice una propuesta atractiva que facilite la concertación entre las partes afectadas.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 1992.- Diputados: Victoria Reyes Reyes y Gonzalo Cedillo Valdez.»
De enterado.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA DIVERSO DE CONGELACIÓN DE RENTAS
EL Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que deroga el Diverso de Congelación de Rentas.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: a la Comisión del Distrito Federal, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, el día 30 de junio de 1992, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y que tiene por objeto la abrogación paulatina del "Decreto que prorroga los Contratos de Arrendamiento de las Casas o Locales que se Citan".
Dicha iniciativa fue objeto de un cuidadoso análisis por parte de los diputados miembros de esta Comisión, que incluyó la exposición de motivos del mismo, así como los antecedentes y la situación económica y social en que se encuentra la vivienda en el Distrito Federal. Se revisaron ampliamente los puntos de acuerdo, a fin de establecer una mecanismo ágil y eficaz que tuviese un impacto positivo en la ciudad de México.
Los antecedentes de los decretos de prórroga legal por tiempo indefinido y por ministerio de Ley, encuentran su explicación en el desajuste económico generado por la Segunda Guerra Mundial que se manifestó en un aumento generalizado de precios y además en la ciudad de México, en una escasez de vivienda. El Gobierno del Presidente Manuel Avila Camacho adoptó medidas enérgicas y publicó en el Diario Oficial del 24 de julio de 1942, un "Decreto por el cual se previene que no podrán ser aumentadas las rentas por ocupación de inmuebles, mientras rija la suspensión de garantías individuales". Es importante señalar que en 1940, de las 513 mil 175 viviendas que existían en la ciudad de México, el 86.1% eran ocupadas por inquilinos.
El decreto que se comenta, congeló únicamente las rentas, más no prorrogó los contratos de arrendamiento para casas o locales destinados a la habitación.
Esto se realizó a través de un segundo decreto de fecha 24 de septiembre de 1943 que además de continuar con la congelación de rentas procedió a la prórroga de los contratos por todo el tiempo de durase la guerra.
Un tercer decreto, de fecha 5 de enero de 1945, adicionó los decretos anteriores incluyendo los contratos de arrendamiento sobre los locales en que existieran giros comerciales de diversos artículos de primera necesidad. Al concluir la guerra, por decreto del Congreso de la Unión de fecha 28 de diciembre de 1945, se prorrogó la vigencia de los tres decretos anteriores.
Posteriormente, el Congreso de la Unión emitió tres distintos decretos: uno de fecha 8 de febrero de 1946, por el cual se prorrogan los contratos de arrendamiento y se congelan las rentas de locales para habitación, para talleres familiares, así como los ocupados por trabajadores a domicilio. El 30 de diciembre de 1947 se expide un decreto más que repite las disposiciones de las anteriores, pero restringe su aplicación a los contratos de arrendamiento con rentas no mayores de 300 pesos.
Finalmente, el 24 de diciembre de 1948, se expidió el decreto actualmente vigente y que es motivo de la iniciativa bajo análisis. Este decreto conservó el tope de 300 pesos para los arrendamientos de casas o locales destinados a la habitación, pero amplía la prórroga de arrendamientos a toda clase de comercios e industrias, sin restricción alguna en lo que se refiere al monto de las rentas. El mismo, sólo excluye de la congelación y la prórroga aquellos establecimientos que se dediquen a salones de espectáculos públicos, pulquerías, cantinas, cabarets y otros considerados como centros de vicio.
Se debe de destacar que tanto en la exposición de motivos del decreto en cuestión, como en el debate que sostuvimos los miembros de la Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 1948 para aprobar el mismo, se señaló su naturaleza transitoria, esto es, su carácter temporal mientras se expedía una legislación que regulara adecuadamente los contratos de arrendamiento para fincas urbanas y en lo que mejoraban las condiciones sociales y económicas derivadas de la confrontación armada.
Lo anterior se desprende de los planes que hicieran los diputados federales Luis Márquez Ricaño y Ramón Santoyo, quienes señalan que las condiciones económicas de la población de la ciudad de México, establecen la necesidad de expedir disposiciones de esta naturaleza, las cuales sólo deberían de tener vigencia mientras durara la situación de excepción.
A 50 años de la expedición de la primera de estas medidas, se puede realizar un balance de los impactos de las mismas en la vivienda de la ciudad de México. Es claro que en su inicio, permitieron proteger a un amplio sector de la población que vivía en habitaciones arrendadas y que mediante las mismas pudieron proteger su economía ante la situación de incertidumbre y de carestía que existía. Ante la ausencia de programas oficiales de vivienda, se logró que las clases populares pudiesen contar con una oferta de habitación en arrendamiento a muy bajo precio.
Sin embargo, con el tiempo esta situación se revirtió y cuando las rentas bajas perdieron su referencia con el mercado, uno de los efectos más notables fue el de disminuir, cuando no completamente abandonar el mantenimiento de estas viviendas. El resultado fue el deterioro en que fueron cayendo que con el tiempo se hizo mayor hasta llegar a situaciones socialmente inadecuadas e incumplir con los requisitos de una vivienda digna. Por otra parte estas medidas inhibieron la construcción de vivienda en arrendamiento, la cual rápidamente decayó de tal manera que, no obstante el rápido crecimiento de la población en la ciudad de México, la vivienda en arrendamiento se incrementó solamente en 10% durante las tres décadas siguientes.
En la actualidad, el estado de la gran mayoría de las viviendas en renta congelada es francamente deplorable. Habitaciones ruinosas, que a causa del escaso mantenimiento no llenan los requisitos de seguridad y que resultan peligrosas en muchas ocasiones para sus propios habitantes. Es causa de preocupación en la ciudad de México, ver cómo, sobre todo en época de lluvias, se derrumban viviendas de esta naturaleza, dejando a sus moradores en completo desamparo.
Los datos sobre el número de vivienda sujetas a este régimen, no son del todo claros, pues si bien los estudios de la Tesorería del Departamento del Distrito Federal en 1975, señalaban que existían 15 mil 918 predios con uno o más contratos congelados, los sismos de 1985 llevaron a la demolición de muchas de las viviendas con rentas congeladas por las malas condiciones en que se encontraban, siendo sustituidas por los programas de emergencia que realizó el Departamento del Distrito Federal.
Los impactos de estas medidas en la ciudad de México en su conjunto, nos llevan a la conclusión de que sería inconveniente mantenerlas por más tiempo, ya que además de los efectos arriba señalados, razones urbanísticas y de rescate de zonas relevantes de la ciudad, requieren de la aplicación de nuevas estrategias. El abandono a que han llegado en algunas áreas principalmente del Centro Histórico y la falta de inversión en las mismas, han generado una baja densidad de población y el desperdicio en la utilización de espacio y de la infraestructura urbana. Esto es, las medidas han propiciado la expansión urbana que aumenta los costos de los servicios públicos, debido sobre todo a la falta de oferta de vivienda en las zonas céntricas que cuentan con mayor equipamiento y menores necesidades de transporte; adicionalmente y como consecuencia han afectado la captación fiscal.
Uno de los objetivos del presente decreto es lograr la rehabilitación y densificación adecuada del centro de la ciudad, dando a los moradores de casas o locales con rentas congeladas la posibilidad de mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y de esta manera elevar la calidad de vida en esta importante zona de la ciudad. Lo que se pretende es que el Centro Histórico se constituya nuevamente en un área de habilitación de familias medias y populares, que aprovechando la regeneración de sus viviendas y compartiendo espacios con una de las principales zonas de oficinas y comercio de la ciudad, puedan mejorar el estado de los inmuebles que ocupan e incrementar así su nivel de vida.
Hoy, las necesidades de vivienda siguen constituyendo uno de los principales problemas de la ciudad, originado principalmente por el crecimiento de la población local y por la migración que se da del interior de la República.
Para disminuir esta problemática, se han establecido diferentes programas tanto por parte del
Gobierno Federal, como del Gobierno del Distrito Federal. Así, instituciones como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a nivel federal o el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano y el de Casa Propia, a nivel de la ciudad han avanzado en dar respuestas a este problema, construyendo miles de viviendas que han beneficiado principalmente a las familias trabajadoras, así como a aquellas de menores recursos.
Sin embargo, continuar avanzando hoy en dar una oferta de vivienda digna a las clases populares, significa establecer una nueva estrategia que, por una parte permita el mejor aprovechamiento de los recursos crediticios del Estado y de la banca nacional, así como la mejor organización social con que hoy contamos; por la otra, es necesario fomentar la participación de los particulares interesados en la construcción de vivienda para arrendamiento. Sólo se podrá resolver esta problemática, con una gran inversión tanto pública como privada que al mismo tiempo de permitir una oferta suficiente, pueda hacerlo a precios accesibles, posibilitando de esa manera la obtención de una vivienda digna.
Tampoco se debe pasar por alto, que un número significativo de predios bajo el régimen de rentas congeladas, están dedicados a la industria o al comercio. Esto ha significado una situación inequitativa para los propietarios de los mismos, y una ventaja económica relevante para quienes dedicándose a una actividad mercantil, han podido aprovecharse de 50 años de rentas prácticamente nulas.
Es común que los comercios e industrias así establecidos, no operen ya como originalmente se había previsto. Con el tiempo se han transformado en bodegas o almacenes de guarda, constituyendo un factor negativo para ampliar la oferta de vivienda, así como para la ciudad que en muchos casos se ha visto imposibilitada para regenerar algunas zonas céntricas por estos motivos.
La comisión ha tomado también en consideración los puntos de vista de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que en su sesión del pasado 10 de diciembre acordó solicitar a esta Cámara de Diputados, que procediera a analizar la iniciativa del pasado 30 de junio de 1992 "ya que la emisión de una resolución del Congreso en este asunto puede permitir solucionar en determinados plazos una situación estática que no ha evolucionado en cerca de 50 años y que, además de las consideraciones requeridas en el citado proyecto presentado, tiene necesariamente una vinculación con el estado mismo de las construcciones sujetas al decreto de 30 de diciembre de 1948 y por tanto la seguridad de quienes en ellas habitan, ya que el importe de la rentas fijadas se han traducido en el deterioro de los edificios". Es importante señalar que este acuerdo fue avalado por cinco de las seis fracciones políticas representadas en ese órgano popular.
La Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados, ha sido especialmente escrupulosa en diseñar un sistema que evite que la derogación del decreto de 1948 se traduzca en un incremento de la rentas, manteniendo a la vivienda de renta congelada en la situación precaria en que se encuentra actualmente. Por ello, ha considerado establecer un mecanismo ágil y transparente que lleve a una descongelación gradual de las viviendas sujetas a este decreto y que otorgue facilidades a sus moradores, a efecto de que el impacto global en la ciudad sea positivo tanto para quienes la habitan, como para los mismos propietarios. Es por ello que la determinación de plazos para los locales habitacionales que van desde un año a partir de la fecha de publicación del decreto derogatorio, hasta cinco años, se consideran un factor imprescindible para la solución de fondo de esta situación.
Asimismo, ha considerado imprescindible el señalar el establecimiento de programas de apoyo específicos que atiendan a quienes tienen derecho a habitar en este tipo de viviendas.
Acciones que promuevan la adquisición de quienes habitan estas viviendas, así como el otorgamiento de créditos preferenciales para promover su compra - venta y la inclusión prioritaria de quienes tienen derechos y así lo deseen en los programas de vivienda del Departamento del Distrito Federal, constituyen parte de la estrategia que tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de quienes durante muchos años han ocupado viviendas en renta congelada.
En síntesis, tomando en consideración que:
a) Es indiscutible que la sustancia del decreto cuya abrogación se propone carece ya de todo sentido, toda vez que las causas que le dieron origen han perdido vigencia; la primera de ellas, proteger a los inquilinos en los momentos difíciles que enfrentaba el Distrito Federal, por las condiciones de la Segunda Guerra Mundial y segundo, regular el arrendamiento en tanto se expedía una ley específica en esta materia, situación que fue jurídicamente reglamentada en el año de 1985
cuando mediante una serie de reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conocidas en su conjunto como "Ley Inquilinaria" se reguló el contrato de arrendamiento para fincas urbanas destinadas a casa - habitación.
b) Que las viviendas en renta congelada se han deteriorado debido a su falta de mantenimiento en los últimos 50 años, lo cual ha repercutido en inseguridad para sus moradores, así como en una vivienda que no promueva la calidad de vida de quienes habitan en la misma y sin embargo pueda significar situaciones de peligro para los mismos.
c) Que los comercios, industrias y otros establecimientos mercantiles cuyos locales se han sujetado al régimen de congelación de rentas, presentan una situación inequitativa y una ventaja económica que distorsiona el mercado e impide la regeneración de zonas importantes de la ciudad, principalmente las que se encuentran en el Centro Histórico.
d) Que es necesario establecer una nueva estrategia para promover los programas de vivienda, basada no sólo en el esfuerzo público, sino también en la inversión privada, que permita crear las condiciones para una mayor oferta de vivienda en arrendamiento en el Distrito Federal, y
e) Que en la iniciativa de derogación del decreto correspondiente, se propone un programa de apoyo para los inquilinos que ocupan locales de habitación sujetos a renta congelada, programa que tiene por objeto el facilitar la adquisición de estos predios, a fin de que se realicen las mejoras necesarias en los mismos, así como el dar preferencia en los créditos necesarios y prioridad en los programas de vivienda.
Es que esta Comisión del Distrito Federal, en términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 del mismo ordenamiento, así como de los numerales 65,87, y 88 del Reglamento Interior del Congreso, someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DECRETO QUE ABROGA AL SIMILAR QUE PRORROGA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS CASAS O LOCALES QUE SE CITAN
Artículo 1o. Queda abrogado el "decreto que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1948, de acuerdo al siguiente calendario:
I. Las casas o locales destinados a comercios o industrias, a los 30 días de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
II. Las casas o locales ocupados por trabajadores a domicilio o talleres, dos años después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
III. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación, y cuya renta sea de doscientos cincuenta pesos o más, dos años después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
IV. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación, cuya renta sea de cien hasta doscientos treinta y nueve pesos, tres años después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
V. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación cuya renta sea de cien pesos, cuatro años después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2o. Los organismos de vivienda, de conformidad con el calendario señalado en el artículo anterior, establecerán de acuerdo a sus reglas de operación, un programa específico con soporte crediticio, facilidades administrativas y asesoría jurídica, que permita apoyar a quienes tengan derecho a ocupar casas o locales destinados exclusivamente a la habitación y que hayan sido regulados por el decreto que se abroga, a efecto de
I. Promover la adquisición por parte de los arrendatarios, de los inmuebles que ocupen, así como su rehabilitación.
II. Buscar la reducción de los costos de las viviendas incluidas en las acciones referidas.
III. Incluir en el "Acuerdo de Subsidios Fiscales y Facilidades Administrativas para la Vivienda Popular", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1992, las operaciones que se realicen conforme al presente decreto.
IV. Considerar en forma prioritaria a los inquilinos que así lo deseen y reúnan los requisitos para integrarse a los programas de vivienda que desarrollan los organismos oficiales.
Artículo 3o. Los propietarios de los inmuebles objeto del presente decreto, catalogados por el Instituto Nacional Antropología e Historia, o por el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de 1972, deberán proceder a su revitalización mediante la remodelación y adecuación de sus condiciones estructurales y sanitarias.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Por ser de interés general, publíquese también en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Artículo tercero. El Departamento del Distrito Federal, deberá informar sobre la ejecución y los avances del programa específico de vivienda a que se refiere el artículo 2o. de este decreto, en los informes trimestrales que envía a la Cámara de Diputados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su adecuada verificación y seguimiento.
Artículo cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 1992.»
Es de primera lectura.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: a la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993, que presenta el Ejecutivo Federal en estricto cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para el análisis y discusión de la iniciativa, se constituyó un grupo de trabajo integrado por diputados de distintas fuerzas políticas, el cual tenía a su cargo valorar el contenido de la propuesta y preparar un proyecto de dictamen sobre el cual se pronunciara esta Asamblea.
Durante este proceso se celebraron reuniones con servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, incluida la comparecencia del jefe de Departamento ante el pleno de la Comisión, así como con diputados encargados de la revisión de otros ordenamientos fiscales o presupuestales. Lo anterior permitió un valioso intercambio de ideas que se recogen e incorporan en el cuerpo del presente dictamen.
Por lo tanto, en los términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 del mismo ordenamiento, así como de los numerales 65, 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
El proyecto de Presupuesto de Egresos define anualmente los criterios y prioridades de gasto a los que la autoridad deberá sujetarse en el desarrollo de sus funciones.
En el caso del Distrito Federal, existe un compromiso entre sociedad y Gobierno para elevar los niveles de bienestar entre la población, dando atención especial a los sectores que se encuentren más desprotegidos. Por ello, se reclama que el ejercicio de los recursos se haga en forma clara, eficiente y con una alta rentabilidad social.
Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993 se incluyen las propuestas que, tomando en cuenta las previsiones de ingreso, formulará en su oportunidad la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal. Su participación directa es garantía de una mayor adecuación del gasto a los planteamientos de las representaciones sociales.
El documento presentado a la consideración de la Comisión contiene un total de 43 programas, que coinciden con lo apertura federal, y que para facilitar su estudio se agrupan en siete ámbitos. Trece de esos programas se definen en el artículo del decreto como prioritarios.
El Sector Departamento del Distrito Federal ha considerado un Presupuesto de Egresos del orden de los 14 mil 535 millones 915 mil 100 nuevos pesos, de los cuales 11 mil 179 millones 204 mil se destinan a cubrir actividades del sector Central y 3 mil 356 millones 711 mil 100 a las empresas y organismos coordinados. En este último rubro se incluyen aportaciones por 1 mil 880 millones 65 mil 400 nuevos pesos.
En este presupuesto, de conformidad con la Ley de Ingresos, se consigna financiar 8 mil 110 millones 97 mil 600 nuevos pesos con recursos propios del Departamento del Distrito Federal y empresas coordinadas, 5 mil 784 millones 835 mil 600 con la participación de ingresos federales, 200 millones con transferencias del Gobierno Federal, 195 millones de Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior y 245 millones 981 mil 900 con financiamiento.
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, el Proyecto de Presupuesto persigue:
Seguir dotando de más y mejores servicios a la ciudad de México, fundamentalmente en las zonas con mayores carencias, con objeto de lograr un mayor equilibrio social.
Preservar el estado de derecho y las garantías individuales, así como la integridad física y patrimonial del ciudadano, mediante una mejor presentación de los servicios de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Profundizar en la aplicación de medidas para prevenir y controlar la contaminación ambiental, contando para ello con la participación activa de la sociedad.
Asegurar el saneamiento de las finanzas públicas de la ciudad, mediante la eficiente recaudación y aplicación racional y transparente de los recursos. Extender la cobertura del sistema hidráulico, procurando el aprovechamiento y utilización del agua en forma racional y eficiente.
Mejorar el servicio público de transporte, a través de la modernización y mantenimiento en el equipo de los distintos medios, así como mediante la aplicación en la red del Metro.
Avanzar en el reordenamiento urbano de la ciudad, para controlar su crecimiento de conformidad con políticas ciertas de uso del suelo.
En ese orden de ideas, cabe resaltar que las erogaciones de inversión que se prevén corresponde a la continuación y terminación de las obras en proceso y que el porcentaje de recursos destinados a los programas prioritarios representan el 60% del gasto proyectado, a la vez que se incrementan los recursos destinados a la Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, Protección Ecológica y Transporte, que en su conjunto representan los renglones de mayor importancia para el sector, tal como lo sugirió esta Comisión en su dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 1992.
En este sentido, en materia de Seguridad Pública serán reforzados los mecanismos y dispositivos de seguridad y vialidad, fundamentalmente en aquellas zonas y horas en que se presentan los mayores índices delictivos, a la vez que se continuará modernizando el parque vehicular y equipamiento de seguridad y defensa de los elementos de policía, para brindar mejores condiciones de seguridad a la ciudadanía.
Estas medidas serán complementadas con programas de formación, actualización y especialización de los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública.
Esta Comisión, durante los últimos meses, ha emprendido un trabajo conjunto con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la Comisión de Justicia de esta Cámara, con académicos y especialistas, así como con servidores Públicos del Departamento del Distrito Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para elaborar una Ley de Seguridad Pública que garantice una mejor protección a la problemática capitalina.
Dicho proyecto legislativo tiene como su eje fundamental la profesionalización policiaca. Derivado de lo anterior, esta Comisión ha estimado conveniente asignar adicionalmente recursos por 5 millones de nuevos pesos para los programas de formación en las corporaciones responsables.
Esta variación presupuestal no afectará ninguno de los programas prioritarios y recaerá en el ámbito administrativo del Departamento.
En lo referente a Procuración e Impartición de Justicia destaca el proceso de desconcentración de la Procuraduría y la atención de manera especial a los asuntos relacionados con delitos de índole sexual y de robo de infantes.
Asimismo, prevé agilizar los métodos y procedimientos jurídicos de carácter contencioso, con objeto de que las demandas que se presenten sean resueltas de una manera más justa, oportuna y expedita.
Por lo que respecta a la justicia laboral, se señala que se proseguirán armonizando las relaciones obrero - patronales, para propiciar una mayor competitividad y defensa del empleo.
Para llevar a cabo los propósitos y acciones de este ámbito de Justicia y Seguridad Pública se ha considerado una asignación equivalente a los 2 mil 278 millones 449 mil 300 nuevos pesos, que representan casi el 16% del Proyecto de Presupuesto para 1993 y que significan un incremento del 24.0% respecto al originalmente autorizado en 1992.
Por otra parte, para avanzar en la restitución de los ecosistemas de la ciudad, el departamento del Distrito Federal, en coordinación con otras dependencias del sector público, se propone seguir involucrando la participación cada vez más activa de la población y aplicar medidas de orden técnico para mejorar la calidad del aire, agua y suelo y preservar los recursos naturales.
Por lo que atañe al mejoramiento de la calidad del aire, en el marco del Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México, se considera extender el Programa de Verificación Vehicular a dos revisiones al año para todo tipo de vehículos, mejorar los combustibles, controlar las emisiones provenientes de industrias, servicios y termoeléctricas a través de la dirección y coordinación de la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación del Valle de México.
Vinculado a ello, se menciona la atención especial al cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto Ecológico, relativos fundamentalmente a la adopción de nuevas tecnologías anticontaminantes, por parte de las industrias.
Esta soberanía exigirá de las autoridades responsables el ejercicio de las acciones necesarias para asegurar la protección a la salud de la población.
En apoyo a lo anterior, se prevé dar prioridad a los programas de forestación y reforestación en áreas urbanas y rurales mediante la plantación de más de 4 millones 900 mil árboles y 725 mil plantas de ornato, así como la restauración de 700 hectáreas en subcuencas.
Para mejorar la calidad del agua se establece seguir promoviendo la participación del sector privado en el tratamiento de aguas negras para su reúso posterior, operar 164 instalaciones de drenaje y 13 plantas de tratamiento, realizar un número mayor de muestras de control de calidad del agua y avanzar en el proceso de automatización y medición de 14 estaciones del sistema de drenaje.
En lo que se refiere a la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos, se considera prioritario consolidar la infraestructura y los sistemas de transferencia, tratamiento y reciclaje; concluir la clausura por zonas de los tiraderos de Santa Catarina y del relleno sanitario ubicado en Prados de la Montaña; así como, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, proseguir con la ejecución del Programa Metropolitano de Residuos Sólidos.
A este ámbito se asigna un monto de 1 mil 456 millones 941 mil 300 nuevos pesos, que constituye el 10% del gasto total del Departamento del Distrito Federal, y que representa un incremento aproximado del 22% con relación al autorizado en 1992.
Por lo que se refiere al ámbito de transporte, para mejorar la calidad de los servicios, se plantea continuar con los esfuerzos de modernización de los organismos públicos encargados de ello, manteniendo al Metro como eje principal de traslado de los habitantes.
En coordinación con el Gobierno del Estado de México se busca avanzar en la reordenación de los diferente medios de transporte, bajo un enfoque metropolitano que permita optimizar la infraestructura con la que se cuenta, mejorar los equipos disponibles y prestar un servicio eficiente, seguro y no contaminante.
Además, se señala mantener el apoyo directo a los casi 8 millones de usuarios diarios, a través de la continuación en la aplicación de un programa de subsidio como única fuente de apoyo a las entidades públicas responsables de prestar el servicio.
Entre las principales obras, se menciona proseguir con la construcción de la línea 8 del Metro, que a su término correrá de Constitución de 1917, en Iztapalapa, a Garibaldi en el centro de la ciudad, que vendrá a facilitar el traslado de los
habitantes, descongestionar el tráfico vehicular y reducir la contaminación ambiental en el área suroriente de la capital. En forma complementaria se describe lo relativo a la realización de pagos parciales por la adquisición de 135 carros del Metro para esa misma línea.
Al mismo tiempo, se enfatizan las acciones de rehabilitación de 11 trenes de rodadura neumática equivalente a 99 carros del Metro con mayor antigüedad y adaptación de otros 13 consistentes en 117 carros para el Metro y la rehabilitación de 500 autobuses de Ruta - 100 y 50 trolebuses.
Igualmente se hace hincapié en llevar a cabo, al igual que en años anteriores, la aplicación de un amplio programa de mantenimiento y conservación de los activos existentes de los organismos, que abarca entre otros a 2 mil 424 carros del Metro y Metro Férreo, 158 kilómetros de vías dobles del Metro, 3 mil 860 autobuses de Ruta - 100, 6 millones 807 mil 600 metros de línea elevada para trolebús y tren ligero, y a 412 trolebuses.
Los recursos asignados para estos fines alcanzan un monto de 3'656,391.7 miles de nuevos pesos y representan el 25.1% del total del presupuesto previsto para el sector.
En lo relativo al ámbito de bienestar social se incluyen acciones dirigidas a elevar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, a través de prestaciones sociales y servicios comunitarios dando especial atención a adultos indigentes y a menores desvalidos; reforzar los servicios de salud preventivos y curativos consistentes en vacunación, prevención y control epidemiológicos, planeación familiar y educación para la salud; dotar a la población de agua potable y espacios educativos; así como impulsar la política de vivienda. Se prevé continuar promoviendo las actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas que fomenten una mayor convivencia y armonía en la sociedad.
Para garantizar el cumplimiento de estas acciones se han previsto recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de 32 unidades de atención médica, así como de 44 centros de salud, 58 casas de protección y 9 centros de readaptación social.
Durante 1992, en este órgano de representación popular se debatió sobre la necesidad de asegurar, en mejores condiciones para la población, el funcionamiento del Hospital Rubén Leñero. Tomando en cuenta el gran impacto social de los servicios que presta, se ha considerado altamente significativo que esta Comisión pueda duplicar los recursos previstos para los trabajos de remodelación y equipamiento de dicho hospital.
De igual modo se propone continuar otorgando los servicios de educación y capacidad apoyados mediante la construcción de 800 espacios educativos y la rehabilitación de otros 6 mil 550, enmarcados en el programa "Escuela Digna", así como la conservación y equipamiento de 1 mil 612 planteles. Los gastos efectuados en este último rubro son de especial trascendencia para esta Comisión y en el Proyecto que se dictamina se mantienen recursos a disposición de las delegaciones para ese fin.
Por lo que respecta a vivienda, entre otras acciones se propone la construcción de 10 mil 961 unidades, y se describe el impulso a los programas de edificación en predios que aporten lo grupos sociales; de financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda, mediante procesos de autoconstrucción; financiamientos a través de créditos puente de la banca; y la constitución de un fondo de garantía colateral que permita ser sujetos de crédito a beneficiarios que no tienen forma de comprobar sus ingresos.
Cabe hacer mención que esta Comisión, atendiendo al punto de acuerdo adoptado por la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal el 3 de diciembre pasado, ha considerado destinar en forma adicional 5 millones de nuevos pesos al programa de "Vivienda". Esta modificación permite establecer una tendencia de crecimiento que se estima resultará favorable.
La Complejidad y diversidad de los problemas en esta materia, nos impide desconocer que existen rezagos sensibles y desigualdades que deben ser abatidos. Por lo mismo, nos compromete a desarrollar esfuerzos cuantitativa y cualitativamente superiores que procuren soluciones acordes con la realidad en que nos desenvolvemos.
Las acciones que sobre este particular desarrolle el Departamento, deberán cuantificarse e informarse en forma detallada a esta Cámara dentro de los informes que se rindan.
Para este ámbito se destinan 2 mil 342 millones 597 mil nuevos pesos, que representan más de 16% del total del presupuesto.
Igualmente, para ubicar con precisión las acciones que se desarrollan para salvaguardar a la
ciudadanía, esta Comisión recomienda a las autoridades realizar las gestiones necesarias a fin de poder establecer en los próximos ejercicios un programa de gasto en materia de Protección Civil.
En cuanto a infraestructura urbana se puntualiza como reto permanente el control ordenado del crecimiento de la ciudad; la operación de los sistemas de vialidad, alumbrado público, construcción de infraestructura para agua potable y drenaje; y la preservación de áreas verdes y recreativas.
En este sentido destaca la terminación de obras viales, encaminadas a agilizar la fluidez del tráfico vehicular, tales como el Anillo Periférico tramo Arco Norte, los distribuidores División del Norte - Calzada de Tlalpan y Periférico - Las Palmas; la vialidad Periférico - Avenida Toluca; el puente vehicular Circuito Interior - Miramontes; y Eje Vial 5 sur tramo Oriente. En forma complementaria, se menciona la construcción de los pasos a desnivel en periférico con Río Churubusco y con avenida Tláhuac, así como las adecuaciones viales en avenida Mario Colín y avenida Central.
En cuanto al Centro Histórico de la ciudad, esta Comisión sugiere reasignar 2 millones 500 mil nuevos pesos a la instalación y puesta en marcha de un sistema computarizado de semaforización vial. Con esta medida se lograría reducir los congestionamientos de automotores en las principales avenidas y calles del primer cuadro de esta capital.
Para mejorar las condiciones de iluminación en nuestra urbe y brindar mayor seguridad a los habitantes, se propone impulsar la expansión del servicio eléctrico a través de la instalación de 12 mil 690 luminarias nuevas en colonias de diversas delegaciones, la rehabilitación de 206 mil 777 de éstas en vías rápidas, ejes viales, avenidas principales, calles secundarias y puentes, entre otros lugares.
Por lo que se refiere a la preservación de áreas verdes, se incluye realizar 17 obras en jardines y parques recreativos, así como proporcionar conservación y mantenimiento a 25 millones 461 mil 800 de metros cuadrados de áreas verdes en diversas delegaciones.
En lo relativo al sistema hidráulico se considera, para seguir abasteciendo de agua potable a la ciudadanía, continuar las obras del Acueducto Perimetral en 2 kilómetros 8o metros,; ampliar las redes primarias en 11 kilómetros 700 metros y secundarias en 109 kilómetros 500 metros; y proseguir con la construcción de plantas de bombeo y tanques de almacenamiento. A fin de desalojar las aguas residuales y pluviales se ha establecido avanzar en la construcción del drenaje profundo en 3 kilómetros 700 metros; ampliar la cobertura de las redes primarias y secundarias en 17 kilómetros y semiprofundo en 3 kilómetros 420 metros; y 189 kilómetros 400 metros respectivamente, e iniciar el entubamiento en 1 kilómetro 300 metros el Gran Canal de Desagüe y Río de los Remedios.
Como parte del programa de mantenimiento y conservación de la red hidráulica, destaca la rehabilitación y presas de regulación, principalmente en la zona sur poniente de la ciudad.
Adicionalmente, se considera proseguir la ejecución de obras de desazolve y rectificación para el saneamiento del Lago de Texcoco.
Dentro del programa de reordenamiento urbano de la capital, sobresale la continuación de acciones de regularización de la tenencia de la tierra y constitución de reservas territoriales.
Para lograr lo anterior, el Departamento del Distrito Federal propone destinar recursos por 2 mil 498 millones 281 mil 100 nuevos pesos, que significa el 17.2% del total del Proyecto de Presupuesto de Egresos de Sector.
En cuanto a abasto y comercialización se señala continuar aplicando el programa de mejoramiento del Comercio Popular, a través de medidas para la regulación de actividades comerciales en la vía pública y su incorporación a un régimen formal.
Asimismo, se prevé avanzar en la modernización de la infraestructura comercial existente, con objeto de lograr mayor éxito en el abasto de productos básicos.
De igual modo, se precisa seguir ampliando la infraestructura de lecherías del Programa Departamento del Distrito Federal - Compañía Nacional de Subsistencias Populares, con el fin de apoyar la economía familiar y brindar mantenimiento a mercados públicos.
Para el logro de estos propósitos, a este ámbito se asignan 189 millones 617 mil 600 nuevos pesos, que representan el 1.3% del presupuesto total del sector.
Finalmente, con el propósito de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades a desarrollar por las dependencias , organismos y empresas coordinadas por el Departamento del Distrito Federal se asignan recursos por 2 mil 118 millones 637 mil 100 nuevos pesos, que significan el 14.6% del proyecto de Presupuesto.
Se afirma que se buscará fortalecer el saneamiento de las finanzas públicas de la ciudad, a través de una mejor y mayor captación de contribuciones, como resultado de la conformación de un padrón de contribuyentes más amplio y sistemas de recaudación más ágiles y modernos; y una aplicación más racional y transparente de los recursos.
En este sentido, se hace hincapié en destinar el gasto a aquellos renglones, de mayor impacto social y actualizar los mecanismos que permitan un desempeño administrativo más eficiente en las distintas actividades y servicios que presta el sector.
Esta Comisión considera que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1992, se ajusta a los objetivos y propósitos definido por las leyes, planes y programas vigentes.
Con base en lo anterior, los miembros de la Comisión del Distrito Federal de la LV Legislatura someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1993
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestado y el control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1993, se sujetará a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. La erogaciones previstas en el presupuesto para las unidades administrativas, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que integran el sector Departamento del Distrito Federal, y demás designaciones que a continuación se indican, importan las cantidad de N$14,037'887,400(catorce mil treinta y siete millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos nuevos pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la forma siguiente:
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Artículo 3o. El Presupuesto asignado a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, importa la cantidad de N$64'413,800(sesenta y cuatro millones cuatrocientos trece mil ochocientos nuevos pesos, moneda nacional).
Artículo 4o. El Presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal importa la cantidad de N$180'040,300(ciento ochenta millones cuarenta mil trescientos nuevos pesos, moneda nacional).
Artículo 5o. Las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el pago del servicio de la deuda, importan la cantidad de N$123'107,600(ciento veintitrés millones ciento siete mil seiscientos nuevos pesos, moneda nacional).
El servicio de la deuda de las entidades coordinadas, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, importa la cantidad de N$466,000(cuatrocientos sesenta y seis mil nuevos pesos, moneda nacional).
Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Departamento del Distrito Federal, importan la cantidad de N$130'000,000 (ciento treinta millones de nuevos pesos, moneda nacional).
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de Deuda Pública correspondiente al Departamento del Distrito Federal, hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de la colocación de deuda, en términos nominales, por no afectar estas operaciones compensadas el saldo neto de la Deuda Pública. El Ejecutivo informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicables también a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal coordinados por el Departamento del Distrito Federal.
Artículo 6o. Las asignaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas y costos que en el mismo consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las unidades administrativas órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:
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Artículo 7o. Los titulares de la unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal, así como los órganos de Gobierno correspondientes, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales, Programa Operativo Anual, y demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación en el ámbito de sus competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y entidades del sector, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el Departamento del Distrito Federal respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina.
Artículo 8o. En el ejercicio del presente presupuesto, las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 12 y 32 de este decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como aplicaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las unidades administrativas y entidades del sector deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetando sus compromisos de pago a sus calendarios aprobados.
Artículo 9o. Para que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será
necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los recursos que se prevean ejercer por este concepto, serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales contratados los créditos.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 10. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en lo dispuesto por el artículo 35 de este decreto.
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplan con las metas de los programas aprobados, o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Artículo 11. El Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, de los titulares de las unidades administrativas, así como de los directores, vocales, administradores o gerentes de los organismos descentralizados u órganos de Gobierno de las empresas de participación estatal mayoritaria del Departamento, contraer compromisos fuera de las limitaciones de sus presupuestos aprobados, acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de las metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 12. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o., de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1993, excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes en la forma siguiente:
I. Los ingresos ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 16 del Capítulo II de este decreto;
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector Departamento del Distrito Federal a que se refiere este decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera:
III. Los ingresos extraordinarios que se obtengan por el Departamento del Distrito Federal, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinará a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1993, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.
Artículo 13. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las unidades administrativas y órganos desconcentrados del sector, no podrán destinarse a fines específicos, y deberán ser enterados a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en los supuestos y términos que establece el artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, con excepción a lo dispuesto por el artículo 16 de este decreto.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 15. Sin perjuicio de lo que establecen el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el titular del Departamento del Distrito Federal y los de las entidades coordinadas sectorialmente por éste, así como los órganos de Gobierno respectivos serán responsables, en los términos de este Capítulo, de la estricta observancia de las siguientes disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Su incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 16. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el Gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas los siguientes programas prioritarios:
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Los programas prioritarios aquí señalado no podrán ser reducidos presupuestalmente excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente programadas, siempre y cuando las transferencias se orienten a otros programas prioritarios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, podrá determinar la eliminación de conceptos de gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes.
Artículo 17. Las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitud del titular del Departamento del Distrito Federal podrá autorizar la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de Salud, Administración de Justicia, Seguridad Pública y Transporte Urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación. Asimismo, no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados.
Los órganos de Gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación; se establezcan metas específicas a este respecto y se cuente con los recursos propios que se requieran, y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de Gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación.
La designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la fecha en que se reciba la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.
Artículo 18. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio de sus asignaciones por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el caso de las entidades del sector, por el órgano de Gobierno respectivo conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el órgano de Gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de las remuneraciones adicionales por jornadas ordinarias, por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir remuneraciones por concepto de honorarios y salarios al personal eventual, que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1992.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realizan el personal que forma la planta de la unidad administrativa o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la unidad administrativa o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuenta. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el ciudadano jefe del Departamento del Distrito Federal, o por el órgano de Gobierno de la entidad de que se trate;
III. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de Gobierno, o sus equivalentes de entidades paraestatales;
IV. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
V. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el capítulo de servicios personales, excepto los casos que autorice el jefe del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 19. Los titulares de las unidades administrativas y los órganos de Gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las resulten aplicables a la materia.
Artículo 20. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas sectorialmente para el año de 1993, no se podrán efectuar:
Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo, vehículos terrestres y marítimos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para su operación. En consecuencia, se deberá optimizar el uso de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que disponga, y
II. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos.
Las unidades administrativas y entidades del Departamento del Distrito Federal sólo podrán arrendar bienes muebles e inmuebles para su servicio, cuando no sea posible o conveniente su adquisición.
En el caso de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción a compra, a menos que ya no sea necesario su uso, lo que deberá ser acreditado debidamente ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de
Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Cualquier erogación que realicen las unidades administrativas por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.
Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de Gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.
Artículo 21. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable; su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal o del órgano del gobierno de la ciudad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias y festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos del artículo 28 de este decreto.
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las unidades administrativas deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993 deberán ser autorizadas por la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 22. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1993:
I. Se otorgarán prioridades a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a la modernización de la infraestructura básica de transportes, hidráulica, y energía eléctrica; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.
El Departamento del Distrito Federal y las entidades coordinadas sólo podrán iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento, y en ningún caso cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles.
II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles.
III. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales colindantes para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción estratégicos y prioritarios, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
IV. Los proyectos de inversión que sean financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las unidades administrativas y entidades. El Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a sus atribuciones.
Artículo 23. Las erogaciones por concepto de transferencias del Gobierno Federal y las aportaciones con cargo al presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución
efectiva a la oferta de bienes , servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Las transferencias del Gobierno Federal y las aportaciones del Departamento del Distrito Federal, destinadas al apoyo de las entidades paraestatales del sector, se deberán orientar selectivamente hacia las actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VI. Las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias y/o aportaciones, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales; y
VII. No se deberán otorgar transferencias o aportaciones cuando no se precisen claramente los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 24. Para la autorización de transferencias aportaciones a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al presente presupuesto de egresos, corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de Coordinador Sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del Estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase; y
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables; dicha información, deberá ser proporcionada en los términos del artículo 35 de este decreto.
Artículo 25. Cuando el Gobierno Federal deba diferir ministraciones de fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas al Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 26. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento, celebrarán con el Departamento del Distrito Federal convenios para:
I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado; y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos, de acuerdo a los fines para los que fue creada y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero, que se presente a más tardar el 30 de junio de 1993 a la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento y sea aprobado por ésta, el cual será evaluado periódicamente por la propia Comisión.
La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las Dependencias que integran la Comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán al Departamento del Distrito Federal y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
Las Dependencias que integran esta Comisión establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo, y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de Gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios a que se refiere este artículo.
Artículo 27. Únicamente el titular del Departamento del Distrito Federal podrá otorgar y autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Estos subsidios sólo se aprobarán para la consecución de los objetivos de los programas contenidos en dicho presupuesto, o que se consideren de beneficio social.
Artículo 28. Las unidades administrativas, los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector, sólo podrán ministrar donativos, otorgar gratificaciones, obsequios o ayudas de cualquier clase, con autorización previa y por escrito del titular del Departamento del Distrito Federal.
El titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 29. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de hacienda y Crédito Público la información sobre las transferencias que hubiesen recibido durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría las analice e integre al Registro Único de Transferencias. Asimismo, los titulares de las unidades administrativas y entidades del sector, serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará los lineamientos a que deberá sujetarse el sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo el caso de valores gubernamentales de renta fija.
Para tal efecto el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Públicos a que se refiere el artículo 35 de este Decreto.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato superior a la fecha del corte compensatorio.
Artículo 31. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos del Sector y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 32. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como con las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipo de cambio en el financiamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto, en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 33. Para los efectos del artículo 57 de la ley de Obras Públicas. los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las unidades administrativas y entidades durante el año de 1993, serán los siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto del valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal .
Artículo 34. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con bienes muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado por lo menos a tres proveedores según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente, durante el año de 1993, serán las siguientes:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiese saldo disponible ni la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 35. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría General de la
Federación y del Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos, las que establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, de los cuales deberán ser del conocimiento de las unidades administrativas y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las unidades administrativas y entidades deberán cumplir con las solicitudes de información que demande el sistema. A tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con el Departamento del Distrito Federal harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema, racionalizando los flujos de información.
Artículo 36. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal presentará un Informe Trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de su ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1993, el cual contendrá los avances de la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su presupuesto de egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma disgregada por subprogramas y su correspondiente desglose por proyectos, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus unidades administrativas y entidades.
Los informes trimestrales mencionados en este artículo se presentarán dentro de los 45 días siguientes al trimestre que corresponda y se harán las aclaraciones que requiera la Cámara de Diputados.
Artículo 37. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta Ejecución del presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para tales efectos dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las unidades administrativas y entidades coordinadas en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de ellas la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 38 de este decreto.
Del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 36 de este decreto y en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 38. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de diputados, en los términos de la coordinación que establece le Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 39. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1993.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 1992.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTOS
EL Secretario Salvador Juárez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la Cámara de
Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Israel en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán como Cónsul honorario de Israel en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Varón Modiano, para que desempeñe el cargo de Cónsul honorario de Israel en Guadalajara con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1992.- Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, Secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Cásares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás, Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para que pueda aceptar y
desempeñar el cargo de Cónsul honoraria de Canadá en Mazatlán, Sinaloa. En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará al Gobierno de Canadá, será de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a los establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Fernanda Balcárcel Santa Cruz de Romero, para que desempeñe el cargo de Cónsul honoraria de Canadá en Mazatlán, Sinaloa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Cásares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No Habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa el ejecutivo par sus efectos constitucionales.
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11 de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar sus servicios como chofer en la Embajada de la República de Paraguay en México.
En sesión efectuada por la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión el 14 de diciembre, se turno a la suscrita Comisión para sus estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de la República del Paraguay en México, serán como chofer.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite cometer a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar sus servicios como chofer, en la Embajada de la República de Paraguay en México.
Sala de comisiones de la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 1992.- Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Cásares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
*CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS
El presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 20 del día 15 de diciembre de 1992.
económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión de Justicia, acordaron que la discusión del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, se realice en lo general y en lo particular y la votación en lo general y en lo particular se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo.
El Presidente: - Ante esta Presidencia se ha solicitado con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Juan José Castillo Mota, fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el diputado Juan José Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota: - Gracias, señor Presidente:
Después de estudiar y analizar, de conformidad con la facultad que le otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal con fecha 1o de diciembre y que reforma el artículo 85 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal, y adiciona un párrafo final al artículo 8o. y otro al artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre readaptación Social de Sentenciados, la Comisión de justicia llegó a las siguientes conclusiones:
a) En virtud del incremento que se ha venido dando en la ejecución de conductas antijurídicas graves y la necesidad de reforzar las medidas que permitan abatirlas con eficiencia y respeto, además, a los derechos humanos y con ello asegurar los bienes jurídicos y culturales fundamentales como son la libertad, la seguridad del domicilio, la seguridad nacional y la legalidad; valores sobre los que se finca una adecuada convivencia social, consideró adecuado fortalecer la iniciativa, mejorando su contenido.
Por ello, a las conductas antijurídicas de consecuencias graves que han provocado un reclamo de la sociedad civil y que se encuentran previstas en los artículos 197, 265, 366, 372 y 381- bis, todos del Código penal en vigor, se ha considerado no concederles a los sentenciados por la Comisión de algunos de estos ilícitos, el derecho a la libertad preparatoria, buscando con ello el efecto disuasorio mediante el reforzamiento de las sanciones que previenen dichos artículos. Esto no quiere decir que la medida cuya adopción proponemos, sea contraria a los fines preventivos de la pena; es decir, a la readaptación social del delincuente, ya que la cancelación de tales beneficios penitenciarios no exime al Estado de la obligación de mantener un trato humanitario en las cárceles y a orientar, como ya lo afirmamos en el dictamen en cuestión, el trabajo y la educación como criterios fundamentales.
Sin embargo, esta Comisión considera en su propio dictamen que hoy sometemos a la consideración del pleno, que dentro de las hipótesis delictivas a que se refiere la iniciativa, pudieran darse casos que no ameriten la medida que hoy se propone, especialmente preocupan aquéllos en que las organizaciones criminales de narcotraficantes se aprovechan de personas de escasos recursos y poca educación para la comisión de delitos, por lo que si bien esta Comisión consideró que en cuanto a la libertad preparatoria, prevista en el artículo 85 del Código Penal, la cancelación de tal beneficio no abarca la hipótesis prevista en el artículo 195 del mismo ordenamiento, y que se refiere a la producción de estupefacientes por campesinos de escasos recursos y educación, también consideró relevante no incluirlos en la excepción que se propone para los artículos 8o. y 16 de la Ley de Normas Mínimas. Con lo que se evita que personas que no forman parte de los mandos de
las organizaciones criminales y que caen en la ilegalidad, propiciados por la miseria y la ignorancia, se vean perjudicados por esta medida.
Con el mismo espíritu se circunscribió la aplicación de la medida a la violación tumultuaria, no sólo por ser la expresión más drástica o dramática de tan reprobable delito, sino porque además aquélla se comete de manera colectiva y en lo general los casos acusan reiteración en su realización y se busca con esto evitar, desestimular, la comisión de ilícitos cometidos por bandas, por pandillas, por sujetos asociados, que causen un grave daño a la sociedad.
Por eso, al mejorar la iniciativa del Ejecutivo le agregamos la violación tumultuaria, a que se refiere el 266. También propusimos que se debería omitir dentro del dictamen el artículo 2o. transitorio, por considerar que los conflictos de las leyes penales en el tiempo, deben ser resueltos por el artículo 56 del Código Penal, sin necesidad de hacer referencia expresa en artículos de naturaleza transitoria.
También estimamos prudente que el delito de secuestro habría que sancionarlo y habría que aplicarle la excepción de no concederle la preparatoria ni la preliberación, porque no es posible que con el secuestro se hagan los negocios ilícitos de bandas perfectamente organizadas. De que ya es tiempo de enfrentar al crimen organizado con mejores recursos legales.
Esto no quiere decir que violemos los derechos humanos. En ningún momento estaremos por la violación de algún derecho humano; muy por el contrario, vigilando que los derechos humanos no se lesionen, combatamos al crimen organizado con mejores recursos legales. Es fundamental esto.
Y por eso hemos pedido que se aplique esta excepción para ellos. Y por ello queremos proponer cómo deben quedar el artículo 85. el artículo 8o., y el artículo 16.
"La libertad preparatoria no se concederá a los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o sicotrópicos previstos en el artículo 197, por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265; en relación con el artículo 266- bis, fracción I; por el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366, con excepción de lo previsto en la fracción VI de dicho artículo, en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el en el artículo 367 en relación con los artículos 372 y 381 - bis de este código..."; otro de los delitos que debemos sancionar fuertemente, porque es un reclamo de la sociedad, los asaltos, los robos a las casas - habitación con violencia no los podemos seguir permitiendo; "...así como los habituales y a quienes hubieran incurrido en segunda reincidencia". Y ¿qué quiere decir segunda residencia?, que hayan reincidido por tercera ocasión.
Artículo 2o. Se adiciona un párrafo final al artículo 8o. y otro al 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:
"Artículo 8o. No se concederán las medidas de tratamiento preliberacional establecidas en las fracciones IV y V de este artículo, a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o sicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del artículo 197, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265 en relación al artículo 266- bis, fracción I; por el delito de plagio o secuestro previsto en el artículo 366, con excepción a lo previsto por la fracción VI de dicho artículo, en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el artículo 367, en relación con los artículos 362 y 381- bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal."
"Artículo 16. No se concederá la remisión parcial de la pena a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o sicotrópicos previstos por las fracciones I a IV del artículo 197, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265 en relación con el 266 - bis, fracción I; el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366, con excepción a lo previsto por la fracción VI de dicho artículo, en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo por el delito de robo con
violencia en las personas, en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el artículo 377 en relación con los artículos 362 y 381- bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal.
Transitorios. Único. Porque quitamos el segundo por las razones que les hemos explicado.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 1992."
Por lo antes expuesto le ruego a todos mis compañeros diputadas y diputados, aprobar el presente dictamen porque considero que con estas medidas iniciamos una batalla formal en contra del crimen organizado. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Hernández Juárez del Partido Popular Socialista, para razonar su voto.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Nos toca discutir hoy Reformas al Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como reformas a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
En la iniciativa del Ejecutivo, en la primera Ley, se propone no conceder a los sentenciados la libertad preparatoria por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o sicotrópicos previstos en el artículo 197 por el delito de violación previsto por el primero y segundo párrafos del artículo 366 con las excepciones que se mencionan, por el delito de robo en un inmueble habilitado o destinado para habitación con violencia en las personas conforme a los artículos 372 y 381- bis del Código ya mencionado.
En la segunda Ley se adiciona un párrafo final el artículo 8o. y no conceder la remisión parcial de la pena a los sentenciados por los delitos ya mencionados.
Ahora bien, es justo reconocer que en el dictamen la Comisión Dictaminadora incorpora matices y grados de peligrosidad de los sujetos activos de los delitos para así diferenciar el otorgamiento de los beneficios penitenciarios de que se trata a los sentenciados aplicando las máximas limitaciones a los mafiosos, a delincuentes organizados para delinquir con todas las agravantes de la Ley, es correcto el tratamiento distinto que se da a los que caen en la ilegalidad empujados por la extrema necesidad económica, atraso cultural, aislamiento, como se expresa en el último párrafo del artículo 8o. de referencia, como es el caso de los campesinos que son inducidos por narcotraficantes para cultivar mariguana, opio y otros estupefacientes.
Considero que las modificaciones introducidas por la Comisión, son correctas y coincidimos con la afirmación que los graves males de la delincuencia no se resuelven únicamente con la imposición de penas elevadas o medidas de seguridad. Se requiere de un avance sustantivo y gradual en las labores formativas, educativas y de readaptación del individuo.
El Partido Popular Socialista considera que si no combatimos las causas reales que provocan la delincuencia, como son la extrema pobreza que afecta a millones de mexicanos, la falta de vivienda, el desempleo, el problema educativo y la salud entre otros fenómenos, el aumento de la delincuencia va a seguir creciendo todos los días como hasta ahora ha estado sucediendo según las estadísticas que nos proporcionan las propias autoridades judiciales de este país.
Es lógico que los delitos patrimoniales, como el robo, el fraude, el abuso de confianza y otras modalidades que hoy se padecen, tienen su origen en la grave situación económica que vive la mayoría de las clases populares, particularmente en los cinturones de miseria.
Muchas personas después de deambular días y días, semanas y semanas, meses y meses y hasta años, al no encontrar trabajo se deciden a delinquir para llevar recursos económicos a sus hogares. Otros orígenes tienen los ilícitos de los delincuentes organizados en mafias tanto nacionales como internacionales, muchos de éstos inspirados en hechos criminales que les inspira la propaganda violenta que todos los días les inculca algún medio de comunicación masiva que vienen del extranjero a través de películas y pasquines que acompañan la propaganda consumista.
La falta de orientación adecuada y de una educación que eleve el nivel cultural de nuestro pueblo, da origen a otros ilícitos como son los delitos
sexuales que se cometen muchas veces en los propios hogares. Estos mismos delitos de carácter sexual multitudinario, representan ya en las grandes urbes, un verdadero problema social que hay que erradicar con severidad, pero al mismo tiempo con una intervención orientadora de todas las instituciones educativas y organizaciones sociales para contrarrestar la brutal propaganda que se realiza por muchos medios masivos de comunicación masiva irresponsables.
El Partido Popular Socialista considera que estos fenómenos se están agudizando más no sólo en nuestro país, sino en otros países que también se está aplicando la política neoliberal que trae el empobrecimiento de las grandes masas populares.
Ante la gravedad de los problemas de la delincuencia, el Estado mexicano, los partidos políticos y todas las organizaciones sociales, debemos unir nuestros esfuerzos para combatir a fondo las verdaderas causas que generan este malestar social. que inciden en todas las áreas de la nación y el pueblo.
Por las anteriores consideraciones, la fracción parlamentaria del Partido
Popular Socialista, emitirá su voto positivo a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Con respecto a la iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley de Normas Mínimas y también con relación al proyecto de dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, como Partido de la Revolución Democrática consideramos que realmente no es necesariamente la pena o llevar la penalidad de los delitos cometidos a su extremo, lo que va rehabilitar al individuo; sin embargo, estamos plenamente conscientes de que existe un gran reclamo social sobre ciertos delitos que lesionan gravemente a la comunidad.
Esto nos lleva en este momento a considerar que es positivo este cambio en el Código Penal, pero que debemos dejar muy claro que para nosotros es un parche que se hace y quisiéramos saber a qué intereses realmente responde este proyecto y esta propuesta.
Es un parche en el sentido de que, si bien se han implementado por parte de la Comisión de Justicia de esta Cámara una serie de foros que nos van a llevar a una reforma integral en la legislación penal, ¿cuál fue la premura que motivó en el Ejecutivo lanzar esta iniciativa?
Es decir, no le vemos realmente que se avance con tres, cuatro meses de anticipación a una reforma. Lo que sí deseamos y quisiéramos que quedara muy claro, que se tomara en consideración ahora dentro de este proyecto de reforma integral al Código Penal, a la legislación penal, lo que ha motivado esta iniciativa.
Hablando de la pena y llevarla a su extremo, esto nos lleva a reflexionar sobre el papel del Gobierno y los esfuerzos de éste a brindar seguridad pública. Creemos que la solución al problema no es con parches legislativos, tomando en consideración que se han llevado a cabo foros y consultas para hacer una reforma penal integral, en la cual debe quedar adecuada dicha iniciativa si es que procede; y hacemos énfasis en el grave riesgo que corre la inobservancia del precepto constitucional en cuanto a la rehabilitación del delincuente.
Deben estar implementadas desde luego una serie de medidas preventivas que lleven a evitar la criminalidad o el aumento del índice delictivo. No es buscando sanciones graves como se van a prevenir las cosas, más bien estamos queriendo resolver la consecuencia del problema y no atacar de origen lo que engendra la delincuencia en México.
La delincuencia en México tiene ondas raíces y una gran problemática económica y social y eso es lo que hay que atacar, más vale prevenir en este caso que luego tratar de remediar en estas condiciones y que nos han llevado a un deterioro real del Código Penal Vigente, que en sus orígenes resultó adecuado pero que por una serie de sucesivas reformas planteadas con premura, lo han desvirtuado en su totalidad, y aquí cabe mencionar el esfuerzo que lleva a cabo la Comisión de justicia para sacar adelante una reforma integral que bien se merece una nación como la nuestra y sobre todo la capital de la República.
También es necesario hacer una reestructuración de las autoridades, por la deficiente administración de justicia como en la impartición de la misma; asimismo, un eficiente sistema penitenciario, no se habla de reforma o reestructuración a este sistema porque no se puede reformar lo que no existe. Consideramos que realmente hay
un gran vacío y que se debe llevar hasta sus últimas consecuencias para rehabilitar al individuo.
Es muy alto el costo social que paga la sociedad, la comunidad, para rehabilitar a una persona, que si bien lo valoráramos a lo comparáramos con lo que se edita en niveles de educación, sale desproporcionado, es más costoso para el Estado rehabilitar a un delincuente que formar a varios profesionistas. Hay una descomposición del gasto social, y el Estado tiene que asumir toda su responsabilidad.
Necesitamos que el juzgador tenga facultades de supervisar el cumplimiento de la normatividad penitenciaria, a lo cual se debe hacer paralelamente un análisis de dicha normatividad, que faculta exageradamente a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, lo que ha provocado y ha degenerado en corrupción en lo relacionado a los beneficios de la Ley de Normas Mínimas.
Si partimos del análisis de papel reeducador del sistema penal, nos encontramos la realidad, el hacinamiento, la saturación y corrupción en la mayoría de los centros penitenciarios y una ineficiente, por consecuencia, política reeducadora del individuo.
¿Que ha pasado con el esfuerzo de quienes crearon el Centro Penitenciario de Almoyola de Juárez en el Estado de México? A 15 años de la creación de la Ley de Normas Mínimas, nos damos cuenta que nuestros centros penitenciarios modernos y seguros quedaron únicamente en proyectos, en buenos deseos, en planes.
Los actuales en su mayoría, y podemos señalar, no son centros de readaptación, más bien parecieran universidades de la delincuencia.
¡Qué pasó con la escuela de capacitación del personal en prisiones que se creó en 1951, que impartió la Universidad Nacional Autónoma de México? No contamos con una institución que se encargue sistemáticamente, de la capacitación del personal penitenciario. Si realmente hiciéramos un análisis ¿qué ocurre con ese personal que tiene a su custodia a las personas que han delinquido?, lo que creo que encontraríamos es un bajo perfil educativo y toda una serie de corrupciones que se han desarrollado en dichos centros.
Esto es únicamente en lo relacionado a la vigilancia, sin embargo existe acaso un instituto de capacitación a personal técnico, ejecutivo y administrativo. Reconocemos sin embargo la tarea que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sentido, y la forma de solucionarlo se está intentando actualmente con un diplomado en derecho penitenciario.
Asimismo podríamos decir que nos hubiera gustado que en este proyecto de dictamen se incorporaran los asaltos que sufren los usuarios del transporte público. Lamentablemente no dan para más ni la iniciativa ni las condiciones actuales del Código Penal ni los instrumentos rectores y paralelos al mismo.
De todas maneras insistimos; el Partido de la Revolución Democrática está muy consciente de lo que se pretende con esta iniciativa y el mensaje que encierra hacia al crimen organizado que va creciendo en la República Mexicana, y daremos, en consecuencia nuestro voto a favor. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos González Durán, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
Se considera que son dos las causas que constituyen la peligrosidad de un delincuente, sus malos antecedentes, el que sea un delincuente reincidente habitual, o bien que sea un delincuente que utilice medios de ejecución que pongan de manifiesto su carácter antisocial.
Aquí se trata de elevar la protección de la sociedad, elevar la protección de la sociedad impidiendo dos beneficios: uno el de la libertad preparatoria que se concede a los delincuentes cuando han cumplido las dos terceras partes de su pena y han reunido otros requisitos, o bien, la preliberación. Estos son beneficios a los delincuentes, pero es el caso de que los delincuentes que cometen los delitos de que se ocupa esta reforma, por sí mismos esos delitos son delitos de tal gravedad que sí se justifica esta reforma.
Me refiero al plagio o secuestro, que evidentemente crea una situación de alarma, intranquilidad e inseguridad, zozobra, desasosiego en la sociedad.
Me refiero también al robo con violencia y al robo en casa habitada, cuando generalmente se asocia al robo la comisión de otros delitos, ésta es una conducta peligrosa.
También se habla de la violación tumultuaria y de impedir estos beneficios de libertad
preparatoria y de preliberación a los delincuentes en tráfico de drogas enervantes, que resultan por su comportamiento también de elevada peligrosidad.
Como dijo el compañero que habló en nombre del Partido de la Revolución Democrática, nosotros consideramos que esta reforma es sensata, es correcta, y tiende a una mayor protección y garantía de la sociedad, para que los delincuentes que atentan contra ella a este nivel de peligrosidad, no salgan prematuramente, sino que sean sometidos por toda la integridad de su condena o de su sanción. Nos parece correcto.
Pero como también expreso el compañero, vemos dos problemáticas que no queremos dejar de mencionar. Cuando decimos que la ignorancia, la embriaguez, la pobreza o el desempleo son causas de delitos, no entendemos que todos los ignorantes, desempleados, ebrios, sean necesariamente delincuentes, pero sí hay un conjunto de circunstancias sociales que ocasionan, que hacen propicia la delincuencia, tan grave como la que aquí se señala, que se indica que en el último año se dio una estadística de 140 mil robos. Pues bien, creemos que la problemática social que propicia esta delincuencia debe ser atendida, aunque siempre el delito es un comportamiento individual y una elección personal del delincuente.
Pero además entendemos que los sistemas carcelarios y penitenciarios, deben ser actualizados y modernizados para que cumplan sus efectivas finalidades sociales de adaptación.
Así que, advertidas las necesidades de que la política criminal abarque medidas para controlar la problemática social, y medidas para modernizar y hacer más eficientes los sistemas penitenciarios, no tenemos inconveniente en reiterar que aceptamos esta propuesta, que es sensata, y votaremos a favor de esta propuesta.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, a la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados:
Al igual que lo ha considerado mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, considero que esta iniciativa de reformas al Código Penal es una iniciativa sensata, correcta, y que tiende a una mayor protección de la sociedad en cuanto a proteger la de los delitos.
Sin embargo, quiero hacer unas consideraciones. En lo que se refiere al delito de violación y las reformas al Código Penal que fueron realizadas durante la LIV Legislatura a iniciativa de las legisladoras de todos los partidos políticos, existe la preocupación fundada tanto de las diputadas de la LIV Legislatura como algunas diputadas de esta LV de que pueda haber un retroceso en este sentido.
Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque la consideramos justa, sin embargo, creemos que debe quedar establecido que no se deben sustituir con este hecho las reformas alcanzadas por el movimiento de mujeres mexicano y que fueron en favor de la dignidad de la persona en cuanto a incrementar la pena en los delitos de violación; en cuanto a tipificar el hostigamiento sexual como un delito y en cuanto a considerar los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual que contemplan abuso sexual, estupro, violación y hostigamiento sexual.
Yo, como mujer, y en defensa de la dignidad de las mujeres de este país, creo que no debe haber un retroceso en cuanto a las reformas alcanzadas por mis colegas legisladoras de la LIV Legislatura y a pesar de que vamos a favor de ésta, porque la consideramos sensata, la anterior también es sensata y la discutiremos en su momento defendiendo los principios en lo que fue reformado este Código Penal por mis colegas legisladoras. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado Fernando, debe usted dirigirse a la Presidencia; no a la diputada, por favor.
Diputada Patricia Ruiz Anchondo, ¿acepta la interpelación?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Sí acepto con mucho gusto, ¿por qué no?
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta (desde su curul): - Para que sea tan Público como necesario, pregunto a la diputada, ¿si usted está de acuerdo en incorporarse al grupo de trabajo que está explorando estos capítulos así como otras compañeras? A fin de que no se le haga la crítica a la Comisión que
es justa, que no se están incorporando mujeres diputadas al trabajo de la Comisión y no haya falsos debates en concreto. ¿Le parece bien?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Agradezco su invitación y con muchísimo gusto la acepto.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Octaviano Alaniz Alaniz, para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José Octavio Alaniz Alaniz - Señor Presidente, compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista va a votar a favor del dictamen, por las siguientes razones:
Creo que la iniciativa que fue motivo del trabajo en comisiones, hace suyos los reclamos que en todo el país se han venido haciendo a los distintos niveles de Gobierno, éste tiene que ser el fundamental obligado, con la obligación de dar la seguridad pública, a defender los intereses de la sociedad.
En todos los niveles de Gobierno existe la obligación de la seguridad pública, decíamos. Este Congreso, esta Cámara también queda involucrada en el gran universo de la seguridad pública, al tratar de legislar en forma congruente con los intereses de la sociedad, de los individuos y no sólo por el momento en que se encuentra, sino proyectando el futuro. Velar por que no se violen los derechos humanos; porque se cumplan oportuna y fielmente las garantías individuales que establece nuestra Constitución General de la República.
Aun cuando algunos oradores que me han antecedido en la palabra, han querido agregar algunos conceptos que creo que deben caer o deben ser contemplados en otra materia, sí es cierto, el sistema penitenciario nacional es deficiente; que incluso en ellos, en los centros penitenciarios hace falta mucho qué hacer para que por lo menos desde ahí, no se estimule la práctica de los ilícitos.
Estoy completamente consciente de que sí es un avance lo propuesto desde la iniciativa y que hoy se tiene como proyecto de dictamen. En un avance porque está atendiendo a problemas sensibles que existen en la sociedad, la dignidad y la vergüenza de la familia y del individuo.
Se prevé, por lo que hemos escuchado, sanciones más enérgicas al crimen organizado en las figuras delictivas que se comprenden en el dictamen. Aun cuando no es la finalidad terminal, tanto de la iniciativa como de la política en general que se tiene en el país, poner penas drásticas, extremas, sí es necesario que se actúe de esa forma, porque al negar los beneficios que en la iniciativa se aluden, creo que se va a convertir en un factor fundamental, para tratar de persuadir al crimen organizado.
Por ello y muchas otras razones que nos gustaría exponer y si se contemplan en un documento escrito que obra en mi poder, vamos a votar en favor del dictamen, considerando que aun cuando no es el momento ni la materia, vale la pena pensar que el Estado debe incrementar, mediante la educación, fuentes de trabajo, la atención, la prevención del delito.
Una razón fundamental que se tiene como motivación para el dictamen, es la prevención, y estamos de acuerdo, pues si esta iniciativa o dictamen no hubiera comprendido ni siquiera la alusión de la prevención, posiblemente hubiéramos pensado en sentido opuesto a lo que estamos manifestándoles.
Es sumamente difícil que tanto el Estado como el núcleo familiar o el individuo vayan adelante del crimen organizado; es muy difícil. Sin embargo, tanto en los centros penitenciarios como en las corporaciones policiacas, a todos los niveles de Gobierno, deben y debemos hacer nuestra la meta de siempre: prever la comisión del delito.
Cuando la sociedad mexicana, cuando el Estado logre avanzar sustancialmente en ello, estaremos seguros de que habrá de estar la sociedad más segura.
Esta iniciativa, en suma, este dictamen, es un instrumento con el cual se avanza hacia la protección de los derechos del individuo y de la comunidad, hacia la sociedad con una vida armónica y con una intención, y con toda seguridad una real protección de los valores fundamentales, que es la libertad, la propiedad, la salud y que en eso estamos totalmente conscientes en que viene desde ahí su iniciativa. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la
Asamblea si el dictamen está suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... suficientemente discutido, señor Presidente.
El presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 387 votos a favor; ¡es por unanimidad!(Aplausos.)
El presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
*ARTÍCULOS 3o. Y 31 CONSTITUCIONALES
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se le pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - Ante esta presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Agustín Basave Benítez fundamente el dictamen.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Agustín Basave Benítez. (Aplausos.)
El diputado Agustín Basave Benítez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El dictamen que ahora nos ocupa es el resultado de un intenso proceso de estudio y de análisis llevado a cabo por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación.
Ante todo debe destacarse que se han dictaminado, en el texto que obra en su poder, ocho iniciativas. La cifra no es anecdótica, refleja la complejidad del esfuerzo de concertación realizado en la pluralidad de ambas comisiones. Un esfuerzo en el que todas las fracciones parlamentarias concurrieron y sin el cual, es menester reconocerlo, ningún avance habría sido posible.
El 29 de noviembre pasado, cuando en reunión plenaria de las comisiones unidas se dio cuenta de las iniciativas en cuestión, se acordó integrar un grupo plural que estuviese a su cargo la elaboración del proyecto de dictamen.
Asimismo se decidió que ese grupo o subcomisión celebrara conferencias con la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores y que se convocara al Secretario de Educación Pública, para intercambiar con él puntos de vista en torno a las distintas propuestas de reforma.
El grupo se integró, las conferencias se celebraron y el Secretario compareció ante el pleno de las comisiones. No sólo eso, con el mismo propósito diputados de las distintas fracciones parlamentarias se reunieron en diversas ocasiones con el titular de la Secretaría de Educación Pública.
Así, el grupo plural cumplió paso a paso con su trabajo. Todas las reuniones mencionadas y las que tuvo la propia subcomisión fueron dando forma al proyecto de dictamen. La búsqueda de las coincidencias fue de la mano de la discusión de las discrepancias. En algunos casos se logró el consenso, en otros se respetó el disenso. En todos se pugnó por el enriquecimiento de la reforma constitucional.
De las convergencias encontradas en las iniciativas, las cuales fueron consideradas, tal como se menciona en el dictamen, se partió hacia una redacción que ajustara y añadiera a los puntos planteados en la iniciativa del Ejecutivo, planteamientos de los diversos partidos.
En un diálogo permanente, convirtiendo no pocos desacuerdos en acuerdos, se conformó finalmente un documento que fue aprobado casi por unanimidad, con un solo voto en contra. El esfuerzo, evidentemente, valió la pena.
Lo que en este dictamen esta en juego es algo en lo que a los mexicanos de hoy y a los de mañana nos va la vida. No exagero. En buena medida México es su educación. México llegará tan cerca o tan lejos como llegue nuestro sistema educativo. En una u otra forma, a más corto o a más largo plazo, todo el potencial del país depende de la educación.
Avanzar sin educar no es sólo construir sin cimientos, es edificar hacia ninguna parte. No existen panaceas ni demiurgos, pero sí hay algo que se les asemeja, es , a no dudarlo, la educación.
La historia lo corrobora. El progreso de nuestra nación es incomprensible sin la variable educativa. Ardua como todas las batallas de nuestro pasado, envuelta en derrotas y en victorias, la lucha por impulsar la educación mexicana está detrás de cada pliegue de nuestra evolución como sociedad. Está en el afán de justicia social de Morelos, en el espíritu sistematizador de Gómez Farías, en el aliento positivista impulsado por Juárez, pero sobre todo está en la vocación renacentista de la Revolución Mexicana, en la visión de Vasconcelos, de que el gran proyecto de nación que los revolucionarios se habían trazado carecía de sentido si no se educaba, ya no a las élites, sino a todo el pueblo.
En este trayecto hubo aciertos y errores, virajes y persistencias, pero a fin de cuentas algo quedó claro: cambiar no presupuso renegar .
