Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921217 - Número de Diario 22
(L55A2P1oN022F19921217.xml)Núm. Diario: 22ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., jueves 17 de diciembre de 1992 No. 22
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Chiapas, por la que informa de asuntos propios de su legislatura. De enterado.
DENUNCIA
Presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sobre una explosión en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Salud, con opción de la de Derechos Humanos.
Sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Juan Antonio Nemi Dib.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Para expresar sus opiniones toman la palabra los diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar, presenta propuesta.
Luis Felipe Bravo Mena
Francisco Laris Iturbide
Tomás Correa Ayala
Ricardo Valero Recio Becerra, presenta solicitud de excitativa.
Blanca Esponda Espinosa
Se desecha la proposición del diputado Ramírez Cuéllar.
GASTOS ADUANALES
Solicitud de excitativa presentada por la diputada Liliana Flores Benavides.
Para rectificar hechos respecto al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Lydia Madero García
Jorge Flores Solano
Patricia Terrazas Allen
Raúl Velasco Gómez
Amador Rodríguez Lozano
Abundino Ramírez Vázquez
INICIATIVA
Presentada por el diputado Daniel de la Garza Gutiérrez de reformas a los artículos 71, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (I)
De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
De la Comisión de Turismo con proyecto de Ley Federal de Turismo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadano Ronay Riley Rodas y celestino Cervantes Villanueva, puedan prestar sus servicios en el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León. Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que abroga el similar que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan.
Para su discusión en lo general y en lo particular toman la palabra los diputados:
Aníbal Pacheco López, para fundamentar el dictamen.
Jorge Tovar Montañez
Adolfo Kunz Bolaños
Manuel Terrazas Guerrero
Patricia Ruiz Anchondo
Guillermo Flores Velasco
Víctor Orduña Muñoz
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Francisco Saucedo Pérez
Carlos González Durán
Aníbal Pacheco López
Francisco Saucedo Pérez
Octaviano Alaniz Alaniz
Everardo Gámiz Fernández
Jorge Tovar Montañez
Alberto Monterde Reyes, para proponer reformas a los artículos 1o. y 3o.
Se someten a votación las proposiciones.
Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993.
Para su discusión en lo general y en lo particular toman la palabra los diputados:
Silvestre Fernández Barajas, para fundamentar el dictamen.
Julio Méndez Alemán
Patricia Ruiz Anchondo, para rectificar hechos.
Gonzalo Altamirano Dimas
Jorge Oceguera Galván
Juan Cárdenas García
Adolfo Kunz Bolaños
Manuel Díaz Infante
Francisco Saucedo Pérez
Salvador Abascal Carranza
Patricia Ruiz Anchondo
Enrique Jacob Rocha
Miguel León Corrales
Manuel Díaz Infante
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Salvador Abascal Carranza
Miguel León Corrales
Manuel Díaz Infante
René Bejarano Martínez
Alejandro Luévano Pérez
José Ramírez Román
Juan José Castillo Mota, en pro.
Gonzalo Altamirano Dimas
Fernando Lerdo de Tejada
Alejandro Encinas Rodríguez
Gonzalo Altamirano Dimas
Fernando Ordorica Pérez
Juan José Castillo Mota
Evangelina Corona Cadena
Roberto Castellanos Tovar
Fernando Lerdo de Tejada
Francisco Saucedo Pérez
Salvador Abascal Carranza
Se someten a votación las propuestas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley Federal de Correduría Pública.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN JACINTO CÁRDENAS GARCÍA
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 319 diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente: - Se va a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Pérez Díaz:
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
17 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Chiapas.
Comunicación del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Intervención de diputados acerca del Tratado del Libre Comercio.
Iniciativa
Sobre el Federalismo Fiscal, que presenta el diputado Daniel de la Garza Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera Lectura
De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
De la Comisión de Turismo, con proyecto de la Ley Federal de Turismo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para prestar servicios como inspectores de campo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Dictámenes a discusión
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que abroga al similar que prorroga los Contratos de Arrendamiento de las Casas o Locales que se citan.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 1993.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Luis Pérez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Pacheco Pulido
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos setenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión
anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Un informe de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, respecto de la construcción de una vía de comunicación. De enterado.
En virtud de que los dictámenes de la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto que deroga el diverso de congelación de rentas y con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, han sido impresos y distribuidos entre los señores diputados, la Asamblea les dispensa la primera lectura.
Se da segunda lectura y se somete a discusión, tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Alberto Varón Modiano, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Israel, en Guadalajara, con circunscripción en el Estado de Jalisco; María Fernanda Barcacel Santa Cruz de Romero, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Canadá en Mazatlán, Sinaloa y Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Paraguay en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, en sendas votaciones económicas se aprueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
En virtud de haberse impreso y distribuido el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
La Asamblea ratifica el acuerdo de los grupos parlamentarios en el sentido de que la discusión de este dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto y el Presidente concede el uso de la palabra al diputado José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, quien fundamenta, a nombre de la Comisión dictaminadora, el dictamen.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos González Durán, del mismo Partido; Patricia Ruiz Anchondo, del mismo grupo parlamentario; y Octavio Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, todos en pro del dictamen.
La Asamblea considera suficiente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por unanimidad de trescientos ochenta y siete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y trigésimo primero, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Agustín Basave Benitez, del Partido Revolucionario Institucional y, para fundamentar el voto de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados Hildebrando Gaytán Marquéz, del Partido Popular Socialista, en contra; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Francisco Salazar Sáenz, del Partido Acción Nacional, en pro y Jesús Sarabia Ordoñez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Continúa la discusión en lo general y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Javier Centeno Avila, en pro; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra, en dos ocasiones; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en pro; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.
Dentro del mismo segundo turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción
Nacional en pro; Cesareo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en pro; Nicolás Olivos Cuéllar, para rectificar hechos; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien entrega un documento que solicita sea incluido en el Diario de los Debates y así lo ordena el Presidente; Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, en pro; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Cuauhtémoc Amescua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficiente discutido el dictamen en lo general y el Presidente informa que han sido reservados diversos párrafos del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión en lo particular, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y de lo no impugnado en el dictamen, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos veintisiete votos.
A solicitud del diputado Amezcua Dromundo, la Secretaría rectifica la votación en contra, que resulta de doce votos.
Se inicia la discusión en lo particular y hacen uso de la palabra, sostienen sus criterios o hacen proposiciones de reforma, los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Francisco Dorantes Gutiérrez, del partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Layda Sansores San Román, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional; René Bejarano Martínez, del partido de la Revolución Democrática y Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones.
Para continuar con el debate en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados Joel Arce Pantoja y José del Valle Adame, del Partido Acción Nacional; José Luis Moreno Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Encinas Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de cuatro grupos parlamentarios más, pone a consideración de la Asamblea un punto de acuerdo sobre el papel de los medios de comunicación en le proceso educativo de México; Gilberto Zapata Frayre, del Partido Acción Nacional; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Alfredo Castillo Colmenares, del Partido Acción Nacional; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rafael Puga Tovar, Arturo Fuentes Benavides y Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional; Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos, los diputados Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional y Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
Cierran el debate en lo particular, los diputados Alfredo Ling Altamirano y Julio López Valenzuela, del Partido Acción Nacional; Salomón Jara Cruz del Partido de la Revolución Democrática; Ana Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional y Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría somete a la consideración de la Asamblea las diversas proposiciones de reforma que se hicieron durante el debate y en sendas votaciones económicas se desechan.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal de los párrafos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y tres votos. Pasa el Senado para sus efectos Constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da cuenta con el orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de ayer a las tres horas con veintinueve minutos del día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las doce horas.»
El presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones de la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
COMUNICACIÓN
El secretario Salvador Juárez García:
«Escudo del Estado. - Estado Libre y Soberano de Chiapas. - H. Congreso.
Ciudadanosnos secretarios. - Honorable Cámara de Diputados. - México D.F.
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, párrafo segundo y 30 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como 8o. del Reglamento Interior de esta propia soberanía, eligió a los ciudadanos diputados que funcionarán como Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva durante el mes de diciembre quedando de la siguiente forma:
Presidente: diputado licenciado Carlos Morales Vázquez; vicepresidentes: diputada profesora Laura Gutiérrez y diputado Enrique Quiyono González.
Lo cual comunicamos a usted(es) para los efectos procedentes, reiterándole(es) la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de noviembre de 1992. - Licenciado Miltón Morales Domínguez, diputado Presidente; C.P Francisco de Jesús Zepeda Bermudez, diputado secretario; Víctor del Carpio, diputado secretario.»
De enterado.
DENUNCIA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Esta Presidencia ruega a los señores diputados ocupar sus curules para escuchar debidamente al orador.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hemos solicitado el uso de la tribuna para compartir con ustedes una denuncia y una reflexión acerca de un acontecimiento que ha dejado marcado con una huella profunda el destino y la conciencia de los habitantes de la ciudad de Córdoba, Veracruz, en donde el día 3 de mayo de 1991 se incendió e hizo explosión la empresa formuladora de agroquímicos, Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima (ANAVERSA), propiciando la intoxicación de 1 mil 500 personas, de las cuales 221 fueron atendidas por la Cruz Roja Local, 2 mil familias fueron evacuadas y 4 mil tuvieron que ser albergadas.
Es importante dejar constancia por una parte de que la empresa venía operando con maquinaria y equipo obsoleto y que tenía almacenados en esos momentos más de 35 mil litros de distintas sustancias tóxicas altamente peligrosas, entre ellas, tentaclorofenol, parationmetílico, malatión, paracuat, y el ácido 2 - 4 - D; y, por otra, que esta ubicada en una zona urbana altamente poblada, en donde a sólo unos metros de distancia estaban una guardería, una escuela primaria y otra de educación especial, dos iglesias, locales de alimentos, talleres y desde luego viviendas.
Existen antecedentes premonitorios acerca de las inquietudes de la población y de su demanda de intervención de las autoridades correspondientes para resolver el problema, tal es el caso por ejemplo del oficio del 23 de abril de 1991 firmado por el profesor Sergio de Tinerrolón, supervisor escolar de la Dirección General de Educación Popular del Estado de Veracruz, quien a nombre de la profesora Martha Priego Villegas, Directora de la Escuela Primaria "Guillermo Serwell", comunicó a la jurisdicción sanitaria número 6, de los Servicios Coordinados de Salud, que, y cita el documento.
"Cerca de la escuela se encuentra Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima en donde se industrializan venenos para la agricultura, mismos que contaminan el ambiente en alto grado y afectan a las alumnas y maestras, produciendo escozor en los ojos, nariz y boca, dolor de cabeza, náuseas e hinchazón de lengua y boca. Esto afecta también a los vecinos ya que hay mucha incidencia de asmas y males respiratorios.
La denuncia fue recibida por la ingeniero Nadia Vargas, jefe de control Sanitario de la citada dependencia el 25 de abril de 1991, es decir, exactamente una semana antes de los lamentables sucesos.
Ciertamente el 21 de abril de 1991 el doctor Evaristo González de la O. Director del centro de Salud, sector 3. jurisdicción 4, giró un ordenamiento a la empresa Agricultora Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima, conminándola a cumplir urgentemente una serie de normas sanitarias.
El 30 de abril la contador público Elizabeth Cruz Flores, Jefe Administrativo de Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima solicitó a dicha dependencia una prorroga de 15 días para dar cumplimiento a los ordenamientos de la Secretaría de Salud, misma que se ignora si fue otorgada; pero el hecho es que tres días después la fabrica se incendio y explotó con las consecuencias que hemos consignado.
Vale la pena preguntarse entonces, ¿cómo fue que la doctora Cristina Cortina de Nava, entonces Directora General de Salud Ambiental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en la localidad, otorgó la licencia sanitaria número 90 - 070, con vencimiento para el mes de octubre de 1992? Al mismo tiempo que participaba en las comisiones mexicanas que discutían los problemas de manejo de desechos tóxicos en la Organización de las Naciones Unidas y ahora ocupa un cargo muy importante en la Secretaría de Desarrollo Social.
Vale también la pena que se sepa que en su comparecencia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mencionada doctora Cortinas y su colega Mercedes Juan entonces subsecretaria de la Regulación Sanitaria, reconocieron que hubo deficiencias en le otorgamiento de la licencia sanitaria, ya que según sus propias palabras , transcritas en la página 3 de la recomendación 99 - 91, la empresa no ofrecía el grado de seguridad que se requiere para el manejo de sustancias químicas.
Inmediatamente después del accidente, la población organizada y representada por la Presidenta de la Comisión Permanente de Ecología de la LV Legislatura Local evidentemente del estado de Veracruz, la entonces diputada Rosalina Huerta contrató a la compañía Consultores Ambientales Asociados, cuya directora es la Químico Farmacobióloga, doctora en ciencias y ecotoxicóloga, cuyo reconocido prestigio le llevo a dirigir el Instituto Nacional de Recursos Bióticos. Bajo su conducción se realizó la investigación denominada "Antecedentes y Diagnósticos de los Posibles Efectos sobre el Ambiente y la Salud de la Comunidad Afectada", que ya desde entonces alertaba sobre la posibilidad de que los efectos más graves en la salud fueran desde afecciones respiratorias y del sistema nervioso, hasta posibles daños mutagénicos y cánceres.
Con estos elementos, los afectados acudieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar la denuncia correspondiente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 29 de octubre la recomendación 99 - 91, dirigida al licenciado Patricio Chirinos Calero, entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y actualmente gobernador de Veracruz; y al doctor Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salubridad y Asistencia.
Le pido a la Presidencia instruya a la Secretaría para que le dé lectura a las recomendaciones referidas.
El Presidente: - Proceda la Secretaría como lo solicita el orador.
El secretario Salvador Juárez García: - "Recomendaciones:
1a. Que en ambas Secretarías se ordene una investigación exhaustiva de los motivos por los cuales se concedieron a la empresa Agricultura Nacional de Veracruz, S. A de C. V. (ANAVERSA) las licencias sanitarias y de funcionamiento respectivas, no obstante que resulto evidente que no cumplía con los requisitos indispensables para operar.
2a. Que la Secretaría de Salud realice el censo integral de la población que estuvo expuesta de manera aguda a la contaminación, bomberos, cuerpo de rescate, voluntarios, obreros y personas que viven alrededor de la empresa, y lleve a cabo los estudios epidemiológicos y de colinesteransa complementarios e informe a esta Comisión Nacional de manera periódica el avance de dichos estudios.
3a. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de acuerdo con los estudios que lleva a cabo, determine sobre la pertinencia de demoler el inmueble en el que se encontraban las instalaciones de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima.
4a. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y la de Salud, informen de manera clara
y permanente a la población de la ciudad de Córdoba, Veracruz y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre los avances de los estudios, investigaciones y acciones llevados a cabo por dichas Dependencias, a raíz del siniestro.
5a. Que se difunda ampliamente entre la opinión pública en qué consiste el Plan Nacional de Contingencia para Accidentes Ambientales, cuándo y cómo debe operar y que organismos públicos son los encargados de realizarlos, señalando explícitamente la competencia y responsabilidad de cada una de ellas.
6a. De conformidad con el acuerdo No. 1/91 del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicita a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación en su caso nos sea informada dentro del término de 15 días naturales contados a partir de esta notificación. Igualmente solicita a ustedes, que en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación que envíen a esta Comisión Nacional dentro de los 30 días naturales siguientes a esta notificación. La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada quedando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en libertad para hacer pública esta circunstancia."
Y firma el Presidente de la Comisión doctor Jorge Carpizo. Servido señor Presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: - Muchas gracias.
Cabe decir que ninguna de estas recomendaciones ha sido cumplida y esto es muy grave, estamos a más de un año que se haya girado esta recomendación, y mientras al paso del tiempo tal y como lo había determinado el estudio de la doctora Lydia América han aparecido entre los vecinos síntomas derivados de intoxicación con plaguicidas, algunos de ellos con diagnósticos de la propia Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y médicos particulares, que dan fe que 269 personas han sufrido efectos en su salud. Y el caso más dramático es el del niño Israel Calle Sierra, de seis años de edad, que ya padece un tumor facial canceroso que le ha provocado la pérdida del ojo derecho.
Podríamos seguir hablando este día aquí en esta tribuna por horas y horas de este caso y de los efectos ambientales que ha producido, que está produciendo y que seguirá produciendo en las zonas. Pero para nosotros es más importante actuar y en esta medida estoy solicitando a la presidencia que turne la presente denuncia a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y a la Comisión de Salud, para que podamos establecer un análisis de este caso y plantear las soluciones correspondientes.
El Presidente: - Tiene la palabra el Diputado Juan Antonio Nemi Dib, para rectificar hechos.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Con su permiso, señor Presidente.
Quisiera adelantar estimados compañeros Legisladores que soy diputado precisamente por el distrito en donde operaba la empresa Agricultora Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima. Quiero decir que no tenemos ningún inconveniente, por el contrario , participamos de la idea de que este asunto se desahogue con toda veracidad y oportunidad en favor del interés legítimo de la población.
Nos sumamos al pedido de que esta denuncia se turne a comisiones. Sin embargo, no puedo dejar pasar algunos simples comentarios. Los sucesos de Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima conllevan una gran carga de pesar para mis paisanos y no sólo por los daños que presumiblemente causaron, mas bien porque fueron el despertar de la conciencia social sobre las consecuencias de un modelo productivo, en realidad de un modelo de vida, que al igual que en muchas naciones del mundo, nunca previó lo más importante, la conservación del ambiente y la protección de la salud.
Esa planta, la del siniestro, tenía más de 20 años trabajando en el mismo sitio, haciendo las mismas cosas, cuando Córdova tenía menos de la tercera parte de la población que ahora tiene, y entonces ese predio estaba prácticamente en los suburbios de la ciudad, sin la población que hoy lo rodea. Entonces ni idea se tenía de lo que podía pasar. Lo importante eran los empleos, la productividad, y en el caso de nuestra pujante agricultura regional. Eran productos revolucionarios que servirían para generar mejores riquezas, más cosechas, y beneficios para la comunidad campesina.
Nadie en su juicio pudo desear que Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima terminara así, con peligros y con daños a la salud, es una dura experiencia, que no se repita jamás, ni esa ni otra, ese debe ser nuestro objetivo; faltó previsión, es cierto; faltó planeación, es cierto,
pero nadie puede decir que hubo mala fe. Somos los primeros en atender lo urgente e importante de garantizar la salud y los bienes de quienes tuvieron la desfortuna de estar ahí, pero no podemos aceptar que nadie, ni nosotros ni nadie, hagan de esta causa un patrimonio político para llevar agua a su molino.
Compartimos la exigencia que nos parece legítima y de buena fe de que las causas se precisen, de que las responsabilidades se afronten pero de todos, de todos los responsables no solamente de aquellos que sirven de pretexto para fines que no son los fines que deben ocuparnos, los fines del pueblo. De la absoluta responsabilidad de la empresa Agricultora Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima no hay duda, no efectuó el programa de mantenimiento correctivo y preventivo, a sus equipos de proceso, a sus equipos de control de contaminantes, a sus dispositivos de seguridad y contra incendio, a los que fue rigurosamente condicionada su licencia de funcionamiento. El 13 de abril de 1991 la jurisdicción sanitaria entregó a la empresa un ordenamiento para vigilar el orden de su local, para renovar sus señalamientos preventivos, para asear las áreas de mercados, para evitar las fugas en las mezclas, para evitar al máximo los derrames, para corregir las tapas defectuosas de sus depósitos, para evitar las emanaciones fétidas al exterior de la planta, así como también le exigió seguridad e higiene para sus trabajadores.
Agricultura Nacional de Veracruz se comprometió por escrito a cumplir con todo, pidió una prorroga para llevar a efecto estas medidas y se responsabilizó de la absoluta seguridad de la factoría; Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima no cumplió absolutamente con nada, apenas cuatro semanas, después el 3 de mayo sobrevino el terrible incendio, la licencia condicionada en realidad constituyó un procedimiento nuevo para una planta con más de 20 años en operación; la autoridad actuó estrictamente conforme a derecho porque la norma, basada en la buena fe de los ciudadanos, prevé tanto la autorización de la prórroga como la expedición de la licencia condicionada.
La atención se ha dado conforme a las posibilidades, los estudios epidemiológicos, y esto es sabido por los expertos, duran varios años, inclusive los propios peticionarios aquí presentes en esta Asamblea, han pedido que se extiendan a un plazo de cinco años. Las evidencias científicas aportan diferentes puntos de vista, estamos ciertos que es importante investigar este asunto; estamos ciertos que es importante aprender de la experiencia para que no se repita; estamos ciertos de que es un sentimiento para el pueblo de Córdoba que debemos y tenemos que legitimar.
Por eso, estimados compañeros diputados, compartiendo el principio de la buena fe y el interés de quienes ha pedido esta investigación, nos sumamos a ella pidiendo su voto afirmativo. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Túrnese la denuncia presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara a las comisiones de Ecología y Salud con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Pido a Oficialía Mayor ponga en actividad los relojes, marcadores para tomar el tiempo.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano Diputado Héctor Ramírez Cuellar, del Partido Popular Socialista para referirse al Tratado de Libre Comercio.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados.
Hace unos minutos el Presidente de la República firmó el texto del Tratado de Libre Comercio; casi simultáneamente hizo lo mismo el presidente George Bush de los Estados Unidos de América, y el Primer Ministro de Canadá, Brian Mulroney.
Con la firma de los tres jefes de Estado, se está cubriendo una etapa más en un largo proceso de negociaciones comerciales en los Estados Unidos de América, proceso que arranca realmente desde el año de 1985 cuando México y Estados Unidos de América suscriben un entendimiento sobre aranceles, subsidios y derechos compensatorios, pero más concretamente termina una negociación que duró un año y tres meses entre los tres países.
En todo este proceso, la Cámara de Diputados ha permanecido prácticamente al margen de las negociaciones, de las discusiones y de los resultados. Ha sido la Cámara de Senadores la que ha estado atenta a esta negociación tan importante para nuestro país.
En la comisión Permanente del Congreso de la Unión, el compañero Cuauhtémoc Amezcua presentó una iniciativa para que la Cámara de Diputados también pudiese participar en este proceso de análisis del texto del Tratado de Libre
Comercio, y ahora reiteramos esa petición, ese planeamiento, porque en el Senado de la República solamente existen dos partidos diferentes al Partido Revolucionario Institucional. Por un lado dos senadores del partido de la Revolución Democrática y un senador del Partido Acción Nacional, pero es en la Cámara de Diputados, en donde están representadas todas las corrientes políticas nacionales y en este foro no ha sido posible analizar a fondo el Tratado de Libre Comercio.
Ha habido reuniones de la Comisión de Comercio, con su contraparte del Senado, reuniones con el Secretario Serra Puche, pero el Pleno de la Cámara, los distintos partidos políticos, no hemos tenido oportunidad de opinar sobre el contenido, los alcances que tiene el Tratado de Libre Comercio.
Es muy importante hacerlo, porque la suerte legislativa del Tratado de libre Comercio, aún no está completamente asegurada; aún no está clara.
El Primer Ministro Mulroney del Canadá, enfrenta en este momento problemas internos, el Partido conservador al que él pertenece, tiene dificultades políticas, sobre todo en la provincia de Quebec, y aunque es remoto afirmar que el Parlamento Canadiense no aprobaría el Tratado de Libre Comercio, sí debemos reconocer que en el Canadá hay una fuerte oposición a que el parlamento de ese país, apruebe el Tratado.
Por otro lado, en lo que se refiere a los Estados Unidos de América, la situación no está clara, porque si bien es cierto que el Presidente William Clinton ha declarado que no planteará una renegociación del Tratado de Libre Comercio, sí ha planteado que hacen falta dos asuntos en le Tratado, que deben ser considerados en el Congreso de los Estados Unidos de América, uno de ellos es el relativo al trabajo y otro relativo a la ecología en la zona fronteriza.
Todavía el día de ayer, la central sindical más importante de los Estados Unidos de América, ha criticado al Tratado y ha demandado a los miembros del Congreso que lo frenen, que lo detengan y que establezcan normas que protejan a los trabajadores norteamericanos de un eventual desempleo que pudiera haber en ese país.
El Congreso de los Estados Unidos de América no conoce todavía el Tratado de una manera oficial y pasarán todavía muchos meses para que este congreso discuta y apruebe eventualmente el Tratado.
De tal manera que hay algunos aspectos que están, a nuestro modo de ver, todavía en un plano endeble, que las perspectivas no están claras y esto nos preocupa, porque le 80% del trabajo de la Cámara de Diputados ha sido el de preparar la legislación mexicana acorde con el Tratado. Todas las leyes que hemos aprobado a una gran velocidad, todas las leyes, sin excepción están vinculadas en forma directa o indirecta a capítulos, a párrafos del Tratado y ése ha sido el trabajo que ha tenido el Congreso de la Unión prácticamente desde el año pasado. Nos hemos dedicado a preparar el andamiaje legal de la entrada en vigor del Tratado en la economía mexicana.
Pero hay un factor que al parecer no se está tomando en cuenta, que es el hecho de la derrota de la política ultraliberal de Bush en los Estados Unidos de América, frente al candidato demócrata.
No cabe duda que la derrota de los republicanos en los Estados Unidos de América, los conflictos que tiene la comunidad Económica Europea en su integración, los problemas internos que enfrenta la Gran Bretaña en contra de la política neoliberal, las declaraciones del jefe máximo de la Iglesia Católica, los discursos del ex Presidente de la Unión Soviética, los movimientos de huelga que hay en Francia, en Italia, en Alemania contra la política ultraliberal, han llevado a la consideración de que debe replantearse, a la luz de las experiencias, algunas cuestiones que ya consideramos válidas para todos.
Una de ellas, de que la creación de zonas de libre comercio no garantiza per se el libre flujo de mercancías, ni garantiza un trato equitativo entre los miembros de las zonas de libre comercio. Por eso hemos observado que en algunos países de Europa, la población se manifiesta en contra de pertenecer a la comunidad, porque no es una garantía segura de mejoramiento de su nivel de vida y en todo caso sería una integración de los monopolios de la Europa Occidental y no de los pueblos de Europa Occidental.
Otra cuestión que está en este momento haciendo crisis, es el problema del mercado. Ha quedado demostrado por la teoría, pero más que todo por la práctica, que la existencia de un libre mercado, que la existencia de la autonomía de los consumidores, no opera en la realidad, y que sí, por el contrario, está generando tremendas justicias sociales en los pueblos que están guiando por la economía de libre mercado. Por eso en los Estado Unidos de América el triunfo de Clinton es el triunfo de la revaloración de
la intervención del Estado en la economía y en la seguridad social, y es la duda acerca de la imperfección teórica y práctica del libre mercado, que no produce los frutos que sus apologistas nos decían que producía, dejando libremente a la Ley de la oferta y la demanda el movimiento económico de la sociedad.
Consideramos que la derrota de Bush y de Reagan, es una llamada de atención para todos los pueblos del mundo respecto a que el mercado por sí mismo, no resuelve los problemas de abasto, no resuelve el problema de justicia social, sino que se requiere la presencia del Estado en el mercado, regulándolo, orientándolo, y cuidando que el movimiento del mercado libre, perfecto, autónomo, no genere más injusticias de las que ya de por sí está generando.
Otra cuestión que también está en crisis en este momento, es la efectividad de la política de privatización. Hace tres días, el pueblo de Uruguay, mediante un referendum, suspendió la Ley de Privatizaciones, cinco artículos de la Ley, y prácticamente paralizó la privatización de la compañía telefónica. La votación de los uruguayos fue del 80% en contra de esta Ley de Privatizaciones, y el día de hoy el Gobierno de Franco en el Brasil, anuncia la suspensión del programa de privatizaciones de este país, y anuncia que se pospondrá hasta el mes de marzo, dados los acontecimientos que hubo en la votación del hermano pueblo oriental.
Esto quiere decir, que las privatizaciones han generado, en muchos casos, la pérdida de miles de empleos, la enajenación del patrimonio de muchos estados, y lo que es más grave, la formación de verdaderos monopolios privados, de monopolios de particulares, que no han resuelto los problemas que supuestamente decían resolver.
Estos problemas, a nuestro modo de ver, deben ser atendidos por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión , por que nos indica que la política neoliberal está en este momento pasando una grave crisis, y que hay un retroceso en Europa y en los Estados Unidos, ante lo cual el Gobierno de México no puede quedarse como un espectador indiferente, como si no pasara nada en el vecino del norte, y con nuestros vecinos de Centro y de Sudamérica.
Pero no queriendo entrar en la materia del Tratado de Libre Comercio, queremos formular una propuesta a esta Asamblea, independientemente de que como éxito el Presidente de la Cámara la comisión correspondiente para que se dictaminara nuestra iniciativa, a efecto de que la Cámara de Diputados pueda participar de manera efectiva en la discusión del Tratado de Libre Comercio, de su contenido, independientemente de esa exigencia que reiteramos ahora en la tribuna, queremos hacer la siguiente propuesta:
Que la Cámara de diputados convoque a un Período Extraordinario de Sesiones, con el objeto de examinar los alcances y el contenido del Tratado de Libre Comercio.
2. Que las versiones estenográficas de las intervenciones de los señores diputados, se entreguen al encargado del Poder Ejecutivo para su conocimiento.
Firmamos varios diputados del Partido Popular Socialista esta propuesta, que dejo en la secretaría para el trámite correspondiente. Gracias.
El Presidente: - Esta propuesta, presentada por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, será puesta a consideración de la Asamblea para su votación al finalizar el turno de los oradores enlistados.
Tiene la palabra el diputado Luis Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional, para abordar el mismo tema.
El diputado Felipe Bravo Mena: - Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y Compañeros diputados.
En una horas más se va a llevar a cabo un evento de la mayor importancia para la vida de la nación y para la vida económica de la sociedad mexicana; se trata de la firma simultánea en Canadá, Estados Unidos y México, por los presidentes de los respectivos países del Tratado de Libre Comercio entre nuestras tres naciones.
Se cierra así una etapa de largo proceso de negociación entre los tres gobiernos, de un tratado de asociación comercial de nuestras naciones; pasa ahora a los congresos para ser discutido y en su caso aprobado.
Consideramos entonces oportuno hacer una recapitulación política de lo que este tratado significa y de los alcances que tiene.
No pretendo en esta intervención hacer un análisis técnico del tratado negociado, ni mucho menos ir a detalles. No es éste el foro ni es el momento.
Nos interesa al grupo parlamentario de Acción Nacional fijar la atención de ustedes sobre cuatro aspectos fundamentales de este documento.
En primer lugar, el análisis del Tratado de Libre Comercio como estrategia nacional.
Conviene recordar algunos antecedentes: hasta enero de 1990, el Gobierno de la República no considera la celebración de un Tratado de Libre Comercio como una prioridad estratégica comercial para nuestro país.
Recuérdese que en enero de 1990, el Presidente Salinas de Gortari había asistido a la Reunión Económica Internacional, celebrada en Davos, Suiza, y ahí había establecido en ese foro al que asisten los estrategas económicos de todo el mundo y los más grande dueños de capital de todo el orbe, la siguiente tesis:
"Nuestra proximidad al mercado norteamericano tiene una especial significación. Las marcadas diferencias en el nivel de desarrollo económico entre México y los Estados Unidos, no hacen aconsejable un mercado común en el corto plazo. Sin embargo, estamos promoviendo acuerdos sector por sector, para garantizar a nuestras exportaciones un acceso más amplio y seguro al mercado norteamericano.
Con Canadá, firmaremos en marzo, durante la visita a México del Primer Ministro, un Acuerdo Marco en materia comercial, similar a la que ya tenemos con los Estados Unidos."
Hasta aquí la cita del discurso presidencial en Davos, Suiza, en enero de 1990.
Sin embargo, 21 días después, la prensa norteamericana filtraba el dato de que personeros importantes del Gobierno de la República se encontraban en pláticas con funcionarios importantes de la Administración Bush, para iniciar y dar los pasos necesarios para llegar a la firma de un Tratado de Libre Comercio en el futuro.
¿Por qué cambió la estrategia gubernamental? ¿Por qué se apresuraron los pasos del Gobierno de la República, para que en lugar de ir hacia un mejoramiento de los Acuerdo Marcos, o una profundización de los Acuerdos Marcos, se hablara de lo que ni siquiera aparecía en el Plan Nacional de Desarrollo ni en las declaraciones de los funcionarios públicos, y se hablara entonces ya de la necesidad de un Tratado de Libre Comercio?
Nos parece que este cambio importante correspondió al análisis y al diagnóstico de los grandes cambios que se estaban operando en el mundo, y que quizá la visita presidencial a Europa en aquellos momentos puso en evidencia que la estrategia hasta entonces adoptada quedaba corta para las necesidades del país, o no le garantizaba a México un inserción en el mundo y la economía moderna, con los pasos que anteriormente se tenían pensados y que era necesaria una estrategia mucho más profunda.
Frente a estos hechos, Acción Nacional tomó una postura seria, analítica, con miras a tomar una responsabilidad nacional y no solamente articular un discurso político para campaña.
Acción Nacional se planteó, frente a la propuesta del Tratado de Libre Comercio, una responsabilidad nacional sería , a la vista de varias generaciones, con un horizonte de largo plazo, de contenido nacional, no un discurso de batalla electoral.
En atención a eso Acción Nacional integró varios grupos de trabajo para estudiar el tema y para finalmente tener un dictamen respecto a la posición que debía tomar frente a esta iniciativa.
Entre otros documentos importantes que se produjeron, me permito mencionar a ustedes la carta que envió el Presidente de nuestro Partido, don Luis H. Alvarez, al Presidente del Senado de nuestro país, al senador Emilio González, en el que expresaba, entre otros conceptos los siguientes y que me parece oportuno traer aquí en este momento.
Decía la carta de don Luis Alvarez al senador Emilio González: "Las relaciones comerciales de México con el mundo, en momento en que el sistema político internacional transita hacia nuevos equilibrios políticomerciales, ameritan un amplio debate nacional.
Acción Nacional considera que, además de foros de discusión e intercambio de opiniones, las decisiones de la inserción de México en este nuevo esquema, deben ser objeto de una consulta directa a la población, semejante a la realizadas en Canadá, España y Noruega, cuando en sus oportunidades estos países definieron su fórmula de relaciones comerciales con la comunidad internacional."
El Partido Acción Nacional, después de esta carta, integró un grupo plural, de expertos y de diputados que produjeron seis meses después un informe que se puso a la vista de la opinión pública nacional y de los dirigentes del partido, para que establecieran la posición de Acción Nacional frente al Tratado de Libre Comercio. Este grupo plural que trabajó durante seis meses
finalmente produjo un informe con conclusiones y con recomendaciones.
Me parece también oportuno en esta fase en la que ya está la negociación del Tratado traer a ustedes y repetir y compartir con ustedes algunas de las partes más importantes de este informe que produjo el grupo de expertos de Acción Nacional para fijar su posición en la materia.
En el documento aparece la siguiente conclusión; cito: "El fomento de la globalización impone un doble esfuerzo a nuestro país para conservar su identidad y alcanzar el éxito en esta etapa de desarrollo económico internacional. Debemos entender continúa el documento que este cambio profundo reorganizador del mundo es inevitable e irreversible y por lo tanto se dará independientemente de que decidamos ser actores o espectadores en el proceso.
Frente a la apertura internacional y de cara a la globalización en la industria, en el comercio y en los servicios, es insostenible un actitud de cerrazón e indiferencia.
No es viable un país aislado de los cambios mundiales y apartado de los flujos económicos globales. No actuar de inmediato de acuerdo a la realidad que enfrentamos, nos mantendría permanente en la crisis y atrasados, porque la capacidad de crecimiento de la economía mexicana depende en gran medida de su incorporación al mercado mundial.
No podemos seguir apoyándolos decía el informe exclusivamente en ventajas comparativas estáticas, como son las riquezas naturales, nuestra posición geográfica o la abundante mano de obra; no basta con ello. Es preciso agregarles valor con inversiones en infraestructura, con un cambio profundo en la educación y en un esfuerzo permanente de capacitación de los mexicanos.
Urge desarrollar ventajas comparativas, democratizando nuestra estructura política , renovando el edificio jurídico constitucional, reformando el sistema educativo e impulsando el desarrollo tecnológico". Así lo decía el informe de los expertos de Acción Nacional en junio de 1990.
Y a la vista de estas apreciaciones establecía sus conclusiones...
El diputado Luis Fernández Vega (desde su curul): - Moción de orden.
El Presidente: - Esta presidencia insiste con los señores diputados para que los que estén de pie pasen a ocupar sus curules y los invitados pasen a los lugares que para eso están destinados, a fin de escuchar debidamente al orador.
Continúe señor diputado.
El diputado Luis Felipe Bravo Mena: - Gracias. El documento establecía entonces su primera conclusión:
Primera. En los albores del siglo XXI nos encontramos inmersos en una fase de profundos y vertiginosos cambios que están modificando sustancialmente las relaciones económicas entre países. En el orden económico y comercial la interacción y la interdependencia entre los países domina el escenario de las relaciones entre ellos; así, estas se perfilan hacia la integración de grandes agrupaciones regionales a través de las cuales cada país busca asegurar su participación y la competitividad en la economía mundial.
En estas circunstancias, la adopción de una política de comercio exterior adquiere categoría de estrategia nacional, que rebasa los limites de la mera actividad exportadora e importadora y tiene contenido político de importantes repercusiones sobre el destino de nuestros países.
La realidad del mundo contemporáneo hace insostenible la noción liberal de la soberanía entendida como aislacionismo que presupone la autosuficiencia del país en todos los órdenes. Por esta, razón puede y deben celebrarse tratados internacionales que vinculen las economías entre varios países.
Paso a la cuarta conclusión. La posición geográfica privilegiada que tiene México lo capacita para diseñar un camino propio, diferente a las fórmulas hasta ahora experimentadas en otras regiones, celebrando acuerdos, tratados, convenios, en distintas direcciones, sin adoptar compromisos exclusivos o excluyentes con uno solo de los bloques en formación, ni casar fatalmente su destino al Sur, al Norte, al Atlántico o al Pacífico.
Las fuerzas y debilidades del país, frente a este esquema le permiten desplegar una estrategia nacional de no integración exclusiva ni excluyente, jugando un papel de eslabón multidireccional, en el comercio internacional, y para ello será necesario desarrollar un modo nuevo mexicano de producción, competitivo y eficiente.
Quinta conclusión. En la negociación global con el exterior, México debe profundizar y regular sus relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá e incluir modalidades de mayor vinculación comercial con la Cuenca del Pacífico y con el bloque europeo de donde pueden provenir fuertes impulsos para iniciar una nueva etapa de desarrollo sano y sostenido para México.
Finalmente, recomendaba y aplaudía la decisión del foro del Senado, de que se iniciara una negociación de tratado comercial libre con Estados Unidos y Canadá.
Adicionalmente, Acción Nacional celebró, para profundizar sus estudios y sus equilatamiento del proceso en el que el país estaba iniciándose, celebró y organizó el coloquio "México - Canadá" en el que se invito a expertos, estudiosos y políticos de Canadá para que vinieran a exponerle a la sociedad y a la opinión mexicana la experiencia que Canadá había tenido ya en la celebración y en la negociación de su acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
Como se puede ver entonces, señoras y señores diputados, Acción Nacional no ha tenido una postura ligera frente a este tema, tampoco ha sido ligero en la apreciación de las actitudes gubernamentales. Después de estudios, después de análisis, después de intercambio de opiniones con elementos de otros países que ya vivieron esta experiencia, fijó su postura; si, era buena para México, para una estrategia nacional de vinculación con el exterior, era buena la celebración del Tratado de Libre Comercio Trilateral.
Sin embargo, tuvimos que hacer las siguientes salvedades:
Primera. Nos parecía que era necesario, y nos sigue pareciendo, una mayor intervención del Congreso y en particular de la Cámara de Diputados, en el proceso de negociación del Tratado.
Ya se ha cerrado la fase en la que los gobiernos platicaron, ya se cerró la fase en las que se establecieron las cláusulas, las fracciones, las reglas de origen, los plazos de desgravación; desgraciadamente nuestro cuerpo legislativo, la Cámara de diputados, no estuvo participando como las leyes y la constitución lo establecen, con la intensidad y con la profundidad que debió haberlo hecho.
De alguna manera, hay que decirlo, la Cámara de Diputados fue desplazada de este proceso de negociación, pasando por encima de lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Mexicanos, en el que se le dan facultades para intervenir en estas materias.
Es ahora oportuno reiterar la exigencia de Acción Nacional, de que la Cámara de Diputados es competente y debe intervenir, no solamente el Senado, sino la Cámara de Diputados debe intervenir en la forma de estudio y de aprobación del Tratado. Si bien el Senado será el que finalmente ratifique el Tratado, antes de ello, la Cámara de diputados debe intervenir formalmente en la aprobación y en el estudio del Tratado.
Otra postura que nos parece importante señalar, es que los tratados de libre comercio, no quedan en puro libre comercio; articulan además, una serie de temas, una serie de aspectos de la vida nacional, que no son exclusivamente comerciales ni económicos; quedan involucrados fatalmente en estas materias, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos políticos y por lo tanto, no pueden quedar solamente en manos de negociantes comerciales, de empresarios o de tecnócratas especializados en materia de comercio, estos temas. Deben ser materia de una amplia consulta popular.
Como lo decía Luis Alvarez en su carta al senador Emilio González: "Necesitamos que esto pase por consulta popular". Y además no sería extraño que así fuese, todos los países democráticos, los que saben que el soberano originario es el pueblo, y que en los tratados de libre comercio, está la soberanía también en juego, el soberano originario tiene también en esta parte de negociaciones un papel importante de desempeñar.
España, cuando decidió integrarse a la Comunidad Económica Europea, lo sujetó a un referendum y apenas hace unos días estamos viendo en Europa, para la ratificación de los Tratados de Maastricht, se está pasando por referendum, por ratificaciones de consulta popular, estas decisiones. En México esto no se ha hecho, ha quedado en un área en la que solamente unos cuantos están enterados y sin embargo el destino de la nación mexicana, va en juego en estos tratados, en estas negociaciones. El pueblo de México debe intervenir y pedimos y ratificamos nuestra postura de que aún es tiempo de que tal vez por una fórmula plebiscitaria, toda vez que no existe la figura del referendum en nuestro país pero todavía a través de un mecanismo plebiscitarío, podríamos darle su lugar al pueblo de México y que su voz contara en el destino final de la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
Por último señoras y señores diputados, de lo que se negoció, de lo que hoy firman los
presidentes y que pasará a los Congresos para ser estudiada y eventualmente aprobado. ¿Qué podemos decir?, en primer lugar debemos sostener y nuestra convicción, de que este Tratado así como está su clausulado en este momento, despierta expectativas favorables. Pero hay que decirlo y matizarlo, a nivel agregado y en el largo plazo, a la vista de estudios serios, podemos decir que los beneficios netos del Tratado en materia de inversión, empleo y crecimiento económico, serán reales y constatables. Pero insisto, en el largo plazo y a nivel agregado. Pero en el corto plazo tendremos costos sociales y habrá perdedores; así como habrá ganadores, habrá perdedores. Y no vemos que el gobierno haya puesto acento o por lo menos haya advertido a la sociedad mexicana, que en el corto plazo necesitaremos mecanismos de compensación para satisfacer a los perdedores y para cubrir los costos sociales que va a provocar esta negociación y este Tratado.
No podemos soslayarlo; sería irresponsable de parte de Acción Nacional, que en esta materia ha sido cuidadoso y ponderado, y que se ha planteado insisto, este tema, no como un debate para la plaza en una campaña electoral, sino en la perspectiva de la responsabilidad nacional que tiene una fuerza política Acción Nacional, en esta materia no podemos callar y debe de decírsele al pueblo de México que en el corto plazo hay perdedores; en el corto plazo hay costos sociales y que los escenarios que se dibujan en el corto plazo no son, de ninguna manera, favorables o por lo menos suficientemente entusiasmables para la mayoría de los mexicanos.
En aras de esta conclusión, en aras de esta verdad, que se desprende del estudio de la negociación que se realizó y que hoy se afirma, Acción Nacional exige, reclama y hace un llamado al Gobierno de la República y al partido que respalda al Gobierno de la República, el que se ponga atención inmediata en los siguientes aspectos, para compensar los costos sociales y a los perdedores que en el corto plazo tendremos en esta materia.
Uno. Necesitamos urgentemente un programa de capacitación y de reentrenamiento para el desempleo friccional que se va a crear.
Dos. Necesitamos una importante política, agresiva, para la reconversión agrícola del país.
Necesitamos un programa importante y definitivo de gasto hacia la infraestructura y hacia el desarrollo regional.
Necesitamos que se profundicen las políticas y los programas de asesoría y financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, en especial para los sectores que van a quedar en la línea de perdedores, en el corto plazo.
Necesitamos, señores, también la federalización fiscal.
Necesitamos también que la base política del país finalmente responda a una estabilidad política y a una seguridad jurídica para los socios comerciales.
¡Para que tenga éxito ésto, señoras y señores Diputados, para que el Tratado cumpla con los propósitos de elevar al país a mejores estadios de desarrollo, debemos decirlo tajantemente: No hay seguridad para México ni para sus socios si no damos pasos firmes y rápidos hacia la democratización del sistema político! ¡Ningún socio podrá sentirse tranquilo, ningún socio podrá verdaderamente profundizar su participación en la sociedad comercial, si hay en el horizonte nubarrones de inestabilidad política, de turbulencia electoral!
¡Este Tratado, señores, no puede pasar ni le da seguridad a nadie, ni tendrá el éxito que esperamos para la nación, si no damos los pasos a una transición democrática terminal! ¡No más pasos para que vayan construyéndose a larguísimo plazo condiciones democrática en el país!
¡Transición democrática terminal; si no la única seguridad que tendremos será el fracaso del Tratado de Libre Comercio! (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse al mismo tema del Tratado de Libre Comercio.
El diputado Francisco Felipe Laris Iturbide: - Respetables señores Diputados: Para mi es un honor volver a estar en ésta, la más alta tribuna representativa del pueblo de México, obligado por problemas políticos en el torbellino de Michoacán, acabamos de pasar las elecciones.
Este problema hubiese querido tratarlo antes que cualquier otro aquí en esta alta tribuna. Pero estando presente en estos momentos la firma de tan importante documento, como es el Tratado de Libre Comercio, por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá, nos obliga a reflexionar a todos los señores diputados, como
a cada una de las fracciones de los diferentes parlamentarios sobre el tema.
Si vamos a hablar de tratados, lo lógico y lo natural, aunque todos lo sabemos, debemos de recordar lo que es un tratado. El tratado como sabemos, del atún, ajuste, convenio o conclusión de un negocio o materia de haber conferido y hablado de ella; tratado especialmente que celebran sí dos o más gobiernos.
En derecho internacional son los tratados el manantial más fecundo de derecho de gentes atestiguando con su texto y con su espíritu el concierto entre las naciones y entre los gobiernos. Pueden repetir y afirmar el derecho de gentes reconocido por la generalidad; formar como resultado de las leyes especiales entre las partes contratantes, excepciones de ese mismo derecho internacional ya existente. Y, por último, explicar los principios de derecho en puntos cuyo sentido es obscuro e indeterminado.
En este caso los tratados tienen, desde luego, fuerza de ley entre las partes contratantes. La explicación del punto dilucidado es más o menos clara, lo que el número de partes contratantes es más o menos importante.
Los tratados pueden también considerarse como formando el derecho de gentes voluntario o positivo, teniendo en cuenta que la asociación de tratados sobre una misma materia constituya evidentemente la opinión de las naciones sobre el asunto.
Pero hay algunos señores juristas, entre ellos mexicanos, que al tratado le restan la coacción y lo ven única y exclusivamente como un punto moral, de ahí que afirmen la existencia de la regla sic rebus stantibus que quiere decir: "Tiene fuerza mientras que las cosas no cambien". Y las cosas en nuestro tratado pueden cambiar fácilmente, lo acabamos de ver con las resoluciones de la Corte de Estados Unidos.
Hester ha caracterizado con exactitud los diferentes tratados públicos en las diversas épocas de la historia. En el mundo antiguo, dice, los tratados representan tan sólo la manifestación única de un principio de un derecho común. Y, sin embargo, los tratados de la antigüedad ofrecen escaso interés, porque rara vez van más allá del círculo de necesidades de momento o revelan la desgracia de los vencidos o tienen por objeto el fin de un armisticio más o menos largo. Habremos de pensar en estas frases, ¿van más allá del círculo de necesidades de momento o revelan la desgracia de los vencidos?. ¿Será acaso este tratado alguna revelación de los vencidos?. Los tratados y convenios que entre los Estados o mejor dicho entre los soberanos durante la Edad Media, ofrecen todavía menos interés, porque el Estado mismo no era más que una aglomeración de relaciones y de necesidades privadas y se disponía del país como de un, más o menos, de un predio particular.
El Feudalismo y la Iglesia usaban tan solo de alguna protección que ellos a su vez, aun cuando con corta eficacia, dispensaban también a los demás.
De la misma manera que entre los individuos, las obligaciones de los estados tienen su origen en el contrato o en el delito, o en un hecho a ambos asimilados por la ley. El Tratado internacional puede definirse con Lorimer como la declaración por dos o más estados independientes de una específica relación jurídica existente entre ellos, definición que se obligan a cumplir y a guardar como si fuese un verdadero derecho positivo.
Caldwell define a los tratados como actos escritos que ligan a dos o más naciones. Todo esto nos lleva a afirmar que hoy en el documento que se signa, en el cual existen indubitablemente aspectos favorables, también existen otros aspectos que son desfavorables.
Como un punto número 1, la estrategia política del señor Clinton está por entrar a unos cuantos días a tomar posesión del cargo más alto del hombre con más poder en el mundo, la estrategia de Clinton es totalmente diferente a la estrategia de Bush. Mientras en uno habla de protección en sí a los pueblos que le colindan, el otro habla de protección a las empresas propias; mientras el uno habla de la necesidad de aumentar en sí el efecto poblacional, el otro terminantemente habla del aborto pero más fundamentalmente del aborto de los pueblos de América; mientras el uno habla de sostener los mercados genéricamente con América, el otro habla de sostener sus mercados de los demás para con Norteamérica; son estrategias diferentes pero aún más, hoy se firma ese Tratado, pero ese Tratado pasa a ser lo que debía de existir también en México, por lo que mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana en diferentes reuniones ha clamado siempre, por lo que acaba de decir el compañero que me precedió en la palabra, la intervención directa de la Cámara de Diputados, para el análisis y la aprobación de los tratados internacionales. Que no puede única y exclusivamente en la firma del Primer Mandatario la responsabilidad del Tratado ni quede en la revisión de los señores Senadores.
Clamamos también señores porque dentro de esa efervescencia que existe para el Tratado, se lleve a cabo el reconocimiento de las reformas constitucionales y de las leyes secundarias, se lleve a cabo el reconocimiento, he dicho, y también el ejercicio de estas reformas para que pueda funcionar debidamente el Tratado.
En tercer lugar quedamos expectantes de los resultados finales cuando haya "el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Americanos aprobado el referido Tratado". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Tomás Correa Ayala, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Voy a dejar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con relación a la firma del Tratado de Libre Comercio.
Establecer una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, enmarcada dentro de un contexto en el que se lucha por atraer inversión extranjera directa en las diferentes regiones del mundo. El reto es atraer los montos en las mejores condiciones y en función de proyectos que interesen a un desarrollo económico sano, pero sobre todo que respete la norma constitucional.
El desafío es claro, atraer capitales externos pero respetando a la par los marcos de un desarrollo económico democrático nacional y equilibrado.
Las reglas deben de ser transparentes, el país requiere de capital y tecnología de punta apropiadas para la competencia mundial, pero sobre todo, que impulse nuestro mercado interno.
Las tendencias económicas internacionales, apuntan a una nueva organización bajo dos aspectos fundamentales. En primer término, la conformación de bloques económicos que permitirá a determinada naciones el fortalecimiento de su capacidad negociadora en los mercados mundiales.
En segundo término, la globalización del comercio que es la transformación del comercio internacional tradicional en un intercambio que rompe este esquema incorporando nuevos sistemas y procedimientos mediante los cuales los bienes y servicios financieros y tecnológicos se entremezclarán para mejorar en calidad y en cantidad.
El aumento en la complejidad e interrelación en el orden económico internacional, ha dado lugar al nuevo proceso de la globalización. Una realidad que habrá de enfrentar todos los países y que se refiere al resurgimiento de mercados conjunto, para productos de consumo estandar, lo que significa economías más abiertas en donde haya un proceso de abandono en los conceptos tradicionales de región o país.
Se prefiguran así nuevos espacios económicos regionales más allá de las fronteras estatales, reformulándose los patrones de la competencia.
Como resultado de la globalización, la nueva empresa en lugar de operar en un cierto número de países y ajustar su producción a las condiciones de cada nación, tendrá que considerar el mercado nacional o extranjero o a las principales regiones del mundo como una sóla entidad; reducir de manera significativa sus costos y elevar la calidad.
Así, la apertura comercial, la competencia entre empresas por mercados, los bajos costos de producción y distribución y la calidad, se convierten en los ejes del proceso.
Para nosotros como legisladores, entender tales procesos y sus avances e impactos en la economía mundial, es prioritario. Por la posibilidad que representa, el poder anticiparse a ellos y evitar o disminuir sus efectos negativos, sobre todo considerando que la economía de nuestro país depende en gran medida de la evolución de su sector externo.
En este contexto, la política comercial e industrial de las dos últimas administraciones ante la necesidad de generar las suficientes divisas para el desarrollo económico por una vía diferente al endeudamiento público y la venta de hidrocarburos, pretenden elevar la eficiencia productiva e incrementar en forma sostenida las exportaciones de productos no petroleros, sustituir productiva y eficientemente importaciones y ampliar y diversificar los mercados, con el fin de conformar un sector productivo y comercial articulado y competitivo interna y externamente, poniendo en práctica una apresurada apertura comercial.
La situación actual del sector externo de la economía mexicana, en donde apertura comercial
y reconversión industrial son realidades que se contemplan y que forman parte integrante de las transformaciones estructurales, que son imprescindibles para la economía en la actualidad, ya que no puede haber un verdadero cambio estructural sin apertura comercial y reconversión industrial, ello tanto por las necesidades internas de oportunidad, como por la integración en marcha de la economía nacional a la economía global.
Para concretar un tratado internacional, se atraviesa por 3 etapas: la negociación, la firma y la ratificación. En cualquiera de estas etapas el orden interno de cada país suele requerir un procedimiento más complicado, que regularmente implica la autorización del Poder Legislativo. En el caso de México ante la firma del Tratado, éste fue aprobado por el Senado de la República conforme al artículo 76 constitucional, fracción I.
Observamos trabas fundamentales como el hecho que cada uno de los países tiene diferentes niveles arancelarios. De los 3 países México es el que ha dado los pasos más serios al reducir sustancialmente los aranceles que imponía a las exportaciones e importaciones realizadas; en cambio, por parte de Estados Unidos la respuesta ha sido la constante agresión comercial a nuestros productos, como es el caso del cemento, del vidrio, atún y productos agropecuarios, entre otros.
Desde el siglo pasado nuestro país ha vivido periodos de bonanza y de presión, de estabilidad de precios e inflación, de apertura económica y de cerrazón. En todos estos años, independientemente del régimen comercial vigente en nuestra economía o del estado de las principales variables macroeconómicas, la importancia relativa de nuestro comercio con los Estados Unidos ha sido constante. Lo que debe discutirse hoy no es si México debe o no comerciar con Estados Unidos; nuestro análisis y reflexión deben centrarse en identificar la mejor manera de hacerlo.
La penetración de la manufactura mexicana a Estados Unidos ha sido notable. Ejemplo de esto son los textiles, la cerveza, el cemento, el vidrio, los refrigerados, las estufas, la petroquímica, el acero, productos mexicanos de gran penetración en el mercado norteamericano.
La experiencia exportadora mexicana no muestra claramente los beneficios de poder combinar insumos a precios y calidades internacionales, con una ubicación geográfica privilegiada. El notable crecimiento de las exportaciones de la industria maquiladora, 19% anual en los últimos 7 años, no cuenta con la certidumbre de seguir teniendo acceso al mercado estadounidense, por las diferencias en sus niveles de tarifas arancelarias.
Hoy participamos en el mercado más competitivo del mundo, con una creciente exportación de productos manufacturados; sin embargo, este incremento en las ventas al exterior, obedecen más a una contracción de la demanda interna, resultado de la caída de los niveles de ingreso y no a una mejora en los niveles productividad de la industria nacional.
La nueva experiencia exportadora mexicana, ha requerido fortalecer nuestra presencia negociadora en los principales mercados de exportación particularmente en los Estados Unidos para asegurar el acceso de nuestros productos y reducir la vulnerabilidad de nuestras exportaciones ante decisiones unilaterales.
No obstante estos avances, aún persisten importantes barreras en Estados Unidos para la exportaciones mexicanas.
Por lo que representa a las barreras no arancelarias, a pesar de las negociaciones persisten los problemas de acceso particularmente en textiles, vestido, productos siderúrgicos, cajeta de leche de cabra, cemento, vidrio, atún, chocolate y un alto porcentaje de nuestra exportaciones agropecuarias.
Adicionalmente existe incertidumbre con respecto al acceso de otros productos, que si bien no enfrentan obstáculos, no se puede descartar que los enfrenten en el futuro.
A medida que la exportaciones mexicanas adquieren mayor importancia en el mercado de los Estados Unidos, asimismo en la medida que nuestras exportaciones al mercado estadounidense aumentan, se incrementan las presiones proteccionistas en algunos sectores de este país, dando lugar a fallos unilaterales en lo que toca a impuestos compensatorios y otras medidas de política comercial.
Para nosotros el Tratado de Libre Comercio empuja a la racionalidad del Estado a su polo más moderno, por lo que con la firma el Trabajo de Libre Comercio sienta las bases de la nueva edificación social, de la cual depende la consolidación de objetivos como la reforma del Estado, el redimensionamiento del aparato industrial, la viabilidad de un nuevo pacto distributivo, la
dinamización del agro y el abatimiento de la deuda social, problemas que están presentes con un nombre u otro, de una manera u otra, tanto en México como en los Estados Unidos. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de abordar el mismo tema del Tratado de Libre Comercio.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Estaba anunciado para el día de hoy, y por lo visto ya se llevó a cabo, un acto, en realidad tres actos simultáneos en Otawa. Washington y la Ciudad de México, en los cuales los titulares respectivos de los Poderes Ejecutivos, firmarían o firmaron el Tratado de Libre Comercio en América del Norte.
En el caso de México, de acuerdo con la información que fue presentada previamente, el acto solemne tuvo lugar en un marco bien conocido por los mexicanos, en donde hubo una representación de grupos, sectores y de personalidades de que de manera simbólica y significativa, son todos ellos beneficiarios directos o indirectos de los términos y contenido del propio tratado, fue en ese sentido un acto que pone una vez más de relieve la dualidad en que está dividida y fragmentada la sociedad mexicana, inclusive la representación nacional presente en esta Cámara de Diputados no fue convocada, y si lo fue no en su totalidad, con la diversidad, pluralismo y representatividad que tiene, por lo cual se pone de manifiesto precisamente que las grandes mayorías nacionales no forman parte ni están contempladas, consideradas, como objetivos del Tratado, y a las cuales directamente debería beneficiar.
Con la firma de los titulares de los Poderes Ejecutivos de los tres países, los presidentes de los Estados Unidos y de México y el Primer Ministro de Canadá, se cierra una etapa, un ciclo, un momento, de la elaboración de ese Tratado de Libre Comercio, y como paradoja, y en el corto plazo, no se sabe con precisión, y es natural que así ocurra en cierta forma, qué es exactamente lo que va a ocurrir en lo inmediato, que es previsible, y que por el contrario debería ser muy claro para toda la población mexicana, subrayando de manera muy particular para la representación nacional.
¿Cuál es la etapa que inmediatamente sigue? Hay una diferencia de concepción, inclusive de carácter jurídico en los tres países, sin referirnos por ahora a las cuestiones de índole política que acompañan, que presiden y que sostienen el proceso en su conjunto, y que deberíamos conocer, evaluar y tener muy en cuenta para el futuro inmediato de ese proceso de elaboración de el Tratado de Libre Comercio.
En efecto, en el caso de México, es previsible, lo sabemos, no es algo de lo que deberíamos o por lo que nos sintamos satisfechos, tranquilos y entusiastas, pasará en muy breve tiempo a la ratificación del Senado de la República, quien, como lo hizo hace tres años, en una supuesta indagación, consulta popular, a propósito de las relaciones económicas internacionales del país, aplicará el Fast Track, la ratificación sin mayor consideración, contemplación, y eso es previsible no sólo para nosotros, sino en todo el mundo. No sabemos en cambio que ocurrirá en los otros países.
En los Estados Unidos todo indica que no será un Trato de Libre Comercio el que se suscribirá. Se hará en los tiempos acordados, convenidos en aquel país; esto es, en los plazos que el Congreso extendió al Poder Ejecutivo, para que mediante el procedimiento del Fast Track, que terminaría en el próximo mes de mayo, el Titular del Ejecutivo, el Presidente de los Estados Unidos de América lo pudiera ratificar.
Pero estamos, quizás, en presencia de un instrumento distinto del que está siendo o que va a ser, debe ser considerado por nosotros. A diferencia del Tratado de Libre Comercio, que firmó el Presidente Carlos Salinas, en los Estados Unidos se firma un Acuerdo de Libre Comercio, que no necesariamente equivale, en sus términos jurídicos, a la estructura, naturaleza de nuestro Tratado.
Por lo que hace a Canadá, el procedimiento es también, como ha ocurrido, facultar al Primer Ministro de ese país para la negociación del Tratado y por medio de una habilitación, a cargo del Parlamento, del Parlamento canadiense, completar esta fase, esta etapa del proceso.
¿Querría decir que, entonces, después de la firma e independientemente de la obligatoriedad, que es otro asunto de la validez jurídica de estos instrumentos internacionales, se pondrá en marcha, en ejecución y tendrá precisamente esa validez y esa aplicación el instrumento hoy firmado?
Todo parece indicar que no; que, en cambio, no disponemos de la información indispensable
que pudiera orientar nuestros criterios y, por lo tanto, las acciones correspondientes.
En primer lugar, porque lo importante no es esta firma, por lo menos en lo que hace a la situación de los Estados Unidos, sino que ahora se inicia una etapa en la cual el Congreso norteamericano, conociendo el texto de, en ese caso el Acuerdo, procederá a revisar su legislación interna, con el propósito explícito de adecuar de un acuerdo extraordinariamente amplio, como es éste que nos ocupa, toda la legislación secundaria y reglamentaria.
La situación de Canadá es también de dudas fundadas y de incertidumbre, en función de que como es más que conocido debido a los estragos, a los efectos negativos que en la economía y en la sociedad canadienses ha tenido el Tratado Bilateral que suscribieron hace varios años los Estados Unidos y Canadá, hay una oposición interna amplia, alta, creciente, que es la que introduce esta nota.
Son elementos que todo el pueblo mexicano y en participar nosotros deberíamos conocer y sobre los que el Poder Ejecutivo, el Gobierno mexicano está obligado y comprometido a presentar la información precisa, clara, exacta, con el propósito de orientar precisamente la opinión y permitir la asunción por parte de todos, de la responsabilidades correspondientes.
No nos extraña porque éste es uno de los principales problemas que se han suscitado, que se han expresado en nuestro país en relación con la elaboración, la negociación y ahora la firma del Tratado de Libre Comercio.
Un primer problema y así lo hemos mencionado, lo hemos señalado y subrayado, es que no es verdad, no es cierto que haya habido a lo largo de todo este proceso información abundante, completa que nos permita orientarnos y conocer éstas y cada una de las fases del proceso de elaboración del Tratado.
Hace un momento el compañero, nuestro querido amigo, el Diputado Bravo Mena, se refería a estas deficiencias entre otras cuestiones importantes a destacar en relación con el Tratado y como en las intervenciones anteriores, aclaro que no es nuestro propósito abordar todos o demasiados aspectos vinculados o que se desprenden del Tratado, puesto que en sesiones anteriores hemos intentado hacerlo y sobre todo nos proponemos en su oportunidad y a pesar de las resistencias en la propia Cámara volver a abordar sucesivamente y en toda su magnitud y alcance esta cuestión.
Pero decía el problema de la información ha sido uno de los principales problemas y no porque se ha afirmado en esta Cámara en comisiones que se han reunido exprofesamente para recibir la información de los responsables de esta negociación, particularmente las del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, que ha hablado de un número muy elevado, cuantificado inclusive por su peso, de folletos, de boletines, en fin.
El problema de la información ha sido diferente y es uno de los más graves, es uno de los que enfrentamos en este momento como señalaba hace unos minutos. No solamente no ha habido información que tiene obligación de proporcionar el gobierno de la república, su responsable, sino que ha sido exactamente lo contrario, ha privado la desinformación.
No tenemos ni que recurrir a las hemerotecas y hacer un ejercicio memorístico demasiado cuidadoso o amplio para tener presente que en un primer momento se negó que existiera la determinación, la voluntad, el propósito gubernamental de suscribir esta Tratado, al contrario, se fustigaba, se calumniaba y por supuesto se descalificaba aquellos que osaban referirse a un proceso que entonces se identificaba como un proceso de integración silenciosa principalmente de la economía mexicana a la norteamericana, acusando a quienes mencionaban este hecho, en primer lugar, como incautos, faltos de información, cuando no de actuar movidos por intereses contrarios al nacional.
Se dijo muy poco tiempo después cuando se puso de relieve que ese era el propósito oculto de los funcionarios mexicanos que viajaban con una frecuencia inusitada hacia los Estados Unidos que era una propuesta del gobierno norteamericano, situación que también se puso de evidencia en inexactitud cuando no falsedad, cuando el Presidente de los Estados Unidos al presentar la propuesta ante el Congreso de su país, con toda precisión y como corresponde a los procedimientos y a la usanza parlamentarias ahí, señaló que había sido una iniciativa del gobierno mexicano.
Después se dijo que no podía conocerse el contenido del Tratado porque esto debilitaba la función y la posición de quienes a nombre del Poder Ejecutivo tenían el encargo de su negociación. Siempre privó la descalificación, nunca, y esto es lo fundamental, se abrió el verdadero debate que debió existir y que todavía es una demanda y una obligación nacional por todo lo que implica, por lo que involucra y por lo que
significa para nuestro país con los impactos que seguramente tendrá, no sin razón, y no pocas y calificadas gentes, personalidades se han referido a México, por lo menos en su historia del siglo XX, como un país antes y con una fisonomía cambiada después, de la aplicación de este Tratado de Libre Comercio.
Nunca se discutió y más bien como ocurrió con las otras cuestiones que de manera muy breve acabo de referir, la discusión, el análisis serio y riguroso de cuáles eran las alternativas y las posibilidades que tenía México para participar de manera creativa, para integrarse en esta que se ha venido a denominar economía global. Si el camino era un Tratado de Libre Comercio en América del Norte, si era suficiente, como se ha hecho frente a otras regiones del mundo, simplemente intensificar de manera y conforme a acuerdos bilaterales el comercio entre ambos países, a partir de un acuerdo marco, como el que existe con la Comunidad Económica Europea, y que convenia, sobre todo con el propósito nunca cumplido en la realidad y que se dice que es el eje por el que transcurre la política exterior de México y que radica en la necesidad de diversificar, pero no retóricamente, sino en los hechos, la presencia internacional de nuestro país.
Diversificar no significa tener muchas relaciones, así lo hemos expresado y es absolutamente claro y obvio para quien quiera verdaderamente entenderlo. En la situación específica de México, diversificar consiste en complementar y crear equilibrios frente a una relación que le es adversa y que ha significado de manera creciente y con el Tratado se va a profundizar aún más, la dependencia de la economía mexicana y quizá no solamente de la economía sino de otros aspectos centrales en la vida social y aún política del país, frente a los Estados Unidos.
