Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921218 - Número de Diario 23
(L55A2P1oN023F19921218.xml)Núm. Diario: 23ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., viernes 18 de diciembre de 1992 No. 23
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Servando Teresa de Mier.
Para su discusión hacen uso de la palabra los diputados:
Héctor Ortiz Ortiz, para fundamentar el dictamen.
Martín Tavira Urióstegui, en pro.
Manuel Terrazas Guerrero, en pro.
Yolanda Elizondo Maltos, en pro
Oscar Herrera Hosking, en pro.
Alvaro Salazar Lozano, para rectificar hechos.
Esteban Zamora Camacho, en contra.
Agustín Basave Benítez, para rectificar hechos.
Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
De la Comisión de turismo, con proyecto de Ley Federal de Turismo.
Para su discusión en lo general y en lo particular hacen uso de la palabra los diputados:
Raúl Velasco Gómez, para fundamentar el dictamen.
Martín Tavira Urióstegui, en contra.
Eberto Croda Rodríguez, en pro.
Atalo Sandoval García
Juan Bonifaz Trujillo, para rectificar hechos.
Estanislao Pérez Hernández, en pro.
Humberto flores Cuéllar, en pro.
Fernando Navarrete Magdaleno, en pro.
Juan Caballero Peraza, en pro.
Gladys Cano Conde, en pro.
René Bejarano Martínez, se solicita se publique un documento.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, toman la palabra los diputados:
Francisco Arroyo Vieyra
Atalo Sandoval García
Juan Bonifaz Trujillo
René Bejarano Martínez
Francisco Arroyo Vieyra
Javier Centeno Avila
Gustavo Gámez Pérez
Se aprueba en lo general y en lo particular y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Para su discusión en lo general y en lo particular toman la palabra los diputados:
José Ruiz de la Herrán, para fundamentar el dictamen.
Gabriela Guerrero Oliveros, en contra.
Servando Hernández Camacho, en contra.
Juan Huezo Pelayo, en pro.
Raúl Alvarez Garín, en contra.
Fauzi Hamdan Amad, para fundamentar el criterio de su partido.
Miguel Osorio Marbán, en pro.
Jorge Calderón Salazar, para rectificar hechos.
José Téllez Rincón
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Pablo Casas Jaime, en pro.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
José Téllez Rincón. para rectificar hechos.
Guillermo Flores Velasco, en contra.
Gilberto Rincón Gallardo, para informar que su grupo parlamentario se retira del debate.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Juan José Rodríguez Prats, en pro.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Jorge Tovar Montañez, en contra.
Abundio Ramírez Vázquez. en pro.
Guillermo González Díaz, en pro.
Juan Campos Vega, para rectificar hechos.
Hugo Palacios Laguna, para rectificar hechos
Cecilia Soto González, en contra.
Cuauhtémoc López Sánchez, en pro.
Martín Tavira Urióstegui, para rectificar hechos.
Pedro Ojeda Paullada, para rectificar hechos.
Adrián del Arenal Pérez, quien propone una reforma al artículo 13.
Se ponen a consideración de la Asamblea, las proposiciones.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, puedan prestar sus servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Montemorelos, Nuevo León. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro el nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO SALVADOR ABASCAL CARRANZA
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Señor Presidente, se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 384 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 13.33 horas): - Se abre la sesión.
Esta Presidencia informa que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se encuentra en reunión, se incorporarán en breve a los trabajos de esta sesión.
También existen algunas otras reuniones de comisión, y los señores diputados de esas comisiones se integrarán también en cuanto terminen sus trabajos, al pleno de esta Asamblea.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Pérez Díaz: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
18 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Recinto de la Cámara de Diputados el nombre de "Servando Teresa de Mier".
De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Ley Federal de Turismo.
De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para prestar servicios como inspectores de campo en el departamento de agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León. Comentarios sobre la situación preelectoral en el Estado de guerrero, a cargo del ciudadano diputado Guillermo Sánchez Nava, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan Cárdenas García
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con veinticinco minutos del día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos diecinueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Chiapas, por la que informa de asuntos propios de su legislatura. De enterado.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia una explosión y daños ecológicos en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Salud, con opinión de los Derechos Humanos.
Para referirse al mismo asunto y externar su opinión, hace uso de la palabra el diputado Juan Antonio Nemi Dip, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar las opiniones de los grupos parlamentarios que integran la quincuagésima quinta legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio, se concede el uso de la palabra a los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, quien propone convocar a un período de sesiones extraordinarias a fin de examinar los alcances de dicho tratado; Luis Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional; Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, a quien solicita que se excite a las comisiones que tratan sobre iniciativas presentadas por su partido, lo que así hace el Presidente y Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica, la Asamblea desecha la proposición del diputado Ramírez Cuéllar.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta lo que dijo son diez mil firmas de residentes en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, en relación con los gastos aduanales para cruzar la frontera de aquel país hacia México. Solicita que se excite a las comisiones que entienden de la iniciativa presentada por su partido el pasado ocho de diciembre y el Presidente así lo hace.
Presidencia del Diputado Salvador Abascal Carranza
Para rectificar hechos respecto al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional; Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional; Raúl Velasco Gómez, del mismo Partido; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional y Abundino Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Sube a la tribuna el diputado Daniel de la Garza Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos setenta y uno, setenta y tres y ciento quince, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Publico.
Presidencia del diputado Juan Cárdenas García
En virtud de haberse impreso y distribuido entre los señores diputados, los dictámenes de la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Comisión de Turismo con proyecto de Ley Federal de Turismo, la Asamblea les dispensa la lectura. Son de primera lectura.
La Secretaría da cuenta con un dictámen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, puedan prestar sus servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León. Es de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto que abroga el similar que prorroga los contratos de arrendamientos de las casas o locales que se citan. En virtud de haberse impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.
La Asamblea ratifica la decisión de los integrantes de la Comisión dictaminadora, en el sentido de que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un sólo acto y hace uso de la palabra el diputado Aníbal Pacheco López, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen.
Para expresar las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en pro; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Manuel Terrazas Guerrero, del
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro;
Presidencia del diputado José Ramos González
Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática en pro; Guillermo Flores Velasco, del mismo partido, en el mismo sentido y Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos González Durán, del mismo Partido; Anibal Pacheco López, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Everardo Gámiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
Para proponer una reforma a los artículos primero y tercero, hace uso de la palabra el diputado Alberto Monterde Reyes, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría somete a la consideración de la Asamblea las proposiciones hechas durante el debate y se aprueban las que corresponden a la fracción cuarta del artículo segundo, del Partido Popular Socialista y a los artículos primero y tercero, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y cinco votos. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Juan Cárdenas García
Por las mismas razones que los anteriores, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres y se somete a discusión de inmediato.
La Asamblea ratifica el acuerdo de los miembros de la comisión dictaminadora, en el sentido de que la discusión se realice en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Silvestre Fernández Barajas, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente otorga el uso de la palabra, para expresar opiniones en lo general, en lo particular o para presentar proposiciones de reformas, a los diputados: Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone reformas al artículo sexto; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Gonzálo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, en contra; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro;
Presidencia del diputado Salvador Abascal Carranza
Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra;
Presidencia del diputado Juan Cárdenas García
Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, en contra; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática en contra; Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; y Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta interpelaciones de los diputados Bejarano Martínez y Ruiz Anchondo.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, quien contesta interpelaciones de los diputados Lerdo de Tejada y Manuel Díaz Infante; Miguel León Corrales, del partido de la Revolución Democrática; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; René Bejarano Martínez y Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y José Ramírez Román, del Partido Revolucionario Institucional.
Continúa el debate y hacen uso de la palabra los diputados Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Altamirano Dimas; Gonzálo Altamirano Dimas, para
contestar alusiones personales; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Gonzálo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido; Fernando Ordorica Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Juan José Castillo Mota, del mismo Partido y en el mismo sentido; Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Roberto Castellanos Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y para rectificar hechos, los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional.
Por instrucciones del Presidente la Secretaría somete a consideración de la Asamblea las proposiciones realizadas durante el debate y en votaciones económicas se aprueben las referentes al artículo sexto y al programa F-2, presentadas por el Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y nueve votos.
El Presidente informa que en el curso de la sesión, la Comisión de Comercio entrego el dictamen con proyecto de Ley Federal de Correduría Pública y, en virtud de que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie mas que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de ayer a las dos horas con cincuenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las doce horas.»
El Presidente: - En consecuencia ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior, y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, se sirva manifestarlo.
El Secretario Luis Pérez Díaz: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
*LETRAS DE ORO
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Servando Teresa de Mier.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
Es de segunda lectura.
El Presidente: - A esta Presidencia ha llegado la solicitud, en términos del 108, para que a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, el diputado Héctor Ortiz haga la fundamentación del dictamen, en consecuencia tiene la palabra.
El diputado Héctor Ortíz Ortíz: - Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, acudo a este tribuna con objeto de referirme a la fundamentación del dictamen con proyecto de decreto que fue sometido a la consideración de
*Este dictamen se publicó en el Diario No. 20 del día 15 de diciembre de 1992.
esta honorable Asamblea para que se inscriba con letras de oro en este recinto, el nombre de Servando Teresa de Mier.
La iniciativa correspondiente, presentada por diputados de distintos partidos políticos, fue turnada oportunamente a esta Comisión, que en forma minuciosa se abocó a su estudio para formular las consideraciones que sirvieron de base al dictamen.
En efecto, como en el texto se expresa, rendir homenaje a quienes con sus aportaciones transforman a la sociedad, a fin de obtener mejores condiciones de vida para sus integrantes, dignifica a todo pueblo que reconoce en su historia y sus valores la esencia fundamental de su cultura. Por ello es altamente significativo que en el recinto de esta honorable Cámara de Diputados, se encuentren inscritos los nombres de algunos próceres que en su tiempo y circunstancias, entregaron lo mejor de sí mismos para construir este gran país del que los mexicanos nos sentimos legítimamente orgullosos.
En el caso que ocupa nuestra atención, habida cuenta de la amplitud y pertinencia de los razonamientos contenidos en la propia iniciativa, así como lo extenso de la vida y obra del personaje, la Comisión se remitió en el dictamen algunas breves referencias biográficas.
Fray Servando Teresa de Mier y Guerra, que tal era su nombre completo, aunque se le conoció solamente como Servando Teresa de Mier, fue originario de Monterrey, hoy parte del Estado de Nuevo León, donde nació el 18 de octubre de 1763, y falleció en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1827. Político e historiador, sacerdote y liberal, actor e ideológico de la Revolución de Independencia y Constituyente de 1824. Predicador notable.
En el ejercicio de su ministerio alcanzó el reconocimiento general por sus dotes oratorias, sus prédicas se cuestionaban las tradiciones religiosas, socavan en el fondo la sustentación de los supuestos derechos de la corona española para gobernar a México.
Tal actitud le hizo merecedor del destierro por 10 años en España, con la pérdida de la cátedra del púlpito y del confesionario, así como del título de doctor.
Fugándose de las prisiones de España, llega a Londres, desde donde publica en 1813 su obra Historia de la Revolución de la Nueva España, en la que realiza una vigorosa denuncia de los abusos de que son objeto los pueblos de América por parte de la corona, y siembra en el pensamiento europeo las razones que sustentan la lucha por la independencia de México.
El movimiento insurgente había perdido a sus más preclaros dirigentes, Hidalgo y Morelos. En esta circunstancia, Fray Servando Teresa de Mier, conoce en Inglaterra a Francisco Javier Mina y lo persuade a organizar una expedición para liberar a la Nueva España, él mismo forma parte de ella, y trae consigo sus ideas, su ímpetu libertario y una imprenta con la que de inmediato se dedica a publicar proclamas, bandos, y todo tipo de propaganda para apoyar la causa de la insurgencia.
Sufre nuevamente encarcelamientos, vejaciones y destierros, hasta que vencido el poder español, el Congreso Constituyente Mexicano lo saca de la cárcel de San Juan de Ulúa, por ser él parte del propio Congreso por el Estado de Nuevo León.
Como republicano convencido, combate en el Congreso a Agustín de Iturbide por haberse coronado emperador, y es nuevamente encarcelado en el convento de Santo Domingo, donde se fuga una vez más.
Fue reelecto diputado en el Segundo Congreso Constituyente, donde pronunció el 13 de diciembre de 1823 su famoso discurso de las profecías, que tantas controversias provocó y en el que abogó porque se estableciera el sistema federalista atemperado; fue de los firmantes del acta de 1824, constitutiva de la federación, y también lo fue de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Su prestigio era tal entonces que el Presidente Guadalupe Victoria lo llevó a vivir al Palacio Nacional, en reconocimiento al talento que había demostrado.
Cayendo entonces gravemente enfermo, Fray Servando quiso ser asistido espiritualmente, y fue el propio ministro de negocios eclesiásticos y justicia, Miguel Ramos Arizpe, su reconocido adversario político, quien le administró el viático. A su muerte, se le dio sepultura con grandes honores en el templo de Santo Domingo.
Apasionante sin duda es la vida y obra de Fray Servando Teresa de Mier; la riqueza de su pensamiento sigue siendo analizada por los estudiosos de la historia, y este dictamen sólo contiene un breve esbozo de una personalidad que invita a ser conocida más de cerca.
Sus aportaciones a la conformación de la patria son relevantes; participa con la acción política y la pluma en la revolución de Independencia, desde su gestación hasta que ésta se consuma, mediante la separación definitiva de España.
Así Servando Teresa de Mier constituye la punta de lanza que abrió la brecha por donde transitaría impetuoso e incontenible el gran movimiento revolucionario de Independencia.
Su pensamiento fue precursor de las características que adoptaría nuestro Estado nacional; él pugnaba por una República nueva, moderna, libre y soberana, regida por el derecho y gobernada en beneficio de los mexicanos.
Los 6 mil ejemplares, esparcidos en el país de su memoria política instructiva, dirigida desde Filadelfia a los jefes del Anáhuac, generalizaron la idea de la República; atacado injustamente de centralista como legislador, el análisis elemental de su pensamiento evidencia su verdadero propósito: Lograr la cohesión del país, a través de una descentralización paulatina, que evitara el desgajamiento de un Estado en formación.
Postuló que nuestro federalismo no debía ser una calca del que se había establecido en los Estados Unidos. Entre ambos buscaba la conciliación.
Así en el Congreso Constituyente de 1923-1924 expresó: "¿Qué, pues concluiremos de todo esto? Se me dirá: ¿Quiere usted que nos constituyamos en una República Central? No, yo siempre he estado por la Federación razonable y moderada, conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente, que debe hallarlos muy unidos". Testimonio éste, que hecha por tierra las afirmaciones que en forma aviesa o equivocada se han esgrimido en su contra.
Su ejemplo de valor civil, de firmeza en su convicciones y de amor a la patria, debe estar presente en la memoria del pueblo mexicano.
Fue un hombre ilustrado, como Hidalgo, y un heterodoxo frente a las convenciones de su época.
La adversidad templó su carácter, le formó una voluntad férrea e inquebrantable y reafirmó sus convicciones de libertad e independencia del dominio español.
Desde la celda donde se encontrara, escribía sin cesar sobre sus tesis independistas. Hoy nadie le regatea ser uno de los precursores de nuestra soberanía.
En nuestros días, ante la asechanza de nuevas formas de dominación extranacional, de diversas manifestaciones de coloniaje, que amenazan con deteriorar nuestra identidad y nuestra libertad para autodeterminarlos, las tesis de Servando Teresa de Mier cobran mayor vigencia y convocan a los mexicanos, todos, a mantener la unidad, para preservar la independencia de la nación.
Los méritos de nuestro personaje, como político, ideólogo, historiador y actor principal en el movimiento de consumación de la Independencia, son así indiscutibles.
Debo referir, además, que la Comisión tomó en cuenta el hecho de que en el año de 1987, al conmemorarse los 160 años de su deceso se le rindiera homenaje en el pleno de este Cuerpo Legislativo, y se hiciera por los diversos de diverso partidos igual petición a la que se dictamina en esta Asamblea.
Trascender en el tiempo, ocupar espacios en los anales de la historia, sólo corresponde a quienes en su circunstancia son individuos de excepción; personajes cuya vida u obra son relevantes, ejemplares y transformadores de la sociedad. Hombres o mujeres cuyo pensamiento o acción sientan precedentes, señalan rumbos, trazan formas innovadoras.
Fray Servando Teresa de Mier corresponde a esta clase singular, de la cual la historia de México está repleta. Algunos de ellos son recordados con reconocimiento y respeto por la nación, en éste, el más alto foro de la patria.
Por todo lo expuesto, en opinión de la Comisión es de estricta justicia que esta soberanía otorgue su voto favorable, para que se inscriba con letras de oro en los muros de este recinto, el nombre de Servando Teresa de Mier. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores.
Esta presidencia informa que previamente se han inscrito para fijar posición los siguientes diputados: Martín Tavira, del Partido Popular Socialista; Manuel Terrazas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Yolanda Elizondo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Carlos González Durán, del
Partido de la Revolución Democrática; Oscar Herrera Hosking, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Martín Tavira Urióstegui del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente, distinguidas diputadas, distinguidos diputados:
Con todo derecho llega a este recinto parlamentario el pensamiento, la voz, la acción de Servando Teresa de Mier. Los pueblos, señores Legisladores, se hacen por sus héroes, los héroes son hechos por sus pueblos naturalmente, pero sin la vida de los grandes conductores no se pueden concebir los pueblos ni las naciones.
La historia de cualquier país de la tierra es un arsenal de que disponen los pueblos para defenderse de las asechanzas del exterior y para construir su vida con libertad y con esperanzas en el porvenir.
Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra pertenece a la generación de los grandes constructores de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestra nación.
Justamente junto con Hidalgo pertenece a la generación de los que se llaman cumbres de la ilustración. Cumbres de la ilustración porque no se quedaron con sus ideas ilustradas sino que llevaron a la práctica su pensamiento y fueron constructores del Estado mexicano nuevo, anticolonialista y también construyeron el patriotismo, el nacionalismo.
Si nosotros estudiamos la obra de Servando Teresa de Mier nos daremos cuenta que su pensamiento se enmarca justamente en estas dimensiones de la ilustración, porque en efecto si debemos hablar de una ilustración mexicana, ilustración mexicana que se deriva de la ilustración universal del siglo XVIII pero que tiene su propia personalidad, que ve al interior de nuestro país, que ve a los intereses de la independencia nacional y a la construcción de un Estado moderno.
La heterodoxia de Fray Servando Teresa de Mier se inscribe dentro de esta corriente moderna del pensamiento universal. El junto con los ilustrados del Siglo XVIII rompieron con las camisas de fuerza de la escolástica, de los principios de autoridad y con las llamadas verdades reveladas, fue un rebelde contra las ideas viejas.
Su memorable sermón del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe justamente es el reflejo de esta posición nueva, de esa posición que va a quebrar las tradiciones envejecidas que estancaban el pensamiento y la acción de los hombres.
Y claro todos estos ilustrados sentían el orgullo de ser mexicanos. Palpitaba en su ser esta idea de que México, esta idea profunda de que México no es parte del imperio español y debe romper sus cadenas con todas las fuerzas de que puede disponer.
Cervantes de Teresa de Mier fue uno de esos héroes perseguidos, por sus ideas y por sus acción. Ya lo recordábamos aquí mismo, seis veces fue encarcelado y seis veces escapó. Su vida es novelesca, está esperando una eminente pluma mexicana para que dentro de lo que es la tradición de la novela histórica de nuestro país se inscriba, se escriba la vida de este personaje que, bueno, es un poco la aventura del rebelde revolucionario y mucho más, el patriotismo y el amor por la liberación del pensamiento y la liberación de su patria.
Servando Teresa de Mier es uno de los constructores del Estado nuevo de nuestro país. No sólo aprendió la ideología europea de su tiempo, avanzada, revolucionaria, en contra de los dogmas de la Edad Media, sino que fue como Morelos e Hidalgo, un hombre que miró el suelo de su patria, el carácter de su pueblo, los problemas de su inmenso país, que en aquel tiempo tenía 4 millones de kilómetros cuadrados, antes del robo que nos hizo el imperialismo norteamericano en la Guerra de 1946 y 1947.
No fue un centralista que se inscriba dentro de la corriente conservadora, era realista, pensaba que había que plantear soluciones justas para conservar la integridad de la nación. Tuvo el valor de hablar con claridad en todos los foros y fundamentalmente en el Congreso Nacional. Le echó en cara a Agustín de Iturbide sus ambiciones imperiales; quería que en México surgiera un personaje de sencillez republicana como Simón Bolívar.
Quería que nuestro país se encaminara por las vías de emancipación nacional y de la emancipación del pensamiento. Por eso es justo, distinguidos legisladores, que ahora el Congreso Mexicano, la representación popular le rinda este reconocimiento a uno de los constructores del México de hoy y del México del futuro. Muchas Gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Manuel Terrazas, del Partido
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero diputado Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
El grupo Parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ve así la personalidad, la significación y la importancia de Fray Servando Teresa de Mier.
Fray Servando Teresa de Mier es un personaje de enorme relevancia histórica para nuestro país, es sin lugar a dudas, una figura trascendental en la constitución de la nación. Su aporte no suficientemente valorado por cierto, debe ser reconocido por nosotros, lo está haciendo la Cámara de Diputados. De ahí que pudiera ser un justo reconocimiento incorporar su nombre junto al de otros patricios en esta honorable Cámara de Diputados.
Este gran mexicano al que hoy significativamente le hace justicia la Cámara de Diputados, debe ser considerado como un ejemplo de formación ideológica liberal, es una de las fuentes y partes integrantes del liberalismo mexicano, en el se expresa la apropiación mestiza de lo más avanzado de la filosofía política del siglo de las luces, ciertamente.
En su obra se encuentran los pilares del nacionalismo mexicano. Fue uno de los primeros que construyó aspectos nodales de nuestra identidad nacional...
Se ha dicho por don Jesús Reyes Heroles, que sus veneros doctrinales se hayan en gran medida en Jovellanos, Blanco, Martínez Marina, Amichi y Joaquín Marín y Mendoza. Concibió las ideas liberales clásicas, con el derecho tradicional español, su acercamiento al filósofo inglés Burke, fue superior al que tuvo con el ginebrino Rousseau. Retomando con orientación crítica los ejemplos de las Cortes de Cádiz, la Revolución Norteamericana y movimientos insurgentes de Sudamérica, llegó a la conclusión democrática de la soberanía popular.
Sobre el paradigma de la Revolución Francesa, expresó sus reservas, en particular sobre sus variantes jacobinas. En el liberalismo encuentra la razón filosófica de la Independencia. De ahí su consigna recogida en la sesión del 15 de julio de 1822, en las actas del Congreso Constituyente Mexicano: "Nosotros no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad". Su pensamiento estuvo fuertemente signado del jus naturalismo racionalista y por la teoría contratualista, para explicar el origen y fundamento de la sociedad. Es más un liberal que un demócrata radical.
Todos sabemos del valioso papel de Fray Servando como insurgente, él incorporó a ese solidario internacionalista, destacado de los primeros en la historia con relación a nuestro país, que fue Francisco Javier Mina. Fue él el que incorporó a este ilustre patriota también mexicano y español, a la gesta revolucionaria de la independencia. Pero también debe justipreciarse su obra como Constituyente en las labores legislativas de 1822-1824. Sus aportaciones referidas a los conceptos de soberanía popular, de presentación y a la división de poderes, son muy importantes.
Las circunstancias de la consumación de la Independencia, orillaron al liberalismo mexicano, a compromisos no deseados, con fuerzas que le habían sido opuestas, como Iturbide y la iglesia católica.
El Congreso se convirtió en baluarte antimonárquico y en freno a las corrientes tradicionalistas interesadas en reproducir el anterior status quo de la Colonia. Aquí desempeño Fray Servando un papel protagónico, era importante definir en la perspectiva liberal la supremacía del Legislativo, considerando que el Ejecutivo lo encarnaba Iturbide en las corrientes independistas de última hora.
La actitud beligerante del constituyente Mier, resultó a la postre definitiva para la derrota de la monarquía iturbidista. Su labor ideológica fue vital y definitoria. De Fray Servando debemos el concepto de soberanía nacional, consagrado en el Constituyente de 1822. Del principio de soberanía deriva la noción de libertad para la nación. Después de preguntar sobre en quién reside la soberanía, decía que ésta provenía de la nación especialmente.
En la conformación del federalismo encontramos valoraciones polémicas de nuestro personaje. Las dificultades para integrar el todo nacional empero, deben considerarse para enjuiciar sus opiniones en esta materia e incluso algunos debates respecto a si el federalismo resultó una importación extralógica. esto debe ser tomado en cuenta.
Fray Servando Teresa de Mier en su importante discurso sobre el artículo 5o. del Acta Constitutiva, es muy claro respecto a la cuestión del liberalismo. Ahí propuso desobedecer el
mandato popular en favor de este sistema. En su opinión, respecto a este asunto, al pueblo se le debería conducir, no obedecer. Esa era su concepción. Reconocía que las voluntades se orientaban al federalismo, empero sus dudas sobre la pertinencia de este sistema político eran muy grandes.
Pero debe insistirse en la concepción que tuvo este mexicano ilustre sobre el federalismo, su concepción esencial fundamental. Esto es muy importante para contestar a sus defractores; un asunto que merece ser aclarado, indudablemente.
Hacia finales de diciembre de 1823, expuso sus consideraciones en el Congreso respecto a dicha cuestión. Para él el debate no se reducía a una confrontación entre sistema centralista y federalista. En su opinión, existían distintas formas de federación; lo ejemplificó en Alemania, Suiza, Holanda y los Estados Unidos. Fue partidario de una federación compacta, y la justificó por nuestras costumbres, educación y provisoriamente para la guerra que nos amenaza.
Las invasiones extranjeras del siglo pasado y las dificultades para consolidar el Estado nacional, lo que representó siempre, como amenaza para México, principalmente los Estados Unidos, ya previstos; así le dieron, en buena medida, razón a sus ideas.
A Fray Servando le preocupó cómo conservar la integridad nacional, por ello manifestó su recelo contra quienes al amparo del federalismo se encantaron con la idea de anexionarnos a los Estados Unidos de América.
El ejemplo del "federalista" Lorenzo de Zavala, en una muestra de ello; un liberal que se ayudó a la anexión, a la separación, al despojo de Texas y su incorporación al vecino país del norte, como parte del gran despojo que ha sufrido nuestro país.
Sostuvo la tesis de que la federación norteamericana se había dado entre estados separados e independientes unos de otros y que se federaron para unirse contra la opresión de Inglaterra. En México existían, a su parecer, condiciones distintas porque había una mayor unidad, una federación al estilo norteamericano provocaría problemas; veía en algunos federalistas, representantes auténticos como lo demostraron después del separatismo. Lorenzo de Zavala no desmentiría a Fray Servando.
Insistimos, queremos hacerlo; Fray Servando fue un partidario de lo que él mismo llamó una federación razonable y moderada. Veamos sus argumentos en los debates del Congreso:
"¿Qué pues decía - Fray Servando- concluiremos de todo esto? Se me dirá: ¿Quiere usted que nos constituyamos en una República central? ¡No! Yo siempre he estado por la Federación, pero una federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración, en aquel entonces, digo yo, y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado, seguía diciendo Fray Servando, por un medio entre la confederación laxa de los Estados Unidos cuyos defectos han patentizado muchos escritores y que allá mismo tienen muchos antagonistas, pues el pueblo está dividido entre federalistas y demócratas; un medio, digo, entre la federación laxa de los Estados Unidos y la concentración peligrosa de Colombia y del Perú, un medio en que dejando a las provincias las facultades muy precisas.
Un medio en que dejando a las provincias las facultades muy precisas para proveer las necesidades de su interior y promover su prosperidad, no se destruya la unidad, ahora más que nunca es indispensable para hacernos respetables y temibles a la santa alianza, ni se enerve a la acción del Gobierno que ahora más que nunca debe ser energética para hacer obrar, simultánea y prontamente, todas las fuerzas y recursos de la nación menos turismo silis. Esto es mí voto y mi testamento político."
¡Qué gran enseñanza y qué gran valor de esta ejemplar conducta de Fray Servando Teresa de Mier!
En esta larga cita queda claro el carácter profético del pensamiento de Fray Servando. Su interés por fortalecer la cohesión nacional. Su alerta respecto a invasiones extranjeras. Y su preocupación para estar unidos ante esas emergencias. Le interesó enfrentar las tendencias separatistas de varias regiones.
Repasando nuestra historia nos damos cuenta de las aportaciones de este ilustre mexicano, de alguien que contribuyó a delinear rasgos sustanciales de nuestro perfil nacional. Su legado más importante lo encontramos en nuestro primeros documentos constitucionales. Un liberalismo ajustado a nuestras realidades y proyecto de nación.
Por lo tanto, creemos esta Cámara de Diputados honraría a Fray Servando Teresa de Mier grabando su nombre en su recinto.
¡Nuestra fracción parlamentaria expresa, por lo tanto, su voto favorable! Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Con su venia, señor Presidente.
Una de las épocas más bellas por la sublimación de los derechos del hombre fue la ilustración, la luz de la razón alumbrada; todos los aspectos cotidianos de la sociedad de la cuidadanía universal. La libertad era la esencia medular de esta lucha. Los principios del hombre comenzaban dentro de los derechos naturales. Con la libertad los derechos sociales, económicos y políticos se desarrollaban dentro de ese marco.
Los mexicanos tenemos nuestra historia desbordante de lucha y de hombres que dan su vida por la libertad. "La libertad, Sancho, decía El Quijote, es un don preciado, un don divino. El hombre que pierde la libertad, pierde lo más preciado".
Dentro de los ámbitos represivos de todos los tiempos y de todos los sistemas, el control de la época a favor del Gobierno de aquél tiempo lo ejercía el Santo Oficio, cuyas penas y sentencias eran aterradoras. Sólo un hombre pudo escapar de las mazmorras de la inquisición y este fue Fray Servando Teresa de Mier.
Un auténtico preso político, de 30 años, al que pretendían arrebatarle ese don preciado del que nos habla El Quijote. Hazaña que repita no sin dificultad de las tinajas de San Juan de Ulúa. Después del fracaso de ese sueño prístino que registró en Soto la Marina, al arribo de Francisco Javier Mina.
Sólo un hombre como Fray Servando Teresa de Mier podía lograr estas acciones. Un hombre convencido de lo que es el hombre mismo. Nunca dejó de luchar y en su dialéctica evolutiva logró las representaciones políticas que lo colocaron como testigo y participante de las primeras cartas constitucionales
Nuevo León se enorgullece de sus hijos. En 1763 nace en Monterrey este ilustre mexicano de amplia cultura, pero sobre todo preclaro entendedor de las luchas libertarias. Decía: "El amor de la libertad está en el corazón de todo americano".
Fueron épocas difíciles, muy difíciles, para hombres como él. Fueron retos históricos a los que supieron responder, a sabiendas de que el ser humano, antes que economista, antes que político, antes que ser profesionista, debe ser hombre.
Y sólo hombres conscientes, libres y responsables, en el sentido ético y espiritual, son quienes pueden trascender a la luz de la universalidad. Los que con imaginación creativa e intuitiva, explorando lo desconocido, lo posible y dinamizando el pensamiento, aceptando también el compromiso con la humanidad y con la nación a través de su intervención legislativa, como Fray Servando Teresa de Mier, ejemplifican el desempeño de un hombre ante su nación, un hombre ante sí mismo. La libertad encarnada, hecha hombre: Fray Servando Teresa de Mier.
Decía en uno de sus discursos: "Los que están acostumbrados al silencio que reina en la monarquía, al derredor de la tumba de la libertad, se escandalizan de la magnitud y divisiones que hay en la República, especialmente al principio, cuando se están zanjando sus cimientos. Estos son los síntomas de una libertad naciente en lucha con los rumores de esclavitud que están haciendo crisis"; decía Fray Servando Teresa de Mier: "Intente andar libremente el que estaba ceñido con las fajas de la infancia y se dará mil golpes hasta que con el ejercicio se robustezca y la experiencia le enseñe las distancias y los riesgos. Tropiece igualmente el que acaba de soltar inveteradas cadenas, las inquietudes posteriores son efectos de la misma libertad. Los hombres no cantan unísonos, sino solfeando baja la vara del despotismo, porque cada uno piensa con su cabeza. Digo como el político insigne Tácito: "Más quiero esa peligrosa libertad que una servidumbre tranquila".
Hoy, señores diputados, a tantos años de distancia la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se enorgullece y aprueba el dictamen, la iniciativa, para que se registre en esta Cámara de la representación popular de México, a donde en esta Cámara, a donde aun cuando no del todo, se ejercen los derechos por los que por 64 años luchó Fray Servando Teresa de Mier. Gracias. (Aplausos.)
Presidencia del diputado Salvador Abascal Carranza
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
No encontrándose en la sala, se concede el uso de la palabra al señor diputado Oscar Herrera Hosking del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Federico Herrera Hosking: - Señor Presidente.
Honorable Asamblea: Vengo en nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, para solicitar a esta honorable Asamblea su voto aprobatorio a este dictamen.
En nuestro Estado, Nuevo León, existe un vivo interés sobre este asunto. El Congreso Local ha acordado por unanimidad solicitar a esta Cámara la inscripción del nombre de Fray Servando con letras de oro en este recinto.
Compañeras y compañeros diputados: Escribió Juan Demetrio Casas "Seamos justos con nuestros muertos ilustres, hablemos de ellos en el silencio de nuestros hogares y en la reunión íntima y estrecha de la familia, para que sepan nuestros hijos lo que la patria les debe; agrupémonos alrededor de su memoria para que pretendamos a nuestros ciudadanos ejemplos de un estímulo y glorias que son para nosotros un legítimo orgullo. Y en nuestras calles y plazas, en nuestra escuelas y academias, donde quiera que dé muestras de su fecunda vida intelectual, hablemos también de ellos, que ellos representan la historia de nuestros esfuerzos comunes por alcanzar fama y renombre, y son, a manera de astros luminosos que señalan a las generaciones del mañana el camino de nuestra civilización y de nuestro progreso".
A eso hemos venido hoy aquí, a hacer justicia a un patriota, Servando Teresa de Mier pero también a cumplir con un compromiso ético, pues como bien lo escribió otro nuevo leonés ilustre Alfonso Reyes: "en los individuos y en los pueblos el no perder de vista la moral significa el dar a todas las cosas su verdadero valor" y estamos reconociendo en Servando Teresa de Mier un valor histórico por sus servicios a la patria, pero si se me preguntara por el argumento principal que amerita el homenaje que hoy le rendimos, yo diría que por la firmeza de sus convicciones y qué oportuno es reconocerlo en los tiempos que corren.
Hoy, cuando las naciones dudan de las ideologías que hablaban de que también en lo social existían proyectos de llave en mano, cuando se pierde aquel marco de referencia que clasificaba con precisión a las tendencias, cuando muchas naciones no determinan con claridad conforme a qué principios distribuyen tareas al estado y a la sociedad civil, qué importante es venir a rendir homenaje e inscribir en estas estelas de cartera que son la historia misma y que hace justicia a nuestros héroes, en nombre de quien fue fiel a sus ideas y a sus convicciones, él expresó en su famoso discurso sobre la Federación Mexicana pronunciado el 13 de diciembre de 1823; nadie creo, podrá dudar de mi patriotismo, son conocidos mis escritos en favor de la independencia y libertad de la América son públicos mis largos padecimientos y llevo las cicatrices en mi cuerpo; otros podrán alegar servicios a la patria iguales a los míos pero mayores, ninguno, a lo menos en su género y con todo nada he pedido, nada me han dado y después de 60 años ¿qué tengo que esperar sino el sepulcro? Me asiste pues un derecho para que cuando voy a hablar de lo que debe decidir la suerte de mi patria, se me crea desinteresado e imparcial; puedo errar en mis opiniones, este es el patrimonio del hombre, pero se me haría suma injusticia en sospechar de la pureza y rectitud de mis intenciones.
Servando Teresa de Mier remacha en nuestras conciencias que nuestro pasado es de compromiso e implica acuerdos y bases fundamentales que se transmiten generacionalmente. Las postrimerías del Siglo XX arrojan una lección fundamental, política y ética, se implican y no pueden ejercerse por separado en una aparente y superflua apreciación científica. En este terreno el ejemplo de Teresa de Mier resplandece con vigor, la política como la actividad eminentemente humana retrata el alma del hombre con sus mezquindades y sus grandezas, las virtudes y los vicios son magnificados en el espejo genuino de la opinión pública y en la verdad implacable de la historia. Se reitera con el peso de lo evidente y lo diáfano de la sencillez que también en la política y tal vez en forma más descarnada por involucrar intereses públicos, se da lo bueno y lo malo y se mide al hombre por la calidad moral con la que asume el cumplimiento de su deber.
No somos una institución que venga a rendir homenajes a seres impecables e impolutos sino a los hombres que tuvieron la grandeza de ser plenamente humanos; si la perfección llegara a existir, sería algo tan excepcional que quien tuviera esa virtud no podríamos interpretarla como meritoria, porque escapa al esfuerzo, la voluntad y al empeño, al denuedo y al fervor y a la pasión que son la materia, que son la arcilla de que está hecho el ser humano, y eso es Servando Teresa de Mier, el ser humano que supo llanamente luchar por sus ideas.
Como bien lo expresó en su iniciativa el compañero Agustín Basave, creativo, inquieto, ególatra, el Padre Mier fue siempre un hombre de controversias. Muchos defectos pueden achacársele, pero nadie puede negarle el título de patriota.
En este año en el que precisamente el 11 de octubre se cumplieron 150 años de que Mariano Otero, otro de nuestros legisladores, pronunciará aquél discurso del acuerdo en lo fundamental, afirmando con ello que no hay proyectos impactos y que es menester la coincidencia en los principios fundamentales para el avance democrático, vislumbrando desde ese tiempo la necesidad de la representación de las minorías, qué alentador es que todos los partidos coincidamos en rendir honor como dice el dictamen, al político, al historiador, al liberal, al actor, y al ideólogo de la revolución de independencia de nuestra patria. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Alvaro Salazar Lozano, del Partido Revolucionario Institucional para hacer una propuesta.
El diputado Alvaro Salazar Lozano: - Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea.
Dado lo relevante de la personalidad de Servando Teresa de Mier, la importancia de su palabra y su acción en la construcción de la nación y en momentos angustiosos y definitorios, así como el honor que representa para el Estado de Nuevo León, cuna de este extraordinario personaje, y aún para todos los mexicanos, queremos que el acto de inscribir su nombre en este recinto, debe realzarse en una ceremonia importante, trascendente, solemne, por lo que me permito exponer lo siguiente:
Propongo que se añada al dictamen, un artículo transitorio que diga lo siguiente: Se faculta a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para determinar fecha y hora en que se celebre la ceremonia correspondiente, pudiéndose al efecto hacer uso de este salón de Sesiones.
Firma su servidor y entrego esta proposición a la Secretaría. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, por cinco minutos, el diputado Esteban Zamora, del Partido Acción Nacional.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Es convincente la expresión del diputado que vino a decir a esta tribuna que debe honrarse a los hombres que hayan mostrado firmeza de convicciones, y citó como ejemplo de hombre de convicciones firmes, a mi modo de ver con mucha razón, a Fray Servando Teresa de Mier.
Precisamente en defensa de esas convicciones, en búsqueda de esa firmeza, es por lo que los diputados de Acción Nacional nos vamos a abstener en la votación y se abstuvieron nuestros compañeros en la Comisión que dictaminó sobre este asunto.
Se ha hablado aquí del federalismo de Fray Servando, como para tratarlo de librar de la mancha que algunos quieren dejar caer sobre él de haber sido centralista.
Federalista o centralista, indiscutiblemente Fray Servando es figura importante en la lucha por la independencia, no solamente en el proceso de la lucha armada, sino como antecesor ideológico de ésta, y figura importante también en los trabajos para constituir legalmente, jurídicamente, como entidad política la nación que nacía a la vida independiente.
Aunque se admitiera el supuesto federalismo de Fray Servando, no creo que sería razón para excluirlo de estas estelas de cantera, como dijo el diputado, ya que tenemos aquí el nombre de quien por ejemplo proclamó el imperio de Iturbide me refiero a Gómez Farías y eso no es ningún óbice para que figure con letras de oro en los muros de este salón de sesiones.
Nosotros nos vamos abstener en la votación, precisamente porque creemos que en este ritual intranscendente y vacío, no hay congruencia con las convicciones de Fray Servando. Fray Servando en los debates del Congreso Constituyente de 1924, proponía un plazo de 10 a 15 años para que en forma paulatina se fuera estableciendo el federalismo en México. El aportaba razones valederas para que el tránsito no fuera brusco, para que los cacicazgos locales no se ensoberbecieran, para que la adopción inmediata de un federalismo no se convirtiera en motivo de ruptura y de desunión, y proponía, como hemos dicho, 10 a 15 años de tránsito para que gradualmente nuestra configuración política desembocara en el federalismo pleno.
Pero he aquí, señores diputados, que han transcurrido no solamente los 15 años de plazo que pedía Fray Servando, han transcurrido 169 años desde su discurso y todavía el federalismo está en los textos constitucionales, pero es
el gran ausente en la práctica política cotidiana de México. (Aplausos.)
169 años después del discurso de Fray Servando, a los estados libres y soberanos nos siguen mandando virreyes, algunas veces sin tener ni siquiera las calificaciones constitucionales para ser gobernador, y lo digo por mi tierra, y nos los imponen a garrotazos. Ese es federalismo que venimos aquí a honrar, a rendir homenaje a Fray Servando.
Hace 169 años que Fray Servando pedía un plazo de 10, no más de 15 años para que el federalismo tuviera vigencia plena en México, y todavía los estados que forman el Pacto Federal están en actitud de limosneros de las mercedes de la Federación, y todavía los diputados de oposición seguimos luchando por el federalismo fiscal que es el cimiento, la base constitutiva del federalismo político auténtico.
Y todavía el municipio, el Lázaro de nuestro sistema político, espera en las gradas donde el banquete centralista se lleva a cabo con derroche insultante que le caigan algunas migajas de recursos para poder atender sus necesidades más apremiantes. Entonces, señores diputados, falta congruencia, se atenta contra esa firmeza de las convicciones que con toda razón vino a esgrimir el compañero diputado que defendió el dictamen, por eso no nos oponemos a que se rinda homenaje ni a Fray Servando, ni a ninguna de las otras figuras destacadas de la historia, simplemente nos abstendremos en la votación, como nos abstuvimos en las comisiones.
Y para terminar, un solo argumento más, si me permite la Presidencia si es que he agotado mi tiempo: no creemos que estas estelas de cantera sean realmente la historia de la patria, sino la crónica del oportunismo. Aquí se han traído personajes muchas veces sin mayor examen, de acuerdo con las condiciones políticas del momento, de la misma manera que a lo largo de la historia se han mandado retirar los nombres de quienes ya habían logrado un lugar en las estelas de cantera.
Estas son nuestras razones para que el pleno quede informado del por qué de nuestra actuación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Agustín Basave Benítez.
El diputado Agustín Basave Benítez: - Con su permiso, señor Presidente.
Sólo para hacer una precisión en torno a las palabras del diputado que me antecedió en esta tribuna.
La propuesta de la iniciativa para inscribir con letras de oro el nombre de Servando Teresa de Mier en esta Cámara de Diputados, trasciende con mucho las coyunturas actuales. No hay en ella dejo alguno de posturas partidistas o de pretender aprovecha el nombre de un mexicano ilustre para estos efectos.
Creo que Fray Servando Teresa de Mier está muy por encima de todas estas disputas partidistas. Creo que su figura ha sido ampliamente juzgada por la historia, y creo que sus méritos valen el que sean reconocidos en este recinto.
No me parece justo usar esta iniciativa, este dictamen que ahora discutimos, para ventilar posturas partidistas o enconos personales. Me parece que Servando Teresa de Mier merece estar aquí, merece ser reconocido. No me parece tampoco justa la expresión de que estas barras y estos nombres que están inscritos con letras de oro, sean la crónica del oportunismo.
Me parece que todos ellos, cada uno de ellos, tiene méritos de sobra para estar aquí; y me parece que para honrar a nuestros héroes, debemos hacerlo sin caer en estos debates coyunturales.
El hecho de que la iniciativa haya sido firmada por diputados de Nuevo León, no quiere decir que sea el Padre Mier una figura nuevoleonesa, yo creo que está muy claro que es una figura nacional, y que a muchos años de su muerte está el legado que nos dejó establecido y reconocido por los mexicanos. Pero sí sólo el entrañable amor por la patria chica, si sólo el paisanaje va a lograr que evoquemos nuestros olvidos, entonces bienvenido sea ese amor por patria chica, porque le hace un servicio no al Estado sino a la nación. Muchas gracias.
El Presidente: - En virtud de que se han agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la propuesta presentada por el diputado Alvaro Salazar.
El secretario Héctor Morquecho Rivera: - En votación económica se consulta a la Asamblea, si se acepta o se desecha la propuesta presentada por el diputado Alvaro Salazar Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Héctor Morquecho Rivera: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Héctor Morquecho Rivera: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Salvador Juárez García: - Señor Presidente, informamos que se emitieron 321 votos en pro, uno en contra y 46 abstenciones.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 321 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Recinto de la Cámara de Diputados el nombre de "Servando Teresa de Mier".
El secretario Salvador Juárez García: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - El siguiente punto de orden del día...
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, me permite...
El Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 77, fracción I de la Constitución, este es un acto de la Cámara y no se pasa al Senado.
El Presidente: - Corrija el trámite, señor secretario, según lo solicita el diputado Amador Lozano.
El secretario Salvador Juárez García: - Publíquese, entonces, el acuerdo tomado.
El Presidente: - Correcto.
*LEY FEDERAL DE TURISMO
El Presidente: - El siguiente punto de la orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Turismo.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte ala Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Es de segunda lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión de Turismo acordaron que la discusión del Proyecto de Ley Federal de Turismo se realice en lo general y en lo particular, y la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente: - Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del
*Este dictamen se publicó en el Diario No. 22 del día 17 de diciembre de 1992.
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el señor diputado Raúl Velasco Gómez fundamente el dictamen.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Velasco.
El diputado Raúl Velasco Gómez: - Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El camino que registra la historia legislativa del turismo moderno mexicano, ha sido largo.
Si analizamos los documentos relativos, encontramos que puede dividirse en cuatro grandes etapas: La primera denominada de nacimiento, que va de 1920 a 1940, en que surgen las primeras organizaciones privadas de carácter turístico, y se dan los primeros esfuerzos oficiales para coordinar esta actividad en la Ley General de Población de 1926.
La segunda etapa de desarrollo, que comprende 1940 a 1958 y en la cual encontramos el primer esfuerzo legislativo, la Ley Federal de Turismo de 1949.
La tercera etapa, conocida como de tecnificación, que abarca de 1958 a 1974, en la que se estudia a esta actividad humana con sus perfiles sociales, culturales y económicos.
En este período se dan otros dos logros legislativos: La Ley Federal de Turismo de 1961 y la de 1974.
La cuarta etapa de turismo moderno mexicano, la de la consolidación, que arranca del año de 1974 hasta nuestros días. En estas dos últimas décadas, gracias al rápido desarrollo de los medios de comunicación, se proyecta la imagen de México al mundo entero y se enfatiza el beneficio de esta noble actividad en todos sus ámbitos.
Aquí también se dan otros resultados legislativos: Las Leyes Federales de 1980, de 1982 y la Ley vigente, actual, y así llegamos al día de hoy, en que esta LV Legislatura analiza y estudia este nuevo proyecto de Ley.
Desde hace un año cuando esta Comisión inició sus actividades nos dimos a la tarea de establecer contacto con los diversos prestadores de servicios turísticos para conocer sus problemas e inquietudes, realizando varios foros de consulta y un sinnúmero de reuniones, más de 70, con los diversos sectores público, privado y social.
El común denominador de sus observaciones giraban alrededor de tres puntos:
1o. Una excesiva regulación de esta legislación vigente.
2o. Un centralismo inoperante.
3o. Muy compleja burocracia para los trámites.
La Comisión de Turismo al elaborar su plan de trabajo aprobado en el pleno de la misma, se fijó como objetivo general adecuar el marco jurídico de la actividad turística para propiciar su impulso, desarrollo y transformación a niveles de excelencia.
El turismo en México es la tercera fuerza económica del país generando el 3% del producto interno. Genera divisas por casi 4 mil millones de dólares anuales y empleo a casi 2 millones de personas. Este año nos visitarán 6 millones 700 mil turistas extranjeros y el turismo local sobrepasará los 38 millones de personas viajando en territorio nacional. De ahí la importancia del turismo como una herramienta de desarrollo social, económico y cultural, así como un medio de descentralización del desarrollo y de redistribución del ingreso.
México es no sólo bellezas naturales, sol y playa, es cultura prehispánica, colonial y moderna. Es mezcla de culturas antiguas de América, Europa y Asia, expresada en arquitectura, danzas, cantos y gastronomía, que han dado origen a la cultura mexicana distinta a la de otros países del mundo y a una actitud constante de superación de la sociedad de los que la integramos.
Por todo ello la modernización del turismo requiere de una legislación acorde a nuestro tiempo de cambio.
Solicitamos el voto favorable de esta honorable Asamblea al Proyecto de Ley Federal de Turismo por las siguientes razones:
1o. Se confirma y se fortalece el papel del Estado a través de la Secretaría de Turismo como rector y promotor del turismo.
Entre los objetivos del ordenamiento que se propone destacan los relativos a elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes en las entidades federativas y municipios con afluencia turística y a procurar la coordinación con las referidas entidades y municipios para la aplicación y cumplimiento de Ley.
Se afirma el propósito de fomentar el turismo social mediante el establecimiento de acciones coordinadas entre los tres niveles de Gobierno y mecanismos de concertación de inducción con el sector social y privado.
En el fomento de este tipo de turismo intervendrán dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Deporte. A su vez las instituciones y dependencias y entidades del sector público promoverán entre sus trabajadores este tipo de turismo y se formulan recomendaciones para que el sector privado también impulse el turismo social.
Se moderniza la Comisión Intersecretarial de Turismo con la incorporación obligatoria de miembros representativos del sector privado y del social, para convertirse así en una comisión intersectorial.
Se le confieren también facultades resolutivas a esta Comisión para añadir funciones ejecutivas nuevas a las consultivas existentes hasta el momento.
En materia de establecimiento de zonas de desarrollo turístico prioritario se opera un cambio cualitativo al requerirse no sólo la participación sino la coordinación con los gobiernos estatales y los municipios. Las declaraciones correspondientes podrán recaer en zonas que constituyan un atractivo turístico, sea por sus características naturales, histórico- monumentales o culturales.
Se conserva un capítulo que norma los programas de capacitación de sector mismos que se desarrollarán locamente procurando vínculos entre escuela y empresa; capacitación significará también el motivar por todos los medios una cultura turística a nivel nacional.
Conforme al nuevo sistema en el que no existen permisos ni verificaciones previas a la operación, las normas generales que rigen la operación turística serán objeto solamente de una verificación aleatoria que no constituirá barreras de entrada ni dilaciones en la apertura o modificación de negocios turísticos. Se eliminan las cargas burocráticas que pesan sobre el sector turismo y se fortalece el programa de verificación ordinaria.
Se consigna la importancia y la obligación que el sector público y los empresarios turísticos otorguen: información clara y suficiente a los turistas de manera que los mismos tomen las mejores decisiones que beneficien a las empresas más competitivas y sobre todo al turista.
Se establece el Catálogo Nacional Turístico que contendrá la oferta turística nacional y los atractivos con el potencial turístico como instrumento de diagnóstico y planeación, y como uno de los auxiliares en el Sistema de Información al Turista.
Se descentralizan todos los aspectos operativos a los gobiernos de los estados mediante un esquema que procurará evitar duplicaciones normativas y operativas.
El Programa de Descentralización busca una política y una normatividad turística única de cobertura nacional y la descentralización de las tareas operativas a órganos dependientes de los gobiernos de los estados.
La tarea descentralizadora abre espacios de acción a las autoridades locales dentro de un marco normativo federal y procurará evitar la proliferación de regulaciones turísticas estatales y municipales por medio de acuerdos de coordinación. Este proceso fortalecerá el federalismo mexicano, simplificará las relaciones del sector turismo con las instancias públicas y procurará un marco normativo único para el turismo mexicano.
Tomando en cuenta la importancia del turismo en los ámbitos social, cultural y familiar, se establecen compromisos a cargo de la Secretaría de Turismo y de diversas dependencias públicas para facilitar al acceso a la población de escasos recursos a los atractivos, instalaciones y servicios turísticos del país en condiciones adecuadas.
Toda vez que el éxito de la oferta turística está relacionada con su difusión, se propone en este ordenamiento acciones concertadas con prestadores de servicios turísticos, nacionales y extranjeros, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios del país, a fin de poner en marcha campañas de publicidad y fomentar la realización de eventos y espectáculos que promuevan los atractivos turísticos de México.
Este ordenamiento dispone también la elaboración del Catálogo Nacional Turístico en el que constarán los bienes y recursos naturales, organismos y facilidades que constituyan o puedan constituir factores para el desarrollo turístico, así como la relación de los prestadores de servicios.
En materia de protección al turista, la iniciativa propone dos aspectos novedosos: en caso de
incumplimiento del prestador, el turista podrá elegir el reembolso, bonificación o compensación por el servicio no prestado o que se le preste otro servicio de la misma calidad.
Dichas quejas de los turistas serán atendidas directamente por la Procuraduría Federal del Consumidor.
En términos generales, señores diputados, consideramos que este nuevo precepto es acorde a las condiciones actuales del país y que servirá como marco jurídico adecuado para el sano desarrollo de la actividad turística en bien de nuestro México, por lo que pedimos su voto a favor. Muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se han registrado para discusión en lo general y en lo particular, los siguientes oradores diputados: Martín Tavira, del Partido Popular Socialista; Estanislao Pérez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Eberto Croda, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Atalo Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática; René Bejarano, del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Flores, del Partido Acción Nacional, y Fernando Navarrete, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista no intervendrá en lo particular.