Cuando la Generación del Ateneo emprendió la cruzada intelectual que habría de minar las bases ideológicas del porfiriato, acabó transformando todo, menos la huella que las preparatorias barrerianas les había dejado a sus integrantes.
Se corrigieron los excesos del positivismo, pero finalmente la educación se afianzó científica y laica. El tiempo completaría la entronización del Estado como el responsable de impartirla de manera gratuita y obligatoria.
Hoy en día la preocupación por modificar el rumbo de la educación es opacada por la necesidad de mejorar su calidad y extender sus alcances. Como en otra de sus vertientes, el proyecto de 1917 sigue vigente por incumplido. Entre el México de hoy y el de principios de siglo, es verdad, media en buen trecho de alfabetización, mas el avance es a todas luces insatisfactorio.
¿Cómo pagar la deuda social en materia educativa? ¿Cómo acceder a la era de la globalización y de la competencia con un país de primaria? La meta se impone por sí sola: aumentar el nivel de escolaridad de los mexicanos.
Trátase, pues, nada menos que de un imperativo de justicia y de supervivencia nacional.
Evidentemente la enseñanza primaria en nuestro país es perfectible, pero no cabe duda de que con la misma intensidad con que ha decrecido el analfabetismo, la cobertura en este nivel ha crecido y que, en consecuencia, podría considerarse que el primer ciclo de la educación básica en México está razonablemente cubierto.
Nos encontramos así en el momento de emprender una segunda etapa en nuestro desarrollo educativo, una que impulse la enseñanza secundaria.
Y en este sentido la obligatoriedad, la obligatoriedad de ida y vuelta, cabe agregar, constituye un medio poderoso para alcanzar este fin. Si el artículo 3o. es piedra angular de nuestra Constitución Política, y si su contenido incide directamente en la realidad de nuestra educación, plasmar en él la existencia de la secundaria obligatoria es hacer un servicio a la nación.
Por lo anterior, el dictamen que hoy nos ocupa consagra en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación secundaria, además, vale hacerlo notar, de la educación preescolar y la educación primaria.
Complementariamente el dictamen establece también la obligación de los padres de familia de hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas primaria y
secundaria, artículo 31 constitucional. Todo esto, desde luego, sin perjuicio de la participación estatal en los demás tipos y modalidades de educación.
Por otro lado y como coronaria a la reforma, se propone hacer explícito un derecho que implícitamente ha jugado un papel de relevancia creciente en nuestra historia constitucional: el derecho a la educación. Esto merece punto y aparte. Si bien la preocupación por la cuestión educativa ha sido una constante en nuestro devenir jurídico, la inclusión en el artículo 3o. palabra por palabra, del derecho de todo individuo a recibir educación y de la obligación inequívoca del Estado de impartirla, constituye una propuesta digna de encomio.
No son éstas, desde luego, las únicas adiciones consignadas en el dictamen, que en nombre de las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Educación, hoy vengo a fundamentar.
Se prevé igualmente, terminar el estado de indefensión de las escuelas particulares, acentuando con ello el carácter libertario del artículo 3o. El dictamen, por su parte, detalla las numerosas modificaciones que las iniciativas sufrieron y que fueron resultado de las muchas coincidencias entre las fracciones parlamentarias y de la apertura de las comisiones que ni entonces ni ahora, en el debate que está a punto de iniciarse, se han cerrado al diálogo. Vuelvo a decir que en un sistema plural como el nuestro este hecho reviste una gran significación.
Sin embargo, la gran aportación que tenemos la oportunidad de consolidar es la de iniciar un nuevo capítulo en el avance educativo de nuestro país y es que, permítanme añadir, el discrepar de algunos puntos específicos de esta reforma, no implica y presupone estar en contra en el espíritu general de la misma. En otras palabras tenemos frente a nosotros una reforma que desbroza el camino a un pueblo más educado y concomitantemente mejor preparado para encarar el desafío de ser contemporáneo de nuestro tiempo. No pretendo echar las campanas a vuelo, estoy consciente del rezago y de las limitaciones que arrastra la educación mexicana y sé que será difícil mantener el ritmo que exige una sociedad que despierta con la vorágine de lo largamente contenido.
Pero precisamente por eso, porque debemos cumplir con nuestra responsabilidad para que quienes nos sucedan cumplan con la suya, tenemos que acometer sin titubeos el paso que ahora estamos en posibilidad de dar, porque compañeras y compañeros diputados, una generación tiene fe en el futuro cuando ve que la que la precede avanza con la frente en alto. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes señores diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Salazar Sáenz, del Partido Acción Nacional; Jesús Sarabia Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Centeno Avila, Juan Jacinto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; Demetrio Hernández Pérez, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Zermeño Infante, del Partido de Acción Nacional; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, para fijar la posición de su fracción parlamentaria.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
¿Cuál es el fondo, cuál es la trascendencia de la reforma que se propone al artículo 3o. en el dictamen que hoy vamos a discutir?
Se ha dicho que la importancia radica en que se establece la escuela secundaria con el carácter de obligatoria; si ésa fuera la trascendencia de esta reforma, el Partido Popular Socialista votaría en favor, pero vemos que además de este hecho de que se establece la escuela secundaria con el carácter de obligatoria, hay otros elementos, hay otros factores en la reforma que es lo que nos induce, que es lo que nos inclina a exponer nuestro voto en contra del dictamen.
Antes de exponer las razones de esta posición del Partido Popular Socialista, quiero reconocer que la iniciativa que se recibió por parte del Ejecutivo y la reforma que hoy se establece en el dictamen, fue vista con mucho cuidado, con mucho respeto en la Comisión plural, en donde todas las fracciones expusieron sus puntos de vista; el Partido Popular Socialista así lo hizo,
y que inclusive algunas de nuestras observaciones comunes con otras fracciones, fueron tomadas en consideración en la reforma a la iniciativa del Ejecutivo, para su posterior presentación en ésta definitiva que hoy discutimos.
Nosotros, desde que se recibió esta iniciativa y lo mismo así lo hicimos notar con toda franqueza en la comparecencia del señor Secretario, nos preocupaban los siguientes aspectos:
Primero, el hecho de que a excepción de la escuela básica en los subsistemas de preescolar, primaria y secundaria en los que se obliga el Estado a impartir la educación, los demás niveles quedan desprotegidos, no hay ese compromiso del Estado, esa obligación de continuar impartiendo educación en estos niveles.
La otra preocupación está alrededor de uno de esos aspectos que también hoy quedan desprotegidos en cuanto a una obligación del Estado de impartirla, así de manera directa, el caso de la Escuela Normal. Y el otro, respecto a la modificación que se hace con las escuelas particulares, donde se retira la facultad del Estado de negar o revocar la autorización para el funcionamiento de estos planteles.
Quiero señalar que este aspecto, este cambio que ahora se da con relación a las escuelas particulares que si bien no estamos de acuerdo con él, porque no es que se les saque de un Estado de indefensión porque hay varios aspectos dentro de la misma carta magna en que se establece que no puede surtir recurso contra una acción del Estado cuando se trata de una actividad de interés nacional, podría mencionar el caso de que se le aplique el artículo 33 a un extranjero y naturalmente no tiene por qué implantar un recurso de protesta, o en el caso de alguna expropiación por causa de interés público, y en el caso de la situación de las escuelas particulares que antes estaban sujetas a esta intervención del Estado, se estableció porque efectivamente en 1934 se dio un nuevo concepto de la función de la educación y del papel de los particulares en esta actividad.
Pues a pesar de que no compartimos lo que se reforma en este aspecto, nosotros estábamos de acuerdo en este aspecto.
Nosotros estábamos de acuerdo en soslayar este aspecto para el caso de nuestro voto en lo general, y en cambio ubicamos otros aspectos que son los que están determinando este voto del Partido Popular Socialista, y el punto concreto que está determinando nuestro voto es precisamente esta situación del Estado frente a los niveles educativos posteriores a la secundaria. De esta manera podemos nosotros entrar a esta apreciación del cambio que se da en el artículo 3o.
La tendencia establecida a lo largo de la historia de la educación en México, que fue de darle un contenido científico, un carácter laico, un criterio democrático y nacionalista y considerarla como un servicio público, una tendencia en la que el Estado obviamente tomó a la educación como una actividad esencial en sus funciones, porque en el Estado democrático popular y republicano, el compromiso del Estado está con la nación, está con la mayoría, con el pueblo, y de la misma forma que el Estado sería absurdo que trasladara a un sector ajeno del mismo Estado la función, por ejemplo de la seguridad nacional, que tiene encargada principalmente el Ejército; también hay otras actividades que tienen este carácter de servicios públicos fundamentales y que caen dentro de la esfera del Estado y que no puede renunciar a ellos, y uno de éstos es el de la educación.
Un Estado que renuncie a la educación y más en el caso del Estado mexicano, que estableció líneas de acción, de función, producto directo de la exigencia popular del movimiento armado de 1910- 1917, renunciar a funciones de la seguridad nacional y de la formación de la conciencia de los mexicanos en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de sus problemas nacionales para poderlos solucionar en beneficio del pueblo, es realmente trastocar una función del Estado democrático y republicano.
¿Se trastoca con esta reforma esta participación del Estado? Nosotros pensamos que sí se inicia o se continúa por un camino que va en la tendencia opuesta a considerarla como una función de servicio público a la educación.
Porque a las escuelas particulares, señores diputados, con esta reforma en primer lugar se les reconoce que pueden impartir educación en todos los tipos y modalidades del sistema educativo nacional, absolutamente en todos, y por lo que se refiere al Estado, se establece esta obligación exclusivamente en el caso de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y aquí surgen multitud de preguntas: ¿por qué en los demás niveles y modalidades no se establece esta obligación del Estado de impartir educación?
Es cierto que fue una preocupación del Partido Popular Socialista planteada en la Comisión Plural, y de otros grupos parlamentarios, y que
como respuesta se estableció la fracción V que viene ahora en el dictamen, en donde se establece que el Estado promoverá y atenderá la educación en otros niveles diferentes a los de la escuela básica.
Con estas palabras, con estos términos de que el Estado podrá o deberá promover y atender la educación posterior a la escuela básica, pregunto yo, ¿es una garantía de que el Estado va a continuar impartiendo la educación en la escuela normal, en la escuela media superior y en la escuela superior en los establecimientos que actualmente están directamente a su cargo? Esa es la pregunta que contiene el fondo de esta reforma del artículo 3o., desde el punto de vista de la preocupación del Partido Popular Socialista
Se establece que va a promover, pero promover dice el diccionario, es iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro. Se dice que va a atender, pero eso es acoger favorablemente un deseo, ruego o mandato, pero no está con estos términos garantizado que los actuales subsistemas y niveles del sistema educativo va a continuar impartiéndolos el Estado, va a continuar financiándolos, va a continuar organizando la educación en estos niveles y modalidades
¿Podemos comprometer el voto los miembros, diputados del Partido Popular Socialista, con términos ambiguos cuando el término exacto que sí se utiliza en la escuela básica de impartir hubo la resistencia de utilizarlo en esta fracción V?
Se nos decía: no se preocupen, y eso está también en la exposición de motivos, el Estado continuará cumpliendo con esos grados y tipos de educación que hoy imparte, y las palabras promoverá y atenderá, prácticamente, nos dijeron, satisface esa inquietud, puesto que continuará el Estado. Pero nosotros contrarreplicamos: si hay ese compromiso y esa decisión política del Gobierno de continuar impartiendo la educación normal, media superior y superior en las instituciones que hoy tiene a su cargo, ¿por qué la resistencia de no utilizar el término "impartirá", para que dijera que el Estado continuará o impartirá, promoverá y atenderá la educación de los demás niveles educativos?
Bueno, pero el caso es que hubo resistencia a no utilizar ese término. Y cuando hay esta resistencia, entonces también tiene que haber de nuestra parte la preocupación de que esa promoción y atención no va a tener los efectos de garantizar la educación que imparte el Estado en el nivel medio superior y superior.
Pero hay no sólo esto, hay incongruencia. En el Acuerdo Nacional sobre la Educación Básica, también se toma en consideración a la normal, y en la fracción I del artículo 3o., se dice que el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, y preguntábamos: ¿por qué no adicionan también "y normal" en esta misma fracción I?
Porque cuando no hay el compromiso explícito surgen tantas preguntas como: ¿cómo es posible que el Estado se compromete a impartir y con carácter obligatorio, educación primaria y secundaria, y sin embargo no toma en consideración en el propio artículo 3o. la facultad de impartir la educación normal? ¿Que seguramente se va a seguir impartiendo la educación normal? Seguramente. Pero ¿en qué proporción se le va a dar el auge a la escuela normal particular en contra de la normal pública, una vez que todo esto queda en una laguna en el texto del artículo 3o.?
¿Qué maestros son los que van a impartir la docencia en la primaria y en la secundaria? Deben ser los maestros surgidos de las normales del Estado.
Y ¿por qué no se establece ese compromiso de que el Estado siga impartiendo educación normal? Me contestarán: "está en la fracción V, donde dice que seguirá promoviendo y atendiendo los demás niveles educativos". Y yo contestaré: "efectivamente, pero promoviendo y atendiendo, no es la garantía, no es la seguridad para el pueblo de México de que el Estado sigue considerando a la educación como un servicio público, como lo establece el propio artículo 3o.".
Por eso, señores diputados, si continuamos reflexionando, nos vamos dando cuenta de que en el fondo, a pesar de que se establece la obligatoriedad de la secundaria, aspecto positivo, pero más allá de eso, en el fondo hay un retraimiento del Estado en la tarea educativa, para dejarle estos espacios a la escuela particular.
Ese es el fondo, y esto es muy grave, porque la educación, de acuerdo con el texto de la propia Constitución, a partir de la reforma de 1934, no es sólo una garantía individual, como hoy va a quedar en el texto del artículo 3o., no es una garantía individual equiparable a las demás garantías, como la libre expresión del pensamiento.
El maestro cuando está en el aula realiza una función social que para citar a algún Secretario de Educación Pública que dijo: "El educador ejerce un ministerio social y el poder público no puede permanecer indiferente e inactivo ante
esa responsabilidad, que afecta el interés mismo de la sociedad e incumbe al Estado", el Secretario de Educación, Ceniceros. Es la tesis que en 1934 efectivamente triunfó.
Para considerar que la educación va más allá de ser un derecho del individuo, en este caso del maestro, de que al estar frente al grupo pueda decir lo que quiera y con la orientación que se le antoje, eso no es posible.
Porque ejerce una función social el maestro y por esta razón no puede equiparse con la libertad de pensamientos, ejerce la tarea de educar y educar es trasmitir conocimientos científicos, que debe dominarlos el maestro, pero es trasmitir también una orientación y una valoración de la vida, de la propia realidad nacional y del mundo, a los educandos.
Por eso la tarea de la educación ni es un derecho del individuo que va frente al grupo para decir lo que se le antoje cual si se tratase de la libertad de pensamiento, ni tampoco es un derecho en cuanto a que los particulares lo puedan ejercer, desconociendo en este caso la presencia del Estado, porque pasa a ser una garantía social. Y como garantía social, la educación, requiere de la intervención del Estado, ¿en que?, en todo, en la organización del sistema educativo, en la impartición, el sostenimiento de los planteles en todos los niveles del propio sistema educativo.
Y para darle congruencia a la fracción que establece que toda la educación que imparte el Estado será gratuita, que se sigue manteniendo, entonces tiene o debería de haberse establecido esta obligación del Estado de impartir educación en todos los niveles, tipos de modalidades del sistema educativo nacional.
¿De qué manera, preguntamos nosotros, a quiénes va defender este aspecto del dictamen que es fundamental para nosotros?, ¿de qué manera se garantiza que el Estado va a seguir impartiendo, va a seguir sosteniéndose estos niveles de la educación en los que hoy solamente quedan a nivel de promoción y atención?
Me quiero adelantar para contestar el argumento de que en el actual texto del artículo 3o. no establece el compromiso del Estado tal vez sobre éstos y otros niveles educativos, pero me quiero adelantar recordando que el artículo 3o. en la reforma de 1934 otorgó a la educación el carácter de un servicio público para quedar a cargo del Estado y que desde 1934 se le encomendó al Estado formular los planes, programas y métodos para todo el sistema educativo. Y puesto que al habérsele establecido a las escuelas particulares una situación de sometimiento al Estado en esta tarea, si, para poderles negar o revocar la autorización de impartir educación, exista implícito y textual en varios de sus aspectos, de sus párrafos y del resto de otros artículos de la Constitución, el hecho de que la educación era una obligación del Estado en todo el sistema educativo nacional. Y por eso aun sin estar establecido que el Estado debería impartir tal o cual modalidad o grado con tipo educativo de elemental media o superior, el Estado desarrolló el sistema educativo en los tres tipos del sistema: elemental, medio y superior plenamente, y la sociedad, el pueblo le exigía escuelas en cualquier nivel y el Estado respondió creando las instituciones, ampliándolas, ampliando la cobertura del sistema, preparando más maestros, sin estar establecida en la Constitución esta obligación, ¿por qué, señores diputados?, porque correspondía a una tendencia de que el Estado como garante de la nación, debería también formar a las nuevas generaciones. Y ahora es el cambio. ¿Cómo es posible si está otorgando la educación en todos los niveles, de pronto dice: me comprometo a establecer en el nivel A. ¿Y qué pasa con el nivel B y C?
Si hay una satisfacción del servicio educativo, sin regateos, en todos los tipos del sistema educativo, si así ha sido el desarrollo de la educación desde 1917 hasta hoy, ¿Cómo es posible que no vamos nosotros a tomar en consideración una obligación que se establece el Estado exclusivamente para la educación básica y que soslaya de comprometerse a impartir educación en los demás niveles educativos? ¿Y cómo es posible que vamos nosotros a dejar pasar estas reflexiones cuando se está trastocando también la función del Estado en cuanto a intervenir en la economía y en los servicios públicos que hasta hace pocos años ha sido el de una intervención directa? Esto quiere decir, de atender las necesidades de la población, sea de la economía, de la cultura o de los servicios, directamente por medio de los órganos del Estado.
Y ahora se está cambiando a un Estado en el que solamente por la vía de la regulación o de la normatividad, pero no de la intervención directa, puede atender las necesidades del pueblo. Es decir, pregunto, ¿se está abriendo con este aspecto de la reforma el camino para dejar la educación superior, la educación del tipo medio superior o de la normal, en manos de los particulares y de que el Estado solamente establezca alguna normatividad pero no tener bajo su control los planteles?
Pregunto si se está abriendo ese camino, porque eso es lo que nos preocupa. Y por esa razón
el Partido Popular Socialista, está en contra en lo general, de esta reforma. Consideramos que es más el aspecto negativo que el positivo y es por lo que determinamos el voto de esta manera. Hay otros aspectos del artículo 3o. que vamos a seguir tratando la fracción parlamentaria, por conducto de los compañeros diputados que continuarán en el uso de la palabra. Pero he querido exponer ante ustedes, espero haberlo logrado, cuál es exactamente el punto en el que está nuestra preocupación, nuestra inconformidad, nuestro rechazo a que no se compromete el Estado a impartir, impartir directamente la educación que hoy tiene en sus manos en los niveles posteriores a la escuela básica.
Eso no lo podemos aceptar. Muchas gracias.
El Presidente: - Para fijar la posición de su fracción parlamentaria, tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Con su permiso, señor Presidente:
El siglo XX, sobre todo su segunda mitad, podría tipificarse por el rasgo definitorio muy particular del papel activo del conocimiento científico y tecnológico en todas las actividades del hombre y del lugar que en su difusión y generación ocupan los sistemas escolares.
Este final de milenio y los albores de uno nuevo, se caracteriza principalmente por la generalización y difusión de informaciones, por la participación masiva de la población en instituciones escolares, por la transformación del mundo por la ciencia y la tecnología, y sobre todo, por cambios radicales en las instituciones y conocimientos sobre el mundo natural, basado en el conocimiento científico.
En el Siglo XXI estas tendencias seguramente continuarán en aumento.
Junto a estos gigantescos pasos, si se les juzga por los significados que adquiere la presencia en el espacio del hombre y sus instrumentos: el dominio del átomo, la manipulación genética, el manejo electrónico de la información, la dotación de sentidos a las máquinas, la creación de inteligencia artificial, etcétera, coexiste la miseria, la desigualdad extrema, la explotación, la alienación, la depredación del ambiente, los sentimientos de pérdida de autenticidad y de deshumanización.
Para la humanidad en su conjunto, parecería que el concepto de educación que se hizo equivalente al de escolarización, tuvo un éxito relativo en la extensión del concepto que se refiere a conocimiento y comprensión de la naturaleza, pero no en cuanto a sus objetivos más amplios e intrínsecos del fortalecimiento del pensamiento crítico e incremento de la sensibilidad, los valores éticos y estéticos y otras dimensiones de la racionalidad subjetiva.
Para el caso de México, el problema es más agudo; en medio de una inestabilidad económica prolongada y con severas restricciones financieras, las orientaciones hacia el sector educativo, no muy claras, se confunden más y afectan decisiones que pueden ser críticas y fundamentales para el futuro de México, ya sea porque se pierde el sentido colectivo del esfuerzo en actividades atomizadas, en pequeños hechos y en estadísticas escolares, o porque se juzgue que la actividad en su conjunto sirve sólo para el servicio de un grupo, de una actividad en particular, de una clase social o porque no se logran los aprendizajes esperados.
La etapa de expansión del sistema escolar en México, que parecía ilimitada y correspondía a un conjunto de cambios estructurales en la sociedad y a la aplicación efectiva de ciertos principios de igualdad normativa para la población marginada, se ve amenazada por una severa disminución en los ritmos de crecimiento.
En la medida en que las consecuencias de la crisis no son absorbidas de la misma manera por los distintos grupos sociales, sus efectos sobre los ingresos y su distribución contribuyen a polarizar, aún más, las diferencias entre grupos al interior del país.
El deterioro en los niveles de vida es particularmente notable para los sectores obrero y popular, así como para las nuevas clases medias. Todos estos grupos ven perder, en estos últimos años, algunos de los progresos hacia una mayor equidad de la distribución de recursos y derechos logrados en los periodos de crecimiento de la economía.
Clasificamos en dos grandes conjuntos los desafíos que el sistema mexicano tendrá que enfrentar en los próximos años, según su orden de importancia. Los desafíos sustantivos, de concepción y contenido de la educación. Y los desafíos operativos organizacionales que conciernen a aspectos de eficiencia interna y externa de los sistemas.
Ambos conjuntos están interrelacionados para que los sistemas escolares se justifiquen como actividad importante, no trivial, destinada a la transmisión de destreza, conocimientos y saberes, y sobre todo para que forme al hombre y a la sociedad educada. Será necesario hacer compatibles las metas más generales del ideal de educar, el aprender a aprender y la formación del carácter con las metas más pragmáticas del adiestramiento, la capacitación, la productividad y la participación, y en este proceso hacerla efectiva junto a las funciones sociales de distribución equitativa de conocimientos, de transmisión de la cultura y de fortalecimiento de la comunicación social.
Los desafíos de tipo sustantivo que juzgamos críticos deben ser analizados a nivel normativo, ya que ahí se definen los espacios del significado, las regiones de deseabilidad de los compromisos éticos y los sentidos del deber y la responsabilidad a niveles de acción, interacción y transacción. Estos son los que delimitan a nivel individual, grupal y social las esferas subjetivas del dominio de situaciones versus impotencia, de sentido de bienestar versus sensación de miseria y fracaso, las que definen estándares, solidaridades, antagonismos, singularidades e identidades. En fin, las que son fuente de evaluación de conductas, de vicios y virtudes, de cuestiones absurdas y cuestiones significativas.
Los desafíos de tipo operativo deben ser analizados por el nivel del sistema escolar: preprimario, primario, medio básico, medio superior y superior. Y a la luz de las tendencias observadas para las características de evolución de la matrícula en los últimos años, así como de algunas de las presiones sobre el cambio que se visualiza como salientes a corto plazo.
Crecimiento demográfico de la población general y escolar. Cambios en la organización social y técnica del trabajo, tanto en México como el exterior. Y presiones financieras que resultan de las nuevas tendencias que emergen de la prolongada crisis de los últimos años.
Las características en la evolución de la matrícula son un elemento importante para evaluar un sistema escolar que se juzga atraviesa por un profundo período de crisis, ya que a pesar de que el importante crecimiento de la matrícula en todos sus niveles satisface muchas expectativas y cubre algunas necesidades económicas, sociales y culturales.
Tanto expertos como clientela manifiestan insatisfacción por la calidad y la cantidad de educación recibida. Los problemas no son de orden puramente objetivo, no se trata de una población ansiosa de consumir más educación simplemente porque los sistemas se hacen más accesibles.
Hay un problema objetivo de calidades de aprendizaje en todos los niveles del sistema y de eficiencia organizacional.
Los planes y programas en operación en los últimos años parecen haber prestado más atención a los aspectos cuantitativos de la demanda y especialmente de la oferta. Sólo marginalmente se ha dado importancia a los problemas de retención de los estudiantes y calidad de la enseñanza, aunque abundan declaraciones de principio.
Para los albores del Siglo XXI el sistema escolar tendrá que encontrar una solución satisfactoria y compartida a sus problemas centrales, justificación clara de sus propósitos, desarrollo de currícula pertinente y relevante, y aplicación de procedimientos de enseñanza - aprendizaje apropiados. Estas son las metas que se engloban como socioculturales y definen los espacios de significación para la formación de la sociedad y del individuo.
Frente a las demandas por reformas conducentes a una mayor correspondencia entre educación formal y mercado de trabajo, las respuestas orientadas hacia un mayor contenido vocacional dirigieron la organización curricular en la dirección de aspectos prácticos y puntuales, debilitando en el proceso el sentido de la educación como incremento de la capacidad de poder de control y de ganancia de espacio de significación en las experiencias y vivencias individuales y colectivas.
En contra de las expectativas la resultante fue una disminución en la calidad del desempeño y en un incremento en los niveles de insatisfacción.
Definir los propósitos del sistema escolar, sus metas generales y específicas, siempre ha sido un asunto controversial. Sabemos que como institución y proceso social, que sirve a una multiplicidad de intereses individuales, grupales y sociales, la escuela y los sistemas escolares ocupan un lugar central en la formación, participación y distribución de habilidades culturales; la distribución, difusión y generación de conocimientos; la preparación para el empleo y, en general, del conjunto de prácticas y creencias que configuran la producción, distribución y consumo de bienes y servicios; la dinámica de relaciones entre clases y el complejo tejido de derechos y responsabilidades individuales y
grupales; los sistemas de creencias que explican y dan cuenta de la naturaleza del universo y del lugar que ocupa el hombre en él, definiendo lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable.
Es decir, los sistemas escolares desempeñan un papel dominante pero no determinante en la modulación de los modos por los que los colectivos sociales definen tanto las dimensiones principales de la estratificación social, distribución de conocimientos, poderes, recompensas y derechos, cuanto a los procesos de integración, grado de efectividad y tipo de producción a los que se aboca la sociedad en su conjunto.
Los resultados escolares a nivel de comunidad son los más controvertidos, por lo general tienen qué ver, en su sentido más amplio, con socializaciones comunes básicas a lo largo del espacio nacional, en cuestiones relativas a sistemas de valores, como el nacionalismo, democracia, etnocentrismo. Pero que cuando más se defienda en la escala de lo local, se vinculan con cuestiones específicas como el favorecimiento del orden político, cultural y económico vigente.
Cuanto más autoritario es un sistema político y social, más busca el consenso puntual acerca del tipo específico de orden político y económico que promueve.
En términos más operativos la economía local, regional y nacional depende en buena medida del sistema escolar para producir resultados que eslabonen en forma efectiva los resultados de la organización escolar a los aparatos económicos y políticos, alfabetización funcional, habilidades y actitudes positivas hacia el trabajo, identificación con una carrera, participación ordenada en las prioridades de la comunidad, información sobre política y sistemas políticos, actitudes positivas hacia las formas de Gobierno, aprendizaje de normas sociales amplias, conocimiento de historia, culturas locales, regionales, nacionales, etcétera.
El desafío, señores diputados, estará en los próximos años en recuperar y recrea para la sociedad mexicana las tradiciones del humanismo progresista, particularmente acercando los conocimientos que se dan en las instituciones escolares a los de la vida de la sociedad en general, generando así actividades más creativas, más significativas, que sirvan a la vez para enriquecer a los individuos y a las actividades de la sociedad. Esto es particularmente válido si es que la sociedad mexicana seguirá afirmando sus procesos de modernización y la sofisticación tecnológica continua introduciéndose no sólo en los aspectos relativos a las comunicaciones sociales, sino a los territorios de la economía.
Un aspecto especial al que deberá dedicarse mayor atención, investigación y análisis en los próximos años está vinculado a la presencia cada vez más activa de los medios electrónicos de comunicación de masas en los hogares y de las computadoras en las escuelas. La influencia de ambos deberá ser cada vez más poderosa, hay que tener cuidado en advertir en ellos no sólo los problemas asociados al conocimiento, instrucción, socialización dominación y alienación, sino también los relacionados con sus influencias sobre los procesos específicos de percepción y sobre las objetivaciones de imágenes que pueden tomarse como reales confundiendo su esencia y existencia con apariencia. Este proceso suele acompañarse de deformaciones en los caracteres visuales del pensamiento, dificultades en la formación de conceptos y confusión en la percepción visual. Nuevamente será función importante de la escuela contribuir a la posibilidad de desmitificar los contenidos de la televisión, el cine, los periódicos, las revistas y las computadoras, utilizándolos como instrumentos útiles en los procesos de incorporación de informaciones, de instrucciones individuales y colectivas.
El desafío para los maestros será entender la tarea pedagógica no en su sentido técnico en cuanto a su capacidad de instrumentar un programa de aprendizaje, sino en su sentido más amplio y global de enriquecer a los estudiantes en su persona y en su ser social. El debate sobre metas y propósitos del sistema escolar ha llevado a confundir las legítimas preocupaciones y los problemas de eficiencia interna y externa, con estadísticas de porcentajes y egresados, informaciones puntuales, cantidad de publicaciones, etcétera.
Esto es confundir indicadores con síndrome. De no controlar estas tendencias se puede llegar incluso a que como es el caso ya en algunos países sobre la insistencia en la evaluación de datos e informaciones inconexas, toda la tarea de enseñanza - aprendizaje se destine a la satisfacción de metas que resuelvan los exámenes y formularios estadísticos con los que se determina el éxito o el fracaso de un programa, satisfaciendo a corto plazo la sensación de éxito o eficiencia en las organizaciones escolares y de la burocracia, pero condenando a mediano plazo el proceso de formación de destrezas y esquemas conceptuales que llevan a esos conocimientos por encima de datos inconexos a la culminación de hombres y sociedad educados.
Hoy por hoy, el país se enfrenta a lo que sin duda son los retos más indicativos de su historia, vencer la crisis económica y superar su capacidad de crecimiento para estar en condiciones de ofrecer en los próximos años en su joven población, una perspectiva de vida aceptada; ello implica avanzar hacia la modernidad y sus consecuencias, más eficiencia, mayor productividad, mejor desarrollo tecnológico y mayor competitividad mediante una modificación gradual pero absoluta de las actuales estructuras económicas y sociales y asimismo, perfeccionar su sistema democrático como una forma de vida, incorporándolos en todas las tareas comunitarias que reclaman una actitud solidaria en las decisiones de su entorno, de su región y de la nación entera.
La educación forma parte insustituible de esta estrategia; si deseamos el progreso de la nación, debemos enmarcar nuestros anhelos de libertad, democracia, justicia y soberanía en una verdadera revolución educativa. El futuro del país seguirá siendo el rumbo que le señale la misma educación que se imparte.
Es así como pueden corregirse las deficiencias generadas a lo largo de nuestra evolución histórica, solamente a través de la planeación democrática lograremos que la educación contribuya eficazmente a consolidar una sociedad igualitaria en la que el acceso a los más altos niveles de enseñanza sea una realidad para todos los estratos y grupos sociales.
Contribuyendo a la descentralización de la vida nacional y a la democratización integral, será como la educación participe en el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos; representa a la vez la posibilidad de que personas y comunidades definan su forma de vida, de que aprovechen integralmente los avances de la ciencia e incorporen los sistemas de producción, de educación y de convivencia que más se adapte a sus características y peculiaridades.
Es la estrategia de la revolución educativa, pero también significa, quizá nuestra última oportunidad de ir al interior de la nación en la búsqueda de sus verdaderos valores, sus potencialidades y su posibilidad de armonizar al hombre con la naturaleza, porque tan injusta es la inequitativa distribución de la riqueza, como lo es también la desigual distribución de los recursos humanos.
Hoy al igual que ayer, pero quizá más que nunca, nuestra más valiosa e insoslayable riqueza es el hombre, en consecuencia debemos propiciar la acción integral de la población mexicana en el proceso educativo y en la insustituible formación del hogar, pero todo esto sólo puede ser posible en el ámbito de la escuela y su área de influencias, pequeños sectores o comunidades identificados por sus intereses, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura; reduciendo así el tramo de control e incrementando la participación ciudadana en una permanente actitud democrática necesariamente habrá de aumentar entonces la eficiencia educativa.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reconoce públicamente la actividad plural que se tuvo dentro de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación. Reconoce ese trabajo que se desempeñó durante varias acciones, varias reuniones pasadas donde en un ambiente de respecto y disertación se escucharon planteamientos interesantes propuestos de adición a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, relativos al 3o. constitucional.
En lo que respecta a nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, fuimos insistentes en adicionar a la fracción III, que se considerara el punto de vista de los gobiernos estatales y de los diversos sectores sociales involucrados en el hecho educativo, para que en la coordinación con el Ejecutivo Federal, se determinen los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República.
Durante la comparecencia con el señor Secretario de Educación, planteamos la necesidad de involucrar a dicha sociedad, por ser ésta la operativa del hecho educativo. Sectores como la base magisterial, sociedades de padres de familia, científicos, pedagogos y sector productivo, son indispensables para conformar un equilibrio dual entre gobernante y gobernados.
La propuesta de adición presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fue aceptada por el seno de comisiones, quedando textualmente en la siguiente forma. En la iniciativa enviada por el Ejecutivo, en su párrafo tercero señala: "Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal, para toda la República".
Nuestra propuesta que fue aceptada para anexar a este párrafo es la siguiente: "Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de
los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale".
Nosotros consideramos de gran trascendencia este párrafo que se anexa, basada en la experiencia negativa de una reforma educativa de 20 años, iniciada por Luis Echeverría, que dio por resultado un grave retroceso político - educativo para las juventudes de nuestro país, donde diversos sectores magisteriales de diversas partes de México, se manifestaron en contra de aquella polémica reforma y que, por consecuencia, jamás fueron escuchados. Al igual que grupos de diversas sociedades, padres de familia, pedagogos, etcétera, la respuesta fue en la misma circunstancia jamás fueron escuchados.
Y este logro importante se prevé en la Ley Federal de Educación, donde se menciona la facultad otorgada a la Federación, el Estado y los municipios, para trabajar conjuntamente en la unificación y coordinación de los servicios educativos.
Por su parte, y esto es muy importante, la Ley de Planeación del 5 de enero de 1983, especifica las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación en las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable. En su artículo 2o. de esta Ley, deja asentado que la planeación se llevará a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá atender a la consecución de fines y objetivos políticos y sociales, además con los culturales y económicos contenidos en la Carta Magna. Para ello debe basarse, entre otros, en el principio de fortalecimiento del Pacto Federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional.
Son muchas las relaciones que deben transformarse en este país; atención inmediata a la educación especial, atención a la educación de los indígenas, atención a la educación de los adultos.
Se necesita también un cambio estructural de la comunidad, una importante descentralización, una planeación demográfica. El rezago educativo alarmante, el avance científico y tecnológico, la inversión educativa, son fundamentales. Vincular entonces el sector educativo y la comunidad nacional con los programas productivos de gobierno - iniciativa privada, que permitan una verdadera estratificación de los profesionistas mexicanos y que permitan un binomio profesión - empleo. Cabe señalar en este renglón que la educación a un nivel universitario, debe estructurarse bajo un estudio de supervisión y seguimiento estadístico de profesiones ya saturadas en México, para adecuarse a los nuevos retos y requerimientos sociales de este país.
En lo referente a la vinculación de la educación con el sector productivo, se hace necesaria y urgente la realización de un análisis sobre las necesidades del mercado de trabajo, relativo a las zonas de influencia de los planteles, así como conocer los planes de desarrollo industriales y sociales de las localidades correspondientes. Este análisis, esta evaluación, servirá para adecuar la formación de recursos humanos a las necesidades sociales del desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana aprueba en lo general, la propuesta de reforma al artículo 3o. constitucional, pero analiza también el posible riesgo de que en los hechos al surgimiento de un sistema educativo dual, con particularidades diferentes entre el sector público y el privado, serán vulneradas así las capacidades de la escuela pública.
Cabe aducir que el secreto para que éste país no se desgarre y explote en mil pedazos, es su vigor cultural. Somos un país con historia e identidad nacional excepcionalmente fuerte. Nuestra base asegura que la conjunción de aperturas políticas y económicas con la nueva integración, no dañará ni pondrá en peligro la existencia del país como tal. Los hombres y las mujeres de hoy, no somos los mismos de ayer. Ahora aprendemos del pasado y deseamos aplicarlo para mejorar y competir de igual a igual, y sea el secreto de la renovación y fortalecimiento espiritual del país; es inyectarnos una buena dosis de amor propio y de sensibilizarnos hacia el sentido común.
Pugnar, señores diputados, por un modelo de educación que consigne una reforma de valores, una conciencia de civismo, una cultura adecuada a la exigencia que vivimos en el entorno nacional e internacional, aunado a un sustento espiritual, renovador, que conlleve a los mexicanos a una verdadera educación integral.
Muchísimas gracias. Por lo pronto nuestro partido, nuestra fracción aprueba el dictamen presentado por la Comisión. Gracias.
El Presidente: - Para fijar la posición de su fracción parlamentaria, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:- Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Queremos dejar sentada, de entrada, una opinión en nombre del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de reconstrucción Nacional. Trataremos de fundamentarla.
La reforma a los artículos 3o. y 31 de la Constitución, va mucho más allá de los nuevos mandatos que en materia educativa contiene de manera expresa, con su aprobación, por supuesto, mediante del Congreso de las legislaturas de los estados, mediante la aprobación de la República.
Antes de proseguir quisiera también, en el comienzo de esta intervención, en donde tratamos de fijar una posición general y hacer algunas consideraciones de este mismo tipo, referirme al trabajo de las comisiones unidas, y en particular al del grupo plural.
Ha sido en efecto esta actividad un trabajo arduo, yo diría altamente valioso y satisfactorio por el método, por sus resultados, por su carácter democrático. Nos unimos a las apreciaciones formuladas por el compañero diputado Agustín
Basave, en relación al trabajo realizado por comisiones unidas y el grupo plural.
Así nos encontramos con un dictamen aprobado casi por unanimidad, en el que se respetan diferencias y discrepancias en algunas materias, pero en el que se recogen aportaciones, puntos de vista de todas las fracciones parlamentarias, y consecuentemente se modifica la iniciativa enviada por el Presidente de la República, y también se recogen ocho o parte o las coincidencias de las iniciativas con anterioridad presentadas con relación a este problema de la reforma al artículo 3o. de la Constitución.
Se ha subrayado y resaltado con razón la significación en sí de la nueva reforma constitucional que emprende la Cámara de Diputados, esta vez en materia de educación.
Estamos a 75 años de que la Constitución de 1917, dentro de las bases establecidas en el sentido de considerar obligatoria la enseñanza primaria, se eleva la secundaria al carácter obligatorio, con otras reformas más, y de que el proceso de la lucha del pueblo mexicano pasó por las importantes reformas de 1934, de 1979, de 1981, de 1992 estelarmente, enmarcadas en el curso de un proceso de grandes batallas, muchas veces que se rebasaron el carácter de la lucha de ideas, y que rebasaron la materia de la lucha política. Y en ese sentido nosotros queremos recordar aquí, como lo hicimos ante el Secretario de Educación, que en 1929, en 1934, cientos de maestros cayeron en la lucha, asesinados en la cristiada o defendiendo la educación socialista, educación, socialista que en su sentido profundo era la lucha por la educación nacional, popular y democrática, como se vio posteriormente en las otras reformas al artículo 3o. de la Constitución.
Por eso nosotros decimos que estamos ante una de las grandes reformas al artículo 3o. de la Constitución, que recoge todos estos procesos, que es una continuación consecuente de las reformas anteriores, y que también es un esfuerzo que corresponde al sacrificio de aquellos que han defendido la educación nacional, popular y democrática.
Indudablemente que es necesario considerar desde esta tribuna que nuevamente esta misma reforma se puede enfrentar a nuevos desafíos, a nuevas embestidas, por el contenido que tiene, porque el contenido actual que corresponde a la tradición histórica de la lucha del pueblo mexicano por una educación popular que correspondiera a sus intereses, los garantizara, es ahora precisamente el de alcanzar una educación nacional popular y democrática, y porque es la única vía para hacer de la educación instrumento fundamental y también de la formación y del desarrollo de nuestro país, con progreso social, soberanía y democracia.
Las reformas al artículo 3o. de la Constitución, se inscriben, y por eso, sin duda alguna, enfrentarán nuevas embestidas, nuevos desafíos, en la dirección y como uno de sus jefes principales, del proyecto de nación que corresponde a lo que ha sido la lucha del pueblo mexicano y lo que necesita precisamente hoy nuestro pueblo, para lograr las metas de esta etapa.
La reforma amplía y extiende, consolida y fortalece las bases constitucionales de la educación en México. Al fijar los principios y criterios que la orientan, mantiene y refuerza con los nuevos ordenamientos un programa ideológico, el programa ideológico, fundamentalmente ideológico de la educación mexicana.
Por eso nosotros decimos que tenemos intención de considerar la reforma al artículo 3o. desde otros ángulos, quizá, y subrayar su importancia haciendo hincapié, en primer término, en este refuerzo, en esta consolidación del programa ideológico de la lucha del pueblo mexicano por la educación, que ha defendido y que sigue defendiendo.
Decimos que tiene un carácter de fondo y una significación relevante y va a trascender por sobre muchas otras consideraciones, porque responde a necesidades que eran inaplazables, como una continuación del Acuerdo Básico para la Modernización Educativa; la federalización de la enseñanza hubiera quedado incompleta.
Esta reforma es la continuación de una reforma de la educación, pero no termina ahí, no termina con las propuestas de modificación al artículo 3o.
Nosotros decimos que es así, porque se mantiene y refuerza la garantía constitucional de que la educación impartida por el Estado, en sus tres niveles, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia, porque se mantiene y refuerza el principio fundamental de la educación laica, en el marco de la libertad de creencias, garantizada por el artículo 24 de la Constitución.
Manteniéndose esta educación laica por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, basándose en los resultados del progreso científico y luchando, en consecuencia, contra la ignorancia y sus efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Porque se mantiene y refuerza el mandato constitucional de que la educación será democrática, concibiendo la democracia tanto en la estructura jurídica como en el régimen político, así como en su sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Porque se mantiene y refuerza el principio de que la educación será nacional, concibiendo este principio sin hostilidades ni exclusiones, como la preocupación fundamental obligada a atender la comprensión de los problemas de México, el aprovechamiento de sus recursos, la defensa de su independencia política y económica, su autodeterminación, la defensa y el desarrollo de su cultura.
Porque se mantiene y refuerza el carácter de la educación nacional y democrática, como una función social, solidaria e integral, orientada obligatoriamente a robustecer la dignidad de la persona y la integridad de la familia, en una estrecha e inseparable relación con el interés general de la sociedad, en función de los ideales de fraternidad e igualdad, de derechos de todos los hombres, oponiéndose a todo tipo de privilegios.
Porque se mantiene y refuerza la disposición a fin de garantizar que los particulares puedan impartir educación en todos sus tipos, condicionando la impartición de la educación primaria, secundaria y normal, a que se obtengan la autorización expresa del poder público, cosa que no tiene poca importancia, que tiene mucho y que se integra a los principios fundamentales de una educación nacional democrática, con la participación de todos los sectores del pueblo, garantizando naturalmente en cuanto a éste al que nos referimos, al de los particulares, su derecho a una respuesta inmediata, positiva o apelar con los recursos de la ley sobre cualquier negativa, así como la obligación ineludible de apegarse a los principios del artículo 3o. y el cumplimiento de los planes y programas oficiales.
En ese contexto, compañeros diputados, en ese contexto reestructurado con la iniciativa, con el dictamen, que hemos querido recordar puntualmente, es en donde se insertan las reformas de trascendencia y significación histórica que ahora estamos discutiendo.
Hemos querido mencionarlos, porque a nuestro juicio tiene un valor político muy alto el que habiendo requerimientos de reformas al artículo 3o. de la Constitución, habiendo una fuerte presión social de ciertos sectores de la nación y habiendo corrientes internacionales que tratan de revertir y destruir lo más importante y positivo que han logrado los pueblos, esta reforma no se inscribe en esta dirección sino precisamente en los marcos del artículo 3o. de la Constitución, que la refuerzan.
¿Cómo no considerar así y cómo anteponer consideraciones formales o secundarias para así desconocer avances como el de elevar a mandato constitucional el derecho de todo individuo, mexicano o no, a recibir educación secundaria en una obligación del Estado?, y al mismo tiempo la consideración sobre el artículo 31 que indica como obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y secundaria y reciban la militar en los términos que establece la ley; no hay a nuestro juicio razonamientos válidos que nos permitan desconocer o en aras de alguna apreciación particular no votar en lo general estas consideraciones, estos aspectos que sería tanto como desconocerlos.
Queremos precisar en esta primera consideración general de nuestro grupo parlamentario, acerca de que concebimos al artículo 3o. no refiriéndose únicamente a las responsabilidades del Estado y los particulares en materia educativa
o al contenido de la educación en cuanto a la regulación y tipos y modalidades educativas.
Centrar la discusión en estos aspectos sería a nuestro juicio, y no nos estamos refiriendo a ninguna situación ni a nadie en particular, sino a una posibilidad no de las más positivas, significaría o sería restar fuerza, debilitar la significación de la reforma al artículo 3o. constitucional, por lo que implica todavía de medidas subsecuentes a tomar.
El artículo 3o. es mucho más que eso, es el marco jurídico de la formación de los individuos en esta etapa histórica del desarrollo nacional, de las relaciones sociales, de nuevas relaciones sociales incluso en desarrollo y en formación dentro de este marco económico - social. Es la Ley que define la forma de vida de los mexicanos a partir de uno de los mecanismos más poderosos de socialización de la educación, también en el marco social de esta etapa de nuestro país.
Nosotros no concebimos el artículo 3o. sólo como una expresión jurídica de las funciones y actividades del Estado en materia educativa. Esa sería una visión jurídica y administrativa muy limitada, de una cuestión más compleja y más trascendente. Por eso pensamos que esta reforma va mucho más allá del contenido de la misma; en una reforma educativa no se trata sólo de cambiar las funciones, las obligaciones, las modalidades y los mecanismos de regulación estatal, se trata de redefinir el estatuto social de la educación; de redefinir el papel de la educación en las transformaciones sociales, económicas y culturales.
La educación no es un mecanismo igualador de oportunidades; ésa es una visón equivocada, una visión que ignora una tradición más antigua que la concibe como una práctica social de formación de los individuos. En la misma tradición liberal, que hoy se invoca tan frecuentemente, la educación cumple una función determinante en la formación de la comunidad de los hombres libres, de la formación de los ciudadanos, de sus valores y prácticas sociales. Son muchas las referencias que se podrían hacer al respecto. Hay una larga tradición en nuestro país, que vincula la educación con la política democrática.
La tradicional escuela mexicana en pedagogía, siempre ha partido de una visión integral de la educación, de una vinculación de las tareas educativas con la formación de los individuos y el desarrollo de la comunidad; ha concebido a la educación como proceso formador de los sujetos, de los sujetos sociales, no vinculados únicamente a la vida productiva, sino a la autonomía individual y a la independencia nacional, al progreso social. La educación garantiza la consecución de la democracia no sólo a través de la llamada igualdad de oportunidades que francamente poco tiene que ver con la educación pues la misma escolaridad depende del status social de las personas, sino a través de la adquisición de los valores, las actitudes y las aptitudes de los individuos, para vivir en una sociedad plural y tolerante.
Una de las grandes resoluciones política de nuestra Constitución, es precisamente desarrollar en el artículo 3o. relativo a la educación, las características del modelo de vida que queremos, por el que luchamos los mexicanos: la democracia.
Cito: inciso a, de la Ley: "Será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo". Porque nosotros decimos: ¿Cómo no subrayar, cómo no acentuar, cómo no referirnos a este aspecto que forma parte fundamental de lo que es el contenido, de lo que son los fines, de los que es la trascendencia del sistema mexicano educativo, concebido desde el punto de vista de los principios por los que ha luchado y ha logrado en parte inicial apenas el pueblo mexicano?
Por eso, decimos que no se trata sólo de una reforma constitucional derivada de una reforma educativa, al modelo de derechos, obligaciones y responsabilidades del Estado y los particulares. Eso sería como admitir que la reforma educativa no tiene claridad o no tiene coherencia estratégica, con relación a la reforma del Estado, con relación a los acuerdos nacionales y las expectativas populares.
Todavía no contamos, no obstante que hay que reconocer que lo que discutimos ahora es un principio, es un principio de una nueva doctrina educativa que se está formando y que hay que desarrollar; no contamos con un texto en donde se especifiquen los lineamientos integrales de la reforma educativa.
El acuerdo para la modernización de la educación básica se articulaba fundamentalmente en decisiones de tipo administrativo, ciertamente de una enorme importancia política y doctrinaria, como el federalismo, la federalización de la enseñanza o el aspecto institucional, como el cambio de áreas o asignaturas; pero en ningún
momento, una definición cabal del sentido de los ejes o de las prioridades de una reforma educativa integral. Este es un reto y ése es un desafío.
A nosotros nos preocupa una modificación constitucional de tanto alcance como la del artículo 3o. que no se ubique ni en la reforma del Estado, expresamente, ni en una estrategia general para el cambio de época en que vivimos. Una apreciación como ésta, no busca de ningún modo, marcar una deficiencia de la exposición de motivos, sino señalar el alcance limitado de la propuesta en aquellos aspectos más relevantes del artículo 3o., que a nuestro juicio son los criterios que regulan la educación nacional, en particular, nos parece que una iniciativa derivada de un plan general de reforma educativa , debería revisar, en primer lugar, los criterios orientadores de la educación.
En una época en la que se están redefiniendo las relaciones sociales, en que se acentúa la autonomía individual y se reconoce la complicidad de las sociedades modernas, creemos conveniente una reforma educativa integral que centre su atención en la formación de los individuos libres, reflexivos y responsables, conscientes de su papel en la sociedad y en la transformación de la misma.
El grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional hizo una propuesta en la Comisión, para modificar en el inciso c, la fracción II, a fin de sustituir la palabra "sustentar" por "fomentar" e incorporar la tolerancia como uno de los ejes rectores de la educación democrática en México.
Creemos que es importante, para ajustar los criterios constitucionales de la educación democrática, para una sociedad cada vez más abierta, cada vez más plural y participativa. La cultura de la tolerancia, como acción cotidiana del discurso político y la practica social, debe ser inculcada en los educandos, desde los primeros años. La Comisión no tomó en cuenta este aspecto, y en alguna medida sigue privilegiando los objetivos contemplativos y especulativos, en alguna medida; sustentar ideales, por ejemplo, en vez de objetivos que se traducen en acciones y actitudes; fomentar la igualdad, la tolerancia y el respeto.
Por último, quisiéramos, estimados compañeros diputados no dejar de insistir en algunas cuestiones que hemos planteado con relación al contenido, a la significación, a los alcances y a los retos que representa la reforma al artículo 3o. constitucional, y al artículo 31 planteados ante el Secretario de Educación en distintas ocasiones.
Estamos convencidos, estamos conscientes de que a la reforma educativa habrán de seguirle otro tipo de medidas; algunas de tipo constitucional.
Por supuesto consideramos que tiene que provenir inmediatamente, después de la aprobación de la enmienda constitucional, por los congresos de los estados y convertirse ya en una reforma a la Constitución, tiene que venir la Nueva Ley Federal de Educación, a la cual hay que prepararnos; en donde pueden estar contenidos muchos aspectos fundamentales; tienen que venir los nuevos programas de educación secundaria, los nuevos planes de estudio, nuevos completamente, de la educación secundaria. Tiene que haber, a nuestro juicio, un nuevo sistema de becas a lo largo del país para hacer posible la materialización del gran acceso que puede permitir esta reforma al artículo 3o. desde el punto de vista de la educación secundaria en cuanto a las grandes masas de jóvenes que requieren de esta educación.
Tiene que venir, a nuestro juicio, tiene que considerarse la posibilidad de restablecer tradiciones, realizaciones, hechos muy positivos de la educación mexicana, como las escuelas secundarias para hijos de trabajadores. ¡Que no hay razón para que se hayan suprimido, sino ciertos temores sociales y políticos, y que ahora cuando se reforma el artículo 3o. de la Constitución tiene que considerarse la posibilidad, en nuevas condiciones con toda seguridad, para restablecer los internados de las escuelas secundarias para hijos de trabajadores! ¡Que tanta gloria dieron a nuestro país, aunque algunos quieran ahora ignorarla, no recordarla o minimizarla!
Y naturalmente tienen que venir también otras medidas, como obligar a las empresas a participar precisamente en los costos que significa la necesidad de materializar lo que ahora el artículo 3o. de la Constitución establece y otras medidas.
Hemos planteado que se establezca como obligación legal el que a las etnias se les dé educación secundaria en su propio idioma. No se puede ignorar esa cuestión. Creemos que en la nueva Ley Federal de Educación podrán contemplarse esos aspectos necesarios.
Y queremos decir que por las razones dichas, votaremos en favor en lo general del dictamen. Y que nuestros compañeros, el siguiente se referirá también a otros aspectos generales y los otros compañeros a propuestas concretas.
Agradecemos mucho en todo lo que vale su atención.
El Presidente:- Para fijar la posición de su fracción parlamentaria, tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:- Me toca a mí, participar en principio, como el primer orador de parte del Partido de la Revolución Democrática, para dar a conocer en lo fundamental en líneas generales el contenido del voto particular de nuestro partido acerca de la reforma a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El partido de la Revolución Democrática ha terminado votar a favor del dictamen en lo general, por varias razones. La primera de ellas la hemos expresado ya en la tribuna, con el siguiente considerando:
"Nadie puede estar en contra de que los mexicanos tengan acceso a más y mejor educación". Reitero "Nadie puede estar en contra de que los mexicanos tengan acceso a más y mejor educación".
Pero como también lo dijimos, hacer obligatoria la educación secundaria en el texto de la Constitución no garantiza por sí mismo que los mexicanos tengan acceso inmediato a ese nivel, ni mucho menos se logre la calidad educativa que merecen.
En la realidad esa meta no se alcanzará mientras no se superen las condiciones que han hecho selectivo el acceso y la permanencia en nuestro sistema educativo, así como las que determinan un bajo aprovechamiento escolar de la mayoría de la población.
Nos alienta, lo queremos también decir aquí, que se hayan promovido reuniones con el titular de Educación y que se haya puesto en marcha un procedimiento que permitió debatir no sólo la iniciativa del Poder Ejecutivo, como es costumbre en casi todos los demás casos, sino también las que previamente habían presentado varios partidos políticos.
Esta fórmula, creemos, es una prueba limitada pero trascendente de que el pueblo de México puede contar con un Congreso maduro, capaz de ejercer su autonomía sin cortapisas.
Ojalá que el grupo parlamentario priísta estuviera interesado en profundizar estas prácticas parlamentarias en la totalidad de las iniciativas que se discuten por esta Legislatura.
La educación pública y obligatoria halla un punto de partida fundamental en las ideas de José María Morelos, quien en 1814 sentó las bases de una responsabilidad que se prolonga hasta nuestros días, cuando afirmó que "la instrucción es necesaria a todos los ciudadanos y debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder".
Con los liberales de la Reforma, la mejor generación que ha dado México, de acuerdo a una frase que formuló José Emilio Pacheco, nace la educación pública mexicana. Para los liberales la educación es un derecho universal.
La obligatoriedad de la educación primaria fue establecida por el Presidente Benito Juárez, después de la victoria de las armas republicanas. Desde entonces se han sucedido diversos esfuerzos para que esta disposición se cumpla en los hechos y para que la educación universal se extienda al ciclo secundario.
Los constituyentes de 1917 idearon, por su parte, un artículo 3o. con un profundo sentido social. Se trataba de que la educación llegara a todas las capas de la sociedad mexicana.
Junto con los artículos 27 y 123, el 3o. hizo de la Constitución mexicana una de la más avanzadas en el mundo. El artículo 3o. se convirtió, incluso, en una referencia obligada para muchas naciones. Con el paso del tiempo el artículo 3o. tuvo diversas modificaciones, pero sus pilares fundamentales: educación laica, gratuita y obligatoria, se mantuvieron sin cambio, fue una prueba de la fuerza de estos conceptos que aún hoy se mantendrán.
En el inicio del sexenio cardenista, el 13 de diciembre de 1934, se modificó el texto para otorgar el carácter socialista a la educación pública y se mantuvo el precepto de primaria obligatoria impartida gratuitamente por el Estado.
En 1946, apenas iniciado el sexenio de Miguel Alemán y siendo secretario de Educación Jaime Torres Bodet, se volvió a modificar el artículo de referencia. La reforma marcó los criterios de la educación pública: democrática, nacional e igualitaria. Además, precisó el marco de la laicismo, ratifico la prerrogativa estatal para otorgar el reconocimiento y validez de los estudios y para definir los contenidos de planes y programas, además mantuvo la obligatoriedad de la primaria
y añadió: "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita".
En 1980 se adicionó la fracción VIII para elevar a rango constitucional la autonomía universitaria. También se estableció que las relaciones laborales de los trabajadores universitarios se regirían por el apartado A del artículo 123, avance sin duda importante, aunque por otra parte la reforma dispuso que aspectos como el ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico, eran de competencia exclusiva de las instituciones de educación superior, dejando fuera de este ámbito a los sindicatos. Asimismo, se les coartó, cabe decirlo, el derecho a la creación de un sindicato nacional y a la contratación colectiva.
El año pasado, mediante una nueva reforma se han modificado algunos aspectos que fueron debatidos en esta LV Legislatura. A lo largo de la historia reciente de esta cámara, las fracciones parlamentarias han presentado diversas propuestas de reforma a los artículos que hoy nos ocupan. Es evidente que dada la importancia social de la educación, todas las fuerzas políticas del país se han preocupado por intentar el fortalecimiento de sus respectivos proyectos políticos a través de ella.
En la Comisión de Educación se revisaron las más recientes iniciativas de las diversas fuerzas políticas, entre las que destacan las presentadas por los partidos Acción Nacional, Popular Socialista, Frente Cardenista y de la Revolución, Democrática.
Hace exactamente un año, el Partido de la Revolución presentó una iniciativa de reformas al artículo 3o. constitucional, con ella se buscaba hacer coherente este artículo con el 4o., haciendo explícita mediante la frase: "nuestras culturas", el carácter pluricultural de nuestro país.
Igualmente, el partido de la Revolución Democrática planteó la necesidad de que las empresas de radio y televisión ajustaran invariablemente el contenido de sus emisiones a los valores y principios fundamentales del artículo 3o., además de hacer explícita su obligación de contribuir ampliamente a las tareas educativas; cuetión sobre las que otros de mis compañeros insistirán para hacer una propuesta junto con otros partidos a esta Legislatura.
Por último señalamos la necesidad de que quedara plasmado en la constitución, que los recursos destinados a la educación, la ciencia y la cultura no podrán ser inferiores en ningún caso al 8% del producto interno bruto del país.
El trabajo desarrollado en las comisiones permitió que algunas de las propuestas de los partidos políticos fueran incorporadas al texto del dictamen de ese modo fue posible dar forma a un nuevo texto que recoge las convergencias aunque, a nuestro juicio, deja fuera propuestas esenciales para mejorar nuestro sistema educativo. Nos parece acertado en primer término que gracias al debate haya sido posible eliminar una peligrosa ambigüedad presente en la iniciativa del Ejecutivo, las famosas cuatro palabritas que fatigaron la mente de nuestros funcionarios educativos y que no encontraron ciertamente un sustituto, se las debemos al Secretario de Educación; se encontró en cambio que suprimiendo la frase "a quien lo solicite" quedaba clara la responsabilidad fundamental del Estado de impartir educación y la corresponsabilidad de los padres en la tarea educativa.
Aunque no se trata de una convergencia, el Partido de la Revolución democrática se congratula de que los principios esenciales de la educación laica y gratuita se mantengan; el primero constituye una garantía de tolerancia y de respeto a la libertad religiosa que condensa la experiencia histórica de nuestro país, el segundo una conquista de los sectores populares, una garantía de que el Estado debe velar por los más desprotegidos aun en los tiempos en que la fiebre privatizadora pretende abarcar todos los rincones de nuestra sociedad.
También consideramos un avance esencial que se haga referencia explícita al compromiso del Estado de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior; mención especial merecerá en discusiones posteriores el asunto de las consideraciones que hay sobre la educación indígena, a menudo se la ha confundido con educación de adultos, cuando de lo que se trata es de buscar alternativa integral que abarque todos los niveles educativos para la población étnica de nuestro país, hay todavía incluso una consideración unilateral de lo que significa integración de la nación en su carácter pluriétnico y pluricultural y todavía no es aceptado de manera adecuada por todos los medios políticos y educativos que la educación indígena sea impartida en las lenguas autóctonas, en todos los niveles educativos, que ésa debe ser una aspiración, dado que se trata de códigos de comunicación importantes con los cuales viven muchos de los grupos étnicos, todos los grupos étnicos de nuestro país; debiera hacerse una
consideración al respecto en la Ley Reglamentaria.
Una reiterada demanda de diversos sectores del país ha sido que el Estado considere sus opiniones en el diseño de los contenidos de la educación, por eso valoramos que en el texto del artículo se establezca que el Ejecutivo deberá considerar la opinión de los gobiernos estatales y de los sectores sociales involucrados en la educación.
Por otro lado, en comisiones existió consenso en el sentido de que el gasto educativo debe ser creciente, pero no se aceptó establecer un porcentaje del producto interno bruto, con esta negativa creemos puede darse lugar a que no exista garantía alguna de que los recursos serán suficientes para cubrir la demanda nacional en educación. El Partido de la Revolución Democrática ha insistido reiteradamente que debe asignarse a la educación el 8% del producto interno bruto, tal como recomienda la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas. Se ha desechado esta idea con el argumento de que se presenta como una fórmula mágica, vayamos entonces a las realidades.
Desde hace más de 10 años uno de nuestros potenciales socios comerciales, Canadá, invierte en educación más del 7% de su producto; el otro, los Estados Unidos tiene una inversión superior al 6%, lo mismo que cuba, un país mucho más pequeño y con graves problemas económicos.
Mientras no se atienda esta demanda social, los recursos destinados al sector educativo pueden estar sujetos a los vaivenes o fracasos de una política económica o incluso a las prioridades coyunturales de un equipo de Gobierno.
El gasto educativo ha crecido, sin embargo su participación en el producto interno bruto apenas ronda el nivel que tenía en 1982. El logro de las metas educativas que demanda la sociedad mexicana requiere de un presupuesto estable, de crecimiento sostenido y que rebase, insistimos las barreras sexenales.
El Partido de la Revolución Democrática sostiene que la reforma a discusión debe hacer explícita la responsabilidad de los medios de comunicación en las tareas educativas. Estudios ya realizados con escolares mexicanos de distintos estratos muestran por ejemplo, que la televisión genera lo que llaman los sociólogos un desplazamiento de autoridad y conocimiento paralelo al que la escuela imparte.
La televisión es la Penélope de la escuela, desteje por la tarde lo que los maestros tejen durante el día; la carencia de recursos que priva en la inmensa mayoría de nuestras escuelas hace mucho más atractivo el lenguaje de la televisión y de los video juegos, en contraste con el verbalismo que por necesidad usan en sus clases los profesores.
Un ejemplo que merece destacarse es el papel protagónico que juega la televisión y particularmente los programas de noticias, en la construcción y difusión de la imagen cotidiana de los actores y acontecimientos sociales y en la mediación del acontecer social, a los televidentes. Esta historia televisada es quizá la única visión de los hechos a la que día a día tienen acceso la mayoría de televidentes, la mayoría de los escolares por extensión.
Según una perspectiva simplista, los medios serían meras ventanas al mundo a través de las cuales se infiere, sería posible asomarse para ver la historia que se desarrolla allá afuera. La idea de los medios con ventana es una concepción vieja e ingenua, y por cierto nada ilustrada del papel real que juegan los medios y en especial la televisión en las sociedades contemporáneas; es ademas una idea distorsionada de su potencial comunicativo y técnico, ya que no es realidad la que pasa por la lente de la cámara, sino que sucede exactamente lo contrario, la lente es la que pasa sobre la realidad.
Obviamente, dicha mirada sobre la realidad tiene el sesgo que le imprimen quienes planean y diseñan cuáles son las imágenes que deben retener los televidentes, las que no siempre se ajustan a la objetividad o a las necesidades educativas.
Tenemos el ejemplo, pueden multiplicarse, de la Guerra del Golfo Pérsico; lo conocimos fueron imágenes que intencionalmente una cadena transnacional de televisión con sus asientos en Estados Unidos, quiso brindarnos acerca de esa extraña guerra. Los televidentes no supimos qué pasaba en la guerra realmente, sino recibimos una serie de imágenes computarizadas de cómo se manejan los proyectiles y nunca supimos más allá de lo que quiso el diseñador de estas imágenes, que son las que se interiorizaron y que quedaron fijas como la noticia, la historia o la verdad.
La televisión no es cualquier fuente o protagonista, es una muy poderosa debido a su potencial técnico de conferir alta fidelidad y verosimilitud a sus imágenes, al anclarlas ante la evidencia
de los propios ojos del televidente, produciendo la sensación de hacerlo testigo presencial de un supuesto acontecer social que está enmarcado en una determinación externa a quienes están mirando las imágenes.
Entre otras, éstas son algunas razones además de las que aducirá mi compañero de partido, Alejandro Encinas, por las que la legislación en materia educativa debe abordar explícitamente el papel de los medios de comunicación. De ahí que sea fundamental que se establezcan las bases para que las emisiones de los medios se ajusten a los valores y principios consagrados en el artículo 3o.
Cuando se elaboró el texto vigente, los medios de comunicación no habían alcanzado el desarrollo que ahora conocemos, ni el que previsiblemente tendrán en el futuro. Además, las empresas de radio y televisión funcionan conforme a un régimen de concesiones del Estado y están por tanto sujetas a la reglamentación que éste determine.
Por otra parte hace más de 100 años se estableció la obligatoriedad de tres grados de primaria elemental, sin embargo, fue hasta el sexenio de José López Portillo cuando nuestro país logró alcanzar el tercer grado de primaria como promedio de escolaridad nacional. El saldo es simple: más de un siglo de obligatoriedad es igual a que sólo el 55% concluya los estudios de primaria, según los datos estadísticos de que disponemos. ¿Cuánto tiempo deberá esperarse para que la secundaria propuesta como obligatoria se convierta en el nivel de escolaridad promedio de los mexicanos?
La obligatoria de la educación secundaria requiere de compromisos claros del Estado, no sólo en materia presupuestaria. No se puede avanzar en este terreno sin la creación de un ciclo básico formativo, concepto aceptado por la Comisión Económica para América Latina y por distintos ministros de educación en América Latina, como un concepto que abarca lo que es necesario en la formación de todos los educandos en una nación moderna, un ciclo básico formativo que reconozca la educación preescolar, primaria y secundaria, y las particularidades de cada nivel.
No basta con establecer una obligatoriedad en abstracto, mucho menos si se hace recaer la responsabilidad exclusivamente en los padres de familia; son necesarias acciones gubernamentales que efectivamente tiendan a abatir los problemas educativos que la secundaria enfrenta.
En la actualidad la escuela secundaria atiende a un 83% de la demanda, pero esta oferta es diferencial entre estados y zonas en que el servicio se concentra; los niveles de eficiencia son variables, dependiendo de la modalidad de educación secundaria de que se trate y de la ubicación de las escuelas.
La constante es una desigualdad en la calidad y la oferta educativa, que afecta sensiblemente a los marginados. Se requieren, por tanto, políticas que tiendan a lograr la equidad educativa, entendida como la igualdad de oportunidades no sólo de acceso, sino de una distribución adecuada de las posibilidades de obtener educación de calidad.
En la iniciativa que envió el Ejecutivo se señalaba que de acuerdo a la experiencia internacional, una escolaridad adicional que comprenda la secundaria, impulsa la capacidad productiva de la sociedad, genera más altos niveles de empleo y facilita la adaptación al cambio tecnológico.
Aquí habría que preguntarse si la ambigüedad del termino educación adicional, está relacionado con la indefinición que priva sobre la utilidad del nivel secundario y que lo ha colocado sólo como un paso necesario hacia otros niveles educativos.
El investigador Carlos Ornelas lo dice de esta manera: "la educación media es tal vez la más infortunada, si consideramos que se venía entendiendo como educación media también la secundaria hasta hace poco tiempo; su misión es nebulosa, debe continuar con la preparación de los futuros ciudadanos y además orientarlos hacia actividades productivas, y no hace bien una ni la otra cosa por ahora".
Resulta particularmente importante establecer vínculos concretos entre preescolar, primaria y secundaria. Creemos indispensable replantear con claridad los objetivos de la secundaria, para darles mayor vinculación con preescolar y primaria y caminar hacia una necesaria coherencia curricular, de la que ahora carece, y pedagógica entre estos niveles. Ello exige la necesidad de unir los tres niveles, insisto, en un ciclo básico formativo.
Según un estudio realizado en 1991, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria implicaría la incorporación adicional de más de 4 millones de niños, pues de 8 millones 327 mil en edad de cursar la secundaria, sólo lo hacían 4 millones 266 mil. En términos del gasto federal, se requeriría duplicar el presupuesto destinado a este nivel, para contar al menos con las escuelas y los maestros suficientes para concretar lo de
la obligatoriedad de la secundaria. La educación secundaria ha sido, insisto, uno de los niveles más abandonados, a pesar del crecimiento del sistema educativo en los últimos años, sobre todo con participación estatal; hacen falta escuelas, maestros, aulas, talleres, laboratorios, materiales y libros de texto adecuados y gratuitos.
Cada vez son menos los docentes con formación normalista, y el salario del docente de secundaria ha tendido a depreciarse drásticamente. Un maestro de secundaria trabaja a veces con grupos hasta de 70 alumnos con diferentes programas y grados y atiende en promedio a más de 300 alumnos por semana. Probablemente con la aprobación de la iniciativa se podría incrementar la demanda de educación secundaria, que garantizaría que esto a su vez, ¿no incrementará las pesadas jornadas de trabajo de los maestros? ¿cuáles serían los compromisos que asumiría el Estado para ofrecer una educación secundaria de calidad, que no sólo se plantee como adicional y que esté vinculada a los niveles anteriores y subsecuentes?
Estas preguntas deben tener una respuesta y deberá concretarse el compromiso del Estado para garantizar la solución a estas necesidades en el propio texto constitucional, y también en la Ley reglamentaria que deberá reformarse.
