Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921220 - Número de Diario 25
(L55A2P1oN025F19921220.xml)Núm. Diario: 25ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F,. domingo 20 de diciembre de 1992 No. 25
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INICIATIVA
Presentada por el diputado Juan Caballero Peraza, de reformas al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de Ley federal de Cinematografía.
Para su discusión en lo general y en lo particular participan los diputados:
Silvia Pinal Hidalgo, para fundamentar el dictamen.
Martín Tavira Urióstegui, en contra.
Juan Hernández Mercado, en contra.
Yolanda Elizondo Maltos, en pro.
Manuel Rivera del Campo, para fundamentar la posición de su partido.
Julio Méndez Alemán, en pro.
Javier Centeno Ávila, en pro.
Miguel León Corrales, en contra.
Francisco Arroyo Vieyra, en pro.
Emilio Becerra González, para rectificar hechos.
Odilón Cantú Domínguez, en pro.
Ernesto Enciso Clark, en pro y propone reformas.
Paloma Villaseñor Vargas, en pro.
Eloí Vazquez López, para rectificar hechos.
Jorge Moscoso Pedrero, en contra.
Rogelio Villarreal Garza, en pro.
Oscar pimentel González, en pro.
Se someten a votación las propuestas.
Se aprueba el dictamen en lo particular y en lo general y pasa al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DENUNCIAS
Presentada por el diputado Marco Antonio García Toro. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas con opinión de la Justicia.
Sobre el mismo asunto toma la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcarás, para rectificar hechos.
Denuncia presentada por el diputado Jorge Torres Castillo.
Para referirse al mismo asunto toman la palabra los diputados:
Mariano López Mercado
Abundio Ramírez Vázquez, para rectificar hechos.
Jorge Zermeño Infante, para rectificar hechos.
Javier Guerrero García, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
ESTADO DE JALISCO
Para comentar el informe relativo a los sucesos del veintidós de abril de 1992, en la ciudad de Guadalajara, hacen uso de la palabra los diputados: Carlos González Duran, quien presenta un punto de acuerdo.
Pablo Madero Belden, para rectificar hechos.
Jaime Muñoz y Domínguez
Miguel León Corrales
José Correa Ceseña
Enrique Rico Arzate
Cuauhtémoc López Sánchez
Tarciso Rodríguez Martínez
Juan José Bañuelos Guardado
Miguel León Corrales
Juan José Bañuelos Guardado
Enrique Chavero Ocampo, para contestar alusiones personales.
Miguel León Corrales
Fernando Gómez Mont, para rectificar hechos.
Enrique Rico Arzate, para rectificar hechos.
Emilio Becerra González, propone un punto de acuerdo.
Alberto Carrillo Armenta, para rectificar hechos.
Pablo Madero Belden, para rectificar hechos.
Juan José Castillo Mota, presenta proposición.
El Presidente ordena que las proposiciones se turnen a la Comisión de Justicia, excepto la del diputado González Duran, que se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ RAMOS GONZÁLEZ
ASISTENCIA
El Presidente: -Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Señor Presidente, hay 325 diputados previamente registrados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 11.40 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Pérez Díaz: -Se dará lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
20 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa.
De reformas al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Juan Enrique Caballero Peraza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de Ley Federal de Cinematografía.
Intervención del diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre una situación sindical de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Comentarios del diputado Jorge Torres Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre acontecimientos ocurridos en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.
Intervención del diputado Carlos González Duran, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar el informe relativo a los sucesos del 22 de abril de 1992, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -En virtud de que se entregaron las copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al acta.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Elpidio Tovar de la Cruz
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las catorce horas del día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos veintisiete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con
proyecto de Ley Federal de Cinematografía, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato, el dictamen de la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley Federal de Correduría Pública.
En términos reglamentarios, hace uso de la palabra el diputado Carlos Morales Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión.
Para expresar sus opiniones respecto del mismo dictamen, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Manuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro y para referirse a una intervención del diputado Rodríguez Prats, en la sesión de ayer; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y retirar las expresiones que pudieran lastimar a cualquier otro diputado; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones a los artículos tercero, octavo, noveno, decimoprimero, decimocuarto y vigesimoprimero.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados Alfredo Castillo Colmenares, del Partido Acción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y, para continuar con el debate, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional; Víctor Cánovas Moreno y Alfonso Rivera Domínguez, ambos del Partido Revolucionario Institucional, así como Jorge Calderón, Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
En votación económica se desechan las proposiciones hechas durante el debate y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintitrés votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a un informe de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, en relación con las diversas iniciativas presentadas sobre el Tratado de Libre Comercio.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con veintiocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo domingo veinte de diciembre de mil novecientos noventa y dos, a las diez horas.»
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
INICIATIVA
ARTICULO 40 CONSTITUCIONAL
El Presidente: -En consecuencia tiene la palabra el diputado Juan Enrique Caballero Peraza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
«Iniciativa de adición al artículo 40, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos
1. Exposición de motivos
1.1. Latinoamérica y el nuevo orden mundial
El orden político internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial sustentado en la
posición hegemónica de dos potencias: Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se encuentran en proceso de transición del bipolarismo hacia el multipolarismo.
En el pasado reciente las potencias dominantes presidían un conjunto de instituciones políticoeconómicas-militares, a través de las cuales ejercieron su preponderancia. Hoy, tales organismos están en crisis o se han desintegrado estrepitosamente. El mundo busca un nuevo ordenamiento internacional que se ajuste a la realidad y corresponda a las actuales tendencias. Los hombres de buena voluntad desean y luchan porque el nuevo sistema internacional descanse en la justicia, la democracia, la prosperidad, el reconocimiento irrestricto de la dignidad humana y el respeto al medio ambiente; en suma, el Bien Común Universal. Sin embargo, hay fuerzas e intereses que actúan para lograr un nuevo orden mundial de carácter economicista, donde previamente los intereses comerciales de los más poderosos y desarrollados.
Las principales tendencias mundiales de nuestro tiempo son el humanismo, la interdependencia entre las naciones, la globalización económica y el regionalismo del comercio, correspondiente a una evolución multidimensional, propia de la fase planetaria en la que ingresó el género humano. En efecto, la humanidad se encamina hacia la integración en unidades cada vez más amplias: de las familias y clanes surgieron las tribus; de éstas nacieron las ciudades, luego los territorios feudales; más tarde emergen los estados modernos, las federaciones y, finalmente, se están integrando las regiones.
Es digno señalar que la unidad superior no debe nulificar las unidades inferiores. Por ende, la afirmación de los caracteres e identidades nacionales, paradójicamente se torna necesidad imperiosa, en una época en la que avanzan los procesos de aglutinamiento regional.
En todo caso se han ido desvaneciendo los sueños autárquicos nacionales y de aislacionismo. Actualmente ninguna nación confinada es capaz de sobrevivir ni lograr su autosuficiencia. Parafraseando a Luis Armand podemos afirmar: en adelante, una nación es del todo independiente y soberana si logra hacerse tan imprescindible de otras naciones como éstas lo sean para ella.
Creer que el sueño del mundo unificado llegará a ser realidad en poco tiempo, es forma poco realista de pensar. Deben superarse demasiadas diferencias, y tensiones antes de que el objetivo aparezca en el horizonte. Mientras tanto, la humanidad deberá pensar cómo crear un mundo organizado.
En la actualidad, nadie debe pretender avanzar con sus propias fuerzas, ya que el desarrollo se alcanza mediante la colaboración de todas las naciones o no se consigue de manera alguna. Para expresarlo con mayor agudeza: hay que elegir entre el mundo organizado o el caos y abuso de las más fuertes. Lo que se requiere es crear diversas maneras de agrupamiento entre los estados y llevar a cabo la reforma democrática e integral de los organismos multilaterales. Sólo así se pondrán encarar con criterios unificados las responsabilidades comunes, frente a los complejos y graves problemas que afligen a la humanidad, tal es el reclamo imperioso de la mayoría de las naciones.
A pesar de las dificultades, Europa avanza con paso firme en su proceso de integración, al igual que otras regiones donde se registran tendencias similares. En nuestro Continente la regionalización está ganando terreno, acicateada por las urgencias y estrategias económicas. Sin embargo, debemos reconocer que los procesos de asociación comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá, como los del Mercosur, el Pacto Andino y otros similares entre los países latinoamericanos, tienen un contenido de índole crematística. Por consecuencia, tales procesos están planteados como reacciones defensivas frente a lo que ocurre en otras partes del orbe, la mayoría de las veces desligados de toda consideración histórico-cultural e ignorantes del acervo de valores que poseen nuestras naciones.
En tales circunstancias América Latina no está desempeñando un papel específico en la configuración del nuevo orden mundial, dado que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están sucumbiendo a las concepciones economicistas, sobre las que se pretende edificar el sistema internacional multipolar del futuro. Por ello nuestros pueblos son ahora más objetos de la ingeniería productiva internacional, que sujetos activos en la historia y la política mundial.
En la reunión de intelectuales latinoamericanos, celebrada en Caracas, Venezuela, en julio de 1991, fue lanzado un manifiesto con las advertencias siguientes:
"Los grandes fenómenos contemporáneos de transformación universal, han dejado a América Latina y al Caribe en la periferia....América Latina no tiene alternativa. En nombre de su dignidad y su sobrevivencia debe plantearse a sí
misma con energía, la necesidad de participar activamente en la creación de las reglas del nuevo orden. A través de una acción decidida debe demostrar su vocación de participar en la consolidación, de un orden que afirme que la búsqueda de la justicia social y la prosperidad de los países en desarrollo es un requisito para la paz en el mundo."
"Nuestra América quiere ser un continente con fuerza propia, con una participación real en el destino de la humanidad. Es decir: ser los protagonistas de nuestra historia y no sus agentes pasivos."
"El mundo tiene una concepción del desarrollo social y económico. Pero un proyecto de desarrollo futuro entraña la cultura como parte fundamental, porque lo que hemos visto a través de la historia de la humanidad hasta ahora, es que la sociedad industrial ha creado primordialmente valores materiales de prestigio efímero."
"La cultura es nuestra vocación dominante. Por eso queremos una comunidad de naciones y no solamente económica, porque no sólo aspiramos a un paraíso material sino, también, a una patria grande de bienes espirituales."
1.2. La nación latinoamericana
Los dirigentes de la revolución emancipadora de los pueblos latinoamericanos en las primeras décadas del Siglo XIX, actuaron como hijos de un mismo país al que llamaban "América". Es paradójico, pero innegable, que cuando nuestros antepasados renegaron de España y se rebelaron del régimen colonial, afirmaron su identidad nacional en sentido amplio, con una percepción continental; es decir el primer factor de integración latinoamericana en el orden político, fue la desintegración de la corona. La separación de la metrópoli nos unió: La independencia ante España fue un encuentro de quienes compartían valores, lengua y cultura, condición previa en la que se darían las bases de una comunidad multinacional futura.
Miguel Hidalgo en el manifiesto de Guadalajara del 6 de diciembre de 1810, consideraba como decisivo, "el momento en que la valerosa nación Americana inicia su rebeldía". En el Congreso de Apatzingán, el 22 de Octubre de 1814, se dictó el decreto en el que "se reputa ciudadano de esta América a todos los nacidos en ella". En Perú, Vizcardo y Guzmán; en Caracas, Francisco de Miranda, en las postrimerías del Siglo XVIII, habían sido precursores de ese pensamiento.
Tales actitudes indicaban que la revolución independentista era una sola, aunque actuaba en movimientos paralelos y solidarios. El prócer de la independencia chilena, Juan Egaña, abogada entonces por un Congreso General de los gobiernos de América. Posteriormente, el llamado formal a la unidad de los pueblos de América se inició con la carta de Jamaica(1815) de Simón Bolivar, que motivó la respuesta positiva de grandes hombres de su época como el mexicano Lucas Alamán, que en 1823 sostenía que los países latinoamericanos compartían "uniformidad de intereses, por lo que todos estaban dispuestos a auxiliarse mutuamente para la consecución del objeto a que todos uniformemente se encaminan". En Argentina, Bernardo Monteagudo(1822) exhortaba a "formar un foco de luz que ilumine a la América: crear un poder que una las fuerzas de millones de individuos; estrechar las relaciones de los americanos uniéndose por el gran lazo de un Congreso Común".
Los proyectos y aspiraciones de Bolivar se concretaron el 15 de julio, de 1826, en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua firmado en Panamá por México, la Gran Colombia, (Ecuador, Venezuela, Panamá) los países de América Central y Perú. El tratado creaba una sociedad de repúblicas hermanas en el continente americano. Sin embargo, el Tratado de Panamá no pasó de ser un hermoso proyecto de letra muerta. Posteriormente, hubo intentos de México por reactivar el proceso unionista: en diversas ocasiones, mayo de 1831, diciembre de 1838, agosto de 1839 y abril de 1840, Lucas Alamán invitó a "unificar los intereses políticos de las naciones de América, antes colonias españolas". Es entonces cuando América Latina adopta su nombre. Primero el francés Chevalier habló de una "América latina" usando el término latina como adjetivo para distinguirla de la América sajona. Fue el colombiano Torres Caicedo quien desde 1851 proclamó América Latina como nombre propio, y el concepto latino como sustantivo. Después hubo otros esfuerzos para impulsar la tendencia unificadora de los pueblos latinoamericanos pero sin mayor efecto práctico.
De esta suerte el sueño de integrar una "Nación de Repúblicas" se frustró por múltiples razones que el internacionalista mexicano José Juan de Olloqui plasma en la expresión: "un perverso destino". Mucho tiempo pasaría antes de que surgieran nuevas convocatorias con tal propósito.
Ya en este siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, brotaron en diversas latitudes movimientos integracionistas que también se
manifestaron en América Latina, pero esta vez las iniciativas ya no descansaban en el originario sueño bolivariano sino en propósitos económicos y comerciales. A mediados de la década de los cincuenta, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) elaboró estudios dirigidos a establecer una zona de libre comercio para resolver problemas de intercambio regional. Así surgió el Tratado de Montevideo que dio origen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en vigor a partir del 1o. de junio de 1961, en el que participaron 11 países. México se incorporó convencido de que sería el instrumento idóneo para la tan esperada integración. Por ello, en diversas oportunidades propuso la adopción de medidas tendientes a dinamizar y fortalecer la asociación.
Nuevas esperanzas integracionistas se despertaron con motivo de la celebración, en 1964, de la Asamblea Constitutiva del Parlamento Latinoamericano en Lima, Perú, cuyo propósito era movilizar las fuerzas políticas latinoamericanas para enriquecer con un sólido respaldo parlamentario y de opinión las tesis económicas de libre comercio en los pueblos del área. Lo mismo generó la reunión de jefes de Estado en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967. No obstante las expectativas, este segundo período de esfuerzos por la unidad latinoamericana, no rindió los frutos esperados. El tratado de Montevideo no prosperó porque contribuyeron a su fracaso diversas razones:
a) La falta de integración física entre los estados miembros, debido al deficiente sistema de transportes.
b) El grado de diferente desarrollo.
c) Las políticas proteccionistas.
d) Los cambios políticos y económicos en algunos de los miembros.
e) Los egoísmos de las clases dirigentes que se negaron a renunciar a sus privilegios.
f) Las influencias externas negativas.
A pesar del sombrío balance de esta segunda etapa en la búsqueda de la integración latinoamericana, quedaron vigentes dos instituciones de gran valor que preservaron el ideal bolivariano: El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que sustituyó a la ALALC mediante el acuerdo de Montevideo, el 11 de agosto de 1980.
Asimismo, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) constituido en Panamá en 1975 por iniciativa de México respaldada por Perú y Venezuela, se inscribe en la lucha por la integración de las naciones latinoamericanas.
Los profundos cambios internacionales ocurridos en los últimos años están impulsando una tercera etapa de propuestas para avanzar hacia la integración latinoamericana. Están a la vista los trabajos de diversos gobiernos de América para integrar subregiones de libre comercio, como el Mercado Común del Sur; los tratados de libre comercio entre México, Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia y Centroamérica; las iniciativas de gran alcance político y cultural, como las representadas por el Grupo de Río; además se ha institucionalizado la Conferencia cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno Iberoamericanos, en las que se manifiesta el ferviente propósito de articular políticas comunes en la región y hacer oír la voz de los latinoamericanos en el proceso político y económico mundial.
La clase política latinoamericana, con mayor conciencia siente la necesidad apremiante de dar pasos efectivos hacia la integración de nuestras naciones, a saber:
El Parlamento Latinoamericano, en su XIII Asamblea Ordinaria verificada en Cartagena, Colombia, el 2 de Agosto de 1991, resolvió:........................
...."Tercero. Reiterar la urgencia impostergable de que la América Latina se integre, para ser dueña de su destino y actora en el de la humanidad, lo cual exige la creación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones con su parlamento popular, elegido libre y directamente por sus pueblos, enmarcada en la justicia social, la paz, la democracia y la libertad."
"Cuarto. Que respalda por tanto, el querer del pueblo latinoamericano, para que dicho acto histórico se realice a la mayor brevedad posible."
"Quinto. Exhortar a los jefes de Estado para instrumentar las medidas necesarias, destinadas a lograr la creación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones con su Parlamento Popular e inviten a la Comunidad del Caribe a ser miembro asociado de ella con estatuto especial. Sugerirles, además, designar en la próxima reunión del Grupo de Río, una Comisión Preparatoria para lograr los objetivos señalados..."
Las fuerzas políticas latinoamericanas de diversas tendencias, en algunos países han conseguido
que el ideal de la integración quede inscrito como mandato en sus leyes supremas:
Venezuela (1961). Artículo 108 de la Constitución: "La República favorecerá la integración económica latinoamericana. A este fin se procurará coordinar esfuerzos para fomentar el desarrollo económico y aumentar el bienestar y la seguridad comunes".
Uruguay (1967). Capítulo IV. Artículo 100 de la Constitución: "La República procurará la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos".
Perú (1979). Capítulo IV. Artículo 100 de la Constitución: "El Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones."
Ecuador (1984). Título Preliminar. Artículo 3o. de la Constitución: "Propugna también la comunidad internacional, así como la estabilidad y fortalecimiento de sus organismos y dentro de ello, la integración iberoamericana, como sistema eficaz para alcanzar el desarrollo de la comunidad de pueblos unidos por vínculos de solidaridad, nacidos de la identidad de origen y cultura..."
Brasil (1988) Título I, Dos Principios Fundamentales. Artículo 4o. párrafo único de la Constitución: "La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política y cultural de los pueblos de América Latina, viendo la formación de una Comunidad Latinoamericana de naciones".
Colombia (1991) Artículo 227 de la Constitución: "El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre la base de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una Comunidad Latinoamericana de Naciones. La Ley podrá establecer elecciones directas para la Constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano".
1.3 México y la comunidad latinoamericana de naciones
La evidencia histórica demuestra que México estuvo siempre comprometido con la plena realización del ideal de integración de los pueblos latinoamericanos. En la primera etapa de este proyecto, realizada en el Siglo XIX, los mexicanos se convirtieron en promotores entusiastas de la convocatoria de Simón Bolívar. En la época actual México ha sido miembro relevante de la ALALC, ALADI, SELA y del Parlamento Latinoamericano, Grupo de Río y Conferencia de Jefes de Estado y gobierno Iberoamericano.
Consideramos que todas las fuerzas políticas del país comparten la aspiración de lograr la unidad latinoamericana, lo que demuestra el deseo del pueblo de México por conservar su identidad cultural y los valores que son comunes a los pueblos con el mismo origen y lengua.
México tiene una posición geográfica privilegiada que la permite seguir un camino propio en esta fase de asociaciones comerciales entre países, así como en la formación de regiones económicas.
En tal virtud, deberá celebrar acuerdos, tratados y convenios en distintas direcciones, con diversos grados y fórmulas de integración, sin adoptar compromisos exclusivos, ni ligar su destino con el Norte, el Sur, el Atlántico o el Pacífico.
Nuestra nación puede y debe desplegar una estrategia tendiente a diversificar los vínculos con las diversas regiones del orbe jugando un papel de eslabón multidireccional, siempre y cuando salvaguarde el compromiso superior de preservar su identidad nacional.
México cuenta con una extraordinaria multigeopoliticidad que le permite aprovechar las oportunidades que ofrecen las regiones: Los Estados Unidos y Canadá, Europa unificada, el Caribe, la Cuenca del Pacífico y Latinoamérica, a efecto de ser factor de unidad y paz mundial. Empero, tal desempeño sólo podrá ser legítimo si ratificamos nuestra pertenencia esencial a Latinoamérica, de la que, como dijera don Efraín González Luna, somos hermanos y no sólo vecinos.
Con América Latina, México aspira a crecer; anhelamos hacerlo con libertad, justicia social, sin dejar de ser nosotros mismos, ni rechazar el llamado de nuestras raíces histórico-culturales comunes. Por ende, México debe reforzar y acentuar sus compromisos de hermandad con la comunidad latinoamericana de naciones, y colaborar con sus pueblos para darle un peso específico a la patria grande, hacia la configuración del nuevo orden internacional.
2. Iniciativa de adición al artículo 40 de la Constitución
Por lo anteriormente expuesto:
Convencidos de que el pueblo de México desea ingresar en el concierto internacional conservando su identidad cultural como nación latinoamericana. Considerando que para crear un orden mundial justo, humanista, democrático y libre América Latina requiere poseer un peso específico en la política internacional; Inspirados en las nobles convocatorias de los héroes fundadores de las naciones latinoamericanas cuya profética visión de la unidad de los pueblos de América Latina, como salvaguarda de su independencia y condición para su prosperidad; los diputados abajo suscritos, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional proponemos:
Con fundamento en el artículo 71, fracción II y artículo 135 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos proponemos la adición de un segundo párrafo, al artículo 40 de la Constitución General de la República con el siguiente texto:
"Los Estados Unidos Mexicanos favorecerán todo esfuerzo encaminado a fortalecer y desarrollar la integración cultural, política y económica de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones".
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 20 de diciembre de 1992. -Diputados Luis Felipe Bravo Mena y Enrique Caballero Peraza.»
El Presidente: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
El Presidente: -El siguiente punto de orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Salvador Juárez García: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta del Senado de la República sobre la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión, propuesta por el Ejecutivo de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional, en los términos en que fue aprobada por la Colegisladora, quien actuó con el carácter de Cámara de origen.
Atento a lo anterior, los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión que suscribe, con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
La iniciativa en estudio tiene como propósito actualizar el marco jurídico y de operación de las sociedades de inversión, imprimiendo una mayor flexibilidad normativa, a efecto de incrementar el desarrollo y participación de estas sociedades especiales en el mercado de valores.
La constante transformación que ha caracterizado al sistema financiero nacional conlleva a realizar la revisión continua del proceso normativo de actualización, a fin de ampliar las oportunidades de inversión que permitan acrecentar el monto de los recursos que participan en el mercado de valores, preservando al mismo tiempo por la competitividad en el mismo.