¿Qué alternativas, qué caminos complementarios y qué estrategia podrá seguir el país frente a esta inserción en la economía contemporánea?, nunca fue materia de discusión, nunca fueron analizados ni recibidos debidamente los argumentos, las iniciativas, las propuestas de amplios sectores de la población y de las fuerzas políticas.
Yo quiero simplemente afirmar una vez más en esta tribuna que la propuesta para un tratado continental de comercio y desarrollo elaborado por nuestro partido, muy distinto de esta integración y de este Tratado de Libre Comercio, jamás, ni en esta Cámara, en ningún foro oficial fue siquiera recibido y más bien descalificado como algo ajeno a las negociaciones, algo carente de fundamentos, de información, como por el contrario era la forma de proceder del Gobierno Mexicano.
Otro tema fue el de la agenda, que ahora en estos días vuelve a tener una renovada y muy clara actualidad. La agenda negociada sigilosamente, y a discreción de los negociadores, cuando se le sugería la inclusión de temas fundamentales para nuestro país, despectivamente se descalificaban sus planteamientos, sus propuestas, siempre aduciendo ignorancia, desconocimiento de la realidad internacional, y en cambio una apropiación de esta situación como si fuera patrimonio de esas mentes lúcidas y claras y no fuera algo que a todos afecta y en la que además, en las que todos tenemos algo que aportar y qué decir.
Recuerdo en esta tribuna que fueron entre otras, pero fundamentalmente dos, las propuestas que el Partido de la Revolución Democrática a través de sus representantes planteó aquí desde un principio. Y ambas fueron eliminadas, fueron rechazadas con esos argumentos: Una, que un tratado de libre comercio, en el que participaran México y los Estados Unidos, no podía prescindir de consideraciones y de acuerdos específicos en el rubro en todo lo que se refiere a los movimientos de mano de obra, en los movimientos migratorios, y no podía hacer caso omiso del factor trabajo, el complemento de la economía, de cualquier economía inclusive, y por supuesto también, la de libre mercado.
Ese fue un primer planteamiento. Y el otro, que resultaba desde entonces obvio y que recibió también una consideración similar, es el de la necesidad de introducir, y de acuerdo con la experiencia internacional, una serie de correctivos o de mecanismos, que pudieran darle un mínimo de equilibrio a este proceso de integración que lo es, de integración, aunque se presente en su fase de libre comercio.
La experiencia que poníamos nosotros sobre el tapete y que proponíamos que fuera analizada, revisada, discutida seriamente, era ni más ni menos la de la Comunidad Económica Europea.
En la Comunidad Económica Europea, a más, y esto no es ocioso volver a subrayarlo, a más de las consideraciones a propósito de la estabilidad democrática y de la democracia misma, como requisito de ingreso y participación, productivas de los países que integran, requisito indispensable para el buen funcionamiento de los países que integran esas comunidades, también, sobre todo en la fase última de la formación
de esa comunidad, a través de 12 países, es decir, mediante la integración de los países de menor desarrollo relativo, de España, de Portugal, de Grecia y de Irlanda, se idearon mecanismos e inversiones compensatorias, inversiones compensatorias, de tal manera que les permitieran a esos países de desarrollo relativo menor, en primer lugar estar en condiciones de estimular algunas actividades por medio de las cuales pudieran ser más altamente competitivos con los países mayormente industrializados de la zona que eran y que son todos los demás y también absorber, paliar, las condiciones, sobre todo los efectos adversos por regiones, por sectores, por productos en esos países; inversiones compensatorias.
Pues bien, con esta displicencia, con ese autoritarismo característico de la vida política en el país, y más particularmente de algunos medios gubernamentales, se nos dijo que esos temas no podían estar en la agenda de la negociación simple y sencillamente porque no serían aceptados por las otras partes, particularmente por los Estados Unidos. Y que no correspondían a un tratado de comercio. Ninguna de las dos cuestiones parece resistir el menor análisis.
En primer lugar, porque el Tratado de Libre Comercio, ahora que conocemos su contenido de manera más amplia, no es en rigor ni en sentido estricto un Tratado de Libre Comercio. Si fuera un Tratado de Libre Comercio, se circunscribiría, se ceñiría simplemente, a lo que internacional, universalmente se identifica como comercio, esto es, aquellos intercambios contemplados, por ejemplo, dentro del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, el GATT, y que se refieren y contemplan eso, el intercambio de mercancías. No en cambio, incluyen, como es el caso del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, todo un capítulo que es tan amplio o mayor que el de intercambio de mercancías y que se refiere a los servicios y menos aún el capítulo que es la clave de este tratado y que es el que se refiere a las inversiones.
Si quisiéramos realmente identificar, por su contenido, por su esencia este tratado, llegaríamos fácilmente a la conclusión que más que un Tratado de Libre Comercio, es un tratado de intercambio, y más que de intercambio, abierto a las inversiones, un tratado que se refiere a los capitales. Ahora se dice, con engreimiento, con una vanidad, que es un anticipo de lo que serán las relaciones económicas internacionales en el futuro, que es una aportación, inclusive, de esta experiencia en América del Norte.
Pero lo curioso, paradójico, pero sobre todo insostenible, y por eso lo queremos remarcar, es que esta dos ideas mínimas que planteábamos hace muchos meses, ahora, cuando la estrategia negociadora se desplomó, y se desplomó porque se apostó políticamente, a un triunfo del Partido Republicano y a una reelección del Presidente Bush, y que en cambio se han suscitado dudas y elementos complementarios de lo que podría ser el futuro, incluso inmediato, del propio Tratado de Libre Comercio.
Y frente a la posibilidad manifiesta de que se abran capítulos enteros o se consideren grandes temas que el gobierno de México debió haber impulsado desde un principio como el de la protección, ambiental, la ecológica, el que se refiere a los aspectos sociales y particularmente a la participación de los trabajadores, ahora son retomados...
El Presidente: - Me permito comunicarle, señor diputados, que concluyeron sus 30 minutos. Sírvase hacer su conclusión.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente: Le ruego unos minutos.
Ahora resulta que es, y le ruego a la Asamblea también, para terminar o para desarrollar esta exposición, que son los temas que el gobierno y en especial el Presidente Salinas, plantea como propios, cuando que la obligación desde un primer momento, era presentarlos como condición, como requisito indispensable, cuando que la agenda fue impuesta y resultó en el Tratado conforme a los intereses de, particularmente esas potencias económicas: los Estados Unidos.
Otro tema, y no nos podemos detener, ciertamente, voy a tratar de adecuarme a lo mencionado por el Presidente de la sesión, al tema de las asimetrías. Que por cierto no es un tema que se resuelva ni muchísimo menos con los periodos de desgravación que están ahora considerados, sino uno mucho más agudo e importante: el tema que se refiere a las diferencias notables. No hay una experiencia en el mundo en donde países tan disímbolos, tan diferentes, en su grado de desarrollo y en la desproporción que existe entre unos y otros, entre los Estados Unidos y México por ejemplo, conforme a cualquier indicador, se puedan resolver conforme a etapas de desgravación tal y como están contempladas.
Pero además está el asunto de cuáles son aquellas áreas económicas, áreas productivas, en
donde fue mayor el plazo de la desgravación. Y da la casualidad que son aquellas que precisamente por efecto de las desregulaciones en nuestro país, no sabemos quienes son ahora sus verdaderos propietarios; pero en cambio sí hubo una protección amparada en el supuesto interés nacional con respecto a ellas. Naturalmente nos estamos refiriendo a los servicios financieros, a la banca, a la telefonía, a las comunicaciones, etcétera.
Hay otros evidentes problemas. Se dice que la principal característica de este Tratado es que le va a permitir a México la confluencia de economías de distintas regiones del mundo. Hace poco se llevó a cabo en nuestro país una reunión para renovar los acuerdos que existen entre las comunidades europeas y México. Y fue muy claro el señalamiento, que con las reglas de origen que contempla este Tratado en realidad, y a diferencia de lo que se señala, se está creando un mercado cerrado, una verdadera fortaleza a la que posiblemente no tengan acceso capitales de otras regiones del mundo, a diferencia de lo que se sostiene.
El problema fundamental al que nos queremos referir y lo vamos a hacer en los tiempos, con una disculpa compañeras y compañeros diputados, brevemente, pero que lo tenemos que dejar bien planteado, es el que se refiere y ya lo ha mencionado algunos compañeros diputados que previamente hicieron uso de esta tribuna, y es nuestra principal preocupación, al proceso político en nuestro país. Y por eso entendemos lo siguiente:
El Tratado va a ser ratificado, en el caso de México por el Senado de la República, el Congreso de la Unión en su conjunto, y esta Cámara de Diputados ha venido, incluso de manera explícita, avanzando en las reformas legales, incluso constitucionales, que permitan la aplicación del Tratado en nuestro país.
Las materias son todas. Empezó con lo agrario, se siguió con las selvas y los bosques, con el uso del agua, incluso el petróleo. Prácticamente toda la vida nacional. Y se anuncian otras, las específicas, relacionadas con las inversiones extranjeras, etcétera. Y sin embargo ¿cuál es nuestro papel en contraste con las responsabilidades constitucionales y con nuestros deberes frente a la nación mexicana? Ninguno. Simplemente el de la aprobación y expedición de estas leyes, la aprobación de las leyes.
Es el momento de que precisamente, y una vez más, insistamos y tomemos entre todos las iniciativas que correspondan. El Congreso, la Cámara de Diputados no puede ser, inclusive por sus obligaciones perfectamente establecidas en la Constitución y en las leyes permanecer al margen de este proceso.
Cuando en todo el mundo, y eso deliberadamente se oculta; están ocurriendo fenómenos extraordinariamente estimulantes para todos, cuando hay una participación creciente en la...
El Presidente: - Permítame, por favor, señor diputado.
Ruego a los señores diputados guardar el debido respeto. Se le conceden tres minutos más al Señor orador. Concluya en ese tiempo, por favor.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Muchas gracias, señor Presidente:
Cuando en todas partes, este año, en Dinamarca, después en Francia, en Canadá, relacionado con el status de la provincia de Quebec; en Panamá para ratificar una constitución, en Brasil y hace unos días en Uruguay, nada menos que para discutir el problema de la reforma económica y las privatizaciones, cuando en todo el mundo ocurren fenómenos de esa naturaleza, aquí ni siquiera el Congreso y la Cámara de Diputados participan de acuerdo con esta responsabilidad.
Entonces, el tema nos remite a una signatura, a una signatura muy pendiente y que nos habla dolorosa e ilustrativamente del atraso democrático en el que estamos viviendo, que se refiere y se relaciona con los equilibrios entre los poderes públicos y con esta formas de participación política popular que se han venido extendiendo afortunadamente en todos los países y en todas las regiones.
Algo deberíamos de haber aprendido con la reforma a los estatutos de la Organización de Estados Americanos hace unos días y mucho más con la experiencia de el secuestro y enjuiciamiento de un mexicano en las Cortes, en los Tribunales norteamericanos. Las dos cosas se cerraron, emitimos una declaración en la primera situación a favor del derecho internacional. Después, con las declaraciones del canciller del día de ayer se puso de relieve qué es lo que se estaba ocultando detrás de la posición de México; sabemos que en la mejor experiencia internacional de México no le tememos y, por el contrario, ha sido el registro más vigoroso y que más nos enorgullece cuando, motivados por las circunstancias, como fue hace muchos años en el caso de la Sociedad de Naciones, en el
caso de Austria y más recientemente en el de Cuba, estuvimos solos. Pero las ocasiones en aquel entonces lo ameritaban y distan mucho de ser similares a las actuales.
Está cerrado el caso del doctor Alvarez Macháin al parecer el procurador así lo entendió cuando debía de iniciarse precisamente en estos días, cuando debería de haber una iniciativa por parte del propio Congreso. Pero nos habla de la miseria en que se desenvuelve, en la que nos movemos en la Cámara de Diputados, por lo menos, y sobre todo de las tareas que tenemos que desarrollar hacia el futuro.
En realidad esta firmada el día de hoy, sobre todo en nuestro país, por parte del Poder Ejecutivo, debe ser de reflexión, de llamado para el cumplimiento de responsabilidades por parte de la Cámara y para que atendamos en el futuro esos temas, independientemente de las obstrucciones, de las limitaciones.
El Presidente: - Señor diputado...
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Con esto, señor Presidente:
Concluyo con una solicitud que a nombre del Partido de la Revolución Democrática, me voy a permitir leer, dirigida a usted, al Presidente de la Cámara, y que dice lo siguiente:
"El Partido de la Revolución Democrática ha presentado dos iniciativas de reforma constitucional relacionadas estrechamente con la problemática del Tratado de Libre Comercio que aún aguarda en el dictamen correspondiente por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Las iniciativas aludidas son las siguientes:
La primera. Presentar el 14 de julio del año en curso, que faculta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para compartir la atribución hasta ahora privativa del Senado, de analizar y en su caso aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo.
Y, segunda. La presentada el 14 de octubre, también del año en curso, que crea la obligación constitucional de someter los tratados internacionales de tipo económico a referendum ratificatorio entre todos los ciudadanos con derecho a voto.
Por ello, y considerando:
a) Que ha sido ampliamente rebasado el plazo de cinco días previsto por el artículo 87 de nuestro Reglamento para que las comisiones dictaminen las iniciativas que le sean turnadas; y
b) Que la firma del Tratado de Libre Comercio por parte de los ejecutivos de las tres naciones involucradas realizada el día de hoy, hace de necesidad urgente el análisis y dictamen de las iniciativas antes citadas."
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el inciso B, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de esta Cámara se sirva girar excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que discuta y dictamine las referidas iniciativas de Reforma Constitucional presentadas por el Partido de la Revolución Democrática que le fueron en su oportunidad turnadas; es al igual que han hecho otros compañeros diputados; al hacer uso de la tribuna hace un momento, la manera en que esta Cámara está obligada a corresponder a sus atribuciones, a sus facultades, a sus obligaciones y no simplemente adherirse o sumarse a un acto formal o formalmente a ese acto que se llevó a cabo el día de hoy. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente: - En base a lo solicitado por el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática, se hace un llamado respetuoso a la Comisión de Gobernación para que en apego al Reglamento proceda en consecuencia.
Tiene la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional, para abordar el mismo tema del Tratado de Libre Comercio.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso señor Presidente, honorable Asamblea:
En el transcurso de este debate y escuchando con mucha atención a los distinguidos oradores que me precedieron en el uso de la palabra, me fue posible advertir la enorme coincidencia que tenemos en el manejo de información. Y es afortunado advertirlo en este Congreso porque en realidad esto también ocurre en el exterior. La sociedad mexicana desde hace dos años y medio ha estado recibiendo en forma sistemática y ordenada toda clase de informaciones provenientes del Poder Ejecutivo pero también del Poder Legislativo en torno al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio.
Quisiera aquí nada más recordar señores diputados, que este proceso se inició con una serie de consultas que fueron amplias, que además se hicieron a lo largo y ancho de todo el país en el cual participaron todos los sectores de la sociedad, lo mismo los productores, que los trabajadores, sus organizaciones, sus dirigentes, intelectuales, pero también los partidos políticos a través de otros voceros que desafortunadamente no se encuentran en este recinto. El debate en aquella ocasión se inició con el conocimiento que el Senado de la República y la exploración que quería hacer en torno al interés de México en sus relaciones comerciales con el mundo y casi al concluir ese amplísimo foro que además se hizo en diversas partes de la República, se llegó a un último foro en el cual hubo un pronunciamiento muy generalizado, muy convencido de que México debe mantener la enorme diversificación en sus relaciones comerciales de acuerdo a su tradición histórica y política, pero que también en función de los enormes retos que representan en los cambios globales de la economía y a la conformación de los grandes bloques internacionales sobre todo el bloque europeo cuya conformación más que una zona de libre comercio se ha convertido en un mercado común y también el Bloque Asiático, México necesitaba fortalecer su presencia en el escenario económico internacional y qué mejor que hacerlo sumándose a un mercado de por sí amplio y conformando junto con sus 85 millones, ese mercado de más de 360 millones de consumidores que mueve alrededor de más de 6 trillones de dólares anuales.
Sin lugar a dudas, fue esta una conclusión que motivó a los senadores a exhortar al titular del Poder Ejecutivo Nacional para que iniciara un proceso negociador, primero con los Estados Unidos, que posteriormente se abrió también al Canadá en función de la experiencia trilateral que esos dos países habían tenido entre sí.
Al paso de estos últimos meses y de que todos hemos estado recibiendo una amplísima información, pero en particular quiero subrayar que esta Cámara que si bien carece de facultades constitucionales porque el constituyente así lo decidió en su tiempo, decisión que por supuesto siempre está abierta a la posible revisión y adecuación a las nuevas circunstancias, sin tener las facultades constitucionales esta Cámara, se mantuvo desde un principio atenta al debate en torno al Tratado de Libre Comercio.
Primero, porque se hizo presente en todos los foros senatoriales; asistió a todas las reuniones que se dieron en toda la República, de consulta, de análisis, las audiencias, sectoriales, globales y también en consultas con diversas entidades, pero no sólo eso, sino que los señores diputados en su momento, en la LIV Legislatura, hicieron valer el interés que como representantes nacionales tenían por este asunto de trascendencia no solamente nacional sino continental.
Fue así que entonces esta Cámara recibió información, se reunió en comisiones, ha debatido el tema con amplitud; pero no solo eso, convocó al Secretario de Comercio y Fomento Industrial para que expusiera en detalles el avance negociador. No era un prurito de supervisión, era el legítimo interés que nos asiste como representantes populares que somos.
Debemos por lo tanto afirmar que esta Cámara se ha erigido en un verdadero aval jurídico, de ese proceso negociador. Y es por eso que nos debe satisfacer mucho que todo ese proceso negociador haya arribado finalmente a una fase que sólo competía al Poder Ejecutivo Federal, que era la negociación en función de sus atribuciones también constitucionales.
Negociación ardua, difícil porque si bien reconocemos las enormes ventajas que representan el insertarnos en la economía mundial asociados con Canadá y con los Estados Unidos, lo ignoramos. Las dificultades que entraña una relación histórica bilateral, política, con uno de los países que se ha distinguido por su papel hegemónico en las grandes definiciones mundiales.
México mantiene diría yo, intacta su definición política de defensa de la soberanía nacional, de soberanía política que en todo momento ha abanderado con gran gallardía y con gran patriotismo, no solamente en la relación bilateral, sino que hemos externado públicamente en los foros multilaterales, en los organismos regionales y hemos sido pieza angular en el fortalecimiento de la comunicación continental con nuestros socios históricos que son los países de América Latina.
Por eso tampoco podemos olvidar aquí, que el primer Tratado de Comercio que hemos celebrado en esta nueva época, ha sido con Chile, que estamos en un proceso de confeccionamiento, de negociación, de acercamiento, con varias naciones centroamericanas y del cono sur, interesados en lograr una mayor integración latinoamericana; pero que ciertamente no podemos ignorar la importancia de ese mercado tan enorme, tan poderoso que aún es el mercado norteamericano y que reconozcamos que en la alianza con estos dos nuevos socios comerciales,
vamos a tener mejores oportunidades para competir en el escenario internacional.
La soberanía de México se ve fortalecida en lo económico, pero también en lo político, porque una nación que tenga mayor capacidad de autonomía, de soberanía en el manejo de sus propios recursos y en el desarrollo de sus potencialidades productivas, sin lugar a duda refuerza también la capacidad de negociación hacia el exterior. Fortalecernos hacia adentro significa fortalecernos hacia afuera y viceversa. Hoy más que nunca lo que ocurre en lo interno no está disociado de lo que ocurre en lo externo
El Partido Revolucionario Institucional a través de nuestra fracción, reconoce este enorme esfuerzo negociador del Poder Ejecutivo Federal. Lo apoya y lo respalda íntegramente, porque aquí nosotros percibimos esa capacidad visionaria en el horizonte del tiempo, que el Presidente Carlos Salinas de Gortari tiene hacia su pueblo; un presidente que a través de modernizar todo su proyecto nacional, le está dando viabilidad a la nación, porque le da viabilidad a la economía, porque busca los mecanismos que la fortalecen, que le dan salud pero que a la vez mantienen el propósito fundamental revolucionario de lograr la distribución justa de los recursos y de los beneficios del progreso que en nuestra nación se generan.
Señores diputados, me pareció advertir en el debate de esta mañana, en algunos pronunciamientos, una relativa contradicción. Por un lado parecía reclamarse que el Tratado de Libre Comercio se ajustase solamente precisamente al comercio. Nosotros decimos, en los tiempos modernos es necesario que sea el comercio, que sea la inversión también y que sean los servicios, y por supuesto que de esta combinación resultará un necesario avance de toda la infraestructura de nuestro aparato productivo y de la tecnología.
Pero ajustados como estuvieron siempre los negociadores del Tratado, a los criterios que la representación nacional estableció, y uno de ellos el de ajustarse en estricto término a la Constitución General de la República, precisamente inhibió e impidió, con el asentimiento de esta representación nacional, el que el Tratado se ampliara a los capítulos políticos que hoy parecieran estarse esgrimiendo. A veces parecía estar presente en el debate, el interés porque el Tratado también abordara la cuestión política, la cuestión de la democratización y del fortalecimiento de nuestras estructuras políticas y electorales.
Nada más alejado de la voluntad del Poder Ejecutivo, que el de propiciar que intereses externos intervengan en nuestras cuestiones políticas internas, que sólo compete a los mexicanos atender, y sólo a nosotros en nuestras representaciones partidarias, en nuestras representaciones como órganos del poder político, podemos y estamos obligados a resolver.
Los canales democráticos están abiertos para el diálogo permanente entre todas las fuerzas políticas y así confiamos en que la razón, el ejercicio ponderado de las argumentaciones válidas que asiste a la conformación de las distintas fuerzas políticas, se expresen en esos foros plurales, abiertos que son estrictamente nuestros, son mexicanos y a ellos nos debemos. No tenemos pues por qué abrir este tratando a cuestiones de carácter político.
Ha habido, y aquí se señalo, otras propuestas formuladas por distintas fracciones parlamentarias en torno a las facultades que como Cámara de Diputados nos confiere la Constitución de la República. Nosotros, desde la mayoría parlamentaria, desde la fracción del Revolucionario Institucional, las hemos estado estudiando y analizando con el respeto que nos merecen todas las fuerzas políticas de nuestra nación, y máximo aquellas que están representadas legítimamente en esta Cámara de Diputados.
Tengo información de que tanto la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como la de Relaciones Exteriores, propiciarán en breve posiblemente hacia el próximo sábado, una reunión de trabajo conjunta para que podamos dar curso a la discusión y al análisis de dichas propuestas. Con ello queremos obsequiar la exhortación que nos hiciera hace unos momentos el señor Presidente de esta honorable Cámara. Lo haremos con mucho gusto, como miembro que soy de esas comisiones, miembro de la mayoría diría, nos interesa mucho acercarnos al diálogo, debatir con cuidado cada una de esas cuestiones que han sido planteadas, porque con ello enriquecemos nuestra tarea camaral, y ciertamente fortalecemos la vida del Congreso y la vida de la nación.
Diría yo también que la nueva relación comercial que vamos a establecer con los Estados Unidos y con Canadá, en caso de que los poderes legislativos, de acuerdo a sus facultades constitucionales en cada país, así lo determinen, será una relación que va a propender a ensanchar las capacidades de nuestro aparato productivo y a fortalecer nuestra capacidad de defensa, de lucha y de búsqueda del respeto de nuestra soberanía política y nuestra soberanía territorial.
Las leyes económicas, como todos ustedes muy bien lo saben, no respetan fronteras políticas, ésas son globales, por eso para responder a esas nuevas exigencias es que nosotros hemos buscado este avance en nuestra presencia internacional.
¿Qué caracterizó al proceso negociador? Por supuesto el respeto a la Constitución, por supuesto el respeto a nuestra soberanía nacional en todo momento, y fue un proceso gradual que respondió precisamente a los tiempos que exigía la circunstancia política nacional e internacional.
Es cierto, como se firma en el exterior, y aquí lo podemos ratificar con mucho orgullo, el proceso fue estimulado desde México, desde su patriótico Gobierno, porque ahí se vislumbraba un nuevo instrumento de respaldo y de apoyo al esfuerzo modernizador interno; no el único como se ha dicho en repetidas ocasiones, porque tampoco es el único el presupuesto, ni una política social deliberada, ni el Tratado de Libre Comercio es la conjugación de todos estos esfuerzos con un rumbo claro, con una dirección firme, lo que ciertamente nos abrirá nuevas prospectivas de desarrollo hacia el futuro.
Hemos buscado la negociación, que no la confrontación de intereses ahí donde los mexicanos podemos lograr grandes ventajas para nuestro desarrollo económico interno.
Diría yo también que los tiempos contemporáneos nos sitúan en una peligrosa y riesgosa coyuntura internacional. El riesgo de las guerras comerciales, y lo acabamos de ver hace apenas el mes pasado, los europeos cerraron sus puertas a productos norteamericanos, los norteamericanos incrementaron sus aranceles a productos europeos, y con ello pretenden establecer fortalezas económicas. Nada más alejado de la voluntad y el sentir de los mexicanos que la fortaleza económica.
Nosotros creemos y coincidimos aquí con un distinguido diputado que afirmó que tenemos una posición política y económica privilegiada.
Ya México no es aquel país del subdesarrollo de los cuarenta, de los cincuenta, de los sesenta, y que se vio atropellado por sus propios errores en los setenta. No. México es hoy considerado por muchos analistas la séptima economía del mundo. Y eso, señores diputados, impone una enorme responsabilidad a todos los que tenemos una tarea en este quehacer colectivo.
Estamos convencidos de que el Tratado se ajustó a las reglas del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y a las reglas de otros instrumentos internacionales; y también estamos convencidos de que esta vez no habremos de llegar tarde al mañana. Llegamos tarde, ustedes lo recuerdan, y con frecuencia lo decimos los mexicanos, a la constitución del estado moderno, al siglo de las luces, a la revolución industrial del siglo XVIII, pero también llegamos tarde a la revolución científica y tecnológica del siglo XX. No propiciemos llegar tarde al siglo XXI.
Esta iniciativa mexicana que recibió apoyo, que recibió respaldo y que se ha mantenido como una voluntad concertada entre tres naciones de este continente, es una iniciativa sólo digna de estadistas.
Su conclusión, su terminación ahora queda en manos de los poderes legislativos, y aún reconociendo las enormes diferencias que nos asisten en nuestros sistemas políticos, sabemos que existe una voluntad de los pueblos de esas tres naciones para lograr que esta fase final, de este proceso, culmine exitosamente, para que a partir de 1994 podamos entrar a la fase ya de instrumentación, de acuerdo a nuestros ritmos y de acuerdo a nuestros tiempos políticos.
Creemos, señores diputados que nos estamos acercando a las posibilidades de un mayor desarrollo, de mejores horizontes de bienestar para el pueblo de México, si logramos consolidar todo este proceso de ajuste y de modernización que nos ha tomado ya una década de esfuerzos colectivos.
Los invito para que ustedes valoren este esfuerzo y para que también, cuando llegue el momento de revisar las propuestas que aquí han sido formuladas y entremos quizá al debate de la estructura, de la naturaleza jurídica y política de este órgano deliberativo, estemos ante todo comprometidos con los intereses superiores de la nación, más que con los intereses individuales de grupo o de partido. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Habiéndose agotado la lista de oradores en torno al tema del Tratado de Libre Comercio, ruego a la Secretaría proceda a poner a consideración de la Asamblea si se acepta o se rechaza, en votación económica, el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, dándole lectura previamente.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, vamos a dar lectura al punto de acuerdo presentado por la fracción
parlamentaria del Partido popular Socialista, que dice:
"Único. Que la Cámara de Diputados convoque a un período de sesiones extraordinarias, con objeto de examinar los alcances y el contenido del Tratado de Libre Comercio.
Las versiones estenográficas de las intervenciones se entregarán al encargado del Poder Ejecutivo para su conocimiento.
Dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de diciembre de 1992."
Firma el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se acepta o se desecha el punto de acuerdo presentado por le diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
GASTOS ADUANALES
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, para tratar un asunto distinto.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: El día de ayer recibimos de ciudadanos mexicanos que residen en Houston, Texas, 10 mil firmas de apoyo a la iniciativa que presentamos el pasado 8 de diciembre. El día de antier recibimos 7 mil firmas más.
Dichas firmas van a ser aquí colocadas por nuestros compañeros y son una prueba, un testimonio de aquellos ciudadanos mexicanos que debido a una política económica brutal, tuvieron que irse de nuestro país y hoy son refugiados económicos.
Esta iniciativa tenía que haber sido dictaminada, conforme al Reglamento, en cinco días. Nunca fuimos convocados por la Comisión de Hacienda y hubo argumentaciones baladíes que planteaban: ¿No que ustedes estaban en contra de que se legislara al vapor?
No, señores. En el fondo lo que existe es que esa iniciativa no quieren dictaminarla, porque el dictamen que van a hacer es un dictamen en contra.
Es la ratificación de una política económica totalmente injusta y arbitraria.
Hemos recibido cartas muy conmovedoras, muy conmovedoras que las vamos a leer aquí; hemos recibido el apoyo de organizaciones sociales cívicas y ciudadanas muy importantes en Estados Unidos, cuyos elementos, miembros son mexicanos o de origen mexicano.
El asunto es el siguiente: no obstante que esta política, que este Gobierno y su partido echaron a 20 millones de mexicanos, 13 y medio millones de mexicanos, según el censo, legalmente; pero se calcula que hay 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, los echaron con su política económica.
Como dije la vez pasada, son tratados como ciudadanos de excepción; esto es, ni siquiera se les permite que voten para que elijan a su Presidente y ahora se les cobra por entrar al país. Se les cobra por entrar al país pidiéndoles como requisito que con una tarjeta de crédito internacional dejen una fianza de 10 dólares, cuando encuestas realizadas por organizaciones mexicanas allá plantean que solamente califica el 1% de esos ciudadanos para que se les otorguen esas tarjetas.
Y la otra cuestión es que si no tienen esas tarjetas de crédito, entonces se les cobra el equivalente al valor de su automóvil. Un argumento también muy tonto que vinieron a plantear algunas personas fue el siguiente compañeros: es que, bueno, si tiene para comprarse un carro, pues tendrán para pagar la fianza. Un carro en Estados Unidos puede costar dos, tres mil dólares, usado barato, pero traer y dejar dos o tres mil dólares en la aduana para que puedan pasar, cuando eran recursos que traían a sus familias, porque solamente se les regresan en pesos mexicanos una vez que han pasado.
Esta situación ha vulnerado terriblemente a nuestros compatriotas. Y les ha vulnerado terriblemente porque como lo mencioné, de abril a hace cinco semanas el ingreso de mexicanos en Estados Unidos que querían venir a su país se redujo en un 70% según información de la Secretaría de Turismo. Se está vulnerando a gente que envía 12.5 a 13.5 mil millones de dólares anuales a este país más que el ingreso neto en Turismo, señores.
¿Y saben quién decidió esto? Autoridades, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un manejo totalmente discrecional señores, pasando encima de este poder. Y no han modificado nada; ¿Qué va a pasar?
Los mexicanos en Estados Unidos ahorran, para venir una vez al año, y a estas fechas muchos estaban juntando para venir a ver a sus familias y se va a hacer un lío terrible en la frontera. Y los únicos responsables de esta situación serán el Gobierno y su partido, que tienen unas autoridades hacendarias que solamente ejercen una política totalmente injusta y despiadada...¿No se oye?
El Presidente: - Se ruega a la Oficialía Mayor tome las medidas respectivas para que no falle el sonido.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Así es. Por esa razón, compañeros, porque no podemos nosotros admitir esta injusticia, estamos haciendo aquí oír la voz de los que no tienen nada.
Yo voy a leer unas cartas. La siguiente dice así: "Honorable Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. Presente. Los abajo firmantes manifestamos que:
1. Rechazamos la medida impuesta por las autoridades hacendarias en relación con los vehículos extranjeros que entran al país, en vigor desde abril del presente año.
2. Rechazamos la regulación anunciada en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de noviembre en la cual se disminuye a 50 dólares por cada individuo las mercancías que sin pagar impuestos se pueden ingresar por tierra ha México, mientras que si se ingresa en barco o por avión la cantidad asciende a 300.
Nos manifestamos en contra de la primera medida porque discrimina a aquellos mexicanos que no traen consigo el valor de su automóvil, que no cuentan con tarjeta de crédito internacional o que viajan por supuesto sin algún título de propiedad para obtener una fianza sobre sus automóviles. Probablemente ustedes no lo sepan, pero la mayoría de los mexicanos documentados o no, que viajan a México en automóvil, no cuenta con tarjeta de crédito alguna y llevan poco dinero para el viaje, son en su mayoría familias o grupos de trabajadores agrícolas o de servicios que trabajan temporalmente en Estados Unidos, que regresan a sus hogares o los visitan siendo éste el medio más económico para efectuar dicho viaje.
Estos mexicanos no califican para entrar a su país con los requisitos impuestos.
Rechazamos la segunda medida, por ser también abiertamente discriminatoria contra aquellos que no cuentan con los recursos suficientes para viajar en avión o en barco a México. Es moral, jurídica y políticamente inaceptable que una Ley regule intencional y explícitamente para otorgar un privilegio, en especial cuando éste no es compensatorio, sino que por el contrario, contribuye a menguar, contribuye a agravar las terribles desigualdades sociales mexicanas.
¿No habla el Gobierno mexicano de las bondades de libre comercio? Libre comercio para las transnacionales, pero no para los individuos pobres. (Aplausos.)
¿Eso es lo que significa el llamado liberalismo social? De la manera más atenta solicitamos a esta honorable Cámara de Diputados ponga un inmediato remedio a esta situación discriminatoria."
Esta carta la firman: Por la Unión Campesina "Lázaro Cárdenas" de Stockton, California, Luis Magaña; Vanguardia Auténtica Revolucionaria Penjamillense, el señor Arturo Ruiz de Ocktey, California; la Organización del Pueblo Explotado y Oprimido, el señor Rufino Domínguez, de Livingston, California, la organización Amigos en México, firma el señor Martín Pérez, de Lory, California; el Grupo Organizado de Acuitzeramo, de Fench Kam, California, el señor Alfredo Naranjo; la Organización Laboral Agrícola de California, el señor Celedonio Pérez, de Modesto, California; el California Institute for Rural Studies, el señor don Villarejo, de David, California; el Comité de Servicios de los Amigos Mexicanos, el señor Rogelio Reyes, de Chicago; la Red Unida para los Derechos de los Inmigrantes, cuyo director es el señor Carlos Arango, de Chicago; el Taller de Estudios Comunitarios cuyo director es el señor Francisco Piña, de Chicago; Por un Barrio Mejor, firma el señor Carlos Hernández, de Chicago, y por la organización Centros sin Fronteras, la señora Emma Lozano, de Chicago.
Otra carta. La voy a leer tal y como viene escrita. Es una carta que envía la Coalición de Trabajadores Mexicanos de la América del Norte.
Honorable Congreso de la Unión. "Con todo nuestro respeto, nos dirigimos a usted, licenciada Liliana Flores Benavides, le pedimos que por su conducto haga partícipe a todas las dependencias gubernamentales para que le hagan llegar al Presidente de México, que atienda nuestras
súplicas a todos nuestros problemas que nos afectan por las leyes implementadas en las aduanas fronterizas. Nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de viajar a nuestro país, cosa que nos impiden, por el simple hecho de viajar en nuestro vehículo, alegando de que lo vamos a dejar allá, lo cual es una calumnia, ya que nosotros no somos culpables del trafique de vehículos. Podemos asegurar que son gente del mismo Gobierno. Además hay muchas formas que los ciudadanos mexicanos residentes en los Estados Unidos, nos pueden identificar, ya que tenemos documentos legales como tarjeta de residencia, seguro social, licencia de manejar.
No entendemos por qué tantos atropellos y malos tratos en las aduanas y por todo el territorio mexicano. No tenemos culpa de que haya quien trafique automóviles. No podemos aceptar culpas. Pero si sabemos que hay influyentes de Gobierno Mexicano, que se llevan hasta 300 carros para negociarlos sin ningún problema aduanal y sin necesidad de tarjeta de crédito.
Por eso, por eso queremos que quiten esas fianzas, ya que no podemos sacar tarjeta de crédito, no queremos aceptar condiciones de dinero para pasar a nuestro país, queremos ir a ver a nuestros seres queridos y sin tener que dejarles nuestras pertenencias.
En Estados Unidos estamos confusos y nos llenamos de profunda tristeza y sentimiento, pues creíamos que en México había democracia. Atentamente. "Coalición de Trabajadores Mexicanos de América del Norte".
Otra carta. Esta es de la "Organización Mexicanos por la Democracia", que tiene sedes en Nueva York, New Rocher, Illinois, California y es la siguiente, esta copia va dirigida al licenciado Carlos Salinas de Gortari:
"Un grupo de mexicanos, radicados en los estado Unidos, dirige a usted esta petición para que por su conducto la llamada "Ley de vehículos en las fronteras", sea derogada de inmediato, por resultar ilegal y perjudicial para los intereses y le comodidad de los mexicanos cuando visitamos a nuestro querido México por automóvil.
La situación económica por la que estamos pasando aquí, en los Estados Unidos, es crítica. Y la mayoría de los inmigrantes mexicanos, somos lavaplatos, operadores de máquinas de coser, jardineros, vendedores de mercancía ambulante, y muchos desempeñamos trabajos menores, tan mal pagados y sucios que ni los mismos norteamericanos lo aceptan. Las condiciones humanas de los que habitamos aquí, son deplorables; sobreviviendo en un nivel de pobre entre estas calles violentas de las grandes ciudades como Nueva York, Los Angeles, Washington, Chicago, etcétera. Es muy difícil para ustedes, comprender las humillaciones, la explotación y las burlas de que somos objeto ante esta sociedad anglosajona.
Nuestro aspecto físico y la falta del inglés para muchos, nos hace presa fácil de dichos abusos. ¿O acaso creen ustedes que estamos en un lecho de rosas? Nosotros no somos turistas y por razones económicas, la gran mayoría de los mexicanos residentes en Estados Unidos, no todos podemos tener una tarjeta de crédito. Y aunque algunos la pudiéramos tener, los intereses son tan altos, que mejor optamos por no tener dichas tarjetas.
La política que ustedes están aplicando a la comunidad mexicana radicada en los estados Unidos, es injusta, inmoral e ilegal. Gracias a nuestro trabajo hemos logrado ayudar a nuestras familias y al país, enviando millones de dólares anualmente y siempre luchando contra esa tarifa oficial y las altas comisiones que los Bancos nos cobran cuando enviamos dinero, que representa el sudor con el que lo ganamos. Algunos sudamos sangre trabajando turnos de 16 horas al día. En primer lugar para medio subsistir aquí y para poder ayudar a nuestras familias allá en México.
¡Basta ya de esta política absurda, insensible que se nos está aplicando! Ustedes con ese sistema tan corrupto y criminal, permitieron que México se haya convertido en un nido de ratas, y permitieron que sus agentes fronterizos entre otros, fueran cómplices del contrabando de autos, que asociados con pandillas criminales de los Estados Unidos, introdujeron al país un gran porcentaje de todos los autos robados en todo Estados Unidos.
Nosotros no somos contrabandistas de autos. Por el contrario, vamos a gastar lo poco que ganamos, ayudando así a la economía nacional, ayudando a nuestras familias y fortaleciendo la economía de los pueblos de donde somos originarios.
Por otro lado, los precios de los boletos de avión a México, son más caros que los pasajes a Europa y cuando una familia mexicana, siempre numerosa por excelencia viaja al país, es más barato y cómodo viajar por auto y más económico, ya que con un pasaje de avión se pagan los gastos de carretera: gasolina, pagos de carretera, alimentos, etcétera. he aquí el ejemplo de cómo
no están perjudicando al llegar a la frontera, nos están negando el derecho inalienable que todo ciudadano mexicano tiene; el derecho a entrar o salir las 24 horas del día, los 365 días del año, y por cualquier medio de transporte. Pero ustedes nos están bloqueando nuestra libertad de transitar libremente hacia nuestro país.
México es de todos los mexicanos, no sólo de las gente que está en el poder y que manipula las leyes a su antojo.
Los mexicanos estamos cansados de los abusos sufridos por tantos años de despotismo, corrupción, abuso y crímenes. Estamos cansados de los enfrentamientos con esa Ley de Vehículos, que es napoleónica ¿o acaso están ciegos?
"Los reportes periodísticos describen los grandes problemas y la crisis económica por la que estamos pasando: la gran depresión económica de 1992 en los Estados Unidos.
Nos enfrentamos a la voracidad en las fronteras y a los bandidos que circulan por las carreteras del país asaltando a todo aquel que pase por sus dominios. Se cree que la policía Judicial cometido muchos de estos delitos y como ven, no hay protección en las carreteras, entre muchos otros problemas.
Licenciado Salinas: no se necesita ser sabio o economista para ver los problemas de los inmigrantes mexicanos, legales o ilegales. Enfrentamos día a día aquí en los Estado Unidos, una situación muy difícil, ya que cada día las cosas aquí empeoran. Por lo tanto, esa dicha Ley de Vehículos, debiera ser abolida inmediatamente.
Sin más por el momento, los ciudadanos mexicanos que firmamos esta petición, esperamos de acuerdo al artículo 8o. de la Constitución Mexicana, una respuesta urgente."
Esta es una carta que se entregó en el Consulado General de Nueva York, en julio de este año.
Como pueden ver, la situación, si no se tiene la sensibilidad suficiente, puede causar muchos problemas. Esta es una fecha en que los ciudadanos mexicanos vienen a ver a sus familias. La situación exige una respuesta responsable de parte de todos nosotros, una exigencia a las autoridades de Hacienda para que paren esa arbitrariedad.
En ese sentido, planteamos lo siguiente:
El pasado 8 de diciembre del año en curso, presenté ante esta soberanía, una iniciativa de reformas a la Ley Aduanera. El Presidente turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, dicha iniciativa. en virtud de que hasta la fecha la Comisión no ha presentado el dictamen correspondiente, en el término de cinco días que señala el artículo 87 del Reglamento, solicito a usted, ciudadano presidente, con fundamento en los artículos 34, inciso e, de la Ley Orgánica y 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, gire una excitativa a la Comisión aludida a fin de que presente el dictamen al pleno antes de la conclusión de este período, para su discusión.
Por otro lado, siguen llegando telegramas, y día a día, si esta situación no se modifica, estaremos aquí en la tribuna planteando esta terrible e injusta situación contra los ciudadanos mexicanos que ni voz ni voto tienen en ese país. Gracias. (Aplausos.)
La diputada Lydia Madero García (desde su curul): ¡Señor Presidente!
El Presidente: - ¿con qué objeto, señora diputada?
La diputada Lydia Madero García (desde su curul): - Para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Antes de conceder la palabra, y con base en lo solicitado por la diputada Liliana Flores Benavides, esta Presidencia hace un respetuoso llamado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que en apego a la Ley Orgánica y al Reglamento proceda en consecuencia.
Tiene la palabra la diputada Lydia Madero.
La diputada Lydia Madero García: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como parte del grupo parlamentario Acción Nacional apoyamos totalmente las gestiones que se están haciendo en pro de nuestro hermanos que viven en Estados Unidos.
Estamos conscientes de que están allá no por su gusto, sino por necesidad. Todos los que vivimos en frontera y muchos de los que viven en el centro y sur de la República, sabemos que la mitad o la mayoría de los jóvenes mexicanos provenientes sobre todo de las áreas rurales viven actualmente en Estados Unidos.
Por otro lado, sabemos que la culpa de eso la tiene, aseveramos otra vez la falta de fuentes de empleos, la falta de inversión y de igualdad de circunstancias que existen para todos los mexicanos, para que tengan con que vivir, un mundo honesto de vivir para sus familias.
También tenemos mucho que agradecerles porque el ingreso de esta gente que vive en Estados Unidos se ha convertido en una necesidad para el pueblo mexicano. Hay más dinero que viene de Estados Unidos que el que se invierte actualmente en el campo, señores.
Yo creo que es importante apoyar a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Apoyarlos y reconocerlos como mexicanos, como lo que son, dándoles las facilidades; no solamente el acceso a su patria, sino todas las facilidades para que puedan venir cuando quieran. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge Flores Solano: - Señor Presidente, con su venia:
debo decirles a mis compañeros que recibimos el llamado de la Presidencia, como uno de los secretarios de la Comisión de Hacienda, para que con apego a la Ley Orgánica y al Reglamento procedamos a dictaminar.
Debo también decirles que a la recepción de la iniciativa en la Comisión, turnamos a todos los miembros de la Comisión dicha iniciativa el 11 de diciembre y desde entonces está en su poder. Y la turnamos para solicitar y recoger sus comentarios a los diferentes tópicos que tiene esta iniciativa.
No hemos recibido estos comentarios, pero procederemos en cuanto tengamos la información de nuestros compañeros a dictaminar en consecuencia. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Había solicitado la palabra para rectificar hechos la diputada Patricia Terrazas?
La diputada Patricia terrazas Allen (desde su curul): - Sí.
El Presidente - Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Patricia Terrazas, en términos del 102.
La diputada Patricia Terrazas Allen: - Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados:
Antes que nada yo quiero felicitar a nuestra compañera Liliana por esta bellísima exposición que hizo en la tribuna, porque lo sentimos más que nada con un calor humano tan fuerte y tan necesario en esta tribuna que nos hizo revivir a muchos que estamos cansados de tanto discurso oficial. Y, sobre todo, yo la felicito ante este pleno por hablar por aquellos que no tienen voz, porque sabemos que desgraciadamente desahuciados están los que tienen que marchar a vivir una cultura diferente como una consecuencia de este mal gobierno por el cual pasa el pueblo de México. ¡Felicidades, compañera! (Aplausos.)
Al mismo tiempo, quiero plantear ante todos ustedes y sobre todo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que coadyuve en la solución del grave problema que existe de los vehículos extranjeros en las fronteras. El problema ocasiona caos social, problemas políticos, desorden; y nadie más es responsable que las autoridades de Hacienda y Crédito Público, porque permiten la corrupción con sus agentes aduanales. ¡Ellos son los culpables, nadie más! y yo exhorto y pido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a nuestros compañeros de todas las fracciones, para que presionemos y exijamos a las autoridades de hacienda para que solucionen el problema de la internación ilegal de los vehículos extranjeros.
Definitivamente hay mucha corrupción, hay mucho dinero, y ahí está la prueba en una de las cartas que leyó Liliana. Ellos sí hacen negocios; más de 300 vehículos en cada uno de los agentes aduanales, ¿cuánto no cobran por ello? ¡En cambio le cobran a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas por entrar a su propio país, lo que consideramos injusto y por lo cual aplaudimos la postura del Partido de la Revolución Democrática y estamos con ustedes, compañeros , porque esto, reclamarle aquí al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda por aquellos que verdaderamente están sufriendo situaciones injustas y que no tienen voz, este se llama, señores, actuar, hablar y ser congruentes con lo que queremos para México: justicia social, y México es de todos y no de unos cuantos! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En términos del 102, se concede el uso de la palabra al señor diputado Raúl Velasco.
El diputado Raúl Velasco Gómez: - Con su venia, señor Presidente:
Es muy oportuna esta intervención que hace el Partido de la Revolución Democrática, porque
viene a señalar un problema actual, un problema que ha tenido repercusiones importantes y en este caso quiero referirme a lo que ha afectado al turismo, al turismo no solamente del que mencionaba la colega, sino en general. Es un problema que ha desmotivado que tanto nuestros connacionales como los propios americanos ingresen a nuestro país, y esto ha creado un problema no solamente social, sino también económico y de imagen, que es lo importante.
Es bueno reconocer que el gobierno tiene la necesidad de balancear nuestra situación económica, que realmente afecta los miles de millones de dólares que están en nuestra contra y trata de controlar él todo lo que viene sin pagar impuestos, todo lo que es contrabando. pero las medidas se han tomado sin tomar la realidad y sin tomar la repercusión de las colas interminables que se forman en las fronteras.
Creo que la Secretaría de Hacienda debe de dar marcha atrás y ser congruente también con otros programas nacionales, como es "Bienvenido paisano" que por un lado, se invita a nuestros connacionales a venir y, por otro lado, se les evita totalmente esta entrada.
Desde el punto de vista turístico se ha afectado notablemente toda la frontera y es importante que se tomen medidas ya urgentes para tratar de normalizar de una forma adecuada sin perjudicar este importante ramo de nuestra nación. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Tiene la palabra en términos del 102, el señor diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Vengo aquí a nombre de la Diputación priísta y específicamente de los diputados fronterizos de mi partido, a expresar nuestra posición responsable frente a este tema que hoy nos ocupa.
Debo decir, que por supuesto compartimos las preocupaciones que aquí se han expresado; como diputados fronterizos conocemos perfectamente las circunstancias que aquí han sido señaladas y quiero decirles también que como diputados fronterizos de mi partido hemos estado perfectamente atentos e interviniendo ante las autoridades hacendarias para buscar una solución de este problema y por supuesto que también compartimos la posición de que intervenga la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados para buscar una solución satisfactoria a este problema; sin embargo tenemos que comentar que esta situación de los vehículos que es un tema que ya nos ha ocupado en esta tribuna y en la Permanente, tiene otros bemoles que tenemos que tomar en consideración, que muchas personas se aprovechan de este momento para estar esperando a estos compañeros mexicanos que efectivamente vienen a ver a sus familias y que efectivamente contribuyen a la economía nacional y que efectivamente vienen a gastar su dinero en nuestra nación pero que también muchos de ellos vienen a vender sus vehículos a gente que ya incluso los ésta esperando para comprarles el vehículo y luego sus vehículos de manera ilegal se quedan en el país y nosotros tenemos la responsabilidad de ver ambos lados del problema, tenemos también que pensar en la planta productiva, en los trabajadores del país que contribuyen también a la riqueza de la nación a través de su esfuerzo de la planta industrial de la planta automovilística del país; yo lo digo y siempre rechazo que los fronterizos seamos contrabandistas, estoy totalmente de acuerdo en esa posición; sin embargo todo el problema tiene dos extremos que tenemos que analizar y que tenemos que buscar la solución y que tenemos que buscar los mecanismos adecuados para poder lograr ese equilibrio entre ese derecho que tienen nuestros compatriotas que viven en el norte de nuestro país, al sur de los Estados Unidos y estos otros intereses legítimos de muchos trabajadores mexicanos.
Y por supuesto que también rechazamos todo acto de corrupción y estamos en contra de cualquier acto de corrupción y hay que denunciarlos y hay que atacarlos; sin embargo tenemos que tomar en consideración, insisto, estas circunstancias que se dan en este problema que tiene múltiples variables; sin embargo, insisto, establezco la posición del Partido Revolucionario, de apoyo a la preocupación y de apoyo para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara busque una solución pronta a este problema. Muchas gracias. (Aplausos)
El diputado Abundio Ramírez Vázquez (desde su curul): - Pido la palabra señor Presidente.
El Presidente: - ¿Con qué objeto señor diputado? Bueno, en los términos del 111 tiene usted la palabra.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con el permiso de la Presidencia. Mi partido compañeros legisladores, el Partido del Frente Cardenista, no tiene otra cosa mas que manifestarse
viendo la magnitud de este problema en favor de que se discuta, se analice y se tenga la mejor solución primero para México, porque a veces hay grupos también y debemos de decirlo, que no están en México y que no necesariamente representan los intereses de nuestra patria.
Seguramente, y de esto nos consta, ha habido excesos y los ha seguido habiendo, los que hay hasta ese momento, de parte de las autoridades hacendarias. Hay excesos y se manejan de manera muy cuadrada los criterios cuando Hacienda toma a alguien, sorprende a alguien en alguna violación que a veces no es exactamente una violación.
En el norte del país del Estado donde vivo, donde vivimos muchos ciudadanos, en Coahuila, la Secretaría de Hacienda ha decomisado cientos de vehículos, tanto camiones, camionetas, etc., sin embargo aún y después de que se ha decomisado el vehículo, hasta hace una semana nos tocó darnos cuenta de que les están llegando multas de 6 a 20 millones a estos ciudadanos.
Consideramos que es injusto, porque la Secretaría de Hacienda lo que argumenta es que ese vehículo, están acusando de contrabando, desde luego a los ciudadanos, ciertamente muchos de ellos traen vehículos o traían, a principios de año, cuando se decretó esta situación, vehículos que no justificaron la procedencia o la manera en que entró, sin embargo entró precisamente por la aduana, por las aduanas en donde estaba el personal de la Secretaría de Hacienda.
Debemos de decir también que el decreto del pasado mes de enero, del día 14, fue un avance para que cientos de miles de mexicanos tanto del Distrito Federal, sobre todo de los estados fronterizos del norte de nuestro país, regularizaran su situación y se beneficiara la economía de gentes de escasos recursos y de pequeños comerciantes.
Fue un avance este decreto y normalizó un poco la situación y la tensión social existente en los estados del norte del país. Sin embargo, también debemos de señalar que han existido y existen mafias, grupos, gente que a la luz del poder hace los grandes negocios con la introducción de vehículos de procedencia extranjera.
Sabemos y estamos convencidos que el interés nacional está por encima de cualquier interés de grupo o de grupos que a la sombra del poder público hacen estos negocios. Estamos conscientes de que el gobierno mexicano debe de controlar con mucho detalle y con mucho rigor, pero sobre todo con mucha sensibilidad, la entrada mejor dicho, de nuestros compatriotas junto con sus vehículos, con sus automóviles, pero debe de existir un control muy..., con mucha sensibilidad, con mucho criterio, y no de manera cuadrada de que si el carro vale 2 mil dólares, que paguen lo mismo en fianza para que pasen y al final se les regresa. Y otra seria de cuestiones que aquí se han mencionado.
Mi partido, el Frente Cardenista, apoyará este llamado que hacen nuestros camaradas del Partido de la Revolución Democrática, para discutir, analizar, y no solamente este asunto que ahora está tronando, que está caliente; sino otros asuntos que la Secretaría de Hacienda, pensamos no atiende como debería de hacerlo. Gracias.
INICIATIVA
ARTÍCULOS 71, 73 Y 115 CONSTITUCIONALES
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Daniel de la Garza Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa sobre el Federalismo Fiscal.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Señor Presidente, distinguidas diputadas, amigos diputados:
Voy a someter a su distinguida consideración, una iniciativa de reformas a nuestra Constitución, y retomo dos frases de dos distinguidas diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra, la de la diputada Liliana Flores, que textualmente habló de una política injusta y arbitraria. Este proyecto que sometemos a su consideración, pretende corregir lo injusto y arbitrario del sistema de coordinación fiscal.
Retomo también una frase de la distinguida diputada Blanca Ruth Esponda, que señaló que era importante una distribución justa del ingreso que en nuestra nación se genera. Esta propuesta que mi partido somete a su consideración, pretende que estos ingresos de la nación se distribuyan justamente en las 3 esferas del gobierno: la federal, la estatal y la municipal.
Mi partido me distingue hoy, distinción que no merezco pero que sí acepto, de presentar a ustedes una iniciativa trascendente, es una iniciativa que puede parecer técnica, porque se trata de un tema fiscal, pero que en realidad tiene un gran fondo político: el hacer realidad nuestro federalismo, el hacer realidad, como lo señala la Constitución, la soberanía de cada uno de nuestros Estados y la autonomía y libertad de cada uno de nuestros municipios.
Procedo a su lectura y pido su benevolencia.
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario el Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 34 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General; artículos 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por conducto de esta H. Cámara, y ante el órgano al que hace referencia el artículo 135 de la Constitución General de la República, sometemos a su distinguida consideración la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 71, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestros días un tema fundamental en tomo de la reforma del Estado es el de la descentralización política, respecto de la cual cuando se intenta llevarla a cabo se advierten injustificadas resistencias. El proceso democratizador que vive el mundo, a raíz del fin de la guerra fría, plantea una reforma radical del Estado en la que destaca el proceso descentralizador.
El Estado mexicano soslaya ese cambio, particularmente en el campo del federalismo tributario, dado que impera la rigidez, falta de representatividad, del diálogo, y tampoco se da la participación social en las estructuras de gobierno. La descentralización activa, las reservas de libertad, creatividad, iniciativa y vitalidad latentes en las comunidades regionales, que sería detonadora del nuevo tipo de crecimiento y mejoría generalizados.
Sin embargo, la descentralización se revela como algo muy arduo de realizar y enfrenta fuertes oposiciones. Las grandes burocracias centrales y no podemos negar que en México padecemos una gran burocracia central, por lo común autoritarias, se oponen a las medidas descentralizadoras porque no aceptan ceder atribuciones a lo gobiernos estatales y municipales, y con ello perder poder político y económico. Asimismo, los intereses creados alrededor de una administración central también tratan de evitar dichas medidas, pues en ocasiones una vitalidad local desanimada y la fuerte concentración en el centro del poder político crea inercias indeseables en, la administración de Estados y Municipios. Además, la descentralización es eludida al suponer que merced a ella necesariamente habrá ruptura o fragmentación de la unidad nacional, porque propiciaría actitudes abusivas de la autonomía por parte de los estados de la Unión.
En ocasiones los funcionarios federales justifican su política centralista y paternalista, porque consideran que los servidores públicos de los estados y municipios carecen de la capacidad y hasta de honestidad. Ello implica que se desconoce que es el pueblo el mejor juez de la actuación pública, como lo dicta la elemental teoría de las relaciones intergubernamentales. Es obvio que debe haber equilibrio de poder entre las tres esferas de gobierno, para así lograr una función pública óptima en cada entidad gubernamental.
En México, en diversas medida varios de tales factores han jugado y actúan a contrapelo del federalismo; es decir, de la descentralización política y económica del Estado Federal y del consiguiente fortalecimiento democrático de la Nación.
1. El federalismo es la raíz de nuestras instituciones nacionales.
Sin embargo, esa oposición a la voluntad expresa de descentralizar olvida que, a lo largo de nuestra historia, la construcción de la nación mexicana es resultado de una lucha tenaz y heroica por afirmarse independiente y soberana, con principios e instituciones propias, con miras claras que la proyectan hacia el futuro en libertad, justicia y prosperidad. En cada uno de sus momentos estelares el pueblo ha recurrido a la voluntad e imaginación para dar contenido específico a la visión de México y, hasta el sacrificio, desplegar una acción decidida para así forjar el interés nacional y traducirlo en principios, instituciones y prácticas colectivas.
El Constituyente de 1917 al restaurar la vigencia del Municipio, de hecho abolido por el porfiriato, reiteró la idea del federalismo, que ha jugado un papel preponderante, por lo que debería ser raíz fundamental de nuestra organización política. la idea del federalismo es una constante en nuestra historia como Estado independiente, pues ha respondido a la voluntad política de la Nación.
a) La experiencia de nuestra historia así lo demuestra.
Nuestra historia colonial registra que la Nueva España fue un conjunto disímbolo de asentamientos humanos, que sólo en apariencia constituían unidad económica, política y social. Los distintos reinos y provincias, primero;
después las intendencias, integraban las partes de un todo desarticulado, enlazadas por la significación simbólica del poder real que representaban los virreyes y las reales audiencias. Los intereses económicos y sociales de cada región se desarrollaban con un a perspectiva localista, dentro de sus circunscripciones pero ajenos a todo sentido de unidad frente al que los comprometiera en una acción común y armónica.
La falta de comunicación entre las diversas comarcas redundó en un sentido adverso al desarrollo unitario del país, pero favoreció la creación de fuerzas localistas proclives a la formación de sentimientos autonomistas, contrarios al centralismo que, a la postre, resultaron determinantes para la apertura hacia el federalismo, como sistema político de organización del Estado mexicano. La constitución española, expedida por las Cortes de Cádiz en el año de 1812, estableció las diputaciones provinciales. Años después, en el Congreso Constituyente que sentó las bases de nuestra organización política como Estado independiente (1823 - 1824), fueron adoptados el federalismo y la plena autonomía de los Estados como postulados básicos. Fue así como la Nación Mexicana adoptó el sistema republicano y federal, como régimen de organización política con la unión de los estados a los cuales se refiere el artículo quinto de la propia Ley Fundamental.
El federalismo fue la única vía apta para consolidar la unión entre las partes que integraban el nuevo Estado soberano. Por otro lado, la instauración del federalismo respondió a la voluntad expresa de las provincias que se manifestaban contra el centralismo tradicional y absorbente, con lo que se interpretó un mandato imperativo del pueblo. La tesis federalista se impuso en definitiva como decisión fundamental del pueblo mexicano, al erigirse en norma de rango constitucional cuya vigencia, excepto por los breves períodos de las constituciones centralistas del siglo pasado, ha perdurado hasta la fecha inserta en la Carta Magna de 1917, como también lo estuvo en la de 1857.
b) El federalismo en la Constitución Política de los Unidos Mexicanos.
Nuestra Constitución de 1917, aun cuando ha sufrido muy diversas reformas, preserva con enorme fuerza el sistema federal pues ha seguido la teoría moderna del federalismo, definida como sistema de división de poderes en una comunidad nacional, de acuerdo con lo cual los gobiernos federal y estatales deben ejercer, cada uno, dentro de su propio ámbito sus facultades constitucionales; ámbito en el cual los gobiernos locales no deben estar, conforme a derecho, subordinados al gobierno federal en lo concerniente a su régimen interior.
Por ello, la Carta Magna mexicana dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental (artículo 40); que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los poderes de los Estados, en lo que toca a su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal (artículo 41).
A su vez los estados deben adoptar, para su régimen interior, el sistema de gobierno republicano, representativo, popular, que tenga como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre (artículo 115). La ley Fundamental, asimismo, establece el principio de que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados (artículo 124). De igual manera la Constitución dispone ciertas prohibiciones a los estados en los artículos 117 y 118, algunas de naturaleza fiscal. Los poderes tributarios de los Estados residen en los respectivos congresos, unicamerales.
Como resultado de la autonomía que tienen los Estados, establecida por nuestra Constitución Federal, éstos poseen órganos propios, distintos a los del poder central, tanto legislativos como ejecutivos. Es decir, legalmente se da un régimen de distribución de competencias, donde el poder federal se ocupa de las materias y cuestiones comprometidas con el interés general o nacional, mientras que en los estados miembros prevalecen las modalidades propias de cada región.
c) El federalismo fiscal.
En tal virtud, al tener que ejercer las entidades federativas dentro de su soberanía, un cúmulo de importantes atribuciones, resulta indispensable que las ejerzan con plena autonomía financiera, a fin de poder hacer efectivo el ejercicio de su competencia. La característica básica de un buen Gobierno en sus tres esferas, la constituye el federalismo fiscal que permite a los
gobiernos federal, estatal y municipal ejercer derechos tributarios autónomos que deben ser abstractos, permanentes, irrenunciables e indelegables.
En ese sentido, es requisito fundamental e incluso previo al federalismo, que las entidades federativas posean suficientes recursos económicos para sufragar, tanto el gobierno central como a los gobiernos estatales. No basta que el gobierno central tenga la capacidad de financiarse así mismo; lo esencial es que también los gobiernos estatales sean capaces de hacer lo propio.
Uno de los principales problemas del federalismo fiscal reside en la distribución de los poderes tributarios entre las distintas esferas de Gobierno. Desde el momento en que el país conquista su independencia y escogió el federalismo como alternativa para organizarse política y económicamente, empezaron a gestarse las grandes líneas del federalismo fiscal mexicano. Transcurrido más de siglo y medio seguimos sin encontrar fórmulas de solución idónea para este problema. Dichos lineamientos subyacen implícitos en ciertas disposiciones constitucionales (Constituciones de 1824, 1857 y 1917), relativas a las fuentes de ingreso del Gobierno Federal lo cual implicó, por exclusión, otorgar a los Estados de la República, márgenes de acción para imponer tributos. En materia de federalismo fiscal, en México pueden distinguirse varias etapas en la evolución del sistema transferencial de competencias.
En principio se estableció una amplia autonomía financiera a favor de los estados miembros de la Unión y un poder limitado al gobierno central. Sin embargo, el reconocimiento de que no sería eficaz ni consistente la existencia del Gobierno Federal, mientras éste no dispusiera de los suficientes recursos para atender sus diversas actividades todas de índole general trajo consigo que se dotara a la federación de ingresos propios, lo que en términos latos motivó, el establecimiento de impuestos concurrentes, tanto federales, estatales como municipales.
La solución aparente al problema del financiamiento del gasto público, mediante la imposición de contribuciones en los niveles de gobierno generó, paradójicamente, multitud de problemas derivados del ejercicio no coordinado de la competencia tributaria, puesto que las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 no hicieron una distribución expresa de materias imponibles a favor de los distintos niveles de gobierno. Baste señalar las limitaciones indebidas al comercio de estado a estado; el establecimiento de gravámenes o procedimientos anticonstitucionales; las guerras económicas entre las entidades federativas; la anarquía fiscal y el caos económico, resultantes de la saturación de fuentes impositivas y de múltiples gravámenes fiscales, diversos en cuanto a su objeto, tasa, procedimientos, sanciones, etcétera.
Por lo que respecta al federalismo fiscal y concretamente al sistema de distribución de poderes tributarios, en el año de 1944 la Suprema Corte, en relación con dicho problema, estableció una tesis jurisprudencial que se expresa concisamente de la siguiente forma: "La Constitución General no opta por una delimitación de la competencia federal y la estatal para establecer impuestos, sino que sigue un sistema complejo, cuyas premisas fundamentales son las siguientes:
a) Concurrencia contributiva de la Federación y los Estados, en la mayoría de las fuentes de ingresos (Artículo 73, fracción VII, y 124);
b) Limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la federación (Artículo 73, fracciones X y XXIX), y
c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (Artículos 117, fracciones IV, V, VI, VII y 118)".(Tesis Jurisprudencial núm. 11 Apéndice al SJF, año 1965, parte 1a, Pleno p. 42).
Por lo anterior, puede afirmarse hoy día que estamos ante un sistema de concurrencias tributarias en el que, por una parte, el Poder Tributario Federal es muy amplio; por la otra, los Estados de la Unión tienen a su vez un poder tributario sobre un buen número de materias imponibles, con excepción de las señaladas por los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV, V, VI, VII, 118 y 131 de nuestra Constitución Política.
Sin embargo, a pesar de las amplias facultades que en materia tributaria tienen las entidades federativas, nos encontramos ante la imposibilidad de los gobiernos estatales para financiar todos los servicios que les demandan sus pobladores, lo que ha conducido en años recientes a una profunda crisis fiscal en los niveles estatal y municipal, debido al enorme proceso de centralización político y económico que el país ha vivido en las últimas décadas. El Gobierno Central presiona a los Estados a adherirse a convenios de coordinación fiscal, viéndose obligados a renunciar al ejercicio de sus facultades tributarias violando disposiciones Constitucionales.
2. Las actuales realidades demandan una reforma de fondo.
En efecto, asistimos en la actualidad al desarrollo de un proceso creciente de centralización del poder en el país, que se acentúa por la acumulación de facultades y atribuciones en favor de los poderes federales, con mengua y detrimento de las que constitucionalmente competen a las autoridades estatales. Y fíjense ustedes, Venustiano Carranza ya desde 1917, ante el Congreso Constituyente, concretamente señalo y es importante porque parece que han pasado 70 años o más de 70 años y todavía estamos con el mismo defecto. Dijo Venustiano Carranza:
"...ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación de los estados que forman la República Mexicana, estableciendo que ellos deben ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, ya que la historia del país demuestra que por regla general y salvo raras excepciones, esa soberanía no ha sido más que nominal; porque ha sido el poder central el que siempre ha impuesto su voluntad limitándose las autoridades de cada Estado a ser los instrumentos ejecutores de las órdenes emanadas de aquél..." Hoy en 1992 podemos decir que lo dicho por don Venustiano Carranza tiene plena validez.
Es tónica normativa de los programas de Gobierno Federal la de asumir el desempeño de actividades o el ejercicio de atribuciones que originalmente incumben a los gobiernos de los estados o de los municipios, los que se ven sometidos a la intervención y control de las autoridades federales por la vía constructiva de los convenios sanitarios, diversa obra pública, política electoral y en otras múltiples áreas de la vida interna de los estados y los municipios.