Resulta preocupante que en el Presupuesto de Egresos para 1993, la asignación de recursos para las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, se verán reducidos en términos reales en un 13.3% y en un 4.5% respectivamente, de acuerdo con el documento aprobado ayer. Esta reducción no se puede desligar de un panorama cada vez más difícil. Año con Año las instituciones de educación superior no brindan atención a la totalidad de la población demandante; así, en el ciclo escolar 1979-1980, el porcentaje de atención a la demanda era de 90.3% y en el ciclo 1991-1992 disminuyó a 66%, esto es una reducción de aproximadamente la tercera parte en 12 años. Esto se ve reflejado en la cantidad creciente de jóvenes que desean estudiar y que no pueden hacerlo por las deficiencias de atención a la demanda.
Otro dato oficial que revela la crisis del nivel superior, indica que en el ciclo 1991-1992 la matrícula de posgrado nacional apenas representó el 0.2% del total de alumnos inscritos en el sistema educativo. Es necesario señalar que en el posgrado y su desarrollo descansa la posibilidad de que nuestro país abandone la dependencia científica y tecnológica respecto al extranjero.
El sistema educativo de nivel superior debe ser fortalecido, para que ningún egresado del bachillerato que demanda ingresar al mismo, quede fuera por falta de oportunidades.
La gratuidad de la enseñanza en este nivel, debe ser conservada, y la responsabilidad del Estado en su sostenimiento no debe sufrir disminución alguna. Si a las instituciones de educación superior se les exige educación de calidad y un rendimiento de excelencia, esto no podrá conseguirse con los bajos salarios que percibe su personal docente.
La caída que sufrieron los ingresos reales de este sector en la década de los ochenta, fue cercana al 50%; hoy se percibe una ligera recuperación, pero es absolutamente insuficiente para afirmar que han alcanzado sus niveles históricos.
Los programas de becas al desempeño académico y a la carrera docente, puestos en marcha por la Secretaría de Educación Pública, sólo han beneficiado a un tercio de los profesores con derecho a ellos. No forman parte del salario ni cuentan para efectos de jubilación ni de retiro; más aún, en algunos centros de estudio estos programas han fomentado la simulación académica y la distorsión de los fines institucionales. Para el partido de la Revolución Democrática no puede haber excelencia académica sin una verdadera recuperación del salario real y el fortalecimiento de los ingresos de base de profesores e investigadores, que les permita ubicarse dentro de la media internacional.
Esta reforma al artículo 3o. constitucional, desde nuestro punto de vista requiere concretarse en una reforma a fondo a la Ley Federal de Educación que no deje cabos sueltos.
Se requiere que explicite la obligatoriedad de la secundaria; establezca un ciclo formativo básico; defina los mecanismos de consulta a la sociedad; garantice los derechos laborales de los trabajadores de la educación; establezca claramente los criterios para lograr un gasto creciente en educación; defina la responsabilidad de los medios de comunicación en la tarea educativa. Nuestro sistema educativo requiere y merece el establecimiento de un ciclo formativo básico; nuestros niños merecen más y mejores escuelas; nuestros maestros salarios que efectivamente compensen su esfuerzo cotidiano en las aulas; nuestros jóvenes una educación superior que satisfaga sus expectativas de formación y de empleo. El país entero merece una reforma educativa que reconozca los valores esenciales de
la escuela pública, que recupere su sentido social para formar mexicanos capaces y comprometidos con México.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los diputados José de Jesús Martín del Campo, René Juvenal Bejarano Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Domingo Alberto Martínez Reséndiz, Elpidio Tovar de la Cruz, Othón Salazar Ramírez y Carlos González Durán. Muchas gracias.
El Presidente - Para fijar la posición de su fracción parlamentaria, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:- señor Presidente, compañeros diputados:
El recurso más valioso que tienen las naciones es el humano, son sus mujeres y sus hombres el patrimonio más importante, mucho más que los recursos materiales y naturales, mucho más que los capitales y que su capacidad tecnológica, científica, industrial y artística.
Las naciones más poderosas de la Tierra, durante toda la historia de la humanidad, han fincado su desarrollo en los recursos humanos. Países pobres en bienes materiales, carentes de recursos naturales en abundancia, pero con mujeres y hombres capaces, identificados con su patria y con sus ideales, han podido superar sus carencias y sobresalir en el concierto de las naciones.
Podríamos mencionar a los griegos o a los romanos, a los árabes, a la España del siglo de Oro, o en el mundo actual a Japón y a otros países del sureste asiático.
Alemania y casi toda Europa y Japón de la posguerra, antes de invertir en la industria o el comercio invirtieron en educación, y de naciones vencidas o destrozadas, en unas cuantas décadas han pasado a ser líderes mundiales, promoviendo a sus habitantes, sobre todo en el aspecto educativo.
Es por esto que causa profunda tristeza el estado en que se encuentra el nivel educativo en nuestra patria; es muy grave el fracaso de todos los programas, planes, proyectos, que han intentado todos los gobiernos hasta la fecha, y todavía más grave el que durante mucho tiempo se trató de disimular este evidente fracaso.
Es alentador que al menos ahora ya se reconoce esta deplorable situación de la educación en México, es un punto de partida que al menos se hable del problema sin ambages y no se pretenda ocultar la realidad.
Veamos las cifras que prueban el lamentable estado de la educación en México: en 1990, más de 6 millones de mexicanos analfabetas; más de 20 millones de adultos no terminaron la primaria más de 16 millones no concluyeron la secundaria; el promedio de escolaridad de los mexicanos es de cuatro o seis años, según la fuente que se consulte.
Esto significa que la mitad de los mexicanos, o sea más de 40 millones, escasamente tienen educación primaria.
Pero estos pocos datos sobre los que podríamos abundar muchísimo, sólo hablan de la cantidad, o sea, de la extensión del problema.
Veamos ahora cómo se encuentra la calidad de la educación de estos mexicanos, o sea, la profundidad del problema.
En investigaciones realizadas por organismos como la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se encuentran datos como los siguientes:
"La calificación promedio de los mexicanos fue de 3.8, en una escala de uno a 10, en un examen de conocimientos elementales, por ejemplo, sobre el orden cronológico de los eventos de la Historia de México, el mundo prehispánico, la conquista, la colonia, la independencia y la revolución. Sólo el 32% supo la respuesta; el 16% no supo la respuesta de una multiplicación 48 por 3; el 20% de los universitarios ignora cuáles son las fronteras de México".
Destacamos que la encuesta incluye a universitarios, y esta situación promedio en muchos casos es más grave en el medio rural y en las clases económicamente débiles.
Además, señalan los estudios que en los niveles académicos, a partir de la década de los setenta, o sea el inicio del populismo, se han deteriorado. Datos aún más graves se encuentran en el célebre estudio de 1990, titulado "México, un país de reprobados", dirigido por el actual subsecretario de Educación y publicado en Nexos.
Por si a alguno le queda duda al respecto, la respuesta a la interrogante es que, efectivamente, México es un país de reprobados.
Así que, podemos concluir que en México hay un problema grave por la deficiencia cuantitativa y cualitativa de la educación.
Si pudiéramos hablar de que sólo la mitad de los mexicanos han cursado la primaria, pero que la han cursado bien, que han aprendido lo suficiente, el problema sería relativo. Pero si es un hecho que los afortunados que sí cursaron la primaria, en promedio reprueban, podríamos concluir que cuando mucho han aprobado la primaria sólo el 25% de los mexicanos.
Por eso, no podemos aceptar, como se presentan los datos en la iniciativa presentada a este Congreso, que ha habido grandes logros educativos.
Se hace mención de los rezagos y de las carencias, pero en mi opinión no se refleja correctamente la magnitud del problema.
Pero, señores diputados, además de la extensión y de la profundidad del fracaso educativo existe también un problema de orientación. O para decirlo en palabras de un destacado investigador, el doctor Pablo Latapi, "un fracaso de nuestra educación, en concreto de la educación moral, la inmoralidad aceptada como norma en toda la nación".
El origen de este proceso es la falta de formación de la conciencia moral de cada persona. Cabe, entonces, preguntarnos: ¿qué ha hecho la escuela? La respuesta es que desde casi medio siglo ha renunciado a realizar una verdadera formación moral.
No es fácil hablar de este tema, se cree que se trata de mojigaterías, de imposición autoritaria de mandamientos o de colar la religión por la puerta trasera de la escuela; nada más falso.
Entiendo por la educación moral la búsqueda de la plenitud humana, la introducción del niño y el joven en esa zona que hay en el fondo de todos nosotros, donde surgen las preguntas sobre el sentido de la vida y se construyen las respuestas, siempre promisorias, de una libertad responsable, Educación moral es conducir al alumno a enfrentarse con su propia conciencia; hacerlo crecer hasta que pueda sobrellevar sólo la terrible carga de definir con honestidad cabal qué es el bien y qué es el mal y aclarar las razones de su conducta. Y formar la conciencia no es tarea privativa de las religiones.
La asignatura de la moral, que aparece desde el siglo pasado como afirmación republicana que acompaña y equilibra la laicidad, hasta mediados de este siglo en que desaparece del curriculum.
En los años cuarenta la moral se convierte en la cenicienta del poco afortunado civismo, asignatura responsable de la afirmación patriótica y del conocimiento de las leyes y de las instituciones.
Pero , todavía más debilitada quedó en la primaria, al establecerse la enseñanza por áreas, que se diluyó en el área de ciencias sociales.
Más importante que modificar otros contenidos curriculares será recuperar para la escuela pública su función de formación moral, por supuesto, adecuada a un nuevo contexto.
Los niños y jóvenes necesitan que se les ayude a edificar su libertad de responsable y la moral colectiva requiere estar fundada en las conciencias individuales.
Así que el fracaso educativo bien puede llamarse desastre educativo; mal en extensión, son muchos los mexicanos que no reciben educación; mal en profundidad, los que sí reciben educación, ésta es de muy dudosa calidad; mal en orientación, se ha perdido el verdadero sentido de la educación, con dificultad apenas podría calificarse de instrucción.
Ahora bien, ¿quien es el responsable de este desastre educativo? De alguna manera toda la sociedad tiene su parte de responsabilidad, pero no hay que soslayar el hecho de que el principal responsable es el Gobierno, porque ha pretendido monopolizar la tarea educativa, obstaculizando y en ocasiones agrediendo, la tarea a otros sectores sociales que han pretendido participar en la tarea educativa, porque no ha invertido suficientes recursos habiéndolos tenido a su disposición, porque no ha podido desterrar fobias jacobinas o fundamentalistas en la educación oficial, porque no ha impedido o prevenido la politización del magisterio y de la tarea educativa.
Y yo pregunto, señores diputados, ¿quién responderá ante la nación y ante la historia por las generaciones de mexicanos sacrificados en aras del populismo o del jacobinismo? ¿Cómo podremos recuperar dos décadas, cuando menos dos décadas perdidas? ¿Y cómo puede la sociedad resarcir a todos estos mexicanos que por falta de educación, son objeto de discriminación, de explotación y de abandono? ¿Cómo pagarles por las ofensas a su dignidad de personas? ¿Cómo pagarle a la nación el haber
dilapidado el más valioso de los recursos de la patria: sus hombres, sus mujeres y sus niños?
Por lo tanto, señores diputados, es necesario reconocer que la magnitud de la tarea educativa no puede ser sólo o casi sólo responsabilidad y derecho del Gobierno. Es tal la gravedad del problema que solamente participando toda la sociedad puede haber solución.
En los últimos años ha quedado demostrado que los monopolios son negativos, que generan injusticia e ineficacia, por eso no podemos aceptar el monopolio educativo. Es necesario abrir cauces para que sea la sociedad entera la que acometa con entusiasmo el reto educativo.
Por eso nos ha resultado satisfactorio que en el dictamen que se presenta se haya eliminado el estado de indefensión y el régimen de excepción en el que se encontraban los particulares en esta noble tarea educativa.
Pero no es suficiente, es necesario además fomentar y apoyar la participación de toda la sociedad en la gran cruzada educativa que está reclamando nuestra patria. Y si se reconoce la necesidad de la participación de la sociedad en la tarea educativa, debe reconocerse también la necesidad de la libertad para educar, porque será cuesta arriba pedirle a la sociedad su participación en esta magna tarea si no se dan, no sólo garantías y reglas claras, sino también apoyos e incentivos y sobre todo la libertad.
No se trata de propiciar la anarquía, estamos de acuerdo en que el Gobierno fije los planes y programas de estudios previa consulta con los actores en el proceso educativo: maestros, padres de familia, investigadores. Pero dentro de los planes y programas oficiales que haya libertad para decidir sobre sistemas pedagógicos, sobre libros de texto y sobre todo que pueda darse educación moral y ¿por que no decirlo?, educación religiosa si así lo desean los padres de familia.
Y siendo congruentes con esta petición de libertad, debemos aceptar en consecuencia que si algunos padres de familia deciden que sus hijos reciban educación laica o educación religiosa estarán en su derecho y el Gobierno debe responder a ese derecho de los padres de familia.
El partido Acción Nacional siempre ha defendido y seguirá defendiendo el derecho inalienable que tienen los padres de familia para escoger el tipo de educación que han de recibir sus hijos.
He sabido que México ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 estipula: "los padres de familia tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
Ahora bien, si los padres de familia tienen este derecho, deben ser tomados en cuenta al decidir el criterio a que se refiere la fracción II del dictamen sobre el artículo 3o. que estamos debatiendo. Si no fuera así, podría preguntar: ¿quién entonces fijará dicho criterio?
¿Será acaso exclusivamente considerado el criterio del Gobierno o más bien de un grupo de burócratas, como ha sido hasta la fecha? ¿O será el criterio del maestro de clase?
Con lo variable que esto puede ser, el partido Acción Nacional sostiene que debe ser en primer lugar considerada la opinión de los padres de familia y que debe respetarse su idiosincrasia, sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres y sus normas morales.
En la fracción VII del dictamen, que se refiere a las universidades e instituciones de educación superior, se habla del respeto a la libertad de cátedra o sea la libertad de enseñanza. Esto es obviamente un acierto que sólo una mentalidad totalitaria se atrevería a criticar. Pero vale la pena preguntar, ¿por qué en las universidades sí se acepta la libertad de enseñanza y no se acepta en el resto de la educación? Permítame, señores diputados, ahondar un poco más en este aspecto.
Efectivamente, uno de los fines de la universidad es la búsqueda de la verdad, lo cual realiza por medio de la investigación, del libre examen y la discusión de las ideas, como dice el texto constitucional. Y creo que a nadie se le ocurrirá defender que se puede buscar la verdad sin libertad para escuchar, examinar o analizar las ideas.
En la universidad el alumno se encuentra ante varias opciones, doctrinas, teorías, hipótesis o corrientes filosóficas y es él, o sea el propio estudiante, el que acepta lo que le convence, lo que a su entendimiento le parece verdadero.
En los grados básicos de educación, también hay diferentes opiniones, doctrinas, hipótesis o corrientes filosóficas. Pero en este caso, a diferencia de la educación superior, el alumno no tiene todavía la capacidad para analizar las diferentes ideas y por tanto, alguien debe decidir por él.
Nosotros sostenemos que esa decisión no le corresponde al Gobierno ni al partido político en el Gobierno, ni siquiera a las iglesias. Sostenemos
que esa decisión le corresponde a los padres de familia o a los tutores, porque ellos tienen la patria potestad, tienen el derecho y la obligación de velar por los conocimientos, las ideas, las doctrinas y normas que reciben sus hijos. Seamos congruentes, señores diputados. Si en la universidad se acepta la libertad de enseñanza, que se acepte también en toda la educación. El Partido Acción Nacional se pronunciará porque la educación sea libre.
Algunos pueden decir que en México sí hay libertad de educación, ya que si alguien quiere que sus hijos reciban educación religiosa, puede enviarlos a una escuela particular.
Señores, esto me parece totalmente injusto, porque significa que en México sólo tienen libertad para educar a sus hijos, los que pueden pagar las colegiaturas. O sea, libertad sólo para los que tienen dinero. Una ley justa deberá darle oportunidad a todos los mexicanos, pobres o ricos, para que puedan escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Nuestra opinión sobre el dictamen es que contiene avances innegables, por lo que nuestra fracción parlamentaria votará en general a favor. Entre los puntos positivos del dictamen, pueden mencionarse los siguientes:
a. Se ha retirado el estado de indefensión en el que se encontraban los particulares que participan en la educación.
b. Se hace extensiva la obligatoriedad de la educación hasta la secundaria, aunque sabemos que ni el Gobierno tiene actualmente la capacidad para proporcionarla, ni las condiciones socioeconómicas de la sociedad, permitirán a todos los niños cursar hasta la secundaria. Es positivo el sentido de la reforma a la norma constitucional. Quedará por muchos años como un deseo, pero en fin, como un buen deseo.
c. Es de reconocer el esfuerzo en descentralizar la responsabilidad educativa, distribuyendo esta función social entre los estados y municipios, y
d. Se ha reconocido el derecho de toda persona a recibir educación.
Pero nuestro partido votará en contra de varios aspectos en lo particular, sobre todo en lo referente a la falta de libertad educativa, al no reconocimiento de los derechos de los padres de familia, a la falta de incentivos, a la falta de incentivos para la mayor participación de los diferentes actores en el proceso educativo y sobre la falta de educación moral.
Para terminar, señores diputados, quisiera hacer algunos comentarios sobre aspectos que se mantienen en el texto del dictamen:
1. Qué bueno que la educación tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Sólo que habrá que recordar que el hombre también tiene facultades físicas, intelectuales, estéticas y morales, o sea que habrá que desarrollar, mediante el fomento del deporte, por ejemplo, que por cierto para nada se menciona en la ley, sus facultades físicas. Pero más importante aún es desarrollar su entendimiento y su voluntad, o sea, esas facultades que lo hacen propiamente hombre, así como sus facultades artísticas.
2. Menciona la fracción II que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico.
Qué bien, pero ¿es acaso la ciencia la medida de todas las cosas? El bien, la belleza, el arte, el amor, ¿pueden ser acaso medidos por la ciencia? Ojalá el criterio que oriente la educación se base también en el progreso filosófico, artístico, tecnológico y no solamente en el científico.
3. Que dicho criterio será democrático.
Ojalá se les enseñe a los niños la gravedad de los fraudes electorales; que aprendan que el que se roba un voto, se roba la expresión de la voluntad y la dignidad de los mexicanos. (Aplausos.)
4. También se menciona en esta misma fracción II que el criterio será nacional.
De nuevo qué bien, pero que no se descuide la cultura regional, que se fomente también el conocimiento de todas las regiones y culturas de nuestra patria, para fomentar el arraigo y el cariño por la patria chica.
5. También estamos de acuerdo en que la educación básica que imparta el Estado sea gratuita. Pero hemos de insistir en que no debe fomentarse con esto el fosilismo ni la irresponsabilidad, por lo que hemos propuesto que en lo relativo o la educación sólo se imparta gratuitamente a aquellos que careciendo de recursos, demuestren además tener aptitud y voluntad para estudiar.
Señores diputados: en el Partido Acción Nacional tenemos la profunda esperanza en que estas modificaciones a la ley habrán de fructificar en el fortalecimiento y desarrollo del más
importante recurso de México: sus mujeres y sus hombres, su juventud y su niñez.
Ojalá que antes de pensar en otro tipo de inversiones, de aquí en adelante se invierta en el principal objeto de la política: ¡El Hombre! Muchas gracias.
El Presidente: - Para fijar la posición de su fracción parlamentaria, tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Saravia Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jesús Saravia Ordóñez: - Con su permiso, señor Presidente; respetables señoras diputadas; respetables señores diputados:
La educación, no cabe duda, es el fenómeno social más importante de un pueblo; realizador de las grandes causas sociales, basamento por excelencia del edificio social.
A través de la educación se logra la continuidad o ruptura, conservación o perfeccionamiento; se ofrecen los medios para mejorar el ser y la manera de ser, para el perfeccionamiento de los hombres y de las sociedades.
La educación contiene y hace posible nuestro proyecto histórico. Educar, a nuestro juicio, es permear los mejores valores y conocimientos, es tender un puente entre el pasado y el porvenir. La obra educativa del maestro mexicano, es prodigio de dedicación, de la vocación y de la preparación permanente, testimonio irrefutable de una visión a futuro; la del país que la propicia es definición de su voluntad de avanzar.
Todo esto explica, compañeras y compañeros diputados, por qué en México el artículo 3o. constitucional ha sido siempre motivo de grandes debates en el Congreso, en la Prensa, en los partidos, en las universidades, en los sindicatos. Nada que concierna al artículo 3o. constitucional ha sido visto con indiferencia o desinterés, ni hoy ni en el pasado. Al contrario, si se trata del artículo 3o., la pasión y la inteligencia se vuelcan al debate y todas las fuerzas políticas y sociales destinan sus mejores argumentos y razones para la discusión. No podría ser de otra manera, porque la educación pública, concebida en el artículo 3o., ha contribuido poderosamente a moderar el alma, el carácter y la personalidad de los mexicanos, a través de la historia.
No podría ser de otra manera, porque el artículo 3o. define qué tipo de país queremos forjar, señala cómo deseamos convivir los mexicanos y traza nuestra posición ante la vida, ante el mundo y ante el conocimiento.
El artículo 3o. es por éstas y muchas otras más razones uno de los grandes artículos de nuestra Constitución Política, suma y reflejo de la lucha ideológica y de la lucha social del pueblo mexicano.
Incorporada a la Constitución de 1824 la preocupación de los legisladores mexicanos por los asuntos educativos, ha sido desde entonces evidente, permanente y definida, como consta en la historia de la legislación mexicana.
En la Constitución de 1857, como expresión de la importancia que los Constituyentes liberales otorgaron a la educación, se convirtió en artículo 3o. el precepto que en el proyecto inicial se conocía como artículo 18.
En el Constituyente de Querétaro, el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, acudió al Teatro de la República a presenciar el histórico debate del artículo 3o. Fue el único debate observado por el Presidente Carranza, en señal inequívoca de la importancia que adjudicaba al artículo que hoy tiene ante sí esta honorable Cámara de Diputados, para acordar una nueva reforma.
Señores diputados: como lo ha expresado aquí mi compañero Agustín Basave, el dictamen que hoy someten a esta soberanía las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, es fruto del trabajo plural, lúcido y democrático de legisladores de todos los partidos, valiosas contribuciones expresadas en las distintas iniciativas de reforma que había conocido esta Cámara, que han enriquecido la iniciativa presidencial.
Se incorporan desde luego mejoras en la técnica legislativa y se fortalece la participación de la sociedad en la educación. Demuestra el dictamen que por encima de las respetables posiciones de los distintos partidos políticos, sobresale el interés de los señores diputados por la educación del pueblo mexicano. Sobresale la propuesta de fracción V que establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades de educación, incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.
Compete al Estado abrir mayores espacios al pueblo, en todos los niveles. Le compete igualmente imprimir mayor calidad a la educación pública. Elevar a rango constitucional la atribución del Ejecutivo Federal para determinar los
planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal para toda la República, es garantizar una educación que fomente la unidad nacional, que fortalezca nuestros valores, que afirme nuestra identidad.
Aquí de nuevo las comisiones proponen una adición que enriquece el texto original, ya que de aceptarse obligará a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en el proceso educativo.
Es pues una elevada responsabilidad de nosotros, compañeros legisladores, estudiar rigurosamente este dictamen sobre un asunto de interés nacional y votar en el sentido que nuestra conciencia y nuestro compromiso con el constante mejoramiento del pueblo mexicano nos dicte. Un voto a nuestra opinión por el dictamen de las comisiones, será un voto por el progreso de México.
A nadie en esta Asamblea plural escapa, seguramente, la importancia de que por primera vez en la historia de la educación mexicana el Estado se proponga definir expresamente el derecho a la educación. Es decir, se comprometa a impartir educación preescolar, primaria y secundaria a todos los individuos; y complementariamente promueva la reforma al artículo 31, para que entre las obligaciones de los mexicanos figure la de hacer que sus hijos o pupilos cursen en las escuelas, privadas o públicas, la educación primaria y la educación secundaria.
Es indudable que esta legislación, en caso de ser aprobada por esta honorable Asamblea, responderá a la necesidad objetiva del país de elevar el grado de preparación escolar de la población joven de México.
Elevado a rango constitucional el derecho a la educación, los gobernantes, gobiernos federal y estatal, estarán obligados siempre a incorporar a sus programas de gobierno los recursos suficientes, materiales y humanos, para cumplir con este compromiso.
En este sentido, la reforma que propone el dictamen es un programa educacional de largo alcance, que eleva por encima de banderas y partidos, por encima de plazos y coyunturas, para crear generaciones de mexicanos mejor preparados para encarar los retos del mundo cambiante en que vivimos.
Si declarar obligatoria la educación primaria contribuyó a elevar la matrícula en este nivel de la enseñanza, con mayor razón la reforma que analizamos estimulará la ampliación de la escolaridad nacional. Es claro, sin embargo, que la ley por sí sola no producirá, como no lo ha producido nunca ley alguna, el milagro de resolver un problema social de tanta importancia.
En el caso de la educación, poco podrá lograr la Ley si el Estado, la sociedad civil, los maestros, no trabajamos sin descanso para crear las condiciones materiales que permitan y estimulen a millones de niños y adolescentes mexicanos cursar la educación primaria y la educación secundaria.
Nadie tiene derecho a cerrar los ojos ante el problema de la falta deserción escolar en la educación primaria, ésta es una verdad cuya solución es indispensable para que la obligatoriedad de la enseñanza secundaria alcance los resultados propuestos.
El sistema educativo nacional presenta fuertes contrastes. Junto a una obra educativa de formidables proporciones, que ha llevado a escuelas y maestros, a toda la geografía del país, existe un rezago muy significativo que se acentúa al contrastar lo que se tiene en el medio urbano con los medios rurales.
El diagnóstico del sistema educativo no puede soslayar la falta de cobertura, las deficiencias pedagógicas ni la existencia de un magisterio empobrecido, cuyos ingresos siguen estando muy por abajo de lo que corresponde a un nivel profesional, a su esfuerzo y a la trascendencia de su labor. Es un compromiso de la iniciativa que examinamos, abatir los porcentajes de deserción en las escuelas primarias, a fin de que la enseñanza secundaria sea un derecho generalizado y efectivo.
Nadie tampoco en esta Asamblea, señoras y señores diputados, desconoce la importancia de la educación secundaria, porque como señala la exposición de motivos de la iniciativa que se nos envió, impulsa la capacidad productiva de la sociedad, fortalece sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas; contribuye decisivamente a consolidar la unidad nacional y la cohesión social; promueve una más equitativa distribución del ingreso al generar niveles más altos de empleo bien remunerado y elevar los niveles de bienestar, entre otros resultados.
Es necesario ratificar que la falta de acceso a la educación primaria o secundaria no debe de servir de pretexto para que se establezcan medidas de discriminación laboral. Ningún precepto
legal podría establecer el haber cursado primaria y secundaria como condición previa para el ejercicio de algún derecho.
Por otra parte, también está claro que virtualmente todo el mundo replantea y examina hoy en día sus programas educativos, lo mismo en Europa, que en Estados Unidos, en Asia, en América Latina; por doquier se pone a debate la revisión de la educación. En México esto ha sido una preocupación histórica constante. En todos los sectores del país siempre ha existido una clara conciencia de la necesidad de mejorar en todos los órdenes de la vida social.
La reformulación del artículo 3o. constitucional que se propone, concede a los particulares la enorme responsabilidad social de formar a una gran porción de la niñez mexicana; la legislación que hoy debatimos no ofrece resquicios para malos entendidos ni para propósitos desviados. La educación que impartan los particulares deberá tender, como lo ordena el artículo 3o., a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Al poner fin al estado de indefensión que actualmente afecta a los particulares que imparten educación, el Estado abre sin temores ni reservas, las puertas a los que deseen colaborar, desde los planteles privados en la formidable, en la monumental tarea de formar día con día a millones de mexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional; sean propietarios o empleados los educadores privados, tienen hoy frente a sí la posibilidad de participar en la obra de forjar a los mexicanos del mañana que sería, si se apega al texto constitucional, una contribución relevante.
Esta reforma, si bien se ve, señoras y señores diputados, si se examina con responsabilidad, amplía el horizonte de libertad, de tolerancia y de comprensión en todos los ámbitos de la vida colectiva del país.
Honorable Asamblea, por convicción personal que me da mi formación de maestro y por lo histórico y trascendente del tema que hemos estado abordando, permítanme recordar que la educación pública ha sido, en la historia mexicana, uno de los cimientos sobre los que se ha construido la nación; a esta tarea han entregado su vida eminentes mexicanos y cientos de miles de maestros en todos los grados y niveles.
Vale reiterar la convicción de que el laicismo es condición indispensable en la educación pública y en la convivencia respetuosa en sociedad, pero el laicismo no es a nuestro juicio neutralidad ideológica, sino una forma de posición por una educación científica, abierta a nuevos conocimientos y a la promoción de capacidades intelectuales y creadoras y es el que define una educación que alienta a la autonomía de las personas. Producto de una larga tradición liberal que se funda en los valores de la tolerancia, de la inteligencia y la razón, el laicismo se mantiene ajeno a cualquier doctrina religiosa y resguarda su doble condición de actividad de interés público y de derecho social; el laicismo, en suma, reivindica el derecho de los niños y los jóvenes a una educación que les permita aprender y a crecer con libertad; la libertad de enseñanza, a juicio de nosotros, ha sido planteada como problema específicamente en relación con la enseñanza y la práctica de la doctrina religiosa en el ámbito escolar.
Las reformas del artículo 3o., de diciembre de 1991, reconocen ese derecho de los particulares para enviar a sus hijos a planteles privados si desean que éstos reciban enseñanza religiosa de manera adicional a la educación proscrita en los planteles y programas oficiales de estudio. En la escuela pública el mandato del laicismo se mantiene inalterable porque siendo la escuela pública un ámbito del Estado, la realización en su interior de la enseñanza y de la práctica de cualquier religión, violentaría de manera evidente, la separación entre la Iglesia y el Estado.
A la obra de la educación pública permanecerán ligados para siempre los nombres ilustres de Valentín Gómez Farías, el creador de la Dirección General de Instrucción Pública, que secularizó la educación; Justo Sierra, el Secretario de Instrucción Pública que promovió la fundación de la Universidad Nacional de México; Gabino Barreda, creador de la Escuela Nacional Preparatoria y autor de su plan de estudios; José Vasconcelos, el Secretario de Educación Pública de Alvaro Obregón, bajo cuyo mando se brindó un impulso impresionante a la educación y a la creación; Jaime Torres Bodet, el Secretario de Educación Pública del Presidente López Mateos, que instituyó los libros de texto gratuitos, para citar sólo algunos nombres de la lista que sería larga y prolija.
Al lado de estos personajes de la educación nacional, muchísimos, muchísimos maestros y maestras ilustraron, instruyeron, educaron, formaron a las generaciones que han construido el México moderno.
La obra de los grandes mexicanos, simplemente no se habría realizado sin la participación de
cientos de miles de maestros anónimos que en las grandes ciudades, pueblos, villas y rancherías, cumplieron a veces hasta con sacrificio de la comodidad, de la salud e incluso de la integridad física, con su labor.
La educación Pública, particularmente después de la revolución mexicana, ha sido un instrumento de progreso, de libertad, de democracia y de defensa de la soberanía.
A través de la escuela pública, desde los niveles de preescolar hasta la educación superior, la revolución mexicana impulsó la movilidad social que permitió a millones de mexicanos mejorar sus condiciones de vida y tener acceso a mayores niveles de bienestar.
A través de la escuela pública, señoras y señores diputados, millones de mexicanos, generación tras generación, dispusieron de las herramientas para conocer, comprender e interpretar y transformar a su mundo.
A través de la escuela pública, millones de mexicanos aprendieron a amar a México, a apreciar el alto valor de la integridad política y la integridad del país, a enaltecer los valores nacionales y a luchar por ellos cualquiera que fuera el terreno de lucha; a través de la educación pública, millones de mexicanos, generación tras generación, vencieron prejuicios, fanatismos y se liberaron de servidumbres que nacían de la ignorancia y de los dogmas de la intolerancia.
El mundo fue más ancho, claro y comprensible para millones de mexicanos por la obra educativa de muchos años de esta hazaña que construyeron los maestros mexicanos.
La educación pública ha sido un factor constante de progreso y desarrollo humano, en ella se han formado grandes hombres, tanto de la empresa pública como de la empresa privada, lo mismo de la industria que del comercio y de los servicios.
Por la escuela pública, señoras y señores diputados, la empresa privada dispuso del personal técnico y administrativo que requería para efectuar sus operaciones. Por la educación pública, la administración del Estado contó con los trabajadores de todos los niveles para impulsar políticas públicas del beneficio de la sociedad.
El perfil de la nación sería diferente sin la aportación magna de la escuela pública.
El mejor reconocimiento a las tareas de la escuela pública está en el compromiso renovado de seguir sosteniéndola en todos los grados y niveles, en todas las circunstancias y momentos, pero además, de impulsar su calidad.
Hoy mismo, frente a las exigencias de la globalización económica internacional y frente a las demandas de una sociedad civil crecientemente participativa, la educación pública tiene la responsabilidad de preparar cuadros más eficientes y capaces, que contribuyan a elevar los niveles de competitividad y productividad del país. Pero no sólo debe de tender la educación mexicana a preparar cuadros más capaces y productivos. Sin planes de estudio con un claro contenido humanista, los planteles mexicanos se convertirían en meros eslabones de los procesos productivos.
Señoras y señores legisladores: la educación ha de servir a la causa de la formación de hombres libres, íntegros, completos, o no lo será; la educación ha de ser un instrumento de superación constante, individual y colectiva, o no lo será; la educación ha de servir para formar en el amor y en la defensa de la patria, o no lo será.
La fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, apoyará con su voto responsable y razonado, el dictamen de las comisiones.
Y concluiría, señoras y señores diputados, diciéndoles que por el bien de la niñez y de la juventud mexicanas, les solicito respetuosamente que expresen su aprobación por el dictamen de las comisiones. Muchas gracias.
El Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
A nombre del grupo independiente de diputados de esta Cámara, expondremos nuestro punto de vista y voto particular respecto de las reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución General de la República.
En lo general coincidimos con el dictamen. Consideramos que es un avance académico importante para el pueblo de México que se eleve el nivel de escolaridad obligatorio de primaria a secundaria. El objetivo es loable, lo que será importante ver es cómo se concretará esto en la práctica.
Al respecto, nos asaltan una serie de dudas que no fueron respondidas por el Secretario de
Educación Pública en su comparecencia del día 4 de diciembre, ni en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que si bien hay un aumento importante presupuestal a la educación, no es lo suficientemente satisfactorio como para lograr que las amplias capas del pueblo de México tengan en lo inmediato acceso a la educación secundaria. En México aún existen grandes rezagos. Más del 10% de nuestra población es aún analfabeta.
Después de 70 años de revolución, esto constituye un verdadero baldón, una afrenta para nuestro pueblo.
Por otra parte, diversos oradores han puesto énfasis en la educación como palanca del desarrollo, y así es, pero una reforma en la educación debe ser acompañada de una profunda transformación en las estructuras económicas y sociales, para evitar la devaluación de las credenciales educativas, como ahora sucede en nuestra sociedad.
Es también necesario señalar que la iniciativa abre la puerta al fortalecimiento de la educación privada. Es evidente que la influencia educativa de las escuelas confesionales irá en ascenso.
El artículo 3o. junto con el 27 hoy ya reformado, y el 123, quizá por reformar para ponerlo a tono con los tiempos modernos de neoliberalismo y de libre cambio, le dieron un perfil distinto a la Constitución mexicana: establecieron las garantías sociales.
El artículo 3o., consideramos los diputados independientes, debe seguir constituyendo una garantía social. Hemos demandado, a través de múltiples acciones, el que el presupuesto destinado a la educación sea al menos lo recomendado por la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, el 8% del producto interno bruto, para hacer realidad esta iniciativa y otras reformas que requiere nuestro sistema educativo.
La lucha ideológica de la sociedad mexicana se seguirá profundizando en la superestructura educacional. El qué tipo de hombres deben formarse, si críticos o conscientes u obedientes y dóciles al servicio de la maquinaria capitalista, por supuesto el magisterio científico y democrático tiene la palabra. Debemos definir qué tipo de hombre requiere nuestra sociedad, qué tipo de ciudadanos queremos formar desde el preescolar hasta el nivel universitario.
Es evidente que los medios de comunicación juegan un papel esencial en la información y formación de un ser humano, por lo cual el Estado mexicano debe regular sus servicios, de tal manera que propicien la difusión de la cultura y eduquen a través de su importante influencia a miles de mexicanos.
Consideramos que es importante incluir la educación indígena, ya que al ser nuestro pueblo una sociedad pluriétnica, este tipo de educación debe ser necesariamente considerada. Sabemos que se incorporará en las modalidades de que habla la fracción V, pero no podíamos dejar de señalar esta cuestión debido a su importancia.
Otro aspecto en el que coincidimos con la iniciativa, es que en la elaboración de planes y programas de estudio, participen los protagonistas de proceso de enseñanza - aprendizaje, fundamentalmente los profesores, así como la sociedad civil; en este caso, padres de familia interesados en el proceso educativo.
Coincidimos también que estos mecanismos se incorporen en la Ley Reglamentaria, la cual discutiremos con profundidad posteriormente.
Queremos señalar también que un aspecto significativo en la educación lo constituye la evaluación, la cual implica analizar y valorar todo el proceso educativo, así como los factores que intervienen en él; es decir, profesores, estudiantes, trabajadores y autoridades. La evaluación debe tener un enfoque global, y evaluar también a las autoridades, ya que en gran parte la burocracia con sus procedimientos autoritarios, ha constituido un serio obstáculo para el desarrollo del proceso educativo.
Si en el artículo 3o. constitucional, en una fracción II, párrafo primero, se señala que la educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, esta premisa debe transladarse al sistema educativo mexicano, y desterrar las prácticas autoritarias que impiden el desarrollo de currícula más avanzados, y constituyen un dique para el desarrollo del conocimiento científico.
En el diseño de planes y programas de estudio, es importante que se incorporen materias como investigación, ecología y derechos humanos, desde la educación básica, para lograr una educación más integral del pueblo de México.
En síntesis, proponemos que se aplique la evaluación curricular para todos los niveles de
enseñanza, lo que implica el análisis de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo, pero este análisis debe de ser participativo y crítico, que involucre a todos los actores y destierre las prácticas de que sólo las autoridades evalúan, pero las cuales jamás son evaluadas.
La iniciativa tiene una gran importancia histórica, siempre y cuando no sea un pronunciamiento o declaración meramente formal, sino que se cristalice en un verdadero y significativo avance para nuestro pueblo.
Esperamos que esta reforma constituya una palanca de transformación del sistema educativo mexicano, y éste se modernice y se coloque a la altura del conocimiento universal. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Jacinto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su venia, señor Presidente: Ciertamente estamos discutiendo una cuestión de gran trascendencia para el futuro de la nación. Por esta razón mi partido no se ha abocado a cuestiones secundarias, sino ha centrado su preocupación, sus planteamientos, sus juicios sobre lo fundamental de la iniciativa.
¿Y qué es, a nuestro juicio, lo fundamental? La obligación del Estado de impartir todos los niveles, todas las modalidades, todos los tipos de educación. Por una razón histórica, es decir, debemos recordar que México avanzó cuando, por las luchas del pueblo, se estructuró y consolidó la escuela pública, la escuela sostenida, dirigida, administrada por el Estado, porque, si no nos falla la memoria, 300 años de coloniaje significaron un atraso tremendo en el desarrollo nacional ¿Por qué razón? Porque no hubo, como alguien aquí pretendió decirlo, no hubo libertad de enseñanza; jamás ha habido libertad de enseñanza. ¿Dónde ha habido libertad educativa? ¡Con los griegos, con los romanos, o más concretamente aquí! ¿Hubo libertad educativa durante los 300 años de Colonia? No. Hubo intolerancia, intolerancia educativa, intolerancia religiosa, intolerancia de investigación; se quemaron cuerpos y almas para frustrar la investigación científica.
Y siempre que las fuerzas de derecha han ocupado el poder durante el siglo pasado, vuelta a la intolerancia. Nunca ha habido libertad educativa, eso es falso.
Por eso sostenemos, el país avanzó y se desarrolló cuando el pueblo le entregó a su Estado la facultad de proporcionar como obligación la educación, y se estructuró de esa manera una escuela pública que ha tenido como resultado el grado de desarrollo que tenemos actualmente.
Se dice, leyendo mal la fracción VII de la iniciativa y del artículo 3o. vigente, "que hay libertad de enseñanza en las universidades". No es cierto.
Tienen libertad para la discusión de las ideas, pero deben educar, deben investigar las universidades de acuerdo con los principios del artículo 3o. No hay tal libertad de enseñar lo que personalmente un grupo o alguien pudiera determinar, hay condiciones.
Pero, todavía más, los hechos en el mundo actualmente demuestran la necesidad de que el Estado tenga en sus manos el control, la administración, la prestación de la educación.
Esta es la situación. Incluso en los países altamente desarrollados, donde algunos dicen que hay libertad educativa. En los Estados Unidos, el Estado, como tal, participa de manera decidida, con un peso mayor o mucho mayor que la industria privada en la impartición de la educación superior.
Y ése es el problema de los Estados Unidos ahorita: buscar las vías para cohesionar su educación dispersa, que los hizo retrasarse.
En todos los países el Estado interviene e imparte la educación superior. Las transformaciones que aquí se han mencionado, que caracterizan nuestra época, son resultado de una educación fuerte, amplia, fortalecida.
Y por eso todos los países se empeñan en invertir, fortalecer su intervención en todos los campos, pero fundamentalmente ahora, en esta etapa, en la educación superior.
¿Por qué? Porque, como bien lo plantea la exposición de motivos del dictamen, todos los países se esfuerzan por integrarse a la actual revolución del conocimiento.
Mi partido ha sido insistente en decir que éste es el reto de México en la actualidad: ¿cómo incorporarse a la revolución científico - técnica que está dando ya portentosos resultados en los países en que se ha logrado caminar por su sendero?
Por eso resulta, ciertamente, impensable que el Estado se sustrajera de impartir la educación superior. Este es el término que ha determinado nuestra posición, porque la fracción V de la iniciativa plantea dos términos promover, alentar y atender todas las modalidades y tipos de educación incluyendo la educación superior, pero esos términos no amarran esa obligación del Estado, por razones ahora de política, económica y social general, del país.
Estamos ciertamente en una época en que los términos deben ser muy precisos, deben corresponder exactamente a lo que se propone, porque se dan hechos en que valiéndose de una interpretación de términos usados en cualquier materia se atenta contra el espíritu de las cuestiones fundamentales. Así se ha hecho con la Constitución; así se está violando en muchos aspectos la Constitución, con simples interpretaciones.
Por eso y recordando que en otras circunstancias, en otras épocas, ciertamente no hubiéramos tenido ningún empacho en apoyar esa fracción V en los términos en que está expuesta, ¿por qué? Porque en otras épocas predominaba en el Gobierno una corriente nacionalista, progresista, democrática, hoy no. Hoy estamos frente a una política gubernamental, antipopular y antinacional.
Por eso nos preocupan los términos porque el neoliberalismo empuja necesariamente hacia la reprivatización de todos los aspectos de la vida económica y social y aquí hemos dicho que al cambiarse la base de la sociedad necesariamente la superestructura debiera cambiar para adecuarse a esa base, lo ha demostrado así la realidad.
Y más aún, cuando pensamos en el peligro de que en marcha el Tratado de Libre Comercio vinieran a establecerse universidades extranjeras en el país, las cuales por la mecánica, por la ley natural del capitalismo presionarían para que el Estado redujera su participación en la educación superior y quedarse con el mercado, es una ley incontrovertible.
Por eso es necesario a nuestro juicio que quede amarrado en la Constitución con el término "impartir" u otro término que sea realmente equivalente, sinónimo, de impartir la educación superior. Tal como se desprende de la lectura de la exposición de motivos, ahí creo que coincidimos en que se refleja la realidad de que el Estado está impartiendo todos los niveles y su obligación además de fortalecer esas instituciones que tiene a su cargo, precisamente para responder al reto de los cambios en el mundo.
Pero esto que se puede desprender de la lectura de la exposición de motivos no se refleja exactamente en el texto del artículo 3o. propuesto. Por eso insistimos en la necesidad de buscar el término adecuado. Nosotros proponemos que se diga en el párrafo que corresponde a la fracción V, que el Estado además de preescolar, primaria etcétera, el Estado impartirá, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior, necesarias para el desarrollo de la nación, realizará y promoverá la investigación científica y tecnológica etcétera.
Hay hechos señoras y señores diputados, que son el motivo de nuestra preocupación. Un ejemplo muy claro, reciente, mientras que en comisiones, en reuniones con los senadores, se hablaba de la Ley de Energía Eléctrica y por ahí un diputado de la mayoría en una reunión, defendía apasionadamente la iniciativa diciendo que el Partido Popular Socialista no debía preocuparse por la cuestión de los productores independientes, porque eran ideas para allá, las localidades perdidas que generen electricidad. Pero al mismo tiempo que se aprobaba en el Senado, se invitaba al capital norteamericano a venir a construir plantas. Esta es la cuestión que nos preocupa: la tendencia de la política económica y social que el Gobierno está realizando. Por eso a nuestro juicio no debe caber la ambigüedad en los términos; debe estar muy claro que lo que hace en la realidad el Estado, la de impartir, este término se utilice en el artículo 3o. Lo demás compañeros diputados, por si era referencia al Partido Popular Socialista, nosotros hemos reconocido lo positivo de la iniciativa; lo positivo de elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la escuela secundaria.
Pero más aún, lo positivo de que se conserven las líneas filosóficas del artículo 3o., porque debemos marchar sí, ante la globalización, ante la interdependencia en el mundo. Es inevitable. Pero en condiciones de país libre, independiente, soberano. Marchar hacia la globalización con pérdida de nuestra soberanía, nosotros lo rechazamos totalmente. Es posible, es necesario, ese debe ser el objetivo: avanzar hasta encontrarnos al tercer milenio, fortalecidos en nuestra soberanía, en nuestra independencia. Y la educación es fundamental. La tarea es tan enorme que no la pueden desarrollar los particulares y menos los extranjeros. Debe ser una tarea del Estado, dirigida por el Estado, administrada por el Estado, planeada por el Estado, evaluada por el Estado, la tarea de formar a los miles y miles de ingenieros que se necesitan para impulsar el desarrollo aceleradamente, de nuestras formas
productivas. Ingenieros en todas las ramas; multiplicar a nuestros investigadores, a nuestros técnicos, pero con una conciencia nacionalista, democrática, patriótica. No nada más es formar por formar a los técnicos y a los científicos, a los ingenieros. Debe ser con una muy clara conciencia de servir a la nación, de servir a que México alcance su plena independencia económica en el concierto de la globalización mundial.
Hemos hablado en muchas ocasiones de que para vencer en la competencia económica, es obligado estructurar convenientemente todos los niveles de la educación en México, orientando fundamentalmente a la enseñanza científica, y en esto lo quiero recalcar. No hay tal impedimento para que los padres de familia inculquen los valores que quieran a sus hijos. Lo que sostenemos es que la educación escolarizada, sistematizada, la educación que imparta el Estado debe ser científica, debe ser laica, precisamente para garantizar, como lo dice el artículo 3o. y el artículo 24 constitucional, la libertad de conciencia, la libertad de creer o no creer.
Bien, esto, como lo he dicho, para alcanzar todos estos objetivos, no se puede pensar sino en que lo realice el Estado. No se pueden alcanzar esos objetivos sin su intervención directa, obligada, decidida, y es esta la razón por la que planteamos que esta obligación del Estado debe ser permanente y esta obligación sólo puede garantizarse si queda inserta la responsabilidad en la Carta Magna, en nuestra Ley Suprema, que establece normas, pero que también fija metas trascendentales para nuestro proceso histórico.
Yo quiero comentar un hecho nuevamente. ¿Ha fracasado la educación en México? Me parece que es no observar bien la realidad, que después del triunfo de la Revolución, ha logrado conquistas fundamentales el Sistema Educativo Nacional.
No hay tal fracaso. Que hay rezagos ¡Sí! evidente y lo ha denunciado el Partido Popular Socialista, sobre todo a partir de 1982 a la fecha. ¿En qué se detuvo la expansión educativa y el desarrollo de nuestro sistema?
Bien, hay otras cuestiones que nos preocupan que ya expresó mi compañero diputado Hildebrando Gaytán, como el de la educación normal. Para nosotros es una cuestión vital, porque ¿cómo puede formarse a las nuevas generaciones con una mentalidad, con una conciencia nacionalista, democrática, patriótica, si los encargados de formar esa conciencia no la tienen? Por eso planteamos nuestra preocupación y seguiremos en esa batalla hasta que la educación normal sea una función exclusiva del Estado.
Finalmente, por lo que respecta al dictamen, lo hemos dicho, que nuestra actitud, nuestro voto en contra, es exclusivamente porque no se establece aquí en la iniciativa la obligación del Estado de impartir, el término impartir, la educación superior, como sí se establece para los particulares. Es muy claro ahí, pues dice: "Los particulares podrán impartir todos los niveles..."
Contra lo que en su tiempo, en su debido tiempo argumentamos en contra.
Entonces, señoras y señores diputados, estamos en un momento importante. Yo llamo a su sensibilidad patriótica, nacionalista, democrática, la mayoría, para que acepten que se introduzca el término impartir en la fracción V de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El orador, que representa a la mayoría de legisladores de esta Cámara, introdujo en su intervención una afirmación que plantea la postura, la discrepancia fundamental, que existe entre el partido de la mayoría y quienes formamos, integramos un partido de oposición, como es Acción Nacional.
A propósito de este tema que es fundamental para la vida del país, de este tema que es decisivo, como fue fundamental y decisivo en el Constituyente del 17 el tema de la educación.
Afirmó el señor diputado "que el laicismo es condición indispensable en la educación pública, que el laicismo es el producto de una larga tradición liberal". Y me parece escuchar, señoras y señores diputados, las palabras de aquél legislador cuando se introdujo la reforma de 1934: "La educación tendrá por objeto forjar en el educando, forjar en los alumnos de México, un concepto exacto y racional del universo" y agregaríamos: "Del mundo y de la vida".
Y todavía me parece escuchar, señoras y señores diputados, en un tema al que le debemos dar la importancia que ameritan los grandes temas nacionales, aquéllas palabras que en 1933 en una ciudad, un gobernante con la misma mentalidad que en 1934, decía: "Si aún quedan hombres aislados, pertenecientes a nuestra generación, que creen no poder cambiar su mentalidad, les tomaremos los hijos y los educaremos para lo que sea necesario": Adolfo Hitler, en el discurso pronunciado en Erfurt en 1933, mes de junio.
Y todavía en sus palabras quedan resabios, quedan resabios, señores diputados de aquéllas otras que fueron pronunciadas en México: "Es necesario que entremos al nuevo período de la revolución, debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución".
Si, señores, se han planteado dos posturas, dos posiciones: el derecho del Estado a educar, con todo lo cambiante que sea la ideología de quien dirige los destinos del Estado, socialista en una época, capitalista en otra época, liberalista social en otra época, frente a quienes decimos y frente a quienes afirmamos y frente a quienes defendemos que el derecho a educar corresponde preferentemente, por prioridad de naturaleza, a los padres de familia.
Ese es el tema, señoras y señores diputados. Hay quien piensa ¿qué es educar? Hay quien piensa que educar es sencillamente capacitar al hombre para una función de utilidad, colocarlo en condiciones de llegar a una situación económica lo más alta posible, lo más cómoda posible, lo más satisfactoria posible. La importancia que tiene el ser humano en la sociedad en que vive se mide no en función de las virtudes, no en función de los valores, en función de lo que tiene, no en función de lo que es.
Nosotros no pensamos en ese concepto inicial, rudimentario de lo que es educación. Nosotros pensamos que el problema de la educación es un problema integralmente humano, que no se puede entender el concepto de educación mientras no entendamos con toda su vastedad, con toda su amplitud el concepto de lo que es el hombre. La doctrina de Acción Nacional está fincada, señoras y señores diputados precisamente en este concepto, la eminente dignidad de la persona humana. De ahí nuestras discrepancias, de ahí las discrepancias con el diputado de la mayoría, de ahí la discrepancia profunda con el diputado Cárdenas, tenemos conceptos distintos de lo que es la persona, la persona humana con su eminente dignidad, de ahí que las discrepancias en el debate no sean sutiles sino que sean definitivamente profundas.
Ya hemos arrancado avances señoras y señores, 50 años de lucha en territorio nacional, llegando a las conciencias de todos los mexicanos. Recordamos ahora como cenizas que encienden de nuevo, viejas voces reencendidas llamaba Efraín González Luna, los conceptos de persona, de bien común, de derechos humanos, de educación. Lo dijimos en 1939, lo dijimos en 1942, en aquella extraordinaria conferencia sobre educación de uno de nuestros fundadores Miguel Estrada Iturbide. El problema de la educación es un problema profundamente humano, vinculado con el concepto del hombre. Luchamos contra el texto del artículo 3o., hemos arrancado a base de lucha derechos, no como mendigos en nuestra patria, no como mendigos en esta llamada casa grande que es la patria, sino como sabedores de que tenemos derecho, uno pequeño, pequeño rechazado en 1917, rechazado en 1934, rechazado en 1946 cuando tuvimos la primera diputación de Acción Nacional, ganado en un 8% en 1991, el derecho preferente de los padres de familia a educar.
La enseñanza que imparte el Estado será laica, porque dice el señor diputado, el laicismo es condición indispensable en educación pública y sabe el señor diputado que además es maestro, forjador de hombres porque educar es desarrollar todas las facultades del hombre en toda su plenitud, con toda su potencialidad, ¿Sabe lo que dijeron representantes en el Concierto de las Naciones en 1948? ¿Lo sabe el señor diputado? ¿Conoce acaso el señor diputado el contenido del artículo 26, precitado ya por uno de mis compañeros en el uso de la palabra, acerca del derecho que tienen los padres de familia para determinar el tipo de educación que deba darse a sus hijos?
Lo arrancamos parcialmente, parcialmente para una minoría, no la mayoría, la mayoría del pueblo de México, la minoría que tiene recursos, porque nuestro país por desgracia para poder disfrutar de los derechos que conceden las Leyes en toda su plenitud, se tiene que tener una situación económica desahogada además para la defensa de sus derechos.
Para los alumnos de las escuelas particulares, no señor diputado Cárdenas, cuando hablaba de la enseñanza religiosa, miren ustedes, yo no establezco que la iglesia tenga derecho preferente para educar; de ninguna manera señoras y señores diputados.
En el siglo pasado, parece ser que se estableció la lucha de la educación religiosa por encima de la educación laica por parte de un grupo. Y de otro, la superioridad de la educación laica sobre la educación religiosa y unos y otros olvidaron el concepto fundamental, el derecho de los padres.
El derecho de los padres a educar, eso es lo que nosotros pedimos y sentimos, pero no solamente señoras y señores diputados, no solamente el artículo 26 de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, que parece desconocer el señor diputado o no lo quiere aceptar. Que no lo acepte.
Que no lo acepte para sus hijos, pero porque he de aceptar yo el criterio de él para los míos. Tenemos derechos distintos.
La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en el artículo 12, más recientemente, el presidente era José López Portillo y fue ratificado por el Senado. Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión.
Dice la Convención: "Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Educar no es nada más dar conocimiento. Plantear las interrogantes principales del ser humano; ¿qué soy, a dónde voy, cuál es el fin de mi presencia temporal? Definitiva o trascendente, los padres tenemos el derecho señoras y señores para educar.
Podremos algunos padres de familia, algunos, señalar o no a la persona humana fines ultraterrenos, o bien algunos otros le podrán señalar a la persona humana fines temporales más o menos deleznables, pero cualquiera que sea, cualquiera que sea la concepción de la vida que tenga un padre; cualquiera que sea la concepción de la vida que yo tenga, y yo soy padre, no puedo, no puedo abandonar al Estado, o lo que es lo mismo, no puedo abandonar al grupo o al partido que en un momento dado gobierna el Estado, el cuidado de elegir el tipo humano sobre el cual será formada la persona y el alma de un hijo.
Y es que para mí, señoras y señores diputados, la paternidad no es solamente un vínculo jurídico plasmado en el Código Civil, la paternidad no se reduce a un concepto jurídico nada más, la paternidad para mí, señoras y señores diputados, y yo sé que ustedes, no importa la ideología, no importa que su ideología sea distinta a la mía, yo creo que coincidimos en algo, para ustedes que tienen hijos y para mí que tengo hijos, la paternidad es amor, es carne y ya para mí es espíritu, es salvación, es trascendencia, por eso para mí, para mí, señoras y señores diputados, la paternidad lleva en sí misma una responsabilidad que yo no puedo transferir al Estado, yo no puedo pasarle al Estado el destino de mis hijos, de un destino que para mí es trascendente y que por eso no admite abdicaciones ni claudicaciones. Por eso estoy hablando esta tarde en esta Cámara. (Aplausos.)
No puedo dejar de señalar eso. Voy a votar a favor del dictamen... (Desorden.)
Sí, ¡Bravo!, señoras y señores diputados, ¡bravo!; yo creo que los diputados de 1934 no decían Bravo; los diputados de 1946, de su mismo partido y grupo político no decían bravo en la Cámara cuando votaban el texto del artículo 3o., de 1934 y de 1946.
Yo voy a votar a favor, señoras y señores diputados..., porque sí, señorita diputada, le hemos arrancado un derecho más, un derecho más al que se refería el diputado Cárdenas, un derecho que está en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos: el derecho al amparo.
Vea los debates de 1946, vea los debates de 1934. En materia educativa no habrá recurso alguno, ni el juicio de amparo.
No es éxito de esa diputación ni de esta generación, es éxito de muchos mexicanos compañeros nuestros, de partido y que no son del partido también.
Recuerdo las luchas de Ramón Sánchez Medal, en 1962; recuerdo las luchas por la educación de Manuel Ulloa Ortiz, en 1946; recuerdo a Preciado Hernández, maestro emérito de la Universidad; recuerdo a nuestros fundadores; recuerdo a González Torres, cuyo último..., en uno de sus artículos decía que Dios le había permitido vivir la etapa de la renovación de las libertades religiosas y yo digo ahora: apenas la aurora y la alborada de las libertades educativas porque falta todavía mucho camino por recorrer. (Aplausos.)
Sí voy a votar, aunque ustedes señores diputados aplaudan porque para mí es una pequeña brizna de la siembra de eternidad de 50 años de Acción Nacional.
Para lo demás, seguiremos luchando; para el otro 93% de mexicanos, a cuyos padres todavía no se les respeta el derecho preferente de educar a sus hijos, porque decía don Efraín: "Somos trigo de prueba en el molino de la historia".
Si su respuesta señores diputados, ahora, el año que entra, en cinco años, en una década o en un siglo, y no es difícil que suceda porque presenciamos la descomposición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la caída del muro de Berlín, la democratización de los países del Este, ¿por qué no hemos de esperar que tarde o temprano venga el despertar de la libertad
plena en México? Se va a lograr porque los mexicanos tenemos un alma enorme y un sentido profundo de lucha. Si su respuesta es la negativa o el silencio, se habrá perdido una oportunidad más momentáneamente, no para un grupo, no para Acción Nacional, partido político, no para el régimen...
El Presidente: - Permítame diputado. Es para un llamado a los compañeros diputados de esta Cámara, que rogamos que estos trabajos, y esto es para todos los compañeros diputados, en respeto a cada uno de nosotros mismos, a esta Asamblea, rogamos se guarde silencio y también respeto al orador, que implica respeto a cada uno de nosotros. Continúe y perdone por la interrupción.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Gracias señor Presidente.
Decía que se abra una oportunidad más, no para un régimen. Este, como muchos regímenes ha habido en México, se habrá perdido una oportunidad preciosa, preciosísima para México, para el México integrado por todos sus hijos, porque tratándose de México ustedes y nosotros coincidimos; se habrá perdido una oportunidad más para quienes piensan como nosotros, pero también para quienes piensan en forma distinta o contraria a nosotros y se habrá perdido una oportunidad más señoras y señores diputados, para quienes que con la educación quiero que sean cada vez menos, aceptan todo porque no quieren pensar o, señores diputados, porque ya no se atreven a pensar. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Señor Presidente, he pedido el uso la palabra en términos del 100, por ser miembro de la Comisión. No es para hechos.
El Presidente: - Adelante.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Ciertamente la frase que expresé al empezar, creo que se está reiterando, estamos en la discusión de un problema trascendental para el futuro de nuestra nación.
Qué bueno que se plantea que este es el tema; la fuerza de la derecha vuelve a colocar en el debate uno de los temas fundamentales de la nación, que es ¿a quién pertenece el derecho de educar?
Mi partido, y estoy seguro que las fuerzas democráticas, patrióticas y nacionalistas del país, con nosotros, sostenemos que el derecho a educar pertenece al Estado, por razones históricas, económicas y sociales, porque no es un Estado cualquiera el Estado mexicano, este Estado es el producto de las luchas del pueblo, históricamente hablando; es un Estado con toda la serie de responsabilidades frente a las masas populares.
Debemos recordar que el pueblo mexicano no ha caminado sin aspiraciones, el pueblo mexicano ha tenido, desde que don Miguel Hidalgo y Costilla encabezara a ese pueblo en la lucha por la Independencia, ha tenido aspiraciones. ¿Y cuáles son en síntesis esas aspiraciones permanentes del pueblo mexicano? El desarrollo del país con independencia, la justa distribución de la riqueza para elevar constantemente el nivel de vida del pueblo y la ampliación constante de los derechos democráticos. Con estas aspiraciones ha caminado el pueblo siempre y ha avanzado en su consecución en la medida en que ha ido estructurando un Estado que desarrolla políticas económicas y sociales en pos de estos objetivos.
Se alcanzaron algunas aspiraciones con la Independencia, otras con la Reforma, otras con la Revolución de 1910-1917 y en esta última etapa, más que nada, se alcanzó el objetivo de plasmar en la Carta Magna todo un problema de desarrollo social. ¿Pero qué fuerza era capaz de cumplir con esta tarea de avanzar en el objetivo propuesto por Morelos, de atemperar la ignorancia, de disminuir la opulencia, de sacar de la ignorancia a las masas? ¿Lo podrían hacer los particulares? El Estado, sólo el Estado.
¿Qué fuerza podría consolidar nuestra independencia política y empezar a avanzar por el camino de la independencia económica? ¿Los particulares? ¿El capital nacional o extranjero? No. El Estado, el Estado.
¿Qué fuerza podría garantizar a las masas populares su derecho a votar y de los demás derechos democráticos, políticos? Sólo un Estado de las características que se estructuraron en la Constitución por el pueblo, por el pueblo.
¿Qué fuerza podría dar a los mexicanos, a los campesinos, a los obreros, a los marginados, a ese conjunto de mexicanos que sumaban más del 80% analfabetos en 1910? Sólo el Estado; los particulares...
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (desde su curul): - Señor Presidente, por favor
pregunte al orador si me permite una interpelación.
El Presidente: - ¿Autoriza usted la interpelación?
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con mucho gusto.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (desde su curul): - Sólo quiero preguntarle al señor diputado ¿si está usted de acuerdo con la afirmación de Hitler, de que solamente el Estado tiene derecho para educar?
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - No estoy de acuerdo con sus ideas, diputado. (Aplausos.)
Nunca lo vamos a estar.
Y de esto quería hablarles. Se habla de que los padres tienen derecho preferente, ¿pero cuáles padres? Los obreros, los padres de familia obreros, los padres de familia campesinos; estos hicieron una revolución para estructurar este Estado, para recibir precisamente educación.
Es falso que las grandes masas, que los padres de los campesinos, los padres obreros, los padres campesinos quieran un tipo determinado de educación. Es la educación que proyecta el artículo 3o., el que quieren las masas campesinas, las masas obreras, las masas de trabajadores.
Una educación que desarrolle armónicamente todas las facultades del ser humano, una educación científica.
Es falso que el laicismo se interprete como una condición sectaria. El laicismo en México es sinónimo de educación científica.
Precisamente gozamos de libertades porque ha habido una educación laica. Gracias a la educación laica con sentido científico, tenemos estas libertades que tenemos, que gozamos ahora y que podemos hablar aquí libremente, cada quien con sus ideas.
La educación confesional por la que aspira el Partido Acción Nacional, ha sido sinónimo de cancelación de libertades.
Que no se oculte el objetivo verdadero. Se dice que no se quiere la educación religiosa. Eso es lo que quieren, el diputado anterior del Partido Acción Nacional lo expresó; digo, debe darse educación religiosa si así lo demandan los padres de familia.
¿Y quién impide a los padres de familia inculcar valores religiosos a sus hijos? Nada, nadie, las leyes le permiten todo eso.
Pero la educación que imparte el Estado debe ser científica, debe ser democrática, nacionalista.
Luego se leen mal los textos del artículo 3o., entresacando frases; pero, señoras y señores diputados, debo reconocer, sí, que las fuerzas democráticas, las fuerzas nacionalistas, las fuerzas patrióticas estamos sufriendo una derrota al otorgase una nueva concesión a la derecha. Derecho de amparo sí. Una nueva concesión a la derecha que nos va a traer múltiples problemas para el desarrollo de la nación.
Por eso no estamos de acuerdo nosotros con esa nueva concesión a la derecha.
Considerar que la concesión que el Estado le da a los particulares para impartir la educación en todas sus modalidades, es un derecho natural, falso.
Es una concesión, es una concesión del Estado, es una concesión en base a la Constitución.
Por eso, simplemente por eso no debería haberse planteado esta restricción al Estado, de retirar, de desconocer en todo tiempo títulos o autorizaciones para impartir enseñanza.
En consecuencia, señoras y señores diputados, nosotros insistimos, en función de la historia y por razones económicas el derecho a educar pertenece al Estado, no por un capricho de un grupo, no por capricho de un Gobierno cualquiera, es el resultado de las luchas del pueblo y el pueblo quiere una educación a la manera que establece el artículo 3o. Constitucional.
La derrota que hoy estamos sufriendo es mínima porque recuerden al más grande héroe de la patria, don Benito Juárez, en México la derecha, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Octaviano Alaniz Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz: - Gracias señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
El respeto al derecho ajeno es la paz, aun cuando muy probablemente a mi compañero Juan de
Dios Castro pudiera llenar de alegría si quitáramos esta leyenda de nuestro recinto. (Aplausos.)
El ha hecho mención en forma directa y en una alusión a Hitler, al principal nazi y fue porque definitivo él, Hitler, mintió la primera vez y lo siguió haciendo siempre hasta en seguida hablar de que eso era la verdad, así le está pasando al compañero diputado Juan de Dios Castro. (Aplausos.)
El compañero diputado Juan de Dios Castro se felicita porque han caído otros sistemas políticos y económicos, así lo quisieron sus pueblos, también cayó el colonialismo en México que duró 300 años que sólo se pudo sostener con la mentira y la sangre y la opresión y ahí surgieron exactamente las raíces de la postura política e ideológica que tiene el diputado Juan de Dios Castro.
Sin embargo, es justo que en este recinto no la vayamos a hacer como un auténtico ring porque aquí es cierto están dos concepciones reales de lo que es el hombre: el hombre que inventó Dios y el hombre como desarrollo o como evolución de la materia. Hay una concepción científica y hay una concepción teológica - ideológica y por eso mismo no vamos a coincidir en el asunto vertebral para la unidad nacional.
No había pensado pedir la palabra, pero me estimuló él al mencionar que hay diputados que no piensan o que no quieren pensar y esa es una falta de respeto descarada, producto de un prepotente individuo que se cree que maneja la verdad absoluta y eso no se debe hacer con el recinto parlamentario y con ningún compañero diputado.
El Estado tiene toda la obligación y el derecho de impartir la educación, si no, nos puede pasar lo que sufrimos después de la Independencia en que nos convertimos en dos grandes bloques en la República, para pelearnos, sangrar al país, hacer que impere la verdad a fuerzas de un bando y la verdad del otro y desconocimos por descuido o por negligencia, tal vez algunos por ignorancia, el gran desarrollo del mundo, del vecino incluso y que en forma artera desbarató la integridad territorial. En ese escenario estábamos, sumamente peleados y se da el gran despojo. Nos puede pasar lo mismo porque para los vecinos, no somos más que la esperanza del ensanchamiento territorial, para poder ser los prevalentes en el manejo y en la opresión mundial.
Exactamente porque como son dos corrientes: una, que habla del bien común y la otra que es la del servicio a la sociedad, al pueblo. El primero, tiene su vinculación religiosa y el segundo tiene su vinculación real y material. Por lo mismo el Estado y esta soberanía, debe legislar como lo está haciendo, para ahora, para esta vida, no hay otra; porque yo no comparto lo que dice Juan de Dios Castro: "¿Qué no soy en esta vida, definitiva o transitoria?". Somos transitorios, porque no hay otra. No nos vamos a prolongar más allá de lo que somos ahora. Entonces sólo pretendiendo engañar a la soberanía con gritos y con golpes y con aspavientos, para distracción, vamos a estar creyendo que lo que aquí se viene a afirmar es la verdad. Y no es cierto; detrás de todo eso se oculta la mentira, porque la iniciativa y el dictamen que se propone, en ningún momento le está quitando al padre de familia la libertad de decirle y de educarle al hijo en el seno hogareño, como quiera. Pero sí se deben respetar los espacios educativos, públicos y privados, a que no se practique ninguna religión. Y ese es el quid del asunto, por lo que creo que más vale para nosotros y salud de todos, que nos centremos exactamente a analizar los conceptos que propone la iniciativa y el dictamen propiamente, para poder avanzar, de lo contrario, creo que estamos a un paso de conceptos y de actitudes nada convenientes para la República y menos para nosotros en esa soberanía. Muchas gracias.
El presidente; - Para rectificar los hechos, por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señores legisladores:
¡De la expresión más baja y repugnante de la política nacional, sólo un elogio puede ofender y malhaya el que lo tome en cuenta!..
El Presidente: - Nuevamente rogamos a los señores diputados su importante y valiosa colaboración a estos trabajos camarales para mantener la altura del debate, cooperando con su compostura y respeto a los oradores. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Quiero partir de un punto de vista: El artículo 3o. es el marco jurídico de la formación de los
individuos y de las relaciones sociales. Es la ley que define la forma de vida de los mexicanos, a partir de uno de los mecanismos más poderosos de socialización, que es la educación.
Pero el artículo 3o. no debe concebirse sólo como una expresión jurídica; de las funciones y de las actividades del Estado en materia educativa. Esa sería una visión muy limitada, jurídica y administrativa, de una cuestión mucho más compleja.
En una reforma educativa no se trata tan sólo de cambiar funciones, las obligaciones, las modalidades o los mecanismos de regulación estatal; se trata de redefinir el estatuto social de la educación; de redefinir el papel de la educación en las transformaciones sociales, económicas y culturales.
La educación no es un mecanismo igualador de oportunidades, es una visión equivocada; una visión que ignora una tradición más antigua, que la concibe como una práctica social de formación de los individuos.
La tradicional escuela mexicana, en pedagogía, siempre ha partido de una visión integral de la educación, de una vinculación de las tareas educativas con la formación de individuos y el desarrollo de la comunidad; ha concebido a la educación como un proceso formador de los sujetos sociales no vinculados únicamente a la vida productiva, sino a la autonomía individual y la independencia nacional.
La educación garantiza la consecución de la democracia, no solo a través de la llamada igualdad de oportunidades, que francamente poco tiene qué ver con la educación, pues la misma escolaridad depende del estatus social de las personas, sino a través de la adquisición de los valores, las actitudes y aptitudes de los individuos para vivir en una sociedad plural y tolerante.
Una de las grandes resoluciones políticas de nuestra Constitución, es precisamente desarrollar en el artículo relativo a la educación las características del modelo de vida ideal para los mexicanos: la democracia.