Para tal efecto, la iniciativa en estudio propone reformas que permitirán una mayor liberalización de las sociedades de inversión, impulsando con esto el fomento del ahorro interno y la promoción del mercado de valores.
Las sociedades de inversión en su calidad de sociedades emisoras, permiten el acceso de los pequeños y medianos inversionistas al mercado de valores, lo que conlleva a propiciar el ahorro y la captación de ingresos para fortalecer y ampliar la planta productiva nacional, dando respuesta así, a la constante demanda de opciones de inversión y fuentes de financiamiento que se requieren para el desarrollo económico del país.
Esta Comisión reconoce, al igual que la Colegisladora, que las sociedades de inversión han sido instrumento eficaz para atraer un flujo importante de fondos de los pequeños y medianos inversionistas, contribuyendo de esta manera al perfeccionamiento e institucionalización del mercado de valores.
Conforme a la ley que se propone reformar, aprobada por el honorable Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, las sociedades de inversión, se constituyeron con el objetivo de fortalecer y descentralizar el mercado de valores, dando acceso al pequeño y mediano inversionista, democratizando el capital, y contribuyendo al financiamiento de la planta productiva del país.
En la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo de la Unión propone modificar la denominación de las sociedades de inversión de renta fija, por la de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, por considerar que refleja más fielmente la clase de valores que forman parte de los activos de dichas sociedades. Al efecto, la Comisión que suscribe estima procedente el cambio mencionado, toda vez que elimina la idea errónea de que el adquirir acciones de este tipo de sociedades garantiza un rendimiento fijo y predeterminado, reconociéndose que por las características que se han venido incorporando a algunos valores manejados por tales sociedades, el rendimiento de aquéllos está sujeto a variaciones por movimientos de las tasas de interés aplicables.
Con el objeto de fortalecer la protección de los intereses del público inversionista que adquiere acciones de las sociedades de inversión, la iniciativa propone obligación de éstas, elaborar y someter a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores, prospectos de información que den a conocer al público en general, las características de operación de las sociedades emisoras, dando a conocer sus políticas de inversión, liquidez, adquisición, selección y diversificación de activos, y los límites de inversión por instrumento; resaltando los riesgos que pueden derivar de la clase de activos que conforman sus carteras entre otros aspectos. Con la obligación descrita, se observa una garantía al público inversionista, ofreciéndole mayor información y transparencia sobre la conformación y operación de las carteras de las sociedades de inversión, lo cual resulta de gran importancia para la toma de decisiones de los ahorradores.
Por otra parte, el Ejecutivo de la Unión propone que las sociedades de inversión de capitales puedan efectuar la recompra de sus acciones cuando coticen en bolsas de valores, con lo cual esta Comisión aprecia se otorgará a aquellas sociedades el mismo tratamiento que se da a todas las sociedades emisoras inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
Aunado a lo anterior, con el fin de dar mayor amplitud al manejo de los recursos de las sociedades de inversión de capitales, se elimina la obligación de diversificar sus activos en por lo menos cinco empresas promovidas, sujetándose, por lo que se refiere a los recursos que transitoriamente no tengan activos, a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores; suprimiendo asimismo la obligación de capitalizar por lo menos el 5% de las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio, quedando la decisión de destino de esos recursos en la asamblea general de accionistas.
En cuanto a las sociedades de inversión comunes y a las de inversión en instrumentos de deuda, se propone que en caso de recompra de sus acciones, se proceda en forma inmediata a la consiguiente reducción de capital, en la misma fecha de adquisición, pasando a ser acciones de tesorería, sin necesidad de cumplir con la formalidad prevista en la fracción III del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con lo cual se constituyen alternativas para agilizar las operaciones que realizan dichas sociedades.
Por otra parte, se propone que las instituciones de crédito, dada su participación en el ámbito bursátil, sean incorporadas a la excepción para mantener más del diez por ciento del capital pagado de una sociedad de inversión. En adición a lo anterior, también se señala que la comisión Nacional de Valores, podrá autorizar a cualquier otra persona física o moral a detentar un porcentaje mayor al mencionado, siempre y cuando sea por causa justificada y de manera temporal.
La iniciativa que se dictamina incorpora la posibilidad de que las sociedades de inversión
puedan operar con instrumentos no inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de los que les autorice la Comisión Nacional de Valores mediante la expedición de disposiciones de carácter general, como pueden ser los emitidos por instituciones de crédito, quedando facultada además la citada Comisión, para determinar en las citadas disposiciones, los documentos que estando inscritos en el Registro referido, no sean susceptibles de adquirirse por las sociedades de inversión, por considerar que implican conflicto de intereses.
Acorde con la necesidad constante de ampliar las opciones de sistemas de valuación de las acciones de las sociedades de inversión, se dispone que podrán prestar esos servicios, en adición a los que regula actualmente la ley de la materia, las personas morales que autorice la Comisión Nacional de Valores, mismas que deberán ser independientes de las sociedades de inversión que las designen, de las casas de bolsa e instituciones de crédito que administren sociedades de inversión, así como de las emisoras de valores y documentos que formen parte de los activos de dichas sociedades.
Aunado a lo anterior, y con el propósito de buscar una valuación de acciones objetiva, la iniciativa en estudio prohibe que presten esos servicios las instituciones de crédito cuando sean operadoras de la sociedad de inversión de que se trate, o cuando formen parte del grupo financiero de la operadora, o bien, cuando esta última sea controlada directa o indirectamente por algún integrante del mismo grupo.
La apertura económica de nuestro país obliga a ampliar los instrumentos de inversión en que pueden participar la sociedades de inversión, a efecto de responder a la estrategia de internacionalización del mercado de valores, razón por la cual, la iniciativa que se dictamina incorpora la posibilidad de adquirir valores emitidos en el extranjero por empresas mexicanas; formalizando por otra parte, las operaciones de reporto que se efectúan en el mercado de valores, con la limitante de circunscribirlas exclusivamente a valores emitidos por el Gobierno Federal, así como aquéllos avalados o aceptados por instituciones de crédito. Al respecto, es pertinente destacar que con esta enmienda, se amplían las alternativas de diversificación de activos y se promueve el financiamiento de proyectos por empresas establecidas en el país.
Con el propósito de regular de manera flexible los límites de inversión de las sociedades que nos ocupan, la iniciativa que se dictamina faculta a la Comisión Nacional de Valores para que, oyendo la opinión del Banco de México, emita disposiciones de carácter general que, con sujeción a la ley, señalen el régimen de inversión de cada tipo de sociedad de inversión lo que permitirá atender a los constantes cambios que se presentan en el mercado de valores.
Respecto a la administración de las sociedades de inversión, resulta adecuada la propuesta del Ejecutivo de la Unión en el sentido de sujetar a las instituciones de crédito y a las casas de bolsa que presten esos servicios, a las disposiciones previstas en la Ley de Sociedades de Inversión para las sociedades operadoras, especificando además que la instituciones de crédito serán supervisadas por la Comisión Nacional de Valores en relación al desempeño de dicha función, y a la prestación de servicios para la distribución y recompra de acciones que tengan contratados con las sociedades de inversión.
Por otra parte, se faculta a la Comisión Nacional de Valores para que oyendo la opinión del Banco de México, autorice a las sociedades operadoras actividades conexas, lo que sin duda redundará en la eficiencia de los servicios de administración que proporcionan a las sociedades de inversión.
En atención a la función que desempeñan las sociedades operadoras de sociedades de inversión, la iniciativa propone que en caso de someterse infracciones derivadas de los servicios de administración que presten, se les aplicará por parte de la Comisión Nacional de Valores una multa hasta por el importe de la operación prohibida o no autorizada, o hasta por un monto que no exceda del cinco por ciento del activo total de las sociedades de inversión de que se trate, en la fecha que se cometa la infracción. Estas multas serán aplicables tanto a las instituciones de crédito como a las casas de bolsa o sociedades operadoras que resulten responsables.
En la iniciativa, se faculta a la Comisión Nacional de Valores para que con acuerdo de su junta de gobierno y previo derecho de audiencia, pueda ordenar la revocación o suspensión de los miembros de Consejo de Administración, Director General, Comisarios, Directores, Gerentes y demás funcionarios que obligan con su firma a la sociedad, cuando no reúnan los requisitos previstos al efecto, incurran en forma grave y de manera reiterada en infracciones a la Ley o a las disposiciones que de ella deriven, pudiendo además inhabilitarlos para el desempeño de un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano por un período de
tres meses a cinco años, facultades que contribuyen a la salvaguarda de los intereses del público inversionista que en ellos cofían, y que coadyuvan al correcto funcionamiento de estas sociedades especiales.
Por último la iniciativa que se dictamina contiene seis artículos transitorios, en los que se especifica que la entrada en vigor del decreto en comentario será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que se le opongan disponiéndose por lo que se refiere al cambio de denominación de las sociedades de inversión de renta fija, que cualquier referencia a las mismas, en la Ley de Sociedades de Inversión, o en alguna otra ley, reglamento, decreto, acuerdo, circular, autorización u otro ordenamiento jurídico, se entenderá formulada a las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. En relación a los sistemas de valuación, se otorga un plazo de noventa días naturales para sujetarse a los previstos en las reformas, previendo que en tanto no se expidan las disposiciones de carácter general que deriven de las modificaciones propuestas, continuarán aplicándose las dictadas con anterioridad a su vigencia. Finalmente, para el caso de las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, se dispone que se sancionarán conforme a los textos que hasta ahora son aplicables.
El día 7 de diciembre de 1992, en base al acuerdo parlamentario de los partidos políticos que integran el Congreso General, se celebró el trabajo de conferencia de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con las comisiones Unidas de Hacienda y Tercera Sección de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, en la que se conoció el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión, presentado ante la Colegisladora por el titular del Ejecutivo Federal.
La citada iniciativa sobre la que en esa ocasión se intercambiaron puntos de vista, fue entregada el día 9 del presente mes a los grupos parlamentarios de esta Cámara.
A juicio de la comisión que suscribe y congruente con la dinámica seguida por el sistema financiero nacional, se considera conveniente mantener actualizado el ordenamiento en estudio, con el objeto de generar condiciones que optimicen la operación de las sociedades de inversión.
Asimismo, esta Comisión comparte el criterio de la honorable Cámara de Senadores, en el sentido de que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal, dotan a la Ley de Sociedades de Inversión de una mayor flexibilidad y margen de maniobra en su aplicación, al tiempo que simplifican sus mecanismos legales para consecuentemente, ampliar las oportunidades de inversión y hacer más transparentes sus procedimientos.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión ha llegado a la conclusión de que la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión, propuesta por el Ejecutivo de la Unión se apega estrictamente a la política de modernización financiera, además de encontrarse debida y suficientemente fundada, siendo acorde con las diversas leyes del ámbito bursátil.
En base a lo anterior, la Comisión que suscribe propone a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Artículo único. Se reforman los artículo 4o., fracción II, 9o., fracciones VII, VIII, X y XIII; 10, inciso b) y último párrafo; 11; 13, fracciones III, 14, fracciones VII y VIII; 18; 20; 23; 24, fracción III; 28, segundo párrafo, 29 fracción VI y último párrafo, 38, primer párrafo; 39, primer párrafo y fracciones X, primer párrafo y XIV; 41, fracciones III, IV y último párrafo; 43; 44, fracción V, así como la denominación del capítulo tercero; se adicionan los artículos 6o.; 10 con el inciso c); 13, fracción IV con un segundo párrafo, y un último párrafo; 28 con un último párrafo; 34 con una fracción V, 39 con las fracciones XV y XVI; 44-bis y se derogan los artículos 24, último párrafo y 27 de la Ley de Sociedades de Inversión, para quedar como sigue:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Sociedades de inversión en instrumentos de deuda, y
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 6o. Las sociedades de inversión deberán elaborar prospectos de información al público inversionista, que se sujetarán a lo dispuesto en el presente artículo y en el 39, fracción XI de esta ley. Estos prospectos deberán
remitirse a la Comisión Nacional de Valores para su previa autorización y precisar, por lo menos, lo siguiente:
I. Los datos generales de la sociedad de inversión de que se trate;
II. La política detallada de venta de sus acciones;
III. La forma de liquidación de las operaciones de compra y venta de sus acciones, atendiendo al precio de valuación vigente y al plazo en que deba ser cubierto;
IV. Las políticas detalladas de inversión liquidez, adquisición, selección y diversificación de activos, así como los límites máximos y mínimos de inversión por instrumento, utilizados por cada sociedad;
V. la advertencia a los inversionistas de los riesgos que pueden derivarse de la clase de activos de la sociedad de inversión, atendiendo a las políticas y límites que se sigan conforme a la fracción anterior;
VI. El sistema de valuación de sus acciones, especificando la periodicidad con que se realiza ésta última y la forma de dar a conocer el precio;
VII. En su caso, los límites de recompra de sus acciones, atendiendo al monto de su capital pagado, a la tenencia de cada inversionista y a la composición de los activos de cada sociedad de inversión, y
VIII. La mención específica de que los accionistas de la sociedad de inversión de que se trate, tendrán el derecho de que la propia sociedad de inversión o, en su defecto, la operadora de ésta, les recompre a precio de valuación hasta el 100% de su tenencia accionaria, dentro del plazo que se establezca en el mismo prospecto, con motivo de cualquier modificación al régimen de inversión o de recompra.
Los prospectos y sus modificaciones deberán entregarse a cada accionista de la sociedad, con acuse de recibo, así como estar en todo tiempo a disposición del público inversionista.
Anexo al prospecto y sus modificaciones deberá entregarse a cada accionista un folleto simplificado que contenga los datos generales de la sociedad de inversión de que se trate y un resumen de la información prevista en las fracciones II a VIII de este artículo.
En los estados de cuenta que reciban mensualmente los accionistas de las sociedades de inversión, adicionalmente a la descripción de todas las operaciones efectuadas, así como la posición de acciones al último día del corte mensual y la del corte mensual anterior, deberá darse a conocer la relación de los activos que integren la cartera de la sociedad de inversión, o bien especificar el nombre de cuando menos un periódico de circulación nacional en el que se publique la relación de dichos activos, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores en los términos del artículo 39, fracción XI de esta Ley.
Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Su duración podrá ser indefinida;
VIII. Tendrán un consejo de administración con un mínimo de cinco consejeros, la mayoría de los cuales serán designados por los socios que representen el capital fijo de la sociedad. Habrá también un comité de inversiones que tendrá por objeto determinar la estrategia de inversión y la composición de los activos de la sociedad, y cuyas funciones se sujetarán a las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión Nacional de Valores. Sus integrantes serán nombrados por dichos socios en asamblea especial y de cada sesión de este comité, deberá levantarse acta pormenorizada que firmen los asistentes;
IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Podrán adquirir las acciones que emitan, a excepción de las sociedades de inversión de capitales que no coticen en bolsas de valores, sin que para el defecto sea aplicable la prohibición establecida por el artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La Comisión Nacional de Valores dictará las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las sociedades de inversión para la adquisición y venta de las acciones que emitan. Salvo lo señalado en el párrafo siguiente, como consecuencia de la compra de dichas acciones, las sociedades de inversión procederán a la reducción y venta de la acciones que emitan. Salvo lo señalado en el párrafo siguiente, como consecuencia de la compra de dichas acciones, las sociedades de inversión procederán a la reducción del capital en la misma fecha de la adquisición, convirtiéndolas en acciones de tesorería y sin que para el efecto sea aplicable la obligación establecida en la fracción III del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La propia Comisión podrá establecer diferenciales máximos porcentuales en relación con el precio de valuación a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, para la realización de tales operaciones.
Tratándose de sociedades de inversión de capitales, la Comisión Nacional de Valores podrá autorizar la recompra de sus acciones cuando se coticen en bolsa, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 14-bis, fracción I de la Ley del Mercado de Valores;
XI y XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. La escritura constitutiva y estatutos de las sociedades de que se trate, deberán ser aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Dictada dicha aprobación, la escritura o sus reformas podrán se inscritas en el Registro de Comercio.
Artículo 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Las casas de bolsa e instituciones de crédito que operen sus activos; sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como accionistas de sociedades de inversión de capitales, en cuyo caso la Comisión Nacional de Valores, por motivo justificado y con carácter temporal, podrán autorizar que se rebase dicho límite. Esta autorización también podrá otorgarse a instituciones de crédito que actúen como fiduciarias en fideicomisos, cuyos beneficiarios sean personas físicas, así como a fondos de previsión social que reúnan los requisitos establecidos por las leyes fiscales, y
c) Cualquier otra persona física o moral que previa solicitud justificada autorice con carácter temporal la Comisión Nacional de Valores.
Cuando por causas que no le sean imputables, algún inversionista adquiera acciones con exceso al porcentaje establecido en el primer párrafo de este artículo, deberá proceder a su venta dentro de los treinta días siguientes a la notificación que le haga la Comisión Nacional de Valores. Si en dicho plazo no se ha efectuado la venta, la Comisión Nacional de Valores ordenará la disminución de capital necesaria para reembolsar las acciones al precio de valuación vigente en la fecha del pago.
Artículo 11. Las sociedades de inversión deberán operar exclusivamente con valores y documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, excepto aquellos de la Comisión Nacional de Valores desapruebe o que mediante disposiciones de carácter general determine que impliquen conflicto de intereses. Asimismo, la citada Comisión podrá autorizar instrumentos no inscritos en dicho Registro. En su caso, las sociedades de inversión de capitales podrán efectuar sus operaciones con valores y documentos que no estén registrados, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 24 de esta Ley.
Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. De personas morales que autorice la Comisión Nacional de Valores, debiendo ajustarse a los siguientes:
a) Deberán ser independientes de las sociedades de inversión que las designen, de las casas de bolsa e instituciones de crédito que administren sociedades de inversión, así como de las emisoras de valores y documentos que formen parte de los activos de dichas sociedades;
b) Sus administradores y funcionarios deberán ser personas de reconocida competencia en materia de valores;
c) La Comisión Nacional de Valores podrá vetar a los administradores y funcionarios a su servicio, que realicen actividades de valuación, y
d) Elaborarán informes con motivo del cumplimiento de sus funciones y proporcionarán a la Comisión Nacional de Valores copia de los informes que requiera, así como cualquier otra información que les solicite directamente o por conducto de la sociedad de inversión que corresponda.
La Comisión Nacional de Valores, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que reciba los informes, podrá objetar las resoluciones que adopten.
La Comisión Nacional de Valores, oyendo previamente a la persona moral interesada, podrá revocar la autorización que le haya otorgado cuando infrinja de manera grave o reiterada las disposiciones a que debe sujetarse;
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ningún caso las instituciones de crédito podrán valuar las acciones representativas del capital social de sociedades de inversión que sean operadas por las propias instituciones. Tampoco lo podrán hacer con las acciones de las sociedades de inversión que sean operadas por casas de bolsa y sociedades operadoras de sociedades de inversión que pertenezcan al grupo financiero al que se encuentren incorporadas dichas instituciones de crédito, o bien por sociedades operadoras controladas directa o indirectamente
por algún integrante de la misma agrupación financiera, y
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El precio de valuación de las acciones se dará a conocer al público, en la forma y términos que determine la Comisión Nacional de Valores, con arreglos al primer párrafo de este artículo.
Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Practicar operaciones activas de crédito, excepto reportes sobre valores emitidos por el Gobierno Federal, así como sobre valores emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, los cuales se ajustarán a las disposiciones de carácter general que expida el Banco de México;
VIII. Adquirir valores extranjeros de cualquier género, excepto aquellos títulos expedidos por emisoras mexicanas.
IX a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 18. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que establezcan las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores oyendo la opinión del Banco de México, y que podrán considerar:
I. El porcentaje máximo del activo total de la sociedad que podrá invertirse en valores en un mismo emisor;
II. El porcentaje máximo de valores de un mismo emisor que podrá ser adquirido por una sociedad de inversión;
III. El porcentaje mínimo del activo total de la sociedad que deberá invertirse en valores cuyo plazo por vencer no sea superior a tres meses, y
IV. El porcentaje mínimo del activo total de la sociedad que deberá invertirse en valores y documentos de renta variable.
Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y diversificación de activos.
CAPITULO III
De las sociedades de inversión e instrumentos de deuda
Artículo 20. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que establezcan las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores oyendo la opinión del Banco de México, y que podrán considerar:
I. El porcentaje máximo del activo total de la sociedad que podrá invertirse en valores de un mismo emisor;
II. El porcentaje máximo de valores de un mismo emisor que podrá ser adquirido por una sociedad de inversión, y
III. El porcentaje mínimo del activo total de la sociedad que deberá invertirse en valores cuyo plazo por vencer no sea superior a tres meses.
Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y diversificación de activos.
Artículo 23. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que establezcan las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores oyendo la opinión del Banco de México, y que podrán considerar:
I. Las características genéricas de las empresas en que podrán invertirse el activo total de las sociedades de inversión, a las que se concederá como empresas promovidas;
II. El porcentaje máximo del activo total de las sociedades de inversión que podrán invertirse en acciones de una misma empresa promovida;
III. El porcentaje máximo del activo total de las sociedades de inversión que podrán invertirse en obligaciones emitidas por una o varias empresas promovidas;
IV. El porcentaje máximo del activo total de las sociedades de inversión que podrá invertirse en acciones emitidas por empresas que fueron promovidas por dicha sociedad de inversión;
V. Los porcentajes a que se refieren las fracciones anteriores se computarán a la fecha de adquisición de los valores respectivos, y
VI. Los recursos que transitoriamente no sean invertidos con arreglo a las fracciones precedentes, deberán destinarse a la adquisición de valores y documentos de los aprobados para este efecto por la Comisión Nacional de
Valores. Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y diversificación de activos.
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La prohibición para que las sociedades en cuyo capital participe la empresa promovida y ésta respecto a aquéllas, se otorguen préstamos o créditos, siempre y cuando se lleven a cabo recíprocamente;
IV a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultimo párrafo. ( se deroga).
Artículo 27. (se deroga)
Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los servicios que prestan estas sociedades pueden ser realizados, igualmente, por casas de bolsa e instituciones de crédito a las que les será aplicable, en lo conducente, las disposiciones de este capítulo. Respecto a estás últimas, la Comisión Nacional de Valores tendrá asimismo la atribución de ejercer facultades de inspección y vigilancia en cuanto a los servicios de administración, así como de distribución y recompensa de acciones que tengan contratados con sociedades de inversión, quedando obligadas a proporcionarle la información y documentación que la propia Comisión les requiera para tal efecto.
La Comisión Nacional de Valores, oyendo la opinión del Banco de México, podrá autorizar mediante disposición de carácter general, aquellas actividades que sean conexas o complementarias a las propias de la función de las sociedades operadoras de sociedades de inversión.
Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. En ningún momento podrán participar en su capital social, gobiernos o dependencias oficiales extranjeros, directamente o a través de interpósita persona;
VII y VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La escritura constitutiva y estatutos de las sociedades de que se trata, así como sus modificaciones, deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Valores. Con esta aprobación, la escritura o sus reformas podrán ser inscritas en el Registro de Comercio. En todo caso, deberán proporcionar a dicha Comisión copia certificada de las actas de sus asambleas y, cuando proceda, testimonio notarial en el que conste la protocolización de las mismas
Artículo 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Incumplan reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Comisión Nacional de Valores, lo señalado en el prospecto de información al público de las sociedades de inversión a la que presten sus servicios;
VI a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo. 38. Las sociedades de inversión deberán publicar en un periódico de circulación nacional el estado trimestral de contabilidad y sus estados financieros anuales, formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional de Valores, precisamente dentro del mes y los noventa días siguientes a la fecha, respectivamente. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de la sociedad que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados contables. Ellos deberán cuidar que éstos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de la sociedad y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 39. La inspección y vigilancia de las sociedades de inversión, de sus sociedades operadoras y de las personas morales a que se refiere la fracción III del artículo 13 de la Ley, queda confiada a la Comisión Nacional de Valores, a la que deberán proporcionar la información y documentos que requiera para tal efecto.
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Dictar disposiciones de carácter general que establezcan los requisitos mínimos que deban observarse en los contratos de servicios de administración y distribución de acciones que celebren las sociedades de inversión, así como en
los modelos de contratos en que se formalice la relación jurídica del público inversionista con las sociedades operadoras, las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen con tal carácter. Cuando dichas disposiciones se refieran a instituciones de crédito, la citada Comisión escuchará previamente la opinión del Banco de México;
XI a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. Vigilar el debido cumplimiento de lo establecido por cada sociedad de inversión en sus prospectos de información al público inversionista;
XV. Autorizar los prospectos de información al público inversionista emitidos por las sociedades de inversión y sus modificaciones, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días naturales contado a partir del día siguiente al de su presentación o al de haber cumplido con las observaciones que, en su caso, les formule la Comisión Nacional de Valores. Transcurridos los plazos anteriores sin que se resuelva lo solicitado, se considerará que dicha Comisión otorgó la autorización respectiva, y
XVI. Ejercer las demás facultades que se le atribuyen en este ordenamiento.
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Si infringe lo establecido por la fracción III del artículo 9o., o si la sociedad establece relaciones evidentes de dependencias con los gobiernos o dependencias mencionados en dicha fracción;
IV. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Comisión Nacional de Valores, la sociedad excede los porcentajes máximos de inversión o no mantiene los mínimos previstos por las disposiciones de carácter general que deriven de esta Ley, si efectúa operaciones distintas a las permitidas por la autorización y por esta Ley o bien si a juicio de dicha Comisión, no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada por mantener una situación de escaso incremento en sus operaciones;
V a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La revocación de la autorización producirá la disolución y la liquidación de la sociedad y deberá practicarse de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII del artículo 9o. de esta Ley.
Artículo 43. Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas, o en exceder los porcentajes máximos o en no mantener los mínimos previstos por las disposiciones de carácter general que deriven de esta Ley, o bien por los prospectos de información respectivos, serán sancionadas con multas hasta por el importe de la operación prohibida o no autorizada, o hasta por un monto que no exceda del 5% del activo total de la sociedad de inversión de que se trate en la fecha que se cometa la infracción.
Las multas a que se refiere este artículo, previa audiencia, serán impuestas a la institución de crédito, casa de bolsa o sociedad operadora que resulte responsable de las infracciones.
Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Multa de 4,000 a 20,000 días de salario, a las sociedades de inversión que infrinjan lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, así como a las instituciones de crédito, casas de bolsa y sociedades operadoras responsables de la falta de cumplimiento a lo señalado en los prospectos de información al público;
VI a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 44- bis. La Comisión Nacional de Valores, con acuerdo de su junta de gobierno, oyendo previamente al interesado y a la sociedad de inversión o sociedad operadora de ésta, podrá resolver que se proceda a la remoción o suspensión de los miembros del Consejo de Administración, Director General, Comisarios, Directores, Gerentes y demás funcionarios que puedan obligar con su firma a la sociedad de inversión, cuando considere que tales personas no cuenten con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, o no reúnan los requisitos al efecto establecidos; o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.
En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por un período de tres meses hasta cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste a otros ordenamientos legales resulten aplicables.
Las resoluciones de la Comisión deberán considerar, entre otros, los elementos siguientes:
nivel jerárquico, antecedentes, antigüedad y demás condiciones del infractor, las condiciones exteriores y medidas para ejecutar la infracción; si hay o no reincidencia y, en su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de la infracción.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las referencias que en la Ley de Sociedades de Inversión o en alguna otra Ley, reglamento, decreto, acuerdo, circular, autorización u otro ordenamiento jurídico, se hagan acerca de las sociedades de inversión de renta fija, se entenderán formuladas a las sociedades de inversión en instrumentos de deuda. De igual manera, cuando se haga mención a valores de renta fija, deberá entenderse que se está refiriendo a instrumentos de deuda.
Tercero. Las sociedades de inversión que al entrar en vigor el presente decreto utilicen los servicios de instituciones de crédito para la valuación de sus activos y que se encuentren en el supuesto que prevé el artículo 13, fracción IV, segundo párrafo de la Ley, tendrán un plazo de noventa días naturales para sujetarse a cualquiera de los sistemas de valuación previstos en dicho artículo.
Cuarto. En tanto se expidan las disposiciones de carácter general a que se refiere este decreto, se seguirán aplicando las dictadas con anterioridad a su vigencia, en las materias correspondientes.
Quinto. Las infracciones cometidas previamente a la vigencia de este decreto, se sancionarán conforme a los textos que se encontraban en vigor a la fecha de publicación del presente decreto.
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1992.»
Es de Primera Lectura .
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día...
El diputado Juan Enrique Caballero (desde su curul): -Señor Presidente:
Le suplicamos de la manera más atenta que la iniciativa sea turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores también, como comisiones unidas.
El Presidente: -Tome la Secretaría nota de la petición del diputado de Acción Nacional, para que se turne a las dos comisiones unidas, de acuerdo a la petición.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
* LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Cinematografía. En atención a que este Dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente:- Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía acordaron que la discusión del proyecto de Ley Federal de Cinematografía se realice en lo general y en lo particular y la votación en lo general y en lo particular se haga en un solo acto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: -Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, el acuerdo, señor Presidente.
* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 24 del día 19 de diciembre de 1992
El Presidente: -Ante esta Presidencia se ha solicitado con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la diputada Silvia Pinal Hidalgo, fundamente el dictamen.
Tiene la palabra la diputada Silvia Pinal Hidalgo, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Silvia Pinal Hidalgo: -Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados:
Hoy, transcurridos exactamente 43 años, el 20 de diciembre de 1949, cuando se aprobara la Ley Federal de Cinematografía, me cabe el honor de subir a esta tribuna, a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta honorable Cámara, con objeto de dar cuenta a ustedes de los trabajos que se han realizado con respecto a este proyecto de Ley Federal de Cinematografía que se presenta a su consideración para su estudio y aprobación, en su caso.
Quiero decirles que casi mi vida entera ha estado entregada al cine. Me tocaron grandes épocas; trabajar con inolvidables compañeros, como fueron: Pedro Infante, Germán Valdéz, Mario Moreno "Cantinflas", los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, y muchos otros, así como grandes directores y guionistas.
Soy gente de cine y como gente de cine he vivido la vigencia de una ley cinematográfica que surgió a principio de los años cincuenta. En ese entonces nuestro cine tenía una amplia proyección nacional e internacional. Lejos estaban entonces de pensar que el cine pudiera tener otros medios de comunicación pública que no fueran las salas cinematográficas.
Aquella ley vino perdiendo vigencia. Se volvió obsoleta e inoperable y, sobre todo, acabó siendo avasallada por el vertiginoso desarrollo tecnológico de la comunicación.
Este desarrollo nos ha llevado hoy en día a buscar nuevos planteamientos. Nuestro cine está en crisis. Hay asomos de que resurja, pero aún no es suficiente. Nuestro cine como arte, como industria, como un importante vehículo de entretenimiento, de educación y de comunicación social, requiere de normas dinámicas acordes con la realidad tecnológica que vivimos.
Ya era enorme el reclamo de los cinematografistas sobre una nueva legislación cinematográfica, y hoy ese reclamo, ese anhelo, se cristaliza en este cuerpo normativo que se presenta a su consideración.
Hubo concertación, diálogo. Se escuchó a todos los sectores que tienen qué ver con el que hacer del cine: escritores, actores, directores, productores, distribuidores, exhibidores, la gente que controla los estudios, los laboratoristas.
Con los señores senadores, los diputados que integramos esta Comisión, tuvimos el honor de realizar un trabajo legislativo conjunto, en el cual siempre se tomaron en cuenta las opiniones de la industria y se trataron de conciliar los intereses, logrando enriquecer la propuesta del Ejecutivo con 60 modificaciones, fruto precisamente del diálogo y del análisis de los sectores interesados en el cine.
Considero, como cinematografista y actriz, que su libertad de expresión absoluta no existe una verdadera posibilidad de creación seria y comprometida.
Por ello, se prestó especial interés en salvaguardar, sin cortapisas, la garantía consagrada en el artículo 6o. constitucional que busca tutelar uno de los más grandes y preciados derechos que tiene el ser humano: el uso de su razón, el derecho de expresar libremente lo que piensa.
Ese principio, ese anhelo de todo creador, ha quedado plasmado en una sola oración en el artículo 2o. de esta Ley.
Han existido inquietudes de algunos sectores por cuanto a lo que se expresa en la fracción I del artículo 5o., por el cual se le otorga a la Secretaría de Gobernación la atribución de autorizar la exhibición pública de películas en el territorio mexicano, así como su comercialización, incluidos la renta o la venta.
Podríamos considerar que esas inquietudes tendrían una justificación si tomamos en cuenta que durante años los cineastas sufrimos con el problema de la censura. Sin embargo, tomando en cuenta esa situación histórica, la Comisión actuó con plena conciencia y manejo esta redacción no para supervisar la temática, pues está convencida de la defensa de la libertad de expresión y de la responsabilidad que su ejercicio implica en aquellos que tienen a su cargo el que hacer cinematográfico.
Con el artículo 2o. y el artículo 9o. del proyecto de ley se comprueba lo que afirmo.
El mismo proyecto de Ley señala, por un lado, el alcance de esa autorización de exhibición al
indicar con claridad que dicha autorización se ajustará a la clasificación que señale el reglamento que se expida. Esto es, quedará bajo la responsabilidad de la ciudadanía el elegir que le conviene o no ver. Se le reconoce su madurez para decidir. Simplemente el Estado indicará a que público puede ir dirigida esa película, atendiendo a su temática: para niños, para adolescentes o para adultos.
Por otro, estimamos que la autorización de exhibición por parte de la Secretaría de Gobernación, debe garantizar la seguridad jurídica de quienes lícitamente explotan el material fílmico en la República Mexicana y salvaguardar los derechos de los autores y de los artistas e intérpretes. Y esto se apoya precisamente en otro numeral de la Ley que hoy he sometido a su consideración; el artículo 11.
Este último precepto será, por un lado, un importantísimo apoyo para la lucha contra la llamada piratería de obras cinematográficas, que ha venido constituyendo un flagelo para los creadores, los artistas, intérpretes y los productores, inhibiendo muchas veces el afán de continuar produciendo cine ante la amenaza cierta y real de aquéllos que se aprovechan del esfuerzo de otros, sin cumplir con las leyes que protegen la creación.
Por otro lado, el mencionado artículo 11 finca también una base jurídica para que los autores y los artistas intérpretes puedan negociar un pago justo por sus derechos en los diversos medios de explotación de las películas. Con ello, la Ley pretende proteger a la obra cinematográfica no sólo en su medio natural de explotación: la exhibición en salas, sino también en otras modalidades, como son: la televisión por hilo y sin hilo o mediante sistemas como el videograma.
El cine, como un vehículo de comunicación de masas de increíble penetración, debe atender a las necesidades que plantea una sociedad plural como la nuestra, por ello es que también se ha hecho énfasis en su labor educativa. Estas cuestiones están plasmadas en el artículo 4o. dentro de las atribuciones que la ley le otorga a la Secretaría de Educación Pública.
Siendo también arte, se ha procurado preservarlo como tal y preservar su acervo. Por ello es que se ha defendido que las películas sean exhibidas o utilizadas públicamente en su idioma original o con subtítulos, circunscribiendo el doblaje sólo a aquellas películas de corte infantil o de carácter documental que lleven un fin educativo. Con esto también pretende darse un estímulo a nuestra industria nacional, a fin de que pueda ser competitiva y no desplazada por una competencia desigual, al permitirse versiones dobladas a nuestra idioma de películas comerciales extranjeras que en muchos de los casos sólo vienen a mostrarnos idiosincrasias, formas de vida o esquemas de conducta muy alejadas de nuestra identidad mexicana.
Como otro elemento de preservación y defensa de la integridad de la obra cinematográfica, se prohibe la censura o la mutilación a aquéllos que exhiban películas, de ello habla el artículo 9o., que amen de cumplir con esta función también viene a preservar la inviolable libertad de expresión.
El tiempo de pantalla ha quedado regulado en los artículos transitorios. Punto espinoso fue siempre el 50% de pantalla para nuestro cine. Hoy los porcentajes se han reducido y esas reducción será gradual durante los próximos cinco años. Con ello se pretende que nuestro cine sea más competitivo y de mayor calidad.
Protegeremos nuestra industria, pero no bajo una idea de paternalismo gubernamental, sino sustentados en la base de creer en el talento y la creatividad de nuestros cineastas. Lucharemos siempre porque nuestro cine tenga prioridad en la exhibición sobre las películas extranjeras, las cuales desafortunadamente en su gran mayoría son producto de baja calidad temática y con esquemas o planteamientos que nada tienen que ver con nuestra realidad.
Sea bienvenido el buen cine extranjero. El cine que nos aporte, que nos enriquezca culturalmente, ese cine, nos estimulará a responder con un cada vez mejor cine mexicano.
Señores diputados: con satisfacción hablo ante ustedes desde esta tribuna como actriz, como gente comprometida con la industria del cine, en la cual me he desempeñado durante casi toda mi vida. Y también hoy, como diputada, creo que la Ley puesta a su consideración abre una nueva dinámica para nuestro cine, con un marco de mayor libertad y con una gama de posibilidades que en su momento podrán ser desarrolladas con mayor amplitud, a través de un reglamento que atienda y busque resolver la gran problemática de nuestro cine nacional. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguiente diputados oradores:
Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rivera del Campo, del Partido Acción Nacional; Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Centeno Ávila, del Grupo Independiente; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional; Ernesto Enciso Clark, del Partido Acción Nacional; Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática; Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional, y Oscar Pimentel González, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:- Señor Presidente, distinguidas diputadas, distinguidos diputados:
Qué podríamos responder a la pregunta de cuál es el saldo del cine nuestro, del cine mexicano; el cine mexicano ha seguido una trayectoria en zig zag, diríamos que nuestro país fue de los primeros en tomar el camino de exhibir, de producir, de filmar películas. El invento de los hermanos Lumiere llegó a México diríamos pronto y a pesar de este camino zig zag, nosotros podemos afirmar que México se puede sentir orgulloso de sus directores, de sus artistas, muchos de ellos de genio, que le han dado prestigio al cine mexicano, y nadie podría negar que el cine mexicano, a pesar de los defectos que haya tenido, ha contribuido a forjar la conciencia de la nación, la defensa de nuestros valores culturales e históricos y esa trayectoria, a pesar de todas las contingencias debe continuar.
Nosotros los diputados del Partido Popular Socialista apreciamos las modificaciones que se hicieron a la iniciativa presidencial; sin embargo, consideramos que el dictamen no recogió muchas de las propuestas que le hubiera dado a la Ley una estatura mayor para proteger el cine nacional y para que el propio estado se comprometiera en la producción y financiamiento del buen cine.
Nosotros pensamos que esta Ley es parte de todo un paquete para ir adaptando las normas de México al Tratado de Libre Comercio. Y claro como lo veremos más adelante, hay disposiciones francas y claras que confirman lo que nosotros estamos diciendo.
Ha desaparecido de la Ley que ahora se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados, varias disposiciones que nosotros hemos considerado positivas de la Ley que se va a derogar. Vamos a hacer algunas consideraciones respecto de estos aspectos positivos que se van a derogar, y por qué no tenemos que reconocer también los cambios que se le hicieron a la iniciativa y que están encaminados muchos de estos cambios a proteger a los artistas, a darles valor a los actores, a los intérpretes, éstos últimos largamente desprotegidos.
Desaparece de la iniciativa el principio de que la industria cinematográfica es de interés público y no es una diferencia sutil. Esta disposición, este principio pudiéramos decir, se sustituye por una fórmula sacramental; la fórmula sacramental que tienen todas las normas, de ser esta Ley de orden público e interés social.
No es repito, una diferencia sutil, porque uno es el concepto de que la industria cinematográfica y de interés público y otra es que la Ley es de interés público. ¿Es o no de interés público la industria cinematográfica? Yo diría que es de primer orden desde el punto de vista del desarrollo económico de la nación, pero también desde el punto de vista del desarrollo de la cultura.
De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley que se va a derogar, en su fracción I, la Secretaría de Gobernación tendrá la atribución de fomentar la producción de películas de alta calidad e interés mediante aportaciones en efectivo, y celebración de concursos.
Esto desaparece, claro que muchas de las facultades, como todos sabemos, pasan a la Secretaría de Educación Pública, muchas de las facultades que antes estaban reservadas a Gobernación pasan a la Secretaría de Educación Pública, este cambio es positivo, lo sostenemos categóricamente; sin embargo ya la Secretaría de Educación Pública no tendrá intervención directa en la producción de películas.
Se ha criticado mucho naturalmente la intervención del Estado en la producción de películas. Se dice que ha habido periodos desastrosos en la industria cinematográfica debido a una mala planeación a una mala política del Estado para producir películas, y esto es verdad, pero
no todo lo que el Estado produjo fue malo, los esfuerzos que se hicieron con el Banco Cinematográfico, con el Consejo Nacional de Cinematografía, debemos apreciarlos y realmente nosotros no podemos descalificar a priori este esfuerzo del Estado mexicano para intervenir en la producción de las películas.
La fracción VIII del artículo 2o. de la Ley que se pretende derogar, ordenaba que la Secretaría de Educación Pública debía incrementar el empleo de la cinematografía como medio de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar. Ahora la fracción VII del artículo 6 de la Ley que estamos discutiendo, del dictamen que estamos discutiendo, habla simplemente del uso del cine y del video, es decir, no hay un compromiso real para que la Secretaría de Educación Pública produzca películas de carácter científico, educativo, cultural; por lo menos la Secretaría de Educación Pública debía tener esa obligación y esa facultad para filmar documentales relativos a la realidad de nuestro país, a sus recursos, tanto materiales como culturales, la difusión científica, la difusión cultural, etcétera, y el cinematógrafo, naturalmente, como medio poderoso para la educación.
Pero hay una cosa de gran importancia. La Ley que estamos discutiendo acaba con lo que podría llamarse la protección al cine mexicano. Ustedes recuerdan que la Ley vigente, porque es vigente hasta ese momento, estipula una protección categórica al cine mexicano, la exhibición de películas nacionales en un 50% del total de pantalla, en cada sala cinematográfica, y aquí está la secuencia justamente en el dictamen que estamos discutiendo, en el tercero transitorio, que va estableciendo los plazos de esta protección, todo esto ajustado a las modalidades del Tratado de Libre Comercio, porque se considera que bien hay que dar algunos plazos para que el cine mexicano pueda competir con el cine extranjero.
Ese transitorio se modificó, se alargó el plazo hasta 1997, es decir, en cinco años. Hasta el 31 de diciembre de 1997, las películas mexicanas tendrán una protección del 10% si así puede expresarse. Después, las películas extranjeras se podrán exhibir ya sin ningún obstáculo, se acaba la protección nacional.
Claro que debido al esfuerzo de artistas mexicanos y de los nuestros, permítanme que los llame así, Silvia Pinal, Julio Alemán, se logró que hubiera una protección, contenida en el artículo 8o., que se restringe justamente el doblaje, porque como comentábamos con ellos, el cine italiano fue arrasado debido al doblaje. Claro que la propia Ley establece las excepciones, excepciones correctas. Digamos que ésta fue una mejora que sufrió la iniciativa. Esto se peleó y se logró, afortunadamente.
Se nos ha explicado en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de nuestra Cámara, que el Registro Público Cinematográfico, como dependencia de la Dirección Nacional de Cinematografía, no desaparece, sino que pasa a la Dirección de Derechos de Autor. No sabemos realmente cuál será su suerte.
Por supuesto que la iniciativa, que el dictamen que hoy discutimos, no contempla para nada la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Perdonen mi ignorancia, pero ¿en dónde va a quedar esta academia? ¿En la sociedad civil como ahora se acostumbra decir? ¿Será asunto exclusivamente de los particulares, el Estado no va a tener ninguna intervención en esto? Porque una academia de este carácter, en lugar de desaparecer debiera reforzarse. Es muy importante que haya una Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.
El sueño, claro, de corrientes políticas y académicas, es que México tenga su academia de ciencias apoyada por el Estado. Día llegará en que esto realice.
Yo quiero recordar a los honorables diputados, diputadas, que en la XLVI Legislatura del Partido Popular Socialista, a través de Lombardo Toledano, propuso una Ley para crear la Academia de Ciencias, y esa Ley se aprobó, pero quedó ahí, en letra muerta y en desuso. No se ha cumplido, no hay tal Academia de Ciencias de México. Pensamos que la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas debía ser una rama de la Academia de Ciencias de nuestro país. Esa demanda la seguiremos planteando en el Congreso de la Unión.
Siempre estuvimos hablando de cómo proteger los derechos de los artistas e intérpretes. Esto ha sido un viejo pleito, porque nuestros artistas han estado desprotegidos. Afortunadamente se logró que se introdujera en el artículo 11, los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes. Ese es un avance correcto.
Pero yo diría que es una disposición demasiado general. Se podrá decir: lo vamos a remitir al Reglamento. Bueno, pero si todo se remite al Reglamento, quizá estos derechos queden perdidos en papeles de la burocracia y no se cumplan jamás.
Nuestra pregunta es si en efecto esa disposición que contempla los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes, va a tener cumplimiento en un Reglamento donde se van a detallar estos derechos.
Yo diría, y lo propongo en forma concreta, que la Comisión de Cinematografía de nuestra Cámara, tuviera intervención en la redacción del Reglamento respectivo de esta Ley, precisamente para cuidar estos detalles. Ojalá y esta Cámara pudiera comprometerse a ello, y pudiéramos intervenir, dar nuestra modesta opinión en estos aspectos que a nuestro juicio son importantes.