Particularmente, en materia tributaria es notorio el desvalimiento en que la acción expoliadora del fisco federal ha colocado a los estados y a los municipios, los que para subsistir ya no disponen de la autosuficiencia indispensable para el sostenimiento del gasto público con recursos propios, sino que se ven constreñidos a depender de la mayor o menor participación que se les conceda, en el disfrute de determinadas percepciones en renglones del ingreso federal, asignadas de acuerdo con los convenios de coordinación fiscal celebrados con el Gobierno de la Federación, lo cual atenta contra los principios del federalismo en general y contra el federalismo fiscal en lo particular.
Así, tenemos que el actual sistema de coordinación fiscal contiene elementos de insuficiencia de recursos, derivados por una parte, de necesidades crecientes de la población las cuales no pueden atenderse y, por otra, de participaciones federales a estados y municipios y de estados a municipios que no han crecido al mismo paso que otras variables de desempeño económico como lo son el ingreso tributario total y el producto interno bruto. Adicionalmente, las fuentes propias de ingresos de estados y municipios se han rezagado en su desempeño, entre otras causas, por haber renunciado, al menos por ahora, a su derecho tributario, lo cual es contrario al espíritu del federalismo ya que se agudiza la dependencia y subordinación hacia la federación.
Como lo señalamos cuando compareció el ministro Aspe, nosotros hicimos un estudio, y aquí señalo que el ministro Aspe no dijo la verdad, nuestros técnicos hablaron con sus técnicos y conciliaron las cifras, y éstas son las cifras, las que voy a leer ahorita, que demuestran lo injusto del sistema de coordinación fiscal.
Por ejemplo, de nuestro estudio llevado a cabo sobre el actual sistema de coordinación fiscal, las participaciones federales a estados y municipios llegaron a un máximo en 1984, de 14.4%, en relación con los ingresos tributarios totales, para después decrecer anualmente, hasta llegar a su nivel más bajo de 12.7%, en 1987, por el deterioro de los ingresos participables, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Las participaciones casi volvieron a alcanzar el nivel máximo de 1984 al ascender en 1988 al 14.3% sobre los ingresos tributarios totales para el nuevo decrecer en 1991, año en que sólo representaron el 11.2%. Si comparamos el monto de las participaciones estatales y municipales con el producto interno bruto, éstas en 1984 representaban el 1.51% y en 1991 sólo significaron el 1.30%. Como se ve, las participaciones no han llevado la misma tendencia de los ingresos tributarios totales del gobierno federal ni del producto interno bruto, con lo cual queda demostrado que el actual sistema de coordinación no guarda un paralelismo con dichas variables económicas, haciendo más injusta e inequitativa la aplicación del sacrificio fiscal de los mexicanos.
Del estudio de las participaciones entre los estados del país, se desprende que bajo el actual sistema de coordinación fiscal las participaciones federales no presentan un patrón claro de redistribución entre los estados que generan mayores tributos, por ser productores,
convencionalmente denominados como estados ricos con respecto de aquellos clasificados consumidores en razón de que su volumen de consumo supera al de su producción. Tales estados son denominados estados pobres. En otras palabras, los estados pobres, son aquellos cuya producción de venta de bienes y servicios es sujeta de impuestos con bases especiales o tasa cero y, por ende, su generación tributaria les hace perder asignaciones.
Las entidades consideradas como pobres no reciben los incrementos más importantes de participaciones. Son los estados que podrían llamarse intermedios, los que se han visto comparativamente beneficiados. Por ejemplo, entre 1985 y 1990 los cinco estados de menores niveles de participaciones, que son Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Tlaxcala y Aguascalientes, no fueron por cierto los que presentaron un patrón de mayores incrementos en tanto que, entidades de ingresos medios y otras de ingresos altos, como Tabasco o Veracruz, recibieron incrementos sustanciales. Esto pone en evidencia lo arbitrario del actual sistema de participaciones fiscales, que no logra la justicia distributiva deseada.
Este hecho de injusticia, aunado al enorme centralismo del poder político y económico resulta sumamente grave, ya que desde el punto de vista del ciudadano medio, el enorme crecimiento de la magnitud y complejidad del sector público o sea el Gobierno Federal le abriga un enorme sentimiento de impotencia al advertir que las decisiones colectivas se toman sin conocer la problemática real de su comunidad.
Por tal motivo resulta urgente realizar una reforma constitucional de fondo que dé vigencia a los principios del federalismo fiscal, para que los gobiernos locales estén en condiciones de cumplir plenamente sus responsabilidades sin depender del gobierno central y hacer efectiva, además, la equidad fiscal, tanto en sentido vertical como horizontal.
3. La Propuesta de Reformas Constitucionales.
Como ya se mencionó, la dirección y el sentido de las reformas necesarias están claramente definidas por nuestra historia y por el espíritu que le imprimieron los constituyentes al artículo 40 de nuestro ordenamiento supremo. Por ello, realizar reformas de fondo que hagan posible el ejercicio de las libertades y soberanía de los estados, conducirá a cumplir plenamente los principios del federalismo plasmados por los constituyentes en nuestra Carta Magna.
La reforma propuesta, consistente en asignar pleno derecho a los estados sobre una porción significativa del producto derivado de varias contribuciones importantes, sin modificar el sistema general de concurrencias tributarias diseñado por la Constitución, asegura a los estados, Distrito Federal y municipios un incremento sustancial en sus ingresos y autonomía financiera. Al hacer un estudio comparado del federalismo fiscal mexicano con diversos países europeos y americanos, se observa que la participación que se otorga a las entidades federativas y municipios no alcanza el 12% de los ingresos tributarios totales, mientras que en los países objeto del estudio los estados y municipios administran un ingreso equivalente entre el 40% y 60% del total de las contribuciones que se recauden. Paralelamente habrá que definir los campos de acción de las tres esferas de Gobierno, pues el federal, como ya se dijo, invade las funciones, tanto de los estados como de los municipios.
3.1 Objetivos de la reforma, justicia, libertad y consolidación del federalismo, a través de la descentralización efectiva.
En México, repetimos, los ciudadanos exigen democracia eficiencia en el gobierno, así como justicia social, equidad que evite le emigración, que fue el problema que nos planteaba Liliana hace un momento, económica, participación, representatividad legítima y un desarrollo económico integral y sólido. Por esto, hoy los mexicanos reafirman su voluntad política de hacer efectivo el régimen federal, que prevé el orden constitucional. La descentralización política sin duda creará condiciones para mejorar el bienestar de los mexicanos.
El equilibrio de los poderes así lo exige y también la necesaria multiplicación de espacios de libertad y la eficacia en las tareas públicas, que no son adecuadas en la centralización y desde la lejanía que ésta implica. Una administración pública de calidad, más comprometida y transparente, bien informada de las necesidades sociales y abierta a la participación, así como solidaria con la sociedad, puede asegurarse mejor en las entidades federativas y en los municipios.
Por ello, son de especial relevancia los recursos con que deben contar los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para contribuir más eficazmente a la promoción del desarrollo social y de la economía. Mediante el eficaz y honesto uso de dichos recursos se emprenderán acciones diversas para mitigar la desigualdad social, crear condiciones de desarrollo y calidad de vida, así como contribuir efectivamente a una equitativa distribución del ingreso.
La creación de un mejor clima en la relación entre los ciudadanos y las autoridades se debe iniciar en las entidades federativas y los municipios, porque es más fácil tener el conocimiento recíproco de los vecinos y sus autoridades, el diagnóstico de los problemas comunitarios y la participación motivada y responsable de los grupos sociales, en la solución de los problemas, todo lo cual a su vez genera confianza y credibilidad.
Esta posibilidad es otra razón fundamental para justipreciar la descentralización y llevarla adelante. La madurez social y política asegura en México que la descentralización no será ocasión de desunión, ni habrá riesgos de ruptura pero, además, la garantía federal y una responsabilidad política bien definida de los gobiernos locales, serán salvaguarda de la unidad y la integridad nacionales.
Hay razón para suponer que con una más amplia competencia fiscal y mayores recursos, los gobiernos de las entidades federativas podrán asegurar, con tino y eficacia, el ejercicio del gasto público, tanto en servicios como en obras, con arreglo a prioridades bien definidas por quien conoce de cerca las necesidades sociales.
Los habitantes de los estados, municipios y del Distrito Federal del país tienen gran sensibilidad política y social, atributo que no debe ser desaprovechado. En un marco de auténtico federalismo dicha energía de la sociedad impondrá la elevación en la calidad de vida de todos los mexicanos, a través de sistemas, como el aquí propuesto, para lograr una mejor redistribución de la riqueza entre todos los mexicanos. Para que esto sea posible, insistimos que, es indispensable la suficiencia financiera de los gobiernos locales, municipales y del Distrito Federal a través de la obtención de mayores recursos, y así lograr otorgarles más presencia y representatividad en las decisiones sobre la distribución y asignación de los recursos económicos. A lograr los estados y municipios su suficiencia económica, se desalentarán las corrientes migratorias hacia el Distrito Federal y hacia algunas metrópolis importantes del país.
3.2 Lineamientos y modificaciones.
a) Dar mayores recursos a las entidades federativas y municipios.
Por tal virtud, se propone en el artículo 2o. del proyecto de Reformas Constitucionales que hoy presentamos, dar a las entidades federativas y municipios el derecho sobre la mitad del producto derivado de contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales. Estos son los comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27:
Se propone también que se extienda este mismo derecho del 50% y 50%, sobre las contribuciones de renta a personas físicas y morales y sobre el valor agregado.
Por este sistema se optó dar derecho sobre el producto de diversas contribuciones y no por la atribución sobre determinadas materias imponibles, para continuar con la política fiscal que prevenga la anarquía y el caos económico, resultado de la multiplicación de las fuentes impositivas con el riesgo de hacerlas insuficientes. Esto, a la vez, evita la creación de numerosos gravámenes fiscales; diversos en cuanto a su objeto, tasa, procedimiento, sanciones, etcétera. En definitiva, se busca no distorsionar la homogeneidad fiscal en todo el territorio federal.
Para evitar cualquier impacto negativo, así sea temporal, sobre las finanzas públicas en las diversas esferas de Gobierno, en el artículo quinto transitorio, se propone que la participación a favor de estados y municipios, esta participación del 50% sea gradual, se inicie con un 25% y se incremente cada año en 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 50%.
Por su parte, en cuanto se refiere a otorgar el derecho sobre la mitad del producto de las contribuciones referidas a las entidades federativas y en su caso a los municipios, aquél tiene su fundamento en el principio de resarcimiento. Es decir, el hecho de que la Federación tenga la potestad legislativa en las contribuciones descritas en el artículo 2o. del proyecto de Reforma Constitucional, se justifica por el derecho de las entidades federativas y municipios a obtener la mitad del producto derivado de dichas contribuciones, por ser en ellas donde radica la fuente impositiva y a fin de no perder la homogeneidad del sistema tributario.
El Derecho comparado nos demuestra las bondades de optar por un sistema de derechos sobre los productos tributarios, pero establecido constitucionalmente, lo cual facilita diseñar una política fiscal de alcance nacional. Tal es el caso, entre otros países, de Austria, Alemania, Brasil y Venezuela. Del estudio referido se deriva que los sistemas federales tributarios de Alemania, Suiza y en alguna medida España en Europa, así como los Estados Unidos en América, establecen atribuciones equilibradas e independencia financiera y fiscal a los niveles provincial,
estatal y municipales en relación con la federación.
Ahora viene una propuesta importante. Se señala que en el órgano, creo que se llama Comisión Permanente, que se deriva de la Ley de Coordinación Fiscal, de hecho la única voz y el único voto que cuenta es el del subsecretario 21 de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Entonces nosotros sentimos que el gobierno federal debe salir del control sobre las participaciones a los estados y municipios.
Para lograr la vigencia del federalismo fiscal es necesario democratizar la toma de decisiones como es usual en países desarrollados. En México, el decidir cuánto, cómo, y cuándo deben percibir recursos económicos las entidades federativas y los municipios, ha sido, por mayoría de fuerza, un tema que el Gobierno Federal se reserva para sí solo. Lo anterior resulta evidentemente contrario a los principios del auténtico federalismo fiscal. Al excluirse la participación de los gobiernos locales.
Es por ello que en los artículos 1o. y 4o. del presente Proyecto de Reformas se propone la creación del Consejo Federal Tributario que tendrá, entre otras, la facultad de iniciar leyes en materia tributaria, previo estudio y discusión por el propio Consejo. Además, fijará, a través de la presentación de dichas iniciativas la forma, proporción, términos y condiciones a través de los cuales las entidades federativas y municipios obtendrán los recursos económicos derivados de su derecho reconocido por la Constitución, sobre el producto de las contribuciones a que hace referencia el artículo 3o. del presente proyecto.
El aspecto más transcendental de este Consejo es que estará integrado sólo por representantes de las entidades federativas y también contará con una importante representatividad de los municipios. De esta forma se asegurará que en cuanto a las decisiones de potestad tributaria, asignada a entidades federativas y municipios, será su voluntad soberana la que determine cuánto, cómo y cuándo deberán percibir los recursos económicos que les correspondan a las entidades federativas y municipios de la Unión. Con ello se podrán consolidar con mayor fuerza los principios de la democracia y el efectivo ejercicio del federalismo.
c) Lograr una mejor redistribución de la riqueza. Por último, como consecuencia de los arbitrarios e inequitativos sistemas de distribución de los recursos fiscales, que en las últimas décadas se han venido aplicando en el país, a través de los llamados convenios de coordinación fiscal resulta apremiante buscar en marco general de distribución y asignación de las participaciones que procure una mayor solidaridad integral con base en los principios fiscales de equidad, horizontal y vertical.
Por tal virtud, en el artículo 4o. del Proyecto de Reformas Constitucionales se establecen los principios que se plasmarán en las leyes secundarias federales, cuyas iniciativas deberá elaborar al efecto el Consejo Federal Tributario. Principios que, naturalmente tienen por objeto una mejor redistribución de la riqueza y fortalecimiento de la solidaridad interregional.
En este sentido, el proyecto busca neutralizar la desigual capacidad financiera de las entidades federativas y municipios, por lo que se tomará en cuenta, tanto la potencialidad tributaria como sus necesidades. Se ideó un sistema a través del cual el Consejo evaluará, y asignará, en su caso, recursos para inversiones de importancia especial de los estados, Distrito Federal y de los municipios, buscando a la vez dotar a tiempo y en cantidad suficiente a aquellas entidades y municipios que hubieren sufrido daños por catástrofes naturales o agudos desequilibrios económicos generales, o para aminorar desigualdades de capacidad económica dentro del territorio nacional. Al efecto, se crean mecanismos de compensación que deberán considerar, entre otros elementos, un determinado ingreso tributario mínimo por habitante. Sólo a través de este ordenamiento de principios redistributivos es posible lograr una efectiva solidaridad interregional y nacional.
Aquí hago un paréntesis para tratar de clarificar cómo es la distribución: Por lo que toca al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto al Valor Agregado se asignará a la entidad que lo recaude; por lo que toca a los otros derechos sobre explotaciones, etcétera, que establecen los artículos constitucionales, el 50% irá a las entidades federativas y la ley secundaria establecerá cuánto pasan las entidades federativas a los municipios.
Dado este esquema de estados ricos y estados pobres, el 50% del Impuesto sobre la Renta lo administrará el Consejo Federal Tributario, y ese fondo, que va a ser muy significativo, es el que servirá para equilibrar a los Estados que no generaron tributos en forma directa.
La problemática actual de las relaciones interfederales en México es grave, pero a la vez el momento histórico es propicio para llevar a cabo
esta reforma que se propone, a fin de que el federalismo fiscal también avance en paralelo a los cambios económicos estructurales llevados a cabo en el pasado reciente, que y aquí tenemos que reconocer lo bueno han logrado reducir la inflación, ordenado las finanzas públicas e ido en búsqueda de la competividad. El cambio para modernizar el país en los ámbitos estatal y municipal de Gobierno, ha sido conservador y lento, por lo que para recuperar el rezago es necesaria una acción pronta y vigorosa en todas las esferas de Gobierno. A estos razonamientos y objetivos fundamentales obedece el presente Proyecto de Reformas Constitucionales.
Ahora yo le pediría a la Presidencia que si fuera tan amable en ordenarle a la Secretaría que lea el proyecto de Decreto.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con la solicitud del señor diputado.
La diputada Layda Elena Sansores San Román: - Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto.
Artículo primero. Se adiciona con una fracción IV el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el último párrafo de dicho artículo, para quedar como sigue:
"Artículo 71......................
I a III.........................
IV. Al Consejo Federal Tributario en las materias de su competencia.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados, por las diputaciones de los mismos, y sólo en materia tributaria por el Consejo Federal Tributario, pasarán desde luego a Comisión. Las que presenten los diputados o senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 73 fracción XXIX número 5 en su último párrafo, se adiciona con un párrafo el número 2 de dicha fracción y artículo; y se adiciona también a la fracción XXIX del Artículo 73 los números 6 y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73......................
I a XXVIII......................
XXIX.........................
1o............................
2o............................
Corresponde a las entidades federativas y a los municipios el 50% del producto derivado de estas contribuciones, cuyo monto será repartido en la proporción, términos y condiciones que determine la Ley Secundaria, cuya iniciativa corresponde presentar al Consejo Federal Tributario.
3o. a 4o........................
5o............................
a) a f) .........................
g)............................
Corresponde a las entidades Federativas y a los municipios percibir el 50% del total del producto que se obtenga de estas contribuciones especiales, cuya distribución se llevará a cabo en la proporción, términos y condiciones que determinen la Ley Secundaria, cuya iniciativa corresponde presentar al Consejo Federal Tributario.
6o. Sobre la renta de las personas físicas y morales.
Por lo que se refiere al total del producto recaudado por esta contribución, corresponde el 50% a la Federación y el otro 50% a las entidades federativas y municipios. Con esta última parte se construirá un fondo general de participaciones, el cual será administrado y distribuido por el Consejo Federal Tributario, en la proporción, términos y condiciones que establezca la Ley Secundaria, cuya iniciativa presentará dicho Consejo.
7o. Sobre el valor agregado.
Del producto recaudado por esta contribución corresponde el 50% a la Federación y el otro 50% a las entidades federativas. Esta última parte será aplicada en los términos y condiciones que determine la Ley, cuya iniciativa presentará el Consejo Federal Tributario."
Artículo tercero. Se reforma el artículo 115 fracción IV, inciso a, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 115.....................
I a III........................
IV...........................
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. En las leyes por virtud de las cuales los Estados establezcan las contribuciones anteriormente citadas, se autorizará a los Municipios para que mediante reglamento puedan fijar las bases y tasas de dichas contribuciones.
b) a c).........................
V a VIII.......................
Artículo cuarto. Se adiciona con una fracción VII el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 116.....................
I a VI.........................
VII. Las entidades federativas y los municipios participarán en la formación de un órgano que se denominará Consejo Federal Tributario, el cual integrará conforme a las siguientes reglas:
a) Se compondrá de miembros acreditados por los gobiernos de las entidades federativas y de los Ayuntamientos.
b) Cada entidad federativa tendrá por lo menos dos votos y un voto adicional por cada cuatro millones de habitantes, o fracción superior a los dos millones, por encima de ocho millones de habitantes de acuerdo a las cifras del último censo de población. Por lo que se refiere a los Ayuntamientos éstos tendrán dos votos por entidad federativa, cuyos titulares serán elegidos por los respectivos alcaldes.
c) Cada entidad federativa y sus respectivos Ayuntamientos podrán acreditar hasta un número de consejeros igual al de sus votos.
El Consejo Federal Tributario tendrá las siguientes atribuciones:
1) Elaborar, discutir y decidir por mayoría de votos la presentación ante la Cámara de Diputados de las iniciativas de ley a que se refiere el artículo 73 fracción XXIX, número 2o., 5o., 6o. y 7o., de esta Constitución, iniciativas que deberán estar inspiradas en los principios de equidad distributiva tanto vertical como horizontal, solidaridad interregional, densidad demográfica e ingreso promedio tributario por habitante.
2) Administrar y distribuir los recursos que integren el fondo general de participaciones a que se refiere el último párrafo del número 6, fracción XXIX, del artículo 73 de esta Constitución, en base a los siguientes principios:
a) Neutralizar la desigualdad financiera de las entidades federativas y de los municipios entre sí, para lo que tomarán en cuenta su capacidad tributaria y necesidades;
b) Se buscará que a través de los recursos de dicho fondo se atiendan las necesidades financieras de las entidades federativas y municipios a título complementario, y
c) La asignación de recursos para proveer apoyos especiales a entidades federativas que se hayan visto afectadas por catástrofes naturales o por crisis económicas, así como para complementar la inversión requerida por obras específicas y prioritarias.
3) Las demás que le señale esta Constitución.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las del presente decreto, pero en tanto no inicien su vigencia los ordenamientos previstos en los incisos 2o., 5o., 6o. y 7o. de la fracción XXIX del artículo 73, cuyas iniciativas corresponde presentar al Consejo Federal Tributario, continuarán aplicándose las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, lapso durante el cual los Estados no podrán dar por terminado el convenio con que se han adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Tercero. Conforme a las bases que oportunamente dicte el Congreso de la Unión en la respectiva Ley Orgánica, a más tardar tres meses después de la promulgación del presente Decreto deberá quedar constituido el Consejo Federal Tributario.
Cuarto. El Consejo Federal Tributario, una vez constituido, presentará oportunamente las iniciativas de ley que le competen.
Quinto. En su primer ejercicio de aplicación, la participación que corresponde a estados y
municipios en la recaudación de las contribuciones previstas en los incisos 2., 5., 6., y 7. de la fracción XXIX del artículo 73, se establecerá en 25% y aumentará en 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 50%.
México, D.F. a 17 de diciembre de 1992. - Diputados: Daniel de la Garza Gutiérrez, Alfredo Lujambio Rafols, Diego Fernández de Cevallos, Diego Velázquez Duarte, Arnulfo Vázquez Ramírez, Diego Heriberto Zavala Pérez, Fauzi Hamdan Amad, Napoleón Gallardo Ledezma, Jorge Zermeño Infante, Luis Fernández Vega, Alejandro Gutiérrez de Velazco, Arturo Torres del Valle, Luis Felipe Bravo Mena, José Antonio Gómez Urquiza, Emilio Badillo Valseca, Hugo Sergio Palacios Laguna, María Guadalupe Salinas Águila, Miguel Gómez Guerrero, María del Carmen Bolado del Real y Arturo Fuentes Benavidez."
Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Muchas gracias, señora secretaria, muchas gracias, señor Presidente.
Yo quisiera, al entregar a la Secretaría esta iniciativa, la entrego en Navidad, lleno de esperanza, la esperanza de que esta iniciativa merezca la atención diligente de los miembros, me consta la capacidad de los miembros de las dos comisiones, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Hacienda.
Yo sinceramente espero que no nos pase con esta iniciativa como nos pasó con otras, la de educación, la del campo, la de las relaciones Iglesia - Estado. Acción Nacional abrió brecha, ondearon sus banderas y se tardaron mucho tiempo en llegar esas banderas al pedestal de la patria.
Tuvimos una experiencia positiva, actualizamos la reforma al artículo 3o., en el período ordinario de sesiones pasado. Nos dio gusto que el Ejecutivo que originalmente había pensado enviar una iniciativa incluyendo sólo la educación básica, hubiere tomado un buen número de nuestros conceptos, como fue el derecho de los mexicanos a ser educados, el derecho de amparo de las instituciones educativas, como fue la educación preescolar.
Ahora esperamos que esa diligencia mostrada en la reforma del artículo 3o., se muestre en esta bandera que iza en este momento Acción Nacional: el Federalismo Tributario, para fortalecer nuestro verdadero federalismo.
Dejo a la consideración de ustedes y en particular de las dos comisiones referidas, esta iniciativa en nombre de mi partido, y aprovecho la oportunidad, señoras y señores diputados, para desearles muy Feliz Navidad. Muchas gracias. (Aplausos).)
El Presidente: - Esta Presidencia ratifica: el turno, a las comisiones unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DEL SERVICIO PUBLICO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente. Es de primera lectura.
Comisión de Energéticos.
Honorable Asamblea: La Cámara de Senadores remitió a esta honorable Cámara de Diputados la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que fue turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen lo que a continuación presentamos con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56 y 64 de su Reglamento, permitiéndonos en consecuencia someter a su consideración el siguiente
DICTAMEN
ANTECEDENTES
I. El ciudadano Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos envió a la honorable Cámara de Senadores la iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Conforme al acuerdo parlamentario suscrito por los representantes de diversos partidos políticos que integran el Congreso de la Unión, se convocó a conferencia para que una Comisión de Diputados y Senadores cambiaran impresiones sobre el contenido, el propósito y los alcances de la iniciativa mencionada, la que se instaló el 30 de noviembre último. El 2 del actual se efectuó una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ingeniero Fernando Hiriart Balderrama y con el director de la Comisión Federal de Electricidad ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos en que los miembros de las comisiones mencionadas dialogamos ampliamente para conocer sus puntos de vista sobre el contenido y alcances de la iniciativa.
Además de la comparecencia y de las reuniones de la conferencia realizadas, el Senado escuchó propuestas de las dos organizaciones sindicales que agrupan trabajadores del sector eléctrico nacional, así como a representantes y usuarios industriales del servicio eléctrico, coaligados a la Confederación de cámaras industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El 4 de diciembre se llevó a cabo en el seno de la Comisión que dictamina una reunión en la que se escucharon planteamientos de técnicos y profesionales expertos en la materia presentados por distintos grupos de interés, así como funcionarios de la Secretaría de Energía, Minas e industria Paraestatal y de la Comisión Federal de Electricidad, que aportaron amplia información sobre aspectos fundamentales de la iniciativa y de la operación del servicio público de energía eléctrica.
Al recibirse el 9 del actual la minuta aprobada por el Senado, se turnó a esta Comisión la que en reunión llevada a cabo el 10 de diciembre dio cuenta de ella acordando integrar un grupo plural para la elaboración del presente dictamen.
CONSIDERACIONES
I. La iniciativa destaca que la industria eléctrica es un favor fundamental para el desarrollo del país, y que "el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la exclusividad de la Nación en la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público y prohibe en esta materia el otorgamiento de concesiones a los particulares".
II. El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, destaca el lugar relevante que ocupa el abasto oportuno y eficiente de energía eléctrica, lo que constituye una condición necesaria para alcanzar las metas de crecimiento previstas, por lo que el Programa de Modernización Energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1990 busca garantizar la autosuficiencia energética, para lo cuál establece entre sus necesidades el financiamiento del desarrollo y expansión de la oferta, así como la diversificación de las fuentes de energía.
III. La Comisión ha sido informada de las actividades realizadas por el sector en cumplimiento de ese programa en el que se busca canalizar los recursos necesarios para asegurar su expansión y el reconocimiento de que otros agentes de la sociedad participen en las áreas no reservadas en forma exclusiva a la Nación, procurándose así recursos necesarios para financiar la construcción y fortalecer la realización de proyectos de cogeneración para el autoabastecimiento de energía eléctrica, previo permiso, destinada a la satisfacción de las necesidades propias de los usuarios. Estas serán de singular importancia en razón de que permitirán la electrificación de comunidades aisladas cuyo equipamiento eléctrico implica, elevadas erogaciones que las comunidades no pueden soportar y aún en algunos casos graves daños ecológicos.
IV. Es claro que la iniciativa tiene el propósito de acotar, precisando su delimitación, los casos en los que pueden otorgarse permisos a los particulares de participar en la generación de la energía eléctrica por no estar reservada en exclusiva a la nación al no ser servicio público.
V. Debe destacarse que desde el año de 1983 la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 3o. estableció la posibilidad, previo permiso otorgando por la autoridad, de aprovechar la energía total disponible, así como la utilización eficiente de la energía secundaria para la producción de energía eléctrica como subproducto, que se conoce como cogeneración. Igualmente se reafirmó la posibilidad de autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas
físicas o morales individualmente consideradas, poniendo a disposición de la Comisión Federal de Electricidad los excedentes que resultaren en ambos casos.
VI. En la iniciativa que se analiza se propone incluir las figuras de producción independiente de energía eléctrica y la pequeña producción; así como redefinir las figuras de autoabastecimiento y la cogeneración a fin de precisar aún mas su delimitación.
VII. Además del objetivo primordial antes dicho se proponen adecuaciones a la Ley para precisar los casos y condiciones en los que puede permitirse la importación y la exportación de energía que no constituya servicio público, así como para regular la celebración de los convenios entre los particulares y la Comisión Federal de Electricidad para la compra total o parcial de los excedentes de energía producidos por los titulares de los diferentes permisos a que antes se hizo referencia.
VIII. Debe destacarse que los actos de generación y aprovechamiento de energía eléctrica de los particulares, de todas suertes, deben quedar sujetos a permisos en los que se establezcan con claridad las limitaciones de la actividad y se asegure plenamente la rectoría del Estado en esta materia, así como el control y operación del servicio público.
IX. Dados los requerimientos técnicos que debe satisfacerse resulta de particular importancia que la energía eléctrica conforme se establece en la iniciativa quede sometida a las directivas que en todo tiempo marque el Centro Nacional de Control de Energía y que las obras e instalaciones correspondientes cumplan en todo tiempo con las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas dictadas conforme a la Ley de Metrología y Normalización recientemente aprobada por esta Legislatura.
X. Como consecuencia del amplio cambio de impresiones realizado en los trabajos de conferencia antes mencionados, la Comisión Dictaminadora del Senado de la República propuso varias modificaciones a la iniciativa para adecuar su texto a los objetivos que la motivaron precisando características de las figuras de cogenaración, producción independiente y pequeña producción.
XI. El financiamiento del desarrollo energético ha sido y seguirá siendo una de las limitantes para satisfacer los requerimientos de electrificación. Se ha acudido a los organismos financieros internacionales a los que México pertenece, así como a otros financiamientos internos y externos. Es indudable que cuando existen disponibilidades de recursos privados para satisfacer necesidades que no constituyen servicio público ya sea para autoabastecerse o para poner a disposición de la Comisión Federal de Electricidad mayores cantidades de energía eléctrica o destinar sus propios recursos para que ésta pueda ampliar el servicio público, se actúa en sentido positivo a los intereses del país siempre y cuando éstos recursos queden sometidos al control de la Nación conforme al Plan Nacional de Desarrollo.
XII. De todo lo anterior se desprende que el objeto fundamental de la iniciativa que se comenta es el de precisar la participación de los particulares en la generación de energía para usos privados, y puntualizar la aplicación irrestricta del mandamiento constitucional en la facultad de Estado de prestar el servicio público de energía eléctrica. Es además favorable para aumentar la disponibilidad de ésta y de hacerla llegar a muchas pequeñas comunidades en el país que hasta ahora carecen del servicio. La iniciativa fortalece al mismo tiempo la rectoría del Estado que conserva en la materia, el control exclusivo de la prestación del servicio público, conforme al Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico; hace que se apegue a la operación del Centro de Control de Energía y que se adecúen todas las instalaciones y equipos a lo que dispone la Ley de Metropología y Normalización, lo que constituye un conjunto de medidas favorables para el desarrollo del país.
XIII. Es pertinente mencionar que se escucharon preocupaciones y opiniones desfavorables por considerar que la Iniciativa pudiera contravenir la exclusividad de la Nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Al repasar tanto la legislación mexicana como la doctrina y con base en la interpretación auténtica de los antecedentes legislativos así como en base en la jurisprudencia sustentamos que la misma se apega en su letra y espíritu a la norma fundamental, por lo que ésta Comisión dictamina ser procedente la Iniciativa, con las modificaciones aprobadas por el Senado, por lo que se permite someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., 9o., fracción III; 10, primer párrafo; 27, fracciones
II y III; 28; 29; 31, primer párrafo; 36; 37; 38; 39; 40, primer párrafo y fracciones V y VI; 42; 44; 45; y 46; se adicionan los artículos 13, fracción VII, con un inciso h); 26, con las fracciones V y VI y un párrafo; y 36 - bis; y se derogan el último párrafo del artículo 27 y el penúltimo párrafo del artículo 40, todos los de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. No se considera servicio público.
I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;
II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
III. La generación de energía eléctrica para la exportación, deriva de congeneración, producción independiente y pequeña producción;
IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente a abastecimiento para usos propios; y
V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica."
"Artículo 9o......................
I y II..........................
III. Exportar energía eléctrica y, en forma exclusiva, importarla para la prestación del servicio público.
IV a IX........................."
"Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una Junta de Gobierno, integrada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidirá. También formarán parte de la Junta de Gobierno, el director general de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad.
............................."
"Artículo 13......................
I a VII........................
a) a g)........................
h) No habrá aportaciones a cargo del solicitante cuando éste convenga con la Comisión Federal de Electricidad que la construcción de la línea sea a cargo de él mismo, de acuerdo con las especificaciones y normas respectivas; o cuando dicha entidad se beneficie sustancialmente por las obras a cargo del solicitante. Podrá convenirse, cuando proceda el reembolso, la compensación con energía eléctrica."
"Artículo 26......................
I a IV.........................
V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y
VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.
En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren a las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo."
"Artículo 27......................
I............................
II. Por la realización de trabajos de mantenimiento, reparaciones normales, ampliación o modificación de sus instalaciones. En estos casos, deberá mediar aviso previo a los usuarios a través de un medio de difusión masiva, o notificación individual tratándose de usuarios industriales servidos en alta tensión con más de 1000 km contratados o prestadores de servicios públicos que requieran de la energía eléctrica como insumo indispensable para prestarlos, en cualquiera de los casos con un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de los trabajos respectivos; y
III. Por defectos en las instalaciones del usuario negligencia o culpa del mismo.
Ultimo párrafo. (Se deroga)."
"Artículo 28. Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica, mismas que deberán
satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas.
Cuando se trate de instalaciones eléctrica para servicio en alta tensión, y de suministros en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo."
"Artículo 29. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas."
"Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.
............................"
"Artículo 36. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de congeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso:
I. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente:
a) Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central eléctrica, tendrá el carácter de copropietarios de la misma o constituirán al efecto de una sociedad cuyo objeto sea la generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesidades de autoabastecimiento de sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléctrica a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto original que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice la cesión de derechos o la modificación de dichos planes; y
b) Que el solicitante ponga a disposición de la Comisión Federal de Electricidad sus excedentes de producción de energía eléctrica, en los términos del artículo 36 - bis.
II. De cogeneración, para generar energía eléctrica producida conjuntamente con vapor y otro tipo de energía térmica secundaria, o ambos; cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de energía eléctrica o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para la generación directa o indirecta de energía eléctrica y siempre que, en cualesquiera de los casos:
a) La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos asociados a la cogeneración, siempre que se incrementen las eficiencias energéticas y económica de todo el proceso y que la primera sea mayor que la obtenida en plantas de generación convencionales. El permisionario puede no ser el operador de los procesos que den lugar a la cogeneración.
b) El solicitante se obligue a poner sus excedentes de producción de energía eléctrica a la disposición de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos del artículo 36 bis.
III. De producción independiente para generar energía eléctrica destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad, quedando ésta legalmente obligada a adquirirla en los términos y condiciones económicas que se convengan. Estos permisos podrán ser otorgados cuando se satisfagan los siguientes requisitos:
a) Que los solicitantes sean personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación aplicable;
b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas respectivos de la Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía,
Minas e Industria Paraestatal, conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 3o., podrá otorgar permiso respecto de proyecto no incluidos en dicha planeación y programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales proyectos haya sido comprometida para su exportación; y
c) Que los solicitantes se obliguen a vender su producción de energía eléctrica exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, mediante convenios a largo plazo, en los términos del artículo 36 - bis o, previo permiso de la Secretaría en los términos de esta Ley, a exportar total o parcialmente dicha producción.
IV. De pequeña producción de energía eléctrica, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:
a) Que los solicitantes sean personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable;
b) Que los solicitantes destinen la totalidad de la energía para su venta a la Comisión Federal de Electricidad. En este caso, la capacidad total del proyecto, en un área determinada por la Secretaría, no podrá exceder de 30 MW; y
c) Alternativamente a lo indicado en el inciso b) y como una modalidad del autoabastecimiento a que se refiere la fracción I, que los solicitantes destinen el total de la producción de energía eléctrica a pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan de la misma y que la utilicen para su autoconsumo, siempre que los interesados constituyan cooperativas de consumo, copropiedados, asociaciones o sociedades civiles, o celebren convenios de cooperación solidaria para dicho propósito y que los proyectos en tales casos, no excedan de 1MW;
V. De importación o exportación de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 3o. de esta Ley.
En el otorgamiento de los permisos a que se refiere este artículo, deberá observarse lo siguiente:
1) El ejercicio autorizado de las actividades a que se refiere este artículo podrá incluir la conducción, la transformación y la entrega de la energía eléctrica de que se trate, según las particularidades de cada caso;
2) El uso temporal de la red del sistema eléctrico nacional por parte de los permisionarios, solamente podrá efectuarse previo convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, cuando ello no ponga en riesgo la prestación del servicio público ni se afecten derechos de terceros. En dichos convenios deberá estipularse la contraprestación en favor de dicha entidad y a cargo de los permisionarios.
3) La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá otorgar permiso para cada una de las actividades o para ejercer varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, cuidando en todo caso el interés, general y la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio público;
4) Los titulares de los permisos no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos expresamente por esta Ley; y
5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones establecidos en los permisos respectivos."
"Artículo 36 - bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:
I. Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la capacidad de generación del sistema;
II. Cuando dicha planeación requiera la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad informará de las características de los proyectos a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Con base en criterios comparativos de costos, dicha dependencia determinará si la instalación será ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad o si se debe convocar a particulares para suministrar la energía eléctrica necesaria;
III. Para la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público, deberá considerarse la que generen los particulares bajo cualesquiera de las modalidades reconocidas en el artículo 36 de esta Ley;
IV. Los términos y condiciones de los convenios por los que, en su caso, la Comisión Federal de Electricidad adquiera la energía eléctrica de los particulares, se ajustarán a lo que disponga el Reglamento, considerando la firmeza de las entregas; y
V. Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o autorizadas previamente por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal."
"Artículo 37. Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley.
Los titulares de dichos permisos quedan obligados, en su caso, a:
a) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, la energía eléctrica disponible para el servicio público, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el servicio público se interrumpa o restrinja, y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o restricción. Para estos casos, habrá una contraprestación a favor del titular del permiso.
b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, relativas a las obras e instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36; y
c) La entrega de energía eléctrica a la red de servicio público, se sujetará a las reglas de despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional que establezca la Comisión Federal de Electricidad."
"Artículo 38. Los permisos a que se refieren las fracciones I, II, IV y V del artículo 36 tendrán duración indefinida mientras se cumplan las disposiciones legales aplicables y los términos en los que hubieran sido expedidos. Los permisos a que se refiere la fracción III del propio artículo 36 tendrán una duración de hasta 30 años, y podrán ser renovados a su término, siempre que su cumpla con las disposiciones legales vigentes."
"Artículo 39. Salvo lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezcan la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad."
"Artículo 40. Se sancionará administrativamente con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, en los casos a que se refieren las fracciones I a IV. Cuando se trate de las infracciones previstas en las fracciones V y VI, la multa será de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por cada KW de capacidad de la planta de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente o de pequeña producción o por cada KW vendido o consumido. En el caso de la fracción VII la multa será de cincuenta a cien veces el importe de dicho salario mínimo.
I a IV.........................
V. A quien venda, revenda o, por cualquier otro acto jurídico, enajene capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos permitidos expresamente por esta Ley;
VI. A quien establezca plantas de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente o de pequeña producción o quien exporte o importe energía eléctrica sin los permisos a que se refiere el artículo 36 de esta Ley; y
VII...........................
Penúltimo párrafo (se deroga)
"Artículo 42. La imposición de las sanciones a que se refieren los artículos 40 y 41, no libera al usuario de la obligación de pagar la energía eléctrica consumida indebidamente, más un cargo por concepto de indemnización calculado
a una tasa equivalente al importe mensual que se establezca para recargos en las disposiciones fiscales aplicables por cada mes o fracción de antigüedad del adeudo, en favor del suministrador".
"Artículo 44. La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones es de la competencia del Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Hacienda y Crédito Público, en los términos de esta propia Ley".
"Artículo 45. En todos los actos, convenios y contrato en que intervenga la Comisión Federal de Electricidad, serán aplicables las leyes federales conducentes, y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la Federación, quedando exceptuada de otorgar las garantías de los ordenamientos legales exijan a las partes, aún en los casos de controversias judiciales."
"Artículo 46. La Comisión Federal de Electricidad estará obligada al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica.
El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la tasa de rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Contra el aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio eléctrico.
El entero del aprovechamiento a que se refiere este precepto se efectuará en cuartas partes en los meses de abril, julio y octubre y enero del año siguiente.
Los montos que se deriven del pago del aprovechamiento mencionados se destinarán para complementar las aportaciones patrimoniales que efectúa el Gobierno Federal a la Comisión Federal de Electricidad para inversión en nuevas obras de infraestructura eléctrica hasta el monto asignado para tal efecto, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y se aplicarán de acuerdo con los preceptos y lineamientos autorizados."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se oponen al presente decreto. En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicarán, en lo que no se opongan a la misma, las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Para una mayor atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en materia de regulación de energía, el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de una Comisión Reguladora, como órgano desconcentrado de la citada dependencia, con facultades específicas para resolver las diversas cuestiones que origine la aplicación de esta Ley o la de otros ordenamientos relacionados con los aspectos energéticos de todo el territorio nacional. Al crearse dicho órgano se establecerán, con arreglo a esta disposición, su estructura, organización y funciones, así como la participación de otras dependencias involucradas, para el adecuado cumplimiento de sus fines.
Palacio Legislativo, a 15 de diciembre de 1992.»
LEY DE TURISMO
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Turismo.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Turismo.
Honorable Asamblea: A la Comisión de turismo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta Proyecto
de Ley Federal de Turismo, aprobada por la Cámara de Senadores.
Esta Comisión, en apego a los artículos 56, 64 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 57, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis del expediente, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
En sesión de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 9 de diciembre, la mesa directiva, de conformidad con el Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Turismo".
En atención al acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los diversos grupos partidistas que integran la LV Legislatura, con fundamento en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno General de los Estados Unidos Mexicanos, se efectuaron trabajos de conferencia con representantes de la honorable Cámara de Senadores, el día 25 de noviembre de 1992, fecha en que se iniciaron las labores de intercambio de puntos de vista entre senadores y diputados de las diversas fracciones parlamentarias, con respecto a la iniciativa de la Ley Federal de Turismo, expresando opiniones muy variadas y serias reflexiones.
A instancias de esta Comisión de Turismo, se difundió la iniciativa entre los principales organismos cúpulas de los sectores privado, social y educativo relacionado directamente con el turismo.
Esta Comisión analizó las propuestas de modificación presentadas, tanto por las fracciones parlamentarias que la integran, así como las observaciones hechas por los citados organismos cupulares, mismas que fueron estudiadas y concensadas, determinando enviar a la honorable Cámara de Senadores, 38 observaciones, de las cuáles 17 fueron incluidas en el texto final del proyecto de Ley Federal de Turismo. Dichas modificaciones son las siguientes:
a)En el artículo 2o. se propone identificar diversos objetos de la Ley, mediante el uso de verbos que impliquen una acción más definida de la Secretaría de Turismo. Así, en vez de procurar la coordinación con las entidades federativas y los municipios, se le señala el cometido de establecerla; se señala que determinará y no sólo establecerá los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales; se especifica que compete mejorar y no sólo fomentar la calidad de los servicios turísticos, y precisa que no sólo promoverá, sino que fomentará el turismo social y fortalecerá el patrimonio histórico y cultural de cada región del país .
b) En materia de prestadores de servicios turísticos, se proponen dos adecuaciones al texto del artículo 4o.; la primera consiste en expresar que los guías de turistas podrán ser de diversa índole y que su clasificación corresponde a las disposiciones reglamentarias; en la segunda, se establece la posibilidad de que puedan ser considerados como prestadores de servicios turísticos, los restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que no se encuentren en hoteles, moteles, albergues, campamentos, paraderos de casas rodantes que presten servicios a turistas, aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarriles, museos y zonas arqueológicas, siempre que soliciten su inscripción en el Registro Nacional de Turismo y cumplan con los requisitos que fije la Secretaría de Disposiciones Generales.
c) En el artículo 7o. relativo a la integración de la Comisión Ejecutiva de Turismo, se afirmó la participación de las principales organizaciones sectoriales del turismo, al fijar su incorporación más allá de una decisión discrecional de la autoridad y hacerla obligatoria, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias.
D) Se consideró pertinente señalar el concepto de turismo social en el ordenamiento, mediante la adición de un párrafo, que sería el primero, al artículo 9o., del mismo que refiere:
"El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad".
De manera congruente con la proposición ya señalada en materia del objeto de la Ley para el Turismo Social, se precisa que es "Las dependencias y entidades de la administración pública Federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos... para el desarrollo ordenado del turismo social".
e) En el artículo 10 señala que para la promoción de sitios con potencial turístico, la acción de la Secretaría de Turismo y de las demás
dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, tenderá a mejorar la atención y desarrollo de aquellos lugares en que por medio de la industria turística, exista la posibilidad de elevar el nivel económico de vida.
f) En el artículo 11 se retomó una enunciación de la Ley en vigor, a fin de especificar que el Turismo Social atiende el beneficio de "los grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, burocráticos, magistrales, de estudiantes, de trabajadores no asalariados y otros similares".
g) Se precisa en el texto del artículo 12, que el turismo social no es ámbito exclusivo de competencia para los sectores público y privado, sino también del sector social.
h) En el artículo 13, relativo a la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario, se incorporó la figura del centro dedicado al turismo social.
i) Para dar una mayor claridad a su contenido, se propone una redacción diversa para el último párrafo del artículo 17, a fin de indicar que:
"La Secretaría y el gobierno de cada entidad federativa promoverán conjuntamente la creación de un Consejo Consultivo Turístico, con la participación de los sectores social y privado de la localidad, involucrados en la actividad turística".
j) En el artículo 22 se incluyó el concepto de "actividades" entre las acciones de fomento a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.
k) En el artículo 26 se reitera la denominación de Fonatur como el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
l) Por lo que hace el artículo 28, en el que se mencionan las funciones de Fonatur, se precisó la redacción de su fracción XVI.
m) Para conservar en la Ley que se propone la disposición del ordenamiento en vigor, se considera prudente agregar un segundo párrafo del texto del artículo 32, mismo que señala:
"En la presentación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, credo político religioso, nacionalidad o condición social".
n) En el caso de denuncias de los turistas residentes en el extranjero ante la Procuraduría Federal al Consumidor por incumplimiento del prestador del servicio turístico, se modifica el segundo párrafo del artículo 40 del proyecto de Ley, a fin de precisar que sus denuncias se podrán presentar directamente en México o desde el extranjero mediante su envió por correo certificado.
ñ) En el artículo 42 se dispuso la coordinación que es menester entre la Secretaría de Turismo y la Procuraduría Federal del Consumidor en materia de programas de verificación, a fin de evitar duplicaciones.
o) En el capítulo de sanciones, se precisa que el salario mínimo a que se refieren los artículos 48, 49, 50 y 51, es el salario mínimo diario.
p) Por otro lado, en el artículo 53 se especificó que para la determinación de las sanciones, la Secretaría de Turismo atenderá como criterio singular el de la gravedad de la infracción.
q) Por razones de precisión jurídica, se modifica el artículo segundo transitorio, a efecto de señalar que la Ley de materia en vigor y sus reglamentos se abrogan.
r) A su vez, para otorgar a su texto el contenido técnico- jurídico que se desprende del artículo 14 constitucional en materia de irretroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, se propone una nueva redacción para el artículo tercero transitorio:
"Tercero. Los asuntos y procedimientos que se encuentren en trámite, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán desahogándose conforme a las disposiciones de la Ley que se aboga, a menos que el interesado solicite expresamente la aplicación del nuevo ordenamiento".
"En caso de infracciones cometidas durante la vigencia de la Ley que se abroga, se aplicarán las disposiciones más favorables al infractor".
Asimismo, se celebran diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Turismo a efecto de conocer con mayor profundidad las razones que motivan a algunos de los artículos de la iniciativa.
Con base a los trabajadores realizados, los miembros de la Comisión que suscriben se permiten presentar el siguiente dictamen bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Fundamento Constitucional
Actualmente concebimos al turismo como un fenómeno social, consistente en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos que por motivos de recreación, descanso cultural y salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejercen alguna actividad lucrativa ni remunerada, generándose con su desplazamiento múltiples relaciones de carácter económico.
Conforme al artículo 25 constitucional, "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar... que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales". Al efecto, "el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará acabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general", con la concurrencia y responsabilidad de los sectores público, social y privado.
Por su parte, en el artículo 26 de la Carta Magna se establecen los principios del sistema de planeación democrática del desarrollo, cuya organización es responsabilidad del Estado.
Como expresión de las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de rectoría del Estado, en materia de desarrollo nacional y su planeación, la fracción XXIX- E del Artículo 73 constitucional, señala como atribución del Poder Legislativo Federal, la expedición de "leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios".
Actualmente, el turismo constituye una actividad económica de particular relevancia para el desarrollo nacional, tanto en el ámbito de generación de empleos como en el campo de la atracción de divisas. Por ello, se trata de una actividad comprendida no soló por las inherentes a la rectoría económica del Estado, sino incluso por el sistema de planeación democrática del desarrollo.
Así pues, la reglamentación legislativa del turismo se enmarca dentro de las atribuciones del Congreso General para legislar en materia de "programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico... que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de... servicios, social y nacionalmente necesarios".
II. Características de la Ley
En la minuta que contiene el proyecto de la Ley Federal de turismo, se recogen y reiteran los aciertos de la Ley vigente, mismos que ha sido factores importantes para dar a conocer nuestras bellezas naturales, los lugares históricos y arqueológicos del país, así como las variadas expresiones de la rica cultura nacional, tanto a nacionales como a extranjeros, el ingreso de divisas, la apertura de fuentes de trabajo la ampliación de los horizontes culturales del pueblo mexicano.
Contempla además, el apoyo para la descentralización involucrando a las localidades y a los prestadores de servicios en la toma de decisiones que afecten al sector turismo.
Enfatiza la importancia de fortalecer la coordinación del sector entre las dependencias afines de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios.
Asimismo, desregula la actividad turística, promoviendo la inversión que coadyuvará al desarrollo económico nacional y al equilibrio regional, permitiendo una mayor generación de empleos y captación de divisas.
Tiende a evitar la duplicidad de trámites que realizan los prestadores de servicios de transportes en todas sus ramas y de las arrendadoras de automóviles, entendiéndose que esta actividad es regulada por el sector de comunicaciones y transportes.
En cuanto a la promoción turística, establece las bases para la suscripción de convenios que permitirán la participación y aportación económica de la Federación, estados y municipios, así como de la iniciativa privada.
Fortalece el turismo social, previendo la participación de las principales organizaciones involucradas en el esparcimiento de las personas de recursos limitados, con el fin de que hagan realidad su derecho al descanso, al esparcimiento y al conocimiento de su país, objetivo que contribuye a una mayor integración nacional.
Al proponerse la creación de una Comisión Ejecutiva de Turismo, se pretende alcanzar niveles
de eficiencia y eficacia en su funcionamiento, respondiendo de esta manera a las necesidades planteadas por los empresarios , ya que los hace copartícepes y corresponsables en la toma de decisiones que afectan al turismo.
Se prevé la elaboración del Catálogo Nacional Turístico, como un medio de orientación para el turista y de promoción para los prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, es optativo, significando una medida desregulatoria.
En síntesis, el proyecto de Ley Federal de Turismo turnado a esta Cámara, constituye un instrumento adecuado para la promoción, fomento y conducción de la actividad turística en forma pertinente para optimizar sus efectos sobre el desarrollo social y económico de México. Combina acertadamente fórmulas de protección al turista y al turismo, con medidas normativas simplificadoras, que no constituyen trámites ni desaliento el creciente impulso que presenta el turismo en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, y con las facultades mencionadas con antelación, la Comisión que suscribe, se permite proponer a la consideración y aprobación de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE LEY FEDERAL DE TURISMO
TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente Ley es de interés público y observancia general en toda la República, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo, al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo.
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
I. Programar la actividad turística;
II. Elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes en la entidades federativas y municipios con afluencia turística;
III. Establecer la coordinación con las entidades federativas y municipios, para la aplicación y cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
IV. Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social de los lugares de que se trate;
V. Orientar y auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros;
VI. Optimizar la calidad de los servicios turísticos;
VII. Fomentar la inversión en esta materia, de capitales nacionales y extranjeros;
VIII. Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley; y
IX. Promover el turismo social, así como fortalecer el patrimonio histórico y cultural de cada región del país.
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
- Secretaría: La Secretaría de Turismo.
- Prestador del servicio turístico: La persona física o moral que habitualmente proporcione, intermedie o contrate con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley.
- Turista: La persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población.
Artículo 4o. Se consideran servicios turísticos, los prestados a través de:
I. Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a turistas;
II. Agencias, subagencias y operadoras de viajes;
III. Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación previa en las disposiciones reglamentarias;
IV. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que se encuentren ubicados en hoteles, moteles, albergues, campamentos, paraderos de casas rodantes a que se refiere la fracción I de este artículo, así como en aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas; y
V. Empresas de sistemas de intercambio de servicio turísticos.
Los prestadores de servicios a que se refiere la fracción IV que no se encuentren ubicados en los lugares señalados, podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, siempre que cumplan con los requisitos que la Secretará fije por medio de disposiciones generales.
Artículo 5o. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán apoyar a la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones.
La Secretaría hará del conocimiento del Ejecutivo Federal, las acciones que realicen las dependencias o entidades de la administración pública federal, que desincentiven o entorpezcan la inversión, la prestación de servicios turísticos o afecten la demanda de los mismos.
Artículo 6o. La Comisión Ejecutiva de Turismo tendrá por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal; así como fungir como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno poner a su consideración.
Artículo 7o. La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría y estará integrada por los subsecretarios que designen los titulares de las dependencias y sus equivalentes en las entidades de la administración pública federal, en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, participarán las principales organizaciones sectoriales de turismo, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.
Podrán ser invitadas las universidades, instituciones y demás entidades públicas, privadas y sociales, federales o locales que se determine, asociaciones y demás personas relacionadas con el turismo.
TITULO SEGUNDO
De la planeación de la actividad turística
CAPITULO I
Del programa sectorial turístico
Artículo 8o. La Secretaría elaborará el programa sectorial turístico, que se sujetará a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que normarán al sector.
CAPITULO II
Turismo social
Artículo 9o. El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.
Las dependencias y las entidades de las administración pública federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos estatales y municipales, y concertarán e inducirán la acción social y privada, para el desarrollo ordenado del turismo social.
La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional del Deporte y de las demás entidades que tengan objetivos similares, elaboraran y ejecutarán programas tendientes a fomentar el turismo nacional, incentivar la inversión y facilitar la recreación de los miembros del sector social.
Artículo 10. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la cosntitución y operación de empresas de miembros del sector social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos accesibles a la población. Asimismo promoverá la conjunción de esfuerzos para mejorar la atención y desarrollo de aquellos lugares en que se pueda ser susceptible elevar su nivel económico de vida, mediante la industria turística.
Artículo 11. La Secretaría, con el concurso de las dependencias y entidades mencionadas en el artículo 9o., promoverán la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos por medio de los cuales se determinen precios y condiciones adecuados, así como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, en beneficios de los grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, burocráticos, magistrales, de estudiantes, de trabajadores no asalariados y otros similares.
Artículo 12. Las instituciones, dependencias y entidades del sector público promoverán entre sus trabajadores el turismo social, en
coordinación con los integrantes de las dependencias y entidades a que se refiere este capítulo.
Además recomendarán y procurarán que los sectores social y privado participen en programa que hagan posible el turismo de sus trabajadores en temporadas y condiciones convenientes.
CAPITULO III
Zonas de desarrollo turístico prioritario
Artículo 13. La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, formulará las declaratorias de zonas de desarrollo turístico prioritario a efecto de que las autoridades competentes expidan, conforme a los planes locales de desarrollo urbano, las declaratorias de uso del suelo turístico, para crear o ampliar centros de desarrollo turístico prioritario, así como para la creación de centros dedicados al turismo social, en los términos de las leyes respectivas.
Artículo 14. Podrán ser consideradas como zonas de desarrollo turístico prioritario aquéllas, que, a juicio de la Secretaría, por sus características naturales, histórico- monumentales o culturales, constituyen un atractivo turístico.
Artículo 15. La Secretaría fomentará la creación de empresas turísticas que realicen inversiones en las zonas de desarrollo turístico prioritario.
Artículo 16. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal que corresponda, así como con gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con los sectores social y privado, impulsará la dotación de la infraestructura que requieran las zonas de desarrollo turístico prioritario.
TITULO TERCERO
De la descentralización de funciones
CAPITULO ÚNICO
Órganos estatales y municipales de turismo
Artículo 17. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación en los que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, asuman funciones operativas para:
I. Elaborar y ejecutar programas de desarrollo turístico local acordes con el programa sectorial turístico del Gobierno Federal;
II. Crear los medio de apoyo y fomento a la inversión en materia turística en la entidad federativa o municipio de que se trate;
III. Promover y coordinar las obras y servicios públicos necesarios para la adecuada atención al turista y al propio desarrollo urbano turístico de la comunidad; y
IV. En general, promover la planeación programación, fomento y desarrollo del turismo en forma armónica, y la observancia de las disposiciones emanadas de la presente Ley.
Para tales efectos, la Secretaría promoverá que en cada entidad federativa, en los términos de su propia legislación, se cree un órgano dentro de su estructura administrativa, que se encargue del despacho de las funciones operativas asumidas, en la forma y términos que se mencionan en el presente capítulo.
En el supuesto de municipios turísticos, se procurará también la integración de un órgano municipal de turismo, con funciones coordinadas con las del órgano estatal.
La Secretaría y el gobierno de cada entidad federativa promoverán conjuntamente la creación de un consejo consultivo turístico, con la participación de los sectores social y privado de la localidad, involucrados en la actividad turística.
Artículo 18. Las dependencias y órganos estatales o municipales de turismo conocerán del despacho y atención de los asuntos que se contengan en los acuerdos de coordinación que al efecto se celebran en los términos y condiciones establecidos.
Los acuerdos mencionados en el presente artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la entidad federativa.
TITULO CUARTO
De la promoción y fomento de turismo
CAPITULO I
Programas de publicidad y promoción
Artículo 19. La Secretaría difundirá los atractivos nacionales a través de los medios de comunicación y promoción y del material idóneo.
Artículo 20. La Secretaría podrá suscribir convenios que tengan por objeto la instrumentación de programas conjuntos de publicidad, con prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros interesados en incrementar el flujo de turistas al país.
Artículo 21. La Secretaría promoverá con los gobiernos estatales y municipales y con el del Distrito Federal, así como con prestadores de servicios turísticos de las distintas regiones del país, su participación directa en la instrumentación de campañas de publicidad que promueven los atractivos turísticos de dichas regiones.
Articulo 22. La Secretaría, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal y a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, fomentará todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan los atractivos y servicios del país.
Artículo 23. La Secretaría, con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y de los sectores social y privado, elaborará el catálogo nacional turístico que contendrá una relación de los servicios y prestadores de servicios turísticos registrados ante la Secretaría, así como de los bienes y recursos naturales, organismos y facilidades que constituyan, o puedan constituir factores para el desarrollo turístico.
CAPITULO II
Cooperación turística internacional y oficinas de representación en el extranjero
Artículo 24. La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos de la legislación aplicable, podrá celebrar acuerdos de cooperación turística con órganos gubernamentales extranjeros y organizaciones internacionales, a fin de proteger, mejorar, incrementar y promover los atractivos y servicios turísticos, así como alentar las corrientes turísticas del exterior a nuestro país.
Artículo 25. Las representaciones de turismo en el extranjero serán los órganos que, en coordinación con las representaciones públicas o privadas del país en el extranjero, promoverán la imagen de México como destino turístico, distribuirán la información y publicidad turística, coordinarán la realización de las tareas de promoción en el extranjero y ejercerán las demás funciones que les delegue el titular del ramo.
La ubicación, circunscripción y definición de funciones de las representaciones, serán establecidas por acuerdo del titular de la Secretaría y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Los representantes de turismo en el extranjero, mientras permanezcan en sus funciones, estarán asimilados al servicios exterior en los términos de la legislación de la materia.
CAPITULO III
Fondo nacional de fomento al turismo
Artículo 26. El fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), participará en la programación, fomento y desarrollo del turismo, de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley, la Ley de Planeación y las normas, prioridades y políticas que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría.
Artículo 27. El patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se integrará con:
I. Las aportaciones que efectué el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, las entidades paraestatales, y los particulares;
II. Los créditos que obtenga de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales;
III. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; y
IV. Los demás recursos que obtengan por cualquier otro concepto.
Artículo 28. El fondo tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos;
II. Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de identificarse los diseños urbanos y arquitectónicos de la zona, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región;
III. Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo
de proyectos turísticos, así como la prestación de servicios;
IV. Ejecutar obras de infraesctructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan una oferta masiva de servicios turísticos;
V. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuya al fomento del turismo;
VI. Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquier que sea su naturaleza jurídica;
VII. Realizar la promoción y publicidad de sus actividades y las del turismo en general;
VIII. Adquirir valores emitidos para el fomento al turismo, por instituciones del sistema financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;
IX. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiere para lograr su objeto, otorgado las garantías necesarias;
X. Operar con los valores derivados de su cartera;
XI. Otorgar todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas, que contribuyan al fomento de la actividad turística;
XII. Descontar títulos provenientes de créditos otorgados por actividades relacionados con el turismo;
XIII. Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas;
XIV. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o valores que se emitan con intervención de instituciones del sistema financiero, con el propósito de destinar al fomento del turismo, los recursos que de ellos se obtengan:
XV. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados; y
XVI. En general, todas aquellas acciones que faciliten la realización de su objeto.
Artículo 29. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por representantes de cada una de las siguientes dependencias y entidades:
I. Secretaría de Turismo;
II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. Secretaría de Desarrollo Social; y
IV. Banco de México.
El Comité Técnico será presidido por el titular de la Secretaría. La institución fiduciaria dentro de la cual se encuentre constituido el fideicomiso, contará con un representante dentro del mismo, quien concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto, al igual que el director general del Fondo. Cada representante propietario acreditará ante el Comité a sus respectivos suplentes. El Fideicomiso contará con un comisario designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
CAPITULO IV
Capacitación turística
Artículo 30. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación turística y promoverá, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos de las entidades federativas, municipios y organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística.
Artículo 31. La Secretaría, a través de su órgano desconcentrado denominado Centro de Estudios Superiores en Turismo, realizará acciones para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel superior y de posgrado, dirigida al personal directivo de instituciones públicas, privadas y sociales.
TITULO QUINTO
Aspectos operativos
CAPITULO I
Operación de los prestadores de servicios
Artículo 32. Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por
lo que las partes convengan, observándose la presente Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.
Artículo 33. Los Requisitos para ser prestador de servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo 4o. de la presente Ley, se fijarán en el reglamento respectivo atendiendo a los siguientes principios:
I. No deberán constituir barreras a la entrada de nuevos participantes en la prestación de estos servicios en razón de profesión o de capital; y
II. Sólo establecerán garantías a cargo de los prestadores de servicios cuando sea necesario asegurar su debida operación, con objetivo de proteger al turista. Las Garantías que se fijen no deberán constituir una carga económica excesiva para el prestador.
Artículo 34. Corresponde a la Secretaría expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con la prestación de los servicios turísticos, siempre que el contenido de las mismas no sea competencia de otra dependencia de la administración pública federal. Dichas normas tendrán por finalidad establecer:
I. Las características y requisitos con que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos para proteger la seguridad física de los turistas;
II. Los requisitos que deban cumplir los convenios y contratos que celebren los prestadores de servicio turísticos y los turistas;
III. Las características de la información que los prestadores de servicios turísticos deban proporcionar a los turistas, especialmente en lo que se refiere a promociones y ofertas; y
IV. Las garantías que, en su caso, deberán otorgar los prestadores de servicios a que se refieren las fracciones I, II y V del artículo 4o. de la presente ley.
Las normas oficiales mexicanas a que se refiere este artículo que tengan por finalidad la protección al turista, se expedirán en los términos de la ley de la materia, tomando en consideración las particularidades de la prestación del servicio.
La Secretaría participará en los comités consultivos de normalización en los que se elaboren normas que puedan afectar la materia turística.
La calidad y la clasificación de los servicios turísticos serán materia exclusiva de normas mexicanas en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 35. Los prestadores de servicios turísticos deberán:
I. Anunciar ostensiblemente en los lugares de acceso al establecimiento precios y tarifas y de los servicios que éstos incluyen:
II. Cuando se trata de la prestación del servicio de guías de turistas, informar su precio en el momento de la contratación con los usuarios;
III. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados ofrecidos o pactados; y
IV. Contar con los formatos foliados y de porte pagado para el sistema de quejas de turistas en los términos de la norma oficial mexicana respectiva.
CAPITULO II
Del registro nacional de turismo
Artículo 36. Corresponde a la Secretaría la operación del Registro Nacional de Turismo, el que tiene por objeto la inscripción voluntaria de los prestadores de servicios turísticos.
Para obtener la inscripción en el registro, será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría por cualquier medio que ésta determine y exclusivamente se requerirá señalar:
I. Nombre y domicilio de la persona física o moral que prestará el servicio;
II. Lugar y domicilio en que se prestarán los servicios;
III. La fecha de la apertura del establecimiento turístico; y
IV. La clase de los servicios que se prestarán y la categoría conforme a la norma mexicana o internacional; y
V. La demás información que el prestador estime necesaria para fines de difusión.
Este Registro Nacional podrá ser consultado por las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal.
CAPITULO III
Protección al turista
Artículo 37. Los prestadores de servicios turísticos deberán describir claramente en qué consiste el servicio que ofrecen, así como la manera en que se prestará.
Los prestadores de servicios están obligados a respetar los términos y condiciones ofrecidos o pactados con el turista.
Artículo 38. En caso de que el prestador del servicio turístico con uno de los servicios ofrecidos o pactados o con la totalidad de los mismos, tendrán la obligación de reembolsar o compensar la suma correspondiente al servicio incumplido, o bien podrá prestar otro servicio de la misma calidad o equivalencia al que hubiere incumplido, a elección del turista.
Artículo 39. Para determinar si el servicio prestado cumple con la calidad ofrecida, se tomará como referencia las normas mexicanas y a falta de éstas, las establecidas por organismos internacionales, salvo que el prestador de servicios haya descrito ostensiblemente las características y la forma en que se preste el servicio.
Artículo 40. Cuando el turista resida en la República Mexicana, podrá presentar su denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, en la oficina más cercana a su domicilio.
Si el turista reside en el extranjero, también podrá denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, las violaciones a la presente Ley por correo certificado o de arbitraje por ese mismo medio o por cualquier otro medio de comunicación que acuerden las partes y que permita hacer el procedimiento más expedito.
La denuncia podrá presentarse también por conducto de las representaciones de la Secretaría en el extranjero, a elección del afectado.
CAPITULO IV
De la verificación
Artículo 41. Es facultad de la Secretaría realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos, a efecto de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en esta Ley, en su reglamento y en la normas mexicanas que se expidan de acuerdo con la misma.
Artículo 42. La Secretaría y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor evitarán duplicaciones en sus programas de verificación, para lo cual establecerán las bases de coordinación correspondientes.
Artículo 43. Las visitas de verificación que efectué la Secretaría se rigen por esta Ley y se practicarán en días y horas hábiles, por personal autorizado que exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de verificarse y la manera de hacerse. Sin embargo, podrán practicarse visitas en días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios así lo requieran, pero dentro del horario de funcionamiento autorizado para el establecimiento.