Por eso no debemos rebajar la discusión de una reforma constitucional derivada de una reforma educativa, al modelo de derechos, obligaciones y responsabilidades del Estado y los particulares. Eso sería como admitir que la reforma educativa no tiene claridad o coherencia estratégica con la reforma del Estado, con los acuerdos nacionales y las espectativas populares.
Todavía no contamos con un texto en donde se especifiquen los lineamientos de la reforma educativa. El acuerdo para la modernización de la educación básica se articulaba fundamentalmente en decisiones de tipo administrativo, como el federalismo; o institucional, como el cambio de áreas a asignaturas. Pero en ningún momento una definición del sentido, los ejes o las prioridades de una reforma educativa integral.
Por eso, a nosotros nos preocupa una modificación constitucional de tanto alcance como la del artículo 3o., sin ubicarlas ni en la reforma del Estado ni en una estrategia general para el cambio de época en el que vivimos.
En particular, nos parece que una iniciativa derivada de un plan general de reforma educativa, debería revisar, en primer lugar, los criterios orientadores de la educación.
En una época en la que se están redefiniendo las relaciones sociales, se acentúa la autonomía individual y se reconoce la complejidad de las sociedades modernas. Creemos conveniente una reforma educativa que centre su atención en la formación de individuos libres, reflexivos y responsables.
Nosotros insistimos que las modificaciones legislativas que no adecúan las reformas educativas a las transformaciones sociales son incompletas e inconsistentes. La educación es la principal palanca de la formación de hombres libres y todavía seguimos atados a los criterios educativos definidos hace más de 20 años.
La discusión de la iniciativa en la Comisión se concentró en cinco grandes temas, en los cuales el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional presentó modificaciones concretas o por lo menos preocupaciones para ser atendidas tanto en la Comisión como en las discusiones que sostuvimos con el Secretario de Educación Pública. Y en este momento quiero ser puntual y quiero señalarlos enfáticamente.
El primer tema es sobre la extensión del derecho a la educación. Sin duda esta es una de las modificaciones más importantes. Todos los partidos la aceptaron en lo general, pero se manifestaron varias interrogaciones en lo particular. Una de ellas con respecto a las modalidades educativas.
Los partidos señalaban que la redacción de la iniciativa parecía descuidar la obligación estatal de otros tipos y modalidades educativas. Nuestro partido propuso un agregado al párrafo
primero, para señalar el compromiso estatal de ofrecer todos los tipos y modalidades de educación.
En el dictamen, se añade una fracción V donde se especifica este compromiso, extendiéndolo a la promoción de la ciencia, la tecnología, y la cultura.
La discusión entonces no es de contenido, pues ya están aceptadas dos de nuestras preocupaciones: la extensión de la facultad estatal a otras modalidades y la incorporación de la ciencia y la tecnología.
Luego entonces la discusión es de forma y de técnica jurídica.
Es conveniente una fracción V donde se establece la promoción de las otras modalidades o directamente se agrega al primer párrafo. Los argumentos para hacer una nueva fracción tienen que ver con la técnica jurídica, en el sentido de delimitar, primero, el derecho a la educación, las obligaciones del Estado, los criterios educativos, la facultad estatal de diseñar planes y programas y las condiciones de participación de los particulares.
Pero nosotros nos preguntamos: si más que una determinación añadida, la fracción V no es parte substancial del quehacer estatal en materia de educación.
Del mismo modo podría decirse que tanto la ciencia y la tecnología, como la cultura y los otros tipos y modalidades, deben regirse de acuerdo a los criterios de la fracción II, lo que quizá sería mejor incorporarla al párrafo.
El otro aspecto, la obligatoriedad de la secundaria y el ciclo de educación básica. Este fue un acuerdo general, pero nuestro partido había propuesto incorporar la noción de educación básica por considerarlo un ciclo completo en la educación de los mexicanos. La discusión radica en la educación preescolar. ¿Debe ser un nivel cubierto obligatoriamente por todos, un nivel integrado curricularmente a la primaria o un nivel optativo para los padres y obligatorio para el Estado?
Nosotros consideramos que es obligación del Estado impartir educación básica, pero no declarar obligatoria a la preescolar parecería ser una contradicción, sobre todo si observamos factores pedagógicos, sociales y culturales.
Los primeros refieren la tendencia hacia la dotación de las primeras letras y las primeras operaciones en la educación anterior a la primaria; técnicas didácticas, métodos de aprendizaje diversos han coincidido en involucrar estas aptitudes y habilidades en edades cada vez más tempranas, o por lo menos en las etapas preescolares, reservándose a la primaria para las operaciones más complicadas el manejo del lenguaje, de los signos matemáticos y de los símbolos culturales.
Los factores sociales refieren la tendencia cada vez mayor de iniciar la primaria con etapas preescolares. La misma iniciativa lo señala, cuando observa que el porcentaje de niños con preescolar se incrementó en seis veces entre 1970 y en la actualidad, cercano a un 70%.
Los factores culturales no son menos importantes, indican un cambio fundamental en los procesos de socialización y de los valores familiares. La incorporación de la mujer al trabajo, que hemos defendido y lo seguiremos haciendo, demanda apoyos institucionales al resguardo de los infantes. Será cada vez más difícil suponer que durante el primer lustro de vida las madres de familia se dediquen exclusivamente al cuidado de sus hijos.
La proliferación de guarderías, de jardines de niños, de preprimarias y demás formas de educación preescolar, tan sólo manifiestan el irreversible proceso de la igualdad entre los sexos, así como la insoslayable realidad de nuevos valores familiares.
El Estado, en plena época de reforma y actualización de sus potencialidades, debería declarar obligatoria también a la educación preescolar.
El segundo tema al cual me voy a referir es sobre la disyuntiva de educación nacional o educación pública. En el párrafo segundo el texto del dictamen se establecen los objetivos de la educación impartida por el Estado, este es un párrafo central: define el carácter, el sentido y los lineamientos de los planes y programas diseñados por el Estado y uno de los condicionantes básicos de la educación privada, salvo las especificaciones en los niveles estatales que pasan al primer párrafo.
El segundo párrafo del artículo 3o. no se modifica en el Dictamen; no es casualidad, es un párrafo fundamental, señala los objetivos de la educación que imparte el Estado, desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Estos objetivos, al trasladarlos a la fracción III que faculta al Estado para determinar los planes y programas en la educación primaria, secundaria y normal y a la VI que establece las condiciones en que se desenvuelva la educación privada, refuerzan la rectoría normativa del Estado en la educación nacional; sin embargo, la redacción vigente y la propuesta queda muy corta, parecería que solo rigen para la educación pública, pero en la fracción VI se extienden a la educación impartida por los particulares,
Nosotros entendemos que de este modo se garantiza la existencia de una educación nacional, de una educación que permita la igualdad de oportunidades y se cancele la posibilidad de dos o más educaciones en el país, que obviamente negarían la equidad educativa.
En el caso de la administración pública, esto significa que la Secretaría de Educación Pública debería denominarse de Educación Nacional, porque así como atiende obligatoriamente la pública, regula y vigila el cumplimiento de los condicionantes de la privada.
Por eso nosotros preguntamos si ¿no sería mejor para evitar imprecisiones, y posibles fuentes de conflicto en la aplicación de las disposiciones relativas al apego de la educación privada, a los planes y programas oficiales, modificar también el párrafo segundo a fin de precisar que los objetivos ahí señalados para la educación, no son sólo para la educación impartida por el Estado, sino para toda la educación impartida en el país en los Estados Unidos Mexicanos?
Esto significa, por ejemplo, que los particulares no añadieran aspectos específicos a su educación, tampoco es impedimento para que la educación privada, al margen, o como añadido a los objetivos de la educación nacional, incorpore otros objetivos derivados de su particularidad religiosa, social, cultural, ideológica etcétera, lo único que señala es que toda la educación en México debe responder a los mismos objetivos generales, si esto se reconoce en varias fracciones, ¿por qué entonces no explicitarlo en el segundo párrafo?.
El riesgo de un esquema compartido de responsabilidades entre la educación pública y la privada, siempre está en las disparidades que ocasiona en la formación de actitudes y aptitudes y habilidades de los educandos pero también en la posible segmentación de oportunidades socioeconómicas y de valoración de nuestras instituciones, tradiciones y libertades.
Sería injustificable que bajo el argumento de la libertad educativa, de los recursos escasos o las prioridades individuales, se generara un proceso dual e irreductible de formación de seres humanos. Después de todo, y eso es algo que casi no se encuentra en la exposición de motivos o en el espíritu de la iniciativa, la educación antes que mecanismo de movilidad social o anhelo de superación individual u obligación del Estado, es el mayor mecanismo de que disponemos para generar a la comunidad de hombres libres, de formar individuos autónomos e independientes, capaces de reflexionar y actuar lúcidamente en la transformación y la convivencia social.
El tercer tema se refiere a la educación laica. El principio de la educación laica, se encuentra en la fracción I; eso no está a discusión en ninguna parte, sin embargo nuestro partido señala que en la fracción III, donde se especifica la facultad estatal de determinar los planes y programas que dan cumplimiento al párrafo segundo y a la fracción II, la redacción parecería implicar que los mismos planes y programas oficiales pueden no incorporar, dado que no se específica en la fracción I, el principio de la educación laica, que no tiene como objetivo también garantizar la educación laica en las mismas escuelas públicas.
La historia y la evidencia empírica nos muestran que el apego constitucional de los planteles privados a los planes y programas de educación pública no es sino una ilusión.
En concreto, sabemos del boicot hacia temas históricos o sociales, al civismo, a los símbolos patrios o también la tergiversación de la verdad científica. Los prejuicios religiosos, los prejuicios morales, los prejuicios políticos, son moneda corriente en la educación particular, también en mucha de la pública desafortunadamente.
No sería conveniente incorporar también la fracción I entre los condicionantes de la formulación de planes y programas oficiales establecida en la fracción III. Repetimos, esto no impide que en la legislación secundaria se otorgue la facultad de añadir a los programas oficiales las particularidades religiosas que en su caso demanden los planteles particulares, pero sería un añadido nada más, no una facultad expresa que contradiga potencialmente el párrafo segundo o la fracción III.
Existe una paradoja inquietante: Mientras que en la fracción III se establece la facultad estatal de determinar los planes y programas que garanticen el párrafo segundo y la fracción II, ¿y la educación pública es por definición laica?
Los planes y programas oficiales no están obligados a seguir la fracción I, que defina el carácter laico de la educación impartida por el Estado, entonces ¿puede haber una educación laica sin obligación expresa de que los programas oficiales sean laicos? ¿O es que acaso los programas determinados por el Estado no son laicos, no cumplen con la fracción I?
Otro tema que no podemos evadir es los tipos y modalidades educativos. La adición a una fracción V que señala la posibilidad estatal de atender tipos y modalidades educativas distintas a la educación básica, parecería resolver las preocupaciones mostradas por todos los partidos sobre el destino constitucional de la educación media y media superior, o las modalidades a distancia.
Sin embargo, nos sigue preocupando la situación jurídica de varios tipos particulares de educación. En primer lugar, el de la educación indígena. Esto lo puntualizamos en comisiones y en la comparecencia del Secretario de Educación Pública.
¿Cuál es la responsabilidad estatal en este tipo de educación? ¿Acaso se uniformará también como la de obreros y campesinos? Pero esto ni técnica, ni cultural, ni políticamente es viable. La especificidad de la educación indígena es tal que no puede ignorarse en el texto constitucional. Ya se reglamentaron en el artículo 4o. Los derechos de los grupos étnicos, ¿no sería en consecuencia importante especificar constitucionalmente las características y condiciones de la educación indígena?
Nuestro partido presentó en 1989, una iniciativa para adicionar una fracción X que incorporara, tanto la obligación estatal en esta materia, como las características biculturales y bilingües, la formación de los educadores y el papel de las mismas étnias en el diseño de los contenidos educativos.
En el dictamen no se incorpora nuestra preocupación referida a la educación indígena; la discusión consiste en saber si se deja a la ley secundaria, como se dice en el dictamen, o se incorpora al texto constitucional. Nosotros consideramos que la educación indígena no puede uniformarse, como la de los obreros y campesinos, ni dejarse a una ley secundaria; el problema es el contenido y las características de este tipo de educación. Se es responsable de la educación básica para todos, pero no se es responsable en garantizar una nación pluriétnica y pluricultural. Debemos establecerlo en la Constitución.
¿Qué sucede también en el campo de la educación de los adultos? Las tendencias educativas son muy claras, la etapa de aprendizaje formal se expande, la educación dura toda la vida y no sólo a través de los circuitos informales, de las modalidades a distancia y extracurriculares, sino también escolares y productivas.
¿Cuál es el rol del Estado en la educación de los adultos? Ciertamente este tipo de educación tiene múltiples acepciones, pues va desde la alfabetización hasta la capacitación y el entrenamiento, pero esto podría definirse en la ley reglamentaria y no sabemos por qué no se contempla en el texto de la iniciativa. ¿Es que acaso la responsabilidad estatal termina en el ciclo de educación básica?
¿Y qué decir de la educación especial, la de los niños de aprendizaje irregular, o los débiles visuales, o los discapacitados, o los de coeficiente intelectual asombroso, o cualquier otra forma de individuos diferentes al común denominador? ¿De qué nos sirve incorporar al texto constitucional los derechos de los discapacitados, si no contemplamos ahí mismo el derecho a una educación adecuada, a sus particularidades y necesidades? ¿Tendríamos que relegarla a la ley secundaria? ¿Es que acaso la obligación estatal refiere únicamente los estándares, las estadísticas de la anormalidad y no a todos los mexicanos, independientemente de sus condiciones individuales? ¿No es precisamente el contenido de la reforma del Estado mejorar la atención a toda la población?
Finalmente voy a abordar el tema de la democracia educativa y para esto, en dos cuestiones finales: la primera se refiere a la necesaria revisión o derogación de la Ley Federal de Educación; la segunda, a la democracia en los contenidos y métodos educativos.
En materia educativa, quizá mucho más que en otras actividades socioestatales, la política oficial no puede ser ajena a las opiniones, demandas, reclamos y propuestas de la sociedad, en particular de los directamente involucrados, estudiantes, padres de familia y los maestros, pero también de la comunidad en su conjunto, de los demandantes de fuerza de trabajo, de las instituciones culturales, incluso de acuerdo con otros países, es decir, en la definición de la política educativa el consenso no es sólo una alternativa eficiente de la legitimidad, sino la misma condición de su existencia y viabilidad.
Ya hemos tenido experiencias nefastas de programas de modernización, en el que se consulta
medio día antes a padres y maestros, de reuniones diversas con resolutivos que antecedían a la discusión, de libros emergentes, disociados de la historia concreta y las tradiciones populares, en fin, la elaboración de materiales educativos y guías de aprendizaje, en donde los últimos consultados fueron los que enseñan y los que aprenden. Por eso han fracasado las reformas educativas.
Sería conveniente que en la elaboración de una nueva Ley de Educación, que indudablemente deberá ser enviada a esta soberanía, se diseñe un mecanismo profundamente democrático, profundamente participativo.
Señor Presidente, ya voy a terminar, le ruego permitirme hacerlo.
El Presidente: - Adelante señor diputado.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Ninguna ley se siente como propia si no se participa en su formulación; ninguna política es viable si se impone coercitivamente a los gobernados. Lo sabemos demasiado bien en Educación. No lo repitamos una vez más.
Por eso es importante la modificación propuesta por la Comisión.
El añadido de una frase a la fracción III del dictamen, en donde se señala la participación de los sectores sociales en la elaboración de los planes y programas oficiales, responde a una de nuestras preocupaciones marcadas en la comparecencia del Secretario de Educación Pública. Es una aportación relevante de la Comisión, aunque sólo quede en la emisión de opiniones, sin traducirse en un organismo social de apoyo y consulta institucional.
Sobre este punto, como en otros, la cuestión sigue abierta, pero esta iniciativa es un avance y más lo es el dictamen. Por eso nuestro partido votará a favor en lo general, reservando algunos de los puntos ya señalados anteriormente para su discusión en lo particular.
Eso es todo señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia ciudadano Presidente, ciudadanos diputados de la nación:
Acudo a esta tribuna a fundamentar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional sobre las reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Voy a empezar por señalar las coincidencias de nuestra iniciativa con la del Presidente y otros elementos, en los que se obtuvo consenso en el grupo plural que preparó el dictamen. Quiero hacer la salvedad de que no nos apoyamos en todas las argumentaciones que se expresan en la exposición de motivos del Ejecutivo o en las del dictamen. Puntualizaré, en consecuencia, nuestras razones para aprobar en lo general el dictamen y los matices de nuestras posiciones.
Coincidencias primero: La iniciativa presidencial tiene una coincidencia fundamental con la de Acción Nacional, en cuanto que propone el derecho a la educación. Ambas convergen con lo que establece la primera parte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su artículo 261, dice: "Toda persona tiene derecho a la educación".
Ambas iniciativas otorgaban el derecho a la educación a todos los mexicanos; la iniciativa ganó y tuvo el consenso general de ampliar ese derecho a todo individuo y no sólo a los mexicanos. Ese cambio otorga a todo ser humano el derecho a recibir educación y aclara la intención de promover en nuestro medio un derecho universal.
Entre nuestras razones más importantes para aprobar esa primera parte del artículo 3o., está la siguiente: El derecho a la educación es un reclamo fundamental de solidaridad.
El ser humano sólo se desarrolla como persona si recibe enseñanzas y apoyos diversos de la sociedad, con lo que otros grupos e instituciones sociales le transmiten; el ser humano se hace persona cuando obtiene una serie de criterios, principios morales e informaciones. Las informaciones vitales son aquellas que lo adaptan a la vida y le dan medios para realizar sus potencialidades; son elementos culturales que permiten sostener, reproducir y desarrollar la vida humana en sociedad y las facultades del ser humano en lo individual. Comunicarse con los otros; imitar conductas y patrones que se transmiten de generación en generación, así como valorar a otras personas y las diversas circunstancias de nuestra especie en ámbitos distintos.
Los principios morales, si bien parten de disposiciones innatas en el individuo, este las refuerza
y las identifica con normas a través de la educación, en su acepción más amplia, que no se circunscribe a la escolarizada.
La solidaridad es un principio fundamental para el desarrollo del ser humano, es un acto social por excelencia y no una acción de apoyo complementario, como algunos lo ven, que aporta lo que la justicia no puede conseguir.
La solidaridad no es un conjunto de paliativos, sino una acción que contribuye a la constitución del propio ser humano y de la sociedad en cuanto medio natural en el que el ser humano vive y realiza su potencial.
La solidaridad nace de una obligación profunda que nos debemos los seres humanos; a través de ella reconocemos que todos tenemos una dignidad eminente y un destino espiritual y material que debemos cumplir. Para lograrlo, el ser humano requiere del sostén que nos dan los semejantes, a través de distintas comunidades e instituciones, como son la familia y la escuela, en primer término, pero también otras del estado, que es la organización política de la sociedad para la búsqueda del bienestar de todos sus integrantes.
La educación que se imparte en la escuela debe ser una prolongación de la que el ser humano recibe en familia.
El derecho de los padres, que también se apunta en la Declaración de Derechos Universales del Hombre, en el punto tercero del mismo artículo 26, no es una afirmación caprichosa. La primera instancia educativa es la familia, entre la familia y la escuela debe establecerse una línea de congruencia y de colaboración.
Dice Jean Piaget, que antes de los tres o cuatro años o de los seis o siete años, según los países, es la familia y no la escuela la que juega el papel educador; en esa etapa exclusivamente la familia.
Sigue diciendo Piaget, se puede responder quizá que incluso admitiendo ese papel constructivo en las interacciones sociales iniciales, el derecho a la educación concierne ante todo al niño ya formado en el medio familiar y apto para recibir una enseñanza escolar.
Por lo anterior, es indispensable que se tome en cuenta la opinión de los padres de familia.
En la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, suscrita por México, se dice: "Los padres tienen por prioridad, el derecho de escoger el tipo de educación que sus hijos deben recibir". Este es el inciso III.
Todavía hay grandes resistencias para aceptar este derecho de los padres, que Acción Nacional ha venido promoviendo en sus distintas iniciativas. En el fondo de esa resistencia está la idea de algunos de que el Estado es quien tiene el derecho preeminente, lo cual resulta inadmisible para nuestro grupo parlamentario.
Seguiremos en ese punto dando la batalla, como ya se anunció, que se prolongará a la ley secundaria. Nosotros interpretamos que el primer sector social involucrado en la educación es precisamente el de los padres de familia, a quienes corresponde el derecho preeminente de escoger el tipo de educación que ha de darse a sus hijos.
En la segunda coincidencia que tenemos con la iniciativa del Ejecutivo y con el dictamen, está la cancelación del régimen de excepción que por tantos años ha prevalecido en nuestro país, en materia de educación.
En la disposición constitucional se establecía que no procedía juicio o recurso alguno contra las resoluciones que negaban o revocaban las autorizaciones para impartir enseñanza primaria, secundaria y normal.
La motivación principal del Ejecutivo en la iniciativa de esa modificación, según nos aclaró el secretario Zedillo en su comparecencia, es el respeto a una garantía individual en un artículo que se encuentra entre los primeros del capítulo, que es precisamente de garantías individuales.
Para Acción Nacional esa es una razón importante, pero hay otra que no lo es menos: Para que la sociedad participe más ampliamente en la tarea educativa, cuestión fundamental para salir adelante como seres humanos y para el desarrollo del país, se requieren garantías y estímulos, abrir puertas y ofrecer seguridad jurídica a todo aquel grupo social que emprenda con responsabilidad esa tarea.
Con este cambio se da un paso para que la garantía y en alguna forma también se cumpla algo que puede ser un estímulo. Sin embargo, los estímulos son todavía insuficientes y el texto del cambio constitucional que se propone no asegura que serán más.
Y ellos deben ampliarse y deben diversificarse, sobre todo en las leyes secundarias.
Tercera. Se trata de una coincidencia implícita entre las iniciativas de nuestro grupo
parlamentario y la del Ejecutivo, y es el establecimiento de la pluralidad educativa. Esta se traduce en la necesidad de establecer un sistema de consultas, para tomar en cuenta a los padres de familia, a los gobiernos de las entidades federativas, a los maestros, a los investigadores educativos, antes de establecer los contenidos de los planes y programas de estudio.
Hemos llegado al final de los planteamientos monopólicos en diversos campos: en el político, en el económico, en el cultural y específicamente en el educativo.
Si la sociedad no tiene canales para participar, si sus grupos dinámicos no tienen modo de aportar creativamente iniciativas y proyectos educativos y todo sigue surgiendo de una sola fuente estatal, corremos el riesgo de no superar los lastres burocráticos y los esquemas escleróticos en los que se ha venido estacionando nuestro sistema educativo.
La educación debe ser nacional y garantizarse que los educandos tengan contenidos generales, lo que no obsta para dejar abierta la puerta a los contenidos regionales y aun que se abran las puertas para aceptar diversas estrategias educativas, que cubran los contenidos educativos de manera distinta.
Eso sería atender a un auténtico federalismo y no sólo a uno que se enuncia para luego irse angostando y restringiendo en la práctica.
Un tema nos es especialmente importante y es el de los medios masivos de comunicación. Nuestra última iniciativa para modificar el artículo 3o. de la Constitución señalaba en su exposición de motivos que los medios masivos de comunicación debían tener una responsabilidad en la tarea educativa.
Es muy poderosa su influencia para dejarlos al margen de la acción educativa. Es indispensable plantear una obligación a su cargo para participar complementariamente en la tarea educativa en varios sentidos, el primero, no contraviniendo en muchos programas de los medios, los contenidos de la educación básica; el segundo, colaborando para apuntalar el trabajo educativo, difundiendo conocimientos, informaciones y criterios; el tercero, para que se entreguen tiempos y espacios en los medios a fin de que en ellos se desarrollen temas y programas educativos.
Estas posibilidades se marcarán claramente en las leyes secundarias, pero es importante que la responsabilidad se fije en el texto constitucional, para que los medios coadyuven en esta tarea fundamental que es la educación.
En cuanto a la educación superior, de conformidad con lo que establece nuestra iniciativa, es indispensable referir algunos criterios sobre la educación superior. En primer término, es necesario que se entienda que el régimen de autonomía debe atenerse al marco normativo del país y no usar la autonomía como cobertura para encubrir en las instituciones autónomas actos irresponsables, entrega velada de recursos a grupos de presión, de interés, gremiales o a partidos políticos.
La concepción de la autonomía que saca a las instituciones de educación superior de nuestro marco normativo general, ha hecho que muchas conductas ilícitas queden impunes y que esto se haga en nombre de la autonomía universitaria.
Por otra parte sostenemos que la autonomía en cuanto a régimen interno debe ser una condición del trabajo académico en todas las instituciones de educación superior independientemente de que sean públicas o privadas.
La libertad de cátedra y de investigación, la libre determinación de planes y programas, así como de proyectos de investigación científica y divulgación, deben moverse planteando sus propias normas, tiempos y formas de trabajo.
La búsqueda de la verdad, la obtención de soluciones a los problemas nacionales y regionales, debe dejar a estas instituciones en condiciones de desarrollar autónomamente su trabajo, sin tener que atender prioritariamente intereses de grupos, partidos o aun sectores gubernamentales.
Por otra parte, para hacer que esta autonomía sea real, deben hacerse esfuerzos especiales del Estado y de la sociedad, para que las instituciones de educación superior tengan patrimonios propios que les permitan desarrollar adecuadamente su trabajo y ser verdaderamente autónomas. Esto no quiere decir que las instituciones de educación superior no acepten desarrollar proyectos de investigación o formación de cuadros científicos, profesionales, humanísticos, tecnológicos, que sirvan específicamente a algunos sectores de la sociedad y a los gobiernos en todos sus niveles. Pero debe propiciarse que tales instituciones tengan patrimonios que les den base y garantía para emprender trabajos de ciencia básica de promoción humanística y de desenvolvimiento estético, que no siempre obtendría con financiamientos públicos o privados naturalmente restringidos.
Es inaceptable que la mayor parte de las instituciones de educación superior, sobre todo las públicas, estén sometidas, año con año, a una negociación detallada de su presupuesto, con lo cual se invalida muchas veces en la práctica esa autonomía que tanto se presume.
En relación con el artículo 31 es indispensable que se establezca la obligación de los padres de familia como lo hace la iniciativa, pero también lo hubiera sido que se reconociera plenamente y sin ambajes el derecho que esos padres tienen.
No podemos dejar de apuntar que lo que señala el artículo 31 es algo que los juristas llaman norma imperfecta; que no entraña ninguna sanción, a menos que se establezcan estas sanciones en la Ley reglamentaria. Pero reconocemos su valor programático, las normas constitucionales aunque imperfectas, tienen capacidad para inducir la obtención de metas socialmente deseables.
Ciudadanos diputados: las reformas que hoy se presentan al constituyente permanente, junto con las hechas el año pasado al artículo 3o., ofrecen posibilidades mucho más amplias para promover con vigor y apertura de horizonte, la tarea educativa en nuestro país. Estas reformas ofrecen garantías y precisan más las obligaciones del Estado y de la sociedad en el campo educativo. Ahora tiene que hacerse un esfuerzo especial para mejorar la calidad educativa y cumplir el compromiso que entraña para todos, la secundaria obligatoria. Extender en la norma el número de años de la educación para todos los seres humanos que habitan en nuestro país, podría caer en el voluntarismo, si ese esfuerzo adicional no se hace en el orden práctico.
Todos coincidimos en que es necesario reforzar los presupuestos que se dedican a educación. Pero además, tienen que crearse estímulos especiales para que los individuos y las empresas aporten mucho más recursos a la educación, en sus diversas modalidades. Debe avanzarse sustancialmente en la desburocratización de la administración educativa, en la superación de esquemas estatolártricos. Debe en fin, fomentarse una mística educativa en todos los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cesáreo Morales García: - Con su venia señor Presidente, señoras y señores diputados:
A esta tribuna se ha traído el tema del derecho a la educación. Y se ha presentado la pregunta acerca de quién es el titular de ese derecho. Está bien que al Partido Popular Socialista se le atribuya la titularidad principal de tal derecho en la entidad estatal; está bien asimismo, que el Partido Popular Socialista venga y defienda ese punto de vista; es un punto de vista histórico, que sin duda los priístas y cualquiera que tenga una idea y una visión de la forma en que se han desarrollado en la historia los paradigmas políticos y sociales, lo entenderá también. Pero está mal que planteada la cuestión del derecho a la educación, se quiera hacer del Partido Revolucionario Institucional también, un defensor de la función de ese derecho, de manera prioritaria al Estado.
El Partido Revolucionario Institucional defiende un artículo 3o, que consagra de manera prioritaria, el derecho del individuo a la educación. A este derecho corresponde la obligación del Estado. Obligación que conlleva ciertamente el derecho de regular y de ordenar la labor educativa.
Este es el artículo 3o. que defiende el Partido Revolucionario Institucional; este es el Estado que siempre ha defendido el Partido Revolucionario Institucional.
Ese artículo 3o. en la Constitución del 17, precisamente como una propuesta de Francisco Mújica, aprobó, recuerden ustedes, señores diputados, el siguiente texto:
"La enseñanza es libre; pero será laica la que se da en los establecimientos oficiales de educación..."
Les evito la cita del resto del artículo; porque precisamente también aquí vengo a defender una concepción de la enseñanza laica que nada tiene que ver con lo que aquí se afirmó, sino que efectivamente, es condición del respeto a la pluralidad, es condición del respeto a la libertad de creencia y de la libertad de pensamiento y es condición también de la función pública como el ejercicio de una enseñanza fincada en el conocimiento moderno.
En 1934, en efecto, y estamos en el contexto de una larga historia, el artículo 3o. consignó la expresión de que la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud, un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. En efecto, se reformó ese artículo posteriormente y en la propia exposición de motivos de la reforma
promovida por el entonces secretario de Educación, Torres Bodet, quedó establecida la utopía racionalista del propósito que se pretendía lograr. Eran los tiempos de un racionalismo, así fuese del racionalismo socialista, que sin embargo en su tiempo tuvo buenas razones y tuvo buenos diplomas y méritos.
Esto es concepto de laicidad que defiende el Partido Revolucionario Institucional, laicidad consagrada por el artículo 3o.
No ignoramos tampoco, los priístas, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en su artículo 26 inciso 3, en donde dice:
"Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos."
No la ignoramos y estamos convencidos de que el artículo 3o. la respeta; ampliaré después mi argumento.
No ignoramos tampoco el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor en 1976 y fue ratificado por México en 1981. En su artículo 13 inciso 3 se consagra:
"Los estados partes en el presente pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos, escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o aprueben en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos, reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."
De este se infiere, pues, que el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, radica en la posibilidad de contar con una opción alternativa a la educación oficial, y que en ellas se pueda impartir educación alternativa a la educación oficial y que en ellas se pueda impartir educación religiosa. Consideramos que ese derecho está plenamente defendido y plenamente a salvo por el texto del artículo 3o. constitucional. ¡Contra ninguno de estos aspectos va este artículo!
En cuanto a la existencia de escuelas particulares, se encuentra prevista y regulada en la fracción V y VI del nuevo artículo que se propone en la reforma. En cuanto a la posibilidad de impartir educación religiosa en estas escuelas, es de hacer notar que de acuerdo al inciso a, de la fracción V, a las escuelas particulares no se les aplica la fracción I, que establece la educación laica para la educación pública.
De modo que es evidente, es evidente que el artículo 3o. en su historia, que hoy culmina en las reformas que están a debate y a consideración, el artículo 3o. no establece un modelo de formación de almas, no consagra unos valores espirituales sobre otros, ni habla de salvación o trascendencia. No reclama transferencias de responsabilidades. No disputa sobre el destino del hombre. Se equivocan los que esto afirman.
El Estado, a través del artículo 3o., no arranca libertades a nadie. Por eso nadie, ni siquiera un partido, o menos él, ha arrancado nada al Estado.
Las discrepancias con la mayoría de algunos, no están en una diferencia por lo que toca a la concepción de la persona.
El Partido Revolucionario Institucional ha tenido humanistas ilustres. El Partido Revolucionario Institucional tiene en el Gobierno defensores de la persona humana. No hay discrepancias en cuanto al concepto del hombre.
Y es posible, asómbrense señores diputados, que en realidad la única discrepancia en cuanto a lo que aquí se dijo, sea de sensibilidad y de tiempo. Por que lo que siento es que en el fondo este debate acerca de la libertad de educación, de la libertad de enseñanza, descansa sobre un mal entendido.
Las preguntas radicales, últimas y definitivas las hace el hombre con toda libertad. Se las propone a sí mismo el mexicano. En efecto: ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el fin de mí existencia temporal?
En efecto, pero precisamente la educación laica, como condición de la pluralidad, como promoción de la pluralidad, permite que cada individuo, asumiendo su libertad más radical, dé la repuesta que satisfaga a su conciencia.
Otro camino sería autoritario. Otro camino sería el del integralismo y el del fundamentalismo que impondría a todos los hombres la misma respuesta.
¿Quién ha negado a un mexicano la libertad para hacerse esas preguntas? Por eso la cuestión de la libertad plena va por otros caminos. Por eso los avances en cuanto a su logro requieren otros instrumentos y sin duda, quizá, otros debates.
Aclaremos entonces, distingamos y separemos, según el buen método analítico, así se disiparán afirmaciones y pensamientos misceláneos, heteróclitos y, por tanto, confusos.
Se habla de libertad de educación y se pretende insertar este concepto en un paradigma naturalista por demás añejo. Nos quieren proponer, algunos, al utilizarlo, al manejar esta categoría este concepto, un paisaje rousseauniano que no corresponde a la sociedad actual, a la sociedad moderna; un paisaje rousseauniano de un jefe de familia en el idílico campo debajo de su árbol, como decía Rousseau, que al amanecer recoge los frutos del mismo, que nadie le disputa y los reparte entre sus hijos y que a las ocho de la mañana, puntualmente, enseña a sus hijos a leer y escribir, les inculca sus valores y les inculca su religión. Rousseaunianismo que luego simplemente se traduce en otro paradigma naturalista y aristocrático del preceptor privado. Una seudointerpretación de la libertad de educación lleva los ribetes elitistas del preceptorado de los tiempos de la aristocracia.
Hay una confusión. Hay una confusión que precisamente alguien, que sin duda se afirma como representante y como inspirado en el pensamiento tomista más clásico, debería saber sin embargo porque ya el mismo Tomás de Aquino habló de la educación como una función social. Confusión, pues, entre dos categorías: la educación como impartición de valores, de valores diferenciados, de creencias de religión, la educación en este sentido y la educación de contenido técnico: la lectura, la escritura, las matemáticas y ciertos elementos también de la cultura; dos conceptos, dos acepciones de educación. Estas dos acepciones permanecieron indiferenciadas prácticamente hasta la modernidad, pero en esta modernidad el derecho, en primer lugar y la realidad, en segundo, desagregaron y separaron de alguna manera, aunque sin establecer fronteras definitivas entre ellas, esas dos acepciones: la libertad de educación de los padres, que transmiten creencias, valores, religión, fe, tradición, y la educación, por otra parte, como una función pública, una función pública que integra precisamente el derecho del individuo a la educación y la obligación del Estado de impartirla.
Hay que decir que los estados nacionales se construyeron en buena medida sobre la base de la educación como función pública.
En México a partir de la independencia se da ese mismo proceso de diferenciación, nunca lineal, porque no hay historia que ordene sus pasos uno después de otro, con conflictos sin duda, diferenciación entre la libertad de los padres para educar a sus hijos, transmitirles valores, educarlos en tal o cual religión y la educación como función pública, como derecho de todo individuo y como obligación del estado de impartirla: diferenciación que se corresponde precisamente con un tratamiento también diferente.
El artículo 3o. norma y regula la educación como función pública pero ese mismo artículo respeta la garantía individual de los padres que consiste en su derecho a inculcar a su hijos los valores que consideren convenientes y a darles la educación y a impartirles la religión que ellos también consideren adecuados. Son plenamente compatibles el artículo 3o. y la libertad de la educación de los padres así entendida, el artículo 3o. es una positividad normativa y establece las características de la educación que ya conocemos; la libertad de los padres, por su lado, es una libertad como la ha llamado Isaías Berlín el gran filósofo liberal, una libertad negativa para el estado porque precisamente el Estado la reconoce y defiende pero no emite norma positiva respecto a ella.
Las citas de Hitler por eso fueron malvenidas, en esta situación de un marco constitucional del derecho a la educación de los mexicanos, del derecho a la educación de todo individuo y de la garantía individual preservada de los padres, el artículo 3o. es la norma de un estado pluralista en materia educativa. La educación laica en sus contenidos técnicos no se convierte entonces en arenas de disputas sobre religiones, la escuela pública por su carácter laico es asiento de la pluralidad y no del enfrentamiento a causa de las creencias; por su parte las escuelas particulares son autorizadas en cumplimiento de la función pública educativa a impartir la educación, educación considerada precisamente como un bien público en sus dimensiones económica, social y humana, escuelas que precisamente también pueden impartir enseñanza religiosa si así lo desean, una política educativa pluralista consagrada por el artículo 3o.
Señoras y señores diputados: esta reforma que hoy se pone a nuestra consideración se sitúa en el horizonte del espíritu que aquí a grandes rasgos he descrito, la ampliación de la obligatoriedad a la secundaria, la conceptualización explícita de todo individuo al derecho a la educación, el reconocimiento del derecho pleno a los que la imparten en su carácter privado, son en efecto, piezas normativas que fortalecerán la educación pública en México como eje fundamental de la construcción del país en los próximos años.
Sin duda, la verdad en cualquiera de sus campos, la verdad del conocimiento, la verdad de los principios, la verdad de la moral tal como la imparten los padres a sus hijos, la verdad de la religión en la pluralidad de las creencias, la verdad ciertamente os hará libres, pero también la educación con su contenido técnico, la educación cada vez más eficiente en la transmisión de los resultados científicos y de los avances tecnológicos.
Esta educación es también fuente de libertades, porque permite el desarrollo de las capacidades de cada individuo. Desarrollo de las capacidades, desarrollo de la libertad, es aquí en donde convergen educación técnica, educación como función pública por un lado y educación como transmisión de valores, de cultura, de creencias y de religión.
No hay una frontera drástica dice, entre ellas y precisamente en su armonía, en su comunicación, en el ámbito de sus respectivas competencias y consecuencias. Esa cultura que surge del conocimiento, esa cultura que surge también de sus fuentes morales y religiosas es sin duda la fuente de las libertades del individuo; libertades para tomar responsabilidades, responsabilidades con respecto a sí mismo; responsabilidades para insertarse en la comunidad, para insertarse en la sociedad, para cumplir con las tareas que le marca el destino de la comunidad y de la nación.
Eso es lo que deseamos que se abra como nuevas posibilidades con esta reforma del artículo 3o. y del artículo 31 de nuestra constitución. La libertad siempre garantizada.
Las libertades en el desarrollo de las capacidades, sin duda son la mejor defensa y son el mejor aliento para las tareas que todos tenemos que realizar ahora y en el futuro próximo de México y de la Patria. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia señor Presidente, ciudadanos diputados:
Creo que el orador que me antecedió, mi amigo don Cesáreo Morales, ha entrado a la discusión de fondo y trataré de no tomar, más de 5 minutos para puntualizar algunas cuestiones fundamentales.
Se nos atribuye, y por eso refiero a las alusiones personales, que hemos pintado un paisaje rousseauniano, superado. Este es un argumento que entraña un sofisma, no todo la que tiene tiempo está superado por el simple paso del tiempo en primer lugar, hay verdades que algunos pensamos son eternas y otras que tienen una larga duración y una larga influencia en la historia de la especie humana.
No nos inspiramos por cierto en Rousseau, tenemos una inspiración humanística que es muy anterior a Rousseau y que ha sido confirmada por la Declaración de Derechos Universales del Hombre que data de los años cuarenta y que ha sido ratificada en los cincuenta, en los sesenta, y recientemente en los ochenta, en diversas formas por los organismos internacionales. Es un derecho que no está superado.
El artículo 3o, segundo punto, no respeta como lo ha probado en un largo trabajo el doctor Latapí, un investigador fundamental de la educación en México, no respeta esta... el artículo 3o. no respeta la declaración de derechos del hombre. Si no fuera así, no se explicaría que el Gobierno mexicano hubiera planteado salvedades para no cumplir algunos de los puntos que en esa declaración se establecen y que el artículo 3o. no acepta.
En tercer lugar y tal vez como punto central, lo que ha señalado nuestro amigo Cesáreo Morales, es la postulación de una separación entre lo que ocurre en la familia y lo que ocurre en la esfera de la escuela pública, distinguiendo las responsabilidades y el condicionamiento distinto en cada una.
Este es un punto central de la discusión. Nosotros proponemos congruencia entre lo que ocurre en la familia y lo que ocurre en la escuela. No por individualidades porque sería atomizar al infinito esta cuestión, pero sí especificándose opciones por las que puedan los padres de familia tener distintas alternativas.
La separación de lo que sería la enseñanza en la familia, que Cesáreo nos refería como la enseñanza de la fe, de la religión y de las tradiciones, para luego tener una enseñanza que contradice, que rompe con lo que en la familia se estableció, es precisamente uno de los problemas centrales que se han resuelto en naciones modernas y se aplican hoy soluciones para resolverlas en Bélgica, en Canadá y en otros estados, y no solo son paisajes rosseaunianos, son opciones de educación que se han montado en estos países.
Si no se establece una suerte de esquizofrenia porque al educando en la familia se le dice una cosa y otra cosa se le apunta en la escuela, este es el problema de incongruencia que pretendemos resolver.
No es un asunto de asignaturas, señores, no seamos ingenuos, no seamos tan parciales, no se trata de enseñar doctrina cristiana, budista o judaica en una escuela por lo que estamos peleando, se trata de algo más complejo que es la organización de un sistema educativo que se inspira en todas sus partes en principios fundamentales que pueden diferir de otros principios. Y por eso los padres de familia podrían escoger entre estas opciones, como pueden escoger también en algunos otros países, en textos que el estado promueve financiándolos en alguna parte o totalmente y vigilando que se cumplan los contenidos educativos, pero se pueden plantear sistemas educativos con inspiraciones distintas para que los creyentes en una religión o en unos principios fundamentales, sin contravenir los contenidos educativos, puedan montar esas opciones y estas incluso se traduzcan en distintos tipos de texto.
Esto llega a ocurrir hasta en textos que no tienen la ideologización de los textos de historia o de ciencias sociales, ocurre hasta en los textos de matemáticas, señores diputados, en donde las estrategias educativas, concluyo, señor Presidente, pueden ser distintas y despiertan la creatividad, porque la enseñanza de las matemáticas puede darse a través de ejercicios distintos, pensados en una forma más ágil, se establece una competencia y una posibilidad, una pluralidad.
Esto es lo que estamos defendiendo en el fondo, no estamos defendiendo enseñar doctrinas católicas, budistas o de otras religiones en la escuela pública, estamos defendiendo la libertad para establecer opciones serias que los padres de familia tengan para mandar a sus hijos a la escuela, en congruencia con lo que se les enseña en su casa. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, por cinco minutos tiene uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente, Compañeros diputados:
De acuerdo a la intervención del señor diputado del Partido Revolucionario Institucional, que esperábamos nosotros con interés esa intervención para ver qué respuesta nos daba a las interrogantes que formulamos, no nos da la respuesta concreta a las interrogantes, pero nos da la razón respecto del señalamiento que hicimos, de que la importancia no estaba en adicionar la obligatoriedad de la secundaria en esta reforma, sino en el retraimiento que hace el Estado de su presencia en la educación, cediéndole espacios y cediéndole más prerrogativas a los particulares y así ha quedado claro.
Cuando casi establece como dos pilares de la cultura con el mismo rango de positivos para los efectos de la educación pública y de la sociedad a la verdad religiosa y a la verdad científica. Esto es completamente inaceptable por lo falso.
Solamente la verdad científica es la que puede servirle al hombre para prepararse y para convivir dentro de la sociedad. Los efectos de la verdad religiosa, ya lo hemos señalado, tiene una fuente totalmente subjetiva y eso así lo enseña la antropología, la filosofía; la fuente de la religión es la subjetividad; la fuente del conocimiento científico es la realidad objetiva.
También es falso que la moral para ser moral efectiva tenga que tener una base religiosa. La filosofía ha demostrado como la ética social que ha señalado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, responde a las concepciones que se establecen en un momento determinado sobre la convivencia en la sociedad.
Por eso es totalmente inaceptable para nosotros, que la cultura tenga su base, tenga su fuerza en el aspecto moral. Para nosotros lo tiene en la ciencia.
Por otra parte, en su relación, en su exposición brillante en algunos aspectos, respecto al derecho a quién recibe educación y de quién va a otorgar esa educación, estableció ciertamente que es el individuo el que tiene derecho a recibir la educación; estamos de acuerdo. Y también señaló que es el Estado el que tiene el derecho, el que tiene la obligación de impartir esa educación. Estamos de acuerdo, y esa fue la argumentación que presentamos en la mañana, cuando resaltábamos que la educación es un servicio público, reconocido por primera vez en la Carta Magna, en la reforma extraordinaria de 1934 y por eso señalábamos que si es un servicio público y por lo tanto el Estado tiene la titularidad de este servicio, es absurdo que hoy, por un lado se desentienda de los niveles que están posteriores a la escuela básica, entre ellos la escuela normal y por eso lanzamos nuevamente la pregunta.
Si se reconoce que es una obligación del Estado, considerando a la educación como una función pública impartir la educación, ¿por qué no se establece en el artículo 3o. que tiene que impartir educación normal para poder preparar a los docentes, que pueden hacer efectivo el derecho a la educación en la primaria y secundaria y, por otra parte, no nada más en la
educación normal sino en los demás tipos y grados, entre ellos la educación superior?
Lo que hemos preguntado en estos aspectos, no se nos ha contestado y en cambio sí se ha visto claro que, como dijo el señor diputado, que hay un reconocimiento al derecho pleno a impartir educación en las escuelas privadas, pleno derecho. Exacto.
Pero estamos en México señor diputado y en México la escuela particular ha sido la escuela confesional. Los 300 años de la Colonia y otros más de la Época Independiente, han incidido de manera fuerte en la conciencia, en el interés del clero político por mantener la conciencia mediante una educación religiosa.
Cuando se habla en México de las escuelas particulares, sería una utopía pensar que la mayoría de estas van a cumplir con el párrafo segundo hoy y la fracción II que establece que la educación se basará en el progreso de la ciencia y los demás aspectos, entre ellos la educación laica.
Estamos en México y las escuelas confesionales que, como dijo el representante de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la Unión Nacional de Escuelas Particulares, que ellos responden al ideal religioso, de una educación religiosa, no van a cumplir con el contenido filosófico del artículo 3o. y sabiendo que no van a cumplir con este contenido filosófico, ahora se les otorga este pleno derecho. En consecuencia, no es que el Partido Acción Nacional triunfe en un debate ideológico y gane lo que ha demandado respecto de las escuelas particulares. Lo que sucede es que el Estado concede, hace concesiones gratuitas, comparte los criterios que ha sustentado la derecha, y no los hace precisamente para llevar adelante la educación que establece el artículo 3o. en los principios filosóficos, sino realmente por una renuncia se ve que está haciendo a sustentar esos propios principios filosóficos.
Si me pasé de los cinco minutos, quiero recordar que como miembro de la Comisión tengo derecho a hablar hasta media hora y que hoy termino aquí mi intervención.
El Presidente: - Señor diputado, usted solicitó la palabra para hechos, por eso se venció su tiempo.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Exacto, pero puedo tener ese derecho y quise hacer estos señalamientos concretos.
Concluyo, la fracción del Partido Revolucionario Institucional no ha respondido a las preguntas concretas que formulamos en la mañana y en cambio con su argumentación está aceptando lo que señalamos que es un retraimiento del estado en favor de la escuela confesional.
El Presidente: - Para rectificar hechos, por cinco minutos, se concede la palabra al diputado Nicolás Olivos Cuéllar.
El diputado Nicolás Olivos Cuéllar: - Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
En la Comisión de Educación y en la sesión del viernes anterior de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, conocimos tanto la iniciativa presidencial de reformas constitucionales a los artículos 3o. y 31.
En la comparecencia del Secretario de Educación Pública, planteamos las formulaciones que a nivel personal y en nombre de un grupo de diputados independientes, pero sobre todo con la responsabilidad social de una dirigencia universitaria, consideramos pertinente formular.
El viernes, al conocer el proyecto de dictamen, no dudamos en ningún momento en considerar que este era un proyecto elogiable, plausible, no sólo por su contenido sino por el método para arribar a él, a partir de la integración de un grupo plural que recogiendo y examinando iniciativas de diversos partidos y diputados que en lo individual en el curso de los últimos años se propusieron formular mejorías a este artículo fundamental de nuestra Carta Magna, con gran sensibilidad llegaron a la conclusión de presentarnos este proyecto, con el cual como mi compañero Javier Centeno, diputado de nuestro grupo, lo ha expresado aquí, estamos plenamente de acuerdo.
Porque desde el viernes pasado consideramos que muchas cosas son deseables y otras cosas son posibles y hoy, al examinar confrontadamente el texto actual, vigente aún, la propuesta presidencial y el proyecto de dictamen de las comisiones que hoy se somete a la consideración de esta soberanía, creemos que hay sensibles avances.
No desdeñamos ni somos ajenos al debate ideológico- histórico que se ha pretendido establecer aquí, pero que fuera incluso un elemento de discusión y análisis en otros momentos, tal vez en este mismo foro y en otros más amplios y plurales,
como en el pasado conocimos discusiones de su tipo.
Pero hoy estamos persuadidos y votaremos en favor de este dictamen, a pesar de considerar sus omisiones de que es un dictamen y una reforma que habrá de hacer historia en nuestro país y particularmente que enaltecerá a esta LV Legislatura.
Sin echar las campanas a vuelo, pero declarando firmemente que no somos opositores por votación ni seguidistas por conveniencia, creemos que los elementos que conforman este dictamen se ajustan a una serie de aspiraciones de los actores del proceso educativo: maestros, estudiantes y trabajadores de todos los niveles de la educación pública.
Hubiéramos deseado que en el texto constitucional se incluyeran tres elementos: uno, el de la educación indígena que, reconociendo el carácter pluriétnico de nuestro país, privilegiaría, al igual que la educación básica, este elemento; el segundo, que en el texto constitucional quedara también establecida la obligación de los medios para concurrir en el esfuerzo educativo nacional y, el tercero, que se cuantificara ponderadamente respecto del producto interno bruto, el esfuerzo en materia presupuestal que el Estado mexicano y el Gobierno debieran realizar, en los términos de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.
Sin embargo, a pesar de estas ausencias creemos que este dictamen habrá de pasar a la historia del proceso legislativo de nuestro país.
Diferimos en mucho, y le digo a la Presidencia que voy a concluir, diferimos en mucho de algunas opiniones, pero no queremos enrumbar la discusión sobre cuestiones teóricas, sobre apreciaciones respecto de verdades científicas o dogmas religiosos ni nada que se le parezca.
Nos parece, compañeras y compañeros legisladores, y particularmente yo hago un fraternal llamado a mis compañeros de la fracción del Partido Popular Socialista, que sería altamente plausible, históricamente reconocido el que esta reforma constitucional sea aprobada por unanimidad de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Muchas gracias señor Presidente, Señoras y señores diputados:
La reforma que estamos discutiendo es compromiso con la historia del país y también con su futuro, tenemos entonces que analizar las perspectivas que se derivan de la modificación propuesta, entendiendo las lecciones de la historia de la educación nacional, valorando lo que es hoy la educación y por qué las diversas iniciativas de reformas al artículo 3o. reflejan la pluralidad y diversidad que existe en nuestro país.
En esta discusión hay temas que tocan fibras sensibles de diversos grupos sociales, uno de ellos es la gratitud, otro el papel de los medios de comunicación, sin duda el sistema formador de docentes, la educación indígena, la obligatoriedad como el elemento central de esta iniciativa y para hacerla realidad el financiamiento de la educación.
México a lo largo de su historia se forjó a través de múltiples confrontaciones, agresiones externas pero también puntos de concenso. De los consensos descartamos que los conquistadores en lo que fue la gestación de lo que hoy es nuestro país impulsaron la educación estrechamente vinculada con la evangelización. Pero no es raro recordar que en ello se refleja hoy, a quinientos años de distancia, una reedición de la experiencia del papel de la enseñanza religiosa.
Pero recordemos que aun la enseñanza religiosa no fue homogénea. Que entre los libros prohibidos de la Santa Inquisición y las enseñanzas de franciscanos o de religiosos de diversas órdenes, muchos de ellos valorados unánimemente, se encuentran diferencias de justicia, de proyecto ideológico, político, moral, espiritual y que aún la enseñanza religiosa es diversa y plural. Que las injusticias del virreinato y el papel que los independientes le dieron a la educación ha conformado de la educación pública en nuestro país una experiencia sin duda singular en América Latina.
Que la legislación educativa tiene una larga historia. Que hay múltiples ensayos que correspondieron a diversas teorías en diversas épocas del país, pero que intentaron siempre buscar respuestas a problemas que hoy discutimos.
Que desde Apatzingán o desde el Congreso Constituyente del 24 o desde la experiencia de Valentín Gómez Farías en 1833, se discutían los aspectos vinculados al papel que tenía que desempeñar la educación pública; que se hablaba de la justicia y la equidad; de los valores
morales; que se trataba de garantizar la instrucción; que ya se hablaba de instrucción libre y ya se hablaba de obligatoriedad; que no es ajeno este país a ese debate y que hoy a más de un siglo de distancia, tenemos que recordar aquellas experiencias; que la Constitución liberal de 1857 o la legislación impulsada por Juárez en los diversos mandatos, intentó buscar en el contexto histórico que todos conocemos, en la educación, respuestas a la integridad nacional, a la defensa de la soberanía, a la superación al desarrollo de una serie de elementos fundamentalmente democráticos; que la disputa de la separación Estado- Iglesia, llevó es cierto, a confrontaciones que se reflejaron en la legislación educativa; que el resultado de la confrontación política y militar, se plasmó en los textos derivados de las diversas iniciativas juaristas.
Pero que en lo esencial que el texto del Siglo XIX, en legislación educativa buscaba, son objetivos que hoy todavía no hemos logrado, aunque sin duda hay avances; que la obligatoriedad de la educación es una aspiración desde los tiempos de Justo Sierra; que aún en los peores momentos de la dictadura porfirista, las iniciativas presentadas por Justo Sierra, estaban destinadas a garantizar la educación obligatoria gratuita, elemental o primaria, aunque esta fuera todavía limitadamente, de 4 años; que incluso la iniciativa de Justo Sierra, fijaba plazos para lograr el objetivo de la obligatoriedad estatal de impartir y garantizar la universidad de la educación básica; que la Revolución Mexicana, transformó radicalmente este país y que el pacto social plasmado en el Congreso Constituyente de 1917, estableció el carácter laico de la educación pública, libre la enseñanza; que garantizó la gratitud de la educación elemental y que perfiló una concepción ciertamente radical de la educación pública.
Pero que muchos de estos preceptos del Constituyente de 1917, no son si no hasta el período de Alvaro Obregón o a la iniciativa de creación en el 21 de la Secretaría de la Educación Pública, que se empiezan a plasmar en realidades; que el enfrentamiento de La Cristiada, dejó saldos históricos y que tenemos que superar y entender; que efectivamente la reforma del 34, es resultado del desenlace de la cristiada; que no puede entenderse esta redacción del 34 con las confrontaciones que se dieron en nuestro país por motivos religiosos y políticos. Pero que no tuvo, ese es el problema; pero que también la reforma del 34, implicó una serie de propuestas, muchas de las cuales todavía no se han satisfecho; que por eso en la iniciativa del 45 y dictaminada en el 46, se logró incorporar en el espíritu del artículo 3o. que la educación que imparte el Estado fomentará el amor a la patria, la defensa de la integridad nacional, definió un concepto de democracia no sólo como una forma de vida o de Gobierno, sino como una aspiración a mejorar permanentemente los niveles de vida de los mexicanos y que en la reforma de 1946, se incorporó que toda la educación que imparta el Estado, sería gratuita y se hicieron señalamientos sin embargo, que todavía no se han cumplido; que la historia educativa de México si bien hay rezagos lacerantes, también hay logros muy importantes; que si bien ha habido improvisación, desaciertos, descontinuidades, corrupción, incluso retrocesos, la proeza educativa que este país ha hecho y del cual el Gobierno sólo forma una parte, de proeza educativa de este país, debemos valorarla en sus términos.
Debemos recordar por ejemplo que hace apenas 40 años la mitad de la población de nuestro país era analfabeta, que el número de escuelas y el acceso al sistema educativo era estrictamente limitado, pero que la educación impartida por el Estado tuvo un crecimiento significativo y ello es una conquista de la sociedad, pero que sin embargo en el nivel básico, la educación hoy padece uno de sus peores momentos.
Sabemos, por ejemplo, que en el nivel de la educación básica hay, en principio, seis millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, sin contar el analfabetismo funcional. Que en Guerrero, en Chiapas, en Hidalgo y en Oaxaca, los niveles de analfabetismo son superiores al 20% y en Chiapas ese nivel, según los datos del censo, es del 30%. Que estamos hablando del mismo país y que entonces tenemos en nuestro país, en un mismo sistema educativo, tres formas de asistir a la escuela: los pobres a las escuelas más pobres, públicas; los que tiene la fortuna de garantizarse educación particular, pueden acceder a ella, no siempre con la calidad deseada pero sin duda mejor que aquellas escuelas que no tienen requerimientos para garantizar su servicio.
Pero que también la escuela pública ha venido sufriendo un deterioro considerable, que la matrícula en educación primaria en los cuatro últimos años es decreciente; que de mil niños que entran a la primaria, la mitad no la terminan, la abandonan o no la terminan en el plazo establecido; que no hay acceso de todos los que demandan ingreso a la educación secundaria; que los salarios de los profesores todavía no son lo que se requiere para garantizar su servicio profesional.
Qué hubiera sido si en la primavera de 1989, les pregunto a los diputados, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, y especialmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si en la primavera de 1989, cuando ustedes ofrecían de aumento salarial a los maestros que ganaban menos de 1.5 salarios mínimos, les ofrecían 8% de aumento. Eso les ofrecían; esa era la propuesta oficial, esa fue la propuesta oficial inicial del Gobierno y tuvo que caer el cacicazgo de más de, de casi 17 años de Jongitud Barrios, para que el salario se recuperara.
¿Qué hubiera sido si no se hubieran inundado las calles de cientos de miles de maestros provenientes de todo el país, demandando democracia y más salario?
¿Cuál hubiera sido la situación en estos momentos si los mecanismos de control del gremio magisterial no hubieran sufrido la crisis de legitimidad que vivimos hace apenas tres años?
Los salarios estarían, todavía, como los salarios de muchos trabajadores al servicio del Estado, en el nivel de 1.5 veces el salario mínimo.
Entonces tenemos que reflexionar seriamente que los objetivos que se proponen tienen que tener una respuesta concreta. ¿Cómo le vamos a hacer para garantizar educación secundaria obligatoria si el Presupuesto de Egresos de la Federación, si bien eleva en un 15% el presupuesto destinado a educación, en el caso de la educación secundaria no hay un incremento sustantivo para garantizar la cobertura?
Si tenemos en nuestro país una asimetría terrible con otros países desarrollados con los cuales vamos a establecer una relación comercial, pero no sólo con ellos, sino con algunos otros países de América Latina.
Veamos por ejemplo en número de estudiantes por profesor: En México en promedio estamos hablando de 33. Treinta y tres alumnos por profesor, en el nivel de educación primaria. Mucho mayor a los niveles manejados por Cuba, por Guyana, por Argentina y otros países latinoamericanos
¿Cómo podemos garantizar una mejor calidad de la educación si hay turnos, sobre todo matutinos, de maestros de secundaria que tienen casi 50 alumnos? Quien haya sido maestro y haya tenido la responsabilidad de educar a 50 niños o adolescentes al mismo tiempo, se dará cuenta lo difícil que es garantizar calidad educativa con grupos tan numerosos.
¿Si por ejemplo el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación en el caso de México todavía no llega a los niveles históricos alcanzados en 1982? Y encontramos por ejemplo que Guyana, que no puede decirse que sea un país superdesarrollado, destina el 10.1%; ¿que Libia destina el 7.5%; Canadá el 7.4%; Cuba, con todo y sus crisis y sus dificultades por los bloqueos, el 6.3%.
Que México es de los países que todavía tienen una tasa de analfabetismo superior al 10%, tiene el 12.4%, que incluso hay un retroceso significativo en ello.
Por ello, nos congratulamos de la iniciativa. Nos parece que es fundamental avanzar en la universalización de la educación básica, en establecer la obligatoriedad de la educación secundaria. Pero no queremos que la reforma sea letra muerta.
¿Que es del salario remunerador establecido en la Carta Magna? ¿Qué es del derecho de información? ¿Qué es del derecho a la vivienda? ¡Qué es del derecho a la salud? ¿Qué va a ser del derecho a la educación primaria y secundaria obligatoria, si no tomamos las medidas para que esta sea una realidad y no solamente una declaración de buenos deseos?
¡Cómo le vamos a hacer, los de la oposición y los del Gobierno, para lograr que en un plazo determinado la educación sufra una transformación radical?
El problema es difícil. No estamos proponiendo el regreso a esquemas del pasado ya superado. Queremos arribar al Siglo XXI con nuestro país modernizado y con nuestra educación modernizada. Pero para eso se requiere ir tomando medidas en lo concreto.
Se tiene que eliminar el examen de admisión en la secundaria, si esta es obligatoria; se tiene que universalizar la educación secundaria. ¿Cuántas escuelas secundarias se van a construir en los próximos años? ¿Cuántos nuevos maestros? ¿Cuántas nuevas escuelas normales? ¿Cómo reformar el sistema de educación normal?
En concreto, diputados del Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo vamos a combatir el analfabetismo y en qué plazo podemos llegar a los niveles recomendados para los países en los cuales se considera que prácticamente se ha abatido de entre el 3% y el 5%?, en qué plazo?
Jaime Torres Bodet propuso en los tiempos de López Mateos el plan de once años; se suponía que en once años en México debería abatirse el analfabetismo. Ahora, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿en qué plazo? ¿Cómo vamos a lograr que los niños que no van a la primaria vayan?, ¿cuál es el apoyo asistencial? ¿cuál es la política para que todos esos 2 millones 600 mil niños de entre 6 y 14 años que no van a ninguna escuela, vayan?, ¿cuál es la propuesta en concreto?
Está bien elevar el presupuesto, pero cuál es el programa para decir: En este año vamos a reintegrar a las escuelas a tales niños. Y ¿Cómo vamos a lograr que los adultos que no tienen educación postprimaria la tengan?, ¿cómo vamos a elevar el nivel promedio de escolaridad?.
Nosotros tenemos muchas propuestas, pero no siempre se escuchan, aunque tengamos razón.
Estoy de acuerdo en que el papel de la familia es fundamental, pero hay niños que no tienen familia, hay niños de la calle, esos que vemos diario, y no para hacer demagogía; ¿cuál es el programa para atender a eso niños?, ¿cuál es la política del Estado que dice que no es neoliberal para garantizar que esos niños tengan aunque sea un elemento para garantizarse un destino mejor?.
Queremos que no se de a letra muerta, que no nos reclamen que legislamos para incumplir lo que se legisla; que no nos digan que venimos a levantar la mano y a aprobar una iniciativa, pero que en concreto no aprobamos presupuestos y determinaciones para lograr que ese objetivo, como un proceso se vaya logrando.
Y no vamos a caer en decir que todo está mal, por eso estamos de acuerdo en votar por la iniciativa, pero tenemos que decir que el impacto de la reforma, incluso, puede ser negativa si no se corrigen a tiempo algunos elementos, por ejemplo, en el sector laboral. Ahora que la secundaria va a estar establecida en obligatoriedad en la Carta Magna, puede ser requisito en algunos empleos y con salarios deteriorados. Por eso, es que también en la legislación reglamentaria se tienen que apoyar en concreto estas reformas.
El nivel de obsolencia de la Ley Federal de Educación es altísimo. La mayor parte de sus artículos han quedado en desuso por la reforma de 1991, por esta que seguramente se va a aprobar y por el texto del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica.
Voy a entregar a la Secretaría y solicito a la Presidencia que muchos razonamientos que por razones de tiempo no puedo continuar diciendo, sean incluidos en el Diario de los Debates en el texto que voy a entrar y en ese texto viene ya, por nuestra parte, lo que consideramos que son los artículos de la ley reglamentaria que están en desuso y cómo pensamos, en lo general, preliminarmente deben readecuarse.
Que no se nos diga entonces que el Partido de la Revolución Democrática, que el neocardenismo en oposición por sistema, porque hemos demostrado que tenemos propuestas alternativas y que muchas de ellas tienen razón y pueden aplicarse, tienen factibilidad. Y en ello está el asunto de los medios de comunicación.
Yo creo que las familias tienen derecho a educar a sus hijos, pero también creo en la educación laica. Me parece que la libertad de conciencia precisamente se preserva en la educación laica, que no es ni antirreligiosa y que no carece de moral; que la enseñanza religiosa, para quien la quiera tener, en todo caso es opcional, nunca obligatoria; que tenemos que respetar el derecho de los creyentes, pero también de los no creyentes o de los que profesan diferente fe; que no tenemos nosotros por qué olvidar que si bien la escuela es fundamental en la época actual, los medios de comunicación a veces hoy ejercen una influencia superior a la escuela desgraciadamente y que por eso en el tiempo de la modernidad requerimos tratar de que los medios de comunicación coadyuven a los logros y a los fines educativos; que nosotros necesitamos que los medios de comunicación reflejen la pluralidad que existe en nuestro país, que esa tecnología maravillosa se ponga al servicio de los que no tuvieron oportunidades educativas, al servicio de la educación para adultos de la Telesecundaria, de los sistemas de educación abierta, de la educación para los indígenas, que se ponga al servicio de la televisión educativa, que no sea entendida como un mero mecanismo de control, de sometimiento y de lucro, que el espacio aéreo y los medios de comunicación forman parte del patrimonio nacional, que no tienen por qué estar casi monopolizados y ejercidos y controlados autoritariamente, que necesitamos entender que la influencia que los medios ejercen hoy en los niños es perniciosa porque no sólo es contraria al objetivo del artículo 3o. sino que distorsiona la integridad y la unidad nacional de los mexicanos, que no podemos despreciando el poder que estos medios ejercen y que necesitamos que el melodrama, que la violencia, que la corrupción de valores que nos dieron identidad, que la mentira, que la insidia, que la calumnia que estos medios
permanentemente transmiten, sean sustituídos por los valores en los que todos decimos coincidir, que no podemos seguir soportando la actitud prepotente de quienes se creen dueños de una prerrogativa que es de la nación.
No estamos en contra de que los particulares posean medios de comunicación, pero el interés público, el interés de la nación tiene que estar por encima de esos intereses particulares, por mucho dinero que puedan tener, y que la educación es un interés público, que es una primera prioridad, que no podemos despreciar la importancia que tiene, que muchos recursos humanos y materiales que hoy el sistema educativo destina para abatir rezagos podrían abatirse rápidamente, podrían tener logros muy importantes rápidamente si los medios de educación tuvieran el compromiso de fortalecernos como nación a través del mejoramiento de nuestro sistema educativo.
En el Partido de la Revolución Democrática hemos valorado suficientemente la apertura y la disposición al acuerdo para dictaminar siete Iniciativas de Ley de este artículo incluida la del Titular del Ejecutivo y encontrar puntos de consenso. Los puntos de consenso no anulan las diferencias que todavía existen y que seguramente seguirán existiendo unas viejas diferencias, otras nuevas que seguramente surgirán en el devenir de la historia, pero que tenemos que garantizar puntos básicos de consenso, que las reformas del artículo 3o. en general puedan servir para eso siempre y cuando en la práctica podamos encontrar correspondencia entre los que se dice y lo que se hace.
Finalmente, compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática quiere dejar constancia de que en la historia del país en el presente persiste al interior del Estado, una orientación que en diversos momentos ha tenido la intención de anular conquistas básicas.
Que por eso valoramos que se hayan eliminado esas cuatro palabras de "a quien lo solicite", valoramos que el Secretario de Educación haya dicho que la gratitud de la educación no sería eliminada y que estaba claramente establecido en la Constitución y que no estaba a discusión.
Valoramos también que la legislación ahora elimine regímenes de excepción, que compartimos la necesidad de garantizar democracia, pero que también vemos muchos riesgos y que esos grupos que la interior del partido oficial en la historia postrevolucionaria se han mantenido, puedan en el futuro intentar nuevamente aplicar reformas regresivas a conquistas fundamentales.
Por eso los llamamos a un acuerdo político a todos los partidos para garantizar que los consensos en el dictamen que vamos a votar a favor nosotros y otras fracciones también, que esos consensos se vuelvan realidad y que en la ley reglamentaria podamos mantener esa misma conducta. Muchas gracias.
*El Presidente: - Como lo solicita el diputado René Bejarano, insértese en lo conducente los documentos entregados a la Secretaria.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Zermeño Infante: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para Acción Nacional el tema educativo tiene especial relevancia por el contenido ideológico y la orientación sectaria que a través del tiempo el régimen ha postulado en este ámbito. por eso al fundarse Acción Nacional en 1939, en un medio abiertamente antidemocrático, el artículo 3o. reformado en 1934 contenía una clara orientación dogmática y parcial al manifestar en su texto, como ya se ha señalado reiteradamente aquí, la educación socialista, pretendiendo enseñar un concepto racional y exacto del universo y de la vida.
La mayoría de los mexicanos y Acción Nacional junto con el pueblo, aportando ideas se opuso con vigor a la implantación facciosa de este tipo de educación por considerarla ajena al sentir nacional, distinta a nuestra cultura, violatoria de libertades fundamentales y contraria al bien común.
Múltiples propuestas ha presentado el Partido Acción Nacional desde entonces, en un esfuerzo sincero por mejorar las estructuras educativas, hemos planteado nuestros puntos de vista que en muchas ocasiones han sido tergiversados y de esta forma hemos señalado claramente nuestra oposición al libro de texto único.
Apoyamos la gratuidad en la educación, pero nos hemos opuesto a la uniformidad y a los dogmatismos de cualquier tipo.
*Se insertan los documentos entregados a la Secretaría al final de este Diario.
Al discutir ahora esta nueva reforma del artículo 3o. y del artículo 31 constitucional, reconocemos que existen rectificaciones que mejoran el texto de la Ley en una materia que debe tender a garantizar el derecho de todas las personas para acceder a la educación, garantizando al mismo tiempo la promoción de nuestros valores culturales, el fomento a las bellas artes, y en especial reiteramos que debe reconocerse el derecho preferente de los padres de familia para educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones.
Este principio universalmente reconocido, suscrito por todas las naciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encuentra ampliación parcial en México, y solamente para aquellos que pudiendo pagar la educación de sus hijos la realizan en planteles particulares.
En Acción Nacional seguiremos pugnando por la incorporación de este principio, que en múltiples países es práctica común, como un derecho de los padres en la educación que se imparte por el Estado. La razón de esto, se encuentra en la naturaleza misma de las personas, en la voluntad de los padres que pretenden transmitir en sus hijos valores morales y culturales que consideran importantes para su desarrollo integral y que esperan que la educación coadyube en la transmisión de valores y creencias familiares de tipo religioso, o bien ajenos a cualquier expresión religiosa en la educación escolar.