Por estas razones, distinguidas diputadas, distinguidos diputados, el Partido Popular Socialista no votará en favor de este dictamen, porque es una Ley que tiene gran desventaja o desventaja en relación con la Ley que se trata de derogar, y repito una vez más, creo que vamos a dañar los intereses del pueblo, los intereses de los artistas mexicanos, al abrir las puertas de par en par, a partir de 1998 al cine extranjero, que no siempre es buen cine. Mucho de ese cine es pura pornografía o puras películas que realmente pervierten el buen gusto de nuestro pueblo, de nuestra juventud y de nuestra niñez.
Y una vez más quiero expresar a la honorable Asamblea que el Partido Popular Socialista, tiene un gran aprecio a nuestros artistas, que le han dado al mundo lecciones también de calidad.
Nuestros artistas han contribuido a que nuestro país se conozca en el extranjero, y que también haya una imagen auténtica de lo que ha sido nuestro batallar por la liberación de nuestro pueblo y su progreso social. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Odilón Cantú, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional...
¿No se encuentra...?
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
El Diputado Juan Hernández Mercado: -Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Me toca, a nombre de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, hacer uso de esta tribuna, pero sobre todo quisiera hacer notar que somos portadores de la inquietud de diversos cineastas que han depositado en nosotros su confianza, y que la razón de nuestro voto no está únicamente en función particular de un partido, está en función de una aspiración de los mexicanos, en busca de reales espacios de libertad de expresión. Y eso lo que queremos dejar muy claro, lo queremos puntualizar, porque creemos que en el fondo de la iniciativa que hoy se discute, realmente está de por medio la libertad de expresión. Y esperamos que lo que aquí se argumente tenga eco en la conciencia de ustedes, compañeros colegisladores.
En concepto de nuestro partido, la iniciativa turnada por el Ejecutivo al Senado de la República, con relación a la Ley Federal de Cinematografía, adolece de varios defectos, llamémosle así.
Primeramente, sabemos que el Ejecutivo es libre de determinar a quien envía la iniciativa, eso es muy claro. Pero si en la Cámara de Diputados existe una Comisión específica que empezó a trabajar desde el principio de la Legislatura, ¿por qué razón el Ejecutivo omitió o decidió no enviarla a la Cámara de Diputados? La envió exactamente al Senado de la República, donde no existe Comisión y fue turnada, llamémosle así, simbólicamente a la Comisión de Gobernación.
Creemos que es una falta de respeto a la Legislatura, puesto que si aquí hay personas que pertenecen al medio, que tienen mucho qué aportar y mucho qué decir, no se les haya tomado en cuenta.
Hemos reclamado desde origen, desde siempre, que es el momento en que la Cámara de Diputados realmente proponga, realmente participe, no que se convierta, como en este caso, en Cámara revisora de una iniciativa de Ley.
Asimismo, no sé cómo entender el mensaje del Ejecutivo, si realmente es de temor a la oposición, porque llega al Senado donde únicamente ésta representa el 5%; y aquí la oposición está en el orden del 36%.
Garantizada la mayoría en ambas Cámaras, no tenía porque haber existido ninguna objeción para enviarle a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley.
Ahora, como bien nos hemos constituido nosotros como Cámara revisora, quisiéramos, y quisiera exhortarlos, compañeros, a que realmente empujáramos a que esta Ley fuera amplia, fuera de apertura, para que se modificara hasta el
artículo sexto, si así fuera considerado. Pero tenemos que avanzar, tenemos que encontrar la libertad de expresión a que aspiran todos los mexicanos.
Consideramos la ausencia de voluntad política del Ejecutivo, para que libere y democratice, y no sólo, en la forma, sino de fondo, los medios, en virtud de que en ningún momento plantea modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con respecto a las facultades de la Secretaría de Gobernación, ni con respecto a la previa censura y, en consecuencia, al artículo 6o. constitucional.
La misma iniciativa no borra de manera clara la interrelación existente entre los medios electrónicos y el cine.
¿Que nos plantea la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Yo creo que ése es el problema de la fracción I del artículo 5o. La Ley Orgánica, en su artículo 27, nos plantea que una de las facultades de la Secretaría de Gobernación es promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y la industria editorial; vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y moral pública, y a la dignidad personal y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben al orden público, y dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo.
Quisiera preguntarles, señores legisladores, si realmente ustedes consideran que la Secretaría de Gobernación, dada su capacidad y funciones en el orden de la seguridad pública, de la seguridad interna y de la seguridad nacional, ¿cuenta con personas que pueden trabajar y pueden emitir juicios con relación a la cultura?
Yo creo que tenemos una Secretaría de Educación Pública, donde se centra la función cultural del Estado.
¿Cómo podríamos considerar que el Secretario de Gobernación, en un momento determinado, pudiera convertirse en el gran censor, quien determine cuál es la moral que debe respetarse? ¿A qué moral se va a referir? ¿A la moral del gobernante en turno? ¿A la moral del partido dominante? ¿A la moral de una clase social? ¿Realmente será la función de una Secretaría de Gobernación?
De ahí, nosotros planteamos que por esa razón no debería de aceptarse esta Ley, como hoy nosotros los emitimos en un proyecto de dictamen.
Asimismo, a la mejor sería bueno cambiarle, entonces, cómo va; creemos que la voluntad del partido mayoritario no es el sentido de regresar la iniciativa, quisiéramos, que la regresaran, los exhortamos a que la regresen, pero si no es así, entonces quisiéramos proponer que se cambie el nombre de la Secretaría de Gobernación, y que se convierta en la Secretaría de la Moral y de Buenas Costumbres. (Aplausos.)
Porque no podemos concebirlo en otro sentido.
Con respecto a la libertad de expresión, por la estrecha relación que se guarda con el artículo 6o. constitucional, con la Ley Federal de Cinematografía y la Secretaría de Gobernación, merece el comentario.
Ese artículo permanece estático desde 1857, y les pregunto a ustedes, ¿si realmente no han cambiado las condiciones desde el siglo pasado hasta nuestros días? ¿Realmente estaremos en una sociedad como la que se presentó el siglo pasado?
Recuerden ustedes cómo en la época prerrevolucionaria, el Estado reprimió a los periodistas; recuerden ustedes cómo las facultades de Gobierno, del Ejecutivo para poder controlar la libertad de expresión, ha sido una negra historia en todas las luchas armadas y en todas las luchas sociales, que se han enfrentado por parte del pueblo mexicano.
Algunos de los compañeros y algunas personas del medio consideran que es un gran avance que hoy ya no se haga alusión al artículo 6o. en la Ley Federal de Cinematografía, pero ¿podrá una Ley Reglamentaria, podría una Ley secundaria modificar una Constitución? ¿Podría ir contra lo que ahí se establece?
El artículo 6o. establece una doble vertiente: por un lado, nos da la libertad, pero por el otro lado nos establece condiciones que parecían estar más allá de la propia libertad que nos concede.
Esto se centra en que no se ataque a la moral, no se ataque a los derechos de terceros, no se provoque algún delito o no se perturbe el orden público.
En cuanto a no atacar los derechos de tercero preguntémonos si realmente la cinematografía podrá hacer uso de la capacidad creativa y
promoverse como lo que es parte y se vayan a establecer que no se vayan contra los derechos de terceros. ¿Quién es ese tercero o cómo lo vamos a personificar? ¿Lo vamos a personalizar en el Ejecutivo? ¿Lo vamos a personificar en el partido de Estado? ¿En que lo vamos a personificar?
Cuántas veces algunas declaraciones sí vulneran a los particulares, como se hacen a la ligera por parte de algunas dependencias oficiales y ahí no vulneran los derechos de tercero, sino podríamos estar en esas exageraciones, pero ésa es la gran limitante y es a donde quisiéramos que hubiese llegado esa propuesta del Ejecutivo.
No perturbar el orden público, pudiéramos estar bajo una dictadura, y una propuesta contra la dictadura sería perturbar el orden público.
Además esto si lo planteamos, habría que preguntarse hasta dónde va a estar la buena voluntad y el sano juicio del Ejecutivo para mantener el compromiso que se enuncia en el dictamen que se ha puesto a su consideración; ya lo mencionaba el compañero del Partido Popular Socialista. Es saludable y es muy bueno que participen los sectores interesados en la elaboración del Reglamento.
El Reglamento total como hoy se encuentra, no es más que el previo aviso de que cualquier ciudadano por la mínima expresión pudiera ir a la cárcel.
Así como se establecieron las comisiones de autorización para las películas, encontramos cómo se definen ataques a la moral, aun cuando se ofenda al pudor, cuando se contengan escenas de carácter obsceno, cuando se profieran expresiones obscenas o moralmente indecorosas, cuando haya provocación o apología de los vicios o delitos, cuando se excite a la anarquía, cuando se aconseje o se incite al robo, al asesinato, a la destrucción de inmuebles.
Yo quisiera preguntarles a todos ustedes, compañeros legisladores, ¿qué está ocurriendo con el cine en comparación de la televisión? ¿Cuántas series televisivas, si les aplicáramos este Reglamento de Cinematografía, saldrían inmediatamente del aire y colocaríamos a sus productores atrás de las rejas? No es posible dejar al cine con limitaciones que le impidan competir ante series norteamericanas de extrema violencia. En ocasiones tal vez lleguen a atacar la moral, pero esto tenemos que definirlo socialmente, es la sociedad la que debe exigirlo, la sociedad la que debe definirlo.
Ataque al orden y a la paz públicos también son uno de los elementos que se explican en el actual Reglamento. Llama la atención y aquí a manera de comentario la gran diferencia que hay entre la libertad de expresión a la mexicana y la Constitución de 1917 y la Constitución Española de 1978. Ahí no hay ambigüedad, ahí no se habla de la moral, de las buenas costumbres; ahí se establece que todos los ciudadanos se van a poder expresar y dice: "Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra y el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Se reconoce a la producción, creación literaria y artística, científica y técnica y se reconoce sobre todo a que el ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
¿Qué nos dice la fracción I del artículo 5o.? la Secretaría de Gobernación autorizará la exhibición. No está reglamentado, no esta puntualizado, es literal la expresión y en ese sentido la puede explicar el Ejecutivo. Pudiera ser que hubiera respeto del actual Titular del Ejecutivo, ¿Quién garantiza que el siguiente Titular del Ejecutivo no modificará el Reglamento a su antojo? ¿Quién nos garantiza la continuidad de un Reglamento?
Esperamos que haya la búsqueda real de esa seguridad de la creación, de esa seguridad de aquellas personas que están dentro del medio cinematográfico, y ponía el ejemplo de la Constitución Española, porque nosotros somos una república y ahí hablamos de una monarquía con rasgos de constitucionalidad. Entonces ellos transitan del franquismo y establecen una nueva constitución.
Nosotros tenemos un legado de la Constitución de 1917 y no hemos logrado superar el artículo 6o, que es una calca de la Constitución de 1857.
Compañeros, como Cámara revisora, ¿aceptaremos que las iniciativas del Ejecutivo siempre sean tímidas, sean pusilánimes? ¿Que no se atrevan a enfrentarse al franco debate ante la sociedad?
¿Quedaremos como una Cámara revisora en la que no podamos emitir nuestros juicios, no podamos considerar que si las leyes cinematográficas, cuando se tocan permanecen por décadas guardadas?
¿Cuándo volveremos a revisar lo que ya aprobamos? ¿Cuando volveremos a crear mecanismos de modificación?
Mencionaba la desaparición del artículo 6o., ya no quiero volverlo a repetir, sí desaparece de la Ley, pero consideren que estamos viéndolo desde una Ley secundaria, y que no estamos alterando para nada el artículo constitucional, el cual puede aplicarse con todo su rigor cuando así lo determine el Ejecutivo.
Volviendo al proyecto que hoy se pone a nuestra consideración, encontramos que esta Ley debería de fijar en su fracción I, artículo 5o. mayor precisión, no una generalidad, porque las atribuciones en materia de autorización para la exhibición pública de películas la contiene la Secretaría de Gobernación, y simplemente da una base, una mínima que permita al Ejecutivo con una total discrecionalidad, fijar los criterios para lograr esas autorizaciones a través del Reglamento que expida para tal efecto.
La Constitución, en diversos preceptos da bases generales respecto de una materia e indica en el propio precepto que será la Ley la que establezca las bases y modalidades para el ejercicio de un derecho. ¿Esta Ley con todas sus síntesis, lo esta haciendo? Para el cumplimiento de ciertas atribuciones o para fijar casos, condiciones, requisitos, etcétera, la Ley ha quedado vacía, nos lleva siempre al Reglamento.
La Ley que hace este desarrollo se considera Ley reglamentaria, ¡ojalá y fuera Ley reglamentaria del artículo 6o. en materia de cinematografía, y que tuviéramos Ley reglamentaria del artículo 6o. en materia de televisión y en materia de radio!
Asimismo, no debemos confundir una Ley reglamentaria con un Reglamento. La Ley es un cuerpo normativo emanado del Poder Legislativo que si bien se crean disposiciones generales, debe tratar de desarrollar en su cuerpo el mayor número de casos, condiciones, requisitos o atribuciones, etcétera, que tienen autoridades y gobernados para el exacto y el mejor cumplimiento de la misma, y no establecer bases tan generales que permitan al Ejecutivo el manejo discrecional de los criterios y conceptos manejados por la propia Ley, pues dejarlo así equivale a decir que el Ejecutivo es realmente quien legisla en todas las materias.
Nosotros mismos, los legisladores, hemos aquí aprobado leyes reglamentarias que por mucho han agotado en su cuerpo todas estas condiciones, requisitos o atribuciones, competencias, etcétera, precisamente en la idea de fijar nosotros mismos los criterios, y en el caso de esta Ley que ahora discutimos, no se acerca en lo más mínimo a estas ideas que les hemos dado para tratar otras leyes.
La facultad reglamentaria del Ejecutivo no es para que él fije los criterios sobre la esencia, manejo y aplicación de toda una Ley, sino que en su actividad es subsidiaria de la actividad legislativa. En un reglamento se trata de hacer más explícito el contenido de una Ley, pero precisamente sin ir más allá de lo que la propia Ley señala. ¿el Reglamento podrá ir más allá del artículo 6o. constitucional?
En cuanto al artículo 6o. de la minuta, que señala que la fracción I, que la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tendrá la atribución de fomentar y promover la producción, distribución, y exhibición de películas de alta calidad y de interés nacional.
¿Qué significa películas de alta calidad y películas de interés nacional? ¿Los favorecidos por el poder Ejecutivo, los favorecidos por alguna persona dentro del estado, quiénes van a ser? ¿Cómo lo vamos a determinar? Esto, está en el aire.
¿Quién va a decidir cuáles son las películas de gran interés nacional y con qué criterio se va a calificar una película en esas condiciones? Consideramos que esas preguntas deberían de ser resueltas en el Poder Legislativo, no dejarlas únicamente a la capacidad del Ejecutivo.
Es facultad de los legisladores, a través de la formulación de leyes reglamentarias determinar con claridad los conceptos que se manejan en las leyes, explicitando lo más ampliamente posible todos los gastos contemplados, y éste que planteamos precisamente es uno de ellos. Dejar la Ley en esas condiciones tan generales permiten al Ejecutivo anticonstitucionalmente ir más allá de lo que la Ley señala, porque la Ley no está señalando los criterios que deben servir de base para calificar una película como de alta calidad e interés nacional; a nosotros debería de correspondernos.
Otro ejemplo claro es la falta de técnica legislativa que contiene esta Ley, se dice que no es así, nosotros decimos lo contrario, se vale discrepar.
Esta Ley se encuentra precisamente en los artículos 14 y 15 de la minuta en estudio, pues estos artículos señalan que contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Gobernación en materia de cinematografía, se podrá interponer el recurso de revisión, remitiéndonos
al reglamento de la Ley que expide el Ejecutivo, en donde determinará los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
Aquí hay un gran problema: ¿quién nos va a garantizar que el Reglamento va a ser más sencillo, va ser expedito, va a ser realmente ágil y no va a ser un camino tortuoso? El Ejecutivo cuando quiera, hoy podrá poner que es simple y luego lo puede volver a cambiar. ¿De qué mecanismo jurídico disponemos nosotros para crear estas condiciones? Se ha dicho que ante un Tratado de Libre Comercio, que es lo que subyace a través de esta iniciativa, deberíamos de estar en capacidad de competir. ¿Cuándo el cine mexicano podrá abordar temas como el que abordó el cine norteamericano con John Fitzgerald Kennedy, si "La Sombra del Caudillo", permaneció enlatada por décadas? Y hay películas que seguirán en esas condiciones.
Nosotros no confiamos en un Ejecutivo, porque él es únicamente uno de los poderes de una sociedad, de una nación. El otro poder somos nosotros, somos el Poder Legislativo y los invito a que asumamos realmente nuestra condición, que seamos eso, un cuerpo legislativo, no un cuerpo sujeto a las frivolidades de un Ejecutivo en ocasiones titubeante y contradictorio.
Asimismo, me gustaría hacer notar que en las legislaciones de Argentina, Venezuela y todas aquellas que se nos han pasado, Perú, ahí la Secretaría de Gobernación no juega ningún papel. Yo creo que lo lesivo es la Secretaría de Gobernación como punto fundamental.
Y lo otro es crear realmente mecanismos que apoyen y desarrollen un cine nacional en todas. En España, Venezuela, Perú Argentina, se habla de promover el cine nacional. Se habla de avanzar en él y de tenerlo adelante.
Asimismo, quisiera dejar constancia que hay un escrito de la Sociedad General de Escritores de México, donde también expresan su honda preocupación con respecto a la Secretaría de Gobernación, y que ellos se pronuncian porque haya un mayor tiempo de pantalla.
En todas estas legislaciones hay una protección a la exhibición, y hay apoyo. En España se ha llegado al grado de crear comité de ayuda: ayuda para la producción de largometraje y cortometraje, ayudas complementarias a las películas de especial calidad, ayuda para la conservación de películas donde hay una gran limitante en la iniciativa, en la Ley que estaba sometida a nosotros, ahí no se explícita qué copia nos van a dar, ¿una copia de buena calidad? ¿una copia de mala calidad?
Pueden retardar fácilmente los productores y convertirnos una película hecha en celuloide a video y entregar esa copia; y habrán cumplido. Dicen que en el Reglamento, ¿cuántas autoridades menores, cuando están sometidas a un Reglamento dan pruebas claras de su honestidad? ¿Dan prueba clara de su rectitud? y ¿cuántas veces mejor el soborno funciona y simplifica trámites administrativos y cumple deficiencias en la entrega de materiales?
Sobre la conciencia de nosotros va a quedar como ha ocurrido en otras leyes, la responsabilidad de dejar pasar propuestas que adolecen de defectos. Asimismo en España se plantea un jurado de ayudas complementarias a películas de especial calidad e enteres nacional.
Por último, quisiera dejar también anotado que la Cineteca Nacional, ¿qué tiene que hacer en Gobernación? ¿Es para reconocer a los extras? ¿Es para promocionar a los artistas? ¿Qué hace ahí en Gobernación?, le podíamos pasar la Biblioteca Nacional también a Gobernación, si gusta. Si gusta le podíamos pasar el Consejo Nacional de Turismo a Gobernación.
Creo que estamos equivocados, compañeros diputados. Pero sea la responsabilidad de ustedes y su voto, el que condene o ayude a la industria cinematográfica.
No seamos Cámara revisora de membrete, compañeros, no aceptemos que se vulnere una Comisión de Radio y Televisión que existe y se nos pase frente a nuestras narices, burlándose totalmente de nuestra capacidad y responsabilidad. Creemos que la Comisión ha hecho un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo en la medida de sus posibilidades, ha incorporado algunas modificaciones. Pero ésa es la vía técnicamente a través de conferencia, como debemos avanzar. Es realmente a través de un trabajo serio, a partir de las comisiones que existen y no que el Ejecutivo considere que estamos únicamente pintados. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Yolanda Elizondo Maltos.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: -Con su venia, señor Presidente:
El Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Cinematografía, enviada por la honorable
Cámara de Senadores como Cámara de origen, señala que la Ley de la Industria Cinematrográfica, actualmente vigente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1949, y que fue objeto de diversas reformas publicadas en el propio Diario Oficial el 27 de diciembre de 1952.
Desde entonces esta Ley ha normado lo relativo a la producción, distribución y exhibición de películas nacionales o extranjeras de largo y cortometraje, con el propósito de apoyar el desarrollo de esta industria nacional.
El cine sigue siendo un importante medio de comunicación audiovisual, con un gran significado cultural, educativo y de entretenimiento, y la industria que lo hace posible como una actividad económica, artística y creativa, imprescindible en nuestro desarrollo político, económico y social del país.
Por disposición transitoria contenida en la iniciativa de la propia Ley, se abroga la Ley de la Industria Cinematrográfica publicada en el Diario Oficial, en 1949.
Como consecuencia de dicha abrogación, la iniciativa de Ley Federal de Cinematografía, asigna diversas facultades que hasta esta fecha venían siendo ejercidas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, a favor de la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, perdiéndose en beneficio de la seguridad jurídica de la producción, exhibición y comercialización de películas nacionales, el control de la internación a nuestro país de películas extranjeras, toda vez que al desaparecer como ente jurídico el Registro Público Cinematográfico y la previa autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, en cuanto a la importación de películas extranjeras, se provoca la importación paralela, pudiéndose llegar a extremos tales, como la legalización de la piratería o el fomento de ésta última, y por lo tanto, su imposible control jurídico.
La Ley que se pretende abrogar contempla este control jurídico administrativo en la fracción X de su artículo 2o., mismo que consideramos debe continuar tanto en su aspecto de previa autorización para la importación, así como en cuanto a la obligación de inscribir dichas importación y la documentación que la soporten y que contenga la acreditación de los derechos para distribución, exhibición y comercialización de las producciones extranjeras en nuestro país.
En el Registro Público Cinematográfico, organismo que no es conveniente que desaparezca, sino que en todo caso, deberá reforzársele con la obligatoriedad de inscripción de películas de cualquier producción cinematrográfica nacional o extranjera en el Registro Público del Derecho de Autor, en cuanto a los documentos que soporten la titularidad de la propiedad intelectual de dichas producciones.
La nueva Ley si bien pretende ser proteccionista de la tituliradad de los derechos de distribución o comercialización, no prevé los medios o elementos jurídico idóneos para el acreditamiento de los mismos y que puedan surtir efectos ante terceros. Es por ello que se recomienda la no desaparición del registro público cinematográfico, mismo que deberá seguir siendo dependiente de la Secretaría de Gobernación, toda vez que ésta es la facultada para autorizar la exhibición y comercialización de películas en cualquiera de sus formatos.
En consecuencia, al artículo 3o. del proyecto de la ley deberá adicionársele una fracción, con la siguiente redacción: "autorizar la importación de películas extranjeras y la explotación de películas nacionales".