Desgraciadamente desde hace muchos años en nuestro país, las prácticas parlamentarias no concuerdan con los ordenamientos constitucionales en sentido estricto. Toda minuta que viene del Senado se vota en la Cámara de Diputados sin cambios. La práctica democrática y correcta debería ser la de que: una minuta que viene a la Cámara Popular, debiera ser examinada de manera profunda y si hay algo que reformar, debería de volverse a la Cámara de Diputados, aun cuando se tuviera que presentar el dictamen en otro período de sesiones.
Por eso creemos que es absolutamente inútil proponer algunos cambios al dictamen que hoy se discute. Dicho esto, quiero ponderar el trabajo de la Comisión de Turismo, debo reconocer que esta comisión ha tomado en sus manos el problema del turismo nacional, con entusiasmo, con profundo interés y realmente, creemos que nuestra labor ha sido fructífera.
Acabamos de tener una experiencia. La Comisión de turismo de la Cámara de Diputados de nuestro país, junto con diputados de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y Belice, recorrió parte de lo que se llama "el mundo maya". En ese recorrido insistimos en la necesidad de tomar el turismo como una de las vías para la integración de América Latina.
Debo reconocer y agradecer a todos los diputados que fuimos a ese recorrido, incluyendo a su presidente, el diputado Raúl Velasco, que se aceptaron las pro posiciones en nuestra delegación, para darle la debida importancia al turismo social. Sugerimos que quedara en la declaración final de Tikal, Guatemala, lo del principio de que el turismo de los trabajadores debería de contribuir al conocimiento mutuo de nuestros pueblos y al desarrollo cultural de los mismos. Desgraciadamente las delegaciones distintas a la nuestra, se resistieron y nos pareció una declaración tajante, clara, sobre el turismo social, tal como la delegación mexicana unida, lo propuso.
Hay otro hecho que debemos destacar: el dictamen que hoy se está discutiendo fue elaborado por la Comisión. Yo puedo atestiguar de este hecho, porque de manera modesta contribuí, en nombre del Partido Popular Socialista, a incluir algunos conceptos en el dictamen, que fueron aceptados, precisamente. Aunque no compartimos muchas de las disposiciones que están en la nueva Ley, consideramos que la exposición de motivos debía tener algunos principios que orientaran al Estado y a nuestro pueblo, sobre el turismo, no tan sólo como medio de recepción de divisas, sino como medio para la integración nacional y para elevar la cultura del pueblo mexicano.
Nosotros vamos a votar en contra, por principios, es decir, porque no compartimos la política económica desreguladora que está siguiendo el régimen actual de nuestro país.
En las reuniones de trabajo para discutir la iniciativa y la minuta del senador, dimos a conocer nuestros puntos de vista con toda franqueza; de manera oportuna hicimos las observaciones conducentes. Debo reconocer que en el aspecto del turismo social fueron aceptadas muchas de las proposiciones nuestras, fundamentalmente para que quedaran disposiciones de la Ley vigente.
Sin embargo otros aspectos de nuestras proposiciones no fueron atendidos. Por ejemplo, nosotros consideramos que el desarrollo turístico de la nación no debe quedar sólo en manos de la iniciativa privada.
La Ley vigente tiene disposiciones claras respecto de empresas ejidales, comunales y de cooperativas. Esto desapareció de la iniciativa y del dictamen o los dictámenes.
Hay experiencias, señoras y señores diputados. Cuando una empresa ejidal, comunal o de cooperativa tiene los apoyos de crédito y de orientación técnica, funcionan satisfactoriamente. No me dejarán mentir los diputados guerrerenses en el sentido de que las costas de Guerrero están llenas de bellezas y de ejidos, también. Y si hubiera orientación y apoyos, habría un corredor turístico de 500 kilómetros de largo, perdonen la expresión, y habría hoteles para los trabajadores. Eso fue borrado. Se afirma que puede ir en el Reglamento. tenemos la esperanza de que el Reglamento recoja esta inquietud, pero nosotros hubiéramos querido que el papel de los ejidos, de las comunidades, de las cooperativas, quedara estipulado en la Ley que ahora estamos discutiendo.
Formación de Cuadros Turísticos. La Ley vigente considera que la Secretaría de Educación Pública debe tener un papel relevante en la formación de los diversos cuadros para el desarrollo del turismo. Debe haber políticas claras. Hay experiencias ya de cómo deben ser los trabajadores de las regiones turísticas o de los polos de desarrollo turístico, los mismos que sean educados.
Yo recuerdo que en el desarrollo turístico, por ejemplo, de Zihuatanejo, se ha tenido la atingencia de que los jóvenes de la costa y aún de la Sierra Madre del Sur que pertenecen al estado de Guerrero, han estudiado en escuelas para servir al turismo justamente.
Sin embargo, creemos nosotros que si a la Secretaría de Educación Pública se le quita totalmente este papel, los cuadros turísticos carecerán, ese es nuestro juicio, de la preparación técnica y cultural para servir a esta actividad económica y social de gran trascendencia.
La iniciativa elimina la facultad de la Secretaría de Turismo para emitir opinión ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto de las inversiones extranjeras.
Nosotros insistimos en las diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría y en nuestra propia Comisión y con los señores senadores, que está facultad no fuera perdida por la Comisión de Turismo. Porque la Secretaría de Turismo también debe de desempeñar el papel de defender el capital nacional, las empresas mexicanas y también ¿por que no? la soberanía de nuestro país.
La iniciativa elimina, ese es otro ejemplo importante, el carácter rector de la Secretaría de Turismo en aspectos tan importantes como la asesoría a empresas turísticas, promoción de unidades y servicios de apoyo al turismo.
Se elimina, asimismo, la obligación de los prestadores de servicios públicos para capacitar a sus trabajadores y empleados, así como el deber de emplear destacadamente el idioma nacional en las leyendas publicitarias, preservando la dignidad nacional y no falsear hechos históricos ni manifestaciones culturales.
Todo esto era importante conservarlo. No me explico por qué se eliminó de la iniciativa.
Pero lo más grave, a nuestro entender, es que la nueva Ley de turismo reduce sus funciones, convirtiéndose, casi, en un órgano puramente administrativo. Ahora el Fonatur se va a convertir en el órgano mas importante, al que se atribuirán funciones de operación, inversión, construcción, compras de terreno, infraestructura, etcétera.
La fracción VI del artículo 28 de la nueva Ley Federal de Turismo, que estamos discutiendo, dice que "el Fonatur tendrá la función de participar con los sectores públicos, social y privado, en la construcción, fomento, desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cual quiera que sea su naturaleza jurídica". Es decir, el Estado mexicano prácticamente se retira de la inversión. Inclusive la Ley vigente que se va a derogar, contiene los términos, estos de que el Estado mexicano invertirá en empresas de carácter turístico, este papel se reduce, a nuestro juicio, de manera considerable. ¿Cómo vamos a atender el turismo social? La declaración es muy importante, pero ¿cómo va a ser la instrumentación de ese objetivo?
Hace años, soñábamos y soñaban también los funcionarios de la Secretaría de Turismo y eran sueños que podían convertirse en realidades. Yo recuerdo que en la LI Legislatura hablamos con el Secretario de Turismo, que en aquel tiempo era el señor De la Lama. Cuando le expresamos nuestra preocupación sobre el turismo social nos dijo: "Tenemos proyectos para que aún los
trabajadores de salario mínimo puedan gozar de los centros turísticos". Y hablaba de lugares en donde los trabajadores podían contar con hoteles baratos, con medios de transporte, con tiendas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, etcétera, de tal manera que todos los mexicanos, sin excepción, hasta los de las escalas económicas más bajas, pudieran ejercer su derecho de esparcimiento y de conocimiento de su patria. Estos sueños, por lo pronto, quedaron en sueños.
En la LI Legislatura, por cierto, y es oportuno recordarlo, en la Ley de Turismo quedó estipulado que en periodos de vacaciones para los trabajadores habría un porcentaje de habitaciones en los hoteles dedicadas al turismo social. Hubo una oposición terrible de los grandes hoteleros de México y vinieron las lluvias de amparo.
La gente poderosa es muy cristiana cuando le conviene y es muy anticristiana cuando no le conviene. Dijeron: "¡No permitiremos que esas capas sociales vayan a revolverse con los turistas que vienen de otros países a dejar divisas, porque vamos a ir alejando al turismo extranjero!"; y esa disposición desapareció, completamente, nunca se cumplió. Sueño fue, plasmado en el papel y en sueño quedó.
La fracción VIII, por ejemplo, del artículo que comentamos, estatuye que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo podrá adquirir valores emitidos para el fomento al turismo por instituciones del sistema financiero, por empresas dedicadas a la actividad turística; todo ello quiere decir que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo va a llevar la voz cantante en la política y desarrollo turístico, la cual estará sustentada fundamentalmente en el capital nacional extranjero.
El artículo 36 de la iniciativa que comentamos, establece que corresponde a la Secretaría de Turismo la operación del Registro Nacional de Turismo, el que tiene por objeto la inscripción voluntaria de los prestadores de servicios turísticos. el registro debería ser obligatorio, pensamos nosotros, precisamente para proteger a los usuarios; es optativo de acuerdo con la nueva Ley.
En suma, yo y la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, no dudamos de la importancia que tiene el turismo como factor económico, como factor de capacitación de divisas. Pero también consideramos que el turismo debe tener un profundo significado social. Nuestro país tiene recursos turísticos inmensos, físicos, históricos, culturales, folklóricos, tenemos una gran riqueza cultural, cada Estado de nuestro país tiene 1000 expresiones de cultura popular. Los atractivos de México causan la admiración del mundo y los que hemos tenido oportunidad de estar en el extranjero oímos los comentarios de la gente que realmente se siente atraída por todos estos elementos que le dan personalidad cultural a nuestro país y distinción en el escenario del mundo; pero el pueblo mexicano tienen el derecho, el pueblo trabajador y su juventud tienen derecho de conocer las bellezas físicas, históricas, culturales de México; el turismo debe ser concebido también como un renglón de justicia social y como un renglón de integración nacional; con el turismo podemos conquistar el corazón de otros pueblos pero con el turismo podemos conquistar la conciencia de todo nuestro pueblo para que quiere más a la patria, para que quiere más las tradiciones de su pueblo, de su país.
Seguiremos insistiendo en nuestros objetivos, estas razones que he expuesto, distinguidos legisladores, son las bases que tomamos en cuenta para votar en lo general por la nueva Ley que se ha puesto a consideración de este honorable cuerpo colegiado.
Ojalá y sean entendidos nuestros puntos de vista y en reformas subsecuentes que sufra la Ley podamos darle toda la importancia que tiene al sector social y al propio Estado mexicano en el desarrollo turístico y podemos hacer realidad con disposiciones precisas, claras y prácticas, sobre cómo llevar a cabo el sueño de nuestro pueblo, de gozar las bellezas físicas, históricas, culturales de nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Eberto Croda del Partido del Frente Cardenísta de Reconstrucción Nacional.
El diputado Eberto Croda Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es importante ponderar la actividad turística para comprender mejor los motivos de la iniciativa de esta Ley.
Puede decirse que para todos los tipos de afluencia turística se observa en los distintos centros situaciones de estancamiento de los niveles de ocupación hotelera.
La situación anteriormente descrita, explica el porque recientemente no se hayan construido un importante número de hoteles en los principales centros turísticos del país.
Así por ejemplo, en el Caribe, de 1990 a 1992, se han construido sólo dos hoteles y el porcentaje de cuartos ha crecido en 6.7%. Si incluyéramos a los centros de Acapulco, Cancún, Cozumel, Mazatlán y Puerto Vallarta, observamos un incremento de 21% en el número de cuartos.
En el financiamiento de la actividad turística autorizado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encontramos menos operaciones realizadas; 128 en 1991 contra 141 en 1988, menos montos aprobados; 177.5 miles de millones de pesos en 1990, contra 181 mil millones en 1987.
El Estado ha venido financiando menos a esta actividad. Esta es una situación que debe ser considerada en la aprobación del nuevo marco jurídico de la actividad turística en nuestro país.
Sin embargo, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el INEGI, y de la Secretaría de Turismo, alrededor de 2 millones de personas son empleadas en esta actividad; 570 mil con empleos directos y 1 millón 422 mil con carácter de empleados indirectos en los últimos cuatro años, se ha observado un leve crecimiento de los empleados directos en la actividad turística y sólo se han quedado en dicho lapso 43 mil empleos directos.
La participación de la actividad turística en el producto interno bruto, se ha elevado de 2.8% a solamente 3% en los últimos cuatro años. En estos últimos años ha venido creciendo el turismo extranjero en nuestro país. Las cifras estimadas para este año, de 6.7 millones de turistas, muestran un avance sustancial respecto a las de 1988. De 5.7 millones, México capta el 1.4% del turismo mundial y percibe el 1.5% del gasto mundial en esta actividad.
En este año, cálculos oficiales del IV informe, señalan que habremos de percibir alrededor de 4 mil millones de dólares; en 1988, recibíamos solamente 2.5 miles de millones de pesos.
En el turismo doméstico se ha venido desarrollando un proceso similar al turismo internacional. Este ha venido creciendo. En 1992 se calculan, según el Ejecutivo Federal en su último Informe de gobierno ante el Congreso del la Unión, que 38.2 millones de turistas nacionales, en 1988 eran 34.1 millones.
Tradicionalmente el saldo de la balanza turística ha venido siendo positivo. Esto sucedió en los últimos años previos a la crisis, en la crisis misma y en la recuperación.
Desde 1989 encontramos un saldo positivo que supera los 1 mil 400 millones de dólares anuales, una contribución positiva al producto nacional que debe ser valorada.
De los ingresos totales computados en la cuenta corriente de la balanza de pagos en 1991, tenemos que el 8.3% provienen del sector turismo. De los turistas extranjeros que visitaron el país en 1991, el 84.2% fueron norteamericanos; 5.9% canadienses, 5.4% de otras partes de América Latina, 3.8% de Europa y el 0.7% del resto del mundo. En los últimos tiempos ha cambiado la proporción de turistas que utilizan el transporte aéreo respecto al terrestre. Actualmente es de 75% al 25% en beneficio del transporte aéreo.
Más de las cuatro quintas partes del turismo extranjero es estadounidense y es notable su afluencia por la vía aérea.
La ocupación hotelera, sin embargo, ha tenido problemas, ésta no se emplea en niveles aceptables. Aún los centros tradicionales de playa, se habitan en promedios cercanos al 50%, según datos de 1988 a 1991. Es más, la ocupación promedio ha venido cayendo en los últimos tiempos. En las grandes ciudades y en los centros del interior y fronterizos, los niveles de ocupación se han estancado en 58% y 52%, respectivamente.
De todos los centros turísticos destacan por sus niveles de ocupación, Cancún, con un 70.2%, el Distrito Federal con el 63.6%, Monterrey con el 65.8% y Los Cabos con el 58.5%, entre otros.
El objetivo principal de la iniciativa de Ley que en este día debatimos, según la exposición de motivos, es la desregulación del marco jurídico aplicable a los prestadores de servicios turísticos, con el fin de promover la inversión nacional y extranjera.
Esta propuesta de Ley guarda coherencia con otras modificaciones legales aprobadas en esta LV Legislatura, como son la Ley Agraria, la Ley de Pesca, las modificaciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes, etcétera.
Se intenta estimular la inversión privada en la actividad turística y éste es uno de los ejes principales de la nueva Ley.
La iniciativa de Ley Federal de turismo busca, desde nuestro punto de vista, estimular la participación de los agentes turísticos, a tono con otras reformas legales aprobadas por esta Cámara; busca promover la participación de la inversión privada en este sector de turismo, y define con claridad el objeto de la Ley; orienta las características globales del programa sectorial turístico; delimita las zonas del desarrollo turístico prioritarias; propone la descentralización de las funciones en órganos estatales y municipales de turismo; plantea los criterios orientadores para la promoción y fomento al turismo y norma los rasgos generales del Fondo Nacional de Fomento al mismo.
Incorpora los aspectos de capacitación turística, establece aspectos operativos relevantes de esta actividad para prestadores de servicio, registro nacional de turismo, protección al turista, verificación, sanciones y recursos de revisión.
Como se ve, es una propuesta regulatoria integral simple y que norma los aspectos sustanciales de la actividad en nuestro país.
La exposición de motivos de la iniciativa retoma desde el principio las consideraciones del Plan nacional de Desarrollo respecto al sector turismo. Se retoma la idea de que para modernizar esta actividad económica, resulta indispensable una adecuación de la normatividad y regulación, y buscando que se garantice un nivel apropiado de competitividad.
La reforma integral de la Ley Federal de Turismo, promulgada en 1984, se encuentra a nuestro parecer, inmersa en los procesos desregulatorios y forma parte de los desafíos de la modernización general, de cuestiones que se vinculan a la integración comercial y a la competencia global. Se trata de incorporar más recursos en el sector turismo y de que éste ofrezca servicios de calidad y que sean competitivos.
La iniciativa de Ley que comentamos, propone contribuir a la descentralización en la toma de las decisiones, dice en sus motivos: buscar contrarrestar las nocivas prácticas del centralismo que limitan a la actividad turística; trata por lo mismo de incorporar a los diversos agentes turísticos en la determinación de los planes de este sector. Una visión en principio interesante que contradice las inercias burocráticas en esta importante actividad.
Como el caso de los otros ordenamientos legales en esta propuesta de Ley, se busca que el ordenamiento legal turístico sólo establezca las bases para prestación del servicio turístico. Se deja a reglamentos administrativos el fijar los requisitos que se deban cubrir en los distintos tipos de servicios turísticos. Esto tienen ventajas y desventajas.
En efecto, es importante simplificar la Ley, empero es conveniente no dejar al arbitrio de disposiciones administrativas discrecionales, cuestiones importantes que deben ser reguladas en la presente Ley.
En consonancia con las disposiciones aprobadas en esta LV Legislatura en la Ley General sobre Metrología y Normalización, se intenta regular normas acordes para la fijación de las características y requisitos que deben cumplir los prestadores de los servicios turísticos.
Se busca una regulación apropiada a las tendencias mundiales en esta actividad. Es valioso que en esta propuesta se establezca un capítulo específico sobre el turismo social. Es importante que se integre a los sectores sociales en la planeación y desarrollo de la actividad turística. Otro aspecto relevante que queremos resaltar en esta iniciativa, es readecuar las estructuras administrativas públicas. Se crea una Comisión Ejecutiva de Turismo, que retoma el objeto de la actual Comisión Intersecretarial de Turismo, aunque variando su integración.
También se establece un patrón de coordinación entre los gobiernos federal y local, lo cual favorece el federalismo y el municipio libre. Se establece también que la Procuraduría Federal del Consumidor sea la institución competente de recibir quejas, conciliar y arbitrar en la actividad turística y el Catálogo Nacional Turístico predice la iniciativa, al contener una relación particularizada de los recursos turísticos, serviría para ofrecer una información adecuada a los usuarios nacionales y foráneos, pero esta cuestión que es importante se limita en sus funciones. Esto debido a que se considera obligatoria para que los prestadores del servicio turístico, esto limitará las bondades del mencionado Catálogo Turístico, de ahí que nosotros consideramos que la inscripción de los servicios turísticos deba ser la obligación en esta Ley.
Por lo dicho anteriormente, hemos observado que se trata de una Ley que contiene avances importantes para el país, y que por lo mismo nuestra fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista, emitirá su voto a favor en a ras de que México entre a una nueva etapa de frente al Siglo XXI. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Atalo Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Atalo Sandoval García: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados:
Quiero en primer lugar reconocer que en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, privó un ambiente de trabajo intenso, fructífero, plural, y desde luego con una mística de trabajo que siempre estuvo al servicio del interés nacional.
El dictamen que hoy nos ocupa, señores diputados, es indudable que tiene avances, es indudable que presenta neutralidades, pero que también presenta retrocesos desde el punto de vista de mi partido.
Los avances pueden reflejarse fundamentalmente en el aspecto de la descentralización. A mí me parece que descentralizar funciones, descentralizar responsabilidades y otorgárselas a los estados y a los municipios representa efectivamente un avance, porque van a ser los municipios, van a ser los gobiernos de los estados los que estén en condiciones de planificar la actividad turística, y además de instrumentar la aplicación de los recursos que se generen en estas zonas.
A mí me parece también que la simplificación administrativa que la Ley plantea, también representa un avance.
Me parece que derogar reglamentos obsoletos, en este caso ocho reglamentos; me parece que hacer menos burocráticos los trámites para quienes son usuarios de los servicios turísticos, es avance que la Ley plantea en la relación prestador de servicios y turista.
Pero, decíamos también que esta Ley, señores diputados, presenta neutralidades, y mi me parece que en este sentido no hubo una consulta adecuada; que muchas de las decisiones que esta Ley contiene, son caprichosas, son arbitrarias y son centralistas, producto de un sistema presidencialista que el pueblo de México padece.
Si reconocemos que hay avances y si decimos que la Ley contiene neutralidades, también tenemos que decir que, desde nuestro punto de vista hay retrocesos en esta nueva Ley que nos ocupa. Y tenemos que decir que, efectivamente, la excesiva desregulación representa, desde nuestra concepción, un retroceso porque se da una apertura indiscriminada; porque hay una abrupta apertura de las relaciones comerciales en este sector; porque encontramos nuevamente plasmada aquí la tesis de una privatización salvaje.
Y, en este sentido, hay que expresarlo con mucha claridad: no somos enemigos, el Partido de la Revolución Democrática no es, enemigo de la inversión privada. El capital extranjero debe ser bienvenido a México. Estamos conscientes de que, efectivamente, tenemos el compromiso de insertarnos en este proceso de globalización internacional; estamos conscientes de que no debemos propiciar aislarnos ni tampoco levantar murallas infranqueables, para hacer de México una isla. De eso estamos plenamente convencidos.
Pero nosotros pensamos que estos factores que he señalado, el capital privado nacional, el capital extranjero, el hecho de no cerrarnos frente al proceso de globalización, solamente deben ser elementos complementarios, porque consideramos que, en primer lugar está el interés nacional.
Creo que sería erróneo ponderar estos elementos y después asumir los retos que los mexicanos tenemos enfrente.
Hace unos días, señores diputados, nosotros, o mejor dicho se aprobó aquí un superávit presupuestario. El Partido de la Revolución Democrática no estuvo de acuerdo, porque estamos conscientes que son muchas las necesidades que el pueblo de México tiene enfrente.
Hace unos días también aprobamos un presupuesto para el pago de la deuda, es decir, para el pago del servicio de la deuda externa.
Si sumamos estos dos rubros, ascienden a aproximadamente 80 billones de pesos. Por un lado, destinamos 40 billones de pesos para el pago de la deuda externa, producto del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo de los mexicanos y, por otro lado, tenemos otro monto de superávit.
A nosotros nos parece y es aquí donde nosotros planteamos la posibilidad o el hecho de poner por delante el interés nacional. Si nosotros conjuntamos este monto, pago al servicio de la deuda externa y presupuesto superavitario, estaremos en condiciones efectivamente de poner los recursos de los mexicanos, de poner el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y el ahorro de los mexicanos por delante y enseguida tomar en cuenta estos factores como es la inversión extranjera y el capital nacional, que vengan a convertirse efectivamente en aspectos secundarios para levantar no
solamente la actividad turística en el país sino para palanquear toda la economía nacional sobre todo en sus actividades primarias.
Hace unos días, señores diputados, la prensa nacional registraba la noticia de que el Presidente Salinas estaba pidiendo o estaba exigiendo, pidiendo, fondos compensatorios para hacerle frente a los problemas que representaría para México el Tratado de Libre Comercio.
Yo recuerdo que en alguna ocasión el diputado Jorge Calderón, diputado de mi partido, planteaba la necesidad que quienes estuvieran al frente del Tratado de Libre Comercio reconocieran en primer lugar las asimetrías en las economías de los tres países que hoy conforman este Tratado.
A nosotros nos parece que el Presidente Salinas y su equipo de consejeros deberían haber planteado esto de los fondos compensatorios en primer lugar, creo que esto hicieron los europeos en su Comunidad Económica.
Pero ya casi para firmarse el tratado se reconoce de que efectivamente esto va a representar para los mexicanos fuertes dolores de cabeza porque nuestros productores nacionales, ni tienen condiciones crediticias financieras ni tienen condiciones tecnológicas para competir sobre todo con la gran potencia del norte Estados Unidos de Norteamérica.
A nosotros nos parece pues, compañeros diputados, que el problema no es tan sencillo, el problema no solamente significa tener voluntad para abrir las fronteras indiscriminadamente sino el problema es y debe ser una respuesta clara, precisa frente a este enorme reto que los mexicanos tenemos
Por eso nosotros decimos que el análisis de la iniciativa de la ley Federal de Turismo nos ha llevado a reflexionar con seriedad acerca de las funciones no sólo económicas sino sociales, culturales y sobre todo de preservación del patrimonio cultural para poder llevar adelante y sacar adelante a los prestadores de servicios y a quienes hagan uso y se conviertan en usuarios del turismo en México.
Aunque es necesario considerar que esta iniciativa se ubica en el conjunto de las transformaciones jurídicas que tienden a estructurar un marco legal adecuado a los cambios requeridos por nuestra economía para insertarse en el proceso de globalización que significa el Tratado de Libre Comercio.
En consecuencia, ése fue el criterio fundamental que prevaleció para la elaboración del proyecto, por eso, no nos debe extrañar la ausencia de un diagnóstico de la situación que tienen los prestadores de servicio, el cual debiera haber sido premisa indispensable para la elaboración de esta nueva Ley.
Implícitamente la iniciativa contiene una definición de turismo, una definición de turismo social, pero apegada a una concepción meramente mercantilista que no considera otros elementos que son sustanciales para una realidad como la nuestra, para una realidad como la que vivimos los mexicanos.
Se quiere que la Ley contenga una definición de lo que el turismo, según una concepción integral, sin hacer a un lado los objetivos económicos de esta actividad, que son correctos, el turismo debe ser considerado en primer lugar como un derecho humano que contribuya a promover el conocimiento de los recursos y las riquezas naturales, así como culturales e históricos.
La realización de distintos foros para analizar el problema existe en el sector turismo en los que participaron activamente los prestadores de los servicios nos hizo pensar en la posibilidad de que sus preocupaciones e inquietudes fueran recogidas en la elaboración de la iniciativa de Ley. No fue así, aunque se hizo parcialmente.
Sus puntos de vista esenciales no fueron recogidos. Desde esta tribuna denunciamos que esas actitudes demagógicas que convocan a que se den opiniones, pero para luego hacerlas a un lado.
La iniciativa plantea como objetivo primordial: la desregulación del marco jurídico aplicable a los prestadores de servicios turísticos, "con el fin de promover y facilitar la inversión nacional y extranjera en instalaciones turísticas, que coadyuven al desarrollo económico nacional y al equilibrio regional, lo que permitirá en el mediano plazo la generación de nuevos empleos y un mayor ingreso de divisas".
Otros puntos centrales de la iniciativa son la modernización del turismo, la desregulación de la normatividad para los prestadores de servicios turísticos, la desconcentración de responsabilidades y funciones de la administración del turismo, y la utilización de recursos municipales para servicios turísticos.
Como se ve con claridad, la modernización del turismo desde el punto de vista oficial radica en eliminar mecanismos regulatorios y facilitar el ingreso de capital privado particularmente extranjero al sector turismo.
En principio, podemos estar de acuerdo en eliminar trámites que entorpecen la realización de una importante actividad, pero no podemos compartir la opinión de prácticamente desmantelar el marco regulatorio que deja en franca desventaja a los prestadores nacionales frente a la inversión extranjera y que pueden ser contraproducentes a esta importante actividad económica del país.
En este último caso, se encuentran las normas contenidas en el capítulo de prestadores de servicios de la Ley todavía vigente.
En el artículo 61 por ejemplo, se establece la obligatoriedad de los prestadores de servicios de solicitar la autorización de sus precios y tarifas. Este artículo desapareció. En consecuencia los precios y tarifas de los servicios turísticos, estarán sujetos a la libre competencia. Esta medida puede tener efectos contrarios a los esperados, pues puede ocasionar un encarecimiento de los servicios, que coloque a los prestadores de servicios, fuera de la competencia internacional.
Para llevar adelante la tan anhelada modernización, se requiere esencialmente de financiamiento y respaldo tecnológico para los prestadores del servicio nacional; de regular para favorecer la llegada de capitales extranjeros que se apropian del mercado turístico mexicano, es una actividad desde nuestro punto, antinacional.
Los mismos prestadores de servicio han externado su opinión discordante con el optimismo gubernamental. Ellos consideran que el Tratado de Libre Comercio, no incrementará de manera sensible, el flujo turístico a México. Además se carece de buenos instrumentos de promoción, no hay financiamiento para el sector pues los créditos que deben de contratar en dólares a tasas entre el 10 y el 14%, mientras que los prestadores de servicio de Estados Unidos de América y Canadá sobre todo, lo reciben entre un 4 y 6% y con un plazo entre 20 y 30 años.
En relación a este aspecto, hay un problema adicional: la mayoría de los prestadores de servicios turísticos nacionales, no reciben dólares para poder pagar los créditos que les pudieran otorgar.
El otro aspecto de la innovación tecnológica de los servicios está estrechamente relacionado al del financiamiento, pues el mejoramiento técnico no se puede llevar a cabo si no existe respaldo financiero adecuado. En consecuencia, la competitividad no se dará, lo que sucederá es que las grandes compañías transnacionales desplazarán a los prestadores nacionales en el mediano plazo.
Ante la posibilidad de que las compañías extranjeras sean una fuente de empleo, la percepción de los prestadores de servicios, no es optimista. En el foro de Zacatecas por ejemplo, se mencionó el ejemplo de que una agencia de viajes italiano, que ya opera en el país ha contratado solamente empleados nacionales, o sea empleados italianos.
Por otra parte, la iniciativa plantea la desconcentración de responsabilidades y funciones a los gobiernos de los estados y municipios, pensamos que en lo general esto es correcto. México efectivamente está cansado, está harto de centralismos y por eso de alguna manera reconocemos este hecho como un avance por el decreto que hoy nos ocupa.
Con la iniciativa de Ley de Turismo, la conservación de nuestras zonas arqueológicas y museos, ya no tiene un significado estrictamente cultural. Ahora con dicha iniciativa, se le reconoce su significado económico y esto desde luego que es importante. Se les convierte en un factor para la producción de la industria turística, pero además se descubre la naturaleza económica del patrimonio cultural. Es sin duda un hecho de gran envergadura que obliga al mismo tiempo a planear su conservación, conocimiento y difusión para propios y extraños.
La salida del director del Instituto Nacional de Antropología, como invitado permanente de la Comisión Ejecutiva de Turismo, nos hace acrecentar nuestras reservas acerca del carácter desregulatorio de la Ley.
A pesar de todas las críticas que le hagan al Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchas de ellas justas, tal vez, es el organismo que ha cuidado, que ha preservado, que ha investigado y dado a conocer la herencia cultural, soporte indudablemente de la identidad nacional.
Por esta razón, nosotros consideramos que este instituto debiera tener un lugar permanente en la Comisión. Esa sería una manera adecuada de realizar la vigilancia de nuestro patrimonio cultural, que está tan estrechamente relacionado a la actividad turística.
Con seguridad el Ejecutivo Federal y la nueva mayoría en la Comisión de Turismo de esta Cámara, consideran un obstáculo en la agilización de los trámites relativos a la necesidad de los empresarios organizados con la participación, desde luego del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En México no podemos olvidar los atropellos de que hemos sido víctimas en el pasado; por eso ante el dilema entre conservar y modernizar, debemos dar un uso al patrimonio cultural en correspondencia con la dinámica de la vida contemporánea sin menoscabo de su preservación como evidencia histórica relevante.
Indudablemente la fuerza de toda cultura, es la de enfrentarse a su capacidad simultánea de conservar y de cambiar. Pero esto no debe significar el abandono de la responsabilidad del Estado de cuidar el patrimonio que es de todos los mexicanos.
El dictamen que hoy nos ocupa sufrió diversas modificaciones en el Senado. Las más de ellas de forma. Una que consideramos de importancia, es la inclusión de la definición del turismo social. Pero debemos considerar que su discusión se convierte en un elemento contradictorio, pues toda Ley tiene un sentido mercantilista, con el objetivo sustancial de atraer y facilitar la inversión extranjera.
Tales contradicciones, señores diputados, hacen de esta iniciativa de Ley, un cuerpo normativo inadecuado para regular la actividad turística del país.
En consecuencia, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se abstendrá en la votación del proyecto de Ley de Turismo. Muchas gracias.
El Presidente:- Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo.
El diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo:- Muchas gracias. Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Hemos escuchado muy atentamente lo que vino a expresar a esta alta tribuna el compañero Atalo Sandoval. Decía el compañero Atalo Sandoval, que en la ley que nos ocupa existen neutralidades, que no hubo consulta adecuada, que hay decisiones caprichosas y centralistas en esta iniciativa de Ley.
Sin embargo, y por otra parte, reconoce que esta Ley promueve y aplaude que se promueva en esta Ley, la descentralización; reconoce también que hubo un trabajo plural en la Comisión, que se tomaron en cuenta todas y cada una de las propuestas que se presentaron por todos los equipos parlamentarios.
Nosotros obviamente no compartimos la idea del compañero Atalo Sandoval, porque incluso vemos que él mismo, al subir y hacer uso de la tribuna, tiene contradicciones evidentes cuando habla, por una parte, de las decisiones caprichosas y centralistas; y por otra parte reconoce que hay una efectiva descentralización planteada en la Ley y que existe también o que existió también un trabajo plural, que también reconoció.
Tampoco nosotros compartimos la idea del compañero Atalo Sandoval cuando habla de que la desregulación deja propiamente en estado de indefensión al Estado mexicano, cuando habla de que esta desregulación que se da en la Ley de Turismo es una desregulación a ultranza. No lo compartimos porque sentimos que el sector público, que el Estado, conserva en esta Ley, a través de la Secretaría de Turismo, sus funciones de planteación, control, promoción y regulación de la actividad turística, sin que pueda entenderse de manera alguna que esta legislación se propone o implique alguna pasividad de la autoridad.
Por último, yo creo que es conveniente mencionar que la actividad turística ha sido desde su nacimiento y desarrollo, ha estado siempre desde su nacimiento y desarrollo en manos de la iniciativa privada.
Decía Atalo Sandoval que esta desregulación, que él considera a ultranza va a traer como consecuencia que muchas personas, que muchas inversiones extranjeras venga a nuestro país. Y decía también algo que nos llama mucho la atención en el sentido de que los hoteleros mexicanos, señalaba él, se han puesto en contra, se han manifestado en contra de esta desregulación, arguyendo que esto va a traer como consecuencia el echo de que puedan invertir menos porque van a tener una competencia más fuerte del extranjero.
Yo quiero decirle al compañero Atalo Sandoval que recuerdo muy bien, y yo creo que él también debe recordarlo, que nosotros nos reunimos en muchos foros, con muchas personas que se dedican a la hotelería. Que escuchamos puntualmente lo que ellos pensaban de la Ley.
Que una de las cosas que precisamente reconocían como de los grandes avances que tiene esta Ley, es precisamente la desregulación .
Y por no mencionar algunos otros más, quisiera mencionar a la organización que considero la más importante en México, que es precisamente la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Que se ha manifestado y se sigue manifestando en favor de esta iniciativa de Ley, precisamente debido a esta desregulación.
Por ello es que sentimos que debemos votar a favor de esta iniciativa de Ley, porque sabemos que ella trae como consecuencia y traerá como consecuencia una mayor inversión tanto de los nacionales como de los extranjeros y esto va a fortalecer la economía de nuestra patria. Muchas gracias, compañeros diputados.(Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Estanislao Pérez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He venido a hacer uso de la tribuna para razonar el voto del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación al dictamen que contiene la iniciativa de Ley Federal de Turismo.
En efecto, el turismo viene a representar una potencia para el desarrollo del país, ante los retos de la globalización y el intercambio comercial entre los países. México deberá impulsar aquellos ámbitos en los cuales satisfaga las necesidades, tanto sociales, como públicas y privadas.
Es menester señalar que hoy en día existe un importante monto de turistas internacionales que entran al país, pero que debido a las características de infraestructura que imperan en el país, así como los niveles de inversión en el sector, queda limitado a razón de 7.5 millones de personas que se internan en el país con fines recreativos.
Por lo tanto, si es que en verdad queremos aumentar el flujo turístico y la capacidad de obtención de divisas, vía turismo, pero fundamentalmente la inversión, tanto nacional como extranjera, debemos contar con mecanismos óptimos que permitan dar sentido a la explotación potencial de este ramo. De esta manera, abarcar tanto el aspecto estructural, que simplifique los trámites, facilite el acceso y que estimule el turismo de tipo cautivo, y el aspecto económico que fomente las inversiones y las coinversiones a través de faps turísticos, medidas que incentivan la inversión y que protejan a la vez el medio ambiente, así como los incentivos laborales que combinen las relaciones entre el capital y el trabajador.
De acuerdo a las estadísticas del Banco de México, tenemos que la influencia de turistas a México se ubica alrededor de 7.5 millones de personas, cuyo gasto promedio representa alrededor de 750 dólares. Sin embargo, estas cifras son realmente relativas si lo comparamos con la capacidad que nuestro país puede llegar a ofrecer, traduciendo en centros recreativos y diversión: playas, zonas arqueológicas, y reservas ecológicas.
Solamente para citar el caso de España, tenemos que tiene un flujo anual de 40 millones de turistas con un territorio que representa una cuarta parte del nuestro. Una de las derivadas que contesta lo anterior, es precisamente un sistema jurídico legal, acorde al potencial existe que permite fomentar los aspectos antes mencionados y a saber infraestructural y económico.
Señoras y señores diputados: el trabajo realizado en Comisión representa la pluralidad ideológica que reinó a lo largo de las sesiones que dieron como resultado un mayor acercamiento entre el Poder Legislativo con las autoridades en el ramo y el sector privado. Todo esto es parte de una nueva modalidad que permite estrechar los vínculos entre los tres sectores para hacer las leyes más expedidas.
Cabe destacar que dentro del proyecto de Ley Federal de Turismo una de las propuestas que se retoman de la ley aún vigente, pero que la iniciativa del Ejecutivo había derogado, es la que queda inserta en el artículo 32 propuesto, en el cual quedan plasmadas las garantías individuales, la esencia constitucional de los derechos humanos, la que se refiere a que en la en la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación de razas, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.
De esta manera, estaremos protegiendo al turista contra aquellos que intenten soslayar los derechos y libertades que cada individuo tiene como consecuencia.
Es importante destacar el fomento al turismo social, el cual comprende los instrumentos y medios que faciliten el turismo con fines recreativos en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad a personas de recursos limitados.
Bajo este precepto, queda inmerso el desarrollo ordenado del turismo social, a través de las dependencias de la administración pública federal. Asimismo apoyar esta modalidad de turismo a lugares susceptibles de elevar su nivel económico de vida. Es necesario entonces apoyar las comunidades para que exploten los lugares circundantes que contengan potencial turístico en cualquiera de las modalidades que el medio lo permita.
Nos parece de suma importancia la relación turismo- medio ambiente inmerso en el artículo del presente proyecto, es precisamente ante los estadios de civilización y convivencia en las que nos encontramos, que esta relación al aplicarse de manera puntual, elevará la capacidad y afluencia de turismo en aquellas zonas destinadas a la protección de la fauna y la flora, para que coadyuve a la concientización hoy por hoy necesaria, de la importancia de preservar los recursos naturales y que se convierta tanto en hábito como en política.
Esta Ley permitirá que en el futuro el desarrollo de proyectos, planes y programas permitan aumentar las competencias de las autoridades a nivel estatal y municipal, a la vez regional y nacional, en el fomento y promoción del turismo del país; sin embargo mucho tendremos que trabajar en este sentido.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana viene por mi conducto a dar su voto a favor de la presente iniciativa de Ley Federal de Turismo.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la revolución Mexicana, su servidor Estanislao Pérez Hernández. (Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al señor diputado Humberto Flores Cuéllar, del Partido Acción Nacional.
El diputado Humberto Flores Cuéllar:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a fundar la posición de mi partido Acción Nacional respecto a esta Ley que hoy se discute. Quiero congratularme con todos los compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios que conformamos la Comisión de Turismo, por todo el trabajo, por todo el esfuerzo realizado por sacar adelante este proyecto que hoy nos ocupa.
Como ya lo expresó el Presidente de la comisión de Turismo, compañero diputado Raúl Velasco, se realizaron múltiples reuniones de trabajo y consulta con los diversos sectores involucrados en esta rama turística. En esta ocasión reafirmamos un procedimiento de trabajo que debe ser pauta para muchos trabajos de este Congreso; es decir, involucrar a los ciudadanos, a organizaciones políticas, a organizaciones sindicales, a organizaciones privadas y el mismo Gobierno con el propósito de conocer sus impresiones en relación con esta Ley, con esa iniciativa.
Esta Ley tienen por objeto elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes en las entidades federativas y municipios, y quiero recalcar muy claramente federativas y municipios, con afluencia turística; procurar la coordinación con las entidades federativas y los municipios para la aplicación y cumplimiento del objetivo de esta Ley.
Dentro de los fines trascendentes que encontramos en el proyecto de Ley Federal del Turismo, hacemos notar las siguientes compañeros diputados: la descentralización al establecer las bases para la suscripción de convenios que permitan la participación de los tres niveles de Gobierno en forma conjunta, así como también la del sector privado.
Estos convenios entre la Federación, los estados y los municipios que están fundamentados en nuestra Constitución, en el artículo 115, para celebrar los convenios sobre la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario.
La desregulación al liberar a los prestadores de servicios turísticos del marco jurídico a que estaban sujetos anteriormente, con la finalidad de facilitar la inversión nacional y extranjera, lo que sin duda propiciará el desarrollo socioeconómico nacional e impulsará el equilibrio regional.
También es notoria la simplificación administrativa. Al recomendar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos al Registro Nacional de Turismo, sea optativa y no obligatoria; tendencia que augura una administración pública turística más expedita.
Los logros enunciados compañeros diputados, proporcionarán sin duda, que la acción del Estado en el desarrollo económico de la vida nacional se vea más limitado dejando libre juego a la oferta y a la demanda. Así también se verá fortalecido el federalismo mexicano al concebir a los estados no como simples fracciones territoriales, ni meras divisiones administrativas, sino
como personas morales de derecho político y con personalidad jurídica reconocidos en nuestra Carta Magna.
Por lo que respecta a los municipios, cédula primaria y básica en nuestro sistema político, se le reconoce su libertad económica sin la cual no puede gozar de su libertad política.
He apuntado algunas de las bondades de esta Ley que motivan el voto a favor por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional; aceptamos la Ley porque nos interesa el bien de México. Muchas gracias compañeros diputados. (Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra el señor diputado Fernando Navarrete, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Navarrete Magdaleno:- Señor Presidente, señoras y señores legisladores:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me permito comunicarles nuestra opinión para esta iniciativa de Ley Federativa de Turismo.
Siendo el turismo una actividad de enorme relevancia para el desarrollo nacional, tanto en el ámbito de generación de empleos como en el campo de atracción de divisas, actividad de una pronta respuesta económica y social que requiere de las mayores atenciones por parte de todos los mexicanos de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación, así, como de las organizaciones involucradas en la misma.
Por ejemplo, durante 1991, México recibió la visita de 6 millones 493 mil turistas internacionales, cifra que represento el 1.4% del movimiento turístico mundial. En contraparte, la salida de mexicanos al extranjero por motivos turísticos fue de 4 millones 173 mil personas, movimiento inferior al de 3.4%.
Estos desplazamientos generaron para nuestro país un saldo superavitario en la balanza turística por 1 mil 905 millones de dólares, saldo 30% superior al obtenido durante 1990, ya que el ingreso de divisas por turismo fue de 3 mil 784 millones de dólares y los egresos por dicho concepto ascendieron a 1 mil 879 millones de dólares.
El impacto de la actividad turística en la economía, refleja al participar ésta con el 3% en el producto interno bruto y generar 28 mil nuevos empleos, con los que se registró una cifra acumulada de 2 millones de personas laborando directa e indirectamente en este sector.
Durante 1991 los ocho principales puertos turísticos del país, atendieron a 1.6 millones de pasajeros que arribaron por cruceros, registrándose un incremento en este movimiento respecto a 1990 del 30%, y destacando Cozumel por atender al 30% del total y Ensenada, por registrar un crecimiento en el número de pasajeros atendidos del 117%.
La oferta hotelera del país ascendió a 8 mil 239 establecimientos con 345 mil habitaciones, de las que el 28% son de categoría de cuatro a cinco estrellas, gran turismo y clase especial.
El número de establecimientos es superior al de 1990 en 3.2% y el de cuartos en 3.5%, lo que representa cerca de 12 mil cuartos nuevos en un año.
Por lo anterior señalado, la actividad turística debe de ser impulsada con prioridad, debe de ser programada, normalizada por la Secretaría de Turismo, pero también debe de ser desregularizada, dando paso a la participación de los particulares, conjuntamente con la autoridad inmediata, sea municipal o estatal, para resolver problemas directos que atañen al sector.
Grandes retos debe vencer la actividad turística, desde la promoción de su destino, financiamiento a costos similares de los de la competencia internacional, alguna descapitalización de líneas aéreas internacionales, mantenimiento exhaustivo, obsolescencia de sus activos, contratación de personal calificado como también la piratería de los que ya formaron ellos; competencia por depravación de tarifas, duplicación de trámites, mejorar la calidad de los servicios municipales, el manejo de zona federal marítimo- terrestre, descontrol del comercio ambulante y seguridad en carreteras, playas, zona urbana y conurbada, entre muchos otros que debe de presentar.
Esta iniciativa busca vencer los retos anteriores en su mayor parte, eliminar duplicidad en los trámites como en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el servicio de transportación terrestre, marítimo, lacustre, aérea y pluvial.
Importante es mencionar la libertad de registro de los prestadores con solo cumplir con los requisitos que fije la Secretaría; la creación de la Comisión Ejecutiva de Turismo en lugar de la Intersecretarial, cuando haya asuntos que resolver que competan a dos o más dependencias
de la administración pública federal, con la participación de las principales organizaciones que tengan que ver con el sector.
Varios capítulos de esta Ley contienen algunos aspectos importantes que se habían recogido del análisis y la consulta, tanto con los sectores empresariales del País como con los del sector social, como también con los diferentes partidos políticos, como es el capítulo exclusivo de turismo social, que recoge las inquietudes del sector laboral, como de las distintas fracciones parlamentarias; lo que es también las zonas de desarrollo turístico prioritario, coordinada efectivamente con la Secretaría de Desarrollo Social y los Gobiernos estatales y municipales, sumándose a los esfuerzos del sector social y privado para dotar de infraestructura dichas zonas.
Los órganos estatales y municipales de turismo, en su Título III de la iniciativa, se recoge a raíz de las diversas reuniones que tuvo también la Comisión de Asentamientos Humanos dirigida por Alejandro Encinas, se recoge de las reuniones de los diferentes alcaldes del país, que se han reunido en las diferentes ciudades durante ya más de dos años, donde han plasmado sus inquietudes de poder participar en el manejo tanto del turismo como de la zona federal marítimo- terrestre.
Se procura con la iniciativa, darle énfasis a la promoción y fomento al turismo, promover los convenios para programas conjuntos de publicidad, los fondos mixtos de promoción con los gobiernos de los estados y municipios, con la participación de los prestadores de servicios, y también el de crear el Catálogo Nacional Turístico que contendrá la relación de los servicios, los prestadores, los bienes, los recursos naturales, organismos y facilidades que puedan ser factores de desarrollo turístico.
Define la participación del Fomento Nacional al Turismo, así como su Comité Técnico se refiere en el artículo 3o. sobre capacitación turística.
Busca proteger al turista, verifica a los prestadores a través de visitas para constatar el cumplimiento de lo establecido por esta iniciativa y su Reglamento, evitando duplicidad con la Procuraduría Federal del Consumidor, sancionando a quienes se desvíen de esta normatividad. Es por ello que después de escuchar también el voto a favor de las demás fracciones parlamentarias, con algún voto que no se mencionó y otro que quizá fue en contra, pero en general la consulta que se ha hecho en todo el país, las últimas reuniones que se han tenido en el seno de la propia Cámara de Diputados, en la propia comisión, nos da nuestro partido toda la certeza y la contundencia para definir que estamos en pro de esta Ley, porque va a vigorizar el turismo nacional.
Yo le pediría al señor Presidente, que preguntara a la Asamblea si esto está totalmente discutido, si está ampliamente ya aprobado, de tal manera que pasáramos nosotros a su votación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Se encuentran enlistados todavía en la lista de oradores algunos señores diputados. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Enrique Caballero Peraza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza:- Con su venia señor Presidente, compañeros diputados:
En esta ocasión nos encontramos ante un proyecto legislativo de actualización, modernización, de avanzada, de donde se buscó la participación plural de todas las fuerzas que integran la Comisión de Turismo. Desgraciadamente parece ser que hay quienes desean todavía un regreso al pasado, o un permanecer estancados en un presente sin futuro.
Durante la dinámica que la Comisión de Turismo llevó a cabo para consensar este proyecto de Ley, tuvimos la oportunidad de dialogar con los diversos representantes de la industria turística y prestadores de servicios. Muchas de sus propuestas fueron atendidas y plasmadas en esta iniciativa que los afecta directamente en su actividad.
Existió también un planteamiento que nos fue repetido en varias ocasiones por los empresarios del ramo. No entra tal vez en el ámbito de la discusión de esta Ley, pero considero que es prudente hacer un señalamiento al respecto.
Nuestro partido, Acción Nacional, siempre se ha manifestado por la más amplia participación de la sociedad, la representación democrática en los diversos sectores y la independencia de ellos del poder público. Es por lo anterior que expongo lo siguiente:
Existen actualmente tres cámaras que inciden en la industria turística: la Cámara del Aerotransporte, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, y la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros
y Turismo. Todas ellas englobadas dentro de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. A continuación presentaré algunos antecedentes.
En 1922, por iniciativa de don Lucas de Palacio, se crea la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Esta hace un primer intento de transformarse en Cámara Hotelera, pero desgraciadamente no le fue posible.
En 1942, nace la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México; en 1944 nace la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, impulsado el proyecto por Mario Rivas Mercado y también por don Lucas de Palacio.
De 1956 a 1961 se crea la Cámara de Turismo, que engloba a diversos prestadores de servicios turísticos, y la Confederación Nacional del Cámaras de Turismo. Este proyecto tampoco llega a un feliz término.
El proyecto de la creación de la Cámara Nacional Hotelera persiste, y en lo personal lo vemos con una gran simpatía. Las razones que han expuesto me parecen válidas, demandan una auténtica representación. Es prudente señalar que existen otras cámaras especializadas de servicios; aun cuando la actual Ley de Cámaras que puede ser modificada, no contempla los servicios, sino solamente el comercio y la industria. Consideramos que existe una actividad económica fundamental, que es de prestación de servicios, como lo cita una resolución de la Suprema Corte de Justicia en 1949, por lo que se le debe considerar como industria auxiliar.
No es la idea, la de atomizar una representación de la iniciativa privada, es la búsqueda legítima de una representatividad más directa en el concierto de la toma de decisiones.
La hotelería es un componente fundamental dentro de la industria turística, y desea participar con mayor capacidad e interlocución.
El sector Turismo empuja fuertemente como uno de los principales generadores de divisas, y un muy importante creador de fuentes de trabajo a nivel mundial. En 1993, la industria turística proporcionará 148 millones de empleos directos, según cifras de la Organización Mundial de Turismo.
Las medidas que sean tomadas para el desarrollo óptimo de la actividad turística, se reflejarán directamente en mayor afluencia de divisas, en un incremento en la creación de empleos directos o indirectos y en mayor certidumbre a la inversión en la infraestructura turística.
Sinceramente, espero que los esfuerzos que los hoteleros están haciendo en todo el país, al igual que los diversos ramos del sector, para constituirse en Cámara y crear de nueva cuenta la Confederación Nacional de Cámaras Turísticas o de Servicios, sea ahora coronado con el éxito, lo cual pienso coadyuvará para lograr la excelencia en el servicio en la hotelería y que redundará en un acercamiento a la calidad total, que los turistas que visitan México indudablemente merecen. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra la diputada Gladys Cano Conde.
La diputada Gladys Cano Conde:- Con su permiso, Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Sabemos todos que la función de legislar que nos ha encomendado la voluntad popular, implica una enorme responsabilidad ante la nación entera y ante la historia, porque las leyes y normas que de esta Cámara emanan, determinan de manera directa el destino presente y futuro de México.
Es por ello que legislar de manera objetiva nos implica necesariamente despojarnos de sectarismos ideológicos, de actitudes fundamentalistas y de intereses individuales o de grupo, para pensar y actuar en función de una política de auténtico desarrollo social.
Creo que afortunadamente éste ha sido el marco donde nos desempeñamos en estos días cuando hemos debatido y aprobado las leyes que han adecuado al Estado mexicano a las nuevas circunstancias de sus sociedad y del contexto internacional.
Esta y no otra con buena fe hacia México, ha sido la razón de los diputados priístas al votar una iniciativa de Ley.
En esta ocasión, señores diputados, nos corresponde analizar una iniciativa más del Ejecutivo Federal, sobre un ámbito sectorial que yo diría es de importancia estratégica para el país: el turismo.
Antes de comentar la iniciativa, quisiera recordar que la modernización de los servicios y el impulso a la infraestructura turística, se hace cada vez más imperativo, debido a la fuerte competencia mundial por la capacitación de divisas
provenientes del turismo y que en México lo hemos asociado directamente al mejoramiento del nivel de vida de muchos mexicanos y al aprovechamiento racional de los recursos nacionales.
Con este propósito, los diputados de la Comisión de Turismo nos abocamos desde el inicio de la Legislatura a realizar en varios puntos de la República diversos foros de consulta con prestadores de servicios turísticos de los sectores público, privado y social, para conocer más de cerca las propuestas, inquietudes y necesidades de los agentes determinantes de la actividad turística, a fin de perfilar una mejor normatividad efectiva y realista para el sector.
Como respuesta, tuvimos una entusiasta participación de muchos sectores sociales, cuyas solicitudes y propuestas en su mayoría coincidieron en torno a la descentralización de la actividad; evitar la excesiva regulación; dar mayores incentivos para la inversión, y mejorar la estrategia de promoción, entre otras más que se canalizaron al Ejecutivo Federal.