Artículo 44. Durante las visitas de verificación que se practiquen, los prestadores de servicios turísticos proporcionarán a la autoridad la información que les sea solicitada, siempre que se refiera a las disposiciones que expresamente se señalen en la orden de verificación.
Artículo 45. A toda visita de verificación que se realice, corresponderá el levantamiento del acta respectiva, debidamente circunstanciada y elaborada en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita o por el verificador, si aquella se hubiere negado a designarlos.
Artículo 46. En las actas que se levanten con motivo de una visita de verificación, se hará constar, por lo menos, lo siguiente:
I. Hora, día, mes y año en que se practicó la visita.
II. Objeto de la visita ;
III. Número y fecha de la orden de verificación, así como de la identificación oficial del verificador.
IV. Ubicación física del establecimiento o de las instalaciones donde se presten los servicios turísticos que sean objeto de la verificación, la que incluirá calle, número, colonia, código postal, población y entidad federativa;
V. Hombre y carácter o personalidad jurídica de la persona con quien se entendió la visita de verificación;
VI. Nombre y domicilio de las personas designadas como testigos;
VII. Síntesis descriptiva sobre la visita, asentado los hechos, datos y omisiones derivados del objeto de la misma;
VIII. Declaración de la persona con quien se entendió la visita o su negativa a hacerla; y
IX. Nombre y firma del verificador, de quien atendió la visita y de las personas que hayan fungido como testigos.
Una vez elaborada el acta, el verificador proporcionará una copia de la misma a la persona con quien entendió la visita, aun en el caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no desvirtuará su validez.
Quienes realicen la verificación, por ningún motivo podrán las sanciones a que se refiere esta Ley.
CAPITULO V
De las sanciones y del recurso de revisión
Artículo 47. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y a las normas oficiales mexicanas derivadas de ella, serán sancionadas por la Secretaría, de conformidad por lo dispuesto en el presente capítulo. En el supuesto de quejas presentadas por turistas la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, conocerá de su recepción , desahogo y resolución y, en su caso, arbitraje y sanción, en los términos de la Ley de la materia.
Artículo 48. Las infracciones a los dispuesto en los artículos 35, fracción II y IV y 37, primer párrafo, serán sancionadas con multa hasta por el equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario.
Artículo 49. Las infracciones a los dispuesto en los reglamentos que regulan los servicios turísticos a que se refieren las fracciones II y III del
artículo 4o. y a los dispuesto en los artículos 35, fracción I y 38, se sancionarán con multa hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo diario.
Artículo 50. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 34, 35, fracción III y 37, segundo párrafo, serán sancionadas con multa hasta por el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario.
Artículo 51. Para los efectos de las multas establecidas en el presente capítulo, por salario mínimo diario, se entiende el general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contando a partir del día en que se cometió la primera infracción. En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de la multa originalmente.
Artículo 52. Las sanciones por infracciones a esta Ley y las disposiciones derivadas de ella, serán fijadas con base en:
I. Las actas levantadas por la autoridad;
II. Los datos comprobados que aporten las denuncias de los turistas;
III. La publicidad o información de los prestadores de servicios y la comprobación de las infracciones; y
IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción.
Las resoluciones que emita la secretaría deberán estar debidamente fundadas y motivadas.
Artículo 53. Para determinar el monto de las sanciones, la Secretaría deberá considerar la gravedad de la infracción.
Artículo 54. En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o más ocasiones.
Artículo 55. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contenderán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos y
demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará por escrito dirigido al titular de la Secretaría, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto hace al pago de multas.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abrogan la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario de la Federación el 6 de febrero de 1984 y sus reglamentos.
Tercero. Los asuntos y procedimientos que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán desahogándose conforme a las disposiciones de la Ley que abroga, a menos que el interesado solicite expresamente la aplicación del nuevo ordenamiento.
En el caso de infracciones cometidas durante la vigencia de la Ley que se abroga, se aplicarán las disposiciones más favorables al infractor.
Cuarto. En tanto los organismos nacionales de normalización expiden las normas mexicanas de calidad y clasificación de los servicios turísticos, se aplicará la clasificación que emita la Secretaría de Turismo, sin que la vigencia de esta clasificación pueda exceder de 15 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Dicha Secretaría promoverá la integración de los organismos mencionados.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. -México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 1992.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Héctor Morquecho Rivera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para que puedan prestar servicios como inspectores de campo, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
En sesión fechada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León, serán como inspectores de campo.
c) Que las solicitudes se ajusten a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Ronay Riley Rodas, para que preste sus servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Celestino Cervantes Villanueva, para que preste sus servicios como inspector de campo, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. -México, D.F. a 14 de diciembre de 1992.- Presidente César Augusto Santiago Ramírez, secretario Salvador Valencia Carmona, secretario Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua
Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantu Rosas, Estela Cásarez Esquivel, Eloy Cantu Segovia, Alberto Carrillo Amenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
*ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que Abroga al Similar que Prorroga los Contratos de Arrendamiento de las casas o locales que se citan.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: -Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, acordaron que la discusión del proyecto de decreto que Abroga al Similar que Prorroga los Contratos de Arrendamiento de las Casas o Locales que se citan, se realicen en lo general y en lo particular y la votación nominal en lo general y en lo particular se haga en un solo acto, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.
EL Presidente: -Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Aníbal Pacheco fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el diputado Aníbal Pacheco.
El diputado Aníbal Pacheco López: -Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
A esta Comisión del Distrito Federal, en su oportunidad le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que tienen como objeto la abrogación del decreto que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan.
Con la participación de los integrantes de la Comisión se analizó y se discutió la iniciativa con voluntad política, con participación plural, buscando las coincidencias y acuerdos que permitieron elaborar un dictamen unificador. Hoy me honro en fundamentar en este pleno ante ustedes compañeros diputados.
Las propuestas que se contemplan en la iniciativa, prestan atención a una demanda de un amplio sector de la sociedad de la capital. Los antecedentes históricos de los siete decretos de renta congelada estuvieron fundamentados en primer término en los efectos del desajuste económico generado por la Segunda Guerra
*Este dictamen se publicó en el diario número 21 del día 16 de diciembre de 1992.
Mundial; en segundo lugar, por la incertidumbre de la posguerra, las adversidades que dieron origen al decreto de 1948, vigente hasta nuestros días, no son las mismas de hoy.
En la exposición de motivos del decreto de referencia, como el debate de la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 1948, se señalo su naturaleza transitoria en lo que mejoraba las condiciones sociales y económicas de la población de la ciudad de México, y las cuales sólo deberían de tener vigencia mientras durara la situación de excepción.
La expedición de los decretos de congelación que permitieron apoyar un número considerable de familias que habitan en viviendas arrendadas y que gracias a esta disposición pudieron enfrentar las condiciones económicas de la época y pudieron obtener habitación en renta a muy bajo precio. Sin embargo, a 50 años de la expedición del primer decreto, sus efectos no son ya positivos, al congelarse las rentas perdieron su referencia con el mercado y los dueños de los inmuebles, al no invertir en el mantenimiento de sus propiedades, por ello con el tiempo se fueron deteriorando hasta llegar a convertirse en vivienda poco segura para sus moradores.
Por otra parte, decayó la construcción de vivienda en arrendamiento de modo tal que solamente en tres décadas siguientes se incrementó en un 10%. Las viviendas de referencia no cumplen con los requisitos de seguridad e higiene, por lo que nos lleva a la conclusión de que sería inconveniente mantenerlas por más tiempo, a esto le añadimos las razones urbanísticas y de rescate de zonas relevantes de la ciudad como el Centro Histórico, que es patrimonio cultural de los mexicanos y de la humanidad.
La falta de inversión en remodelación y construcción de vivienda en el centro de la ciudad ha generado una baja densidad en la población y el desaprovechamiento de la infraestructura urbana. Estas condiciones inciden en la disminución de la oferta de vivienda en las zonas céntricas y adicionalmente afectan la captación fiscal.
Este dictamen no ha pasado por alto que un número significativo de predios están dedicados a la industria o al comercio, lo que representa ventaja económica para estas personas y pérdidas para los propietarios.
La Comisión del Distrito Federal, ha tomado en consideración los pronunciamientos que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en sesión del pasado 10 de diciembre, en la que acordó solicitar a esta Cámara de Diputados que analizara la iniciativa del pasado 30 de junio de 1992, ya que la emisión de una resolución del Congreso en este asunto, puede permitir en solucionar en determinados plazos una situación estática que no ha evolucionado en los últimos 50 años.
Es importante señalar que este acuerdo fue avalado por cinco de las seis fracciones políticas representadas en ese órgano popular.
La Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados, propone un sistema para evitar que la derogación del decreto de 1948 se traduzca en un incremento de las rentas, manteniendo estas viviendas en la situación precaria en que se encuentran.
Por ello, ha considerado establecer un mecanismo ágil y trasparente, que lleve a una descongelación gradual de las viviendas sujetas a este decreto, plazo que va desde los 30 días hasta los cuatro años, después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
En tal virtud, el artículo 2o. del proyecto prevé la obligación de los organismos de vivienda de establecer, de acuerdo con sus reglas de operación, un programa específico con soporte crediticio, facilidades administrativas y asesoría jurídica, que permita apoyar a quienes tengan derecho a ocupar casas o locales destinados exclusivamente a la habitación, y que han sido regulados por el decreto que se abroga.
Asimismo, ordena la inclusión de todas las operaciones que se realicen conforme al decreto propuesto.
En el acuerdo de subsidios fiscales y facilidades administrativas para la vivienda popular se otorga prioridad a los inquilinos que así lo deseen y reúnan los requisitos para integrarse a los programas de vivienda que desarrollan los organismos oficiales.
Por otra parte, es importante recalcar que en el artículo 3o. transitorio del proyecto que se somete a la consideración de esta Asamblea, se prevé la obligación que tiene el Departamento del Distrito Federal, de informar sobre la ejecución y los avances del programa específico de vivienda, a que se refiere el artículo 2o. del decreto, en los informes trimestrales que envía a la Cámara de Diputados y a la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, para su adecuada verificación y seguimiento.
En los artículos propuestos queda de manera clara y transparente las disposiciones que le dan seguridad y garantía a los inquilinos de renta congelada.
Compañeros diputados: vine a esta tribuna no sólo a remarcar los fundamentos del dictamen y tratar de explicarlo, que no solamente recoge los reclamos de las partes afectadas, sino también a solicitar su voto favorable. No se pide el voto aprobatorio para un dictamen con argumentos contradictorios, sino al contrario, se pide como un acto de congruencia, en beneficio de esta gran ciudad y de sus habitantes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Esta presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes oradores: diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, y el diputado Everardo Gámiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Aquí recientemente se ha hablado del problema de la vivienda en el Distrito Federal, cuando se discutió la Cuenta Pública.
En realidad ése es un problema que a todos preocupa y que desafortunadamente no hemos podido encontrar una solución, y no nos referimos solamente al problema de vivienda en el Distrito Federal. El problema de la vivienda es un problema nacional, que para el Partido Popular Socialista debe acometerse de una manera integral.
No solamente es problema del uso del suelo, no es solamente problemas de rentas congeladas, es un problema complejo, multifacético, que tiene que ver con los costos de los materiales de construcción y que tal vez en el futuro inmediato requiera que sea abordado desde el ángulo de una Secretaría de Estado con atribuciones específicas. En otras naciones así es tratado este problema por la complejidad y más por la complejidad que tiene en nuestro país y probablemente más por la complejidad que tiene en el Distrito Federal.
Todos somos muy conscientes de la situación grave de muchos conciudadanos, de muchos paisanos, de muchos habitantes del Distrito Federal, sobre todo de las condiciones totalmente indignas en que viven. Nos ha tocado ver a todos, como familias de equis número de miembros han hecho de su vivienda en el vano de una escalera y ahí está la otra ciudad de México en las azoteas.
Y efectivamente pues para el Partido Popular Socialista, repetimos, no puede abordarse solamente desde un ángulo, tenemos que empezar a buscar que esa solución sea íntegra.
Tenemos un aspecto muy importante en el caso de la vivienda, la vivienda en renta. La vivienda en renta es en nuestro país causa fundamental de inflación de un aumento en las rentas que dispara muchos servicios y muchos productos, un aumento en el costo de la vivienda de renta incontrolado que requiere a su vez una Ley Inquilinaria Federal y leyes inquilinarias estatales, tenemos mucho qué hacer en cuanto al problema de la vivienda en México.
El Partido Popular Socialista siempre ha abordado este problema. Ha hecho proposiciones concretas e iniciativas de Ley que se refieren a los materiales de construcción, a su nacionalización, con ese alto espíritu de veras darle vivienda digna a la gente, pero también ha planteado otras soluciones que no se deben abandonar, que no se deben olvidar, que debe enfatizarse en la construcción de vivienda en renta, no debe abandonarse, no puede abandonarse, países capitalistas tienen programas de vivienda en renta barata.
Tenemos pues, repito, por tercera ocasión, que abordar este problema de una manera tan especial y tan integral que pudiera ser materia de responsabilidad de una Secretaría de Estado también especial.
En cuanto al problema de la vivienda en el Distrito Federal y de esta iniciativa de decreto, nosotros queremos fijar muy claramente nuestra posición, no nos interesan los propietarios de la vivienda de los departamentos de los edificios;
nos interesa la gente que viven en esos edificios, en esos departamentos, nos interesa la situación del pueblo.
No nos interesa que rescaten sus propiedades los antiguos propietarios o los permanentemente propietarios; nos interesa que la gente que vive indignamente, desde el punto de vista de la vivienda, tenga una vivienda digna.
Nosotros hemos adoptado una posición muy clara, nuestros compañeros en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no votaron en favor de esta iniciativa, ¿por qué? Porque claro, ésta es una responsabilidad fundamentalmente de los diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, ésa es la explicación.
Y en cuanto a nuestra posición aquí, en la Cámara de Diputados, tenemos que precisar que inicialmente nosotros no veíamos con simpatía esta iniciativa de Ley, porque para nosotros estaba enfocada a proteger los intereses fundamentalmente de los propietarios y dejaba algunas e imprecisiones, dejaba en el aire el poder cumplir con un programa de vivienda que resolviera el problema de las personas, de las familias que van a quedar en un momento dado fuera de los edificios que hoy habitan, edificios y departamentos de renta congelada.
Nosotros discutimos esto en el seno de la Comisión del Distrito Federal, dialogamos y planteamos dos cuestiones: que no debía olvidarse el recurrir a lo que establecen las leyes mexicanas en un caso dado: la medida expropiatoria; no estamos hablando de nada extraordinario, de nada fuera de nuestra práctica jurídica: la expropiación por causa de utilidad pública, y no veíamos nada de eso en la iniciativa.
Dijimos que era necesario que apareciera, que se precisara, que se recurriera, que se cubriera esa laguna. Afortunadamente vemos que por lo menos, por lo menos, en la Exposición de Motivos se menciona textualmente, que refleja la voluntad por lo menos de los elaborados del cuerpo del dictamen, la voluntad de que en caso dado se pudiera, se pueda recurrir, se recurra a la medida expropiatoria, y eso pues aunque no nos conforma cabalmente porque no está en el cuerpo del dictamen de la Ley, del articulado, por lo menos podría servirnos de base para reclamar actitudes y acciones del Gobierno del Distrito Federal, en el caso muy concreto y muy específico, muy localizado, de la vivienda en el Distrito Federal.
Otra cuestión que nos llamó la atención y que nos impedía poder estar de acuerdo con este dictamen, es lo relativo a las medidas que se proponen para otorgar vivienda a quien una vez que quedara fuera de la actual vivienda, una vez que se descongelara la renta, sí que optaran por vivienda en otra parte de la ciudad, tengan, y esto nos debe preocupar a todos hacemos un llamado a todos los diputados para que veamos con cuidado esto realmente las posibilidades esas personas desplazadas o que opten por vivienda nueva, que tengan la verdadera, la real posibilidad de adquirir esa vivienda.
¿Por qué la preocupación?, porque aunque aquí se señala en el primer párrafo del artículo 2o. que se canalizarán estos problemas o estos deseos de las personas a través o hacia los organismos de vivienda de tipo social. Nosotros bien sabemos que esto enunciativamente es correcto, es justo, pero en la práctica el trabajador de escasos recursos, de salario mínimo, de dos salarios mínimos, tiene serias, reales, dificultades para poder optar por vivienda de interés social.
Sabemos muy bien que para tener posibilidad de adquirir una vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, etcétera, de los demás organismos, no es fácil, todos lo sabemos, como padres de familia, como integrantes de una familia, sabemos, como trabajadores, que es difícil, que no es fácil, que no está a la puerta, no está al alcance de toda la gente; que realmente quien puede pagar su vivienda de interés social, los abonos, el pago inicial, debe ser una gente con solvencia. Yo quiero por ejemplo mencionar que hay casos en los que como se ha entregado a las constructoras esta posibilidad de adquirir vivienda, las constructoras privadas, hay casos en que el trabajador tiene que reunir entre 15, 16 o más millones de pesos para poder tener derecho a que le autoricen su préstamo, su solicitud de préstamo.
¿Cuál trabajador, obrero, empleado público, maestro, puede tener esa posibilidad?, muy pocos, con muchos sacrificios, se quedan endeudados y para pagar el abono también es muy difícil.
Por lo tanto, nos debe preocupar que de veras esas personas desplazadas o que opten por vivienda nueva, tengan la real posibilidad de adquirir una vivienda en o ante las instituciones de interés social. Y creemos que en este caso, no basta con que las autoridades del Distrito Federal manifiesten su buena voluntad y los integrantes de la Comisión, en el sentido de canalizar esas solicitudes y esas aspiraciones. Sino
que en nuestro concepto, en el concepto del Partido Popular Socialista, tiene que implementarse un programa específico, de dotación de vivienda para esas personas. No concebimos que se incluyan en programas de vivienda ya comunes, establecidos y que plantean serias dificultades.
Por eso también hemos pedido que haya más precisión y que haya más expresión de voluntad en este sentido.
En conclusión, nosotros vemos que se ha tomado en cuenta la preocupación del Partido Popular Socialista y ha quedado la idea de recurrir a la medida expropiatoria por causa de utilidad pública, en por lo menos en la exposición de motivos, y eso hace sentirnos que hemos obtenido respuesta. Nos congratulamos de que así sea, aunque no nos satisfaga cabalmente.
Y queremos hacer un planteamiento, un agregado a la fracción IV del artículo 2o., les rogaría que pusiéramos atención para poder precisar lo que el Partido Popular Socialista plantea.
La fracción IV, según el dictamen de la Comisión, dice así: "...considerar en forma prioritaria a los inquilinos que así lo deseen y reúnan los requisitos para integrarse a los programas de vivienda que desarrollen los organismos oficiales". Hasta ahí decía, como ustedes ven, hemos hablado de que reunir los requisitos es a veces muy difícil. Y entonces nosotros hemos propuesto, y proponemos en este momento, que se agregue lo siguiente: "...y a los que en el futuro se desarrollen en cumplimiento de este decreto". Con esto queremos y hacemos alusión, a programas específicos que pueda desarrollar el Departamento del Distrito Federal, colaterales, paralelos o al margen y superiores por supuesto, a lo de los organismos de vivienda de interés social, que permitan pues a las mismas autoridades, si ésa es la intención, dar una solución real al problema de dotación de viviendas a las personas que opten por esta forma.
Bien, entonces insisto, solicitamos, planteamos que se agregue: "... y a los que en el futuro se desarrollen en cumplimiento de este decreto". Se agregue esta parte, esta expresión, al final del dictamen en lo correspondiente a la fracción IV del artículo 2o. Dejo nuestro planteamiento aquí en la mesa. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -En el uso de la palabra, el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: -Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de entrar en tema, quisiera pedir su benevolencia, porque durante el debate de esta propuesta en la Asamblea, fui objeto de ciertas acusaciones. Y aunque no pretendo contestarlas, toda vez que para mí la política es una lucha de ideas y no de agresiones personales, sí quisiera ser muy preciso en cuanto a mis motivaciones en este caso.
Efectivamente, fui presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Pero esto fue en 1981, la última vez y a ocho años antes de presentar la propuesta, o nueve años antes. Además la asociación es un organismo gremial, no incluye a los propietarios de inmuebles, sino a los prestadores de servicio. Como tal, mi labor se dedicó a la organización, a la capacitación y a la implantación de un código de ética.
Mi interés en esta materia se debe mucho a mi experiencia profesional, como administrador de inmuebles y como abogado que se ha dedicado a la actividad inmobiliaria. También tuve oportunidad de cursar la maestría en urbanismo y ser maestro en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Arquitectura, las dos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mi experiencia profesional y mi experiencia académica fue lo que atrajo mi atención sobre este tema que tanto daña hoy en día a la ciudad, y nada más como un dato curioso, quisiera decirles que hasta la adolescencia viví con mi familia en un departamento de renta congelada. Creo que con esto puede contestarse cualquier acusación que se hizo en cuanto a mi interés en el tema.
Aclaro que ni mi familia ni yo somos, hemos sido propietarios de ninguna vivienda de renta congelada en ningún local. O sea que no tengo ningún interés económico de por medio.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de control de rentas, esta modalidad que se implementó a principios de siglo en Europa, como consecuencia de los programas sociales y que logró cierta popularidad durante este siglo? Estamos hablando básicamente de que el Estado interviene considerando que la relación entre inquilino y arrendador no es una relación en condiciones de igualdad, interviene el Estado para establecer cierto equilibrio, porque en
situaciones de emergencia se puede prestar y se ha prestado, de hecho, a abusos. ¿Cómo interviene el Estado en esta situación?
Por un lado, controlando el monto de la renta, y por otro lado, controlando el plazo de duración del contrato. Y en estos dos casos existen muchas modalidades. El plazo de duración puede ser indefinido, se pueden garantizar prórrogas, como en el caso del Código Civil del Distrito Federal, se pueden establecer ciertas condiciones de duración.
En el monto de la renta, se puede fijar la renta desde un principio o dejarla a la libre contratación, regular las posibilidades de aumento, porcentajes, etcétera.
Existen dos posibilidades. Desgraciadamente en México los controles que empezaron en 1942 y el último está vigente del 1o. de enero de 1949, tomaron una posición muy radical. O sea la renta quedó fija y el plazo quedó indeterminado. Esto a largo plazo genera la deformación que tuvimos en México, porque han pasado 50 años del primer decreto y que tantos daños ha causado.
Vamos a entrar en detalle en este punto. Eso fue el problema. Ahora bien, quiero hacer notar que estamos hablando de departamentos de renta congelada cuando la renta es inferior a 300 pesos, porque a veces hay confusión. Y el contrato es anterior al 1o. de enero de 1949. Si el contrato es posterior, no importa que la renta sea menor. O sea, se tienen que dar los dos supuestos, porque yo he oído comentarios que no se entiende bien cuándo estamos hablando de rentas congeladas. Y estamos hablando de rentas en el Distrito Federal.
El objetivo de este mecanismo ha sido el de buscar, sobre todo en tiempos de crisis, que el inquilino tenga acceso a una vivienda decorosa a un precio justo.
Pero normalmente estos contratos, esta legislación y de acuerdo a estadísticas con que contamos y que vamos a precisar en este momento, resulta contraproducente para los inquilinos.
Aquí traigo yo los resultados de los censos, a partir de 1930.
En 1930 había 238 mil viviendas, de las cuales 190 mil eran de inquilinos.
En 1940 subió a más del doble, 513 mil viviendas, y de ésas 441 mil eran rentadas. Sin embargo, fue en estos años cuando vino el control de rentas. Y para 1960 aumentó muy poco el número de viviendas, subió a 626 mil. Y en el caso de rentadas subió de 441 mil a 466 mil.
A partir de esta fecha se suspendió el control, o sea, a partir del 1o. de enero de 1949, es el último, y se dejó la libre contratación.
Para 1954 el Gobierno tomó dos medidas para tratar de resolver el problema que se había generado de escasez de vivienda. Una, aprobar la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio; y otra, fue una exención de carácter de impuesto predial en viviendas de interés social, o sea viviendas que tenían 50 metros de superficie y pagaban 350 pesos.
Esto vino a reactivar la actividad, y hay que pensar que en esta actividad hay muchas personas de por medio, desde luego los ahorradores que se jubilan en esa manera o se jubilan, los constructores, la gente de la industria de la construcción, los albañiles y toda la industria conexa a esta actividad.
Estas medidas del Gobierno lograron un incremento espectacular en la vivienda de renta. De 1950 a 1960 subió de 466 mil a 713 mil. Y de 1960 a 1970 subió a 761 mil.
Aquí hubo otra política adicional, que llevó a subir muy fuerte los impuestos. Situación que en buena parte se corrigió este año, hace unos días. Y entonces el número de viviendas rentadas bajó de 761 mil en 1970 a 729 mil en 80. Y como esa política no se modificó, bajó a 458 mil en 1990.
O sea, de haber alcanzado en 1940 el 86% la vivienda en alquiler, para 1990 sólo representa el 25% en el Distrito Federal.
Esto es muy importante porque la vivienda de alquiler debe ser considerada como una alternativa, toda vez que le da mucho más facilidad a cualquier familia nueva y permite encauzar recursos.
¿Qué ha pasado en general con esto se desestimule? En que muchos propietarios vendieron sus casas y en el caso de edificios los convirtieron a condominio.
Tengo un dato aquí del director de Catastro e Impuesto Predial de la Tesorería, un estudio que hizo don Benigno Carmona en 1975. Que para 1975 había 32 casas - habitación en la colonia Roma con renta congelada.
Realmente hoy en día este problema se ha reducido notablemente por varios aspectos. Uno fue el proyecto de Nonoalco - Tlatelolco, que ahí se disminuyó tremendamente el número de rentas congeladas. Y otro es el sismo de 1985, que desgraciadamente causó muchos daños.
¿Qué pasa cuando hay un control de rentas? Voy a señalar aquí unos de los daños que esto causa.
En primer lugar, se impide la construcción de vivienda de alquiler. Alguien me dirá que esto ya pasó y que no se aplica a la vivienda nueva. Pero siempre existe la posibilidad de que se recurra al mecanismo y la desconfianza.
También es una limitante para la inversión, el mantenimiento y servicios a los inmuebles.
Otra deficiencia es que resta movilidad a los inquilinos, ya que el hecho de contar con una vivienda congelada los obliga a conservares en el lugar donde viven.
Cuarto. Existe bastante corrupción, hay subarrendamientos, traspasos; cobran por el traspaso, lo que le llaman "llaves"; o usos ajenos al de vivienda.
Mi experiencia profesional es que de cada dos personas que ocupan rentas congeladas, una no es legalmente derechohabiente a esta renta congelada. Además, aclaro también que hoy en día las unidades en rentas congeladas deben ser de alrededor de 2 mil, o sea, no es un número significativo.
Quinto. A veces protege a niveles socioeconómicos que no lo requieren.
En el caso de México, si hablamos de 300 pesos en 1949, estamos hablando de rentas de 3 millones de pesos. Por eso se da el absurdo de que hay rentas congeladas en las Lomas, por ejemplo, que hay rentas congeladas en la colonia Del Valle.
Y otro problema es que en igualdad de condiciones un cierto sector de la población del mismo nivel socioeconómico tiene un beneficio, discutible, pero lo tiene, y otro en la misma circunstancia no lo tiene, o sea es el medio idóneo para resolver el problema de la vivienda. Aquí estaría yo muy de acuerdo con el compañero Tovar, de que el problema de la vivienda es un problema muy complejo.
Nosotros en la Asamblea hicimos un planteamiento donde había que atacar 14 puntos. Y quiero insistir en esto que dijo el diputado Tovar, porque mientras no se comprenda que el problema de la vivienda es un problema complejo y altamente interdependiente, no se va a poder resolver, porque se ataca por un lado, pero no se atacan todas las facetas.
Entonces, yo sí quisiera remachar la posición del diputado del Partido Popular Socialista, en que esto hay que verlo como un problema complejo y lo que ahora estamos analizando es una de las partes del problema complejo. Se dieron otras, como que se bajó el impuesto predial a la vivienda en arrendamiento y se deben dar otras, que además también apoyaría lo dicho, ya que la iniciativa que presentó mi partido, estableció un mecanismo que además discutí ampliamente con los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular Socialista en la Asamblea, y buscamos que fueran plazos lo suficientemente largos, para no generar un problema, sino un proceso de negociación o un proceso que pudiera ser más o menos controlado; de aquí salió esta idea.
Pero he visto con mucha satisfacción que las aportaciones de otros compañeros de otros partidos en la Comisión, han enriquecido esta iniciativa, tanto con las disposiciones que tienden a apoyar a las personas que en un momento dado van a tener necesidad de vivienda. Y aquí si quisiera hacer una aclaración. Existen algunas muy eficientes, yo he tenido oportunidad en combinación con un ilimitante del Partido de la Revolución Democrática logramos, por ejemplo, que un edificio que tenía 10 congelados de 20, compraran el edificio a través de casa propia, y les diré, la dueña recuperó el valor del terreno y los inquilinos compraron los departamentos en 20 millones de pesos. Si eso no fue benéfico para todos, no veo otra cosa pueda ser, y eso lo hicimos con cierta combinación.
Entonces, lo que señalaba también el compañero Tovar y que a mi me parece muy bien, establecer una serie de medidas, esto también viene de la Asamblea para respaldar la implantación de la descongelación.
Y una idea que no sé de dónde salió, a mi me late que fue el arquitecto Gamboa de Buen, que es la protección de los edificios históricos, que éste es otro punto muy importante. Se nos estaba yendo el centro de la ciudad de las manos y creo que la ciudad de México es tan valiosa que debemos hacer cualquier cosa para conservarla y protegerla.
Vuelvo a los efectos adversos. También se considera que aquí hay una transferencia
compulsoria e injusta de recursos privados. Ya se señaló en alguna ocasión que el responsable de la justicia social es el Estado, no un particular individualizado.
Otro, hay una distorsión en el caso de impuestos prediales y otro tipo de impuestos. Prácticamente inmuebles con renta congelada no contribuyen al impuesto predial, toda vez que tienen un trato de excepción, además obligado, porque ni modo que pagaran más de predial que lo que cobran de rentas.
Hay, octava, un aumento en los costos administrativos. Un ejemplo muy claro: hoy en día el recibo de renta vale más que la renta misma o sea proporcionalmente esto es un aumento de costo, ningún propietario tiene interés en cobrar la renta pero el inquilino sí tiene interés en pagarla para que no le rescindan el contrato, tiene que ir al Banco Internacional, comprar un Certificado de Nacional Financiera e irlo a entregar a disposición de los tribunales, todo esto implica un costo tan alto que bien podían fabricarse bastantes departamentos al año por lo que se dedica a financiar estos procedimientos.
Otro punto negativo es el del deterioro de las zonas urbanas; ya esto lo hemos vivido muy claramente en al Ciudad de México. Aquí sí quiero hacer un comentario; cuando hablamos de rentas congeladas no olvidemos que en 1948 la Ciudad de México no tenía los límites que tiene ahora o sea que estas disposiciones afectan lugares muy específicos, pero principalmente el centro, y en mi opinión al menos creo que se debe conservar al Centro de la Ciudad de México poblado y que se debe al tomar las medidas, no sólo para arraigar a la población que ya está ahí, sino incluso para lograr desplazamientos de población al centro de la ciudad para conservarlo por su valor en todos aspectos.
Hay una subutilización de infraestructuras y equipamientos urbanos, es otro problema, las casas de renta congelada, habría dos tipos, el tipo crujía que se construiría en el centro o los antiguos palacetes que se rentaban divididos por cuartos cuando los propietarios se iban a las partes exteriores de la ciudad, pero normalmente ninguno de este tipo de construcción da una utilización adecuada al suelo y a la infraestructura pero a la infraestructura sí le cuesta a las autoridades y a nosotros, entonces hay que lograr un mejor aprovechamiento.
Otra situación es que rentas diferentes en inmuebles iguales crean una distorsión del mercado. Otro punto más es que se congela el uso del suelo. En muchos lugares que podrían tener una vocación actualmente diferente, no se puede lograr porque hay inmovilidad en la tierra, a veces ni siquiera en un edificio de 20 o 30 departamentos donde hay un sólo congelado, con eso es suficiente. Pero les quiero dar un ejemplo dramático; muchas sociedades de beneficencia que mantenían escuelas, hospitales o la Fundación donde por ejemplo, a través de inversiones el inmueble es de rentas, yo no sé si alguno de ustedes recuerden el predio que está atrás del Cine Diana, un predio de unos 3000 metros en un zona muy céntrica, éste era de una fundación, sin embargo no podían disponer del predio porque había cinco viviendas de renta congelada; esto que podía generar grandes recursos para la ciudad en impuesto predial, enormes fuentes de trabajo en una posición adecuada a las zonas, muchas oportunidades de ocupación de espacio, etcétera, no se podía hacer porque el uso de la tierra estaba congelada porque había cinco familias que pagaban 100 o 150 pesos de renta por sus viviendas y hay además un uso inadecuado de muchas viviendas.
Les decía yo que por experiencia profesional, he visto que una de cada dos viviendas congeladas no se dedican al uso para el que supuestamente se está buscando la protección. He encontrado que hay algunas, muchas subarrendadas, muchísimas, hay muchas que son ocupadas como bodega o como en club de alguno de los niños de la casa o simple y sencillamente mantienen la vivienda vacía porque prácticamente no cuesta nada y no tienen porque devolverla por lo que se pudiera ofrecer, y de esto podría yo dar demasiados casos específicos, concretos.
Yo creo que éste es uno de los pasos más bien psicológico, señalaba yo que no es mucho el número de viviendas; que no son muchas el número de viviendas con rentas congeladas, si hay algunos locales donde se venden artículos importados de lujo, con renta congelada.
Ustedes pueden comprar los zapatos ingleses marca "Hush" ahí en la calle Madero, que no tengo ni idea cuánto pueden costar, en un local que pagan 700 pesos de renta, o sea que esto es francamente absurdo.
O sea, estamos resolviendo en este momento una de las partes, yo quiero señalar y lo haré posteriormente, que estoy de acuerdo con las propuestas que han hecho algunos compañeros sobre todo en la mesa de la Comisión, en el sentido de que debería de haber mayor destino de fondos para financiamiento de vivienda, sobre todo ahora en este momento que se puede dar la
oportunidad de disponer de tierra en zona céntrica y creo que esto lo debería de aprovechar el Departamento del Distrito Federal ya sea comprando y si no es posible, como decía el compañero Tovar expropiando, porque de una forma o de otra, tenemos que salvar el Centro de la Ciudad de México para sus habitantes.
No se pretende que esto sea un museo sino un lugar donde la gente pueda vivir dignamente.
Entonces, yo quisiera invitar a todos los señores diputados y en atención además de que la propuesta ha sido enriquecida con aportaciones de otros partidos, con aportaciones de la Asamblea de Representantes, considerando que realmente no tendrá ningún efecto general, perjudicial, desde luego que si yo tengo un departamento congelado y me lo quitan, a mi sí me perjudican, ¿verdad?, pero desde el punto de vista social, el efecto de esta iniciativa va a ser un mínimo, el número de departamentos es ya muy reducido y sin embargo los beneficios para la ciudad, para el desarrollo urbano de la misma y para sus habitantes, van a ser muy grandes.
Desde luego creo que aquí todos tenemos que aceptar el compromiso que plantea el diputado Tovar, en el sentido de que había que implementar una serie de medidas complementarias para realmente lograr el objetivo, y esas medidas, dentro de la visión de un problema complejo.
Por lo anterior, respetuosamente solicito su voto aprobatorio para esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra para abordar el mismo tema, el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: -Gracias, compañero Presidente:
A nuestro juicio, estimados compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, en este punto es evidente que todos pudiéramos estar de acuerdo en que el problema no es solamente el de abrogar los decretos sobre rentas congeladas en el Distrito Federal.
El problema va mucho más allá que abrogar los decretos de rentas congeladas; implica y obliga a considerar una serie de cuestiones.
Desde luego que nosotros estamos completamente de acuerdo en que ya era necesario resolver ese problema, y estamos también cabalmente de acuerdo con el compañero diputado Aníbal, que en la Comisión del Distrito Federal se hizo un aporte colectivo de todos los partidos, están reflejadas en el dictamen sugestiones de los partidos, y no solamente a propuesta del Partido Auténtico de la Revolución al respecto, sino también de manera muy importante los puntos de vista de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Y hay que decir que de manera muy positiva se tomaron en cuenta aquellas preocupaciones acerca de cómo podría afectar la abrogación de los decretos de congelación de rentas, intereses de los trabajadores, sobre todo de aquellos trabajadores a domicilio. Ha tomado en cuenta esta preocupación y se le da una determinada solución en el dictamen, y desde luego en las modificaciones al proyecto de decreto original.
Nos parece a nosotros que es muy importante que se haya logrado un dictamen unificado. Sobre esa base, nosotros quisiéramos considerar que la abrogación de los decretos de congelación de rentas, no sólo supone que fueron justificadas en su tiempo, que ya son otras condiciones, que ya no amerita de ninguna manera la congelación de rentas, que afecta a un reducido sector de la población del Distrito Federal, pero que implica sobre todo una parte muy importante del problema grave, aún no resuelto, de la vivienda en el Distrito Federal.
No podemos olvidar este grave problema en sus distintos aspectos, y no estamos de acuerdo con el compañero Aníbal, en el sentido de que los decretos congelatorios de rentas en el Distrito Federal, contribuyeron a deteriorar, a casi hacer desaparecer el problema de los alquileres, de las casas - habitación de alquiler en el Distrito Federal, que prácticamente ha desaparecido. Son otras causas, es una política de vivienda no justa ni aceptable la que ha contribuido a que no haya casas de alquiler en el Distrito Federal, y que se necesita restablecer junto con otros aspectos del problema de la vivienda.
Y desde luego, compañeras y compañeros diputados, nosotros creemos que el problema no sólo debe ameritar las medidas que aquí se proponen, sino que puede haber también otro tipo de medidas, y a eso nos vamos a referir.
Sin duda alguna todos estamos de acuerdo que uno de los grandes problemas en el Distrito Federal lo constituye el de la vivienda. Apenas comienza a atacarse en serio, aunque se han realizado esfuerzos a partir de 1985, para construir viviendas populares, el déficit que se presenta es bastante elevado todavía. Aunado a esto, la
demanda anual de las mismas, es mayor, lo cual incrementa la deficiencia de las viviendas.
En el Distrito Federal se carece todavía de un proyecto integral que permita ir solucionando los rezagos que en esta materia se presentan. Los organismos responsables de la construcción de viviendas, solo han construido en los últimos cuatro años, un promedio de 4 mil viviendas, por año. No existe de hecho generación de vivienda para arrendamiento y la inversión privada canaliza sus recursos hacia viviendas que no son consideradas populares y que están lejos del alcance de los habitantes de bajos ingresos.
En la iniciativa que trata el asunto de la congelación de rentas, se pone en la mesa de discusión, considerándose importante que se deben tomar muy en consideración.
Podemos aceptar ciertamente que los decretos que permitieron la congelación de rentas, y la prórroga de los contratos, se debió a una contingencia que actualmente no existe, por supuesto, de ninguna manera, como se expone en la iniciativa. Tuvo una justificación que fue la de proteger la economía de los habitantes del Distrito Federal en condiciones muy excepcionales, las condiciones de guerra, y en este caso de suspensión de las garantías individuales como consecuencia de ese mismo estado de guerra en que entró nuestro país en 1943.
Se acepta también que producto de la congelación de rentas, los propietarios de los inmuebles de hecho abandonaron en parte a ese factor, los edificios y vecindades, provocando con ello un gran deterioro, ya que los mismo inquilinos tampoco hicieron nada por su mantenimiento.
Es cierto que principalmente en el Centro Histórico, con el sismo de 1985, gran número de esas viviendas quedaron inhabitables, por lo que fueron derrumbadas y suplidas por el programa de emergencia, que permitió a miles de capitalinos obtener apoyos para una vivienda en los mismos predios en que se encontraban las vecindades y edificios de rentas congeladas.
Se tiene razón en cuanto se expone que los comercios, industrias y otros establecimientos mercantiles que gozan actualmente de rentas congeladas, presentan una situación inequitativa y ventajas económicas. No responde esa congelación de rentas al lucro que obtienen evidentemente.
En base a estas razones, la iniciativa de decreto nos parece correcta, en el sentido que en el caso de casas habitación, la descongelación debe ser gradual, deben ponerse en práctica programas especiales para que con facilidades, con el carácter de interés social, se resuelva el problema de la falta de vivienda que a una parte de la población este decreto va a significar.
Pero a nuestro juicio, falta que se precise que esta descongelación de rentas, estará sujeta a un programa, no de dotación, no de adquisición solamente de viviendas, y es lo que quisiéramos aportar, es lo que quisiéramos proponer para la consideración de ustedes, un programa de rehabilitación y mantenimiento de las viviendas, sobre todo para aquella parte que son trabajadores o trabajadores a domicilio, o que son empleados y que viven, no es la mayoría ciertamente, porque el problema de la congelación de rentas se ha convertido en un problema social, con muchas implicaciones, que es lo que en este caso tenemos la obligación de considerar.
En este sentido creemos que el decreto debe ser más preciso en el tipo de apoyo que se otorgará, y que no basta promover la adquisición por partes de los arrendatarios de los inmuebles que habitan, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Se debe establecer que por el tiempo que han estado ocupando las viviendas los inquilinos, pueden ejercer su decreto a opción de compra, y que para esto los organismos responsables de la vivienda otorgarán los créditos necesarios para ello. De no hacerlo así, descongelaríamos rentas, pero no le daríamos solución al problema de la falta de vivienda, también con otra opción, quizá socialmente más aceptable, más necesaria y más al alcance de aquellos sectores, de trabajadores que se verían afectados con esta medida, aún en el caso de que hay muchos especuladores y que hay esa situación de la cual nos ha ilustrado el compañero diputado Kunz.
Por tales razonamientos, nuestra fracción parlamentaria propone las siguientes adiciones al decreto:
1. Adicionar un párrafo segundo al artículo primero para quedar como sigue:
Artículo primero. Como está, uno a la cuarta como está, y lo que proponemos es lo siguiente:
"La descongelación gradual de rentas quedará sujeta también a un programa de rehabilitación y mantenimiento de las viviendas por parte de los propietarios, en las condiciones naturalmente que también contemple el interés de los propietarios". Porque no estamos de acuerdo que
sólo lo que nos interesan a nosotros son los trabajadores, nos interesan fundamentalmente los trabajadores, pero también otros sectores, en cuanto que tenemos que defender también esos sectores no explotadores, y aquí hay parte de los sectores a los que nos estamos refiriendo en cuanto a propietarios.
Segundo. También se propone adicionar la fracción primera del artículo 2, y adicionar un párrafo segundo, que pudiera quedar como sigue:
"Artículo segundo. Primero. Promover la adquisición por parte de los arrendatarios de los inmuebles que habitan. Los arrendatarios harán valer su derecho de opción a compra si así conviene a sus intereses."
Se nos puede decir: Pero es que esto ya lo tienen, lo pueden lograr con otros recursos e instrumentos legales. Pero es preciso establecerlo de una manera clara y precisa. Existe Casa Propia, un programa que pudieran promover los inquilinos que tengan interés y que caigan en una situación que amerite precisamente esto, acudir al Programa Casa Propia; pudieran también acudir al derecho que tienen en el caso de venta, por ejemplo, a ser los primeros en la posibilidad de adquirir el departamento o la casa o el edificio que habitan los inquilinos.
En ese mismo artículo dos, consideramos que manteniendo las fracciones II a la cuarta, habría que agregar el siguiente texto:
"En caso de que existiera una negativa por parte de los propietarios para vender los predios, el Departamento del Distrito Federal los expropiará mediante el pago de la indemnización correspondiente. Estos predios serán destinados para los programas de vivienda popular."
Quisiéramos por último decir que nosotros de ninguna manera olvidamos la necesidad de una legislación inquilinaria en el Distrito Federal, y por supuesto no olvidamos tampoco muchos otros programas. Tomamos en cuenta que cuando se discutió esta iniciativa en la Comisión del Distrito Federal, se modificaron aspectos importantes del Presupuesto de Egresos y en su momento habremos de conocer los aumentos que se hacen en el ramo de la vivienda.
Consideramos que esto esta bien, pero seguimos manteniendo, como todos ustedes, la idea de que es preciso avanzar más a fondo en el problema del ataque sustancial al problema de la vivienda en el Distrito Federal. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: -Tiene la palabra para el mismo tema la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática.
Esta presidencia informa a las galerías que deben guardar el debido orden para escuchar con atención a la oradora.
La diputada Patricia Ruiz Anchondo: -Con el permiso de la presidencia, honorable Asamblea, ciudadanos habitantes de la ciudad de México que nos acompañan en el debate del día de hoy, y que han estado interesados en el debate que se va a realizar y que inicia con la discusión sobre la abrogación del Decreto de Rentas Congeladas, Bienvenidos a esta sala; compañeros legisladores:
Para el Partido de la Revolución Democrática es importante dejar en claro los alcances que el decreto en materia de vivienda para el Distrito Federal, que ahora discutimos, puede tener como alternativa ante el régimen conocido como Rentas Congeladas.
En primer lugar, hay que señalar que la existencia de este régimen no puede ser utilizada como un argumento para justificar la ausencia casi total de inversiones públicas y privadas para viviendas en alquiler.
En la misma exposición de motivos del decreto que debatimos se señala que la vivienda en arrendamiento se incrementó solamente en 10%, durante los años que van entre 1950 hasta 1980.
Hay que señalar que esto es bastante relativo, ya que el decremento de la vivienda en alquiler se calcula al comparar el ritmo de crecimiento del stock total de viviendas, el cual fue superior al ritmo del incremento del acervo de viviendas en arrendamiento en esos años.
Más aún, todos sabemos que de distintas formas se ha mantenido el alquiler de viviendas, evadiendo incluso la normatividad vigente, de las cuales destaca el alquiler de las viviendas llamadas de interés social o los cuartos de azotea, es decir, espacios no destinados originalmente al arrendamiento.
Por otra parte, el déficit de viviendas y el hacinamiento, han acompañado al problema del arrendamiento, según el XI Censo General de Población y Vivienda en el Distrito Federal, viven 8 millones 235 mil 754 habitantes; hay 1 millón 799 mil 414 viviendas con un promedio de 4.6 habitantes por vivienda habitada, y aun cuando
existen discrepancias en torno al déficit de viviendas en la ciudad, podemos afirmar que es mínimamente de 1.5 millones de viviendas.
Algunos de los argumentos planteados en el dictamen señalan el carácter de excepción por la crisis económica de la posguerra, que prevalecía en los años cuarenta y cincuenta, para justificar el congelamiento de las rentas. Sin embargo, es claro que los niveles de ingreso de la población mayoritaria de la ciudad de México están muy por debajo de las rentas que se ofrecen y que la política económica que prevalece en la ciudad alienta un mercado cada vez más especulativo con la vivienda.
En todo caso, hay que reconocer que el monto de una renta debe reconocer, en primer término, el nivel de ingreso, de tal forma que pudiera existir una oferta diversificada a la que puedan acceder los distintos sectores de la población. Pero, al mismo tiempo, debe garantizarse que exista un ingreso suficiente para mantener y rehabilitar las edificaciones, pues sólo así podría ofrecerse vivienda digna para habitantes de la ciudad.
Sería necesario también reconocer que los habitantes tradicionales de las viviendas en renta congelada se ubican en su mayoría en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ocupan edificios con gran riqueza cultural, pero que es precisamente la vocación de vivienda que tienen para el uso de estos inmuebles, la que ha conformado una comunidad que da vida a los edificios. Por ello, es indispensable garantizar el apoyo financiero para realizar rehabilitaciones en donde no sólo participen los propietarios e inquilinos, sino el propio Departamento del Distrito Federal, pues en este caso no sólo se trata de atender necesidades de vivienda sino de rescate del patrimonio histórico monumental.
Nuestro partido considera adecuado el que se de un descongelamiento de rentas siempre y cuando al mismo tiempo se establezca un programa específico con soporte crediticio y facilidades administrativas que apoye a quienes tengan derecho a ocupar casas o locales destinados exclusivamente a la habitación y que son materia de este decreto.
Estas consideraciones, el Partido de la Revolución Democrática lo llevó a la discusión en la Comisión y en gran medida fueron aceptadas en el seno de esta Comisión.
Nosotros además hicimos otras consideraciones en el sentido de que en la actualidad existen, según datos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 10 mil 093 viviendas y locales que se encuentran bajo el régimen de renta congelada, éstas se encuentran ubicadas según la misma Asamblea de Representantes en 2 mil 460 predios. Si nosotros hacemos un calculo de estos 10 mil 093 viviendas en 2 mil 460 predios a un valor de 400 mil pesos por metro cuadrado, el valor de todos estos inmuebles ascendería a 253 mil millones de pesos actuales.
Si tomamos como punto de partida esta consideración, éste fue uno de los argumentos también además de otros que vamos a exponer cuando se inicie el siguiente debate, para solicitar el incremento al presupuesto de vivienda en un 100%, tal y como lo están demandando los ciudadanos que se encuentran en el plantón en las afueras de este recinto.
Para ejecutar un programa de vivienda que atienda a estos habitantes y usuarios de los inmuebles en renta congelada, es necesario el incremento de los recursos asignados al rubro de la vivienda en el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993, no es necesario que esperemos hasta 1994.
Si bien es cierto que en la abrogación del derecho establece un calendario a partir de determinadas fechas que van a entrar en vigor según las características de esta situación de arrendamiento, nosotros sabemos y todos conocemos como se opera la situación del mercado en los hechos, las presiones sobre los habitantes de los inmuebles señalados empezarán a partir de que se apruebe y se publique este decreto.
Por eso nosotros consideramos prioritario que se debía dar garantías y seguridad a estos ciudadanos para que no vayan a ser objeto de juicios inquilinarios que terminen en una injusticia y en un desalojo, como tenemos el caso de tres familias que se encuentran aquí afuera.
Consideramos que debe ser además el Departamento del Distrito Federal en coordinación con los organismos de vivienda quien presente un programa específico para la instrumentación de dicho acuerdo y éste deberá ser aprobado y fiscalizado por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y contar con el acuerdo de los inquilinos.
Tratamos en todo momento de defender el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, por ello deberá ser también un compromiso el
de la rehabilitación de las viviendas, el cual debe ser un requisito indispensable para instrumentar dicho programa.
Todas estas consideraciones fueron presentadas en el seno de la Comisión; la Comisión asumió algunas de las consideraciones, pensamos que fueron suficientes estas consideraciones que fueron aceptadas, y bajo estas condiciones, el Grupo del Partido de la Revolución Democrática se va a manifestar en favor del decreto que abroga al similar que prorroga los contratos de arrendamiento del 30 de diciembre 1948.
Por el Partido de la Revolución Democrática y su grupo parlamentario, diputados: Guillermo Flores Velasco, Gilberto Rincón Gallardo y su servidora. Muchas gracias. (Aplausos)
El presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco:- Gracias Señor, Presidente.
El Presidente:- Me permite, señor diputado. Agradecería infinitamente a los ciudadanos que están en galerías guardaran compostura para poder escuchar atentamente al ciudadano diputado del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención gracias.
El diputado Guillermo Flores Velasco:- Compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna en primer lugar a ratificar nuestro voto a favor de este dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal. Considero que la situación que se había presentado en torno a las rentas congeladas era evidentemente una situación de injusticia social, que ya no correspondía con una realidad.
Sin embargo, también vengo a reflexionar sobre algunos hechos que se derivan de este decreto porque como se ha insistido en esta tribuna, sobre todo la existencia de estas rentas congeladas en estos predios se dan fundamentalmente en el centro de la cuidad, o sea, lo que es el Centro Histórico, la colonia Morelos, la colonia Guerrero, la Doctores, la Obrera, la Merced Balbuena, fundamentalmente ahí están la inmensa mayoría de las viviendas y locales comerciales que están bajo el régimen de renta congelada.
Efectivamente es un número pequeño de viviendas comparado con el total que existen en la ciudad; sin embargo, con la ubicación en la que se encuentran, creo que representaba un conjunto de problemas muy complejos.
A raíz de los sismos de 1985 y previo incluso con los proyectos como se han mencionado aquí de Nonoalco - Tlatelolco, el famoso Plan Tepito, se fue evidenciando una situación bastante contradictoria desde el punto de vista económico y social en el Centro de nuestra ciudad.
Es precisamente en este Centro donde se ubican los principales centros financieros, la mayoría de las sucursales bancarias por ejemplo están ahí, hoteles, restaurantes, la inmensa mayoría de los museos de nuestra ciudad, la inmensa mayoría de las oficinas administrativas, sobre todo esto ha empezado a disminuir, pero sigue prevaleciendo un espíritu centralista tanto en administración de la ciudad como en la administración pública federal.
En este Centro Histórico, fundamentalmente que es el tema, creo que está bastante relacionado, coexisten también tanto pobres, muy pobres, conciudadanos nuestros muy pobres, coexisten los peores vicios de nuestra ciudad, ahí está la prostitución, el alcoholismo, los principales centros nocturnos, bares, está la inmensa mayoría en esta zona.
Es una zona que ha sido declarada por las Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad en 1987. Y esta problemática que tenemos ahora de tratar de conservar esa riqueza cultural, esa riqueza artística, esa riqueza arquitectónica, esa riqueza de cultura y de vida en que todavía existe en nuestro Centro Histórico, porque ahí siguen existiendo gran cantidad de barrios populares con sus propias costumbres y con su propia forma de vida, eso lo ha evidenciado claramente todos estos programas de reconstrucción que existieron a partir de los sismos, y todos estos programas de rehabilitación que han existido. Sin embargo considero que la presenta administración y la anterior administración, ha iniciado un proyecto en donde en lugar de poner en primer término los intereses de la ciudad, los intereses del público en general para poder vivir en este centro, habitar los que estamos viviendo por ahí. Habitar y poder contemplar, poder disfrutar esa cultura, esos monumentos, esa historia que está ahí presente de muchos siglos, en el centro de nuestra ciudad.
Se ha empezado a privilegiar como en muchos otros aspectos de la vida política y económica de nuestra ciudad, el interés privado, el lucro, la ganancia. Una política elitista. Se pretende construir en el centro histórico, una zona rosa
de carácter colonial, una zona eminentemente turística donde no caben los pobres. Y creo que esta iniciativa que hoy yo personalmente y creo que muchos sectores de la sociedad van a saludar el que terminen estas rentas congeladas, puede servir como un instrumento más para hacer de este centro histórico de nuestra ciudad, de este corazón de la propia ciudad y el propio Distrito Federal, la parte más elitista de nuestra ciudad.
El Gobierno ha implementado el Plan del Centro Histórico, por parte se ha aventado el Plan Alameda, con una expropiación en una extensa zona de este centro histórico, el programa de "Echame una Manita", el programa de remodelación de las calles del centro, como las calles del centro de Tacuba, Motolinía y otras bastante céntricas, ha implementado un programa de reubicación a los vendedores ambulantes, que no se ve por dónde lo puedan terminar. Sin embargo creo que todos estos planes van en función no de preservar la vida de los habitantes que están viviendo ahí, nuestras costumbres, nuestro espíritu de barrio que todavía sigue existiendo ahí, y conservar todo eso que puede ser un ejemplo para todo el país, para los nacionales y para los extranjeros. Pero no queremos un Centro Histórico muerto, un museo que solamente sirva para que lo contemplen los extranjeros como algo ajeno a nuestra propia realidad. Creo que eso es lo que está en el centro de este debate y como en otras ocasiones hemos insistido, si esta iniciativa es bastante positiva, no debe confundirse la naturaleza o el fin que se trata en ese sentido, van nuestras reflexiones.
Esta iniciativa que plantea dar alternativas concretas y por eso nuestro partido ha votado a favor alternativas de rehabilitación y de vivienda a estos moradores de rentas congeladas, se ha planteado claramente esa alternativa. Pero esto no debe servir para hacer más elitista nuestro Centro Histórico. Debemos preservar esa cultura, esos edificios que existen ahí, esa arquitectura, ese arte, para servicio de toda la ciudad, de todo el país e incluso de todo el mundo, porque esto ya es un patrimonio de la humanidad. Y creo que en ese sentido todos podremos estar de acuerdo que esa debe ser la orientación adecuada para llevar adelante la rehabilitación del Centro Histórico y esta iniciativa que hoy aprobamos, va a ser un puntal importante para que nosotros todos le demos una rehabilitación orientada, haciendo que el centro sea para todos, para todos los que viven, los ricos y los pobres. No puede ser un centro nada más para ricos o un centro nada más para los pobres. No puede ser nada más para vivienda, deben conservarse todas las formas, la poca industria que existe que además es importante, el comercio, actividades de carácter artesanal, la cultura. Todo debe coexistir, porque así es de rica nuestra ciudad, así es de rico nuestro Centro Histórico y eso es lo que deseamos todos los mexicanos, eso es lo que deseamos toda la sociedad en su conjunto. No se puede permitir en esta materia exclusiones y elitismos.
Por eso apoyamos esta iniciativa, lucharemos porque tenga esa orientación la rehabilitación del Centro Histórico. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:- Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sin lugar a dudas esta LV Legislatura que nos ha tocado vivir, sigue caracterizándose por abordar muchos de los temas considerados tabú en otros tiempos; como lo es el día de hoy, a casi 45 años de que un decreto prorrogó los contratos de arrendamiento y congeló las rentas pactadas, como una legislación de emergencia. Ante un rezago de legislación, hasta el día de hoy se decide terminar con una medida emergente; una medida derivada, se dijo en su oportunidad, de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.
Para Acción Nacional ésta es una medida justa, y es una medida justa porque se acompaña de otras medidas que ayudarán a los que ahora son inquilinos, a convertir mañana en propietarios. Y de eso estaremos pendientes los diputados de esta Legislatura y estarán pendientes también los asambleístas para que se cumpla en sus términos y no se deje desprotegidas a algunas de las personas a las que afecta este decreto.
Estamos ciertos y estamos conscientes de que haya muchos que este decreto los ha favorecido y se han hecho ricos. Y así vemos como en el centro existen centros comerciales dedicados a la venta de joyería, vemos como existen hasta hoteles destinados a otros fines, que se encuentran en renta congelada. Esto es injusto que suceda en la ciudad de México. Por ello estamos de acuerdo. Pero protegeremos a aquellos inquilinos que verdaderamente siguen necesitando de este tipo de facilidad.
Hagamos un recuento de cuales fueron las medidas que trajeron aparejados estos decretos de congelamiento de renta.
Consideramos que en su oportunidad este decreto cumplió con la finalidad para la que fue creada. Este decreto, al igual que los dos anteriores que le precedieron, modificaron en sí la estructura de los contratos de arrendamiento en la ciudad de México, propiciaron, entre otras cosas, diría yo, los efectos negativos, que empezara un desaliento en la inversión pública, en la inversión de la casa habitación.
Esto no fue suficiente, como lo decía el compañero Kunz Bolaños. A partir de los sesenta empezaron a sufrir fuertes cargos tributarias los inmuebles destinados a casa habitación, y no se queda ahí, sino que en los años ochenta, una modificación al Código Civil que por ahí se le dio en llamar: La Nueva Ley Inquilinaria, que no tuvo más que algunos propósitos muy definidos, como fue el seguir regulando la renta, se autorizaron incrementos de renta hasta el 85% de lo que pudiera incrementarse el salario mínimo en un año. Esto indudablemente trajo desaliento en la construcción de vivienda e incluso hoy día pocos son los inversionistas que quieren invertir en arrendamiento; prefieren en otros rubros de la actividad económica.
Otros de los elementos que ayudan y que nos dan base para votar a favor de este decreto, son los siguientes:
Se está terminando con un medida de emergencia que debió haber sido transitoria, pero por haberla llevado hasta nuestros días, se convirtió en una economía ficción.
Segundo, estamos de acuerdo en votar esta iniciativa a favor, porque se derogan paulatinamente estos decretos de renta congelada, es decir, no causarán un problema social, y no lo causarán porque estas medidas las estamos acompañando con otras que enunciaremos en la discusión del Presupuesto de Egresos, para que los organismos de vivienda en el Distrito Federal, puedan hacerle frente paulatinamente a la gente que se empezará a quedar sin vivienda y pueda financiarle vivienda propia.
Estamos de acuerdo también porque estos contratos de congelación de renta, en el momento de su expedición, cumplieron ya su cometido, que fue la protección social de las clases más necesitadas, pero que en la actualidad sólo están representando un alto costo social en general porque se ha desalentado la inversión de casas de arrendamiento.
Y estamos de acuerdo también en aprobar este decreto, en dar nuestro voto aprobatorio, porque en su gran mayoría los beneficiados con estas rentas congeladas ya no existen; quienes existen ahora son sus sucesiones. Pero no obstante que sea la sucesión quien tiene estos derechos y a quien de alguna forma afecta este decreto, seremos cuidadosos, y así se estableció en este decreto en su punto segundo, que serán objeto de trato preferencial para los créditos de vivienda.
Consideramos que esté es un hecho trascendente es un hecho justo y que pone fin a la economía ficción que en materia de arrendamiento estábamos viviendo. Por ello nuestro voto a favor de este decreto. Muchas gracias. (Aplausos.) El presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputados Francisco Javier Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:- Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados:
Es una cuestión breve, que todavía el día de ayer en la noche, en la Comisión del Distrito Federal quisimos ver y queremos reincidir en esta situación.
Tengo a la mano la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, y si son atribuciones del Jefe del Departamento del Distrito Federal, aquí están en la ley, sí son atribuciones de que él se haga responsable de un proyecto específico o un programa de vivienda que tiene qué ver con las rentas congeladas del decreto de 1948!
Y nosotros queremos insistir en que pensando desde el punto de vista de los beneficiarios de este programa de vivienda, haya quien se haga responsable ante ellos de que va a cumplir el decreto, que hoy queremos concertar y acordar. Seguimos insistiendo en esto y la propuesta en concreto es la siguiente. En el artículo 2o. del decreto añadir los siguiente:
"El Departamento del Distrito Federal, en coordinación con los organismos de vivienda...", etcétera. Añadir solamente: "El Departamento del Distrito Federal en coordinación con los organismos de vivienda..." Si no, ni siquiera la autoridad del Distrito Federal se va a hacer responsable de un programa que tiene qué ver con habitantes, cuyo gobierno es el Departamento del Distrito Federal.
Si hay coordinación de los organismos de vivienda, qué bueno. Pero los beneficiarios del
programa tienen que saber quién es el responsable para que les cumplan. Y según la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, voy a citar algunos artículos.
En el Capítulo II. De las atribuciones del jefe del Departamento del Distrito Federal. En el artículo 5o, fracción II, Señala:
"Son atribuciones del jefe del departamento del Distrito Federal fijar, dirigir y controlar la política administrativa del Departamento del Distrito Federal, así como coordinar en los términos de las leyes y demás normas aplicables las del sector correspondiente. A tal efecto planteará, coordinará y evaluará la operación de las entidades de dicho sector, de conformidad con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como con las metas y políticas nacionales que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."
Nosotros entendemos que el Programa Nacional de Viviendas es parte del Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto son atribuciones del Departamento, que esta Cámara de Diputados sí puede, en el marco del decreto de ley, destinar esa responsabilidad al Departamento.
Otra. La fracción III del mismo artículo 5o.
"Desempeñar las comisiones que le confiera el Presidente de la República y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas."
Aquí podría haber tal cual, bajo la responsabilidad... El Distrito Federal es una responsabilidad del Presidente de la República y sí podría desempeñar una comisión de esta naturaleza.
La Fracción IV igual, ya no las digo, la XX, la XXII y la XXVI.
Nosotros insistiríamos, pues, en que añadiera esta propuesta al artículo 2o. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- En términos del artículo 102, tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, para rectificar hechos.
El diputado Carlos González Durán:- Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
Solamente solicité el uso de la palabra para hacer referencia al conjunto de problemas que no se tocan en esta reforma y que quedan latentes como diferentes reclamos, necesidades y demandas que viene padeciendo en torno de la vivienda el Distrito Federal.
Hay, como aquí se dijo por un diputado del Partido Popular Socialista, el carácter de globalidad de este problema y el carácter de complejidad. Está pendiente en la legislación, una legislación inquilinaria, que proteja el derecho a la habitación como un derecho más importante que el derecho al lucro o el derecho a la propiedad privada; me refiero a la estabilidad de los contratos, a su permanencia y al equilibrio justo de la renta, donde no haya abuso ni del propietario o arrendador ni del inquilino o arrendatario.
Está pendiente una reforma legislativa en materia inquilinaria. Está pendiente también una política de rescate global sobre derecho a la imagen histórica, que es, como dijo el compañero Guillermo Flores, un derecho de todos los habitantes y visitantes de la ciudad a conservar la imagen, la belleza artística y el espacio de uso común que tiene la riqueza de esta ciudad capital.
Está, por otra parte, el problema a cargo de las autoridades del Departamento del Distrito Federal de implementar e impulsar las políticas para el fomento de la construcción de la vivienda popular de entre la producción de materiales baratos, mediante la instalación del suelo urbano para la construcción o autoconstrucción. Y también está pendiente la efectiva regulación urbana de los asentamientos para impedir todas esas tragedias que suceden en las barrancas de esta ciudad, en los lugares impropios para la edificación de habitación, porque el crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y ya es tiempo de que se programe y se desarrolle una planificación orgánica que integre el uso correcto y adecuado del suelo, para la garantía y preservación de la vivienda y de las demás actividades de una ciudad, en tanto en el comercio, en la industria, en las oficinas, etcétera.
Existen, pues, un conjunto de problemas, como el problema ecológico que angustia y ahoga a la ciudad de México. Todo eso afecta e interesa al tema de la vivienda y al tema de vivir en la ciudad. Porque vivir en la ciudad no es el derecho a estar alojado en una sola azotea o en una escalera o en un estrecho departamento o en un impropia choza. Debe organizarse humanamente la presencia y el derecho a la ciudad y el derecho a la habitación.
Claro está que resulta anacrónica una protección que congelo las rentas en los años cuarenta con un nivel de precios que ahora resulta ridículo e inequitativo, pero el problema está en que no debe con esta actualización facilitarse que solo
tenga impulso y desarrollo el espíritu de especulación urbano que convierta el centro de la ciudad en espacios y escaparates para el comercio y para el lucro. La ciudad tiene sus habitantes y esos habitantes de la ciudad podría entenderse, que son los más dueños de la ciudad.
Una persona que por muchos años ha vivido en una casa es más dueña que aquellos que tengan las escrituras; entonces el derecho a la habitación, el derecho a la ciudad, el derecho a la imagen histórica, a la planificación, a la protección ecológica, al uso adecuado de los asentamientos, es un conjunto de problemas que no se atienden debidamente, pero se van a atender sino cuando los ciudadanos de México, del Distrito Federal, se conviertan en verdaderos ciudadanos que elijan a sus gobiernos, que elijan a sus autoridades, se instituya la vida municipal en el Distrito federal.
El Presidente:- Concluyó su tiempo señor diputado.
El diputado Carlos González Durán:- Muy bien agradezco la oportunidad que se me dio e insisto que este conjunto de problemas sociales requiere antes que otra cosa, la democracia en el estado de Anáhuac. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Aníbal Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Aníbal Pacheco López:- Con su permiso, compañero Presidente, Compañeras y compañeros diputados:
Nada más para insistir en relación a lo que el compañero diputado Francisco Javier Saucedo vino a manifestar; efectivamente, hasta el día de ayer por la noche nos reunimos en la comisión discutiendo este tema que él plantea.
Queremos decirle que sí existe responsabilidad del Departamento del Distrito Federal y que queda muy claro en el Artículo tercero transitorio. Me voy a permitir leerles este artículo, dice así: "El Departamento del Distrito Federal deberá informar sobre la ejecución y los avances del programa específico de vivienda a que se refiere el artículo 2o. de este decreto.