Por lo anterior, a la redacción de las fracciones I y II del artículo 3o. del proyecto, deberá de adicionarse en cada una de ellas, la siguiente redacción: "Previa inscripción de la película y acreditación del derecho del titular ante el registro público cinematográfico".
Por otro lado, es conveniente clarificar el contenido y espíritu del artículo 7o. del proyecto, en el sentido de que para conceder la autorización a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 3o., deberá acreditarse ante la Secretaría de Gobernación por medio del registro público cinematográfico en forma fehaciente por parte de las personas físicas o morales que pretendan exhibir o comercializar películas, la titularidad de sus derechos para estos fines y probar claramente que la producción de dichas películas ha dado fiel cumplimiento a las leyes vigentes en materia de derechos de propiedad intelectual.
Es indispensable que en el proyecto que se comenta, se incluya alguna disposición expresa que combata a la piratería, así como que se apoyen los trabajos que en esta materia se han venido realizando en México en los últimos años. Ya que nuestro país es líder mundial en la protección intelectual derivada del combate a la piratería.
En consecuencia, en la iniciativa se deberán contemplar sanciones más severas, tanto en lo que a pena corporal como material se refieren, especialmente en cuanto a aquellos que realicen actividades de la llamadas "piratas".
Considerando que el nivel de educación básica en nuestro país, nos demuestra que un alto porcentaje de la población no cuenta con conocimientos suficientes de nuestro propio idioma y mucho menos con niveles adecuados de lectura y de conocimiento de idiomas extranjeros, y tomando en cuenta que la función social que corresponde a la industria cinematográfica es básicamente la de llevar entretenimiento a los mexicanos y además de ser un medio de difusión cultural, es por ello necesario que en el proyecto de Ley se contemple la autorización del doblaje de películas producidas en otros idiomas al idioma español, para su exhibición en cualquier forma.
Lo anterior conlleva la finalidad de proteger a los sectores de nuestro país que por cuestiones de edad, adultos o niños, no tengan la facilidad de leer los subtítulos que actualmente aparecen en la mayoría de las películas producidas en idioma distinto al nuestro, así como por el desconocimiento de dicho idioma extranjero o por no saber leer. Situaciones que ya antes se precisaron.
Es por ello que siendo la industria mexicana del doblaje un ejemplo internacional por su calidad de trabajo y que es reconocida y contratada por las propias compañías productoras extranjeras para realizar el doblaje al español de sus películas y demás producciones, a efecto de comercializarlas en los países de habla castellana, el doblaje deberá contemplarse dentro de esta Ley y autorizarse. No sólo en cuanto a películas cinematográficas, sino en producciones de todo tipo, principalmente de contenido cultural.
Sentimos que de no adecuarse la redacción de los artículos de la iniciativa de Ley en la forma que se comenta y con ello garantizar la protección de los derechos de los titulares de las películas, se provocará el incremento desmedido de la piratería, haciéndolo imposible de controlar, lo que ocasionará un grave e irreparable daño a la industria cinematográfica, y haber restricción en cuanto a la importación de películas, antes de que por cualquier medio legal se exploten, éstas en nuestro país podrán ser introducidas y explotadas por los piratas. Esta situación generaría la peor imagen de nuestras autoridades ante el extranjero, al no poder defenderse adecuadamente los derechos de propiedad intelectual, además del grave daño económico que se producirá a los industriales y demás factores que intervienen en la producción, distribución, exhibición y comercialización de películas.
En lo general, nuestra fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, dará su voto a favor con las reservas ya señaladas, porque consideramos que la iniciativa aporta puntos positivos en lo general, considerando que debe establecerse en la iniciativa la plena creatividad y libertad de expresión del artista y quien la produce. Por lo tanto hacemos dos propuestas: Una al artículo 3o. para adicionársele una fracción con la siguiente redacción:
"Autorizar la importación de películas extranjeras y la exportación de películas nacionales."
Por lo anterior a esta redacción de las fracciones I y II del artículo 3o. del proyecto, deberá de adicionarse en cada una de ellas la siguiente redacción:
"Previa inscripción de la película y acreditación del derecho del titular ante el Registro Público Cinematográfico."
Dejo a la Secretaría las propuestas de nuestro partido. (Aplausos).
El Presidente: -Las propuestas presentadas por la diputada Yolanda Maltos serán presentadas y votadas al final de la discusión.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Rivera del Campo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Rivera del Campo: -Señor Presidente; honorable Asamblea:
Toca a mí el precisar la posición de mi partido, Acción Nacional, respecto del dictamen sobre Ley Cinematográfica que nos ocupa en este día.
En este tema salta a la vista un hecho por demás significativo, que sea hasta ahora, fines de 1992, cuando las cámaras del Congreso discutan sobre una nueva Ley en materia cinematográfica, ya que el ordenamiento en vigor es reconocido por todos como obsoleto e inaplicable.
Es bienvenido al menos, porque desde 1935, año en que el Constituyente Permanente
incorporó a la Carta Magna la industria cinematográfica como materia sobre la que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar, éste sólo ha expedido un ordenamiento en 1949, es decir, hace más de 40 años, y luego algunas reformas en 1952.
A pesar de tratarse de una industria, si sólo se le ve como actividad económica de las más dinámicas y no obstante que el cine nacional se encuentra en aguda crisis en buena medida por su anacrónico, deficiente, inaplicable y burocratizante marco legal como abiertamente lo reconoce el Ejecutivo en la exposición de motivos de su iniciativa. Como lo señala también las comisiones que dictaminaron dicha iniciativa en el Senado y como quedó asimismo de manifiesto en las reuniones de consulta celebradas el pasado mes de agosto por convocatoria de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en las que participaron representantes de diversos sectores directamente vinculados a la industria cinematográfica.
Siento yo que no fue suficientemente discutida por cineastas, por gentes del medio esta iniciativa, creo que pudiera haberse dado más tiempo para haberse dado más tiempo para haberse perfeccionado; sin embargo la tenemos y tenemos ahorita presente y tenemos que precisar nuestra posición, la opinión hasta donde se ve, unánime la decadencia del cine mexicano ha sido provocada por el obsoleto marco jurídico que lo regula. El dictamen que hoy discutimos a partir de la minuta remitida por el Senado, presenta un Proyecto de nueva Ley Cinematográfica a la que por cierto, en su nombre se le puede suprimir la referencia de que es federal, y no pasaría nada, toda vez que en esta materia sólo el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar, como lo señala la fracción X del artículo 73 de la Constitución General de la República, sólo que la Ley debe llamarse Ley de Cinematografía y no Ley Federal de Cinematografía.
El proyecto decía, tiene en su favor, que propicia un marco jurídico moderno, desregularizador de la actividad cinematográfica en beneficio finalmente de ésta al introducir preceptos adecuados a la situación que reclaman los nuevos tiempos; no es cuestión menor, por supuesto, la expedición de un ordenamiento que suprime laberintos burocráticos que eliminan la excesiva intervención estatal manifestada en la existencia de una pesada regularización, pero también de una política altamente protectora que, se unió a la industria de la productividad, la ineficiencia y la mala calidad. El resultado es inobjetable, nos encontramos con un cine nacional inmerso, como queda dicho señores diputados, en una profunda crisis. Si bien el proyecto es aceptable en términos generales, no es posible callar diversas reservas que del mismo tenemos; en primer lugar, en los tiempos que corren no es posible aceptar que la dependencia del Ejecutivo responsable de la política interior y de cuestiones de seguridad nacional, es decir la Secretaría de Gobernación, tenga a su cargo importantes atribuciones en materia cinematográfica como son al autorizar la exhibición pública de películas y su comercialización; además de dirigir y administrar la Cineteca Nacional, la correcta distribución de funciones entre las dependencias de la Administración Pública nos señala que sencillamente no es posible, que una dependencia como la Secretaría de Gobernación tenga a su cargo ese tipo de atribuciones, pero además así nos lo dice la naturaleza misma de las cosas, el sentido común y el derecho comparado.
En países similares al nuestro de América Latina pero también de Europa como España, son los ministerios o Secretaría de Cultura los rectores de la actividad cinematográfica, que deben ser más que una industria, una actividad íntimamente ligada al arte y también portadora de valores culturales. Por ello esperamos que próximamente y mediante una simultánea reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública la función rectora en materia cinematográfica pase a ser competencia de la Secretaría de Educación Pública.
Por otra parte, mucho se ha discutido en los últimos días si se debe o no establecerse la obligación de recabar autorización previa, como propone el dictamen, para la exhibición pública de películas. Sus impugnadores señalan que eso es censura, y en su lugar proponen que la autoridad se limite a la clasificación de las películas.
Desde el punto de vista del artículo 6o. de la Constitución General de la República, es claro que la autoridad debe constatar que no haya ataque a la moral, a los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público exclusivamente.
Al efecto, consideramos pertinente que la Ley le establezca a la autoridad un plazo razonable para resolver acerca de la autorización para la exhibición pública de películas que le soliciten los particulares, tal vez 10 ó 15 días en la inteligencia que de no haber respuesta, si la autoridad guarda silencio se entenderá que se concede la autorización.
Es decir, proponemos en esta materia, la afirmativa ficha a tono con el propósito modernizador que se supone inspira esta Ley.
De igual manera proponemos que la fracción I del artículo 5o., establezca expresamente además del plazo ya mencionado, que la negativa de la autoridad a otorgar la autorización solicitada debe estar sustaciada y motivada en derecho.
En este caso, el particular podría interponer para su defensa el recurso de revisión previsto en el artículo 15, sólo que nos parece inaceptable que este precepto, como desafortunadamente ha ocurrido en todas las leyes que últimamente ha aprobado el Congreso, olímpicamente disponga que el Reglamento establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
Es decir, que la autoridad cuyos actos van a ser impugnados por los particulares, sea la que imponga las reglas del juego. Este es inadmisible, porque no debe ser la autoridad que resuelva el fondo de una cuestión la que establezca las normas fundamentales respectivas.
Además, que una disposición tan absurda como ésta va claramente en contra del principio de la reserva de la Ley por se una materia que debería estar en la Ley y no en un Reglamento Administrativo, pero en última instancia, va contra los legisladores mismos que debemos dictar tales normas.
Señores legisladores, los diputados del Partido Acción Nacional hacemos notar una disposición absurda, contradictoria y sin sustento constitucional, se trata de la contenida en el segundo párrafo del artículo 10 del proyecto que dice: "los precios por la exhibición pública de películas serán fijados libremente", pero agrega que su regulación es de carácter federal.
Hay este texto por lo menos una contradicción aparente, pues si los precios se van a fijar libremente, ¿para que se hace necesario que haya una regularización? Si son libres no puede haber regulación, y si hay regulación entonces ya no son libres. Este texto digno de Kafka a si está. Pero esta disposición equivale a algo así como un círculo cuadrado, pero nuestra objeción de fondo con relación a este precepto, es que se pretenda atribuir a la autoridad federal competencia en esta materia.
La competencia en materia de fijación de precios por exhibición de películas y en general todos los espectáculos, siempre ha correspondido a las autoridades locales como vamos a tratar de demostrar.
En efecto, el artículo 124 de la Constitución General de la República, establece que las facultades que no están expresamente por la Constitución contenidas para los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
Ahora bien, no hay en la Carta Magna ninguna facultad que expresamente le atribuya a la autoridad federal la competencia para regular los precios por la exhibición de películas o por los espectáculos públicos en general.
Es cierto que la fracción X del artículo 73 de la Constitución General, atribuye al Congreso de la Unión, la facultad de legislar en materia de industria cinematográfica, pero en reiteradas ocasiones la Suprema Corte ha interpretado y existe jurisprudencia por el particular, que la facultad se entiende en relación con aspectos sustantivos de la industria cinematográfica y de ninguna manera en relación con aspectos conexos, como pueden ser impuestos locales con precios por la exhibición de películas.
Nos adelantamos a un probable argumento en contra de nuestra tesis. Tal vez alguien quiera invocar lo establecido por el párrafo 28 de la misma Constitución General, que a la letra dice:
"Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular."
Señores, el Constituyente utiliza tres expresiones que son sinónimas, es decir, artículos, materia y productos, pero en ningún caso de refiere a servicios, y la exhibición pública de películas no es artículo , materia o producto sino un servicio. En consecuencia, señores diputados, cualquier regulación en lo que hace a la fijación de precios por la exhibición pública de películas, es una facultad que conforme a la Constitución debe corresponder a las autoridades locales, no a las federales.
Pero además en la práctica ha correspondido siempre a las autoridades locales, directamente a las municipales, como se puede atestiguar en cualquier momento por los señores diputados provenientes de Yucatán, de San Luis Potosí, de Sonora, del Distrito Federal y de cualquier otra entidad federativa.
Por ello, los diputados de Acción Nacional reivindicamos para las autoridades locales esta
facultad, y nos oponemos decididamente a que se le pretenda atribuirla en forma alguna al Gobierno Federal.
Por lo expuesto, los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen en lo general, con las reservas en lo particular a la que ya me he referido. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Julio Méndez Alemán: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de iniciar mi exposición, yo quisiera decirle al diputado Tavira, del Partido Popular Socialista, que sigue existiendo la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematrográficas, a pesar de no estar incluida en este proyecto de Ley.
La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematrográficas es una asociación civil que opera conforme a sus estatutos, estando integrada por 25 instituciones de todos los sectores que participan en la actividad cinematográfica, público, privado y social: Instituto Mexicano del Cine, Radio, Televisión y Cinematografía, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Politécnico Nacional, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, asociaciones de cine, clubes, periodistas cinematográficos, los sindicatos y sociedades autorales, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, Asociación Nacional de Actores, Asociación Nacional de Intérpretes, escritores, directores, músicos, etcétera. Sus actividades son apoyadas por las instituciones que la conforman, las que expresan su opinión de manera democrática en la Asamblea General, órgano supremo de la academia.
En años recientes, la academia ha restituido su prestigio otorgando los arieles en el Palacio de Bellas Artes, el primer foro cultural del país.
En la última Asamblea de la Academia, se determinó que fueron los recipiendarios de un Ariel quienes escogieron la nominación para integrar las ternas al Ariel. Por esta parte, existe un programa de actividades culturales ya aprobado por la asamblea general, que incluirá reconocimientos, publicaciones, ciclos de cine y seminarios, para hacer de este cuerpo un foro que promueva y estimule el desarrollo de nuestra cinematografía, sin que en él intervengan el criterio unipersonal de los funcionarios.
Dentro de las facultades que la Ley asigna a la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se contemplan el otorgamiento de reconocimientos y la organización de eventos cinematográficos. La Academia, al ser una asociación civil con libertad plena de actuación, contará sin duda alguna con el apoyo del Estado, pero también de todos aquellos sectores de la industria cinematográfica, para hacerla en verdad una institución participativa y plural.
Compañeros, el honor de ocupar esta altísima tribuna, lo comparto en estos momentos con mis compañeros del que hacer artístico y cinematográfico, al abordar el tema del cine. El cine, gran generador de divisas, gran creador de fuente de empleo, gran medio de comunicación e importante conducto cultura y educativo; el cine, la fábrica de ilusiones que estuvo a punto de ser para sus trabajadores, sólo eso, una ilusión. El cine ha pasado a través de su historia en México, por buenos y malos momentos; actualmente está en crisis, pero está en movimiento, vive. El cine vive y vivirá en México por lo que ha sido, por esa innegable y brillante historia que rindió frutos internacionales, en la que quedó plasmada parte importante de la historia grande, la de nuestro país. el cine vive con el basamento de haber sido una de las industrias más importantes de nuestro país, y sigue siendo una industria de la cual dependen miles de familias mexicanas.
El cine, ahora es el campo propicio de la reestructuración necesaria, para que con el concurso de todos los que participamos en y de él, y con el apoyo de nuestro Gobierno, logre la fuerza y la estructura necesaria para afrontar los dos grandes retos que se avecinan: el Tratado del Libre Comercio y el advenimiento del próximo siglo.
Durante cuatro décadas no se legisló al respecto, y no pretendemos profundizar sobre ese aspecto. Es más importante para nosotros que bajo el liberalismo social del Presidente Carlos Salinas de Gortari, se nos haya convocado a todos los sectores que conforman la industria cinematográfica, para participar con nuestros estudios y propuestas en la reforma de la Ley Cinematográfica, y más importante, que haya sido él, el Ejecutivo, mostrando su interés y preocupación por lo que acontece en la industria cinematográfica, quien enviara al honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley Cinematográfica para su estudio, discusión y aprobación en su caso, iniciativa en torno a la cual giraron los planteamientos hechos por todos y cada uno de los sectores cinematográficos.
Arduos fueron los trabajos realizados por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LV Legislatura, coordinada por nuestro compañero diputado Oscar Pimentel y su equipo de trabajo, así como de todos los sectores y demás participantes involucrados en esa reforma, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, Cámara Nacional del Cine, Televisa, Productores Asociados, Productores Independientes, Asociación Nacional de Actores, Asociación Nacional de Intérpretes, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cineastas en general, distribuidores, técnicos, laboratoristas, instituciones académicas y de investigación, cuyas propuestas expuse, aunque no con un orden definido, en la reunión de trabajo con los señores senadores el día 4 de diciembre, haciéndolo sí, en forma precisa, en la reunión de trabajo de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía el día 8 de diciembre del presente año.
Esas propuestas, conjugadas por coincidentes con las que enviaron los partidos Acción Nacional, Popular Socialista, de la Revolución Democrática, Auténtico de la Revolución y Revolucionario Institucional, dieron como resultado los siguientes avances que contiene la ley que ahora proponemos.
1. Agrupa los artículos de la iniciativa en cuatro capítulos distintos, el relativo al objeto de la ley, el de las autoridades competentes, el de la producción, comercialización y exhibición de películas y el de las infracciones.
Esto originó diversos reacomodos en la ubicación de los preceptos contenidos en la iniciativa.
2. Se estimó prudente reafirmar en la ley el principio constitucional de libertad para realizar y producir películas, que se desprende del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, se introdujo la declaración respectiva en un nuevo precepto, que será el artículo segundo.
3. Se amplió el objeto de la ley a la promoción de la comercialización de películas, así como de su rescate y preservación, por considerar que estos tres aspectos son necesarios en la conceptualización del proyecto del ordenamiento, pues diversos artículos lo señalan expresamente.
4. Introducir en el concepto legal de películas, que los formatos o modalidades en que se almacenan imágenes en movimiento y su audio, podrán ser conocidos o por conocer, a fin de prever la aplicación del ordenamiento a los posibles nuevos desarrollos tecnológicos. A su vez, la disposición correspondiente se ubicó como artículo tercero del proyecto de Ley.
5. En materia de la competencia administrativa para la aplicación de la Ley, a partir de las propuestas de la iniciativa, se precisaron en el ámbito de la Secretaría de Gobernación los aspectos normativos y las cuestiones sustantivas en la Secretaría de Educación Pública.
6. En lo relativo a las facultades de la Secretaría de Gobernación, se fusionaron en una sola fracción las hipótesis que en materia de autorización contenían las fracciones I y II y el último párrafo del artículo tercero de la iniciativa. A su vez, por razones de técnica legislativa, se eliminó la referencia al artículo 6o. constitucional.
7. Por lo que hace a las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, se propone precisar que las actividades para fortalecer, estimular y promover la identidad y la cultura nacional por medio de la cinematografía, tomarán en cuenta el carácter plural de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y creatividad artística del que hacer cinematográfico.
Esta disposición es complementaria de la declaración relativa y de la libertad para realizar y producir películas.
También se encomiendan a la Secretaría de Educación Pública las facultades de promover el uso del cine y del video en la instrucción escolar y en la difusión cultural extraescolar, así como de difundir el cine nacional en los diversos niveles del sistema educativo.
8. Como una disposición novedosa, se establece que por respeto irrestricto a la concepción y realización de la obra cinematográfica, las películas extranjeras serán exhibidas al público en su versión original, en los términos que establezca el reglamento.
Por su contenido, las películas clasificadas para público infantil y los documentales educativos, podrán exhibirse dobladas al español.
Esta reglamentación abarcaría todos los medios de exhibir, comercializar o transmitir una película.
9. Como una innovación planteada por los diputados que participaron en los trabajos de
conferencias, se propone establecer, una prohibición expresa a la mutilación, censura o corte de cualquier producción cinematográfica por parte del exhibidor, en todo caso, para proceder en cualquiera de éstos sentidos, deberá contar con la autorización previa del titular de los derechos.
10. En cuanto a la disposición inherente a la libertad de fijar los precios por la exhibición pública de películas, se precisó que la regulación de esta materia corresponde al ámbito de competencia federal.
11. A partir de la propuesta contenida en la iniciativa, para que quienes exhiben pública o comercialicen películas, comprueben que cuenten con la autorización del titular o el licenciatario de los derechos respectivos, y que cumplan con todas las leyes vigentes en la materia de propiedad intelectual, se estableció una redacción que incluye:
A) El señalamiento de que las películas pueden estar plasmadas en medios materiales conocidos o por conocer;
B) La aplicación del precepto a quienes transmitan públicamente las películas;
C) La expresión de que la comprobación del cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual deberá ser fehaciente; y,
D) La precisión de que los derechos de propiedad intelectual de que se trata, son los de autor y de los artistas, intérpretes o ejecutantes.
12. En materia de quienes exhiben o pretenden exhibir públicamente o comercialicen películas sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Gobernación, se estimó prudente reordenar en la disposición relativa a las sanciones, la capacidad de dicha autoridad para retener o retirar del mercado dichas películas.
13. Por razón de técnica legislativa, se determinó agrupar en un solo precepto el contenido de los artículos décimo y onceavo de la iniciativa de Ley, con objeto de exponer las normas esenciales al objeto de recurso de revisión y a los fallos que la resuelvan.
Así se remite al Reglamento todo lo relativo a términos y requisitos de tramitación y sustentación.
14. En el artículo tercero transitorio se estableció un nuevo calendario de disminución gradual del tiempo en las salas cinematográficas, para la exhibición de las películas nacionales. Se trata de establecer una reducción gradual, inicial en el 30%, que llegará al 10% en el plazo de cinco años.
Esta propuesta y esta aportación nuestra a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, aunada a los resultados del valiosísimo trabajo realizado por las comisiones de cada una de las cámaras, genera el proyecto de Ley Federal de Cinematografía que acaba de enviarnos a la Cámara, la Cámara de origen, en este caso, la de Senadores, con la cual estamos de acuerdo y apoyamos.
Y estamos de acuerdo con ella, porque hemos luchado para que no quede fuera de la Ley lo que nosotros, los que estamos dentro de la industria, los que la conocemos más y mejor sabemos de sus problemas y carencias, de sus alcances y posibilidades, consideramos importante para la supervivencia del cine y para su necesaria reestructuración, que lo hará merecedor de un mejor destino.