La iniciativa que ahora está siendo analizada, constituye sin duda una respuesta alentadora y efectiva para la modernización del marco jurídico normativo de la actividad turística. Evidentemente, es un proyecto con amplio consenso, porque recoge las propuestas que los prestadores de servicio turístico del país, los diputados de la Comisión y los ciudadanos en general, hicieron desde que iniciamos las reuniones de consulta y análisis.
Entre las categorías que significan a este proyecto como un importante instrumento de modernización e impulso del sector, destacan las siguientes: la descentralización, la desregulación, la promoción, el impulso al turismo social y la protección al turista.
La descentralización implica que las localidades y los prestadores de servicio estarán involucrados en las tomas de decisiones y cada entidad, en el marco del programa federal, podrá realizar e instrumentar su propio programa de desarrollo turístico, a fin de contar con la visión de quienes son más directamente responsables de los servicios turísticos.
La desregulación, que se refleja en la iniciativa, tiene como propósito de evitar un exagerado cúmulo de ordenamientos, que más que beneficiar desalientan la inversión, tan importante para el desarrollo del sector, por la generación de empleos y por la captación de divisas.
En el aspecto de promoción el proyecto contempla un impulso sin precedentes a programas de publicidad y difusión en México y en el extranjero, de nuestros recursos turísticos. Además, establece realizar un catálogo nacional turístico, que agrupará a los prestadores de servicio, a los recursos naturales, a los organismos y facilidades de posibilidad para el desarrollo turístico.
El fortalecimiento del turismo social también queda consignado en esta iniciativa, mediante el establecimiento de acciones coordinadas entre los tres niveles de Gobierno, así como de mecanismos de concertación con los sectores social y privado, para conseguir con mayor oferta programas turísticos para los grupos y personas de recursos limitados.
Por otra parte, la protección al turista también ocupa un lugar importante en este proyecto, pues asegura al usuario el derecho de exigir el reembolso o bonificación de un servicio no prestado o que se le proporcione otro servicio de la misma calidad.
Creemos, entonces, que con estás y otras aportaciones, la nueva Ley Federal de Turismo vendría a situar la normatividad del sector a las circunstancias y realidades que hoy se presentan en México y en el mundo.
Es importante resaltar que no se trata de borrón y cuenta nueva. La iniciativa retoma plenamente muchas aportaciones funcionales de la Ley de 1984. Sin embargo, el acontecer social siempre es dinámico y más aún en los últimos años, y quien no adecúe la normatividad a la realidad, termina rebasado por ésta. Si el proyecto que estamos analizando contuviera excesivos ordenamientos y trazos legales o si fuera centralista, se convertiría en un instrumento de obstáculo a la inversión nacional e internacional. La experiencia así lo demuestra en un mundo donde todos los países mantienen una cerrada competencia para la atracción de divisas necesarias para su desarrollo.
Es por ello que solicito a esta honorable Asamblea su voto de aprobación a fin de que nuestro turismo cuente con una legislación más funcional, más alentadora y más acorde con el México de hoy. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado René Bejarano Martínez
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:- Buenas tardes compañeras y compañeros diputados; con su venia señor Presidente.
Al venir a fijar la posición complementándola con las palabras de nuestro compañero diputado Atalo Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, quiero sustentar la tesis según la cual la reforma que se propone a la Ley Federal de Turismo ya aprobada en el Senado, pone el acento en favorecer los megaproyectos en demérito del interés social.
En México el turismo forma parte de la actividad económica y ha sido considerado por las autoridades gubernamentales como un sector fundamental aportador de divisas.
La idea que el Gobierno tiene del turismo se puede resumir en los elementos del Programa Nacional de Turismo para 1991-1994, en él se condensan las partes centrales que ahora con iniciativa se van a venir desarrollando rápidamente. En primer lugar, se dice que se trata de elevar la competitividad en el mercado tanto nacional como extranjero, se dice entonces que se va a fomentar la promoción de esta actividad a través de las inversiones, la publicidad, la descentralización, la coordinación y desde luego la desregulación, que señala que la forma de atender los niveles crecientes de competencia en este sector de la actividad económica sólo puede lograrse modificando o flexibilizando, como lo hace la iniciativa, las determinaciones legales para favorecer la inversión extranjera.
El programa ya anuncia lo que ahora la iniciativa resume, que es la liberalización de la política del transporte y particularmente del transporte aéreo a través de la liberalización de las tarifas aéreas.
Se dice que se va a diversificar la oferta a través del desarrollo de megaproyectos y de turismo diferenciado, del turismo social, el cinegético y otros tipos de turismo orientados a preservar nuestra cultura y nuestra identidad nacional.
Para ello se habla de un nuevo sistema de clasificación de las instalaciones turísticas. Se habla de buscar que en el mercado haya mejores mecanismos de financiamiento y para ello se le asigna el Fomento Nacional al Turismo, un papel para que el flujo de recursos llegue a los proyectos que se requieren.
Si bien estos objetivos no todos comportados pueden ser importantes. Tenemos que ver a la luz de los resultados lo que ha sido la experiencia del turismo en nuestro país y lo que va ser a partir de la iniciativa y de las consecuencias que la iniciativa tenga en el corto y en el mediano plazo.
Se dice que en México el flujo de turistas internacionales registró un crecimiento promedio anual de 4.1% a nivel internacional, en tanto que en México hay un crecimiento del 4.4%. Sin embargo, quiero hacer notar aquí que nuestro país hace algunos años era considerado como una potencia turística y ocupaba en la clasificación internacional el décimo lugar, y que ahora este lugar que teníamos ha sido desplazado y que ahora somos el duodécimo o la duodécima potencia turística, según el artículo de Cris Aspin, publicado en el periódico El Financiero apenas el sábado 9 de diciembre, ahí se dice, por ejemplo, que el turismo representa en México la segunda fuente de ingresos después de la industria del petróleo.
La Organización Mundial del Turismo reportó que México recibió por concepto de turismo 5 mil 930 millones de dólares en 1991, aumentando su crecimiento anual desde 1982, cuando la industria tenía una utilidad de 2 mil 640 millones de dólares, lo que representó el 9.4%.
Sin embargo, México ha perdido terreno frente a otras naciones. En 1970, México ocupaba el décimo lugar de ganancias por concepto de turismo en el mundo, el año pasado se ubicó en el duodécimo lugar después de Singapur y Hong Kong.
Es decir, hay una pérdida de competitividad a pesar de que hay un crecimiento de algunos indicadores. Se dice también que el sector Turismo en México va a tener un impulso significativo a partir de la reforma, y esto habría que relativizarlo.
El artículo 61 de la iniciativa de Ley que estamos comentando elimina una facultad que hasta ahora todavía vigente, tiene la Secretaría de Turismo, esta Secretaría, responsable en el ramo tiene la facultad para autorizar precios y tarifas de los servicios turísticos.
La iniciativa comentada en el marco de la desregulación en boga elimina esta facultad que la Secretaría tenía y mediante la cual el Estado tenía la posibilidad de regular los precios y garantizar, a través de esta regulación el acceso de los servicios turísticos a una buena cantidad de mexicanos, de ingresos medios y de ingresos bajos que sólo mediante precios bajos pueden acceder a los servicios turísticos que existen en nuestro país.
La pregunta que tenemos qué hacer nosotros es si con esta desregulación y sujetado al mecanismo de la oferta y la demanda, los precios
de los principales servicios turísticos se van a incrementar o no, y cuál va a ser la evolución de la demanda y de la composición de la demanda de los servicios turísticos.
Se dirá, ahora, con regulación entre 40 y el 60% de los servicios turísticos están subutilizados e incluso aun a los precios vigentes hay ofertas de disminución sensible de precios y tarifas durante algunos periodos del año. Pero ustedes tienen que reconocer y que recordar que el patrón cultural de los mexicanos hace que los periodos vacacionales sean muy señalados por factores religiosos incluso, que los periodos de temporada alta en nuestro país son, desde luego el fin de año como ahora, la Semana Santa y, desde luego, los periodos vacacionales escolares de julio y agosto.
En temporada alta cuando la demanda es creciente y sin regulación de los precios y las tarifas, ¿cuál va ser la revolución de los precios? Evidentemente crecerá. Se podrá decir entonces que habrá demanda y que la demanda como los viejos postulados de la teoría económica determina la oferta y que por lo tanto la demanda va a influir sobre el precio.
¿Pero cuál va a ser la composición de la demanda? ¿Serán los trabajadores del salario mínimo los que tengan acceso a los megaproyectos de desarrollo turístico que existen en nuestro país? ¿Serán incluso los profesores que ganan 1 millón de pesos, en promedio, al mes, los que tengan acceso a los servicios turísticos? ¿Serán éstos los que podrán pagar tarifas de entre 125 y 250 dólares, sin alimentos, por habitación, diario en los principales hoteles, aun cuando no sean considerados de gran turismo.
Serán trabajadores los que deban tener acceso a esas responsabilidades de desarrollo turístico y cultural?, les pregunto a todos ustedes. Y luego ustedes tienen que responder negativamente porque con toda claridad, ni un trabajador, ni siquiera los de las clases medias van a tener en temporada alta, acceso a esos mercados y a ese tipo de turismo.
La iniciativa entonces, lo que esta haciendo es promover un turismo de élite, excluyendo por definición y por lo tanto sectario y en cierto sentido antinacional.
En la actualidad resulta más caro trasladarse a vacacionar a Cancún que algunas ciudades norteamericanas. Resulta que para los mexicanos resulta más Costoso y prohibitivo por lo tanto, trasladarse a vacacionar a un lugar de nuestra propia República Mexicana, donde están nuestras riquezas naturales y sin embargo, no lo pueden hacer la mayoría de los mexicanos, porque no tienen los recursos suficientes para hacerlo.
La consolidación de la política de apoyo a megaproyectos, además va a incidir significativamente en aquellos sectores que alrededor de esos megaproyectos, son excluidos y reflejan como en un escaparate toda la injusticia social que se vive en nuestro país.
¿Cómo no demostrar por ejemplo que en Puerto Escondido, en Acapulco, en Cobá, en Quintana Roo o en Puerto Vallarta o en Manzanillo, alrededor de los grandes megaproyectos, los pobladores de la zona se afinan en franjas de miseria y se convierten en vendedores ambulantes o en trabajadores en el nivel de la indigencia, porque han sido desplazados del mercado de trabajo de la zona en donde los megaproyectos se han instalado?
¿Por qué además este tipo de proyectos que son los prioritarios en la política de salinismo, son los proyectos que utilizan una capacidad intensiva de capital?, con tecnologías que desplazan mano de obra y que incluso la tecnología que utilizan, requiere trabajadores que no están o no existen en las zonas en donde instalan los proyectos; que tienen que ser trasladados de las grandes ciudades e incluso, trabajadores extranjeros. Muchos egresados de las escuelas de turismo, profesionales del turismo, ya no digamos técnicos en turismo, egresados de las especialidades de planeación, de hotelería o de agencias de viajes, son técnicos, técnicos que están a las órdenes de los responsables, de los dueños de las agencias, muchos de los cuales, de las agencias de viajes, de los hoteles, de las empresas, de las grandes cadenas, muchos de los cuales que trabajan en México, no son mexicanos. Es decir, estamos capacitando a profesionales que sin embargo en la actividad turística no tienen un adecuado desempeño.
Además los megaproyectos, aunque se dice que la industria del turismo es la industria sin chimeneas, será muy sin chimeneas pero es altamente contaminante. No hay una regulación de todos los efectos perniciosos que tiene la instalación de megaproyectos que destruyen el medio ambiente de la zona y edifican sustancialmente los patrones culturales en donde se instalan este tipo de megaproyectos, porque nulifican los patrones de consumo y segregan en nuestro propio país segregan aquellos pobladores que se asentaban originalmente en aquellos lugares.
Las reformas del artículo 27 constitucional, están provocando entre otras cosas que se esté pensando en desarrollar proyectos que modifican el uso del suelo de zonas costeras, para impulsar el proyecto de desarrollo turístico sobre todo costero, sobre todo playero, sin dotar de importancia a otro tipo de turismo.
Se ha venido a decir aquí por ejemplo, que la nueva Ley Federal de Turismo, que seguramente se aprobará por la mayoría de los diputados que no han sustentado con suficientes razones, va a alentar el turismo social.
Yo les quiero decir que esto, más allá del discurso, no es realista, porque los proyectos de los sindicatos se han venido abandonando, porque los proyectos por ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social, como Oaxtepec, como la Trinidad, como Metepec, prácticamente han sido olvidados y no hay nuevos proyectos de este tipo; porque el fideicomiso para el turismo obrero prácticamente no hace que los obreros tengan reales posibilidades de acceso a la recreación y a la cultura; porque además se está impulsando un proyecto de turismo que desprecia e incluso puede destruir los valores culturales de nuestro patrimonio artístico.
Los propios trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, afirman que la iniciativa de Ley por la forma en que está diseñada, por la forma en que está escrita y por lo que señala, pese a lo que se diga en contra, afirman estas transformaciones expresan un peligro potencial para las culturas mexicanas, y en lo particular, para el manejo del patrimonio cultural del país.
El considerar las zonas arqueológicas, monumentos históricos y museos como servicios turísticos y al instituto como al Instituto Nacional de Antropología e Historia, como prestador de servicios además de negar las funciones básicas de esta institución, se corre el riesgo de que sin la regulación y normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su Ley Federal sobre Zonas y monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ausencia que puede implicar que el dominio de la nación sobre el mismo desaparezca gradualmente o no, para dar lugar a su manejo particular y disperso por sujetos privados.
Esta flexibilización de la normatividad puede llevar a que en la cima de las pirámides construidas por las culturas prehispánicas, podamos ver pronto anuncios de Coca- Cola, de María Isabel Sheraton o de algunos otros servicios turísticos. No estamos haciendo amarillismo.
La destrucción de zonas arqueológicas y del patrimonio cultural y artístico de nuestro país, por una desregulación o por los límites de la normatividad que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacen que se destruya ese patrimonio.
No estamos en contra del desarrollo de la actividad turística; estamos en contra de un modelo de desarrollo turístico antinacional, excluyente, sectario, segregacionista y que puede ser contraproducente.
Yo les quiero decir, por ejemplo, que el saldo favorable en la balanza turística puede esfumarse rápidamente. ¿Porqué? Porque aun suponiendo, sin conceder que el año entrante se logre una inflación de un dígito, digamos del 9%, esta inflación de todos modos seriados o tres veces más que la inflación en Estados Unidos o Canadá, pero que además en el caso de los servicios turísticos con la liberación de precios y tarifas, el índice inflacionario puede ser mayor al promedio nacional, y que entonces para turistas extranjeros puede resultar más caro venir a nuestro país por los mismos servicios que a precios más baratos les pueden proporcionar en sus países de origen o en Europa o incluso en Asia. Podemos perder competividad por la liberación de precios, porque además en México el mecanismo de control de oferta y la demanda no está sujeto en una temporada de demanda permanente y continua, que la demanda turística en México tiene altibajos y que entonces en los momentos del crecimiento de la demanda puede haber un crecimiento muy elevado, muy sustancial de los precios, y que nos haga perder competitividad.
Se podrá decir que eso no tiene nada qué ver con el Tratado de Libre Comercio y esto también es falso. La legislación que se propone, la modificación de la Ley Federal de Turismo, está en consonancia con lo señalado en el Capítulo XI del proyecto del Tratado de Libre Comercio que ayer sin consultar a los mexicanos, el titular del Ejecutivo utilizó publicitariamente en la firma que se llevó a cabo.
En el Capítulo XI, de inversión, en el artículo 1102, se habla del trato nacional al capital y a los extranjeros. El texto dice así: "Cada una de las partes brindará a los inversionistas de otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta y otra disposición de las inversiones.
¿Quiénes van a intervenir en turismo en México, si no las grandes cadenas hoteleras que a lo largo y ancho del mundo los grandes monopolios, las grandes empresas transnacionales que a lo largo y ancho del mundo controlan también, y esto es muy importante, las divisas que obtienen?
¿Cómo se va a garantizar, por ejemplo que, suponiendo sin conceder, hubiera un saldo permanente favorable en la balanza turística y que las divisas que ingresaran en nuestro país se reinvirtieran, obtuvieran un efecto redistributivo para el ingreso y para el propio turismo?
Evidentemente no hay forma de asegurarlo. Por el contrario, lo que puede suceder es que mediante este mecanismo buena parte de las divisas que entren al país también se vayan repatriadas por los capitales y que ni siquiera se otorguen los beneficios que tanto se han anunciado publicitariamente.
Se habla de que la imagen de México en el extranjero se ha mejorado, y que esto ha significado sin duda una recuperación del turismo más allá de la recuperación económica. Y aquí yo también quiero hacer hincapié en el aspecto de la imagen. México ha sido vulnerable en el pasado a campañas de difamación, y eso ha significado un deterioro significativo de los turistas extranjeros que visitan México.
Recordemos las campañas de boicot en contra de México, apenas hace algunos años. Recordemos además, por ejemplo, que en el estado de Michoacán, como resultado del conflicto poselectoral, una buena parte de los beneficios de la actividad turística de esa temporada decreció significativamente.
El Gobierno tiene que entender, por ejemplo, que la única forma de mejorar su imagen no es mentir en el extranjero; que la única forma de mejorar la imagen para que tengamos competitividad turística, es garantizar estabilidad política en México. Y eso solamente se logra a través de una verdadera democracia.
Si en México, por ejemplo, en 1994 se desarrolla un conflicto derivado de la sucesión presidencial, sin duda esta tendrá, más allá de cualquier Ley, efectos negativos en la actividad turística.
Por eso se tiene que fortalecer el mercado interno, para no depender solamente del ingreso de turistas extranjeros en México. Y no podemos, además, depender solamente o principalmente del turismo norteamericano. Tenemos que tratar de atraer a muchos, muchos turistas de otros países para no depender solamente de un país. Y además tendríamos que desalentar el que muchos mexicanos van de turistas al extranjero .
Tienen que reconocer los diputados del partido oficial, por ejemplo, que según los propios datos oficiales hemos pasado de 3.2 millones de turistas mexicanos en el extranjero, a 4.3 Es decir, que hay muchos más turistas mexicanos en el extranjero, pero que además por el patrón de consumo gastan más los turistas mexicanos en el extranjero, que los extranjeros en México y que esto sin duda tiene también un impacto económico.
Por todas estas razones no podemos compartir el optimismo exagerado, cuando se habla de una bonanza significativa de la actividad turística. Porque además la capacitación no es la profesionalización del turismo, porque si realmente se quisiera impulsar la actividad turística, debiera hacerse un ejercicio de verdadera planeación turística, un ejercicio de verdadera profesionalización de la actividad turística, modificando y generando muchas más escuelas superiores de turismo para garantizar profesionales del turismo en las diversas especialidades.
Además ahora la agencias de viajes ya en lo general no van a ser consideradas como prestadoras de servicios turísticos, porque muchos de los servicios que prestaban ahora ya no son considerados como tales.
Nosotros promovemos, contrario a la opinión del partido oficial, un turismo distinto, un turismo que trate, en primer lugar, de garantizar el derecho al descanso, a la recreación, a la cultura, al esparcimiento de la mayoría de los mexicanos. Que los mexicanos no tengan que ser condenados por una estructura económica injusta a solamente ir a sus lugares de origen o salir a algún balneario el fin de semana o a prácticamente quedarse en la ciudad donde viven en los periodos de vacaciones porque no tengan recursos suficientes para poder desarrollar la actividad turística.
Necesitamos, además, no solamente pensar la actividad turística como aportadora de ingresos económicos, sino tenemos que desarrollar todas las diversas modalidades del turismo, el juvenil y revalorar la actividad en otros aspectos, como el cultural, el artístico.
España, por ejemplo, es una nación que tiene menos de la mitad de habitantes que nuestro país, pero en esta nación ingresan cada año, el año pasado 50 millones de turistas. Y el turismo
no nada mas va a las costas o a las playas, han tenido la capacidad de desarrollar una actividad turística muy diversificada y donde además respetan el turismo de los propios nacionales; la Expo Sevilla 92, Madrid, capital cultural; la Cumbre Iberoamericana, etcétera, son tan solo tres ejemplos de cómo un país puede desarrollar, aún en el marco del mercado capitalista internacional, actividades turísticas muy distintas a las que se están tratando o se están impulsando en nuestro país.
No compartimos, entonces, además el proyecto de turismo regional y de polos de desarrollo regional que excluyen, segregan, transforman y expulsan a los pobladores pobres de esos lugares.
¿Qué va a suceder..., por ejemplo, yo estuve el otro día en la costa jalisciense, en Zihuatlán, y estuve revisando todo el proyecto que ahora con la reforma que se hizo del artículo 27, se piensa hacer todo un proyecto turístico desde Zihuatlán hasta Puerto Vallarta, pero que no está incluyendo a los ejidatarios, a los propietarios originales de esta tierra y que va a transformar radicalmente todo el medio ambiente, la naturaleza y las formas de vida de estos pobladores y los va a segregar.
No queremos que los mexicanos se sientan extranjeros o excluidos en sus propias tierras, que se les expulse de las playas, que no puedan transitar ahí, porque sean visto como menesterosos y no como mexicanos en su propia tierra; que solamente sean considerados como turistas aquéllos que tengan cantidades de dinero en dólares para poder tener el derecho a descansar y a una vida saludable y digna.
Por todo eso, proponemos un modelo de desarrollo turístico muy distinto al que se está proponiendo. Efectivamente, hace falta que se adecúe el marco legal vigente, hace falta actualizar los reglamentos, hace falta modificar significativamente algunas determinaciones burocráticas que obstaculizan o generan corrupción. No estamos defendiendo el burocratismo o la corrupción o la negligencia, estamos defendiendo un modelo turístico distinto, en donde se considere la participación democrática de todos los agentes de esta actividad económica, en donde se impulse el desarrollo nacional y el usufructo de las divisas generadas por esta actividad tenga un efecto redistributivo; se respete el entorno ecológico, se respete el medio ambiente; se busque el acceso de las grandes capas de la población a la actividad turística; se impulsen desarrollos culturales para que el turismo también se haga en las grandes ciudades y no dependa solamente del consumo o del derroche.
No podemos admitir que nuestro país segregue a la mayoría de los mexicanos, que solamente sean considerados como sujetos económicos en términos de un cálculo frío de la ganancia. Requerimos un turismo verdaderamente social y popular, pero no con palabras demagógicas, sino en los hechos, y por lo tanto, con la Ley Federal de Turismo que se pretende aprobar, evidentemente no se garantiza eso, sino lo contrario, y por nuestro partido hace todas estas críticas y todas estas observaciones, y todas estas consideraciones distintas a los que algunos otros respetables diputados de otros partidos han hecho en esta tribuna. Muchas Gracias.
Quiero entregar, perdón, aquí, algunos elementos, un documento en tres partes, para solicitarle al señor Presidente que instruya a la Secretaría para que lo incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tal como lo solicita el señor diputado, incluyase el documento en el Diario de los Debates.
«Ley Federal de Turismo
(Megaproyectos versus interés social)
René Bejarano Martínez
El turismo en México, como parte de la actividad económica, ha sido considerado por las autoridades gubernamentales correspondientes más como aportador de divisas que como impulsor del desarrollo regional; con prioridades mercantiles que desprecian o destruyen el patrimonio arqueológico cultural; con enfoques playeros promotores del consumo compulsivo antes que alentadores de la recreación y el deporte: con inversiones orientadas a la edificación de proyectos depredadores del medio ambiente antes que a la preservación del equilibrio ecológico. Lo prioritario ha sido la atracción de capitales extranjeros para construir hoteles clasificados como de cinco estrellas que utilizan tecnologías intensivas en capital, que generan pocos empleos y donde el personal contratado por su calificación no es proveniente de las comunidades donde se han asentado las instalaciones turísticas desplazando a la población originaria, modificando significativamente los patrones de la convivencia social y no en pocos casos depauperando a los pobladores, a tal grado que sean convertidos en vendedores ambulantes o menesterosos.
El turismo social además de indefinido jurídicamente ha sido más un recurso retórico que una realidad. El espacio vacacional de los
sectores de la población de menores recursos y sus posibilidades de influir en la demanda efectiva han propiciado que amplias masas de "turistas" más bien acudan a algunos balnearios o a sus lugares de origen que a los grandes centros vacacionales. Para las capas medias las posibilidades de acceso al turismo nacional son, por razones obvias, más amplias. Lo anterior se ejemplifica con algunos datos que aporta el Programa Nacional de Turismo según el cual: "Del total de las habitaciones que integran la oferta del hospedaje 28% de los cuartos corresponden a las categorías clase especial, gran turismo cinco y cuatro estrellas; en las categorías de tres, dos y una estrella se ubica en 36% de las habitaciones; y 36% se encuentra en clase económica y sin categoría turística."
La proporción de mexicanos que viaja al extranjero en calidad de turistas es pequeña, aunque su monto de consumo promedio es elevadísimo comparado con el de los turistas extranjeros en nuestro país.
En los años recientes, como causa y consecuencia de la recuperación económica, el saldo de la actividad turística ha sido favorable. Su influencia en la balanza de pagos; su impacto en la generación de empleos; su aporte en la atracción de divisas y de capitales extranjeros ha permitido a vez un incremento significativo en la calidad y en la cantidad de la oferta, de la capacitación y de la competitividad. El texto del programa citado al respecto menciona: "Durante la década de los años ochenta, la actividad turística en la economía nacional mantuvo una participación promedio en el producto interno bruto de 3.0%, no obstante que en algunos años se alcanzó un porcentaje de 2.7%, debido en gran parte al deterioro de la economía nacional en los últimos años, que repercutió en los niveles de empleo e ingreso real.
"La relevancia del sector también se puede apreciar en su participación en el sector externo, ya que el turismo receptivo participó en los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, excluyendo las exportaciones de petróleo crudo, con 9.4% de 1990.
Por otro lado, la actividad turística generó de 1985 a 1990, saldos netos en divisas por 7 mil 630 millones de dólares, permitiendo de esta forma financiar parte del déficit en la balanza de cuenta corriente".
Sin embargo, conviene precisar que los tiempos de la inestabilidad y de la recesión no se han ido para siempre. Los "focos rojos" de la economía mexicana están encendidos: la volatilidad de los capitales golondrinos; la "desaceleración" en el ritmo de crecimiento, etcétera. Además de que, aun suponiendo sin conceder, que el año entrante se obtuviera un índice inflacionario de un dígito, supongamos 9% sería una inflación tres o cuatro veces más alta que en Estados Unidos o Europa lo que puede significar, sobre todo por su influencia en el tipo de cambio, una pérdida considerable de competitividad.
En esta tesitura, el titular de Ejecutivo envió recientemente a la Cámara de Senadores de la LV Legislatura una iniciativa para modificar la Ley Federal de Turismo. La aprobación del texto de la iniciativa que el Senado hizo, como Cámara de origen, mantuvo intacto el sentido fundamental de la misma, aunque hizo algunas modificaciones menores. Se ha querido presentar la reforma legislativa como bondadosa y popular señalado que se define y se promueve el turismo "social- popular" aunque por la modificación del artículo 61 de la Ley vigente prácticamente se propicia lo contrario. En efecto, la propuesta de reforma elimina la facultad de la Secretaría de Turismo para la autorización de los precios y las tarifas de los servicios turísticos"... los cuales únicamente podrán ser aplicados cuando se expida por escrito la autorización respectiva.
Se trata de adecuar la Ley Federal de Turismo al Capítulo de inversión del proyecto del Tratado de Libre Comercio que de aprobarse implicaría el trato de nacionales al capital extranjero. La desregulación en boga propicia la liberación de los precios a la dictadura del mercado que por su composición sectorial y los mecanismos de su funcionamiento arrojará de su seno a los sectores de medianos y bajos ingresos. En temporadas altas: (fin de año, semana santa y julio- agosto) el encaramiento y los abusos serán parte de una cotidianeidad excluyente. Desde el régimen se impulsa un modelo turístico antinacional y sectario. Por lo tanto, el derecho a la recreación y al descanso en los mejores espacios de nuestra riqueza natural serán aprovechados principalmente por un pequeño número de nacionales y extranjeros con ingresos económicos elevados.
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
CONSIDERACIONES SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMAS PRESENTADA POR EJECUTIVO A LA LEY DE TURISMO
La iniciativa de reformas a la Ley de turismo presentada por el Ejecutivo, exhibe nuevamente
las deficiencias de nuestras prácticas parlamentarias. La premura con que estas reformas nos han sido presentadas ha impedido que diversos sectores involucrados en la actividad turística den a conocer sus puntos de vista. Además de que los planteamientos expresados en diferentes foros, organizados . por la Cámara de Diputados, no fueron tomados en cuenta para la elaboración de la nueva Ley. Esta forma de legislar a escondidas de la ciudadanía ha demostrado su ineficacia para construir un marco normativo que regule la vida social y simplemente ha conseguido que la ley sea letra muerta.
Las reformas presentadas por el Ejecutivo tienen como fin lograr la desregulación de la actividad turística y dejarla sujeta a la simple ley de la oferta y la demanda. Se considera que la "regulación excesiva provoca cuellos de botella que desalientan la productividad y el uso eficiente de los recursos".
Se trata de eliminar la participación del Estado en el turismo. En el ámbito legal modificado la legislación existente, además de aplicar una política de liberación de precios y sobre todo vendiendo las empresas turísticas de participación estatal.
Ante esta iniciativa se hace necesario señalar cuáles han sido los resultados de la política neoliberal aplicada por el actual Gobierno en el sector Turismo.
El objetivo principal del proyecto modernizador salinista, tal y como fue planteado en el Programa Nacional de Modernización del Turismo, consiste en "crear las condiciones que permitan competir ventajosamente en un mercado turístico mundial cada vez más globalizado y competitivo". El razonamiento gubernamental, por cierto herencia del alemanismo, resulta claro: lo fundamental es propiciar la inversión en el sector, con el fin de atraer el turismo internacional y así captar las divisas necesarias que contribuyan a equilibrar la balanza de pagos.
Sin embargo, de acuerdo con el investigador Eduardo Cervantes, este modelo de desarrollo turístico sólo ha contribuido, en extremo, a la concentración de la riqueza, mientras en el otro produce marginación y el crecimiento de cinturones de miseria alrededor de las franjas hoteleras de cinco estrellas.
Al priorizar la capitación del turismo internacional, generador divisas, el proyecto modernizador del salinismo pone en evidencia su mercado carácter estilista. Al Gobierno como a los grandes inversionistas poco o nada les interesa ubicar entre sus prioridades atender las necesidades de recreación o descanso de las familias que llevan sus ahorros de salario mínimo a Acapulco en la Semana Santa, las de los paseantes de los días domingo, o las de los trabajadores que utilizan un "puente" de tres días para evadirse de la enajenación laboral y convivir con sus familias.
El Partido de la Revolución Democrática considera que, si bien, el turismo es una actividad valiosa por su capacidad de captar divisas, su modernización precisa no sólo de una industria orientada a captar el turismo internacional, sino fundamentalmente de una mejor distribución del ingreso que permita a la mayoría de la población el tener acceso al tiempo libre y usarlo de manera creativa.
En el programa de modernización turística se enfatiza la importancia de esta actividad para "promover el desarrollo regional y generar empleos" Sin embargo, en las zonas donde se asientan los polos de desarrollo turístico prevalece un panorama de desarticulación entre la actividad económica tradicional y el turismo. A unas cuantas calles de las franjas hoteleras es inocultable la existencia de verdaderos cinturones de miseria en donde existe una vida llena de carencias, desempleo falta de servicios básicos, inseguridad, insalubridad y hacinamiento.
En el renglón de empleos resalta la estrechez salarial de los trabajadores en relación a las ganancias generadas, las prácticas discriminatorias en la concentración de personal, las excesivas cargas de trabajo y, en muchos casos, las precarias condiciones laborales, así como la inseguridad en el empleo, derivado todo ello de la inexistencia o entreguismo de las organizaciones sindicales. Asimismo es de destacarse el crecimiento de formas de subempleo, como el de los vendedores ambulantes de Acapulco, auténtico escaparate de la injusticia social que se mezcla con la indignidad del lujo, la extravagancia y el derroche.
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
CONSIDERACIONES SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMAS, PRESENTADA POR EL EJECUTIVO, A LA LEY DE TURISMO
A pesar de que se publicitan los grandes logros de la políticas vigente hemos asistido
en realidad a una inmensa concentración del ingreso que ha excluido a grandes sectores de la población de contar con el gozo de su tiempo libre y por ello están ausentes de la actividad turística cuando sus necesidades primordiales se encuentran en buscar los satisfactorios indispensables para la vida diaria.
Al Partido de la Revolución Democrática le queda claro que el Gobierno y a los grandes empresarios no les resulta atractivo atender las necesidades de recreación y descanso de las familias que llevan sus ahorros de salario mínimo...
El turismo debería ser una actividad que propicie el descanso y la recreación de la mayoría de los mexicanos, sin embargo esto no es así debido a que gran parte del deterioro de la economía nacional ha repercutido en los niveles de empleo y de ingreso de la mayoría de la población.
El turismo social debe formar parte indisoluble del mejoramiento del nivel de vida y una equitativa distribución del ingresó.
Con la actual iniciativa se trata de eliminar la participación del Estado en el turismo. Aplicando una política de liberación de precios y sobre todo vendiendo las empresas turísticas de participación estatal y abandonando el concepto de turismo social, tal y como se hizo en los recientes cambios a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde su presupuesto se eliminó el rubro destinado a turismo.
Este modelo turístico de riqueza extrema no sólo tiene problemas de tipo económico sino que esta reforma a la Ley de Turismo también es agresiva hacia nuestro patrimonio ambiental como al histórico- cultural. No es la primera vez que los grandes empresarios de esta actividad presionan para que este patrimonio de todos los mexicanos les sirva para enriquecerse y desentenderse de las afectaciones tanto ambientales como culturales que su actividad provoca.
No es necesario ser un erudito en ecología para observar la gran contaminación en la bahía de Acapulco, en Manzanillo o en Ixtapa, por mencionar algunos de nuestros principales puntos turísticos. Ni tampoco se necesita ser un gran administrador para observar que los municipios no tienen los recursos necesarios, y que deberían tenerlos; mientras que los apoyos estatales y federales están ausentes o son muy limitados para promover las medidas correctivas y preventivas que permitan el saneamiento y la conservación de estos lugares con la finalidad de evitar las afectaciones a las economías locales.
También esta iniciativa en su afán por desregular fomenta la concentración de las decisiones en la Secretaría de Turismo, como, parte del Ejecutivo Federal y pone en entredicho el ejercicio de las atribuciones, que por Ley tienen establecidas, las instituciones responsables de la conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural. Ya que de acuerdo al artículo 7o. de la iniciativa son excluidas de la constitución de la Comisión Ejecutiva de Turismo, cuando todavía en la legislación vigente forman parte de la Comisión Intersecretarial Ejecutiva de Turismo, con ello se minimizan las funciones de preservación de las que son responsables y que tanto prestigio cultural le han dado a nuestro país.
También como señala el artículo 5o. de esta iniciativa ahora la Secretaría de Turismo ya no se confirmará con los demás instancias de la administración pública federal sino que tendrá que ser apoyada y podrá iniciar acciones en contra de aquéllas que considere estén entorpeciendo la prestación de servicios turísticos. Esto al Partido de la Revolución Democrática le parece que sienta un precedente bastante grave ya que no es difícil que pueda generarse un conflicto de intereses entre la preservación del patrimonio y la actividad económica, tal y como ya ha sucedido en algunas zonas arqueológicas del sureste del país con los corredores turísticos, donde gracias al ejercicio de la legislación vigente en materia de conservación y el empeño de la comunidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha impedido que los intereses mercantilistas prevalezcan logrando, no sin esfuerzos, una concertación entre la actividad económica, el ejercicio de la investigación histórica y el respeto a la preservación monumental y cultural. En otros casos no ha sido así y es previsible que esta tendencia se incremente de aprobarse la iniciativa como está:
En relación a los argumentos que acabamos de exponer, la excesiva centralización de decisiones se reafirma en el artículo 14 de la citada iniciativa cuando a la Secretaría de Turismo se le dan las atribuciones para iniciar el establecimiento o la declaratoria de zonas de desarrollo turístico prioritario, donde a su juicio existan las "características naturales, histórico- monumentales o culturales que constituyan un atractivo turístico".
Ante ello cabe preguntarnos el destino de nuestro patrimonio ambiental y cultural dado que se prioriza el carácter económico. Es decir que a la conservación se le convierte en un factor para la producción económica, cuando ellos no son
intereses contradictorios a condición de que en forma explícita y sin ambigüedades se establezca que en dichas zonas turísticas las actividades de planeación y ejecución estarán orientadas en forma relevante hacia la preservación y la difusión de nuestra cultura.
También en el Título IV de la iniciativa se hace referencia al hecho de que se apoyará y promoverá la publicidad turística, y en referencia al patrimonio cultural y ambiental no quisiéramos dejar de lado la preocupación que causa el hecho de que ésta no distorsione nuestra identidad nacional, ni fomente el antropólogo Bonfil Batalla denominaba un modelo substitutivo de nuestros valores culturales , para ello sería importante promover que en el reglamento de la Ley se establezca que los medios de comunicación y los prestadores de servicios de guía y difusión se comprometan junto con la Secretaría de Educación Pública y las instituciones federales encargadas de ellos establecer una vigilancia para que no sucedan tales fenómenos.
Ante el dilema entre de conservar y modernizar, como lo han señalado los especialistas agrupados en el colegio de Antropólogos, se propone dar un uso al patrimonio en correspondencia con la dinámica de la vida contemporánea sin menoscabo de la preservación como evidencia histórica relevante, por lo que la prueba de fuerza de toda cultura es la de enfrentarse a su capacidad simultánea de conservar y cambiar.
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Arroyo, en términos del 102.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: - Por el respeto que me merece señor Presidente, honorable Asamblea, la intervención del señor diputado René Bejarano, quisiera pretender no caer en un optimismo exagerado y mucho menos en neutralidades al exponer con toda llaneza algunos argumentos.
Primero, puedo afirmar que no hay vínculo directo entre esta reforma de la Ley y el Tratado de Libre Comercio. Segundo, debo decir que hubo por parte de todos los que trabajamos en este dictamen, un flujo de iniciativas y de ideas que nunca encontró un obstáculo insalvable. Tercero, que el proyecto tiene como objetivos fundamentales, entre otros, la descentralización de la actividad turística y que hay en este proyecto bases que con un desarrollo futuro permitirán aumentar las competencias de las autoridades estatales y de las comunidades locales en el fomento y promoción del turismo. Cuarto. Que es interesante y deberá sufrir la prueba de los hechos con el propósito de darle mayor armonía y mayor autoridad al carácter intersectorial o más que intersecretarial que ya tenía la Comisión Ejecutiva de Turismo. Quinto. Esa es la razón por la que procede dicha Comisión, que la idea no es mala y que podría permitir una verdadera corresponsabilidad de estas dependencias de las integrantes en el desarrollo conceptual de una nueva dimensión de la actividad turística en el país.
Que hay algunos aspectos de desregulación que no afectan los servicios fundamentales de prestación turística y que con algunos casos desde hace tiempo se debería de haber pensado en ello, que se encontraban clasificados prestadores de servicios que ahora se excluyen porque están claramente sometidos a las leyes generales, entre otras, de las vías de Comunicación y que tienen su propia órbita, que esta regulación puede satisfacer los mismos objetivos si se coordinan en verdad las distintas secretarías dentro de la Comisión Ejecutiva a que me refiero.
Creo que todo esto aligera la carga de la dependencia y que subraya su carácter promocional, deseo sin embargo destacar que las preocupaciones fundamentales expresadas por diversos legisladores, fueron tomadas en cuenta, hubo una preocupación común por ahondar, entre otros, en el tema del turismo social. Puede haber y debiera haber un desarrollo más amplio de estos conceptos pero se puso el acento en la preservación de los recursos y atractivos turísticos nacionales en el fomento al turismo social e incluso se ensayó una definición de turismo social que comprende, dice la iniciativa, "todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades para las personas de recursos limitados, viajes con fines recreativos en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad".
Se está poniendo, digamos de moda, y que sea una moda que se convierte en hábito y en política, el establecimiento de centros turísticos cuyo objetivo es precisamente la conservación y la multiplicación de la flora y la fauna; me he encontrado ya un centro ecológico, un centro turístico exclusivamente dedicado y que se va convirtiendo en un atractivo de alto valor recreativo y de salud pública.
Creo que convendría en consonancia con la Ley de la Materia, profundizar en este concepto. Por todo lo anterior, votaremos favorablemente y no sin insistir aquí que la formación de la comisión ejecutiva y del desarrollo en la práctica de estos conceptos debiera surgir en una nueva dimensión de política del país.
Finalmente votaremos favorablemente este proyecto, no diría yo con la reserva, sino más bien con la petición explícita de que aquí pueda surgir una amplia y generosa política de turismo.
Por respeto al tiempo reglamentario diré que la Ley desregula, fomenta, promueve, capacita, viabiliza, descentraliza, y por respeto a los autores de las ideas que no me quiero abrogar, debo decir que estas ideas que he venido leer, no son propias; que he tomado del discurso del señor senador Porfirio Muñoz Ledo, en apoyo a la iniciativa, los conceptos que he mencionado.
Lo digo con todo respeto y en abono de la palabra de señor Senador. Finalmente y para terminar, nunca, nunca creo la pretensión de hacer las cosas bien, será motivo de llenarnos de vergüenza; buscamos por no decirlo, en ésta y en otras materias, la excelencia. Muchas gracias.
El Presidente: - En términos del 100, tiene la palabra el señor diputado Atalo Sandoval. Para rectificar hechos, queda inscrito el diputado René Bejarano posteriormente.
El diputado Atalo Sandoval García: - Señor Presidente. compañeros diputados.
Me vi animado a pedir la palabra por alusiones personales ya que el compañero Bonifaz tuvo la amabilidad de mencionarme cuatro o cinco veces en su intervención, lo cual desde luego agradezco gentilmente.
Quiero señalar que pedí el uso de la palabra en términos del artículo 100, en virtud de que soy miembro de la Comisión de Turismo y que hay necesidad no de contestar lo que el amigo y compañero diputado Bonifaz, pienso que me mal escuchó o me mal interpretó.
Desde luego que me remito a las versiones estenográficas y si es posible, si hay necesidad, podemos cotejarlas.
Lo que quiero comentar pues compañeros, no es contestar a las alusiones porque no se trata en última instancia de cuestiones de orden personal, definitivamente creo que son posiciones de orden político, y en ese sentido quienes somos miembros del Partido de la Revolución Democrática, tenemos una visión bien clara y bien precisa de cómo se debe conducir a este país.
Y precisamente porque no estamos de acuerdo en cómo el partido oficial y su Presidente conducen este país, precisamente por eso subí a esta tribuna, no tampoco para abusar del tiempo.
Aunque tengo derecho a 30 minutos, quiero agotar mi intervención en el menor tiempo posible, si es posible de cinco minutos, por respeto a todos ustedes.
A mi me parece, compañeros, dados los argumentos que los compañeros , sobre todo el Partido Revolucionario Institucional, han planteado, a mi me parece debemos dejar muy claro, con más precisión, que lo que esta Ley contiene, y desde nuestro punto de vista, a nosotros nos parece que esta Ley plantea tres mitos, definitivamente. En primer lugar, reconocer que el turismo es una fuente importante de divisas, para nosotros esto en un mito que contiene la Ley, y lo voy argumentar con las propias cifras de las estadísticas oficiales.
En primer lugar, compañeros diputados, hay que considerar que el 88% del turismo nacional, internacional, perdón proviene de los Estados Unidos de Norteamérica; cifra, repito, tomada de las estadísticas oficiales.
En segundo lugar, compañeros, este 88% del turismo internacional que procede de los Estados Unidos convertido a 100, tenemos nosotros que de cada 100 turistas norteamericanos que vienen al país, 62 turistas utilizan el esquema avión- playa- hotel. Esto significa pues, compañeros, que también han utilizado el sistema de paquete para viajar, lo que representa que el 60% de lo que gastan los turistas se queda definitivamente con las compañías transnacionales en el país de origen.
Este es un dato, compañeros, que nos debe llevar a reflexionar, y más que posiciones ideológicas, políticas o partidistas, efectivamente nosotros debemos reconocer cuál es la realidad de la actividad turística.
El segundo mito, compañeros, que plantea la Ley, el segundo mito, está referido, compañeros, y esto es muy importante y hay que plantearlo aquí definitivamente, no como un desahogo personal, tampoco estos planteamientos son generalizaciones, lo planteamos con toda honestidad para que efectivamente haya oportunidad de establecer un comparativo.
Les decía que el segundo mito que plantea la Ley son los impactos positivos del desarrollo regional, y también aquí me voy a permitir dar a ustedes datos y cifras contenidas en las estadísticas oficiales, en los informes oficiales. Voy a mencionar solamente el caso de Cancún, para hablar sobre uno de los servicios fundamentales primordiales: el agua potable, el agua para el consumo humano.
En la zona hotelera de Cancún y la zona residencial de Cancún, Quintana Roo, efectivamente la oferta en estas zonas es de 2 mil litros cuarto- hotel por día, por individuo, por persona; sin embargo, compañeros, en la zona urbana, en la zona de habitación popular la oferta es de 600 litros por familia.
Aquí, compañeros, hay efectivamente una enorme diferencia y no encontramos el impacto positivo para efectivamente atender a los habitantes de Cancún por la necesidad que tienen , vital, de hacer uso del preciado líquido.
Otro ejemplo compañeros, también servicio primordial fundamental para todos los habitantes, no solamente de México o de los centros turísticos sino de todo el mundo, el problema de la vivienda. ¿Qué sucede en todos los centros turísticos compañeros, qué sucede con la tierra que se va destinar a construir las zonas turísticas y las zonas residenciales? Se sube enormemente el precio, se eleva enormemente. ¿Y qué sucede en los cinturones de miseria, por ejemplo del puerto de Acapulco compañeros?
Creo que estos datos nos deben poner a reflexionar para que efectivamente, sin prejuicios partidistas, sino como mexicanos, nos debemos a la tarea de investigar este hecho que efectivamente es importantísimo y fundamental para la actividad turística.
Por último compañeros, para terminar, el tercer mito que plantea la Ley es el relativo a la generación de empleos compañeros, y aquí voy a permitirme también entregarles a ustedes unos datos de carácter estadísticos, por ejemplo: el Distrito Federal genera el 33% de empleos en el sector a nivel nacional; Quintana Roo, Cancún concretamente, solamente el 3% y jalisco, que también tiene un centro turístico muy importante, Vallarta conocido nacional e internacionalmente, solamente genera el 2.3%.
Compañeros, si comparamos las inversiones que se han hecho en Cancún y en Puerto Vallarta, y la generación de empleos que esto nos ha dado, vamos a encontrarnos con que hay una relación muy dispareja entre inversión y empleos generados. Pero además hay que considerar, compañeros, que los empleos son de una alta rotación son muy temporales y sobre todo son empleos de mano de obra no calificada, o sea la gente que de alguna manera va asear los cuartos de los hoteles o va servir de meseros, etcétera. Esos son los empleos que a los mexicanos nos quedan, y sobre a todo ahora a partir de que lleguen las grandes compañías, irán a traer sus gerentes, y solamente irán a ocupar la mano de obra descalificada de los mexicanos.
Pero por otro lado yo quiero comentarles, a propósito de, muy breve ya para terminar, de la visita que hicimos como Comisión de Turismo al mundo maya, efectivamente vimos en Tical un centro arqueológico muy bien restaurado, muy hermoso, muy bonito, muy precioso. Vimos a los alrededores de Tical efectivamente zonas hoteleras magníficas, maravillosas, hermosas también. ¡Pero que pasaba? Nada más nos desprendíamos 10, 12 kilómetros de la región, veíamos a los guatemaltecos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos con las mandíbulas trabadas de hambre. Esto significa que en esas regiones a donde ha ido el capital internacional, efectivamente el impacto positivo de desarrollo regional ha sido definitivamente nulo compañeros. Gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo.
El diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo: - Con su permiso señor Presidente, compañeros diputados.
Subo de nuevo a ser uso de la tribuna para contestar puntualmente las alusiones personales que aquí fueron vertidas por mi amigo el diputado Atalo Sandoval.
Quiero decirle al diputado Atalo Sandoval que esto es un debate y que así se dan los debates, los debates se dan precisamente cuando hay puntos contradictorios, cuando todos tenemos una verdad y esta verdad es diferente.
Quiero decirle a Atalo Sandoval que subo a la tribuna para rectificar lo que dije en mi primera intervención.
Está, para fortuna nuestra, la versión estenográfica que tiene esta Cámara de Diputados, que va permitir, tanto a él como a este servidor y como a los demás compañeros diputados que así quieran hacerlo, comprobar lo aseverado aquí por este servidor de ustedes.
Por otro lado, y ya que me permite la oportunidad, yo quiero referirme a lo que aquí vino a decir nuestro compañero Atalo Sandoval.
El hace referencia a tres grandes mitos del turismo de México. Por una parte nos señala que el primer gran mito es aquél que señala que el turismo es un gran generador de divisas. Y
nos dice Atalo Sandoval que esto es una falacia, que esto es una mentira.
Yo quiero responderle a Atalo Sandoval algo que es obvio en todo el mundo: el turismo en todas las regiones del mundo, en todos los países del mundo está sirviendo como detonador económico, precisamente porque es un gran generador de divisas.
Baste señalar una cifra: en México se utilizaron el año pasado 57 millones de dólares para la promoción del turismo. Estos 57 millones de dólares que se utilizaron para promover al turismo, produjeron a nuestro turismo 4 mil millones de dólares. Esto es hablar objetivamente. Si nosotros invertimos 57 millones de dólares y por contra parte recibimos 4 mil millones de dólares, yo no veo el porque consideremos que el turismo no es un gran generador de divisas.
Por otra parte, nos señala el segundo gran mito, que nos dice que el turismo no es impactante en el desarrollo regional.
Yo quiero decirle que el turismo por supuesto que impacta el desarrollo regional; no es posible que podamos nosotros concebir un desarrollo turístico sin que haya previamente lo que hemos conocido como la infraestructura de la infraestructura, que es la carretera; no es posible que podamos pensar nosotros en un desarrollo turístico sin que antes haya habido la posibilidad de hacer el crecimiento económico de la región a la que nosotros estamos pretendiendo desarrollar.
Y por otra parte algo que va también muy ligado a este supuesto segundo mito que dice el compañero Atalo Sandoval, en el supuesto que él dice que el turismo no es generador de trabajos. Yo creo que precisamente uno de los impactos más importantes que tiene en las regiones a donde se desarrolla el turismo, es precisamente el hecho de que genera una gran cantidad de trabajos. Baste soló mencionar que actualmente existen 2 millones de mexicanos, 2 millones de familias mexicanas que viven directamente del turismo, 2 millones de familias mexicanas que se han visto beneficiados por los trabajos que ha generado el turismo en México.
Pero esto no es nada más, porque el turismo no sólo genera esos 2 millones de trabajos directos, sino que también genera una serie de trabajos indirectos en la agricultura, en la industria y en otros campos más, que sería innumerable señalar.
Por último, quiero señalar algo que nos decía Atalo Sandoval, y que definitivamente no compartimos, porque seguramente tenemos diferentes ópticas ver las cosas. Nos dice Atalo Sandoval, que el turismo en México va a generar una serie de mano de obra no calificada.
Nosotros queremos decirle a Átalo Sandoval que conocemos, que conocemos el servicio turístico, y que sabemos que si alguna actividad económica genera la contratación de mano de obra de calificada, es precisamente el turismo.
Aquí estamos, pues, compañeros, como lo dije antes y lo vengo a reiterar y lo vengo a ratificar, aquí estamos en un debate; tenemos diferentes ópticas de ver las cosas; tenemos diferentes verdades. Esta es nuestra verdad y la estamos defendiendo, por eso es que subo a hacer esta ratificación de lo que yo dije y que me atengo a la versión estenográfica, que ahí está, a la vista de todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En términos del 102, se concede el uso de la palabra al señor diputado René Bejarno.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:- Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Quiero primero contestar la alusión que se hizo a la intervención del señor senador don Porfirio Muñoz Ledo, en la sesión pública ordinaria del 9 de diciembre de 1992.
Efectivamente, algunas aportaciones que el senador integrante de nuestro partido hizo en el senado de la República, fueron incorporadas.
Pero si se atiende el texto de la versión estenográfica, tendrá que reconocerse que los argumentos que hemos venido aquí a vertir, también se virtieron por el senado en su discurso y que voy aquí a resumir.
En primer lugar, se dijo que no se tuvo el tiempo legislativo suficiente para estudiar la ley.
En segundo lugar, se combatió, se expresó la opinión de nuestro partido en contra de considerar al turismo como esa gran construcción, que son sólo fábricas para atraer divisas.
Cuando se habló de la institución ejecutiva, incluso el senador habló de la posibilidad de desaparecer a la Secretaría de Turismo.
En su discurso se habló de la defensa de la identidad nacional y de los aspectos perniciosos de la actividad turística que destruye nuestras
culturas; que quedaron algunos temas insuficientemente desarrollados por la premura del trabajo y que, por ejemplo, no se precisa con claridad el fomento del turismo social.
E incluso señalo aquí que, el propio senador habló de los inacabados proyectos en Oaxtepec y los inconclusos proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"No hay en el porvenir, dijo el senador, la posibilidad de promover con la amplitud necesaria al turismo social, si no hay una política de reservas territoriales".
Se habló de la lucha en contra del lucro y la comercialización de las zonas históricas, que son patrimonio federal.
Se habló en contra de algunos aspectos relacionados con el turismo ecológico.
Y, desde luego, se señaló, sin duda, la opinión de un modelo de desarrollo alternativo y no sólo como posibilidad de obtención de divisas.
Pero en una República en donde los poderes están o debieran estar debidamente equilibrados y en un sistema parlamentario bicameral, nada de raro tiene que incluso integrantes de un mismo partido puedan tener una opinión no unánime puesto que partimos de la posibilidad del consenso democrático.