En los informes trimestrales que envía a la Cámara de Diputados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su adecuada verificación y seguimiento; es claro que queda bajo su responsabilidad y principalmente en las áreas que a él le corresponden, el seguimiento de este Programa de Vivienda y que, como lo dije aquí, informarán cada tres meses del trabajo que se vaya desarrollando, de los avances que se vayan realizando en beneficio de estos inquilinos que en estos momentos viven en rentas congeladas. Muchas gracias
(Aplausos.)
El Presidente:- Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:- Compañeras y compañeros diputados:
Yo no sé si no se quiere entender lo que uno dice, cuando le dicen que el artículo 3o. responde a la demanda que estamos haciendo. El artículo 3o. dice claramente que el Departamento tiene que informar de la ejecución de un programa, y además el artículo 3o. es lo que ya es una atribución de la Asamblea de Representantes por derecho constitucional, está en el artículo 73 de la Constitución.
Parece que es innecesario. Yo quisiera hacer un llamado para que se entienda en qué estamos nosotros reclamando la propuesta que hacemos. No es posible que haya un programa que sea fantasma, quién lo vaya a organizar, ¿la coordinación de los organismos de vivienda?
Piensen ustedes en los que van a ser beneficiarios de este proyecto, ¿a dónde van a ir a acudir?, ¿a la Cámara de Diputados cada tres meses o a la Asamblea de Representantes?, porque dice el artículo 3o. de este decreto que queremos aprobar, que ahí el Departamento le va a informar a la Cámara y a la Asamblea de Representantes.
Es decir, es esta instancia la responsable de que vengan aquí los beneficiario del programa. Eso es lo que estamos insistiendo, no es otro problema. Ante quién se van a registrar los beneficiarios del programa? Estamos hablando de más de 10 mil rentas congeladas en el Distrito Federal. Ese numero de familias, ¿a dónde van a ir a acudir? Y me respondo, con todo respeto, pero no estamos jugando en la tribuna. Ayer estuvimos con la Comisión del Distrito Federal diputado Lerdo de Tejada; hablamos con usted personalmente y creo que usted entendía lo que estábamos refiriendo y me contesta exactamente con el artículo 3o. que es otra cosa.
No pedimos información del Departamento, pedimos responsabilidad ante los beneficiarios de un programa; que se hagan responsables ante ellos de ese programa, como lo hagan, pero que
haya una responsabilidad a quien acudir.
(Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Octaviano Alaniz Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras diputadas y diputados.
Seré muy breve, sólo para una precisión. Uno de los oradores, quiero anticipar que estamos de acuerdo con este dictamen, para que quede claro. Pero uno de los oradores afirma que por el solo hecho de que durante muchos años los destinatarios de esto se conviertan, o que son más dueños que el que tiene los títulos de propiedad. Es ahí donde yo quiero que nos centremos. A pesar de que estamos de acuerdo con el dictamen, si pedimos que no se abuse con exageración pretendiendo hacer creer a quienes son los inquilinos, quienes son los arrendatarios, de que tienen más derecho como propietarios que el que tiene los títulos de propiedad.
Eso es falso y es demagógico y creo que en esta tribuna debemos manejar la verdad, debemos ser honestos. Más adelante se podría considerar que en esta Cámara dejamos pasar los conceptos que hacen creer a alguien que es dueño sin serlo y al rato se desencadenan los comportamientos en sentidos inconvenientes. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Everardo Gámiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Everardo Gámiz Fernández:- Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a tratar de fijar la posición de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, en torno al dictamen de la iniciativa presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y el punto de acuerdo de la Asamblea de Representantes sobre este tema.
Para todos nosotros es conocido que uno de los problemas más sentidos, más importantes que confronta nuestra ciudad y que amerita realmente la mayor de las atenciones de parte de quienes tienen que intervenir en los programas para otorgar vivienda digna a quienes tienen el carácter de inquilinos, es indiscutiblemente un problema que sin distinción de partidos, nos aglutina, nos hace coincidir en la necesidad de que esos compatriotas que tienen mucho tiempo de vivir en la injusticia, cuenten con un apoyo decidido de las autoridades que, gracias al voto de ellos, están en el desempeños de esas funciones.
Para todos nosotros es conocido que éste es uno de los problemas más importantes, más espinoso que tiene la ciudad de México, que no se puede resolver simple y sencillamente con criterios personales o juicios personales, sino que tiene que ser consecuencia del análisis profundo, de la revisión de los antecedentes, desde hace 50 años para acá, para que encontremos, desde el punto de vista legal, un punto de equilibrio entre propietarios e inquilinos, que permita que los más desprotegidos que no tienen el privilegio de contar con una casa propia, cuando menos disfruten de una casa digna que los haga sentirse orgullosamente mexicanos.
Y es indiscutible que en esta LV Legislatura, ha habido un respeto absoluto a la pluralidad y a la manera de pensar de cada uno de los que integramos, y hemos tenido todos la libertad de expresar nuestros puntos de vista, a veces con razón, a veces con buenos fundamentos, a veces trasmitiendo el clamor de esta clase desprotegida de mexicanos, pero a veces quizá con algún tinte favorable a alguna de las corrientes políticas que, a mi juicio, nos aleja de lo que nos debe hacer coincidir a todos, para que aportemos lo mejor de nuestras experiencias, si es que realmente queremos servirle a estos compatriotas.
Y yo sí resalto ese respeto de que hemos sido objeto, porque en la Comisión del Distrito Federal, en donde también ha habido una gran oportunidad para que todos opinemos, para que todos sugiramos, para que todos indiquemos que todavía podemos hacer estudios más a fondo, más profundos, a efecto de llegar al encuentro de las mejores soluciones.
Y esto se confirma aun desde esta tribuna. Por ejemplo, nuestros compañeros diputados del Frente Cardenista, hace unos momentos hicieron una propuesta que pretende adecuar o modificar al artículo 1o., y tengo entendido que en la reforma que ya se contempla en el dictamen, ya está considerado ese punto de vista de los compañeros del Frente Cardenista.
Y aquí también se nos ha expresado que el problema es de una magnitud, y que el problema casi casi se anuncia como que no tiene solución, y es importante que nosotros señalemos en esta tribuna, que desde 1987 hasta la fecha, en el Tribunal Superior de Justicia, solamente
han registrado casos en cuestión inquilinaria, un total de 1 mil 475 jefes de familia, lo que nos denota que lo originó la promulgación del decreto, como atinadamente lo señalan los compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su iniciativa, ya es obsoleto, ya no corresponde a una realidad, y estaríamos, de insistir en la presencia de este decreto anterior, incurriendo en actitudes de engaño o en actitudes un tanto demagógicas para la gente que tienen el anhelo y que tienen el deseo de contar con un hogar y un patrimonio para su familia.
Por eso, vamos a medirlo en su justa dimensión. No vamos ni a inflarlo ni tampoco vamos a disminuirlo; vamos a ver sus efectos, vamos a ver lo que se necesita hacer realmente para evitar que se sigan aprovechando o utilizando muchos que aparecen como gestores o redentores de quienes carecen de la vivienda, y que al final de cuentas no solamente no les cumplen, sino que los hacen víctimas de exacciones de carácter económico, que lesiona aún más la débil economía de nuestros compañeros.
Y habido una gran participación en la Comisión del Distrito, que preside nuestro amigo Fernando Lerdo de Tejada, en donde incluso, por ejemplo el caso de los compañeros del Partido Popular, hicieron algunos planteamientos que fueron considerados, fueron analizados porque nuestro propósito era que en esta LV Legislatura no un voto en contra viniera a manchar un buen fin y un buen propósito, y es justo reconocer, y además así nos lo han autorizado los compañeros del Partido Popular Socialista, que firmarán de acuerdo, en favor del dictamen, en virtud de ya haberse tomado en cuenta las observaciones y apreciaciones que ellos hicieran.
Esta es la confirmación indiscutible de que hay libertad, de que hay juego, de que hay oportunidades para que todos, con el mismo interés que podemos tener, independientemente de la trinchera política, en forma real, sí, busquemos o vayamos al encuentro todos debidamente hermanados, de las mejores soluciones, para que independientemente de la situación partidista, no nos olvidemos que todos son nuestros hermanos, que todos son compatriotas, y que tienen el libre derecho de pensar como a ellos les señala la Constitución con toda la absoluta libertad, pero que eso no puede ser el limitante para que no tenga el apoyo y la ayuda de todos los organismos políticos que participamos en este concierto de la vida política del país.
Tal es el caso que se ha presentado aquí también del centro histórico y de algunas otras razones de la ciudad, que de manera alguna han quedado, por decirlo así, atrapadas entre dos fenómenos: el primero por el escaso interés de los propietarios de los inmuebles para brindar un mantenimiento adecuado a los mismos, en virtud de que se encontraban sujetos a una disposición jurídica que les impedía ir adecuando el monto de las rentas, derivadas del arrendamiento de sus propiedades.
Para verificar el resultado de esta situación, basta con recorrer algunas calles de las colonias con una gran tradición en nuestra ciudad capital, y apreciar el lamentable estado en que se encuentran muchas edificaciones, con un innegable valor histórico, así como las difíciles condiciones antihigiénicas, inhumanas, en las que viven quienes habitan estos inmuebles, que no pueden ser objeto de adecuarse o de acondicionarse por las situaciones jurídicas que lo impiden.
En segundo lugar, debemos considerar que si bien es cierto que la mancha urbana creció aceleradamente, también lo es el hecho de que la mayor parte de las construcciones, edificadas en las últimas décadas, no fueron dedicadas para renta. La falta de inversión en este rubro nos ha conducido irremediablemente a una de las más importantes demandas que se plantean en nuestra ciudad, la carencia de vivienda digna y justa para quienes las habiten.
Es por ello que mi partido vio con agrado la iniciativa y la somete solidariamente a este pleno, porque ahora estamos tratando que éste, que es uno de los problemas que afectan de manera directa a los capitalinos y porque estamos también comprometidos con todos aquellos y todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida en los mismos.
El proyecto de decreto que abroga el diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan y que hoy discutimos, sin duda habrá de ser aprobado por todas las fracciones partidarias que integran esta LV Legislatura.
El propósito no es otro sino mejorar las condiciones de los inmuebles que se encuentran bajo el régimen de rentas congeladas, y de esta manera dotar a los moradores de estas casas o locales, la posibilidad de adquirir los mismos. Se trata, como se señala en el dictamen, de regular la relación inquilino - propietario a fin de encontrar el punto de equilibrio entre las partes y propiciar a impulsar la inversión sobre
el nivel social de los inquilinos que merecen contar realmente con una vivienda decorosa.
Me llama la tensión el hecho de que el problema que estamos tratando en esta ocasión, en esta máxima representación popular, coincide con una referencia planteada por el distinguido mexicano, galardonado anteayer con la presea Ciudad de México, la cual le fue entregada por el señor Presidente de la República.
El problema de las rentas congeladas es tan añejo que uno de los más destacados historiadores mexicanos, urbanista y filósofo por añadidura, se refirió al mismo confirmándonos la determinación de legislar en esta materia y coincidiendo con el propósito de la LV Legislatura de entrarle de lleno, de entrarle sin escabullirse y de encontrar esas soluciones que favorezcan a estos mexicanos.
Yo quisiera que se me permitiera por esta honorable Asamblea, citar parte de la intervención que el arquitecto José Iturriaga tuvo en el momento de dar respuesta a la acción del señor Presidente, de distinguirlo con la presea ciudad de México, porque se asocia y nos viene a convencer que no estamos equivocados y que sí estamos los diputados al tanto de cuáles son los problemas que nos aquejan, y no le estamos dando medias vueltas ni esquivándolos, sino que lo estamos atendiendo en forma positiva, hasta donde las posibilidades económicas lo permiten.
Voy a citar. El señor arquitecto manifiesta: "Esta presea la acepto porque me hace recordar mi intento de hace casi tres décadas, de poner un alto a una depravación arquitectónica tendiente a provocar un ataque de amnesia a nuestra urbe, y por eso alerté a la conciencia pública de la magnitud de esas acciones.
Tal proyecto brotó del amor a la ciudad donde nací, pero también de la indignación. Comparé con cuanta devoción los alcaldes de algunas urbes europeas cuidaban con una gran devoción los valores artísticos de sus inmuebles.
Con ello llegué a advertir la indiferencia mostrada por los propietarios de las casonas coloniales y por las sucesivas autoridades, ante la demolición de muchos añosos inmuebles, no sin una connivencia tácita o expresa de unos y otros.
El bajísimo valor catastral de ese tesoro arquitectónico con su precio comercial, merced al sistema de rentas congeladas que existe.
Así, se desató una verdadera guerra de guerrillas entre dueños e inquilinos. Estos carecían de agua y la norma era vivir entre ruinas y detritus; entre tanto, los propietarios con las exiguas rentas no alcanzaban a pagar el bajo impuesto predial respectivo, y para que se pudieran o vinieran a bajo las vigas que sostenían las azoteas, cerraban las gárgolas, para con ese pretexto amenazar la seguridad de los vecinos y sugerirles la inmediata desocupación de esa vivienda, para posteriormente especular o cobrar rentas elevadas, fuera de la capacidad de quienes muchos años han sido sus verdaderos cuidadores de estas propiedades."
Esta situación, en justicia, no puede seguir así, terminé la cita anteriormente, y los diputados coincidimos con el homenajeado en cuanto a la conservación de los inmuebles históricos, y no renunciamos por generar, regenerar una legislación
que proteja a quienes y que sin duda alguna sí tienen el derecho a ser mexicanos de primera; se trata de los que menos tienen y de los que son más víctimas de esta situación que prevalece de todo punto de vista irregular. Yo agradeceré a la mesa y a mis compañeros integrantes de esta Asamblea, tengan a bien acordar, por la bondad, por los fines que se persigue, por el curso de todas las opiniones que nos llevan al mismo objetivo, favorable el dictamen que presentó orgullosamente la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos , el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
(Desorden.)
Con respeto, suplico a los invitados sirvan guardar orden y silencio, para escuchar a los oradores.
El diputado Jorge Tovar Montañez:- Compañeras y compañeros diputados: Muchas gracias al diputado Gámiz Fernández por sus alusiones al Partido Popular Socialista.
Deliberadamente en mi intervención anterior no declaramos enfáticamente nuestro apoyo al dictamen; por el contrario, propusimos un agregado a la fracción IV del artículo 2o., y por la intervención del diputado Gámiz Fernández entendemos que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional está de acuerdo en la proposición que hacemos.
Por este motivo, no nos queda más que, entendido así, pues que se acepta nuestro agregado,
declarar enfáticamente que el Partido Popular Socialista dará su voto aprobatorio al dictamen. Muchas Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Alberto Monterde Reyes, del Partido Revolucionario Institucional para hacer una propuesta.
El diputado Alberto Monterde Reyes:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para muy brevemente presentar tres propuestas concretas a nombre de mi partido el Revolucionario Institucional con relación al proyecto de decreto que estamos discutiendo. Estas propuestas tienen por objeto de dar al decreto, de aprobarse por esta honorable Asamblea, una mayor claridad y certeza jurídica, a efecto de facilitar su interpretación y aplicación consecuente.
La redacción que proponemos busca precisar también los ordenamientos legales que en su caso serán aplicables a los propietarios de inmuebles con carácter histórico o artístico.
Las propuestas, señores legisladores, son las siguientes:
La primera se refiere al nombre del proyecto de decreto. Actualmente éste dice: "Decreto por el que se abroga el similar que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan", Nosotros creemos que debe decir: "Decreto por el que se abroga el diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan".
La segunda, creemos que la redacción del artículo 1o. debe quedar como sigue: "artículo 1o. Queda abrogado el decreto que prorroga los contratos de arrendamiento de las casa o locales que se citan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1948 dentro de los plazos que a continuación se indican, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación:
1o. Las casas o locales destinados a comercios o industrias a los treinta días.
2o. Las casas o locales ocupados por trabajadores a domicilio o talleres a los dos años.
3o. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación y cuya renta mensual sea de doscientos cincuenta pesos o más a los dos años.
4o. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación cuya renta mensual sea de más de cien pesos y menos de doscientos cincuenta pesos a los tres años.
5o. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación cuya renta mensual sea hasta de cien pesos a los cuatro años.
Finalmente, la tercera propuesta se refiere al artículo 3o., proponemos que diga como sigue: artículo 3o. Los propietarios de los inmuebles objeto del presente decreto que tengan el carácter de históricos o artísticos deberán conservar y en su caso restaurarlos a lo establecido por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos".
Dejo las propuestas en la Secretaría y muchas gracias por su atención.
El Presidente:- Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas por diversos partidos, dándoles lectura previamente.
El secretario Héctor Morquecho Rivera:- Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Dice: Artículo 1o. Se adiciona de la fracción I a la IV.
La descongelación gradual de rentas quedará sujeta a un programa de rehabilitación y mantenimiento de las viviendas por parte de los propietarios".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
"Artículo 2o. fracción I. Promover la adquisición por parte de los arrendatarios de los inmuebles que habitan.
Los arrendatarios harán valer su derecho de opción a compra si así conviene a sus intereses."
De la fracción II a la IV, artículo 2o., se adiciona.
"En caso de que existiera una negativa por parte de los propietarios para vender los predios,
el Departamento del Distrito Federal los expropiará mediante el pago de la indemnización correspondiente; estos predios serán destinados para los programas de vivienda popular."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:- Partido Popular Socialista, propuesta de modificaciones al decreto que abroga al diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan.
"Artículo 2o., fracción IV. Considerar en forma prioritaria a los inquilinos que así lo deseen y reúnan los requisitos para integrarse a los programas de vivienda que desarrollan los organismos oficiales y a los que en el futuro se desarrollen en cumplimiento de este derecho." Firma diputado Jorge Tovar Montañez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El secretario Salvador Juárez García:- Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Se modifica el artículo 2o. del decreto a discusión para quedar como sigue:
"Artículo 2o. El Departamento del Distrito Federal en coordinación con los organismos de vivienda y en el marco de su competencia en esta materia, elaborará un programa especifico que garantice el soporte crediticio, las facilidades administrativas y asesoría jurídica. Este programa debe estar de conformidad con el calendario señalado en el artículo 1o. del presente decreto, y apoyará a quienes tengan derecho a ocupar casas o locales destinados exclusivamente a la habitación y que hayan sido regulados por el decreto que se abroga a efecto de..."
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, firma el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta, de modificación al nombre del decreto por el que se abroga el diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan, actualmente dice: "Decreto por el que se abroga al similar que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan".
Debe decir: "Decreto por el que se abroga el diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales comerciales que se citan".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche... En consecuencia se acepta la propuesta señor Presidente.
El secretario Héctor Morquecho Rivera:- Propuesta de modificaciones al decreto que abroga al diverso que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan.
Es propuesta del Partido Revolucionario Institucional.
"Artículo 1o. Queda abrogado el decreto que prorroga los contratos de arrendamiento de las casas o locales que se citan, Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1948, dentro de los plazos que a continuación se indican contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación:
1. Las casas o locales destinados a comercios o industrias, a los 30 días.
2. Las casas o locales ocupados por trabajadores a domicilio o talleres, a los dos años.
3. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación y cuya renta mensual sea de 250 pesos o más, a los dos años.
4. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación y cuya renta mensual sea de más de 100 pesos y menos de 250 pesos, a los 3 años.
5. Las casas o locales destinados exclusivamente a habitación, cuya renta mensual sea hasta de 100 pesos, a los cuatro años."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptado señor Presidente.
Artículo 3o. Propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Se pide quede de la siguiente manera:
"Los propietarios de los inmuebles objeto del presente decreto que tengan el carácter de histórico o artístico, deberán conservarlos y en su caso restáuralos, de conformidad a lo establecido por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor Presidente.
El Presidente:- Consulte la secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Luis Pérez Díaz:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El Presidente:- Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Luis Pérez Díaz:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente: se emitieron 375 votos a favor, uno en contra, en lo general y en lo particular. 15 votos en contra del primer renglón del artículo 2o., por no precisar responsabilidad y a favor del resto. ¿Esta claro? El Presidente:- Aprobado en lo general y en lo particular, por 375 votos.
(Aplausos.)
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que Abroga al Similar que Prorroga los Contratos de Arrendamiento de las Casas o Locales que se citan.
El secretario Luis Pérez Díaz:- Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
*PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL
El Presidente:- El siguiente punto del orden del, día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para Ejercicio Fiscal de 1993.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 21 del día 16 de diciembre 1992.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, acordaron que la discusión del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1993, se realice en lo general y en lo particular y la votación nominal en lo general y en lo particular se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo.
El Presidente: - Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Silvestre Fernández Barajas fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el diputado Silvestre Fernández Barajas.
El diputado Silvestre Fernández Barajas: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para sustentar el dictamen sobre la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993, que hoy se somete a la consideración de esta soberanía.
Asimismo les ruego me permitan hace un reconocimiento y expresar una felicitación a todos los colegas diputados que constituyeron el grupo de trabajo plural, por el extraordinario esfuerzo realizado al estudiar el proyecto del presupuesto que hoy nos ocupa y la elaboración del presente dictamen.
En el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal se contempla realizar erogaciones que cumplan las acciones determinadas en 43 programas, de los cuales 13 se han considerado como prioritarios.
Acorde con la Ley de Ingresos se presupuestan egresos por 14 mil 535 millones 915 mil 100 nuevos pesos nuevos, de los que 11 mil 179 millones 204 mil nuevos pesos cubrirán actividades del sector central. Y por empresas y organismos coordinados 3 mil 356 millones 711 mil nuevos pesos. De esos, 1 millón 880 mil 65 nuevos pesos corresponden a aportaciones.
Con recursos propios del Departamento del Distrito Federal y empresas coordinadas se financiarán 8 mil 110 millones 97 mil 600 nuevos pesos y 5 mil millones 784 mil 835 nuevos pesos provendrán de ingresos federales. 200 millones de transferencias del Gobierno Federal y 195 millones de Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior y 245 millones 981 mil pesos con financiamiento. Desde luego que ante la magnitud de una gran urbe, como lo es nuestra ciudad capital de la República Mexicana, el análisis frío de estas cifras y de los montos que serán erogados nos puede llevar a apreciaciones incorrectas. Pero la gran cantidad de problemas que a diario enfrentamos quienes habitamos el Distrito Federal, así como lo complejo de su solución, nos remite inevitablemente a la priorización del gasto y la buena administración de los recursos con que se cuenta.
De ahí que será necesario ubicarnos en el contexto de cómo deban acometerse las soluciones a dichos problemas.
Habiendo analizado los programas de acción en que se utilizarán los recursos financieros presupuestados, hemos encontrado que en materia de seguridad pública se reforzarán los mecanismos y dispositivos de seguridad y vialidad, modernizando el parque vehícular y el equipamiento general, así como fortalecer los programas de actualización y especialización de los miembros de la policía.
En cuanto a la impartición de justicia, nos parece será conveniente insistir en la desconcentración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como la atención que de manera especial se dé a los delitos sexuales y robo de infantes.
Sin duda, una de las mayores preocupaciones es la de restituir a la ciudad de los ecosistemas, de ahí que las acciones que se realicen para mejorar la calidad del aire, agua y suelo, así como la preservación de los recursos naturales, requieren de la mayor atención. Y nos parece importante recomendar se consoliden los programas
de forestación y reforestación, tanto de zonas urbanas como zonas rurales; el tratamiento de aguas negras para su rehuso, instalaciones de drenaje y plantas de tratamiento; la recolección manejo y disposición final de los residuos sólidos, consolidando la infraestructura, los sistemas de transferencia, el tratamiento y el reciclaje.
En materia de transporte se plantea mejorar la calidad en los servicios, continuando con el Metro como eje principal, atendiendo los rubros de adquisición y rehabilitación de carros, así como de trenes, autobuses y trolebuses, y la aplicación de un amplio programa de mantenimiento y conservación.
También se busca avanzar en la coordinación con el gobierno del Estado de México, para la reordenación de los diferentes medios de transporte, lo que consideramos de la mayor importancia, por la trascendencia de este servicio público para las clases populares; las prestaciones sociales, los servicios comunitarios, la atención a adultos indigentes y menores desvalidos; los servicios de salud preventivos y curativos; la planeación familiar y educación para la salud.
Igualmente, el dotar de agua potable, espacios educativos, dar impulso a la política de vivienda, la promoción de actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas, son acciones altamente significativas que deban buscar como meta la elevación del bienestar social, por lo que habrá de insistirse en la aplicación de recursos en el mantenimiento preventivo y correctivo de unidades para la atención médica, centros de salud, casas de protección, centros de readaptación social, así como la construcción y rehabilitación, conservación y equipamiento de planteles educativos.
En materia de vivienda, la construcción de 110 mil 961 unidades, la edificación en predios que aporten los grupos sociales, el financiamiento para construcción y mejoramiento por la vía de la autoconstrucción, los créditos puente y el fondo de garantía colateral, requieren de una eficiente aplicación del monto de los recursos destinados para tal fin.
Los sistemas de vialidad, la expansión del alumbrado público, así como la construcción de infraestructura para agua potable y drenaje; la preservación de áreas verdes y recreativas; la construcción de pasos a desnivel, todo enclavado en el renglón de infraestructura urbana, merece especial atención por lo que significa para la vida en armonía en esta ciudad.
Con el programa de mejoramiento del comercio popular para regular las actividades comerciales en la vía pública, así como los planes para continuar con la modernización de la infraestructura comercial existente y seguir ampliando la infraestructura de lecherías y el mantenimiento a mercados públicos, se busca apoyar la consolidación en la ciudad del abasto y la comercialización.
Será muy importante que se logre el que a través del uso eficiente de los recursos se pueda planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades que realizarán las diferentes dependencias, organismos y empresas coordinadas por el Departamento del Distrito Federal.
Buscando a través de una mejor y mayor captación de contribuciones así como la aplicación más racional y transparente de los recursos, fortaleciendo el saneamiento de las finanzas públicas de la ciudad y destinando el gasto a renglones de mayor impacto social, lograr un desempeño administrativo más eficiente en actividades y servicios que presta al sector.
Señoras y señores diputados: esta Comisión, después de haber tenido diversas reuniones de trabajo con diferentes funcionarios del Departamento del Distrito Federal así como en la subcomisión correspondiente, en las que se analizaron a fondo las dudas que se fueron planteando y se recogieron diversas sugerencias que propiciaron algunas enmiendas, entre las que se destacan incrementos presupuestales para los programas de salud, vivienda y seguridad pública, por los que se considera que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993, está acorde con los objetivos y propósitos contemplados en las leyes, planes y programas vigentes, por lo que los miembros de la Comisión del Distrito Federal de esta LV Legislatura somete a su distinguida consideración en el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación del decreto al que se hace referencia en el dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente. - Esta presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes oradores diputados: Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana;
Francisco Javier Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional; Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, y José Merino Castrejón, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Julio Méndez Alemán: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El honor y la voluntad de estar aquí en esta tribuna están sustentados en la clara certeza de que todos nosotros buscamos afanosamente el bienestar de todos los habitantes de nuestra comunidad y su progreso, un progreso que redunde en el beneficio de los grupos sociales menos favorecidos, un progreso que se traduzca también en una vivienda más digna para las familias mexicanas que así lo demandan.
En este sentido, en consultas realizadas a muchos compañeros diputados, hemos constatado que el problema de la vivienda es un gran punto de coincidencia entre todos nosotros; por eso hoy, aquí, a nombre de los diputados abajo firmantes, diputados: Fernando Lerdo de Tejada Luna, Everardo Gámiz Fernández, Manuel Terrazas, Víctor Orduña, Gilberto Rincón Gallardo, Adolfo Kunz Bolaños y un servidor, integrantes de todas las fuerzas parlamentarias, en nombre de todos ellos y en el mío propio, acudo a esta tribuna para someter a consideración de la Asamblea, una propuesta de modificación al Decreto de Presupuestos de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Dicha propuesta que tendría por objeto incrementar la asignación presupuestal prevista para el Programa 5- E, relativo a la vivienda, está sustentada en el reconocimiento que este rubro tiene con el propósito común para elevar el nivel y calidad de vida entre los habitantes del Distrito Federal.
Previo a la lectura de este documento, quisiera, compañeros, compartir brevemente con ustedes las siguientes reflexiones.
La elevada concentración demográfica en el Distrito Federal significa un reto para dotar con la celeridad que todos desearíamos, a nuestra ciudad, de la infraestructura o los servicios públicos que demanda su población.
Aunque la calidad de la vivienda ha mejorado y la ciudad ya no tiene las altas tasas de crecimiento poblacional que tuvo en los años sesenta y setenta, el problema de falta de vivienda subsiste, tanto para las familias que habitan en vecindades ruinosas o están amenazadas de desalojo, como para las parejas de jóvenes que buscan un lugar para fundar su hogar.
Hay un imperativo constitucional que nos obliga a actuar para abatir los rezagos en esta materia. Más que una cuestión de déficit cuantitativo de vivienda, el problema en el Distrito Federal se manifiesta en la calidad del inventario habitacional existente, por lo que el reto debe dirigirse a ofrecer a sus moradores condiciones mínimas de habitabilidad en sus viviendas.
El problema de vivienda en el Distrito Federal es aún de suma complejidad en virtud de que enfrentamos una enorme demanda que requiere para cubrirse de una gran cantidad de recursos que no siempre son fáciles de captar, obtener, o en ocasiones aplicar.
No obstante el complicado panorama, estimamos que se puede avanzar significativamente en la solución del problema habitacional en la ciudad de México, a través de mecanismos novedosos en los que participe de manera conjunta la comunidad organizada, los diversos organismos públicos y privados relacionados con la construcción de vivienda, el Gobierno del Distrito Federal y los representantes populares.
No se trata de venir aquí a reclamar la paternidad de una propuesta, sino de representar una opción para incrementar en la medida posible y sin afectar otros programas de carácter igualmente prioritarios o relacionados con las instituciones de la ciudad la asignación de recursos destinados a la solución de este problema.
Con ella, creemos, se enmarcará una tendencia muy favorable de crecimiento programa para futuros ejercicios y se delimitarán las responsabilidades que a cada quien le correspondan en la solución de los problemas.
Compañeros diputados, la propuesta concreta consiste en aumentar los recursos para el Programa 5- E de Vivienda, en 20 mil millones de pesos, cantidad que si bien no es suficiente para cubrir las necesidades de la ciudad, consideramos que utilizada en forma eficaz e innovativa, permitirá realizar 5 mil acciones de viviendas adicionales, principalmente en la construcción de vivienda nueva y el mejoramiento de la existente. Con estos 20 mil millones de pesos, más 5 mil acciones adicionales que la Comisión ya había aumentado sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal, y el incremento de casi 19 mil millones con relación a 1992, que contenía la iniciativa para 1993, para hacer un gran total de 44 mil millones de pesos adicionales en este rubro, lo que le da un incremento de 20% en relación al presente año, y de esta manera la vivienda se constituye como uno de los programas de mayor crecimiento en el Distrito Federal.
Gracias por haberme escuchado. Dejo en manos de la Secretaría esta propuesta que esperamos sea tomada en cuentra por todos ustedes. Gracias, compañeros.
El Presidente: - Se reserva para su votación en forma nominal al terminar la lista de oradores.
Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Patricia Ruiz Anchondo. La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia... El Presidente: - Esta Presidencia insiste con los invitados de que guarden silencio para escuchar a los oradores. Adelante, diputada.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el premiso de la Presidencia, ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, ciudadanos que nos acompañan en este recinto; ciudadano super barrio:
Como lo ha manifestado el ciudadano Julio Alemán, que presentó la propuesta que incrementa el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio de 1993 en materia de vivienda, es sin duda un hecho que en pocas ocasiones, por no decir que en ninguna, hemos presenciado los legisladores en esta Cámara. Por lo general lo que presenciamos en esta Cámara es la ausencia de voluntad y disposición para modificar o reformar las disposiciones que nos envía el Ejecutivo.
La Cuenta Pública, la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos, son elaborados por el Ejecutivo Federal y esta Cámara por lo general hace un ejercicio de mero trámite para su discusión y aprobación.
La ciudad de México, como todos sabemos, padece como uno de sus más grandes problemas un déficit de más de 1 millón 500 mil viviendas; es decir, que por lo menos 7 millones de habitantes del Distrito Federal carecen de un lugar digno para vivir, tal y como lo garantiza el artículo 4o. constitucional.
Efectivamente, el dictamen de Presupuesto de Egresos que se nos envió por parte del Ejecutivo, contemplaba un monto de 235 mil millones de pesos actuales. A iniciativa del Partido de la Revolución Democrática y de los ciudadanos que se encuentran hoy entre nosotros, afuera en el plantón y aquí mismo dentro del recinto, se demandó el incremento del 100% al monto asignado. Para fundamentar esta demanda argumentamos en varios sentidos. Primero, que existe un compromiso por parte del jefe del Departamento del Distrito Federal, que fue asumido ante esta soberanía el pasado mes de marzo de este año, durante las audiencias públicas sobre el problema de la vivienda en el Distrito Federal, compromiso que se concretaba en la creación de un programa específico para atender la rehabilitación y compra de vecindades ruinosas.
Otra de nuestras argumentaciones, por supuesto era que el 70% de las manifestaciones ciudadanas realizadas ante el Departamento del Distrito Federal, consignadas por el propio Departamento, son en materia de vivienda. Otra de las consideraciones es que el pleno de la segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó un resolutivo que recomienda a esta Cámara incrementar substancialmente el presupuesto para vivienda.
Otro de nuestros argumentos y una propuesta en particular, fue que haciendo algunos ajustes y transferencias a ciertos rubros en materia de administración del Departamento, se podría incrementar el presupuesto en un 100%.
Otra de las cosas que argumentamos también es que al presentarse el dictamen sobre la abrogación del decreto de rentas congeladas para el Distrito Federal, para su aprobación, era necesario dar garantías a los habitantes y arrendadores de estos inmuebles, mediante la creación de un programa específico de vivienda para adquirir.
Quiero hacer un reconocimiento desde esta tribuna, a los ciudadanos que se encuentran aquí mismo y en plantón en las afueras de este recinto, por su lucha generosa en favor de la ciudad.
Definitivamente la determinación... Señor Presidente, solicito dos minutos para concluir.
El Presidente: - Tiene dos minutos, en ese tiempo concluya por favor diputada. La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Definitivamente la determinación de estos ciudadanos para permanecer en este recinto y participar en los debates, fue un factor decisivo para que la decisión en materia del presupuesto de la vivienda cambiara. La decisión de los ciudadanos que tuvo que manifestarle en el hecho de brincarse las rejas instaladas afuera y a resguardo de la fuerza pública, puso también de manifiesto que esta Cámara no es la casa del pueblo. Esto nos debe hacer reflexionar, para que a partir de hoy las puertas de la Cámara queden abiertas a la ciudadanía.
El incremento aprobado y propuesto por el diputado Alemán, no es lo que esperábamos, sin embargo lo consideramos un avance, y quizá en algún grado voluntad política para resolver el problema.
Debo también reconocer el trabajo de la Comisión del Distrito Federal, de su presidente que siempre está atento a considerar las propuestas y a consensarlas, aunque como lo manifestamos al principio, el hecho de que no lleguen a acuerdos es por problemas de más fondo.
Por supuesto que aunque votaremos en contra en lo general de nuestro dictamen, estamos dispuestos a votar a favor de la propuesta que presentó el diputado Alemán a nombre de todos los partidos. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En esta propuesta que acaba de presentar el diputado Julio Alemán, a nombre de varios compañeros diputados de distintos partidos, nos marca el preámbulo del debate en algunos puntos importantes del Presupuesto de Egresos, como lo es el aspecto de la vivienda.
Se nos dice que se aumenta hasta 20 mil millones este incremento de vivienda, y es una cantidad muy importante.
Este presupuesto tal vez podría considerarse que podría ampliarse con algunos otros esfuerzos; es cierto que la inversión pública o el apoyo gubernamental es fundamental para estos programas de vivienda, y ojalá que también en lugar de pensar o en invertir en comprar canales de televisión, también se pudiera canalizar en programas de vivienda, y tal vez 150 mil dólares incrementarían de buena manera el apoyo a la vivienda.
Compañeras y compañeros diputados. El proyecto de Presupuesto de Egresos que se pone a consideración de esta soberanía, tal y como lo propone el dictamen, define o trata de definir los criterios y prioridades de gastos a los que la autoridad deberá sujetarse en el desarrollo de sus funciones.
En el caso concreto de este proyecto de Presupuesto del Distrito Federal, se menciona en el dictamen algunos de los objetivos acordes o en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, y según el dictamen persigue principalmente los siguientes objetivos:
Primero. Seguir dotado de más y mejores servicios a la ciudad de México, fundamentalmente en las zonas de mayores carencias, con objeto de lograr un mayor equilibrio social.
Segundo. Preservar el estado de derecho y las garantías individuales, así como la integridad física y patrimonial del ciudadano, mediante una mejor prestación de los servicios de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Y sigue con otros objetivos, como profundizar en la aplicación de medidas para prevenir y controlar la contaminación; asegurar el saneamiento de las finanzas públicas de la ciudad; extender la cobertura del sistema hidráulico; mejorar el servicio público de transporte, y avanzar en el reordenamiento urbano de la ciudad para controlar su crecimiento, de conformidad con políticas ciertas de uso de suelo.
En términos generales, tal pareciera que el presupuesto de Egresos es inobjetable porque en sí mismo determina esfuerzos por dar prioridad al gasto público en programas determinados.
Pero yo voy a señalar algunos de los aspectos, y fundamentalmente uno, por el cual nos mueve
a votar en contra de este proyecto de presupuesto.
Entre los principales rubros o ámbitos, como se señala correctamente en este dictamen, haciendo un comparativo, vemos las siguientes variaciones. Por ejemplo, en justicia y seguridad pública, hay un incremento en relación a 1992 de un 15.7%, en el aspecto ecológico hay un 10% de incremento entre la variación de 1992- 1993; en bienestar social un 16.1%; en transporte hoy una mayor variante que es un 25.1%; en el administrativo 14.5% que es importante y que es casi tan grande como el aumento a justicia y seguridad pública. Luego, abasto y comercialización 1.3%, e infraestructura urbana un 17.2%. Estos rubros, en términos generales pudiéramos decir que se ajustan de alguna manera al incremento total del proyecto de presupuesto, que sufrió una variante en términos generales de un 13%.
Pero hay aquí, señores diputados, un aspecto que queremos llamar la atención, y es uno de los puntos fundamentales por los cuales nos mueve a votar en contra.
En este aspecto del renglón de justicia y seguridad pública, en la pasada comparecencia del ciudadano jefe del Departamento del Distrito Federal, manifestó que el problema toral de la ciudad de México es el problema de la seguridad pública, y que a este programa se le inyectaría el número mayor de recursos y se hablaba de un 24%, por parte del Regente de la ciudad. Reconoció el licenciado Camacho Solís este grave problema que aqueja a los habitantes de la capital y que está considerado como prioritario, todavía adelante o por encima del problema ecológico. Aunque el problema ecológico está considerado dentro de los primeros y segundo de los programas prioritarios.
Pero nos llama la atención que en este aspecto de justicia y seguridad pública, y sobre todo con el avance que ha tenido en los últimos años, en 1990, con referencia al año anterior, un avance de 14.5%, en 1991 de un 13%, en 1992 de un 14.3% y ahora de un 15.7%, justicia y seguridad pública.
Y en términos globales, como lo señala el jefe del Departamento, que nos habla de un 24%, en todo este renglón considerado. Es cuestión de cotejar cifras para ver hasta dónde exactamente van inyectados estos recursos. Ahora bien, nos llama la atención que a pesar de que se reconoce que el problema de seguridad pública es el número uno de esta ciudad, y que es el que encabeza estos programas prioritarios, a pesar de que se le inyectan muchos recursos y que la propia exposición de motivos del dictamen considera como prioritario. Por ejemplo, dice aquí que dicho proyecto legislativo, habla de un proyecto que se ha estado preparando tanto por la Asamblea de Representantes como por la Cámara de diputados.
Y voy a leer esta parte que dice así: "En este sentido, en materia de seguridad pública serán reforzados los mecanismos y dispositivos de seguridad y vialidad, fundamentalmente en aquellas zonas y horas en que se presentan los mayores índices delictivos, a la vez de que se continuará modernizando el parque vehicular y equipamiento de seguridad y defensa de los elementos de la policía, para brindar mejores condiciones de seguridad a la ciudadanía".
Sigue diciendo, "que estas medidas serán complementadas con programas de formación, actualización y especialización de los elementos de los cuerpos de seguridad pública".
Y continúa: "Esta Comisión durante los últimos meses ha emprendido un trabajo conjunto con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la Comisión de Justicia de esta Cámara, con académicos y especialistas, así como con servidores públicos del Departamento del Distrito Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para elaborar una ley de Seguridad Pública que garantice una mejor protección a la población capitalina".
Agrega que "dicho proyecto legislativo tiene como su eje fundamental la profecionalización policiaca. Derivado de lo anterior, esta Comisión ha estimado conveniente asignar adicionalmente recursos por 5 millones de nuevos pesos para los programas de formación en las corporaciones responsables".
Y yo me pregunto, señores diputados, ¿dónde está ese proyecto legislativo, ese proyecto de seguridad pública de que nos habla este dictamen? Porque quiero referirles que tenemos más de un mes, los que estuvimos trabajando en este proyecto legislativo junto, como lo dice el dictamen, con asambleístas, con funcionarios del Departamento del Distrito Federal, miembros de la Procuraduría y estuvimos reunidos
durante varios meses, con sesiones semanales, e hicimos conjuntamente con la Comisión de Justicia un Foro sobre Seguridad Pública en el Distrito Federal, y aquí está este libro voluminoso que fue el resultado de las consultas y que nos llevaba a la elaboración de un proyecto de Ley de Seguridad Pública.
A mayor abundamiento, el propio presidente de la Comisión del Distrito Federal, el diputado Lerdo de Tejada, declaró a los medios de comunicación en varias ocasiones que en este período de sesiones entraría el proyecto de Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal. Y yo le pregunto al diputado Lerdo de Tejada: ¿dónde está ese proyecto o que ha pasado conese proyecto? Cuando tenemos más de un mes, más de un mes que no hemos sido convocados y que hay un sepulcral silencio por órdenes de quien sabe quién para elaborar ese proyecto de Ley de sSguridad Pública.
Señores diputados, creo que por respeto a la propia Comisión que trabajó en este proyecto y por congruencia con este proyecto de presupuesto que se nos presenta, se nos debería dar una explicación a los diputados y por lo menos, no sólo a los de la Comisión, sino a esta soberanía, ya que el propio dictamen elaborado por la comisión invoca ese proyecto.
Se dice aquí que se inyectan más recursos para profesionalizar a la policía, para ordenar más sus actividades, para dar más presupuesto para que puedan contar con más vehículos y atacar a la delincuencia en las horas pico en que ésta actúa. Pero, ¿bajo qué marco legal, yo me pregunto, bajo qué marco legal o con qué piso o qué sustento van a poder trabajar las autoridades si no hay Ley de Seguridad Pública?
Si ese fue uno de los argumentos fundamentales para aumentar este presupuesto, no tenemos Ley de Seguridad Pública y parece que no la vamos a tener en este período.
Por eso consideramos importante votar en contra de este proyecto, porque el programa prioritario número uno que es seguridad pública, no tiene un soporte importante, como lo pretendía el propio proyecto de presupuesto que es la Ley de Seguridad Pública.
Yo quisiera, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reflexionaran sobre la importancia de este rubro que es el de Seguridad Pública, porque tal parece que la Comisión del Distrito Federal desdeña los señalamientos de la población y los señalamientos del propio jefe del Departamento del Distrito Federal quien anunció los esfuerzos para cohesionar los cuerpos de policía y para darles una mejor preparación. Pero parece que esos esfuerzos se vienen a tirar a la basura porque ahora no hay proyecto de Ley de Seguridad Pública. Yo quisiera, señores diputados, y especialmente que el Presidente de la Comisión del Distrito Federal nos explicara en primer lugar qué pasó, porque no hemos tenido una explicación y en segundo lugar cómo van a resolver este problema, cómo van a cohesionar los cuerpos de policía tal y como lo propone el proyecto. ¿Cómo van a dar mejores y más cursos de capacitación a la policía si no hay proyecto de seguridad pública?
Y además que ya se instituyó un impuesto o un derecho para los cuerpos de seguridad privada, ya se va a empezar a captar por parte del Departamento del Distrito Federal una cantidad determinada por la operación de cuerpos de seguridad privada en el Distrito Federal. Pero éstos están a la deriva los cuerpos de seguridad privada, en el Distrito Federal, porque no hay un marco legal que los regule y parece que no lo va a haber en mucho tiempo, porque para eso estábamos trabajando en el proyecto de Ley de Seguridad Pública.
Por esas razones fundamentales, señores diputados, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votará en contra de ese presupuesto, porque considera uno de los programas prioritarios, el número uno de esta ciudad de México, la seguridad pública. Y por favor, por congruencia, por respeto los ciudadanos diputados y por respeto a los habitantes de esta capital vénganos a explicar qué pasó con el proyecto de Seguridad Pública, porque ya las "malas lenguas" andan diciendo que la Secretaría de Gobernación impidió que esta Ley de Seguridad Pública saliera en este período y no sabremos si en el próximo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Jorge Oceguera Galván: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Venimos de nuevo a esta tribuna para reiterar una vez más las observaciones de nuestro grupo parlamentario en lo concerniente a la Ley de
Egresos del Departamento del Distrito Federal con las siguientes posiciones: los lineamientos globales del proyecto de Presupuestos de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 1993, mantiene una secuencia respecto a los aprobados por la Cámara de Diputados en los últimos tres años.
Persisten los propósitos estabilizadores sobre los de crecimiento; las orientaciones sociales de presupuesto, a pesar de los avances, resultan insuficientes; las inversiones proyectadas no resuelven a profundidad los problemas de infraestructura; verdaderos obstáculos al crecimiento y, desde luego al combate a la inflación.
Para fundamentar nuestra postura, hemos comparado la situación actual con la observada al inicio del actual Gobierno. Los progresos resultan a todas luces claros, esta administración ha realizado cambios importantes, se gobierna cada vez más con recursos propios y prácticamente sin deuda pública, de ahí que el punto, a nuestro parecer, ya no sea el de alcanzar el equilibrio de finanzas públicas, porque éstas se han logrado. El gran problema ahora es trasladar las ventajas de esta salud fiscal al crecimiento productivo y al bienestar social.
Este debería ser el gran objetivo del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 1993. Un gran reto que debe ser acometido y respecto al cual nos debemos pronunciar. Este desafío puede ser comprendido mejor si retomamos un balance hecho por el Ejecutivo respecto al desarrollo financiero del Distrito Federal en los últimos cuatro años.
Los ciudadanos del Distrito Federal han desempeñado un papel fundamental en este progreso financiero público, se requiere, en consecuencia, una traducción democrática de esta aportación ciudadana por parte del poder público.
Se dice que los tres objetivos de la política de gasto de 1993 a decir del Ejecutivo Federal son:
1o. Contribuir a la estabilidad de precios, adecuando el gasto a la disponibilidad del financiamiento no inflacionario.
2o. Orientar la estructura de la erogación para promover el bienestar social y asegurar la infraestructura pública necesaria para la recuperación, la generación de empleos y el crecimiento económico.
3o. Garantizar los niveles de mantenimiento de los servicios existentes y apoyar a la población de más bajos ingresos.
La estrategia financiera, a nuestro parecer, ha dado importantes dividendos en materia de estabilización, es más, ésta en sus bondades ha llegado a límites con este Gobierno, se ha financiado el gasto del Departamento del Distrito Federal, principalmente con recursos propios y las aportaciones del sistema de coordinación fiscal federal.
Ahora se financia el gasto con el 2% de recursos ajenos, cuando hace cuatro años era una tercera parte de éstos. La situación es muy distinta. Por eso nos parece que el objetivo de saneamiento financiero debe ser ya determinado por programas de gasto destinados a crecimiento de la infraestructura al bienestar social, al crecimiento del empleo y producto y a mejorar la distribución del ingreso.
Con la antigencia la exposición de motivos del Presupuesto Público para el Distrito Federal en 1993, enuncia los tres objetivos de la política de gasto.
Nos parecen adecuados. Sin embargo, es importante jerarquisarlos. Conseguida la estabilización de las finanzas públicas del Distrito Federal, debe avanzarse en otras áreas económicas. Esta demostró a propósito de las necias tesis monetaristas, que no basta que ya haya reducción del déficit público e incluso que se dé superávit fiscal, para que se elimine la inflación, en los dos últimos años, las finanzas nacionales y las del Distrito Federal, han logrado metas económicas que de haber sido válidas las tesis monetaristas, ya debían de haber superado la inflación. Pero como bien lo comentó el Regente en la respuesta a nuestra diputación, en su reciente comparecencia en esta Cámara, la realidad es más compleja a propósito de las causas de la inflación.
La fracción parlamentaria de nuestro partido, sostenemos que la inflación no debe ser sólo adjudicada a perversiones monetarias o a un manejo deseado de las finanzas públicas. Sus causas se vinculan a problemas estructurales y de control oligopólico de mercados.
La inflación no tiene que ver de manera exclusiva con problemas de exceso de demanda agregada, sobre todo por un gasto público incontrolado. Desde luego, que una moneda corrupta es un Gobierno ineficiente, favorecen a la inflación. Esto se ejemplifica de manera palmaria en un gasto que no se corresponde con una oferta apropiada. Aquí, encontramos nuestra
principal preocupación respecto a la política económica nacional y en el Distrito Federal.
La inflación se combate también con inversión pública productiva. Esto no lo quieren comprender los que apuestan al alejamiento radical del Estado en sus funciones regulatorias y favorecer a las elites de poder. Esto se hace más contradictorio en una economía mixta regulada constitucionalmente como la nuestra.
En la exposición de motivos del Presupuesto del Distrito Federal para 1993, se nos dice que hoy la hacienda pública capitalina, financia el gasto de la entidad sin recurrir a subsidios externos ni a endeudamientos comprometedores.
La cuidad de México, tienen finanzas sanas y capacidad para hacer frente a las necesidades de su población que todavía son muchas. Consideramos que se establece una adecuada correlación entre política financiera y política económica social, se reconoce no solo los avances financieros; se concibe a éstos, como una plataforma saludable para el resto de la política pública.
Estamos convencidos que las carencias de la población en el Distrito Federal, siguen siendo muy enormes. Las cuentas fiscales no les han traído a los capitalinos todavía, mejores noticias en materia de bienestar social, seguridad pública y ambiente. Por ejemplo, veamos. Para constatar dicho acertó, algunos de los principales problemas de los habitantes del Distrito Federal, consignados en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, más recientes, como el rubro de la vivienda, se dice que entre 1980 y 1990, creció en el Distrito Federal el número de viviendas de 1 millón 747 mil, a 1 millón 799 mil. En una década apenas crecieron el 2.9%. Se observa un práctico estancamiento en la generación de viviendas, una situación que ha venido estimulando el precio de las habitaciones, y desde luego, de sus rentas.
Aquí encontramos un serio problema que debe ser enfrentado en la política pública y en particular, por el presupuesto del Distrito Federal.
Tal asunto es un obstáculo estructural en el combate a la inflación, que debe ser encarado. Podría decirse, como respuesta a nuestra preocupación, que en el Estado de México se han generado las viviendas no creadas en el Distrito Federal. Pero esto no responde a un plan conjunto de las entidades que constituyen el área metropolitana de la ciudad de México.
Se carece de un proyecto integral como de vivienda, en las delegaciones políticas del Distrito Federal, en los municipios conturbados del Estado de México.
De las viviendas totales, en el Distrito Federal, observamos un régimen de tenencia en el cual casi la mitad de los habitantes no son propietarios.
Un dato curioso. Es la única entidad federativa en el país, en el cual se presenta este práctico empate entre quienes son propietarios y quienes rentan. En el resto de los estados encontramos una proporción muy favorable para los que son dueños de su vivienda. Si sumáramos los habitantes que no especificaron la propiedad de la vivienda, consignados en el último censo de población, ambos superarían a los que sí viven en una casa propia. Datos recientes nos ilustran de la existencia, según el último Censo General de Población y vivienda en 1990, de los siguientes problemas:
1. Hay más de 96 mil viviendas con casi 500 mil habitantes que no disponen de drenaje, y alrededor de 15 mil viviendas que no se especificó si disponían de éste, que son aproximadamente 60 mil habitantes.
2. Existen alrededor de 141 mil viviendas que carecen de excusados y en ellas habitan aproximadamente 602 mil habitantes.
3. Alrededor de medio millón de viviendas no tenían agua entubada dentro de la vivienda. De estas encontramos que 55 mil carecían totalmente de agua potable.
4. Trece mil viviendas no tenían energía eléctrica.
5. La proporción entre casas particulares y departamentos en edificios, casas en vecindad o cuartos de azotea, es muy cercana a los 946 mil contra 825 mil, respectivamente.
Creemos que en el problema de la vivienda se localiza uno de los principales límites de la política de estabilización. Una situación que también expresa los rezagos de la política social, millones de habitantes viven en el hacinamiento y se ven orillados a ocupar importantes tiempos de supuesto ocio, a desplazarse de sus viviendas a sus centros de trabajo. Esto riñe con esquemas de su productividad y eficiencia laboral.
En cuanto al rubro de transporte, el monto que se le asigna para 1993 es de 3 millones 656 mil 300 millones de nuevos pesos. Estos recursos se justifican básicamente por la continuación de la construcción de la línea 8 del metro, que absorbe el 31.1% del total de los recursos designados para el transporte. Reconocemos que con la construcción, en 1991, de la línea del tren férreo y con el inicio de la construcción de la línea 8 del metro, las autoridades del Distrito Federal hacen importantes esfuerzos en este renglón. Asimismo se han hecho esfuerzos para incorporar, mediante la rehabilitación, un mayor número de unidades en la ruta - 100.
No obstante, observamos en el presupuesto en esta materia de omisiones que nos preocupan. Por ejemplo, en los programas que integran el rubro de transporte no observamos que se destinen recursos para la incorporación de unidades nuevas, tanto de la Ruta - 100 como de trolebuses.
Se considera una partida para la rehabilitación de unidades de Ruta - 100. Sin embargo, bien sabemos que cerca del 50% de las unidades están fuera de operación, por las condiciones en que se encuentran.
En el proyecto de presupuesto y en el dictamen se establece que las acciones de este rubro se encuentran inscritas en las políticas emanadas del Programa Integral del Transporte. Sin embargo, esto no puede ser un argumento válido, toda vez que dicho programa no ha sido, como su denominación lo indica: integral.
Los esfuerzos del Departamento del Distrito Federal distan mucho para que en el transporte exista una política integral. Insistimos, el tratamiento que se le da al problema del transporte es parcial. No existe capacidad suficiente para que el transporte público que otorga el Departamento del Distrito Federal cubra la demanda de los capitalinos, entre otras cosas, a eso se debe la proliferación del transporte colectivo integrado por combis y minibuses.
Es preocupante que éste se haya convertido en tan sólo seis años, en el transporte más importante, ya según las cifras contempladas en el IV Informe Presidencial, existen actualmente 39 mil 422 unidades de este transporte; éstas transportan en un promedio, diario, de 9 millones 900 mil personas. Tres veces más que las que transporta el Metro y la Ruta - 100 De todos es conocido los problemas que se derivan de ese crecimiento anárquico de este tipo de transporte. Lo padecemos en la circulación cotidiana.
En cuanto al rubro de infraestructura urbana. Para este rubro se destinan 2 mil 498 millones 300 mil pesos. Los principales programas son los referentes al agua potable, drenaje y tratamiento de las aguas negras, así como la regulación de asentamientos humanos.
Son aspectos relevantes de la complejidad que representa la ciudad de México. Los recursos que se han destinado hasta la fecha no han sido suficientes para incrementar la capacidad instalada y para proporcionar en forma eficiente los servicios públicos.
En el caso del agua potable podemos mencionar que los recursos se han destinado para la conservación, mantenimiento y corrección de la actual red. Esta red en 1992 fue la misma que en 1991. En las cifras del IV Informe Presidencial, se observa que la red primaria de agua en 1992 siguió siendo la misma que en 1991, que fue de 1 mil 272 kilómetros; las plantas de tratamiento continúan siendo 13; las plantas de bombeo, al igual que en 1991, son 68; el número de potabilizadoras desde 1984 es de 13 mil 900 metros cúbicos anuales. Estas cifras muestran un claro estancamiento en la inversión pública en el rubro de construcciones, mientras las necesidades de esos servicios aumentan anualmente.
En cuanto al rubro de salud, los problemas mayores de defunciones generales en el Distrito Federal obedecen a las siguientes causas, en cuanto a adultos me refiero:
Enfermedades del aparato cardiocirculatorio; enfermedades del aparato digestivo; enfermedades del aparato respiratorio, tumores malignos, traumatismos, causas violentas. Todas ellas concentran el 76.5% de fallecimientos.
Las defunciones de menores de un año nos arrojan un dato preocupante: la segunda causa de muerte, que corresponde en 20% aproximadamente, se debe a enfermedades del aparato respiratorio y aparato digestivo, ésta es sólo superada por las afecciones originadas en el período perinatal; estos datos nos reflejan serios rezagos en la política de salud pública.
Preocupa el incremento de fallecimientos motivados por dificultades en el aparato digestivo y respiratorio. La correlación de tales muertes, según distintos estudios de especialistas, con
los problemas de contaminación del aire han venido incrementando.
En cuanto a la seguridad pública, los datos más recientes sobre presuntos delincuentes y delincuentes sentenciados, registrados en los juzgados del fuero federal y fuero común, reflejan situaciones preocupantes. Veamos:
Respecto al total de presuntos delincuentes del fuero federal en el Distrito Federal se dieron 2 mil 13 casos, ocupando el Distrito Federal el décimo tercer lugar.
En el caso de los presuntos vinculados a delitos de fuero común se dieron 17 mil 670 casos, que representa el quinceavo lugar en cuanto a la distribución del territorio nacional.
Sobre sentenciados en el fuero federal encontramos 1 mil 957 que representa el 17.4% del total de la nación.
Respecto a los sentenciados del fuero común, encontramos para el Distrito Federal 9 mil 541 casos, que representa el 11.7% en total de la nación.
De los acusados por delitos del fuero federal, tenemos que los que más cometen son los generados por robo y contra la salud, alrededor de la tercera parte del total. Lo mismo sucede en el caso de sentencias.
En los delitos de fuero común sobresalen tanto en presuntos sentenciados, lesiones, robos, daños en propiedad ajena y homicidios; este rubro ocupa el 77.5% del total.
El caso del ingreso al consejo tutelar de menores infractores, es otro elemento preocupante sobre el bienestar y la seguridad pública en el Distrito Federal. El rapto constituye la causa más importante por la que ingresan los menores; les siguen en orden de importancia lesiones, homicidio, intoxicaciones y daños en propiedad ajena. Una de las principales preocupaciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para 1993, según el Ejecutivo es la cuestión ecológica; se nos dice que se presenta un paquete de propuestas fiscales que tienen el común denominador para la ecología y el apoyo a las políticas para el mejoramiento del ambiente.
En el marco de la hacienda pública del Distrito Federal se establece reconocimiento de los costos de la contaminación y el deterioro ambiental que ocasionan diversas acciones y actividades sociales. Esto representa un importante avance si consideramos la participación ciudadana del Distrito Federal en combate a la contaminación. Sólo falta concertar acciones de manera más clara en las grandes empresas que provocan la contaminación; en este punto se debe ser más categórico, está claro que sin visión estratégica no se podrá encarar este problema, se requieren cuantiosas inversiones para reestructurar la obsoleta planta industrial y se ajuste de ese modo a las normas de regulación ambiental. Sin tal reconocimiento sólo se realizarán acciones parciales de escasa trascendencia y se continuará dañando la salud de los habitantes de esta capital.
Señoras y señores diputados, en la reciente comparecencia del licenciado Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal nos percatamos de incongruencias estadísticas oficiales respecto a la realidad de la ciudad de México; existen diferencias entre los indicadores contenidos en el anexo del IV Informe Presidencial y estimaciones del Departamento del Distrito Federal.
El mismo Regente a solicitud de nuestra fracción parlamentaria propuso que se creara una Comisión de estudio para aclarar la situación del Distrito Federal esta Cámara de Diputados debe tomarle la palabra al señor Regente, es necesario integrar una Comisión Investigadora que se aboque a la valoración de la realidad de la ciudad de México.
La salida a los grandes problemas del Distrito Federal no se podrán dar de manera exclusiva en los marcos de finanzas públicas, desde luego que tampoco se resolverán con una hacienda pública maltrecha. En estos cuatro años se ha avanzado en la reconstrucción financiera del Distrito Federal, se requiere, en opinión de nuestra fracción, progresar simultáneamente en las siguientes direcciones:
1) Reformas estructurales que consoliden la estabilización y permitan el crecimiento sano y sostenido.
2) Que exista un escape ecológico de la ciudad de México.
3) Que exista una reforma política integral en la ciudad de México.
Consideramos que si caminamos al mismo tiempo de esos horizontes, habremos de contribuir a la reconstrucción democrática del Distrito Federal.
Con estas aseveraciones a mi nombre la fracción parlamentaria va a votar a favor de esta iniciativa. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En términos del artículo 2o. de nuestro reglamento, solicito el uso de la palabra. Señor vicepresidente, asuma las funciones de la Presidencia.
Presidencia del diputado
Salvador Abascal Carranza
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
El dictamen que nos ocupa en este momento, contiene varias cuestiones que quiero valorar. He de comenzar por hacer un reconocimiento al esfuerzo de la Comisión por atender algunos rubros importantes del dictamen a fin de satisfacer problemas fundamentales, problemas vitales de la población del Distrito Federal.
El esfuerzo realizado para aumentar el presupuesto dedicado a vivienda es importante y así lo valoramos. En otros renglones también se advierte el esfuerzo de dedicarle mayor presupuesto; es más, adelanto mi juicio de que hay hechos, acciones del Departamento del Distrito Federal, valiosos.
Hace días hablaba yo de las condiciones dramáticas del Hospital Rubén Leñero. Ayer se anunció, o no sé si hoy, ya las horas son difíciles de definir, el hecho es que hubo un anuncio para dedicarle una suma importante al Hospital Rubén Leñero para rehabilitarlo, modernizarlo y dejarlo funcionando. Es un hecho muy importante porque tiene este hospital una función social muy importante, incluso para los estudiantes de medicina, pero respecto al presupuesto en global para el Departamento del Distrito Federal, he de sostener, he de reiterar, el punto de vista que expresé en comisiones, de que es un presupuesto que tiene la misma orientación del presupuesto federal, que es reflejo de la política económica y social del Gobierno, de restricción del gasto público, del interés y de la acción orientada por el Gobierno Federal, por lo tanto el Distrito Federal para presentar finanzas sanas, para presentar incluso superávit no importando las condiciones materiales de vida de la población.
Esto para el Partido Popular Socialista, es un presupuesto totalmente insuficiente; insuficiente por los enormes rezagos en la atención a los principales problemas de esta entidad generados por la política neoliberal de 10 años que ha conducido a un enorme rezago en todos los campos.
Veamos. Se destina del presupuesto de 14 mil millones y medio más o menos, en pesos nuevos, del presupuesto se destina un 15% a seguridad pública, es una cantidad importante, pero evidentemente a nuestro juicio, no va a disminuir el rezago enorme en este campo, que habla de dotar nuevas unidades, vehículos nuevos, al cuerpo de policía. Se habla de algunas acciones de capacitación, pero evidentemente el problema mayor, que es la escala salarial de todos los niveles, no se va a resolver. No se va a resolver, porque no se puede romper una política salarial gubernamental.
Evidentemente los problemas de inseguridad, los problemas de falta de justicia, de injusticia para las grandes mayorías, persistirán, la procuración de justicia seguirá siendo deficiente en contra de los que menos tienen. Se necesitan muchos recursos para empezar a resolver realmente este problema.
Y ligado a este problema de inseguridad pública o tal vez como efecto de otro problema mayor, debemos decir: no hay una política de generación de empleos que pudiera incidir en la baja de los índices de criminalidad.
¿Por qué no hay una política de generación de empleos? Evidentemente por el propósito del Gobierno de presentar finanzas sanas, presentar superávit en su gasto público.
Se ha retirado del Departamento del Distrito Federal en la política de realización de obras directas, en todos los campos, son muy pocas las acciones de construcción, obras directas como para generar el número de empleos que se requiere, a fin de frenar un tanto el creciente desempleo en la ciudad de México. Mientras no se retome la función del Departamento de crear fuentes de empleo de manera directa realizando obras, seguirá creciendo el desempleo y sus efectos los seguiremos padeciendo todos.
El aumento de la delincuencia, que se origina en muchos por los desempleados; el aumento del ambulantaje, de la economía informal, en fin, todo esto seguirá su ritmo creciente, porque no hay recursos para crear los empleos que se requieren, a fin de que la población se dedique
al trabajo productivo y no tenga que buscar por vías ilícitas satisfacer sus necesidades fundamentales.
Pero en todos los campos. Se dedica un porcentaje importante para el transporte. Hemos dicho nosotros en comisiones que de todas maneras no está planteada ninguna acción para dotar de nuevas unidades a Ruta - 100, por ejemplo; se habla de acondicionamiento de las unidades que ya se tienen, su mantenimiento, modernización, pero hemos dicho muchas veces que hay un enorme déficit y se necesita dotar de un parque vehícular a Ruta - 100 y no hay recursos destinados para eso.
Se nos dijo que qué preferíamos, si dedicar el presupuesto para comprar unidades nuevas y entonces para mantenimiento, para administración, para planeación, etcétera, se tuviera que elevar las tarifas.
Nosotros decimos que no se trata de castigar más a las grandes mayorías que hacen uso del transporte público: Ruta - 100, Metro, trolebús; no, no se trata de eso, se trata de buscar fuentes de financiamiento distintas.
Por eso planteábamos con insistencia que se buscaran otras fuentes, y proponíamos avanzar en el estudio de un impuesto local al capital especulativo; era el estudio del pago diferenciado del impuesto sobre nómina, para que las grandes empresas pagaran más, a fin de que el Departamento contara con más recursos.
Hablábamos de la necesidad de que el Departamento negocie su participación en los criterios de coordinación y de que se planteara que se eliminara de nuevo el factor población que se tomó hace dos, tres años y que perjudica al Distrito Federal, y que disminuye su participación en los criterios de coordinación.
Cierto, reconocemos que fue importante la implantación de dos derechos nuevos que tienen que pagar grupos específicos, los que generan gran cantidad de basura, los que descargan aguas residuales en el drenaje y que no pagaban. Esta es la vía, buscar nuevos impuestos para grupos específicos, para que no se afecte a la mayoría de la población.
Se necesitan muchos recursos. El presupuesto, decía, dedica a seguridad pública el 15.7% y sólo le dedica el 16% a bienestar social, pero sucede que en el ámbito de bienestar social se involucran cuestiones fundamentales: educación, salud, vivienda, etcétera, por lo tanto, desglosado, son cantidades muy pequeñas para los rezagos en estos ámbitos.
¿Qué va a pasar con educación? Transferida la administración de los edificios escolares a las entidades, las entidades tienen que ver directamente con este sostenimiento, el mantenimiento, construcción de nuevas aulas, etcétera.
Claro, el Distrito Federal no tiene este problema de inmediato, porque la Secretaría de Educación Pública atiende directamente lo relacionado con el Distrito Federal; sin embargo, hay que prever a un plazo mediato de que tenga que ocuparse de mucho del presupuesto hacia educación.
Lo mismo en salud. Hemos dicho que aparte del Hospital Rubén Leñero, el Departamento del Distrito Federal se ha retirado de este servicio, y todo va en perjuicio de los raquíticos ingresos de la grandes mayorías, porque evidentemente un servicio de salud gratuito o a muy bajo precio, prestado por el Departamento, sí incide en las condiciones económicas de las mayorías, de los que tienen que hacer uso y que no tienen Seguro Social o que no están amparados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de lo Trabajadores del Estado.