El cine, para progresar, requiere del entendimiento y la unión de todas las partes que lo integran. El deseo de progreso para el cine es concomitante al deseo de progreso de sus trabajadores.
Para que el cine logre un eficiente cambio estructural, tiene que lograrse la acción colectiva y coordinada, en un mismo sentido de todos sus sectores, de todas las partes que conforman el todo; y son los trabajadores parte sustancial de ese todo, la parte más dinámica de esa transformación.
Por eso, nuestra energía al demandar la liberación de precios en los cines; al hacer presente los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes; al manifestarnos a favor de que los Estudios Churubusco sigan siendo coordinados por el Instituto Mexicano de Cinematografía, en apoyo a la industria cinematográfica nacional.
Al apoyar, como lo contempla la Ley, un mecanismo para proteger durante un tiempo razonable la exhibición del cine mexicano en las salas cinematográficas; al enarbolar nuestra bandera de la libertad de expresión y libre creatividad; al seguir propugnando por una interrelación más justa entre la cinematografía, la televisión y los demás medios de comunicación audiovisuales, verticalidad que mantendremos siempre al reclamar que el desamparo en que la Ley tiene a los trabajadores cinematográficos, entre ellos a los actores, se torne con la nueva Ley en un
acto de justicia; para quienes aun en tiempos aciagos han dado lo mejor de sí mismos, lo mejor de su vida o su vida misma para darle vida al cine.
Somos nosotros quienes deseamos y queremos que esta nueva Ley proyecte hacia nuevos horizontes y a la modernidad a la industria cinematográfica, porque queremos también que sea el conducto a mejores salarios, a una vida más de los trabajadores, de su familias, de sus estructuras sindicales.
Compañeros diputados, los artistas de México tenemos derecho a ello. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno Ávila.
El diputado Javier Centeno Ávila: -Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
El día de hoy nos corresponde analizar el dictamen de Ley Cinematográfica, la cual es fundamental, ya que regula un aspecto de la libertad de expresión y de conciencia.
En lo general consideramos los diputados independientes que la ley es un avance, ya que reduce el número de autoridades que participan en la actividad cinematográfica. El artículo 11 garantiza los derechos de autores e intérpretes. Los artículos 8o. y 9o. consideramos que son un acierto en la medida que establecen que la exhibición pública de una película deberá ser en su versión original y no podrá ser objeto de mutilación, censura o cortes por parte del exhibidor. Consideramos también positivo el que se hayan aumentado las sanciones a la piratería, sin embargo, tenemos algunas observaciones críticas que queremos dejar sentadas ante ésta más grande tribuna de la nación.
En lo relativo al artículo 5o. de la Iniciativa de Ley que se nos envía por conducto de la Cámara de Senadores, se faculta a la Secretaría de Gobernación para autorizar facultad expresa o negar facultad tácita en la exhibición pública de películas en territorio mexicano, así como su comercialización incluidas la renta o venta. También se le designa como la encargada de dirigir y administrar la Cineteca Nacional y se le señala como la autoridad competente para sancionar a los infractores de esta Ley o su Reglamento.
Todas esas atribuciones que el proyecto de Ley Federal Cinematográfica otorga a la Secretaría encargada de la política interior del país, la convierte a ésta en una autoridad taxativa en el ámbito cultural, administrativo y comercial del cine, y esto resulta para nosotros francamente inaceptable.
En el párrafo segundo del artículo 10 de esta Ley, se establece que los precios por la exhibición pública serán fijados libremente, dejando con esto al libre juego de las leyes del mercado que en este caso no son sino los intereses mercantilistas de los propietarios de las salas de proyección, el acceso y disfrute de nuestra población al llamado séptimo arte.
Lo anterior es totalmente discordante con el artículo 1o. de dicha Ley en cual establece que las disposiciones de la misma son de interés social, así como también anula la intención de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 7o. del mismo ordenamiento, en el sentido de promover el uso del cine como medio de instrucción escolar y difusión cultural y preescolar.
En el artículo tercero transitorio se señalan los porcentajes mismos de funciones por pantalla, conforme a los cuales las salas cinematográficas tendrán la obligación de exhibir películas nacionales. Dichos porcentajes van de un 10% a un 30% y la variación de los mismos que da una calendarización que abarca de la entrada en vigor de la Ley al 31 de diciembre de 1997.
Sin embargo, es de llamar la atención que contra toda lógica o por lo menos de deseo de superación de la industria cinematográfica, mientras más se avanza en el período referido, es menor el porcentaje de tiempo que la Ley le asigna a la producción cinematográfica nacional, esto constituye una falta clara de estímulo a nuestra industria cinematográfica.
Por último, quiero dejar establecido que los integrantes de la fracción parlamentaria independiente, nos pronunciamos porque de los criterios que establezca el reglamento a esta Ley, omitan todo tipo de censura y sí, por el contrario, promuevan la más amplia difusión y creación de apoyos que garanticen el irrestricto acceso a los medios necesarios para producir, exhibir, distribuir obras cinematográficas, con el fin de que el cine nacional recobre el prestigio y calidad de la riqueza histórica, étnica y cultural de nuestro país y que esté a la altura de los tiempos modernos. Muchas Gracias.
El presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
En la explosión de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley Federal Cinematográfica, el Ejecutivo afirma que la creación y disfrute de los bienes es para todos los mexicanos elemento esencial de una vida digna, al mismo tiempo el desarrollo cultural de México es supuesto imprescindible de nuestro progreso político, económico y social.
Más adelante el Ejecutivo, durante su IV Informe, agregó que una tarea importante de su Gobierno era la consolidación del respeto a la creación cultural y el cuidado de nuestro patrimonio histórico y que la cinematografía es, a la vez, un arte y una industria. El fomento de esta actividad tiene que tomar en consideración este doble carácter y atender simultáneamente la iniciativa y la expresividad culturales y los factores industriales que la hacen posible.
Compañeras y compañeros diputados: es del decir popular que de buenos y encomiables deseos está empedrado el camino del infierno, porque si estos conceptos en realidad estuvieran contenidos en el cuerpo jurídico de la Ley promovida por el Ejecutivo, el Partido de la Revolución Democrática hubiera apoyado sin mayores vacilaciones la iniciativa de reforma; como ello no es así, la primera conclusión a la que hemos llegado, y lo decimos con toda claridad, es que el marco conceptual que contiene la exposición de motivos es simple, sencilla y llanamente un marco conceptual demagógico.
Y no se trata esta ocasión de la vilipendiada demagogia populista del más reciente pasado, sino de una nueva y más peligrosa que es la empresarial, toda vez que la propuesta del Ejecutivo beneficia sin cortapisa al capital monopólico nacional y trasnacional.
Y esto no es una suspicacia de mala fe. Recientemente el señor Steve Solot, vicepresidente para América Latina de la Motion Picture, que es el poder cinematográfico en Estados Unidos, declaró a diversos periódicos el 4 de diciembre, cosas tales como la siguiente: el tiempo de pantalla no debe ser regulado; que no debe ser obligatorio exhibir películas mexicanas en los cines. Y demandó la liberación de precios, aspectos todos ellos plenamente satisfechos en la iniciativa de Ley en el dictamen que hoy discutimos.
A su vez empresarios nacionales de la misma catadura en su afán de ganancia desmedida y fácil, han inundado la cinematografía nacional de producciones de bajo perfil artístico y cultural. Y si alguien duda de nuestra afirmación, basta dar un vistazo superficial en cualquier día , a las cartelera para preguntarse: ¿qué aportan a la educación de nuestro pueblo, cintas como "Las Libertinas", "Noches Calientes" y "Animales Humanos"? Naturalmente nos estamos refiriendo con toda claridad a los distribuidores y exhibidores como Carlos Amador, Ignacio Rodríguez, Enrique Ramírez entre otros, quienes venían operando fuera del marco legal establecido para la realización de sus intereses económicos, perjudicando así el desarrollo del cine nacional.
Ahora seguirán haciendo lo mismo, aunque amparados por una Ley muy had hoc a sus intereses. Es como si de pronto un asesino se encuentra con la agradable sorpresa de que ahora tiene licencia para matar.
Guardando la proporción, puede afirmarse que con la iniciativa del Ejecutivo, con toda claridad se está otorgando permiso para hacer legal una defunción anunciada del cine nacional.
Es lamentable pero necesario recordar aquí; el cine mexicano ni en sus mejores tiempos ha gozado de cabal salud, sobre todo por cuanto se refiere a su derecho de expresarse sin cortapisas, porque siempre ha pendido sobre su cuello la espada de Damocles, personificada por esa palabra que no existe pero que todo el mundo conocemos: la censura.
En el viejo marco legal de 1952, que eufemísticamente se llamaba "supervisión" y que ahora en la nueva Ley se le llama "autorización", dos palabras aparentemente distintas para lograr un solo fin verdadero: limitar y controlar ideológicamente la expresión a través de la cinematografía.
Esta es la obvia y profunda razón por la cual el Ejecutivo, contra toda modernidad, no supo ponerse a la altura de las necesidades de la libertad y la creación artística. Y preservó en el marco legal, la rectoría de la Secretaría de Gobernación en el cine.
Desde esta tesitura, consideramos que resulta falsa la premisa de que no autorizar no significa censurar. Baste aquí recordar los casos más sonados de la censura en la historia de nuestro cine, que no son, desde luego, los únicos, toda vez que la censura en como un camaleón ponzoñoso que protegido por sus caprichosas mutaciones atenta contra los intereses de la sociedad civil.
Así, películas que hoy en día son consideradas clásicas en nuestra cinematografía, tales como: "Espaldas Mojadas", del célebre director
Alejandro Galindo, que pasó dos años a cubierto en las mazmorras de Gobernación porque dañaba la imagen de los norteamericanos. O "El Suavecito" de Fernando Méndez, que no podía exhibirse porque según el criterio de las autoridades de la época, atentaba contra la moral y las buenas costumbres y dañaba la imagen de nuestro país. Estamos citando sólo dos ejemplos. Naturalmente la lista sería interminable, porque no podríamos evitar referirnos a casos como "Zapata en Chinameca", "Crónica de un Fraude", "Intrigada Contra México", "Los Choferes", "Relámpago", "Lo blanco del Negro", "La Risa en vacaciones", "El secreto de Romelia", "La Rosa Blanca", "El Brazo Fuerte".
Como puede apreciarse, algunos títulos no necesariamente son de interés político y artístico; algunos títulos de los que yo mencioné aquí, son de corte comercial, pero, aunque ustedes no lo crean, también fueron víctimas de la censura.
Si habláramos aquí de cuando el cine refleja una posición política en donde se ofrece una visión crítica de la realidad mexicana, tendríamos que referirnos, de manera ineludible, a filmes como: "La Sombra del Caudillo" y "Rojo Amanecer".
La primera desaparecida por más de 30 años, y la segunda, que para exponer una visión de los sucesos trágicos del 2 de octubre tuvo que esperar, primero veinte años para realizarse, y después otros tres años para ser exhibida.
Ciertamente "La Sombra del Caudillo" y "Rojo Amanecer", se exhibieron gracias a la presión social.
Pero no olvidemos que la obra de Jorge Fons tuvo cortes, y esto es importante decirlo. La obra de Jorge Fons debió disfrazar al Ejército Mexicano, sustituyéndolo por los elementos del cuerpo de la policía, como si el Ejército mexicano no hubiese aparecido en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre.
Es legítimo, entonces interrogar: ¿no es verdad que no haya otros caminos posibles?
Amplios sectores de la sociedad y en particular la comunidad cinematográfica, han venido comprometiéndose de manera reiterada y diría yo muy lúcida, con la soberanía, el interés y la cultura nacionales, al proponer que la industria cinematográfica deba tener como órgano rector, a la Secretaría de Educación Pública y demandando a la desaparición del concepto de autorización para sustituirlo por el de la simple y sencilla clasificación.
"Aquí en México como en toda la América Latina, la historia de la censura, en materia de publicaciones, arte, cine, televisión y espectáculos, es paralela a la historia de la modernización" Y yo añadiría a esta cita de Carlos Monsiváis; "Es paralela también en México a la historia del Partido Revolucionario Institucional".
"Y lo común es que se autorice a destiempo lo que ya se vive y se piensa en amplios círculos. Primero se imponen las nuevas costumbres o actitudes. Luego se consiente su traducción teatral o cinematográfica, que se represente siempre lo que ya no pide permiso para existir", nos dice Monsiváis.
Entonces yo vuelvo a interrogar: ¿cómo podemos confiar que nuevamente la Secretaría de Gobernación no autorice el criterio de autorización para censurar todo aquello que, a juicio de los intereses hegemónicos en turno, se considere lesivo para su imagen y se deje abierta la puerta de la represión de la libertad de expresión? ¡Nosotros no confiamos en esto, compañeras y compañeros!
Estamos ciertos que en este momento si los cineastas mexicanos quisieran producir cintas en donde se refieran criticamente al Tratado del Libre Comercio o a los efectos ecológicos de las maquiladoras norteamericanas o a las violaciones constantes de la soberanía por cuerpos policiacos extranacionales o a los efectos de los cambios legislativos recientes que nosotros hemos aprobado la legendaria corrupción que significa el desvío de recursos públicos para apoyar las campañas del Partido Revolucionario Institucional o sobre las violaciones tumultuarias en contra de decenas de mujeres en el sur de esta ciudad, estamos seguros, compañeras y compañeros, que temas como éste, que hoy existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que hoy son tema cotidiano, parte de nuestra vida y que tendrían derecho a existir también en el cine nacional, estamos seguros que desde la óptica de la Secretaría de Gobernación estos temas no podrían exhibirse jamás en nuestro país. Gracias, compañeros. (Aplausos.)
El presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: -Señor Presidente, honorable Asamblea:
La iniciativa federal de cinematografía busca establecer un equilibrio entre el interés individual, esto es de productores, realizadores, directores
y creadores en general, y el interés público, que vela por la permanencia de los valores culturales y sociales de la nación.
Este equilibrio presupone el ejercicio de atribuciones en materia de normatividad y la participación directa del Estado en los procesos que atañen a la actividad cinematográfica.
Teniendo como fundamento la Constitución General de la República, el Estado Mexicano debe responder a la obligación de hacer que se respeten los intereses superiores de la sociedad, lo que en materia de cine no significa otra cosa que el fortalecimiento de nuestra cultura e identidad.
Con los planeamientos de la nueva ley de busca privilegiar la pluralidad y la libertad de expresión, como los ámbitos naturales sin los cuales no puede haber florecimiento del cine nacional.
Siendo una actividad de interés público y de interés social, la rectoría del Estado en el cine, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública, tiene como meta central garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y culturales de esta industria. Utilizando para ello procedimientos eficaces, flexibles y participativos.
Para llevar a cabo estos propósitos, a su vez, la Secretaría de Gobernación se ocupa esencialmente del ámbito normativo. Mientras que la Secretaría de Educación Pública se concentra en el operativo y en el fomento. Queda así concretada y realizada la representación del interés general de la sociedad, garantizando a ésta el disfrute pleno de los productos artísticos y ratificando el respeto a las libertades constitucionales.
Se trata, entonces, de una nueva regulación que no significa en modo alguno interferencia burocrática, sino fluidez administrativa; una regulación que alienta a la innovación y que termina con las prácticas restrictivas que tanto han dañado e inhibido a los creadores cinematográficos. En resumen, la ley perfila una regulación que hace a un lado el paternalismo y propicia un ambiente adecuado para el desarrollo de iniciativas responsables.
En lo que hace a la exhibición de materiales cinematográficos, la iniciativa de ley confiere en modo específico facultades normativas a la Secretaría de Gobernación, la autorización correspondiente, tanto para su exhibición como para su comercialización en las modalidades de renta o venta; de esa forma se asegura el ensanchamiento de la pluralidad y la representación cabal de las múltiples corrientes de la sociedad.
La finalidad del requisito legal de la autorización de exhibición de las películas es preservar las bases para consolidar las libertades, no de un individuo o de una élite, sino del conjunto de la sociedad; éste es el sustento legal de la ley. Por ello, la autorización juega un papel sustantivo en la preservación del derecho público, protegiendo la integridad de las obras y atendiendo la legalidad en las diversas etapas del que hacer cinematográfico, de ahí que la exhibición del material deba entenderse como la obligación de respetarlo en su inversión completa y original y preservando fielmente la orientación cultural que lo inspiró.
La autorización para la exhibición y comercialización de películas se encuentra inscrita en el marco de las garantías individuales contenidas en el artículo 6o. constitucional, referentes a la libertad de expresión. Esta garantía individual queda expresada desde el momento en que las ideas de productores y realizadores fílmicos son traducidas a la imagen y al sonido de un soporte material. Por ello es que en la iniciativa se establece claramente que es inviolable la libertad de realizar y producir películas.
No obstante, es el momento en el que el producto busca ser difundido por medios electrónicos o cinematográficas, cuando las autoridades correspondientes tienen la prerrogativa que les otorga el artículo constitucional en cuestión, de ejercer investigación administrativa, si se estima que la producción provoca la comisión de algún ilícito, fundamentalmente que dañe los derechos de autor.
Señoras y señores diputados: hablando de la industria cinematográfica podemos nosotros encontrar muchos y muy diversos intereses encontrados. Se trata ahora de que el gran renacimiento del cine nacional encuentre en la Ley un vehículo eficaz para su promoción y para su supervivencia. No hay artículo más caro que el que no existe, y nuestro cine, desgraciadamente, estaba en el peligroso letargo que no iba más allá, por motivos meramente comerciales, de los temas de los narcotraficantes, los albures y las ficheras.
Hablando del cine nacional, que es, como ya se ha dicho aquí, arte, industria y medio, tendríamos que decir que éste cuenta con un lenguaje propio, una combinación exacta de elementos tan diversos y tan sustanciales como la luz, el sonido, el contenido, la expresión corporal,
pero fundamentalmente la expresión de las ideas, la libre expresión de las ideas a las que el artículo 2o. de esta iniciativa hace referencia expresa y a la que el contenido del dictamen encontramos, con una referencia sustancial también, y que dice, cito textual: "Sobre este tema en particular los diputados consideraron necesario reiterar la importancia de que en el ejercicio de la Facultad de la Secretaría de Gobernación para autorizar la exhibición pública y la comercialización de películas se conciba asociado al contenido del artículo 2 de la Ley y al respeto de la libertad de expresión y creatividad artística que garantiza nuestro marco constitucional".
A saber, el artículo 2o. dice lo siguiente: "Es inviolable la libertad de realizar y producir películas"; apelo a otro de los argumentos contenidos en el dictamen; como una disposición novedosa se establece que por respeto irrestricto a la concepción y realización de las obras cinematográficas las películas extranjeras serán exhibidas al público en su versión original y cuando sea necesario, se subtitularán en español en los términos que establezca el Reglamento por su contenido las películas clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español. Cito de nuevo, como una innovación planteada por lo diputados que participaron en los trabajos de conferencia, se propone establecer una prohibición expresa a la mutilación, censura o corte de cualquier producción cinematográfica por parte del exhibidor, en todo caso para proceder en cualquiera de estos sentidos, deberá contar con la autorización previa del titular de los derechos.
Y un último párrafo del dictamen y que tiene que ver con la facultad discrecional del Ejecutivo para el Reglamento. En este mismo tenor se estuvo de acuerdo al aprobar el presente dictamen en la importancia de que para la elaboración del Reglamento se consideren las opiniones de la comunidad cinematográfica.
Así pues volviendo a la esencia de la iniciativa en particular, podemos decir que todo lo anterior tiene que ver con algo, que los señores legisladores no podríamos aportar y que existe en demasía en la industria nacional, el talento, el insumo fundamental del cine mexicano es el talento, del que concibe la idea original, del guionista, del que lo realiza, del que lo interpreta; quizá la obligación y responsabilidad fundamental para nosotros, es velar porque el cine nacional tenga las garantías suficientes para que en la segunda e importante parte de la comercialización, los sectores involucrados en la industria tengan las garantías suficientes para su subsistencia y para hacer posible que los diversos lenguajes pero fundamentalmente los diversos medios electrónicos conocidos o por conocer, respeten la integridad y la esencia del talento de los creadores cinematográficos.
En este renacimiento del cine nacional, en este nacimiento del talento llevado a la pantalla grande podemos nosotros destacar, entre otras muchas cosas, la luz y los azules manejados por Pelayo en Miroslova; la dignidad y el decoro con la que la diva Pinal regresa al cine nacional en Modelo Antiguo; podemos hablar también de la cadencia de Danzón en las relatividades del tiempo manejadas excepcionalmente por Manuel Retes en El Bulto, del surrealismo de Tequila, del planteamiento de las dos tareas, la uno y la prohibida, de la Dureza de cabeza de Vaca, de la catarsis de Rojo Amanecer; no hay nada nuevo, en el camino del cine mexicano que podríamos apuntar desde las tradiciones precarias de las Lunas de Meliés, en los polvorosos caminos de la construcción de la Revolución Mexicana, de la azarosa curva de la que hablaba el maestro y docto parlamentario Tavira, que al respecto del cine nacional nos dice que ha viajado zigzagueantemente entre otras por la época de oro y también por qué no decirlo, por el bache que pudiese implicar la excesiva intervención de la burocracia estatal en el cine nacional, también podríamos nosotros afirmar de las cuestiones que por el capricho y la perseverancia del talento de los cineastas lograron subsistir.
De Calzontzin Inspector; de los Caifanes; de En este pueblo no hay ladrones; de Mecánica Nacional; del Castillo de la Pureza. El cine, dice García Riera, es mejor que la vida. Dice y dice bien, "más ahora que se habrán caminos para volver al lenguaje original de la pantalla grande, pero también para hacer coincidir el lenguaje de la pantalla chica que por la comodidad el teleauditorio usa como vehículo del cine nacional.
Estamos en el proceso y en el momento preciso de madurez política, de transitar como dijo en alguna ocasión mi amigo el señor diputado Agustín Basave, de las reglas no escritas a las escritas. Luego entonces, podemos decir y afirmar aquí que existen los elementos necesarios para el rescate y el mejor tratamiento, el libre tratamiento de los temas de nuestro tiempo.
Existe como ya dije, la madurez, pero existe aparte la exigencia de la sociedad que está pidiendo un buen cine mexicano para que los tiempos en pantalla no se utilicen en un 50% como ya lo dije anteriormente, en narcotraficantes, en
ficheras o en albures. El cine está, final y felizmente, como Agua para chocolate. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
De alguna manera tengo que reiterar lo que en otras ocasiones he manifestado, que no podemos seguir trabajando de una manera contraria al reglamento así sea con acuerdos de que discuta todo en lo general y en lo particular, porque eso equivale a discutir de todo y discutir de nada.