Y por eso me extraña que el diputado que hizo la mención del senador Porfirio Muñoz Ledo pues se alarme de esta situación, porque entonces tendría él que alarmarse que se dio con el líder de su propia fracción aquí en la Cámara y el líder de su partido en el Senado, cuando aquí el líder de la fracción vota a favor de la Ley Orgánica del Congreso y el líder en el Senado nos dice que se legisló precipitadamente y que prácticamente congelaron en el Senado la iniciativa de Ley Orgánica.
Entonces lo primero que debiera hacer es ir a reclamarle al Senador don Emilio M. González o a su líder de la mayoría priísta acá, porque ahí sí evidentemente no tienen conciencias y tiene un punto de vista diferenciado, así es que no debiera extrañarse de esta situación.
Por otro lado, quiero aquí señalar algunas observaciones muy brevemente, en torno al problema de las divisas. En primer lugar, es inexacto lo afirmado en términos de números de millones de dólares, solo remito al diputado que me antecedió en el uso de la palabra al artículo que ya cité del Periódico El Financiero donde se dan las cifras de la inversión en millones de dólares para actividad turística.
Pero también la inversión pública en actividad turística tiene que decirse ha servido como subsidio, eso si, a la inversión extranjera transnacional de la actividad turística.
No estamos negando, por otro lado, que el impacto de los polos de desarrollo regional existan, lo que estamos diciendo es que el impacto es negativo en los polos de desarrollo regional, sobre todo a los pobladores de ingresos bajos. Eso es lo que estamos diciendo y si no véase Acapulco, ese gran escaparate de la injusticia social o esas ínfulas de la modernidad en las playas, en las costas o en las ciudades, que contrastan con toda esa franja de pobladores de la extrema pobreza que no son beneficiarios del proyecto turístico oficial.
Tampoco estamos diciendo que no haya efectos en el empleo, lo que estamos diciendo es que la composición de empleo no es la que debiera hacerse y que estamos subordinando al empleo para garantizar la independencia tecnológica.
Concluyo diciendo que lo que tenemos que responder es a qué tipo de inversión se refiere el régimen y como se concibe el desarrollo. No estamos a favor de un desarrollo desequilibrado o un desarrollo excluyente como se ha hecho con el turismo. Qué áreas de la actividad turística son favorecidas por los respaldos oficiales y como se desprecia el patrimonio cultural.
No es cierto que el turismo sea realmente una palanca de desarrollo regional, hay muchos ejemplos de como por el contrario ha generado muchos efectos nocivos. ¿Cuál es la naturaleza de los empleos y el destino de las divisas que obtienen? Podrán ingresar muchas divisas, pero también pregunto eso al señor diputado que nos habló de los 4 mil millones de dólares que ingresaron a nuestro país, ¿cual es el destino final de esos 4 mil millones de dólares y hasta qué punto garantizan una reinversión adecuada e independencia?
En última instancia, ¿cuál es el papel del Estado en la actividad turística? y cómo la desregularización en realidad no favorece a los sectores más numerosos de nuestro país.
Por todo eso no estamos a favor del dictamen ni de la Iniciativa de Ley, podemos encontrar aspectos positivos pero encontramos sin duda aspectos muy perniciosos para la vida del país. Muchas gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales se concede el uso de la palabra en los términos del 102 hasta por cinco minutos al diputado Francisco Arroyo Vieyra.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: - Señor Presidente, honorable Asamblea:
¡Qué va! Yo no me alarmo por una diferencia entre miembros de un mismo partido, por ningún motivo. Yo creo que el debate se enriquece con las diferencias. Yo creo que es un silogismo viable, bondadoso y bueno para lo que queremos construir en este país.
Quizá mi intervención en esta tribuna fue para rescatar los conceptos del señor senador Porfirio Muñoz Ledo, lo hice con todo respeto y sin ningún ánimo peyorativo, de tal suerte de entresacar de lo que el señor senador dijo en la sesión del Senado de la República a la que usted hizo alusión, que estaba de acuerdo y conforme con la política de un turismo en este país tomara este rumbo.
Por otro lado, aun cuando el tiempo parlamentario no me permitía haber escudriñado en otros de los conceptos del senador Muñoz Ledo, habría que agregar que me interesaba a mi, por la fracción que represento y por el ánimo de apoyar esta Ley, destacar que el voto del senador fue favorable. Eso es lo que me consta. Eso es lo que se desprende de los hechos.
Los demás podrían ser meras especulaciones que en un momento dado podrían tener una explicación reglamentaria y que en los términos en los que usted ha venido a esta tribuna, le podría decir que tampoco se alarme. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
Por mi conducto, el grupo independiente de diputados de esta honorable Cámara, expresará su punto de vista respecto del proyecto de Ley Federal de Turismo.
La actividad turística, la industria sin chimeneas, es una de las actividades más importantes de las diversas naciones en la actualidad. Múltiples países viven tan solo de este recurso o forman parte fundamental de sus estrategias económicas.
El turismo, como actividad económica de la mayor importancia para nuestro país, debe ser orientado y regulado a fin de que efectivamente contribuya a alcanzar los propósitos de justicia social y de desarrollo equilibrado, lejos de reproducir las relaciones de desigualdad que hoy privan en nuestra sociedad.
El turismo como actividad social y recreativa debe estar al alcance de todos los mexicanos, por eso nos preocupa que aunque el capítulo del turismo social permanece, éste se vaya comprimiendo legalmente cada vez más.
La reformas propuestas a la Ley Federal de Turismo en este rubro, hacen de lado aspectos prioritarios que son a nuestro juicio condición sine qua non para que tenga esta actividad un contenido realmente social. Por ejemplo, en el artículo 44 de la Ley anterior, se señala: "Que a través del turismo social se promoverá la identidad y solidaridad nacionales". En las reformas propuestas, artículo 9o., únicamente se alude a fines recreativos.
En el artículo 49 de la Ley anterior se reconoce el derecho de las organizaciones sindicales de obreros y campesinos, así como de las agrupaciones populares para solicitar asistencia y asesoría en la instrumentación y disfrute de está actividad. En las reformas propuestas estas organizaciones pasan de ser actores y promotores a ser menos beneficiarios de esta actividad.
No se hace mención en ninguna de las reformas propuestas al turismo de intercambio internacional, lo cual sí estaba adecuadamente previsto en el artículo 50 de la Ley anterior. Esta situación pasa por alto la interdependencia cultural de nuestro tiempo y deja en manos privadas este importante aspecto.
La actividad turística desde luego tiene características sociales y también económicas. Desde los gobiernos emergidos de la Revolución Mexicana, hubo preocupación por ir normando jurídicamente, primero a la Ley General de Población y luego ya en leyes turísticas específicas.
Durante los gobiernos anteriores, también existió la preocupación por establecer diversos fideicomisos sociales con la finalidad de desarrollar el turismo y de que el Estado tuviera un patrimonio al servicio de intereses sociales. Esta política con la entrada del neoliberalismo, fue abandonada y todo este patrimonio social del pueblo de México, fue transmitido a manos privadas.
La actual Ley se debe reconocer, tiene diversas virtudes, como la eliminación de trámites
burocráticos, el establecer una comisión ejecutiva de turismo, con la participación de los sectores interesados en la actividad turística, la descentralización de funciones y el Registro Nacional de Turismo. Sin embargo, consideramos que en lo particular requería de diversas modificaciones, para las cuales creo que las diversas fracciones parlamentarias tenían diversas propuestas, pero formalmente no podemos realizarlas.
Por último dado que el turismo es una actividad esencial para nuestro país, y dada la gran cantidad de relaciones que se establecen con motivo de ella, nos parece absurdo que en esta Ley se sobrecargue a la Procuraduría Federal del Consumidor con más trabajo y que no se haya establecido una institución propia, como podría ser la Procuraduría Federal del Turismo. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Gámez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gustavo Gámez Pérez: - Con su autorización, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para un representante popular que proviene de una entidad federativa de profunda influencia turística, resulta altamente satisfactorio acudir a la tribuna más alta de la nación, para apoyar a través de esta iniciativa, la que a nuestro juicio constituye una de las más importantes industrias que enriquecen la vida económica de la nación, como lo es la industria , no solo por el aporte que otorga en materia y no en especie, sino porque constituye en razón a los empleos que produce, a las divisas que atrae, al desarrollo social que lleva a las áreas marginadas del país, pero sobre todo a la limpieza, a la pulcritud que la caracteriza y que permite mantener un equilibrio ecológico que puntualmente esta actividad ha procurado mantener a través de las acciones que realizan tanto la secretaría del ramo, como la propia Secretaría de Desarrollo Social.
El turismo es una actividad económica de la mayor importancia que debe de ser orientada y regulada, a fin de que efectivamente contribuya a alcanzar propósitos de justicia social y de desarrollo equilibrado, lejos de reproducir las relaciones de desigualdad que hoy en día no lo negamos, caracterizan a nuestra sociedad.
Esta iniciativa que nos envía el Senado de la República y donde como aquí se ha señalado por los diferentes compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, la Comisión de Turismo de la cual me honro en pertenecer, realizó una amplia consulta para que fuese reformada esta Ley. El importante recorrido que los compañeros diputados en diversos grupos realizaron por las diversas regiones turísticas del país, y el poder escuchar a toda la gente que participa de esta industria, a todos los prestadores de servicios turísticos, así como el importante programa que por medio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el Fonatur, se han buscado nuevas formas de inversión, nuevas formas de desarrollo para el turismo, buscando la participación no sólo de la iniciativa privada, sino de los sectores sociales, así como de las entidades federativas, de los municipios a través de los megaproyectos, los cuales consisten en la creación de pequeños centros turísticos integralmente planeados, aportando el fondo su tecnología y servicios en algunos casos, como parte de su reserva territorial.
La Secretaría de Turismo ha tenido preocupación constante en apoyar al pequeño empresario turístico, el cual representa un sector muy importante dentro del turismo, por lo cual ha instrumentado programas especiales de apoyo crediticio y de asesoría, en especial se le proporciona asistencia técnica para la elaboración de sus proyectos arquitectónicos y de los esquemas financieros y de sus inversiones.
Creemos, compañeros, que esta Nueva Ley en donde, vuelvo a repetir, participaron en conferencia, senadores, diputados y en donde escuchamos a todos aquellos que están involucrados en esta actividad , creemos nosotros de la bondad de esta Ley, y por eso vengo a nombre de mi Partido, el Revolucionario Institucional, creemos que este proyecto, esta iniciativa ya ha sido bastante discutida, y venimos a solicitar de tal manera, el voto favorable en favor de una Nueva Ley de Turismo en bien del desarrollo social y por la misma obligación que tenemos los legisladores de proporcionar leyes para lograr equilibrio y para poder lograr bienestar. Entonces, compañeros, yo les solicito en nombre del Partido Revolucionario Institucional, que demos nuestro voto favorable en favor de esta iniciativa a efecto de que sea aprobada. Muchas gracias.
El Presidente: - En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Salvador Juárez García: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra
suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 302 votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 302 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular la Ley Federal de Turismo. (Aplausos.)
El Secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en votación económica.
La secretaría Layda Elena Sansores San Román: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
*Este dictamen se publicó en el Diario No. 22 del día 17 de diciembre de 1992.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente:- Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión de energéticos, acordaron que la discusión del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se realice en lo general y en lo particular, y la votación en lo general y en lo particular se haga en un solo acto.
Consulte a la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente: - Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado José Antonio Ruiz de la Herrán, fundamente el dictamen.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al señor diputado José Antonio Ruiz de la Herrán.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez: - Con su permiso, señor Presidente, distinguidos legisladores:
He venido a cumplir el encargo de presentar ante esta soberanía la iniciativa que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha tenido a bien formular con el fundamento constitucional que le asiste, presentando 18 propuestas de modificaciones al texto en vigor de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Como es sabido de ustedes, señoras y señores diputados, el Senado de la República al cumplir su función como Cámara de origen, aprobando la iniciativa que nos ocupa, enriqueció su
contenido, proponiendo nueve adecuaciones al texto de diversos artículos y fracciones contenidos en la propuesta del Ejecutivo Federal.
Presentando una síntesis del tenor de las propuestas formuladas en la iniciativa respecto a la mencionada Ley de las adecuaciones del senado de la República, es posible asentar que uno de los aspectos medulares de esta iniciativa contenida en el artículo 3o., hace la especificación de diversos conceptos relacionados con la generación, con la importación y exportación de energía eléctrica, que configuran actividades que por sus características intrínsecas no constituyen un servicio público: Esas actividades son:
La generación de electricidad para autoabastecimiento, que constituye una de las formas de obtener electricidad y fuerza motriz, y cuyo reconocimiento como un derecho de los particulares a autoabastecerse aparece implícito en nuestra legislación, desde la Ley de Energía Eléctrica de 1938.
Se incluyen, asimismo, la cogeneración o pequeña producción y la que realice productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, que aprovechará el fluido para destinarlo a la prestación del servicio público que, en exclusiva, compete al Estado y que teniendo por objeto su exportación es ajena al servicio público; sea generada por productores independientes, pequeños productores o por cogeneración.
Esta última forma, la cogeneración, merece ser explicada brevemente. La cogeneración ocurre cuando se aprovecha la energía desperdiciada de otro modo en un proceso industrial. Pongamos como ejemplo el calor desaprovechado que sale por una chimenea en una fábrica cualquiera. Si instalamos un dispositivo que aproveche ese calor para producir energía eléctrica, por ejemplo si el calor sale por la chimenea se desvía a un intercambiador que produzca calentamiento al agua de una caldera, podremos producir vapor y con este vapor producir electricidad. Este es el concepto de cogeneración que nos ocupa.
Volviendo al tema, la importación de energía eléctrica es una actividad que la Comisión Federal de Electricidad realiza todos los años sesenta y que la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975 le confiere formalmente desde entonces.
En otro aspecto, la propuesta se actualiza con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otorga a la Secretaría de Desarrollo Social el sitio que en la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, correspondía a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La reforma a la fracción VII del artículo 13, propone destinar la realización de obras específicas, ampliaciones y modificaciones, las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, de los ayuntamientos y beneficiarios del servicio público de energía eléctrica. No serán obligatorias, conforme a la propuesta, tales aportaciones cuando el solicitante tome a su cargo la construcción de la línea y así lo convenga con la Comisión Federal de Electricidad.
Se propone eximir de responsabilidad a la Comisión Federal de Electricidad en la suspensión del servicio en casos de mantenimiento y de otras reparaciones, así como en los casos debidos a negligencia del usuario. En esos casos se propone también inscribir en la Ley el aviso previo al mismo.
Se introduce con la forma propuesta a los artículos 28 y 29, la observancia obligatoria de la norma oficial mexicana en instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica y en los dispositivos, equipos e instrumentos utilizados.
Mediante a la reforma al artículo 36, que se ocupa de los permisos que otorga la Secretaria de Minas e Industria Paraestatal en los casos de actividades que no constituyen un servicio público, se ofrece una descripción de los diversos casos mencionados en el artículo 3o.
Se introduce el artículo 36 bis, especificando que: "La prestación del servicio público de energía eléctrica, deberá aprovecharse la producción de menor precio que ofrezca además óptima estabilidad y seguridad"
La Secretaría de Minas e Industria Paraestatal, según se propone, determinará las necesidades de crecimiento y convocará, en su caso, a particulares que pretendan participar como productores independientes en la construcción de nuevas obras para suministrar energía eléctrica, evaluando las propuestas en términos de menor costo y mayor competitividad.
La reforma al artículo 37 consigna la competencia de la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal para resolver las solicitudes de ejecución de actividades que no constituyen un servicio público, previstas en el artículo 3o., otorgándole a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la intervención que le corresponde.
La reforma al artículo 38 establece la duración o vigencia de los permisos previstos en el artículo 36.
Y en el artículo 39 se propone eximir de la obligación de permisos a la producción de energía eléctrica que no exceda de un megawatt esto es 100 kilowatts, el equivalente aproximado a dar iluminación a mil casas promedio con cinco o seis focos y algunos aparatos eléctricos en cada una de ellas.
En las propuestas de reforma al artículo 40 se adecúan las previsiones en materia de sanciones administrativas a la introducción de las figuras contempladas en las propuestas de adiciones al artículo 3o.
El artículo 42 propone reiterar que, la imposición de sanciones administrativas no libera al usuario de sus obligaciones de apoyo y establece un cargo por concepto de indemnización.
Con un redacción más precisa en el artículo 45 se propone el señalamiento, de que las controversias nacionales en que intervenga la Comisión Federal de Electricidad, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la Federación.
En el artículo 46 de la Ley se propone una nueva reducción en cuanto al pago del aprovechamiento que compete cubrir a la Comisión Federal de Electricidad por los activos que utiliza, señalando al efecto la forma en que se determinará y los plazos en que deben cubrirse, estableciendo que estos recursos se destinarán para complementar las aportaciones que realiza el Gobierno Federal a la propia Comisión Federal de Electricidad y destinarlas en nuevas obras de infraestructura eléctrica.
Debe destacarse que en uno de los artículos transitorios se ordena la creación de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal, que será la Comisión Reguladora de Energía con el encargo de capital importancia de resolver las cuestiones que origine la Ley en comentarios y otros ordenamientos relacionados con los aspectos energéticos en el territorio nacional. Esta Comisión será la garantía del cumplimiento de los más altos valores y de la soberanía y seguridad energética nacional.
En un paréntesis a la síntesis que comento, deseo expresar lo siguiente: "En el XV Congreso Mundial de la Energía realizado en Madrid este fin de año y con la asistencia de más de 100 países, se toma conciencia del problema global de la energía y del grave problema de la contaminación mundial. En el Congreso se llegó a conclusiones y recomendaciones que involucra tanto a los países desarrollados cuanto a los países en desarrollo. En este sentido se hizo especial mención del concepto eficacia energética, recalcando con la capacidad competitiva de éstos últimos, puesto que es fundamental para la economía de la energía en forma global y para proteger el ambiente
El resumen de estas conclusiones y recomendaciones se repartió entre los miembros de la Comisión de Energéticos así como entre otras comisiones que lo solicitaron.
Cabe resaltar lo oportuno de la iniciativa enviada por el Presidente de la República, cuando en el mundo entero hay la preocupación de la eficiencia energética de las nuevas tecnologías en la materia de producción de energía eléctrica y lo que éstas hacen para la protección del ambiente, cuestiones que en esta iniciativa inciden en forma cabal. Hay que señalar lo importante de tres conceptos básicos que son: la calidad, la eficiencia y la capacidad competitiva. La contribución de la iniciativa al crecimiento al crecimiento de la generación de energía eléctrica en México, permitirá dotar en más corto plazo, con el servicio de energía eléctrica, a todos los habitantes del país y a su vez incentivar el desarrollo de esas nuevas tecnologías para la producción del ruido eléctrico, tecnologías no contaminantes muchas de ellas.
Por otra parte la Comisión de Energéticos, se ha preocupado por perfeccionarse en estos temas, y con dinamismo ha trabajo durante todo el año, en el sus miembros hicieron visitas de estudio y trabajo al Instituto de Investigaciones Eléctricas de Cuernavaca, a la Planta Carboeléctrica de Río Escondido en Coahuila, y a otros instituciones y dependencias, incluyendo algunas de petróleos Mexicanos.
A su vez la Comisión de Energéticos ha promovido conferencias técnicas como la del doctor Mariano Bauer, director del Programa Universitario de Energía, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Volviendo a la síntesis, gracias a las conferencias entre senadores y diputados, así como la invitación del Senador al señor Secretario de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y al señor director de la Comisión Federal de Electricidad, fue posible intercambiar puntos de vista y escuchar las explicaciones que han enriquecido este importante tópico y además, a petición de varios partidos, se recibieron en
la Comisión de Energéticos, a expertos sobre los temas conexos al que nos ocupa, quienes manifestaron sus opiniones abiertamente.
Señoras y señores legisladores: como se expresa en la última consideración hecha en la síntesis del dictamen que comento, se tuvo especial cuidado en analizar las opiniones desfavorables respecto al mismo, y que al hacerlo se encontró plenamente fundado en lo que expresan los artículos 25,27,28 de nuestra Carta Magna que integran el marco constitucional de las áreas estratégicas y de los servicios públicos reservados al Estado, entre los que se encuentran el servicio público de energía eléctrica.
Por lo anterior, me permito solicitar a esta soberanía, su aprobación. Muchas gracias.
El Presidente: -Sí, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro(desde su curul: - Conforme al 109, pido al señor diputado que se sirva proporcionarme alguna información. No es interpelación. En los términos del 109, puesto que ha subido para fundamentar el dictamen.
El Presidente: -Señor diputado de la Herrán, en los términos solicitados por el señor diputado Castro, sírvase usted manifestar su opinión respecto a la petición que está haciendo en términos del 109, debido a que subió a fundamentar el dictamen que se va a discutir.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez: -sí, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano(desde su curul): -Señor diputado, dado que ha subido usted a nombre de la Comisión a fundamentar el dictamen, yo desearía que antes de iniciar el debate, tuviera usted la bondad de proporcionarme información respecto a dos cambios. No voy a entrar en este momento al tema de la constitucionalidad o no de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, sino en relación a dos cambios que se realizan en la iniciativa de Ley y que cambian sustancialmente el texto de la actual Ley vigente.
Concretamente señor diputado, el artículo 36. En el artículo 36 vigente, existe el siguiente texto cambiando por la iniciativa presidencial. Dice: "La Secretaría de Energía, e Industria Paraestatal, oyendo a la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permiso de autoabastecimiento de energía destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, y utilizan la palabra individualmente consideradas, y esa expresión, señor diputado, ya no se recoge en la iniciativa de reforma enviadas por el Ejecutivo.
Lo vuelve a repetir en el inciso b, tratándose de cogeneración, ya no se dice otra vez individualmente consideradas.
La información que quiero pedirle, señor diputado, es muy sencilla: cuál es el avance de la actual iniciativa, en relación con el texto vigente, en relación con el texto vigente, cuando el texto vigente utiliza personas físicas o morales individualmente consideradas.
Y la segunda pregunta, señor diputado: en la actual Ley se establece como requisito para conceder las autorizaciones, cuando la Comisión Federal de Electricidad, una declaración en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad esté en imposibilidad de conceder los requerimientos de energía, y en la iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo, se suprime ese requisito.
Respecto a esos dos puntos concretos, quiera que usted me informara cuál es el avance en la actual iniciativa, al haber suprimido esos dos requisitos. No entro todavía al problema de constitucionalidad.
El diputado José Antonio de la Herrán y Villagómez: Perdone usted, señor diputado, yo quisiera que este punto que es bastante complejo, fuese discutido posteriormente, a su debido tiempo, y por el momento, de acuerdo con los artículos 108 y 109, se continuara con la presentación que sigue respecto a este dictamen. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: Esta Presidencia informa que previamente se han inscrito para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes oradores: Diputados: Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista; Servando Antonio Hernández, Camacho Frente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Juan Manuel Hueso Pelayo, del Partido del frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional; Miguel Osorio Marbán, del Partido Revolucionario Institucional; José María Téllez Rincón, sin partido; Pablo Casas Jaime, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Jorge Flores Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Guillermo González Díaz, del Partido
Revolucionario Institucional; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Cuauhtémoc López Sánchez Coello, del Partido Revolucionario Institucional; Lucas Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional; Jorge Vinicio Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Julio César García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, y Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra la señora diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:- Señor Presidente, honorable ayuntamiento Asamblea:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, hacemos uso de esta tribuna de la nación para expresar nuestro voto en contra del dictamen a debate, relativo a la minuta remitida por el Senado de la República, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El sentido de nuestro voto se ha fijado con base en razones de orden histórico, económico, social y político, pero la fundamental de ellas es que a nuestro juicio la iniciativa del Ejecutivo introduce figuras, ordenamientos y procedimientos que violan la letra y el espíritu de la Constitución de la República en materia de servicio eléctrico.
En efecto, señoras y señores diputados, la introducción de las figuras de pequeña producción y de productores independientes de energía eléctrica en las fracciones I y II de la redacción que se nos propone del artículo 3o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la especificación de sus formas en las fracciones III y IV del artículo 36, así como el otorgamiento de los permisos respectivos a los particulares, para convertirse en productores pequeños e independientes, señalados en los párrafos uno y tres de la fracción V de este mismo artículo 36, contravienen, señoras y señores diputados, contravienen lo ordenado en el párrafo sexto del artículo 27 de la Carta Magna vigente, y abren la puerta a la privatización del servicio público de energía eléctrica, vulnerando seriamente el largo proceso seguido por la nacionalización de este servicio, que sin duda alguna es estratégico para nuestra nación.
En consecuencia, la discusión del dictamen a debate no se debe centrar en la conveniencia o no de introducir las reformas y adiciones a debate por razones de eficiencia, de mayores recursos para el sector eléctrico, o de tarifas dudosamente más accesibles.
Desde nuestro punto de vista, se trata de si hemos de aprobar la violación a la Constitución de la República mediante una Ley secundaria, como es la del servicio público de energía eléctrica.
Hace 32 años, señoras y señores diputados, como consecuencia y culminación de una larga lucha de la nación contra los intereses extranjeros, el Presidente López Mateos, pocos días después de anunciada la nacionalización de la industria eléctrica enviada al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional en los siguientes términos, cito: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, discutir y abastecer energía que tenga por objeto la presentación del servicio Público. En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines".
En la fundamentación de su iniciativa, el Presidente López Mateos expresaba de manera muy precisa las siguientes tres tesis:
Primera. La prestación del servicio Público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, requiere ser realizada directamente por el Estado.
Segunda. Los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano.
Tercera. Para garantizar la efectiva realización del propósito de que la gene ración, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica deba sustentarse en razones de beneficio fiscal y no en motivos de interés particular, se proponía la adición del párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
Como consecuencia de estas tesis y preocupaciones, y con el firme propósito de que las causas de los conflictos que enfrento la nación con las empresas extranjeras de servicio eléctrico, conflictos de orden técnico, laboral y económico, de respecto a nuestras leyes y de defensa de la soberanía nacional, con el objetivo de que estos conflictos se eliminaran para siempre, se propuso la adición ya requerida,
enriquecida por el Senado de la República, con el término "conducir", para quedar en los siguientes términos la redacción, que por tanto contiene tres principios básicos:
Primero. La exclusividad de la nación en la generación, conducción, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para el servicio público.
Segundo. La prohibición de concesiones en la materia, y
Tercero. El aprovechamiento por la nación de los bienes y recursos naturales que se requieren para los fines del servicio público de energía eléctrica.
Del análisis de los fundamentos de la reforma al artículo 27 en 1960 y de una lectura responsable de la redacción del párrafo correspondiente en materia de servicio eléctrico, se puede concluir que la iniciativa del Ejecutivo , relativa a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, contraviene, señoras y señores diputados, contraviene a la letra y al espíritu del ordenamiento constitucional, al introducir las figuras de pequeños productores y productores independientes así, así como el otorgamiento de la facultad de estos productores privados de participar en la industria eléctrica nacionalizada mediante simples permisos otorgados por la Secretaría de Energía, Minas e industria Paraestatal .
Se contraviene la letra del párrafo sexto del 27 constitucional, porque la electricidad que habrán de generar, tanto los pequeños productores como los productores independientes, no tendrá más destino que su empleo para el servicio público de energía eléctrica, tal y como se especifica en las fracciones III y IV del artículo 36 de la iniciativa que estamos debatiendo.
Para tratar de ocular lo evidente, que es la violación al precepto constitucional, los autores de la iniciativa hacen uso de un recurso legaloide muy poco honorable , definir en el artículo 3o. que se nos propone, que no es servicio público la generación de electricidad por parte de los productores privados, los llamados productores pequeños e independientes aunque la electricidad que generan tenga el mismo fin que la que genera la Comisión Federal de Electricidad, a la que deberán vender la electricidad que producirán, para no hacerlo directamente al público, convirtiendo a la Comisión Federal de Electricidad en simple intermediario del servicio eléctrico.
De aprobarse la iniciativa en sus términos, señoras y señores diputados, nos encontraremos ante esta evidente incongruencia. La energía eléctrica que llegará al consumidor será de servicio público si la genera la Comisión Federal de Electricidad, y no será de servicio público si la generan los particulares.
Todavía más, señoras y señores diputados, la electricidad generada en una planta privada se conducirá por la línea de la Comisión Federal de Electricidad; se transformará en los aparatos de la Comisión Federal de Electricidad, y llegará al consumidor por la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, en un lapso de tiempo muy breve.
Pero, entonces, se afirma legalísticamente que durante una pequeña fracción de tiempo, del mismo proceso, durante la generación, la electricidad no es de servicio público siendo de servicio público durante el resto del tiempo que tarda el llegar a consumidor.
También se contraviene el espíritu del mandato constitucional, puesto que cuando el párrafo del artículo 27 estatuye que no habrá concesiones en materia de servicio eléctrico, lo hace con el claro propósito de complementar y garantizar la exclusividad de la nación en este servicio estratégico.
De esta manera, mediante el artificio del simple permiso, se pasa por encima de la prohibición expresa de la participación de los particulares en el servicio eléctrico.
Pero, además, señoras y señores diputados, se viola la Constitución porque en el afán de permitir la participación del capital privado en un área reservada por la Constitución para la nación, la iniciativa a debate parcela un proceso que es un todo único.
Es claro que el servicio eléctrico se cristaliza, se proporciona teniendo como sustento los siguientes elementos: las plantas de generación, las lineas de conducción, los aparatos y centrales de transformación y las redes de distribución.
Sin embargo, el servicio es un proceso único que se da en un mismo conjunto de acontecimientos físicos y químicos, funcionando todos los elementos a la vez, de tal manera que la energía generada en una planta llega hasta la fábrica, la empresa de servicios o el hogar, transformándose en otro tipo de energía, para hacer posible la actividad económica de la nación.
La energía eléctrica que se genera en una planta no se empaqueta, como todos sabemos, para su posterior uso se emplea al mismo tiempo que se produce.
Este hecho, señoras y señores diputados, lo interpretó cabalmente el Presidente López Mateos y lo comprendió el Senado de la República de aquella Legislatura, al enriquecerlo con otro elemento del proceso. Este elemento es la conducción. En cambio, la iniciativa del actual Ejecutivo, mediante una simple definición legaloide que introduce en el artículo 3o., pretende romper la unicidad del proceso a fin de evitar la violación del 27 constitucional con la creación de los llamados productores pequeños e independientes.
Quizá se pueda argumentar que con esta participación del capital privado en la industria eléctrica nacionalizada, no se crea una situación nueva, sino que se repite aquella que prevalecía antes de septiembre de 1960, cuando la Comisión Federal de Electricidad y las compañías extranjeras compartían el servicio eléctrico y en la que la Comisión Federal de Electricidad generaba únicamente parte de la electricidad y las empresas privadas distribuían la totalidad de la misma.
Pero, compañeros legisladores, hemos de recordar que aquella situación se dio en el marco de la lucha de la nación contra el dominio de las empresas extranjeras que cobró gran vigor con la creación de la Comisión Federal de Electricidad por el general Lázaro Cárdenas, situación que se supero precisamente con la nacionalización y la consecuente reforma al artículo 27 constitucional.
Por otra parte, no encontramos ni nos han proporcionado una explicación congruente de porqué se presenta esta iniciativa violatoria de la Constitución de la República. Sabemos bien y todos los diputados miembros de la Comisión de Energéticos han sido informados de ello que la capacidad eléctrica instalada del país está muy por encima de la demanda actual de energía eléctrica.
Sabemos que con las obras en curso de nuevas plantas eléctricas, el país tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda previsible para los próximos cinco, 10 años. Sabemos que con excepción de la zona centro de la República, cuya oferta es apenas ligeramente superior a la demanda, en todas regiones del país hay sobrada capacidad de generación de electricidad.
Nos preguntamos, compañeros legisladores: ¿por qué entonces este interés de abrir a la participación del capital privado una actividad reservada a la nación?, capital que por otra parte, fíjense bien, compañeros legisladores, no podrá, ser sino capital extranjero, porque éste es el único que tiene experiencia y tecnología para construir las grandes plantas eléctricas vía los llamados productores independientes.
Entonces de nueva cuenta con el voto de los diputados, si es que se aprueba el dictamen sobre la minuta del Senado, otra vez, señoras y señores legisladores, con el voto diputados, el capital con el que la nación tuvo tan grandes enfrentamientos en el pasado estará actuando en suelo mexicano. Y lo que es un hecho sumamente peligroso, quizá en pocas décadas con participación suficientemente grande en el servicio eléctrico como para imponer condiciones al Gobierno mexicano en materia de tarifas eléctricas, con mayores concesiones violatorias de la Constitución con el apoyo de sus gobiernos, aumentando articulados del Tratado de Libre Comercio.
También es equivocada la idea de que con la pequeña producción limitada a 30 megawatts podamos avanzar en tecnologías modernas y alternas a las formas tradicionales de generación de electricidad. Es equivocada porque el capital extranjero, que es el que domina estas tecnologías, hará uso de las mismas para construir sus plantas más no transferirá estas tecnologías a los mexicanos.
En esta materia de transferencia de tecnología, tal parece que no tenemos interés en similar la experiencia ajena y tampoco en asimilar la propia. Ahí está el caso, compañeros legisladores, de la construcción de los dos nuevos satélites artificiales para telecomunicaciones por una compañía norteamericana, pero mediante un contrato que ha estado y permitido que técnicos y científicos mexicanos participen desde el diseño hasta la construcción de estos complejos electrónicos, que son ejemplo de tecnología de vanguardia.
Este es un camino ya logrado y aprobado por nuestro país y que bien pudiera aplicarse a la construcción de las plantas pequeñas de fuentes alternas de electricidad por parte de empresas extranjeras, lo mismo que en el caso de las grandes plantas eléctricas, sin que esté de por medio la grave concesión de su participación en el servicio público de energía eléctrica.
Finalmente, debemos advertir que en el afán de dar las máximas facilidades al capital extranjero,
se golpea a la Comisión Federal de Electricidad más allá de lo que se había propuesto el Ejecutivo en su iniciativa de reformas. En efecto, en el artículo 36 - bis, fracción II, el Ejecutivo proponía que en caso de necesidad de construcción de nuevas plantas eléctricas, se convocarían a los particulares al mismo tiempo que a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es una tremenda ofensa para la Comisión Federal de Electricidad, propondría un proyecto complejo de la respectiva planta, diciendo finalmente, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en términos de los mejores proyectos para el país.
Sin embargo, señores diputados, el Senado de la República tuvo la suficiente sensibilidad para cambiar la redacción dándole, un nuevo contenido, de tal manera que en esta misma situación la Comisión Federal de Electricidad se limitará a informar a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de las características de las plantas decidiéndose esta Secretaría , sin referencias comparativas objetivas, si la planta la construye la Comisión Federal de Electricidad o una empresa privada.
A juicio nuestro, ademas de evitar que se vulnere la Constitución de la República no debemos permitir por ningún concepto, que con la aprobación de la Minuta del Senado de la República, se cancele nuestra posibilidad de desarrollo tecnológico en las fuentes alternas de electricidad.
Se podrá decir que los nuevos tiempos que vive el mundo nos exigen nuevos enfoques y acciones incomprensibles en el pasado. Estamos de acuerdo con ese argumento en lo general; pero debemos advertir que entre estas nuevas maneras de enfocar la solución de nuestros problemas, no debe estar la violación abierta o subrepticia de la Constitución de la República.
Pero además, nosotros afirmamos que un signo esencial de estos tiempos que vivimos, es el hecho de que los Estados Unidos ya no es la fuerza económica hegemónica del pasado reciente, ni es la vanguardia indiscutible en el desarrollo tecnológico, ni es dominante se presencia en el mercado internacional. Sus dirigentes ya lo han reconocido, es un país militarmente fuerte, pero debilitado económicamente, que deberá luchar arduamente para tratar de recuperar su presencia anterior en un mundo donde lo esencial ya no es la confrontación militar, sino la competencia económica.
De esta manera, Estados Unidos por esta necesidad objetiva, ya está dejando la vieja noción del patio trasero en el trato con México y los países latinoamericanos en general; lo que necesitan ahora, son socios comerciales fuertes; que sean reales en el crecimiento de los mercados de que tanto están urgidos para fortalecer a su industria.
Consideramos entonces, compañeros legisladores, que México y sobre todo sus dirigentes, deben valorar acertadamente esta nueva situación, para que en nuestros tratos comerciales y de otro tipo con este país vecino, se actúe con toda firmeza en función de nuestros intereses, con inquebrantable decisión de fortalecer la soberanía nacional, de ampliar las perspectivas de progreso para nuestro pueblo.
Señoras y señores diputados: éstas son las razones que fundamentan el acuerdo de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, de no convalidar la violación al párrafo cuarto, del artículo 27 constitucional, votando en contra del dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Compañeros legisladores, desde esta alta tribuna de la nación, hacemos un vehemente llamado a los diputados patrióticos, que sabemos que hay muchos, a que nos acompañen en esta defensa de la norma suprema de la nación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al señor diputado Servando Hernández Camacho, del partido Autentico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: - Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hoy, en donde se presenta esta iniciativa de Ley, donde contiene propuestas de reforma a la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana menciona y sobre todo hace énfasis en la parte histórica; hace énfasis, sobre todo también, en nuestra soberanía; en la gran necesidad de que nuestro país defienda al máximo todo aquello que sea estratégico para que no se vulnere nuestra soberanía nacional.
En lo histórico, cuando el Presidente de la República, Adolfo López Mateos, decreto la nacionalización de la energía eléctrica, todo los sectores sociales de país estuvieron de acuerdo en que trataba de una iniciativa que rivalizaba
en importancia con la propia expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, de 1948. Se le consideró entonces y nosotros también lo consideramos ahora, como una auténtica conquista revolucionaria que había que preservar, dado que se reafirmaba con ello, la soberanía nacional e incluso se atendía expresamente el dictado del artículo 27 constitucional, que a la letra señala:
"Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir y transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que contenga por objeto, la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgan concesiones a los particulares y la nación aprovecha los bienes y recursos naturales que requieran para dichos fines."
La Ley del 20 de octubre de 1960 propone en el artículo 35, y luego se reafirma en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1975, que "no se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares individualmente considerados." Nótese cómo de entrada ya existe una profunda contradicción entre una disposición constitucional y una Ley secundaria.
Y la iniciativa, precisamente la iniciativa que hoy discutimos, igualmente choca del 27 constitucional.
Y de ninguna manera puede consentirse que una Ley reglamentaria o secundaria, sea contraria al espíritu que animó al mismo constituyente de Querétaro.
A juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los argumentos que se encuentran en la exposición de motivos, realmente son insustanciales, incompletos e insuficientes para precisar con pulcritud las bondades de la iniciativa que hoy se nos propone por parte del Ejecutivo. En realidad lo único que encontramos es la manifestación de incompetencia histórica que la administración pública ha tenido, para poder garantizar a la cuidadanía la prestación de un servicio que es indispensable para el desarrollo normal de cualquier comunidad o región.
Si lamentablemente esta honorable Asamblea de diputados aprobara la iniciativa de reformas que hoy se nos plantea, tendríamos que afrontar luego, la responsabilidad histórica de haber caído con ingenuidad en una trampa que se nos ha tendido con argucias de tipo legal, con las cuales para no entrar de lleno a la reforma del artículo 27 constitucional y a lo cual la fracción de mi partido se opondría, se concretan únicamente a irse por el camino más fácil: reformar una Ley secundaria, pero que de ninguna manera puede estar por una disposición constitucional, como ya anteriormente lo he dicho.
Pero yendo ya al fondo del problema, ¿a qué obedece la iniciativa de Ley ahora en estudio? Será que ha existido una pésima planeación en materias energética. Y aquí debemos de recordar el Programa Nacional de Modernización Energética de 1989 - 1994, que cuando desafortunadamente sólo han coadyuvado a crear el caos en la industria nacional, por una razón muy lógica: el programa de modernización energética para este sexenio, que quizá fue realizado por tecnócratas y políticos, y no por quienes conocen la materia a fondo, por ingenieros, por técnicos, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, como debió haber correspondido.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que ha sido un mal manejo presupuestario, como una causa central del déficit en la oferta de la energía. Y no como se pretende hacer creer que ha sido por un crecimiento repentino de la demanda.
La falta de inversión ha eliminado los márgenes de reserva para un eventual repunte de demanda y la consecuencia es lógica. Es que actualmente tratamos de ser deficitarios en producción de energía eléctrica y que ahora en 1992 ya ha hecho crisis.
Cuando el Gobierno, a apartir de los graves errores de planeación, sume en la ineficiencia a las empresas paraestatales. Y cuando el déficit se hace incontrolable en deterioro de la prestación del Servicio, pierde cobertura y calidad. Entonces voltea los ojos hacia la iniciativa privada para que ésta, con inversiones frescas, salga al rescate de dichas empresas.
Pero en el caso de la generación de energía eléctrica y en la prestación de este servicio, no estamos hablando de una empresa de participación estatal cualquiera, sino de una industria que resulta ser estratégica para el desarrollo del país y por lo mismo está amparada por la Constitución General de la República, dado que en su manejo está involucrado una parte de la soberanía nacional. Inclusive cuando Adolfo López Mateos, en la exposición de motivos, hablaba muy claro de esta situación.
A mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, le preocupa que en el texto del Tratado de Libre Comercio se haya comprometido la iniciativa y reforma que hoy se estudia. Porque
puede asegurarme que nuestro país está cediendo a las exigencias y a los intereses del país vecino del norte, y es que estamos aceptando la creación de un marco jurídico que responde más a las exigencias del extranjero que al interés nacional.
De ninguna manera nos satisface que las empresas de capital, extranjero puedan generar energía, así se ajusten a leyes nacionales, porque sabemos de las argucias de tipo legal que muchas veces se han valido para burlar, como sabemos también que en nuestro país siempre han existido los prestanombres.
Por otra parte también sabemos que en muchos casos las ganancias obtenidas no se reflejan en el impulso efectivo al desarrollo nacional, sino que van a parar a bancos de países extranjeros.
Queremos hacer notar que si aprobamos la reforma que se propone el Ejecutivo, estaríamos propiciando la creación de un nuevo grupo hegemónico, de tal magnitud que podría inmiscuirse en los programas de la conducción de la política gubernamental.
El proyecto en estudio menciona como pretexto para privatizar la generación de la energía eléctrica, que existen otras prioridades que reclaman la inversión económica. Sin embargo, este planteamiento no tiene un sustento creíble, dado que la prioridad de dotar el fluido eléctrico a comunidades que carecen de él, es tal vez una urgencia mayor, puesto que sin este energético no hay una propuesta de desarrollo posible.
Todos los planes del Gobierno Federal, respecto al sector eléctrico, se resumen a que la mayor parte de las actividades sean autofinanciables, vía la eliminación de los subsidios y el alza de las tarifas; esté fenómeno, reflejado no únicamente en este cambio a una Ley, sino reflejado en todos los aspectos económicos, donde se ha buscado ya la privatización, donde se ha perdido realmente la definición del concepto tributo.
¿Cómo convencer a los usuarios que habitan en regiones de clima extremoso del país que las altas tarifas son de uso eficiente de la energía? ¿Cómo convencer también a los campesinos y a los agricultores, de que las tarifas para el bombeo de agua aumentan despiadadamente para evitar el despilfarro y que están subsidiados cuando sus tarifas son las más altas de las que se cobran en el país?
Basándose en un estudio del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que abastece al Valle de México, muestra que la propaganda gubernamental para justificar el castigo al consumo no es real. Sostiene, y lo comprueban, que la principal sangría de los recursos financieros, se encuentran en los llamados contratos especiales y en el robo de energía, no sólo por las llamadas ciudades perdidas, sino por la gran industria, sobre todo la ubicada en el valle de México.
Para la Compañía de Luz y Fuerza del Centro los contratos especiales el 0.8% del total de usuarios, sin embargo significan el 70% del consumo de energía eléctrica y el 75% de los ingresos de esta empresa, por lo que constituye un serio problema financiero, ya que la compañía raramente recibe pagos de estos contratos especiales. Y, ¿quienes son los usuarios tratos especiales? Las dependencias gubernamentales, donde igual se benefician hospitales del Seguro Social, Servicios de Transporte Colectivo, así como inmensos edificios de oficinas administrativas, tanto del Gobierno Federal, como del Departamento del Distrito Federal.
Cuando en 1986 el Gobierno Federal asumió los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad porque se encontraba en bancarrota, nunca se supo cuánto era lo que el Gobierno le adeudaba a esa empresa por que la práctica del contrato especial se desgrama desde el Gobierno Federal hasta los gobiernos estatales y municipales de cada entidad federativa del país. Una aplicación exacta de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, ayudaría a clasificar la situación de los estados financieros del sector eléctrico, el usuario ordinario está comprobado que es el que más cumple.
Con estos comentarios se pretende sobre todo ilustrar sólo un aspecto de la amplia problemática que encierra el sector eléctrico y que es el renglón tarifario y exponer un poco más de las razones por las que estando prácticamente en bancarrota, el Gobierno ha decidido comenzar a privatizar a través de los llamados permisos; sin embargo hay muchos motivos que no vamos a exponer aquí, dado que no es el propósito que me trajo a esta tribuna.
Compañeros diputados, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reclama la soberanía y la ideología de la Revolución Mexicana, por ello nos oponemos en contra de la reforma que hoy se nos plantea, porque consideramos que con ella se vulnera flagrantemente el contenido constitucional y en especial el mandato del artículo 27 constitucional de la Carta
Magna. Lamentablemente se siguen tomando determinaciones a espaldas de la ciudadanía en cuyas manos está depositada la soberanía, por desgracia se ha venido aceptando la imposición del Ejecutivo de iniciativas que muchas veces no responden al interés nacional, sino a un proyecto de Gobierno que suele no encaminarse directamente a la búsqueda del bienestar social, sino al impulso de la clase económicamente más fuerte.
Por esta razón, repito, la fracción de mi Partido votará, en contra. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra, al señor diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Nuestro Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tal y como lo establecen sus documentos básicos, es respetuoso de la Constitución Política y de las leyes que de ella, emanen. Derivado de este respeto, por un lado defendemos que ésta no sea vulnerada, y por otro creemos que es necesario modificar aquello que impida el desarrollo económico y social, pero que conservado siempre el espíritu constitucional, hemos aprobado como partido.
Hemos considerado que han sido necesarios los cambios que a la Carta Magna se le han hecho, así como la creación de nuevas leyes y la modificación de otras que ha propuesto el Ejecutivo Federal, toda vez que responden a una política, toda vez que responden a una política económica y social que se incrusta dentro de la realidad y que también responde a los cambios que se dan a nivel mundial. No admitir dichos cambios, es equivalente a aceptar que nuestro país quede relegado y que se ubique dentro de una realidad que no le corresponde.
Señalaba el respeto a la Constitución, porque precisamente el servicio de energía eléctrica, es una de las actividades que se encuentran como exclusividad del Estado. Se encuentra normado en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional que establece:
"Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público."
Asimismo, la fundamenta el artículo 28 de la Constitución, en el párrafo cuarto, en el que se determina: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en una manera ejecutiva, en las áreas estratégicas a la que se refiere este precepto, electricidad..."
Efectivamente, la Constitución es clara en definir cuáles son en materia eléctrica las actividades exclusivas de la nación y se refieren básicamente a la prestación del servicio público. En este sentido, efectivamente pueden participar los particulares.
En mi carácter de Secretario de la Comisión de Energéticos de esta honorable Cámara de Diputados, he estado en permanente contacto con la evolución del sector energéticos del país, y específicamente en el proceso de análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Como representante del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, vengo, a expresar mis consideraciones al respecto, sobre la base de destacar en primer término, el papel fundamental que tiene a sus cargo el Estado mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad, para prestar el servicio público de energía, y desde una posición estratégica, impulsar el desarrollo económico y social de México.
Mi relación con los aspectos eléctricos en materia de prestación del servicio público, me ha permitido estar en contacto con las grandes realizaciones logradas desde la creación de la citada entidad por el Presidente revolucionario Lázaro Cárdenas del Río, y particularmente a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, en el año de 1960, realizada por Adolfo López Mateos.
De este modo he, podido apreciar los constantes esfuerzos que realizan un grupo de mexicanos para crear instalaciones que a la postre han venido a satisfacer las necesidades de contar con el servicio eléctrico para nuestros compatriotas. El reconocimiento de mi partido a los científicos, técnicos, sobre todo a los trabajadores electricistas, por la inmensa epopeya eléctrica de la nación.
Hoy discutimos una Ley para fortalecer la responsabilidad del Estado mexicano en los programas de modernización establecidos que comprenden la ejecución de proyectos de ahorro de energía, nuevas técnicas de comercialización, fijación de tarifas, estructuras de actualidad,
diversificación de fuentes energéticas, protección del medio ambiente y otros tantos aspectos que confirman la posición del primer plano que este sector en el contexto nacional.
La iniciativa de antecedentes, constituye a mi juicio un avance importante para consolar la posición estratégica del sector eléctrico dentro de los mandamientos establecidos en la Constitución General de la República, y viene a garantizar la adecuada expansión del sector y la suficiencia energética así el desarrollo y el abastecimiento de rezagos, sobre todo en el medio rural.
He conocido el exhaustivo análisis que en diversos foros se ha hecho de dicha iniciativa, así como las argumentaciones que a favor y en contra de la misma, se han expresado concluyendo que resulta impostergable continuar con el necesario desarrollo del Sector eléctrico nacional, el cual precisa el incremento de los recursos necesarios mediante la participación regulada del sector privado, en áreas que no están reservadas en forma exclusiva a la nación por la Constitución General de la República.
Nuestra fracción parlamentaria turnó a la Comisión de Energéticos del Senado, propuestas para modificar los artículos 9o., 29 y 39 de la iniciativa de la Ley del Servicio Público de Energías Eléctrica. La modificación propuesta al artículo 36 afecta las fracciones I y IV. Esta propuesta es de fondo, ya que marca la obligatoriedad para que la Comisión Federal de Electricidad adquiera los excedentes de producción de energía eléctrica para el autobastecimiento, para que la pequeña producción se destinara en su totalidad para su venta a la Comisión Federal Electricidad.
Las propuestas de los artículos 9o.,29 y 39, eran más de forma. En este sentido, el Senado de la República retomó las propuestas que efectuamos al artículo 36 en sus dos fracciones, I y IV, lo cual nos indica que se hizo un esfuerzo por hacer una Ley más precisa.
A través de la consulta y discusión relativa a los diversos puntos del proyecto, hemos considerado que la función del servicio público continúe en manos del Estado, en forma exclusiva para los propósitos constitucionales de la prestación del servicio público y que la redefinición de figuras como el autoabastecimiento, la cogeneración y la inclusión de otras nuevas figuras como la producción independientes y la pequeña, producción, permitirán ratificar, como se señala en la exposición de motivos, la vigencia y el ímpetu de un proceso que da prioridad a la satisfacción oportuna de las necesidades de los mexicanos.
Creemos firmemente que las adecuaciones que se proponen, pueden incluirse en un propósito general de modernización en la prestación del servicio público de energía eléctrica, mediante nuevas estructuras y mecanismos que tienden a lograr una mayor productividad.
En suma las disposiciones constitucionales establecen una actividad reservada en forma exclusiva a la nación. La prestación del servicio público, las actividades que realizan los autoabastecedores, congenerados, productores independientes pequeños productores, importadores o exportadores de energía eléctrica en los términos de la propuesta, no pueden calificarse de servicio público, porque habrán de satisfacer requerimientos propios de personas físicas o morales y para ello utilizarán sus recursos para establecer la infraestructura que demandan.
En el caso de los productores independientes, éstos invertirán recursos en la construcción de centrales eléctricas, pero bajo la condición de que estén incluidas y autorizadas en la planeación de la Comisión Federal de Electricidad, y destinarán además la totalidad de la energía producida, no a la prestación del servicio público, sino que la entregarán para las fases de conducción, transformación, distribución y abastecimiento, a la propia Comisión, de tal manera que ésta sea la que cumpla con la función constitucional de la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Se establecen así mecanismos claros que al brindar seguridad jurídica, aseguran la provisión del servicio de energía eléctrica a más mexicanos y mayor y más justo crecimiento de la industria, los servicios, la producción agropecuaria, la generación de empleos y, en suma, para impulsar el acceso al bienestar al que tenemos derecho todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados: porque la iniciativa y el dictamen precisan la intervención de los particulares en la generación de energía para usos privados, pero puntualizan simultáneamente la aplicación irrestricta del ordenamiento contenido en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, relativa a la facultad del Estado de prestar el servicio público de energía eléctrica, porque el objeto fundamental de la reforma, es aumentar la disponibilidad de energía eléctrica y hacerla llegar a muchas pequeñas comunidades en el país que hasta ahora carecen del servicio,
porque la iniciativa vigoriza la rectoría del Estado que conserva el control exclusivo de la prestación del servicio, y finalmente porque las modificaciones constituyen un conjunto de medidas favorables para el desarrollo del país, anuncio por esta intervención, nuestro voto aprobatorio a nombre de la fracción de mi partido, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Gracias.(Aplausos)
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Alvarez Garín: - Compañeros diputados:
Quiero hacer una serie de comentarios de otros aspectos que subyacen a las propuestas. Hasta este momento la mayoría de las intervenciones se han referido a una serie de problemas, y yo quiera tratar otros.
En la exposición de motivos se nos dice que la iniciativa tiene el propósito de garantizar la oferta, de que son necesarios incrementar recursos para asegurar la expansión del sector eléctrico, y se concluye que se requiere de la participación de otros agentes. Para esto se precisan varias formas a las que ya se han hecho numerosas referencias, la autogeneración, congeneración, los productos independientes, pequeños productores etcétera.
En este debate estamos dilucidando si se permite o no participación de los productores privados. Hay varias cuestiones de fondo y hay otras de forma, pero todas con una serie de implicaciones de máxima importancia.
El camino de los autores de la iniciativa aparentemente ha sido simple, han definido lo que no es servicio público y en función de estas definiciones que como todas las definiciones tienen elementos de convención, se especifican distintos tipos de participación en la indispensable tarea de producir energía eléctrica.
Analicemos las diversas situaciones caso por caso. En lo que se refiere al autoabastecimiento, la figura parece estar dedicada al problema de la electrificación rural. Se reconoce que en México existen más de menos de cien habitantes cada uno, a los cuales se extremadamente difícil de servicio eléctrico con los métodos tradicionales, es decir extendiendo las redes de distribución hasta esas poblaciones, por lo costoso de las instalaciones y la imposibilidad de recuperar las inversiones correspondientes.