Pero hay un problema político, hay disposiciones del Departamento para que no se rebasen los presupuestos en las delegaciones, y claro, todos compiten para presentar buenas cuentas, presentar superávit y el problema es que esta política se refleja directamente en más miseria para las mayorías, en más desnutrición para las mayorías, en un transporte indigno para las mayorías, en una procuración de justicia que cada vez se aleja más de las grandes mayorías.
Señoras y señores diputados, hay problemas que duelen y vuelvo a plantearlo, el problema de los niños de la calle, se multiplican día a día; ese problema es el reflejo de las carencias económicas de las grandes mayorías. ¿Es justo que los niños en edad escolar, incluso menores, en lugar de estar en la escuela, estén limpiando parabrisas, estén de tragahumo, estén de payacitos, de cantantes? Este en un problema que hay que atacar, pero se requieren recursos; sin embargo, no se quiere molestar a los que mucho tienen, a los que se han enriquecido groseramente con esta política neoliberal del Gobierno Federal y que tiene su mayor reflejo en el Distrito Federal.
En fin, no se podría ya hacer más reajuste en este presupuesto porque ya está aprobada la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda, y no se trataba
de quitarle uno pesos a Seguridad Pública para dárselo a Bienestar Social o Transporte para Seguridad Pública, etcétera; no porque, repito, en todos los rubros hay rezagos, se necesitan recursos.
Por eso reiteramos ahora que, primero por ser un presupuesto que refleja la política general en contra de los intereses del pueblo, y de que es restrictivo, de que no va a solucionar en mínimo grado siquiera los problemas del Distrito Federal, en perjuicio de las grandes mayorías; de que estas mayorías ven amenazas todavía mayores en la cuestión de los problemas diarios, por ejemplo, la cuestión del abasto. El dDpartamento del Distrito Federal ya no tiene injerencia en el comercio como para ejercer un control de precios estricto, se ha retirado en este campo, en la cuestión de abastos ya no está presente el Departamento de manera directa, y aun los mercados públicos son amenazados con desaparacer, convertirlos en condominios privados. Todo eso es en perjuicio de los que menos tienen.
En consecuencia, señoras y señores diputados, el Partido Popular Socialista votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Kunz Bolaños: -Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Cuando preparaba mi intervención sobre el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, por un momento pensé en leer la versión del año pasado, porque ya con eso volví a actualizarme, no ha habido realmente un cambio.
La critica sigue siendo la misma. No entendemos, en aquella ocasión decíamos que aprobar el Presupuesto no es un ejercicio contable, que tendríamos que ver lo que se propone para entender lo que se pretende hacer, pero seguimos careciendo de un plan integral.
Si revisamos el Presupuesto de Egresos por dependencia, vemos que cinco de ellas se llevan más del 40% de los recursos, el Sistema de Transporte Colectivo, que es de transporte; la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, agua; Transporte Urbanos de Pasajeros Ruta - 100, transporte; Comisión de Vialidad y Transportes Urbano, transporte, y Secretaría General de Protección y Vialidad, Seguridad Pública y Transporte.
Y si vemos a qué dependencias fue a las que más se le agregó en volumen de dinero, en este orden serían, el servicio a las dependencias en general; que es lo que absorbió más recursos de carácter administrativo; Sistema de Transporte Colectivo, en segundo lugar; Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Seguridad; Policía Auxiliar, Seguridad; Secretaría General de Protección y Vialidad, Seguridad y Transporte.
Y porcentualmente las cinco dependencias que más recibieron son de carácter administrativo, pero realmente no son significativas en el presupuesto.
O sea que, a simple vista vemos que la problemática del año pasado subsiste. El no haber encontrado una solución al sistema de transporte; el tener que dedicar la cuarta parte de los recursos del Departamento a subsidiar un sistema de transporte, creo que sigue siendo una prueba del mal planteamiento que se da.
Si en vez de presentar esto por programas, se concibiera a la ciudad como lo que es: un sistema complejo e interdependiente, podríamos notar que haciendo otro tipo de inversión se podrían resolver varios problemas.
Y aquí voy a ser reiterativo con mis compañeros de otros partidos, y creo que ahora con la iniciativa que se aprobó hace un momento, se presenta una gran oportunidad.
El planteamiento es: si seguimos razonando de que el problema es el transporte y cada vez queremos mejores vías, mejores combustibles, mejores medios, no vamos a llegar a una solución. El problema sería más bien desaparecer el problema de transporte.
Y en buena parte de esto se va a poder lograr si se hace una mayor inversión en zonas adecuadas. En esta ocasión en el centro de la ciudad se va a presentar la oportunidad.
Posiblemente una inversión en vivienda, muy superior a la que se está planteando y no necesariamente a fondo perdido, sino una inversión que permita financiar la adquisición de vivienda a plazos por parte de los interesados, pudiera abatir costos de transporte y, consecuentemente, costos de contaminación.
Yo creó que, mientras no se contemple en conjunto el problema de la ciudad, mientras se
empeñen en manejarlo a través de programas aislados, separados entre sí o agrupados a veces temáticamente, pero no viendo su interrelación, vamos a seguir desperdiciando los recursos bastante escasos.
Yo aquí estaría de acuerdo, para concluir, que habría que hacer una mucho mayor inversión en vivienda, en los organismos de vivienda como "Casa Propia", que ha sido bastante efectivo, y que ahora tendría grandes oportunidades de actuación con la descongelación y también acceso a la tierra, precisamente también por la descongelación, y quizá se lograría un mayor rendimiento de esta inversión, con un mayor y mejor resultado social.
No quiero se reiterativo, no tiene ningún caso que yo les venga a leer aquí las cifras que todos los partidos han hecho; o sea, todos hemos corrido en la computadora lo del año pasado, lo de éste, las diferencias numéricas, las cifras porcentuales, y estaría yo repitiendo lo que ya dijeron.
Por principios mientras no tengamos un plan general para definir la ciudad que necesitamos y de acuerdo a ese plan se Presupuesto de Egresos del Distrito Federal no vamos a poder votar a favor, una vez más votaremos en contra del presupuesto de egresos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: -Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo nos permite a los legisladores canalizar una buena parte de nuestro tiempo a la reflexión en torno a las condiciones de vida en el Distrito Federal, a la problemática urbana que caracteriza a esta megalópolis y en relación a las expectativas de desarrollo que en términos realistas pueden plantearse con base en las condicionantes económicas, políticas y sociales que caracterizan a la población.
Durante el tiempo que cada uno de los grupos parlamentarios dedica al análisis del presupuesto, se ponen de manifiesto las diversas inquietudes y demandas que la pluralidad política de la Cámara ha captado por medio de los diversos canales de aproximación que cada partido tiene con el pueblo.
Quiero hacer notar que en los trabajos de la Comisión y en el amplio debate que ha surgido de la materia de ingresos y egresos del país y del Distrito Federal, se ha visto ampliamente beneficiada la vida democrática de esta Legislatura.
La pluralidad política con responsabilidad, conocimiento de la materia y con respeto a la Ley ha manifestado sus puntos de vista y sin duda ha enriquecido las propuestas del Ejecutivo.
En este marco hemos aprobado ya en nuestra soberanía, la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal para 1993 y hoy discutimos el Presupuesto de Egresos que definirá los criterios y prioridades de gastos a los que deberá ajustarse la autoridad en el desarrollo de sus funciones, con la convicción de que debe tener como base fundamental un contenido social.
Las decisiones de inversión y gasto deben derivar sin excepción en beneficio para todos los mexicanos que habitan en el Distrito Federal sin distingos ideológicos ni de status social. Desde esta dimensión la prioridad más alta es sin lugar a dudas la población con mayores necesidades y carencias. En nuestra óptica el presupuesto de egresos cumple con esta premisa. Hoy contamos con un dictamen del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal después del intercambio de puntos de vista y la revisión de cada concepto durante los trabajos de la Comisión. A partir de este proceso y tras un análisis profundo, los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que el proyecto presentado por el Ejecutivo está estructurado en base a lo dispuesto por la Ley, tomando en cuenta las observaciones y modificaciones que en diciembre de 1991 hizo esta soberanía a propósito de la aprobación del presupuesto de 1992, al incorporar en un artículo específico el presupuesto para la Asamblea de Representantes y en otro para el Tribunal Superior de Justicia.
El documento que hoy debatimos, se ajusta y coincide con los 43 programas de la apertura federal agrupados en siete ámbitos. Además mantiene la clasificación presupuestal de los programas prioritarios que representa el 60% del monto total del presupuesto para el Distrito Federal.
Hubo un aumento a 13 programas, en virtud de que se creó uno nuevo dentro de la apertura federal, para la infraestructura ecológica, que en el presupuesto de 1992 estaba contenido dentro del programa de preservación ecológica.
Mi partido presentará en su oportunidad una propuesta para la incorporación de otro programa dentro del artículo 16.
El monto total del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993 es de 14 mil 535 millones de nuevos pesos, mismo que representa un incremento en relación con el presupuesto aprobado para 1992, del 13%.
Se trata de un presupuesto que se financia fundamentalmente con recursos propios y con la participación de ingresos federales. Por lo que hace a las transferencias federales, éstas no llegan al 2%, lo cual no significa que haya una distribución inequitativa de los recursos federales, tratándose del Distrito Federal, sino que la ciudad tiene capacidad para captar sus propios ingresos y operar con recursos autogenerados, lo cual, a nuestro modo de ver, es muy sano para la economía del propio Distrito Federal y para el país. Creemos, estamos contribuyendo con ello a la descentralización de la vida nacional.
Mi partido, sin apartarse del realismo y objetividad que determina el monto de los recursos y las repercusiones sociales de la política recaudatoria, planteó la necesidad de hacer un esfuerzo extraordinario para optimizar el gasto en beneficio de la población con mayores necesidades del Distrito Federal, a través de aquellos programas que implican las demandas más amplias y sentidas de la población.
En este marco, demandamos en la Comisión una reconsideración en programas tales como el de seguridad pública, vivienda, vialidad y conservación y mantenimiento de escuelas. Consideramos que independientemente del monto, todo recurso que se canalice hacia estos aspectos repercutirá favorablemente en numerosas familias de capitalinos.
Consideramos también que dentro del complejo conjunto de factores de cuya interacción surge la sui generis problemático - urbana en nuestra ciudad, resalta por su magnitud e importancia el fenómeno de la contaminación ambiental. No hay duda que este fenómeno constituye el síntoma que nos permite detectar los desequilibrios, rezagos y carencias que padece nuestra ciudad.
El combate a la contaminación es la cuestión central en lo que debe considerarse la vida moderna de la ciudad.
Hablar de desarrollo sustentable, de combate a la contaminación y preocupación por el equilibrio ecológico, es hablar de transporte, abasto, educación, vivienda, generación de empleos, seguridad, salud y todos y cada uno de los conceptos que aborda este presupuesto.
En este marco, mi partido considera que la distribución porcentual de los recursos presupuestales por ámbito es un acierto dentro de la estrategia general de Gobierno para la ciudad durante 1993. Estamos hablando de que en el presupuesto para el año que entra, los programas de ecología se incrementan en un 21% en relación con lo aprobado para 1992, al aumentar de 1 mil 196 millones de nuevos pesos a 1 mil 456 millones también de nuevos pesos.
Dentro de los programas ecológicos deberán continuarse aplicando medidas de carácter integral para mejorar la calidad del aire, agua y suelo, y enriquecer los recursos naturales en el marco de las políticas trazadas por la administración del Distrito Federal.
Por lo que hace al transporte, las necesidades a cubrir son de más de 30 millones viaje - persona - día, se trata de uno de los problemas más serios de la ciudad y como tal tiene asignado el 25% del total del presupuesto del Distrito Federal, esto es, 3 mil 656 millones de nuevos pesos, que deberán ser aplicados con un enfoque metropolitano en el marco de la políticas del programa integral de transporte.
Otro de los factores determinantes de la calidad de vida del habitante del Distrito Federal, es la seguridad, en este aspecto, la creciente preocupación por los índices de criminalidad que se padece, ha motivado una revisión amplia de estos programas. La seguridad pública, la promoción de justicia, la impartición de justicia y la vigilancia de la legislación laboral y fiscal dispondrán del 15.7% del total de los recursos presupuestales del Departamento para cumplir sus objetivos, entre los que se consideran de manera prioritaria la capacitación y la modernización del equipo de la policía y el reforzamiento de los mecanismos de seguridad y vialidad.
Independientemente de lo anterior, propusimos en el seno de la comisión, un incremento de 5 millones de nuevos pesos, para este fin.
Por lo que respecta a la impartición de justicia, se continuará con el proceso de desconcentración de la Procuraduría General de Justicia, a fin de eficientar la atención a los ciudadanos.
También se reforzará, y en este aspecto coincidimos todos los grupos partidistas, los
mecanismos para la vigilancia del marco de actuación de los agentes de las diversas corporaciones policiacas, a fin de impedir los abusos de autoridad y depurar estos cuerpos.
Un aspecto fundamental de las estrategias de modernización en este ámbito, es la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, por lo que mi partido solicita al Departamento del Distrito Federal, un mayor esfuerzo en este rubro.
En cuanto a protección civil, coincidimos con la necesidad de que en la apertura programática federal del Presupuesto de Egresos para 1994, se incorpore un programa específico en esta materia, a fin de darle un peso también específico, de acuerdo a la gran importancia que representa el tener prevista cualquier contingencia, lo cual permitirá la existencia de una verdadera conciencia de los habitantes del Distrito Federal, ante tantos problemas a los que se puede enfrentar una ciudad de dimensiones y condiciones como la nuestra.
Por lo que hace a la salud, en el programa de edificios para este sector, consideramos en la Comisión, otorgar un incremento para las obras de remodelación del hospital Leñero, como aquí se ha comentado, que brinda una importante atención, especialmente a las personas que han sufrido quemaduras. El incremento que se contempla en el dictamen, es de 100% a lo que se había presupuestado.
Lamentablemente no es posible incrementar recursos a todos los proyectos en materia de salud. Pero hay que considerar que el programa de atención preventiva se incrementó en 1 millón 138 mil 500 nuevos pesos. Y el programa de atención curativa, 56 millones 158 mil nuevos pesos.
Por otra parte, la educación hoy contempla con la capacitación a nuevas formas de vida, de trabajo y de consumo, que exige el momento histórico que estamos viviendo. Y por ello, es que para los priístas y estoy seguro que para todos los mexicanos, sin importar su ideología, la educación es un asunto que requiere de nuestra atención permanente y prioritaria.
Por lo anterior, es que consideramos conveniente se incluya en su programa 12, el programa de ampliación y mejoramiento de la planta física, para la educación y la capacitación, dentro de la clasificación presupuestal de los programas prioritarios y que en unos momentos más hará el Partido Revolucionario Institucional.
El problema de la vivienda que tanto tiempo nos ha ocupado el día de hoy, es un problema que tenemos todos los habitantes de la ciudad de México y lo compartimos. Los priístas siempre procuraremos la solución del problema de la vivienda, para la población con menos recursos. Es una preocupación compartida, sí. Pero nosotros buscamos soluciones con objetividad, en conciencia de una realidad que no podemos eludir y que es la de que no contamos con todos los recursos que quisiéramos para éste y para todos los problemas de la ciudad. Se trata de un problema en el que hay consenso. Por ello, es que hemos hecho el máximo esfuerzo para incrementar el programa de vivienda, el cual aumentó el proyecto original al dictamen, en 5 millones de nuevos pesos. Y luego de acuerdo que aquí se ha planteado y que esperamos se vote también por unanimidad con un incremento de 20 millones de pesos más, de pesos nuevos por supuesto, mismos que se aplicarán como un fondo devolvente y por lo tanto recuperable, al Fideicomiso "Casa Propia" al FICAPRO.
Esta demanda que se volvió crítica a partir del sismo de 1985, dio como resultado que la inversión del Departamento del Distrito Federal en materia de vivienda, se multiplicara a fin de solventar la necesidad inaplazable de la población damnificada y en ese marco se ubicó el programa de vivienda del Departamento del Distrito Federal, como programa prioritario. Hoy, siete años después, prácticamente y afortunadamente, han cicatrizado las heridas abiertas por el terremoto. Sin embargo, el problema de la vivienda resultado del crecimiento demográfico continúa.
El Departamento del Distrito Federal, concluida la etapa de reconstrucción de la ciudad, continúa cumpliendo con su obligación legal de fomentar la construcción, y particularmente, la autoconstrucción, para ampliar la cobertura habitacional para muchas familias que la necesitan en las zonas de bajos ingresos de la ciudad. Esto en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Pese a lo anterior, la realidad nos desborda, y los priístas, en consenso con los demás grupos partidistas que constituimos la LV Legislatura, le solicitamos respetuosamente al Departamento del Distrito Federal que siga apoyando económicamente, la generación de vivienda, sin perder de vista la realidad; realidad que nos compromete a todos para seguir en la búsqueda de soluciones cada vez más amplias para un problema tan agudo.
Compañeros diputados: A pesar de lo que se ha avanzado en la racionalización y el control
del gasto público, mediante los amplios procesos que han permitido la profesionalización de los responsables de la acción gubernamental y la modernización de los mecanismos de administración y ejecución de las diversas acciones, es necesario insistir en la necesidad de mejorar e incrementar los sistemas de control, ya que la extraordinaria limitación en materia de recursos presupuestales que tiene el Distrito Federal, nos obliga a cuidar cada peso y a buscar el máximo rendimiento hasta el último centavo sin excepción.
No cabe duda que cuando abordamos la cuestión presupuestal en un país como el nuestro, que se ha estado esforzando por ocupar el papel que le corresponde en el momento histórico, es un ejercicio de duro realismo que nos confronta con la dualidad de lo que queremos y de lo que podemos.
Muchas cosas no son posibles, y nuestras carencias no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo el Distrito Federal está encontrando el camino para superar los viejos y nuevos problemas que han surgido del desarrollo y que no podía evitarse, porque cuando se evita, cancela las posibilidades de ser de la sociedad.
Estamos seguros de que en el corto plazo, se alcanzarán las metas de la reorganización de las finanzas públicas y con ello se mejorará substancialmente, la condición presupuestal del Distrito Federal. Para ello, para lograrlo, a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, es que solicitamos de esta Asamblea, el voto aprobatorio para el dictamen del Presupuesto de 1993. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: -Con su permiso, señor Presidente:
Entendemos lo cansado de esta sesión y lo aburrido; hablar de las finanzas y del Distrito Federal, pues es más aburrido para la gran mayoría de los diputados de esta Cámara. Así ha sido siempre. Y hay razones para insistir en que ésta no debería de ser la instancia para estar aprobando este tipo de proyectos, en particular el Presupuesto de Egresos. Pero en fin...
Yo quisiera tratar el asunto para señalar aquí, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, nuestro voto en contra de este proyecto de Presupuesto de Egresos para el Departamento del Distrito Federal en el año fiscal de 1993.
Quiero destacar tres asuntos fundamentales a los cuales me voy a referir y que serán lo que, son los argumentos que tenemos nosotros para este voto en contra, independientemente de algunas cuestiones más particulares de la problemática que vive esta entidad, que sabemos con problemas graves y muy importantes y necesarios de que actuemos ante ellos. Bien, los argumentos son tres.
En primer lugar la evidente inutilidad de que nosotros expresemos, no sólo nuestra simple opinión, los diputados, sino que incluso la de aprobar un proyecto de Presupuestos de Egresos, que no obstante que el mismo Poder Ejecutivo lo impone, no va a ser respetado en su aplicación. ¡Esa es la experiencia!
En segundo lugar, porque la intención evidente del Poder Ejecutivo al elaborar este Presupuesto de Egresos, es la de fortalecer el sector político - administrativo del Departamento del Distrito Federal. Y esto alejándolo cada día más de sus funciones como Gobierno interno para hacerlo una pieza fundamental, hoy, sobre todo, pensamos, ante el proceso de la sucesión presidencial que se avecina en 1994.
Además hay que reconocer una inexistencia de mecanismos efectivos que permitan a esta soberanía cumplir con sus obligaciones, señaladas también en la Constitución.
Por último o tercer aspecto o argumento que vamos a señalar es que tanto el proyecto de Presupuesto de Egresos como la actitud irrespetuosa del Ejecutivo y de los diputados de la mayoría oficial hacia esta soberanía, pero sobre todo, pero sobre todo la estructura política, toda, del Gobierno del Distrito Federal. Que ésta determina no sólo graves costos políticos y sociales de una forma autoritaria de gobernar y excluyente, sino un obstáculo esencial para el desarrollo de la región, para el crecimiento productivo y para la propia vialidad económica de la entidad.
Aquí es un hecho muy simple. La alta discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y la inexistencia de mecanismos reales de verificación y sanción sobre la acción del Ejecutivo que esta soberanía debería de hacer.
Paso al primer aspecto. ¿Qué es lo que entiende el Ejecutivo cuando habla de finanzas sanas y
en especial el jefe del Departamento del Distrito Federal cuando afirma que "ésta es la mayor contribución de la actual administración?, esto de las finanzas sanas.
Fuera de esquematismos y de demagogia los hechos confirman que esta administración se caracteriza por el uso sistemático de los recursos fuera del proyecto de presupuestos que él mismo ha elaborado.
Destaca el hecho de que los sobregiros se concentren en instancias político - administrativas, en detrimento de los programas de beneficio social y para la promoción de la actividad productiva.
En 1989 la jefatura del Departamento propuso a este Congreso el ejercicio de 6.9 miles de millones de pesos y en realidad aplicó 12.9 miles de millones de pesos . Esto es casi el doble.
Para 1990 no sólo claudicó en su promesa inicial de hacer menos oneroso el costo de la administración, al solicitar un presupuesto de 17.6 miles de millones de pesos, sino que incluso se sobregiro y ejerció en 1990, 18.6 miles de millones de pesos.
Para el año siguiente, 1991, esta unidad administrativa parece requerir cada vez mayores recursos y entre más pide, más consume.
Para 1992 pidió casi la mitad de lo que ejerció el año anterior, proporción que mantiene en el actual proyecto de egresos.
¿Cómo podemos creer que realmente va a obedecer los montos que se propuso ejercer, cuando hemos evidenciado que en los tres primeros años de su administración, la Jefatura del Departamento del Distrito Federal ha sobregirado su presupuesto acumulado en casi 20%? ¡Y no existe nadie a quien le rinda cuentas! Ni a ella ni a la Secretaría General de Gobierno que se excedió en el 1989 en 18%, en 1990 en 37%, y en el año electoral, en el año de 1991, en una oficina con atribuciones de carácter eminentemente electorales y para esto hay que ver el Manual de Organización del Departamento del Distrito Federal, ese ejercicio fue cuatro veces el presupuestado, es decir, 295% de sobreejercicio.
Ni se ha dicho que la recuperación electoral del partido oficial en el Distrito Federal, se basó en estos sobregiros de la Secretaría de Desarrollo Social, que se excedió en 85% en 1989; 99% en 1990 y 17% en 1991.
¿Cuándo se ha preocupado la Dirección General de Gobierno por haberse sobrepasado en 41, en 62 y en 6% sobre su presupuesto?
O la otra es la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, que se ha excedido en 39 y en 43% en 1990 y en 1991 respectivamente. Y así podemos seguir haciendo de otras unidades administrativas: la Dirección General de Trabajo y Previsión Social; la Dirección General de Regularización Territorial, cada una de las delegaciones; la Comisión de Vialidad y Transporte; la Junta de Conciliación y Arbitraje; en el Tribunal de Contencioso Administrativo; la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal; etcétera.
Lo más preocupante es que los excesos mayores no están ocurriendo en gasto de capital sino en gasto corriente; en específico en la cartera de servicios generales y transferencias. Más preocupante aún que ese exceso no vaya de acuerdo con el cumplimiento de objetivos. Ya son reiteradas las excusas por haber cumplido un tercio, la mitad o nada más un porcentaje de las metas propuestas.
Si para preocuparnos aún más, veamos dónde han existido subejercicios, si por abajo: en la Secretaría General de Obras, en la Dirección General de Acción Cívica y Cultural; en la Dirección General de Servicios Médicos; en la Dirección General de Reclusorios y de Centros de Readaptación Social; en la Dirección General de Promoción Deportiva; en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica: en la Dirección General de Servicios Legales; en la Coordinación General de Abasto y Distribución; en la Coordinación General de Transportes, Servicios de Dependencias y de las Delegaciones; en el Sistema de Transporte Colectivo; en Ruta 100, en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia para la Vivienda Popular; y con serios desequilibrios, en el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano. Además de presentar números rojos, lo más preocupante es que estos rubros están mostrando una seria reducción en el gasto de capital, en especial en la cartera de obras públicas.
Termino este primer argumento con lo siguiente. Estamos ante un hecho evidente, el Presupuesto de Egresos sólo es la imagen pública del Regente, que está asignando aumentos a rubros de desarrollo social, para después en la práctica concentrarlos en el aparato político administrativo que le permita mantener el verticalismo autoritario de que se hace gala en la ciudad de México.
La salud de la finanzas descansa sobre la enfermedad de nuestro país. El régimen de partido de Estado que le permite manejar de manera discrecional e impune los recursos de la
población y de la nación, aun a costa del bienestar de la población y de las expectativas de desarrollo y crecimiento económico para la entidad.
Entramos al otro argumento, que tiene que ver, en la intención de elaborar el Presupuesto de Egresos, más por fortalecer el sector político - administrativo del Departamento, que pone en evidencia una falta de respeto a la existencia del régimen republicano.
Van cuatro años de administración y es evidente las alteraciones del presupuesto que no han sido ni siquiera puestas a consideración de una vigilancia más estrecha. En los hechos, la mayoría priísta obstaculiza la función que como vigilante del ejercicio del presupuesto público debería de cumplir la Cámara de Diputados.
En primer lugar, la Contaduría Mayor de Hacienda no solo encubre, como lo vimos en la Cuenta Pública, no solamente está encubriendo a la serie de deficiencias en el manejo de los recursos públicos, sino que incluso pretende justificar el mal desempeño de la administración.
Las intenciones, no de culpar, sino de deslindar responsabilidades y de clarificar las acciones de Gobierno, han sido sistemáticamente interrumpidas, incluso se han puesto en duda las atribuciones que a esta soberanía le está consagrando la Constitución. Esa es para nosotros, compañeras y compañeros diputados, una falta de respeto que a sí mismos se han sometido en particular a los diputados de la mayoría. Y que se nos venga a venir a exigir el respeto para todos y en particular para ellos, creo que debe pasar primero por una premisa fundamental, debemos de tener este respeto a nosotros mismos y exigirlo de donde proviene la afrenta mayor que es el Poder Ejecutivo Federal. Ustedes podrán argumentarnos que existen los mecanismos y las instituciones para vigilar e incluso para sancionar el Ejecutivo, pero ese no es el problema, requerimos de mecanismos que permitan ejercer estas atribuciones independientemente de la voluntad del partido mayoritario.
Les recuerdo que aprobar el Presupuesto de Egresos y que el ejercicio de este presupuesto se apegue a este decreto, es nuestra obligación y no es una cuestión de voluntad, y la administración del Departamento del Distrito Federal, al igual que el Poder Ejecutivo Federal, han abusado de esa confianza que tienen para manejar, de manera impune, los recursos públicos. Hoy esta manera de actuar es ya una forma de hacer política y que cuenta hasta con aduladores que estén erosionando el edificio de la República. Se justifica que la forma de Gobierno del Distrito Federal es la mejor para una entidad tan compleja y de problemas tan vastos. Para nosotros esto es un dogma, eso quiere justificar como de manera innecesaria cualquier modificación o iniciativa que pueda presentarse como alternativa. Podemos constatar que la estructura política administrativa del Departamento del Distrito Federal, consume una importante cantidad de recursos que bien pudieran ser destinados al mejor fin que existe para cualquier nación, el del bienestar de la población, tanto la de hoy como la población futura, y paso al tercer elemento.
Lo que nosotros pensamos es, los costos económicos tan altos, de una forma autoritaria de gobernar. A partir de un análisis del presupuesto y el gasto en el Distrito Federal, en especial en la última administración, desde 1989 a la fecha, hemos encontrado que existen recursos por un valor igual a los 800 mil millones de pesos que pudieran se reencauzados a programas prioritarios, fundamentalmente a gasto de capital y en especial a obra pública, incluida infraestructura, servicios y vivienda. Si a ello agregamos que el presupuesto no contempla el superávit aunque las autoridades lo estén previendo, estamos hablando de 1 billón 300 mil millones de pesos que pudieran ser reutilizados; agregamos a ellos los grandes recursos que en un sistema democrático pudiéramos movilizar si coadyuváramos con la participación de la sociedad organizada y los sectores productivos, es decir, el ahorro social y la inversión privada. Estos recursos hoy están vedados y son los costos de una estructura de Gobierno que está enferma y que cuesta mucho a los contribuyentes y a la producción regional.
Hacemos la aclaración que estos recursos que pudieran ser reencauzados no provienen de la planta de empleados ni supone sacrificio por parte de la actual planta de trabajadores en el sector del Departamento del Distrito Federal, sino que precisamente proviene de las partidas donde el manejo discrecional tiene campo fértil, los servicios generales, los gastos en bienes inmuebles y muebles, en materiales y suministros y en las transferencias.
De esta manera podemos afirmar que el costo económico que deberán pagar los contribuyentes del Distrito Federal las familias y las empresas, significan el 15% del presupuesto propuesto, amen de los recursos que seguramente dejarán de ejercerse en programas prioritarios para ser concentrados en las instancias políticas administrativas que asegurarán seguramente al jefe
del Departamento pues que se les felicite por quién es la única persona que le ha dado su voto para gobernar la ciudad, que es el Ejecutivo Federal. Esto, compañeras y compañeros diputados, son los argumentos que presento a nombre del Partido de la Revolución Democrática, para nuestro voto en contra al proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal del año 1993. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Abascal Carranza: -Con su venia, señor Presidente.
Henos aquí otra vez discutiendo un asunto que interesa sólo a unos cuantos señores diputados.
Señoras legisladoras, señores legisladores, llevamos ya cerca de ocho horas discutiendo asuntos relativos al Distrito Federal, y sin esto, en el momento, señoras y señores diputados, de otras partes de la República, en el momento en que ante esta soberanía se ponga a consideración el proyecto de reforma política que seguramente vendrá para el próximo año.
Y piensen cómo se puede realmente dedicar fructífera y provechosamente todo este tiempo que hemos empleado en cosas que estoy seguro que la mayor parte de ustedes no entiende, ni les interesa.
Pero vamos al tema que todos modos tenemos por razones de Ley, por obligación constitucional, que tratar todavía en esta Cámara de Diputados. Hay un punto para empezar, que no entendí muy bien, y si yo no lo entendí, yo creo que los señores que no son del Distrito Federal, menos.
En la iniciativa se planteaba una transferencia o se plantea una transferencia de 200 mil millones de pesos actuales, voy a hablar cuando hable de cifras, en pesos actuales, porque todavía no estamos suficientemente metalizados para entender la reducción que tendrá que hacerse a partir del 1o. de enero, y esto todavía nos ubica mejor en el contexto que tenemos que plantear.
Pero en la iniciativa se plantea esta transferencia de 2 mil millones como del Programa Nacional de Solidaridad y luego ya en cuerpo del dictamen no aparecen como del Programa Nacional de Solidaridad, simplemente con el concepto de participación de ingresos federales, y luego se habla también de transferencias de ingresos federales.
Y la pregunta también sería bueno, ¿eso es todo lo que habrá del Programa Nacional de Solidaridad para el Distrito Federal?, ¿o habrá algunos otros rubros que en su momento, quizá al finalizar 1993, se apliquen a problemas detectados previamente por las autoridades?, y que podrían representar ya en meses preelectorales una importante carretada de votos y discrecionalmente, podrían aplicar estos recursos a ello.
En todo caso, habría que pensar en que si son tan grandes como efectivamente tiene razón el diputado del Partido Revolucionario Institucional, que me precedió en el uso de la palabra, antes del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto, Manuel Díaz Infante, que ahora los problemas de la capital son muy serios, muy graves, que hay que tratarlos con mucha seriedad y profundidad, pero entonces con esta misma seriedad habría que pensar de antemano en atacar esos problemas a fondo con recursos que van a llegar y si no van a llegar hay que saber que no van a llegar y no estar pensando mal en que quizá en algún momento se vaya a aplicar a problemas que ya conocemos y a los que se les va a dar quizá un tratamiento político y no social, como debe ser.
¿Por qué no, por ejemplo, de esas partidas, se destinan específicamente a esos problemas graves, como los de vivienda, que desde hace ocho horas estamos aquí planteando y discutiendo?; ¿o de servicios diversos de alumbrado, de agua potable y contaminación?
Bien, hablando de la contaminación, el dictamen habla de que se extiende el programa de verificación vehicular, ¡bien hecho!; que se implanta de nuevo dos veces al año este programa, magnífico.
Sabemos todos que se ha abatido el índice de contaminación en plomo, pero no en ozono. Sabemos que hay persistentemente problemas de partículas suspendidas y que no se dan los índices de estas partículas junto con las de ozono, todavía, y que esto es importante que lo conozcamos todos los ciudadanos, porque algunas de estas partículas, algunos de estos otros componentes de la contaminación son, según los expertos, quizá más dañinos que el propio ozono y debemos saber los habitantes de esta ciudad, los permanentes y también los que tienen que estar aquí por otras razones, como los señores diputados del resto del país, saber cuánto nos puede dañar estos otros contaminantes que no se dicen y que la ciudadanía ha reclamado insistentemente en conocer, junto con los que cotidianamente se dan, del ozono.
Es cierto, de repente aparecen por ahí algunas otras partículas suspendidas, pero los ecologistas insisten en que hay que precisar cuál es el daño y cuál es el contenido y cuáles son estas partículas y cuál es su influencia en la salud.
Pero también en este rubro de la contaminación hay que tomar en cuenta a la sociedad y hay que tomar en cuenta a estas instituciones de investigación que han surgido, a los institutos ecologistas que han surgido con mucha seriedad, para que ayuden en conjunto con el Gobierno, con toda la sociedad organizada, a combatir en serio la contaminación.
Por ejemplo, ¿por qué no derivar o conceder, no concesionar propiamente, sino permitir que por ejemplo una de estas instituciones, de estos grupos ecologistas, verifiquen los vehículos del Departamento del Distrito Federal?, que no sea el propio Departamento juez y parte, que sea el que diga: bueno, van bien mis vehículos y adelante; todos salen todos los días y no sabemos cómo anden y sí, obviamente basta ponerse atrás de alguno de éstos para saber que están en muy malas condiciones. ¿Por qué no ejercer una verdadera vigilancia sobre aquellos que ejercen la vigilancia sobre los ciudadanos? Son muchos los vehículos del Departamento del Distrito Federal.
¿Por qué no también verificar el parque vehicular de servicio público? También quizá con algún muestreo estas organizaciones, estoy seguro, estarían dispuestas a hacer estas verificaciones, para ver si se están cumpliendo o no las normas que el Departamento del Distrito Federal ordena para los particulares.
¿Por qué no a las autobuses foráneos, a los camiones de carga, etcétera, que contribuyen en gran medida a la contaminación de esta ciudad?
Así es como seriamente se puede hacer participar a estas organizaciones y no solamente para la foto, no solamente para la noticia, para la reunión social, cuando estas organizaciones aparecen con el jefe del Departamento, con funcionarios públicos y se le da la idea a la sociedad de que hay una coordinación, y después escuchamos de estos mismos grupos que no se hacen las cosas como deben hacerse, y creo que debe haber mayor seriedad.
Y al respecto un ejemplo: el Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, señaló recientemente el peligro de entubar el Río de los Remedios, y con mucha precisión y datos muy concretos, muy serios, como buenos investigadores que son, dijeron que, ¿por qué no en lugar de entubar el Río de los Remedios, se daba un tratamiento alternativo, por ejemplo, el tratamiento de aguas? ¿Por qué el presupuesto para este año que está dedicado a eso, al entubamiento de más de un kilómetro del Río de los Remedios, se dedica por ejemplo al tratamiento de las aguas de ese mismo río?
Generalmente lo que se ha hecho en esta ciudad, es enterrar los problemas, es ocultarlos provisionalmente y mandar los problemas por un tubo pestilente que va a provocar serios y mayores problemas posteriormente, como está sucediendo en toda la ciudad. Ya no hay ríos. Esta excuenca del valle de México en que cruzaban muchos ríos de cristalinas aguas, ya no existe. Ya no existen los ríos, todas esta aguas están contaminadas, y si se quisiera hacer un esfuerzo serio para abatir estos índices graves de contaminación del agua por ejemplo, habría que tomar en cuenta las consideraciones y las recomendaciones de estos institutos, de estos investigadores, de estos grupos de la sociedad organizada capitalina, que quieren contribuir y colaborar no nada más con críticas, sino con soluciones concretas a los problemas que todos los capitalinos vivimos.
Y esto también para dar solución de largo plazo. Al corto plazo entubar un río pestilente, pues sí, aparentemente se resolvió el problema, ya no huele alrededor, ya no se van los automóviles allá, y los vecinos quizá estén un poco más tranquilos por el momento, mientras no se rompa, como ha sucedido en una inundación o en un sismo, y se agrave el problema.
Respecto al mismo problema del agua, en la iniciativa venía algo como esto, tan claro y tan preciso y específico como hacer 50 mil muestras de control de calidad del agua. Afortunadamente se cambió en el dictamen para decir: "aumentar el número de muestras de control de calidad del agua". Está bien, esto lo pueden hacer también estas instituciones; de hecho inclusive hay estaciones de radio que hacen este tipo de funciones gratuitamente con la sociedad, y esto puede ser en descargo de estas actividades que seguramente le cuesta mucho a los ciudadanos, ahí pueden cooperar también los grupos organizados y ahorrarle una buena cantidad de dinero al Departamento del Distrito Federal, que es ahorrársela a todos los mexicanos.
¿Por qué no se concursan las soluciones?, ¿por qué no se plantean en serio estos problemas nacional e internacionalmente, para que mediante concursos se pueda dar con las soluciones de problemas tan serios como los que vivimos aquí en la capital?
Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Se habla de una importante cantidad de dinero destinada por ejemplo al mantenimiento de jardines, parques, áreas verdes, y yo sé porque lo he visto y convivido con muchas comunidades a las que he representado desde hace años, y de las que he gestionado muchos servicios y obras del Departamento, que una de las cosas a las que mejor están dispuestos los ciudadanos, es por ejemplo a cooperar en jardines, en áreas verdes, en parques, y ese en un verdadero acto de solidaridad, no lo que nos han querido vender ya hace algunos años. A eso sí está dispuesta la ciudadanía a hacerlo, con asesoría técnica de algunos jardineros, quizá algunas máquinas, pero generalmente ellos dicen: nosotros estamos dispuestos a hacer esto, pero no vemos del otro lado también la asesoría y la cooperación de la autoridad. Esto podría ser otro buen ahorro de este presupuesto de egresos.
Respecto al transporte, existe un criminal rezago en el transporte de la capital. Es cierto lo que decía el diputado Adolfo Kunz Bolaños, no es solamente problema de transporte, es muy complejo, pero por lo pronto tenemos que decir, por ejemplo, que en este criminal rezago, en el sexenio de Luis Echeverría no se construyó ni un centímetro del metro, no hubo continuidad de los programas iniciados en el sexenio anterior. Esta ciudad sería una muy distinta si hubiese habido continuidad, seis años de construcción del Metro bajo aquellas condiciones, estaríamos en este momento bajo otra situación muy distinta, pero seguramente lo que se puede alegar, como siempre lo han alegado los diputados de la mayoría y los funcionarios públicos, es que en su momento todos fueron enormes aciertos, y luego habrá que cambiar porque ya no funcionan en la situación actual. Nunca han reconocido que hubo algún error, que se cometió alguna equivocación simplemente en su momento fue un acierto quizá no haber construido ni un centímetro del Metro durante seis años, ya iniciadas estas obras en esta gran ciudad.
Pero precisamente abordando el tema del transporte, es verdaderamente ridículo, mueve a risa, el ver que en el Presupuesto de Egresos se plantee como un programa importante un rubro específico cuando hay otros que se ocultan y no aparecen ahí, comprar 50 nuevos trolebuses. ¡Vaya avances en el transportes eléctrico de esta capital! Un transporte verdaderamente anticontaminante y además la rehabilitación de 500 trolebuses.
Quiero decirles que yo conozco el famoso programa integral de transporte de hace dos años en el que se planteaba desde entonces la adquisición de 650 trolebuses al año siguiente, y no se hizo nada, y ahora vamos en 50, para el año entrante este rubro habrá desaparecido y los 50 trolebuses no los vamos a ver por ningún lado.
Y rehabilitación de 500. Bueno, quiere decir que también ha disminuido el parque vehicular de los trolebuses, cuando al contrario debería ser un programa prioritario del transporte, porque es verdaderamente un transporte anticontaminante y verdaderamente colectivo; se debería pensar en soluciones que bajo esta línea de transporte han dado otras ciudades en el mundo y que por lo menos han aliviado de manera generosa al problema de la transportación masiva.
También, ¿por qué no?, proponer proyectos de inversión proyectos financiados con la iniciativa privada. Muchas veces se han oído rumores de trenes ligeros, de trenes elevados, y esto nadie más lo sabe más que algunos funcionarios que lo comentan y luego desaparece de la escena el comentario, pero no estaría mal que se pensara en ese tipo de alternativas, debido a que muchas de las rutas que se siguen son rutas de gente que tienen automóvil y que gustoso dejaría el automóvil, y que es una sola persona que viaja en ese automóvil, o dos personas, y que gustoso podrían tomar una ruta alternativa, financiada por la iniciativa privada, como negocio, lo que podría aliviar en gran medida el problema de transporte de esta ciudad.
Respecto a algunas cifras me preocupa sinceramente no entender algunos rubros consignados en el dictamen que estamos discutiendo. Por ejemplo, la Secretaría General de Protección y Vialidad, tiene un presupuesto de 939 mil 497 millones 900 mil pesos, casi 1 billón de pesos actuales, y la policía auxiliar, esa que casi no vemos por la ciudad, que anda en esos destartalados "vochos", como dicen los jóvenes, sin armas, con uniformes verdaderamente que dan tristeza, yo creo que todos, que hemos visto esta ciudad en los últimos años, sabemos que esta policía pues realmente parece que sirve nada más para cuidar a las empresas privadas, sirve para cuidar instituciones que pagan por este servicio, pero no se justifica un presupuesto de esta envergadura, y se dice también que además hay un ingreso por la prestación de estos servicios. Es decir, que efectivamente el Gobierno recibe por la prestación de los servicios de la policía auxiliar, en industrias, empresas y comercios, determinada cantidad de dinero. Entonces, o está equivocada la técnica contable al poner como
erogación lo que es un ingreso, o no especificar claramente en qué consiste este presupuesto de la policía auxiliar.
Lo mismo respecto a la Policía Bancaria e Industrial, que supone que también funciona bajo las mismas condiciones: presta el servicio a los bancos y a las industrias, y éstos pagan a la Policía Bancaria Industrial los servicios que ésta presta.
Y hay un punto que también es sorprendente. Respecto al tema de la vivienda, en el rubro 5-E, de los programas prioritarios, originalmente en el dictamen se establecía, o en la iniciativa, 235 mil 134 millones 700 mil pesos; se aumentaron posteriormente 5 mil millones de pesos y recientemente, algo que nos da verdadero gusto, pero como dijo ya por ahí también alguna diputada, no es todavía satisfactorio ni suficiente, se aumentó en 20 mil millones este presupuesto para vivienda.
Lo que no cuadra, lo que no encaja en el esquema es el rubro específico. ¿A dónde va este dinero? Porque el organismo de vivienda del Departamento del Distrito Federal es el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, y este fideicomiso de vivienda tiene asignados 157 mil 611 millones 200 mil pesos; el fideicomiso de recuperación de crédito de vivienda popular, de 7 mil 861, y Ficapro, o sea, el Fideicomiso de Casa Propia, 7 mil 215, lo cual da un total de 172 mil 687 millones 500 mil pesos.
Y si en el rubro vivienda 5-E nos encontramos en el dictamen con 240 mil, independientemente de los 20 mil que se va a añadir, 174, la diferencia de 67 mil 447 no se encuentra por ningún lado.
¿Cuál es la asignación específica y directa de este rubro, de esta cantidad? Y, ahora bien, ¿los otros 20 mil millones de pesos se van a asignar, por ejemplo, al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano o a "Casa Propia"?
¿Bajo qué esquema de financiamiento de vivienda se va a incrementar lo que ya se ha acordado por esta Cámara de Diputados, que se va a incrementar en el renglón de vivienda?
Si nosotros, los que estamos involucrados en este asunto, que conocemos el problema, que lo hemos estudiado de años anteriores, que vivimos aquí, no lo entendemos cabalmente, me imagino que muchos de los señores diputados, la mayoría de los que están aquí, le van a entender muchos menos porque no han ni siquiera revisado el dictamen que les entregó puntualmente la Oficialía Mayor, y que emitió la Comisión del Distrito Federal. Es papel desperdiciado, dinero tirado a la basura, más desperdicio de dinero del pueblo de México.
Para finalizar, ojalá y hubiese aclaraciones, que aceptaría con mucho gusto, de muy buena gana a estos planteamientos que he hecho. Y, por otro lado, también es un buen deseo que el próximo presupuesto se presente a la Asamblea de Representantes; ojalá que sea a este organismo popular al que se presente este presupuesto, y que se presente con mayor claridad y precisión.
Por que por un lado, les digo, se hacen, se destacan cosas como 50 nuevos trolebuses y por otro lado hay miles o miles de millones de pesos y billones de pesos actuales de los que no sabe uno realmente cómo van a ser aplicados.
Necesitaría esto una mejor explicación, una más amplia explicación. Hay rubros importantísimos que simplemente están escondidos en una gran cantidad que no está desglosada, que no está explicada, que solamente se dan los porcentajes para decir hubo un incremento en esto, un incremento en aquello y decremento en lo de más allá y con eso se lavan las manos, pero no tenemos elementos realmente para enjuiciar el documento.
No tenemos elementos ni siquiera para aprobarlos en esos términos. Podría ser muy bueno, pero esto es muy bondadoso, podría tener elementos verdaderamente extraordinarios, pero no podemos decir que si o que no porque carecemos de los fundamentos técnicos, de los conceptos claros y precisos que nos digan: el gasto va orientado específicamente aquí o allá, no a los 50 nuevos trolebuses, sino a programas verdaderamente importantes, el de vivienda, por ejemplo, es importante y por eso brincó, por eso nos ha inquietado a todos los partidos políticos, incluyendo a la mayoría afortunadamente, no en el grado que nosotros hubiéramos querido.
Pero así como este renglón de vivienda, está especificado inclusive en los organismos cómo se van a utilizar, uno sabe cómo funciona el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, por ejemplo. Además no está tampoco muy claro cómo funciona la recuperación en esta inversión de la vivienda. Yo he preguntado a varios funcionarios públicos en comparecencias y hasta la fecha no me han sabido responder, por ejemplo, el porcentaje de recuperación de los créditos, porque no se trata de regalar la vivienda, no se trata de decir ahí tienen 20 mil millones de pesos más para regalar equis número de casas.
Por cierto, hay una última cifra que quisiera yo tratar de aclarar aquí, porque en su fundamentación, el diputado Silvestre Fernández Barajas dijo que iban a ser 110 mil acciones de vivienda, 110 mil 900 y pico, pero en el dictamen dice 10 mil acciones de vivienda unitarias, unidades correcto. Pero los que hemos visto esto mucho de la vivienda se dice generalmente acciones, unidades de vivienda, pero en el dictamen se dice 10 mil; no sé de dónde salen los otros 100 mil, o sea las otras 100 mil viviendas.
Y además, luego otro dato que más confundió, que en los 5 mil millones de pesos más se podían construir 2 mil viviendas más. Bueno, si hace uno bien las cuentas, no salen las cuentas, ¿cuánto cuesta una vivienda ? ¿cuál es el cálculo que están haciendo, el costo real y la recuperación?
Para aprobar nosotros, señores diputadas y diputados, un presupuesto en esas condiciones, nos encontramos verdaderamente incapaces de hacerlo, porque no tenemos los elementos; pasa lo mismo que en los anteriores instrumentos que se han sometido a esta soberanía.
Quiero aclarar que no estuve por razones reglamentarias, por ocupar un puesto en la mesa directiva, en las últimas juntas de la Comisión de la subcomisión, pero que no es nada nuevo para mí el plantear estos problemas, los conozco y a lo mejor se puede decir: bueno, es que esto se explicó en la última junta.
Pero yo creo que no sólo nosotros los de la Comisión, sino todos los diputados merecen explicaciones mucho más amplias y documentos mucho más puntuales, más específicos, más claros y más precisos para tener argumentos para aprobarlo o desaprobarlo en subsecuentes ocasiones que ojalá no sea aquí, sino en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Muchas gracias por su atención.
El presidente: -Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados:
Mi intervención va a ser para abundar en la argumentación que hace nuestro partido para fundamentar nuestro voto en contra.
Iniciaría haciendo algunas consideraciones que las hemos apartado por rubros, sobre cuál ha sido la política que se ha manejado desde el Gobierno de la ciudad y cuáles han sido sus resultados, cómo se ven ante los ojos de la ciudadanía, y por qué, estamos planteando una votación en contra.
Parteaguas en la historia moderna del país y la ciudad de México fueron los sismos de 1985, los multicitados sismos de 1985. Pese a la campaña de desprestigio e ideologización de los grupos más conservadores del país en contra del modo de ser capitalino, los sismos mostraron a los mexicanos y a los propios habitantes de la ciudad el verdadero rostro solidario, laborioso, entregado, valiente, de los habitantes de la ciudad, lo cual era la expresión de una nueva cultura urbana, que puso en crisis viejos modelos paternalistas corrompidos y autoritarios de los gobiernos del Departamento del Distrito Federal.
El Gobierno de la ciudad era considerado un conglormerado sin solución ni alternativas por los grupos que hicieron de esta ciudad un botín para los negocios de giros negros, empresas constructoras, puestos políticos, corrupción con permisos, licencias, corrupción de la policía, en fin, todos los males que hoy padecemos y de los cuales el Gobierno no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde.
Los males de la ciudad, acumulados por falta de planeación como es la contaminación ambiental que nos ha hecho merecedores de la distinción de ser la ciudad más contaminada del mundo; la falta de seguridad pública donde la policía a diferencia de otras urbes de la magnitud de la nuestra, es parte del problema y no de su solución; el crecimiento urbano y las migraciones del campo a la ciudad; la expulsión de los habitantes del centro de la ciudad a los municipios conurbados por la especulación inmobiliaria; la escasez de vivienda, el crecimiento desordenado y la presencia sobre las reservas ecológicas; el comercio ambulante y el monopolio del contrabando, la fayuca y el clientelismo político, basado en la necesidad de miles de desempleados; la quiebra de empresas y la pérdida de empleos y otros más, son el resultado de una política impuesta durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno Federal.
Los males de la ciudad no han sido provocados por conflictos de la naturaleza o externos, sino gobiernos que utilizando la diluida responsabilidad del Ejecutivo Federal, hicieron de la ciudad un espacio permanente de riesgo y de desastre.
Hoy que hablamos de la necesidad de cambios profundos, es inevitable hacer un balance de las políticas impuestas por el priísmo para con ello partir a proyectar cambios y soluciones bajo una nueva perspectiva que resuelva los problemas de raíz.
En 1988 hicieron crisis las formas paternalistas y autoritarias que se consideraban inamovibles. El voto popular de julio de 1988, fue no sólo la expresión de un hartazgo político, sino también la demanda de que teníamos que cambiar. Este cambio por supuesto era asumido también como un compromiso de la ciudadanía para mejorar la ciudad, las condiciones de vida de los vecinos y la supervivencia.
El consenso asumido por todos en la ciudad, era la necesidad del cambio. El Gobierno que se impuso, asumió formalmente este discurso y lo ha utilizado constantemente a manera de chantaje hacia los ciudadanos, en el sentido de que todos somos responsables de la ciudad y sus problemas. Pero contrariamente a esta responsabilidad colectiva en el aspecto de los problemas, en lo que se refiere a las decisiones a la política, esa sigue siendo facultad y privilegio de unos cuantos.
Según el Gobierno, la participación ciudadana debe ser sólo para resolver los problemas, pero no para definir ni la planeación, ni las políticas a seguir en la ciudad. La Asamblea de Representantes al igual que los organismos ciudadanos, sólo tienen la facultad de opinar sobre propuestas ya elaboradas y que sólo se ponen a consideración en aspectos secundarios, los cuales son traídos ante esta Cámara para culminar con un acto más, surgido como una iniciativa del Ejecutivo.
La Cuenta Pública, la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos, son elaborados por el Ejecutivo Federal y de antemano existe poca o ninguna voluntad y disposición para que la ciudadanía o los órganos locales de los capitalinos puedan modificar o reformar las disposiciones previamente elaboradas. Una excepción la hemos contemplado el día de hoy, que no hubiera sido posible si no es porque existe una gran presión ciudadana en este asunto que confiere a todos, que es la vivienda.
El culto al centralismo y una estructura política administrativa de empleados, que se sujetan a la decisión final del Ejecutivo y que no permite ninguna movilidad ni especificidad, ha hecho de la estructura republicana una caricatura grotesca de servilismo e incondicionalidades. Esta estructura político - administrativa, donde los delegados y funcionarios del Departamento del Distrito Federal, no tienen ninguna autonomía, hacen de la planeación del presupuesto así como de su aplicación, un ejercicio simplista y burocrático, ante problemas cada vez más complejos que lo rebasan y cuestionan.
Pero vamos a ver, hagamos un balance de los cuatro años de la actual administración en relación al presupuesto, la hacienda y el gasto y sus resultados: ¿cuáles han sido los cambios en la ciudad en estos cuatro años de Gobierno?, ¿se ha incrementado el padrón de contribuyentes?, ¡sí!, ¿Han aumentado los ingresos fiscales en la ciudad, ¿sí!, ¿ha bajado el costo de la deuda?, ¡sí!, ¿son más sanas las finanzas públicas?, ¡sí!, ¿hay mayor participación de los ciudadanos en la solución de los problemas urbanos?, ¡sí!, ¿eso ha contribuido a realizar menos gasto?, ¡sí!, ¿hay mayor fiscalización ciudadana sobre la actuación de los funcionarios públicos?, ¡sí?, ¿existe un sacrificio ciudadano individual a favor de nuestra ciudad?, ¡sí!, ¿los ciudadanos cumplen con las disposiciones del Departamento del Distrito Federal para abatir la contaminación?, ¡sí!, ¿la sociedad ha participado de buena fe en la concertación?, ¡sí!
La ciudadanía acata las campañas para ahorro de agua, siembra árboles, no circula, no sale a la calle sin taparse en invierno, usa menos el automóvil, verifica el carro dos veces al año, no tira basura, cuida los bosques, denuncia la corrupción, dice ¡No! a las drogas, hace ejercicio, se emplea a sí misma, estira el salario, no gasta el aguinaldo, se toma la foto, ahorra energía, toma menos leche, participa en el maratón, participa también en el fut llanero, paga los impuestos de predial y de agua, vacuna a su perro, lleva a que tome todas las vacunas el niño.
Todo esto y más hace disciplinadamente la ciudadanía desde hace más de cuatro años. Pero, ¿en qué retribuye el Gobierno a ese esfuerzo ciudadano?
¿Es mejor la ciudad?, ¡no!, ¿Ha disminuido la contaminación? ¡no! ¿Se ha terminado con la corrupción de la policía?, ¡no!, ¿Se protegen debidamente los recursos naturales?, ¡no!, ¿Se aprovecha el agua?, ¡no!
(Desorden.)
El Presidente: -Ruego a los señores diputados guardar orden para escuchar debidamente a la oradora.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: -¿Se aprovecha el agua?, ¡no!, ¿La ciudad es más segura frente a desastres?, ¡no!, ¿Los ciudadanos han elevado sus condiciones de vida y de trabajo?, ¡no! ¿Se ha frenado a los especuladores del suelo urbano?, ¡no!, ¿Existe una política para resolver el problema de la vivienda?, ¡no!, ¿Han disminuido las enfermedades respiratorias?, ¡no!,
(Desorden.)
¿Las industrias contaminan menos?, ¡no!
(Desorden.)
¿Se ha elevado la calidad de la educación pública?, ¡no!
(Desorden.)
¿Se ha mejorado el transporte público?, ¡no!
(Desorden.)
¿Se ha construido más metro que en otros sexenios?, ¡no!, ¿Existe una política para resolver el problema inquilinario?, ¡no!, ¿Se han resuelto los problemas del régimen de propiedad en condominio?, ¡no!, ¿Ha mejorado el servicio telefónico con la privatización?, ¡no!, ¿Existe una mejor impartición de justicia?, ¡no!, ¿Se acabó la corrupción en los reclusorios?, ¡no!
(Desorden.)
¿Existen oportunidades de empleo y educación para los jóvenes?, ¡no!
¿Han disminuido los niños de la calle?, ¡no!
(Desorden.)
¿La calidad alimenticia de la mayoría de los habitantes es mejor?, ¡no! ¿La calidad de los servicios médicos es mejor?, ¡no! ¿Existe más democracia?, ¡no!
(Desorden.)
¿Se toma en cuenta la opinión ciudadana para elaborar los programas y proyectos?, ¡no! ¿El Consejo Consultivo de la Ciudad de México es un organismo ciudadano?, ¡no!
(Desorden.)
¿La Asamblea de Representantes decide algo?, ¡no!
(Desorden.)
¿Los delegados tienen autonomía para planear y decidir sobre su demarcación?, ¡no! ¿Existe autonomía entre el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno?, ¡no!
(Desorden.)
¿Existe autonomía entre los organismos de vendedores ambulantes, los importadores de fayuca, el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno?, ¡no! ¿Puede el regente dirigirse directamente a la Cámaras?, ¡no! ¿Puede el regente oponerse a una disposición del Ejecutivo Federal?, ¿no!
(Desorden.)
¿Puede el regente intervenir en la reorganización de la policía?, ¡no!
(Desorden.)
¿Ha servido la política de concertación para resolver estos problemas?, ¡no!
(Desorden.)
Pese a los esfuerzos ciudadanos la ciudad no ha mejorado ni cambiado a fondo, porque falta el esfuerzo del Gobierno y del Estado. A esta ciudad le sobra autoritarismo, verticalismo, centralismo, demagogia, engaños, corporativismo y le falta sobre todo voluntad política de su Gobierno para actuar en consecuencia.
La ausencia de soberanía en nuestra ciudad hace que el Gobierno del Distrito Federal, sea absolutamente débil y que su presupuesto sea determinado en función de estabilidad macroeconómica del Gobierno Federal y no en función del bienestar social.
A partir de 1989 y gracias a un extraordinario esfuerzo de los habitantes de la ciudad, los ingresos propios del Departamento del Distrito Federal se elevaron. A partir de esa fecha la reducción en las participaciones federales ha sido una constante, sobre todo desde 1991 con los cambios que sufrió la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se estima que dichas participaciones del fondo general en 1994 se ubicarán por lo menos en un 23 % abajo en términos reales, que las recibidas en 1990 por el mismo concepto. Esto atendiendo siempre a los criterios macroeconómicos del Gobierno.
Vamos a dar un ejemplo de como es que el Gobierno de la ciudad no hace más por la ciudad y ponemos este ejemplo de las participaciones federales.
La Federación entregó a la ciudad de México 5.4 billones de lo que se recaudó en ella. Sólo el 11.9% de su recaudación. De haber tenido el mismo porcentaje que los otros estados, al Distrito Federal le habrían correspondido este año más de 9 billones, es decir, el 75% de sus ingresos programados. O bien la disponibilidad de 4 billones más de lo recibido.
¿Por qué el Distrito Federal recibe un porcentaje menos que los estados en los impuestos federales? Esta consideración debe ser importante y más lo será cuando enfrentemos en realidad y con seriedad la probabilidad de que la ciudad de México se convierta en un Estado más de la República.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, la recaudación que estima para este año en la ciudad de México es de 46 billones 107 millones de pesos actuales. La Secretaría de Hacienda o el Gobierno Federal asigna a la ciudad por concepto de participaciones federales 5.49 billones. Esto quiere decir que la ciudad de México aporta al país el 88.1% de lo que se recaude en ella.
Esta en una consideración importante, colegas legisladores, porque la ciudad puede y debería de mandar un poco más de todo lo que se le asigna y seguir aportando, como lo hace, en una gran cantidad al país.
La ciudad de México no es una ciudad subsidiada ni es una ciudad mantenida, es una ciudad productiva y a la cual se le debe retribuir.
Frente a todas estas consideraciones, además de las que señaló el diputado Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática, queremos señalar además la falta de debate como uno de los problemas centrales.
Frente a todas las campañas y autoelogios que dispensa el Gobierno Federal en la ciudad, no se ha logrado establecer un debate claro, preciso, sincero, de buena fe y serio sobre el futuro de la ciudad. El Gobierno se mueve frente a las presiones democratizadoras en la idea central de conservar el poder a costa de lo que sea.
Las aperturas, los diálogos, las audiencias y múltiples foros como son la mesa de concertación para la reforma política, son parte ya del problema de una interlocución rota de fondo.
Las comparecencias y sus formatos, hablan más de como evadir a la oposición y sus preguntas, que el expresar compromisos y establecerlos claramente.
¿A dónde quiere ir el Gobierno con todo esto? Las técnicas de llevar dos discursos , uno al principio, el otro al final de la comparecencia, con respuestas ya estudiadas y acabadas a un diálogo que se supone espontáneo, es como ir y de hecho vamos a un espectáculo donde todo está pactado ya de antemano. Por ejemplo, la mesa de concertación fue convocada de una manera, es decir, a que todos los partidos estaríamos en igualdad de condiciones y ya instalada esta mesa se volvió a poner de manifiesto que el Partido Revolucionario Institucional, no es un partido político y que el Gobierno está eludiendo un compromiso real con la ciudadanía.
La forma novedosa para eludir el debate, la más novedosa, lo presenciamos en la última comparecencia del regente ante esta Cámara, donde la presencia de un provocador desvío la atención de los grandes problemas de la ciudad al deslinde que tuvimos que hacer todos los partidos políticos de un hecho sorpresivo.
El rechazo a propuestas y a consultar a la ciudadanía de manera directa y plebiscitaría sobre el futuro de la ciudad, han hecho de las audiencias públicas o de la reforma política un espacio contestario en contra del Estado 32 y no un foro para encontrar una propuesta democrática y de consenso para la ciudad.
El problema central de las consultas, foros y audiencias es demostrar que la democracia es mala y el fin último, es darle la vuelta al Estado 32 y la facultad de que la ciudad tiene que tomar sus propias decisiones legislativas.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores: si en 1988 el hartazgo político pudo traducirse en voluntad ciudadana y buena fe para participar en la solución de los problemas y estos no se resuelven por falta de voluntad política del Gobierno, en 1994 el abuso de la buena fe ciudadana, la cual cada vez más se siente que le han tomado el pelo, el hartazgo político será mayor y causa de una profunda crisis política.
El dictamen de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal que hoy discutimos, como ya lo manifestó el diputado de mi partido que me antecedió en el uso de la palabra, tendrá nuestro voto en contra, ya que se ha dejado recaer toda la responsabilidad de la cuidada en sus habitantes y el Gobierno sólo ve por sus propios intereses de estabilidad financiera, favoreciendo a grupos minoritarios y sus ganancias. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: Con su permiso, señor Presidente.
En esta sesión en la que se discute en torno al Presupuesto de Egresos del Departamento, si bien es cierto que hay que reconocer que falta aún un tramo para llevar a cabo, también es justo reconocer avances en distintas áreas. El propio documento que obra en poder de ustedes hace una mención de avances substanciales en algunas de ellas, tal sería el caso del tema de ecología, de bienestar social, de transporte, de infraestructura urbana, de abasto y comercialización.
Este documento representa la culminación de un proceso intenso de diagnóstico y determinación de prioridades programático - presupuestales al interior del propio Departamento, de intercambio de información entre las distintas áreas administrativas, de la búsqueda permanente del estricto apego a lo establecido en la Ley de que este presupuesto se mantenga en congruencia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es, por tanto, la culminación de un trabajo serio y responsable, cuyo fin último es proponer un presupuesto acorde a las prioridades nacionales, que fortalezca la acción del Gobierno de la ciudad con un profundo contenido social.
El presupuesto tiene como base de su elaboración programas que señalan con claridad, objetivos y metas para su ejecución en consonancia con el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y del propio artículo 6o. del decreto.
En el tomo programático, que estuvo a consideración de los diputados miembros de otros partidos, aparece con claridad la explicación y desglose de los distintos conceptos de gasto, de esa manera se observó en comisiones el cuidado que se tuvo en la elaboración del proyecto de Presupuesto y que dio pie a un trabajo serio, responsable, sereno por parte de los distintos partidos representados en esta Cámara. Ya se ha comentado por otros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, diferentes avances y diferentes aspectos que faltan por hacer. Uno de ellos de gran importancia es por ejemplo el que se refiere a la finanzas que presenta el Departamento que consideramos sanas, como cada vez más los recursos se obtienen de fuentes propias y también como cada vez representan menos el peso de las participaciones que se le brindan al Departamento.
Aquí quisiera hacer un comentario en torno a lo que comentó la diputada Ruiz en el sentido del peso que tiene en la recaudación el Departamento del Distrito Federal; sin embargo recordemos que estas participaciones primero están establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal y, segundo, tomar en cuenta que muchas empresas que tienen ubicadas sus plantas en otros lugares de la República y que por lo tanto impactan en servicios públicos a esos estados de la República, tienen radicado su domicilio fiscal y por lo tanto tributan en el Distrito Federal, tal sería el caso, asimismo, de la Banca y de esa manera se efectúa, hay una distorsión en cuanto a este dato que presenta la diputada.
Un aspecto también muy importante es el peso que representa para las finanzas del Departamento su endeudamiento, este peso le ha permitido gradualmente ir avanzando en distintos aspectos sociales.
Insisto en lo que comenté al principio de mi intervención; efectivamente falta por avanzar pero este presupuesto que consolida un saneamiento financiero de las finanzas del Departamento, que le da una orientación sectorial al gasto fundamentalmente hacia lo social, precisamente en esa dirección está dirigido, en ir avanzando en la solución de los problemas de la ciudad de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
El Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal presenta de manera notoria una elevación en los montos para los programas de los rubros de Ecología y Ordenamiento Territorial, pero desde mi punto de vista, la problemática de la ecología de esta ciudad va más allá del problema de la aplicación del Presupuesto y aunque éste aumente, quiere decir con toda claridad, que es insuficiente.
Sostengo la idea de que esta problemática se nos está yendo de las manos, la asignación de recursos públicos debe tener como premisa la atención de la infraestructura y los servicios prestados a la población citadina y los modelos de atención necesariamente repercuten en la calidad del medio ambiente y por ende en los niveles de vida de su población.
El hecho de que la ciudad cuente con coberturas insuficientes que excluye a una porción importante de la población, una calidad deficiente que impacta directamente en los niveles de vida de la población usuaria o excluida de escasos recursos y vinculado esto con los graves impactos ambientales derivados del hecho de que el crecimiento de las necesidades ha sido persistentemente más rápido que el de los recursos financieros asignados y las capacidades de previsión, planeación y regulación.
Es un hecho que la modernización económica apunta a sustituir la inversión en infraestructura y servicios que debe hacer el Estado por inversiones privadas.
En la prestación de los servicios públicos hay dos opciones claras: una, la prestación del servicio público puede optar una operación deficitaria donde se privilegia el supuesto de que está destinado a cubrir una necesidad cuya satisfacción no puede estar condicionada por la capacidad de pago del usuario; o bien, dos, puede orientarse a que sea autofinanciable bajo el criterio de la demanda solvente, de manera que sólo puede acceder a los servicios quien pueda pagarlos.
En esta doble opción, entre servicios públicos con déficit pero atendiendo a todo mundo, y servicios públicos autofinanciables, pero atendiendo solamente a quien pueda pagarlos, está claro que el criterio que está aplicando el Departamento del Distrito Federal es de los servicios autofinanciables, lo que se comprueba con la expulsión acelerada de la población de bajos recursos hacia las periferias en el Estado de México por las fuertes cargas fiscales que se aplican a los habitantes de la metrópoli.