Y fíjense qué cosa tan especial. Las leyes que traen 300 ó 500 o de ésta que trae 50 artículos, se discute conjuntamente en lo general y en lo particular; pero la Reforma Constitucional de Educación, que nada más eran dos artículos y debido al oficio político de algunas personas que todos sabemos quiénes son; se dijo que ahí sí se iba a discutir en lo general primero y después en lo particular, pues para que hubiera un apoyo a la Ley de Educación de todas las fracciones parlamentarias. en fin, esto lo menciono así, al margen.
A mí me obliga todo esto a ser una intervención muy breve, porque de alguna manera en vez de debatir el summum de lo controvertido, que es muy difícil hacerlo cuando se habla de todo, aquí se ha hablado prácticamente somos si estuviéramos en una cartelera cinematográfica, yo no soy muy afecto al cine pero aquí escuché una serie de películas y de orientaciones de unas películas que no se deben ver, que ya hasta me están dando ganas de irlas a ver.
Pero bueno, es indiscutible que esta Ley en lo general, representa un avance y yo quiero hacer un reconocimiento al respecto, a la Secretaría de la Comisión de la Cinematografía, nuestra compañera diputada doña Silvia Pinal... (Aplausos.)
Que tuvo un trabajo verdaderamente encomiable; que tuvo una extraordinaria participación aquí en la tribuna; que en los pasillos estuvo haciendo el trabajo que no sé cómo se dirá en español pero que en el Tratado de Libre Comercio se dice de hobby, viendo a todos, buscando, convenciendo, explicando los avances, las bondades, creo que es un trabajo que muchos no lo ven o a veces no lo vemos, pero que a mí que me consta quiero dejar ese reconocimiento a ese gran esfuerzo legislativo de doña Silvia Pinal, en favor de la gente con la que ella ha trabajado una gran parte de su vida.
Yo siento que siendo esta Ley en términos generales un avance por todo lo que se ha explicado, el debate debería circunscribirse al artículo 5o. y a los artículos que tienen relación con ese propio artículo, porque una Ley lo menos que necesita, o más bien lo que necesariamente es que haya armonía entre los distintos artículos que la conforman.
Y yo aquí me encuentro con el artículo 1o. que dice: "El objeto de la presente Ley es promover la producción, distribución...", etcétera. Promover y hasta me da gusto porque ya aquí siempre hablaban de puro desregularizar y aquí finalmente se habla de promover la exhibición de las películas como parte de la manifestación de las ideas.
Sin embargo, en el artículo 5o. dice que la Secretaría de Gobernación tendrá las atribuciones de, primero autorizar la exhibición pública. Bueno, yo pregunto, señores, ¿por fin se va a promover o se va a promover con una cierta intención o con una cierta finalidad o para qué es esa promoción?
Y ya cuando se habla de censura, pues entonces ahí entramos a un terreno que como legisladores es el que nosotros nos comprometimos a respetar, es decir, al terreno constitucional.
Aquí se ha hablado mucho del artículo 6o., que fue un avance que el 6o. constitucional no apareciera en la Ley, y yo siento que más bien es un retroceso, porque el 6o. constitucional habla...
El Presidente: - Le recuerdo al orador que su intervención es de cinco minutos, de acuerdo al 102.
El diputado Emilio Becerra González: - Estoy por concluir, señor Presidente.
El 6o. constitucional habla de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición, y evidentemente esa fracción I del artículo 5o., representa una inquisición previa, porque aquí se ha manifestado que es para proteger a la sociedad, pero con un criterio de congruencia, pues. Todos los periódicos antes de salir deberían de recibir la autorización de la Secretaría de Gobernación porque pues hay que proteger a la sociedad.
Y definitivamente, y lo siento por el tiempo que ya no me alcanza, pero pues ése era el debate fundamental.
Quiero concluir mencionando un caso específico de nuestro partido. El Canal 6, en julio hace 4 años, solicitó la autorización del registro para exhibición comercial del cassette denominado Crónica de un fraude, que se refiere a las elecciones del 1988, y que cosa tan grave, ya hasta quemaron los paquetes con la autorización aquí de la mayoría parlamentaria y sin embargo, el documento ése del Partido de la Revolución Democrática no solamente no se ha autorizado, sino que en la violación franca al artículo 8o. constitucional que menciona la obligación de la autoridad de responder por escrito a toda petición escrita, el Registro Público Cinematográfico no ha dado contestación a la solicitud del Partido de la Revolución Democrática.
Y finalmente, cuando se habla de que en el reglamento se establecerán no sé cuantas cosas y que se va a invitar a artistas, interesados, productores, etcétera Señores, eso es abjurar o abdicar de la obligación legislativa, porque ahora ya no se legisla en la Cámara; ahora, contra texto expreso de la Constitución de que al Ejecutivo no se le permita legislar, aquí se le busca una salida de que se establece en la ley que las particularidades se determinarán en el reglamento, y eso equivale a delegar la facultad legislativa en alguna Secretaría del Poder Ejecutivo. Eso no lo podemos permitir, y es todo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Odilón Cantú Domínguez: - Compañeras y compañeros diputados:
En la discusión sobre la Ley de Cinematografía, se han realizado contactos con trabajadores de la industria, productores privados y públicos, con críticos y comentaristas y demás interesados en la cultura cinematográfica.
En esas mesas de debate, la atención se ha concentrado en la disminución del tiempo obligatorio en pantalla de las películas nacionales y en cuestión de apoyo y financiamiento en las entidades responsables de la administración pública, el doblaje de las películas, en la censura, la piratería, etcétera. Sin embargo pocos ha ubicado esta iniciativa en un marco general de la reforma del Estado, y es una lástima que no lo hayan hecho, pues se encuentran curiosas paradojas en una ley que concibe al cine como una industria y como un arte. Esto se muestra claramente en los artículos 5o. y 9o. de la iniciativa de Ley Cinematográfica, cuestiones que, deben ser, desde nuestro punto de vista, modificadas.
La reforma del Estado ha permitido un mayor juego de los agentes económicos y sociales, ha concentrado más la toma de decisiones en las entidades dependientes del Ejecutivo. La nueva regulación estatal implica, tanto una mayor oportunidad de participación de los agentes privados, como una mayor vigilancia y discrecionalidad de las instituciones estatales.
En sentido estricto, no debería hablarse de desregularización, sino de una regulación efectiva, más precisa en la vigilancia y el control, y menos orientada a la propiedad y la restricción.
En el caso particular de la Ley Federal de Cinematografía, la desregulación es paradójica, Se desregulan los aspectos relativos a la industria, y se super regulan, se super vigilan los relativos al arte. Esto debe ser enmendado en esta Cámara.
Curiosa situación, pues mientras se libera la fijación de precios y el tiempo de pantalla, se impone un requisito de autorización a la exhibición de películas, se desregula la industria, se condiciona el arte. En el fondo, tal como se encuentra redactada la fracción I del artículo 5o. y el artículo 9o., no se reconoce siquiera el aspecto artístico del cine; pero no lo formaliza jurídicamente.
El arte, por definición, es una actividad libre, una expresión soberana de la sensibilidad y entonces ¿cómo pretender que los objetos artísticos sean autorizados por una instancia gubernamental? El Gobierno no debe decidir qué es arte y qué no, que puede ver la población y qué debe esconderse o prohibirse, por eso creemos que la Secretaría de Gobernación debe sólo clasificar la exhibición pública de películas, no debe tener la facultad de autorizar. La diferencia es muy grande: se da libertad al arte y se establece una regulación estatal que no lesiona al cine. No debe ser el Gobierno director moral de la sociedad. ¿De qué otra manera interpretar las autorizaciones previas a la exhibición de películas, y más aún, cómo concebir las infracciones y los castigos por exhibición desautorizada?
La pregunta es evidente ¿ Por qué este tratamiento diferenciado al cine?, ¿por qué en cuestiones económicas se favorecen los criterio mercantiles de asignación de precios y de tiempo en pantalla,
mientras en las cuestiones artísticas y culturales se impone un criterio de poder casi discrecional?
Para el mercado la iniciativa es innovadora, para el arte es conservadora. Esto debe ser resuelto.
La desregulación industrial del cine permitirá a los productores nacionales y extranjeros una recuperación más temprana de su inversión y una conformación oligopólica de sus intereses y productos, sustituyendo, como en casi todas las leyes desregulatorias, a empresas estatales por conglomerados privados.
La venta de la Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima y la venta desaparición de otras entidades fílmicas estatales, no aparecen estrictamente en esta Ley, pero son parte del mismo propósito.
La desregulación económica favorece la intervención privada; formalmente no es nuestra, aunque sus beneficios podrían utilizarlos pequeñas empresas y cooperativas de productores independientes, que son los responsables en los últimos años de las propuestas más arriesgadas desde un punto de vista cinematográfico.
No debe permitirse la censura; no debe permitirse más la censura; que desde el poder gubernamental se pretenda dirigir la formación moral e ideológica de la sociedad a través de las autorizaciones de exhibición y comercialización.
Consideramos que del resultado de este debate legislativo nos pronunciáramos a favor de la creación de una Secretaría de la Cultura, ésta debería, entre otras de sus funciones, fortalecer al séptimo arte. Es una buena oportunidad para plantear este asunto.
Aunque la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista votará a favor en lo general, y lo dejamos asentado en este debate, queremos precisar nuestras propuestas como fracción parlamentaria de modificación.
Dice. Artículo 5o. "La Secretaría de Gobernación tendrá las atribuciones siguientes:
Primero. Clasificar la exhibición pública de películas en territorio mexicano, así como su comercialización, incluidas la renta o venta. La clasificación se apegará a lo que establezca el Reglamento."
Y una propuesta de modificación en el segundo párrafo, que dice, que proponemos sea el siguiente texto: "Para el otorgamiento de la clasificación prevista en la fracción I, los productores, distribuidores o comercializadores, deberán aportar, para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas en los términos que señala el Reglamento".
Y nuestra propuesta en el artículo 9o., que dice textualmente lo siguiente: "La exhibición pública de una producción cinematográfica por cualquier medio de difusión, no deberá ser objeto de mutilación, censura o cortes".
Dejo a la Secretaría nuestras propuestas.
El Reglamento debe ser elaborado en serio, con la firme participación de actores, autores, cineastas y trabajadores de la industria cinematográfica.
Esta Legislatura deberá jugar un papel muy importante en la elaboración de este reglamento. Los sectores interesados en la materia deberán participar; ya es tiempo pues de unificar criterios para elevar el papel del séptimo arte, porque con ello elevaremos también la cultura del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - La propuesta presentada por el diputado Odilón Cantú, será votada económicamente al final de la discusión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Enciso Clark, del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Ernesto Enciso Clark: - Con su venia, señor Presidente, compañeras diputadas; compañeros diputados:
En caso de nuestro cine no había reflexión, ocupaba no hace muchos ayeres un lugar preponderante en el ámbito mundial en lo que a cine se refiere; hoy se anda mal, como lo dicen las personas que componen la industria y las mismas personas que le dieron lustre y nombre a nivel mundial.
En la exposición de motivos de la iniciativa que tenemos en nuestro poder, enviada por el Ejecutivo, claramente puntualiza que el burocratizante marco legal, en buena medida es por su anacronismo y deficiencia, que unos de los motivos que han llevado a la industria en declive, hasta donde nos encontramos.
Lo señalan también las comisiones que dictaminaron dicha iniciativa en el Senado y, desde luego, en pláticas o comunicaciones que la Comisión de Radio. Televisión y Cinematografía de esta Cámara ha tenido con personas que pasan
a ser factores claves en esta industria, de las más dinámicas en nuestro país.
Las opiniones, haciendo un consenso, convergen a donde mismo. En gran parte la postración del cine mexicano es causa del obsoleto marco jurídico que lo regula.
- Ya mi compañero de Acción Nacional, Rivera del Campo, puntualizó de una manera clara varios aspectos que al tratarse con la autoridad, por ejemplo, la comercialización y autorización para la exhibición pública de las películas, debe ser con la autoridad indicada y, en este caso, creemos que debe ser los ministerios o secretarías de Cultura, los rectores de esta actividad cinematográfica que es, a la par que una industria, una actividad ligada al arte y portadora de valores culturales.
En Europa, en América Latina son estos organismos los rectores de esta actividad.
Por otro lado, se trasluce y entiende claramente que estas reformas son de gran parte de la mecánica que se debe adoptar para encontrar congruencia en las medidas por tomarse, con motivo del Tratado Tripartita o Trilateral de Libre Comercio, que queramos o no ya estamos involucrados en él. Ojalá todas las disposiciones que se dicten por las autoridades, producción, financiamiento, distribución, etcétera, sean con la participación de las personas que componen la industria, pues la asimetría entre los signantes del pacto, del Tratado de Libre Comercio, es abismal, sobre todo con Estados Unidos.
Hay un punto que no está muy claro, o claro del todo y el cual lo hemos comentado con productores; éste es, el porcentaje de tiempo en pantalla en que los cines deberán exhibir películas nacionales.
La Minuta dice: "Las salas deberán exhibir películas mexicanas, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, hasta el 31 de diciembre de 1993 en un 30% y así sucesivamente decreciendo un 5% anual hasta llegar al 10% el año de 1997, un término de cinco años".
Entendemos que se debe dejar esto bien claro si ahí termina esta, prerrogativa o queda establecida para los siguientes años al 10% desde luego esto sería muy conveniente y no por entrar en problemas posteriores por cuestiones de interpretación.
Señor Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Los que componemos la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la fracción del Partido Acción Nacional nos permitimos con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y por su amable conducto, nos permitimos proponer, adicionar, un segundo párrafo a la fracción I del artículo 5o.; haremos entrega de él a la Secretaría, antes quiero darle lectura para que estén enterados todos los señores diputados:
"Señor Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente. Los suscritos diputados federales de la LV Legislatura, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la Asamblea por su amable conducto la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 5o., correspondiente al dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto de la Ley Federal de Cinematografía que hoy se discute para quedar como sigue:
Artículo 5o.
1. Autorizar la exhibición pública de películas en el territorio mexicano así como su comercialización incluida la renta o venta. La autorización, se apegará a la clasificación que establezca el Reglamento. Proponemos esta adición:
2. Las solicitudes de autorización serán resueltas por la autoridad en un término no mayor de 15 días y de no hacerlo se entenderán concedidas.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de diciembre de 1992. Firman: Diputados Manuel Rivera del Campo, Ana Teresa Aranda Orozco y un servidor Ernesto Enciso Clark. Muchas gracias.
El Presidente: - La propuesta presentada por el diputado Ernesto Enciso Clark será votada económicamente al final de la discusión.
Tiene el uso de la palabra la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Paloma Villaseñor Vargas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Se han expresado aquí ya todas las posiciones partidistas, y yo me voy a remitir a hacer algunos comentarios para puntualizar expresiones aquí ya vertidas.
Llama la atención que exactamente hoy hace 43 años, haya sido aprobada la Ley vigente de Cinematografía, 43 años después en condiciones totalmente diferentes, esta ley ha merecido una revisión por parte de esta LV Legislatura.
Muchas reuniones de discusión tuvimos aquí en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, también en la Cámara de Senadores escuchamos a todos los grupos involucrados y pudimos hacer más de 60 modificaciones a la iniciativa enviada, hubo mucha participación aún cuando se ha comentado aquí pudiera haber sido alguna limitación el hecho de que la Cámara de Senadores de origen; pudimos hacerlas, platicamos todos antes de que se dictaminara en la Cámara de Senadores, y la mayor parte de las propuestas fueron incluidas.
Esta nueva ley es más cercana al México que hoy somos, en ella se plasma un respaldo al cine nacional dándole una protección por cinco años y preparándolo para una apertura gradual e inevitable hacia una competencia natural.
Los problemas que han enfrentado el cine nacional y el cine a nivel mundial desde los años cuarenta habrá que seguirlos enfrentando, no podemos negarnos a lo avances técnicos, a la competencia de los otros medios y en general a la evolución de los medio de comunicación. Más bien, creo yo, debemos prever para el futuro una feliz convivencia de todos ellos.
Vigilar por los derechos de los que intervienen en esta industria es nuestra función. Quiero hacer hoy aquí también un reconocimiento a nuestros compañeros diputados Silvia Pinal y Julio Alemán quienes fueron los mejores defensores de su gremio. (Aplausos.)
El cine nació como un espectáculo popular y en pocos años conquistó una jerarquía cultural; por otro lado, pensamos que hoy en día el país que no tenga competividad en su industria cinematográfica no será capaz de defender ni su cultura ni su soberanía. Esta iniciativa promueve el rescate y la preservación del cine nacional, así como el fomento de esta industria y permite el doblaje de las cintas culturales, de los documentales y de las cintas para niños.
En el artículo 6o., se le atribuye a la Secretaría de Educación Pública el promover la producción, la distribución y la exhibición de películas de alta calidad y de interés nacional y la producción fílmica, así como fortalecer, estimular y promover por medio de actividades de cine la identidad y la cultura nacionales.
Cabe también aclarar que en ningún momento las funciones del Registro Cinematográfico van a desaparecer, sino éstas pasan a formar parte de las que tiene la Secretaría de Educación Pública.
Por ello creemos que en esta iniciativa no se ha abandonado el papel del Estado en la industria, ni éste queda como el único protagonista; su papel es necesario para protegerla.
En mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos por una absoluta libertad de expresión. Consideramos que la censura mutila y destruye las obras y llega incluso a coartar la libertad de expresión desde la creación misma de la película.
La facultad de la Secretaría de Gobernación de autorizar la exhibición de las películas en el sentido de ordenar, de regular, pensamos que debe de permanecer en la Ley. No podemos limitarla a ser una entidad solamente que clasifique.
Lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacer que haya más asistencia a las salas de cine; cómo hacer una verdadera renovación de la industria, desde elección de los temas, el tratamiento, la estructura, los protagonistas, cómo mejorar nuestras salas cinematográficas, cómo reagrupar los horarios de exhibición, para que más gente pueda asistir al cine, cómo abatir el altísimo costo de producción, cómo reducir su fuerte dependencia de la economía. En fin, pero esto no lo puede contemplar una sola ley. Debe ser un compromiso de todos los interesados en la industria.
La fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, considera que esta iniciativa constituye un avance real. Sí; como aquí lo afirmó el diputado Becerra, con respeto a la actual ley.
Creemos que por ello debiera ser votada a favor por todos los políticos, independientemente de que sigamos pugnando porque nuestra industria cinematográfica y los que en ella participan, se sigan adecuando a los nuevos tiempos que se viven en el mundo.
En el Partido Revolucionario Institucional apoyando esta iniciativa, defendemos , seguiremos defendiendo, las causas de nuestro cine nacional. Por ello nuevamente solicito a ustedes señores diputados, su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - En términos del 102, se le concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vásquez.
El diputado Eloy Vázquez López: - Muchas gracias, señor Presidente:
Resulta muy alentador que el Partido Revolucionario Institucional plantee que está en contra de la censura. Sin embargo desde luego que no responde y nunca han dado una argumentación consistente, por qué la autorización y no la clasificación. Y sobre todo, por qué tiene que estar en manos de la Secretaría de Gobernación y no en manos de la Secretaría de Educación Pública.
Nosotros consideramos que de mantenerse la actual formulación contenida en el dictamen, se va a prestar a que los criterios de autorización tengan como fundamento el criterio político. Y desde luego que el concepto de moral tenga que ser fijado a partir de criterios muy abstractos que no tienen que ver con los aspectos culturales, sino con los de seguridad nacional, las del control político interno y todo aquello que lleva en sus manos la tarea del Secretario de Gobernación.
Tampoco ha explicado el Partido Revolucionario Institucional satisfactoriamente, de qué lado realmente está; si del lado del cine nacional que pueda florecer en México, beneficiando tanto a la calidad artística, tanto a la difusión de las culturas nacionales, como también a la economía popular. Y es así que se mantienen las medidas económicas dentro del dictamen, que favorecen al cine extranjero, que alientan la fuga de divisas del país, y que mantienen a los productores en condiciones de subordinación en relación con los distribuidores de películas.
¿Por qué, por ejemplo, no se quiso entrar en la Comisión a modificar el porcentaje del peso en el boleto, que le corresponde a los productores? ¿Por qué no darle un fomento a la producción a través de un fondo y de un fideicomiso nacional?
Este tipo de medidas si las aprobara el Partido Revolucionario Institucional, diríamos que podemos coincidir; si por ejemplo se desalentaran los monopolios en la distribución, para que no hubiera más restricciones y las salas cinematográficas pudieran libremente contratar las películas que quisieran y aquellos productores que quisieran que sus películas se exhibieran, tuvieran mayor libertad.
Se propicia entonces, con esta Ley, a no establecer condiciones claras, la monopolización en la distribución también. A todo esto no ha respondido el Partido Revolucionario Institucional, y por eso consideramos que nuestro voto en contra, se mantiene. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Moscoso Pedrero: - Compañeras y compañeros diputados:
Discutimos hoy el dictamen de la Ley Federal de Cinematografía, que fue presentado por el Ejecutivo al Senado de la República, y remitido a nuestra Cámara con más de 25 modificaciones. Pero que en su concepción general, mantiene el mismo sentido de otras leyes aquí presentadas. Se trata de la liberación de precios, de la llamada desregulación y de la apertura al capital externo.
De aquí se deriva la primera discusión, porque es evidente que el cine es negocio; pero es más un arte, un medio de comunicación y entretenimiento, es un instrumento educativo y que transmite valores y conductas que influyen en la conformación de la conciencia de la sociedad y en la formación del individuo.
El país no puede tratar a su industria cinematográfica como si se tratase de granos u hortalizas. Se trata de arte y cultura nacional, que están protegidos en la mayoría de las naciones y que la sociedad está obligada a fomentar para conservar identidad e historia.
El impulso y apoyo al cine nacional es fundamental para la soberanía del país. Si no se apoya a nuestro cine, se nos condenará a convertirnos en un nivel todavía más alarmante, en un país consumidor de series televisivas videos y películas producidas en el extranjero y en especial en Estados Unidos. Seguiremos el camino que en otros terrenos; importaremos cultura, como ya importamos granos.
No se trata de optar entre cultura nacional o universal, se trata de ver si somos capaces de elegir nuestras propias opciones y mantener el margen de autonomía indispensable e impulsar un cine propio, de cierta magnitud y calidad, como lo han hecho Galindo Rodríguez, Gavaldón, el Indio, Pons, Cazals, Leduc, Hermosillo y tantos más, cuyo cine ha servido como un lazo para reforzar la cohesión nacional y difundir la imagen del país en el extranjero.
Para lograr estos objetivos es indispensable un cambio integral en la industria cinematográfica. Ello implica atacar a fondo y de manera clara los problemas de financiamiento, redistribución del peso en taquilla, distribución, exhibición de films, excesivos impuestos, que por cierto sólo en 1990 sumaron 120 mil millones de pesos.
Se requiere también revisar el marco jurídico que incluye los derechos de autor, intérpretes, ejecutantes, manuales y técnicos, productores, directores, regular video, videograma, televisión y su relación en el cine.