También debe decirse que para los habitantes de esos pequeños poblados, es prácticamente imposible finalizar los costos y adquirir una pequeña planta de generación de energía eléctrica. Para estos 90 mil poblados, la Ley contempla la figura de autoabastecimiento, y establece que está permitido que se instalen todo tipo de plantas para cubrir estas necesidades. Por desgracia el problema de esos más de 9 millones de mexicanos, no consiste en que la Ley les permita instalar plantas propias, sino en que no tienen recursos a veces ni para la subsistencia más elemental.
La esencia del programa de electrificación rural, ha consistido en llevar el servicio a los lugares más apartados del país, conscientes de que el sacrificio financiero del caso habrá de redituar positivamente al incorporar plenamente a la vida nacional a millones de compatriotas.
La culminación del programa de electrificación rural, tiene que contemplarse de otra manera. La posibilidad de construir e instalar más de 90 mil equipos de generación en una muy amplia de capacidades, desde 5 hasta 30 mil kilowatts, y con una diversidad de fuentes primarias, de combustión hidráulica, eólica, solares, etcétera, es un reto suficiente para pensar en la construcción de una rama industrial completa de equipos electromecánicos de pequeña capacidad.
Ese sería un camino verdaderamente innovador, ahorrador de divisas, generar de empleos, de fuentes masivas de experiencias tecnológicas, y en el largo plazo de alta rentabilidad, no solamente por los efectos benéficos de la incorporación de 9 millones de mexicanos a la vida moderna, sino también por el significado productivo que tendrá por su capacidad y experiencia los equipos de técnicos mexicanos que fueran responsables de esta tarea.
Por desgracia las intenciones que se perciben entre las autoridades correspondientes, es dejar el proceso de electrificación rural al impulso de otras fuerzas, ya sean los gobiernos estatales o municipales, o el Programa de Solidaridad, o dejar que sean las propias comunidades las que resuelvan por sí mismas su abastecimiento.
En algunos casos seguramente así se hará, pero puede darse por un hecho con estas medidas no habrán avances sustanciales en esta tarea de electrificación de las comunidades más pequeñas y apartadas del país.
De lo dicho, es evidente que la tarea de suministrar energía eléctrica a las comunidades, debería ser un servicio público en el mejor sentido del término, pero al reconocer su complejidad y sus enormes dificultades de todo tipo, se ha considerado preferible prácticamente renunciar a esta tarea y delegarla en otros agentes que enfrentarán mayores dificultades que los que enfrentan la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad para cumplirlos.
La figura de cogeneración es la correspondiente al proceso de generación de energía eléctrica mediante la utilización de energías excedentes del propio proceso industrial.
En este renglón las cifras son espectaculares, tanto por lo poquísimo que se ha hecho, como por lo mucho que se podría hacer, pero las autoridades deberían ofrecer las cifras con toda claridad y comprometerse en programas con metas específicas.
Para empezar, diremos que la propia Comisión Federal de Electricidad reporta que frente a los 26 mil 797 megawatts de capacidad instalada a fines de 1991, solamente se tienen 39 megawatts operando en régimen de cogeneración. Esto es apenas un poco más de 1.4 millones partes de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Son datos del informe anual de Comisión.
Y de esos 39 megawatts, 12 han sido incorporados recientemente por la refinería de Cadereyta y por el ingeniero del Potrero, en Veracruz. De manera que las experiencias reales de cogeneración son extremadamente pequeñas.
Por otra parte, están las estimaciones de la cantidad de energía que podría producirse en régimen de cogeneración y estás se elevan a la importantísima cifra de 10 mil kilowatts - hora - año, lo que significan aproximadamente el 10% de la generación total actual del país o el 20% del consumo total de energía eléctrica del sector industrial del país. Estos datos están en el Programa de Modernización Energética.
Entonces veamos las proporciones. Por un lado, lo real es que existen un poquito más de una milésima parte dedicada a congeneración, y por otro lado un horizonte en el que el 20% del consumo industrial podría generarse de esa manera.
Bueno eso simplemente es una medida del escandaloso dispendio que hay de energía en los procesos industriales.
Para apreciar mejor el significado de estas cifras diremos, porque quizá dadas en megawatts - horas y este tipo de expresiones no se comprenda tanto, pero diremos que podrían ahorrarse 2 mil millones de pesos anuales, 700 millones de dólares anuales, si no desperdiciara la energía excedente en los actuales procesos industriales.
Podría dar otras referencias para exhibir y demostrar que los procesos industriales en México son dispendiosos en el uso de energía eléctrica, pero basta señalar que incluso en las propias auditorías realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, se cuenta de este fenómeno.
De pasada señalaremos que la simple magnitud de las cifras, justifica plenamente la realización de un estudio exhaustivo del problema para precisar objetivos, procedimientos, estrategias y avanzar realmente en el campo de la cogeneración.
Es tan grande la brecha entre lo hoy existente y lo que se podría hacer en este campo que de nuevo surge la duda de fondo; no hemos avanzado porque existían obstáculos legales para ello o ha sido por otras razones.
¿Con las nuevas figuras legales habrá de resolver este problema? Podemos afirmar con un margen muy alto de certeza, que no ha sido por incertidumbres o por indefiniciones legales por las que no se ha avanzado en el terreno de la cogeneración, sino porque durante decenas de años se han subsidiado las tarifas eléctricas y se ha generado una práctica dispendiosa de los consumos de energía que va a costar mucho trabajo revertirla.
Otro punto son los intercambios de exportación e importación de energía eléctrica en sus diversas modalidades, que han despertado serias inquietudes. Las disposiciones legales hasta hoy vigentes impiden el establecimiento de plantas nucleares particulares para ese fin, pero no impiden que sean plantas públicas las que se instalen con ese propósito. El tema aún no está suficientemente discutido.
En la figura de los productores independientes, el primer punto que quiero señalar es el carácter anticonstitucional de esta figura, que se ha tratado de justificar de diversas maneras.
En la realidad se centra en enseñarla cuál es el objetivo final de la generación. Se reconoce que
si se genera para el servicio público, entonces, esta actividad está reservada en exclusiva al Estado, es decir, a la Comisión Federal de Electricidad; pero si se genera para otros fines, y aquí se da el ejemplo infantil del generador de un automóvil, entonces no es servicio público y sí estaría permitido hacerlo.
Acertadamente la diputada Gabriela Guerrero, del Partido Popular Socialista, desde comisiones ha señalado que el objeto de Comisión Federal es proporcionar el servicio público, de manera que si un producto independiente genera electricidad para vendérsela exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, en última instancia lo está haciendo para el servicio público.
La mediación de la empresa pública no elimina, sino que enfatiza que el objeto final de esa generación es el servicio público. De esta manera, es evidente que la figura es, de aprobarse, es anticonstitucional. Pero, además, este tema requirió un debate muy fuerte en el Senado, y varias páginas del dictamen están dedicadas al asunto.
En particular yo quisiera comentar lo siguiente, cuando se esta señalando lo que es el servicio público, se dice lo siguiente: "A su vez, la prestación del servicio público entraña la satisfacción en forma continua, regular, uniforme, permanente y obligatoria, de necesidades de carácter general".
Dice que "a contrario sensu se puede definir lo que no es servicio público".
Si pensamos en los productores independientes, es claro que estos productores tendrían que tener esas características generales, porque las tiene el propio servicio de comisión, y de otra manera no podría haber relación con ellos. Tendrían que tener rasgos de continuidad, regularidad, uniformidad, permanencia y obligatoriedad, que son con los que se define el servicio público.
En el Senado se discute si en términos propios o impropios es como se puede definir, y es bien claro que la figura de productor independiente caería en este caso.
Pero además están otras formas de expresar lo que presentó el diputado Juan de Dios Castro al inicio de este debate. En palabras del Senado se dice: "Cuando medie el interés colectivo. El interés colectivo está comprometido en todos los trabajos de Comisión Federal y todo lo que sean suministros para ella lo son de interés colectivo".
Y hay una serie de formulaciones en donde es muy claro este propósito. Bueno.
Además, también quiero enfatizar el argumento que dio la compañera Guerrero. "Las actividades de proporcionar energía eléctrica deben verse de manera integral. Por eso, la formulación del artículo 27 enumera exhaustivamente los principales procesos involucrados en la actividad, pero no solo conceptualmente, sino que en su operación y funcionamiento todos los componentes del sistema eléctrico nacional, en especial los que están interconectados, como actividades, como instalaciones y como elementos de un todo operativo, forman un conjunto integral que no debe separarse ni sujetarse a criterios diferentes y posibles en contratos de operación, por conflictos de intereses entre diversos propietarios".
Las dimensiones de los productores independientes es un asunto que no se ha aclarado suficientemente, porque aquí existe una pantalla: estamos hablando de autogeneración y se piensa en unos cuantos kilowatts de capacidad, se ponen límites de 30 megawatts, para pequeños productores.
Pero cuando hablamos de productores independientes estamos hablando de plantas del mismo tamaño que las de Laguna Verde, y eso hay que tenerlo muy presente todos, porque de lo que estamos hablando es de un proceso de privatización de magnitudes muy grandes. No se trata de fenómenos marginales, sino de cuestiones esenciales en el desarrollo de la institución.
Además de que son muy grandes en su tamaño, en su capacidad, no está restringida de ninguna manera la capacidad de generación de las plantas en el proyecto de iniciativa, por lo que se debe entender que en última instancia la energía generada por los particulares podría llegar a ser mayoritaria, con lo cual la Comisión Federal se transformaría en una empresa principalmente distribuidora y comercializadora, desvirtuándose en lo hechos el concepto mismo de la empresa estatal.
Con los ritmos previstos de expansión del sistema eléctrico que son del 7% anual, en 10 años se duplica la capacidad instalada, de manera que si todas las nuevas plantas fueran productores independientes, en ese lapso la mayoría de la capacidad de generación del país estaría en manos privadas con las consiguientes implicaciones políticas, económicas tarifarías de seguridad nacional, etcétera.
En el trabajo de comisiones se presentó una propuesta de un diputado priísta para fijar un límite de no más de 20% para la participación de productores privados en la generación de energía que desde luego no fue aceptada.
Las razones finales que están determinando estos cambios legislativos para permitir la participación de empresas privadas son financieras, por la escasa capacidad del sector para emprender el conjunto de obras que están consideradas en el horizonte de planeación. La empresa eléctrica por descapitalización o por astringencia de recursos como elegantemente dice la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Se supone que si te dan facilidades habrán de venir inversiones principalmente extranjeras en este terreno, de hecho la propia Comisión Federal de Electricidad anuncia que ha recibido diversas propuestas.
La situación financiera en la Comisión Federal de Electricidad durante los últimos 10 años, ha sido extremadamente difícil. A principios de la década el total de sus ingresos propios no llegaba al 40% de sus gastos totales. El total de los programas de inversión y una parte sustancial de los gastos de operación y mantenimiento, se realizaron con empréstitos internos y externos y con transferencias muy altas del Gobierno Federal. El servicio de la deuda absorbía más de la tercera parte de los gastos de la empresa.
En estas condiciones, en 1986 se aprobó un plan de reestructuración financiera de Comisión Federal de Electricidad que incluyó como medida principal que el Gobierno Federal asumiera un poco más de 6 billones de pesos de pasivos. Bueno, esos 6 billones al tipo de cambio son 9 mil millones de dólares que están en la contabilidad de Comisión Federal y que los absorbió el Gobierno que es la parte sustancial del problema de reestructuración que tomaron una serie de medidas para modificar la situación.
A pesar de los efectos positivos de esta reestructuración financiera, lo cierto es que la empresa tiene una capacidad limitada de financiamiento propio para sus proyectos de expansión, y los planes actuales consideran como objetivo lograr que se alcance un financiamiento del 40 al 45% con ingresos propios y el resto con endeudamiento bruto. Está en el documento de Comisión, página 26, informe de labores.
Por lo anterior, desde hace cuatro años la Comisión ha estado operando con esquemas de financiamiento privados, los proyectos ya de manos y los mecanismos de arrendamiento financiero mediante los cuales se han estado construyendo las grandes centrales de Petacalco, Guerrero, Tuxpan, Veracruz, Topolobampo, Sinaloa, y las unidades de carbón 2 en Coahuila, además de numerosas subestaciones.
Pero ahora se pretende dar un paso adicional, permitir la forma de participación como productores independientes. Para nadie es un secreto que los beneficios finales en términos monetarios son mayores en correspondencia al mayor número de servicios ofrecidos por los financieros y son sólo suministros de capital por servicios adicionales de diseño, construcción, etcétera, correspondientes al concepto ya de mano o finalmente la propiedad y responsabilidad de la operación de la planta, etcétera.
Dicho en otros términos en teoría la construcción y operación de plantas generadoras debería ser mucho más barata si las hiciera directamente la Comisión Federal de Electricidad, porque debería pagar menos al rentar directamente los servicios indispensables para el caso.
Están son las razones por las que se están adelantando estos nuevos esquemas de trabajo, estas nuevas maneras que son finalmente de privatización.
En los debates se ha sugerido que finalmente en las discusiones ¿cuál es el papel de las empresas públicas? ¿En qué situación se debe modificar la vida nacional?. En efecto, es muy claro que Comisión Federal, Petróleos Mexicanos y otras muchas empresas fueron concebidas en un contexto de política y desarrollo nacionalista e independiente, en el que se buscaba fortalecer los procesos de industrialización nacional apoyándose en políticas de seguridad estratégica en energéticos y promoviendo y facilitando la mayor participación posible de componentes nacionales.
Muchos de estos rangos se observan todavía en los informes que da la Comisión Federal como propósito que permanentemente está buscando. Esta estrategia de desarrollo se concebía de manera integral y es muy importante, desde la preparación de los cuadros técnicos y profesionistas que hicieron el proyecto hasta las políticas financieras y fiscales correspondientes.
Los actuales procesos de modernización y adecuación de las empresas a nuevos contextos de globalización, han enfatizado exclusivamente los aspectos de supuesta competitividad y beneficios de corto plazo; pero han desdeñado los
efectos de largo plazo en el diseño de una política de desarrollo que enfatice los intereses nacionales y de las mayorías.
Efectivamente necesitaríamos una mayor precisión en la definición de los propósitos de empresa pública, que si antes se expresaban enfatizando el hecho de que se veían como elementos indispensables para el desarrollo independiente del país y hoy la figura de independencia está permanentemente cuestionada, matizada, incluso severamente cuestionada, había que buscar formulaciones muy claras, y creo que ese tipo de preocupaciones están permanentemente presentes. en estos debates, de que se puedan formular las cosas de manera más general diciendo que son necesarias para el fortalecimiento y defensa de los intereses nacionales y de las mayorías. Pero necesitamos poner estos criterios muy por enfrente y hacerlos realidad.
Las empresas estatales no deben convertirse en simples oficinas de licitación de proyectos, que eso es lo que la están transformando en estos momentos, y también a Petróleos Mexicanos.
Quiero llamar la atención respecto del peligro real de que esto suceda por el hecho de que se están abandonando cada vez más las tareas técnicas creativas y se sustituyen por servicios contratados "Llave en Mano", o de plano por la entrega a particulares de actividades fundamentales.
En síntesis, por desgracia no podemos considerar que los proyectos de electrificación rural, como están considerados en este proyecto de Ley, y de ahorros importantes de energía, como sería la cogeneración, asociados a estas figuras estén seria y debidamente atendidos, no lo están, son la cobertura para permitir la participación de grandes empresas privadas.
Es evidente que el propósito de esta iniciativa es simplemente privatizar. Es anticonstitucional, no ayuda a resolver los problemas de fondo, compromete la integridad del servicio eléctrico, abre las posibilidades de que se revierta el proceso de nacionalización, en unos cuantos años podría ser mayoritaria la participación de intereses privados, y facilita la intervención de intereses extranjeros.
Por estas razones, Yo hago un llamado a todos ustedes para que no aprobemos esta iniciativa de Ley. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
Las reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, relativas al dictamen a discusión, podrían haber sido calificadas de excelentes, si no fuera por que la llamada pequeña producción para la generación de energía eléctrica desde el análisis jurídico hecho por miembros del Partido Acción Nacional, entraña una transgresión a la Constitución.
Se reconoce, tanto en la Exposición de Motivos como en el propio dictamen la necesidad de canalizar recursos necesarios para asegurar la expansión de la industria eléctrica y el reconocimiento de que otros agentes de la sociedad participen en las áreas reservadas en forma exclusiva al Estado mediante aportaciones de recursos para financiar la generación y abastecimiento de energía eléctrica.
Ciertamente, la satisfacción de tal necesidad está muy lejos de lograrse a la mayor parte de la población en las zonas rurales y aisladas. También se reconoce que llevar la electricidad a dichas comunidades implica un altísimo costo de infraestructura eléctrica que en un momento dado podría provocar un desequilibrio financiero de la Comisión Federal de Electricidad.
Los recursos financieros destinados por dicho organismo descentralizado provenientes de la contraprestación que cobra por su servicio y los que le provee el propio Estado, resultan insuficientes para alcanzar la cobertura nacional al menos en el corto plazo.
Dada la actual política financiera y económica del Estado de procurar mantener un sano equilibrio en las finanzas y no abusar de los mecanismos de subsidios, de la emisión monetaria en desproporción al producto eterno bruto, o en al endeudamiento externo, ha sido propósito del Gobierno reducir su participación en los procesos de explotación de algunos bienes del dominio público, por ejemplo carreteras, trasladando tal responsabilidad a los particulares mediante el régimen de concesiones, y así lograr aliviar el gasto público directo y abrir el acceso de los particulares mediante inversión privada en tales actividades, pero desde luego manteniendo el Estado como función esencial de la regulación, la conducción y el encauzamiento de tales actividades, como rector de la economía.
La electricidad con las reformas propuestas, no es la excepción y las mismas obedecen primordialmente conforme a la iniciativa del Ejecutivo
Federal, y el dictamen que se discute, para procurar una coinversión en ciertas áreas de construcción de infraestructura eléctrica. Sin embargo, conforme al texto constitucional, a diferencia de otras actividades del Estado, la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público, son exclusivos del Estado, junto con las demás que de manera expresa y taxativa, se enuncian en el artículo 28 constitucional bajo el nuevo nombre de áreas estratégicas.
En un esfuerzo inusitado de gran audacia y talento, incuestionables, los autores de la iniciativa para evadir o eludir la prohibición constitucional de que los particulares puedan intervenir en tales procesos, cuando tenga por objeto la prestación del servicio público, proponen formas alternativas de cogeneración, producción independiente y de pequeña producción de energía eléctrica.
Respecto de las dos primeras, incluyendo el autoabastecimiento que ya está regulado por la actual Ley, ciertamente hay que reconocerlo, logran librar la prohibición constitucional por tener un propósito primordial de generación de la energía eléctrica, para satisfacer individualmente a las personas tanto físicas como morales, tratándose del autoabastecimiento.
La generación de energía eléctrica para satisfacer necesidades de establecimiento asociados a la cogeneración y la producción de tal energía para su venta exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad, también libran la prohibición constitucional.
En cualquiera de las tres hipótesis, aun cuando los particulares participen en tales procesos, técnicamente no prestan servicio público. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el problema de la inconstitucionalidad está en el artículo 36 fracción IV inciso C, correspondiente a la pequeña producción, como una modalidad del autoabastecimieto que señala que los solicitantes que destinen el total de la producción de energía eléctrica a pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan de la misma y que la utilicen para su propio consumo, y siempre y cuando los interesados se constituyan bajo cualesquiera de las formas societarias previstas en el propio dictamen: cooperativas, asociaciones o sociedades civiles y que tales proyectos no excedan de un megawatt.
Aquí está precisamente el meollo de la cuestión que verdaderamente nos preocupa por que si bien es cierto que no es una transgresión burda, clara ni notoria al artículo 27 constitucional, en un sexto párrafo, si creemos, como se verá más adelante, que de manera sutil y el derecho está pletórico de sutilezas, es una manera de darle la vuelta a la prohibición constitucional bajo la premisa contenida en el artículo 3o. de la propia Ley que en tal caso, se considera que no hay servicio público.
En primer término, la Ley secundaria, y ya lo han dicho algunos de los que me han precedido en la palabra, no puede calificar cuándo se está en presencia o no entre un servicio público, por ser materia expresamente determinada en el texto constitucional. Este no es un concepto impreciso como lo pudiera ser el de interés general o interés colectivo.
Por el mismo abuso de que este concepto se ha dado y que ha servido de pretexto al Estado para calificar una actividad con tal carácter en un tiempo y lugar determinados o para descalificarlo, como sucedió con la banca y el crédito, y como una medida de salvaguarda a los derechos de particulares de concurrir en actividades que no les sean limitadas caprichosamente por el Estado, la doctrina se ha empeñado en corregir las desviaciones y errores del concepto de servicio público, y este hoy en día tiene una aceptación y una concepción inequívoca.
Desde el punto de vista orgánico, el servicio público es aquel que la Ley califica como tal y que corresponde prestarlo directamente al Estado o a través de concesionarios. Desde el punto de vista funcional o material, complementario de esa parte orgánica, es servicio público cuando la índole de la necesidad a satisfacer es de carácter colectivo. Cuando hay esa coincidencia orgánica y funcional del servicio, la doctrina lo denomina técnicamente: "Servicio Público Propio". A diferencia del llamado virtual o impropio que tiene de común con el propio el de satisfacer en forma más o menor continua, necesidades colectivas; pero no es el Estado quien lo presta ni lo concede, sino tan sólo lo reglamenta.
Entre estos servicios están no pocos de los llamados de interés público o necesidad pública. Constituye una actividad privada, situada entre la actividad pública y el comercio puro y simple, lo cual le atribuye caracteres singulares que justifican su correlativo tratamiento jurídico. Como ejemplo destacado, está el relativo de la actividad del comerciante dedicado al tráfico de artículos de primera necesidad: alimentos y medicamentos, cuya actividad tiene una sustancia tal que trasciende lo meramente privado para penetrar
en lo social y que muchas de las actividades comerciales sobre tal clase de satisfactores, constituyen auténticos servicios públicos impropios, cuyas actividades las regula el Estado en mayor o menor grado, según su tendencia intervencionista o no.
Sin embrago, cuando hay una coincidencia orgánica y funcional del servicio público, esto es, que el Estado por Ley presta el servicio directamente o por conducto de concesionario y la índole de la necesidad es general y colectiva, tal servicio llamado propio, como ya lo indiqué, ubica al concepto de manera inequívoca.
Lo único que finalmente es cuestionable o discutible, es la índole de la necesidad que a través de tal servicio se satisface.
Las necesidades varían en el tiempo y en el lugar, llegándose a polemizar si las necesidades a satisfacerse derivan o no de la vida comunitaria, y que sólo éstas, finalmente, son las que el Estado legítimamente puede atribuirse como tal.
Sin embargo cada vez que hay una tendencia mayor a la socialización de necesidades que afectan o puedan afectar a la colectividad. Pero reconocemos que tal concepto es cíclico, según las postura y tendencia del Estado, y de los diversos instrumentos que finalmente utilice para satisfacerlo.
Actualmente hay una marcada tendencia a desestatizar actividades y trasladarlas a los particulares, replegándose el Estado en su intervención, como agente y productor de bienes y servicios.
Empero en materia eléctrica el Estado mexicano, desde la reforma constitucional de 1960 en que se adicionó el párrafo sexto al artículo 27 constitucional, no sólo calificó la actividad de suministro de energía eléctrica como servicio público, si no que llegó aún más lejos y la atribuyó como exclusiva del propio Estado, convirtiéndola en una autentica función pública, de carácter indelegable.
Bajo este contexto, la finura con que en la iniciativa se pretende darle vuelta a la prohibición constitucional para que los particulares puedan intervenir en la llamada pequeña producción eléctrica, está entrampada en función del hecho que la equipara al autoabastecimiento para fines estrictamente particulares en donde efectivamente no hay servicio público, mediante la utilización del esquema societario a grupos más o menos amplios o reducidos que combinan sus recursos y esfuerzos para autoabastecerse, concluyendo por ello que no se trata de un auténtico servicio público.
El número cuantitativo que incluye a los miembros de esos grupos societarios no es determinante para calificar una actividad de servicio públicos, ni en cuanto a que tal satisfacción provenga o no de la vida comunitaria o urbana; pues resulta indiscutible que la necesidad de luz, mediante alumbrado, no sólo la siente quien vive en el gran centro urbano, sino también quienes viven en las zonas rurales.
Lo esencial es que la respectiva necesidad exista, pues no debe olvidarse que para vivir colectivamente se requiere como requisito sine qua non vida individual, se esté o no en zonas urbanas. Tan requiere luz el que se encuentra marginado en tales zonas, como el que se encuentra inmerso en ellas.
Por ello resulta una falacia pensar que la pequeña producción de energía eléctrica en zonas rurales o áreas aisladas puedan prestarse por las propias comunidades que las integran y calificarse en consecuencia como no servicio público.
En este sentido la Ley secundaria rebasa, con mucho, el contenido y alcance que la Constitución fija sobre al particular; y los mecanismos para eludir tal prohibición, que son más que artificios , que demuestran desde luego un gran talento de sus autores para evadir tal prohibición constitucional. (Aplausos.)
Si fuera cierta la calificación que hace el artículo 36, fracción IV, inciso c, pues se puede integrar para autoprestarse el servicio público comunidades por un número enorme de miembros, con el pretexto de que se asocian para autoabastecerse; lo cual también podrían hacerlo, finalmente, bajo esta premisa, comunidades en zonas urbanas que decidieran tomar dicho camino, eludiendo su responsabilidad constitucional el Estado, que como atribución exclusiva tiene de prestar y satisfacer tal necesidad, máxime que se encuentra dentro del capítulo de las llamadas garantías individuales.
No es que estemos en desacuerdo con que los particulares colaboren y contribuyan en la generación, conducción e incluso el suministro de energía eléctrica, pero para ello es necesario reformar la Constitución. A que a la Ley suprema estamos siempre obligados a respetarla en su letra y en su espíritu, que constituye la norma de normas que da fuerza, validez y legitimación a todo el orden jurídico que de ella deriva.
Igualmente, también resulta inconstitucional, por esas mismas razones, la importación de energía eléctrica; aun cuando se diga y se acote de que será exclusivamente para los fines a que se refiere las fracciones III y IV del susodicho artículo 36. Pues no es tanto ya la inconstitucionalidad por el receptor del servicio, sino por el proveedor de la energía eléctrica, es decir, el exportador; porque si la actividad a nivel constitucional se considera exclusiva del Estado mexicano, ¿cómo es posible permitir o aceptar que un extranjero o un Estado o una empresa provea de esa energía a los nacionales, desplazando, sustituyéndose en la función pública, indelegable, a cargo del Estado mexicano?
Por todo ello, a pesar de que si quisiéramos votar en favor la iniciativa, por considerarla benéfica para el país, estamos impedidos para hacerlo, pues en nuestro concepto vulnera de manera clara, por las razones señaladas, en el texto del artículo 27 constitucional en su sexto párrafo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Miguel Osorio Marbán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Osorio Marbán: -Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Como todo lo que se refiere a nuestros recursos naturales o a nuestros materiales estratégicos, este proyecto a despertado el interés de los mexicanos y el debate de los especialistas en la materia, así como la opinión de distinguidos juristas y la discusión seria y razonada de los partidos políticos aquí representados.
La Comisión de Energéticos, apenas enviado en proyecto por el Ejecutivo de la Unión, se preocupó por su seguimiento y, bajo la práctica legislativa de conferencia , se reunió con la Comisión de Energéticos del Senado de la República para escuchar puntos de vista y para expresar los propios.
Nuestra comisión ha intercambiando puntos de vista con técnicos, profesionales y especialistas, así como con destacados dirigentes obreros y ha escuchado el Secretario de Energía, Minas e Industria y al Director de la Comisión Federal de Electricidad.
En reunión del martes 15, compañeros de las distintas fracciones parlamentarias expusieron sus puntos de vista y analizaron cuidadosamente el contenido del proyecto. Aquí, al amparo de la libertad que todos hemos propiciado en esta LV Legislatura, se han expuesto y se expondrán razones de teoría constitucional y política basadas en el contenido y firmeza de las ideas que cada uno sostiene.
La opinión de quienes no coinciden con nosotros la escuchamos con atención y respeto. Pero queremos reiterar que el dictamen tiene el propósito único de obedecer al designio de que nuestro país siga avanzando sin renunciar a que en nuestro doloroso y lento itinerario hemos ganado, de fortalecer la expansión de este servicio esencial a todos los compatriotas que carecen de él.
Este dictamen, en consecuencia, ha sido meditado, ha procurado interpretar el sentido de la actualización de la Ley en un país que se transforma y que requiere que sus instituciones y leyes lo hagan para ponerse acorde con los requerimientos de una sociedad cada ves más informada y exigente, y de un país que traza su camino y toma en cuenta los acontecimientos diarios de nuestra vida.
El Senado de la República y la Comisión de Energéticos de esta representación nacional, han aprobado, previo a este dictamen, diversas modificaciones y sugerido otras al proyecto de Ley originaria. No sólo son aclaraciones de forma, sino que van al fondo y esto significa reflexión y estudio, tomar en consideración las inquietudes del legislador y presentar conclusiones válidas, al analizar este significado encontramos ocho reformas sustanciales, lo que nos permite afirmar que lo planteado en trabajos previos, en gran medida está contenido en el proyecto de dictamen.
En lo que toca a la industria eléctrica y a su marco jurídico, ha sido difícil su itinerario; en 1857 se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre Vías Generales de Comunicación; en 1984 en la primera Legislación en Materia de Aguas Federales se señala el uso y el aprovechamiento para la producción de energía y se argumenta también que la energía eléctrica es una vía general de comunicación. En 1926 bajo la Presidencia del gran Estadista Plutarco Elías Calles, se expide el Código Nacional Eléctrico, y en 1934 se adiciona la fracción X al artículo 73 constitucional, declarando federal la legislación en materia eléctrica.
En 1937 y debido al abuso de las compañías privadas, el Gobierno Revolucionario de Lázaro Cárdenas crea la Comisión Nacional de Electricidad, y en 1938 se pone en vigencia la Ley de Industria Eléctrica.
Sin duda alguna es extraordinaria la acción del Gobierno del Presidente López Mateos cuando en diciembre de 1960 en acción sin precedente nacionaliza la energía eléctrica. En el Proyecto de Ley correspondiente, López Mateos señalaba: "Es propósito de mi Gobierno, cumplir plenamente los postulados de la Revolución Mexicana procurando que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos en sus beneficios para todos los habitantes de la República.
Las crecientes demandas de energía eléctrica en la agricultura, en la industria, en las comunicaciones y transportes, así como en las diversas actividades económicas de la población urbana y rural, nos impone la tarea indeclinable de atenderlas de acuerdo con el ritmo de su crecimiento".
Y agregaba: " Corresponde exclusivamente a la nación, generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público".
Al discutirse en la Cámara de Senadores el proyecto de dictamen, se apuntó en ese entonces, lo que la iniciativa presidencial propone es que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, corresponda a la nación, específicamente cuando se destine a la prestación de un servicio público. Y apuntaba:
"La Ley que reglamenta esta reforma constitucional deberá expresar con toda claridad qué se entiende por servicio público eléctrico con sus características de permanencia, generalidad, continuidad, eficacia y seguridad; es decir, que su aprovechamiento sea destinado en general para cualquier usuario mediante policitación.
Las suscritas comisiones sin embargo, reiteraba el Senado, estiman que al texto propuesto debe agregarse la palabra "conducir", antes de transformar, atendiendo a razones de orden técnico, puesto que la industria eléctrica comprende además de las actividades mencionadas en el Proyecto, la de la conducción del fluido para su transformación y distribución."
En el debate de 1960, el Senador Brena Torres justificaba la medida afirmando que la Comisión Federal de Electricidad hubo que limitar su actividad a proporcionar a empresas privadas su caudal eléctrico a cambio de un precio estipulado y estas últimas continuaron dando el servicio público.
En esta actitud de las compañías privadas, quizá se perciba con mayor claridad el porqué nuestro pueblo defiende, y así lo hará en el futuro, el que sea el organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad y preste este servicio.
Brena Torres afirmaba, la esencia de la reforma consiste en que solamente la nación a través de su expresión jurídica que es el Estado, puede generar, transformar y distribuir la energía eléctrica como servicio público. Es cierto agregaba que en ninguno de los planes concretos presentados al pueblo mexicano se incluye la nacionalización de la industria eléctrica o la facultad privativa de la nación de aprovechar los recursos del país para este objetivo, pero también es verdad que el conjunto de ideas expresadas a lo largo de nuestro movimiento libertario, pueden extraerse ideas rectoras que son como la filosofía de la Revolución.
Entre estas ideas destaca el propósito de identificar la vida humana y el de dar el mismo aprovechamiento a los recursos nacionales en favor de la comunidad.
Es importante señoras y señores diputados, conocer esta interpretación auténtica de los antecedentes legislativos. La voluntad del legislador para dar mayor claridad a nuestro proyecto de dictamen. En él se busca no sólo actualizar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, sino que conserve el cáracter que le señala el artículo 27 constitucional, párrafo sexto, y que se mantenga el carácter estratégico que le señala el artículo 28 constitucional.
El 27 adicionado a iniciativa del Ejecutivo Federal en 1960, establece la exclusividad de la nación en la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.
El texto del artículo 27 constitucional es claro, y así se observa en el Diario de los Debates del constituyente permanente en el dictamen de las comisiones senatoriales en donde se establece que la iniciativa que adicionó en 1960 el artículo 27, propuso básicamente que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, corresponda a la nación específicamente cuando se destine a la prestación de un servicio público.
Una interpretación sistemática del texto constitucional que procure fijar su sentido como un todo coherente y unificado, debe tomar en consideración además del precepto mencionado, otros artículos constitucionales que también resultan aplicables al caso: los artículos 25 y 28
de la Carta Magna, resultado de la reforma a la misma, realizada a iniciativa que el Ejecutivo Federal sometió al constituyente permanente en diciembre de 1982.
Esta reforma, como es del conocimiento de esta soberanía, tubo por objeto establecer las normas fundamentales que rigen la actividad económica del país. Al efecto, el artículo 25 constitucional dispone que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el párrafo cuarto del artículo 28 del mismo ordenamiento.
Por su parte, el artículo 28 de la Carta Magna, confiere a la electricidad el carácter de área estratégica y establece que no constituirá monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en dicha área, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso Federal. Es decir, mediante Ley se precisarán las actividades que se relacionan con esa área estratégica que el propio precepto enumera, así el texto constitucional establece los principios y bases para delimitar con precisión el ámbito exclusivo del sector público y los alcances de la participación del Estado.
Y en consecuencia, para determinar y proteger las actividades económicas de los sectores social y privado, al amparo de las garantías que consagra nuestra Constitución fuera de las áreas estratégicas y de las actividades con ella relacionadas que en forma expresa señale el legislador.
Adicionalmente el 28 constitucional dispone que la sujeción a regímenes de servicio público, sólo podrá hacerse por Ley; es decir, la propia Carta Magna confiere al legislador reglamentario, la potestad para determinar las actividades que constituyen o no servicio público, lo que redunda en la seguridad y la certeza jurídica de los gobernados en su esfera económica.
Por ello, el proyecto que nos ocupa, se apega a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 constitucionales, toda vez que reafirma la exclusividad de la nación, a través de la Comisión Federal de Electricidad, en la prestación del servicio público de energía eléctrica y propone, a fin de alentar una expansión más vigorosa y eficiente del sector eléctrico, que los particulares concurran al proceso productivo mediante la realización de determinadas actividades que no constituyen servicio público y que por tanto no están reservadas en forma exclusiva al Estado.
Por lo que la exclusividad de las actividades que corresponden a la nación en esta materia, se da en función de que tengan por finalidad la prestación de servicio público, el cual entraña la satisfacción en forma continua, regular, uniforme, permanente y obligatoria, de necesidades de carácter general, además de las notas de eficiencia y seguridad.
Se pretende además con la reforma, mejorar la calidad del servicio y también sus costos. Se mantiene incólume la rectoría del Gobierno Federal en la industria, a través de la Comisión Federal de Electricidad, y esto conlleva la planeación, y vigilancia, la autorización de permisos también su cancelación.
A partir de la fundación de la Comisión Federal de Electricidad, México ha mantenido una cuantiosa inversión para aprovechar nuestros distintos recursos naturales en la generación de energía eléctrica. El hecho de contar con 29 megawatts frente a una necesidad de 22 solamente, y de que aún así estemos procurando el autoabastecimiento, aprovechar la cogeneración y otras formas de generación, se explica si afirmamos, primero, que la obra pública que hasta ahora se ha realizado, orientada y dirigida por el Gobierno de la Revolución, ha sido verdaderamente significativa y plena de realizaciones. Aquí tendremos que manifestar nuestro sentido homenaje a los técnicos y obreros que han hecho posible obras gigantescas productoras de esta energía.
Pero se da también la paradoja de que a pesar de estas realizaciones y la infraestructura correspondiente producen 29 megawats, existen 90 mil pequeños pueblos de México que carecen del servicio; y la interconexión y el cableado resultan incosteables, y a veces por nuestra orografía, casi imposibles para la Comisión Federal de Electricidad.
Ahí esta en gran medida el espíritu abierto de esta forma , para que por medio del autoabastecimiento o aprovechando la cogeneración, o bien la producción de factorías cercanas o plantas industriales que necesariamente tienen que vender sus sobrantes a la Comisión Federal de Electricidad, pueda usarse el fluido, resolviendo este problema ancestral.
Por otro lado, a partir de 1975, la legislación admitió el autoabastecimiento mediante recursos Hidráulicos, combustible o energía solar, y desde 1986, se regula la cogeneración. Significa esto que estas modalidades no se han considerado en el marco de la prestación de un servicio público.
En esta reforma, se da mayor claridad al autoabastecimiento y en cuanto a la cogeneración se busca la eficiencia del servicio con menor deterioro del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los procesos de transformación de energéticos primarios en secundarios. En cuanto a las figuras que introduce la iniciativa, es conveniente señalar que los productores independientes han de destinar la totalidad de su producción a la venta, a través y sólo por ella, de la Comisión Federal de Electricidad, que para los pequeños productores la Ley favorece el aprovechamiento de fuentes renovables, como la biomasa, la solar, la eólica y la microhidroeléctrica; y tienen como propósito la venta de su producción a la Comisión, o el autoabastecimiento, sobre todo a pequeñas comunidades o zonas marginadas o aisladas.
Es importante apuntar que la exportación de energía eléctrica generada en la cogeneración, los productores independientes o los pequeños productores, sólo pueden actuar mediante permiso, y que éste en concebido con base en las opiniones de los organismos técnicos, estableciéndose con claridad sus limitaciones y asegurando plenamente la rectoría del Estado, así como el control y operación del servicio público.
En cuanto a la importación, ésta sólo será autorizada cuando se destine bien para usos propios y tratándose de servicio público, solo la Comisión Federal de Electricidad podrá hacerlo. A mayor abundamiento, se crea una Comisión Reguladora, formada por especialistas y técnicos, para los problemas que surjan en la aplicación de esta Ley.
Se trata en el proyecto de actualizar e introducir esquemas que faciliten la expansión del servicio, de precisar la participación de los particulares en la generación de energía para usos privados, y que por tanto no constituyan servicio público, de aumentar la disponibilidad de energía y de hacerla llegar a pequeñas comunidades que carecen del servicio, de fortalecer la rectoría del Estado, que conserva en la materia el control exclusivo de la prestación del servicio público.
La industria eléctrica mexicana, señoras y señores diputados, siempre ha estado en las mejores manos, y en la elaboración de inicial proyecto de Ley, muchos de sus mejores elementos contribuyeron con sus opiniones en su elaboración. Baste señalar que nuestros técnicos y nuestro obreros, de 1952 a 1992, han electrificado 58 mil comunidades y colonias populares, 16 mil en los últimos cuatro años, que se están construyendo por 7 mil megawats plantas termoeléctricas, carboeléctricas, hidroeléctricas, y la segunda unidad de Laguna Verde, que en 1993 se iniciarán obras adicionales por 1 mil 700 megawatts, que para 1994 estarán en servicio, muchas de estas gigantescas tareas, y que tenemos asegurado el suministro de la energía eléctrica hasta 1996, que el Instituto de Investigaciones Eléctricas investiga energía por vía solar, vía basura y pequeñas hidroeléctricas.
Ha de verse, señoras y señores diputados, en esta iniciativa, la decisión política de seguir creciendo económicamente, sin descuidar los grandes requerimientos sociales, de utilizar los mejores medios de que disponemos los mexicanos, para que llegue a todos el servicio como acto de igualdad y de justicia.
Por todas estas razones, la Comisión de Energéticos acude a las luces de los integrantes de esta Cámara, y les pide su anuencia para que se apruebe el dictamen correspondiente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): -Señor Presidente pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores:
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Capítulo VI, particularmente titulado "Energía y petroquímica básica", establece en el artículo 602, en el primer párrafo, alcance y cobertura, que son materia de este Capítulo las medidas relacionadas con los bienes energéticos y petroquímicos básicos que se originan en territorio de las partes, y las medidas relacionadas con la inversión y con el comercio transfronterizo de servicios vinculados a dichos bienes, tal como se establece en este Capítulo.
Añade en el punto tres de este artículo 602: "Las actividades y los bienes energéticos y petroquímicos, se regirán por las disposiciones de este tratado, excepto por lo señalado en el anexo 602.3".
En el anexo 602.3 establece en el punto uno: " El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas".
En el punto C, define: "La prestación del servicio público de energía eléctrica en México, incluyendo la generación, conducción, transformación, distribución y venta de electricidad, salvo lo dispuesto en el párrafo quinto".
Párrafo quinto: "Actividades e inversión en plantas de generación eléctrica.
A. Autoabastecimiento,
B. Cogeneración,
C. Producción independiente de energía eléctrica.
Una empresa de una de las otras partes podrá adquirir, establecer u operar una planta de producción independiente de energía eléctrica en México."
El proyecto de decreto establece lo siguiente: "No se considera servicio público, tercero, la generación de energía eléctrica para su explotación derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción".
Y el 36 establece de manera explícita, la facultad de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de otorgar permisos de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente.
Y en el punto tres, casi de manera textual, se cita lo que anteriormente ya leí, del punto cinco C, del Tratado de Libre Comercio, anexo 602.3: "... de producción independiente para generar energía eléctrica, destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad".
El diputado Raúl Alvarez hizo previamente a un servidor de ustedes, una exposición del Partido de la Revolución Democrática. Otros compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, harán exposiciones sucesivas al respecto, pero quisiera solamente, para resaltar nuestra argumentación, que la Constitución establece de manera enfática: "... corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público".
Lo anteriormente expuesto y argumentaciones que posteriormente serán desarrolladas, fundamenta que se trata, como lo hemos sostenido desde hace ya varias semanas, de una Ley reglamentaria de un tratado que aún no ha sido aprobado por el Senado de la República, y que es contrario a la Constitución y contrario al interés nacional.
No se trata pues ésta de una discusión en donde está solamente involucrados tales o cuáles problemas de interpretación de qué se entiende por servicio público de energía eléctrica. Está en juego nada menos que una conquista histórica del pueblo mexicano, obtenida en 1960 con estas trascendentales reformas constitucionales, y sería mucho más honesto de parte de los subsecuentes diputados del Partido Revolucionario Institucional, que pasarán a esta tribuna a decir que lo que se trata es precisamente de una Ley reglamentaria de este documento que fue firmado el día de ayer por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, sin consultar a la nación mexicana.
Podrán decirse montañas de palabras, termino con esto señor Presidente, podrán decirse montañas de palabras, seguiremos seguramente discutiendo, pero en los hechos se trata de una Ley Reglamentaria, de una fracción, la 602.3 de este Tratado de Libre Comercio, que no corresponde ni a los intereses de la nación ni a las aspiraciones fundamentales del pueblo de México.
Por lo anteriormente expuesto, nuestro partido, tal como ha sido claramente definido por el diputado Raúl Alvarez y será expuesto por otros compañeros, considera que esta propuesta de reforma podrá incluso tener cubiertas ciertas formas legales, pero carece de la legitimidad histórica que confiere solamente la congruencia con los principios fundamentales que dan vida a la nación mexicana. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: -Los siete y medio millones de mexicanos ubicados en 92 mil 500 poblados que carecen de energía eléctrica, con esta Ley y sin ella no podrá gozar el beneficio de la electricidad.
Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir, abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgan concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y
recursos naturales que se requieren para dichos fines".
A pesar de lo cual el dictamen del Senado establece, en el Artículo 3o., vías para violar la Constitución, en detrimento de su soberanía nacional, desde mi muy particular punto de vista.
El dictamen que el Senado de la República somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, contiene contradicciones entre los artículos que se reforman, se adicionan y se derogan, con los artículos 1o. y 2o. de la propia Ley.
Considero que el escamoteo gramatical, resultado de sustituir el término de "concesión", que está estipulado en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, como de la Ley, por la designación de permisos, esconde burdamente una flagrante violación al texto constitucional.
Dejar de llamarle concesión para asignarle el sustantivo "permiso", deja mal parada la integridad de quienes utilizan este subterfugio y de paso a quienes permiten por temor o por disciplina mal entendida, que se concrete este disparate gramatical, en deformación de nuestra Carta Magna.
La constitución de la irrupción del capital privado en áreas de la Constitución, que la Constitución reserva en la exclusividad a la nación, no debe ser motivo de preocupación para los señores diputados ni para los señores senadores. Con ellos y sin ellos, la privatización de la industria eléctrica se está llevando a cabo, como se desprende de lo que a continuación leeré.
"En conferencia de prensa, el heredero de la corona belga, aseveró que durante su estancia en México se firmaron diversos convenios entre los cuales destaca el signado por la Compañía de Luz y Fuerza para concesionar una planta de este servicio que significará para nuestro país el acceso a la más avanzada tecnología del mundo. Periódico La Prensa, 28 de noviembre de 1992."
En el día de hoy, en la prensa nacional, adjudicado el primer contrato para construir la termoeléctrica privada, que bueno. "Nueva York. 17 de diciembre. Notimex. Un grupo de corporaciones mexicanas y estadounidenses, anunció hoy que ganó el contrato para construir la primera planta privada de generación de energía en México, etcétera, etcétera."
El dictamen que comento tiene vicios de origen que mi investidura en esta representación nacional no puede pasar por alto so pena de engrosar las filas del contingente de la incondicionalidad. Mi criterio es de la veracidad y de la dignidad por la representación de la índole que ostento, es un privilegio que la sociedad me otorga y que no debe ser arrasado por la ignominia que significa la disciplina partidaria, me parece incorrecta, pues debe anteponerse al nacionalismo los intereses del grupo. La historia nos ubicará por nuestros hechos y por nuestras conveniencias.
Una precipitación un tanto irregular como sospechosa para dar curso a un dictamen que vulnera la soberanía de la nación, que a eso se reduce el dictamen, cuyo único mérito es el acoplamiento del compromiso del Tratado de Libre Comercio, con el agregado que ofrece más de lo que se solicita. El manifiesto que el dictamen del Senado en lo esencial, es calca del artículo 602.3 del Tratado de Libre Comercio.
Queda claro que el dictamen no resuelve el problema de la electrificación de los 92 mil 500 pueblos que carecen del servicio. Con esta Ley y sin ella esta situación no se resuelve. Superar la indigencia de los pueblos requiere de la existencia de empleos dignamente remunerados, sólo así se tendrán los elementos necesarios para poder pagar este indispensable servicio.
Y después de tenerlo la experiencia en nuestro país demuestra que es dotar de energía a los pueblos que no tienen el servicio, tarde o temprano se quedan sin él, debido a los altos costos de mantenimiento, a los impuestos y al alto precio de esta energía. Proporcionarles energía eléctrica, no resuelve el problema de la indigencia en que se encuentran sumidos. Nunca nos hemos opuesto al desarrollo que es lógico y viable.
en este esfuerzo estamos empeñados todos los mexicanos. A lo que nos oponemos es la aprobación de un dictamen al vapor sin prever consecuencias inmediatas y mediatas. La única explicación a la urgencia es decir sobre cuestiones que afectan el sustento del desarrollo económico del país, es una interpretación amañada de las bases jurídicas inaceptables por la razón.
Las autoridades afirman que para 1994, estarán cubiertas las necesidades de energía eléctrica del 95% de todo nuestro país. Esto es todo por un 5% faltante que se introduce un dictamen del senado de la República que desnaturaliza la Carta Magna, esquiva la participación del honorable Congreso de la Unión y perjudica a la sociedad en su conjunto.
Se afirma que la industria eléctrica en México ha caído en el fracaso, pero se oculta el traspié, tiene base en una administración arribista, con sustento en el influyentismo y en el compadrazgo, y por eso no cumple su contenido.
Y se ha empleado también tácticas aquí en la Cámara, para no permitirnos intervenir en todas las fases que tiene este dictamen en las comisiones, como es la posición grosera de parte del Presidente de la Comisión de Energéticos, por quererme descalificar ante los miembros de la misma y la suspensión de la reunión de la Comisión para no dejarme hablar en ella. Toma una participación secundaria esto después de lo aquí expresado.
Por lo tanto, la fracción independiente, integrada por el diputado Olivos Cuéllar, Centeno Avila, Téllez Rincón, votaremos en contra de esto. Gracias.
El Presidente: -En los términos del 102 se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Ha sido posición permanente del Partido Popular Socialista, la de considerar que en esta tribuna debiéramos no monologar, sino dialogar, debatizar, razonando, planteando posiciones y contestando a esas posiciones.
Puesto que ya ha concluido la primera ronda de oradores y están en la mesa, están a la vista una serie de cuestiones medulares, quisiera ponerlas muy de relieve a efecto de que ojalá el próximo orador del Partido Revolucionario Institucional pudiera darles respuesta y así pudiéramos darle orden y congruencia a la discusión.
Son planteamientos que ya se desprenden de la intervención de nuestra compañera Gabriela Guerrero Oliveros. Ella citaba el párrafo correspondiente del artículo 27 constitucional que dice textualmente:
"Corresponde exclusivamente a la nación generar, distribuir y abastecer energía que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."
A partir de este texto, seis preguntas de las que quisiéramos respuesta puntual:
1a. La energía eléctrica que habrán de generar los pequeños productores y sobre todo los productores independientes, ¿a qué se va a destinar si no es a servicio público?
2a. ¿Los productores independientes generan a caso energía eléctrica para su autoconsumo, es decir, para consumo privado?
3a. La energía eléctrica que llegará al consumidor, es de servicio público si la genera la Comisión Federal de Electricidad y no lo es si la generan los productores independientes, ¿cómo explicar esa incongruencia?
4a. ¿Puede la Ley decretar que el servicio público no lo es, y puede tener validez semejante decreto?
5a. ¿El permiso jurídicamente viene a sustituir a la concesión?, y
6a. ¿Estamos facultados los diputados para votar una Ley evidente y claramente violatoria de la Constitución, que protestamos cumplir y hacer cumplir cuando tomamos posesión de este puesto en representación del pueblo de México?
Ojalá pudieran contestarnos estas preguntas los señores diputados del partido gubernamental.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Casas Jaime, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pablo Casas Jaime: - Con su permiso señor Presidente; señoras y señores diputados:
El número de cuestionamientos se irán respondiendo a lo largo de las intervenciones de todos los compañeros que me sucederán en la palabra. En mi partido solamente alcancé a notar tres que trataré de dar respuesta y en relación con la intervención del compañero diputado Téllez Rincón, en la cual establece que ni la Ley ni con esta iniciativa se logrará llevar servicio público de energía eléctrica a las comunidades más apartadas, yo pienso que sí. Yo creo que cuando él tuvo el honor de dirigir al Sindicato Mexicano de Electricistas, se desarrolló un esfuerzo de electrificación de pueblos y comunidades y todavía, todavía Compañía de Luz, tenía una parte, una porción de inversión, incluso extranjera.
México está inmerso en un contexto internacional más competitivo y más productivo. Con una población de más de 85 millones de habitantes y sobre todo con una rapidez que está dando nuestra economía a la mayor participación.
He escuchado con gran atención las observaciones que se hacen sobre la Ley y en algunos casos me parece como si la legislación o las instituciones debieran de ser estáticas o inamovibles. Y no reconocer las nuevas relaciones sociales, los cambios y las mutaciones y las situaciones que exige la sociedad y la economía, para lo cual debe haber adecuaciones jurídicas.
Esta iniciativa que hoy tratamos, pretende actualizar el marco legal del sector eléctrico e introducir esquemas que faciliten la expansión y el mejoramiento del servicio.
Desde su fundación en 1937, la Comisión Federal de Electricidad, ha impulsado el desarrollo industrial, agrícola, de servicios y social, al llevar a cabo trabajos que permitan llevar este importante servicio a todas las comunidades.
Al realizarse la reforma constitucional de diciembre de 1960, que nacionaliza la prestación del servicio público de energía eléctrica y se integra como una empresa paraestatal, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se auna este esfuerzo de los mexicanos para satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica.
Desde la mexicanización de la industria, el Gobierno se ha preocupado por brindar este servicio en condiciones que permitan llevar mayor desarrollo a las comunidades. Tal responsabilidad se corrobora en la iniciativa y se refuerza con el interés de mejorar la calidad del servicio para hacer más confiable el funcionamiento del sistema eléctrico, de modo que la energía siga siendo factor para incorporar nuevas técnicas y mejoren los procesos y la calidad de los bienes y servicios producidos en el país.
Este sector requiere cuantiosas inversiones. Desde hace varios años, se procuró por diversas formas que organismos incluso internacionales, contribuyan a financiar la construcción de centrales de generación y la infraestructura necesaria para ofrecer este tipo de servicio. Se ha dicho aquí ya, que a partir de 1975, se evite la modalidad de autoabastecimiento y desde 1983 se reguló el aspecto de la cogeneración.
Ahora con la iniciativa, se procura que la sociedad participe más en las acciones orientadas al crecimiento de la capacidad de generación, con sus diversas modalidades: de productores independientes, de pequeños productores, reiterando que se continuará presentada en exclusivo, el servicio público del Estado.