Al respecto, en la exposición de motivos de una iniciativa de reforma al artículo 3o. presentada por el licenciado Manuel González Hinojosa a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, en 1974, entre otras cosas se dijo: "Sin género de duda alguna, la familia es la primera escuela en la que los padres y los hijos aprenden un poco de la virtud soberana, que consiste en saber olvidarse de sí mismos, a fuerza de vivir para otros. Es en ella donde se realiza el prodigio del ser más débil y más indefenso, el que menos vale física y materialmente: el niño; es el que la hace existir y subsistir, el niño que es fruto del amor de los padres, prolongación de su ser biológico y de su ser espiritual, parte de uno mismo y del ser amado, que necesita la máxima protección que sus progenitores puedan brindarle."
Señalamos entonces que el texto constitucional debería tener congruencia con la realidad, reconociendo un mínimo de libertad de los padres de familia, basados en ese mínimo necesario de libertad que reclamamos para la persona humana, como parte consustancial de su ser.
Al reclamar el reconocimiento de tales derechos fundamentales, no pretendemos en forma alguna libertad absoluta y excluir al Estado de la función educativa.
La función del Estado tiene que ser subsidiaria, garantizando la libertad y derechos esenciales de las personas, de la familia y de la sociedad, promover, fomentar y difundir la cultura, garantizando el acceso de todos a los beneficios de la educación.
Hemos combatido cualquier tipo de monopolio en materia de educación y cualquier actitud dogmática compulsiva que suprima libertades esenciales. Por esto, compañeros diputados, seguiremos insistiendo para incorporar plenamente a nuestra legislación el derecho preferente de los padres de familia para educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones.
Para quienes sostienen una educación laica, aconfesional, ajena a cualquier credo religioso, sostenemos también que debe garantizarse este derecho de los padres de familia para que sus hijos se eduquen en esa tendencia.
Al pronunciarse en contra de cualquier intolerancia religiosa o antirreligiosa, deseamos que lo laico se defina claramente como aconfesional y no que se entienda como antirreligioso, tal como algunos jacobinos trasnochados lo han manejado a través de múltiples manifestaciones en el transcurso de la historia de nuestro país.
Por otra parte, destaca en esta reforma la supresión del último párrafo de la actual fracción III, referente a la autorización previa que requieren los particulares para impartir educación primaria, secundaria y normal, pudiendo ser negada o revocada por la autoridad, sin que contra tal resolución proceda juicio o recurso alguno.
La propia exposición de motivos del Ejecutivo Federal, reconoce lo que Acción Nacional ha denunciado desde su fundación, dando lugar a un régimen de excepción, contrario al estado de derecho, dejando en indefensión jurídica a los afectados. Afortunadamente se corrige esta situación, que seguramente redundará en una mejor y más responsable participación de los particulares en la impartición de enseñanza básica, y de esta manera, contribuir sociedad y gobierno en tareas que a todos competen en la consecución del bien común puntualizando por nuestra parte, que para nosotros la educación también tiene una clara función social. Por esto, relacionado con lo que señalaba el diputado Cesáreo Morales, en Acción Nacional señor
diputado, no confundimos la educación con la falsa disyuntiva planteada entre la simple impartición de valores o la enseñanza de contenido técnico, de simple acumulación de conocimientos, vacía de contenido.
Esta protección reduccionista del concepto educativo, señor diputado, en acción Nacional no la compartimos. Para nosotros, educar realmente, verdaderamente, objetivamente, educar señor diputado, es hacer al hombre, formar al hombre; el fin de la educación para nosotros no puede ser otro; hacer que el hombre sea todo lo que pueda hacer, hacer que el hombre se realice a sí mismo, y como se ha dicho muy bien, realice sobre todo lo mejor de sí mismo. Esto solamente es educar; otra cosa podrá llamarse educación, pero nunca será sino una sombra vacía que ha traicionado su propia esencia, algo que habrá torcido su propia finalidad esencial.
Señalamos también que es razonable que el Estado se reserve la facultad de autorizar el funcionamiento de escuelas particulares y fijar requisitos para otorgar validez oficial a los estudios realizados en esos planteles.
Consideramos que el Ejecutivo tenga la facultad para determinar planes y programas de estudio en la educación básica, siempre y cuando, tal como fue mejorada la iniciativa que presentó el Ejecutivo, esta facultad se lleve a cabo consultando a los sectores directamente vinculados a la educación, especialmente a los padres de familia y a los maestros. En este sentido consideramos que hay un avance que no es suficiente, que debe ser explicitado en la ley secundaria, de forma tal que esta consulta señale a los sujetos, alcances y mecanismos de la misma.
Por lo que toca a la ampliación de la educación obligatoria a la secundaria, explicitando la obligación correspondiente del Estado y padres de familia, tanto en el artículo tercero como en el 31 constitucional, advertimos que este propósito es saludable, en la medida en que se impulse una mayor participación social, que pueda en el corto plazo dar cabal cumplimiento a este derecho.
Finalmente señores diputados, hacemos votos porque la reforma educativa, que pensamos debe ir más allá de las simples reformas legales, contribuya a modificar las condiciones socioeconómicas y políticas del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución democrática.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia señor Presidente, honorable Asamblea:
Una madre cuida de su hijo, lo baña, lo alimenta, lo viste. El niño sigue creciendo, es un adolescente, está en edad de casarse, pero como se trata de una madre sobreprotegedora, la mamá lo casa y lo manda a Puerto Vallarta de viaje de bodas. y el recién casado le habla por teléfono a su mamá y le dice: Oye mamá, ¿y ahora qué sigue?
De lo que se trata toda educación, es de educar al ser humano para que sea libre. Los padres no son dueños de la vida de sus hijos; cada quien, cada uno, cada ser humano es dueño de sí mismo, y la educación debe servir para que cada uno asuma por sí mismo su porvenir, su convivencia, su responsabilidad histórica.
Por lo tanto, la verdadera educación es una educación social. Lo mismo la educación privada, lo mismo la educación pública, debieran estar animadas de un conjunto de principios armónicos y orgánicos que impulsaran esta finalidad: educación para la libertad.
Así el artículo 3o. señala un derecho, que para nosotros no es un derecho individual ni una garantía individual, aunque pueda en cierto aspecto serlo, primordialmente es un derecho social. Este derecho social está consignado por un conjunto de principios que hubiera valido la pena reafirmarlos, darles mayor amplitud y desarrollo dentro de su definición histórica, y son: desarrollo armónico de la vida humana, adiestramiento, habilitar la práctica, instrucción, proporcionar conocimientos, educación, que viene de edussere, sacar de adentro la individualidad de la plenitud humana.
La educación para la libertad intelectual, educación para la fidelidad nacional, educación para la responsabilidad del saber, educación para vencer la dependencia y lograr el desarrollo. Este es un objetivo moderno de la educación. Educación basada en el progreso científico y en la plenitud humanística; educación para la ecología social, educación para la identidad nacional y su integración no subordinada en los procesos de la globalización, para asumir la responsabilidad común en la problemática mundial.
El hombre debe ser responsable en su nación y en la convivencia internacional; problemas como la salud mundial, la paz, el uso de los recursos, la conservación de las condiciones ecológicas, son objetivos de la buena educación.
La educación pública y obligatoria en primaria y secundaria, no nada más es asunto de declararlo en la ley. Hay cosas que quedan confusas y son dos: ¿Qué es obligación? ¿Qué es deber?
Los padres tienen la obligación de permitirles a sus hijos ir a la escuela; el Estado tiene la obligación de suministrar la educación, pero suministrar la educación no es solamente impartirla, es crear las condiciones que hagan posible en la población mexicana la asistencia a las escuelas. Por ejemplo: ¿Puede educarse un niño no alimentado? En la escuela habría que dar alimentos. ¿Puede educarse un niño cuyos padres reclaman del niño que trabaje prematuramente? Habría que darle una beca.
Entonces cuando hablamos del derecho a la educación, debemos ocuparnos de las condiciones que hagan posible y efectivo ese derecho.
Se trataría pues de una educación de cultura en tres direcciones: la cultura para el trabajo, para el oficio, para la profesión, la cultura utilitaria; el saber culto que da la conciencia de la pertenencia a lo humano y a la comunidad de la que se forma, y toda cultura es para la responsabilidad.
Pero hay otro tema muy grave, y es este: la autonomía universitaria se está golpeando, los objetivos nacionales y públicos de la educación se están abandonando.
Existe un proceso que hay que revertirlo, y con eso voy a terminar. Espíritu universitario quiere decir investigación, educación, enseñanza, comunicación, en una palabra voluntad de conocimiento.
Universidad viene de un verbo, el mismo verbo, la vulgata latina; era el lenguaje de los universitarios en sus gremios, cuando fueron agredidos por los poderes públicos el Papado les concedió el derecho de protección, puesto que eran universidad, y universidad originariamente significó los que hablan la vulgata latina, el mismo verbo.
Hoy no significa eso, hoy significa unidad en la diversidad de las preocupaciones humanas.
Pero para fundar la educación y la universidad hay que ponerla, hay que disponerla y hay que dejarla ser, y dejarla ser es respetar la autonomía universitaria. Esta debe ser una independencia frente a los poderes económicos, políticos e ideológicos.
Esa autonomía universitaria significa, principalmente, ser conciencia de la nación mexicana, pero una conciencia crítica, una conciencia libre; tener capacidad y potencial cognoscitivo para el desarrollo del conocimiento, de la técnica, del progreso científico.
La universidad en América Latina está vinculada a partir del movimiento de 1918, en la Universidad Argentina de Córdoba, con la universidad que da la cara a los pueblos de América Latina; o sea, la universidad academicista, puramente culturalista, resulta apolítica y es por ello inoperante e irresponsable.
La universidad dogmatizada, ideologizada, dogmáticamente es deformante y servil. Así como hay que educar al niño para que sea un hombre adulto, hay que tener instituciones educativas que no sean siervas de lucro empresarial, que no sean siervas de la subordinación cortesana al Estado.
Hay que rescatar el espacio de la libertada, del conocimiento y del pensamiento, como expresión crítica de la nación.
La autonomía universitaria es una cosa que aún no está lograda, porque tenemos universidades que son subordinadas al Estado. No es lo mismo que la universidad sea de Estado, a que sea del Estado.
Se necesita que toda la educación esté articulada, que sus diferentes momentos: El elemental, el secundario y el profesional, estén articulados. Nuestra reforma no está articulada. Se requiere rescatar por lo menos en la legislación ordinaria sobre la Ley Federal de Educación, esta problemática.
Debemos fortalecer la educación nacional, para fortalecer la cultura nacional, que es al mismo tiempo fortalecer la soberanía del pueblo mexicano. Es todo, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El diputado Ramiro Robledo Ruiz: - Muchas gracias señor Presidente, compañeros diputados de México:
Había pedido el uso de la palabra para hablar desde luego en lo general a favor del dictamen porque ese es el sentido congruente de los miembros del Partido Revolucionario Institucional. El resultado a estas alturas es el de un debate sobre las cuestiones generales y como hemos escuchado todos de interesantes debates sobre aspectos particulares que posiblemente continúen bajo
el interés de los diferentes signos de pensamiento de las fracciones parlamentarias.
Vengo a decir que me parece que el artículo 3o. Constitucional en la forma en que está propuesto por el dictamen que es la suma conceptual de las ocho iniciativas que se examinaron, analizaron y concluyeron, es el mejor ejemplo de conciliación o de coincidencia nacional y de expresión democrática. Y digo esto argumentándolo en lo siguiente, por lo que incluye y por lo que no puede incluir.
Los conceptos y principios en donde las diferentes fracciones parlamentarias que representamos a los signos de pensamiento variados, disímbolos de toda la entidad nacional, están recogidos en forma de concenso y redactados así.
Lo que no se ha incluido en este dictamen se dice expresamente en los puntos de conclusiones, esperando enriquecer el debate y encontrar nuevos visos e ilustraciones en los juicios, en las palabras de los diputados para intentar en esta tribuna, al final del procedimiento parlamentario de esta Cámara de origen, un posible nuevo consenso. De la lucidez de los argumentos de los diputados y de la reiteración de una voluntad para recogerlo así depende al continuar este debate llegar a posibles adicionales acuerdos a los que se consignan en el dictamen.
Son ocho puntos que hicieron converger, desde las diferentes ideas y conceptos de las exposiciones de motivos y propuestas de textos sustantivos a disímbolos partidos que tienen representación y vida nacional. Son ocho puntos que se recogen también en la iniciativa del otro poder constitucional, la del Ejecutivo, que inició para bien este procedimiento y este debate por este artículo tan importante que repito representa en muy buena medida los conceptos de la unidad de los mexicanos.
Pero los otros aspectos, compañeros diputados, los principios, por ejemplo, como se puede entender la libertad de educación o el vínculo no sólo jurídico sino hasta filosófico y moral desde luego entre los padres y los hijos, la actitud del Estado en el buen concepto o en el completo concepto del término de estado que debe asumir respecto a toda la función educativa, son y los hemos escuchado, opiniones, más bien alejadas de consensos que vinculadas con ideas que puedan consumir en textos comunes.
La referencia a otros puntos, como lo que aceptamos todos de la función coadyuvante que necesaria, obligada, responsablemente deben tener los medios de comunicación masiva en el apoyo de las tareas de la gran empresa de la educación nacional, son cuestiones que aceptamos que se incluyan en el contexto de todos los ordenamientos legales que se derivan de esta disposición del 3o. constitucional. Pero que regulan también otros puntos del máximo código legal del país.
Los puntos de vista por razones jurídicas para incluirlos, no fueron concluyentes y están en la mesa del debate todavía.
Yo quiero sin embargo, haciéndome a un lado en una parte del intento de defensa en lo general de este dictamen, referirme a 2 ó 3 cuestiones en lo particular que han quedado aquí insistentemente como preguntas, y como ideas reiteradas de los diferentes grupos parlamentarios, ha sido la secundaria obligatoria una proposición de compromiso del Estado, no del Gobierno mexicano; no de la Federación de los gobiernos de los estados o de los ayuntamientos, sino el órgano del gobierno que representa a la nación, que es la Federación; de las entidades federativas que son los territorios y las poblaciones de las provincias de México y sus gobiernos y de los municipios que son sus gobiernos y ayuntamiento y su población y su demarcación todavía más regionalizada. Compromiso de todos en suma, de gobierno y sociedad, para conseguir como un instrumento de ayuda histórica a cumplir los anhelos primarios de la educación para todos.
Cuando la primaria se convertía en obligatoria, las mismas interrogaciones habrán hecho otras generaciones. Pero de mucho ha servido el compromiso escrito. Igual ahora, sólo que estamos en estos tiempos dotados de mejores recursos, de mayor infraestructura en todos los sentidos.
Cuestiones tan importantes como el derecho ahora de los particulares, que ya lo tenían para impartir todo tipo de educación, previa autorización y reconocimiento de la validez oficial de los estudios, para defenderse de las resoluciones de las autoridades educativas cuando les niegan o cuando les retiran esas autorizaciones o reconocimientos, no están siendo interpretadas de la misma manera por los diferentes grupos de diputados en esta Asamblea.
No es simplemente una concesión jurídica al sistema de la educación privada; no es nada más una modificación, una derogación de disposiciones legales constitucionales para permitir el derecho de los recursos administrativos o de los
amparos; es más bien la oportunidad histórica para reconocer con un cambio en el texto de la Constitución, que ya con mucho estamos integrándonos en la nación mexicana como una unidad nacional; que los avatares de nuestra historia con las guerras fratricidas, con la religión por delante que los armisticios políticos de conciliación en la circunstancia de los veintes y de los treintas, que la necesidad de tener entonces planes nacionales coherentes que articularan los diferentes motivos, lugares y causas de expresión ideológica, están más cerca de unirse a través de un sistema educativo nacional que seguir conflictuados.
Hoy esos valores sociales consolidados, permiten establecer sistemas comunes después de tener asegurada la integridad nacional de la educación a través de planes y programas no autoritarios, sino consultados y más con la disposición que se induce, con los diferentes sectores involucrados y las organizaciones involucradas en el proceso educativo de la nación.
No podemos, pues, coincidir en ciertos términos y hasta en lenguaje, no todos coincidir en conceptos de libertad y de familia, ni exactamente en la podemos función que le corresponde, como actitud y como atribuciones precisas, a las autoridades educativas.
Si no podemos ahora coincidir en nuestra circunstancia histórica, en la de nuestra generación, en esos puntos, no podemos incluirlos en el texto principal. Podemos seguirlos debatiendo y podemos derivarlos a la Ley secundaria; podemos derivarlos en su reglamentación a las leyes ordinarias.
Para nosotros, para muchos de los diputados, y creo que para la mayoría de los mexicanos, el principal derecho que se discute en esta ocasión, que es el universal a la educación, y la libertad de los mexicanos para recibir la educación, laica, por un lado, con contenidos de unidad nacional, por otro, está implícita no exclusivamente en el artículo 3o. constitucional. Si nos empeñamos en verla, en tratar de encontrarla de manera textual en esa disposición, nunca acabaríamos esta discusión faltarían décadas para coincidir en ellas. Está implícita en todo el texto constitucional, como dijo aquí y muy bien y brillantemente mi compañero Cesáreo Morales, está también implícita en los principios de libertad que consagra el artículo 24; la obligación que se vuelve también libertad que consagra el artículo 31 fracción I; en el artículo 130 que ahora dice otra cosa diferente a lo que decía que los tiempos en que las disposiciones del 3o. constitucional privaban como estaban y que ahora intentamos cambiar y en la reglamentación de ese artículo 130, está implícita en todas las instituciones democráticas y en todo el orden jurídico nacional.
No podemos por eso encontrarla ni ponerla ahora en este tiempo, exactamente como una fracción y como otra quisieran encontrarla. Pero ahí está, educación para todos y con los matices y la relatividad que tienen todas las libertades en este país y en cualquier parte del mundo, también ahí está esa libertad de los mexicanos para recibir educación.
Por todo se incluye, el voto en lo general es debido de todas las fracciones parlamentarias; por lo que no se incluye, podemos seguir debatiendo, compañeros diputados.
Por todo lo que se incluye, el voto en lo general es obligado a la responsabilidad y a la conciencia de cualquier diputado, y me quiero referir a esto.
¿Que quiere decir votar en lo general por una reforma de ley, constitucional en este caso? ¿Cómo medimos, cómo escrutamos el sentido del voto en lo general?
¿Solamente podemos votar en lo general si estamos de acuerdo exactamente en todo el texto, en su puntuación y en su lenguaje? Eso es un voto unánime, eso es estar de acuerdo en lo general y en lo particular. ¿Cómo lo medimos, cómo le damos sentido? Porque procede y porque estamos de acuerdo en el principal, cualitativamente hablando, contenido de la propuesta de reforma es decir, universalidad del derecho de la educación, obligatoriedad de un ciclo más de la educación elemental, ampliación del régimen ordinario, de certidumbre jurídica.
¿Cómo podemos determinar cuando es debido votar a favor y cuándo es debido votar en contra en lo general?
Yo escuché aquí, de manera precisa, en el segundo orador diputado del Partido Popular Socialista, que exclusivamente y usó esta palabra, no estaban de acuerdo en los términos en que había quedado redactado en la propuesta, respaldada por el dictamen, la fracción V del artículo 3o. constitucional. De esto y de lo que dijo su compañero diputado de la misma fracción, se entiende que están de acuerdo en todo los demás.
En ocho coincidencias de concepto que se encuentran en las ocho iniciativas que
dictaminamos; en siete coincidencias que, después de analizar y debatir en comisiones, aportamos como síntesis de la discusión y que forman parte ya también del mismo dictamen y se integran al nuevo texto del artículo 3o. constitucional.
Siete puntos, más ocho en los que estamos todos de acuerdo; todos. Otros más en lo que no se incluyen.
Y repito mi referencia: ¿pero por uno sólo, y no de concepto, sino de términos en los que no está inscrito, se podría justificar un voto en lo general en contra?
El Estado mexicano en su concepto correcto, Gobierno y Sociedad, de todos los niveles de Gobierno, de todos los estratos del Estado, tiene de manera categórica y textual ahora la obligación de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Hasta ese nivel es su obligación constitucional.
Por ello, está obligado a impartirla a todos. A quien lo solicite. A quien lo requiera. A quien lo demande o a cualquiera. Sin las cuatro palabras, mejor y más amplia la obligación del Estado; más correlativa y más contemplativo el derecho universal de cualquier individuo.
¿A qué no tiene obligación el Estado? No dice en ningún momento el texto del artículo 3o., como se propone reformar, que el Estado se releva de impartir el resto de los tipos y modalidades educativas. Por capacidad, por racionalidad y por responsabilidad no podemos atrevernos ahora a inscribir que el Estado está obligado a impartir todos los demás tipos y modalidades de educación más allá del ciclo de la secundaria.
Pero no decimos que no lo va a hacer. Se dice en la fracción V que lo va a hacer. Que además de impartir esos otros ciclos, promoverá y atenderá. ¿Y qué es atender los demás tipos y modalidades de educación? Recibir una demanda, una reclamación, una petición y satisfacerla, obsequiarla, promoverla, estimularla, reglamentarla, regularla.
¿Qué en lugar de atender debería decir podrá impartir o de plano impartir?
Es un matiz en el lenguaje. Pero ahí está ,inscrita, en la fracción V la función, la tarea del Estado, de continuar impartiendo educación y no solamente eso, promoviendo y difundiendo la cultura y la investigación y todas las demás áreas relativas y conexas a toda la función educativa en los ciclos, tipos y modalidades, más allá de la secundaria.
¿Votar en lo general en contra implicaría no estar de acuerdo en que todo individuo en este país tenga derecho a la educación? ¿Qué el Estado votara en lo general en contra entonces implicará que se reprueba la inscripción en el segundo párrafo de que el Estado está obligado en impartir la preescolar, la primaria y la secundaria a todo individuo en este país¿ De que los planes y programas podrán ser consultados con los sistemas más adecuados de planeación y de consulta hacia los estados, hacia las regiones con los sectores interesados, con los padres, con los maestros, con todos los que se involucran en el proceso nacional? ¿Reprobaríamos eso votando en lo general?
¿Votar en lo general en contra significa que no estamos de acuerdo con que las universidades sean autónomas y que distinga sus relaciones laborales de sus procesos académicos?
¿Votar en lo general en contra significa que no estamos de acuerdo con que haya una ley secundaria que distribuya y reparta las funciones de la educación entre la Federación, el Estado, los municipios y los particulares?
¿Eso significa votar en lo general en contra? Yo creo que no, que hemos tenido una apreciación me parece que diferente del valor y del significado de un voto en lo general a favor.
Yo invitaría a los compañeros del Partido Popular Socialista a reflexionar sobre estas consideraciones. Si no les convencen podrán reiterar su posición.
Pero yo creo que están ustedes de acuerdo en ocho puntos de convergencia, en las siete aportaciones de la discusión y que si hay un punto en donde el texto de la fracción V no les satisface, podrían reservarlo y votarlo en contra en lo particular.
Pero las convergencias, la forma ejemplar en que se dio el debate en las comisiones, las expresiones verdaderamente democráticas que confluyen en las brillantes intervenciones que han venido antes a esta tribuna, en los conceptos y en las ideas que vienen en todas las iniciativas dictaminadas, en el texto de las consideraciones del dictamen, en sus conclusiones finales, en su texto propuesto, me parece que representan, como decía el decreto de Apatzingán, el consenso nacional de esta América Mexicana.
Yo creo que hay razones más que sobradas para que todos los mexicanos que representamos todos los segmentos sociales - ideológicos de este país, votemos a favor en lo general por lo que estamos de acuerdo y que sigamos debatiendo en lo que no estamos de acuerdo. (Aplausos.)
El presidente: - Para hechos, por cinco minutos, se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados:
Voy a dar respuesta pública a dos invitaciones que de manera pública se han hecho desde esta tribuna a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y que tienen que ver con el sentido del voto que emitiremos en torno a la iniciativa y al dictamen de reformas al artículo 3o. y al artículo 31 de la Constitución. También voy a precisar algunos hechos.
En primer lugar, en respuesta a la invitación que nos ha hecho nuestro amigo el diputado Nicolás Olivos Cuéllar y también nuestro amigo el diputado Juan Ramiro Robledo, queremos precisar una vez más, creo que lo planteó con bastante claridad desde su intervención inicial nuestro compañero Hildebrando Gaytán Márquez, siempre que tenemos un tema a examinar buscamos en él aspecto determinante en lo general; hay cierto factor que es el que por su peso, por su importancia de esencia, determina si en lo general el asunto es de apoyarse o es de rechazarse, y hay todo un universo de cuestiones secundarias o laterales.
En este asunto que nos ocupa, en efecto, hay múltiples coincidencias, de ocho nos ha hablado el compañero Juan Ramiro Robledo; quizá pudieran ser más.
Pero nosotros encontramos como cuestión medular la que determina el voto ésta: no es el problema de establecer como obligatoria la educación primaria y secundaria, en eso estaríamos de acuerdo; es uno de los puntos de coincidencia, ha sido una vieja demanda del Partido Popular Socialista. Pero no es lo determinante en lo general, no es lo de esencia en este asunto. Lo de esencia en este asunto es otro tema que nos deslizan un poco de contrabando, un poco por abajo de la mesa, es el hecho de que si actualmente tenemos un artículo 3o. que no precisa ámbitos es los que el Estado debe impartir educación y que por lo mismo que no precisa y dado que en la práctica el Estado ha venido ejerciéndola en todos los niveles, queda por lo tanto así establecido, así está la funcionalidad del actual artículo 3o. y en tanto que en el nuevo texto que nos proponen el nuevo artículo 3o. al establecer que el Estado se obliga a impartir educación sólo a nivel de preescolar de primaria y de segunda enseñanza por lo tanto se excluye de todo lo demás.
¿Cómo entender eso en el contexto histórico actual de los últimos 10 años de la política neoliberal si no es precisamente como el hecho de que se abre la puerta a la privatización de la educación media superior y superior? Esa es la esencia de la iniciativa y siendo ésa la esencia de esta iniciativa según aquí ha quedado demostrado muy claramente con la intervención del compañero diputado Cesáreo Morales, no podemos de ninguna manera votar en pro, es una iniciativa de carácter contrarrevolucionario, es una iniciativa regresiva que nosotros rechazamos con toda energía en su esencia, independientemente de que coincidamos en una serie de cuestiones de carácter secundario. Por eso votaremos en contra, le damos esta respuesta que merecen con todo respeto y cordialidad nuestros compañeros diputados Nicolás Olivos Cuéllar y Juan Ramiro Robledo.
Por otro lado una aclaración de hechos para los diputados del Partido Acción Nacional. Por aquí hubo alguna mención que algún compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional nos comentó que seguramente tenía dedicatoria para nosotros, en torno a los jacobinos trasnochados; queremos precisar que es una verdad a medias, si es que la referencia era para el Partido Popular Socialista, la mitad de la mención es correcta, la mitad no lo es, no somos jacobinos, esa era secta del siglo XVIII que nada tiene que ver con un partido que ve al siglo XXI como el Partido Popular Socialista, sí somos trasnochados, estamos trabajando aquí en jornadas bastantes largas todos nosotros, todos somos trasnochados. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El presidente: - Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular diversos párrafos del artículo 3o. constitucional que comprende al artículo 1o del proyecto de decreto que se discute.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los no impugnados, en un solo acto.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Salvador Juárez García: - El resultado de la votación es como sigue: 427 votos en pro, 11 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, en lo no impugnado, por 427 votos.
Dígame señor diputado.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Señor Presidente, votamos 12 del Partido Popular Socialista en contra. Somos 12.
El Presidente: - Tome nota señor Secretario y haga las correcciones. Gracias señor diputado. Anuncie por favor la votación.
El secretario Salvador Juárez García: - Se rectifica. 12 votos en contra.
El Presidente: - Servido señor diputado. Esta Presidencia informa a la Asamblea que en los párrafos reservados se han inscrito los siguientes oradores:
Diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Layda Sansores San Román, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional; Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional; Joel Arce Pantoja, del Partido Acción Nacional; José Luis del Valle Adame, del Partido Acción Nacional; Luis Moreno Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Tovar Montañez, del partido Popular Socialista; Alfredo Castillo Colmenares, del Partido Acción Nacional; Abundio Ramírez Vázquez, del partido del Frente Cardenista de reconstrucción Nacional; Rafael Puga Tovar, del Partido Acción Nacional; Arturo Fuentes Benavides, del Partido Acción Nacional; Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; Julio López Valenzuela, del Partido Acción Nacional; Ana Teresa Orozco Aranda, del Partido Acción Nacional; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional y Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su venia, señor Presidente, señoras y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra, para hacer una propuesta de modificación al texto de la fracción V y nos parece necesario reiterar por qué consideramos una cuestión vital para el desarrollo nacional el hecho de que se consigue en la fracción V que el Estado impartirá todas las modalidades, grados y tipos de la educación.
Quiero llamar la atención de ustedes sobre lo que seguramente han leído en los diarios de manera permanente lo que los investigadores dan cuenta, lo que estudiosos de la situación económica de las cuestiones que generan los cambios que ocurren en el mundo en donde resalta un hecho.
Lo fundamental en nuestro tiempo son los resultados de la investigación científica, sólo basta mencionar en el campo de la biotecnología cómo los países altamente industrializados están transformando rápidamente todas las condiciones de vida material de sus pueblos. Y junto con esta apreciación se consigna que los países altamente desarrollados, los que han logrado desarrollar ampliamente la biotecnología, no ponen al servicio de toda la humanidad estas tecnologías, no ponen al servicio de los pueblos más atrasados estos avances tecnológicos, al contrario, los consideran un patrimonio particular y procuran no dar a conocer nada de esos avances. Por lo tanto, la ancha brecha que nos separan los países en vías de desarrollo como el nuestro de los de alto desarrollo, se amplía cada vez más, se profundiza, en detrimento de nuestras condiciones económicas, políticas y sociales.
Por eso insistimos en llamar la atención de ustedes para que valoren la importancia de la
educación superior, sobre todo de carácter tecnológico, porque en las aulas de las instituciones de educación superior, en las universidades, en los tecnológicos, en el Politécnico, en donde se forman los científicos y los ingenieros que constituyen la base de los recursos humanos, responsables directos del desarrollo de la industria y servicios esenciales en nuestro país.
Pero decimos que este desarrollo tecnológico tiene necesariamente una orientación y se fija metas de acuerdo con el desarrollo de cada país, de acuerdo con las aspiraciones históricas de cada uno de los pueblos, y no dudamos que todos saben bien que la fortaleza económica de un país de nuestro tiempo, depende de su desarrollo tecnológico, que sin desarrollo tecnológico se compromete la soberanía y la independencia del país que no lo tiene. Por eso insistimos que desarrollar nuestra ciencia y nuestra técnica, que crear el número suficiente de ingenieros, de químicos, en fin matemáticos, físicos, de todos los campos, de la ingeniería, es una tarea inmensa que no puede estar en manos de particulares.
Los capitales nacionales no tienen capacidad para abordar esta tarea, el capital extranjero tal vez tenga capacidad pero no interés de que México camine por el sendero del desarrollo científico tecnológico, porque les interesa que México continúe siendo sólo un país maquilador, un país productor de materias primas, que no rivalice en el mercado, que no compita en el mercado en condiciones de ventaja, sino simplemente condenarlo a que su mercado siga siendo dominado por las fuerzas económicas extranjeras. Ahora bien, esta tarea se vuelve más complicada para que lo puedan hacer los particulares, si pensamos que tienen que organizarse todas las instituciones que tienen que ver con la ciencia y la técnica.
La tarea de que los institutos tecnológicos tengan una vinculación estrecha entre sí y con el mercado, con los requerimientos del avance industrial, requieren de la acción del Estado.
La información, importante de los científicos y técnicos, requiere de la intervención del Estado para facilitar la conexión con todas las instituciones tecnológicas del mundo; esa tarea no es posible que la desarrollen los particulares, es el Estado el que debe propiciar que nuestros científicos y técnicos tengan acceso a los conocimientos que se dan en el mundo. Es necesario interconectar satelitalmente todas las fuentes de información del mundo para que avance nuestra investigación científica y técnica.
Por estas razones insistimos en que es una tarea sólo propia para el Estado: hay que hacer crecer territorialmente el sistema tecnológico, hay que vincularlo más con la industria. Se debe vincular con mayor intensidad ese sector con las instituciones de educación superior y de investigación del exterior, hay que impulsar la creación de centros regionales de investigación de manera conjunta con los países de América Latina, en fin, son tareas enormes, por eso la educación superior, a nuestro juicio, la educación tecnológica en particular no puede quedar sólo en el ámbito de los particulares, la tiene que impartir también el Estado.
Y valga aquí retomar una cuestión: se dice que tenemos coincidencia en la mayor parte de la iniciativa, y que el término impartir es una cuestión secundaria. Para nosotros es de principio, es vital el término, pero preguntándonos si para la mayoría no es tan importante, ¿por qué entonces no se acepta que se incluya? ¿Por qué si tenemos coincidencias en muchas otras cuestiones, un término nos distancia de una votación? En fin, son valoraciones.
Para nosotros no pueden dejarse sólo los términos promover y atender, porque pensamos en la práctica: El estado tiene la obligación, de acuerdo con esto, de promover, pero no incluye su obligación de impartirlo, porque puede promover la educación superior y todas las modalidades, la educación normal, etcétera, la educación tecnológica estando en manos de particulares. Puede atender esos niveles de educación mediante concesiones a los particulares, por eso no nos satisfacen esos términos, no amarran la obligación del Estado de seguir desempeñando la tarea que está cumpliendo, la de sostener, la de impartir estos niveles de la educación, estos grados, estos tipos importantes para el futuro de la nación.
Hoy los periódicos dan cuenta una declaración del titular de la Secretaría de Educación Pública en el sentido de que la educación superior es fundamental para la construcción de la nación, y es cierto, pero para que cumpla con esa misión la educación superior, las universidades, los tecnológicos, el Politécnico, tienen que tener la orientación del artículo 3o. constitucional, y esa garantía solamente se puede observar estando el Estado en la tarea de impartir estos niveles, teniendo la obligación el Estado acerca de estos niveles.
En fin, nos parece que el porvenir de la patria depende, de una patria independiente y soberana, depende en mucho de que el Estado no se desligue de los niveles de la educación superior.
En consecuencia, señoras y señores diputados, dejo por escrita la proposición de modificar la fracción V, para que quede en los términos siguientes:
"Fracción V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado impartirá, promoverla y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Realizará, promoverá y apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura".
Es ésta nuestra propuesta y la dejo por escrito. Muchas gracias.
El presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: - Ciudadano Presidente señoras y señores diputados:
En 1936 me llamó mucho la atención el saber que el clero católico enviaba a los cristeros a mocharles las orejas a los maestros que iban a la montaña enviados por lázaro Cárdenas a enseñar a llevar la luz del alfabeto.
Después me enteré de cómo en un pueblo de Michoacán, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, dos sacerdotes católicos, por medio de la campana, reunieron al pueblo diciéndole que habían llegado los comunistas, que les iba a descristianizar y a quitar a sus hijos.
Esos comunistas eran seis maestros que se iban a hacer cargo de la escuela del lugar.
Al domingo siguiente llegó el general Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, reunió al pueblo, que ya está ahí, y en la misa les dijo:
"Ustedes no tienen la culpa, la culpa la tienen esos dos señores que los engañaron y azuzaron. Les doy 24 horas para que se vayan de aquí, de la República, y si no, en donde estén, serán pasados por las armas".
Después me enteré de cómo el clero católico lanzaba a los cristeros en contra del Estado Mexicano para presionarlo, para evitar la nacionalización de las compañías petroleras.
Así que me di a la tarea de tratar de enterarme de por qué el clero católico quiere tener el poder de enseñar al pueblo cuando no le corresponde, efectivamente le corresponde a los padres de familia; claro, no a la Unión de padres de Familia, que es una unión casi de membrete, sino a las asociaciones de padres de familia de las escuelas populares y que son la mayoría.
Siempre los pobres hemos sido más que los burgueses, por lo tanto los burgueses no pueden imponernos una forma educativa que no sea la que el mismo Aristóteles hace 2 mil 400 años. dijo, que corresponde al Estado la facultad de educar al pueblo y que el Estado pondrá en esto toda su fuerza y empeño.
De una cosa estoy seguro, compañeros, que de acuerdo con la época son las leyes que se da el pueblo mismo, a través de sus representantes.
Pero debo de insistir en que el pueblo de México ha luchado mucho durante varias épocas y en sus tres grandes movimientos sociales, por lo que siempre estaré yo, en lo particular, en lo político y en lo social de que es el pueblo quien se debe de dar la educación, de acuerdo con sus luchas sociales, de acuerdo con la Revolución, que no comienza el 20 de noviembre de 1911, sino que comienza el 15 de septiembre de 1810, para librarse de la opresión del clero católico.
Así llegamos, si empezamos a analizar la evolución de la educación en el planeta, vemos cómo es la educación en Roma, en Grecia y en la Edad Media cómo al liberarse de la humanidad del obscurantismo impuesto por la misma clerecía, es una de las asambleas, en Francia, cuando los diputados aquellos que llaman jacobinos, uno de estos decía , Condorcet, dice: "No sólo corresponde el control de la enseñanza al Estado, sino la obligación de instruir y no de educar".
El mismo Condorcet deja a cargo de los padres de familia la formación de las creencias religiosas.
Dice Condorcet también: "Los pueblos que tienen por educadores a los sacerdotes no pueden ser libres".
Pestalozzi, también más o menos en 1827 sentía una gran bondad por la gente explotada, especialmente por los campesinos. Pero nunca propuso otra cosa que educar a los pobres para que aceptaran de buen grado su pobreza.
Así en todas las épocas la educación va encaminada a crear una cultura que sea acorde con las necesidades del Estado o de acuerdo con los intereses de quienes tienen el poder económico.
Aquí ha insistido un señor jurista, orador a quien yo respeto mucho por su sabiduría y por su elocuencia; insiste en que se entregue la educación del pueblo de México al clero católico, no a los padres de familia, al clero católico que siempre ha estado atrás de los intereses económicos.
Pero no podemos retroceder, el pueblo de México tiene que ir en la dirección de las metas que señalaron ya Hidalgo, Morelos, Juárez, Carranza.
Y no podemos olvidar lo que dijo Francisco J. Mújica: "He llegado a la conclusión de que lo que más daño ha hecho a México es el clero católico". Eso no tiene que ver nada con la cuestión espiritual y otros aspectos.
Veamos al católico únicamente como el detentador de grandes riquezas, de grandes intereses, unidos al Vaticano y al imperialismo.
Afortunadamente el Gobierno de la República no les ha dado todavía todo lo que quisiera, pero si seguimos haciéndoles tantas concesiones llegaremos al día en que el clero católico sea como aquella bestia insaciable que describe Federico Nietzsche, de que entre más le daban alimento más pedía y más pedía. Es necesario que ya nos percatemos de que es necesario frenar ese sinnúmero de concesiones que se le hace a la derecha.
¿Que es lo que quiere la derecha? ¡Ah!, pues quiere una educación que haga al pueblo trabajador acorde con los intereses económicos. Y por esto está en contra de la natalidad porque lo que quiere es precisamente que haya excedente de mano de obra barata.
Entre paréntesis, yo estaría de acuerdo con la derecha de no reducir los nacimientos, de no controlar la natalidad, siempre y cuando ellos crearan los empleos necesarios para el pueblo de México, para el pueblo trabajador. Pero no, lo que la derecha quiere es que haya mano de obra barata y que la ley de la oferta y la demanda en materia de trabajo se incline a su favor, el pueblo de México tiene que darse cuenta de cuales son las verdaderas intenciones de la derecha.
Casi el señor orador del Partido Acción Nacional, a quien yo me referí y ustedes lo conocen, un gran jurista, elocuente por lo demás y con mucha sabiduría, casi me convenció de su propuesta . Afortunadamente ya he vivido y he aprendido creo a conocer quienes son los explotadores del pueblo de México.
Digo esto que casi, porque el señor jurista maneja muy bien el sofisma, muy bien la falacia, pero, compañeros diputados , alertémonos de que el fanatismo no invada nuestro recinto percatémonos de ser lo suficientemente acuciosos para descubrir cuales son sus verdaderas intenciones.
Son muy hábiles, les digo: casi me convenció, pero si yo no hubiera leído alguna vez, si no me hubiera dado alguna vez cuenta de como el clero católico le decía a los cristeros que había habido un milagro en Atotonilco, en donde las balas de máuser se habían achatado en el escapulario de la virgen del Carmen.
Todos estos sucesos me han hecho reflexionar y digo como la derecha se vale de tantos artificios y de gran habilidad y como tiene grandes personajes digamos inteligentes, elocuentes, sabios, que no han podido con toda su sabiduría escaparse de ese carácter que es el fanatismo, a lo mejor sí, pero quizá sus intereses económicos son más poderosos que la razón. Como llevo dicho la falacia nubla el pensamiento y el dogma nubla la razón.
Por eso yo les pido compañeros diputados que estemos alerta, acuérdense de lo que dijo don Benito Juárez: "La reacción no duerme, siempre está el acecho de estar lista para detentar la riqueza y explotar a la gente trabajadora así sea por medio de la religión. No estoy en contra de la religión, estoy en contra de se que utilice a la religión para explotar el pueblo de México."
Siempre he pensado que las leyes que se de un pueblo deben ser no precisamente novedosas, como dijo un señor diputado del Partido Revolucionario Institucional en la última reunión de la Comisión de Educación.
Las leyes, dice Montesquieu, deben ser necesarias al pueblo y ajustadas a la realidad. Por eso cuando yo veo que es una necesidad del pueblo de México de darse una educación que lo unifique, una educación acorde con la época, acorde con el tiempo de civilización en que vivimos, el tiempo de la primaria obligatoria ya pasó. Estamos en la época en que el trabajador debe estar capacitado para enfrentarse a la vida que la misma época le exige. Yo lo he dicho
que un trabajador que tenga conocimientos de física, por ejemplo un chofer, habrá de prevenir un accidente, porque tiene conocimientos de la inercia; un trabajador que conozca de química, habrá de ser mejor trabajador para trabajar en un laboratorio químico.
También, de acuerdo con la época del tratado de Libre Comercio, quizá seamos más aptos si tenemos una educación que sea precisamente congruente con los intereses de quienes van a traernos empleos.
Por eso pienso, que la educación primaria y el concepto de secundaria, deben desaparecer de nuestra realidad educativa. ¿Por qué razón? No solamente por los intereses enunciados, sino también porque cuando nosotros nos enteramos de nuestros problemas sociológicos, de las zonas marginadas en donde la delincuencia tiene origen en la falta de escuelas secundarias, entonces nos detenemos a pensar, ¿por qué?, o, ¿cuál es el origen de la delincuencia?
Seguramente que a los señores ricos, vamos a decirles burgueses, con el debido respeto, que nunca han vivido en Chalco o en la Ciudad Netzahualcóyotl o en otras ciudades Netzahualcóyotl, que hay muchas en la República, en donde la delincuencia ha ido en aumento como consecuencia de la falta de trabajo, como consecuencia de la falta de oportunidades, entonces nosotros que hemos vivido allá y por los que el voto plurinominal que nos concedieron ellos, estamos aquí para hablar con ustedes.
Esto que les estoy pidiendo no es una idea acelerada, como dijeran ustedes, o necia. No. Esto lo vengo meditando desde hace muchos años, quizá desde veinte, por eso es que con la serenidad y con la reflexión que el caso amerita, yo les propongo que la educación básica sea de nueve años; que el concepto de primaria y secundaria como dije, desaparezcan y solamente subsistan el concepto de la educación básica de nueve años, con libro de texto gratuito, porque necesitamos conformar la conciencia nacional, porque necesitamos crear en el pueblo de México un alma nacional que nos una, un alma nacional que nos enfrente a los problemas de la época. El imperialismo cada día penetra más en nuestra sociedad y tenemos que hacer una sociedad unida, con todos sus defectos y con todas sus, digamos intereses económicos digamos de sector o de grupo.
Por eso al proponerles que sea de nueve años y con libro de texto gratuito, es porque es la única forma que considero que se evite esa fisura entre el 6o. año de primaria y el 1o. de secundaria.
En ciudad de Netzahualcóyotl, como modelo de la República, de las zonas marginadas, existe este fenómeno. Como no hay escuelas suficientes secundarias, se reprueba a los niños, entonces los niños se van a la vagancia en donde se enfrentan al vicio del cemento y luego otros vicios mayores y llegan hasta el robo y el asalto. Esto lo hemos comprobado pues nosotros fundamos Ciudad Netzahualcóyotl, y vimos cómo fueron evolucionando nuestros delincuentes. Por eso al proponerles, esto lo hago con la seguridad, compañeros diputados, de que lo que les estoy diciendo es muy necesario.
Se que actualmente hay aspectos que frenan o que nos pudieran frenar en nuestros propósitos, pero tengo la confianza de que algún día se recapacite y se reflexione y que lleguemos al convencimiento de que los nueve años ininterrumpidos, son necesarios para tener una educación congruente con la realidad; nueve años de educación básica harían al individuo, al mexicano, más apto para enfrentarse a la vida.
No tomamos, mejor dicho, no consideramos al artículo 31 que también se reforma, porque toda nuestra atención tanto de los compañeros que se sientan de este lado como los compañeros que se sientan acá, para no llamarles de otra manera, pues todos somos mexicanos y creo que debemos aprender a respetarnos.
Pienso que nos absorbió el interés del artículo 3o. Pero el artículo 31 constitucional, debemos de examinarlo con mayor tiempo, con mayor dedicación para que apliquemos realmente esta idea de la instrucción militar a la realidad actual del país; pues recordemos que existe la Ley del Servicio Militar Nacional, que está vigente, no es positiva, no se lleva a la práctica, pero ahí está, lista, quizá, para cuando sea necesario, pero tenemos que adecuar esta reforma del artículo 31 constitucional en lo que se refiere a la obligación de los padres de familia de mandar a sus hijos a las escuelas para recibir la instrucción militar, tenemos que considerarla de tal manera que no se contraponga a la vigencia de la misma Ley del Servicio Militar Nacional. Así que en lo subsecuente, yo les invitaría a que examináramos este artículo 31 con mayor detenimiento y hacia las realidades del país. Les agradezco mucho ese silencio, compañeros diputados; muy agradecido. En verdad se los agradezco.
Quiero entregar a la Secretaría mi propuesta , para los efectos conduncentes.
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Intervengo en esta discusión en lo particular del dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de educación, para referirme a dos aspectos sumamente importantes.
El primero de ellos tiene que ver con las modificaciones para la fracción III del artículo 31 de nuestra Carta Magna.
La lectura del dictamen nos dice y cito textualmente:
"Para una mayor precisión en la misma fracción III del artículo en estudio, se consideró mejorar el texto que consigna la facultad constitucional del Ejecutivo Federal de determinar los planes y programas de estudio, con el objeto de dar pleno cumplimiento en el segundo párrafo y en la fracción II, es decir, lograr el cumplimiento de los fines y de los criterios orientadores de la educación en México".
Para nosotros no ha pasado desapercibido que en esta oportunidad se vuelve a dejar fuera de la referida fracción III, precisamente uno de los principales criterios y orientación de la educación en México, y que está contenido en la fracción I. Es decir, el carácter laico de la educación.
A nuestro juicio es necesario modificar la primera parte de la fracción III para quedar como sigue:
"Fracción III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo en las fracciones I y II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria y secundaria normal para toda la República. Para tales efectos el Ejecutivo Federal...", etcétera.
Al proponer esta modificación quisiéramos remitirnos a las discusiones que en el período anterior realizamos en torno a las reformas constitucionales que tienen qué ver con la normatividad entre las iglesias y el Estado. En ese entonces dijimos:
"Resulta pertinente reforzar la idea de que la educación mantenga su carácter laico, gratuito y apoyada verdaderamente en el avance científico; características que deben mantenerse en el texto constitucional, pero que además deben concretarse con un contenido preciso y una política congruente para este sector educativo.
"Desde nuestro punto de vista decíamos debe precisarse que la laicidad tiene relación directa con la tolerancia, en el más amplio sentido, pero también en el más estricto sentido de la palabra. Es decir, abarca el campo de las ideologías, de las religiones, de las culturas. En fin, de todas las semejanzas y diferencias que cualquier sociedad humana tiene o puede tener.
"Asimismo sostuvimos entonces, por lo tanto el carácter laico de la educación es la única garantía de que ésta dé cuenta de la pluralidad y heterogeneidad de nuestra sociedad, sin exclusiones de ningún tipo."
Al excluir de la fracción III la mención a la fracción I, que habla precisamente del carácter laico de la educación, se deja aún más abierta la posibilidad de que ese principio fundamental que garantiza el pluralismo social pueda ser vulnerado.
Es por ello que ahora quisiéramos refrendar nuestra convicción de que la separación entre Estado e iglesias pasa necesariamente por el carácter laico de la educación, el cual debe reflejarse en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República, materia de la fracción III.
En virtud de lo anteriormente expuesto, entregaré a la Secretaría en el momento de terminar mi intervención la reforma que al contenido previsto en este dictamen en la fracción III del artículo 3o. constitucional por escrito.
Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática ha manifestado insistentemente que no será posible elevar la calidad de la educación mientras el estado no asuma un compromiso explícito de destinar un mayor presupuesto a esta actividad.
Si bien en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993 el monto destinado a la educación tiene ya un ligero aumento de 2 décimas con respecto al del año de 1992, aún así es insuficiente para revertir los rezagos acumulados por años de recortes presupuestales.
Hemos señalado que aún existen enormes rezagos en materia educativa y se siguen padeciendo
problemas como la disminución de la matrícula escolar, la reducción en la producción de libros de texto, el deterioro en los indicadores de eficiencia educativa, metas de infraestructura planeadas y no cumplidas.
Superar estas deficiencias no será posible si los recursos que se destinan se encuentran sujetos a las decisiones coyunturales del Poder Ejecutivo.
Como muestra de estas decisiones caprichosas en torno al presupuesto educativo, tenemos que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, para citar un ejemplo, verán reducida su asignación de recursos en el ejercicio presupuestal de 1993, en términos reales de un 13.3% a un 4.5%, respectivamente.
Esta decisión repercutirá adversamente en la ya de por sí difícil situación que vive la educación, en este caso la educación superior de nuestro país.
El presupuesto destinado a educación refleja de una manera clara la importancia que un Gobierno asigna a esta actividad. Y en el caso de nuestro país el presupuesto asignado a la educación nos coloca, como ya ha sido dicho aquí anteriormente por el diputado René Bejarano, en algunos de los últimos lugares a nivel mundial, incluso por debajo de países mucho más pobres económicamente, como Guyana, que asigna el 10.1%, Libia 7.5% y otros que han sido ya mencionados.
Si bien el Secretario de la Educación Pública ha reconocido que sin el incremento de recursos a la educación será muy difícil alcanzar la excelencia académica, en la iniciativa de reformas al artículo 3o. presentada por el Ejecutivo, se continúa sin precisar los alcances del financiamiento educativo.
A diferencia de la propuesta presentada por el Presidente Carlos Salinas, la iniciativa de reformas al artículo 3o., presentada por el Partido de la Revolución Demecrática, señala de manera explícita que la cuantía de los recursos destinados a la educación , la ciencia y la cultura no será en ningún caso inferior al 8% del producto interno bruto del país; este porcentaje destinado a la educación ha sido incluso aprobado con el voto favorable de nuestro país en la Organización especializada de las Naciones Unidas, la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y La Cultura.
De aprobarse esta iniciativa se evitaría que a capricho de funcionarios que cambian constantemente o por eventuales desequilibrios económicos, el monto destinado a esta renglón sufra variaciones negativas que impidan el cumplimiento de los objetivos gubernamentales y sociales. Sin embargo, se ha dado una negativa constante de parte de la mayoría priísta, para establecer como mandato constitucional esta obligación.
Se ha pretendido desacreditar e incluso ridiculizar nuestra propuesta de un porcentaje mínimo del producto interno bruto destinado a la actividad educativa, presentándolo como una cifra mágica que por sí misma no resolverá los problemas del sector. Con ese argumento se pretende que olvidemos que una de las causas fundamentales del deterioro de la calidad de la educación pública ha sido precisamente el escaso presupuesto destinado al sector educativo. Este argumento intenta esconcler los rezagos educativos acumulados, producto de los recortes presupuestales aplicados en la década perdida de los ochenta.
Además de lo señalado, es necesario enfatizar que si bien el gasto destinado a la educación es fundamental, no se deben dejar del lado, como hasta el momento se ha hecho, otros aspectos que influyen de manera determinante en los resultados educativos, entre ellos destacan: una distribución equitativa del ingreso nacional, el acceso a los servicios básicos como salud y vivienda, así como mejorar los niveles nutricionales de la población, toda.
Por ello, o por todo ello y por mi conducto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta una propuesta para adicionar la fracción VIII y último párrafo del artículo 3o. constitucional con la siguiente frase, que se agregaría al final de dicha fracción:
"La cuantía de los recursos destinados a la educación, la ciencia y la cultura no será en ningún caso inferior al 8% del producto interno bruto del país."
Por lo anteriormente expuesto y para concluir mi intervención, me permito entregar a la Secretaría las propuestas correspondientes a las dos fracciones, a la fracción III y a la fracción VIII del artículo 3o. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
La iniciativa enviada por el Ejecutivo para modificar el artículo 3o. y el 31 de la constitución tiene múltiples propósitos, incluye el derecho a la educación, las obligaciones del Estado y de los particulares en esta materia, las facultades del Estado para determinar los planes de la educación básica así como de la educación normal.
La sustitución de grados por modalidades, uniformización de la educación de ciertos grupos sociales, las condiciones a que se sujeta la educación privada y las obligaciones educativas derivadas del ejercicio de la patria potestad. En nuestra fracción parlamentaria creemos que esta iniciativa presenta avances de importancia, que es una propuesta relevante en las reformas del Estado; sin embargo tal como se evaluó en el debate de comisiones y en la comparecencia del señor Secretario de Educación Pública, la iniciativa presenta algunos vacíos, imprecisiones y también inadecuaciones. El dictamen que hoy se presenta a este pleno es una muestra de que el ejercicio discursivo que tiene el concenso como meta central de la política, pueda arrojar resultados importantes; en lo sustancial el dictamen recogió de las propuestas que gozaba de mayor legitimidad y revisó el texto de la iniciativa para hacerle las modificaciones que se consideraron pertinentes.
Se le hicieron más de seis modificaciones, no sólo de forma o de ubicación técnica sino también de fondo, como el agregado de la fracción V y una modificación a la fracción III. Nuestro partido, el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional piensa que además de las mencionadas modificaciones que a la iniciativa se le han hecho, son necesarias otras más por lo que presentamos a su consideración cuatro de ellas, ya que creemos que son necesarias para que este artículo fomente una mejor educación para los mexicanos. Yo presentaré a continuación dos de ellas, y otro compañero presentará las dos restantes. La primera es al inciso C, de la fracción III que a la letra dice: "Contribuirá a la mejor convivencia humana tanto por los elementos que se aporte a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que pone en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derecho de todos los hombres evitando los privilegios de raza, de religión de grupos, de sexos o de individuos." Sólo estamos proponiendo en el texto que redactamos se cambie la palabra sustentar por la frase "fomentar la tolerancia" y quedaría de la siguiente manera: "Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que se ponga en fomentar la tolerancia, la fraternidad y la igualdad de derechos de todos los hombres evitando privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos".
Esta y la otra propuesta que hago les dejaré en la Secretaría y están firmadas por un servidor, por el diputado Abundio Ramírez Vázquez, por el diputado Demetrio Hernández Pérez y por el diputado Manuel terrazas.
En la fracción I del artículo 3o., se encuentra el principio de la educación laica, pero haciendo un análisis de la fracción III, donde de especifica la facultad del Estado de determinar los planes y programas que dan cumplimiento al párrafo segundo y a la fracción II, vemos que en la redacción del mismo parecería implicar que dichos planes y programas oficiales pueden no incorporar el principio de la educación laica, por lo que nuestro partido hace la siguiente propuesta de modificación a la fracción III, del artículo 3o., quedando de la siguiente forma:
Dice: "Para dar pleno cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República, para tales efectos el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que lo señale la Ley".
Debe decir: "Para dar pleno cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo y en las fracciones I y II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República, para tales efectos el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale". Para terminar, quiero hacer un resumen de como hemos seguido la discusión y lo quiero mencionar en 10 puntos:
1. Consideramos que en una reforma educativa no se trata sólo de cambiar las funciones, las obligaciones, las modalidades y los mecanismos de regulación estatal, sino que se trata de
redefinir el estatuto social de la educación; de redefinir el papel de la educación en las transformaciones sociales, económicas y culturales.
2. La educación garantiza la consecución de la democracia, no sólo a través de la igualdad de oportunidades sino a través de la adquisición de los valores, las actitudes y aptitudes de los individuos para vivir en una sociedad plural.
3. La obligatoriedad del Estado de impartir educación básica no sólo deberá ser en la educación básica, sino que se debería ampliar la educación preescolar, fundamentalmente por factores pedagógicos, sociales y culturales. En la educación preescolar se dota a los infantes de las primeras letras, y las primeras operaciones antes de la educación primaria.
4. La educación pública no es un impedimento para que la educación privada se añadan a los objetivos de educación nacional, otros objetos derivados de sus particularidades religiosa, social, cultural, ideológica, etcétera.
5. El riesgo de un esquema compartido de responsabilidades entre la educación pública y privada, siempre está en las disparidades que ocasionan en la formación de actitudes y aptitudes y habilidades de los educandos, pero también en la posible segmentación de oportunidades socioeconómicas y de valoración de nuestras instituciones tradicionales y libertades.
6. El principio de la educación laica no está a discusión en ninguna parte de la reforma propuesta, los planes y los programas oficiales deben tener también el carácter de laicos, porque ¿Cómo puede existir una educación laica si no se precisa que los planes y programas de estudio sean también laicos?.
7. La necesidad de incluir la educación indígena en el texto constitucional, porque consideramos que la educación indígena no puede ni uniformarse como la de los obreros y campesinos, ni dejarse a una ley secundaria.
8. Se debe especificar la educación de adultos. Las tendencias educativas son muy claras, la etapa de aprendizaje formal se expande, la educación dura toda la vida y no sólo a través de los circuitos informales, de las modalidades a distancia y extracurriculares, sino que también escolares productivas.
9. Hay la carencia también de la educación especial, la de los niños de aprendizaje irregular, los débiles visuales, los discapacitados y los de coeficiente intelectual asombroso.
10. En materia educativa, la política oficial no puede ser ajena a las opiniones, demandas, reclamos propuestas de la sociedad. La definición de la política educativa no sólo es una alternativa eficiente de la legitimidad, sino la condición de una existencia y viabilidad. Es conveniente que en la elaboración de una nueva Ley de Educación, se diseñe un mecanismo profundamente democrático y profundamente participativo.
Compañeros diputados, esta ha sido nuestra participación en lo particular y dejamos en la Secretaría nuestras dos propuestas primeras, para su discusión y aprobación en su caso. Muchas gracias.
El Presidente: - Se le concede el uso de la palabra a la diputada Layda Sansores San Román, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: - En este día nos toca una vez más abordar sobre lo que ha sido una constante de nuestro derecho constitucional: lanzar hacia adelante las aspiraciones más sentidas del pueblo mexicano. Hoy en un trabajo de apertura, se lograron consensos que pocas veces se logran. El Constituyente Permanente se reúne para enriquecer una de las partes sustanciales de nuestra Carta Magna en lo que a derecho social corresponde.
Me limitaré a referirme sólo a algunas afirmaciones que se han hecho en esta tribuna.
En primer lugar, considero que dejar señalado en la Constitución cual es el porcentaje del producto interno bruto que debemos dedicar a educación, está fuera de ortodoxia a que se debe sujetar nuestro trabajo legislativo. En ninguna constitución del mundo se habla de qué porcentajes de recursos se debe dedicar a tal o cual actividad. Qué riesgoso entrar en especificidades de este tipo, que nos podrían en la disyuntiva de modificar la Constitución, cada vez que por la dinámica de nuestra economía, tuviéramos que modificar también la distribución del gasto. Etiquetar una parte de nuestra riqueza en nuestra Carta Magna, así se trate de actividades prioritarias, es ir contra natura jurídica.
Por otra parte, quiero aclarar: la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura no ha hecho ninguna recomendación en torno a este tema. Los compañeros del Partido de la Revolución Democrática se refieren seguramente a una conferencia ministerial que tuvo lugar en México en 1979. ahí se terminó de proponer a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia.
y la Cultura que incluyera dentro de sus recomendaciones, la conveniencia de edificar gradualmente mayores recursos a educación, hasta llegar a un 7%, a un 8% El Pleno de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nunca lo incluyó. Consideramos que fue sensato. Se entiende que no es posible uniformar países con realidades tan diferentes.
Aquí se nos puso ejemplo de los porcentajes que dedican Canadá y los Estados Unidos de América. Yo quiero tomar otros dos ejemplos porque están en los extremos: Japón, indiscutible potencia industrial, tan distante geográfica y culturalmente de nosotros, está dedicando más del 12% de su riqueza nacional al sistema educativo. Pero aquí tenemos a Argentina del otro lado, con ingresos per capita similar al de nosotros, más cerca en su geografía, en su origen.
Le dedica el 1.5%, dato que debe ser tomado en cuenta para el análisis, porque los dos países están adelante de nosotros educativamente hablando; uno le dedica tres veces más, el otro le dedica tres veces menos.
Creo que los recursos que se dedican a educación siempre serán importantes, pero también se dedican a educación siempre serán importantes, pero también es importante considerar cuáles son nuestros tiempos, cuáles son nuestros ritmos, cuáles son nuestras realidades Imagínense a estas alturas que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura le recomiende a Somalia que le dedique el 8% del producto interno bruto a la educación. Si esos recursos los destinara al sector salud, contribuiría a solucionar problemas de hambre y a la vez tendría repercusiones positivas en su sistema educativo.
Con rigor sociológico no hay actividad más totalizadora que la educación. debe ser considerada dentro de una estrategia general de desarrollo social. No es deseable destinar mayores recursos para el sector educativo, restándole recursos a salud o a la construcción de caminos rurales. Si queremos un sistema educativo saludable; si queremos un sistema educativo que marche por buen camino, requerimos de buenos caminos, de otra manera la escuela se queda aislada en su actividad transformadora.
Actualmente uno de nuestros retos es retener al niño y al joven en la escuela, y si no lo estamos haciendo, ya no es por falta de recursos para estos rubros. Aquí ¿qué es lo que está pasando?
Son razones alimenticias, de trabajo, de caminos, de salud. Hay que crecer sí, pero hay que crecer con equilibrio. El equilibrio en el presupuesto de desarrollo social hará la tarea educativa más eficiente y ahí debemos ser celosos en promover el equilibrio en el gasto social. De esta manera, la escuela como institución básica, podrá cumplir con sus objetivos.
Tenemos que reconocer que en materia de educación hemos sufrido una crisis, que hay que reorientar muchos aspectos de nuestra política educativa. ¿Pero dónde está el compañero Salazar, porque de ninguna manera podemos hablar solamente de fracasos? En educación no estamos bien, pero vamos bien.
El gran mérito de Salinas es haber corregido el rumbo.
El sector educativo fue el más lastimado en esta profunda crisis económica en que estuvimos sumergidos, llegamos a disminuir es cierto lo que dicen los compañeros del Partido de la Revolución Democrática se disminuyó el porcentaje de nuestra riqueza nacional que se dedicaba a educación, pero eso sí, apenas estamos por resarcirnos de esta escasez de recursos, cuando ya vemos que hay un incremento substancial en el presupuesto de educación, y las cifras son contundentes. En 1988 el porcentaje de nuestra riqueza nacional dedicada a educación, era del 3.6% y actualmente, en 1993, llegará al 5.6%.
Se dice fácil. Este es un acierto del Presidente Salinas. Y no hay que olvidar que en este tipo de análisis no sólo hay que medir hasta dónde se llega, si queremos ser justos, también hay que considerar de dónde se parte.
Ahí queda el compromiso político de Salinas, en el Acuerdo para la Modernización Educativa, firmada por todos los gobernadores de seguir incrementando con un ritmo sostenido los recursos destinados a educación.
Y si digo, compañero Calderón, que no estamos bien, pero que vamos bien, no es sólo por razón de pesos, es también por razón pasos, de estrategias, estrategias fundamentales, contenidas en el Acuerdo para la Modernización Educativa, como son la descentralización, la reestructuración de planes y programas, la revaloración del papel protagónico del maestro.
Algunos mexicanos somos proclives a contar faltantes, a hablar sólo de fracasos, de desastres, pero que estimulante es contar también las ganancias, que efecto retroalimentador tan fuerte es hacer recuentos de nuestros logros, de la suma de aciertos que este pueblo y gobierno han tenido.
Esta reforma debe motivarnos a valorar lo andado. Y nada más a guisa de ejemplo, ahí queda el artículo 3o. Los talentos que redactaron en
1917 su contenido filosófico, político, de justicia social, dejaron sembrado un pilar de nuestro derecho social.
No se si le parezca fracaso a algún compañero la experiencia vivida en la escuela rural mexicana, modelo que muchos países siguieron y lo tomaron como ejemplo, porque ejemplos grandes eran también los maestros rurales que en sus comunidades se convirtieron verdaderamente en yunque y martillo.
Paso trascendente también en la década de los sesenta, cuando el presidente López Mateos instaura los libros de texto gratuito. Creo que no se ha hecho el suficiente reconocimiento por esta acción de Gobierno tan trascendente para la educación.
Y no puede ser fracaso tampoco el éxito en la penetración en comunidades indígenas, respetando usos y costumbres.
Leí hace unos días la Constitución de Australia, un país muy civilizado, apenas, hace dos periodos el Congreso suprimió la palabra "aborígen", que estaba inserta con un sentido discriminativo en su Constitución.
Hazaña, diría yo, de nuestro sistema educativo, cuando se le hizo creer a tal ritmo que le ganara la carrera a nuestro impresionante crecimiento demográfico.
Estamos seguros que la medida trascendente del actual régimen de compartir la responsabilidad de la educación básica con los gobiernos de los estados, el contenido de esta reforma constitucional que los partidos políticos respaldamos por abrumadora mayoría, formarán parte de los momentos estelares en la historia de la educación.
Estamos seguros también que van a quedar como un patrimonio para las generaciones venideras; estamos seguros también que no quedarán como esfuerzo efímero de una legislatura transitoria.
Gracias, compañeros.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Jorge Calderón, por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores:
El diputado René Bejarano, en su intervención, destacó claramente un fenómeno preocupante, que es el hecho de una drástica disminución de la matrícula en la educación primaria: 15 millones 376 mil 200 alumnos, en 1983- 1984, y solo 14 millones 401 mil 600 alumnos en 1990 y 1991.
Estos son datos, no palabras, son datos, datos extraídos del III Informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, y también son hechos el que durante un período importante, desde el año 1982 a 1988 hubo una sustancial disminución de la participación de la educación, del gasto educativo dentro del producto interno bruto, que se situó arriba del 3.5% en 1982, a una cifra de 2.5% en el año 1988.
Aun considerando las tendencias ascendentes en los últimos años, seguimos todavía abajo de los niveles más altos que tuvimos al inicio de la década de los ochenta.
¿Por qué destaco esto? Miren, compañeros diputados y diputadas, resulta que sin consulta con la soberanía popular y la soberanía de la nación, sin escuchar la voz de los hombres y mujeres de esta República y de los padres de familia, sin escuchar el sentimiento profundo que surge de todas las regiones, pueblos, comunidades y ciudades, el Gobierno de Miguel de la Madrid, de manera autoritaria, repito, y sin consultar a la nación, decidió una drástica disminución del gasto educativo.
Y ese Gobierno de Miguel de la Madrid, tenía un Secretario de Programación y Presupuesto, que era el licenciado Carlos Salinas, cosa que está constatada por la historia contemporánea de México.
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática, en algo tan sensible como es precisamente la formación de las generaciones y la constitución de una base nacional de ciencia, tecnología y cultura, no estamos de acuerdo que existan este tipo de facultades discrecionales, que apenas el día de ayer cuestionamos, en materia de ejercicio presupuestal, que permite en pocos años disminuir en un nivel tan grande con más de un punto del producto interno bruto, el gasto educativo cuando existen carencias tan gigantescas en todos los niveles de la educación nacional.
Por ello es, y que se entienda bien la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que lo que aquí estamos sosteniendo es la necesidad de que constitucionalmente se fije un porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación y, óigase bien, a la ciencia y a la cultura.
¿Por que? Porque consideramos pernicioso para la salud de la nación, para la constitución de una masa crítica de investigaciones en niveles de ciencia y de tecnología, y pernicioso también para la formación de las nuevas generaciones, el dejar al arbitrio de los gobiernos y de las circunstancias que se presentan anual o sexenalmente, algo tan fundamental como es esto.
Pero no sólo eso. No decimos que tendrá que ser del 8% del producto interno bruto. Decimos: No será en ningún caso inferior al 8% del producto in terno bruto.
Y es que esto nos parece de capital importancia para expresar la voluntad del Constituyente Permanente en materia precisamente de la formación de las jóvenes generaciones.
Pero no termina allí nuestra propuesta. Sostuvimos ayer y lo ratificamos hoy, que estamos discutiendo precisamente estas iniciativas en lo particular, de reforma constitucional al 3o., que lo que requiere esta nación es un programa nacional de crecimiento con estabilidad, con justicia y con democracia, que asegure que esos 18 millones de mexicanos que carecen de empleo permanente, esta nación en los próximos años busque otorgarles ingreso y busque otorgarles empleos, para que puedan enviar a sus hijos a las escuelas, con la seguridad de que tendrán una base familiar en alimentación, una base en estabilidad y una base en sus propias necesidades fundamentales cubiertas, porque si además de la disminución del gasto educativo en términos reales observamos el impacto devastador de la crisis económica en los niveles educativos de la nación, estamos entonces sacrificando toda una generación de mexicanos que no asiste a las escuelas bajo el impacto desvastador de esta crisis.
Y por otro lado la construcción de un sistema económico integrado y sólido e incluso la interdependencia con la economía mundial bajo condiciones adecuadas exige un segmento de investigación en ciencia y tecnología bajo normas que nos posibilite un cambio fundamental del perfil industrial y el perfil agrícola en la nación.
Por eso sostenemos también que en materia precisamente de ciencia, es preciso conjuntamente con educación destinar el 8% del producto interno bruto como norma mínima. Pero además somos nación porque tenemos una cultura y una vocación hacia la construcción de un Estado nacional soberano e independiente, la cultura es consustancial a nuestra identidad nacional.
Por ello es que también proponemos como parte fundamental de esta formulación mínima del gasto que deben destinarse a este sector, el que se considere dentro de este 8% la cultura nacional en la visión integral que este término tiene.
Consideramos que la voluntad de una nación tiene que ser expresada en textos constitucionales y por ello, y con esto terminaría, nuestro punto de vista y lo ratificamos es la absoluta necesidad de poner en un texto constitucional una voluntad del Constituyente permanente en materia de gasto público en el sector educativo y evitar que gobiernos, como en este caso lo fue el de Miguel de la Madrid, aplique esta reducción del gasto educativo en contra de los intereses de la nación y creemos por tanto una base de formación de los hombres y mujeres de este pueblo y de formación en materia de ciencia y tecnología y de cultura que consolide nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Muchas gracias.
El Presidente:- Para alusiones personales, adelante señor diputado González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar: - Gracias señor Presidente, compañera y compañeros diputados:
Disculpen haber pedido la palabra para alusiones personales, no son alusiones personales, son rectificación de hechos y esclarecimiento de los mismos, con la mayor serenidad, pero sí con la mayor claridad también.