Es decir, no se atiende el origen de los problemas, simplemente se les traslada a otras comunidades y con ello se trasladan los problemas ambientales.
Nos parece importante señalar que el privilegiar la tensión de la población y en consecuencia mantener una operación deficitaria de los servicios públicos, no constituye un rasgo peculiar de México, ni en general de los países subdesarrollados; por ejemplo, en Estados Unidos, las tarifas del transporte cubren sólo el 40.7% de la inversión; en Francia, sólo el 52% de la inversión; o en otro ejemplo, en Alemania, las tarifas del drenaje cubren solamente el 83% de la inversión.
Es necesario reconocer que la problemática ambiental no existe en abstracto, sino que resultado, de las políticas de desarrollo, lo que significa que las determinaciones económicas son causa y origen del deterioro ambiental.
Un auténtico desarrollo para las ciudades requiere de una integración adecuada de sus ecosistemas a las actividades urbanas donde se hace indispensable el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, la satisfacción de los servicios públicos y una normatividad fuertemente reguladora de las actividades industriales, comerciales y turísticas, por tanto el crecimiento económico debería producirse de manera que no cause degradación en la base de los recursos naturales.
Y si abordamos el problema del Distrito Federal como unidad territorial, tendríamos que pensar en atender las demandas de 19 millones de habitantes, y no sólo de 8 millones y de un territorio de más de 300 kilómetros cuadrados y no sólo de 50, donde resulta que precisamente la población que colinda con el Distrito Federal en el Estado de México, es decir, los 16 municipios conurbados concentran casi el 50% de la población de esta unidad.
Sin embargo, parece que el Departamento del Distrito Federal se desentiende de las necesidades de esa población, una vez que cruza la calle y se ubica en términos administrativos en otro estado.
Los niveles de atención y de infraestructura con que cuenta para la prestación de servicios públicos, es claramente segregacionista. Me parece a mí que en el problema ambiental intervienen tres cuestiones fundamentales, que luego ya unidas, están generando la problemática de contaminación más seria que exista en cualquier ciudad del mundo.
Mencionaría en primer lugar el problema de la basura. En esta ciudad se producen diariamente más de 27 mil toneladas de basura. De estas 27 mil toneladas, 10 mil 065 se producen en las casas de las personas comunes y corrientes y en cambio más de 14 mil se producen por las industrias, y de estás más de 14 mil, tenemos que 2 mil 158 toneladas en realidad son desechos industriales peligrosos. Esto significa que se requieren al día casi 9 mil viajes para recolectar la basura doméstica que genera la ciudad y su zona conurbada y de toda esta basura, solamente un 20% de ella es reciclada; y mientras que para la recolección en el Distrito Federal se emplea un equipo moderno como barredoras mecánicas, camiones compactadores, trailers, alrededor de más o menos 2 mil unidades de
recolección, aunque habría que decir entre paréntesis que casi el 40% de estas unidades casi siempre se encuentran en los talleres de reparación.
Sucede que en el Estado de México las posibilidades de recolección abarcan desde muy perfeccionados sistemas hasta los tradicionales carros de madera tirados por mulas en Ciudad Netzahualcóyotl.
No pueden evaluarse avances reales si se parte de divisiones artificiales que ignoran hechos tales como en la zona metropolitana del Valle de México se generan más de 2 mil toneladas de desechos peligrosos.
Los residuos considerados como peligrosos son aquellos que presentan unas o más de las siguientes características: sustancias corrosivas, tóxicas, reactivas o inflamables. ¿En dónde se generan principalmente? En la industria minera, petrolera, química, petroquímica, metalmecánica y textil.
¿Qué problemas se generan con toda esta basura? Se forman soluciones que contienen sustancias tóxicas y que atraviesan las capas de desechos sólidos hasta filtrarse a los mantos freáticos, incluso acuíferos. Los microorganismos que aparecen durante la degradación de la materia orgánica y que pueden o no ser patógenos, también llegan al agua; además, el viento los transporta desde los depósitos a toda la ciudad, provocando un grave problema de salud.
El segundo problema que tiene qué ver con la contaminación, además de la basura, es el transporte. Se estima que en la zona metropolitana de la ciudad de México, se realizan diariamente más de 30 millones de viajes, los cuales, según cifras oficiales, se hacen en casi 3 millones de autos privados, en 57 mil taxis, 69 mil combis y microbuses, 10 mil 500 autobuses urbanos, ocho líneas del Metro con 2 mil 205 vagones, una línea del tren ligero y 450 trolebuses.
La verdad es que las políticas de transporte público no han logrado desestimular el uso del automóvil y persiste una gran incapacidad estatal para regular la prestación privada de los servicios de transporte. Los autos que dejan de circular por el programa "Hoy No Circula", en realidad han sido sustituidos por otros autos.
El Gobierno de la ciudad ha constituido empresas que complementan y compiten con las empresas privadas, sin que esto implique la reorganización global del transporte.
Un absurdo en este problema es que por ejemplo existen siete veces más combis y microbuses que autobuses urbanos, cuando la capacidad de transportación de los autobuses urbanos es seis o siete veces mayor que la de una combi o un microbús, y además los taxis, combis y microbuses, por la frecuencia de sus recorridos generan una alta contaminación.
Otro argumento de peso es que mientras las emisiones vehiculares particulares representan mucho más del 50% del total de contaminantes, no se fortalezca el transporte público.
Y un tercer problema, aparte del de la basura y el transporte es el de la contaminación industrial. Existen aproximadamente 36 mil industrias en el Valle de México; de éstas, 6 mil son catalogadas como altamente contaminantes, y hasta ahorita, según versiones oficiales, solamente un poco más de 2 mil han instalado equipo de control ambiental.
Sucede que existen más de 30 mil establecimientos comerciales, que las termoeléctricas consumen 32 mil barriles diarios de combustóleo y gasóleo y 200 millones de pies cúbicos de gas natural.
Todo esto, compañeras y compañeros, la basura, la contaminación generada por el transporte y la contaminación generada por las más de 30 mil fábricas que existen en el Valle de México, generan diariamente 13 mil toneladas de contaminantes, principalmente de monóxido de carbono de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno, de bióxido de azufre, de partículas suspendidas y de ozono.
La cuestión es que esa contaminación genera innumerables problemas de salud. Neumólogos, oftalmólogos, pediatras, geriatras, dermatólogos, al hablar de los exámenes de millones de capitalinos, denuncian la manera impresionante en cómo han aumentado las enfermedades respiratorias, especialmente en niños. Dolores de cabeza, cambios en el metabolismo del miocardio, disminución de la percepción visual, problemas en el aparato cardiovascular y en el sistema nervioso central, problemas por plomo que afectan principalmente a los niños.
Quiero leer aquí algunas opiniones de especialistas en torno a los problemas de salud que genera la enorme contaminación de esta ciudad. Denuncian la aparición de nuevos virus y de daños irreversibles en la salud, y se declaran impotentes para enfrentar este fenómeno. Nada se
puede hacer en este medio, dice por ejemplo el oftalmólogo Juan Rico .
En tres, cuatro o cinco años más, se sabrá qué tanto está afectando la contaminación a los niños. Esto lo afirma el pediatra José Iglesias. Esto ya no es normal, cada día aumenta el número de enfermos con problemas respiratorios, esto lo señala el neumólogo Sergio Rodríguez, Jefe del departamento de Consulta Externa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Hay quien afirma, por ejemplo el neumólogo Víctor Sánchez, que ya hay muertes por contaminación, y si esto ocurre en los jóvenes, imaginémonos en los ancianos, cuyo sistema inmunológico está más debilitado, nos dice la geriatra Mónica García Medrano. Viene toda una serie de puntos de vista de especialistas en torno a los problemas de salud en esta ciudad, generados por la contaminación. No los voy a leer, pero, ¿de qué manera en esta ciudad se ataca este problema de contaminación?.
No es un problema sencillo. La misma Organización Mundial de la Salud acaba de decir hace cosa de tres semanas, que la ciudad más contaminada de todo el mundo, es precisamente la ciudad de México.
Existe un plan de contingencia ambiental, con el cual se plantea enfrentar el problema de la contaminación en casos de contingencia. Este plan ya se ha aplicado en inviernos anteriores, que es cuando más se agudiza el problema de la contaminación.
Este plan nos dice que para poder emprender acciones de corrección durante un caso de crisis por inversión térmica, es porque se ha llegado a los 200 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Habría que aclarar aquí una primera cuestión: la Organización Mundial de la Salud plantea con toda claridad que después de los 100 puntos ya estamos hablando de daños a la salud. Y sucede que el plan de contingencia solamente va a entrar en acción cuando los puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire hayan llegado a 200; es decir, cuando estamos hablando de un 100% más de lo permisible por el organismo humano, según la Organización Mundial de la Salud.
El Plan de Contingencia daría un segundo paso, entraría a su fase dos, una vez que se haya llegado a los 300 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire; y la tercera fase del Plan de Contingencia, que significaría parar absolutamente cualquier actividad en esta ciudad, se tomaría al llegar a los 500 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire.
Pero me parece a mí que este plan, que se ha venido implementando ya en más de un invierno en esta ciudad, es clara y profundamente irracional. En primer lugar, porque hablar de niveles de contaminación de 500 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire, es hablar de niveles mortales, y sería hasta al llegar a este punto de los 500 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire cuando se frenaría toda la actividad económica en esta ciudad.
Esto es irracional por lo siguiente, compañeras y compañeros; a mí me pareció muy importante que el Compañero del Partido Acción Nacional haya tocado el problema de la contaminación.
¿Qué va a pasar si en esta ciudad se repiten las experiencias de Londres o de Tokio o de una ciudad en Cincinnati, en Estados Unidos, en que de repente una crisis de contaminación atmosférica genera muertes? En el caso de Londres estaríamos hablando de más de 3 mil muertes, en el caso que se dio esta crisis. Y sucede que ni en Londres ni en Tokio ni en Estados Unidos se ha presentado jamás una situación tan grave como la que existe en la ciudad de México.
Yo recuerdo perfectamente que hace un año, en los meses de noviembre y de diciembre, hubo casos en que llegó a casi 400 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire, y hubo un caso en que se pasó de los 400 puntos Índice Metropolitano de Calidad del Aire.
¿Esta abordando de manera correcta el Departamento del Distrito Federal esta problemática? En primer lugar, me parece a mí que no es una problemática sencilla, y que de alguna manera esta soberanía debería con toda claridad abordar este problema.
Las cifras que yo he manejado aquí, en primer lugar, son oficiales, pero en segundo lugar, todos nosotros lo vivimos.
Yo sostengo que el regente de esta ciudad ha enfrentado el problema de la contaminación sobre todo como un problema de imagen; él ha vendido muy bien la imagen de que en esta ciudad no hay problemas, de que de alguna manera se está avanzando, incluso lo sabemos, en Río de Janeiro, el pasado mes de junio, el propio regente recibió un premio por los grandes avances que se han tenido en esta ciudad en lo que respecta a la contaminación.
Ahora en lo que se refiere al Presidente de la República, en su discurso de toma de posesión, aquí en este recinto, prometió que su Gobierno daría prioridad al combate a la contaminación , y que de alguna manera se resolvería el problema, incluso le dio instrucciones directas al regente para que resolviera el problema.
Pero nada se ha hecho, y si algo se ha hecho es claramente insuficiente.
Por ejemplo, en términos de nuevos pesos, para el próximo año se está hablando casi 1 mil 500 millones de pesos en lo que se refiere al combate a la contaminación. Si lo planteamos en dólares estaríamos hablando más o menos de 500 millones de dólares.
Si comparamos esta cifra con las que se han implementado en otras grandes ciudades del mundo, hablemos por ejemplo de Tokio, cuando se planteó un programa integral de combate a la contaminación, se hizo sobre la base de un proyecto que tenía un presupuesto de 60 mil millones de dólares. En el caso de los Ángeles, 100 mil millones de dólares.
Y aquí es cuando yo planteo con toda claridad: ¿qué sentido tiene el superávit que tanto hemos discutido y que se ha planteado como un orgullo del Estado mexicano, cuando en lo que se refiere a la contaminación de esta ciudad el Gobierno nos habla de un presupuesto y nos habla de medidas que, comparadas con el problema, son francamente risibles? Lo digo con toda claridad.
Y en este invierno, que recién empieza, ya comenzamos a sentir los estragos de la contaminación. El mismo director del Instituto Nacional de Ecología afirma que en este invierno no va a pasar un solo día sin inversión térmica.
Al Gobierno le preocupan más los intereses de las grandes industrias contaminantes que la salud de 20 millones de capitalinos, y me refiero principalmente a la salud de niños y ancianos.
Se está jugando con la salud de 20 millones de mexicanos.
Las autoridades casi siempre esperan las vacaciones escolares, el cambio de la temperatura, esperan a que llueva o esperan a que el viento, disperse los contaminantes para resolver el problema; esperan salidas circunstanciales. Son esas salidas su salvavidas.
Como decía yo al principio, estamos frente a un problema que se nos está saliendo de las manos y no sirve de nada decir que los presupuestos para la problemática ambiental de esta ciudad han aumentado, si con toda claridad resultan francamente insuficientes.
Las medidas que se han tomado hasta hoy no han dado resultados y las tenemos diariamente en este invierno, en la forma en como suben los puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire, que solamente toman en cuenta la cuestión del ozono y que dejan de lado el análisis de toda una serie de sustancias, que son tanto o más nocivas que el ozono.
Me parece a mí que este problema de la contaminación en la ciudad de México, que no ha sido atacado de manera clara ni por las autoridades del Departamento del Distrito Federal ni por las autoridades federales, lo menos que merece, compañeras y compañeros diputados, es que todos y cada uno de nosotros nos interesemos en él y cuando menos en esta tribuna discutiéramos en torno a alternativas, debatiéramos y nos enfrentásemos este problema, principalmente con apatía.
Los premios a Camacho Solís o Salinas de Gortari, por cuestiones ecológicas, no han servido absolutamente nada para resolver la problemática que afecta la salud de 20 millones de mexicanos. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia señor Presidente.
Hemos escuchado con mucha atención los planteamientos que en materia de medio ambiente y protección ecológica se han hecho aquí tanto por el diputado Abascal, como por Miguel Ángel León, creo que amerita que hagamos una serie de reflexiones para que centremos el problema en su exacta y estricta dimensión.
En primer lugar tenemos que visualizar qué es la ciudad de México. La ciudad de México todos sabemos que está a una altura promedio de 2 mil 240 metros sobre en nivel del mar. Esta situación nos da que tenemos un promedio también de 23% menos de oxígeno que hay en el nivel del mar y en la gran parte o en la mayoría de las grandes metrópolis del mundo. Esa falta de oxígeno lo que produce, es que los combustibles no pueden consumirse íntegramente y se vayan crudos a la atmósfera.
También tenemos que reconocer que estamos situados en un mal llamado valle. No es un valle, es un agujero, un agujero que está rodeado de montañas, de cordilleras y de ejes volcánicos, de esto lo que resulta, es que los vientos no pueden circular libremente por la misma.
Si a esto le añadimos nosotros que gracias a la obra del hombre hemos logrado desecar la mayor parte de los lagos y de los ríos de la ciudad. Que los ríos que antes llevaban aguas cristalinas hoy conducen los desechos que nosotros mismos producimos. Si también recapacitamos y reconocemos que ha habido una deforestación muy intensiva, nos va llevando a agravar la problemática.
La ciudad de México al igual que toda la República Mexicana fue receptora de tecnologías que no eran apropiadas para México, de tecnologías obsoletas. Hoy, está buscando que tengamos tecnologías de punta, ¿qué ha sucedido con ello? Lo que ha sucedido es que estos motores de combustión interna, insisto, están emitiendo una gran cantidad de hidrocarburos crudos a la atmósfera.
También tenemos que reconocer que, como aquí ya se ha apuntado, circulan en la ciudad de México más de 3 millones de vehículos. Y no sólo la ciudad de México, como bien decía Miguel Ángel León, ya no podemos considerar a la ciudad de México de manera independiente, es un todo, la ciudad de México es la zona metropolitana que también ya están incluidas en ella 17 municipios conurbados. Estos 17 municipios conurbados, más la propia ciudad, dan como resultado que tengamos un hacinamiento del orden de los 19 millones de habitantes.
Bien, los principales contaminantes que tenemos en la ciudad de México, son, como aquí se ha dicho ya, el ozono, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, partículas suspendidas e hidrocarburos volátiles.
En ozono como todos sabemos es un contaminante compuesto, no es un contaminante que se emita de manera natural a la atmósfera, es la reacción de los hidrocarburos crudos en la atmósfera y los vapores de ellos mismos con los rayos del sol. Esto es lo que va conformando el ozono.
El ozono no es propiedad del Distrito Federal, el ozono afecta a las grandes capitales del mundo. Aquí también Miguel León decía que Los Ángeles ha convertido el orden de 60 mil millones de dólares para poder evitar este grave mal.
Yo le puedo decir que el día de hoy la ciudad de Los Ángeles no importando esta cantidad de dólares que ha invertido, sigue sufriendo de un mal que se llama: ozono. No lo han podido controlar, no es posible porque el ozono, insisto, es un contaminante compuesto. Se sigue trabajando en ello, pero es muy difícil de controlarlo.
Hay algunos éxitos que sí se han tenido, y tenemos que ser aquí también honestos, por que no reconocer también que se ha abatido la contaminación por plomo en la ciudad de México. Estamos por debajo de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Por qué no reconocer también que se ha abatido, se ha logrado abatir el azufre en la atmósfera, por qué no reconocerlo, gracias a una serie de plantas que están logrando que los combustibles de Petróleos Mexicanos tengan una menor cantidad de azufre. Entonces sí hemos estado avanzando.
Aquí prácticamente nos está diciendo Miguel Ángel que no se ha hecho nada en la ciudad de México, que el regente de la ciudad pues prácticamente ha estado dando "palos de ciego" y que está promoviendo su figura. Creo yo que no se vale este tipo de aseveraciones, porque vamos a demostrar a continuación todo lo que se ha hecho.
Fácilmente nos olvidamos de que este año de 1990 se llevó a cabo la publicación del primer programa integral de lucha contra la contaminación ambiental de la ciudad de México. Este programa contempla 42 medidas para ser puestas en práctica en la ciudad de México. Este programa tiene para él sólo, un presupuesto de más de 3 mil 500 millones de dólares, que ya están siendo ejercidos en estos momentos, que aunados a los que estamos por ejercer en 1993, que como ya habíamos dicho en mi intervención anterior, representa un 21% más del presupuesto del año de 1992, nos da una cantidad ya sumamente considerable.
¿Qué se ha hecho?
Primero. Se sacó al mercado las llamadas gasolinas oxigenadas, esto es, con un compuesto químico llamado metilterbutileter, se logró darle mayor cantidad de oxígeno a los combustibles para que estos no se evaporaran y se pudieran consumir más en la ciudad de México.
Segundo. Se pusieron membranas flotantes en los grandes depósitos de lo que era la refinería "18 de marzo, cuando existía, que es otro de los grandes logros también, su clausura, pero
también en todos los depósitos de la ciudad de México para evitar esas evaporaciones.
¿Qué más se ha hecho?, bueno, se hizo una campaña importantísima en donde la participación social ha sido básica: el Programa Hoy No Circula, ha sido ejemplar la participación ciudadana. Se pusieron en marcha también otros programas muy importantes como fue el primer programa de la Asamblea de Representantes, de cada familia un árbol, y que ahora ha sido también las jornadas ecológicas que han dado como resultado una intensa campaña de reforestación en la ciudad de México.
¿Qué se ha hecho también? Se exigió que todos los vehículos nuevos en la ciudad de México en una primera instancia y a partir del año de 1992, tuvieran convertidor catalítico para evitar también en lo más posible esta contaminación.
Las termoeléctricas, elemento fundamental para la vida de la ciudad de México, son las que nos proveen de más del 70% de la energía que consumimos, que estamos consumiendo en este momento.
Se hizo la conversión de combustóleo a gas, entonces ahí también tenemos un asunto sumamente importante.
Yo podría seguirles diciendo que se ha hecho mucho y mucho más. Por ejemplo, las estaciones de monitoreo, tenemos 32 estaciones de monitoreo ya en la actualidad. Estamos buscando también la sustitución de combustible por gas en todos los vehículos de transporte público, tanto de carga como de pasajeros.
Se buscó una serie de créditos puente de con Banco Nacional de Obras para que los taxistas pudieran cambiar sus unidades antiguas y así se está haciendo, unidades que tengan más de cinco años no circularán ya en la ciudad de México.
En fin, son acciones que están a la vista de todos nosotros.
El compañero Abascal también nos comentaba que alguna organización muy seria...
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez(desde su curul): -Señor Presidente, ¿quisiera preguntarle al orador si acepta una interpelación?
El Presidente : -¿Acepta una interpelación?
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez(desde su curul): -Señor diputado Manuel Díaz Infante:
Le agradezco que haya usted aceptado esta interpelación. Quisiera yo cuestionarlo acerca de algunas afirmaciones que usted ha hecho y poder proyectar las tendencias que le voy a preguntar.
En primer lugar, quisiera que nos explicara: ¿cuál es la diferencia entre el indicador recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el llamado índice metropolitano de la calidad del aire? ¿cuáles son las diferencias de medición entre uno y otro?, ¿por qué es diferente para nuestra ciudad?
En segundo lugar, quisiera yo preguntarle si es cierto o no, que la nueva fórmula de las gasolinas oxigenadas, generó efectivamente una disminución de la emisiones de plomo, pero también, colateralmente, por la composición fotoquímica de los contaminantes que ahora al consumirse esas gasolinas, provocó un crecimiento sustantivo del ozono. Si es cierto o no, entonces lo que el doctor Bravo ha afirmado en el sentido de que la fórmula de la gasolina si bien disminuyó substancialmente la emisión de plomo, significó un crecimiento en la composición fotoquímica del ozono.
Quisiera preguntarle también, ¿cuál ha sido el impacto del Programa Hoy no Circula en el crecimiento del parque vehicular?, ¿cuál es el número de automotores que han venido creciendo en cantidad en los años durante los cuales se ha puesto en práctica el programa Hoy no Circula?, y quisiera también preguntarle finalmente, ¿cuáles son las medidas concretas y cuál ha sido el impacto en la 30 mil o tal vez más, industrias que el Valle de México existen y por qué a pesar, a pesar de que el programa de emergencia de contingencia ambiental se aplicó durante la primavera del año pasado, este año perdón, en los periodos de insolación, de todos modos, el crecimiento, sobre todo en ozono en los periodos en donde se pensaba que este problema se había resuelto, significó un crecimiento significativo y por lo mismo, aun sin inversión térmica, había problemas muy, muy graves en este sentido? Por sus respuestas de antemano le doy las gracias.
El diputado Manuel Díaz Infante: -Primeramente yo le quiero comentar, que soy abogado, no químico. Voy a tratar de darle respuesta.
Yo respeto mucho al profesor Bravo, lo respeto y tengo amistad con él, es un gran hombre, un universitario que vale la pena y que vale la pena tratarlo. Es un discípulo del maestro Beltrán, al cual yo también le tengo mucho respeto.
Usted me ha hecho una serie de preguntas: en primer lugar, ¿por qué es diferente el catálogo, podíamos decir así, que maneja la Organización Mundial de la Salud, contra el llamado Imeca o Índice Metropolitano de Calidad del Aire?. Yo le quisiera decir que no son distintos, es lo mismo. Lo que sucede es que es una unidad hecha para las condiciones de la ciudad de México. En valores son exactamente los mismos. Si usted me dice que no, ojalá me lo pueda demostrar.
Yo le puedo decir también que efectivamente, la fórmula que tienen las nuevas gasolinas, como yo se lo comenté, con el aditivo que se llama metilterbuleter, este aditivo lo que ha logrado es darle mayor oxígeno a los combustibles. Esta mayor oxigenación lo que trata de hacer es compensar el 23% menos de oxígeno que tiene la ciudad de México, al tratar de compensarlo para bajar un contaminante digamos peor, que es el plomo, obviamente sí ha subido el índice del ozono, eso lo ha reconocido todo el mundo, incluyendo la autoridad. Y no tenemos por qué negarlo. Lo que yo sí podría decir, es que no se ha podido establecer tampoco, ninguna vinculación real, entre los efectos que causa el ozono en la salud, pero sí se ha podido vincular los efectos nocivos del plomo en la salud, Y aquí tenemos que optar por el mal que sea menor. El mal menor en estos momentos es el ozono y no el plomo.
Entonces yo le podría decir que se ha hecho un intento, que se está buscando, que no nos hemos cruzado de brazos, que la autoridad no se ha cruzado de brazos y que se está haciendo un serio esfuerzo.
¿Qué si ha crecido la planta vehicular?, bueno, se habla aquí de 2 millones 900 mil vehículos, de 3 millones de vehículos.
Cuando el Programa Hoy no Circula inició, manejábamos una cifra del orden de los 2 millones 600 mil vehículos aproximadamente es lo que teníamos nosotros. Podríamos decir que ha habido un incremento del orden de 400 mil vehículos en tres años que lleva este programa. ¿A qué se debe este incremento?, se puede deber a diversas situaciones: efectivamente a falta de solidaridad de muchos ciudadanos, que hayan comprado otro vehículo para sustituir el que no circula ese día. Pero también puede ser que se haya reactivado la economía y se hayan comprado más vehículos, se están comprando porque hay posibilidades de comprar estos vehículos y está creciendo la planta vehicular. Puede ser cualquiera de las dos o sumadas. Le comento a usted también, ¿cuál era la otra? ¡Ah! al impacto de las fábricas, que qué había pasado en está época que tuvimos contingencia ambiental. Que el ozono había seguido creciendo; no obstante se habían parado las fábricas en un determinado porcentaje y algunas en su totalidad. Yo quiero recordarle que como aquí lo estábamos comentando, el ozono se produce por la combustión interna de los vehículos, no por las industrias; ellas no producen hidrocarburos; producen los óxidos de nitrógeno. Entonces no tienen relación realmente; lo que se buscó era atacar simultáneamente todos los frentes, atacar por el lado de los vehículos, atacar por el lado de las industrias, no dejar ninguno de los frentes; atacar también por el lado de los servicios.
Yo creo que la autoridad actuó como debería de haber actuado. Yo creo que se puso en práctica un programa de contingencia que afortunadamente de emergencia hemos tenido dos en esta ciudad de México. Y yo creo que no podemos aflojar el paso y que si bien es cierto que la situación es delicada, yo siento en lo personal que vamos por un buen camino. Espero haberle dado respuesta puntual a sus preguntas. (Aplausos.)
Comentaba que el señor diputado Abascal nos decía que según el Instituto de Investigaciones Ecológicas, ellos estaban en contra del entubamiento del Río de los Remedios. Yo quiero hacer una precisión de la manera más comedida, al compañero Abascal: no es el Río de los Remedios el que se va a entubar, el Río de los Remedios está en el Estado de México; es el Gran Canal. Y lo que dice la apertura presupuestal del programa en comento, es que vamos a iniciar el entubamiento del Gran Canal.
Quiero comentarles a mis compañeros del interior de la República, que el Gran Canal es una obra que se hizo a principios del siglo; una obra que se hizo a nivel de la ciudad de México, y que por los hundimientos de la misma ha ido quedando por encima de lo que es la ciudad, hasta tener ya alturas de más de dos metros. Esto quiere decir que en un principio las casas descargaban con gravedad al Gran Canal y hoy tenemos que estar bombeando al mismo. Esto produce olores realmente nauseabundos y que afectan a más de 30 colonias de la ciudad de México.
Entonces lo que se va a hacer, es que los 9.8 kilómetros del Gran Canal, vamos a entubar en este año 1.9 kilómetros, y se va a entubar hasta la confluencia del Río de los Remedios, que es distinto a entubar el Río de los Remedios.
Una vez entubado el Gran Canal, que va a tener una anchura aproximada de 50 metros, va a servir como una gran vialidad también que servirá para descongestionar la parte nororiente de la ciudad de México. Es simplemente una precisión.
Y también el compañero Abascal nos decía que no tenía elementos para poder valorar o en su caso para poder aprobar el presupuesto, toda vez que no había metas, toda vez que no había una forma de poder ver qué se iba a hacer con los recursos. Yo le quiero decir de la manera más comedida, que a cada una de las fracciones partidistas se nos estregó un anexo programático del presupuesto, en donde viene detallada acción por acción del Departamento del Distrito Federal, con tiempos y con costos. Ojalá le pueda dar una ojeada, para que pudiéramos comentar al respecto.
El compañero Miguel Ángel León nos hace una serie de comentarios sobre la problemática ambiental. Yo coincido con él en muchas de las cosas, en otras obviamente no coincido. El problema se tiene que ver con una óptica metropolitana, totalmente de acuerdo. La contaminación no reconoce fronteras. No es posible, no hay un peaje; pasa de un lado a otro y lamentablemente, la zona industrial se encuentra en el norte de la ciudad de México y los vientos predominantes también de la ciudad son del norte al sur de la ciudad. Entonces la zona industrial del Estado, la zona industrial del Estado, la zona industrial del Distrito Federal, están mal ubicadas y hacen que los vientos nos traigan la contaminación hacia la ciudad de México. Hay que verlo de acuerdo con un aspecto metropolitano.
En segundo lugar nos dice que el Departamento del Distrito Federal no ha hecho nada para tratar de subsanar este problema con los límites del Estado de México.
Yo quiero comentarle que existe una coordinación metropolitana, precisamente para estos efectos, entre otros. El problema principal a que está abocado ahora es el transporte y la contaminación ambiental y un tercer lugar, la fijación de límites que hay, que hay problemas. Entonces él nos dice y nos ejemplifica con que el problema de la basura está sumamente complicado en la ciudad, y nos dice que se generan 27 mil toneladas de basura al día. Yo también comedidamente le quisiera preguntar de dónde sacó este dato. ¡No es verdad! En la ciudad de México se generan el orden de 11 mil a 12 mil toneladas de basura al día, que es una cantidad extraordinaria. No sabemos qué hacer con toda ella. Son del orden de 11 mil a 12 mil toneladas; no 27 mil.
Dice que debería de manejarla metropolitanamente. Yo le quiero comentar que desde hace más de tres años se viene manejando ya metropolitanamente. El bordo Xochiaca es una muestra palpable de ello. El bordo Xochiaca está ubicado en el Estado de México y está manejado por la Dirección de Servicios Urbanos del Departamento del Distrito Federal.
Esto es: dos entidades federativas concurren a un mismo lugar para manejar un relleno sanitario en beneficio de todos nosotros.
Otro ejemplo que yo podría dar de participación metropolitana es el Proyecto del Vaso de Texcoco. Es un proyecto importantísimo en donde autoridades federales, estatales del Estado de México y del Distrito Federal, también unen sus esfuerzos para tratar de rehabilitar en lo que fue el lago de Texcoco y pueda humectar un poco a la ciudad de México.
Nos comenta también que se generan 13 mil 700 toneladas de contaminantes diarios. Pues es muy difícil pesarlas. Podemos decir que son pocas, que son muchas. La verdad es que sí existen y que tenemos que atacarlas.
En lo que definitivamente no estamos de acuerdo es que él enfoque el problema como de una manera personal. Nosotros no estamos de acuerdo en que el regente de la ciudad esté enfrentando este problema como un problema de imagen. ¡Lo rechazamos tajantemente!
Existe un programa integral de lucha contra la contaminación. Existen créditos de lo más blando que se han podido conseguir en todo el mundo. Existe un incremento real en el presupuesto para el año de 1993, como ya dijimos, en más de un 21%. Existen campañas de conscientización. Existe participación ciudadana. Existen muchas cosas como para decir, con una ligereza extraordinaria, que se trata como un problema de imagen. ¡La rechazamos total y definitivamente!
También nos comentó que no se ha hecho nada por buscar una solución al problema del transporte. Ha avanzado muchísimo la construcción del Metro. Efectivamente hubo un sexenio en
el cual no se construyó, no se puede ocultar; pero tampoco se puede ocultar que de unos años para acá hemos seguido construyendo, todos nosotros con nuestros impuestos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Quiero decirles también que se ha logrado la conversión de las combis a los microbuses. Que efectivamente, yo estoy de acuerdo con ustedes, son unas verdaderas hordas que fastidian a la ciudad de México, pero que son necesarias ante la falta de transporte.
Pero también quiero decirles que se está avanzando en otros aspectos. Que ya han sido dos concesiones hacia permisionarios con el orden de 750 camiones, que van a tener una serie de rutas preferenciales para tratar de aliviar el problema de congestionamiento. Es una inversión de más de 3 billones de pesos los que están haciendo para este efecto. Y hay muchas, muchas más concesiones en proceso.
La diputada Martha Ruiz Anchondo (desde su curul):- Señor Presidente, pregunte por favor al orador si me acepta una interpelación.
El Presidente:- Diputado Díaz Infante, ¿Acepta una pregunta?
El diputado Manuel Díaz Infante:- Con mucho gusto, señor.
El Presidente :- A, diputada Patricia.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):- Compañero diputado Díaz Infante:
Yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. ¿Ha bajado la contaminación en la ciudad de México?
El diputado Manuel Díaz Infante:- Yo le puedo responder muy concretamente. En algunos contaminantes definitivamente sí ha bajado la contaminación. Por supuesto que sí, compañera, yo le invito a que lea las estadísticas. Ha bajado en plomo, ha bajado en azufre, ha bajado en hidrocarburos volátiles. Ha subido o mantenido en ozono algunos días del año.
No podemos olvidar en dónde nos encontramos, insisto. Aquí se decía que ha pasado esto aun cuando no hay inversiones térmicas. Nada más falso. La ciudad de México sufre inversiones térmicas no sólo en el invierno; la ciudad de México tiene inversiones térmicas más de 300 días al año. Lo cual pues obviamente no es nada halagüeño para nosotros.
Yo creo, en síntesis y para no cansarlos, que nosotros lo que debemos de hacer es no quitar el dedo del renglón. No podemos bajar la guardia. Debemos de seguir buscando la participación ciudadana antes que nada. Pensamos que vamos en el camino correcto. Pensamos que son medidas a corto, mediano y largo plazo. Reconocemos que la contaminación va a empezar a bajar realmente en el año 2004, 2005. No antes. No lo podemos hacer. Tenemos que ser realistas; pero tampoco seamos amarillistas. No nos vamos a morir, vamos a seguir viviendo y vamos a seguir luchando por esta hermosa ciudad. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia del diputado Juan Jacinto Cárdenas García
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Salvador Abascal Carranza, del Partido de Acción Nacional.
El diputado Salvador Abascal Carranza:- Con su autorización, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Yo siempre he elogiado la forma de trabajar de la Comisión del Distrito Federal. Y lo que yo decía respecto a los problemas de la ciudad, no se los endosaba a la propia Comisión, que a veces parece ser que se pone esa camiseta indebidamente.
Pero ahora tengo que rectificar un poco y decir que se ha hecho un mal trabajo también en algún aspecto en la Comisión del Distrito Federal. Y estas aclaraciones hechas, las que no pedí y las que pedí no las hizo el diputado Díaz Infante, me obligan a hacer a mi vez otras precisiones muy importantes.
Esa comedida aclaración que hace el diputado Díaz Infante acerca del Río de los Remedios, yo quisiera contestarla con el dictamen de la propia Comisión del Distrito Federal, que entonces es falso, está mal redactado, es un mal trabajo. Y quisiera, señor Presidente, que instruyera a la Secretaría para que leyera un párrafo del dictamen que hoy nos ocupa, para ilustrar a la Asamblea.
El Presidente:- Proceda la Secretaría con la solicitud del diputado Abascal.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:- A fin de desalojar las aguas del drenaje
profundo en 3.70 kilómetros y semiprofundo en 3.42 kilómetros, ampliar la cobertura de las redes primaria y secundaria en 17 kilómetros y 189.4 respectivamente e iniciar el entubamiento en 1.3 kilómetros del Gran Canal de desagüe y Río de los Remedios.
El diputado Salvador Abascal Carranza:- Muchas gracias, señora Secretaria.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul):- Señor Presidente, deseo hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta una interpelación?
El diputado Salvador Abascal Carranza:- Usted sabe, señor diputado, que siempre las acepto yo.
El Presidente:- Adelante diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul):-Gracias, Señor Presidente.
Muy concreto, querría yo nada más preguntarle al diputado Abascal, ¿si sabe cuál es la diferencia entre el Gran Canal y el drenaje profundo de la ciudad?
El diputado Salvador Abascal Carranza:- Pues mire, tan la sé, que usted y yo hemos estado ahí en visitas programadas por la Comisión y desde que éramos representantes a la Asamblea, señor diputado ahora. Así es que yo creo que lo que usted no entendió o la Comisión no entendió al redactar esto es,"... entubamiento, dice, del Gran Canal del desagüe y Río de los Remedios"; "y" es una partícula copulativa que significa además del Gran Canal el Río de los Remedios. Si hay un gramático por ahí que me pueda decir que esto no es español, que no estoy interpretando bien o que la Asamblea la está interpretando adecuadamente, lo que la Comisión está poniendo en el dictamen, aceptaría también de muy buena gana la aclaración. (Aplausos).
Por otra parte, dijo muy comedidamente el diputado Manuel Díaz Infante, que se distribuyó a las fracciones parlamentarias el anexo. Yo le quiero decir que siempre...,a mí, como miembro de la Comisión se me tiene que entregar en mano, no a la fracción parlamentaria, porque soy miembro de la Comisión; y en segundo lugar, porque no está mi firma en ninguna lista...
El Presidente:- Permítame diputado.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):- Señor Presidente, quiero hacer una interpelación al orador.
El Presidente:- Señor diputado ¿acepta otra interpelación?.
El diputado Salvador Abascal Carranza:- Con todo gusto, señor diputado.
El Presidente: - Adelante diputado Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante (desde su curul):-Señor diputado Abascal:
¿Estará usted de acuerdo en que en la propia Comisión y dado lo voluminoso de los expedientes, acordamos que solamente se distribuyeran uno por cada una de las fracciones políticas? Yo entiendo que usted no estuvo presente, pero se le debe de haber informado.
El diputado Salvador Abascal Carranza:- Señor diputado, si usted dice que se distribuye a la fracción parlamentaria, esto es aleatorio, porque en realidad los que tenemos que tener los documentos, no es la fracción parlamentaria, somos los diputados que tenemos que conocerlo y si se va a distribuir uno por fracción, imagínese usted para consultar esos documentos en la fracción, así en interrogante yo quisiera saber en dónde está la firma, mi firma, de haber por lo menos recibido esa documental, de tal manera que usted no me puede decir que existe una firma porque siempre que se me entregan documentos yo firmo de recibido en el cual conste que yo tengo tiempo de consultar esos documentos. De tal manera que considero por otro lado una falla también de la Comisión. Yo he conocido de la buena marcha de los trabajos de la Comisión del Distrito Federal pero ahora me encuentro con que se me imputan a mí fallas que son imputables a la Comisión.
Pero, por otra parte, yo decía en mi intervención anterior que se debía involucrar más a los ciudadanos, yo no le estaba echando la culpa al Departamento, en muchas ocasiones ustedes dijeron que yo acusaba, que hay que involucrar más a los ciudadanos e inclusive daba algunas orientaciones, pero finalmente lo que se contestó aquí, prácticamente se podía interpretar como lo siguiente. Señores, finalmente de cualquier cosa nos tenemos que morir. Muchas gracias. (aplausos).
El Presidente:- Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Miguel Ángel León Corrales.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia.
En primer lugar, compañero Díaz Infante, en el Libro Represión Social y Basura, La Ciudad Mexicana Hoy y Mañana, en Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México de Rocío López usted puede consultar las cifras.
Bien, la posición que yo manejo no es de que el Departamento del Distrito Federal no haya hecho nada, la posición que yo manejo es que lo que el Departamento del Distrito Federal ha hecho es clara y francamente insuficiente. Lo que yo hice aquí fue por ejemplo criticar el plan de contingencias, dije que el plan de contingencias sólo actuaba hasta los 200 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire. Sucede que a los 100 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire estamos llegando al tope admitido por la Organización Mundial de la Salud y en la información que se nos da diariamente se nos dice que de 100 a 200 hay aumento en molestias menores en personas sensibles, si un adulto corre o un niño juega al aire libre a 199 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire, su salud, la pregunta es, ¿está garantizada?
No es una problema sencillo, habrá que ver qué pasa en este país cuando después de 10 años de estar sufriendo más de 300 días al año índices por arriba del tope permitido por la Organización Mundial de la Salud habrá qué ver en el futuro cuáles son realmente las consecuencias.
Se dice, lo dijo el diputado Díaz Infante aquí, que hasta hoy no está comprobado que el ozono tenga repercusiones en la salud, yo quiero decir con toda claridad que los organismos de salud oficiales hasta hoy no han hecho estudios serios de cuáles son las repercusiones que la contaminación tiene en la salud de los habitantes de este país sobre todo de los niños y que las investigaciones que se han hecho hasta hoy son por cierto principalmente de organismos independientes o de personas que de una u otra forma están interesadas en el asunto y que son las que han hecho estas investigaciones, entonces si se nos dice que no es cierto que el ozono no afecta, que se nos diga cuáles son las investigaciones del sector oficial que garantizan esto.
Ahora bien, el asunto del plomo. Se nos decía por parte del diputado Díaz Infante, que las repercusiones del plomo en esta ciudad están muy por abajo de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero plantear aquí que una investigación de la química Hilda Muñoz y de los doctores Palazuelos, Romeau y Hernández, que el Grupo de los 100 la planteó en una carta abierta a Carlos Salinas de Gortari en junio del año pasado, dice lo siguiente:
"En un estudio de 150 infantes, el 38% tenia niveles de plomo superiores al máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud, que es de 15 microgramos por decilitro de sangre. La media del grupo fue de 19 microgramos, lo que significa que existen niños con 3 ó 4 microgramos, es decir por abajo, pero que también existen niños con 40 y 45 microgramos que es tres veces superior al máximo permitido".
En otro estudio en enero de 1991, del Hospital Infantil de México, la media fue de 22 microgramos por niño, es decir muy arriba de los 15 que plantea la Organización Mundial de la Salud, y este estudio abarcó población infantil de todo el Distrito Federal.
Lo lamentable del asunto, es que desde antes de nacer el niño, ya trae plomo en la sangre pues desde su formación, el feto es afectado. Sin embargo el plomo afecta la salud también de la población adulta, presión arterial alta, mayor frecuencia de infartos, reducción de la libido, trastornos en la reproducción, etcétera.
El Presidente:- Le ruego que concluya, señor diputado.
El diputado Miguel Ángel León Corrales:- Voy a concluir, señor Presidente.
Se dice que en gran medida los problemas de contaminación de esta ciudad es por causas naturales, yo lo admito; es completamente cierto, las condiciones geográficas de la cuenca del Valle de México, el agujero, como lo planteo el compañero diputado, en efecto tienen que ver de manera muy clara en los problemas de contaminación.
Pero yo podría plantear aquí otro lado de la cuestión. Si esta ciudad tuviese los inviernos que existen por ejemplo, en las ciudades europeas, entonces tendríamos que las inversiones...
El Presidente:- Ruego a los señores diputados guardar el orden debido y al señor orador que concluya.
El diputado Miguel Ángel León:- Sí, ya voy a concluir. Pienso que en lugar de chiflar, pues hay que plantear las cosas más claramente.
Compañero Presidente no soy el único. Perdón, repito, en lugar de chiflar y en lugar de gritar, creo que no soy el único que a veces utiliza más minutos de los cinco minutos que tenemos y le pido a usted permiso para utilizar dos minutos más.
El Presidente:- Concluya en dos minutos.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Bien, decía. Se insistió bastante aquí por parte del compañero en que son las condiciones de la cuenca del Valle de México, condiciones geográficas las que en gran medida generan la problemática.
Yo plantearía un aspecto contrario, si los inviernos de esta ciudad fuesen como los europeos, entonces la inversión térmica en la ciudad de México no duraría seis o siete horas, compañeros, las inversiones térmicas podrían durar hasta 70 horas, y en esos momentos, entonces sí la ciudad de México tendría problemas que nosotros en este momento ni siquiera no podemos imaginar.
Hay pues, condiciones negativas, pero también hay condiciones positivas. Lo que principalmente yo sostengo aquí, es que el plan de contingencias que se ha venido aplicando durante varios inviernos en esta ciudad y que hoy se continúa aplicando, es clara y completamente irracional, que no es posible que el plan entre en acción 100 puntos después de lo que permite la Organización Mundial de la Salud; que no es posible que el plan plantee racionalmente una tercera etapa a los 500 puntos, cuando ya estamos hablando de condiciones francamente mortales.
Entonces, en ese sentido las tesis que el compañero diputado decía que yo manejé con tanta ligereza, las sostengo. Lo que se ha hecho no es suficiente, el Plan de Contingencia en términos racionales es una barbaridad, y el regente de esta ciudad y el Presidente de este país, lo sostengo, manejan la cuestión ecológica en términos principalmente de imagen, y si no, entonces que aborden los problemas con presupuestos suficientes, con políticas integrales claras, buscando la participación ciudadana, como decía el compañero, ateniéndose no solamente a la buena voluntad de la ciudadanía, que como decía la compañera Patricia Ruiz, ha actuado como se le ha pedido, sino también dejando, porque quiere, a la industria de esta ciudad. Es todo, gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra para contestar alusiones personales el diputado Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante:- Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
No queremos aburrirlos mucho con esto, pero sí vale la pena puntualizarlo. Se han hecho diversos estudios en materia de plomo y en materia de ozono en la ciudad de México. Yo quiero recordar el último estudio que se hizo en materia de plomo. El estudio dice concretamente que las partículas que se encuentran dentro de algunos individuos, son fundamentalmente por pinturas, por latas o solventes, y quizá también por algunos utensilios de barro que contiene plomo.
Quiero decirles que desde hace más de un año, las autoridades del Departamento del Distrito Federal, prohibieron la compra de cualquier insumo que tuviera estos contenidos. La ciudad de México ya no tiene plomo en estos insumos que en este momento estoy comentando.
Por otro lado también quiero volver a ratificar que el contenido de plomo en nuestras gasolinas y el contenido de plomo en nuestra atmósfera, es por debajo de la norma internacional.
En segundo lugar, por lo que se comentaba aquí del ozono. Nos comentaba Miguel Ángel que hay algunos individuos que tienen más plomo que otros. Es obvio, hay algunos que son más gordos, otros que somos más flacos, a unos les pega más, a otros les pega menos. Obviamente hay contaminación, sí la hay, no lo podemos negar, pero tampoco podemos establecer que sea una generalidad.
Yo quisiera decirles también que en el mes de noviembre próximo pasado, esto es el día 24 de noviembre del año en curso, se llevó a cabo en la ciudad de México la reunión internacional de expertos en materia de ozono y se tituló: "Ozono: Base para la Elaboración de una Estrategia de Control", y este simposium, este congreso, lo manejó la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el Valle de México.
Yo quiero hacerles dos comentarios sobre este documento. Primero, se reconoce que es una preocupación social el problema del ozono; en segundo lugar, se dice que en el caso del ozono, nuestra norma, la norma de la ciudad de México, y está esto firmado por todos los técnicos que estuvieron en la ciudad de México, y podemos dar una copia del documento porque es público, en el caso de México se establece como límite una concentración de 0.11 partes por millón, en promedios de una hora. En los Estados Unidos, la norma federal es de 0.12 partículas por millón,
y en el Estado de California es de 0.9 partículas por millón. Esto quiere decir que nuestra norma está dentro de los estándares mundiales y en algunos casos por abajo de la misma.
Por último, quiero comentarles lo que dijo alguno de los técnicos que aquí estuvo con nosotros, un catedrático de la Universidad de Nueva York, el doctor Morton. El dice: "A nivel mundial, la base de datos sobre los efectos crónicos del ozono, incluye una cantidad de información muy limitada sobre efectos humanos. Esto quiere decir que aun las autoridades más doctas sobre la materia, aún no se pueden poner de acuerdo sobre los efectos que tiene el ozono en el ser humano. Obviamente son efectos nocivos, pero obviamente también, lo ratifico y lo vuelvo a decir, es peor el contaminante azufre, es peor, y el contaminante plomo, y en esa dirección ha estado trabajando el Gobierno de la ciudad y se ha logrado abatir los índices de contaminación, por esos contaminantes. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente:- En el uso de la palabra, el diputado René Bejarano, por cinco minutos.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:- Muchas gracias señor Presidente, señoras y señores diputados:
La política que al respecto de este tema ha aplicado el Departamento del Distrito Federal, es insuficiente y en algunos casos contraproducentes. Ya se ha abordado por qué es insuficiente, y voy a tratar de detallar por qué es contraproducente.
En primer lugar resulta claro que el crecimiento de número de vehículos, combis o microbuses, ha significado un incremento significativo de la emisión de contaminantes, mientras se ha deprimido significativamente los vehículos de transporte eléctrico, y puede consultar al diputado Díaz Infante, por ejemplo, el anexo del último informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas, en donde encontrará los datos precisos al respecto.
En segundo lugar, el diputado Díaz Infante ha hecho una afirmación temeraria en el sentido de que el ozono no tiene efectos nocivos en la salud. Le quiero precisar en primer lugar que la afirmación que él hace, en el sentido de que solamente se produce el ozono por composición fotoquímica, derivado del consumo de los hidrocarburos y de los vapores que se emiten al respecto, es incorrecta; que por insolación y los óxidos de nitrógeno, los nox que él llamó, también se produce ozono, entonces tiene que reconocer que es por los dos y que la fórmula que el Instituto Mexicano del Petróleo ha hecho pública de las gasolinas oxigenadas, ha demostrado que si bien ésta, al consumirse emiten menos plomo, incrementan los óxidos de nitrógeno, y que por eso en los periodos de insolación crece significativamente el ozono, y que por eso en la última contingencia ambiental, fue precisamente por la insolación que el ozono creció a niveles alarmantes.
Su afirmación en el sentido de que las normas y los mecanismos de medición de la contaminación en México, son equivalentes a los internacionales, tampoco es cierta. El índice metropolitano para la calidad del aire, los famosos imecas, no se corresponden con las llamadas mediciones de parte por millón. Incluso él acaba de afirmar, ahora que vino la segunda ocasión a la tribuna, precisamente los términos de la norma, pero la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, nunca pudo explicar con exactitud cuáles son las determinaciones de los famosos imecas, y por eso nosotros decimos que se manipuló en cierto sentido la medición de los imecas.
Que además, en todo caso debiera informarse a la ciudadanía, por hora, cuáles son los contaminantes en las regiones y precisamente cuáles son los efectos nocivos, no solamente en promedio.
Pero además, podría decir el diputado Díaz Infante que el ozono solamente no tiene efectos nocivos a la salud. Supongamos, sin conceder, que esto fuera cierto, sin embargo, la propia Secretaría de Salud ha reconocido que la respiración del ozono inhibe en el tracto superior los llamados cilios, que son pequeñas vellocidades que expulsan las partículas.
Estos cilios también se inhiben por ejemplo cuando una persona consume bebidas alcohólicas. Podría usted decir que el ozono por sí solo, sólo inhibe ese mecanismo de defensa del organismo humano, pero en presencia del otro contaminante que no se ha controlado, y que usted ha reconocido que incluso ha crecido, que son las partículas suspendidas, resulta que inhibido el sistema defensivo del tracto superior del aparato respiratorio, y respirando continuamente partículas suspendidas durante los 365 días del año, y además no informan nunca la composición de las partículas suspendidas, resulta que hay un incremento significativo, recurrente en las enfermedades del aparato respiratorio, en prácticamente todas las épocas del año, y que eso
además en las personas infantes, en los niños, los hace más débiles en los llamados bronquiolos, que son las membranas más delgadas del aparato respiratorio, y que los hace propensos a los enfisemas pulmonares, a las bronquitis y otro tipo de enfermedades del aparato respiratorio.
Entonces usted podrá decir aquí que no nos vamos a morir por contaminación, pero lo que tiene que reconocer es que a la larga este tipo de contaminantes combinados tienen efectos nocivos en la salud, y que entonces que tiene que tomar medidas para contrarrestar estos efectos.
El Presidente:- Han concluido sus cinco minutos, diputado.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:- Concluyo. Pido su permiso para ocupar 30 segundos.
El Presidente:- Tiene dos minutos.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Muchas gracias, señor Presidente.
Que algunas de las medidas que ha tomado el Departamento del Distrito Federal son contraproducentes. El crecimiento del parque vehicular en la zona metropolitana en la ciudad de México es el promedio más alto de toda la República. Usted dice, es resultado de la recuperación económica también. Eso es cierto. Pero, en esta zona, en esta ciudad es donde el Programa Hoy no Circula, ha tenido un efecto en el crecimiento del parque vehicular.
Y por lo mismo tendrá que reconocer usted que el Programa Hoy no Circula, o puesto en práctica durante dos días a la semana, puede generar todavía más, un crecimiento en el parque vehicular.
Y que las 30 mil industrias contaminantes o el número que usted desee, no tienen un mecanismo de control preciso para garantizar que sus efectos nocivos en la salud puedan evitarse. Entonces tendrá que reconocerse que el Departamento del Distrito Federal ha sido muy rígido con la ciudadanía, pero muy flexible con los industriales.
Y finalmente le quiero decir que el problema de la imagen no lo inventamos nosotros, son ustedes. Ustedes piensan que va a tener un efecto sicológico o que la contaminación va a disminuir si pintan de verde los taxis o si le ponen paisajitos a los camiones de la Ruta - 100 en la parte posterior. ¿Quién ordenó que fueran a pintar esos camiones, como si eso fuera un efecto significativo en la disminución de la contaminación? Evidentemente, además de quien ha utilizado como un recurso político permanentemente para promover su figura es el propio regente. No nos hagan responsables del propio uso propagandístico de la oficina de Comunicación Social de la regencia, para los fines que en todo caso el regente tiene. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Alejandro Luévano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro Luévano Pérez: - Con permiso de la Presidencia. Este debate podría ponerse interesante, precisamente en los términos que pareciera ser se empieza a abordar.
Lo que pareciera ser también una discusión de trámite, porque corresponde a esta soberana representación el análisis de las políticas para el Distrito Federal, pues sigue estando enmarcada con una visión estrecha desde mi punto de vista en lo que sucede dentro de la ciudad del Distrito Federal. Sin embargo, y se viene aquí a manejar una serie de cifras y hechos, y se deja de lado qué está sucediendo más allá de la rayita del Distrito Federal, ¿verdad?
No se viene a decir aquí que, por ejemplo, el Estado de México, los municipios metropolitanos vienen a sufrir las consecuencias de las políticas que se aplican en el Distrito Federal, que se resiente todo el depósito de basura, de basura industrial, que se deposita en tiraderos al aire libre que por años, en barrancas, en cualquier lugar, se deposita, en Tlalnepantla, Naucalpan, en Atizapán, eso no se dice aquí. Cuidamos el rostro bonito del Distrito Federal, pero no decimos que atrás hay una política de traspatio con la entidad vecina; no decimos, por ejemplo, que esa inversión millonaria que se realizó en el Valle de Chalco, para que haya luz y para que haya agua y servicios, que la mayoría del presupuesto que se destina en el Estado de México para agua, va al Valle de Chalco y que la gran parte de ese presupuesto es para bombear el agua que hay que sacar de ahí, porque el Valle se inunda. Y todo esto tiene la obra y gracia de que el señor Presidente se le ocurrió un día, pues, decir que ahí era el terreno donde había que llegar y se le ocurrió ir a dormir.
Y, entonces, esas perversiones que se traen como consecuencia y esos resultados de que una parte importante del presupuesto se tiene que destinar, en lugar de suministrar las viviendas, para
bombear el agua que encharca el Valle de Chalco, eso no se ve aquí.
O que, por ejemplo, el pleito por las rutas, que se está generando entre el Distrito Federal y el Estado de México, lo que viene a hacer es destapar los niveles de corrupción que hay en las dos entidades y el amafiamiento que hay, precisamente de los responsables de esas áreas, para con los grupos de permisionarios.
Se viene a decir aquí y se utiliza una palabra muy, pues, muy dominguera, se ha hecho la conversión de combis a microbuses, y no se dice que lo que hay detrás es una reestructuración de los grupos de permisionarios, pues, para establecer nuevas reglas en el negocio del transporte.
Se dice también de los programas de "Un Día sin Auto", o del conjunto de medidas que se hacen para la circulación de vehículos en el Distrito Federal, pero no se dice por qué razón en las horas pico y a todas horas transitan por la ciudad los vehículos de carga, que detienen el tráfico, que hacen difícil la circulación, y no nos vamos a políticas, como se sugirieron durante alguna época, de que el transporte de carga y de comercio circulara por las noches. Y eso se deja ahí.
Y no es un problema de decir que esos camiones contaminen más, es un problema de que se entorpece la circulación vehicular, en general en las horas pico y a todas horas del día.
Se ha venido hablando desde hace, desde medianos del sexenio de De la Madrid, de los famosos convenios de concertación entre el Estado de México y el Distrito Federal. No se viene a decir aquí que quien está al frente, quien aparece como el titular, quien es el que aparece firmando siempre es el Regente capitalino, que el gobernador del Estado de México es "convidado de piedra".
Se habla de la coordinación entre delegaciones y municipios, y no se dice qué papelito juegan los municipios y sus autoridades en ese tipo de convenios.
Hay aquí varios compañeros nuestros, diputados del Estado de México, que han sido presidentes municipales y, bueno, pues que los invitaríamos a que vengan aquí a decir cómo les va en ese tipo de convenios, recibiendo los residuos, la basura, los problemas del agua, que toda la porquería va y se descarga en el Estado de México; que se desecan los mantos acuíferos del Valle de Toluca, del Valle de Ixtlahuaca, del Río Lerma, para dar agua a esa gran ciudad y mantener la buena imagen, y no se dice nada lo que se afecta en torno a esto.
Invitamos a que este debate se haga federal efectivamente, que se aplique una política y el presupuesto que hoy se da al Distrito Federal, para la zona metropolitana, y no solamente para lo que hoy es el territorio del Distrito Federal, invitamos a que se haga un debate federal de análisis sobre la situación de la zona metropolitana. Muchas gracias. (Aplausos).
El diputado José Ramírez Román (desde su curul):- Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado José Ramírez Román.
Esta Presidencia ruega a los señores oradores sujetarse a los términos en que se les concede el uso de la palabra.
El diputado José Ramírez Román:- Con su permiso, señor Presidente:
Hemos estado escuchando con atención el tono del debate y la dirección que se le ha dado a él y nos preocupa grandemente cómo de una manera un poco responsable se hace alusiones a temas técnicos, médicos y se comentan cosas que me parecen un poco irresponsables.
Yo quisiera preguntar que se me dijera, pues, cuando menos un nuevo virus que haya aparecido, porque cuando menos en lo que hemos estado leyendo últimamente en las publicaciones que el Centro de Enfermedades de Atlanta, Georgia, no hemos visto la aparición, como motivo de la contaminación en México de un virus nuevo. Y creo que manejarlo en forma tan irresponsable no da seriedad al debate.
Por otro lado, comentarles también que obra en nuestro poder, en la Comisión de Salud, los reportes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias donde está mencionando y muestra la baja, la morbilidad por padecimientos respiratorios en la ciudad de México.
Hay estudios que ha hecho recientemente el Hospital ABC, en niños expuestos en los principales ejes de la ciudad de México y comparados con el marco que tenían los niños anteriormente de plomo en sangre, el plomo ha bajado.
Por eso subo a esta tribuna y yo les pido a los compañeros que cuando se trate de aspectos
médicos seamos un poco más serios en el debate. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Castillo Mota:- Con su permiso, señor Presidente:
Hoy hemos escuchado verdaderos maestros de artes, ¡caray! Aquí vamos a aprender de todo, ¡caray! Esperemos que al término de esto podamos entendernos y podamos sacar adelante este dictamen y este presupuesto que a todos nos interesa porque es en beneficio de la ciudad de México y sobre todo, en problemas tan graves como son la seguridad pública a la que yo me referiré porque ya hablaron ustedes de vivienda, de ecología y de otras cosas que ya aprendí.
En relación con la demanda ciudadana para elevar los niveles de seguridad pública de la ciudad de México se requiere en primera instancia afrontar acciones inmediatas a fin de abatir los índices delictivos registrados básicamente en las delegaciones políticas que abarcan colonias, pueblos, barrios y puntos plenamente identificados como conflictivos.
Se considera para ello necesario establecer una estrategia global fundamental, a fin de profesionalizar los cuerpos policiacos. No queremos que pase lo que hoy escuchábamos en un programa de Nino Canún, allá por Sinaloa, en donde decían que los policías ni leer sabían, yo creo que en la ciudad de México deben saber eso y más, necesitamos realmente capacitar a los cuerpos policíacos, seleccionarlos, pero seleccionarlos como lo está haciendo ahora la policía judicial Federal, donde ya se da el lujo de que sean profesionales los que llegan a ella.
¿Y además qué necesitamos? Se necesita el equipamiento y modernización de los cuerpos de seguridad. No podemos agarrarnos con resorteras frente a una cada vez mejor organizada delincuencia.
¿Entonces qué necesitamos?, equipamiento y modernización de los cuerpos de seguridad, profesionalización de éstos y la posibilidad de facto de una acción decidida en contra de la delincuencia cada vez más organizada y mejor equipada.
En virtud de lo anterior, se considera como una necesidad primordial, y ya aquí en el Salón Verde nos lo decía el Jefe del Departamento, que era uno de los problemas prioritarios, la seguridad; el incrementar el monto de los recursos autorizados destinados no solamente para la Secretaría de Protección y Vialidad, sino también para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
A fin, por un lado, de que se realice el equipamiento o la modernización de los elementos de línea traducidos en patrullas, motopatrullas, equipo de comunicación, pertrechos, armamentos, equipos de seguridad y defensa y, por otro lado, en las delegaciones tengamos mejores delegaciones, agencias del ministerio público en donde haya personal muy bien capacitado y bien pagado para poder impartir una administración de justicia pronta y expedita. La gente necesita poder llegar a una delegación sin temor a ella; la gente necesita llegar a un juzgado calificador sin temor a esa justicia de barandilla; la gente necesita, al solicitar la intervención de una patrulla, no tener temor a ese patrullero de que en lugar de que lo auxilie lo va a desvalijar.
Tenemos que combatir la corrupción donde ésta se dé, al nivel que se dé, porque para eso estamos los diputados federales de esta Legislatura.
Pero también debemos darle a esta policía los medios para que se capacite, los medios para que viva en mejores condiciones, tiene derechos humanos igual que nosotros, y vamos a dárselos para poderles exigir. Y creo que el esfuerzo que se da en este presupuesto es un esfuerzo que debemos atender.
No estamos satisfechos con el monto del presupuesto, y en esto estoy de acuerdo con Salvador. Pero es un esfuerzo que si no es el esfuerzo que se requiere es un esfuerzo necesario para poder atenderlo.
Ustedes se recordarán que en la comparecencia del Jefe del Departamento, lo hicimos que se comprometiera a que el impuesto predial y el impuesto sobre vehículos autorizados se redujera, y tuvo que reestructurar el presupuesto para atender a lo que se había comprometido.
¿Y esto qué quiere decir?, que el señor está viniendo aquí a adquirir compromisos con nosotros. No creo que venga a cuidar la figura, yo creo que el funcionario que se precie de ser funcionario honesto, debe ponerse a trabajar al servicio de la comunidad a la que debe servir. Y nosotros debemos ser los eternos vigilantes para que esos funcionarios y otros de menor calibre también cumplan, porque el problema se da desde el policía de crucero, los jefes de
sector, los delegados, le vamos subiendo, y tenemos que estar al pendiente.
Ya lo hicimos la Primera Asamblea de Representantes. La Primera Asamblea de Representantes visitaba reclusorios, visitaba delegaciones, visitaba agencias del ministerio público y visitaba las galeras donde se encontraban detenidos las personas que habían sido acusadas de delitos. Y cuando encontrábamos que esa gente estaba indebidamente detenida, le hablábamos al Procurador y nos la ponía en inmediata libertad. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debe hacer la Segunda Asamblea de Representantes, estar al tanto de lo que nosotros hicimos en la Primera Asamblea, apretar el paso y que les sirva lo que les dejamos, nosotros partimos de cero y dejamos un trecho andado. Pues que le entren con mayor fuerza, con mayor vigor a mejores situaciones, a mejores objetivos.
Nosotros por eso cuando se dice que no se hace nada; que si se aprobó un presupuesto para la policía que mejora el anterior y que cómo, es posible que se apruebe si nada hemos aprobado de la ley de seguridad. Pues eso no es problema para que se apruebe el presupuesto, el presupuesto ya está aprobado y cuando la Ley de Seguridad en la que hemos participado, diputados, asambleístas y funcionarios, se apruebe en abril, ya está el presupuesto para que no tengan pretexto de no cumplir con esa ley de Seguridad, en la que le hemos puesto lo mejor de nuestro pensamiento, lo mejor de nuestras acciones, porque queremos que no solamente la policía preventiva, sino también el ministerio público y la policía judicial, sean órganos ejemplares que le den confianza a la ciudadanía; que vayamos por la calle y no tengamos que cruzarnos la calle, cuando veamos venir o a una patrulla o a un policía.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas (desde su curul): -¿Me permite una interpelación?
El diputado Juan José Castillo Mota:- Compañero, las que usted guste. Señor Presidente, las que él guste.
El Presidente:- Adelante diputado Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas (desde su curul):- Gracias, señor Presidente; gracias al diputado Castillo Mota, siempre tan gentil.
Señor diputado Castillo Mota, usted acaba de mencionar que cuando se apruebe en abril, ha dicho la expresión que cuando se apruebe en abril la Ley de Seguridad Pública. ¿Sería usted tan gentil en apoyar esta afirmación o dónde se basa usted para afirmar que en abril próximo se aprobará la Ley de Seguridad Pública?
El diputado Juan José Castillo Mota: - Porque usted y yo, hemos participado en la elaboración y revisión del proyecto de la Ley. Y si se le ha olvidado, le voy a recordar en este momento los objetivos de ese proyecto de ley, tanto en los objetivos generales como los específicos. En eso usted y yo hemos tenido gran participación y por eso tengo la convicción de que se va a aprobar. Si no se ha aprobado ahorita, es porque, recuerde usted, que al estarse revisando, fuimos haciéndole modificaciones a los capítulos que la integran y se quedó en que una vez terminado de revisar el último capítulo, los señores tenían la obligación de presentarnos en limpio todo el proyecto, para revisarlo y si estábamos conformes con que ese proyecto contuviera todas las observaciones que le habíamos hecho, entrara. No se nos entregó en este momento, pero creo que la vamos a tener a partir del término de ese período y podemos llevar en abril una magnífica Ley de Seguridad Pública. Lo veo así.
Los objetivos generales de la Ley son; dignificar y mejorar la prestación del servicio de seguridad pública mediante cuerpos profesionales de seguridad pública más eficiente y mejor coordinados que permitan reducir los índices de criminalidad e impunidad en nuestra ciudad. Y hacer frente al crimen organizado. Ya ve usted lo que aprobamos por unanimidad, de algunas reformas al Código y a la Ley de Normas Mínimas, ayer en la mañana, para así lograr una mejor y efectiva protección a los habitantes del Distrito Federal. Y los objetivos específicos de la Ley: Delimitación del concepto de servicio de seguridad pública, su alcance y cuerpos encargados de prestarlo, profesionalización del elemento policial, código de ética profesional policial, regular la planeación del servicio de seguridad pública, fomentar la participación ciudadana a la que se refería Salvador Abascal, en la planeación y ejecución de la seguridad pública, mejorar las condiciones en que se presta el servicio, estableciendo los derechos del policía, y regular la prestación del servicio de seguridad privada, porque usted se habrá dado cuenta de que hay un capítulo para meter al orden a tanta policía privada que existe sin control y que debemos meterla al orden. Todo eso viene en esa ley que usted conmigo y con otros compañeros de la Asamblea y de las autoridades: Procuraduría del Distrito, Tesorería del
Departamento, Coordinación General Jurídica, Instituto Nacional de Ciencias Penales, han participado con nosotros. Y la hemos depurado totalmente. Y por eso no entró en este período que se termina en unos días; pero va a entrar. Y de usted, de Salvador y de su servidor y de los demás depende que se haga realidad.