Es importante aclarar que las unidades de generación eléctrica que se construyan a futuro, conforme a los esquemas de productores independientes, formarán parte del programa de obras de inversión del sector eléctrico, cuya responsabilidad es y seguirá siendo exclusiva del Gobierno. Pero además, la planeación del sistema eléctrico nacional que elabora la misma Comisión Federal de Electricidad, será la base para que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, determine las necesidades de generación a corto y a largo plazo, y continuará siendo el organismo que en exclusiva preste el servicio público. Pero en esta tarea tendrá la colaboración ahora de los particulares, para que todos los mexicanos aun los de los pueblos más apartados, cuenten con energía eléctrica.
Por otra parte, se reitera y se pone especial atención, que los titulares de los permisos quedan obligados a integrarse a la red del servicio público, la que se sujetará a las reglas de despacho y operación del sistema eléctrico nacional, a través de la Central Nacional de Control de Energía Eléctrica, conocido como el CENACEE.
La iniciativa, al facilitar la participación de pequeños productores de energía eléctrica, favorece el aprovechamiento de los recursos. Es importante destacar que permite, a través de varios mecanismos de autogeneración, llevar la energía eléctrica a las comunidades más alejadas, y brindar a miles de mexicanos que ya reiteraba el compañero Téllez Rincón, que aún no cuenta con este servicio, y que tengan la posibilidad de acceder a la modernidad que el país está requiriendo.
En relación a los pequeños productores, la iniciativa considera dos posibilidades importantes. Una, la venta de la producción a la Comisión Federal de Electricidad, y ahí va una de las respuestas que planteaba el diputado Cuauhtémoc Amezcua, una, la venta de su producción a la Comisión Federal de Electricidad en forma similar a la de los productores independientes, que de alguna manera, al no rebasar los 30 megawats, será o se pretenderá destinarla a pequeños poblados.
La otra constituye una modalidad de autoabastecimiento que permitirá alentar inversiones con alto contenido social en áreas aisladas y en
comunidades apartadas de los grandes centros de distribución.
La iniciativa propone la construcción de una comisión reguladora, lo que permitirá resolver los asuntos que origine la aplicación de esta Ley y su Reglamento. La que buscará se aproveche la producción a un menor costo, exigiéndose estabilidad y seguridad para brindar un mejor servicio al público.
Esta iniciativa, creemos, responde al propósito de modernizar la prestación del servicio de energía eléctrica, previendo formas adicionales de producción que genere competitividad, que tiene como finalidad un aprovechamiento más eficiente de los recursos financieros disponibles, y una mayor productividad en beneficio del país y de los usuarios.
Señoras y señores diputados: Este sector, como se ha dicho ya reiteradamente aquí, es de una importancia vital para todos los mexicanos, y por ello es en donde todos los mexicanos debemos y podremos participar; con trabajo, con responsabilidad y con participación.
La conclusión que debemos precisar con la iniciativa que hoy se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, es cumplir con la misión de llevar energía eléctrica a todos los rincones de la República, y sobre todo, proveer de fluido eléctrico a todas las comunidades y a todos los mexicanos en cualquier lugar en que se encuentren.
Con esta iniciativa se busca mejorar la calidad, continuidad, competitividad y que se incremente la eficiencia del sector eléctrico nacional, beneficiando a los usuarios, a los trabajadores que en él participan, porque éste es uno de los principales objetivos de la política modernizadora de Carlos Salinas de Gortari.
Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Siguen en pie las interrogantes. Ojalá podamos ponerle orden a la discusión y dejar de hacer un ejercicio de monólogos o soliloquios en esta tribuna.
El compañero diputado Pablo Casas hizo, de buena fe, el intento por abordar una de las preguntas. Sin embargo, sólo nos dijo lo que ya se dice en la iniciativa y en el dictamen: que los pequeños propietarios venderán parte de su producción a la Comisión Federal de Electricidad.
Me parece que la Comisión Federal de Electricidad se define precisamente como una entidad dedicada al servicio público, a la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Por tanto, si los pequeños propietarios, si los pequeños productores le venderán a esta entidad la energía están, en el supuesto constitucional, están exactamente en el supuesto constitucional, están violando el párrafo al que di lectura inicialmente del artículo 27.
Habría que añadir una séptima pregunta, como resultado de la intervención del compañero Pablo Casas.
Nos dice que las nuevas circunstancias requieren nuevas respuestas. Acabamos de dar una nueva respuesta a las nuevas circunstancias, según la mentalidad del Gobierno se llama: modernizador, aunque recurre a medidas de la época de Porfirio Díaz cuando modificamos el artículo 3o. de manera profundamente contrarrevolucionaria para abrir las puertas a la privatización de la educación superior; pero modificamos la Constitución.
Ahora se está siguiendo otra vía: dejar el texto constitucional, pero volverlo nugatorio a través de una Ley reglamentaria.
¡Ojalá pudiéramos entrar en materia! (Aplausos.)
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Téllez Rincón, hasta por cinco minutos.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para mi compañero de mi sindicato, Pablo Casas, que conoce perfectamente bien lo que ha sucedido para que no pueda llegar la energía a los poblados.
Teníamos nosotros el plan en la Compañía de Luz, para que a todos los poblados que corresponden al servicio que tiene esta empresa concesionada, se pudiera dar esta energía, y se pudiera dar con una frase que anda muy de moda en estos días, que es solidaridad. Se podía dar así.
Y nosotros dábamos todo nuestro esfuerzo como obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas, para que llegara a todos esos pequeños poblados, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y pudieran disfrutar de ella.
¿Qué ocurrió? Cuando llega gente incapaz a dirigir el sector eléctrico, nos encontramos nosotros que tenemos que parar este tipo de obras que eran en beneficio de los poblados. Y por eso, compañero Casas, me atreví a decir que no llegará esto.
¡No será el magnánimo capitalista, que les ponga una planta para 80 ó 60 familias y que les dé un bajo costo de luz ahí o se las regale en su magnanimidad! Tendrá que ser la conciencia ciudadana, la conciencia nacionalista, la única que pueda hacer que todos nuestros compatriotas puedan disfrutar de ese fluido que es tan indispensable para todos y que lo queremos llevar.
¡Pero que nos dejen, que nos dejen opinar en la industria eléctrica! ¡Que nos dejen a nosotros que tenemos tantísimos años y que no nos traigan gente que no sabe de la industria eléctrica "ni papa"! Ahí que en lugar de mandarnos ingenieros preparados, que yo no sé de dónde los sacan y quieren ponerse de electricistas. ¡Por favor, "zapatero a tus zapatos"!
¡Déjennos recomendarles que se puede hacer y verán que todos saldremos adelante!
Lo que quiero dejar de manifiesto es que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas estamos dispuestos a dar nuestro esfuerzo, como lo hemos dado. Dando nuestro tiempo extraordinario como lo hemos ofrecido para esos pueblos y que sepa todo el mundo que nosotros no estamos al día para estar cobrando el tiempo extra, para ver si podemos llevarlo. Lo hemos llevado, porque la conciencia que se nos infunde en ese hermoso sindicato es la del nacionalismo puro que hemos abrevado en él.
Por eso me atreví a decir esto, compañero Casas. Muchas gracias. (Aplausos.) El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al señor diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -Con su venia, señor Presidente, compañeras diputadas; compañeros diputados:
Vengo a presentar el voto particular sobre la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el voto particular en contra del Partido de la Revolución Democrática.
En esta LV Legislatura estamos contemplando como se imponen retrocesos y traiciones a los logros de muchos años de lucha de nuestro pueblo. Se ha traicionado su lucha por la tierra, por el petróleo, por la soberanía de la nación sobre sus recursos básicos. Hoy se nos impondrá seguramente por la vía de las votaciones ciegas, una traición más a la lucha del pueblo mexicano por el rescate de sus riquezas estratégicas.
Nuestro pueblo, a través de grandes luchas, donde destacan la de los trabajadores electricistas, fue imponiendo la necesidad de que la industria eléctrica sirviera a los grandes objetivos del desarrollo nacional, logrando que sus esfuerzos se plasmaran en un mayor desarrollo y en una más justa distribución de la riqueza.
Nuestro partido se opone y se opondrá a esta visión retardataria del cambio. Más grave es esto cuando en este caso a semejanza de los sucedido con la petroquímica básica, se ocultan las verdaderas intenciones de burlar la Constitución, aceptando en leyes secundarias preceptos que claramente violentan y contradicen lo plasmado en los artículos 27 y 28 constitucionales.
Si ha de condenarse con la mayor severidad la traición a los principios constitucionales, reprobable resulta que se reniegue de ellos de manera vergonzante tratando de burlar la inteligencia nacional, imponiendo triquiñuelas que el más inocente observa, pretendiendo aparentar que las actuales reformas a la Ley son respetuosas de nuestra Constitución.
Finalmente, ni siquiera se tiene capacidad política ni ideológica para enfrentar abiertamente la responsabilidad que se asume, ya que no hay manera de demostrar que estos retrocesos puedan acarrear ventaja alguna a la nación.
El Partido de la Revolución Democrática hace un enérgico llamado a que se abandonen estas prácticas legislativas, tramposas e irresponsables que empobrecen el debate nacional y desprestigian la actividad parlamentaria ante los ojos de los trabajadores y del pueblo en general. Muestra de ello: ¿Para qué aprobar un gasto tan grande como el que significaron las 37 auditorías del sector eléctrico, si nunca hubo la verdadera intención de concluir con un diagnóstico objetivo y propositivo para la superación productiva, administrativa y financiera del sector eléctrico.
La industria eléctrica, como todos los recursos estratégicos de nuestro país, exige de nosotros, los representantes populares de la nación, la mayor seriedad y profesionalismo en su análisis y exige una profunda identificación con el sentir y las aspiraciones del pueblo para diseñar las alternativas.
Se alega que se convocaron y consultaron a los conocedores del problema y hasta donde registramos nosotros, entre ellos personalidades e instituciones muy calificadas, los que no rechazaron estas reformas, llamaron a que esta iniciativa fuera ventilada en un debate abierto, de cara a la sociedad.
Finalmente, dureza y sordera para los reclamos nacionalistas y populares, legislando con un verdadero espíritu de sometimiento y con atropellados ánimos entreguistas.
Los motivos de fondo que con toda seguridad han llevado al Ejecutivo Federal a reformar la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se encuentra en la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Si no existiera este imperativo, difícilmente a los responsables del sector eléctrico se les hubiera ocurrido llevar a cabo una reforma tan insostenible. Baste recordar simplemente que apenas en mayo de 1991 se aprobó el Reglamento de Autoabastecimiento en materia de energía eléctrica, que regula esa función para la actual Ley.
Las presentes reformas ignoran y rebasan ampliamente dicho Reglamento. Eso nos demuestra que estas figuras ni siquiera eran parte de los planes originales en materia energética del propio régimen, los que se han visto rebasados y violentados por los compromisos y las perspectivas de los negociadores que el Tratado de Libre Comercio, le está imponiendo a los diferentes sectores de la economía nacional, con tal de satisfacer las exigencias del imperio del norte.
Desgraciadamente en materia eléctrica, las tropelías del Tratado de Libre Comercio, son un grave ejemplo de la tendencia limitativa hacia los modelos de organización y producción de Estados Unidos de América. No se avienen a las necesidades del desarrollo nacional y del sistema eléctrico de nuestro país. De manera precipitada se pretende equiparar el funcionamiento de nuestra industria eléctrica por la de Estados Unidos de América, a través de adoptar o copiar las políticas que regulan su funcionamiento. Concretamente nos referimos al anexo 602.3.5 del Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio, donde de manera cínica y tramposa primero en su inciso a) ratifica el mandato constitucional de la exclusividad del Estado en actividades que comprende la prestación del servicio público de energía eléctrica, es decir, la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, salvo y aquí viene el engaño, lo dispuesto en el inciso b del mismo artículo que establece una excepción violatoria al texto constitucional dejando abierta a la inversión privada y más aún sin límites a la invasión extranjera, la posibilidad de adquirir, establecer y operar plantas de generación eléctrica, bajo las figuras de auto consumo, con generación y producción independiente de energía eléctrica.
Así, es desde el Tratado de Libre Comercio, donde se inicia la burla al texto constitucional y donde tienen su origen las actuales reformas que se pretenden hacer a la Ley. Las cosas no quedan ahí, los reformadores van más allá del propio Tratado de Libre Comercio, la reglamentación que en materia eléctrica rige al vecino país del norte, a las figuras del anexo mencionado se agrega la de la pequeña producción, todas tomadas de la Ley Purpa de Estados Unidos de América, copian y copian mal, el objetivo de esta Ley en Estados Unidos de América, era introducir tecnologías limpias en la generación de electricidad a pequeña escala, con esto proliferaron los pequeños productores al amparo de una venta segura y lucrativa, sin embargo provocaron graves trastornos que están obligando a reformas fundamentales en la legislación federal en materia eléctrica y una transformación radical de su industria.
Con esta iniciativa compañeros legisladores, en los próximos lustros por el camino de la desregulación y privatización que tercamente se nos quiere imponer, se corre el riesgo de graves trastornos y rezagos, cayendo en la pulverización de nuestro sistema eléctrico nacional. Por efecto de la negociación de Tratado de Libre Comercio, se reforma esta Ley y al restarle exclusividad a la Comisión Federal de Electricidad, en la importación y exportación de energía eléctrica se abren nuestras fronteras a una competencia eléctrica desigual, poniendo al mismo nivel a los productores independientes, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas eléctricas de los otros países signatarios del tratado, dándoles el mismo derecho para negociar contratos de compra y venta de energía eléctrica. Esta política pone en serio peligro nuestra soberanía al otorgar concesiones no
discriminatorias a intereses estratégicos extranjeros. En la medida en que crezca la dependencia en el suministro de energía eléctrica en ambos lados de la frontera, porque importamos y exportamos, nadie podrá garantizar nuestra seguridad nacional, nuestros vecinos y la historia lo demuestra, recurren con frecuencia a intervenciones militares cuando siente que se lesionan sus intereses.
Con las actuales reformas, las industrias del sur de Estados Unidos de América obtienen la oportunidad de instalar termoeléctricas en nuestro territorio, eso sin duda muy pronto será una realidad, la razón, las mayores restricciones ambientales en su propio país y un mayor costo de inversión y operación.
En consecuencia, se instalarán en nuestra frontera, nos ensuciarán y se conectarán con la red norteamericana, ¿qué beneficios obtendremos como país? Ni siquiera empleos calificados ya que para responder a las necesidades de la red norteamericana, seguramente serán operadores de su nacionalidad y de su confianza. He aquí las linduras del Tratado de Libre Comercio; nuestro partido no hace ni acepta concesiones ante una iniciativa que abiertamente es violatoria a los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución.
La esencia de esta violación es considerar diversas figuras de generación como no servicio público. Para prestar el servicio público de energía eléctrica, se tiene que generar, conducir, distribuir y comercializar la energía eléctrica.
La electricidad para el servicio público no se puede almacenar, se debe generar la que se va a consumir, en el instante en que se genera se debe conducir y distribuir a los consumidores, midiendo ese consumo para que de acuerdo a las tarifas, hacer efectiva su comercialización.
El servicio público es un monopolio natural e inherente a la propia electricidad, pues no se puede pensar en una lógica racional en la existencia de redes de generación y distribución que cuenten con plantas generadoras, distribución, subestaciones, líneas que crucen nuestras ciudades y campos, y que esta infraestructura se repita por cada una de las empresas que deseen competir.
Tampoco se puede por la naturaleza misma del servicio público de energía como monopolio natural, separar la generación de cualquier otro aspecto, como por ejemplo la distribución o comercialización.
Es cierto que en otros países como en Estados Unidos de América, el servicio público de energía eléctrica está privatizado, pero una sola empresa tiene que atender a una parte de la ciudad, a una ciudad, a una región del país. Sin embargo, en ese país existen graves problemas técnicos para enlazar las distintas empresas de generación eléctrica, a pesar de su mejor desarrollo tecnológico.
En nuestro país, el servicio público de energía eléctrica es una actividad estatal; eso ha permitido que a lo largo de varias décadas se haya integrado un sistema nacional compuesto por múltiples generadores de todo tipo, distribuyendo el ruido eléctrico, controlándolo por una red nacional y un despacho nacional de carga. Esto ha requerido grandes inversiones que se justifican plenamente, puesto que no se puede pensar hoy en día en el desarrollo económico y social sin la electricidad.
Este servicio por su naturaleza, tiene un carácter estratégico, ha sido plasmado en nuestra Carta Magna, para tratar de darle vueltas a la Constitución se pretende utilizar el mecanismo tramposo de separar la generación de la electricidad, de la naturaleza del servicio público.
Para mayor precisión, son diversos los aspectos que definen la naturaleza de un servicio público. Es una actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, ya que su cumplimiento es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social, o sea, que tiene por objetivo la satisfacción de necesidades de interés general, y eso constituye el fin exclusivo de su creación, la satisfacción regular, continua, uniforme, permanente de necesidades públicas y sociales.
Vamos entonces al punto. De entre las figuras introducidas en el nuevo artículo 3o. de la Ley, queremos destacar en primer lugar como anticonstitucionales las siguientes figuras: Productores independientes de energía eléctrica y los pequeños productores de energía.
Ya que están creadas explícitamente con el objeto único de vender la energía generada a la Comisión Federal de Electricidad, esto es con el objeto único de la prestación del servicio público. En estos casos son exactamente los requisitos que marca el 27 constitucional como la excepción a favor de la nación.
Se atenta entonces contra la integridad no sólo de la Constitución, sino de nuestra inteligencia. Cuando se afirma que las figuras del artículo
3o. de la Ley no son un servicio público, porque no tendrían por objeto la satisfacción de necesidades generales y colectivas.
Habría que preguntarnos ¿la Comisión Federal de Electricidad comprará energía ociosamente o por deporte? O es como todo mundo piensa, para satisfacer necesidades generales, necesidades colectivas de nuestra sociedad.
A continuación destaca una joya de redacción de abogados o economistas, pero en ningún caso de especialistas o cuando menos técnicos medianamente conocedores. Cuando se afirma que estas actividades, o sea la generación exclusivamente para la venta a la Comisión Federal de Electricidad, no tendrían rasgos de continuidad , regularidad, uniformidad, permanencia y obligatoriedad.
Nuestro análisis se basa en que la electricidad es un fluido que sigue las leyes de la física y no las leyes que emita congreso alguno en el mundo. De tal modo que la generación es la base de la producción del fluido, mismo que debe ser generado al instante en que se demande, de tal modo que para garantizar su continuidad en la generación, es imposible pensar en separar la continuidad de la transmisión, de la distribución y de su venta.
La regularidad es otra característica del servicio público, considerada como lo opuesto a lo irregular, es un sinónimo de permanencia. Baste decir que los operadores de las plantas generadoras conectadas al abasto del servicio público, tienen obligación en su conjunto de cubrir las 24 horas del día de los 365 días del año, por las peculiaridades ya mencionadas del fluido, que implican suspender el abasto de energía en el momento mismo que cesa la generación.
Esta necesidad de regularidad en el fluido eléctrico, obliga al sistema eléctrico nacional a variar la oferta de energía durante las 24 horas del día, de acuerdo a la demanda, conectando o desconectando los generadores necesarios para lograr este propósito.
Considerada la regularidad como el apego a determinadas reglas técnicas, baste decir que existe en nuestro sistema eléctrico nacional, un Reglamento de operación que es un catecismo rígido e ineluctable, en todas nuestras plantas generadoras, centros de control, subestaciones y sistemas de distribución.
La uniformidad es la calificación de la calidad del servicio y las características con que se genera la energía; el voltaje y la frecuencia, determinarán las instalaciones de transmisión y distribución. El control y la normatividad de este aspecto es controlado segundo a segundo por nuestros operadores y controladores.
La obligatoriedad. Otro aspecto sustancial del servicio público de energía eléctrica. Tendríamos que preguntarnos a los pretendos nuevos productores de energía, si están dispuestos a asumir en todos los casos la obligación de apoyo que existe en nuestro sistema eléctrico nacional interconectado, aun cuando esto implique elevación de costos, inclusive someter a riesgo sus instalaciones, ya que hasta hoy nuestro sector eléctrico opera con el correcto criterio de que sale siempre más caro para la sociedad un apagón que un desgaste o pérdida del equipo, cuando es necesario mantener la continuidad y el equilibrio del sistema.
Bueno, en todo caso habría que reconocer que este problema se salva fácilmente con sólo elevar el costo de las tarifas.
Las figuras de las sociedades para el autoabasto e inclusive las sociedades para la cogeneración, rompen con el carácter particular e individual que dio origen a estos conceptos y dan pie e invitan a fundar verdaderas sociedades para el abasto de electricidad, que en cualquier momento dado, su monto e importancia tendrán un carácter público.
Si hemos de preservar el autoabasto y la cogeneración en su sentido constitucional, y además correcto en lo que se refiere a la optimización de los recursos energéticos de la planta industrial, no se debe rebasar en ningún caso lo hasta hoy previsto de considerarlas individualmente.
La apertura y privatización irrestrictas a la importación y exportación de energía, perdiendo el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, establece bases riesgosas para los intereses nacionales. Por ejemplo, con las nuevas y contaminantes plantas norteamericanas que se instalarán en la zona norte de nuestro país para conectarse a su vez al sistema norteamericano, estamos facilitando verdaderos enclaves en nuestro propio territorio. Dios guarde la hora en que en caso de conflicto, incluso laboral, nos quieran considerar parte de sus intereses estratégicos.
¿Qué necesidad o beneficio hay en esta propuesta que borra las fronteras eléctricas con nuestro vecino del norte? De todos estos análisis, nuestro partido no tiene la menor duda de que
la generación de los productores independientes de energía, grandes o pequeños, las sociedades para el abasto, las sociedades para la cogeneración, y aún más, los pequeños productores de hasta. Cinco megawats, seguramente futuros pronasoles, todos ellos violan la exclusividad de la nación en la actividad de generar energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público por lo que deben ser rechazadas por esta soberanía.
Vale la pena también exhibir las incongruencias que van ustedes a aprobar, ya que por congruencia interna de la propia reforma, se debería haber corregido.
El senado, en su apresurado análisis que motivó correcciones a la fracción IV del artículo 36, de los pequeños productores de energía eléctrica, generó una contradicción que obviamente observarán, es una concesión en todas las fases del servicio público a empresas que generan hasta 30 megawats, suficiente para unos 100 mil usuarios, y destinarán la totalidad de su generación a la venta de la Comisión Federal de Electricidad.
Por otro lado, el productor independiente, como lo señala la fracción III inciso c, tiene la obligación de vender su energía exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué diferencia hay en esto? De esto resulta que ya no tendría caso que subsistiera el inciso b, de la citada fracción IV, ya que entran de lleno a lo estipulado en la fracción III de productores independientes de energía.
Aún más, la Ley da motivos para que se confunda el carácter del pequeño productor con el productor independiente, que son dos figuras de acuerdo con esta Ley, totalmente diferentes.
Existe la costumbre, salvo honrosas excepciones en el Congreso de la Unión, que la Cámara revisora no regrese la minuta para su corrección. ¿Será este el caso? Y para acabarla de amolar, el inciso c, como modalidad del autoabasto no justifica una fracción especial. Hemos demostrado que las reformas a la Ley son anticonstitucionales, y más aún, que en el cuerpo de esta Ley existen incongruencias que rompen con la norma misma.
Por ambas razones, nos pronunciamos por preservar el sentido original de la nacionalización de nuestra industria eléctrica, y nos pronunciamos también por garantizar el desarrollo de esta industria. Sólo así garantizaremos nuestro futuro como nación.
El 21 de noviembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos presentó a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, su iniciativa de adiciones al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en la que confirma sus planteamientos y la política en materia eléctrica. Ya expuesto desde su segundo informe de Gobierno, en la exposición de motivos el titular del Ejecutivo sustentó esta tesis.
"La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, continúa, así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren ser realizadas directamente por el Estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles del pueblo mexicano, y concluye diciendo que para garantizar la efectiva realización del propósito de que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, se sustente en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular.
Era necesario adicionar el artículo 27 constitucional, para que la nación tuviera la exclusividad en la prestación de este servicio.
La visión propuesta al señalado párrafo sexto del artículo 27 constitucional, fue aprobada por la Cámara de Senadores, en cuyo dictamen se aclara que la reforma consiste en sustituir el régimen de concesiones a particulares, para generar, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país, que tenga por objeto la prestación del servicio público; por otro en que el Estado explote y aproveche los recursos naturales para la industria eléctrica, con fines de beneficio colectivo.
La visión constitucional aludida también fue aprobada por al Cámara de Diputados con la sola oposición del diputado José Eduardo Molina Castillo, a quien por cierto la fracción panista desconocía como miembro de ella.
El dictamen de esta Cámara es fundamental para esclarecer el sentido y espíritu verdadero de la visión constitucional en materia eléctrica. Allí se puede ver claramente, quien tuviera duda sobre la interpretación correcta de esta visión, que sólo la nación está en capacidad legal para generar la energía eléctrica que se abastezca como servicio público.
Expresa el dictamen de la Cámara Revisora, que las comisiones dictaminadoras de la honorable Cámara Colegisladora por su parte, consideran que tres razones esenciales operan como fundamento de la visión:
Primero. Los requerimientos del desarrollo del país, de acuerdo con el ritmo actual de crecimiento;
Segundo. El destino de los recursos de propiedad nacional para beneficio colectivo; y
Tercero. El concepto de que los servicios públicos básicos deben ser prestados preferentemente por el Estado.
Y se agrega: "Estableciendo con claridad meridiana el derecho del Estado mexicano sobre los recursos naturales de su territorio, es consecuencia ineludible que el aprovechamiento de ellos cuando medie el interés colectivo, debe ser hecho por el propio Estado, dejando a los particulares ese mismo aprovechamiento cuando sólo quede en la esfera individual, sin trascender un servicio público".
Jamás pensaron los diputados defensores de aquella iniciativa presidencial, que años más tarde la electricidad estaría en manos de un Gobierno contrarrevolucionario. Menos aún se imaginaron que el Ejecutivo de la Unión iba a proponer una reglamentación secundaria, partidista, fundada en intereses individuales y en el lucro privado.
Vale la pena, por último, como último comentario, antes de concluir nuestro voto, y es en el sentido de que algunos compañeros legisladores de otros partidos de oposición reconocen esta iniciativa como violatoria a la Constitución, aunque simpatizan con el sentido de ella.
Les hacemos un llamado a la más elemental congruencia política. Avalar las trampas y triquiñuelas legislativas, traiciona de fondo cualquier convicción democrática.
Les llamamos a votar en congruencia de lo que significa traer a la Cámara el verdadero debate que encierra esta iniciativa y que es la vigencia de los artículos 27 y 28 constitucionales, en materia de electricidad, mismo que hoy nuevamente el partido oficial evade y nos impone por la vía de los hechos.
Señores diputados, por violentar nuestra Constitución, por atentar contra los intereses estratégicos de nuestra nación, por poner en verdadero riesgo la integridad de nuestra industria eléctrica, por no representar ninguna alternativa de desarrollo, por propiciar el desmantelamiento de nuestro patrimonio técnico y administrativo, por representar un instrumento de retroceso en los logros y avances derivados de la nacionalización de la industria eléctrica y, finalmente, por ser un proceso violatorio e impuesto por los intereses externos, esta reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica debe ser rechazada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -En términos del 102, se concede el uso de la palabra al señor diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
No es difícil saber el desenlace de este nuevo episodio de legislación neoliberal, los diputados de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y diputados independientes, consideran que la iniciativa a discusión que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica es, como ya quedó aquí demostrado, contraria al espíritu y la letra del artículo 27 constitucional.
Aprobar esta Cámara de Diputados una Ley Reglamentaria contraria a un artículo constitucional abre la puerta a la ruptura del estado de derecho y sujeta la Ley suprema de la Unión a criterios políticos en turno.
De votarse en estas condiciones la Ley Reglamentaria del artículo 27 en materia de energía eléctrica, estaríamos faltando a la protesta que hicimos al asumir el cargo de diputados, de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan; con ello se sentará un grave precedente para el sano desarrollo de la vida nacional.
Por estas razones hemos resuelto abandonar el salón de sesiones como protesta por esta iniciativa anticonstitucional y contraria a los intereses nacionales. Muchas gracias.
El presidente: -Para rectificar hechos, en los términos del 102 tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Deseo hacer un reconocimiento a los compañeros diputados del Partido de la Revolución
Democrática y a los compañeros diputados independientes. Ambas organizaciones, ambas fracciones demuestran tener una conducta de carácter patriótico, de carácter democrático y una verdadera fidelidad a la protesta que aquí hicimos cuando tomamos posesión del cargo que nos dio con sus votos el pueblo de México. En verdad esta Ley no puede votarse y quien vote esta Ley tendrá que responder ante su conciencia y tendrá que responder ante los mandatos constitucionalistas.
Actúan pues con congruencia nuestros compañeros diputados de las fracciones que se retiran en este momento. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
En primer lugar, yo desearía reivindicar a nombre de todos los que integramos esta Cámara el trabajo legislativo.
Estamos discutiendo un tema que está prácticamente en la agenda de todas las naciones del mundo, ¿qué debe abocarse a ser la empresa pública y en dónde debe participar el particular? Es un tema que tiene aristas tecnológicas, económicas, de defensa de la seguridad nacional y que pone en el ojo de la discusión qué debe hacer la empresa pública, qué debe ser y cómo debe desempeñarse la empresa pública.
Y hace algunos días aquí se hablaba de desideologizar el análisis legislativo, precisamente ahí mi llamado a la dignificación, mi llamado en la defensa del trabajo legislativo que aquí estamos haciendo. No estamos hablando de algo etéreo, no estamos hablando de algo difícil de poner en blanco y negro; es la empresa pública que debe analizarse con criterios económicos y con criterios sociales, y que hay fundamentalmente criterios objetivos que permiten mensurar su eficiencia y mensurar el servicio que otorgan a la nación y a la comunidad.
Afirmamos en principio que la empresa pública es un instrumento de desarrollo, no es un dogma, es una empresa que se actualiza conforme a la evolución del Estado, y el Estado está en manos de los ciudadanos, diseñar qué clase de entidad quieren que sea, no es una imposición a la ciudadanía, es un instrumento inventado por el ciudadano.
La empresa pública puede tener varios objetivos: corregir fallas del mercado mediante la provisión de bienes públicos, promover las inversiones de alto riesgo y larga maduración, dar seguridad y protección de recursos naturales o estratégicos y, desde luego también como un instrumento, como ya habíamos dicho, de impulso al desarrollo, al desarrollo nacional, como un instrumento de justicia social, como una faceta importante en la historia de México de nuestro nacionalismo.
La Comisión Federal de Electricidad, ha tenido una larga historia y fundamentalmente cuando en 1960 se decide su nacionalización, el argumento es el de promover las inversiones de alto riesgo y larga maduración, para que el servicio, por lo mucho que significa la energía eléctrica, llegara al mayor número de mexicanos.
Aquí hemos estado discutiendo sobre la constitucionalidad de las áreas que se definen como que no son servicio público por la Ley reglamentaria, y el argumento fundamental ha estado en el párrafo sexto del 27; sin embargo, y ya algunos de mis compañeros lo afirmaba, el artículo 28 está hablando de las leyes secundarias que fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficiencia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
Como sabemos, no hay contradicción en los principios constitucionales; constituyen un conjunto de artículos que se complementan unos a otros, por lo tanto, sí es válido, en la Ley secundaria, la delimitación de lo que es servicio público.
Y aquí se ha afirmado que el servicio público se constituye desde el principio, desde la generación hasta la entrega última de la energía eléctrica al usuario.
Yo quisiera irme un poco más al fondo del asunto ¿Por qué el Estado iba a declarar un área exclusiva del sector público, la generación de electricidad? En el caso de los hidrocarburos, en el caso de Petróleos Mexicanos, los hidrocarburos son un recurso natural; la electricidad no es un recurso natural, la electricidad hace uso de recursos naturales, pero es prácticamente el recurso artificial por antonomasia diría yo. No hay ningún país que señale que la generación de electricidad debe ser un área exclusiva del Estado.
Inclusive, si actuamos viendo el desarrollo tecnológico y por ejemplo en el área del Ajusco, donde ya hay muchas casas que tienen celdas
fotovoltaicas para generar y para aprovechar la energía solar, ¿podríamos pensar acaso, de que hay una violación a la Constitución? ¿De que hay un riesgo del uso de un recurso estratégico?
Salvo los países de Europa del Este y los viejos países que conformaban la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que todavía no diseñan un esquema más o menos preciso, repito, todos los países han estado en un proceso de darle participación a la inversión particular en la generación de energía y en todos los procesos.
¿Por qué la reforma? ¿Por qué se amplían las figuras en el artículo 3o. y en el artículo 36 de la Ley de servicio eléctrico, en relación a darle participación a la inversión privada? En la figura del autoabastecimiento, sin duda alguna se dará un gran impulso al desarrollo tecnológico.
La energía eléctrica está siendo investigada en todo el mundo, podríamos decir que es la tecnología de punta, repito, por lo mucho que significa la energía eléctrica. Y aquí, el Estado convoca al particular y la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, está consciente de su competitividad en el otorgamiento de servicio y por las tarifas y la forma en que la otorga, a que le diga cualquier usuario que busque nuevos diseños de autoabastecimiento, sin que eso implique una violación a la Constitución y de esta forma se impulsa la investigación del desarrollo tecnológico.
De esta forma estamos incursionando en fuentes renovables de energía eléctrica y estamos hablando en Oaxaca de utilizar el área de la Ventosa o el Sombrerete en Zacatecas o en el mismo Zacatecas o en Durango o en Baja California, áreas donde puede aprovecharse la energía solar, y esta extraordinaria reserva que existe en todo el país, es la más grande reserva en materia de fuentes de energía, que son 12 mil megavatios de la pequeña hidroelectricidad. No hay absolutamente ningún riesgo, ningún problema, no se está poniendo en peligro un recurso estratégico en la seguridad del país.
Como ustedes saben, la energía no se almacena y tan caro es generarla como transmitirla. Si en esas comunidades, si en esos pequeños poblados incursionamos en esta figura del autoabastecimiento, vendiendo el excedente a la Comisión Federal de Electricidad, para que la Comisión sea la que otorgue el servicio público, repito, siento que estamos dándole entrada a la inversión privada, desde luego, en áreas donde debe participar junto con el Estado, porque hay interés público y porque está en juego el desarrollo tecnológico del país.
Aquí se ha hablado de que se iba a entregar en los pocos años el control de la energía eléctrica; yo quiero decirles que los próximos seis años ya están escritos; los próximos seis años en materia de energía eléctrica, ya es historia.
La Comisión Federal de Electricidad está operando actualmente 27 mil megavatios y tiene en proceso de construcción 7 mil más, que nos permiten garantizar el recurso, el otorgamiento del servicio hasta 1997. Quiere decir que si nosotros tuviéramos un crecimiento económico y de acuerdo a los estudios de la Comisión Federal de Electricidad, está previsto, de un 4% anual, la demanda se dispararía a un 6% anual y se requerirán algo así como 12 ó 13 años, para que se duplique la demanda. Pero si hablamos de que ya la Comisión tiene 27 mil megavatios y tiene en proceso otros 7 mil, quiere decir que en el plazo de 10 ó 20 años inclusive, con la incursión aún vigorosa de la iniciativa privada en el esquema del autoabastecimiento, del productor independiente o de la pequeña producción, la Comisión tendría la mayor parte en la generación de energía.
Si ustedes revisan los nuevos textos en materia ecológica sobre cuál es la tecnología apropiada, es un término ecológico la tecnología apropiada, se habla de que es la que aprovecha los recursos autóctonos de las regiones, las que genera empleo, la que protege el medio ambiente , la que propicia la descentralización, la que propicia la autosuficiencia de las pequeñas comunidades, y precisamente en esta corriente tecnológica de lo pequeño es hermoso, precisamente en esta corriente ecológica que habla del desarrollo sostenible, que qué es lo que debemos entender en fin de cuenta por desarrollo sostenible, simplemente pensar que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tenemos prestada de nuestros hijos.
Y precisamente con estas figuras les estamos dando a las nuevas generaciones, posibilidades de incursionar en la generación de energía, repito, al avance mundial de las tesis ecológicas que son los convenios y los compromisos que ha suscrito nuestro país.
La pequeña producción que aquí se atacó porque a través de sutilezas se dijo se pretendía ocultar su inconstitucionalidad, en primer lugar está claro que sí se puede encajar dentro de la figura del autoabastecimiento, por una razón muy simple: no se le está vendiendo a un extraño; es para satisfacer las necesidades de la pequeña comunidad. Pero hay otra razón aún, y es que tiene un megavatio como limitación para
generarse. Por lo tanto no es que se vaya a dar en muchas comunidades, ni que al rato tengamos interconectados sistemas que compitan con el sistema de la Comisión Federal de Electricidad.
Se busca, repito, buscar nuevas tecnologías y que incursione el capital privado en áreas en las que debe participar.
Es cierto, es un paso más en un esquema que ya la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado, los proyectos ya de llave en mano. Se convocó a las grandes empresas a que construyeran plantas y ellos las financien. Posteriormente se entregan a la Comisión para su operación, y la Comisión les paga ya operando las plantas. Este proyecto del productor independiente, que no es que cualquiera que venga va a construir una planta en donde quiera en el territorio nacional, sino que corresponde a los que dice el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.
El Sector Eléctrico tiene una enorme experiencia en la planeación de sus obras y en el estudio de las necesidades del país. Por lo tanto, el sector eléctrico está señalando en 105 zonas donde debe hacerse las plantas para que cubran la demanda futura. Y aquí es donde entra el productor independiente. Habrá una licitación, se tendrá que construir de acuerdo a los planes de la Comisión, tendrá que corresponder a la normatividad y al despacho y a toda esta tecnología que tiene un enorme y que posteriormente me referiré, porque ahí sí es un recurso estratégico y que siempre conservará la Comisión, que son la distribución de toda la energía, a través del Control Nacional de Energía, que está diciéndole a las 140 plantas que tienen 500 unidades, cuánto deben generar y cuánto deben poner en el Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer las necesidades.
Y esto también encaja a lo que es ya toda una corriente y que está teniendo un gran impulso en todas las naciones: los programas de ahorro y uso eficiente de energía.
Efectivamente, aquí se dijo que tenemos un gran rezago, es cierto, hay derroche; en muchas ocasiones hubo tarifas subsidiadas. Actualmente sólo se conservan dos tarifas de las 12 que cobra la Comisión en Tarifa Domiciliaria Uno y la Tarifa Nueve, en lo que se refiere a riego agrícola, solamente ahí hay subsidio y en las otras hemos logrado tarifas autosuficientes y esto ha hecho que haya un gran ahorro y un uso más eficiente de la energía.
Y vienen programas ya muy importantes, como lo que se estableció en 1988 y se fortaleció en 1991, de precios diferenciales de acuerdo a los horarios en que se usa la energía, para evitar precisamente que se incremente más la demanda en las horas pico.
Es cierto, se ha avanzado muy poco en el esquema de cogeneración, pero, repito, en lo que se refiere al Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, tendrá que ser algo en el que se impulse en todos los sectores a través de todos los organismos, inclusive los partidos políticos, los organismos privados, con el propósito de lograr disminuir el derroche de energía. Es muy curioso cómo se desenvuelve la energía en relación al desarrollo económico. Yo les podría decir que en la década perdida en donde el desarrollo económico fue casi cero, la demanda en materia de energía eléctrica creció un 41%. Porque, repito, se continúa llevando el servicio al mayor número de mexicanos, sobre todo en industria, lo que más consume energía es la industria. En realidad lo que es el usuario particular domiciliario consume solamente el 20% de la energía.
Y es cierto. Sí hay un esquema de atraer la inversión extranjera. Aquí se ha dicho hasta el cansancio de que había un gran peligro que la inversión extranjera viniera en la bolsa de valores en renglones especulativos. Aquí estamos hablando de proyectos productivos, comprometidos en un desarrollo a largo plazo, porque son proyectos de alto riesgo, de larga maduración. No entiendo esta contradicción.
Repito, la Comisión conserva lo que son 43 mil kilómetros de líneas de 400 kilovoltios, de 230, de 115. Que ahí es lo que se llama transmisión de la energía. Ahí va la energía de alta tensión. Y de esto tiene el control la Comisión.
El productor independiente, el autoabastecedor que tenga excedentes, dará esa energía a la línea que controla la Comisión y además están los 300 mil kilómetros que son líneas ya de distribución, en donde ya la energía...
Al final, con mucho gusto, señor diputado.
...Que es ya el otorgamiento del servicio al usuario...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -Señor orador: Yo lo estoy haciendo para hechos; no para hacerle una interpelación.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: -Sí, de acuerdo, señor.
Repito, cuando viene la parte del servicio que es el otorgamiento de la energía, ése es el servicio público. Que tiene las características que aquí se han repetido. Que es en donde se celebra el contrato con la Comisión y en donde se explícita su venta y las tarifas que la Comisión cobra.
Yo diría a las preguntas que aquí se formuló el Partido Popular Socialista, que las cuatro primeras preguntas las contesto en una forma muy simple. La electricidad son millones de electrones que van corriendo por los cables y son exactamente igual el que se genera en una planta privada, en una planta de autoabastecimiento, en una gran hidroeléctrica o en la nucleoeléctrica. Son exactamente los mismos que llegan y que consume el usuario final. No hay ninguna diferencia, no hay otra forma de distinguirlos.
Creo que lo que hoy vemos, que lo que hoy estamos analizando, corresponde a la reforma del Estado. Yo creo que hay una gran claridad en el señor Presidente, en todas las reformas que aquí hemos visto, de hacia dónde debe ir la reforma del Estado. Qué es lo que se debe conservar para seguir impulsando el desarrollo económico.
Aquí se habló de las cantidades de comunidades que han recibido ya la energía eléctrica: 16 mil. Más del 25% en tan sólo cuatro años. Pero quedan 92 mil en donde están de menos de 100 habitantes. Y no es tan sólo el llevarle el servicio, poner el transformador y meter la línea; sino el problema fundamental de darles mantenimiento. Porque por desgracia esas comunidades están muchas veces en las sierras más escarpadas, en donde llueve con la mayor intensidad en el año. Y no tiene ningún caso meterles el servicio a un gran costo y en las primeras lluvias, con los rayos correspondientes, que se queden sin servicio y sin el mantenimiento.
Aquí se ha hecho una discusión con tintes ideológicos, cuando se está discutiendo en otras partes del mundo qué le corresponde al Estado y qué le corresponde a la sociedad civil. Precisamente las tesis que son más conservadoras son las que desean que el Estado siga conservando algunas áreas, cuando en realidad la gran lección del final del Siglo XX es que el que ha fallado y que está en la silla de los acusados, es el Estado, el viejo Leviatán, el ogro filantrópico del que nos hablaba Octavio Paz.
Tenemos que hacer un Estado ágil, seguro, con una empresa pública eficiente, que otorgue el servicio y que no tenga miedo a la competitividad, porque sabe que puede otorgar el servicio con eficiencia, con prontitud, como lo ha hecho la Comisión Federal de Electricidad en todos estos años.
¡No sobrecarguemos las tareas del Estado, no le tengamos temor a la competitividad!
Por todas estas razones y esperando que un compañero de mi partido, que posteriormente intervendrá para aclarar la diferencia entre concesión y permiso, que sería la única pregunta desde mi punto de vista de las preguntas que planteó el Partido Popular Socialista y que precisará la diferencia entre lo que es concesión y permiso, repito, por todas estas razones, porque estoy convencido de la constitucionalidad con que tenemos que interpretar el 27 en función de lo que dice el 28 en su párrafo noveno y en función de lo que dice el 25 y en función de lo que dice la Ley del Servicio Eléctrico; que tenemos que también racionalizar, repito, no hay ninguna razón, porque la generación sea un área exclusiva del Estado, sería una aberración jurídica.
Por todas estas razones, porque deseo que no se frene al desarrollo del país; había yo dicho que la demanda está estudiada y están las obras en proceso de aquí hasta 1996; pero el año próximo hay que iniciar muchos proyectos, y son proyectos de megapotencia, difíciles de realizar; las hidroeléctricas implican reubicar poblados y siempre una reubicación provoca trastornos, traumas y es una política difícil de llevar para el Estado, porque hay que construir termoeléctricas y las termoeléctricas, como sabemos, expelen a la atmósfera bióxido de carbono, que es de las cosas que están prohibidas con la normatividad internacional en razón del efecto invernadero, y hay que instalar purificadores de eso que se está expeliendo en la atmósfera.
Las carboeléctricas, efectivamente, hay un recurso sobrado en carbón, pero también tenemos un problema, de que nuestro carbón está cargado de azufre y que también produce contaminación; la geotérmica, nuestros yacimientos están limitados y ya sabemos los problemas que nos generó la nucleoeléctrica. Tenemos que ver formas de impulsar el desarrollo del país. Que se instalarán empresas generadores de energía en el norte del país, bienvenidas sean, tendrán que someterse a nuestra legislación en materia de ecología y tendrán que proteger al ambiente y traerán divisas y generarán empleo e impulsarán el desarrollo del país. No tenemos por qué tenerle ningún temor.
Repito, todas las figuras, el autoabastecimiento, la pequeña producción, la del productor independiente, que efectivamente no tiene límites, hay una inversión importante aquí que se abre como reto a todo el sector privado, con el control de la Comisión, porque será la que reciba la energía que entrará a todo el sistema eléctrico nacional.
Las figuras de exportación y de importación, todas ellas tratan de impulsar el desarrollo, de que el servicio de la energía eléctrica llegue al mayor número de mexicanos, de que el país no se frene, de que genere empleo y de que cada vez más estemos conscientes de que estamos ante nuevos retos con un Estado que no está ocultando que hay una política muy congruente; aquí se envió una iniciativa hace algunas semanas de Ley de Servicio Eléctrico y se firma ayer un tratado de Libre Comercio en donde se contempla la figura del productor independiente.
No hay ningún ocultamiento, estamos siendo muy congruentes, el Señor Presidente, el titular del Ejecutivo y el titular del Poder Legislativo, con una política que busca que se sostengan las tasas de desarrollo económico para beneficio del mayor número de mexicanos y que la generación de empleos siga siendo en nuestro territorio, no que tengan que salir en ese espectáculo dramático, pegados a las fronteras, buscando un mexicano, tratar de canalizar su fuerza de trabajo en un país extraño.
Por eso, yo pido y pido a todos los partidos, que demos un votos aprobatorio a esta Ley revolucionaria que estamos estudiando...
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El diputado Juan José Rodríguez Prats:- Con mucho gusto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul):- ¿Quién es el Poder Legislativo?
El diputado Juan José Rodríguez Prats:- La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
El Presidente:- Señora diputada, por favor, tiene que dirigirse a la Presidencia y la Presidencia tiene que preguntarle al señor diputado si acepta la interpelación o no la acepta.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:- Perdón, de acuerdo, disculpe. Desde luego que la acepto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde su curul): Ya está consultado. Gracias.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:- Ya me salvé.
Muchísimas gracias. Y, repito, no hay nada oculto, no hay inconstitucionalidad es una reforma revolucionaria que impulsa el desarrollo de México. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul):- Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:- Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:- Gracias señor Presidente:
Yo he estado insistiendo a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en que sería conveniente que pudiéramos llevar un diálogo razonado en esta tribuna, lamento mucho que no haya eco. Yo formule aquí seis preguntas, agregué una séptima después, para ir al fondo de las cosas.
Pasó el compañero diputado Pablo Casas del Partido Revolucionario Institucional, intentó abordar una de mis preguntas con muy buena fe, consumió 10 o 12 minutos de nuestro tiempo , por fortuna fue breve, no contestó nada, después vino el señor diputado Rodríguez Prats y él consumió 24 minutos y tampoco contestó nada; es una mala práctica ésa de venir aquí, cuando se están debatiendo cuestiones concretas y de tanta importancia, con discursos prefabricados, rehuyendo el diálogo y el debate. Quiso contestar cuatro preguntas de una vez y nos habló de los electrones que forman el fluido eléctrico, vaya simpleza del señor diputado, el Partido Revolucionario Institucional, tiene gente pensante, gente con sin diéresis, con lógica, diputados muy valiosos, no sé por qué no los envían a esta tribuna para poder ordenar el debate.
La única cuestión que intentó abordar el señor diputado Rodríguez Prats, fue la del servicio público, nos dijo que a su criterio el servicio público no abarca desde la generación hasta la comercialización que es un error conceptualizarlo, así bueno, es su criterio. Yo opondría al
suyo el del presidente López Mateos, que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa que aquí se ha comentado del 25 de octubre de 1960, expuso textualmente: "La presentación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución", y ya se ha dicho, después se añadió también la conducción, así lo veía el Presidente López Mateos, así lo han visto hasta hoy todos los mexicanos patriotas, habría que dar sustento y que no sea la palabra de uno contra la palabra de otro, habría que dar sustento frente a la palabra de ese mexicano patriota que fue López Mateos a la nueva interpretación que se quiere dar.
Y por último aquí se ha hablado de que....
El Presidente:- Señor diputado....
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:- Termino esta idea y con gusto le permito la interpelación. Aquí se ha hablado de que ha fracasado el Estado como fuerza impulsora del desarrollo económico, social y político de los países, es otra afirmación que a esta alturas difícilmente alguien pueda sustentar, lo que está a la vista después de estos 12 años de neoliberalismo, es que solo 12 años pudo durar esta ola, la ola hitleriana también golpeó duramente a los movimientos revolucionarios, pero esa duró alrededor de tres décadas, esta apenas 12 años y ya ha fracasado totalmente. Con gusto atiendo su pregunta.
El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde su curul):- Gracias señor diputado por aceptar mi interpelación y nada más me concretaría yo a señalarle ¿conoce usted lo que se llama en derecho la interpelación auténtica o sea la que hizo el legislador Trena Torres en el Senado, cuando se conoció la iniciativa presidencial, en donde sostiene en varios párrafos que la generación no implica el servicio público?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:- Yo discrepo de esa opinión y le he dado a usted justamente la opinión del Presidente López Mateos, que sin duda tiene bastante mayor peso que la que usted trata de sostener. También podríamos examinar el problema desde el punto de vista técnico y usted mismo dijo aquí "La energía eléctrica no es susceptible de ser almacenada, de hecho es un solo acto el que se desarrolla desde la generación hasta la entrega para su consumo y si no es auto - consumo si se va a comercializar finalmente por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no cabe ninguna duda que quienes estén generando energía eléctrica para ese fin, así sean particulares, están generando energía eléctrica para el servicio público. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para nosotros esta muy claro que el propósito de esta iniciativa de Ley, es simple y sencillamente dar entrada a una aspiración muy vieja de los capitales privados nacionales y extranjeros en el servicio público de energía en México.
Por razones históricas, siempre la prestación de este servicio ha sido fuente de enormes ganancias. Que claro en el caso de la energía eléctrica que otorga el Estado mexicano, son para el fortalecimiento del mismo sector eléctrico, pero que desde principios de siglo en México, ha sido objeto de presión por las compañías extranjeras, está en la historia de México y todavía hay secuelas de aquella famosa Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro.
Pero hoy, con esta iniciativa de Ley, simple y sencillamente se abre la puerta que no podían abrir los capitales extranjeros. ¿Por qué ahora sucede? Porque corresponde, porque constituye un filón, un renglón muy importante de generación de capitales, ya lo hemos dicho.
Y siempre han estado golpeando los capitales privados, extranjeros y nacionales al servicio público de energía eléctrica en México, portadas con el fin de poder tener acceso a esas ganancias de las cuales no han podido disfrutar, y ahora el Tratado de Libre Comercio es el tapete, es la alfombra para que puedan penetrar y cumplir con esa aspiración que no ha sido, no es otra la de tener, pues, la posibilidad de entrar de lleno a una rama de la economía en la cual no tenían posibilidades.
A lo largo de esta intervenciones que ha habido hoy sobre este tema, se ha ido haciendo luz en este aspecto y esta bastante claro, pero lo esencial también se ha dicho, es que al dar entrada a estos capitales nacionales y extranjeros para la prestación del servicio público de energía eléctrica en México, se está violando la Constitución.
Desafortunadamente escuchamos en las argumentaciones de los diputados del Partido
Revolucionario Institucional, sin aludir directamente, si se entiende que proponen o nos proponen que hagamos a un lado la Constitución, que la ignoremos con fines pragmáticos, que pudieran tener ciertas coincidencias en cuanto a fines.
¿Quien va a discutir que es necesario modernizar la industria eléctrica, enderezarla de manera que tenga mayores rendimientos, se eficientice el servicio, que tenga características ecológicas? eso no se discute. Nadie ha venido aquí a contradecir estos conceptos y esas aspiraciones, sino que por el contrario, se han dado argumentos falsos, como el de afirmar que el Estado mexicano está fuera del contexto mundial de las corrientes universales de la economía o del pensamiento político.
Pero hay una cuestión muy importante que a veces también deliberadamente pretendemos ignorar, México no es Estados Unidos. Si en Estados Unidos hay un sistema en prestación de servicio público de energía eléctrica diferente, muy concesionado a la iniciativa privada, donde existen múltiples empresas, México es otra nación. Si no, ¿porque en el artículo 25 constitucional se nos habla muy específicamente de que el Estado mexicano tiene entre sus funciones fundamentales la defensa de la soberanía nacional? ¿Y qué no lo dijo hace poco tiempo el Presidente de la República? ¿No lo ha reiterado en sus discursos de los últimos meses y semanas, la defensa de la soberanía nacional?
Es decir, ¿existe o no un problema de soberanía nacional? Pensamos que sí existe, supuesto que desde el mismo nivel del Ejecutivo Federal se reconoce, se menciona la defensa de la soberanía nacional; es decir, coincidimos en que existe un problema de tal naturaleza. Cuál es. Pues es que está latente en el hecho de abrir las puertas a los capitales extranjeros, que se reconoce tácitamente que su aspiración o su intención es venir a capturar totalmente o en un grado muy elevado el futuro de México.
Entonces sigue siendo válido el artículo 25 constitucional, sigue siendo válido que hablemos de defensa de soberanía y por lo tanto no es válido que nosotros pretendamos imitar, trasladar a México mecánicamente modelos que no corresponden a nuestra realidad.