Puede quedar la impresión que me preocupa profundamente, como ustedes comprenderán fácilmente, que el Gobierno del Presidente de la Madrid a quien aquí se ha aludido por el orador que me ha antecedido en el uso de la palabra, de una manera calculada, deliberada, redujo el presupuesto que a la educación se destinó en los años de ese Gobierno. Y es claro, así me lo parece a mí, que las reducciones que al respecto del producto interno bruto tuvo efectivamente, porque las tuvo, el gasto en educación, no fueron de ninguna manera el resultado de una decisión voluntarista o peor aún desdeñadora de la educación, yo diría que lo que ocurrió fue exactamente todo lo contrario.
Muchas veces cuando se ha discutido aquí en repetidas ocasiones la conformación de la deuda exterior del país y las dificultades a que éste se enfrentó, en los últimos años determinaron una reducción, es cierto, en una serie de erogaciones que de no haberse dado esas condiciones hubiesen ido creciendo con un ritmo que los diversos gobiernos de la revolución habían estado impulsando desde los años cincuenta.
Esa reducción pues no fue autoritaria de ninguna manera, fue una reducción que en todo caso conoció esta soberanía, que lamentamos todos profundamente y particularmente en el sector educativo. Pero quisiera rescatar en primer término ese hecho, que no fue de ninguna manera una reducción sacada a salida de una voluntad negadora de la importancia del desarrollo y del progreso de la educación que no obstante eso incluso reconoció y registro avances importantes en muchos sectores y particularmente en el sector de cultura, en donde una red impresionante no existente hasta entonces, de bibliotecas públicas, se abrieron por todos los puntos de la República, hasta alcanzar más de 3 mil bibliotecas públicas, frente a 300, 360 y tantos que se registraban al comienzo de dicho período presidencial.
Con la apertura de tantos museos, como todos los que había hasta el momento que comenzó esa administración, a la edición masiva e insólita o no vista hasta entonces ni en los mejores momentos del desarrollo educativo, de textos de divulgación, de cultura, que permearon la sociedad mexicana muy ampliamente.
Y en términos de atención o de cobertura de la demanda de educación, el mantenimiento de la atención al 100% de la demanda educativa real, y un crecimiento de más de un millón y medio de alumnos en la educación preescolar.
Hay otra cosa por último, que en orden a la aclaración quiero decir, y es ésta: hemos oído aquí muchas veces y hemos leído, el famoso compromiso de destinar un porcentaje determinado del producto interno bruto, a la educación. Sería deseable no en esos términos, sería deseable que esos recursos ingresaran a educación. Pero ciertamente, al menos así se ha comprendido o así se ha estimado en las diferentes administraciones, incluyendo aquélla en la cual participé precisamente en ese ramo, que no es a base de asignar el 8% a la educación, el 6% a la salud, el 13% a esto, el 14% a aquéllo, como se hace en un presupuesto.
Por esos criterios no sería ni siquiera necesario que año con año se presentara aquí un presupuesto, éste estaría preconfigurado desde la Constitución misma, como se ha propuesto aquí, y no habría necesidad ni de votar impuestos, porque simplemente sería ya un esquema de presupuesto predeterminado de antemano. No es ciertamente la medida y no lo es, tampoco, porque la disposición del producto interno bruto, ¡ quién gasta el producto interno bruto?, no es una decisión que competa exclusivamente al Gobierno, el producto interno bruto es una magnitud que se integra con bienes y servicios, muchos de los cuales están fuera del control del Gobierno y desde luego fuera del presupuesto.
Se puede sí, y entonces tiene algún sentido la propuesta, hablar en una proporción del presupuesto nacional, es decir, de lo que el Gobierno maneja realmente, de lo que tiene a su disposición de acuerdo con tal o cual política económica y fiscal. Pero finalmente es lo que tiene y puede disponer de eso y no, perdónenme, de una abstracción tal como el producto interno bruto, el cual sólo es una economía absoluta y totalmente centralizada, puede disponer el Gobierno.
Creí necesario hacer esta aclaración en beneficio de la Cámara, pero en beneficio también de la verdad de los últimos años. Gracias. (Aplausos.) El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado René Juvenal Bejarano, para rectificar hechos.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - La intervención del distinguido diputado don Miguel González Avelar, aunque no esté en el reglamento, podría calificarse como alusiones institucionales, porque se trata de defender un sexenio calificado acertadamente por los economistas más distinguidos de este país, como el sexenio del crecimiento cero.
Es el sexenio donde algunos indicadores sufrieron definitivamente un deterioro significativo que conllevó a drásticos costos sociales.
Quiero comparar los datos de este sexenio del crecimiento cero, con las metas del sector educativo del sexenio anterior consignadas en el Plan Global de Desarrollo. En el último trienio del sexenio de López Portillo, se establecieron una serie de objetivos que valdría la pena retomar para ver hasta qué punto se ha cumplido y por qué no se han cumplido.
Primero. Objetivo uno: asegurar la educación básica a toda la población; objetivo dos: vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios; tercero: elevar la calidad de la educación; cuarto: mejorar la atmósfera cultural del país; quinto: aumentar la eficiencia del sistema educativo.
Como programa prioritario, asegurar la primaria completa a todos los niños; se trataba de castellanizar a la población indígena monolingüe, de dar a la población adulta la oportunidad de
recibir la educación básica, primaria o secundaria o complementarla, en su caso; propiciar el desarrollo armónico de la educación superior en todo el país racionalizando el uso de los recursos que se destinen a ello; fomentar la educación profesional, etcétera. Por razones de tiempo no voy a explicar todas las metas, pero incluso en el caso del analfabetismo, se perseguía el fin de reducirlo al 5% y además se trataba de garantizar un promedio de escolaridad de seis años.
¡Qué sucedió? Bueno, que durante los tres primeros años del sexenio de Miguel de la Madrid, en la parte que correspondió de la gestión a don Jesús Reyes Heroles, hubo una tendencia relativamente creciente, y digo relativamente, porque pasó el gasto federal en educación de un porcentaje a una cálida drástica de 1982- 1983, de 3.8% a 2.6%. Después hubo una leve recuperación: no llegar hasta 3%; y después vino una caída significativa del gasto.
¡Hay en México o no una relación entre gasto, calidad de la educación, cobertura de los servicios, eficiencia, etcétera? Evidentemente, por la estructura del sistema educativo nacional, en México, sí. En Argentina podrá no ser, por la magnitud de la educación privada y por la fortaleza de la sociedad civil. Pero en México hay una relación muy estrecha entre gasto y los indicadores educativos.
Si el gasto disminuye significativamente por la magnitud de la educación pública, los indicadores tienden a decrecer dramáticamente y los efectos sociales son terriblemente perniciosos.
De tal manera que sí tenemos entonces que establecer una responsabilidad. ¿De quién? ¿ Del Titular del Ejecutivo? ¿Del Congreso que aprobó? ¿O de la mayoría de este Congreso? Yo diría que un partido. O de un grupo político en el poder. Es responsabilidad de quienes condujeron, perdón, de quienes tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos del país en esos años.
¿Quiénes son? Bueno, los representantes del Partido Revolucionario Institucional. Ellos, ustedes fueron los responsables de la política económica, fueron los responsables de la crisis, de los errores cometidos en la política económica; no estamos hablando de abstracciones, estamos hablando de responsabilidades concretas. Y estas responsabilidades tienen que ver también con el marco constitucional.
Es inexacto lo dicho por la diputada Layda. Por ejemplo, yo revisaba el texto de la Constitución guatemalteca, y no sólo no se habla del sector educativo, sino se habla de la Universidad de San Carlos. Podrá ser discutible si la Constitución guatemalteca tiene razón o no o si se respeta la esencia del derecho constitucional y si es conveniente o no que en una constitución se establezca el gasto para la universidad, ya no hablemos para un sector educativo. Pero en todo caso es inexacto.
Lo que nosotros estamos planteando es que el Estado, en México, tiene que tener una obligación de un mínimo porcentual de gasto destinado a la actividad educativa.
¿Por qué? Porque la recuperación económica no está consolidada, porque no hay una seguridad de que los avances o las recuperaciones económicas sean permanentes. Como hemos dicho, insistentemente, hay diversos "focos rojos" en la economía mexicana, están prendidos y nada asegura que no podamos tener desequilibrios y desajustes económicos en los próximos años, que no podamos tener como lo hay hoy una desaceleración del crecimiento o una recesión o incluso pudiéramos hablar de un estancamiento.
No podemos nosotros dejar de pensar que puede haber, incluso en el sector económico, una... concluyo con esto, señor Presidente... fuga de capitales.
Toda vez que como hemos dicho los capitales que han regresado del exterior están destinados no principalmente a actividades productivas, sino en actividades especulativas.
Por todos estos motivos es que sí hay la necesidad de establecer este mínimo porcentual, porque quienes idearon el Plan Global de Desarrollo y las metas del sector educativo del 1979 al 1982 tendrían que responder, ahora, por qué el Estado, los mismos que aprobaron este Plan, los mismos que aprobaron los presupuestos, los mismos que han tenido la responsabilidad de gobernar a este país desde hace muchos años, ¡no pudieron cumplir con lo que ellos mismos le propusieron al país!
¡Y como podemos entonces, cuando menos recuperar parte de los elementos de las metas que no se lograron! ¡Y esto, sin duda, tiene qué ver con el gasto del sector educativo! Y por eso digo que hay una importancia significativa en destinar cuando menos el 8% del producto interno bruto.
No se puede descalificar además la propuesta diciendo que esta recomendación no fue asumida por la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tendríamos que aclarar, en todo caso, en diversos foros cómo se ha venido haciendo.
Pero en los hechos no hay argumentos consistentes para despreciar esta idea. Reconocemos que el Titular del Ejecutivo en su último informe de Gobierno se ha comprometido a no disminuir o a incrementar, cuando menos en los dos próximos años, el gasto en educación. Pero eso no es suficiente. No es suficiente para las metas que se está proponiendo el mismo partido oficial y para el contenido de la iniciativa que estamos discutiendo. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Eloy Cantú.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Se ha planteado "que como una facultad discrecional del Ejecutivo Federal se puede disminuir el gasto educativo". Esto, compañeras y compañeros diputados, es particularmente interesante escucharlo en esta Cámara, que tiene como facultad exclusiva, por la Constitución General de la República, el aprobar el presupuesto de egresos, donde justamente se establece el gasto educativo.
Así, pues, una afirmación de esta naturaleza es menester venir aclarar que esto significa un gran desconocimiento del texto constitucional que nos rige.
Definitivamente implica también desconocer que en nuestro país la educación es una de esas competencias, que algunos llaman coincidentes, otros concurrentes, porque finalmente los tres órdenes de Gobierno la Federación, el estado y el municipio participan en este esfuerzo compartido. Y es natural que así sea, puesto que la educación es una prioridad en nuestro país. Pero también ésto ¿qué significa? Yo diría que además del Gobierno Federal contribuyen al gasto educativo estados y en menor medida municipios.
Estados del país, como el Estado de Nuevo León, dedica más del 50% de su presupuesto al gasto educativo. Y en la mayoría de las entidades federativas existe el rubro de gasto educativo como el rubro más importante. Así pues, ni es facultad discrecional del Ejecutivo Federal disminuir el gasto educativo y por lo tanto no sería de la mejor técnica constitucional el fijar un porcentaje, sí, fijo, dentro de la Constitución, para asegurar que esa facultad discrecional no se ejerza, ¿por qué?, porque esa facultad en primer lugar no existe, en segundo lugar porque es un esfuerzo compartido.
Pero por otra parte, y en términos ahora económicos, efectivamente, las economías tienen ciclos, hay momentos de crecimiento y hay momentos de recesión. Suponiendo que se fijara ese porcentaje, fijo, el la constitución, ¿qué sucedería en el gasto educativo en aquellos tiempos en que haya baja de crecimiento económico o inclusive recesión económica?
La educación sigue siendo una prioridad, no nos podríamos dar el lujo nosotros de cancelar recursos a la educación porque hay esa recesión y porque no tenemos o no existe un órgano constitucional capaz de contrarrestar esa medida.
No, compañeras y compañeros, en la banca priísta sostenemos que debe seguir siendo una facultad de la Cámara de Diputados el aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y debe de ser aquí donde discutamos los techos financieros y los montos para aprobar en materia de todo el gasto de la Federación, incluyendo el gasto educativo.
En este año de 1993, que próximamente inicia, tenemos un presupuesto que ayer discutimos y aprobamos, un presupuesto que disminuye en términos netos en el 0.4% y en un presupuesto que disminuye en el 0.4% nosotros aprobamos un incremento en el gasto educativo de 15% en términos reales. Así, pues, hay menos gasto global, pero hay más gasto en materia de educación, hasta llegar a ser el 22.4%, del gasto programable.
Y si vemos de 1988 a la fecha qué ha sucedido, en términos reales el gasto en educación es de prácticamente el 80%, el 77.4%. De esta tendencia a continuar y creemos que así será, porque con las reformas constitucionales que estamos discutiendo habrá, sin duda alguna, más apoyo en el gasto educativo del Gobierno Federal, sin duda llegaremos al 100% en la administración del Presidente Salinas.
Esto, compañeras y compañeros, es un ejemplo contundente de que discutiendo el gasto educativo, como lo hemos hecho, es preferible que con esas rigideces de establecer un porcentaje fijo, que por una parte nulifica a este órgano constitucional y por la otra, no prevee una solución en tiempos de crisis económica.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, consideramos que el planteamiento que aquí se ha hecho en esa materia no es procedente en términos constitucionales, no es
procedente en términos económicos y que es preferible que en esta Cámara se siga reflejando la voluntad de la nación de tener a la educación como una prioridad en cualquier tiempo, inclusive en tiempo de crisis o inclusive cuando el presupuesto disminuye. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, para rectificar hechos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores: Precisamente lo que sucedió el día de ayer muestra un mecanismo que no esté en la Constitución pero que sí está en prácticas de un régimen de partido de Estado que el Partido de la Revolución Democrática ha cuestionado que es, mecanismos diversos extralegales de subordinación de una mayoría del Poder Legislativo al Titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto es precisamente lo que cuestionamos porque esta sobrerepresentación o mejor dicho la facultad extralegal y extraconstitucional que el Ejecutivo Federal ha asumido desde hace muchos años en este país, para no solamente tener el control propiamente dicho del Ejecutivo Federal sino una mayoría en el Legislativo que le compete facultades en amplios casos de aprobación prácticamente automática del Proyecto de presupuesto Federal que el Ejecutivo genera, que el Ejecutivo presenta a las cámaras de Diputados, hace que en muchos casos estamos ante un mecanismo autoritario, discrecional y antidemocrático de aprobación presupuestal, más allá de las facultades constitucionales que el propio artículo 74 establece de manera precisa y me voy a referir a lo siguiente.
El día de ayer abrimos dos ventanas presupuestales, una para el Instituto Federal Electoral y otra para el Palacio Legislativo pero hicimos un solo cambio puntual al Presupuesto, ese cambio es un cambio sin embargo ilusorio, es pasar 350 mil millones de pesos de erogaciones no sectorizables a una asignación específica en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero en la práctica significa que no hubo ninguna modificación, ni un solo peso, ni un solo centavo en el presupuesto de egresos de la Federación en el monto global que fue presentado por el Ejecutivo y que el superavít de 18 mil 159 millones de nuevos pesos en ningún momento fue tocado.
Señalo esto porque si hay algo que estamos cuestionando en el Partido de la Revolución Democrática es precisamente que este mecanismo a través del cual el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal tiene no solamente la atribución de ser eso, Ejecutivo Federal, sino además un dominio sobre una mayoría legislativa que hace que se aprueben de manera prácticamente automática los presupuestos de Egresos de la Federación, incidió en el Gobierno del Licenciado Miguel de la Madrid de manera específica, en una reducción en términos reales del gasto educativo que era algo que podía haberse evitado.
En los años ochenta, un servidor de ustedes, junto con muchos miles, cientos de miles de mexicanos, marchamos por las calles de esta nación exigiendo una renegociación patriótica de la deuda externa, cancelación de un conjunto de créditos que el pueblo mexicano nunca recibió y que fueron objeto de especulación por un puñado de grupos financieros y de tecnocráticos y eso hubiera permitido incrementar sustancialmente el gasto público en aquellos sectores sensibles para los intereses fundamentales de la nación como es el educativo, o el agrícola entre otros. Si hubo reducción del gasto público en el período de Miguel de la Madrid no es porque esto fuera una maldición del cielo sino por una decisión de política económica que privilegió el pago de la deuda externa y de la deuda interna a los intereses fundamentales de la nación cuando había otras rutas para mantener el apoyo fundamental a la educación del país.
Conocemos por tanto, la facultad constitucional de la Cámara y no sólo la conocemos, exigimos y ayer debatimos muchas horas para que esta Cámara ejerciera la facultad constitucional; presentamos propuestas de modificación fundadas, de varios partidos políticos, al Presupuesto de Egresos de la Federación en ejercicio de esta atribución constitucional.
Un segundo punto para terminar, el que tiene que ver con el Presupuesto y con el porcentaje, nuestra propuesta no es que sea un porcentaje fijo, la Propuesta del Partido de la Revolución Democrática es que ningún caso será inferior al 8% del producto interno bruto que evidentemente se expresa a través de un gasto público en educación en ciencia y en cultura, y tenemos ya experiencias como la del general Lázaro Cárdenas, que precisamente en un contexto de recesión económica incurrió de manera responsable y correcta en un déficit fiscal para impulsar el gasto público en infraestructura, el gasto público en obra social y en educación, para otra vez finalizar la economía y permitir un crecimiento económico sostenido a lo largo de muchos años.
En la hipótesis, que esperamos no se realice, de que este país entrará en una crisis económica,
es obligación del Gobierno, precisamente es obligación del Gobierno, aplicar todo un conjunto de instrumentos de política económica para relanzar el proceso económico.
Y en estas condiciones, es válido incluso incurrir en déficit fiscal, pero nunca, sacrificar la educación; nunca sacrificar la ciencia y nunca sacrificar la cultura y siempre preservar la formación de la integridad educativa de las generaciones de mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Eloy Cantú.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Un distinguido compañero nuestro de la Cámara, ya ha hecho previamente uso de la palabra con un gran conocimiento de causa, con una gran autoridad, con una experiencia que le da a sus palabras un valor especial.
El nos ha hecho alusión al momento de crisis económica que vivía el país y de cómo ésta inevitablemente tenía su repercusión en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. Y cómo dentro del sector educativo se hizo un esfuerzo para temperar, para aminorar el efecto de la crisis económica.
Eso ha sido explicado por quien vivió cabalmente ese momento. Yo he venido únicamente a ratificar y a reiterar que en nuestro país y así lo demuestra la historia y las estadísticas económicas, sociales en materia de educación, ha existido una tendencia creciente que acredita que para el pueblo y Gobierno de México y así ha sido acreditado en esta Cámara de Diputados permanentemente, la educación ha tenido un lugar especial y lo seguirá teniendo.
Por lo tanto, que sea aquí en la Cámara de Diputados donde se siga discutiendo y debatiendo como se ha hecho en esta ocasión y seguirá haciendo en los años futuros, el mejor presupuesto para el gasto educativo y que no se venga aquí a cuestionar por una coyuntura económica, una decisión política fundamental del pueblo de México que ha sido darse a sí mismo la mejor educación posible, aún en tiempos de crisis.
Hoy estamos en presencia de una gran recuperación económica, de una recuperación económica, que está permitiendo justamente el canalizar un mayor número de recursos al gasto educativo, y esto ha sido posible por el esfuerzo que se vivió durante esos años.
Compañeras y compañeros, que quede claro que en México, la educación ha sido, es y seguirá siendo y así se ha acreditado por la mayoría en esta Cámara de Diputados, la educación una prioridad del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Joel Arce Pantoja, del Partido de Acción Nacional.
El diputado Joel Arce Pantoja: - Con su venia, señor Presidente, señoras y señores diputados.
El partido Acción Nacional considera que el concepto de persona humana es más definitorio y específico en relación al ser humano en cuanto a sus derechos, facultades, fines y razón de ser de la persona. En cambio, el término individuo es de orden genérico, similar al de hombre.
Por este motivo proponemos la modificación del dictamen, para que el artículo 3o. en su párrafo primero, sea cambiado el término de "todo individuo" por el de "toda persona".
Asimismo, puesto que toda sociedad es un conjunto de personas, por esto pensamos que es fundamental entonces el conocimiento de la persona en cuanto a su naturaleza.
El origen de la palabra persona se sitúa en el teatro antiguo. En griego quiere decir prosopon y en latín persona.
Al principio se denominaba a la máscara que usaban los actores; posteriormente Pasó a significar el papel que representaba, y finalmente, era referido a los individuos mismos.
Ya esta traslación etimológica y pragmática de la palabra, parece que nos ubica sobre lo constitutivo de la persona.
Como ustedes saben, el vocablo persona es una palabra análoga, se diferencia de las palabra unívocas, requiere ser explicada en su significado y analizada en su contenido, para el efecto de que ésta sea entendida.
Todo hombre es persona, su parte esencial está constituida por materia y espíritu. Por lo mismo, requiere a la sociedad para satisfacer plenamente todas sus necesidades, sean temporales o sean trascendentales.
El bien común de toda persona consistirá entonces en que la persona humana alcance su felicidad o perfección.
La persona tiene una estructura en tres niveles: orgánico - vegetativo, sensoria y racional. De aquello se deriva toda su grandeza y manifestación.
De su racionalidad se desprende su dignidad, y ésta es la mayor investidura y más perfecta del ser humano en toda su existencia.
Persona significa que es perfecto en toda su naturaleza. En consecuencia, por ser racional la persona es libre y por ser libre es dueña de su destino.
Así se encamina hacia su felicidad como fin propio.
Son propiedades de la persona la existencia por derecho propio, la libertad y responsabilidad, la cualidad de ser sujeto de deberes y derechos, la capacidad de alcanzar su fin propio y, por último, la circunstancia de poseer dignidad.
En conclusión, persona, para el Partido Acción Nacional es el individuo con naturaleza racional.
En Acción Nacional pensamos que la asepción de persona ubica al ser humano en su verdadera dimensión. Inclusive la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reza en su artículo 26 lo siguiente: Toda persona tiene derecho a la educación. Y del mismo modo usa la palabra persona en relación a todos los derechos del hombre.
Así pues, la propuesta de nuestro partido es la siguiente:
Los suscritos diputados federales de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de la Asamblea, por su digno conducto, la siguiente proposición de modificación del dictamen que hoy se discute, referente al artículo 3o. constitucional en su primer párrafo, para quedar como sigue:
"La persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, federación, estados y municipios, impartirán educación preescolar primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias."
Atentamente.
Diputados: Francisco Salazar Saénz, Francisco José Poli, Gilberto Zapata Fraire, Joel Arce Pantoja. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Luis del Valle Adame, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Luis del Valle Adame:- Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Es un honor para mí estar de nuevo en esta tribuna, precisamente en el debate del artículo 3o. constitucional.
En Acción Nacional siempre hemos exigido el respeto a la libertad de enseñanza. Si bien el Estado debe garantizar la libertad de educación, también debe reconocer el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones.
Es pertinente hacer algunas reflexiones sobre la libertad, a fin de poder precisar lo que decimos cuando proponemos aquella como esencia de todo sistema educativo, frente a lo que significa que el Estado garantice esa libertad.
Desde el punto de vista del mínimo de libertad necesaria, primer problema filosófico que plantea el estudio del régimen de libertades, se proponen tres respuestas principales, la del liberalismo, la del totalitarismo y la del personalismo comunitario. Para el liberalismo la libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a los demás; en ese supuesto el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene más límite que asegurar a los otros miembros de la sociedad el goce de esos derechos. Su límite es la Ley.
En el sistema de marras, la libertad no es el poder de hacer el bien, sino el poder de gozar de libre arbitrio con motivo de una actividad determinada. La acción es limitada, porque no reconoce más reglas que la voluntad. Asimismo es absoluta porque no está sometida, de suyo, a un fin determinado. Es individualista, porque por naturaleza es extraña al hecho social.
Para el liberalismo, en suma, no hay un mínimo necesario de libertad, ya que no se da más que un mínimo necesario de autoridad. Más allá esto se vuelve ilegítima.
Por otra parte, en el estado totalitario la educación tiene como uno de sus principales objetivos la formación de mentalidades sometidas a las finalidades del Estado, como la verificación de su jefe como personificación del Estado. En cambio para el personalismo comunitario, la libertad implica desarrollar la propia personalidad y ayudar a los demás a desarrollar la
suya. A fin de lograr ese propósito, se requiere un mínimo necesario de libertad, entendida como la habilidad nata en todo hombre de ejercitar y desarrollar su actividad física, intelectual o moral conforme a su destino personal, sin que los demás hombres o el Estado impongan más restricciones que la necesaria, para que todos cumplan su destino personal.
En esa virtud, la tarea fundamental del Estado consiste en ayudar a los hombres a desarrollar su propia personalidad. Decimos ayudar, porque toca a la persona y sólo a ella, realizar su perfección. A efecto que el Estado pueda cumplir esa tarea, deberá poner en obra regímenes variados de libertad. Así lo exige la persona y el bien común.
El gobierno de nuestro país ha suscrito tratados internacionales ya mencionados anteriormente, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 26 segundo párrafo dice: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales."
En el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 13 establece un enunciado similar al artículo anterior.
Señoras y señores diputados, en Acción Nacional nos oponemos a cualquier monopolio en materia de educación, como cualquier actitud dogmática compulsiva que suprima las libertades esenciales.
¿Por qué razón, señores diputados, mientras que en el dictamen que presentan las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación, sobre la presente reforma en la fracción I del artículo 3o. persiste la educación laica? De acuerdo a la Enciclopedia Spasacalpe, laica significa "en la enseñanza, la educación que se imparte sin religión determinada."
Por tanto, en el artículo 3o., en su texto actual, el sentido laicista no garantiza a los padres de familia el derecho a la libertad de educar. Por ende, educación, compañeros legisladores, debe ser libre para quienes creen y para quienes no creen.
Por ello, propongo como reforma al primer párrafo, el siguiente texto:
"Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente modificación al proyecto de decreto que hoy nos ocupa:
Único. Se modifica la fracción I del artículo 3o. constitucional para quedar en los términos siguientes:
Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será libre."
Salón de sesiones, a los 16 días del mes de diciembre de 1992. Firman: diputado José de Jesús González Reyes y el de la voz.
Quienes continúen negando la libertad de ideas, sólo denotan carencia de fe, tanto en sus convicciones como en la grandeza de espíritu.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Moreno Bustamante, del Partido Revolucionaria Institucional.
El diputado Luis Moreno Bustamante:- Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
He solicitado el uso de la palabra para hacer algunas reflexiones en torno a la libertad de enseñanza y al laicismo educativo, en el marco del debate que lo que corresponde al orden particular de la iniciativa de reformas al artículo 3o. y al artículo 31 constitucional se lleva adelante en esta sesión.
Los abordo unidos porque así han estado a lo largo del devenir de la nación; pues como apunta el ameritado doctor Ignacio Burgoa, la educación pública en México ha oscilado entre un régimen de libertad y un sistema de control estatal. Esto ha producido el largo y a veces penoso debate que a través de la historia de la educación en México, desde fines de la época colonial hasta nuestros días, se ha efectuado respecto a estos dos temas que han sido concurrentes y simultáneos en las luchas populares revolucionarias de los mexicanos.
A fines del siglo XVIII se fundan en nuestro país los primeros establecimientos laicos de educación, el Colegio de las Viscainas, consagrado a la educación femenina, la Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, creada o para honra y protección del arte mexicano, de la Escuela de Minería, del Jardín Botánico, instituidos para fomentar la ciencia en nuestro país.
Vislumbrámbase desde entonces que sólo al margen de las limitaciones que imponen al pensamiento los dogmas religiosos, puede desarrollarse a plenitud el pensamiento científico.
Fueron esas instituciones el primer intento firme de secularizar la enseñanza y de introducir la libertad de la misma.
Hay que recordar que durante la época colonial la educación estaba en manos de la iglesia, del Estado, que tenía un contenido esencialmente religioso, que proscribía toda libertad de enseñanza.
Con el nacimiento de nuestro país como nación independiente, el debate se agudiza, pues de un lado están los grupos que quieren conservar las estructuras obsoletas e intolerantes de la Colonia, para mantener así sus privilegios y fueros; del otro lado se ubican quienes quieren el desarrollo pleno de la naciente República.
En ese marco, para los liberales el objetivo es lograr terminar con el monopolio educativo ejercido por el clero.
De allí que, como parte de la lucha política se da impulso a la demanda de libertad de enseñanza, que se refleja con claridad en la primera reforma liberal llevada a cabo por don Valentín Gómez Farías.
Este impulso fue incluso interrumpido por el regreso de Santa Ana y los conservadores al poder, que restablecieron la intolerancia.
Así, a lo largo de las luchas entre liberales y conservadores, la educación va a ser otro campo de batalla.
El constituyente de 1857 plasmó en la Carta Magna de aquel entonces la libertad de enseñanza, pero no debemos olvidar que uno de más preclaros ideólogos del liberalismo, el doctor José María Luis Mora, advertía de la necesidad de que el sistema de Gobierno debe estar en absoluta conformidad con los principios que rijan la educación.
Tal es la razón por lo que al consolidarse la República, después de vencer la intervención francesa y el imperio, Juárez, que encabezó a la generación de la Reforma, decide que sin limitar las libertades individuales se constituya un amplio sistema educativo que imparta educación laica.
Así se consigna la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 y la que complementan, expedida en 1869, que además hacen obligatoria la primaria y gratuita la educación pública.
Las contemporizaciones de la dictadura porfirista hicieron que la Constitución y las leyes fueran letra muerta, y nuevamente los partidarios del retroceso hicieron avanzar la intolerancia en los planteles educativos, con su inevitable secuela de marginación de los núcleos populares, lo que provocó que los revolucionarios identificaran como enemigos del movimiento social a los aliados de la dictadura porfirista.
Recordemos como un reflejo de este pensamiento, el debate del Constituyente del 17, y ahí encontraremos las razones de la aparente contradicción entre la libertad de enseñanza y la exclusión de los ministros de cualquier culto, enfatizo, de cualquier culto, del quehacer docente en las escuelas primarias.
La agudización de las contradicciones entre los grupos de fanáticos religiosos y los grupos revolucionarios, se reflejó en condiciones cada vez más excluyentes, que se plasmaban en las leyes que regulaban la educación, pues a todo esfuerzo por llevar la ilustración a las grandes masas de desheredados del pueblo mexicano, como vía de reivindicación social para elevar su nivel de vida, pues tengamos presentes que la educación es un medio de justicia distributiva, correspondía a una reacción de los partidarios del estancamiento, el retroceso, los fueros y los privilegios.
De esa época de luchas entre la educación y la intolerancia fanática, datan los hechos más indignantes perpetrados en contra de los maestros mexicanos.
No olvidamos hoy a los mártires de la educación laica. La historia identifica con claridad quiénes fueron los que azuzaron a los violadores y mutiladores y asesinos de las maestras rurales; a los que indujeron a las masas de fanáticos, que persiguieron y desorejaron a nuestros compañeros maestros, cuyo máximo delito era combatir la ignorancia y llevar la educación a los mexicanos.
Deseo en la evocación del ejemplo de la maestra zacatecana María Rodríguez Murillo, rendir homenaje a la memoria de todos los maestros que cayeron muertos o fueron infamados por violaciones o mutilaciones, por llevar al pueblo la educación.
Recordemos con ello que los dogmatismos, los prejuicios y los fanatismos apoyados en la
ignorancia sólo producen conductas aberrantes injustas e inhumanas como el crimen que se cometió en la persona de la maestra María Rodríguez Murillo.
Estamos conscientes que esta no es época de confrontación ni momento para revivir luchas pasadas, somos partidarios de la unidad y la conciliación entre todos los mexicanos que resultan indispensables para el pluralismo democráticos Juárez y los hombres que con él vencieron a la intervención y al imperio fueron conscientes de que la libertad de enseñanza por la amplitud que estaba consagrada en la Constitución de 1857 ocasionaba el caos en la vida social, por eso la regularon en la Ley de Instrucción Pública de 1867 y de 1869. También por eso los Constituyentes del 17 se impusieron importantes restricciones, la más importante la que tenía como propósito evitar que la educación en manos de la iglesia redundara en la formación de prejuicios en la mente de los educandos.
Fue entonces la decisión de declararla laica y en el caso de la primaria prohibir la intervención de corporaciones religiosas y de los ministros de los mismos cultos religiosos.
Quienes argumentan el derecho preferente que concede la fracción III del artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos omiten toda referencia al artículo 18 de la misma Declaración que a la letra dice:
"Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado con la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."
No ignoramos que efectivamente es derecho preferente de los padres orientar a sus hijos en materia religiosa, como decía uno de los compañeros de Acción Nacional que nos antecedió en el uso de la palabra, pero debemos enfatizar que es deber de todos recordar que el interés superior del niño debe ser también el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y que es derecho de los infantes recibir una educación científica, libre de prejuicios y de dogmatismos.
Desde nuestro punto de vista la cuestión religiosa es asunto privado que debe ventilarse en el seno familiar e impartirse en las iglesias no en la escuela. Sin embargo, la última reforma al artículo 3o. Constitucional abre esa gran posibilidad para que en forma adicional las escuelas particulares que así lo deseé puedan impartir la religión.
Podríamos seguir haciendo el recorrido histórico del debate nacional en torno a la libertad de enseñanza, pero consideramos que éste es un asunto que el pueblo de México ha ido dejando poco a poco concluido, tanto en lo interno como en los convenios internacionales que el gobierno ha suscrito y que aquí se han hecho mención. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos , la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y el propio Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Las nuevas relaciones del Estado con la sociedad civil y en particular con las iglesias condujeron a la reforma constitucional de los artículos 3o., 5o., 24,27 y 130. En este hecho con el que ahora nos ocupa se ha tenido también presente las razones que hicieron laico al Estado mexicano y por consecuencia la educación impartida por él, la iniciativa hoy la recoge y proyecta las condiciones actuales de la nación.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo, preserva todos los aspectos positivos de nuestra experiencia histórica. Pero también amplía las facilidades y las garantías para que los particulares concurran a la solución de los problemas educativos del país. Así se refleja tanto en la exposición de motivos, como en el texto de la fracción V, que regula la intervención de los particulares en la educación.
Con el texto de la fracción I que el Ejecutivo propone, se tienen presentes las luchas del pueblo mexicano por conquistar una educación libre de la tutela opresora de los dogmas; secularizadora de la vida porque la lacicidad no se encuentra sólo en la escuela, nosotros la concebimos como una forma de vida y convivencia social, como un instrumento indispensable para formar a los mexicanos, para alcanzar progreso, libertad, desarrollo y democracia.
Además es nuestra convicción que la escuela Laica es la que corresponde a los tiempos modernos, la que educa científicamente con libertad para la democracia, porque nos habitúa al debate libre y plural de las ideas; nos hace tolerantes, nos libera de perjuicios, dogmatismo y de los fanatismos. Pero sobre todo, porque fortalece la unidad de los mexicanos al hacernos conscientes de que formamos parte de una nación plural, heterogénea en lo étnico y en lo cultural. Pero que es una en su
diversidad. Así la educación laica es un elemento de cohesión nacional que garantiza la vida democrática en cuanto respeta los derechos de creencia y práctica religiosa, sin posiciones excluyentes o de privilegio para algún credo en particular.
Sobre este punto quiero citar las palabras pronunciadas por el Señor licenciado Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Educación pública en su comparecencia en esta Cámara, el 4 de diciembre de 1984.
Sobre el particular decía: "El laicismo es la defensa de la independencia del individuo, la familia y la sociedad, del propio poder eclesiástico. Dentro del sistema de educación pública defendemos el laicismo como defensa de la libertad de enseñanza y como defensa a la postre, de la libertad de conciencia, de la tolerancia y de todos los principios que hacen posible la convivencia de los distintos credos que existen en el país".
"Yo pienso, decía el licenciado Reyes Heroles, que el laicismos es barrera y valladar defensa de la libertad de conciencia, de la libertad de enseñanza y de la libertad general que existe en México. Por eso en la educación pública tiene que darse la educación laica, que no impide la educación religiosa en otros ámbitos", Hasta aquí la cita.
Es por eso que la escuela pública es laica. Pero al Estado compete vigilar que las escuelas particulares no sean disolventes de la unidad nacional. Por eso como lo establece la fracción III de la iniciativa, la única forma de garantizar el cumplimiento del laicismo y de lo que constituye la parte doctrinal y la orientación filosófica del artículo 3o., plasmada en la fracción II, se reserva para el Estado la facultad de determinar los planes y programas de estudio de la educación básica para toda la República, escuchando a las partes interesantes, como dice el propio dictamen.
Compañeras y compañeros diputados: quiero en el marco de las reflexiones anteriores, destacar el alcance y la trascendental importancia de la fracción V de la iniciativa, VI hoy del dictamen, que reagrupa y reordena los contenidos de las fracciones III, IV y V del artículo 3o. vigente, porque en ella, además de conservar el sentido regulador del precepto constitucional, en un acto de plena congruencia legislativa y jurídica, que refleja las condiciones actuales de las relaciones entre el Estado Mexicano y la sociedad civil, así como el régimen de derecho que lo caracteriza.
Debemos destacar que las reformas constitucionales incrementan la responsabilidad de los particulares que pretenden impartir educación, porque deben hacer uso adecuado garantías que se le están otorgando, y cumplir con su obligación de contribuir al desarrollo integral de los individuos y de la nación, en un marco de respeto a la dignidad de la persona, de tolerancia para todas las creencias, y de pluralismo en la búsqueda de la unidad nacional, por lo que si desean impartir educación religiosa, ésta al igual que los contenidos regionales o estatales que se introduzcan en la educación básica, deben ser adicionales a los programas nacionales sin contradecir su contenido científico, además deben ser complementarios, nunca sustitutivos de los programas nacionales.
En las anteriores y otras muchas consideraciones, se apoya la razón de mi voto a favor del dictamen que presentan las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Educación. Muchas gracias. compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Yo quisiera retomar un tema que ha sido ya planteado en la agenda de discusión de esta iniciativa de reforma al artículo 3o. constitucional, y plantear un punto de acuerdo suscrito por cinco fracciones parlamentarias, diputados de cinco grupos parlamentarios de esta legislatura, y es el que se refiere al papel que los medios de comunicación deben de cumplir dentro del sistema educativo nacional.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante por intentar llegar a un consenso con la mayoría de la cámara: ésa es parte del motivo porque hasta esta hora de la noche retomemos el tema, y esperemos que en su discusión todavía se encuentre un espacio para poder cristalizar esta propuesta en una adición al artículo constitucional.
Si nosotros partimos de que el precepto constitucional establece que la educación en nuestro país tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, no podemos dejar de lado el señalar el impacto
que los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, tienen en la educación de nuestro país.
Cuando se elaboró el texto del actual artículo 3o. constitucional, los medios comunicación habían alcanzado el nivel de desarrollo que actualmente cuentan y que previsiblemente se incrementará en los próximos años.
Al mismo tiempo, el funcionamiento de las empresas de radio y televisión se han dado con base a un régimen de conseciones del Estado, y por tanto están sujetas a la reglamentación que ésta determine: De ahí la necesidad de que dichas empresas ajusten invariablemente el contenido de sus emisiones a los valores y principios que consagra el artículo 3o. constitucional, a fin de que verdaderamente contribuyan a las tareas educativas y culturales, según lo establezca la norma constitucional y la ley reglamentaria.
Nadie puede negar el papel que los medios de comunicación desarrollan hoy y la influencia que estos tienen en la educación y en la formación de la niñez y de todos los mexicanos.
Yo quisiera aquí retomar algunos de los datos que algunas de instituciones del Gobierno Federal nos han dado a conocer para poder evaluar el impacto que tienen los medios de comunicación en educación, y particularmente en la infancia.
Por ejemplo, según datos del Consejo Nacional de población, y de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal y su área metropolitana, el 95% del total de los hogares, cuentan con por lo menos un radio. Y más del 90%, con una televisión. De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en nuestro país existe un aparato de televisión por cada ocho mexicanos, cifra que va a aumentar considerablemente, pues tan sólo el año pasado se compraron por parte de los mexicanos, más de dos millones de receptores de televisión.
En un estudio elaborado por el área de Ciencias de la Comunicación de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se afirma que el consorcio privado de televisión en nuestro país transmite alrededor de 400 horas semanales, de las cuales produce, solamente este consorcio 200 horas; 50% de transmisión semanal es elaborada por el consorcio televisivo privado.
Cantidad que es muy superior a las que produce, por ejemplo, la BBC de Londres o la ABC, la NBC o la CBS en los Estados Unidos.
En este mismo estudio se establece que un niño destina de cuatro a seis horas diarias a ver la televisión. Esto representa aproximadamente 30 horas a la semana, 120 horas al mes y más de 1 mil 440 horas al año. En tanto, si lo comparamos con los tiempos de horas - clases a las que acuden los niños en nuestro país a clases, esos tienen nada más una asistencia regular, en el mejor de los casos, de solamente 900 horas. Es decir, cerca del 50% más de horas de las que destinan a las clases los niños, las pasan frente a un aparato de televisión.
Situación que se complica todavía más fuera del Distrito Federal y su área metropolitana, donde los niños en muchos de los estados de la República no solamente tienen tiempos muertos, sino tienen horarios de clases mucho más restringidos y tienen menores oposiciones lúdicas para su desarrollo y su formación. Por lo que el porcentaje de horas - televisión por niño al día se incrementa considerablemente en muchos de los estados de la República.
Y esto tenemos que evaluarlo en la forma en que repercute, máxime con el nivel de desarrollo que tenemos a nivel educativo en el país, que apenas alcanza el 5o. grado de primaria, lo que se articula en un sentido muy intrínseco con las variaciones que tiene la identidad nacional que rebasa con mucho los parámetros establecidos.
Aquí quisiera referirme a algunos estudios que la propia secretaría de Educación Pública ha dado a conocer, tanto de estudios elaborados por la Fundación Nexos en 1990, como de otras dependencias de la propia Secretaría de Educación Pública. Y particularmente quiero referirme a cómo impacta la televisión en los diferentes niveles de educación, tanto preescolar como la educación básica, incluida ahora ya también la secundaria.
A nivel de la población preescolar, los niños en edad preescolar, antes de los tres años de edad el 95% de los niños en la ciudad de México y su área metropolitana ya han adquirido el hábito de ver la televisión.
A los tres años, los niños además han desarrollado sus gustos televisivos y piden ver programas específicos. Así, un primer efecto de la televisión en estos niños es de constituirse en parte de sus opciones de distracción. Esto que parece obvio, no lo es, sobre todo considerando que
los niños no nacen, sino que se hacen televidentes.
Los programas preferidos por los niños en edad preescolar son las caricaturas y los comerciales. Así los niños desarrollan sus gustos, influenciados por la televisión, y en general se van convirtiendo en consumidores.
Nadie puede negar que la televisión ejerce una influencia por lo menos reforzadora hacia el consumo. Al formarse como televidentes, los niños se van haciendo televidentes consumistas y por tanto acríticos y pasivos ante los mensajes que ven en la pantalla.
En referencia a las caricaturas, cabe destacar la afición por la fantasía. La televisión viene a satisfacer esta necesidad que puede atribuirse a la condición humana, pero lo hace con una determinada orientación o intencionalidad.
En la fantasía de las caricaturas de televisión en México domina la violencia, las posiciones maniqueístas, el autoritarismo, la ausencia de negociación para resolver los conflictos, los tipos ideales y los superhéroes y el racismo.
Ya no se habla de la niña buena o la niña fea, como sucedía con los cuentos de nuestros abuelos. Hoy se habla de la Mujer Maravilla, de Flash, de Superman o del Capitán América. Todos ellos identificados con otro tipo de culturas, porque aquí superbarrio no forma parte de los superhéroes de la televisión mexicana.
Estas características son el nuevo referente de interacción social de los niños en sus juegos, cuando reproducen la dinámica fantástica y a la vez la dinámica del poder. Esta situación se consolida con los niños de educación básica.
Los canales de la televisión privada mexicana, particularmente Televisa, son sin lugar a dudas los preferidos de la mayoría de los niños entre seis y 13 años. El canal preferido, según las estadísticas y las encuestas, es el canal 5, el que se caracteriza por transmitir un alto porcentaje de caricaturas producidas en el extranjero, así como varias series policiacas y de aventuras realizadas en los Estados Unidos. Los niños, así, están expuestos no sólo a un mensaje televisivo que se inscribe en una definición lucrativa de la televisión, en tanto al sistema social de comunicación, sino a un mensaje que es producido fuera de nuestro país.
Mucho de lo que aprenden de la televisión nuestros niños tienen que ver con situaciones que no son las nuestras. Cabe además señalar que es durante este período cuando los niños en la escuela están en contacto directo con el libro de texto gratuito.
El mayor impacto educativo de la televisión a las niños de esa edad es el de un conocimiento paralelo, así la labor de la escuela y en particular el mensaje del libro de texto, eje de la enseñanza escolar en nuestro país, se encuentra continuamente confrontados con otros modelos de vida, otro tipo de soluciones sociales, otro tipo de conductas. Como decía en la mañana nuestro compañero Martín Del Campo, sucede lo del manto de penélope, "los maestros tejen en las mañanas y la televisión desteje por las tardes".
Varios autores destacan que en este período de la vida de los niños son más susceptibles de aprender acríticamente en parte porque también están aprendiendo a distinguir entre el bien y el mal y entre la realidad y la fantasía; los niños que, precisamente nos dicen las encuestas, creen que lo que sucede en las telenovelas es lo que puede pasar en realidad.
Para la mayoría de los niños, los niños de educación básica, la televisión goza de alta credibilidad y es el medio de información con el que más interactúan, lo que permite apreciar el riesgo al que están expuestos, sobre todo porque pasan por una etapa ideológicamente vulnerable de la vida.
La televisión continúa esta labor en la adolescencia, incluida en la educación media básica. Dos estudios sobre los impactos de la televisión en jóvenes de 12 a 16 años, nos permiten afirmar que es en sus aspiraciones o expectativas donde se aprecia una mayor incidencia de la programación televisiva. La vulnerabilidad de los jóvenes radica en querer sentirse en consonancia con aquellos modelos que le son propuestos por la programación para ser imitados y que de alguna manera perciben que los otros también lo imitan.
Otro ámbito de influencia de la televisión en los adolescentes es en su socialización política, entendida en su sentido amplio como la formación de opiniones y actitudes frente a las instituciones, al propio país, al Gobierno y a la participación de la sociedad civil. A este respecto, la televisión distrae frente a lo que sucede en el ámbito nacional o en el ámbito regional.
Otros estudios permiten apreciar dos propuestas sobre valores colectivos que se ofrecen a los niños: una, a través de la programación comercial
de la televisión y, otra a través del libro de texto gratuito de educación básica.
La mayoría de los estudios han responsabilizado a la televisión y a los demás medios masivos de información por estar erosionando a los estudiantes mexicanos su identidad nacional. Se ha llegado al extremo de que en muchas de las encuestas desarrolladas sobre niños estudiando, cursando la educación básica, se ha comprobado que altos porcentajes de los niños encuestados no saben los nombres de los Presidentes de México, pero sí de los personajes de las telenovelas, incluidos sus amantes.
Poner en tela de juicio el impacto de la programación comercial de la televisión en Mexicano es, de ninguna manera, desconocer la importancia de la televisión en tanto institución socializadora en la construcción de valores y creencias y en la circulación de una cierta cultura y la expresión sistemática de otras.
Por eso, nosotros consideramos que debe establecerse en la norma constitucional un compromiso de corresponsabilidad de los medios de comunicación con la educación nacional. No se trata de limitar la libertad de expresión que debe ejercerse en los medios, por el contrario, ésta debe desarrollarse a partir de asumir una responsabilidad de los medios de comunicación en la formación cultural y educativa de los mexicanos para que estos puedan desarrollar mejores niveles críticos y mejores niveles de participación educativa y política también. En este sentido, a nombre de diputados de cinco fracciones parlamentarias, queremos proponer la adición de una fracción V al artículo 3o. constitucional corriéndose la numeración de las fracciones subsiguientes del dictamen para quedar como sigue:
"Fracción V. Los medios de comunicación coadyuvarán al logro de los fines de la educación nacional señalados en este artículo."
Firmamos esta propuesta, por parte del Partido Acción Nacional, los diputados Francisco Paoli, Juan de Dios Castro, Alfredo Ling Altamirano, Francisco Salazar y Gilberto Zapata. por parte del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, los diputados Alberto Carrillo y Manuel Terrazas; por parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:; por parte del Partido Popular Socialista el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, el diputado independiente Nicolás Olivos Cuéllar y por parte del Partido de la Revolución Democrática los diputados Jesús Martín del Campo, Rene Juvenal Bejarano, Eloy Vázquez y un servidor, dejando aquí la propuesta que espera encontrar una actitud abierta de parte de la mayoría para que este esfuerzo que hemos desarrollado en las discusiones y particularmente el día de hoy, pueda cristalizarse en una adición a la norma constitucional. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.) El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gilberto Zapata Frayre: - Con su venia, señor Presidente señoras y señores diputados:
El día de hoy es una fecha memorable porque estamos discutiendo el tema educativo correspondiente al Dictamen del proyecto del decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que han acordado las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Educación. Las mencionadas comisiones estudiaron y dictaminaron varias iniciativas que se referían también al artículo 3o. constitucional, pero en el dictamen que nos ocupa, no contiene nada con relación a los medios de comunicación.
En este renglón, también por nuestra parte presentamos la propuesta referente al papel de los medios de comunicación en la tarea educativa nacional. por lo cual pedimos el apoyo de esta Asamblea legislativa a la propuesta que presentamos; de tal manera que la labor de los medios de comunicación aparezca contenida en una nueva fracción, la cual sería la número V y las demás fracciones se recorrerían a VI, VII, VIII y IX respectivamente.
Voy a reforzar y a hacer algunos comentarios fundamentando la propuesta después, de la participación que ya amplia y detalladamente hizo el compañero diputado Alejandro Encinas.
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en nuestra sociedad al informar y orientar al pueblo de México. En la actualidad casi no hay rincón del país al cual no llegue la presencia de los medios de comunicación, y esto es lo que debemos aprovechar para beneficio de México, de tal manera que en los diversos medios de comunicación contribuyan en la tarea educativa nacional ya que la educación es un instrumento privilegiado para el progreso, la libertad y la justicia.
El Sistema Educativo Nacional no ha sido capaz de atender al 100% de la población demandante.
Durante la comparecencia del doctor Zedillo, ministro de Educación ante la Comisión de Educación de esta soberanía, afirmó que el analfabetismo en la actualidad alcanza un porcentaje de cerca del 12%, y también afirmó que dos de tres niños tienen acceso a la enseñanza.
Estos datos nos hacen reflexionar de tal manera que una gran cantidad de mexicanos no se involucran en la tarea educativa. Ahora que México está por entrar al Tratado de Libre Comercio, se enfrenta a una nueva realidad, ante unos países que tienen una población con un promedio educativo superior al nuestro.
Esto representa un reto para la nación porque una gran cantidad de nuestros compatriotas que no tienen sembrados los elementos necesarios en el conocimiento y en la identidad nacional, puede ser absorbidos por la cultura de esas naciones.
El progreso de los pueblos va íntimamente ligado a la educación de sus habitantes, y la responsabilidad de la educación debe ser compartida entre el padre de familia, el Estado y los organismos sociales.
Loes medios de comunicación trasmiten una gran diversidad de programas de diversión, de entretenimiento, comerciales, noticieros y muchas cosas más, pero creemos que es justo que también contribuyan con mayor tiempo y espacio en la educación del pueblo de México, aprovechando su capacidad para llegar a la mayoría del pueblo mexicano.
Esto ayudaría en mucho a avanzar el progreso de México como un pueblo más preparado en esta época de apertura a otros países. En esta época con tendencia globalizadora.
Ya para entrar concretamente en el texto del dictamen, nosotros proponemos que se introduzca la siguiente redacción en la fracción V, en los siguientes términos, de acuerdo a como dice lo siguiente:
"Los suscritos diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 124 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponemos se adicione una nueva fracción al artículo 3o. constitucional, que quedaría bajo la fracción V y se recorrerían los numerales restantes en el propio artículo quedando el V como VI; el VI como VII; el VII como VIII y, el VIII como IX, para quedar redactado en los siguientes términos:
"Fracción V. Los medios de comunicación coadyuvarán al logro de los fines de la educación nacional, señalados en este artículo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a los 16 días del mes de diciembre de 1992. Firman los diputados Francisco Javier Salazar, Francisco José Paoli, Alfredo Ling Altamirano, Juan de Dios Castro, José Raúl Hernández Ávila, Joel Arce Pantoja y el de la voz, Gilberto Zapata Frayre".
Dejo la propuesta a la secretaría. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
El Partido Popular Socialista ha insistido en que la educación normal quede cabal y exclusivamente en manos del Estado. Así lo hemos planteado a través de iniciativas de Ley y en este momento del debate, hacemos reiteración de nuestro planteamiento.
Las razones que el Partido Popular Socialista expone para tal propósito, no son como de manera fácil pudieran pensar algunos integrantes de esta Legislatura y de la propia sociedad, por una posición sectaria, dogmática, sino como resultado del examen de la realidad, con el fin elevado de que efectivamente el sistema educativo nacional contribuya a los elevados objetivos de mantener nuestra soberanía nacional en todos los aspectos y de formar un mexicano de cualidades tales que contribuya éste, cada mexicano, a la superación de la patria y de su propia personalidad.
Es oportuno hacer la enumeración, aunque sea de manera sintética, de lo que el normalismo mexicano, el normalismo que ha sostenido el Estado, ha aportado a la educación nacional, como fruto de sus raíces profundamente penetradas en lo mejor de la historia, de la cultura de México y del mundo.
En efecto, las escuelas normales estatales, abrevan y han abrevado siempre en lo más avanzado de la pedagogía universal, lo más valioso de la enseñanza de la paideia griega, del ideal pedagógico de los latinos, de las grandes enseñanzas morales de los educadores de las antiguas
culturas; ha recogido la escuela normal mexicana la herencia pedagógica de Comenius, cuya obra en el terreno de la educación es comparable a la obra de Copérnico en el campo de la ciencia; pedagogía que arrojó luz sobre la oscuridad del feudalismo y que frente a la moral heterónoma de corte clerical, plantea la moral autónoma que impulsa al individuo a ser responsable de sí mismo, valores que hoy se reflejan en el artículo 3o. constitucional.
El normalismo mexicano se nutre de lo más avanzado de la educación nacional; se nutre la herencia moral indígena que aún cohesiona a las familias mexicanas; del humanismo renacentista de Sahagún; de la revolución educativa de don Valentín Gómez Farías; de la revolución educativa de Gabino Barreda y los demás hombres de la Reforma; de la formación de las primeras escuelas normales impulsadas por el liberalismo del siglo pasado.
Refleja el movimiento normalista estatal, los extraordinarios e inesperados planteamientos de los congresos de pedagogía realizados en plena época porfirista, en los que los educadores mexicanos ya reclamaban la jubilación para el maestro con el 100% de sus percepciones.
El normalismo mexicano ha sido el actor y creador del gran movimiento de la educación rural mexicana de los años veinte, así como de la educación para los hijos del Ejército, educación para los hijos de obreros y campesinos en los internados creados por Lázaro Cárdenas. Los normalistas mexicanos pagados por el Estado llevaron por todo el país las brigadas culturales y enseñaron en los internados indígenas, y aún lo siguen haciendo.
Esa herencia pedagógica histórica y cultural suigeneris, irrepetible en otro país, ha conformado y sigue conformando un maestro normalista de cualidades morales propias, es el maestro, es el normalista que va a cualquier rincón de la patria y convive con sus hermanos de clase, los indígenas, los obreros y campesinos, pero que respetan igualmente a niños y jóvenes de las más distintas clases sociales, sin distinciones, en el espíritu democrático que señala nuestro artículo 3o.
Es el maestro que aún con sus enormes carencias económicas continúa su trabajo en el hogar, el maestro normalista formado por el Estado, que participa en campañas de salud tanto en el campo como en la ciudad, que participa en el levantamiento de los censos, que dedica sus días de descanso para realizar actividades económicas con las cuales dotar a la comunidad de mejores edificios escolares y a sus niños de mejores materiales educativos.
Es el maestro formado en las escuelas normales estatales, el que por su afán de superación profesional y aún a costa de sus propios emolumentos, paga sus estudios en las escuelas normales superiores, y es ése mismo magisterio el que ha tenido la iniciativa para crear la Universidad Pedagógica Nacional, que aspira a crear los cuadros superiores de la educación. Mientras tanto, se ha ido conformando otro sistema de escuelas normales privadas a ciencia y paciencia de las autoridades educativas que con cierta miopía, producto de una marcada preocupación por ahorrar recursos económicos al Gobierno, permite la proliferación de esas instituciones, sin apreciar debidamente las consecuencias de esa actitud de condecendencia.
Instituciones de educación privada las dichas normales, que sin duda tienen como objetivos o bien el interés financiero de enriquecimiento de sus propietarios, o bien el interés sectario profesional de sus creadores, y en ocasiones ambos objetivos fundidos en uno solo.
Cabe reconocer que en el terreno de la formación magisterial se da el otro punto de enfrentamiento de la lucha por dirigir la educación nacional, formar maestros consecuentes con los principios y objetivos de la Revolución Mexicana, o formar maestros que obedezcan a los designios de las fuerzas de la corriente de la contrarrevolución. De ahí el interés de algunos sectores de la llamada iniciativa privada, de crear a diestra y siniestra escuelas normales, que es la competencia ideológica, sin más por formar el tipo de maestros que a su vez conformará las nueve personalidades de los niños y jóvenes. Esto también es parte del gran debate histórico por la educación nacional.
Es por ello que no podemos aislar el problema de la educación normal del proceso educativo nacional en su conjunto, pero hay agravantes que dan razón a nuestra posición de siempre.
En la gran mayoría de esas escuelas normales privadas, se dan deformaciones aristocratizantes, elitistas, ajenas y hasta opuestas a las preocupaciones fundamentales del mundo y sobre todo de nuestra patria y de nuestra sociedad, orientaciones anticientíficas, individualistas, que hacen exaltación de la pedagogía del éxito proclamada por los pedagogos norteamericanos, cuyos frutos los vemos hoy en la descomposición
de la sociedad de aquel país, pese a la abundancia de bienes materiales. Tales jóvenes egresados de las normales privadas en su etapa formativa, permanecen ajenos a los problemas de la sociedad; no participan posteriormente en las grandes empresas que asume la sociedad mexicana, permanecen aislados en los recintos de sus escuelas. ¿Es ese acaso el ideal del educador mexicano?
Aún más, tales escuelas normales privadas han tomado como bandera el chantajear al Estado presionándolo para que absorba a los egresados de esas escuelas, los cuales, en buena parte de los casos ingresan al sistema educativo estatal, llevando consigo sus deformaciones y las carencias en su formación. De este modo resulta ilógicamente contradictorio, políticamente erróneo y educativamente irresponsable el seguir permitiendo la existencia de las llamadas escuelas normales privadas, porque atenta contra el mismo espíritu del artículo 3o. constitucional y contra el futuro de la educación nacional.
Como dato relevante de la validez del sistema normalista de educación, sostenido por el Estado, cabe mencionar que números maestros, provenientes de escuelas normales privadas acuden a normales superiores y a la Universidad pedagógica Nacional, lo que es muestra induvitable de que quien impulsa la formación del magisterio nacional es el sistema de escuelas normales que sostiene el Estado.
Por las razones anteriores, el Partido Popular Socialista, y con fundamento en el artículo 58 del reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicano, por mi conducto presenta a esta soberanía la siguiente proposición referente a la fracción VI:
''Los particulares podrán impartir educación en todos los tipos y modalidades, excepto la educación normal. En los términos que establezca la Ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.
En el caso de la educación primaria y secundaria, los particulares deberán ...". Y vienen en seguida los dos incisos que se presentan en el proyecto de dictamen.
Pero deseamos agregar un aspecto más también correspondiente a esa fracción VI.
Queremos reiterar, queremos insistir en que es para el partido Popular Socialista, válido el que, y con base en la experiencia jurídica nacional, en la anterior y en la presente, que el Estado tenga, mantenga la posibilidad de negar o revocar las autorizaciones para la apertura de los planteles de educación privada y de retirarlos estos permisos y de reconocimiento a los estudios sin que proceda juicio o recurso alguno.
Hay ejemplos, para no ir muy lejos, ahí está la iniciativa de Ley de Cinematografía, que tiene una ligazón estrecha con la educación, en donde una de sus partes se señala la facultad del Estado, de acuerdo con la ley, de retirar, de retirar autorizaciones y permisos; es decir, sigue vigente el principio de que en el aspecto educativo, ya que tiene que ver con la formación de la conciencia de los mexicanos, el Estado mantenga su facultad de reconocer, de retirar y de otorgar permisos y los estudios en las escuelas privadas.
Por lo tanto, deseamos también proponer que se modifique el dictamen en el inciso B, de la fracción VI, para que diga lo siguiente, y forma parte de una misma proposición:
"Obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público. Dicha autorización Podrá ser negada o renovada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno".
Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Señalamos la fecha y firmamos por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, Juan Jacinto Cárdenas García y su servidor, Jorge Tovar Montañez.
Dejo en la mesa nuestra proposición. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Castillo Colmenares del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Castillo Colmenares: - con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Ante la nueva reforma al artículo 3o. enviada por el Ejecutivo, el diputado Cesáreo Morales, al fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que la escuela pública por su carácter laico es asiento de pluralidad.
y hablaba de la educación en tres vertientes: la educación técnica, la educación técnica, la educación como
transmisora de valores morales y religiosos, y la educación como función pública.
En esa tesitura, Acción Nacional considera que la libertad de enseñanza es la solución en la pluralidad y estima conveniente diferenciar la educación de la instrucción.
La instrucción es el acopio de conocimientos técnicos o científicos, que preparan al individuo para hacer algo en la vida, acervo que toda persona posee en mayor o menor medida.
Y nadie discute en esta tribuna, ni en la reforma educativa, ni en la Ley Federal de Educación, sobre cuestiones de biología, química, gramática o aritmética. Lo que está en el centro del debate es la educación, que es esencialmente formación del carácter, que supone una tabla de valores éticos, conforme a los cuales una persona dirige su conducta.
Para Acción Nacional es evidentemente que sí hay avances en esta iniciativa, pero no nos satisfacen. El Estado continúa, para los efectos de la enseñanza, en seguir siendo el supremo detentador de los criterios culturales, políticos, económicos y sociales, ya que se mantienen en el texto del artículo 3o. la supremacía del Estado para fijar los criterios de educación, a través de planes, programas y libre de texto.
Además, el Estado es el que determina cuáles son las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios que combatirá la educación; es el que dice cuál es la estructura política que debe considerarse democrática, y cuáles son los resultados del progreso científico que el Estado aprueba.
En la actual reforma al artículo 3o., ni siquiera se menciona a los padres de familia y consideramos que es a ellos a quienes corresponde elegir el tipo de educación que ha de darse a sus hijos.
La libertad de enseñanza radica en reconocer a los educandos el derecho de elegir el tipo de educación que desean, y cuando los educandos por ser menores de edad no pueden decidir esta cuestión, es a los padres de familia a quienes corresponde este derecho.
En los regímenes democráticos, es un derecho fundamental respetado por el Estado, el de la libertad de enseñanza. El derecho a la enseñanza es, indudablemente, un derecho del hombre, quiera o no reconocerlo el Estado.
En los regímenes genuinamente democráticos, los derechos humanos no son concesión del Estado, sino derechos anteriores a él, que derivan de la propia naturaleza del hombre. Los derechos humanos no se otorgan, como erróneamente se afirma en el artículo 1o. constitucional, sino se reconocen.
El derecho a la enseñanza es un derecho que debe ser reconocido por el Estado.
Las continúas reformas que se han hecho a este artículo 3o., promueve a reflexiones. El artículo 3o., como bien lo asevera Juan José Hinojosa, ha sido fuente envenenada de rencores, confrontaciones y atropellos a los derechos humanos.
A 170 años de independencia, México no logra objetivo y pensamiento sobre la educación.
Sobre la historia del artículo 3o. transitan las sombras de la historia nacional, bandazos, ideologías, y en el vértice la incongruencia entre el querer del pueblo y el hacer del Gobierno.
Acción Nacional desde su fundación en 1939, ha manifestado su inconformidad con el monopolio educativo del Estado, ha pugnado por el derecho que asiste a los padres de familia para educar a sus hijos. Todo padre, normalmente conformado, pretende heredar a sus hijos de una manera clara más que el aspecto patrimonial, intenta transmitirle valores morales, valores religiosos que sean los que orienten a la vida de sus hijos.
Sin embargo, en el proyecto de dictamen en la fracción I del artículo 3o. se establece que la educación que imparte el Estado será laica. Esta disposición consideramos que es violatoria de los derechos humanos, ya que impide la educación de los niños y jóvenes de acuerdo con las doctrinas religiosas o morales que sustentan sus padres o ellos cuando tienen por su edad el discernimiento adecuado, pues es indudable que los padres corresponde la orientación de la educación a sus hijos y el Estado ilegítimamente se arroga el derecho de señalar la orientación de la educación, sustituye los derechos que por naturaleza corresponden a los padres de familia.
Una educación laica no es una educación neutral como pretende la exposición de motivos de la iniciativa, ya que al ser laico tomó posición. Toda educación para ser integral tiene necesariamente que adoptar una vertiente religiosa, no se pueden estudiar determinadas materias sin hacer referencia a valores trascendentales o al menos se estudiaría en forma diferente, porque
es muy distinta la educación un filósofo positivista o un maestro imbuido por ideas materialistas, que la educación que pudiera dar un filósofo ecolástico o un filósofo neotomista. Toda la educación queda impregnada así de un prisma diferente y distinto...
El Presidente: - Permítame señor orador, señor orador, ¿permite usted que le formulen una interpelación?
El diputado Alfredo Castillo Colmenares: - Sí, con todo gusto.
El Presidente: - Adelante señor diputado.
El diputado Benjamín Ávila Guzmán (desde su curul): - De acuerdo con las expresiones que ha estado vertiendo el compañero diputado orador, yo quisiera hacerle unas preguntas muy concretas: ¿considera usted, repito, de acuerdo con sus expresiones, que el derecho es un conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres en este mundo o rige el derecho, las relaciones entre el hombre y un ente al que llaman Dios? Otra pregunta: ¿Debemos establecer normas de derecho para salvar o condenar almas de acuerdo con la concepción religiosa de cada quién? ¿Hay alguna prohibición...? ¿usted me da clases?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¿Quiere clases de derecho el señor diputado? se las damos gratis.
El diputado Benjamín Ávila Guzmán (desde su curul): - Qué bueno. Gracias señor. Qué bueno porque voy a concurrir a sus colegios. ¿Hay alguna prohibición en el sistema jurídiconacional que prohiba la impartición de educación o formación religiosa en el seno de la familia, en las escuelas, en los casos en que la Ley lo permite o en los registros denominados templos o iglesias? Por último: ¿La educación debe preparar al hombre para desenvolver armónicamente en este mundo o para desenvolverse en otro más, allá de la muerte física?
Por sus respuestas gracias.
El diputado Alfredo Castillo Colmenares: - ¿Me podría repetir la segunda pregunta? Perdón. El diputado Benjamín Ávila Guzmán (desde su curul): - ¿Que si considera usted que nosotros como órgano legislativo debemos establecer normas de derecho para salvar o condenar almas, de acuerdo con la concepción religiosa que cada uno tengamos?
El diputado Alfredo Castillo Colmenares: - Bueno, el derecho es un conjunto de normas que rigen las relaciones entre hombres. El derecho no abarca, no podemos legislar en cuestiones de conciencia, debemos respetarlas.
Esta honorable Legislatura, es evidente que o debe legislar para establecer normas para condenar almas. Yo me estoy refiriendo a que debe haber una educación de tipo integral. En una educación de tipo integral no debemos soslayar las cuestiones religiosas. Que quede claro, yo no me estoy refiriendo tampoco, como ha de estar en la mente de muchos diputados, a la religión católica. Se debe respetar en las escuelas la ideología de los padres de familia como quieren educar a sus hijos. O sino quieren educarlos en las cuestiones religiosas, también se debe respetar esta posición de los padres de familia. O sea, se debe respetar a la posición de los padres de familia para creer en determinada religión o para no creer en la misma.
La tercera pregunta decía que si hay prohibición, dice usted, para, ¿en materia religiosa?, no se si le entendí bien. Si me la repite.
El diputado Benjamín Ávila Guzmán (desde su curul): - ¿Hay alguna prohibición en el sistema jurídico nacional que prohiba la impartición de educación o formación religiosa en el seno de la familia, en las escuelas, en los casos en que la Ley lo permite o en los registros denominados templos o iglesias?
El diputado Alfredo Castillo Colmenares: - En la ley no hay ninguna disposición que diga que los padres no puedan dar educación religiosa a sus hijos.
Sólo que, señor diputado, una cosa es la educación que dan los padres a sus hijos en su hogar, y otra cosa es la educación que se le da a sus hijos en la escuela. La escuela es una prolongación del hogar, por esto pensamos en Acción Nacional, que los padres tienen derecho a que la educación que dan a los hijos en su hogar, se complemente con la educación que dan los maestros en las escuelas. (Aplausos.)
Y en cuanto a cuarta pregunta, que la Legislatura si debe legislar dice, para desarrollar armónicamente las facultades del ser humano en este mundo, pues es obvio, nosotros no vamos a legislar en las galaxias, legislamos sobre cuestiones de este mundo. (Aplausos.)
Continuando con la disertación decíamos que la educación laica no es una educación neutral,
que debe tener una vertiente religiosa, porque a nadie se le puede imponer una educación determinada. Pero desde luego, no podemos caer en la trampa de pensar que por ser laica, es neutra. Al ser laica ya tomó esta decisión.
La educación creemos en Acción Nacional, debe tender a la verdad, porque eso es educar, porque precisamente la educación debe tender a descubrir verdades, a enseñar verdades. Ya el hecho de decir: "No quiero meterme con determinadas posibles verdades, ya es una toma de posición que estimamos es poco pedagógica. Pensemos un poco. Si la educación de Estado es laica, es discriminatoria para la gente de escasos recursos, porque el padre de familia que tiene recursos y posibilidades, podrá mandar a sus hijos a las escuelas que juzgue conveniente, a las escuelas particulares en donde enseñen religión. Y en cambio, el padre de familia de escasos recursos, no podrá darle a sus hijos la educación religiosa que él quisiera. Esta es la razón, entre otras, de la polémica de si podría establecerse o no una materia de religión optativa en las escuelas oficiales, cuando los padres de familia lo pidieran.
Debe existir, creemos, la posibilidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas; no debemos asustarnos porque se mencione el nombre de Dios en las escuelas públicas; es optativo, no sería para todos. Porque, señores, al tomar la materia de religión, es opcional. y corresponde a los padres o tutores, decidir si sus hijos toman o no, clases de religión. Eso es respetar la libertad de quienes creen y, señores, también de quienes no creen. Acción Nacional, al pelear denonadamente por la libertad educativa, no puede abierta o subrepticiamente querer imponer credo religioso alguno. Sólo la ignorancia o la mala fe puede atribuirnos esa mentira.
Acción Nacional ha luchado siempre por la libertad de enseñanza; por ello estamos en contra de todo monopolio, ya sea del Estado, ya sea de la iglesia.
El derecho que reclamamos es un derecho humano anterior y superior a todo derecho positivo.