Creo que con eso es suficiente para rogarles, de la manera más atenta, que apoyemos este dictamen y este Presupuesto de Egresos, porque sabemos que aun no siendo suficiente, es el inicio de mejores posibilidades para nuestra comunidad del Distrito Federal. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
La interpelación o pregunta que le hacíamos al estimable compañero diputado Castillo Mota, fue contestada con más buena intención y buena fe, que con elementos objetivos de juicio, y de una pregunta que ha quedado todavía en el aire, porque el Presidente de la Comisión del Distrito Federal no la ha respondido. A él le corresponde subir a esta tribuna y responder, informarnos a quienes hemos estado trabajando es esa Comisión, el por qué se suspendió abruptamente ese proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Seguridad Pública con asambleístas, con diputados, con funcionarios del Departamento del Distrito Federal y con funcionarios de la Procuraduría.
Digo esto a pesar del escepticismo no solamente de compañeros del Partido Revolucionario Institucional, porque ellos no conocen o no están enterados de cómo se llevaron a cabo estas reuniones de trabajo.
Yo dije al principio que estábamos aprobando un presupuesto, o se estaba aprobando un presupuesto con cantidades y aumentos importantes, que no iba a tener un sustento a través de la Ley de Seguridad Pública, porque precisamente aquí se le iba a dar un refuerzo a la capacitación de la policía, se iban a dar mayores recursos para poder coordinar a los cuerpos policiacos.
El propio Jefe del Departamento habló de que la Policía Auxiliar, y tal vez fue un lapsus, porque a la mejor es la Policía Preventiva, va a depender ahora de los delegados políticos.
Esa fue la intervención que hicimos y los alcances de la misma. Yo dije que merecíamos una explicación quienes trabajamos durante varios meses y que a mediados o fines de octubre abruptamente se detuvo el trabajo y se había anunciando públicamente. El Presidente de la Comisión del Distrito Federal anunció que sería aprobado en este período.
Quisiéramos que nos explicara cuál fue la razón y sobre todo cuando estaba discutiéndose el último capítulo de este proyecto, cuando se suspendió sin ninguna explicación para los señores diputados. Todavía estamos esperando esa explicación aquí en esta tribuna y todavía es válida la objeción del Partido Acción Nacional, para votar en contra de un Presupuesto de Egresos que no tiene sustento para la aplicación de un programa de seguridad pública. Muchas gracias.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna(desde su curul):-Pido la palabra.
El Presidente:- ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul):- Para responder a alusiones personales.
El Presidente: - Para responder a alusiones personales, tiene la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
Iba yo a responder al final de las intervenciones, en donde todavía tengo la intención de hacer una reflexión final sobre nuestros trabajos, al cuestionamiento que le hace el señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas, a la Comisión y a su Presidente.
De tal manera que me referiré específicamente en este momento sólo a ese cuestionamiento.
En la Comisión del Distrito Federal pensamos que lograr menores índices de delincuencia y tener una mejor seguridad para nuestra ciudad implica desde luego, como ya lo decía Juan José Castillo Mota, más equipo, mejores patrullas, pero sobre todo, creemos que si nos basamos en una mayor capacitación y formación de nuestros cuerpos policiacos, tendremos más oportunidad de atacar este gran problema de la ciudad de México.
Y para ello se requiere de un nuevo marco jurídico. Una Ley que fomente la
profesionalización. Que regule claramente las obligaciones de los cuerpos de seguridad, pero que defina también y sin ninguna duda los derechos que tienen.
Porque consideramos, estimados compañeros diputados, que una policía eficiente que pueda hacer frente al crimen organizado de la ciudad, no se contradice con una policía respetuosa de los derechos humanos. Y ese es precisamente el objetivo al cual hemos dedicado este gran esfuerzo.
Y digo gran esfuerzo, porque durante más de seis meses la Comisión del Distrito Federal se ha reunido por lo menos una vez a la semana, con seis diputados de distintos partidos políticos, cinco asambleístas y la serie de funcionarios a que ya se hizo referencia.
Hemos discutido artículo por artículo, capítulo por capítulo. No hemos dejado pasar una coma y cuando hemos tenido dudas, hemos tenido en la Comisión al subprocurador o hemos tenido a funcionarios de la Secretaría de Gobernación y hemos tenido también a académicos y especialistas en este tema.
Y hemos avanzado, hemos avanzado mucho, en una Ley que creo será, si no la primera, definitivamente una de las primeras leyes que sea una iniciativa pluripartidista y además de pluripartidista una iniciativa en que ya colaboró, ya dio sus puntos de vista y ya participó ampliamente un órgano de representación popular del Distrito Federal, como lo es la Asamblea de Representantes.
Pero el problema es complejo. No tenemos antecedentes de una Ley de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Será la primera vez que se legisle en nuestra entidad sobre esa metería y además, como ya lo señalé, queremos que sea una Ley plural.
No la realizamos en este período, compañeros, uno, por la carga de trabajo de la Comisión del Distrito Federal. Con éste, que ponemos hoy a consideración del pleno, es el quinto dictamen que presenta la Comisión en este período. Pero además nos faltaron dos temas de singular importancia de discutir a fondo: el primero, relativo a la participación ciudadana, porque creemos que la única manera de tener una mejor policía es contando con la vigilancia de la ciudadanía, con su participación real, no sólo formal. Y la segunda, porque tampoco tratamos el tema de la descentralización policiaca. Es conveniente y hasta dónde, que las delegaciones o las circunscripciones derivadas de la reforma política, tengan una intervención más amplia en nuestra policía, sin que por eso limiten su capacidad de dar una respuesta en toda la ciudad.
Pero creemos, compañeros, que la Ley va a salir y tan así lo creemos que en primer lugar en la Ley de Ingresos, aprobada ya por esta soberanía, se estableció un derecho que viene a causarse por las policías, y no diría yo las policías, diría yo por la seguridad privada que se presta, un derecho de evaluación sobre los elementos policiacos. Y en un transitorio de dicha Ley de Ingresos se planteó que este derecho no podría cobrarse...
Señor Presidente, casi termino.
El Presidente: - Tiene un minuto.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Gracias, señor Presidente:
Dijimos que este derecho no podría cobrarse sino hasta que la Ley estuviera expedida.
Pero además, el día de hoy, si ustedes así lo aprueban, estamos considerando una partida de 5 mil millones de pesos adicionales directamente vinculados a la capacitación, a la formación y a la profesionalización; 5 mil millones de pesos que irán a la Academia de Policía, para que cuando esta Ley entre en vigor el próximo año, no existan ya limitaciones presupuestales para llevarla a cabo.
Para terminar, simplemente diría que creo que lo que ha planteado Gonzalo Altamirano, no es realmente una justificación para votar en contra del Presupuesto de Egresos: que hoy se somete a su consideración, que más parece en ocasiones un pretexto, pero que yo espero que los compañeros del Partido Acción Nacional no sigan esa ruta y que voten con nosotros, al final de está sesión, por el Presupuesto de Egresos para el próximo año. Gracias, señor Presidente. (Aplausos).
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:- Con su permiso señor Presidente:
Decía el diputado Juan José Castillo Mota de que en esta discusión hemos aprendido mucho, nos ha tocado bola grande y diversidad de temas, salvo de salud, de ecología, ya vino Juan
José a hablarnos de seguridad pública y creo que es lógico que discutamos esta gran diversidad de temas por la materia propia de discusión y qué bueno que por primera ocasión y de discusión del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, estemos interviniendo diputados que no representamos a esta entidad federativa, porque tradicionalmente en esta Legislatura esos temas solamente los tocan los diputados del Distrito Federal, cuestión que yo considero que es un error porque ante la ausencia de una autoridad local, esta Cámara debe de asumir la responsabilidad no solamente de conocer las políticas presupuestales que se desarrollan para el Estado, sino también poder evaluar el impacto que esas políticas tienen en otras entidades.
Y creo que ése es el asunto que ha venido a plantear aquí el compañero Alejandro Luévano, prefirió hacer un comentario que el propio diputado Manuel Díaz Infante hizo respecto a la coordinación metropolitana y creo que es un tema fundamental en esta discusión, porque cuando discutimos el Distrito Federal "vemos el árbol pero no vemos el bosque", el conjunto de problemas y sus implicaciones. Por eso es muy importante que evaluemos, hablo de discutir la política presupuestal del Distrito Federal, sus implicaciones más generales y particularmente cómo afectan a entidades vecinas como es el Estado de Morelos, porque estas políticas impactan directamente en el desarrollo de estas dos entidades.
Por eso cuando se habla de la ciudad, no puede hablarse de la ciudad ubicada estrictamente en el ámbito territorial del Distrito Federal, la ciudad la tenemos que ver como un todo y ese todo es toda el área conurbada que hoy integra la ciudad de México y ahí es donde empiezan a surgir los problemas, porque lamentablemente la coordinación metropolitana ante el Distrito Federal y el Estado de México no ha funcionado y las políticas de recursos, de planeación para el desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de protección del medio ambiente siguen siendo un obstáculo para el ejercicio de políticas propias en otras entidades. Cuando Luévano decía que aquí tenemos compañeros presidentes municipales, el diputado Soto Prieto, está el diputado Salinas Navarro, que han tenido experiencias con ese problema de las conurbaciones, no las hacemos estrictamente en el sentido de provocar el debate, sino retomar experiencias concretas y muy específicas, Fernando Ordorica pudiera contribuir en esto, Felipe Medina también, porque creo que son cuestiones que nos afectan a todos y es un problema federal, hablar de la ciudad como un todo, implica asumir la problemática del Distrito Federal por una problemática del orden federal y no estrictamente del orden local.
Yo quisiera poner algunos ejemplos muy brevemente, cuando se formó el espacio de Coordinación Metropolitana entre el Distrito Federal y el Estado de México, se pretendió avanzar en la solución de problemas de transporte, de ordenamiento territorial, de seguridad, de regularización de la tenencia de tierras, problemas limítrofes y problemas ecológicos y, ¿qué es lo que ha sucedido? Simple y sencillamente la Coordinación no se ha podido desarrollar porque es una coordinación ficticia; en primer término porque no son compatibles las formas de Gobierno local en las dos entidades, las delegaciones no tienen la competencia suficiente para poder establecer convenios con los municipios, los estados, con el Estado de México y el Distrito Federal, tienen problemas serios de coordinación, yo considero que a las autoridades locales en el Estado de México no se les ha dado su lugar en los convenios firmados con el Distrito Federal, efectivamente el gobernador del Estado es un convidado de piedra porque aunque sean las presidencias rotativas en los convenios de coordinación metropolitana en cuanto participen representantes de las autoridades del Estado quien tiene el control, diseña las políticas y maneja la estructura de estos convenios es la autoridad del Distrito Federal. Tenemos por ejemplo el Bordo de Xochiaca y creo que es un ejemplo tan negro como las aguas que cursan por este Bordo, y ese problema lo vamos a ver en muchos aspectos en el Estado de México, estaba el caso de Chalco donde hay problemas serios de inundaciones, efectivamente porque el asentamiento se hizo en un terreno que no es apto para el asentamiento humano pero también no se expresan problemas de falsa coordinación con el Distrito Federal porque en gran parte las inundaciones que se presentan en ese municipio obedecen al mal manejo de las aguas negras del Distrito Federal que salen por la delegación de Tláhuac y que se desbordan sobre el municipio de Chalco.
El problema del agua; prácticamente se desecó el Río Lerma, el Valle de Ixtlahuaca porque no hubo una política de planeación de mantenimiento de los mantos freáticos del Estado de México, para poder satisfacer en primera instancia las necesidades del agua en el Distrito Federal.
Esos que están chiflando mejor súbanse a discutir, sería más serio y más responsable hacer este tipo de discusiones y no hacer exclamaciones en el anonimato. (Aplausos.)
Yo por eso creo que debemos discutir este problema. La ciudad es un todo y la ciudad no es solamente el Distrito Federal, y su presupuesto tiene que discutirse y coordinarse también con otras entidades. De nada vale gozar de una soberanía del Estado, yo creo, que ir avanzando una administración metropolitana respetando la integridad territorial del Estado de México, respetando la autoridad constituida en el Estado de México, pero reconociendo que los problemas de la ciudad de México son problemas del Distrito Federal, del Estado de México que no pueden resolverse por una sola de las partes, y aquí es importante que el Regente y la autoridad del Distrito Federal, reconozca que hay una entidad soberana al lado, que es Estado de México. Muchas gracias.
El presidente: - Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Ya no era mi intención subir nuevamente a la tribuna, pero me parece muy ligero el comentario final que hizo el diputado Lerdo, cuando afirma que una de las razones principales, como yo lo expresé y él dice que la única, haya sido el aspecto de seguridad pública, para votar en contra; el que no se haya dado una Ley de Seguridad Pública para votar en contra de este presupuesto de egresos.
Y no tiene razón porque lo desmiente el propio dictamen que nos fue presentado por la Comisión. En los considerandos hablan del proyecto de Ley de Seguridad Pública, el dictamen, y dice textualmente:
Dicho proyecto legislativo tiene como su eje fundamental la profesionalización policíaca. Derivado de lo anterior, esta Comisión ha estimado conveniente asignar adicionalmente recursos por 5 millones de nuevos pesos, para los programas de formación en las corporaciones responsables.
Es decir, que el eje principal del proyecto de seguridad pública es la profesionalización y le asignamos más recursos , pero no hay ley, no se aprueba la Ley de Seguridad Pública, que tiene como eje principal la profesionalización de los cuerpos policiacos.
Y además, se habla ya de la captación de derechos que van a generar los cuerpos de seguridad privada, pero no hay Ley de Seguridad Pública, y esto nosotros no le dimos el énfasis, aunque ya lo hemos tomado como propio, tal y como se lo dio el propio Regente y no solamente el día que compareció en la Comisión, sino en las propias declaraciones, las propias declaraciones de prensa, y la Comisión recogió como dos de los programas prioritarios, la impartición de justicia y la seguridad pública.
Si no son dos de las prioridades dentro de este presupuesto, no vemos que otras razones de peso podrían existir cuando nosotros nos estamos oponiendo a este presupuesto que se está aprobando porque el eje principal, la base principal que va a atacar la delincuencia, la inseguridad pública en el Distrito Federal, no se ha aprobado.
Si ésas no son razones de peso, no sé cuáles son para el diputado Lerdo. Y yo mencioné que ésta era una de las razones más importantes, otras mencionamos que por congruencia, porque habíamos objetado la Ley de Ingresos y habíamos objetado la Ley de Hacienda, este presupuesto de egresos estaba viciado de alguna manera.
Los pretextos para no aprobarse la Ley son los que vino a esgrimir aquí el diputado Lerdo por supuestas cargas de trabajo. Nosotros seguimos sospechando que hubo por ahí presiones o consignas, no sé si de la Secretaría de Gobernación o de quién, para frenar esta Ley de Seguridad Pública que estaba a punto de aprobarse en este Congreso. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernando Ordorica Pérez, para el mismo tema.
El diputado Fernando Roberto Orodica Pérez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
Hemos pedido hacer uso de la palabra, porque nos preocupa lo aquí comentado, dado que no sólo estamos convencidos, sino que en la práctica se ha dado una coordinación real entre el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, y los hechos así lo han demostrado, porque ha habido un absoluto respeto, que es la base más importante para que pueda tener resultados reales dicha coordinación.
Tenemos que reconocer que se han manejado de manera conjunta y coordinada, problemas que afectan de manera real tanto al Distrito Federal como al Estado de México, pero no podemos dejar de mencionar que así como ha habido acciones en relación a aspectos de la contaminación ambiental, del transporte, de la seguridad
pública, de la misma manera queremos señalar aquí que el Estado de México siempre ha tenido una participación activa y decisiva en todas las decisiones que se han tomado en relación a los problemas que precisamente nos atañen tanto al Estado de México como al Distrito Federal.
Y como lo establece la misma Coordinación que recientemente fue creada, es muy clara al señalar que los primeros dos años será encabezada por el Gobernador del Estado de México. Pero también en las mismas acciones que se han tomado, ha sido también la participación conjunta de ambas partes las que han tomado precisamente las decisiones que correspondan a cada parte.
Hay problemas conjuntos que deben de abordarse de esa manera, porque de otra forma la ciudadanía en su conjunto resultaría dañada; hay voluntad política de ambas partes en tomar decisiones que favorezcan a ambas partes.
Es por eso que no aceptamos que se diga que el Estado de México ha sido un observador; ha sido un fiel participante, ha habido respeto a los municipios; tenemos que recordar que en el Estado de México se han descentralizado impuestos tan importantes como el predial, para su manejo, y eso precisamente ha generado una autonomía dentro de los mismos municipios.
Que hay carencias, todos estamos de acuerdo que hay carencias, pero lo importante es que sepamos la forma de cómo resolver las carencias.
Es por eso que nosotros queremos dejar constancia de la coordinación que existe y que el propósito fundamental de la coordinación es el beneficio directo, tanto para los pobladores del Estado de México como para los ciudadanos del Distrito Federal. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan José Castillo Mota, para rectificar hechos, cinco minutos.
El diputado Juan José Castillo Mota: - Con su permiso, señor Presidente:
Vuelvo a esta tribuna por dos causas, la primera, para decirle a mi compañero Gonzalo, con el que tengo ya tiempo de trabajar, desde la LIII Legislatura, la Asamblea y ahora, que el proyecto de Ley de Seguridad pública no es el eje del presupuesto, es el eje fundamental de la legislación para profesionalizar a la policía, no para eje del presupuesto; es para lograr lo que tú y yo otros queremos hacer de la policía, y que el Presupuesto de Egresos abarca otros temas, como el transporte, la cuestión ecológica, la procuración e impartición de justicia, que no solamente es la Procuraduría, es el Tribunal Superior de Justicia, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es más amplio lo que abarca el Presupuesto de Egresos.
Claro, que a muchos nos molestó el que no entrara la Ley, pero es una Ley que debemos sacarla bien. Pero ¿por qué entra el presupuesto ahora? ¿por qué necesitamos que se tome en cuenta? Porque no nos vamos a esperar hasta diciembre del año próximo, de 1993, para sacar el presupuesto de esto. Entonces, ¿entra, se aprueba, pero no va a contar con recursos para poder llevarse a efecto la Ley? No, vamos a tenerle ya los elementos para que pueda llevarse a efecto lo que pretendemos reflejar en la Ley de Seguridad, si no tendríamos que tener en el archivo la ley muy bonita, pero sin poderla echar a andar por carencia de recursos.
Por eso te ruego que apoyes el Presupuesto de Egresos. Nada más. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Evangelina Corona.
La diputada Evangelina Corona Cadena: - Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que ya para irnos, vamos a irnos rapidísimo... (Aplausos.)
... Y decía un licenciado: voy a hacer una propuesta que nadie va a votar en contra, y decía en el foro de Fomento Cooperativo, la propuesta es que vayamos a comer. Entonces, yo creo que ahora sí les digo, la propuesta es que nos vayamos y creo que todos van a levantar la mano rápido. Pero no, no está en eso.
Quiero de alguna manera retomar lo que ya han dicho los demás compañeros; se ha hablado ya de la política de presupuesto, se ha hablado de ecología, y decía un compañero hasta de salud y medicina, y también de muchas cosas.
Yo quiero señalar y quiero enfocar mi participación en el bienestar social, que es un punto que señala el dictamen que tenemos a la vista, y dice, en el segundo párrafo del dictamen: "En el caso del Distrito Federal, existe un compromiso entre sociedad y Gobierno para elevar los niveles de bienestar entre la población, dando atención especial a los sectores que se encuentran más desprotegidos".
Y también dice, en otro párrafo, dice: "Por lo que atañe al mejoramiento de la calidad del aire, en el marco del Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México, se considera extender el Programa de Verificación Vehicular a dos revisiones al año". Está pensando en el ambiente que estamos respirando todos.
Y en el otro punto que quisiera retomar, es en lo relativo, dice aquí un párrafo del dictamen: "En lo relativo al ámbito de bienestar social, que es donde quiero enfocar más la participación, se incluyan acciones dirigidas a elevar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, através de prestaciones sociales y servicios comunitarios, dando especial atención a adultos, indigentes y a menores desvalidos".
Desafortunadamente creemos que sólo queda en palabra, porque bienestar y un mejor bienestar, implica tener casa, como ya lo decía la diputada Patricia; implica tener un ambiente puro y sano, como ya lo manejaron también varios diputados; implica un transporte al alcance de la ciudadanía, que también ya se está manejando muy escaso transporte o muy caro en otros momentos; implica el bienestar social; implica en tener empleo, en tener un buen salario.
Se ha estado debatiendo acerca del sobreejercicio en los presupuestos que el Departamento del Distrito Federal ejerce, y ya se está discutiendo que hay en algunos muy elevados y en algunos otros puntos escasos.
En este sentido el voto razonado en contra, hizo una precisión importante. El sobreejercicio se realiza sobre partidas, como son las de servicios generales, materiales y suministros, bienes muebles e inmuebles, pero muy pocas veces en lo que se refiere al pago de servicios de personal. Es más, cuando se realizan sobregiros en este aspecto, todos sabemos que los trabajadores del Departamento del Distrito Federal no son los beneficiarios directos de este incremento, porque ellos siguen recibiendo ingresos magros por las funciones que realizan al interior del Departamento del Distrito Federal.
Hablamos de que no podemos tener una administración eficiente sin personal capacitado, que es el caso que se está discutiendo mucho con relación a la policía; pero tampoco la podemos tener con trabajadores mal pagados, ya que la expansión o incremento de los salarios, se hacen solamente y con más énfasis sobre personal de confianza.
Demetrio Sodi, un asambleísta del Partido Revolucionario Institucional, dice; "Los incrementos considerables se dan sobre puestos directivos, cuyos sueldos deben competir con los que otorga la iniciativa privada.
Pero esta regla no se rige para los trabajadores administrativos, los sindicalizados, pues ellos tienen que realizar en los trabajos, ellos tienen que ser los productores, ellos tienen que cargar sobre sí la productividad, pero no un buen salario.
Hemos visto sobregiros importantes en las unidades administrativas involucradas en la seguridad pública, pero sabemos que el personal policiaco sigue percibiendo ingresos bajos y que la ciudadanía, por medio de aportaciones extraordinarias, como son las extorsiones, la "mordida", deben subsanar la ingratitud del salario que perciben los miembros de la vigilancia.
Es el mismo caso de la policía auxiliar.
Más notable aún es el caso del personal que labora en las instituciones de salud, donde la disminución de sus presupuestos a la hora del ejercicio limita aún más un salario honorable, a la altura de su responsabilidad con la población.
Si observamos la propuesta del Ejecutivo para el ejercicio fiscal de 1993, vemos que los montos asignados a salarios respecto a lo presupuestado en 1989, en términos reales han reducido hasta un 50% en las siguientes unidades administrativas: jefatura del Departamento del Distrito Federal, Secretaría General de Gobierno, Oficialía Mayor, Contraloría General, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Promoción Deportiva, Regularización Territorial, Materiales y Servicios Generales, Abasto, Distribución.
Aquí una cosa más curiosa: la estancia o la dependencia en donde se regulan las faltas o se solucionan o se da respuesta, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, más preocupantes son los casos también del Metro, Ruta - 100, transporte eléctrico.
Quisiera también decir que aquí, aun en la misma Cámara, no está exento ese problema del poco y bajo salario, pues hay compañeros que solamente reciben 750 mil pesos mensuales y que no tienen estabilidad en el trabajo, como en muchas otras dependencias también.
Asimismo, observamos incrementos importantes en la Dirección General de Gobierno, en Tesorería, en Difusión y Relaciones Públicas,
Programación y Presupuesto, Administración y Desarrollo de Personal, Secretaría de Desarrollo social.
En el caso de las policías, mientras los salarios reportan un crecimiento real del 6%, en la Secretaría de Protección y Vialidad y en la Policía Auxiliar podemos observar que el incremento alcanza los 75 puntos porcentuales en el caso de Policía Bancaria. Obviamente, ese incremento no será real en los salarios de los empleados sindicalizados, porque los salarios de los sindicalizados tienen que negociarse con los líderes y las patronales.
Hacemos esta reflexión, para que pongamos los pies en la tierra. Una reforma administrativa real debe partir de la premisa de pagar salarios justos a sus trabajadores.
Nosotros, desde esta tribuna, hacemos un llamado para que el Gobierno de la ciudad, al menos contribuya mínimamente, que pague mejores salarios, retribuya a quienes llevan la carga de la productividad y de mantener sus finanzas sanas.
Quiero también señalar que la política del Presidente de la República es exterminar o terminar con la extrema pobreza, y yo pregunto a la Asamblea: ¿el 7.5% que se incrementó al salario mínimo resolverá el problema de los trabajadores y sus familias? Pregunto también, ¿será bienestar social lo que puedan hacer los compañeros que perciben uno o salario y medio o dos salarios máximos? ¿Podríamos pensar y decir algunos, como lo murmuran por allá atrás que sí, los compañeros de la Confederación de Trabajadores de México fue una de las primeras contradicciones que tuvieron y el señor Fidel Velázquez dice que se están amparando para que esto no proceda? Entonces no hay congruencia con esto.
Quiero también manifestar que por un lado se manejó el bienestar social, por otro lado se están cerrando empresas, por otro lado se está restringiendo el apoyo económico a los campesinos, por otro lado se están incrementando los costos de la vida, el gas, por ejemplo, va subiendo cada mes, la luz va subiendo, el teléfono mismo va subiendo, que muchos de nosotros o muchos compañeros no pueden tener teléfono pero también va sucediendo y en deficiencias está peor, lo vemos aquí en la Cámara, ¿eh?
Tenemos también el problema de que no puede llamarse bienestar social, porque no hay una política que en realidad subsane este bienestar o estos problemas que causan el no bienestar social. Insistimos en que si no hay una remuneración y si no hay una apertura de fuentes de trabajo, compañeros, no se puede hablar de bienestar social.
Mientras no aprendamos a vivir con los que tienen el estómago vacío y compartir con ellos la comida, no va a haber bienestar social. Mientras no tengamos la capacidad de extender la mano para ayudar a los demás tampoco va a haber bienestar social. Todo queda en palabras señores, todo queda también en papeles, todo queda en letra muerta porque la realidad no es así.
Ahí afuera tenemos todavía, a lo mejor ya se levantaron, pero allá afuera estaban los compañeros que están reclamando una vivienda...
El Presidente: - Esta Presidencia ruega a los señores diputados más respeto para la oradora.
La diputada Evangelina Corona Cadena: -...Allá afuera están los compañeros que están reclamando una vivienda, parte primordial de un bienestar social. Si no hay vivienda, si no hay comida, si no hay trabajo, ¿dónde está el bienestar social?
Por ahí a decir y no lo pongo en duda que hay muchas fuentes de trabajo, que se crearon muchas fuentes de trabajo en estos periodos, pero también podemos ver que hay mucha y mucha más gente deambulando en la calle buscando esas fuentes de trabajo . Y que también nos encontramos con que la fuente de trabajo existe pero el salario no satisface.
Por eso, compañeros creo que tenemos que pugnar porque se haga un proyecto y se haga un presupuesto que estimule a un bienestar social, pero claro y real y que dejemos de soñar, que pongamos los pies en la tierra.
Quiero también señalar, y esto como un reconocimiento a la Comisión como ha trabajado. No quiero pasar por alto las desveladas, no quiero pasar por alto las horas de trabajo pero, quiero dar un saludo especial a los compañeros técnicos que una y otra vez tienen que hacer los escritos, una y otra vez tienen que enviar las convocatorias y una y otra vez tienen que estar al tanto y al acecho de lo que decimos, proponemos u opinamos.
Una felicitación desde aquí a los compañeros colaboradores, asesores técnicos de la Comisión. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Merino Castrejón.
El diputado José Merino Castrejón (desde su curul): - Declino, señor Presidente.
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Roberto Castellanos Tovar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Castellanos Tovar: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional presentamos ante esta soberanía una propuesta de modificación al artículo 16 proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, con el fin de que dentro de los programas prioritarios se incorpore el subprograma 12 del programa 5- F "Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación". Lo anterior porque sabemos que aun cuando en el Distrito Federal está cubierta la demanda de planteles de educación básica, existe una demanda constante de la población en relación al mantenimiento de los inmuebles que ocupan las escuelas.
Creemos que es muy importante la conservación de los establecimientos de educación básica para que cumplan con su función de dar albergue a los niños mexicanos durante su desarrollo educativo . El subprograma que estamos proponiendo como prioritario es concretamente el que atiende los objetivos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de escuelas, mismo que al ser considerado dentro de las prioridades del gasto, abriría las posibilidades de una mejor respuesta a la demanda, en virtud de ello nuestra propuesta es adicionar el artículo 16 del proyecto para quedar como sigue:
"Artículo 16. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el Gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas, los siguientes programas prioritarios:
5- F-12 Conservación y Mantenimiento de la Planta Física para la Educación y la Capacitación."
Dejo en la Secretaría la propuesta.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Gracias señor Presidente, compañeros diputados:
Terminamos antes de esta votación, con el último de cinco dictámenes que la Comisión del Distrito Federal, se ha permitido presentar a esta honorable Asamblea.
Creemos que el hecho de presentar cinco dictámenes en este período de sesiones con relación a nuestra ciudad capital, no es más que un reflejo de la complejidad de la ciudad; una ciudad que como se señalaba aquí tiene 8 millones de habitantes en el Distrito Federal, pero que también consideramos, con bases de coordinación a siete más en el Estado de México.
Y ésa es una de las razones del por qué en la Comisión del Distrito Federal participan y forman parte de la misma, de prácticamente la totalidad de los compañeros diputados del Estado de México, de los municipios conurbados.
Pero tengo la impresión de que cuando hablamos de la complejidad de nuestra ciudad capital, lo vemos únicamente como una fracción, que dejamos y olvidamos lo cotidiano, a su gente y a muchos habitantes.
Lo que sucede es que las cifras son impresionantes y nos llevan, nos jalan: 30 millones de viajes- persona al día; 3 mil 300 millones de litros que consume la ciudad por día; 3 millones de vehículos; 12 mil toneladas de basura. De tal manera que nos vamos con ellos.
Yo quisiera invitarlos a que viéramos la ciudad bajo una óptica distinta; que los diputados del interior de la República, que seguramente van a aprovechar estos días después del receso para hacer algunas compras navideñas. O que los que vivimos aquí, que tendremos días más relajados a partir del 22, vivamos la experiencia de la ciudad tal y como es. Sí, sus grandes tiendas, pero también a sus ambulantes que son parte de la misma y que esperan una respuesta porque aun cuando hay programas multimillonarios para la adquisición de suelo, o bien para la construcción de infraestructura, de todos modos, esperan una respuesta.
Que vivamos el esplendor y la belleza de la ciudad de México, de sus calles iluminadas, pero también la manifestación de sus contradicciones en los niños de la calle, como decía hoy Juan Jacinto, que esperan también una solución y una respuesta. Y este compañeros, no creo que sea un ejercicio inútil, vacío, ocioso. Porque
es mi opinión que el siguiente gran problema de nuestro país, el siguiente gran reto que habremos de enfrentar, es precisamente el desarrollo de los centros urbanos. En 1980, nueve millones de personas, mexicanos, vivían en ciudades; para 1990, esta cifra se había incrementado a 21 millones. Esto es, un 120% de crecimiento en tan solo 10 años, que en los últimos 200 ó 300 años de fundación de nuestras ciudades.
Y es que la respuesta que demos a ese gran reto, dependerá gran parte de la calidad de vida que podamos ofrecerle a muchos compatriotas. Generaremos marginación o bien permitiremos nuevas opciones de desarrollo. Y por ello también resulta importante transmitir experiencias, a las ciudades del interior de la República, de aquello que nos ha dado resultado, y de aquello que nos ha fallado.
Por ello también, la Comisión del Distrito Federal integra compañeros de Guadalajara o de Monterrey o de Veracruz o de Oaxaca, para que nos permita tener esa comunicación más amplia.
La vida en la ciudad de México en los próximos años, seguramente será todavía más compleja; seremos más y eso implicará una convivencia más estrecha, lo que hagamos afectará más a nuestros vecinos y las acciones de nuestros vecinos tendrán un impacto más amplio en nuestras vidas.
Resolver por lo tanto los problemas de la ciudad, requerirá de un mayor esfuerzo ciudadano, de una mayor participación pública, de mayor orden. No impuesto sino derivado de una conciencia social más amplia.
Es mi punto de vista que estamos avanzando en estos objetivos, como no lo hacíamos realmente desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay avances evidentes en el Metro, en la misma vivienda que tanto hemos discutido. Hoy hay más vivienda propia que hace 10 años; en el desarrollo social o en la contaminación, porque los reconocimientos que se han dado en esta materia no son reconocimientos personales a algún funcionario, son reconocimientos a la ciudad y al esfuerzo de millones de capitalinos que han tenido que trabajar arduamente por disminuir y limitar los efectos de la contaminación.
Es mi punto de vista que en la ciudad se trabaja con firmeza; pero también se trabaja en la ciudad con pasión y con voluntad por parte de los funcionarios y empleados del Departamento del Distrito Federal.
Y decía yo que estamos avanzando; pero será necesario acelerar el paso. Y sólo iremos, compañeros diputados, más rápido en la solución de nuestros problemas urbanos, en la medida en que las fuerzas políticas logremos consensos más amplios.
Cierro aquí el círculo, compañeros, y termino. Yo creo que resulta importante que acordemos una agenda de trabajo legislativo para y por la ciudad. Queremos un debate más serio; tengámoslo. El próximo año no nos entrampemos en las mismas discusiones, repetición del año pasado. Tenemos ya una agenda para la discusión de los problemas políticos; tenemos una mesa de concertación en donde sólo nos falta el Partido de la Revolución Democrática, que ojalá se reincorpore pronto.
Pero independientemente de que las decisiones que ahí tomemos son importantes y básicas para la vida de la ciudad, independientemente de eso, compañeros, es importante dar respuestas, porque no importa la forma de Gobierno o no importa la fuerza política que gobierne la ciudad, será necesario dar salidas a nuestros centros urbanos, y la Ciudad de México no esperará; mientras más tardemos, más difíciles serán las respuestas a la problemática urbana.
Si la Cuenta Pública no satisface a algunos partidos políticos, trabajemos desde hoy en lo que queremos para el próximo año; integremos a la Contaduría Mayor de Hacienda a nuestros trabajos de verificación. Hemos ido a hospitales, a reclusorios, a visitar el Metro y el drenaje profundo, y hemos tenido prácticamente a todos los funcionarios de primer nivel del Departamento del Distrito Federal en comparecencia ante nosotros. Ha habido predisposición y apoyo. Digamos entonces qué es lo que nosotros queremos revisar y metamos a la Contaduría Mayor de Hacienda a ello.
Los grupos encargados de esta revisión en la Comisión, están presididos también por compañeros de la oposición: Salvador Abascal, Gilberto Rincón Gallardo, Gonzalo Altamirano Dimas... De tal manera que creo que tenemos los elementos.
Todos estamos de acuerdo en que la ciudad, en que nuestra ciudad requiere de mayores recursos. Revisemos nuestras fuentes impositivas; pero no podemos estar en contra de los impuestos anteriores, porque sentimos que son insuficientes y también estar en contra de los nuevos porque gravan a la industria o están dirigidos a establecimientos o son ecológicos.
Podríamos pensar en mayores subsidios para nuestra ciudad; pero creemos que ésa no es una respuesta adecuada.
Ya vivimos décadas de grandes subsidios en la ciudad de México que nos dieron más migración, un crecimiento más amplio y desde luego una marginación más evidente.
¿Debemos entonces de volver atrás? Yo creo que no compañeros, que la respuesta no está ahí. Un análisis de nuestras leyes de ingresos y de nuestro presupuesto nos manifestará claramente que los derechos y los impuestos tienen un claro carácter progresivo. Se grava más a quien más tiene. Y que el presupuesto que hoy sometemos a su consideración tiene también un claro carácter redistributivo.
¿En dónde se hacen las obras? En aquéllas delegaciones que son más pobladas y que tienen menos recursos. De tal manera que lograr una agenda de los problemas básicos de nuestra ciudad, creemos que resulta importante.
Existe disposición. Disposición de los diputados, que lo han demostrado a través de los trabajos que hemos desarrollado. Yo quiero hacer un reconocimiento a las subcomisiones plurales, a los grupos que trabajaron para lograr estos dictámenes y a todos los miembros de la Comisión del Distrito Federal. También, como lo decía Evangelina, a la Secretaría Técnica.
Compañeros: trabajemos hoy para que el próximo año tengamos la completa certeza de lo que estamos haciendo es en beneficio de nuestra ciudad. Las autoridades del Departamento del Distrito Federal están dispuestas a realizar con nosotros ese trabajo. Tenemos que reconocer en los hechos que esa disposición sea manifestada.
De tal manera, compañeros, que yo pediría su voto a favor de este dictamen, de todas las fracciones parlamentarias; porque creo realmente que este presupuesto, como las demás disposiciones que ya hemos aprobado, van en el sentido adecuado para resolver los problemas de nuestra ciudad. No resuelven desde luego todas nuestras necesidades, pero sí son positivas y benéficas para apoyar a nuestra gran ciudad de México. Gracias, compañeros.(Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea...
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul): -¡Señor Presidente!
El presidente: -¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul): - Para rectificar hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Es una cuestión muy breve. Lo que pasa es que no se estila acabar la discusión de un decreto, como lo acaba de hacer el diputado Lerdo.
Y yo creo que todo el mundo tenemos una visión de la ciudad. Y todo mundo podemos expresarnos de ella como la estamos viviendo y la estamos compartiendo. Evidentemente que hay cosas y cosas negativas, pero también es cierto que la experiencia que vivimos de la ciudad, esos varios tonos que tenemos en la experiencia cotidiana, nos deja también diferentes sabores sobre la responsabilidad que todos podemos tener hacia la ciudad.
Y aquí hay que reconocer con toda, con toda honestidad que hay quienes viven la ciudad soportándola y otros gozándola. Y ahí hay diferentes tonalidades de la manera de compartir la vida de la ciudad.
Pero en lo que yo quiero hacer ahorita referencia es un poco a la agenda que nos invita el diputado Lerdo de Tejada. Una, es que me parece en primer lugar que la discusión de hoy del proyecto de Egresos del Distrito Federal, en nada se parece a la del año pasado. Ese es un primer punto de partida.
Ahora la que estamos en debate que se ha establecido, a mí me parece que es importante y por respeto a todos, independientemente de las opiniones, me parece que hacen significar que nadie viene a repetir un discurso del año pasado. Si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo.
Segundo, lo de la reforma política. Yo diría que un aspecto central, aquí el problema es que es una idea que se está vendiendo a toda la ciudadanía y que en particular el Partido Revolucionario Institucional, quiere vender como una idea política importante para este año de 1993.
¿Por qué no los invitamos aquí, en la Cámara de Diputados; porque finalmente lo que se haga aquí lo tenemos que discutir, aprobar o
desaprobar, aquí en la Cámara de Diputados; formemos un grupo de trabajo serio, pluripartidista y entrémosle de lleno a la discusión de la reforma política?, un debate serio, iniciémoslo, y yo creo que podemos iniciar el año con eso, en la Comisión del Distrito Federal.
Respecto a los problemas de finanzas: la Cuenta Pública, etcétera. Yo creo que lo que es importante es que en la Comisión del Distrito Federal también entremos a fondo a revisar la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. Ya no podemos estarnos..., o sea, que nos inviten a votar a favor cuando somos meros espectadores, con datos que nos esconden, es decir, que nos cambian de manera discrecional y que tenemos que entrarle con una rebuscada forma para ver por dónde van las hipótesis de trabajo y encontrar ahí la alta discrecionalidad de la autoridad del Distrito Federal sobre las finanzas de la población. A mí me parece que sería importante que le entráramos también en la Comisión del Distrito Federal a una revisión a fondo de la Contaduría Mayor de Hacienda, su Ley Orgánica.
Yo quisiera aprovechar y también terminar deseándoles a todos feliz navidad y año nuevo desde esta tribuna. (Aplausos.)
Pero miren, hay una persona que yo conocí, que fue asesinado hace tres días, Jerónimo Martínez, un luchador social en la zona del Ajusco, en la colonia Belbedere, que fue asesinado impunemente y todavía no se tiene resolución a este caso. Y así como se hacen muchas premiaciones en la ciudad de México, quiero en este momento, abusando de la palabra en esta tribuna, recordarlo también a él, él si dio la vida por la ciudad de México, por habitantes concretos, de carne y hueso, me consta, yo lo conocí; ideas que a lo mejor no podíamos compartir todos, pero sí me consta la honestidad con la que estuvo dando su vida y finalmente la perdió, la perdió por la ciudad de México, no por un partido político.
Y si ése es el reto, una nueva ciudad para todos, sin discriminaciones, porque sí es cierto, hay buenas iluminaciones en calles céntricas de la ciudad, pero hay muchas zonas en donde los servicios públicos están negados, y ésos son ciudadanos del Distrito Federal que están soportando el crecimiento y el desarrollo desigual de los habitantes de la ciudad. Yo con esto también quiero decir, entrémosle el próximo año a una agenda de discusión en serio en esta Cámara de Diputados, en la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Salvador Abascal Carranza (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Salvador Abascal, por cinco minutos.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Gracias, Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El discurso del diputado Lerdo de Tejada, un discurso ponderado, conciliador, elegante, como es el propio diputado Lerdo de Tejada. Pero nosotros en Acción Nacional tenemos que distinguir entre una invitación así tan elegante y tan propia, para votar un dictamen como el que estamos discutiendo y tenemos que distinguir entre la elegancia de las palabras y la seducción de la gramática y de la retórica con respecto a los principios fundamentales que nos hacen votar en favor o en contra de un dictamen.
Y éste es el caso de que no es por un capricho porque no se haya votado una Ley o se haya aprobado o haya salido de la Comisión el dictamen de la Ley de Seguridad Pública, como en algún momento se dijo y se hizo creer a la Asamblea, y tampoco por algún pretexto baladí por el que Acción Nacional no va a votar a favor esta Ley, sino porque tanto el diputado Gonzalo Altamirano como el de la voz, expusimos razones, ésas, y más de fondo que nos obligan a dar nuestro voto en contra de este dictamen.
Cuando expuse cifras, datos, no de los anexos, sino del propio documento que todos tenemos en nuestras manos, aunque algunos ya los hayan tirado, creo que al no tener los elementos, no del anexo repito, sino de esos documentos precisos, concretos y no tener respuesta y contestación a muchas se estas interrogantes, ése es otro de los elementos, que no pretexto, para votar en contra de esta Ley.
Aceptamos de cualquier manera esta invitación a la reflexión, al trabajo conjunto con la Comisión y con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, que siempre han estado dispuestos ciertamente a este intercambio de ideas pero también quiero reforzar la idea que hemos dicho y que repitió hace un momento el diputado Saucedo, en el sentido de que merece esta ciudad ciertamente un mejor tratamiento y por eso merece mejores leyes y por eso merece una reforma constitucional, y por eso merece mejor seriedad de todos nosotros diputados de la nación para que la capital del país, para nuestra gran ciudad,
la gran ciudad de todos los mexicanos, sea digna de nuestra patria. Muchas gracias y feliz navidad también a todos. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si son de aceptarse las propuestas presentadas por los diputados dándoles lectura previamente.
La secretaría Layda Elena Sansores San Roman: - Propuesta de modificación al decreto de Presupuesto de Egresos, del Departamento del Distrito Federal para 1993, que tiene por objeto incrementar en 20 millones de pesos los recursos destinados al Programa 5- E de vivienda que suscriben los señores diputados Everardo Gámiz, Gilberto Rincón, Fernando Lerdo, Manuel Terrazas, Julio Alemán, Adolfo Kunz, Victor Orduña, para quedar como sigue:
"Artículo 6o. 5- E Vivienda, 260 mil 134 millones 700 mil pesos, las variaciones que se registrarían en los diversos programas se expresan en detalle en la propuesta íntegra de modificaciones al artículo 6o. adjunto al presente documento."
Por lo tanto, en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Adicionar el artículo 16 del Proyecto para quedar como sigue:
"Artículo 16. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal el Gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas; los siguientes programas prioritarios: 5- F-12 conservación y mantenimiento de la planta física para la educación y la capacitación". La firman, el diputado Lerdo de Tejada, Díaz Infante y Castellanos Tovar.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaría Layda Elena Sansores San Román: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular un en solo acto, se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Luis Pérez Díaz: - Señor Presidente, en lo general y en lo particular se emitieron 289 votos en pro, 63 en contra y un voto en contra pero a favor del incremento a la vivienda.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 289 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 1993.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA
EL Presidente: - La Presidencia informa que en el transcurso de la sesión, la Comisión de Comercio presentó el dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Correduría Pública. En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Héctor Morquecho Rivera: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de Primera lectura.
«Comisión de Comercio.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio le fue turnada para su estudio y dictamen el proyecto de Ley Federal de Correduría Pública enviada por el Senado de la República, quien fungió como Cámara de origen de la presente iniciativa.
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73 fracciones IX y XXIX- E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General y 56 y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, realizó el análisis y estudio del proyecto, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen.
I. Consideraciones generales
La iniciativa de Ley Federal de Correduría Pública, fue sometida al honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de origen, por el ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una vez dictaminada la iniciativa por la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 inciso a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General; y, 57, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la remitió a la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara revisora, para su estudio y dictamen correspondiente.
Como parte del proceso de revisión del proyecto, la Comisión que suscribe se reunió previamente con los integrantes de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores y una vez recibido el proyecto, llevó a cabo su reunión el día 16 de diciembre del año en curso, integrándose un grupo pluripartidista de dictamen, el cual concluyó con la presente resolución.
II. Antecedentes
En nuestra nación se reguló por primera vez la figura del corredor público, en el Título Tercero del Libro Primero del Código de Comercio de 1884, como agentes auxiliares del comercio, ante quien se propone, ajustan y otorgan los contratos mercantiles.
Con las reformas realizadas a este Título, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 1970, se dotó al corredor público de fe pública, cuando así lo previera el propio código u otras leyes y se le facultó para actuar como perito en asuntos de tráfico mercantil.
Dado el proceso de transformaciones económicas mundiales y debido a la demanda de una profunda modernización de las estructuras económicas de México, tal y como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se hace necesario modificar este ordenamiento, a fin de regular, especificar y detallar la figura del corredor público, como un medio de respuesta ágil a los retos económicos actuales.
III. Contenido de la iniciativa
El proyecto consta de 28 artículos de los cuales cinco son transitorios, destacándose de su contenido lo siguiente:
1. Se define al corredor público como un auxiliar de comercio, por lo que no modifica su calidad con respecto al ordenamiento vigente.
2. Se establece como única autoridad facultada para la aplicación del ordenamiento a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, señalándose, entre otras, las siguientes atribuciones: vigilar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos; vigilar a los colegios de corredores públicos; realizar los exámenes a las personas que deseen obtener la habilitación; otorgar y revocar las habilitaciones; imponer las sanciones que se prescriban en el proyecto y las demás que señalen las leyes y reglamentos.
3. Se divide al territorio nacional en plazas, a fin de regular el establecimiento de los colegios de corredores y la competencia de cada corredor, señalándose que podrán actuar fuera de su plaza, a excepción de que actúen como fedatarios, caso en el cual sólo podrán actuar en su plaza correspondiente.
4. Se detallan y especifican las facultades de los corredores públicos, indicándose además en que casos actuarán como fedatarios públicos. Esto sin perjuicio de las demás facultades que le otorguen otros ordenamientos, como la Ley General de Título y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley General de Población, entre otras.
5. Dentro de las funciones se considera que es muy conveniente facultarlo para asesorar a las partes y para actuar como árbitro cuando así les sea solicitado.
6. En el Proyecto se establecen los requisitos para ser corredor público, eliminándose, de acuerdo con el ordenamiento vigente, los que se consideran innecesarios.
Dentro de estos requisitos se exige que los aspirantes a corredor público sean licenciados en derecho únicamente, lo cual fortalece dicha figura, ya que únicamente un experto conocedor del derecho puede realizar debida y correctamente esta función.
Además se exige que los aspirantes tengan una práctica profesional de dos años, lo cual garantiza la capacidad con que deben contar los corredores públicos.
7. Se regulan con mayor precisión los procedimientos para obtener la habilitación correspondiente, mediante exámenes calificados por diversas autoridades, los que contarán con un mayor grado de dificultad.
8. Se especifican las obligaciones que deberán cumplir los corredores públicos una vez habilitados por la Secretaría para poder entrar en funciones.
9. Se eliminan los aranceles, abriéndose la posibilidad legal de pactar libremente el monto de los honorarios del corredor, siempre y cuando se ostente "en forma clara y notoria a la vista del público, el monto que corresponda a los principales servicios que ofrezca".
10. Se incluye en el concepto de póliza, además de los contratos mercantiles, los actos y convenios en los que el corredor está autorizado para intervenir como fedatario público.
11. Se detallan las atribuciones y facultades de los colegios de corredores y se reduce el número necesario de corredores para integrar el colegio correspondiente en una plaza.
12. Se precisan con mayor detalle las obligaciones de los corredores públicos.
13. Se define puntualmente el contenido de las actas y pólizas, lo cual es sumamente importante ya que se otorga mayor seguridad jurídica a los otorgantes.
IV. Contenido de la minuta
El proyecto de Ley Federal de Correduría Pública, enviado por el Senado a ésta Cámara, acepta en lo general el contenido de la iniciativa.
Sin embargo, tras el exhaustivo análisis efectuado, la Cámara de origen, realizó las siguientes modificaciones:
1. Artículo 6o. fracción VI. En el senado se suprimió de esta fracción lo correspondiente al otorgamiento, modificación o revocación de poderes por parte de los corredores públicos.
La comisión que dictamina considera acertada esta decisión debido a que dicha facultad corresponde única y exclusivamente a los notarios, debido a su carácter eminentemente civil y su pertenencia al ámbito local.
Por tanto, al delimitar esta Ley las facultades de ambos servidores, y a fin de evitar confusiones y errores entre el público en general, fue conveniente precisar sus funciones.
2. Artículo 10, último párrafo. En el Senado de la República, se añadió a este párrafo un texto que prohibe que sean miembros del jurado en los exámenes, las personas que tengan alguna relación de parentesco o laboral o que perciban honorarios del sustentante.
Del mismo modo que en el caso anterior, la presente Comisión considera conveniente esta modificación, debido a que los exámenes se deben realizar con la mayor imparcialidad posible, a fin de asegurar que únicamente obtengan la habilitación las personas que se encuentren en capacidad de ejercer sus funciones de una manera correcta, cabal y eficiente.
3. Artículo 16, último párrafo. A la iniciativa enviada por el Ejecutivo, el Senado adicionó al mencionado artículo la obligación de acatar lo dispuesto en la Sección Cuarta del Capítulo III de la Ley del Notariado del Distrito Federal, en cuanto a lo que se refiere a las sociedades mercantiles.
Dicho apartado de la mencionada Ley, se refiere al protocolo, apéndice e índice, señalando las características que estos libros deben contener y la forma en que deben ser utilizados.
Esta modificación realizada por la honorable Cámara de Senadores, también es considerada oportuna por esta Comisión, ya que tiene a otorgar mayor seguridad jurídica a los otorgantes y comparecientes, además de obligar a los corredores públicos a llevar un determinado orden, responsabilizándoseles por cualquier falta o error que cometan en perjuicio de sus clientes.
4. Artículo 18. El Senado suprimió el cuarto párrafo de este artículo que se contenía en la iniciativa, el cual facultaba a los corredores a ratificar las firmas de un documento, sin responsabilizarlos por el contenido del mismo.
Al suprimir esta facultad, se obliga a los corredores a cerciorarse del fondo del asunto en
cuanto a la legalidad del objeto o materia del acto, convenio o contrato y de su posibilidad física y legal.
Por las razones antes citadas, la Comisión que dictamina considera oportuna y adecuada esta modificación a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal.
5. Artículo 20. En la minuta enviada por el Senado de la República, se agregan a este artículo 5o. fracciones (de la VI a la X), que se refieren a las prohibiciones de los corredores públicos.
Considerando esta Comisión que las fracciones adicionales son necesarias para la reglamentación del ejercicio de la correduría pública, ya que de otra manera estarían en desventaja los notarios, al no poder actuar por Ley en ciertos casos en los cuales, de no haberse realizado esta pertinente modificación, los corredores podrían actuar con toda legalidad.
6. Artículo cuarto transitorio. El Senado, como Cámara de origen modificó este artículo, suprimiendo la obligación de contar con el título de licenciado en derecho para que los corredores habilitados conforme al Código de Comercio, pudieran solicitar y obtener una nueva habilitación, conforme a esta Ley.
Con esta modificación se busca que el proyecto de Ley que se discute, se aplique por igual a todos los corredores previamente habilitados, sin hacer diferencia entre unos y otros debido al título profesional que ostentan. De otra manera se violaría el artículo 14 constitucional, haciendo retroactiva la Ley en perjuicio de persona alguna. Por tanto, la Comisión que suscribe acepta esta modificación.
La Comisión de Comercio, tras haber analizado en profundidad el proyecto de Ley que se presenta, concluyó que la misma es una Ley pertinente que se adecua a las actuales exigencias de nuestra nación y que las disposiciones de la misma son acertadas y oportunas, así como las modificaciones realizadas por la honorable Cámara de Senadores.
Por tanto, y debido a las anteriores consideraciones, con fundamento en los artículos 28, 72 y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 64 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la Comisión de Comercio se permite someter a la consideración de este Pleno, el siguiente
PROYECTO DE LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA
Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de observancia en toda la República. Su objeto es regular la función del corredor público.
Artículo 2o. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.
Cuando esta Ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Artículo 3o. Corresponde a la Secretaría:
I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos como auxiliares del comercio, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;
II. Examinar a las personas que deseen obtener la calidad de aspirantes o corredores o a ejercer como corredores públicos, asegurándose de que éstos sean personas dotadas de alta calidad profesional y reconocida honorabilidad;
III. Expedir y revocar las habilitaciones correspondientes;
IV Expedir la actuación de los corredores públicos y la de los colegios de corredores;
V. Imponer las sanciones que prescribe la presente Ley, y VI. Las demás funciones que dispongan las leyes y reglamentos.
Artículo 4o. Para efectos de la presente Ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada Estado y otra por el Distrito Federal.
Artículo 5o. Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva. Cuando actúen como fedatarios los podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, aunque los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar.
El corredor sólo podrá cambiar de plaza previa autorización de la Secretaría.
Artículo 6o. Al corredor público corresponde:
I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;
II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;
III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;
IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;
V. Actuar como fedatario publico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles; así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, y en el otorgamiento de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, de acuerdo con la ley de la materia;
VI. Actuar como fedatarios en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
VII. Las demás funciones que le señalen esta y otras leyes o reglamentos. Las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores públicos.
Artículo 7o. Sólo podrán ostentarse como corredores públicos las personas habilitadas por la Secretaría, en los términos de esta ley. La infracción a este precepto será sancionada con una multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, monto que podrá imponerse diariamente mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte.
Artículo 8o. Para corredor se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con título profesional de licenciado en derecho y la cédula correspondiente;
III. No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoria, por delito intencional que merezca pena corporal; y
IV. Solicitar, presentar y aprobar el examen para aspirante y el examen definitivo, habiendo obtenido la habilitación correspondiente.
Artículo 9o. Para la realización de los exámenes se estará a los siguientes:
I. Para el examen de aspirantes se deberá:
a) Contar con título de licenciado en derecho y acreditar una práctica profesional de por lo menos dos años;
b) Presentar solicitud ante la Secretaría, la que, dentro de los noventa días naturales siguientes a su fecha de recepción, notificará directamente o a través del colegio respectivo, la fecha y el lugar para la sustentación del examen; y
c) Presentar el examen de acuerdo con lo que disponga el reglamento. La Secretaría le notificará el resultado al día siguiente.
II. Para el examen definitivo se deberá:
a) Haber obtenido la calidad de aspirante a corredor;
b) Acreditar una práctica de por lo menos un año en el despacho de algún corredor o notario público; y
c) Presentar la solicitud correspondiente observándose en lo conducente lo que dispone el inciso B, de la fracción I anterior.
Artículo 10. El examen definitivo será sustentado ante un jurado que se integrará como sigue:
I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;
II. Un representante del Gobernador del Estado o del Jefe del Departamento del Distrito Federal, según corresponda; y
III. Un corredor público designado por el colegio de corredores local o, en su defecto, por la Secretaría.
No podrá fungir como miembro del jurado el corredor bajo cuya responsabilidad realizó su práctica el sustentante o persona alguna que tenga relación de parentesco o laboral o que perciba honorarios de dichos sustentante.
Artículo 11. El examen definitivo constará de dos partes:
I. Una prueba escrita, que podrá consistir en la resolución de un cuestionario o en la redacción de una póliza o acta, una u otra de alto grado de dificultad; y
II. Una prueba oral, que consistirá en las preguntas que los miembros del jurado harán al sustentante sobre la prueba a que se refiere la fracción anterior y sobre cuestiones jurídicas aplicables a la función del corredor público.
Compete en exclusiva al jurado decidir si el sustentante es o no apto para ejercer como corredor público. La decisión del jurado no admitirá recurso alguno.
El sustentante que no apruebe el examen no podrá volver a solicitar otro sino hasta transcurridos seis meses.
Artículo 12. La persona habilitada para ejercer como corredor público, previamente al inicio de sus funciones, deberá:
I. Otorgar la garantía que señala la Secretaría;
II. Proveerse a su costa de sello y libro de registro debidamente autorizados por la Secretaría. El sello tendrá forma circular, con un diámetro de cuatro centímetros, en el centro el Escudo Nacional y alrededor de éste la inscripción de la plaza que corresponde, el número de corredor de dicha plaza y el nombre y apellidos del corredor;
III. Registrar el sello y su firma ante la Secretaría y el Registro Público de Comercio de la plaza que corresponda; y
IV. Establecer su oficina en la plaza para la que fue habilitado, dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido la habilitación correspondiente.
Satisfechos todos los requisitos que anteceden, la Secretaría mandará publicar en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico o gaceta de la entidad federativa de que se trate, el acuerdo de habilitación correspondiente, a partir de lo cual el corredor público podrá iniciar el ejercicio de sus funciones.
Artículo 13. El corredor público sólo podrá excusarse de actuar en caso de existir prohibición legal, así como en días festivos, y feriados u horas inhábiles, o cuando los interesados no le anticipen los gastos necesarios.
Artículo 14. El corredor público podrá pactar libremente el monto de sus honorarios. Sin embargo, deberá ostentar, en forma clara y notoria a la vista del público, el monto que corresponda a los principales servicios que ofrezca el público y deberá especificar a sus clientes sus honorarios y gastos aproximados antes de proceder a prestar el servicio o servicios.
Artículo 15. Son obligaciones del corredor público.
I. Ejercer personalmente su función, con probidad, rectitud y eficiencia;
II. No retrasar indebidamente la conclusión de los asuntos que se le plantean;
III. Proponer los negocios con exactitud, claridad y precisión;
IV. Asegurarse de la identidad de las partes que contraten, convengan o ratifiquen ante su fe, así como de sus capacidad legal para contratar y obligarse, así como orientar y explicar a las partes o comparecientes el valor y las consecuencias legales de los actos de que se trate;
V. Guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones, y, cuando actúe con el carácter de mediador, no revelar, mientras no se concluya el acto, convenio o contrato, los nombres de los contratantes ni los datos o informes sobre el acto, a menos que lo exija la ley o la naturaleza de la operación, o medie consentimiento de las partes;
VI. Expedir las copias certificadas de las actas y pólizas que le soliciten los interesados, así como de los documentos originales que haya tenido a la vista;
VII. Dar toda clase de facilidades para la inspección que de su archivo y libros de registro practique un representante de la Secretaría;
VIII. Dar aviso a la Secretaría para separarse del ejercicio de su función por un plazo mayor a 20 días y menor de 90 y, cuando exceda de este último término, solicitar la licencia respectiva, la cual podrá ser renunciable;
IX. Pertenecer al colegio de corredores de la plaza en que ejerza; y
X. Las demás que dispongan las leyes y reglamentos.
Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en el libro especial que llevarán el efecto y que se denominarán de registro, el cual no deberán tener raspaduras, enmendaduras, interlineaciones o abreviaturas.
El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por el reglamento de esta Ley, cuando se trate de cualquiera de los actos a que se refiere la fracción VI del artículo 6o. de esta ley, se estará, en lo conducente, a lo dispuesto en la Sección Cuarta del Capítulo III de la Ley del Notario para el Distrito Federal y el Reglamento de esta Ley.
Artículo 17. El libro de registro y el archivo de pólizas y actas de los corredores que por cualquier motivo dejen de ejercer, serán entregados por quien los tuviera en su poder al colegio de corredores respectivo para su guarda, y si no lo hubiera, a la Secretaría.
Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto, convenio o contrato mercantil en el que esté autorizado a intervenir como funcionario revestido de fe pública.
Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que corredor intervino con fe pública y que contendrá las circunstancias relativas al mismo.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas que expida de las pólizas, actas y asientos son documentos que hacen prueba plena de los contratos, actas o hechos respectivos.
El corredor podrá expedir copias certificadas para hacer constar las actas o pólizas en que haya intervenido, siempre que obren en su archivo y que aparezcan debidamente registradas en el libro correspondiente.
Artículo 19. Las pólizas y actas a que se refiere el artículo anterior deberán:
I. Contener el lugar y fecha de su elaboración y el nombre y número del corredor, así como su firma y sello;
II. Consignar los antecedentes y contener la certificación, en su caso, de que el corredor tuvo a la vista los documentos que se le hubieren presentado;
III. Ser redactados con claridad, precisión y concisión;
IV. Dejar acreditada la personalidad de las partes o comparecientes, así como los datos de quien comparezca en representación de otros, relacionando o insertando los documentos respectivos, o agregándolos en copia cotejada al archivo, con mención de ello en el instrumento correspondiente;
V. Elaborarse en español, incluidos los documentos que se presenten en idioma extranjero;
VI. Hacer constar que el corredor se aseguró de la identidad de las partes contratantes o ratificantes y que, a su juicio, tienen capacidad legal;
VII. Hacer constar que les fue leído el instrumento a las partes, testigos o intérpretes, o que la leyeron ellos mismos;
VIII. Hacer constar que el corredor les explicó a las partes el valor y las consecuencias legales del contenido del instrumento;
IX. Hacer constar que las partes firmaron de conformidad el instrumento, o, en su caso, que no lo firmaron por haber declarado no saber o no poder hacerlo, en cuyo caso firmará la persona que elija, sin que lo pueda hacer el corredor. En todo caso, la persona que no firme imprimirá su huella digital;
X. Hacer constar la fecha o fechas de firma;
XI. Hacer constar la declaración, en su caso, de los representantes en el sentido de que sus representados tienen capacidad legal y que la representación que ostentan no les ha sido revocada ni limitada;
XII. Hacer constar los hechos que presencie el corredor y que sean integrantes del acto de que se trate, así como la entrega de dinero o títulos; y
XIII. Hacer constar lo demás que dispongan las leyes y reglamentos.
Artículo 20. A los corredores les estará prohibido:
I. Comerciar por cuenta propia o ser comisionistas;
II. Ser factores o dependientes;
III. Adquirir para sí o para su cónyuge, ascendientes o descendientes, o parientes colaterales hasta el cuarto grado, los efectos que se negocien por su conducto;
IV. Expedir copias certificadas de constancia que no obren en su archivo o libro de registro, o no expedirlos íntegramente, o de documentos mercantiles cuando sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo;
V. Ser servidores públicos o militares en activo;
VI. Desempeñar el mandato judicial;
VII. Actuar como fedatario en caso de que intervengan por sí o en representación de tercera persona, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o afines en línea recta sin limitación de grados, los consanguíneos en la colateral hasta en el cuarto grado inclusive, y los afines en la colateral hasta en el segundo grado;
VIII. Ejercer funciones de federatario si el acto o hecho interesa al corredor, a su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción inmediata anterior;
IX. Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario con motivo de los actos o hechos en que intervengan como fedatarios, excepto en los siguientes casos:
a) El dinero o cheques destinados al pago de impuestos de derechos causados por las actas o pólizas efectuadas ante ellos; o
b) En los demás casos en que las leyes así lo permitan;
X. Ejercer su actividad si el hecho o el fin del acto es legalmente imposible o contrario a la ley o a las buenas costumbres; y
XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.
Artículo 21. El corredor público que incumpla con lo dispuesto en esa Ley y su reglamento se hará acreedor a las siguientes sanciones:
I. Amonestación escrita;
II. Multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
III. Suspensión hasta por seis meses en caso de reincidencia;
IV. Cancelación definitiva de la habilitación en los siguientes caso:
a) Violaciones graves y reiteradas a las disposiciones de la presente Ley;
b) Ser condenado por delito intencional, mediante sentencia ejecutoriada que amerite pena corporal; o
c) Haber obtenido la habilitación con información y documentación falsa.
En caso de habérsele cancelado la habilitación, no podrán volver a ser habilitado.
Las sanciones serán aplicadas por la Secretaría atendiendo a la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor y oyendo previamente al interesado, el cual tendrá un plazo perentorio para aportar pruebas, de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.
Artículo 22. La resolución que se dicte suspendiendo o cancelando la habilitación de un corredor, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa respectiva.
Artículo 23. En cada entidad federativa en que haya tres o más corredores, se establecerá un colegio de corredores que tendrán las siguientes funciones:
I. Promover en su plazo el correcto ejercicio de la función de corredor, de acuerdo con lo que dispone la Ley;
II. Proponer a la Secretaría los cuestionarios de los exámenes que se requieran para adquirir la calidad de aspirante a corredor, así como del definitivo;
III. Participar en el jurado a que esta ley se refiere;
IV. Turnar a la Secretaría las solicitudes de exámenes que haya recibido;
V. Comunicar a la Secretaría sobre la existencia de infracciones a esta Ley o su reglamento;
VI. Rendir a las autoridades los informes que les soliciten en las materias de su competencia;
VII. Fomentar la creación de nuevas corredurías públicas y el incremento de la calidad de sus servicios; y
VIII. Las demás que fijen las leyes y reglamentos.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan el Título Tercero del Libro Primero del Código de Comercio que comprende los artículos 51 a 74, así como las demás disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Tercero. A partir de que entre en vigor la presente Ley, sólo podrán ser habilitados como corredores, licenciados en derecho con título legalmente expedidos y registrados.
Cuarto. Los corredores públicos que hayan sido habilitados conforme a las disposiciones del Código de Comercio se continuarán regulando por éste. Los corredores públicos que hayan sido habilitados antes de la entrada en vigor de la presente Ley podrán solicitar y obtener una nueva habilitación sin más requisitos, en cuyo caso serán regulados por la presente Ley a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
Quinto. Mientras se expide el reglamento correspondiente, continuará siendo aplicable en toda la República el Reglamento de Corredores para la plaza de México de 1o. de noviembre de 1891, en cuanto no se oponga a lo establecido en la presente Ley.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 17 de diciembre de 1992.
Es de primera lectura.
El Presidente:- Continué la Secretaría.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Héctor Morquecho Rivera:- Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se dará lectura al orden del día.
Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo año.- LV Legislatura.
Orden del día
18 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Recinto de la Cámara de Diputados el nombre de "Servando Teresa de Mier".
De la Comisión de Turismo, con proyecto de Ley Federal de Turismo.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley Federal de Correduría Pública.
De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para prestar servicios como inspectores de campo en el departamento de agricultura de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
El Presidente (a las 03.00 horas):- Se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar hoy, viernes 18 de diciembre, a las 12.00 horas.