No es pues problema de desarrollo técnico o eficientista de prestación del servicio de energía eléctrica; en cambio si hay una violación abierta a la Constitución en todas las figuras que se proponen en la iniciativa de Ley.
En la cogeneración, en las compañías independientes, en el servicio de pequeños productores, en todas estas figuras que se proponen, sin duda y no se diga en lo referente a exportación e importación, todas estas figuras son violatorias del artículo 27 constitucional, porque no tiene que discutirse esto, todo lo que no es prestación para propio beneficio, para propio servicio es un servicio público de energía eléctrica, todo el que sale para ser utilizado en el renglón de energía eléctrica por una entidad, persona física o moral, etcétera, o individuo que no sean los propios generadores, están en el terreno de los público, y todas esta figuras entran en el terreno de lo público, por lo tanto, todas estas figuras son violatorias del artículo 27 constitucional.
Por lo tanto, nosotros creemos que no es correcto, que no es válido, que no se justifica el que con el argumento de la modernización, con el argumento de que va a prosperar el país, va a superarse y a mejorar el otorgamiento del servicio de energía eléctrica, se viole la Constitución.
No ha habido ninguna afirmación hasta ese momento que pueda convencernos de que no se está incurriendo en tal falla grave, pero lo que debemos pensar aún más es que a ¿dónde se va a llevar al país? ¿a donde se ésta llevando al país si nosotros en forma cómoda, pragmática, permitimos pues que no haya sustento constitucional para cualquier cambio que se está haciendo o se pretende hacer en la vida económica, en la vida social de México?
Ya lo ha señalado el Partido Popular Socialista muchas veces aquí, desde el año pasado, primero se actúa y luego se quieren hacer los cambios constitucionales, y esto efectivamente nos está llevando a una situación de ficción, legislativa de ficción jurídica y está haciendo nugatorio, y es una burla para este Poder Legislativo.
Estamos seguros, estamos totalmente seguros que los señores legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo los que son abogados y los que no son, coinciden con nosotros en que se está violando la Constitución, pero tienen un compromiso muy fuerte, de carácter político, que ya está encima el Tratado de Libre Comercio, que las compañías extranjeras de todo el mundo, de muchas partes del mundo, están presionando al Gobierno mexicano para que les permita invertir en la generación de
energía eléctrica y obtener sus beneficios, porque saben que efectivamente es un renglón altamente productivo. Lo vimos la semana antepasada, australianos, ingleses, franceses, etcétera, están preguntando que si se va a privatizar la energía eléctrica en México, están nada más esperando el sí, para poder venir a invertir.
No vienen a hacer labor de caridad, vienen a obtener ganancias y por eso nosotros no podemos permitir que con tanta facilidad se abran las puertas a estos capitales, cuando aceptamos, suponemos que aceptamos todos los que estamos aquí, que la soberanía es un valor fundamental y es un valor superior el que no podemos ceder así como así, simplemente cerrando la página de la Constitución. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El diputado Abundio Ramírez Vázquez:- Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados:
En nuestra primera intervención, mi compañero el diputado Huezo Pelayo, expuso que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tal y como lo establecen sus documentos básicos, es respetuoso de la Constitución Política que nos rige, y de las leyes que de ella emanan. Insisto, que derivado de este respeto , por un lado defendemos que ésta no sea vulnerada, y por el otro, creemos que es necesario modificar aquello que impide el desarrollo económico y social, pero desde luego conservando el espíritu constitucional.
Precisamente en el artículo 3o. de la Ley vigente, se da la salvedad para definir lo que no se considera como servicio público. En este caso únicamente se contemplaba la generación de energía eléctrica para el autoabastecimiento.
En las modificaciones se incluye, aparte del autoabastecimiento los siguientes preceptos:
a) Cogeneración y pequeña producción;
b) Generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
c) Generación de energía eléctrica para su uso, para su exportación, derivada de la cogeneración, producción independiente y pequeña producción, y
d) Importación de energía eléctrica por parte de las personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento de usos propios, y
e) Generación de energía eléctrica destinada para uso de emergencias, de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. Con esta salvedad, los anteriores conceptos quedan fuera de la definición de servicio público.
El dictamen precisa una característica fundamental, para no considerarse como tal. Esta es que la energía eléctrica por ningún motivo puede ser vendida directamente por los que la generan; en todo caso, esta electricidad generada deberá ser utilizada para un uso propio o para coadyuvar con la Comisión Federal de Electricidad, para cubrir los déficit en esta materia.
Otro punto que clarifica el dictamen es lo concerniente a las concesiones otorgadas en materia eléctrica. Por tal motivo, consideramos que se establece un régimen de permisos y no de concesiones. Con ello se salvo la prohibición constitucional de concesionar actividades relacionadas con la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Por estas razones, consideramos que no se violenta el espíritu y la letra constitucional. El servicio público seguirá siendo exclusividad de la nación Con las modificaciones contenidas en la Minuta del Senado, se pretende que los particulares generan su propia energía y en caso de existir excedentes, éstos sean canalizados para que la Comisión Federal de Electricidad los adquiera y los destine para el uso del servicio público.
Con esto se abre la posibilidad que poblaciones que actualmente carecen de este servicio puedan tenerlo. Hay que reconocer, pues que existe una elevada generación de energía eléctrica, pero también observamos que no todas las poblaciones mexicanas puedan gozar de este servicio.
En la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores, existía flexibilidad que incluso en determinado momento permitiría revertirse y que la generación de energía eléctrica por parte de los particulares se convirtiera en servicio público.
No obstante, en la minuta del Senado se corrige esta flexibilidad. Incluso ,se reduce la capacidad de generación de energía eléctrica, por lo que se imponen límites a lo que estamos comentando.
Es así como, con la modificación del inciso a, de la fracción I del artículo 36, se precisa que
la energía eléctrica generada para autoabastecimiento, no es susceptible de enajenarse. Así también es saludable la precisión que se hace en la minuta, para que los excedentes del autoabastecimiento y la cogeneración queden a disposición, volvemos a repetir, de la Comisión Federal de Electricidad, la cual, como lo establece la Constitución, seguirá siendo en forma exclusiva la que preste el servicio público.
En la iniciativa era impreciso el destino de la pequeña producción, en lo referente a los permisos, ya que la redacción inicial permitía, en primera instancia, destinar la producción a pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas, que carezcan de energía eléctrica y después daba una salvedad para que la Comisión Federal de Electricidad adquiera la pequeña producción.
En la minuta se salva, anteponiendo que los solicitantes de permisos para la pequeña producción, destinen la totalidad de la energía generada para su venta a la Comisión Federal de Electricidad. Así también, creemos que es positivo reducir la capacidad de generación para considerarla como pequeña producción. En la minuta se establece el límite de 0.5 megavatios cuando en la iniciativa daba la posibilidad de 1 megavatio.
En resumen, los integrantes de la Comisión de Energéticos hemos hecho un esfuerzo proponiéndole al Senado de la República nuestras reflexiones, que al analizar sus consecuencias han sido consideradas en el dictamen. La precisión hecha a la iniciativa para que los excedentes de la energía generada mediante las diversas modalidades se destine a la Comisión Federal y se prohiba que los permisionarios la vendan directamente salvo como lo hemos mencionado, el servicio público de energía eléctrica.
Será pues la Comisión Federal de Electricidad la que decida el destino que se dé a los excedentes, con lo cual se amplían las atribuciones de la misma.
Por lo anteriormente argumentado y expuesto, nuestro partido, del Frente Cardenista, por mi conducto, ratifica su voto a favor del presente dictamen. Gracias.
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz:- Con su venia señor Presidente, compañeros, diputados:
Antes de entrar en materia quisiera hacer dos precisiones importantes, cuando le correspondió el turno al compañero Osorio Marbán, exponer en esta tribuna el sustento de la defensa de la iniciativa de reformas que hoy se propone, contestó a nuestro juicio con puntualidad, con objetividad y con certeza jurídica la constitucionalidad del proyecto. En consecuencia, hecha esta primera observación, con todo respeto, compañero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, me voy a permitir dar respuesta a las preocupaciones que reiteradamente ha venido a formular a esta tribuna.
La pregunta es: ¿la energía eléctrica de los pequeños productores y de los productores independientes a qué se va a destinar si no es al servicio público? El proyecto contempla las nuevas figuras de la pequeña producción y de los productores independientes, implican para su operación el previo otorgamiento de los respectivos permisos que habrá de expedir en su caso la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional; en ambos casos, se trata de actividades que no son servicio público, puesto que no se reúnen los elementos característicos de dicho concepto del derecho administrativo, ya que no se pretende satisfacer necesidades colectivas, ni tales actividades son objeto de concesión.
¿Cuál es el destino de la energía eléctrica? En el caso de los pequeños productores en una de las opciones consideradas por la iniciativa, la energía, al igual que trátandose de los productores independientes, se destina en su totalidad a la venta a la Comisión Federal de Electricidad, mediante la celebración de los convenios previstos en el propio proyecto de reformas; estos convenios indudablemente constituyen la formalización de un acto jurídico en el que serán parte de los productores y la propia Comisión Federal de Electricidad, mas de ninguna manera los usuarios del servicio público.
Desde otro ángulo, la prestación del servicio, público implica la celebración de un contrato de suministro entre Comisión Federal de Electricidad y los usuarios, sin que exista intervención alguna de los productores.
En suma, son dos actos jurídicos distintos de los que derivan, por una parte la venta de energía en su totalidad a la Comisión Federal de Electricidad y, por otra parte, la utilización de dicha energía por la entidad responsable constitucionalmente para la prestación del servicio público.
La siguiente: ¿Producirán los productores independientes energía eléctrica para su propio consumo?
Conforme al texto de la iniciativa no se prevé este supuesto, puesto que claramente se precisa que la totalidad de la energía eléctrica generada en centrales de productores independientes, deberá ser vendida en su totalidad a la Comisión Federal de Electricidad.
Otra de las preocupaciones es: ¿si el permiso sustituye a la concesión? Desde luego que no, puesto que son conceptos totalmente diferentes. El permiso presupone un derecho previo del particular para realizar determinadas actividades y la intervención del Estado, para exigir el cumplimiento de ciertos requisitos que una vez satisfechos por el solicitante, garantizan la seguridad y la paz pública.
La concesión no significa que el particular tenga un derecho preexistente, la titularidad para ejercer la actividad respectiva corresponde al Estado, y éste puede favorecer a los particulares mediante la concesión, para que lo ejecuten ejerciendo desde luego el propio Estado un control y una supervisión para garantizar una adecuada prestación de los servicios.
En el caso que nos ocupa, con motivo de la presente iniciativa, la concesión no ésta permitida en materia del servicio público, por tanto no sería válido utilizar el régimen de concesiones. Diferente es el caso de las figuras previstas, en el artículo 36, puesto que al no ser servicio público, implican un derecho preexistente de los particulares que debe ser regulado, como lo es en la iniciativa, mediante el régimen de permisos.
Otra de las preocupaciones que han externado en esta tribuna, ha sido la correspondiente a lo que es el servicio público. Creo, sin temor a equivocarme que fue dicho a nuestro juicio ya en dos ocasiones, sin embargo podemos insistir más, buscando una mejor claridad en las ideas, haciendo un esfuerzo.
El servicio público tiene que ver en primer lugar con la satisfacción de necesidades generales o colectivas frente a la mera satisfacción de intereses particulares, individualmente considerados. Lo público es la expresión: servicio público, se refiere al destinatario del servicio y no al prestador. Un servicio público constituye una actividad que se desarrolla para satisfacer una necesidad de carácter general o colectivo mediante prestaciones que por virtud de norma del poder público deben ser regulares, continuos y uniformes, a diferencia de cuanto se satisface una necesidad individual, ya sea de persona física o jurídica, en donde las necesidades del individuo pueden ser irregulares, discontínuas o diversas.
A mayor abundamiento, puede decirse que el servicio público tiene por objeto satisfacer en forma continua, regular, uniforme, general, permanente y obligatoria, necesidades de carácter general.
Abundando un poco más en esta preocupación, recurrimos también a los textos a ver qué es lo que entiende la Suprema Corte de Justicia de la nación, sobre el concepto de servicio público. Y la Corte dice, ha sustentado un criterio jurisprudencial para distinguir un servicio público de lo que es meramente un servicio privado.
El proyecto es acorde con este criterio, toda vez que las actividades que realizarían los productores, no tendrían por objeto la satisfacción de necesidades generales o colectivas.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte, dos notas en principio, distinguen al servicio público: el tipo de necesidades por satisfacer se trata de necesidades colectivas y no de meras necesidades individuales. Y derivado de lo anterior, la clase de destinatario del servicio, es decir el público.
De acuerdo con lo anterior, una determinada actividad no puede ser calificada como servicio público, independientemente de que se realice para satisfacer necesidades colectivas, si esa misma actividad se efectúa para satisfacer necesidades de orden individual, no estaremos en presencia de un servicio público.
Otra de las cosas que han flotado y es una preocupación legítima, es qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Comisión Federal de Electricidad en materia de cubrir las necesidades del servicio de energía eléctrica. En forma expresa, la Ley vigente desde su texto primigenio, faculta a la Comisión Federal de Electricidad, para importar en forma exclusiva energía eléctrica.
En tal virtud resulta claro y evidente que la Comisión Federal de Electricidad puede comprar energía generada por terceras personas extranjeras, lo que implica que desde entonces no es obligatorio que el organismo genere toda la energía eléctrica que distribuye, ya que tiene la posibilidad jurídica y así lo ha venido haciendo, de importar energía eléctrica en la inteligencia de que la transmisión y la distribución , constituyen los elementos decisivos en la prestación del servicio público.
Al respecto es de destacarse que después de la adición de 1960, del párrafo VI al artículo 27 constitucional, la Comisión Federal de Electricidad, ha importado invariablemente electricidad en ciertas regiones del país para tener el servicio público, lo que implica que la electricidad que ha importado, no la ha generado, aunque sí la ha distribuido ante el consumidor.
Otro de los puntos de la preocupación obedece a determinar entre concesiones y permisos, se ha intentado en ocasiones descalificar el proyecto mediante, vamos a llamarle artificios lingüísticos, sin embargo, debemos de decir que la concesión es un acto unilateral del poder público en virtud del cual se desprende de un servicio, una actividad que le corresponde en favor de un particular concesionario y al aceptarlo adquiere derechos y obligaciones. Constituye un acto de Gobierno para el cumplimiento de los fines del Estado. La concesión no confiere al particular un derecho preexistente en tanto que en un régimen de permisos, el particular tiene un derecho preexistente, sólo que se actualiza cuando él mismo cumple determinados requisitos y condiciones establecidas en el orden jurídico.
Conforme a la doctrina jurídica más reconocida, el permiso constituye un acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma jurídica ha establecido par el ejercicio del derecho de un particular.
Los permisos en materia de generación de energía eléctrica, tienen su antecedente en la Ley de la industria Eléctrica de 1938.
Con la adición del párrafo VI al artículo 27 constitucional en 1960, se estableció "que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, no se otorgarán concesiones a los particulares". En congruencia con la mencionada adición constitucional, al entrar en vigor la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, quedaron sin efecto todas las concesiones otorgadas para la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La Ley prevé el otorgamiento de permisos administrativos para el autoabastecimiento y la cogeneración de energía eléctrica. El proyecto sujeta la actividad de los productores previstos en el mismo, al control de la autoridad administrativa mediante un régimen de permisos administrativos previo al cumplimiento de determinados requisitos y condiciones.
Para finalizar, quizás convenga una vez más recordarnos en voz alta ¿cuántos compatriotas en este momento disfrutan del servicio de energía eléctrica, y cuántos están privados de este servicio y de todos los beneficios que conlleva este satisfactor tan importante con el que no cuentan, estando a escasos años de culminar un siglo?
Hablando de números aproximados de 80 millones de mexicanos, el 92% cuenta con el servicio y el 8% carece de él. Del Estado que vengo, del Estado de Veracruz, las cifras de diciembre de 1992 cuenta con el 72% con energía eléctrica. Somos de los estados menos electrificados del país, a pesar de los últimos esfuerzos que se han realizado, esfuerzos titánicos de participación en los últimos seis años. Y tenemos marginados de esta posibilidad alrededor de 1 millón 800 mil habitantes, de lo cual alrededor de 1 millón 450 mil corresponden a toda la zona rural de esa difícil orografía veracruzana, y en la zona urbana avanzamos y nada más tenemos un poco más de un cuarto de millón.
Este proyecto que hoy discutimos con tanta pasión y vehemencia todos los partidos políticos aquí representados, desde luego que todos los argumentos aquí expresados en esta Tribuna, tiene su valor , un valor legítimo; estamos quizás, frente a dos discursos históricos, contemplando un horizonte de rezagos sociales que hemos reconocido y admitido públicamente.
Este proyecto que hoy discutimos y que seguramente el voto mayoritario va a ser afirmativo, un voto de conciencia y razonado, nos va a posibilitar la oportunidad que ese rezago que tenemos en materia de electrificación, que cada vez cuesta más trabajo poder resolverlo, con esta apertura, sin temor, sin miedo, con una visión optimista y valiente al futuro, estamos seguros que los mexicanos lo vamos a consolidar.
En mérito de lo anterior, compañeros diputados, espero haber dado, con todo respeto , respuesta a las preocupaciones, a los planteamientos reiterados aquí por el compañero diputado Cuauhtémoc Amezcua. Gracias.
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:- Con su permiso, señor Presidente.
Hemos escuchado, con toda atención los argumentos del orador que me antecedió en el uso de la palabra, y creo que ha hecho un esfuerzo por encontrarle una interpretación diferente a
la que tienen algunos conceptos que hoy están en el debate, pero creo que sería conveniente que en lugar de encontrar esa explicación en algunos diccionarios, lo hiciera en la Historia de México, y concretamente en la iniciativa que originó la nacionalización de la industria eléctrica.
Yo quisiera leer completo el párrafo de la exposición de motivos que presentó el licenciado Adolfo López Mateos en 1960. Dice este párrafo: "La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren, como en el caso del petróleo, de los carburos, de hidrógeno, sólidos, líquidos, o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes, ya que México, decía López Mateos, ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano, para garantizar la efectiva realización de este propósito de que la generación, transformación distribución y abastecimiento de energía eléctrica debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular, presento ante ustedes la siguiente iniciativa para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional".
Y si queremos conocer la intención del legislador, no debemos ir al discurso de uno de los que intervinieron en ese debate. Lo más sano sería conocer el dictamen que emitieron las comisiones del Senado, ésa sería la intención del legislador.
¿Y qué decía el dictamen del Senado? Decía en su punto 4o. "Esto no significa que la generación y el aprovechamiento de la energía eléctrica se convierta en monopolio del Estado, pues lo que la iniciativa presidencial propone es que la generación, transformación, distribución, y abastecimiento de la energía eléctrica corresponda a la nación, específicamente cuando se destine a la prestación de un servicio público".
Desde aquí se planteaba que el autoabastecimiento no era el problema, pero sí todo aquello que fuera un servicio público. Y aquí planteaba, decía que la Ley reglamentaria debía establecer qué se entiende por derecho público, qué se entiende por servicio público.
Y ahí decía, es decir, "que su aprovechamiento sea destinado en general para cualquier usuario". Ese es el concepto de derecho público.
Y aquí se citó el discurso de Brena Torres. ¿O lo leyeron incompleto o no lo entendieron? Yo voy a leer dos párrafos del discurso de Brena Torres.
"De modo terminarse por la Ley constitucional la facultad exclusiva del Estado de proveer las distintas fases de la industria eléctrica, se correría el riesgo de que mañana nuevas empresas privadas pudieran ser beneficiarias del aprovechamiento de los recursos Hidráulicos de propiedad nacional o bien transformadores o distribuidores de energía eléctrica que constituirían en un momento dado un factor limitante del empeño de la Comisión Federal de Electricidad para dar el abastecimiento adecuado a los requerimientos de la nación."
Y el otro párrafo decía: "Creo necesario ahondar en la interpretación del proyecto para evitar confusiones. Este no prohibe a la iniciativa privada generar y aprovechar su propia energía eléctrica. Debe entenderse, por ejemplo, que es lícito que en una finca rústica, en una industria, en un hospital o en una sala de espectáculos, el propietario o poseedor puedan hacer instalación para generar y aprovechar el fluido que produzca. La esencia de la reforma consiste en que solamente la nación, através de su expresión jurídica que es el Estado, puede generar, transformar, y distribuir la energía eléctrica como servicio público".
Está en el debate del Senado. Está en un montón de documentos oficiales. Habría que abundar en esta cuestión. Ver la Ley de 1975, donde se especificaba en su artículo 3o. "que no se considerase servicio público el autoabastecimiento", exclusivamente.
Si me permite, señor Presidente. Un minuto más y concluyo.
El Presidente:- Adelante, diputado.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:- En la Ley de 1975 se planteaba ya exclusivamente el autoabastecimiento. Fue en 1983 cuando el grupo neoliberal llegó al Gobierno, que se modificó esta Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia eléctrica y se abrió la puerta para que pudieran vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
Y es cierto. Siempre se ha importado energía eléctrica. Nada más que ésa no se obtiene con los recursos de la nación, se genera en otro lado. Y la facultad era exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. Siempre ha sido así.
Entonces, compañeras y compañeros diputados, creo que podríamos hablar mucho más. Aquí están todos los documentos de ese debate, en donde con toda claridad se puede ver que esta modificación que ésta planteando como la de 1983, es anticonstitucional. Contaría no sólo el espíritu, sino la letra del artículo 28 constitucional, y por eso nosotros estamos en contra de esta modificación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna para rectificar hechos. Tiene cinco minutos.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:- Señor Presidente, señoras y señores diputados:
He pedido el uso de esta tribuna para hacer algunas precisiones. Desde luego que reafirmo la postura de mi partido con respecto a la iniciativa que hoy se discute. Pero creo también que el pensar que a partir de esta iniciativa se tendrá el fluido eléctrico para las 92 mil comunidades rurales, considero que es ser mucho muy optimista.
Se argumenta que el llevar la energía eléctrica a las comunidades rurales es incosteable para la Comisión Federal de Electricidad, por la lejanía de las mismas. Pero resulta irónico que también a los poblados rurales, rancherías, colonias, etcétera, que se encuentran cercanos a los lugares en donde se genera este elemental servicio, también se les niegue este servicio.
Y es el caso del Estado de Chiapas, que en muchas ocasiones he mencionado aquí como un estado que está dentro de los primeros lugares de algunos sucesos nacionales. Porque tenemos un primer lugar en analfabetismo, tenemos también un alto índice de cólera, tenemos un 30 % de rezago agrario a nivel nacional; esto también es un primer lugar. Así también, a pesar de ser un Estado que genera aproximadamente un 25 % de la energía eléctrica que se consume en el país con las presas hidroeléctricas de Malpaso, Chicoasen, La Angostura; también existe un rezago importante en la electrificación del medio rural.
No se vale ser candil de la calle y obscuridad de la casa, así es que espero, después de que esta iniciativa se apruebe, como se va a hacer, espero que muy pronto gocemos en Chiapas de tarifas especiales de consumo, como sucede en varias ciudades del norte del país. Porque Chiapas, señores diputados, también es parte de México y es una parte sumamente afectada por la miseria y exige opciones ciertas para superar sus destino. Muchas gracias, señores. (Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Cecilia Soto González:- Señor Presidente de la Cámara, con su venia, Compañeras y compañeros:
Hace algunas intervenciones hubo una especialmente inspiradora que estableció una serie de conceptos erróneos sobre el asunto energético y la generación de energía eléctrica, que mi partido considera muy importante contestar puntualmente.
Primero quisiéramos plantear cuál es el problema verdadero de esta Ley. Es cierto que es congruente con el capítulo de energéticos que plantea el Tratado de Libre Comercio, como lo planteó el diputado Rodríguez Prats. Pero realmente lo que hay detrás es la política presupuestal que acabamos de aprobar, la política del superávit y la idea de captar recursos del exterior, de salvar esa obligación del Estado, captar recursos del exterior para la generación de energía.
No es un problema en sí. Mi partido no se opone al concepto de plantas llave en mano que ésta llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad. Pero quisiera demostrar muy brevemente en esta comparecencia, que de esta manera no se resuelve el problema de generación de energía eléctrica en este país.
Se nos habla de un tránsito al primer mundo. Bueno, una de las maneras más clásicas de medir el nivel de vida de la población y el nivel de vida de la población del tercer mundo es precisamente por su consumo de energía eléctrica per capita. ¿Por qué energía eléctrica?, bueno, porque es la forma más avanzada, más limpia, más eficiente de generar, transmitir energía y de consumirla.
La política presupuestal, la política económica actual, las proyecciones de la Comisión Federal de Electricidad de ninguna manera anticipan un tránsito de nuestro país al primer mundo, en términos de su consumo de energía eléctrica per capita. Por el contrario, por ejemplo las cifras que dio el compañero Rodríguez Prats de 17 megavatios de capacidad, 27 mil megavatios de capacidad eléctrica instalada y 7 mil más a instalarse para dentro de los próximos seis años, de ninguna manera nos hablan de una transición importante en nuestro país ; nos hablan de un crecimiento del 4% donde apenas se atenuarían algunos de los rasgos más apremiantes y más angustiosos de la pobreza.
Una eliminación de la pobreza en nuestro país, lo decía yo en otra intervención, en el término de una generación, significa tasas de crecimiento del sector eléctrico muchísimo más elevadas, significa duplicar la capacidad eléctrica instalada en nuestro país en un término no mayor de 15 años.
Planteaba el diputado Rodríguez Prats que lo que se está discutiendo es el papel del Estado y el papel de los particulares, que es el Estado el que está en el banquillo de los acusados; bueno eso es lo que se está discutiendo hace unos dos o tres años. Hay ahora otro tipo de discusión, lo que se está discutiendo en realidad es cómo no cometer los errores típicos de transiciones históricas bruscas, cómo no tomar decisiones que no tienen remedio cuando el péndulo se encuentra en su posición extrema.
Como problema de la reconstrucción de Europa Oriental, devastada ecológicamente, por una forma de generación eléctrica sumamente atrasada, basada en el carbón, por ejemplo, ha surgido toda una corriente de pensamiento que cuestiona el retiro radical del estado de las actividades económicas, precisamente, auspiciada por esta LV Legislatura en particular por la Cámara de Diputados, las legisladoras tuvimos las oportunidad de invitar a Madame Creseau, ex Primer Ministra de Francia a platicarnos, qué es lo que nos comentaba, nos comentaba el gravísimo problema que existe para reconstruir Europa Oriental cuando el estado se ha retirado de actividades tan importantes como es el transporte público en especial ferrocarriles y generación masiva de energía, dado que estas formas de generación masiva de energía que no busquen repetir el hervir el agua, generar vapor, mover turbinas y generar energía eléctrica sin una verdadera transición tecnológica, significan tasas de recuperación económica muy largas, la iniciativa privada, no le entra.
Entonces no simplemente se ésta discutiendo eso compañero diputado, se está discutiendo cómo no cometer errores cuando el péndulo nos hace tomar un punto de vista distorsionado y radical.
Nos decía el compañero Rodríguez Prats que el autoabastecimiento que contempla esta ley garantiza el gran desarrollo tecnológico que de esta manera se está fomentando una renovación tecnológica avanzada y de vanguardia, que esta forma de autogeneración de energía eléctrica basada en pequeñas unidades de generación, además va en consonancia con la nueva corriente ecológica que busca proteger al planeta del infecto invernadero y no producir todos estos gases.
Bueno, eso es totalmente falso, digo yo de todas maneras le doy la bienvenida a la Comisión de Ecología, pero eso es totalmente falso.
El crecimiento poblacional de nuestra especie, nos da la clave para el modelo de crecimiento energético que debe seguir nuestro país o cualquier país que quiera insertarse en el mundo desarrollado. Su crecimiento poblacional exponencial, por supuesto mal porque estaba mal, que se ve mediado por un crecimiento exponencial también en la producción y en el consumo de energía que hasta el caso de la energía solar, el caso de la energía nuclear, siempre ha sido una energía de origen solar.
Cada avance tecnológico en la generación de energías, en la producción y consumo de energías, ha significado una concentración y una densificación de la fuente energética por unidad de área. Es decir, cada vez que la humanidad ha transitado de un estadio de desarrollo a otro, se ha observado una concentración en la forma como se produce la energía por la unidad de área de donde se genera.
Recuerden ustedes que hasta el año de 1800, aproximadamente, la humanidad apenas tenía mil millones de habitantes, y en solo 200 años hemos llegado a los 5 mil millones de habitantes. En gran parte mediado por el invento de la máquina de vapor y posteriormente la generación de energía eléctrica, que significaron aumentos exponenciales en la concentración de energía eléctrica
Las tecnologías de que lo pequeño es mejor y no siempre lo pequeño es mejor significan por definición, formas energéticas blandas, de muy poca densidad energética, y ese es precisamente el problema de la energía solar; es decir, la energía solar es la forma de energía más poco densa que existe, mas difusa, y por ello es la más cara, porque para poder concentrarla, densificarla, se necesita invertir una gran cantidad de materiales, en materiales, espejos, reflectores, etcétera, etcétera para poder balancear ese defecto que tiene la energía solar.
Lo mismo sucede con las demás formas energéticas, la eólica, la de las mareas, etcétera, etcétera, son formas interesantes, son formas que de alguna manera complementan problemas energéticos regionales; son formas que pueden usarse en pequeñas comunidades aisladas, pero que de ninguna manera, de ninguna manera, pueden garantizar el abastecimiento masivo energético de un país o de una comunidad industrial.
Y está visto que el desarrollo industrial necesita de una concentración poblacional importante, es decir, el desarrollo industrial aún el moderno basado en cerámicas, nuevos materiales, etcétera, significa una concentración urbana aproximadamente 50 habitantes por kilometro; y en este sentido, la única manera de producir energía barata, es a través de formas densas de concentración de energía eléctrica.
Estas son magnetohidrodinamía, MHD; recórrase segunda generación en caso de fisión nuclear y la gran promesa energía nuclear, que es la fusión termonuclear. También se han acompañado de revolución en la manera en como.. en la eficiencia como trasmite la energía, como es el caso de la superconductividad a temperatura ambiente.
¿Es esto el tipo de campos en los que ésta investigando nuestro país? El primer orador del Partido Revolucionario Institucional o algún orador del Partido Revolucionario Institucional mencionaba que el Instituto de Investigaciones Eléctricas de Cuernavaca, estaba estudiando energía solar y generación de energía a partir de la basura, etcétera, etcétera, pequeñas caídas de agua. Repito, esto no tiene nada que ver con la transición energética que necesita nuestro país, es un complemento, es importante mientras existan pequeñas poblaciones aisladas, pero de nuevo no podemos sostener el desarrollo industrial en base a esta formas energéticas.
¿Que ésta haciendo la Comisión Federal de Electricidad en este sentido? Está contratando plantas tradicionales termoeléctricas que tampoco significan un avance energético importante.
El propio Presidente de la República ha planteado o ha abrazado la tesis de defender la biodiversidad , pero en la política energética del país, no hay un solo rasgo de trascendencia que garantice que nuestro país no siga produciendo una importante cantidad o una cantidad de gases de invernadero, por formas energéticas atrasadas: la quema de leña o la generación de energía a través de termoeléctricas.
En este sentido no hay por tanto ningún avance tecnológico que garantice esta ley; y el caso de los Estados Unidos es muy importante, los Estados Unidos a través de este tipo de leyes, ya se ha mencionado, ha perdido años de productividad por haber abandonado o haber relegado formas avanzadas de generación de energía eléctrica.
Creo que si vamos a avanzar, compañeros, no podemos repetir el camino andado por otros, sobre todo cuando esto ha significado un retraso y ha significado frente a la comunidad internacional, como es el caso de los Estados Unidos, uno de los niveles de productividad, en el caso eléctrico, más atrasados que existen.
En este sentido nosotros ratificamos nuestra posición de votar en contra. Muchas gracias.
El Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez:- Con su permiso señor Presidente, compañeros legisladores: se ha cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa de reformas a la Ley del servicio público de energía eléctrica, que en los términos del procedimiento legislativo fue aprobado por el Senado de la República, como Cámara de origen, y cuya minuta hoy debatimos y habremos de sancionar.
La controversia sobre la constitucionalidad la sustentan en la interpretación que dan al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, los que sostienen dicha inconstitucionalidad, interpretan el precepto mencionado en el sentido de que dispone que la Nación es la titular exclusiva de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, en el territorio nacional, corroborando lo anterior con la prohibición que el mismo texto establece otorgar concesiones a los particulares para la prestación del servicio mencionado. Los que aprobamos el dictamen y habremos de votar a favor de él, estamos convencidos de la constitucionalidad de la iniciativa que debatimos, con los fundamentos que a continuación habré de exponer, anticipo que las interpretaciones que al respecto se han expresado, son incompletas e inexactas, por que no hacen un análisis integral del precepto constitucional y por ende, llegan a conclusiones equivocadas.
Solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría para que dé lectura al texto relativo del párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
La secretaria Layda Sansores San Román:- "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez: -Gracias señorita secretaria.
Del texto en cita, debemos destacar, tres aspectos fundamentales:
En primer lugar un conjunto de actividades técnicas secuenciales vinculadas a un objeto, que es la prestación de un servicio público, cabe precisar que la realización en forma aislada de una de estas actividades no satisface las características del servicio público eléctrico.
En segundo término, se establece la prohibición expresa, de concesionar a particulares la prestación del servicio público, es decir el conjunto de actividades necesarios para la prestación del servicio mencionado.
Y un tercer aspecto, la disposición complementaria para que el Estado cuente con los recursos naturales para cumplir con la obligación constitucional de prestar el servicio público que nos ocupa.
Es decir, sólo le corresponde a la Nación, la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. para la prestación del servicio público; por lo que cuando estas actividades se realicen y no estén destinadas a la prestación del servicio público, las pueden llevar a cabo personas físicas o morales, distintas a las personas públicas, siempre y cuando, cuenten con la autorización correspondiente.
De lo anterior se desprende, que el aspecto medular del tema que nos ocupa, es determinar el concepto jurídico administrativo de prestación del servicio público y sus características, para estar en aptitud de determinar en que casos es una actividad exclusiva del Estado y en que casos es posible la realización de algunas de esas actividades por particulares.
Para ilustrar el análisis permítaseme brevemente referirme a la doctrina administrativa sobre el concepto de servicio público.
La doctrina administrativa francesa define el servicio público, como toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado, y controlado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad, es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y es de tal naturaleza que no puede ser completamente asegurado sino mediante la intervención del poder público.
La doctrina mexicana recoge en general los principios de la francesa y así, el doctor Acosta Romero señala: el servicio público es una actividad técnica encaminada a satisfacer necesidades colectivas básicas o fundamentales, mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen de derecho público, que determina los principios de regularidad, uniformidad, adecuación e igualdad. Para este autor tal actividad puede ser prestada por el estado o por los particulares.
El maestro Andrés Serra Rojas nos dice que el servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública, actividad o autorizada a los particulares que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua, y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público.
Lo anterior implica, que el poder público, puede establecer diversas modalidades para satisfacer una necesidad, mediante determinada actividad señalada como servicio público. Puede reservarse en forma exclusiva la prestación del servicio, prestándolo en forma directa y exclusiva, o bien que concurran los particulares en la prestación bajo las diversas modalidades que el derecho administrativo prevé, pero en todo caso se reserva el Estado, la titularidad y la regulación de la prestación del servicio público.
Sin síntesis podemos destacar las características fundamentales del servicio público siguientes:
Es una actividad técnica; su finalidad es satisfacer una necesidad colectiva realizada por el Estado o por los particulares, bajo un régimen especial; es de carácter general todas las personas tienen derecho a hacer uso de los servicios públicos de acuerdo con su normatividad; es de carácter continuo y permanente, la prestación del servicio no debe interrumpirse, de acuerdo con su naturaleza.
Por otra parte, también se sostiene, que el servicio público se caracteriza porque los recursos económicos destinados a la prestación del servicio forman parte del erario público, al igual que los bienes destinados a su prestación son del patrimonio estatal.
Una vez precisado y caracterizado el concepto anterior, analizaremos las características de las
actividades que el artículo 3o. de la iniciativa en comento, excluye del servicio público:
Facción I. La generación de Energía Eléctrica para autoabastecimiento, congeneración o pequeña producción;
Fracción II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
Fracción III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción;
Facción IV. La importación de energía eléctrica, por parte de personas físicas o morales, destinadas exclusivamente al abastecimiento para usos, con autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; y
Fracción V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.
Como ustedes podrán observar, ninguna de estas actividades encuadran en las características que anteriormente precisamos del servicio público, y por ende, los particulares están en aptitud de realizarlas pero siempre bajo el control y vigilancia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cumplimentando los requisitos y condiciones que señala el artículo 36 de esta iniciativa y considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional.
El párrafo 9o. del artículo 28 constitucional, permite que mediante Ley se establezcan los criterios que decidan, en cada caso lo que se considera servicio público.
Están iniciativa se ajusta al orden constitucional, al determinar las actividades que el Estado puede permitir a los particulares desarrollar, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones que conforman la certeza jurídica en esta materia y sin perder el Estado el control.
A mayor abundamiento, el mismo párrafo prevé que las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de servicios públicos.
Es también por ello que esta iniciativa fija por excepción lo que no se considera servicio público.
El mismo párrafo décimo de este artículo reitera lo anterior.
Dentro de este contexto, en sus párrafos sexto y octavo, el artículo 25 constitucional sienta las bases para apoyar e impulsar, con la participación del sector social y el sector privado, el desarrollo nacional y esta Ley discutimos cumple con alentar y proteger la actividad económica de esos sectores.
Por otra parte, la Ley de planeación en la fracción V del artículo 1o., establece las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos del plan y los programas y en este aspecto el Plan Nacional de Desarrollo contempla la disponibilidad de electricidad en si como un índice de progreso.
En congruencia con lo anterior y en estrecha relación con el artículo 3o. el artículo 36 de la iniciativa que nos ocupa, define con precisión que el autoabastecimiento de energía eléctrica es la generación de energía eléctrica para satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que sea autorizado por la Secretaría de Energía, Minas e industria Paraestatal y señala los requisitos para obtener los premios.
La fracción II, señala que la cogeneración, es la generada conjuntamente con vapor y otro tipo de energía térmica secundaria o ambas, que se destine a la satisfacción de las necesidades de los integrantes de los miembros de la organización que la produzca y fortalece la obligación de poner a disposición de la Comisión Federal de Electricidad los excedentes de producción de energía eléctrica.
La fracción III relativa a la producción independiente, es la actividad para generar energía eléctrica destinada para ser vendida a la Comisión Federal de electricidad y señala los requisitos para que se autorice esta actividad.
La pequeña producción se precisa a través de la satisfacción de requisitos como que los solicitantes sean personas físicas mexicanas o morales, constituidas conforme a las leyes mexicanas, con domicilio en el territorio nacional; que la totalidad de su producción no exceda de 30 megawatts, que sea vendida a la Comisión Federal de Electricidad, o bien, que alternativamente como modalidad de autoabastecimiento, que los solicitantes y productores de la energía destinen el total de la producción de ésta a pequeñas comunidades rurales o a áreas aisladas que carezcan de ella.
Compañeros Legisladores, el análisis que hemos realizado y en el que sustentamos la constitucionalidad de la Iniciativa que discutimos, no solamente es un análisis de los preceptos vigentes del derecho positivo mexicano en su rango constitucional y en su rango reglamentario.
Revisamos profundamente las diversas iniciativas presentadas en 1960 de las subsecuentes leyes a través de un análisis integral de esas disposiciones, no sustrayendo un párrafo o dos sino buscando el espíritu de quienes formularon esas iniciativas y sobre todo en un segundo esfuerzo, viendo qué fue lo que realmente se plasmó en el texto constitucional y lo que está en el texto vigente de nuestra carta constitucional.
Es decir, siguiendo una hermenéutica jurídica que nos permita darle una cabal e integral interpretación a los preceptos que regulan este tema.
No podemos, por otra parte, olvidar que los hechos son la frente real del derecho, que la realidad social y económica de nuestra patria que está inmersa en una dinámica intensa que demanda y exige de normas jurídicas realistas que consoliden los avances alcanzados en general, mejores condiciones de vida para el bienestar de los mexicanos y que propicien e induzcan a la liberación de esfuerzos y de recursos para continuar el desarrollo y el progreso en que está empeñada la república.
Del análisis realizado, se desprende que las reformas a la ley que hoy discutimos, no contraviene en forma alguna a nuestra Carta Fundamental como lo he fundado, y se preservan cabalmente el espíritu y la letra del sexto párrafo del artículo 27 de nuestra Constitución.
Las reformas a esta ley se justifican también en el afán de llevar a todos los rincones del territorio nacional la energía eléctrica para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores con la consiguiente multiplicación de actividades económicas que habrán de incrementar su nivel de vida. Por todo lo antes expuesto, compañeros legisladores, pido a ustedes su voto aprobatorio al dictamen de referencia. Muchas gracias.
El Presidente:- En los términos del 102 se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Martín Tavira, del partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente, honorables diputadas, honorables diputados.
Hay ocasiones en que es necesario esbozar una serie de doctrinas en los diversos campos del derecho, pero cuando las normas son claras, cuando los conceptos contenidos en la ley son unívocos, las interpretaciones son sencillas o como dicen ustedes la hermenéutica es fácil.
Tenemos largas horas debatiendo ese problema, desde un principio se pusieron las carta sobre la mesa y entre paréntesis, señor Presidente, señores legisladores, pido a ustedes permiso par utilizar quizá unos minutos más de la cuenta, si me lo permiten seguiré en el uso de la palabra, si no me lo permiten, aquí termino mi discurso.
El Presidente:- Proceda señor diputado lo más breve posible.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:- Este debate tiene diferentes ángulos, tiene un ángulo político, tiene un ángulo jurídico. El ángulo político también se ha debatido aunque no suficientemente, tiene que ver con la política que viene siguiendo en México desde el gobierno del señor Miguel de la Madrid, se trata de ajustar las normas y la propia Constitución General de la República a esta política.
Si no se reforma la Constitución hay que recurrir a otros caminos para ajustar la linea pudiéramos así decir estratégica y táctica de la política, forzosamente a los objetivos del gobierno.
Alguna vez en la Comisión permanente hablamos de ciertos milagros realizados, quienes tiene poderes divinos para transformar las cosas a voluntad. Y aquí se ha hecho lo mismo se trata de convertir las cosas a través de una especie de conjuro mágico para que siendo una, se convierta en otras.
Dicen los que saben, que el primer milagro que hizo Jesucristo, fue convertir el agua en vino en las famosas bodas de Canaan, seis tinajas de vino. Quizá no sea el primer milagro porque cuando le presentaron a Nathael, él, se lo presentó Felipe, él dijo: "Ya te he visto en la higuera", sin haberlo visto precisamente. Estaba con sus discípulos y con su madre justamente. Y claro, se acabó el vino y las seis tinajas se convirtieron y todos tomaron vino. Todos, incluyendo los sirvientes. Se hizo el milagro, pero también aquí se ha hecho el milagro. Ya lo decíamos en la Permanente alguna vez, eran más de 70 productos de la petroquímica, por un conjunto mágico o divino, se convirtieron en 30 tantos y luego vino otro conjuro y se convirtieron en 20, y vino el siguiente y se convirtieron en siete; vendrá otro, porque no se ha reformado la Constitución.
La petroquímica básica es área estratégica y sin embargo, por un carril ilegítimo construido por el Gobierno, se ha permitido que el capital privado penetre es esa rama importante de la economía nacional. Ese es el hecho.
Yo digo señores legisladores, ¿por qué el Ejecutivo Federal, por qué el Ejecutivo Federal asumiendo su responsabilidad con valor civil y político, por qué no presenta iniciativas de reformas a la Constitución? Para quitar esos renglones como áreas estratégicas de la economía, en lugar de andar haciendo esos conjuros para que a trasmano el Estado abandone esas áreas y se le entregue al capital nacional y extranjero.
¿Que pasa con la energía?, el mismo método. No se requieren tocar los artículos 28 y 27 de la Constitución, porque claro, son artículos históricos, producto de largas luchas de nuestro pueblo y del patriotismo de los mexicanos bien nacidos. Sin embargo, se inician leyes que evidentemente son opuestas a la Constitución, pero que haciendo una interpretación también así con recursos mágicos, a fin de meter líneas de la economía a la iniciativa privada. Ese es el hecho.
Cuando yo he oído a ciertos diputados hablar con tantos datos, mencionar muchos países y citar a muchos autores, me da mucho miedo subir a la tribuna, porque yo no carezco de tantos recursos (digo, no tengo tantos recursos) carezco, quiero decir, de tantos recursos. Porque pienso que el debate debe reducir a sus justos términos.
Siempre hablan, algunos diputados de la mayoría, de lo que está ocurriendo en el mundo, como que son corrientes políticas, económicas que están de moda en el mundo y que nosotros no podemos estar fuera de esa moda.
Pero yo quiero que el debate lo traigamos a la realidad de México, y al camino de México. La realidad exterior influye, naturalmente; las experiencias externas pueden ser valiosas, pero hoy nos interesa más ver que pasado en la historia de México, en estas lucha por recuperar la riqueza, las fuentes de energía para hacer del país un país soberano. Ese es el punto a debate...
(Desorden.)
Yo recuerdo dos acciones de Díaz Ordaz, presidente tan criticado... Pedí permiso, señor diputado, y me lo dio la Asamblea Tácitamente. Le ruego que no me interrumpa.
Díaz Ordaz tuvo dos acciones patrióticas que hay que reconocer. Suprimió las concesiones para que compañías extranjeras exploraran el petróleo; concesiones que había hecho Miguel Alemán. Y cuando presentó la iniciativa para la Ley Bancaria, dijo con toda claridad:
"Se insiste mucho en que el capital extranjero venga a la banca, y de una vez hay que decir que la banca debe estar manejada exclusivamente por mexicanos..."
Eso es patriotismo. ¿Y quieren ustedes que se nos olvide la historia?
Distinguidos legisladores: El diputado dio magnificas definiciones de servicio público. Y otro diputado citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo pregunto;
Si el Ejecutivo de la Unión, asesorada por eminentes jurisconsultos sabe que hay definiciones positivas sobre lo que es el servicio público. ¿por qué no lo hizo en su iniciativa?
Toda definición es peligrosa; pero una definición negativa es más, porque no toca la escencia, no dice qué es algo. Dice lo que no es. No se considera en el uso público, no se considera. Pero entonces, ¿qué se considera, pues? Y claro, en eso de que no se considera, podemos poner todo. ¿Qué cosa es una planta fanerógama? Pues la que no es criptógama, simplemente. Pero no decimos qué es. ¿Qué cosa es el ser humano? Cuando no es planta ni es animal. Pero ¿qué es? ¿Qué es un servicio público? No es esto, no es el otro, no es lo demás. Pero ¿qué es? Aquí está el peligro, aquí pueden estar las trampas. distinguidos legisladores. Y yo veo las cosas simples, sencillas.
Me voy a referir brevemente a dos cosas. Y yo rogaría a los señores diputados que no estén de acuerdo conmigo, que rebatieran esto, justamente.
Me refiero al párrafo segundo del artículo 3o. "No se considera servicio público la generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad". Aquí esta el quid del asunto, aquí está la esencia del problema.
Se ha dicho que no se viola el artículo 27 porque el destino de esta producción no es para el servicio público, sino es para su venta a la Comisión Federal de Electricidad. Esta es una interpretación verdaderamente absurda. Porque a fin de cuentas ¿cual es el destino final del producto?
En este caso la Comisión Federal de Electricidad es simplemente una intermediaria, simple y sencillamente una intermediaria. ¡Es muy sencillo entender!
El señor diputado, nuestro respetable amigo, me vende algo y yo a su vez se los vendo a ustedes. Entonces no está destinado al servicio público porque se los vende a la Comisión Federal de Electricidad.
¿Cuál es el destino final entonces? ¿No es el servicio público? ¿No es satisfacer una necesidad colectiva?
La otra, que ya mencionaron algunos señores diputados. El inciso e de la fracción IV del tan mencionado artículo 36. Simplemente, señoras y señores diputados.
"Alternativamente a lo indicado en el inciso b y como una modalidad del autoabastecimiento a que se refiere la fracción I, que los solicitantes destinen el total de la producción de energía eléctrica a pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan de la misma y que la utilicen para su autoconsumo, siempre que los interesados se constituyan en cooperativas de consumo..." etcétera.
Yo pregunto a los señores diputados y suplicaría que lo vinieran a sostener aquí a la tribuna. ¿Esto es abasto: sí o no ? ¿Esto es abasto : sí o no? ¿Tiene el objetivo de satisfacer una necesidad pública: sí o no?
¡Se está violando el artículo 27 constitucional de manera flagrante y frente a ese argumento no hay uno que valga!
El artículo 27 en la fracción VI prohibe, justamente, ese abasto a los particulares.
No hay necesidad de "quebrarse el cerebro" para recordar tantos autores. Decía, y con eso termino distinguidos legisladores, Tomás Moro en la Utopía. Todos lo recuerdan. En La Isla de Utopía las leyes eran sencillas, todo mundo las entenderá. Bien. En la Isla de Utopía no se necesitaban abogados, por cierto. Aquí necesitamos muchos abogados porque a veces retorcemos las normas, les damos el sentido que no tienen. Y, claro, cuando una norma se retuerce tiene significados equívocos.
Los sofistas retorcían las ideas, pero bien, algunos dicen los sofistas eran una corriente progresista en el mundo clásico, ¿pero quienes retuercen hoy la Ley pueden considerarse progresista? Esta es una pregunta que podríamos resolver o deberíamos resolver. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente:- Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al señor diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Compañeros diputados:
Mucho debemos agradecerle al distinguido diputado y amigo, respetado y amigo, respetado por todos nosotros, Martín Tariva, por habernos llamado la atención hacia las cuestiones nuevamente, para poder retomar lo que es el análisis, debate y decisión sobre el asunto que nos ocupa.
También debemos agradecerle a la compañera Cecilia Soto, que nos habló de la materia de que estamos tratando, que es, sin duda alguna, la energía eléctrica en cuanto a qué producir, cómo producir, para quién producir, que como ustedes saben, son las tres preguntas fundamentales de la economía.
Y por ello, también debemos retomar algo que por haber tenido la condición esta Cámara de revisora, no lo tuvo en su mano como primer documento, que es la iniciativa del señor Presidente de la República, porque lo que recibimos aquí es el magnífico trabajo senatorial, consistente en la llamada minuta, que comenta de manera apropiada y completa la iniciativa y lo que se hizo para resolver, pero que no nos permitió tener a la vista un documento muy sencillo, que es el que el Presidente de la República sometió al Congreso de la Unión., a través de la Cámara de Senadores, y que ha generado una serie de trabajos que por fortuna me permiten decir aquí, con toda claridad, que lo que se ha dicho muchas veces en esta sesión se dijo tantas otras, en las múltiples reuniones que hemos tenido. Y por eso también debo reconocer con respeto la labor de varios dignos representantes de las distintas corrientes partidistas que trabajamos, así, en plural, armónicamente para encontrar una convergencia de opiniones y un análisis claro y sucinto de la materia, pero que al traerlo aquí como conclusiones, ante el pleno, o sea, no sólo ante 30 ó 40 compañeros, sino ante cerca de 400, tuvo una dinámica que se prestó a confusiones que seguramente ahora se aclararán.
¿Por qué me atrevo a firmar esto? En primer lugar, porque varios representantes del Partido de la Revolución Democrática nos expresaron sus preocupaciones acerca de lo que podría
ocurrir si se permitiese que los particulares se autoabastecieran y llegaran a tener en conjunto una cantidad importante del total de la generación y consumo de energía, poniendo con ello en peligro el control y la operación del sistema que todos, absolutamente todos, creemos que debe ser sin responsabilidad y también actividad directa y exclusiva del Estado mexicano y entonces muchos compañeros de todos los partidos nos preguntaban que qué datos había, cuántos kilovatios, cuántos kilómetros, cuántas cosas teníamos que saber antes de dar una opinión informada al respecto.
Nosotros hicimos acopio de información suficiente quizá excesiva, en tanto que hay un fárrago enorme de datos que pocas veces fueron analizados al detalle y se generaron muchas veces confusiones pero que también aclararon muchos puntos para quienes pudieron analizarlos a fondo. Y entonces comenzamos a platicar que no estábamos haciendo un programa nacional de energía para decidir qué, quién, cómo, cuándo y dónde se iban a hacer las obras para satisfacer la necesidad del abastecimiento seguro en calidad, precio, oportunidad y demás características de ese servicio.
O sea en palabras que usé y que no sé si sean suficientemente connotativas, que no estábamos incidiendo en lo que podría llamarse un Programa Ley, un análisis de la demanda, de quién la iba a surtir, cómo, cuándo y donde y creo llegué si no a convencer, por lo menos a sembrar en la mente de algunos compañeros la seguridad de que realmente habían temores porque se desconocían datos y efectos de lo que pudiera ocurrir que uno dominaba a otro, estratégicamente un extranjero colocaba una planta en nuestro territorio si se ensuciaba más o menos alguna zona del país, ¿qué iba a pasar ante tantas incógnitas?, mejor no hacer otra cosa que cerrar en una exclusividad absoluta para que solo el Estado haga con ello se satisfagan de alguna manera dentro de las posibilidades de él mismo, esas necesidades.
Sin embargo todos entendíamos que algo podrá quedar en manos del particular cuando se trataba de auto - abastecer su necesidad particular o de juntarse para satisfacer su propia necesidad particular, como se han juntado muchas veces industriales desde antes y ahora que tienen varias empresas abastecidas por su propia energía eléctrica, repartiendo entre ellos sus costos sin estar sujetos a una tarifa y sin que un empresario le gane a los demás por la prestación del servicio, sino simplemente eso que ya ahora cualquier habitante de un condominio sabe que debe más o menos prorratearse en su costo como es no sólo el gas y la energía eléctrica que recibe, sino también los servicios de limpieza y otros más acerca de los cuales son muy doctos y profundos conocedores muchos de ustedes, muchos de nosotros, como diputados federales se conocen los problemas de desarrollo urbano, y de las colonias, y de los servicios comunitarios, y del autoservicio en cualquiera de sus formas.