En tales condiciones, pido a ustedes, señores diputados, nos sumemos a la propuesta del diputado José Luis del Valle Adame, para cambiar en el texto de la iniciativa, la palabra "laica" por "libre". Y así, México sería congruente con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que suscribió el 10 de diciembre de 1948, que en su párrafo tercero del artículo 26 señala tajante y contundentemente:
"Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con el permiso de la presidencia:
Tal pareciera, compañeros legisladores, que hay grupos en este país y en esta Cámara, que quieren volver al pasado; tal parece que no aprenden de la historia y la historia ha sido muy clara. La historia la hicieron los mexicanos patriotas; la Revolución la ganaron los peones agrícolas y la gente que no tenía con qué comer, quiere educación básica, por lo menos.
No quiero libertad, como algunos compañeros la entienden, para mandar a sus hijos a Estados Unidos. La libertad existe, y tan existe es que los empresarios, compañeros diputados de Acción Nacional, tienen toda la libertad de mandar a sus hijos a Harvar a estudiar.
El México que tenemos ahora, requiere de que le paguen un salario mínimo a sus empleados, compañeros del Partido Acción Nacional, de que les den prestaciones sociales. Eso quieren los mexicanos, el 90% de los mexicanos eso es lo que necesitan; en los ejidos, en las comunidades y en las colonias no piensan en darle educación en tal o en cual colegio, piensan en qué darle de comer a los niños, a sus hijos y piensan cómo darles para que en la escuela tengan "con qué comerse una gordita a la hora del recreo".
Tal parece que la educación, que la libertad de educación se entiende como realmente piensa un grupo de mexicanos. La educación, compañeros, la Revolución mexicana nos dio esta educación que ahora tenemos. Somos producto de la Revolución mexicana y del México que conformaron nuestros ancestros y la gente que fue a pelear con las armas.
No es cierto que pensaban los mexicanos revolucionarios en una educación laica..., en la libertad de la educación en tal o cual colegio o de manera bilingüe, etcétera. Pensaron en la educación y en la libertad para el trabajo como algo prin... como algo fundamental y como un derecho elemental para vivir.
Y me disculpan los compañeros diputados que se ríen. Bueno, pues no soy bueno para improvisar como muchos compañeros. Pero, pos no se vale; no se vale que hagamos tanta referencia a la libertad, a la libertad... pos dénle libertad a los obreros que tienen en sus empresas y para empezar páguenles un buen salario a ver si así pueden ir a un colegio particular. (Aplausos.)
Se habla del bien común. Qué bueno. Hay manera de decir las cosas. Lo que importa es el fondo. Nosotros le llamamos de otra manera...
(Voces en la sala: ¡Solidaridad!)
Le llamamos solidaridad, compañero, claro que sí. Entendida esta, sí, como la distribución de la riqueza. Esa es solidaridad. Y la distribución de la riqueza es que se distribuyan los impuestos para el pago de la educación pública que nos dio la Revolución que hicieron nuestros antecesores.
Esa es solidaridad. No es bien común, esa es otra cuestión. Y aquí no venimos a dar... Tal pareciera que nos quieren dar cátedra de ética y de moral, y sobre todo de religión.
En Chiapas existen, y ustedes no nos dejarán mentir, existen grupos, existen sectas religiosas, que están dividiendo al Estado. Se han metido... están trastocando los valores nacionales y lo que están haciendo es dividiendo. Lo que hicieron los criterios en Jalisco, en Lagos de Moreno particularmente.
No podemos valorar atrás. La época, el momento histórico lo tuvo el clero reaccionario para dirigir la educación y se demostró que no pudieron dirigir la educación y menos de apoderarse del Gobierno.
El Estado moderno que tenemos ahora requiere de un Gobierno civil, muy aparte de lo que es la religión y la educación religiosa.
La prioridad la entendemos en mi partido, en el Partido del Frente Cardenista.
La prioridad es otra y desde luego que es la primaria y es la secundaria y es la profesional.
Si el pueblo mexicano permite que la educación se modifique, como algunos quisieran aquí, que el artículo 3o. perdiera completamente el fundamento y la esencia que ahora tiene, muchos que ahora estamos aquí o nuestros hijos jamás podrán aspirar a un puesto de esta categoría, de esta naturaleza o menos a una carrera profesional. Algunos de ustedes sí seguramente lo van a poder seguir haciendo.
En el Partido de Frente Cardenista afirmamos que para evitar impresiones, voy a entrar en materia, y posibles fuentes de conflicto en la ampliación de las disposiciones relativas al apego de la educación privada, a los planes y programas oficiales, se debe de modificar también el párrafo segundo, a fin de precisar que los objetivos ahí señalados para la educación, no son sólo para la educación impartida por el Estado, sino que debe de ser también para la educación impartida en el país, tanto en escuelas públicas como privadas, es decir, en los Estados Unidos Mexicanos.
Proponemos, pues, compañeros diputados, la modificación al segundo párrafo del artículo 3o. constitucional y que ahora está planteado en estos términos: "La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia".
Proponemos el siguiente cambio:
"La educación que se imparta en los Estados Unidos Mexicanos tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Planteamos también o proponemos a esta honorable Cámara, añadir una fracción nueva, que sería la IX del artículo en mención, para quedar como sigue:
"La educación que se imparte entre los grupos étnicos será bilingüe, pero por necesidad, buscando priorizar la enseñanza de los valores, costumbres, lengua y tradiciones del grupo étnico de que se trate, ello sin menoscabo del fortalecimiento de los valores nacionales y el enriquecimiento de la cultura nacional. La formación de los educadores bilingües será obligación de las entidades federativas y del Gobierno Federal, tomando en consideración las opiniones de los diversos grupos étnicos".
Firman esta propuesta, compañeros diputados José de Jesús Berrospe Draz, Demetrio Hernández Pérez, Manuel Terrazas y un servidor.
Dejó aquí en manos de la secretaría esta propuesta. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Rafael Puga Tovar, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Rafael Puga Tovar: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
En la campaña de 1988 el ingeniero Clouthier presentó a la consideración de los mexicanos las acciones que realizaría un Gobierno de la República emanado de Acción Nacional, mismas que como plataforma política fueron redactadas y aprobadas por la Convención Nacional, que posteriormente a él lo eligió como candidato, en consonancia con los principios de doctrina del Partido Acción Nacional y herederas de una lucha de 49 años.
Fue así como el 27 de mayo de 1988 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se trató el tema de la educación. Basado en datos oficiales y en el documento Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México del doctor Jorge Carpizo, el Partido Acción Nacional concluyó dramáticamente que la crisis educativa en México era más profunda y trascendente que los grandes problemas económicos por los que atravesaba el país. Y para enfrentarla propusimos al pueblo de México acciones concretas bajo los siguientes criterios fundamentales: formación integral, apertura educativa, federalismo educativo y dignificación del magisterio, entre otros.
En el criterio de formación integral se planteó la necesidad de superar el esquema educativo de instrucción para hacerlo formativo de valores personales y sociales. Si entendemos que la educación es algo más que la mera transmisión de conocimientos y entrenamiento de habilidades, el fracaso de la educación en México en lo cualitativo es aún mayor, pues los valores referentes a la dignidad de la persona, sus fines últimos, el equilibrio entre el progreso espiritual y material, la moral personal y civil, nuestras tradiciones más preciadas, simplemente están ausentes de la educación que se imparten en nuestro país.
En el Partido Acción Nacional entendemos como proceso educativo el conjunto de actividades conducentes al desarrollo armónico e ilimitado de la personalidad humana en un sentido íntegro y total. Hay que hacer notar que este concepto de la educación que hemos consignado es decir, el aprendizaje del hombre en la adquisición de hábitos por los que use rectamente de sus facultades, encierra en sí mismo todas las facetas de la personalidad. Hoy sin embargo, pese a hablarse de educación integral y quizá por eso mismo concepto no debería necesitar ser adjetivado, se desvirtúa el significado de la educación. No es extraño que se hable de educación y se piense únicamente en la educación intelectual, o se le considere tan solo como la adquisición de técnicas y conocimientos meramente librescos o memorísticos y se dedique tan solo a proporcionarlos, independientemente de aspectos tan fundamentales como la formación moral o la formación del carácter llegando así a reducir la educación a la instrucción mermando el campo y el concepto de aquella.
Por ello una enseñanza que pretenda hacer abstracción de la finalidad de la educación, como aquí muchas personas lo han comentado, será por sí mismo perjudicial por pretender disociar en el hombre una serie de facetas y caracteres que forman una unidad que no puede dividirse o por prescindir de alguna de ellas.
Lo dicho aquí está recogido plenamente en el primer párrafo del artículo 3o. constitucional que señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; sin embargo la realidad contradice a la norma constitucional; como se ha dicho antes, los planes y programas de la educación primaria y secundaria se reducen a una instrucción intelectual y a lo mucho a una materia de civismo donde la educación del amor a la patria, la solidaridad y demás virtudes sociales se encuentra olvidada para el educando por el poco tiempo y espacio que a ésta se le dedica. Por un lado tenemos entonces el texto constitucional que es claro referente a la educación integral y por el otro, también a mí me parece claro su incumplimiento, nosotros afirmamos que la razón de la ruptura entre el deber ser y lo que es, encuentra su origen en que el Estado ha asumido funciones que no le corresponden; efectivamente, a quien le corresponde dar sentido y rumbo a la educación es primeramente a los padres de familia, posteriormente a la sociedad en su conjunto; el papel del Estado aquí es sólo subsidiario y el cumplimiento de su finalidad específica que es bien común, es decir, garantizar el derecho a la educación y garantizar el derecho que los padres y la sociedad tienen de darle contenido a la dicha educación .
Mis compañeros en el trabajo de comisiones propusieron una adición a la fracción III del artículo 3o. de la iniciativa, a fin de garantizar que los sectores de la sociedad involucrados en la educación efectivamente formen parte de ella y que afortunadamente para los mexicanos, así lo pienso, ha quedado incluido en el dictamen.
Considero que la integración de los padres de familia a la labor educativa no ha quedado
expresado en el dictamen, contribuirá sin lugar a dudas a que nuestras escuelas pasen de instructoras a educadoras, la razón es muy sencilla y con esto termino, la familia es rica en valores y por definición la familia es educadora de ellos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al señor diputado Arturo Fuentes Benavídez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Fuentes Benavídez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Indudablemente el tema educativo es muy delicado para el Gobierno de la República ya que de aquí depende la política interior y exterior. La economía de nuestro querido México, el nivel cultural ético, moral, filosófico, tecnológico y científico. En suma, es un problema toral del que los anteriores gobiernos y el actual régimen lo han manejado indudablemente por las siguientes aseveraciones:
Primero: el raquítico presupuesto destinado al rubro educativo en todos los niveles. Se recomienda el 8% por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se ha venido invirtiendo desde el año de 1982 el 5.6 del producto interno bruto, y ha descendido hasta el 2.9 actualmente, pese a que el señor Presidente Salinas en su IV Informe mencionó una inversión con que inició su régimen de 2.9 y ascendió "a 4.2 del producto interno bruto".
Segundo: el alto índice de analfabetismo, para ser exactos el 12.4%, y son aproximadamente 18 millones de mexicanos que no han terminado la primaria. Esto fue dicho por el doctor Zedillo, y esto a existido y prevalece hasta nuestros días. Nos da la pauta indicativa de las carencias elementales que nulifican el parámetro científico.
Tercero: los salarios miserables de hambre que tienen nuestros maestros, catedráticos con maestría, doctorados, y que andan por el orden de $2 mil 200 millones de pesos, hasta $2 mil 500 millones, según sea la categoría A, B o C. En la misma situación están nuestros investigadores científicos del Politécnico, de la Universidad Nacional Autónoma de México y demás universidades públicas.
Cuarto, el Gobierno en las universidades y algunos empresarios, se han confabulado para otorgar sueldos de hambre a profesionistas egresados con maestría, doctorados, haciendo con esto que la persona que más se prepara no se le retribuya adecuadamente de acuerdo a su preparación ni como científico investigador u otro puesto de alto nivel técnico administrativo.
Quinto, no consideramos que los ex presidentes, ni el actual Presidente, ignore el gravísimo problema educativo que tenemos en todos los niveles. Aseguramos que falta mayor decisión para impulsar la educación a los niveles que México necesita.
Sexto, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han admitido su incapacidad para elaborar un plan que se vincule desde la educación básica hasta a la profesional, incluyendo maestría y doctorado, que esto viene a incidir directamente en la generación del personal científico; me voy a permitir leerles algunos datos estadísticos comparativos.
Por ejemplo, inscripciones en las escuelas para niveles en países de América, en Estados Unidos de una población estudiantil de 25 millones 696 mil estudiantes, hay una inscripción de 5 millones 570 mil estudiantes, o sea, el 22%; en Canadá, de una población de 2 millones 700 mil estudiantes, hay una inscripción total de 321 mil, equivalente al 12%; en Venezuela, de una población estudiantil de 1 millón 284 mil, ingresan 46 mil, o sea, un 4%; en México, de una población estudiantil de 6 millones 496 mil, ingresan 133 mil, equivalente al 2%.
Erogación periódica por alumnos de la educación pública, en el tercer nivel, en costo por dólares de inversión. Tenemos que en Canadá se invierten por alumno 3 mil 183 dólares; en Estados Unidos, 2 mil 44; en Venezuela, 1 mil 903 dólares; en México, 545 dólares.
8. La falta de una adecuada y buena orientación vocacional, está ocasionando un gasto enorme que es desperdiciado por el Gobierno de la República, al carecer de ésa. Vienen y van secretarios de Educación y no solucionan este gravísimo problema. Nosotros no consideramos sea por falta de capacidad, sino es por falta de interés.
Tomando en cuenta todo lo antes mencionado y pensando en la grandísima responsabilidad que todos nosotros tenemos como representantes del pueblo de México y como legisladores, si las señoras diputadas y los señores diputados de la mayoría mecánica quieren pasar a la historia en una forma oscura y colaborar en el legado de un México tercermundista, lleno de miseria,
exportador de mano de obra y con un futuro oscuro, continúen sustentado lo que reza el artículo 3o. constitucional, que a la letra dice: "El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico".
Señoras y señores diputados, se piensa que sólo existe lo que se puede medir, valorar, apreciar, como un proyecto agroespacial con fines científicos. Nosotros los del Partido Acción Nacional sostenemos que existe algo más que la materia mensurable, creemos que también existe el bien, la bondad, la belleza, el arte, que no pueden ser valorados por la ciencia.
Yo les pregunto a ustedes, señores legisladores: ¿ustedes pueden cuantificar los resultados del progreso científico actual que tiene México? Les pregunto: ¿qué organismo es el encargado de cuantificar el progreso científico?, ¿es acaso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología?, ¿la Universidad Nacional Autónoma de México?, ¿el Instituto Politécnico Nacional? ¿Cuándo han dado su evaluación y si ésta se ha hecho pública?
El Partido Acción Nacional siempre ha enarbolado la bandera de la educación, y preocupados todos mis compañeros diputados, propondremos a esta honorable Asamblea, una adición al primer párrafo de la fracción II, y esto será a cargo por mi compañera y apreciada diputada Lydia Madero. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional.
La diputada Lydia Madero García: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Este es el tiempo de desenterrar cimientos para rehacer la estructura de la nación, decía Efraín González Luna.
Tomando en cuenta que la educación es uno de los instrumentos indispensables para establecer y preservar los valores esenciales de la sociedad y de la persona, y que el bien común se manifiesta sobre todo en los bienes y valores que la sociedad, con los elementos de que dispone, asegura en beneficio de la persona humana dentro del orden, la paz, la justicia, la seguridad, el bienestar. Son bienvenidas las enmiendas, aunque parciales, que el artículo 3o. constitucional sufrirá a partir del dictamen que hoy analizamos.
Insistir en que la persistencia del progreso científico, como único criterio para orientar la educación como establece la fracción II del dictamen, es tanto como ignorar los criterios éticos, morales, filosóficos, culturales y tecnológicos indispensables para el desarrollo integral del ser humano, como se ha llevado prácticamente desde 1921, y oficialmente desde 1934. Esto ha causado la degradación de la moral y las buenas costumbres, fundamento esencial de las familias mexicanas.
Ya desde 1917 se formó la Unión de Padres de Familia, que luchaba por el reconocimiento de sus derechos en pro de la libertad de establecer un marco legal que proyecte la educación sobre bases de igualdad, libertad y de justicia.
Creemos que en México tiene que darse la capacidad humana necesaria para resolver el problema sobre estos principios humanos, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por parte del Gobierno de México, tanto en relación con los derechos de los padres de familia, como por parte del Gobierno y por parte del magisterio.
Es el Estado, en función de órgano promotor de la justicia social, el que debe actuar como guardián de la dignidad humana, estableciendo para todos los mexicanos las condiciones primordiales para el desarrollo pleno de la personalidad, renovando los valores más entrañables de nuestra tradición, poniéndolos al día y adaptándolos a las necesidades de nuestros tiempos, y encontrar la síntesis dialéctica entre hombre y sociedad, entre individualismo y colectivismo.
Una síntesis armónica y equilibrada que conjugue derechos del hombre y deberes con la comunidad social y política, sin mengua de unos y otros, sino con la colaboración acertada y eficaz.
Como se expresa en el programa de modernización educativa, la modernización no consiste en efectuar cambios cuantitativos lineales, no es agregar más de lo mismo, es romper usos e inercias para innovar prácticas al servicio de fines permanentes.
Dice también que la modernización significa el fortalecimiento de nuestros valores educativos constitucionales.
Y quisiera preguntar: ¿cuáles son esos valores constitucionales? ¿Dónde se encuentran los valores como la honestidad, la responsabilidad, la disciplina y el orden interior, el aprecio al
esfuerzo ajeno, el respeto a la dignidad, a la libertad personal y social, el saber compartir el civismo y su contacto con la realidad del medio, respeto y protección de los débiles, la vida moral indispensables para la mejor convivencia humana y la elevación de la calidad de vida a lo largo y ancho del país?
Si la educación en México necesita una modificación a fondo en términos cuantitativos, la calidad de la educación representa una urgencia total. El artículo 3o. de nuestra Constitución enuncia los principios que han de orientar la formación de cada generación de mexicanos: democracia, nacionalismo, aprecio por la dignidad de la persona y del interés general de la sociedad, ideales de fraternidad e igualdad.
Sin el reconocimiento de la esencia moral de la persona y de sus derechos, no puede haber una verdadera modernización en el campo de la educación. Es necesario forjar en el individuo la capacidad de ser libre, la capacidad de trascender, la capacidad de ser persona. Y esto sí es una educación integral.
Dejo a la Secretaría la siguiente propuesta de adición al segundo párrafo del artículo 3o. constitucional, para quedar como sigue:
"Párrafo segundo. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso cultural, ético, filosófico, tecnológico y científico, entre otros; luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios."
Firma la presente propuesta los diputados Arturo Fuentes Benavides, Diego Fernández de Cevallos y una servidora.
Salón de sesiones, Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de diciembre.
Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente, honorable Asamblea:
En México no podemos hablar en sentido estricto de la existencia de una sola cultura. Podemos referirnos, como lo hacen algunos autores, entre ellos Arturo Barman, a que el mosaico pluricultural se puede considerar en sentido amplio una cultura nacional.
Sin embargo, nosotros como legisladores y quienes interpreten la Constitución, deberán tener un referente histórico para poder darle connotación concreta a cada uno de los conceptos.
El concepto de cultura nacional, de la Cultura, con mayúsculas, desde los años veintes en nuestro país fue objeto de una utilización para uniformizar la fuerza de trabajo mexicano y bajo el pretexto de construir la rama cósmica, se propiciaron los más grandes abusos, despojos y discriminaciones en contra de quienes representaban otras culturas al interior del territorio nacional.
El caso más concreto, práctico que podemos encontrar de esto, es la castellanización forzosa, que fue durante varias décadas la divisa fundamental de la educación plural en nuestro país.
Bien es cierto que hoy en México ha ganado fuerza, a partir de los años setenta, y sobre la base de los propios planteamientos de los indios mexicanos y de su propia movilización, ha ganado fuerza el reconocimiento de México es una nación pluriétnica, plurilingüe, y pluricultural.
Sin embargo, y aun cuando esto se encuentra contenido en el artículo Cuarto de nuestra Constitución, en el escenario específico de la educación, que se establece en este artículo 3o., se mantiene la formulación anterior, que concibe a la cultura nacional como un todo monolítico.
Y, desde luego, se ha argumentado que no es lo mismo unir que uniformizar. Sin embargo, llama la atención que haya reticencia a modificar y justamente a modernizar el concepto de cultura, aceptando que existen culturas diversas en el país.
¿Cuál es el sentido de negarse?
El Partido de la Revolución Democrática propuso en su iniciativa que en el inciso B de la fracción II, cuando se habla de que la educación será nacional y la forma en que será nacional, se estableciera que aseguraría la comprensión de nuestras culturas. Hubo la negativa de la mayoría a aceptar esta formulación.
Se piensa todavía en un concepto reduccionista, a pesar de que se argumente que se está propiciando la unidad y no la uniformidad.
Esto no es más que la expresión de lo que en el proyecto económico significa también la uniformización de la fuerza de trabajo mexicano, para ponerla al servicio de una potencia extranjera.
Es la expresión: "No somos mexicanos diversos en lo cultural, sino somos simplemente fuerza de trabajo, y como tales podemos tener una sola cultura, no importa la diferencia".
Nosotros no aceptamos uniformización. Consideramos que existen en México por lo menos tal como lo dice el propio Instituto Nacional Indigenista cincuenta y dos distintas etnias. Existen dos millares al menos de variables lingüísticas y existen distintas concepciones del mundo.
No es cierto que los indios oaxaqueños tengan la misma concepción del mundo que la mayoría de los diputados aquí, aún cuando existen diputados que tienen un origen muchos de ellos como dicen allí mismo en mi tierra, son "ladinos", es decir, han renunciado a su concepción del mundo y se han integrado a la cultura dominante, que es la cultura del capitalismo, que es la cultura que se fortalece a partir del proyecto del Partido Revolucionario Institucional que cada día está moldeando a este país y lo está conduciendo, en forma subordinada al capitalismo transnacional.
Los ladinos reniegan de su pasado e intentan uniformizar la cultura porque se avergüenzan de ser indios, sin embargo, hay indios que reivindican su existencia, sus valores y sus propias culturas y su propia concepción del mundo y están organizados en este país y ellos no aceptarían que en este momento se hablara de una cultura nacional porque ellos presentan una resistencia justamente cultural, que no sólo tiene que ver con el problema de la cosmogonía, que no sólo tiene que ver con el problema de su concepción del mundo y de la vida sino también muy concretamente con sus relaciones sociales, sus relaciones económicas.
Hay muchas formaciones étnicas que son grupos cerrados económicamente, que se desarrollan a partir de economías de autosubsistencia, y que justamente para subsistir persisten en conservar elementos culturales que muy poco tienen que ver con las concepciones de la cultura judeocristiana que es la cultura dominante en este país.
Las concepciones que preconizan que el hombre está subordinado a la naturaleza son concepciones mucho más complejas que el simple reconocimiento que establece la Ley por ejemplo del equilibrio ecológico en México.
Son concepciones que tienen que ver con una pertenencia a la tierra, el concebirse el hombre como producto de la tierra, de la tierra misma, de la naturaleza.
Esas concepciones tienen que tener una expresión en el terreno educativo que no solamente abarque el hecho de que se produzcan folletos del Programa Nacional de Solidaridad con los idiomas de ellos, ni que se les utilice con su propio idioma para los acarreos del partido oficial. Se trata de desarrollar la literatura, se trata de desarrollar el teatro, se trata de desarrollar la producción artística, se trata de desarrollar en suma las culturas subordinadas que existen en este país y que son otras muy diferentes y diferentes por cierto incluso entre sí.
Hay que ir nada más a Oaxaca para darse cuenta cómo se expresa el mosaico pluricultural de nuestro país y como no puede uniformarse en un concepto como cultura nacional.
Entonces, pues el hecho de que el señor Warman, haya dejado de ser un investigador independiente y sea hoy un empleado del Gobierno, no le da derecho a uniformar y a renunciar a concepciones que nos enseñó en el pasado.
Seguimos manifestando la propuesta de que en México se debe respetar y desarrollar las culturas distintas, la diversidad con la unidad. Pero el artículo 3o. constitucional debe contener puntualmente ¿por qué no?, lo que la educación se propone desarrollar. Y si lo que se propone desarrollar, es un mosaico de culturas diversas, tiene que decirse así, para que no venga después ningún burócrata, que no haya sido educador y que se ponga por una coyuntura al frente de la Secretaría de Educación Pública, e invente una nueva forma o saque del pasado formas que ya fueron superadas, para darle la uniformidad a los mexicanos.
Nosotros concebimos las culturas de los mexicanos justamente en sus valores culturales más genuinos. Consideramos nosotros en primer lugar, que las culturas originarias de este país, no se mantienen en una condición estancada, tal como fueron conformadas antes de la llegada de los españoles.
Creemos que han tenido un desarrollo autónomo, un desarrollo propio y una deformación también, por la propia acción tanto de los criollos, de los peninsulares, como de nosotros los mestizos. Estas culturas originarias también han entrado en sincretismo al interior
de la cultura mestiza, con las concepciones judeocristianas. Y prevalece en este país, la disputa en este momento, entre la cultura occidental surgida de la veta anglosajona y la cultura española.
Prevalece también, la disputa entre la cultura árabe y las culturas europeas.
Todo eso prevalece en el mosaico cultural de México y por tanto, no se puede uniformizar en un sólo concepto.
El concepto de cultura ha sido discutido a lo largo de este siglo con una gran fuerza, existe un acervo muy grande en cuanto a su definición. Por ese motivo, nosotros no queremos que dentro del aspecto constitucional siga existiendo una concepción reduccionista.
Deseamos por el contrario, presentar una propuesta, concluyo señor Presidente, si me permite pensamos por el contrario que debe presentarse una formulación que no sea reduccionista como la formulación de cultura nacional y si no se acepta la otra de pluralidad cultural, tampoco la represente de una manera absoluta.
Creemos que existe una formulación que puede conciliar ambas posturas y prestar el escenario para que esto siga siendo motivo de elaboración, de consulta social y ¿por qué no?, de contacto directo para que sea la propia pluralidad existente en nuestro país, la que finalmente encuentre la formulación precisa y exacta. Y para ello proponemos que en el último renglón de este inciso que mencioné, en donde dice: "cultura nacional" se diga: "que la educación atenderá a la continuidad y al acrecentamiento de los valores culturales de los mexicanos".
Y dejo aquí en la Secretaría la propuesta, para su consideración.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Tengo la grata oportunidad de referirme a lo expuesto aquí por el diputado Eloy Vásquez, y voy a aprovechar también para referirme a algo, al señor diputado Castillo.
Noté la confusión en el diputado Eloy Vásquez, por lo siguiente: En el fondo no estoy en desacuerdo con lo que dijo, y por supuesto que cuando habla y se refiere al Partido Revolucionario Institucional, trata de culparlo o de que la doctrina del Partido Revolucionario Institucional no contempla este asunto que se podría resumir en esta frase: "La unidad en la diversidad".
Empezó a hablar de los veinte, y aquí se refería a la raza cósmica, y en ese momento, al educador de la Revolución. El problema es que la castellanización que el mismo lenguaje, no es una doctrina que venga de los veinte ni de la educación del gobierno de Alvaro Obregón. Esta es una concepción marxista; de la castellanización, la antropología marxista, los grandes antropólogos marxistas hablaban de la necesidad de la castellanización para llegar a la Revolución.
Hay un libro, recuerden ustedes un famoso ensayo de Marx sobre Bolivar, publicado por la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es muy interesante releerlo.
En los sesenta, precisamente Salomón Abad empieza a crear este concepto de la unidad en la diversidad. Y a proponer al Gobierno mexicano, que se establezca constitucionalmente, que se reconozca que somos un país pluriétnico . Y lo toma el Gobierno mexicano y ahí se concretiza en el artículo 4o. constitucional reformado, y reconoce una única nación que contiene expresiones culturales diversas y plurales.
Pero este del concepto de nación, aquí, tomado no en su concepto sociológico, en su concepto sociológico desde Juárez; recordemos que ya Juárez hablaba de las naciones indias. Juárez se refería concretamente a ese concepto sociológico de nación.
Nosotros tenemos una larga tradición en esto de querer entender la unidad en la diversidad. El problema es que cuando se viene a la legislación, y fundamentalmente cuando esa pluralidad en la universidad tiene que concretizarse en la norma, el problema de técnica legislativa se complica. Pero siempre ha estado en la conciencia, y en el Partido Revolucionario Institucional, desde sus orígenes, hay esa conciencia de la pluralidad, de la unidad en la diversidad.
La Revolución mexicana, efectivamente, lo toma en sus inicios. Y en los veinte llegan los bailables populares a las escuelas y se presentan los cantos y las canciones regionales, es decir, llega la expresión de las distintas étnias a representarse en los teatros y llega la literatura y se plasma en los murales, en todos los murales, de los grandes, de los genios de la cultura mexicana.
En realidad la cultura mexicana es reaprender y expresar a través del muro esa unidad en la diversidad.
No es pues...¿Por qué decía que estaba de acuerdo? Porque yo creo que esto es lo que quiso decir Eloy Vásquez. Lo que pasa es que Eloy Vásquez pretendía que el Gobierno mexicano, la doctrina del Gobierno mexicano, la educación del Estado mexicano no estaba entendiendo esa unidad en la diversidad.
Efectivamente tomó fuerza a mediados de los sesentas. Y ahí está Salomón Adbat que por ejemplo contradice en cierto sentido esa antropología, en un cierto sentido marxista por ejemplo de Juan Pérez Jolote, de don Ricardo Pozas. Es decir ha habido quienes han creído que es necesario castellanizar para lograr la Revolución.
¿Qué piensa la doctrina mexicana? ¿Qué ha pensado el Estado mexicano? Bueno, vamos a procurar la alfabetización en la lengua materna, para conservar eso de que hablaba Eloy Vásquez, la cosmovisión, la visión del mundo. Y una vez alfabetizando en la lengua materna, proceder a la castellanización.
Ahora, ésta es una aspiración y esto debe ser una realidad. ¿Por que? Por que aquí confluye el otro aspecto del que nos hablaban hace un momento y que aquí se estuvo planteando obsesivamente. Se planteaba el problema de la libertad. Pero yo creo que no es el problema de la libertad, sino el problema es de la funcionabilidad de la libertad.
La libertad tiene un marco jurídico para que esa libertad no se convierta en libertinaje y no que el poderoso subyugue al débil. Entonces a esa libertad hay que abrirle cauce, cauces legales, para que pueda funcionar. Yo creo que nadie puede pensar que la libertad va a funcionar en abstracto.
Y aquí aparece, precisamente, ese aspecto de la cosmovisión, ese aspecto de la tradición, ese aspecto de los valores. Pongámonos y caemos necesariamente en el aspecto religioso . Muchos efectivamente de los que nacimos en comunidades rurales tenemos ese sentido porque va... no, no precisamente es una catolicidad europea o permítanme decir en este sentido ortodoxa.
Yo he manifestado siempre que la religión más amplia de este país es el sincretismo religioso. Y ese sincretismo religioso va desde la cosecha y la siembra con sentido ritual, hasta el culto de los muertos. Y esa liturgia pagana que efectivamente utilizamos los mexicanos.
Y pagana no es el sentido peyorativo que se le daba por ejemplo en el derecho romano. Pagano quiere decir el que guarda la tradición, el que conserva la tradición.
En ese sentido es hoy la cultura, que nosotros la tenemos en los hogares y aquí viene el gran sentido de la laicidad. ¿Por qué aparece la laicidad? Este es el genio de la Reforma. La laicidad aparece precisamente como sinónimo de libertad, de posibilidad de la libertad.
Así como la sanción perfecciona la norma, así la laicidad adquiere rango constitucional porque va a perfeccionar y va a hacer posible la libertad. Es un sinónimo de método, de canal, para que sea posible la libertad.
No sería posible la libertad de conciencia, no sería posible la libertad de creencias, no sería posible la libertad de enseñanza de laicidad. Y por eso la laicidad, que tenía un sentido en la época de la Reforma, adquiere un sentido distinto con Mújica, porque era el momento histórico. Pero hoy recobra el sentido de la Reforma.
Por eso yo hablaba de que en la historia se encuentran dos hombres enormes, dos grandes hombres que precisamente por el sometimiento que habían tenido a la teología, alcanzan la laicidad como posibilidad de la libertad. Es decir, no es posible, la laicidad complementa y perfecciona la libertad. La libertad es un concepto filosófico, es un concepto moral, pero también es una categoría jurídica constitucional y también la laicidad es una categoría jurídica constitucional.
Veo, pues, que la aspiración de este país, y a eso debemos llegar, y aquí ésta es función nuestra, lograr que a base de técnica legislativa de estudio serio, logremos que se dé la unidad en la diversidad, y si es difícil que se dé en la educación, y esto tenemos que intentarlo, porque tenemos que alfabetizar en las lenguas maternas, tenemos que llevar esa costumbre no escrita a la Constitución .
Un brillante maestro mexicano, lo voy a citar, Raúl Cervantes Ahumada, decía: "Si Kelsev hubiera vivido en una comunidad indígena, no habría creado la teoría pura del derecho". Yo sostengo que lo esencial del derecho es la obligatoriedad y no la sanción del Estado, y si no, vayan a una comunidad indígena y díganme si el ritual para el cambio de titular no es
obligatorio. Las costumbres, que como norma no escrita, nos dan la razón que lo esencial del derecho es la obligatoriedad.
¿Vamos a transportar eso a la norma?, ¿vamos a meter ese problema de la técnica legislativa? Bueno, ésa es la tarea nuestra y es tarea de los juristas y de los estudiantes y de los profesores de derecho. Y vamos a ver la tarea de los sociólogos para lograr esa unidad en la diversidad. Pero recordemos, tenemos el genio de Marx, bueno, todos los genios pueden ser enmendados. En este sentido, usted, profesor Eloy Vásquez, diputado, no está de acuerdo con Marx. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez, por cinco minutos.
El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente: Solamente subí para agradecerle al señor diputado que me haya traducido al español. Y yo quisiera preguntarle, ya que no hubo oportunidad de hacerle una interpelación, si él cree o sí él o cualquier otro de los diputados del Partido Revolucionario Institucional puede venir, porque yo me cuesta un poco de trabajo traducir lo que dijo el diputado. No sé si el vino a justificar que en el concepto de cultura nacional ya se encuentra contenido todo lo que yo dije. Y si es así, ¿cómo se rebaten los argumentos que yo plantee?
Mantengo la postura de que los valores culturales de los mexicanos en su conjunto, la diversidad cultural del país no se puede contener en el concepto de cultura nacional; hasta este momento no se ha rebatido y por lo tanto le pido a los señores del Partido Revolucionario Institucional que vengan y se comprometan en esta tribuna, para el Diario de Debates, que eso, que cultura nacional no significa uniformización de las concepciones culturales en la educación.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Francisco Gárate Chapa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Gárate Chapa: - La instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder, artículo 39 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionada el 22 de octubre de 1814.
Compañeros diputados, el Constituyente reunido en diciembre de 1916 consideró y ciertamente tenía razón, en que el debate en torno al artículo 3o. constitucional era la hora emocionante, decisiva y solemne de la lucha parlamentaria más formidable. No quisiera dejar pasar la oportunidad de señalar la extraña coincidencia de que hace exactamente 76 años un 16 de diciembre pero de 1916, el Congreso Constituyente concluía la discusión de este artículo 3o. En Acción Nacional creemos que mediante la educación el hombre es capaz de conocer la verdad y que la verdad hace al hombre libre.
También consideramos que la educación es tarea de todos los miembros de la sociedad, que la educación es deber del Estado pero nunca su monopolio.
En Acción Nacional consideramos a la educación como un bien y una inversión social de importancia esencial ya que es la educación el camino y oportunidad de realización espiritual y material del hombre. Por ello aspiramos a que la reforma al artículo 3o. constitucional logre el acoplamiento, el ajuste entre las estructuras reales de la sociedad y la estructura ideal jurídica a fin de que la norma ya adoptada por la sociedad, observada por ésta porque concuerde con sus aspiraciones de armonía y concordia, de respeto a sus; derechos fundamentales.
El artículo 3o. ha sufrido turbulencias y desasosiegos durante el siglo pasado los antecedentes de nuestro artículo 3o. en general transitan bajo el concepto de su libertad; sin embargo el actual artículo 3o. fue aprobado con un fuerte contenido de intolerancia; lamentablemente en el presente siglo su redacción ha sido fuente envenenada de rencores, confrontación y atropellos a los derechos naturales del hombre. Sobre la historia del artículo 3o. transita la incongruencia entre el querer del pueblo y el hacer del Gobierno.
Creo que la presente reforma tiene un fuerte contenido de la reconciliación y congruencia. A pesar de lo anterior, en el vértice del debate subsisten cuestiones fundamentales tales como el de la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a escoger preferentemente el tipo de educación para sus hijos, el monopolio estatal para determinar el contenido de los planes y programas de estudio, contra el federalismo educativo últimamente tan promocionado pero no concretado más que una desconcentración administrativa de recursos.
La tarea del jurista y del legislador consiste en encontrar las fórmulas jurídicas y concretas que garanticen el mínimo necesario de libertad personal y los intereses de la sociedad y al mismo tiempo que se determinan las funciones del Estado. El mínimo necesario de libertad en materia de educación exige plena libertad de los padres de familia para educar a sus hijos, dándoles a
los primeros el derecho preferente de escoger el tipo de educación para sus hijos, de los profesores para enseñar y de los mismos alumnos para aprender.
También creemos que tenemos la obligación de heredar un México del cual se sientan orgullosos nuestros hijos, por tanto es necesario asumir el compromiso de velar por una mejor calidad de vida; para ello y para ser congruentes con los principios pedagógicos y axiológicos universales se requiere que una de las características de la educación sea la que contenga valores morales.
Por lo anterior, mi grupo parlamentario se permite hacer la siguiente proposición de modificación y adición del dictamen que hoy se discute, referente al artículo 3o. constitucional en su primer párrafo y en la fracción II, inciso a), para que quede en los siguientes términos:
"Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, delegación, estados y municipios impartirá educación preescolar primaria y secundaria. Asimismo garantizará la libertad de la educación, la cultura y las bellas artes, reconociendo el derecho preferente de los padres de familia para educar a sus hijos conforme a sus principios y convicciones.
La educación primaria y secundaria son obligatorias.
Fracción II, inciso a). Será democrático considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la libertad, en el reconocimiento de los derechos individuales sociales y políticos y en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo inspirado en el bien común y la justicia."
Adicionalmente quiero decir que toda vez que el diputado Gilberto Zapata Frayre, de Acción Nacional presentó una propuesta de adición de una fracción V, corriéndose las subsecuentes del artículo 3o. constitucional, que coincide plenamente con la propuesta presentada en forma conjunta por diputados de 5 fracciones parlamentarias incluyendo la de Acción Nacional, respetuosamente solicito sea retirada la primera de ellas y se vote en su momento la segunda de las mencionadas. Muchas gracias.
Dejo en poder de la Secretaría la propuesta.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alfredo Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano:- Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.
Se ha dicho en esta tribuna que algún grupo parlamentario se lamenta de lo que ha ocurrido en materia educativa en este país, y también se ha afirmado que el asunto educativo no sólo es de peso sino también de paso.
Para aquellos que quieren ver solamente las luces y ocultar las sombras, podríamos abonar en su favor, que en 1920, 66 de cada 100 mexicanos vivían en la obscuridad del analfabetismo; para 1992, 12 de cada 100 aún continúan en esa obscuridad; matriculados en el sistema escolar 1920, 850 mil mexicanos; para 1992, cerca de 26 millones, maestros, 25 mil en 1920; en la actualidad, cerca de 1 millón 200 mil.
Evidentemente así puesto a los ojos de estos estadísticos, podríamos decir que el avance es indudable, solamente que la estadística es así resultado del progreso científico que tanto defiende este dictamen, debe matizar con los índices de crecimiento de la población. Era imposible para el Gobierno de la República en 1920, tener tal número de maestros o tener tal número de matrícula.
Indudablemente que en términos absolutos hay avance, pero para poder hacer un análisis concienzudo y en base a ese mismo progreso científico, hay que comparar esas luces con algunas sombras que indudablemente también existen en materia de educación.
Ya se argumentó respecto al porcentaje del producto interno bruto que debería de invertirse en materia educativa, según las recomendaciones que finalmente resultaron cuestionadas, pero que los observadores internacionales han expresado su sentir en esa materia, y ciertamente que en los días anteriores esta Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos, donde hay un incremento en términos absolutos.
Por eso resulta inexplicable que en términos absolutos también, haya descendido la matrícula federal, cuando en 1986 se matricularon en el sistema federal, 16 millones 840 mil 500 alumnos, para 1992 sólo 16 millones 257 mil lo hicieron. La matrícula a nivel de primaria de 1986, 14 millones 994 mil 600 alumnos, descendió a 14 millones 397 mil. Matrícula a nivel secundaria, en 1987, de 4 millones 347 mil, descendió a 4 millones 160 mil. Hay un decremento en la cobertura educativa.
Desglosado es: matrícula de educación primaria federal, 1983, 11 millones 109 mil 400 alumnos; 1992, 10 millones 242 mil 700 alumnos, casi 900 mil alumnos menos. Estoy hablando del sistema federal a nivel primaria. Sistema federal a nivel secundaria: 1986, matrícula, 3 millones 46 mil 200 alumnos; 1992, 2 millones 869 mil 900 alumnos, hay un decremento en la matrícula.
Estas son sombras que deben matizar con las luces de las que hablé anteriormente.
Pero hay algo de mayor preocupación. Esto hablaría solamente de la cantidad, es decir, la capacidad del Gobierno Federal para atender la demanda educativa de la sociedad mexicana. Si es grave que el sistema escolarizado esté sufriendo un decremento, más grave aún que la calidad de esa educación siga sin poder encontrar la solución a uno de los más graves problemas que tiene la educación en México, que se refiere al altísimo índice de deserción a nivel primaria, todavía andamos en el orden del 43% de deserción en cifras oficiales; es decir, que de la generación de niños que ingresan este año al nivel de primaria, dentro de seis lo habrán abandonado, de cada 100, 43 de ellos, y al final de cuentas sólo tres de esa generación de cien, habrán alcanzado un grado universitario. La deserción es altísima. El asunto de la calidad no ha sido resuelto, pero además, si queremos encontrar las causas de la deficiente calidad en materia de educación, vayamos a descubrir cómo está conformado la estructura de una escuela, 20% de las primarias públicas en este país, no tiene los seis grados, es decir no tiene posibilidad de terminar ese niño que ingresó en esa escuela para terminar en esa misma escuela, porque no otorga los seis grados de primaria.
Veintidós porciento de las escuelas primarias públicas, cuentan con un solo maestro para impartir los seis grados de educación.
En el dictamen se dice en términos muy elegantes y se oye bonito, e invita a votar a favor, el hecho de que dos de cada tres niños en edad preescolar, tienen acceso a ese ciclo de enseñanza. Sin embargo, en términos absolutos se atiende a 2 millones 800 mil pero como sólo son dos de cada tres, un millón 400 queda fuera.
También se dice que cuatro de cada cinco de los que egresan de primaria son atendidos en la educación secundaria, pero ese 20% que se queda sin posibilidades de continuar sus estudios, equivale en términos absolutos, de acuerdo con cifras oficiales de 1992, a 900 mil jóvenes que no pudieron, habiendo solicitado su ingreso a secundaria, no pudieron inscribirse porque no había capacidad del sistema educativo nacional para atender su demanda.
Eso es grave y habla de una crisis del sistema escolarizado. Pero más grave aún del sistema no escolarizado. Ya se ha comentado el número de analfabetas, reconocidos 6 millones de analfabetas. Yo quiero decir, abonar a este debate ¿cuántos se atienden en el sistema no escolarizado? Cifras oficiales de 1992, de los 6 millones de analfabetas sólo se atiende a 762 mil 538. De los casi 20 millones de mexicanos que no tuvieron la oportunidad de terminar su primaria, sólo se atienden de esos 20 millones a 1 millón 124 mil, y de los 16 millones que no pudieron terminar su secundaria, sólo se atiende a 528 mil 360. En crisis el sistema escolar y en crisis el sistema no escolar.
Lo que el sistema escolar le abona al rezago educativo, no alcanza a ser atendido año con año por el sistema no escolarizado, y cada año se incrementa ese rezago, por lo tanto, para quién dijo que había que valorar lo andado; yo prefiero comparar con lo que debía ser y no con lo que simplemente es; yo prefiero compararme con la luz que me compromete y no con la oscuridad de donde provengo; yo prefiero medirme con el reto de lo que debo y de lo que tengo por delante, que lo que he podido hacer y que he apenas dejado atrás.
Hay que valorar lo andado, pero más que eso hay que aceptar el compromiso con el futuro, y por eso mi voto en lo general fue a favor, porque esta iniciativa indudablemente que es un avance para abrir, para ensanchar los espacios de libertad, precisamente para garantizar algo en la seguridad jurídica, en las iniciativas de educación que tengan el pleno de la sociedad.
Para terminar, la libertad se limita por alguno de estos tres factores: el temor, la necesidad extrema o la ignorancia. El temor del poderoso, el temor del tirano que se resiste a abrir los espacios de libertad por temor a perder los espacios de poder, y el temor también del gobernado, precisamente porque se teme la represión del poderoso. Este temor en ambos sentidos limita la libertad, la necesidad extrema. Alguno de mis compañeros dijo que se tenía el 7% de libertad, se refiere precisamente a que el otro 93% de mexicanos, por necesidad extrema, por asuntos económicos, no de filosofía, que no tienen nada que ver con el laicismo ni con el progreso científico, sino en su gran mayoría por necesidad extrema, prefiere darle de comer a sus hijos que pagar una colegiatura. La necesidad
extrema en México limita enormemente las posibilidades de libertad.
Y en tercer lugar, una reforma educativa que no contempla y combate a la ignorancia, no es realmente una reforma educativa para liberar.
Ya lo dijo Platón, y lo dijo mucho antes que existieran los partidos políticos: "Educar es proporcionar al cuerpo y al alma, toda la belleza y perfección de que son susceptibles." En ese sentido Acción Nacional seguirá insistiendo. Hay que formar todas las capacidades del ser humano; hay que desarrollarlas armónica e integralmente, pero la ciencia no es la única medida de las cosas. Chesterton lo dijo a sus discípulos cuando lo interpelaron: "Maestro, cómo hace usted para saber tanto". Y Chesterton solamente contestó: "Amigo, discípulo: yo no soy más grande que tú ni tengo más estatura que tú. Lo único que hago es subirme en las espaldas del gigante de la cultura para alcanzar a ver un poco más lejos, y mi misión como maestro es que tú subas a mis espaldas de ese gigante de la cultura para que alcances a ver, junto con tu generación, más lejos que la mía."
Amigos legisladores: esta legislatura pasará a la historia por haber reformado al artículo 3o. Habremos aportado quizá 10 centímetros más de estatura al gigante de nuestra cultura educativa en México. Lamentablemente no encontramos todos los elementos que pudiéramos haber colocado en esta reforma para avanzar a la velocidad que el mundo le exige a México.
Amigos, nosotros reclamamos la libertad para educar, no para gozar de privilegios; reclamamos la libertad par educar, para educar en la verdad. Porque como lo dijo Juan en la Isla de Pathmos, y está inscrito en muchas de las universidades de este país: "La verdad os hará libres". Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Julio López Valenzuela, del Partido Acción Nacional.
El diputado Julio López Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En un intento más por modernizar la educación, el Ejecutivo Federal nos envía a esta Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que reforma el artículo 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hay que decirlo, con una sana intención de establecer los preceptos jurídicos constitucionales que supuestamente nos ha de conducir a eliminar de una buena vez con el rezago educativo, que dé acuerdo con el programa para modernización educativa 1989- 1994, es de 40 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han podido terminar su educación básica.
Si por un lado hay que reconocer el esfuerzo que se está realizando en esta área, por otro, hay que decirlo con toda honestidad, mientras no se vaya al fondo del asunto será mínimo el avance que se logre en esta materia. Veamos. Intentaré en forma breve explicar los rubros en que se tiene que ir a fondo para lograr realmente un avance significativo.
En el transcurso de más de 70 años, las oportunidades de educación para la población urbana, rural indígena son completamente diferentes. Mientras que un 80% de los habitantes del Distrito Federal concluyen su primaria, en las comunidades indígenas apenas alcanzan un 20%, siendo la media nacional 55%.
Existe un marcado deterioro en la calidad y niveles de eficiencia en la educación pública. En las comunidades más alejadas se agrava esta situación, al presentarse el fenómeno del ausentismo y abandono en la labor magisterial.
Debido esto a la falta de vocación, bajos ingresos, marginación y pobreza. Por otra parte, al otorgársele al Ejecutivo Federal la facultad para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica, se inhibe la creatividad, sentido común e imaginación, tanto del maestro como del educando. Además, al centralizarse estas ediciones se burocratiza al sistema, no incluyendo así aspectos cotidianos familiares y de trabajo, imponiéndose una cultura urbana sobre la rural e indígena.
En cuanto al inciso C de la fracción II del artículo 3o., que no se modifica en el dictamen, que las comisiones unidas de Educación y Gobernación y Puntos Constitucionales nos presentan a este pleno, que a la letra dice:
"Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igual de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos."
Podemos decir que es letra muerta, ya que en la práctica en las escuelas públicas constantemente se atropella la dignidad de la persona.
Bástese recordar cómo en los procesos electorales se obliga a los educandos a asistir a reuniones y mítines del partido oficial en horas de clases o fuera de ellas; a los padres de familia se les niega el derecho de educar a sus hijos conforme a sus principios y convicciones. Las creencias religiosas suelen ser tomadas como prejuicios ideológicos de un pasado cultural, inculcándolo al alumno de una manera inconsciente y muchas veces consciente una mentalidad atea.
Estas instituciones no hacen nada para contrarrestar la negativa influencia que ejercen los medios de comunicación masiva al publicar y difundir como valores primordiales el placer, el dinero y el poder.
No existe en los programas de estudio la materia u orientación de moral social encaminada a la formación de la conciencia moral de cada individuo.
Podríamos decir que ya nos acostumbramos a vivir en la mordida, la violación de las leyes, los fraudes electorales, la corrupción y simulación.
A pesar de lo anterior hay que reconocer un avance en lo que se refiere y cito textualmente, parte del dictamen: "El derecho de los particulares dispongan de un medio jurídico de defensa en relación con los actos de autoridad para otorgar o retirar la autorización previa o el reconocimiento oficial de validez a los estudios que se imparten por escuelas privadas."
Para que esto realmente sea un logro completo y por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente modificación al Proyecto de Decreto que hoy nos ocupa, Único. Se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 3o.
Constitucional para quedar en los siguientes términos:
Artículo 3o., fracción IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, las escuelas particulares que impartan educación preescolar, primaria y secundaria en zonas populares y rurales podrán recibir subsidios del Estado en los términos que establezca la ley.
Entrego a la Secretaría para los efectos correspondientes esta modificación. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Salomón Jara Cruz: - Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática quiere hacer algunas consideraciones sobre las instituciones privadas de educación. Hoy que en este recinto legislativo discutimos el dictamen para reformar el artículo 3o. constitucional es conveniente recordar que en el debate sobre los conservadores, los liberales sostenían que la educación por su carácter universal no podía ser dejada exclusivamente en manos de los particulares, sino que el Estado y la sociedad en su conjunto, tenían la responsabilidad ineludible de aportar la instrucción al conjunto de los ciudadanos.
En tal sentido se concluía que a través de la educación pública, se podía alcanzar la igualdad, la libertad y el progreso de la nación.
Con la reforma al artículo 3o. de diciembre de 1991 y con la actual iniciativa presentada por el Ejecutivo, se ha creado una laguna legal, conceptual, en torno a la educación privada, en un afán por congraciarse con sectores que antaño le eran adversos, el Gobierno quiere desaparecer todas las restricciones a la educación particular. Al suprimir las prohibiciones establecidas, pero no definido el carácter ni la forma jurídica que deberán tener estas instituciones de enseñanza, desaparece el marco normativo que regulaba su funcionamiento.
De esta forma, se abre la puerta a la participación de las sociedades mercantiles en los ciclos básicos de la educación, propiciando que se conviertan en un negocio lucrativo, ajeno a la función social de educar. El Partido de la Revolución Democrática, comparte la concepción de que la educación es fundamentalmente un servicio público, independientemente de quien la imparta, que está destinada a satisfacer las necesidades que el movimiento social ha consagrado en la Constitución. Es por ello indispensable que los planteles privados de educación, no sean considerados como lucrativos, ya que la educación no es artículo de comercio, siendo los ciclos respectivos necesarios a toda la población.
El Estado debe proveer el marco legal para evitar los abusos y garantizar así su vocación igualitaria.
Consideramos a todas luces conveniente, que se establezca el carácter de instituciones de interés social para los planteles privados de educación, destinados a los ciclos primario, secundario y normal. Así, se estará reconociendo por la doctrina internacional, y por numerosas legislaciones en la materia.
Conviene por la misma razón, determinar el carácter de asociaciones civiles, como la forma jurídica compatible con estos propósitos y confiar a la Ley Reglamentaria la precisión de los términos y modalidades de esa disposición.
Las anteriormente expuestas son algunas de las razones que permiten al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponer que se incluya en la fracción VI del dictamen sujeto a discusión, la siguiente redacción:
"Los planteles particulares, serán considerados instituciones de interés social, no tendrán carácter lucrativo y operarán bajo la forma de asociaciones civiles, en los términos que establezca la ley."
Dejo a la Secretaría la propuesta para la consideración de la Asamblea. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional.
La diputada Ana Teresa Aranda Orozco: - Con su venia, señor Presidente: Hoy el mundo, y México no es la excepción, existe un renovado brío por la libertad. En nuestra patria se habla de un espíritu de modernidad; se habla de un redimensionamiento del Estado ; se habla de que haya tanta sociedad como sea posible y sólo tanto Estado como sea necesario. Se habla también, y así lo establece la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, de que sociedad y Gobierno, asuman el compromiso de unirse en el esfuerzo por alcanzar una mejor educación, una formación más acorde con el mundo que habrán de vivir las generaciones que hoy se instruyen. Y ese mundo, señoras y señores diputados, no es el mundo del monopolio educativo, no es el mundo del corporativismo y no es el mundo del control estatista.
Por ello, considero que atentos a la libertad del hombre y al espíritu de apertura que dice tener el actual Gobierno, debe establecerse en la Constitución, que los planes y programas contengan sólo alineamientos generales básicos, sí, fijados por el Estado, pero dando oportunidad a las instituciones educativas para que sean ellas quienes complementen estos planes y programas de estudio, buscando siempre la excelencia y la inclusión de contenidos regionales.
Por tanto, afirmamos que el Ejecutivo Federal debe considerar, como reza el texto de la iniciativa, la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos grupos y organismos sociales involucrados en la educación, en vez de aludir a los sectores sociales que parecen referirse a sectarismos partidistas que en nada coadyuvan a la cohesión social.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente modificación al proyecto de decreto que hoy nos ocupa Único. Se modifica la fracción III del artículo 3o. constitucional; para quedar en los términos siguientes:
"Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los lineamientos generales básicos de los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos grupos y organismos sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale."
Firman los diputados: José Luis del Valle Adame, José de Jesús González, Francisco Gárate Chapa, y una servidora.
Dejo en la Secretaría la presente propuesta. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Estamos a unos minutos ya de tomar la votación trascendente, importante, histórica que seguramente modificará en su parte particular, el artículo 3o constitucional, que es el artículo de la educación mexicana.
Hemos presenciado un debate que muestra la vitalidad de las concepciones políticas acerca de la educación. Hemos presenciado y escuchado
un debate que es nuestra palmaria del avance democrático que se da en el seno de esta Cámara . Todas las fracciones políticas, cada uno de los partidos, han participado con el mejor de sus esfuerzos; ha habido un gran esfuerzo de concertación, ha habido un gran esfuerzo de pluralidad y ha habido un gran esfuerzo por encontrar los puntos de contacto. Así avanza el país, así avanza esta Cámara en este día.
La reforma educativa está en marcha; la que hoy hemos aprobado, lo que hoy vamos a aprobar, es solamente parte de un proceso.
País que no se prepara con su educación, país que no hace más fuerte, más grande, más profunda y ensancha las vías educativas, es un país que se queda en el atraso y que se queda en la marginación. Y yo estoy convencido, por lo que he escuchado aquí, que no es la voluntad ni el deseo de ninguna de las fracciones partidistas que representan la voluntad nacional, que sea México un país que postergue su educación.
Hemos reconocido avances y hemos reconocido rezagos. Pero hay sobre todo la voluntad colectiva del pueblo de México de hacer de la educación que siga siendo la educación la palanca con la cual mover el desarrollo nacional.
Hemos hablado de cultura. Hemos hablado de recursos financieros. Hemos hablado de las perspectivas universales. Pero hemos hablado del respeto, de la tolerancia, de la democracia, que son valores fundamentales permanentes y perennes de la educación.
Nuestro sistema educativo está en proceso de reforma. Seguramente requiere ajustes. Seguramente requieren mejoras. Seguramente tenemos la voluntad, todos, sociedad, padres de familia, docentes, políticos, empresarios, estudiantes y la sociedad mexicana en su conjunto, el deber, la obligación moral, de arribar al próximo siglo con un sistema educativo cada vez mejor, cada vez más fuerte y cada vez más sólido.
Hemos escuchado aquí interesantes y profundas desquisiciones acerca de los fines y los medios de la educación. Todos ellos, a pesar de que haya coincidencia o diferendo, son válidos y son respetables.
Este mismo ejercicio político - parlamentario al cual hemos asistido en esta noche es un muestra del avance educativo, del avance de la cultura política que entre todos estamos construyendo para bienestar y mejora del país.
Hemos hablado también de la importancia de los medios de comunicación, del papel que juegan en el proceso educativo. Hemos escuchado propuestas sobre cómo ir regulando cada vez con mayor énfasis el papel de estos medios masivos de comunicación. Como podemos irlos normando para que sirvan a los fines superiores y últimos de la educación.
Y yo creo que coincidimos todos en esas propuestas. Tal vez haya diferencias únicamente de forma, de fondos y de tiempos. Tenemos que trabajar en eso., tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para lograr que los medios de comunicación sigan sirviendo o sirvan cada vez con mayor claridad al esquema educativo nacional.
Compañeros diputados: creo que todos y cada uno de los que han participado aquí en esta tribuna pueden y deben sentirse satisfechos. Han aportado lo mejor de sí mismos. Han contribuido con sus ideas, con sus propuestas, con sus críticas también, con sus diferencias, a encauzar este magno proceso de reforma educativa.
Seguramente el debate educativo seguirá vigente, no termina. En signo de vialidad, es signo de inteligencia. Es deber de todos mantener el debate educativo, es un debate que viene desde hace muchos años y seguirá en el trayecto histórico de México. Pero esa vitalidad es la que le da fuerza, motivo, sentido y dirección a nuestro devenir educativo.
¡Tenemos con qué hacer una gran revolución educativa, una gran reforma que está en marcha! ¡Que seguramente será para bien de México! ¡Para bien de sus hijos, señores diputados ! ¡Para bien de este país que entrañablemente hoy, en esta noche, la diputación federal mexicana ha contribuido a enaltecer el gran debate de la educación mexicana, que es parte entrañable de la historia de México!
Por eso, yo les invito a que votemos a favor las propuestas en lo particular, que el Partido Revolucionario Institucional ha señalado y que votemos, sobre, todo, a favor de México. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Concluida la lista de oradores, proceda la Secretaría en sus términos a dar lectura a todas y cada una de las propuestas presentadas y sométanse a votación económica.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para modificación de
los artículos 3o. y 31 del inciso c) de la fracción
II. Debe decir:
"Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporten a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona, y la integridad de la familia, la convicción del interés general la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en fomentar la tolerancia, la fraternidad y la igualdad de derechos de todos los hombres, evitando privilegios de razas, de religión de grupos, de sexos o de individuos."
Firman los diputados Berrospe, Ramírez, Hernández y Terrazas.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Propuesta del Partido del Frente Cardenistra de Reconstrucción Nacional, de modificación de la fracción III del artículo 3o. constitucional. Debe decir: "Para dar el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo y en las fracciones I y II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal, para toda la República. Paraestatales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la Ley señale."
Firman los diputados Berrospe, Ramírez Vázquez, Hernández Pérez y Terrazas.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada. Propuesta de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que propone un cambio al segundo párrafo y debe decir:
"La educación que se imparta en los Estados Unidos Mexicanos tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia."
Firman los diputados Berrospe, Ramírez Vázquez, Hernández Pérez, Terrazas.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha.
La siguiente propuesta del Partido Popular Socialista presentan una proposición única que la fracción V del artículo 3o. de la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución, quede como sigue;
"V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado impartirá, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, realizará, promoverá y apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Firman los diputados Hildebrando Gaytán, Juan Cárdenas y Jorge Tovar.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Las que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Las fracciones de los partidos Acción Nacional, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Independiente, Partido Popular Socialista y Partido de la Revolución Democrática, proponen la adición de una fracción V, corriéndose la numeración de las fracciones siguientes del Dictamen para quedar como sigue: "Los medios de comunicación coadyuvarán al logro de los fines de la educación nacional señalados en estos artículos."
Firman por el Parido Acción Nacional, el diputado Paoli, Castro, Altamirano Salazar y Zapata
Frayre; por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Carrillo y Terrazas; Por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Dorantes Gutiérrez; por el Independiente, Nicolás Olivos; por el Partido Popular Socialista, Gaytán Márquez, por el Partido de la Revolución Democrática, Martín del Campo, Encinas, Bejarano y Vázquez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para añadir una fracción IX. "La educación que imparta entre los grupos étnicos será bilingüe buscando priorizar la enseñanza de los valores, costumbres, lengua y tradiciones del grupo étnico de que se trate. Ello sin menoscabo del fortalecimiento de los valores nacionales y el enriquecimiento de la cultura nacional. La formación de los educadores bilingües será obligación de las entidades federativas y del Gobierno Federal tomando en consideración las opiniones de los diversos grupos étnicos". Firman los diputados Berrospe, Ramírez Vázquez, Hernández y Terrazas.
En votación económica se pregunta si de admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo ... Desechada. Propuesta del parlamento de Acción Nacional para adicionar un párrafo a la fracción IV del artículo 3o. para quedar en los términos siguientes:
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Las escuelas particulares que impartan educación preescolar, primaria y secundaria en zonas populares y rurales, podrán recibir subsidios del Estado en los términos que establezca la Ley.
Firman los diputados López Valenzuela y González Pintor.
En la votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Es desechada. Propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional para modificar la fracción III del artículo 3o. constitucional para quedar en los términos siguientes:
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los lineamientos generales básicos de los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos el Ejecutivo Federal tomará en cuenta la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos grupos y organismos, sociales involucrados en la educación, en los términos que la Ley señale.
Firman los diputados Aranda, Del Valle, José de Jesús, González y Gárate Chapa.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepté, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Es desechada.
El secretario Salvador Juárez García: - El partido Auténtico de la Revolución Mexicana, viene a esta tribuna a proponerles el texto del artículo 3o., diferente al que nos proponen las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Artículo 3o. Párrafo primero: Todo individuo tiene derecho a recibir educación, el Estado y Federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar y básica. La educación básica es obligatoria, también es obligatorio para el Estado proporcionar libros de texto gratuito para la educación básica, misma que constará de nueve años.
En la fracción III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación básica y normal para toda la República, para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación en los términos que la Ley señale.
V. Además de impartir la educación preescolar y básica señaladas en el primer párrafo el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo lo de cuestión superior, necesarios para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la Ley.
El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación básica y normal, los particulares deberán... diputado federal Francisco Dorantes Gutiérrez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone que el artículo 3o., fracción II: "El criterio que orientará a esa educación, se basará en los resultados del progreso, cultural, ético, filosófico, tecnológico y científico, entre otros; luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios".
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de diciembre de 1992. Lo firman los diputados Lydia Madero García, Fernández de Ceballos y Arturo Fuentes Benavides.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El mismo Partido Acción Nacional. Los suscritos federales de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, miembros de grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento, somete a la consideración de la Asamblea para su digno conducto la siguiente proposición de modificación:
"Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias."
Atentamente, Palacio Legislativo, a los 16 días del mes de diciembre de 1992. Firman los diputados Francisco Salazar, Gilberto Zapata Frayre, Francisco J. Paoli y Joel Arce Pantoja.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hace la proposición de modificación y adición al dictamen que hoy se discute, referente al artículo 3o. constitucional.
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados y municipios, impartirán educación preescolar, primaria secundaria. Asimismo, garantizará la libertad de la educación, la cultura y las bellas artes, reconociendo el derecho preferente de los padres de familia para educar a sus hijos conforme a sus principios y convicciones. La educación primaria y secundaria son obligatorias.
De la fracción II en su inciso a, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la libertad, en el reconocimiento de los derechos individuales, sociales y políticos, y el constante mejoramiento económico, social, moral y cultural del pueblo, inspirado en el bien común y la justicia".
Salón de sesiones, a los 16 días del mes de diciembre de 1992. Firman los diputados Lydia Madero García, Ana Teresa Aranda Orozco, Francisco Javier Salazar Sáenz y Francisco Gárate Chapa.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se desecha, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila: - Los diputados Elpidio Tovar de la Cruz, Atalo Sandoval García y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan reformas al artículo 3o. en su fracción III que dice:
"Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo, en la fracción I y II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz, Atalo Sandoval García y el diputado Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática proponen modificación al artículo 3o. en su fracción VIII:
"El Congreso de la Unión, lo mismo que a todos aquellos que los infrinjan, la cuantía de los recursos destinados a la educación, la ciencia y la cultura, no serán en ningún caso inferior al 8% del producto interno bruto al país".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presenta la modificación al artículo 3o. en su fracción I:
"Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será libre".
Diputado José Luis del Valle Adame y diputado José de Jesús González Reyes.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta la modificación a la fracción VI que dice:
"Los particulares podrán impartir educación de todos los tipos y modalidades excepto la educación normal. En los términos que establezca la Ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.
En el caso de la educación primaria y secundaria, los particulares deberán: B) Obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso".
Firman los diputados Hildebrando Gaytán, Jorge Tovar y Juan Cárdenas.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El partido de la Revolución Democrática, presenta la modificación al inciso B de la fracción II del artículo 3o. constitucional, que dice:
"Será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de los valores culturales de los mexicanos"
Firma el diputado Eloy Vázquez López.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El mismo grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta otra modificación a la fracción VI del dictamen, que dice:
"Los planteles particulares serán considerados instituciones de interés social, no tendrán carácter lucrativo y operarán bajo la forma de asociaciones civiles en los términos que establezca la ley".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo ... Desechada.
El presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo particular.
El secretario Luis Pérez Díaz: En votación economía se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 3o. constitucional primero del dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: - En consecuencia proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de este artículo y los anteriormente discutidos y reservados en un solo acto.
El secretario Luis Pérez Díaz - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular de este artículo y los anteriormente reservados en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 283 votos a favor y 87 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: - Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
17 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Chiapas.
Comunicación del ciudadano diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Intervención de ciudadanos diputados acerca del Tratado de Libre Comercio. Iniciativa
Sobre el Federalismo Fiscal, que presenta el ciudadano diputado Daniel de la Garza Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera lectura
De la comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
De la comisión de Turismo, con proyecto de Ley Federal de Turismo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para prestar servicios como inspectores de campo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América de Montemorelos, Nuevo León.
Dictámenes a discusión
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que abroga al similar que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1993.» Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente: - (A las 03.30 horas del día 17 de diciembre de 1992) se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar hoy, jueves 17 de diciembre, a las 12:00 horas.
DOCUMENTO DEL DIPUTADO RENÉ JUVENAL BEJARANO MARTÍNEZ
CONSIDERACIONES SOBRE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 3O. Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Diputado René Juvenal Bejarano Martínez.
INTRODUCCIÓN
Este documento tiene la finalidad de analizar de las perspectivas que ofrece la propuesta de modificaciones al artículo 3o. constitucional y de manera general las modificaciones que éste ha sufrido.
La primera parte hace mención de la historia de la educación nacional dada la importancia de tener un marco de referencia para entender la evolución que ha sufrido la ideología y la política del Estado en cuanto a la educación.
La educación hoy es el resultado de diversos procesos por los que el país ha atravesado, así como de la política del régimen actual. Se hace una revisión de las estadísticas ofrecidas por diversas instituciones oficiales que reflejan una crisis en el Sistema Educativo. El análisis arroja cifras que permiten dudar de la intención de la propuesta así como de que ésta logre sus objetivos.
La sección dedicada a las iniciativas de reforma al artículo 3o. que se han presentado desde su promulgación recoge aquéllas cuyas características las hacen ser un antecedente importante para fomentar la adecuada discusión de la presente iniciativa. De su lectura se desprende que el Ejecutivo mantiene su actitud de acercamiento a las posiciones del Partido Acción Nacional desdeñando las propuestas de los demás partidos de la oposición, especialmente del Partido de la Revolución Democrática.
Respecto a la gratuidad, se observan algunos fundamentos filosóficos de este derecho y se destaca como un logro destacado del Constituyente de 1917 que deberá ser defendido ante los embates gubernamentales que disfrazan su intención privatizadora al pretender establecer la gratuidad exclusivamente para el ciclo básico.
La reforma del Ejecutivo no es más que un acto previo a la sucesión presidencial que queda enmarcada en un discurso demagógico, pues no se observa la intención de generar las condiciones necesarias para su puesta en práctica, ya que un análisis del presupuesto destinado a la educación nos ubica en la perspectiva de que esencialmente todo seguirá igual en este rubro.
Los medios de comunicación no merece la atención gubernamental por lo que en un apartado destinado a este tema se explica la importancia de legislar a este respecto.
La formación de maestros como parte fundamental del Sistema Educativo requiere de una reforma aún más profunda que la que se propone en el ANMEB. Este aspecto no muestra que el Estado tenga verdadera intención de modificar el actual estado de cosas.
Para la educación indígena la situación es similar. El Estado no considera pertinente legislar a pesar de las recientes modificaciones al artículo 4o. constitucional legislar para crear un apartado específico para solucionar los problemas que en materia educativa presente este sector.
La obligatoriedad estatal de impartir educación, no debe modificarse y su posición debe quedar lo suficientemente clara para evitar cualquier especulación al respecto, así mismo, si existe una obligación por parte de los padres de familia de hacer concurrir a sus hijos a la escuela, deben fundarse las bases para hacer posible esto.
Los elementos fundamentales para generar una propuesta alternativa de educación deben basarse primordialmente en un aumento al Producto Interno Bruto destinado a la educación y que no debe ser menor al que fijan los convenios internacionales de los que nuestro país es signatario, además de la creación de una nueva Ley Nacional de Educación acorde a la realidad, como elemento fundamental promover la legislación en materia de medios de comunicación y sobre todo la creación de libros de texto gratuito cuando menos en los niveles preescolar, primaria, secundaria y normal.
I. LA EDUCACIÓN EN LA HISTORIA DE MÉXICO.
No es posible comprender la educación actual de un país sin un estudio de su pasado inmediato, sus instituciones, su política, sus ideales. Para hacerse cargo de la política educativa de México, es necesario el conocimiento metódico de la historia del artículo tercero constitucional. De otra manera, se corre el riesgo de caer en falsas conjeturas y en especulaciones.
En la historia de nuestro país, la educación ha sido motivo de atención por parte del Estado
así como de importantes núcleos de la sociedad, siendo éste un factor clave para el progreso de la nación. Así, se ha utilizado a la escuela para reproducir la ideología gubernamental y generar conductas sociales acordes a los intereses del Estado.
Para obtener el logro de objetivos básicos como la alfabetización y generalización de la educación, se han hecho diversas modificaciones a la Ley que no siempre ha culminado, debido principalmente a que el tiempo para su puesta en práctica ha sido insuficiente por la continuidad con que se han presentado.
Con respecto al dominio de la educación, el primer objetivo educativo de los conquistadores se centró en torno a la evangelización de los indígenas.
Dicha obra educativa fue iniciada por los misioneros franciscanos. La preocupación por la instrucción y castellanización del indígena corrió paralela a la acción evangelizadora de los doce primeros franciscanos. La educación se utilizo como método de control al servicio del Estado español, en la cual existía una absoluta definición teológica y carencia de libertad de enseñanza.
La acción educativa de los franciscanos fue favorecida por la legislación educativa dictada por Fernando el Católico y por la noble y tenaz campaña de Bartolomé de las Casas en favor de los indios. Las leyes sobre enseñanza de dicho monarca imponían a los encomenderos la obligación de enseñar a leer y escribir y aprender el catecismo al muchacho que pareciera más hábil de sus tierras, a fin de que éste transmitiera sus conocimientos a su gente.
Los franciscanos lograron sus mejores creaciones pedagógicas en la Nueva España, tal es el caso de Fray Pedro de Gante, que funda la primera escuela elemental en el Nuevo Continente (Texcoco, 1523), otra en la capital llamada Escuela de San Francisco (1525) conocida también como Colegio de San José de los Naturales, exclusivamente para indígenas.
La labor misional, en los primeros años coloniales favoreció a la labor educativa. Agustinos, franciscanos y dominicos coadyuvaron a que un número creciente de indios tuviera acceso a las escuelas de primeras letras. Los centros educativos se diseminaron por todo el territorio del virreinato. Los colegios pertenecieron a dos grupos generales: las escuelas de régimen misional destinadas a indígenas, que aparecen al madurar los núcleos primitivos de enseñanza con una organización pedagógica definida y los colegios exclusivos para españoles e indios nobles, que alcanzan a impartir ciertas disciplinas pertenecientes a la enseñanza superior, que girarían en torno a la Universidad, una vez establecida.
Cabe destacar a las primeras instituciones creadas bajo los auspicios de la iniciativa privada o de la tutela del Estado, sin tener cabida el clero. Dichas instituciones son el Colegio de las Vizcaínas, La Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España y la Escuela de Minería, y el Jardín Botánico.
La Independencia de México fue el producto de complejas circunstancias políticas y sociales que modificaron la visión, sobre el Estado, que tenían las facciones de criollos ilustrados que pasaron a detentar el poder. La vida económica se vio seriamente afectada, la minería, la agricultura y el comercio llegaron casi a un estado de abatimiento.
Los primeros dirigentes de la primera mitad del siglo XIX consideraron a la educación como factor de progreso económico. Hubo una fuerte crítica al sistema escolar colonial y se confió en su transformación, además se pensó en la necesidad de brindar la enseñanza primaria a las masas e incluir la educación cívica; se presionó al Estado para que exigiera a la Iglesia la apertura de primarias gratuitas y, en la gran importancia de fundar normales para profesores.
La cultura y la educación tomaron un nuevo rumbo; desde luego la independencia trajo la abolición del Índice de Libros Prohibidos de la Inquisición y de otras instituciones acordes con una concepción medieval del mundo. Sobre el movimiento de independencia operaron influencias educativas de todo orden, la literatura francesa revolucionaria, la intelectualidad de los precursores de la independencia y, las publicaciones políticas.
Se inauguró la primera etapa de la educación popular, en la que se impuso cierto tipo de instituciones docentes entre las cuales destacaron las escuelas lancasterianas (1822). (Ver Historia Comparada de la Educación en México. Francisco Larroyo. Porrúa. México, 1985.)
El Primer Congreso de México Independiente, iniciado en Apatzingán, Mich. asentaba en su artículo 39 lo siguiente: "La ilustración como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder". (Ver Historia de la Educación en México. Libros de Texto Gratuito para Educación Normal. SEP. México, 1976.)
En el Congreso Constituyente de 1824, una vez consumada la Independencia y eliminado Iturbide del poder y vencidos los diputados centralistas, el tema político - pedagógico toma cuerpo de una Legislación Educativa. Valentín Gómez Farías, Cresencio Rejón, José María Covarrubias, Juan de Dios Cañedo, Juan Bautista Morales, Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, entre otros, sentaron las bases de tan decisiva cuestión. El artículo 50 de la Constitución de 1924 establece que "Son facultades exclusivas del Congreso General: 1) Promover la ilustración, asegurando, por tiempo limitado, derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de Marina, Artillería e ingenieros, exigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las Ciencias Naturales y Exactas, Políticas y Morales, Nobles Artes y Lenguas, sin perjudicar la facultad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados". (Francisco Larroyo op. cit.).
Con esto, los estados y sus legislaturas obtuvieron la facultad en materia educativa, la cual generalmente pasaba a manos de los ayuntamientos locales.
Con las fuerzas liberales en el poder, siendo vicepresidente Valentín Gómez Farías, en 1838 en su programa de Gobierno señalaba la reorganización educativa con la cual se establecería la educación de acuerdo a las necesidades del nuevo estado social, con el fin de proveer a las masas los elementos indispensables de aprendizaje. Se crea la Dirección General de Instrucción Pública cuyas facultades eran las de inspeccionar la Educación Pública Primaria para el Distrito Federal, el establecimiento de la enseñanza libre, la impresión de textos, establecimientos de escuelas en los pueblos y parroquias del Distrito Federal la fundación de dos escuelas normales y reorganizar los colegios de la capital y nombrar profesores.
Sin embargo, estos esfuerzos no se vieron cristalizados por las medidas administrativas de la corriente conservadora que restituyó los privilegios del clero en la educación.
La educación cívica y política del pueblo fue iniciada por Valentín Gómez Farías, Lucas Alemán y el doctor Mora promovieron y catalizaron como ideólogos este importante programa educativo del Gobierno. En el año de 1847 la iniciativa privada emprendió una campaña educativa en la que ocupó un importante lugar la Pedagogía del Cuidado Social bajo la dirección de Vidal Alcocer.
La Constitución Liberal de 1857 consignó la libertad de enseñanza. Benito Juárez en el año de 1861 establece la libertad de cultos; con la Ley de Educación incluye el laicismo a la enseñanza.
En 1867, el presidente Juárez constituyó una Comisión para elaborar la Ley de Instrucción, quien se encarga de redactar la Ley de Instrucción Pública.
En ella se daba unidad a la enseñanza y se declaraba gratuita y obligatoria la educación elemental. La misma Ley organizaba sobre bases sólidas los estudios secundarios: se funda la Escuela Secundaria para Señoritas, y, se establece la Escuela Nacional Preparatoria; dicha Ley reglamentó también la enseñanza superior.
Dicha Ley establecía la instrucción primaria gratuita para los pobres y obligatoria en los términos que expondrá el Reglamento. Desapareció la enseñanza religiosa.
El 23 de mayo de 1888 se promulgó la Ley sobre la Enseñanza Primaria en el Distrito Federal y Territorios. Esta Ley dividía la instrucción primaria en elemental y superior; indicaba la forma de subvencionar a las escuelas municipales y establecía que la instrucción primaria dada por el Estado sería gratuita, al tiempo que prohibía que la impartieran ministros de cualquier culto religioso en las escuelas públicas.
Aceptaba la existencia de "maestros ambulantes", siempre que, dado el reducido número de habitantes de un lugar, no hubiese establecida en él escuela, ni les fuere posible a los necesitados de instrucción, concurrir a las escuelas de otra localidad por razón de la distancia. El Ejecutivo nombrará, proporcionalmente, maestros ambulantes de instrucción primaria que tendrán por única ocupación recorrer periódicamente aquéllos lugares en que no hubiere escuelas, para dar en ellos la enseñanza que determine la Ley. El mismo Ejecutivo asignará a éstos maestros el radio dentro del cual deben ejercer sus funciones y el método apropiado para esta enseñanza, dándoles además, las instrucciones que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de su encargo.
La obligatoriedad se formulaba bajo estos términos: la instrucción primaria elemental es obligatoria en el Distrito y Territorios para hombres y mujeres de 6 a 12 años. Esta instrucción puede adquirirse en cualquier establecimiento oficial y particular, o en lo privado. Los reglamentos de esta Ley fijarían los casos de excepción.
Los encargados de menores y las personas que ejerzan la patria potestad, los dueños de fábricas,
talleres, haciendas y ranchos deberían comprobar anualmente que los niños bajo su responsabilidad recibían instrucción primaria elemental.
El 29 de noviembre de 1889 se inauguró el Congreso con una sesión en la que Justo Sierra fue electo presidente; en él se plantearon múltiples problemas básicos, desde la educación preescolar, rural y adulta, hasta la normal y superior. Se discutió la conveniencia de los maestros ambulantes y la posibilidad de colonias infantiles en los campos.
Los congresistas en general, eran personas de una enorme conciencia a los que preocupaba verdaderamente la reforma del país a través de la educación.
Además se decidió que la enseñanza primaria debería estar dividida en elemental y superior (la elemental, 4 años obligatoria entre los 6 y 12 años), y que este programa general de enseñanza sería integral, se llegó a la conclusión de que era posible y conveniente un sistema de educación popular que tuviera por principio la uniformidad de la instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica. Por laica, subrayó Justo Sierra, no se entendía antirreligiosa, sino simplemente neutral.
En cuanto a las escuelas particulares, Sierra defiende la libertad de enseñanza, pero específica que si el Gobierno reconoce sus estudios, éstas tenían que cumplir los mínimos requisitos que exigía la Ley.
Por medio de la iniciativa de Ley del 16 de mayo de 1905, Díaz crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes quedando al mando Justo Sierra. La Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y territorios federales de 1908 contenía fundamentalmente la ideología de Justo Sierra:
"Las escuelas oficiales serán esencialmente educativas, en ellas considera sólo como medio de educación... La educación primaria que imparta el Ejecutivo de la Unión será nacional, esto es, se propondrá que en todos los educandos se desarrolle el amor a la patria mexicana y a sus instituciones... Será integral, es decir, tenderá a producir simultáneamente el desenvolvimiento moral, físico, intelectual y estético de los escolares; será laica o lo que es lo mismo, neutral respecto a todas las creencias religiosas, y se abstendrá en consecuencia de enseñar o atacar ninguna de ellas; será idem, gratuita". (Ver Historia de la Educación en México. SEP. op.cit.)
Al triunfo de la Revolución, Venustiano Carranza presentó al Congreso Constituyente de Querétaro de 1917 el proyecto del artículo 3o. Tal proyecto contenía la plena libertad de enseñanza, el laicismo y la gratuidad para la educación que se impartía en establecimientos oficiales. La comisión de constitución, encabezada por Francisco J. Mújica, dictamino en contra y presentó un voto particular porque estaba en desacuerdo con la definición que debería darse a la educación, se empeñó en calificarla de racionarla en lugar de laica. Esta Comisión estaba, en general en desacuerdo en dar a la palabra laica la significación de neutral; querían todo lo contrario, convertirla en "enseñanza ajena a toda creencia religiosa... que transmite la verdad y desengaña del error, inspirándose en un criterio rigurosamente científico". La Comisión proponía la siguiente redacción:
"Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se impartan en establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza personal en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del Gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos, y en establecimientos oficiales será impartida gratuitamente".
Después de un amplio debate entre la corriente jacobina y la corriente moderada, la comisión de constitución retira su proyecto original y presenta un nuevo texto en el que prevalece la corriente radical.
El texto del artículo 3o. aprobado quedó así: "...La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir las escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.
El 22 de septiembre de 1921, el presidente Alvaro Obregón decreta la creación de la Secretaría de Educación Pública. La obra de Vasconcelos fue constructiva, ya que propone al presidente Obregón el restablecimiento de la Secretaría de Educación Pública. La creación de ésta reposaba sobre las siguientes bases:
Primera. El nuevo ministerio no limitaría su radio de acción al Distrito Federal y Territorios, tendría influencia en todas las entidades de la República. Por primera vez se hacía viable la federalización de la enseñanza.
Segunda. Quedaría integrado al nuevo ministerio con todos los establecimientos de la educación, entonces dispersos.
José Vazconcelos ocupó la cartera de educación de octubre de 1921 a julio de 1924. Su gestión educativa fue de gran importancia social. Combatió el analfabetismo, multiplicó las escuelas elementales, creó escuelas públicas destinadas a la capacitación de obreros calificados, promovió el establecimiento de las escuelas agrícolas y, en general, fomentó la educación rural.
Los presupuestos destinados a educación aumentaron considerablemente durante la época que estuvo José Vasconcelos encargado del ministerio. De 15 millones de pesos anuales en 1921, aumentó a 35 millones en 1923.
El período de 1929 a 1934 con sus frecuentes cambios presidenciales, la inquietud política existente y la crisis económica mundial, sería menos fructífero en la obra educativa.
Hubo una efervescencia social entre diferentes sectores de la población. Entre los maestros, inspectores y directores de educación federal decidieron que "La educación del campesino tenderá a transformar los sistemas de producción y distribución de la riqueza con una finalidad colectivista" (Larroyo. op. cit.); y en el Congreso Pedagógico de Jalapa celebrado en 1932 se afirmó que había "que preparar a las comunidades para que tomen participación activa en la explotación socializada de la riqueza en provecho de las clases trabajadoras." Entre los jóvenes del IX Congreso de la Confederación Nacional de Estudiantes se planteó la necesidad de una educación que preparaba el advenimiento de una sociedad socialista.
La Convención de Querétaro del P.N.R. formuló el Plan Sexenal con una serie de metas a cumplir en los años que coincidían con el período de gobierno de 1934- 1940. Entre esas metas se encontraba la propuesta oficial de la escuela "socialista". Fue la delegación veracruzana la que con su propuesta de implantar la enseñanza "antirreligiosa" dio origen a los proyectos de reforma del artículo 3o.
En diciembre de 1934 se reforma el artículo 3o. constitucional en un proyecto introducido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario incluyendo en tal proyecto un contenido ideológico; después de los debates en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, en las cuales sufre algunos ajustes, el artículo queda de la siguiente forma: "La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y sus actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Sólo el Estado, Federación, Estados, Municipios, impartirá educación primaria, secundaria, normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los grados anteriores, de acuerdo, en todo caso con las siguientes normas: ...
IV. El estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.
Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo que se imparta a obreros y campesinos.
La educación primaria será obligatoria y el Estado lo impartirá gratuitamente.
El estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial de los estudios hechos en planteles particulares..." (Ver Tena Ramírez, Felipe. Las Leyes Fundamentales de México. Porrúa. México, 1983.)
Esta propuesta se inscribía en una circunstancia social especial. La influencia radical de la época aunada a la profunda crisis educativa de la nación, hizo pensar en un sistema educativo que, con disciplina, intentará sacar en el menor plazo posible del atraso que en esta materia se padecía. Si bien la fórmula tenía errores, la experiencia señala que no hubo el suficiente seguimiento de la evolución sufrida en el sistema educativo, por lo que sus aciertos no tuvieron una adecuada valoración trayendo como consecuencia su posterior modificación.
En el año de 1946 siendo presidente Miguel Alemán, sufre otra reforma el artículo 3o. quedando en su forma actual. Borrando doce años de experiencia educativa popular, satanizando una ideología e inclinando al sistema al extremo opuesto en la línea ideológica.
En el sexenio 1946- 1952 se instituye la Ley del Ahorro Escolar, se inicia la construcción de los
Institutos Tecnológicos Regionales. Las preocupaciones fundamentales fueron la construcción de edificios escolares, la preparación de maestros y el mejoramiento de métodos pedagógicos. Se construyeron 4,159 escuelas, se repararon 2,383, se construyó el Conservatorio de Música y la Ciudad Universitaria. Se construye la Dirección General de Enseñanza Normal y el mismo año se separa como entidad autónoma la Escuela Normal de Educadoras.
En 1947 fue fundado el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Departamento de Asuntos Indígenas se convierte en Dirección General de Asuntos indígenas con los objetivos de promover tareas de educación para indígenas y de Procuraduría Indígena. Este último, con un funcionamiento seriamente limitado que no ofreció los resultados que se esperaban, los grupos étnicos del país a partir de este año han contado con innumerables dependencias oficiales que invariablemente son creadas con el mismo objetivo: insertarlos a la vida nacional.
En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952- 1958), hay una inclinación a solucionar problemas menores y a continuar lo iniciado. A pesar de que aumenta el presupuesto de educación la devaluación, la explosión demográfica y el aumento de sueldo a maestros y burócratas redujeron su rendimiento.
El analfabetismo en 1953 era del 42%. Se aumento la dotación de los desayunos escolares a través del Instituto Nacional de Bienestar de la Infancia.
En 1958 se publica el Reglamento de Ley Orgánica de la Educación, creándose al mismo tiempo el Consejo Técnico de la Educación.
Con Adolfo López Mateos y siendo Secretario de Educación Torres Bodet, se presentó el Plan de Once Años, el cual sentaba las bases para multiplicar el Primer Grado, al tiempo que se iban creando otros grados suficientes para dar escuela a todos los niños mexicanos. La Comisión Nacional nombrada en 1959 calculó que en ese período, para cumplir con las necesidades presentes y las que provocaría el aumento de población serían necesarias 39,265 aulas (11,825 urbanas y 27,440 rurales) y 51,090 plazas de profesor, Para cumplir con la administración de las escuelas primarias se dividió la Dirección General de Primaria en el Distrito Federal en 4 direcciones, más la Dirección General de Educación Primaria en los estados y territorios.
Las dos tareas principales a cumplir eran la multiplicación de escuelas y la preparación masiva de maestros.
El 12 de febrero de 1959 se crea por decreto la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.
En el sexenio de 1964- 1970 con Díaz Ordaz en la presidencia fue un período de crisis, además, durante éste hubo una inquietud político - social de médicos, estudiantes e intelectuales, lo que concluyó con la tragedia del 2 de octubre.
Siendo Secretario de Educación Agustín Yáñez se trató de orientar la educación primaria con un método basado en el aprender haciendo. Este intento pretendía continuarse en la enseñanza media con un enseñar produciendo, iniciándose de esta forma una modalidad educativa que pretende producir la fuerza de trabajo o emplearse en las industrias que, con el desarrollo industrial, se pretenden crear.
Al ocupar la presidencia Luis Echeverría, nombra a Víctor Bravo Ahuja como Secretario de Educación. Se inicia un movimiento nacional para llevar a cabo la reforma educativa. La Secretaría se reorganizó en 4 subsecretarías: Planeación y Coordinación Educativa, Educación Primaria y Normal, Educación Media y Superior, y Educación Popular y Enseñanza Extraescolar.
Los conocimientos impartidos en la primaria se agruparon en 4 áreas de conocimientos: Español. Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y un área de actividades. Se elaboraron programas y libros de texto gratuitos acordes a la reforma.
Se introdujo la letra script y la enseñanza global de la lectura y la teoría de los conjuntos. Los cursos para preparar a los maestros estuvieron mal planeados y fueron impartidos por personas con una deficiente capacitación. La educación primaria llegó a 12 millones de alumnos, la educación media básica ascendió a dos millones. La educación media superior se duplicó de 308 mil alumnos a 625 mil, y la educación superior llegó a 490 mil alumnos.
En el sexenio de José López Portillo, siendo Secretario de Educación el ahora Senador Porfirio Muñoz Ledo, sugirió en su Plan Nacional de Educación la necesidad de crear un ciclo de 9 grados de enseñanza obligatoria, pues se entendía que las condiciones que marcaban la época, exigían una preparación básica. Los objetivos y estrategias del Plan quedaban enlistados en cuatro secciones: para fortalecer el carácter democrático y popular de la educación, se buscaba la igualdad de oportunidades,
proponiendo la obligatoriedad de la educación secundaria, lo que se planteaba factible así como el incremento en los otros niveles escolares; se recomendaba una modernización didáctica; se veía la necesidad de vincular la educación a los objetivos nacionales y las necesidades del desarrollo y; se postulaba la necesidad de la participación de la iniciativa privada en algunos aspectos de la educación.
En su Tercer Informe de Gobierno, J. L. P. reiteró el lema "Educación para todos". Pretendía brindar educación básica a todos los niños en edad escolar, así como el logro de objetivos sumamente importantes. No obstante, esta meta no fue lograda y por el contrario a pesar del triunfalismo que se manifiesta en todas las informaciones del gobierno, especialmente en los considerandos de esta iniciativa, la realidad está seriamente distanciada, según el censo de población de 1990 el analfabetismo abarca un 12.4% de la población mayor de 15 años, la propuesta recoge esta cifra pero ignora que según datos de la propia SEP, más de la mitad de los niños que ingresan a la primaria no la terminan, no por falta de voluntad, sino debido a la precariedad de sus recursos y a la incapacidad del sistema para ofrecer apoyos que permitan la permanencia de los escolares en las escuelas.
Miguel De la Madrid, en su sexenio, intentó implementar sus propias iniciativas insertas en su Plan Nacional de Desarrollo que fueron iniciadas cuando la SEP se encontraba al mando de Jesús Reyes Heroles, pero que perdieron totalmente el rumbo después de su muerte y con la llegada del gris Miguel González Avelar.
La reforma de 1991 deroga la prohibición de que las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realizaban actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, pudieran intervenir en forma alguna en los planteles en que se impartía educación primaria, secundaria, normal o la destinada a obreros y campesinos. De esta forma se termina con décadas de simulación y de corrupción que eran generadas con la existencia de escuelas confesionales sostenidas por la tolerancia oficial.
La fracción V sigue previniendo que el Estado puede, en cualquier momento, retirar el conocimiento de validez oficial a los estudios realizados en los planteles particulares y la fracción VI declara que la educación primaria será obligatoria, en tanto que la fracción VII ordena que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
II. LA EDUCACIÓN BÁSICA HOY
La puesta en práctica de la obligatoriedad de la educación secundaria no depende exclusivamente de la modificación de las leyes, conlleva una serie de medidas que tiendan a hacer atractivo a la población este servicio, antes que obligación de los padres de familia, llevar a los jóvenes a la secundaria es un deber del Estado, analizando los documentos oficiales no se encuentra el compromiso del gobierno para cumplir los objetivos que se propone.
De 1985 a la fecha el nivel de educación media básica ha tenido interesantes variaciones que conviene analizar. En el ciclo 88 - 89 este nivel alcanza su mayor matrícula 4,355,300 alumnos en todos sus tipos (estatal, general, telesecundaria, secundaria técnica y particular). Para el presente ciclo ésta decreció en un 5.1% llegando a 4,220,000 contradiciendo toda lógica puesto que la población no ha dejado de crecer. Este fenómeno ha afectado especialmente a las secundarias generales dependientes de la federación, pues su matrícula ha decrecido en un 13.1% desde el ciclo 85 - 86 en que alcanzó su más alto nivel, mientras las secundarias técnicas han tenido un incremento del 12% y las telesecundarias de un 13% en el mismo período.
Estas cifras son reveladoras, no es gratuita la disminución en la matrícula en este nivel, coincide este período con el de la agudización de la crisis económica, los padres de familia no han podido sostener una educación que contra la opinión del Estado resulta onerosa. Esta crisis ha afectado principalmente a las secundarias generales que han visto caer su matrícula en tanto que las telesecundarias aún con su escasez de recursos y su bajo rendimiento académico o tal vez por ello y las secundarias técnicas con sus docentes improvisados y su aún peor rendimiento la han visto crecer aceleradamente en los últimos cinco años.
¿Por qué el abandono de unas y el crecimiento de otras? Ciertamente la calidad de la enseñanza en telesecundarias y secundarias técnicas deja mucho que desear, su cuerpo docente no tiene la preparación pedagógica y académica que se requiere, generalmente en estas instituciones los docentes son pasantes de alguna licenciatura y casi ninguno es egresado de las Normales Superiores, caso opuesto al de secundarias generales. Tal vez éste sea el tipo de secundaria que el Estado quiere y por ello el ataque al
normalismo en todos sus niveles. Si los padres de familia estarán obligados a llevar a sus hijos a las secundarias, el Estado está obligado a ofrecer un nivel académico de gran calidad proporcionando los medios necesarios.
La planta docente ha tenido una evolución similar. Para 1985 los docentes de secundarias generales representaban el 64%, los de secundarias técnicas 31.6% y los de telesecundaria el 3.9%. En el presente ciclo los porcentajes en el mismo orden son 58.7%, 34.8% y 6.4%, aclarando que sólo se redujo el número de maestros de las secundarias generales pasando de 91,905 en el 87, a 87,329 para este ciclo.
En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 1993 el monto destinado a educación tiene un ligero incremento en términos reales con respecto al de 1992, esto permite obtener algunas conclusiones. No existe partida presupuestal específica destinada a la educación secundaria, elaboración de libros de texto ni mantenimiento a los edificios existentes de este nivel. Se espera recibir aproximadamente 300,000 alumnos más en este nivel, ¿cómo puede garantizarse la existencia, permanencia y desenvolvimiento en las escuelas secundarias de más de 4 millones y medio de estudiantes sin destinar los recursos indispensables para ello? El decrecimiento en la matrícula se seguirá dando mientras las condiciones económicas de la población no permitan solventar las mínimas necesidades, por ello, la propuesta de otorgar el apoyo de textos gratuitos en este nivel para beneficio de la población en general aún en perjuicio de los editores que dejarían de percibir sus jugosas ganancias con la elaboración y distribución de los libros que actualmente se usan. De ahí que se puede afirmar que la propuesta para hacer obligatoria la secundaria tiene tintes demagógicos pues no se ve por ningún lado la voluntad del Estado para proveer los medios necesarios para su ejecución.
Un análisis detallado del Sistema Educativo Nacional refleja que sectores importantes de la población quedan al margen de toda estadística y sobre todo de cualquier estrategia gubernamental. La educación indígena es algo inexistente en el texto del actual artículo 3o., si bien el carácter pluricultural y multiétnico de nuestra patria ya está reconocido en la Carta Magna, también es cierto que en la Ley Federal de Educación, se hace caso omiso de la importancia que tiene para muchos mexicanos este sector. La educación para adultos sufre una discriminación similar, no olvidemos que según el censo del 90, por lo menos el 12% de la población adulta requiere de servicios escolares, y el papel que juegan estos sectores en la actual iniciativa es cuando menos, marginal.
De las cifras manejadas en el Informe de Labores de la SEP 90 - 91, respecto a la atención a indígenas en preescolar, 218,219 niños, es evidente el abandono persistente en este grupo; informa que un 40.9% de los niños de 4 años del país no tienen acceso a la educación preescolar, mismo caso de 27.4% de los 5 años. Destaca la participación de "promotores" que son habilitados para su trabajo en el nivel preescolar, siendo egresados de secundaria, lo que resulta preocupante dado que es difícil suponer que se otorgue un buen servicio.
Otro punto a señalar es la atención que el Consejo Nacional de Fomento Educativo da a los grupos rurales de las zonas más apartadas del país, a través de instructores o promotores que, siendo egresados de la secundaria, sustituyen la labor de los maestros que por diversos motivos, (generalmente de índole económico) no arraigan en estos poblados. Estas acciones demuestran la necesidad de reformar de manera profunda la estructura del sistema educativo en las zonas rurales, promoviendo estímulos para los docentes que permitan que arraiguen en los poblados donde son requeridos sus servicios, ya que la política de enviar a esa zonas a recién egresados de las normales, solo provoca el abandono del empleo, mientras que la sustitución de maestros por "instructores", si bien puede ser una solución transitoria, no genera una educación básica con la calidad necesaria para el desarrollo de estas comunidades.
Digno de destacar, es el dato ofrecido en relación a los profesores de educación física y preescolar, ya que sólo se contó con 376 profesores que atendieron a 145,334 niños, lo que indica que 2,588,720 niños carecieron de este importante servicio.
De los jardines con servicio mixto, que ofrecen alimentación y actividades formato - recreativas a hijos de madres trabajadoras de escasos recursos, operaron solo 28 centros, con atención a 5,668 niños.
En el nivel de educación primaria destaca una reducción de 1.7% en la matrícula, de acuerdo a una reducción en el ritmo de crecimiento de la población, pero de manera contradictoria, señala que aún existe población en edad escolar sin atender.
En este nivel también se observa el empleo de "instructores", que egresados de secundaria,
sustituyeron el trabajo de los maestros atendiendo a 83,346 niños.
Para el D.F. se informa que fueron atendidos, tan sólo 2,218 niños para prevenir la reprobación, atendidos por 107 especialistas. De la misma manera únicamente se atendió a 1,448 niños en proyectos de atención preventiva y compensatoria para cursar dos grados en un sólo año.
En el aspecto de la educación inicial, el servicio para madres trabajadoras otorgado por medio del CENDI se informa que sólo tuvo un aumento de 1% en relación al año anterior; en educación especial se dio un aumento similar, mostrándose un enorme atraso en este servicio.
Respecto a educación para adultos, destaca de las cifras del Informe, las subutilización de los CEBAS (Centros de Educación Básica para Adultos), pues de los 512,137 alfabetizados poco más del 1% lo hicieron en estos centros.
Las estadísticas oficiales distorsionan la realidad al presentar cifras sin el menor análisis, lo que induce a creer que el proyecto del Estado ha obtenido logros considerables, tal es el caso del nivel de escolaridad. En el ANMEB se afirma que el promedio de estudios en el país es de seis grados confundiendo a la opinión pública al suponer que prácticamente todos los mexicanos han llegado al 6o grado, dato que resulta falaz, dado que las cuentas de la Secretaría incluyen dos grados de preescolar por lo que el nivel real es hasta el 4o grado. La misma situación ocurre con el nivel de analfabetismo, se publica que se ha reducido el porcentaje en un 70% a un 12.4% en 70 años cifra que no incluye por supuesto a la población analfabeta ubicada entre los 12 y los 14 años, y mucho menos a los analfabetas funcionales o a quienes apenas saben escribir su nombre, lo que aumentaría enormemente este porcentaje.
La pregunta obvia que debemos hacernos es por qué se establece la educación secundaria obligatoria en el texto constitucional, si todavía no ha sido posible que la primaria obligatoria sea una realidad. Compartimos el objetivo de lograr un mayor nivel de escolaridad y garantizar con ello que adultos y jóvenes cuenten cuando menos con 9 años de escolaridad. Sin embargo, esto sólo será posible si se toma un conjunto de medidas que garanticen su cabal cumplimiento, no olvidemos que de cada 10 niños que entran a la primaria, sólo 5 terminan, de éstos 5 sólo 4 ingresan a secundaria y de ellos únicamente 2 la terminan. En estas condiciones la eficiencia terminal del ciclo de 9 años es apenas de un 20% por lo que no se garantiza que se cumplan los objetivos de esta iniciativa.
Es alarmante la situación que presentan algunas regiones en nuestro país con respecto a su nivel de analfabetismo, tal es el caso de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Veracruz en los cuales dicho nivel es superior 20%. El Estado debe cumplir con los propósitos del ANMEB donde establece la federación de la educación y la asignación de recursos de los gobiernos y los municipios de los estados a la educación, así como otorgar mayores recursos a las regiones más pobres del país. Si en el ambito de la educación primaria se observan estos problemas, en lo referente a educación secundaria la situación es aún más grave. Las diferencias entre las regiones desarrolladas del país y los estados más pobres son abismales; se debe garantizar la estricta observancia de lo establecido en el ANMEB con respecto a la aplicación de programas especiales para cada nivel con la finalidad de equilibrar el promedio de escolarización.
El presupuesto destinado a educación en 1993 destina 388 mil millones para la construcción de nuevas aulas e instalaciones educativas. Eso significa 956 aulas, 61 laboratorios, 416 talleres y 3,279 anexos que para un país de la magnitud del nuestro no significa una posibilidad real de revertir las tendencias ni siquiera incluyendo lo construido por SOLIDARIDAD que se traduce en 2,090 aulas, 375 laboratorios, 600 talleres y 2,400 anexos.
Según el censo la población en edad de recibir educación secundaria es de 8 millones 327 mil personas. La matrícula reportada por la SEP estimada para el año es de 4 millones 266 mil.
Suponiendo que hubiese un incremento del 10% en la matrícula de educación para 93, habría un crecimiento de 426 mil alumnos el próximo año, lo que significa que de todos modos 3 millones 840 mil no podrán solicitarla.
Haciendo una comparación entre las cifras ofrecidas por el Gobierno de la República en relación al presupuesto destinado a la educación, índice de alfabetismo, matrícula escolar y planta docente en el nivel básico y los de algunas naciones del orbe, entre ellas nuestros futuros socios comerciales (Canadá y Estados Unidos de Norteamérica) así como algunos países con un nivel similar, superior e inferior al nuestro, se obtienen interesantes conclusiones que contradicen el optimismo desbordante del Estado.
Pedagógicamente, las recomendaciones de los profesionales sugieren que los grupos escolares en cualquier nivel, especialmente en primaria y secundaria deben ser pequeños, ya que la atención de los profesores mejora en tanto son menos aquéllos a quienes tiene que dedicar tiempo y espacio. Nuestro país tiene uno de los promedios más altos en relación al número de estudiantes por profesor en primarias y secundarias, pues teniendo una población inferior a la de Estados Unidos y Japón y un nivel de desarrollo económico "supuestamente" superior al de Cuba, Guyana y Libia, y similar al de Argentina, tenemos 33 alumnos por profesor en escuelas primarias, cifra muy superior a la de los mencionados países destacando que una nación acosada por el intervencionismo norteamericano con graves dificultades económicas, tiene 16 niños en promedio, o que Guyana, país del que no se puede decir que tenga un enorme desarrollo o una infraestructura importante, tiene 28 alumnos por profesor. Más de seis décadas de obligatoriedad de la educación primaria no han permitido que los docentes trabajen con grupos adecuados, manejables, impidiendo el mejoramiento académico y la superación de millones de mexicanos que han cursado este nivel.
En el caso de la secundaria la situación no es muy diferente; en promedio, cada profesor tiene más alumnos que si trabajara en Argentina, Cuba, Libia o Canadá, sin mencionar algunas otras naciones con un nivel de desarrollo superior.
El presupuesto destinado a educación refleja la importancia que ese rubro, representa para un país. En ese aspecto las cifras reflejan el poco interés que el Estado mexicano tiene para este aspecto.
El porcentaje del P. I. B. que nuestro país destina para elevar el nivel educativo de la población y capacitarla para enfrentar los retos del T. L. C. es apenas en 1992 de 3.5%, cifra que nos ubica en los últimos lugares a nivel mundial y que obviamente no atiende a la recomendación de la UNESCO de destinar cuando menos el 8% del P. I. B. a la educación. Países como Guyana (10.1%), Libia, Estados Unidos (7.5%), Canadá (7.4%), Cuba (6.3%), se ubican entre las naciones que más presupuesto destinan a este aspecto, y algunas de ellas como Libia y Cuba enfrentan serios problemas de orden internacional; nuestros socios comerciales tienen una situación distinta ya que aunado a su alto nivel de desarrollo económico, destaca el presupuesto que asignan. Frente a estas diferencias el T. L. C. no deja de ser una mera intención de ubicarnos como nación con alto desarrollo.
La tasa de alfabetismo oficial que no refleja en su totalidad la realidad, nos ubica como una nación de mediano nivel cultural, mientras que países tan pobres o con conflicto como Venezuela, Cuba, Guyana, Argentina, Chile o Surinam tienen una tasa superior a la nuestra, lo que hace evidente que más que reformas a la Legislación Educativa o elaboración de planes y programas, es necesario aumentar la atención al sector educativo y una transformación de fondo del Sistema
III. LAS INICIATIVAS DE REFORMAS
AL ARTÍCULO 3o.
Desde su promulgación a la fecha, los Partidos Políticos han pretendido reformar de diversos modos el artículo 3o.
Se destacan las participaciones del Partido Acción Nacional, Partido Popular Socialista y Partido de la Revolución Democrática.
1. Iniciativa presentada por el Dip. Manuel González Hinojosa, del Partido Acción Nacional el 22 de diciembre de 1974.
Se pretende reformar a través de la presente el artículo 3o. y la fracción XXV del artículo 73 constitucionales. Se propone la eliminación del laicismo en las escuelas oficiales bajo el argumento de la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos; señala gratuidad en la educación pero fijando cuotas en las instituciones de nivel superior a la secundaria, se maneja el principio de descentralización señalando que la educación de cada lugar se deberá adecuar a las leyes locales sin menoscabo de la Constitución General. Da libertad a la impartición de planes y programas propios de los particulares ajustándose a las bases del artículo 3o. Autoriza a las asociaciones religiosas a impartir educación.
2. Iniciativa de reformas a la fracción IX del artículo 3o. y a la fracción XXV del artículo 73 constitucionales y a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Educación, presentada por el Dip. Ramiro Pedroza Torres, del Partido Acción Nacional.
3. Iniciativa de reformas al artículo 3o. constitucional presentada por el Dip. Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional, el 24 de septiembre de 1981. A través de la presente se pretende garantizar la libertad de educación admitiendo la pluralidad social con su participación en materia educativa; la libertad de los padres
de familia para elegir la educación que sus hijos reciban con la determinación de los requisitos técnicos o concernientes al otorgamiento de grados o títulos por parte del Estado. El Estado debe fijar las normas técnicas apropiadas para la impartición de enseñanza por particulares dentro de los principios de respeto a la libertad de educación y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan con las disposiciones.
Entre uno de sus argumentos destaca el que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos y gratuita, asimismo la enseñanza secundaria técnica y profesional debe generalizarse y proveer los medios para la implantación progresiva de su enseñanza gratuita, lo mismo la enseñanza superior. Otro punto de argumentación es el respeto que debe el Estado a los padres para escoger escuelas privadas y hacer que sus hijos reciban educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Iniciativa de reformas a la fracción II al artículo 3o. constitucional presentada por el Dip. Hildebrando Gaytán Márquez del Partido Popular Socialista el 12 de noviembre de 1986. Mediante ésta se pretende excluir a las escuelas particular de impartir educación normal siendo ésta exclusiva del Estado, argumentando que las escuelas particulares, en especial las normales particulares tienen un móvil de carácter ideológico y político; en otros casos se trata de verdaderos negocios, donde el pago de las cuotas sustituye a la preparación adecuada del futuro maestro. Esta reforma promueve cancelar la concesión a los particulares de intervenir en la educación normal, debiendo el Estado cumplir con la responsabilidad de preparar a los maestros que se requieran en todos los tipos del Sistema Nacional a su cargo. En lo referente a la educación primaria, secundaria y a la de cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos, los particulares deberán obtener previamente la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno.
5. Iniciativa de reformas a la fracción II del artículo 3o. Constitucional presentada por la C. Dip. Marcela Lombardo Otero del Partido Popular Socialista el 14 de junio de 1990. Pretende excluir a los particulares de impartir educación normal, ya que ésta debe corresponder exclusivamente al Estado para impedir que la formación de maestros se transforme en una preparación dogmática, elitista y egoísta, como son todos aquellos intereses ajenos a los de la Nación mexicana.
Por lo que concierne a la educación primaria o secundaria, y a la de cualquier tipo, destinada a obreros y campesinos, los particulares deberán obtener previamente en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno.
6. Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 3o. párrafo Primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el Dip. Irán Luis de León Rodríguez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. A través de ella se pretende en la fracción I del Párrafo Primero garantizar la educación que los padres de familia o tutores consideren conveniente para sus hijos, sea de tipo laico o religioso, la que imparta el Estado será laica. En su fracción II se agrega la importancia de tomar en cuenta la opinión de padres de familia y maestros, para establecer los criterios que orientarán a la educación. La fracción III: los particulares tendrán derecho a impartir educación en todos sus tipos y grados sin obtener previamente autorización alguna. Fracción IV: los particulares deberán impartir educación cumpliendo los planes y programas oficiales y complementándolos de acuerdo a las características de cada región o municipio. Fracción V: El Estado fundando su resolución podrá otorgar negar o retirar la autorización para el funcionamiento de los planteles particulares y el reconocimiento de validez oficial a los estudios, dejando a salvo, en tales actos las garantías de audiencia y legalidad. Párrafo sexto: la educación básica, preescolar primaria y secundaria será obligatoria. Párrafo séptimo: la educación básica que imparta el Estado será gratuita y queda como obligación del mismo hacer accesible la de niveles superiores a quienes tengan probada actitud y carezcan de recursos económicos. Fracción VIII: las instituciones de educación superior tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse asimismas ajustándose al marco legal, realizarán sus fines de educar, investigar, preservar y difundir la cultura, respetando la libre masificación de las ideas y la libertad de cátedra e investigación. Elaborará sus reglamentos internos y vigilará su cumplimiento. Determinarán los reglamentos para sus planes y programas de estudio, así como para las cuotas por sus servicios; los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, los cuales no podrán ser negociados a través de la contratación colectiva sino a través de sus
Consejos u Órganos Colegiados. Las instituciones de educación superior administrarán su patrimonio, el Estado y los particulares procurarán el establecimiento la de patrimonios permanentes en éstas. Las relaciones laborales se normarán en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial.
7. Iniciativa de reformas y adiciones del artículo 3o. constitucional presentada por el Dip. René J Bejarano del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática el 16 de diciembre de 1991.
I. . . . . . . . .. . . . . . . . ...
a). . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, al fortalecimiento de nuestra identidad nacional y a la continuidad y acrecentamiento de nuestras culturas y,
c). . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal, así como la educación básica para adultos deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;
III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán ajustarse, sin excepción a lo dispuesto en los párrafos iniciales I y II del presente artículo y, además, deberán cumplir los planes y los programas oficiales; dichos planteles serán considerados instituciones de interés social, no tendrán carácter lucrativo y operarán bajo la forma de asociaciones civiles en los términos que establezca la Ley.
IV. El Estado podrá retirar discrecionalmente...
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Las empresas de radio y televisión concesionarios del espacio aéreo de la nación, ajustarán invariablemente el contenido de sus emisiones a los valores y principios que consagran la fracción I de este artículo y contribuirán ampliamente a las tareas educativas según la Ley lo determine.
VII. Las universidades...
IX. El Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y municipios, a fijar las aportaciones económicas, correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.
La cuantía de los recursos destinados a la educación, la ciencia y la cultura, no será en ningún caso interior al 8% del Producto Interno Bruto del país.
8. La iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Todos los cambios sufridos en la legislación constitucional mexicana, responden necesariamente a una propuesta política específica, y la iniciativa que presenta Carlos Salinas, no está exenta de ello. La primera modificación al Art. 3o. de este sexenio y esta propuesta, responden a una fuerte corriente política de corte netamente neoliberal, que presta una atención mayor a los beneficios económicos de las acciones, que a el desarrollo social que puedan lograr. La posibilidad de impartir educación religiosa en las escuelas privadas, benefició ampliamente a las mismas, al poder ofrecer sus servicios de manera abierta, sin la limitante de la Ley. El abandono de la facultad estatal para retirar reconocimientos a los estudios de escuelas particulares sin mediación de acto legal alguno, es una muestra más de que sobre el interés público, prevalece el interés de aquellos que ven en la educación, el más jugoso de los negocios.
Esta iniciativa tiene la evidente intención de ir abandonando de manera paulatina la educación media superior, la tecnológica, la especial y la superior, lo que nos lleva a pensar que la real intención de este gobierno es la de privatizar estos niveles educativos, amparándose en su presunta obligación de otorgar educación básica y sólo a quien la solicite.
La idea tiene fundamentos reales, a pesar de la negativa del gobierno en este sentido, no podemos olvidar, que la acción más frecuente del
Estado es la de negar una acción, para luego ponerla en práctica. Bajo el pretexto de concentrar los esfuerzos estatales en la educación básica preescolar, primaria y secundaria se quiere dejar abierta la posibilidad para fomentar un explosivo crecimiento en las instituciones educativas privadas de los otros niveles, todo bajo el manto protector de un gobierno que dedica sus iniciativas a proteger los intereses de los poderosos en contra de los de la sociedad en su conjunto.
Cuando el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León tomó posesión de su cargo como Secretario de Educación Pública, afirmó que para garantizar la modernización de la educación no era necesario modificar el texto vigente del Artículo Tercero Constitucional. En ese entonces, todavía estaba fresca en la memoria la reforma a los artículos 3o, 24, 25, 27, y 130 de la Constitución que modificó los términos históricos de la relación Estado - Iglesia, así es que esta declaración se entendió como un compromiso de impedir que se modificaran algunos preceptos básicos del Sistema Educativo Nacional, particularmente aquéllos que atentaran en contra de la Educación Pública.
En el discurso del 18a de mayo de 1992 que pronunció Carlos Salinas con motivo de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (A. N. M. E. B.), llamó a reflexionar acerca de la pertinencia de modificar una vez más, el artículo 3o constitucional para establecer en él, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Sin embargo, en este acuerdo no se especifican los mecanismos que se seguirán para cumplir con el propósito presidencial, lo que resulta contrario al despliegue publicitario que se ha hecho en el que se menciona que el A. N. M. E. B. es el elemento que finca las bases para lograr la total modernización del Sistema Educativo.
Al momento de ser presentada esta propuesta, se había ya presentado en la LV Legislatura de la Cámara de Diputados la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, que presenta coincidencias con la propuesta presidencial como es el establecimiento de la enseñanza obligatoria, pero que añade tres aspectos centrales: la garantía de que los medios de comunicación contribuyan al esfuerzo educativo, el establecimiento de un presupuesto no menor al 8% del PIB destinado a la educación y, la garantía del otorgamiento de educación para adultos.
La iniciativa presidencial presentada el 18 de noviembre para modificar los artículos 3o y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recupera el planteamiento presidencial del 18 de mayo y aspectos de la iniciativa panista, ignorando en su totalidad las propuestas del P. R. D.
La iniciativa a discusión está sustentada en algunas reflexiones en torno a la evolución, que en materia de educación ha tenido la Legislación Constitucional Mexicana.
Esta iniciativa no puede considerarse como tal, no presenta novedad alguna; desde las épocas de Torres Bodet (1958) el Ciclo Básico Unificado se proponía para corregir las deficiencias del Sistema Educativo. Así también, ésta ha sido abanderada por el antiguo Partido Mexicano Socialista, y por el magisterio democrático; sin embargo, nunca fue considerada para ser llevada a la práctica.
El proyecto de decreto enuncia lo siguiente:
Financiamiento.
Entre 1989 y 1993 el gasto nacional en educación paso del 3.6% al 5% del PIB.
Otros niveles de educación
El Estado debe mantener su compromiso social con los tipos y modalidades de enseñanza diferentes a la educación preescolar, primaria y secundaria.
El Estado proveerá todos los recursos necesarios para elevar la calidad de la educación superior.
Cultura
El Estado alentará la cultura y favorecerá el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Federalización
La Federación, los gobiernos de los estados y municipios tendrán responsabilidad en la conducción y operación del sistema de educación básica y normal. Las leyes secundarias contemplarán las modalidades de educación para menores y la educación para adultos.
Medios de comunicación
Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la función social, por tanto estos deben tener una participación más positiva en el campo educativo, pero esto no es motivo para que su ubicación se dé en la Ley Reglamentaria correspondiente.
IV IMPACTO DE LA REFORMA
Ante la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, el examen de admisión resulta obsoleto por lo que se deberá establecer un eficaz mecanismo de distribución para garantizar grupos equilibrados sin propiciar sobrepoblación ni favoritismos para ciertas escuelas en perjuicio de otras. Las condiciones actuales nos hacen pensar que esto no será posible; la política de la Subsecretaría de Educación Elemental ha sido contraria a ello, durante los dos últimos ciclos escolares se ha venido observando un paulatino abandono para los turnos vespertinos en todos los niveles de educación básica y por el contrario una sobrepoblación que llega a excesos intolerables en los turnos matutinos, todo ello en perjuicio de alumnos y maestros que por un lado pierden fuentes de trabajo y por el otro se ven agobiados ante la sobrecarga de trabajo, y esto conlleva a un pobre desempeño académico.
Desde el momento en que la currícula en primarias y secundarias se modifican los planes y programas de la educación normal resultan obsoletos, por lo que deberán modificarse también. Ya en el ANMEB se anticipan algunas de las propuestas en este sentido; reducción de los requisitos para el ingreso a ellas y la duración de la preparación académica. El Estado deberá informar oportunamente sus propuestas para modificar estos planes y programas.
La puesta en práctica de esta propuesta ocasionará un aumento en la matrícula escolar que a su vez demandará un mayor número de profesionales por lo que la carrera magisterial deberá ser lo suficientemente atractiva para propiciar que un mayor número de jóvenes se inclinen por ella. En los últimos cinco años se ha dado un decrecimiento alarmante en el número de egresados de las escuelas normales, que son inferiores a la cantidad de retiros, jubilaciones y decesos, ocasionando un grave déficit.
La creación del libro de texto gratuito tiene su origen en la necesidad de que todos los niños contarán con un elemento didáctico capaz de apoyar mínimamente sus necesidades escolares. Esta medida está sustentada en la obligación que tiene el Estado de proveer las condiciones necesarias para la población, especialmente aquéllas de bajos recursos. Si bien en últimas fechas los textos gratuitos han sido motivo de controversia y discusión no se puede negar el invaluable servicio que han prestado y deben seguir prestando. Si se quiere en verdad fomentar el aumento en el nivel escolar de los mexicanos este recurso deberá ser implementado obligatoriamente y con puntualidad en los niveles que el Estado tiene obligación de impartir para cumplir a su vez con el mandato que garantiza la gratuidad de toda la educación que otorga el Estado.
El Estado se impone la obligación de impartir educación preescolar, primaria y secundaria sin contar por ahora con los recursos e infraestructura adecuada para ofrecer esos servicios. En el caso específico de la educación preescolar, ésta tiene una cobertura amplia en las zonas urbanas, mientras que en el área rural, especialmente en las zonas indígenas es muy deficiente. Al respecto, conviene precisar que la iniciativa señala para este nivel que el Estado cubre un 68% de la demanda, contrastando con las cifras censales que la ubican apenas en un 57%; pero que además a diferencia de lo que sucede con la educación secundaria en la cual la demanda tiende a decrecer, en el caso de los servicios de educación preescolar la demanda es creciente; por lo mismo, puede suceder que esta iniciativa, no pase de ser una buena intención y quede como un mero propósito no sustentado en políticas firmes que permitan su implementación. La educación preescolar debiera ser antecedente previo a la educación primaria, ya que asienta las bases para el adecuado desarrollo integral del educando. Pero de igual importancia resulta para las madres trabajadoras la educación inicial, ya que proporcionan además de un servicio, un entrenamiento inicial y una estimulación temprana que prepara a los menores para el inicio de su vida educativa formal. Según el informe de labores de la SEP, sólo 105 mil niños tuvieron acceso a este servicio, lo que hace evidente su insuficiencia.
V. LA OBLIGATORIEDAD
Respecto a la obligatoriedad de la educación se distinguen perfectamente dos vertientes:
La que se marca el Estado, y la que se impone a los ciudadanos. De la primera, conviene hacer alguna reflexión. La iniciativa propone: "Todo mexicano tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria a quien la solicite. La educación primaria y secundaria son obligatorias". La aseveración "a quien lo solicite" resulta imprecisa, es una renuncia tácita a la obligación estatal de otorgar educación en todos sus tipos y niveles, asimismo, a pesar de que afirma el derecho de todos los mexicanos a recibirla solo se dará según estos términos, haciendo recaer en los ciudadanos toda la responsabilidad para hacer asistir a los menores a las escuelas.
Para Justo Sierra la enseñanza obligatoria resultaba justa y útil, dado que si bien es cierto que los padres tienen el deber de educar, el niño tiene el derecho correlativo al deber del padre de ser educado y el Estado, encargado de facilitar la realización de ese derecho puede obligar a los padres. Para Sierra "la instrucción debe ser obligatoria porque es el mejor medio de generalizarla; conviene generalizarla porque así se hace crecer al hombre moral e intelectualmente, se le hace más hombre". Desde luego que deduce que si la instrucción es necesaria, entonces es obligatoria pues "el derecho estriba en la necesidad; la justicia en la utilidad".
Siguiendo con el pensamiento de este filósofo y educador, ya desde los albores de este siglo infería que la instrucción obligatoria en nuestro país es una necesidad que se infiere de las leyes puesto que sin ésta las instituciones democráticas están incompletas "porque el sufragio universal, según la feliz expresión de Stuart Mill, requiere la educación universal. Una democracia analfabética como la nuestra es una no democracia, como la nuestra. Y no es que yo piense que la instrucción primaria basta para hacer ciudadanos prudentes, fuertes en sociología; ..se trata de una mejoría relativa, se trata de suprimir una inferioridad bien pronunciada, no de hacer un milagro". Esta disertación es hecha por Sierra al comentar una adición constitucional de 1908, que incluía en la Carta Magna el principio de la instrucción obligatoria en la que incluso se citaban plazos: dos años a partir de la promulgación de la ley.
Justo Sierra no es el único que se ocupa del tema. Carlos A. Carrillo ideaba en 1908 una serie de medidas para hacer realidad la enseñanza obligatoria, tales como la elaboración de registros municipales, controles mensuales por parte de los profesores y la creación de inspecciones generales que vigilarán la asistencia de los niños a la escuela y que obligaran a sus progenitores a no faltar a este deber.
La obligación ciudadana de hacer concurrir a sus hijos a las escuelas es meramente moral, ya que no debe existir castigo alguno para quien lo elude, casi siempre involuntariamente. Esto es, no debería haber ningún tipo de discriminación hacia quienes no han cumplido con estos requisitos, pero en la práctica, sobre todo en el ámbito laboral, los peores empleos y salarios son para quienes no han cubierto el ciclo básico de educación.
VI LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Esta iniciativa omite cualquier referencia sobre los medios de comunicación electrónica, en el sentido de que éstos, se sujeten a los principios establecidos en nuestra constitución, destinando un espacio significativo de su programación a los contenidos educativos, esto ocasiona la existencia de programas en radio y televisión que atentan contra los valores, que en la escuela se promueven.
Indiscutiblemente, los efectos de la influencia de los medios de comunicación en la educación no ha tenido un estudio generalizado, sin embargo, diversos pedagogos han publicado diversas conclusiones en relación a la influencia que la televisión (como principal medio masivo de comunicación) tiene sobre la capacidad de estudio de los libros. Para algunos pedagogos la televisión tiene sus peores efectos sobre todo a partir de los doce años, pues los estudiantes de baja habilidad en la lectura se apoyan cada vez más en ella como única fuente de información.
El conocimiento global que alcanza el joven disminuye en la medida en que aumenta su dependencia del aparato.
A través de los contenidos de los programas son transmitidas diferentes ideas tanto de la Nación como del hombre. En la televisión hay un discurso transclasista y transnacional en el que las identidades nacionales no caben; además la visión del hombre y de la sociedad es diferente a la realidad, ya que se borran simbólicamente las diferentes nacionales.
Otro impacto que tiene el ver televisión es el desplazamiento de actividades propiamente educativas como la lectura, provocando una disminución del tiempo dedicado al estudio o simplemente a la realización de las tareas. Por ejemplo, en México, el tiempo que los niños dedican a la televisión varía principalmente según la edad, condición social y lugar de residencia. Los niños entre 3 y 6 años la llegan a ver hasta 6 horas al día. Al entrar a la escuela este tiempo disminuye, pero paulatinamente aumenta hasta alcanzar 4 ó más horas al día. Otra conclusión obtenida es que el ver T. V. acostumbra a los niños a un ritmo mucho más rápido que lo usual en el salón de clase. Se ha comprobado en las escuelas públicas de educación básica en Latinoamérica que existe una diferencia de estilo, de enseñanza y presentación de información entre la T.V. y el salón de clase. Los niños se quejan de que en la escuela se aburren y que es más divertido aprender de la T. V. que del maestro.
A partir de estas conclusiones, estos estudios deben tener implicaciones en el área política
facultando a los gobiernos para actuar en dos niveles: controlando los anuncios publicitarios y estableciendo políticas que fomenten la mediación de los padres de familia y los maestros entre la televisión y los niños.
El papel que deben cumplir los medios de comunicación en el Sistema Educativo es un tema de vital importancia que no está considerado en el texto de la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Cuando se elaboró el texto vigente del artículo 3o. los medios de comunicación no habían alcanzando el grado de desarrollo que ahora conocemos ni que previsiblemente tendrán en el futuro.
El funcionamiento de las empresas de radio y televisión se da con base en un régimen de concesiones con el Estado y éstas, por tanto, están sujetas a la reglamentación que éste determine, de ahí la necesidad de que dichas empresas ajusten invariablemente el contenido de sus emisiones a los valores y principios que consagra la fracción I del artículo 3 a fin de que contribuyan a las tareas educativas según la ley lo determine. Esta aspiración no es menor, si pensamos en la firme y paulatina expansión de los consorcios privados de televisión que abarcan ya también la radio y las publicaciones de la prensa escrita. El sector privado ha pasado de un modelo radiofónico fincado en los patrones norteamericanos y que con el invento de la televisión encontró la fórmula para apropiarse de diversas expresiones de nuestra cultura nacional uniéndolas al melodrama y explotar así comercialmente la sensibilidad de las culturas latinoamericanas.
La televisión privada se ha ido apropiando de contenidos diversos, su historia es demostrativa. En los años 30, fue el melodrama, en los 50, la serie norteamericana, en los 60 rasgos de cultura mexicana, en los 80 lecciones universitarias, y diversificación de algunos temas de discusión, incluidos algunos propios de la oposición.
Así, el referente cultural y educativo de la mayoría de los mexicanos se encuentra fuera del sistema escolar, inscribiéndose en el terreno de las microondas. El sector privado ha permeado hasta las conciencias más nacionalistas del país.
Frente a este panorama, el gobierno mexicano ha intentado inútilmente crear redes estatales de televisión con más de 40 años de atraso, sin preocuparse de que la televisión privada lleva ese lapso labrando pacientemente este consenso concreto, efectivo y de facto.
Hoy, además, con la política de privatización y la venta de los espacios gubernamentales de comunicación aunada a las limitaciones presupuestales del canal 11 y de los recursos para que se heche a andar el proyecto del canal 22, la batalla parece decidida, de aquí que sea inaplazable la reglamentación de los contenidos de los medios de comunicación ajustándolos al 3o. Constitucional.
Partiendo de que estamos de acuerdo con el enunciado principal de que todo mexicano tiene derecho a recibir educación, debemos pugnar por que esta educación, sobre todo a la extra curricular, se ajuste necesariamente a nuestros valores nacionales, para que se traduzca verdaderamente en el aprovechamiento escolar de la mayoría de la población. (Ver Intervención del Dip. Alejandro Encinas. Comparecencia del Srio. de Educación. 4 - Diciembre - 92).
VII. FORMACIÓN DE MAESTROS
Desde la fundación de la Escuela Nacional de Maestros hasta la fecha ha existido una crisis y una anarquía en la formación de docentes. Esta se expresa en la enseñanza desarticulada de la práctica profesional, en los planes y programas desvinculados del desarrollo científico, en la inexistencia de la investigación y en los contenidos de enseñanza alejados de la realidad.
Hasta el año de 1983, en el nivel preescolar existían 34 escuelas federales y 34 particulares. Con relación a las escuelas normales existían 7 federales y 73 particulares, observando que la matrícula era superior en las escuelas particulares.
Uno de los aspectos que provoca el abajo desempeño académico son los desfaces que existen entre la educación normal básica y la primaria, y entre la educación normal superior y la secundaria, y al interior del mismo sistema de educación normal. Cabe destacar la falta de articulación entre la planeación de las escuelas normales básicas con las superiores.
La formación de maestros en general, también se caracteriza por la insuficiente práctica educativa y por la baja calidad académica de los catedráticos. Transformar la calidad de la formación de maestros implica la articulación y adecuada distribución de la investigación y de la práctica educativa a lo largo y ancho del currículo, orientadas ambas hacia la aplicación de conocimientos en el aula.
La formación de maestros en nuestro país además debe sustentarse en la homogeneidad,
es decir, en el carácter universal del conocimiento científico y en la existencia de una cultura nacional.
La pretensión del Estado para elevar la calidad de la educación, debe comenzar, por la superación profesional de los docentes desde su formación, a través de una currícula articulada con la realidad escolar. Este deseo no se lleva a la práctica dado que durante este ciclo escolar, el plan de estudio para el primer grado de secundaria tuvo una reforma pasando del estudio por áreas a materias, mientras que en la Normal Superior la generación que ingresa continúa con el plan de estudio vigente desde hace ya más de 10 años, lo que provocará que continúe la improvisación en las aulas.
VIII. EDUCACIÓN INDÍGENA
Cuando en 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena, muchos años de demandas por parte de organizaciones indígenas e intelectuales llegaban a su culminación.
Sin embargo, múltiples problemas se siguen presentando. Las acciones educativas del Estado Mexicano se han caracterizado por un fuerte componente nacionalista centrado en los intereses del grupo dominante. En consecuencia la educación para indígenas oscila entre el olvido de su existencia y los intentos de asimilación e integración con el propósito de borrar las diferencias.
Como puede inferirse, la problemática educativa de los grupos étnicos de nuestro país está inserta en un contexto social multideterminado, en el que prevalecen fenómenos neocolonialistas.
Independientemente de que la problemática de los indígenas de nuestros país trasciende las posibilidades que la misma educación tiene para resolverlas, tiene que reconocerse que la educación constituye un agente catalítico para la transformación del actual estado de cosas.
La escuela indígena, específicamente el currículum, deben tomar en cuenta los elementos culturales de las culturas étnicas a cuya población están destinados.
En la iniciativa de reformas al artículo 3o., la educación indígena no tiene mención a pesar de ser el sector que más rezago tiene en este aspecto.
IX. LA GRATUIDAD
Es tendencioso afirmar que en el espíritu del Constituyente del 17 se consagrara que sólo la primaria obligatoria tendría el carácter de gratuidad, porque la letra de la fracción séptima del Artículo 3o. de nuestra Carta Magna establece que "Toda la educación que imparta el Estado será gratuita". Los argumentos para afirmar lo contrario son débiles e inconsistentes.
La autonomía universitaria, elevada a rango constitucional en la Fracción octava del mismo artículo, otorga a las universidades facultades para proveerse de recursos y de tener patrimonio propio como entidad descentralizada, pero la educación que imparten no deja de ser pública, además de que ninguna disposición legal secundaria puede contravenir a la disposición principal. El cobro de cuotas en la UNAM data de 1948, es un uso y costumbre que ha adquirido naturalidad, pero la violación reiterada de una norma no exime a nadie de su cumplimiento, puesto que no sucede sólo en instituciones autónomas, sino también en institutos de enseñanza superior que no lo son como: el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara entre muchas otras.
La educación es un derecho universal para todos los ciudadanos sin importar su nivel socioeconómico, por lo que su defensa no debe considerarse como un anacronismo populista heredado de las épocas del estado del bienestar. La calidad de los conocimientos, superiores de las masas es una condición necesaria para proyectar el desarrollo científico y tecnológico, así lo es en diversos países capitalistas desarrollados.
Uno de los mitos más difundidos en el sistema educativo nacional es el de la excelencia académica de la privada, pero apesar de lo oneroso de sus costos y lo lucrativo de sus servicios lo cierto es que la escuela pública sigue siendo la principal alternativa, si no la única, para la gran mayoría de la población. Malos estudiantes existen tanto en las instituciones educativas públicas como en las privadas, pero debe reconocerse que los esfuerzos motrices del cambio de la educación han sido los trabajadores.
Por nuestra parte ratificamos que son totalmente compatibles calidad y cantidad; gratuidad y excelencia académica; democracia y desarrollo científico en un país que requiere justicia social y preservar su soberanía.
El Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo afirmo ante los diputados el 4 de diciembre que no había intención alguna de reglamentar la gratuidad de la educación de la fracción VII del texto vigente "No hay de modo alguno esa
intención y desde nuestro punto de vista el concepto de gratuidad es claro e indiscutible".
X. ELEMENTOS PARA UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA
Entre las medidas necesarias para apoyar la educación destacamos las siguientes: la elaboración y distribución de libros de texto gratuitos para todos los estudiantes de nivel secundaria. De no dotarse a los jóvenes estudiantes con este recurso, así como de materiales de laboratorio, talleres, bibliotecas, etc., sucederá lo mismo que con la primaria. Llevamos más de siete décadas de su obligatoriedad y sin embargo persisten en muchas partes del país, las escuelas unitarias, las aulas improvisadas, la baja o nula existencia de material didáctico, un alto índice de reprobación y deserción y lo mas penoso, muchas comunidades ni siquiera cuentan con escuela. De continuar así, ¿cuántas décadas tendrán que pasar para contar con una escuela secundaria eficiente, a la que acceda el 100% de la demanda?
El nivel de obsolescencia al que ha llegado la Legislación Educativa es alto. Esto es así, porque con las modificaciones al artículo 3o., de diciembre del 91; la firma del ANMEB, y la casi segura aprobación de esta iniciativa así como las consecuencias de la eventual firma del Tratado de Libre Comercio hace pensar en la necesidad de una nueva Ley Nacional de Educación, que actualice y permita que la legislación sea un punto de apoyo para la modernización educativa y no un obstáculo.
En la nueva legislación habrá de contemplarse un ciclo básico unificado de 10 ó 12 años para garantizar el acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria, entendiendo estos niveles como complementarios y parte de un ciclo y atendiendo a las palabras del presidente Salinas de Gortari pronunciadas el 18 de mayo de 1992, con motivo de la firma del ANMEB "Propongo además, que consideremos como parte de esta reforma llevar la educación secundaria a todos, constituyendo como obligatorio el ciclo de educación básica. La escuela pública sería fortalecida y promovida".
Así mismo, deberán resolverse las contradicciones existentes entre las secundarias generales, las secundarias técnicas, secundarias para trabajadores y telesecundarias; el nivel de educación primaria tiene un solo tipo y un único plan y programa para todo el país que permite el tránsito de los escolares sin merma alguna de su escolaridad. Las diferencias en los distintos tipos de secundarias no permiten esto, ya que en las zonas rurales se cuenta únicamente con uno o dos de los cuatro tipos existentes, lo que dificulta seriamente la homogeneidad de este nivel.
La calidad de los contenidos es otro punto a discutir. Resulta, si no absurdo, cuando menos falaz pretender que existen las condiciones necesarias para su puesta en práctica. El último informe de gobierno nos da una muestra de ello destacando como logro del sistema la instalación de antenas receptoras de televisión ¡en las telesecundarias!. Si no existen los planteles, el equipo y sobre todo, programas y contenidos de alta calidad y similares para todas las entidades de la República, ¿cómo es posible pretender la puesta en marcha de esta reforma? Resulta claro que esta propuesta no pasará de ser un evento propagandístico previo a la sucesión presidencial del 94.
Esta iniciativa de Carlos Salinas sigue sin precisar los alcances del financiamiento educativo. Si bien es cierto que el Cuarto Informe de Gobierno afirmó el compromiso de que la cantidad de recursos económicos asignados a la educación en los siguientes dos años sea mayor en términos reales, también es cierto que la negativa del oficialismo de establecer en la Carta Magna, la obligación del Estado de proporcionar, no menos del 8% del PIB como presupuesto para la educación, lo que evitaría que a capricho de funcionarios que cambian constantemente, o por eventuales desequilibrios económicos, el monto destinado a este renglón sufra variaciones negativas, que impidan el cumplimiento de los objetivos gubernamentales y sociales.
La eventual firma del TLC hará evidente la asimetría de nuestro Sistema Educativo en comparación con los de Estado Unidos y Canadá, traerá como consecuencia que los trabajadores mexicanos, por su escasa preparación ocupen siempre los peores puestos y obtengan por lo tanto los peores salarios.
La fracción V de la iniciativa, matiza la facultad del Estado para retirar el reconocimiento a las instituciones académicas operadas por particulares sin mediar juicio o recurso legal alguno. De esta forma al conceder la posibilidad de recursos legales, el Estado se autolimita para el ejercicio de una función básica y regulatoria, lo cual es una facultad válida de gobierno, dada la importancia de la educación; con estas modificaciones, los particulares podrán incurrir en faltas a los ordenamientos y al cumplimiento de planes y programas vigentes que podrían quedar
impunes, si no hay un eficiente programa de impartición de justicia.
1. PROPUESTA DE REDACCIÓN PARA LOS ARTÍCULOS DE LA ACTUAL LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN OBSOLETOS
CAPÍTULO I
Artículo 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción III
Es obligación de la Federación, estados y municipios de proteger las lenguas autóctonas, promoviendo su enseñanza masiva. De la misma forma se generarán las condiciones necesarias para la profesionalización de los maestros bilingües.
Artículo 6. El estado tiene el compromiso de establecer las bases para proporcionar educación en todos sus niveles a toda la población y para mejorar la educación superior.
Artículo 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 9. Este artículo debe modificarse con los cambios al artículo 3o. Constitucional.
Artículo 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 11. Será obligación de alfabetizar a la población que lo requiera por medio de la prestación del servicio social.
Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO II
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 16. Modificar el párrafo donde se indica que la educación preescolar no constituye antecedente obligatorio de la primaria. Proponemos hacer la obligatoria la educación preescolar, ya que ésta representa una de las bases para el correcto desarrollo del individuo y debe constituir, por tanto, un antecedente a la educación primaria.
Artículo 17. En la actual ley se maneja el tipo medio de educación (secundaria y bachillerato) como formativo y terminal, no comprometiéndose el Estado con la educación superior; es necesario plantear que el carácter de la educación media sea el de antecedente para acceder a un nivel superior.
Artículo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO III
DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA
Artículo 25. El presente debe cambiarse dada la publicación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Artículo 26. Agregar que el Consejo Nacional Técnico de la Educación se integrará con representantes de las instituciones públicas que participen directamente en la educación nacional, además de un representante técnico por zona y sector escolares.
Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29. Proponemos que: "La Federación, celebrará con los Estados y municipios convenios para coordinar y unificar los servicios educativos.
Artículo 30. Debe modificarse con la firma del A. N. M. E. B.
Artículo 31. al 56.
Artículo 57. Agregar que los planteles educativos quedarán bajo la Dirección Técnica y Administrativa de la S. E. P. en el D.F. y en los estados a cargo de los organismos que se designen para tal efecto.
Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 59. Debe modificarse con la firma del A. N. M. E. B.
Artículo 60. al 65.
CAPÍTULO VI
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS.
Artículo 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO VII
SANCIONES
Artículo 68. Aumentar el monto de las multas.
Artículo 69. Aumentar el monto de las multas y sanciones.
2. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos en particular para la discusión y algunas modificaciones a la iniciativa del ejecutivo.
Modificación a la fracción VII que dice: "El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan"
Se propone el siguiente texto: "El Congreso de la Unión...lo mismo que a todos aquellos las infrinjan. La cuantía de los recursos destinados a la educación, la ciencia y la cultura no será en ningún caso inferior al 8% del P. I. B. del país.
Y agregar una fracción X con el siguiente texto: "Las empresas de radio y TV del espacio aéreo de la nación, ajustarán invariablemente el contenido de sus emisiones a los valores y principios que consagra la fracción I de este artículo y contribuirán ampliamente a las tareas educativas, según la ley lo determine.
El debate en torno a este tema deberá de continuar, la importancia que la educación reviste genera constantes análisis que dan luz a nuevos problemas. Seguramente, el Estado promoverá nuevos proyectos con muy diversas intenciones por lo que todos los que estamos interesados en la superación de los rezagos y en la elevación de la calidad de vida de los mexicanos estaremos atentos para impedir maniobras que reviertan los logros que los progresistas hemos alcanzado y que las políticas neoliberales tratan de destruir a toda costa.
Diciembre de 1992.