Todos sabemos también, a lo largo de esta experiencia hermosa que nos da el honor de conocer la cuenta pública, conocer la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, el cómo obtener recursos y a dónde destinarlos y qué pasa con ellos, y quién los maneja. Y hemos hablado aquí de auditorías del sector eléctrico como un problema fundamental que sí lo es, pero si resolviéramos con ello que ha habido buenos o malos manejos, eso no es de ninguna manera algo que sea la materia a discutir aquí, pero sí se ha mencionado.
Y algunos de los que han estado más obstinadamente en contra de la posibilidad de que un particular intervenga, ha tenido que decir muchas veces que quizá el órgano público no ha sido competente; competente en el sentido de capacidad para servir.
Y en otros casos, con ese problema de cómo fijar una tarifa y de ver quién va a dar un subsidio, queda el problema de que a esa empresa pública se le carga de tal manera que la inhabilita para seguir ampliando, entonces señores de qué tratamos; qué es lo que queremos analizar o dicho de otra manera, ¿cuál es la materia que trata el proyecto de reformas, adiciones y derogación de algunos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica?
Pues es muy sencillo, se trata precisamente de una Ley que nos dice que es el servicio público de energía eléctrica y como todos...
El Presidente: -Señor diputado, le recuerdo al orador que lleva ya más de 10 minutos.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: -Ah perdón me disculpo, pero quizá mi falta de habilidad para aprovechar el escaso tiempo para resumir el debate, y la pregunta que nos ha hecho el compañero Tavira, me va a obligar con permiso de ustedes si me lo dan, de usar dos o tres o unos minutos más para terminar y sería el planteamiento siguiente:
Primero, la Ley del servicio Público de Energía Eléctrica, tiene en ese momento una propuesta
de reforma y adiciones precisamente en la parte preexistente en el artículo 3o. para definir, acotar regular lo que no es servicio público de energía eléctrica, y dar la certidumbre jurídica primero, para garantizar que esa prestación del servicio sea eficiente que se encuentra exclusivamente en manos del Estado; que el control y la operación obedezcan a un sistema que lo garantice, que se reconozcan los limites de la posibilidad real del Estado para prestarlo y que no inhiba la realización de aquéllo que de acuerdo con la Constitución y las leyes, pueden hacer los particulares para autoservirse o para coadyuvar aportando recursos que se entregan al Estado para la prestación de ese servicio público.
Por lo tanto, lo que dice el artículo 3o. que se ha explicado varias veces y en lo cual muchos están de acuerdo, la mayoría lo está o así lo ha expresado en el dictamen, presenta algunas dudas o planteamientos que en los términos de la exposición que hizo el distinguido diputado fauzi, parece una hábil cuestión para presentar la posibilidad de que se abastezcan ciertas comunidades pequeñas, y creo que para no abundar mucho, aquí bastaría decir que nadie duda, en un condominio o en una cooperativa de consumo, máxime que ahora en la propia Comisión de cooperativas se ha afirmado que esa figura puede prevalece y se es materia incluso de una Ley que pronto tendríamos que analizar aquí, precisamente para asegurar que los miembros de esa cooperativa de consumo, puedan unir sus esfuerzos y abastecerse, como nadie ha puesto en duda que sí pueden hacerlo y lo estén haciendo ahora distinguidos grupos industriales, que varias empresas se juntan para autoabastecerse.
Entonces si ya no hubiese duda con respecto a esos pueblos, como no lo ha habido, por lo menos no ha habido reclamación a la acción permanente desde siempre en relación con el autoabastecimiento de varios industriales trabajando juntos, pues quedaría sólo la preocupación si con la evidente falta de recursos de ese que tiene el privilegio pero también la obligación de prestar el servicio, pudiera o no aprovechar recursos de alguien que genere la energía y se la entregue para que el Estado preste el servicio.
Y ahí es donde se habla de sofisma o se habla de no interpretación adecuada, a pesar de que como dice el 13, párrafo último del dictamen, con todo respeto se reconoció la existencia de dudas respeto se reconoció la existencia de dudas y de oposición y se confirmó que de acuerdo con lo que llamamos los abogados la interpretación auténtica que es la derivada precisamente de la lectura de los textos que ocurren aquí en el Congreso al momento de aprobar las leyes, así como también esa jurisprudencia y esa doctrina y de ese alcance constitucional, se llegue a la total convicción de que todas y cada una de las formas establecidas en el artículo 3o. y sus correspondientes requisitos de permiso para garantizar que esto no afecte, perjudique el trabajo de servicio público y al contrario armonice con él, están plena y cabalmente justificados.
Por eso, sin que pudiéramos aceptar la expresión de conjuras, plástica palabra usada por nuestro amigo Tavira, sí se puede decir que ojalá la sociedad pueda poner sus recursos para apoyar al Estado de dos maneras: en una para no cargar sobre el Estado pidiéndole un servicio, como ocurre con las grandes industrias que consumen una sola más que muchas poblaciones y se le tiene que dar a esa industria a precio bajo, y si la industria puede a sí misma autoabastecerse, qué buena ayuda se le da al servicio público no cargando sobre de él.
Y también si se puede válgase la expresión coloquial, arrimar un paquete de energía para que el servicio público lo preste exclusivamente el Estado, qué bueno, y si el problema de financiamiento es tan grave que nos obliga a reconocer que no podemos financiar todo lo que queremos, y también reconocer, como decía Cecilia Soto, que a pesar de los avances del consumo per capita en México es mucho más bajo que la de los habitantes del primer mundo, y que si por otra parte todos somos muy exigentes de un servicio pero sabemos nuestras limitaciones y cerramos los ojos y no queremos reconocerlo, y queremos poner al Estado en la imposibilidad de servir y por lo tanto en la posibilidad de ser criticado ¿Por qué no lo vamos a ayudar a que éste preste el servicio público? ¿Por qué se le va a llamar conjura o mana o sofisma o hábil sesgo a lo que se está haciendo aquí.
Claro está, lo dejó a la conciencia de cada uno de nosotros, pero desde luego tengo que expresar que con esa conciencia de cumplir y hacer cumplir la Constitución, de no violarla, yo estoy dando mi voto razonado en favor de la iniciativa en los términos aprobados por la Cámara de Senadores. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al señor diputado Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Mi compañero Fauzi Hamdan hizo la argumentación jurídica de cuál es la razón por la cual hemos fijado nuestra posición, y para confirmar nuestra posición con hechos sucedidos hace 32 años y 40 días, vía el que nuestro compañero Eduardo Molina Castillo estuvo en contra de la edición del sexto párrafo al artículo 27 constitucional, que ahora es el tope, la barrera para hacer legal esta modificación a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Voy a hacer comentario respecto a la sesión del día 8 de noviembre de 1960, a donde se dice que la adición propuesta al precepto señalado expresa que, corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Al decir "para dichos fines". no dice para el servicio público, está pluralizando y dichos fines son desde la generación hasta la prestación del servicio público, así es que no está hablando en singular, está hablando en particular y es claro que es inconstitucional el fin que persigue esta iniciativa de Ley.
Pero más aún: ¿cuál fue el razonamiento que tuvo el Ejecutivo en aquel entonces?, y dice: El Primer Mandatario del país, en su iniciativa, expresa que es propósito de su Gobierno cumplir los propósitos de la Revolución mexicana, procurando que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos con sus beneficios para todos los habitantes de la República, que ello implica aprovechar los recursos naturales de que dispone la nación, y los elementos básicos que requiere su integración económica; que las crecientes demandas de energía eléctrica en las diversas actividades económicas de la población, imponen el deber de atenderlas de acuerdo con el ritmo de su crecimiento, lo que implica que la prestación del servicio público de esa energía, como en el caso de otros recursos naturales, sea realizada directamente por el Estado, conforme a la tesis tradicional de México sobre la materia.
Si hacemos un balance de esos 32 años 40 días, ¿cuál era el objetivo que busca esta adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional?, vemos que era brindar energía eléctrica a todo el pueblo de México, sin importar la distancia, el lugar a donde y que a la fecha, pues, definitivamente no se ha logrado.
Nosotros no vamos a sacar con esto un balance de quién es el culpable, de si hay que castigarlo o no; la cosa que es un hecho es que no se ha logrado.
En el debate de aquella fecha, nuestro compañero diputado Eduardo Molina Castillo, tuvo la siguiente posición, fue posición en contra para esa adición, y entre otras cosas él señalo al aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social de esta adición, haciendo algunos comentarios muy importantes que es oportuno traerlos al presente.
El decía que, así lo dijo: "En los momentos en que hablo, el Gobierno de México es un gigante empresario con más de 48 mil millones de pesos en empresas que son manejadas por compadres y por gente políticamente asignada, no por su capacidad ni por su honradez, sino porque sencillamente son políticos recomendados.
De tal suerte que, todos nosotros hemos visto, con la dura y cruel experiencia del pasado, que hasta los momentos en que hablamos, todas las empresas que maneja el Gobierno de México, han sido verdaderamente adversas al interés popular y han servido única y exclusivamente para que se enriquezcan sus administradores.
Antes estaba el Gobierno de México frente a las empresas manejadas por la iniciativa privada. El Gobierno de México estaba como juez y podía, inclusive, intervenir en el problema de servir y en el tarifas. Hoy ha desaparecido totalmente ese juez; ya el Gobierno se ha convertido en empresario.
Quiero saber, ¿a dónde el público usuario va a recurrir en sus quejas relacionadas con tarifas y relacionadas también con servicios? A nadie.
Tenemos muy a la vista que el Ejecutivo Federal invoca dos razones para pedir la adición de la fracción VI del párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Carta Magna: la primera es servir al público."
Voy a adelantar el comentario que le seguiá, se pensaba servir al público, no se ha hecho fehacientemente.
"Así es, señores diputados, que he aducido breves e importantes razones de índole económica y de índole social, por lo que creo que es nuestra facultad. Al Ejecutivo Federal es una carta abierta, es un cheque firmado en blanco, en el cual nuevamente se pone a la suerte del pueblo usuario de México, en lo que respecta a los
servicios públicos, enteramente en manos de los políticos, que administran al estilo de Jaime Merino, y si no encuentra uno así, ya lo traerán de fuera apropiado y adecuado para la administración de estos servicios públicos.
Me pronunció en contra del dictamen, porque creo, señores, sinceramente que esta nueva facultad daña y daña positivamente a los intereses del usuario, de los tributarios y en general del pueblo de México".
Esto confirma nuestra posición de que, nuestra posición política, nuestra plataforma política, en el sentido de que estamos de acuerdo en la intención de la Ley. La intención de la Ley busca rescatar todas esas deficiencias que se han tenido en el suministro de energía eléctrica; ese desfasamiento con el avance industrial que ha tenido nuestro país; ese desfase que se hará más hondo con la firma del Tratado de Libre Comercio.
Que hay una urgencia de aumentar la insfraestructura eléctrica en nuestro país, que es suficiente solamente para los próximos 10 años, porque si leemos los reportes económicos que se tienen de lo que es la rama eléctrica en nuestro país, veremos que la evolución del sector público, hablando de inversión, cayó de 1980 a 1988, tuvo una caída muy fuerte que apenas empieza a recuperarse, sin mantener la misma tendencia que tuvo la caída.
La capacidad instalada que tiene nuestro país, como le dije, es escasamente para 10 años, teniendo la mayor concentración de generación de energía eléctrica en lo que se refiere a hidrocarburos, que sabemos que hay recomendaciones, recomendaciones que se hicieron en el Congreso Mundial de Energía, que lo que es generación de energía eléctrica por hidrocarburos es altamente contaminante.
Tenemos otro aspecto, que se refiere a la oferta de energía que se tiene, que está desfasada con la demanda. La demanda ha venido creciendo, pues, muy marcadamente a partir de 1988 y se espera una tendencia muy alta para fines de este siglo, y la oferta no es suficiente para cubrir esta demanda.
Quiero cruzar esta información con la que se refiere al aspecto económico que no se ha tocado, pues, claramente en este debate. Como lo dije hace un momento, nuestra capacidad instalada está limitada a los próximos 10 años, de acuerdo a nuestras necesidades actuales, con los posibles crecimientos y cambios de sistemas en las plantas industriales que se darán en nuestro país y la posible inversión extranjera que se recibirá con base en el Tratado de Libre Comercio, estamos fuera de juego y fuera de oferta por parte del sector eléctrico en nuestro país para cubrir esa demanda potencial y real que existe.
Entonces se toma esta decisión de decir: tenemos que modificar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, nos urge modificarla, porque tenemos que empezar a despegar a partir de 1993. Pues es cierto, señores, sí necesitamos generar más energía eléctrica, sí necesitamos mayor participación de los particulares, un aspecto que está dentro de nuestros principios, de nuestra plataforma como partido político.
Eso es lo que hemos defendido, eso es lo que acusamos en 1960, ¿por qué? ¿Por qué razón no se hace la modificación? ¿Por qué no se hace la reforma constitucional? ¿Porque definitivamente hasta este momento no se ha dado una argumentación jurídica, precisa, contundente, para ganar este debate, no la habido definitivamente.
Y siguiendo en lo económico, pues señores, si quieren ir más rápido en la generación de energía eléctrica y quieren que participen los particulares, señores, es necesario violar la Constitución. Bueno, si es tan urgente, nos podemos esperar seis meses, un año, hay 18 billones de superávit en el presupuesto de egresos, ¿por qué no los aplican para construcción de plantas generadoras de energía eléctrica, en vez de violar la Constitución? Lo podemos manejar por ese lado, sin que intervengan los particulares en este momento.
El espíritu de la Ley lo repito, es bueno, es sano, es necesario, pero definitivamente va en contra de nuestra Constitución y nuestra posición la henos fijado desde principio por nuestro compañero Fauzi Hamdan y entonces nada más va a continuar hacer la presentación de una propuesta de modificación a un artículo de esta Ley, ya que consideremos que existe un grave problema en lo que es la construcción de redes para llevar el servicio a unos usuarios, cuando la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad económica o tiempo, algunas veces, para hacer los tendidos de las líneas y llevar energía eléctrica a ciertos sectores.
Se entiende que los particulares hacen el pago de estos trabajos y después si hay un excedente, hay una compensación o bonificación de parte de la compañía de la luz para que el usuario pueda tener ese servicio.
Lo que pasa normalmente, es que ya sea el sindicato, interviene a las constructoras, al contratista y dice: ¿sabes qué?, me tienes que dar cuota sindical; y hay veces que las propias constructoras o los contratistas justifican ante los que van a hacer el pago del servicio, le dicen: ¿sabes qué?, que me vino a cobrar el sindicato X% sobre este trabajo; ya que se entiende que pues es una actividad en la cual tiene derechos el sindicato en cuestión.
Para evitar este problema y para evitar que unos se tiren la bolita entre otros y no se sepan quién es el que se está corrompiendo o quién se está llevando dinero ilegalmente, estamos haciendo una propuesta para modificar el artículo 13 de esta Ley que dice lo siguiente:
Señor Presidente de la Cámara de Diputados. Presente. Los suscritos diputados federales de la LV Legislatura, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la Asamblea, por su amable conducto, una modificación al artículo 13 fracción VII inciso h del dictamen relativo a la Minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue y diría así:
Artículo 13 VII inciso h. Salvo las cuotas que cubran el costo correspondiente a la revisión técnica de los proyectos y, en su caso, a la inspección y recepción de las obras, no habrá más aportaciones a cargo del solicitante ni siquiera a título de cuotas sindicales u otras similares, cuando éste convenga con la Comisión Federal de Electricidad, que la construcción de la línea sea a cargo del mismo, de acuerdo con las especificaciones y normas respectivas a cuando dicha entidad se beneficie substancialmente por las obras a cargo del solicitante.
Podrá convenirse, cuando proceda el reembolso la compensación con energía eléctrica.
Atentamente.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1992."
Firman la presente propuesta el diputado Hugo Palacios Lagunas y su servidor, Adrián del Arenal Pérez.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:- Se reserva la propuesta presentada para su votación al final de la discusión.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías (desde su curul): - Señor Presidente: En virtud de los asuntos que se han planteado, lo que se ha comentado y en vista de la hora que es, le pido que se acepte la declinación de mi turno. (Aplausos.)
El Presidente: -Muchas gracias, señor diputado.
Tiene en consecuencia, el uso de la palabra, el señor diputado Fidel Herrera Beltrán.
El diputado Fidel Herrera Beltrán (desde su curul): -Señor Presidente: Quiero rogar a usted pueda ordenar sea inscrito en el Diario de los Debates el documento que he preparado en apoyo del dictamen y disculpar mi intervención en tribuna. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se inserte el documento del diputado Fidel Herrera, en el Diario de los Debates tal como lo ha solicitado.
«SENTIDO SOCIAL DE LA INICIATIVA
El proyecto que analizamos precisa la participación de los particulares en la generación de energía eléctrica para usos privados y puntualiza - apegado a la letra y al espíritu del artículo 27 constitucional, párrafo sexto, que establece la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica y del artículo 28, que confiere carácter estratégico a este servicio la aplicación irrestricta del ordenamiento constitucional en la facultad del Estado para prestar el servicio público de energía eléctrica.
El proyecto tiene un claro sentido social: para que un número mayor de compatriotas pueda tener acceso al servicio público, se propone fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación solidaria, que tengan por objeto el autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan del servicio de energía eléctrica.
Sobre el particular, las comisiones dictaminadoras de la colegisladora acordaron modificar el texto de los incisos b), c) y d) de la fracción
IV del artículo 36 de la iniciativa, a fin de uno dar a lugar a ninguna duda sobre la posible configuración de una que podría considerarse equivalente a la prestación del servicio público de energía eléctrica a cargo de los pequeños productores cuando su destino fuera el abastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan de la misma.
En ese sentido, se precisa que el supuesto mencionado se considerará como una modalidad del autoabastecimiento, y que los interesados deberán organizarse, mediante la Constitución de alguna de las figuras previstas en el derecho social o común a saber: cooperativas de consumo, copropiedades, asociaciones o sociedades civiles, o celebren convenios de cooperación solidaria para dicho propósito y que las plantas generadoras, en tales casos, podrán tener una capacidad que no exceda de 1 mw.
El Estado Mantiene el Control del Sistema Eléctrico Nacional.
Se ha dicho que el proyecto de reformas, dadas las características concretas de nuestro sistema eléctrico, pueden conducir a la desintegración de este, y a un deterioro de la calidad del servicio, impidiendo además, que se minimicen los costos del suministro.
Las anteriores afirmaciones encuentran puntual respuesta por las siguientes razones:
I. El proyecto mantiene inalterado el principio de que la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual seguirá teniendo la responsabilidad de realizar todas las actividades que comprende la prestación del servicio público de energía eléctrica. Se mantiene sin cambio los artículos 4o. y 7o. de la Ley.
II. Igualmente, se conserva intacta la disposición según la cual todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad.
III. Asimismo, queda bajo el control del Estado la distribución y el suministro de la energía eléctrica, que constituyen la columna vertebral del servicio público de energía eléctrica.
IV. En el proyecto se establece claramente que la planeación del Sistema Eléctrico Nacional será formulada por la Comisión Federal de Electricidad, y con base en dicha planeación la Secretaría de Energía, minas e Industria Paraestatal determinará las necesidades de crecimiento o de substitución de la capacidad de generación del sistema.
V. El propio proyecto establece los parámetros para el aprovechamiento de la energía eléctrica producida, bajo alguno de los nuevos esquemas propuestos, tanto a la larga como a la corta, para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Entre tales parámetros se encuentran: el menor costo para la Comisión Federal de Electricidad y óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público.
VI. La entrega de energía eléctrica a la red del servicio público, se sujetará a las reglas de despecho y operación del Sistema Eléctrico Nacional que establezca la Comisión Federal de Electricidad.
VII. Finalmente, el proyecto propone que el uso temporal de la red del Sistema Eléctrico Nacional por los permisionarios, solamente podrá efectuarse previo convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, cuando ello no ponga en riesgo la prestación del servicio público ni se afecte derechos de terceros. En dichos convenios deberá estipularse la contraprestación en favor del organismo y a cargo de los permisionarios.
La iniciativa considera la regulación de los esquemas de autoabastecimiento (1975), y de cogeneración (1983) con mayor claridad y precisión que la legislación vigente. Recoge experiencias y propuestas para liberar la energía social de los mexicanos que reclaman acceso a la utilización de la electricidad al delimitar el concepto de autoabastecimiento como la energía eléctrica generada exclusivamente para la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales. Por lo que hace la cogeneración, posibilita la eficiencia energética para lograr menor deterioro del medio ambiente y su protección a la vez que se aprovechen racionalmente los energéticos primarios en secundarios en los procesos de transformación.
Por lo que toca a las nuevas modalidades jurídicas: la de productores independientes de energía eléctrica y la de pequeños productores.
En el primer caso se legisla para que se abra la posibilidad de que los particulares concurran a la generación de electricidad para destinar a la venta la totalidad de su producción, a través de la Comisión Federal de Electricidad, entidad que continuará prestando en exclusiva el servicio público.
Las unidades de generación eléctrica, que se construyan conforme al esquema de productor independiente, formaran parte del programa de obras de inversiones del sector eléctrico, cuya responsabilidades y seguirá siendo exclusiva del gobierno.
Con el apoyo financiero del Banco Mundial y del Banco Internacional de Desarrollo se realizan importantes proyectos para sostener los programas de desarrollo eléctrico. Destacan por su magnitud las centrales de Aguamilpa y se Zimapan, así como los proyectos de transmisión y rehabilitación de centrales termoeléctricas.
Durante los últimos tres años que han ensayado y puesto en ejecución nuevos mecanismos financieros, como el de arrendamiento, que ha permitido canalizar recursos adicionales al sector eléctrico. Centrales termoeléctricas, como las de Petacalco, Tuxpan y de Topolobango se construyen en apoyo en esta modalidad.
La iniciativa, al facilitar la participación de pequeños productores de energía eléctrica, favorece el aprovechamiento de fuentes renovables, como la biomasa, solar eolica y la microhidroeléctrica.
En relación con los pequeños productores, la iniciativa considera dos posibilidades. Una de ellas consiste en la venta de su producción a la Comisión Federal de Electricidad, en forma similar al caso de los productores independientes. La otra, constituye una modalidad de autoabastecimiento, que permitirá alentar inversiones con alto contenido social, a través de instrumentos jurídicos adecuados para abastecer energía las pequeñas comunidades rurales o zonas aisladas que carecen de este servicio y cuya prestación, a través del sistema Eléctrico Nacional, resulta prácticamente incosteable.
El proyecto establece, además, la posibilidad de autorizar la exportación de energía eléctrica, ya sea derivada de cogeneración, producción independiente o pequeña producción, mediante un permiso previo, con el objeto de que parte de la energía que no puede ser aprovechada por el sistema eléctrico nacional rinda beneficios, a través del ingreso de divisas.
La iniciativa facilita, también, la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, siempre que se destine para usos propios, y reserva la exclusividad a la Comisión Federal de Electricidad para importar la energía eléctrica que tenga como propósito la prestación de este servicio público en el ámbito nacional.
Como parte de los propósitos que animan esta iniciativa, se han subsanado omisiones y lagunas, que se habían observado en la legislación vigente y se simplifican los trámites administrativos.
Para este propósito, las figuras redefinidas y las nuevas que considera la iniciativa, quedarán sujetas para su ejercicio a un régimen de permisos que otorgaría la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, tomando en cuenta los criterios y lineamientos de la política energética nacional, y escuchando la opinión de la Comisión Federal de Electricidad.
Además, para la mejor atención y el despacho eficiente de estos asuntos, el ejecutivo federal propone la constitución de una comisión reguladora, integrada por especialistas, lo que permitirá resolver los asuntos que origen la aplicación de esta Ley y su reglamento.
El proyecto considera la celebración de convenios para que la Comisión Federal de Electricidad adquiera la energía eléctrica producida por los particulares, bajo el principio de que, tanto en el corto, como en el largo plazos, se aproveche la producción de menor costo, exigiéndose estabilidad y seguridad para brindar un mejor servicio al público.
LAS FIGURAS QUE ESTABLECE EL PROYECTO NO CONSTITUYEN SERVICIO PUBLICO
Las actividades que el proyecto califica que no son servicio público no son, en su mayoría, figuras nuevas en las disposiciones legales aplicables, por cuanto el autoabastecimiento y la cogeneración, que existen desde hace varios años, no son servicio público y la exportación nunca podrá serlo, toda vez que no implica la satisfacción de necesidades colectivas dentro del territorio nacional. Ciertamente, el artículo 27 establece una actividad reservada en forma exclusiva a la Nación: la prestación del servicio público. Las actividades que realicen los autoabastecedores, cogeneradores, productores independientes, pequeños productores, importadores o exportadores de energía eléctrica no puede calificarse como servicio público en todos los casos, a excepción de los productores independientes, habrán de satisfacer necesidades propias de personas físicas o morales y utilizarán para ello sus recursos a fin de establecer la infraestructura que requieran. Los productores independientes, en cambio, invertirán recursos en la construcción de centrales eléctricas incluidas en la planificación de la Comisión Federal de Electricidad
y destinarán la totalidad de la energía no al servicio público sino a la venta a la Comisión Federal de Electricidad para que ésta pueda continuar con la función que constitucionalmente le ha sido asignada en la prestación del servicio público. En consecuencia, no está fabricando un concepto que contraríe la disposición constitucional; tan sólo se asegura la expansión del sector eléctrico, reduciéndose la carga financiera que implica el crecimiento de la demanda, estableciéndose mecanismos idóneos para que otros agentes de la sociedad puedan colaborar en el desarrollo del país en áreas no reservadas al Estado.
El establecimiento y la operación de las figuras que considera el proyecto habrá de permitir al sector eléctrico mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio público, creándose además las condiciones propicias para que la Comisión Federal de Electricidad, como entidad responsable, pueda lograr un desarrollo productivo y financiero sano, acorde con los propósitos de modernización del Gobierno.
ANALISIS DE LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 EN SU PARTE RELATIVA
El párrafo sexto del artículo 27 Constitucional establece:
"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
Conforme a la iniciativa que presentó el licenciado Adolfo López Mateos, para la adición del párrafo transcrito, la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica comprende "la generación, la transformación y la distribución" de energía eléctrica y se sustenta en razones de beneficio social y no de interés particular.
Como servicio público dicha actividad ha sido encomendada a la Comisión Federal de Electricidad y participa de los elementos que caracterizan al servicio público como concepto del derecho administrativo, ya que:
a) En el caso, por disposición constitucional, la actividad es realizada directamente por la administración pública a través de la Comisión Federal de Electricidad, excluyéndose la posibilidad de que pueda delegarse en particulares esa actividad a través de concesiones.
b) Satisface necesidades colectivas y
c) Dicha satisfacción está protegida por el poder público, mediante un régimen especial que impone a las prestaciones regularidad, continuidad y uniformidad. Los intereses privados se subordinan al interés general; la organización del servicio es sin cesar modificable según las necesidades del interés general y, por tanto, la actividad es legal y reglamentaría.
El artículo 25 constitucional dispone:
"...El sector Público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismo que en su caso se establezcan..."
El texto transcrito ratifica la idea de que el abastecimiento de energía para satisfacer necesidades colectivas es servicio público y, como tal, es prestado directamente por Estado através de la Comisión Federal de Electricidad, en la cual no puede existir ingerencia de particulares.
El párrafo cuarto del artículo 28 Constitucional señala:
"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: Acuñación de moneda; correos, telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un sólo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos, y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen la leyes que expida el congreso de la Unión..."
De acuerdo al constitucionalismo social, el precepto establece las excepciones al concepto de monopolio como prohibición. Efectivamente, la primacía de los derechos superiores de la sociedad lleva a la prohibición de los monopolios sustentados en el derecho individual de propiedad y que tienden a la acumulación pura y simple; pero resulta improcedente cuando estamos ante un monopolio del poder público, sustentando en razones de interés general que pretende evitar las situaciones que sean socialmente dañinas. Se reitera, por otra parte, que las actividades que se consideran como servicios públicos a cargo del Estado, (cometidos
esenciales del poder público) no son susceptibles de concesionarse a particulares.
Interpretación del artículo 27, párrafo sexto, sobre la materia reservada al Estado
El párrafo sexto del artículo 27 Constitucional reserva al Estado en forma exclusiva la presentación del servicio público de energía eléctrica que, en su caso, comprende las actividades de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de dicha energía. En otras palabras, si dichas actividades no tienen por objeto la prestación del servicio público no están reservadas a la Nación.
Bajo esta interpretación, se permite el autoabastecimiento desde 1975 y la cogeneración desde 1983.
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, S. A. Y ASOCIADAS
La nacionalización de la industria eléctrica en 1960 originó la adición constitucional cuyo artículo 27, párrafo sexto, reservó a la Nación la prestación del servicio público de energía eléctrica, disponiendo que en dicha materia "no se otorgarán concesiones a los particulares". En congruencia con dicha disposición, el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 22 de diciembre de 1975 estableció:
"Artículo cuarto. A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, quedarán sin efecto todas las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas".
La CLFC y Asociadas, que desde el 16 de diciembre de 1974 habían sido autorizadas a realizar los actos necesarios para su disolución y liquidación, continuaron prestando el servicio público en sus zonas de influencia.
Mediante convenio de 15 de diciembre de 1981, el SME y el SUTERM, para lograr una mejor aplicación de los recursos destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica, acordaron establecer las bases para precisar los servicios de energía eléctrica correspondientes a las "compañías", determinar los lugares y centros de consumo y delimitar las zonas en que desempeñarían labores los trabajadores de las "compañías".
Con fecha 15 de mayo de 1985 se firmó entre ambas organizaciones un convenio para delimitar la materia y los lugares de trabajo de sus respectivos agremiados en las denominadas zonas de concurrencia, lo que dio lugar a la resolución de la Secretaría, de Energía Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo del mismo año, precisando los servicios de energía eléctrica que corresponde a prestar a CLFC y Asociadas.
En el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1989 se publicó el decreto que reformo la Ley, en su artículo Cuarto Transitorio, para quedar como sigue:
"Artículo cuarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza Centro, S.A. y sus Asociadas Compañías de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas Compañías. El Decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura. organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines".
El nuevo organismo por crearse, tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas Compañías.
Artículo 3o.
De igual manera como en la Ley vigente se define que el autoabastecimiento e implícitamente la cogeneración no se consideran servicio público, se establecen las figuras de la producción independiente, de la pequeña producción y de la importación destinada al abastecimiento para usos propios y la exportación de energía eléctrica.
Ninguno de los supuestos previstos constituye servicio público puesto que, en todos los casos, se satisfacen necesidades particulares, y no colectivas además de que el Estado, a través del régimen de permisos, impone a los particulares obligaciones sociales para que no se lesionen los derechos de la sociedad.
El servicio público como actividad encomendada a la Comisión Federal de Electricidad sí participa de los elementos que lo caracterizan como concepto del derecho administrativo, ya que:
a) En el caso, por disposición constitucional, la actividad es realizada directamente por la administración pública a través de la Comisión Federal de Electricidad, excluyéndose la posibilidad de que la prestación de dicho servicio pueda delegarse en particulares a través de concesiones.
b) Satisface necesidades colectivas, y
c) Dicha satisfacción está protegida por el poder público mediante un régimen especial que impone a las prestaciones regularidad, continuidad y uniformidad. Los intereses privados se subordinan al interés general.
Artículo 10.
Al establecer la composición del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, y dar participación a los representantes de los trabajadores, lo lógico es hablar de representantes del sindicato titular del respectivo contrato colectivo. Se suprimió la referencia a las áreas de planeación, operación y construcción, porque la estructura orgánica de Comisión Federal de Electricidad es actualmente diversa de la que existía en 1975.
Artículo 13.
La adición que se propone en este artículo, bajo el rubro de las aportaciones que los solicitantes del servicio deben efectuar, en forma independiente de los conceptos consignados en las tarifas, únicamente pretende regular aquellos casos en los cuales, a conveniencia de la Comisión Federal de Electricidad, dicha entidad pueda convenir con los particulares que éstos realicen algunas pequeñas obras de infraestructura, ajustándose a las especificaciones y normas respectivas; o bien, cuando derivado de dicho convenio, y como consecuencia de las obras a cargo del solicitante, la entidad se beneficie. En estos casos, y solamente cuando proceda un pago a cargo de Comisión Federal de Electricidad, podrá utilizarse el camino del reembolso a través de la compensación de energía eléctrica. De ninguna manera este mecanismo va en detrimento de las instalaciones de distribución, toda vez que claramente se especifica que en esos supuestos las obras se realizarán conforme a las especificaciones y normas aplicables.
Artículo 31.
En la propuesta de reforma a este precepto se suprimió como criterio para la fijación de las tarifas eléctricas el relativo a una equitativa distribución social de los costos generales de producción. Lo anterior, en razón de que la importancia que tiene a nivel nacional las actividades a cargo de la Comisión Federal de Electricidad no permiten actualmente involucrar conceptos que derivan en un obstáculo para lograr el saneamiento financiero del sector, a fin de que pueda prestar en forma adecuada y oportuna el servicio público a su cargo. Esto no significa que el Gobierno Federal, a través de otros mecanismos o por otros conductos, satisfaga los requerimientos de caracter social; o sea que el interés social de ninguna manera se abandona como, señala el Partido de la Revolución Democrática, en aras de criterios privatizadores y de rentabilidad de mercado.
Artículo 36.
Efectivamente para el otorgamiento de los permisos de autoabastecimiento, desaparece como condición indispensable la imposibilidad o la inconveniencia por parte de la Comisión Federal de Electricidad para prestar el servicio público, lo que significa que se redefine en la propuesta la figura aceptada en la Ley vigente, de modo que las personas físicas o morales que lo requieran puedan autoabastecerse de energía eléctrica para satisfacer necesidades propias. La modalidad de la copropiedad o de la constitución de sociedades no corresponde al servicio público de energía eléctrica puesto que seguimos hablando de satisfacción de necesidades propias y nunca de necesidades colectivas. Tampoco significa un abandono del principio de racionalidad energética, puesto que el otorgamiento de tales permisos implicará que se ajusten a los lineamientos y criterios de la política energética nacional. Por otra parte, debe aclararse que tanto la copropiedad como la posibilidad de constituir sociedades permisionarias están previstas en las disposiciones legales vigentes, como puede verse del contenido del artículo 8o. del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Autoabastecimiento, publicado el 31 de mayo de 1991.
En lo relativo a la cogeneración, se ha reiterado en varias ocasiones el interés del Gobierno Federal para fomentarla haciendo posible el incremento de la eficiencia energética con un menor deterioro del ambiente. En la legislación vigente no se exigen para esta figura las condiciones de imposibilidad o inconveniencia en
el suministro por parte de Comisión Federal de Electricidad y tampoco en el proyecto.
En el campo de la generación de electricidad no destinada para el servicio público, se crea la figura del productor independiente, quien aportará sus inversiones par construir infraestructura eléctrica necesaria para el país, con la característica de que la totalidad de su producción se entregue a la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta preste el servicio público que le corresponde. Los proyectos que sean objeto de producción independiente, deberán estar incluidos en la planeación y programas de la Comisión Federal de Electricidad o ser equivalentes, o bien, si la política energética nacional lo permite, la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal podrá autorizar la construcción de proyectos no incluidos en dicha planeación, cuando existan compromisos para exportación de la energía. En todos estos casos, quienes construyan instalaciones eléctricas deberán cumplir con las normas ambientales mexicanas.
La pequeña producción, como ya se expresó en varias ocasiones, permitirá fomentar la realización de proyectos con fuentes renovables, como es el caso de la energía solar, la eólica, la biomasa o la microhidroelectricidad y podrá venderse la totalidad de la energía a la Comisión Federal de Electricidad de manera similar a la de la producción independiente. Por otra parte, existe también la opción de que en comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan del servicio de energía eléctrica, como es el caso de pequeñas rancherías alejadas de los centros de comunicación y de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, sea posible obtener permisos, como una modalidad del autoabastecimiento para que, a través de diversos mecanismos jurídicos puedan los usuarios autoabastecerse y satisfacer sus necesidades de energía. Indiscutiblemente que esta opción pretende que todos los mexicanos cuenten con este servicio.
Artículo 36 - bis
En este precepto se formulan principios de carácter general, aplicables tanto al corto como al largo plazo, de modo que la producción de energía eléctrica que aproveche la Comisión Federal de Electricidad sea de menor costo, debiendo ofrecer, además, óptima estabilidad y seguridad del servicio público.
La combinación de las variadas figuras que establece el artículo 36, puede dar lugar, por una parte, a la compra de la totalidad de la producción de energía, como es el caso de los productores independientes o el de una de las opciones de la pequeña producción. A este respecto, el contenido de este artículo permitirá, con la intervención de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal, realizar las operaciones más convenientes para el país y, en su caso, celebrar los convenios de largo plazo respectivos que siempre habrán de considerar la firmeza de las entregas.
En el corto plazo, deben considerarse las compras de energía que diariamente pueda efectuar la entidad, según las condiciones del sistema, en las mejores condiciones posibles, incluyendo la energía de autoabastecedores, cogeneradores, productores independientes y pequeños productores. Se estima, en conclusión, que es una disposición que beneficia al país y que permitirá que la Comisión Federal de Electricidad adquiera energía eléctrica en condiciones adecuadas para prestar oportunamente el servicio público. En el Reglamento habrán de precisarse con detalle todas las posibilidades que se derivan de estos preceptos, así como los términos y condiciones de los contratos que habrán de suscribirse.
Artículo 37.
El artículo 37 reproduce por una parte, lo que ya establece el correlativo de la Ley vigente y lo adiciona con obligaciones a cargo de los futuros permisionarios para cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, con las reglas de despacho y operación del sistema eléctrico nacional que establezca la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 38.
Se prevé la duración de los permisos a que alude el artículo 36, la cual en todos los casos es indefinida a excepción de la producción independiente que se limita a un plazo de 30 años, con posibilidad de renovación. La duración indefinida se justifica porque las erogaciones correspondientes para crear las respectivas infraestructuras son, en su totalidad, a cargo de los particulares y en esta virtud, salvo que violaran los permisos otorgados o las disposiciones legales aplicables, lo que originaría su revocación, no existen razones para limitarlos en tiempo. El caso de los productores independientes es diferente porque se prevé que un máximo de duración, ligada a la estabilidad de los proyectos, sería el que se anota en la Propuesta.
Artículo 39.
De ninguna manera se deroga la facultad de la autoridad para inspeccionar y ejercer vigilancia en toda obra o instalación destinada al autoabastecimiento de energía, puesto que tales atribuciones subsisten y serán objeto de menciones expresas al otorgar los permisos.
Artículo 45.
El precepto que se propone es similar al de la Ley vigente e idéntico al recientemente aprobado con motivo de la expedición de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Hablar de controversias nacionales y hacer aplicables para su solución a las leyes federales conducentes y competentes a los tribunales de la Federación, da mayor flexibilidad a las transacciones comerciales de caracter internacional, sin que ello signifique la sujeción a la competencia de tribunales de otros países. Por el contrario, admite la posibilidad de utilizar mecanismos, como el arbitraje internacional, que implican la expresión de la voluntad de las partes involucradas.
Por todo lo anterior, pido a esta soberanía considerar suficientemente discutido el dictamen y proceder a votar favorablemente esta iniciativa. ¡Viva México! ¡Viva el Presidente Salinas! ¡Vivan los trabajadores de México!
El Presidente. -Hay una propuesta que hay que someter a consideración de la Asamblea por el diputado Adrián del Arenal; consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba o se desecha la proposición presentada, previa lectura de dicha propuesta.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, modificación al artículo 13, inciso h:
Salvo las cuotas que cubran el costo correspondiente a la revisión técnica de los proyectos y, en su caso, a la inspección y recepción de las obras, no habrá más aportaciones a cargo del solicitante, ni siquiera a título de cuotas sindicales u otras similares, cuando éste convenga con la Comisión Federal de Electricidad, que la construcción de la línea sea a cargo del mismo, de acuerdo con las especificaciones y normas respectivas o cuando dicha entidad se beneficie sustancialmente por las obras a cargo del solicitante.
Podrá convenirse, cuando proceda el reembolso, la compensación con energía eléctrica.
Firma Adrián del Arenal y Hugo Palacios.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: -En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: -En los términos del artículo 36, inciso ñ, de la Ley Orgánica, se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Se ha considerado suficientemente discutido este asunto y conforme a Reglamento toca tomar votación.
El artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala entre las obligaciones de los secretarios y de los prosecretarios cuando suplan a aquéllos, el marcado con el inciso ñ, que dice "Expedir previa autorización del Presidente, las certificaciones que soliciten los diputados".
Vengo entonces a esta tribuna a solicitar al señor Presidente, autorice e instruya a la Secretaría, para que se expida a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, copia certificada de la relación de los diputados que voten en pro de este asunto.
Quiero aclarar, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 147, las
reglas con las que debe realizarse la votación nominal: Un secretario apuntará los que aprueben y otros los que reprueben. Concluido este acto uno de los mismos secretarios preguntará dos veces en alta voz, si falta algún miembro de la Cámara por votar y no faltando ninguno, votarán los secretarios y el Presidente y los secretarios o prosecretarios, harán en seguida la computación de los votos y leerán desde la tribuna, uno, los nombres de los que hubiesen aprobado y otro de los que reprobaren. Después dirán el número total de cada lista y publicarán la votación.
No es nuestro interés el de que necesariamente se cumpla también la lectura nombre por nombre de los que votaron en un sentido y en otro aquí en la tribuna. Esto se llevaría un buen tiempo y ya es bastante avanzada la hora. Es cierto aquello que afirmamos, no somos jacobinos los del Partido Popular Socialista, pero aquí todos somos trasnochados. No es ese nuestro interés entonces. No queremos hacer tiempo ni molestar a nadie. Sí queremos tener la relación nominal, la relación con los nombres de los que voten a favor de este asunto.
En esa virtud como habitualmente no se lleva, no se cumple con el requisito de asociar el nombre de cada diputado con el sentido de su voto aquí, en esta ocasión será necesario que el señor Presidente, yo le rogaría que así lo hiciera, instruyera para que se establezca un mecanismo que sí permita asociar el nombre de cada quien con el sentido de su voto, con objeto de que pueda cumplirse lo señalado en el artículo 36 inciso ñ, de acuerdo con la petición que estamos haciendo, el mecanismo que considere adecuado el señor Presidente. Pudiera ser el de ir anotando en la lista donde aparecen los nombres de todos nosotros, pudiera ser el de ir anotando los nombres y el voto, o pudiera ser uno más rápido, el de ir pasando el micrófono para que quede constancia magnetofónica en la versión que se toma de todo lo que ocurre en esta Cámara.
La forma que el Presidente considere adecuado pero cumplir con lo señalado en nuestra Ley orgánica y nuestro Reglamento.
Esa es la petición que hacemos señor Presidente, le rogaría si no tiene usted inconveniente entonces, instruya a la Secretaría y a la Oficialía Mayor, para que cumplamos con nuestras normas.
El Presidente: - Con fundamento en el artículo 36 inciso ñ, esta presidencia instruye a la Secretaría para que recoja la votación nominal con el micrófono, distribúyase a los señores diputados, para que cada diputado exprese su voto en voz alta después de decir su nombre y quede debidamente grabado en versión magnetofónica.
El diputado Cuahutémoc Amezcua Dromundo: -Por último señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, deseo dejar constancia una ves más, de que es clara y completa la convicción de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, después de agotado este debate, de que si se aprueba esta Ley, se estará violando la Constitución.
(Desorden.)
Nos parece... Yo le rogaría al señor diputado que modere su lenguaje. No es ése el lenguaje que distingue a los diputados, no es el que debe distinguirlos.
El Presidente: -Señores diputados, el único facultado para llamar la atención al orador, es el Presidente, de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento. Les suplico guarden la compostura debida; respeten este Recinto y se respeten ustedes mismos.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Le agradezco, señor Presidente.
Decía que es nuestra convicción que este asunto, de ser aprobado, violará la Constitución. Aquí protestamos todos cumplirla y hacerla cumplir. La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se rehusa a votar sobre la vigencia o no de la Constitución. Quiero dejar constancia para el Diario de los Debates. No votaremos. No es una abstención. No votaremos. El voto en la práctica puede ser en pro, puede ser en contra, puede ser de abstención. No es ninguno de esos sentidos que actuamos. No aprobamos, ni siquiera votamos en contra porque no se puede votar en pro o en contra si la constitución ha de cumplirse o no, pero o es una abstención. Es un rechazo y una condena a que se someta a votación una clara y evidente violación a la Constitución.
Estaremos ahí ocupando nuestros lugares en tanto corre trámite este asunto. Muchas gracias.
El Presidente: -Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de acuerdo con las instrucciones previamente dadas.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Se va a proceder a recoger la votación nominal
en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Mauricio Clark por la afirmativa; Héctor Morquecho por la negativa.
(Votación.)
Se emitieron 251 votos en pro, 44 y 11 votos en contra.
El Presidente: -Antes de declarar aprobado, se solicita a la Secretaría expedir en su oportunidad la certificación correspondiente.
Aprobado en lo general y en lo particular por 251 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: -Proceda la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Héctor Morquecho Rivera: - Se va a dar lectura a un comunicado.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 10 de diciembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ronay Riley Rodas y Celestino Cervantes Villanueva, para que puedan prestar servicios como inspectores de campo, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 11 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León, serán como inspectores de campo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Ronay Riley Rodas, para que preste sus servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Celestino Cervantes Villanueva, para que preste sus servicios como inspector de campo, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Montemorelos, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de diciembre de 1992.- Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretario Salvador Valencia Carmona, secretario Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Estela Cázares Esquivel, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge
Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zuñiga Galeana.»
Es de segunda lectura.
Está discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LETRAS DE ORO
El Presidente: -En el transcurso de la sesión, la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
«Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Honorable Asamblea: En ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados: Nabor Ojeda Delgado, Martín Tavira Uriostegui, Odilón Cantú Domínguez, Othón Salazar Ramírez, Hugo Arce Norato, José Raúl Hernández Avila, Demetrio Santiago Torres, Guillermo Sánchez Nava, Fernando Navarrete Magdaleno, Félix Bautista Matías, Francisco Salinas Aguilar, Josafat Arquímedes García Castro, Porfirio Camarena Castro, Efraín Zúñiga Galeana, Jesús Ramírez Guerrero, Luis Salgado Beltrán, Luis T. Jaime Castro, Juan José Castro Justo, Miguel Osorio Marbán, Florencio Salazar Adame, Juan José Merino Castrejón, Angel H. Aguirre Rivero, Alberto Nava Salgado, Tomás Osorio Avilés, Trinidad Reyes Alcaraz y Luis Carlos Rentería Torres, presentaron ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro, en el Muro del Salón de Sesiones de esta honorable Cámara de Diputados, el nombre de "Ignacio Manuel Altamirano".
Esta iniciativa fue leída en la sesión plenaria del día 3 de los corrientes por el diputado Martín Tavira Urióstegui y apoyada en tribuna por los diputados Hugo Arce Norato y Jesús Humberto Zazueta Aguilar; posteriormente fue turnada a esta Comisión que analiza su procedencia, para su estudio, discusión y dictamen, en base a lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso.
Estudiada la propuesta en los términos que establecen los ordenamientos legales que rigen el funcionamiento de esta Cámara de Diputados, sometemos a la aprobación del pleno el presente dictamen, con proyecto de decreto, expresando al efecto las siguientes consideraciones:
Ignacio Manuel Altamirano nació en Tixtla, Estado de México, hoy Estado de Guerrero, el 13 de noviembre de 1834 y murió, en San Remo, Italia el 13 de febrero de 1893. Entre estas dos fechas se desenvuelve la vida de un hombre que habría de dar lustre, con acciones y pensamiento, a su Estado natal y a la patria entera. Nació en el seno de una humilde familia indígena y por obra de su tenacidad y talento, como Juárez, a quien en esto también se le asemeja, superó las limitaciones de su medio y el obstáculo de los convencionalismos de su tiempo, hasta llegar a convertirse en una de las figuras señeras de nuestro Siglo XIX.
Tal y como nos lo recuerda la iniciativa, "Gracias a normas dictadas tempranamente en el Estado de México, Altamirano pudo ser favorecido como 'Alumno de Municipalidad', becado por las autoridades de Tixtla, en el Instituto Literario de Toluca". En esta institución, bajo el influjo de Ignacio Ramírez, se abrió su conciencia liberal y ensayó los primeros logros de su vocación literaria.
Como a muchos otros hombres notables del pasado siglo, el de la Independencia y la Reforma, le fue necesario madurar rápidamente para las urgencias de la tribuna, el periodismo, la cátedra y el mismo campo de batalla. Así, apenas a los 20 años deja la escuela para sumarse a las fuerzas de Juan Alvarez que al sur del Estado de Guerrero combatían la dictadura Santanista. Al triunfar la Revolución de Ayutla reanudó sus estudios de jurisprudencia, para regresar en 1859, apenas titulado de abogado, a combatir nuevamente por los principios liberales. Una vez que triunfó la causa del partido del progreso, fue electo por vez primera diputado al Congreso de la Unión; y fue allí, entre 1861 y 1863, que se reveló como un notable orador parlamentario, cualidad que refrendaría en dos ocasiones más en que fue un legislador en el Congreso de la Unión.
Durante su ejercicio como diputado mostró su extraordinaria laboriosidad, inteligencia y conocimientos del país, pues fueron muchas las iniciativas e intervenciones tribunicias que marcaron su paso por la representación nacional. Estos empeños abarcaron numerosas cuestiones de utilidad para el desarrollo y la modernización de su patria. lo mismo en asuntos educativos que en materia de comunicaciones y colonización.
Sin embargo, entre todos sus empeños como legislador y tribuno. Al cabo del tiempo brillan, por su trascendencia y permanente actualidad, los relativos a la difusión y generalización de la educación y la cultura. En este sentido, a él debemos el principio de la instrucción primaria gratuita, obligatoria y laica en los establecimientos públicos, según consta en el memorable discurso que, para este efecto, pronunció el 5 de febrero de 1882. Allí sostuvo que "si el sufragio popular es la base del sistema representativo democrático, la instrucción pública es el único medio eficaz de hacerlo práctico sinceramente, de consolidarlo en el espíritu del pueblo y de encaminarlo hacia el bien y la prosperidad nacionales". Como complemento indispensable para la efectividad de la educación primaria, formuló la iniciativa para fundar la Escuela Normal Nacional, y luego la puso en marcha en 1887, con planes, programas y organización de los que él se ocupo directamente. Muy justo es por todo esto, que la medalla que se entrega hoy al magisterio que ha dedicado su vida a la enseñanza, lleve el nombre de tan ilustre educador.
Fue, pues, Altamirano un legislador distinguido, pero también un soldado de la República. Hemos dicho que combatió en las guerras de Reforma bajo el mando de Juan Alvarez. Pero es durante la intervención francesa que muestra también dotes singulares en el campo de la batalla. AL dispersarse en el Congreso Nacional en San Luis Potosí, en diciembre de 1863, pudo pasar no sin dificultades a Tixtla, su tierra natal, donde levanta fuerzas para combatir la intervención extranjera. En octubre de 1865 el Presidente Juárez lo asciende al grado de coronel y durante ese año y los siguientes, hasta el sitio de Querétaro y la ocupación de la Capital por las fuerzas republicanas, combate con valor y buen éxito en numerosas acciones de guerra, siempre con solicitud para sus tropas y con modesto espíritu republicano. Entre otras acciones de importancia, el mandó el sitio y la recuperación de Cuernavaca y el distrito de Tlalpan en las cercanías de la ciudad de México.
Con ser tan relevantes los méritos de Altamirano como educador, soldado y legislador, no se agotaron sus esfuerzos en estas actividades. Sirvió también como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la que llegó a ser digno Presidente. En tanto que en el Poder Ejecutivo fungió como Oficial Mayor del Ministerio de fomento desde donde impulsó la creación de observatorios astronómicos y meteorológicos, así como de la extensión de las vías telegráficas por el país.
La fama mayor del personaje a que este dictamen se refiere, sin embargo, ha recaído en sus excepcionales cualidades de escritor. Una vasta producción, que hace unos años comenzó a publicarse y comprenderá más de 20 volúmenes, da cuenta de su laboriosidad y capacidad creadora. Novela, cuento, ensayo histórico y biográfica, crónica y poesía, fueron géneros que cultivó con calidad excepcional. Gustó de recoger nuestras tradiciones y describir con genio amoroso los paisajes, la fauna, la flora y, en general, las circunstancias de la vida mexicana. En esta vertiente de sus capacidades es, sin duda, uno de nuestros polígrafos más eminentes y uno de los constructores de la cultura nacional.
Murió Ignacio Manuel Altamirano lejos de su patria, y dispuso que su cuerpo fuese cremado y sus cenizas traídas a México donde habría de reposar para siempre. No será ocioso agregar, a los efectos de este Dictamen, que en su disposición testamentaria no hizo referencia alguna a bienes materiales, puesto que al cabo de una larga e impecable vida pública ningunos tenía.
Por todas estas consideraciones, la Comisión que dictamina considera que es de plena justicia la procedencia de la iniciativa en estudio y, por tanto propone a la aprobación de esta Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Inscríbase en Letras de Oro en el lugar de honor del Recinto de la honorable Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias para determinar fecha y hora de la ceremonia alusiva y para que, en su caso, se use este recinto para realizarla.
Artículo segundo. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de diciembre de 1992.
Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias diputados: Presidente, Miguel González Avelar; secretarios: Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio César A. Jáuregui R., Raymundo Cárdenas Hernández, Juan Gualberto Campos Vegas y José Alarcón Hernández.»
El Presidente: -Proceda la Secretaría con los siguientes puntos de la orden del día.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Mauricio W, Clark y Ovadia: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
« Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
19 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Informe de la subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos, integrada para investigar la situación de los periodistas en Quintana Roo.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de Ley Federal de Cinematografía.
Dictámenes a Discusión
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba en Letras de Oro en el Recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
De la Comisión de Comercio, con Proyecto de Ley Federal de Correduría Pública.
Comentarios sobre la situación preelectoral en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Nava, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Intervención del diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre una situación sindical de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 1.30 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día de hoy, sábado 19 de diciembre a las 12.00 horas.