Por ello, la iniciativa de Ley Federal Cinematográfica que hoy se presentó en este pleno, resulta incompleta y omisa en aspectos básicos y remite al reglamento disposiciones fundamentales que deberían haber sido contempladas desde ahora.
La situación del cine mexicano tiene que ver en gran medida con la llegada del video y su expansión, que readecuó el consumo de materiales audiovisuales; pero también con la depresión del mercado interno y con ello del mercado cinematográfico.
La pérdida del poder adquisitivo del salario también ha incidido en la situación de la industria. En los años setenta un espectador que ganara salario mínimo podía comprar entre ocho y nueve boletos con un día de trabajo. Hoy sólo puede comprar tres. Es decir que requiere del triple de trabajo para divertirse con la familia. Por ello no resulta extraño que la gente deje de ir al cine y colme sus necesidades de entretenimiento mediante el video en su casa.
A pesar de lo anterior, del total de boletos pagados en espectáculos públicos del país, el 92% de los asistentes prefirieron el cine. Que por cierto tan sólo en la década pasada perdió un 46% de sus consumidores.
Por ello, si no se garantiza el acceso a las capas populares la liberación del precio de las salas de exhibición puede revertirse en contra de la propia industria. La aparición del video creo nuevas pautas de producción y consumo. Estableció una nueva unidad de producción audiovisual, al unir cine, televisión y video. Lo que generó nuevas contradicciones: aumentó el consumo privado de películas a cambio de disminuir el acceso a las salas públicas; creo nuevas circunstancias y vacíos jurídicos.
Ello motivó a algunos sectores a proponer, reglamentar el tiempo indispensable requerido para que una película en celuloide pueda comercializarse mediante el video. Propuesta que por cierto no fue tomada en cuenta por esta propuesta de Ley, pero que requerirá reglamentarse.
El uso que la televisión hace de las películas, afecta mucho al cine nacional y no le retribuye más que una mísera parte de las enormes utilidades que recibe. Como muestra podemos señalar que mientras en el mundo, las estaciones de televisión llegan a pagar hasta 100 mil dólares por adquirir los derechos de transmisión al aire de una película, ¡en México el monopolio privado le paga al cine 12 mil dólares cuando mucho, por tres exhibiciones al aire y obliga a ceder gratuitamente todas las transmisiones en televisión por cable, mientras esté vigente el contrato!
Además, la televisión se apropia de las producciones, altera los guiones, rompe el ritmo de las creaciones, ¡metiendo hasta 30 minutos de comerciales por 90 de película, lo que reditúa pingues ganancias; mientras que a intérpretes y ejecutantes se les insulta con pagos de limosna!
Por ello, el dictamen establece la orientación de esta Cámara para que se revisen todas las leyes relativas y reglamentos que tengan algo que ver con el cine nacional en todas sus modalidades. Esto resulta imperativo.
Descentralizar y desconcentrar las unidades administrativas del Estado involucradas en la industria, atender los problemas de financiamiento, desarrollo tecnológico, producción, distribución, exhibición y calidad.
La Ley, por la precipitación de aprobarla en este período, no logra regular toda la complejidad de aspectos del cine y sus nuevas formas de exhibición, pero tal Reglamento deberá surgir de una discusión real y democrática con la comunidad cinematográfica.
La Ley que se discute aún mantiene el control corporativo por parte del Estado, a través de la Secretaría de Gobernación y no da absoluta garantía de que no se ejerza la censura mediante el mecanismo de autorización. A pesar de que se jura y se perjura que se respetará la libertad de expresión y creación, la desconfianza quizá se deriva del papel preponderantemente político de esa Secretaría. Se dice que sólo esa Secretaría sería capaz de garantizar la aplicación de la Ley, en cuanto al pirataje, que por cierto,
facultades que ya tenía y que no pudo hacer valer en el caso de la piratería que se practica a la vista de todos nosotros.
La industria cinematográfica colombiana tiene como organismo rector del cine al Ministerio de Comunicaciones. En Venezuela es la Dirección de Turismo. En Argentina, la Secretaría de Difusión y Turismo. En España, el Ministerio de la Cultura. En México ¿Por qué hay dos unidades rectoras del cine nacional?, ¿Por qué la Secretaría de Gobernación debe administrar la Cineteca, y además asumir funciones relacionadas con la comercialización de los films con su exhibición, con su autorización y hasta promover sanciones a la piratería? Me gustaría que no nos contestarán estas preguntas.
La iniciativa de la Ley Federal Cinematográfica fortalece los monopolios e existentes y propicia nuevos monopolios; abre totalmente el mercado nacional al cine norteamericano, que ya en la actualidad ha penetrado nuestro mercado, como lo muestra el hecho de que entre 1980 y 1989 se estrenaron 1 mil 594 películas norteamericanas contra 722 nacionales. Se camina al monopolio por el proceso de concentración de capitales.
A principio de los ochenta, 10 compañías distribuían el 65.4% de las cintas y 35 más se repartían el 34.6%. En la actualidad 9 compañías distribuyen el 83%, el resto se reparte entre 15 compañías. Con la desaparición de Películas Nacionales y de la Compañía Operadora de Teatros, se abre el espacio para que Videocine, filial de Televisa y las transnacionales Ops Films, Columbia, Warner y la filial Cinemarc, consoliden y expandan su crecimiento, incluyendo todas las esferas de la cadena productiva, desplazando con esto a los productores mexicanos.
En esta parte de mi intervención quiero recordar que José Revueltas, siendo Secretario General de la Sección de Autores y Adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, mantuvo un permanente conflicto con el norteamericano Jenkins, que buscaba apoderarse de los cines mexicanos, de las salas de exhibición. Este monopolio pretendía ser combatido con la Ley Cinematográfica de 1949 y con su Reglamento, publicado en 1951. Los exhibidores de cintas extranjeras se ampararon, hasta que finalmente durante el régimen de Miguel Alemán la Ley se modificó, incluyendo la protección del cine mexicano, con el 50% obligatorio a tiempo de pantalla en todos los cines.
Pero además hay que agregar que la protección del tiempo en pantalla tiene una implicación en la defensa cultural y también porque la posibilidad de recuperación de una cinematografía es directamente proporcional al tiempo de pantalla que se le otorga. Se dice que al eliminarse gradualmente el tiempo de pantalla para el cine nacional se obligará a la producción de películas de mejor calidad. Sin embargo, nada garantiza que las cadenas, exhibidoras prefieran traer películas extranjeras a más bajo costo, si con el aparto de publicidad y comercial que les rodea ofrezcan mejores utilidades y por lo tanto sean preferidas por los exhibidores.
Habrá, estoy seguro, exhibidores que den espacio y buenas fechas al cine mexicano o actores y productores que de buena fe creen que con la Ley precisamente se liberan de los monopolios, pero los datos mencionados no dejan muchas esperanzas.
Aquí conviene acotar que nuestra posición se fundamenta en la defensa de la planta industrial y sus trabajadores, pero que estamos conscientes de que mucha de la producción necesita mejorar calidad y contenidos. En el transcurso de mi exposición he comentado tres aspectos básicos que el dictamen no resolvió satisfactoriamente y que se refiere a la participación de la Secretaría de Gobernación en la industria. El asunto de los monopolios que se decía que la Ley de Competencia Económica resolvería y no resolvió, y lo relativo a la importancia de mantener el porcentaje del 50% de tiempo en la pantalla para el cine nacional. Para la formulación de la Ley que hoy discutimos se celebraron seis reuniones de trabajo por parte de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, participaron diversos sectores, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica propuso evitar que la Televisión y el Videocasete se ve como enemigos, evitar el doblaje de películas, combatir la piratería, dejar un lapso de seis meses de exhibición para después editarlas en cassette, sugirió la creación de algún organismo que coadyuve al desarrollo de esta industria, la Sociedad General de Escritores Mexicanos planteó la necesidad de proteger la exhibición de películas, en videocasete, sancionar la piratería con mayor fuerza, promover una reforma a la Ley de Derechos de Autor y al Código Penal y estudiar la posibilidad de promocionar el cine por televisión, utilizando el 12.5% de tiempo oficial y desaparecer todo lo relativo a la censura.
La Federación de Cooperativas de Cine y Video planteó cambiar la distribución del precio en
taquilla para favorecer la fase de producción, revisar el complejo sistema tributario que hoy rige a esta industria, evitar los monopolios en una de sus tres fases de la actividad cinematográfica liberar el precio de entrada en taquilla, establecer un sobreprecio del boleto para crear un fondo de fideicomiso que sirva para financiar la industria cinematográfica en su conjunto, descentralizar las actividades creando nuevos centros de producción de películas en otras entidades de la República. Los periodistas de la fuente también fueron consultados, plantearon la necesidad de que el cine descanse en la libre expresión, que los cortos y medio metrajes se incluyan en la exhibición, señalaron que debe mantenerse el 50% para el tiempo en pantalla del cine nacional. La iniciativa que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República para su discusión era totalmente contraria a los consensos ubicados y provocó el rechazo de cineastas, ya, que únicamente se había tomado en cuenta el punto relativo a la liberación de precios de las salas y en lo demás se caminaba en sentido contrario a los resultados.
Por la inquietud causada en el medio y el rechazo abierto, discreto al proyecto de Ley, se lograron incluir aspectos básicos relativos a la libertad de expresión y creación, al reconocimiento de la pluralidad existente en nuestra sociedad, al uso del cine como medio de instrucción y difusión cultural, a evitar el doblaje y permitirlo sólo para cine infantil y educativo y garantizar los derechos de intérpretes y ejecutantes, así como la ampliación por dos años en la reducción de los porcentajes de tipo en campaña para eliminar estos porcentajes en el año de 1998. Sobre la reducción de este porcentaje, la mayoría de las voces consultadas se expresaron a favor de su mantenimiento y hasta el momento desconocemos de dónde surgió esta propuesta que como no se ha explicado suficientemente nos hace suponer que proviene de la industria cinematográfica de los Estados Unidos de América.
Con las modificaciones realizadas en el Senado que se avanzó un poco pero la propuesta de nuestra fracción parlamentaria es mucho mejor y debe constar no sostenemos una posición estatista o paternalista, al contrario, planteamos que la comunidad cinematográfica asuma un papel más activo reestructurándose la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, convirtiéndose en órgano autónomo y con recursos económicos propios que no supediten la producción a los subsidios del Estado, ya que la dependencia económica incide o no, querámoslo, en el tratamiento de los temas sociales o políticos lo que viene a ser otra forma de censura.
Nuestra propuesta es patriótica, nacionalista y democrática y busca establecer el equilibrio indispensable entre negocio y cultura nacional.
En el problema de financiamiento planteamos la creación de un fideicomiso para el apoyo al cine nacional y que obtendría sus recursos por medio de diversas fuentes para impulsar la producción; se requiere también modificar la distribución del peso en taquilla que en la actualidad tiene la siguiente asignación: el 16.3%, va a recaudación fiscal; a derechos de autor, el 1.36%, para el exhibidor, 53.99%, para el distribuidor, 7.27%; y para el productor, 20.04%. Pero además de revisar tal reparto en los porcentajes autores y dentro de ello interpretes y ejecutantes, deben mejorarse reduciendo cargas fiscales y el porcentaje que se llevan por exhibición.
La propuesta de nuestra fracción parlamentaria surgió de muchas reuniones con compañeros del medio a quienes hacemos un público agradecimiento, al igual que a los compañeros asesores con lo que formulamos artículo por artículo. Trabajamos mucho para buscar introducir modificaciones a la Ley, algunas como ya dije quedaron plasmadas en el proyecto que se discute, sin embargo las prisas para sacar las iniciativas, ha hecho de que entrase por el Senado, nos ha llevado a que la Cámara de Diputados abdique de sus facultades constitucionales y el debate que hoy se realiza resulte infructuoso, ya que no existe voluntad política para modificar en lo más mínimo el proyecto que se debate, porque de ser así, tendría que regresar al Senado de la República.
En tales condiciones, debemos dejar plasmada nuestra protesta y convocar a los diputados de todas las fracciones a rescatar las funciones y la dignidad de esta presentación popular.
Convocamos a la comunidad cinematográfica a expresarse a movilizarse en la defensa del cine nacional; es indispensable hacer oír su voz. Por ello hoy decimos que nuestra fracción está con ustedes, por la defensa de la cultura del país, por un cine de mayor calidad y contenido; por la defensa de la libertad de creación contra la censura; por la democracia y el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes hasta hoy, han dado su vida y creatividad para educar y entretener a nuestro pueblo.
Como consideramos que no existen condiciones para un debate verdadero, nuestra fracción parlamentaria ha decidido no participar en la discusión en lo particular, queremos sin embargo que esta Secretaría incluya en el Diario de Debates
la propuesta integral que hace que la fracción parlamentaria de nuestro partido, de una nueva Ley Cinematográfica, pero queremos que en lo particular se pongan a votación los artículos 4o,. 7o., 10 y 15 y los transitorios tercero, quinto y séptimo.
El voto evidentemente de nuestra fracción en lo general, será contrario a esta propuesta de Ley Federal Cinematográfica porque es incompleto y no resuelve los problemas de la industria cinematográfica del país. Gracias.
El Presidente: - Instruyo a la Secretaría para que quede inscrito en el Diario de los Debates el documento propuesta que hizo el diputado Jorge Moscoso Pedrero.
«Ley Federal de Cinematografía
Propuesta alternativa Partido de la Revolución Democrática, versión definitiva. 14 de diciembre de 1992.
Artículo 1o. La Industria cinematográfica es de interés público y social; las disposiciones de esta ley y las de su reglamento se considerarán de orden público para todos los efectos legales, y regirán en todo el territorio nacional. El objeto de la presente Ley es promover y fomentar la producción, distribución y exhibición de películas en todos los medios de difusión, procurando siempre la integración, fomento y desarrollo de la industria, entendida como arte, vehículo educativo y medio de comunicación.
Artículo 2o. Es inviolable la libertad de realizar, producir y exhibir películas.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley el término película comprenderá las imágenes en movimiento, con y sin audio, de largo, medio y corto metraje, en cualquier modalidad conocida y por conocer, incluido el video, el videograma y otro medio que sirva para almacenar y difundir imágenes en movimiento, producidas por la industria cinematográfica nacional y extranjera.
Artículo 4o. La aplicación de esta ley corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 5o. Para cumplir con los fines a que esta ley se refiere, la Secretaría de Educación Pública tendrá las atribuciones siguientes:
I. Clasificar la exhibición pública de películas en territorio mexicano, de acuerdo con el contenido de las mismas y el tipo de público al que se dirijan:
A. Aptas para todo público.
B. Aptas para adolescentes y adultos.
C. Aptas sólo para mayores de 18 años.
D. Sólo adultos.
II. La clasificación autoriza automáticamente la comercialización de películas, incluidas su venta o renta.
La Secretaría de Educación Pública notificará la clasificación de las películas en un plazo que no excederá las 72 horas después de recibida la respectiva solicitud. Vencido dicho plazo, el material cinematográfico podrá exhibirse y comercializarse sin ninguna restricción y con la clasificación solicitada.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; por tanto, procederá la clasificación a que se refiere la fracción I apegándose a los criterios que establezca el reglamento, los cuales no deberán propiciar ningún tipo de censura. Las películas deberán difundirse en cualquier medio respetando la concepción original del autor.
III. Retirar del mercado las películas que se comercialicen sin la clasificación a que se refiere la fracción I de este artículo con independencia de las sanciones que se impongan a los infractores;
IV. Dirigir y administrar la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de las películas; los productores, distribuidores o comercializadores deberán aportar gratuitamente, para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas en los términos que señale el reglamento;
V. Sancionar a los infractores de esta ley y su reglamento; y
VI. Las demás que le atribuyan otras leyes.
Artículo 6o. La Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Fomentar y promover la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos de alta calidad e interés nacional y la producción fílmica, incluida la experimental, tanto en el país como en el extranjero, así como la realización de concursos y la entrega de
reconocimientos en numerario y diplomas por lo menos una vez al año.
II. Fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades de cinematografía, la identidad y la cultura nacionales, considerando el carácter plural de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y creatividad artística del que hacer cinematográfico.
III. Fomentar y coordinar la producción cinematográfica del sector público, incluidas las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía.
IV. Vincular la producción cinematográfica de las adversidades del país con los medios masivos de difusión electrónicos y salas de exhibición.
V. Efectuar y fomentar la investigación y estudio sobre las diversas ramas de la industria cinematográfica, estudios, laboratorios, producción, distribución, exhibición y encargarse de la formación de estadísticas, así como decidir, o en su caso opinar, sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en dicha materia, difundiendo sus resultados a través de los medios idóneos;
VI. Estimular y otorgar recompensa a los inventadores e innovadores en cualquiera de las ramas de la industria cinematográfica;
VII. Fijar el presupuesto anual con el que contará el Instituto Mexicano de Cinematografía para el eficiente desarrollo de sus funciones, las cuales deberán ser establecidas por el reglamento respectivo.
El titular deberá rendir un informe anual de las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía.
VIII. Elaborar y difundir, en el país y en el extranjero películas documentales y educativas;
IX. Realizar, mediante el uso de las formas de publicidad más adecuadas, una labor de propaganda en el país y en el extranjero en favor de la industria cinematográfica nacional;
X. Incrementar el empleo del cinematógrafo y el video como medios de instrucción escolar y difusión cultural extra escolar;
XI. Conceder las autorizaciones correspondientes para la importación de películas extranjeras y para la exportación de las nacionales, oyendo si se considera necesario, la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; pero aplicando en todo caso el criterio de reciprocidad con los países productores de películas.
XII. Dicha autorización será otorgada siempre y cuando el solicitante cumpla con las disposiciones legales y acredite tener los derechos de explotación o utilización pública de los autores y demás títulos legítimos en los términos que establezca la Ley Federal de Derechos de Autor.
XIII. Determinar el número de días que cada año deberán dedicar los salones cinematográficos establecidos en el país para la exhibición de películas mexicanas de largo, medio y corto metraje. En ningún caso el tiempo de exhibición de películas mexicanas será inferior al cincuenta por ciento total de pantalla, en cada sala cinematográfica;
XIV. Fomentar la construcción y el funcionamiento de nuevos estudios para la producción de películas y su actualización tecnológica de cuerdo con las necesidades de la industria;
XV. Regular el proceso de la distribución de películas nacionales e intervenir en el mismo, con el fin de fomentar la producción, de lograr la adecuada, oportuna y equitativa exhibición de las propias películas y, en general, de proteger los intereses del público.
Artículo 7o. la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas tendrá un carácter autónomo e independientes del gobierno.
I. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas tendrá la obligación de dar estímulos económicos a todos los sectores de la industria cinematográfica para fomentar el moderno y eficiente desarrollo de la misma. Tendrán prioridad las películas que por sus valores estéticos o culturales sean de interés nacional.
II. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas expedirá certificados de obligatoriedad de exhibición en todos los medios de difusión, a aquellas películas de interés cultural, artístico y nacional.
III. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgará los recursos necesarios a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que estará constituida por todos los sectores de la industria y que será considerada el órgano
representativo de la comunidad cinematográfica e institutos similares que ya existan o se constituyan posteriormente; y
IV. Las películas que la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas considere como de exhibición prioritaria tendrán derecho a recibir un 60% de los ingresos generados en taquilla.
Artículo 8o. Para los efectos de esta ley y en el marco de los acuerdos extranjeros y los convenios de coproducción con otros países y organismos internacionales, se considerará película nacional toda producción cinematográfica de cualquier duración y formato, realizada en territorio nacional y hablada en idioma español o cualquier lengua indígena del país, y cuya composición de fuerza de trabajo técnica, intelectual y artística represente más de la mitad de origen mexicano.
Artículo 9o. Las películas extranjeras que se exhiban en salas cinematográficas, por estaciones de televisión y por cualquier otro medio, incluido el videograma para renta o venta al público, se presentarán en su versión original y subtituladas en español, cuando su idioma sea otro. Sólo las películas clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español.
Artículo 10. Además de los recursos que normalmente le señale el presupuesto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para su funcionamiento, se creará el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que operará a través de un Fideicomiso constituido por todos los sectores de la industria, mismo que será administrado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y que tendrá los siguientes ingresos:
I. Subvención anual que aportará la Secretaría de Educación Pública;
II. Subvención anual que aportará el Instituto Mexicano de Cinematografía;
III. El 10% de cada boleto vendido en las taquillas de las salas de cine y video de todo el país;
IV. El 10% de los ingresos que se obtengan por la exhibición de películas a través de la televisión abierta, cerrada o vía satélite;
V. 10% del precio de alquiler público cuando las películas se difundan en videocassette o videodisco.
VI. Lo que el Fideicomiso recupere por prestamos otorgados; y
VII. Donaciones extraordinarias.
Los ingresos recaudados por el Fondo a través del Fideicomiso serán aplicados a la promoción y el desarrollo de la industria cinematográfica, de acuerdo al artículo 5o. de la presente ley, y según las formas y tipo de apoyo que establezca el reglamento respectivo.
Artículo 11. En caso de que las películas que se exhiban en salas o medios electrónicos se mutilen o censuren, será obligatorio volver a exhibirlas como originalmente fueron concebidas, en un horario y en una mejor condición de auditorio, a petición del autor o de sus licenciatarios.
Artículo 12. Las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en la promoción de la industria cinematográfica.
Los precios por la exhibición pública serán fijados a los establecimientos, de acuerdo con la clasificación de las salas asignadas en el reglamento.
Artículo 13. Sin perjuicio de la clasificación a que se refiere la fracción primera del artículo 5o., las personas que exhiban públicamente o comercialicen películas requieren autorización del titular o licenciatario de los derechos respectivos y deberán comprobar que dichas producciones cumplen con las leyes vigentes en materia de propiedad intelectual, derechos de autor y, en su caso, derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes.
En caso de que se infrinja lo dispuesto en este artículo, las autoridades correspondientes retendrán los materiales que no cumplan con los requisitos legales respectivos sin prejuicio de las sanciones penales y administrativas que procedan.
Artículo 14. Sin perjuicio de las sanciones penales a que se hagan acreedores, los infractores de la presente ley y de sus reglamentos serán sancionados por la Secretaría de Educación Pública, según la gravedad de la falta, la intención o dolo existente y el monto de las operaciones ilícitas realizadas con alguna o algunas de las sanciones siguientes:
I. Apercibimiento;
II. Clausura temporal o definitiva de los espacios locales; y
III. Multa de cuatro mil hasta cuatrocientos mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, a la fecha en que se cometió la infracción; y
IV. En caso de reincidencia los infractores se harán acreedores a la sanción establecida en la fracción II de este artículo.
Artículo 15. Con fundamento en el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohibe los monopolios y prácticas monopólicas, se establece que:
I. Ningún exhibidor o asociación de exhibidores podrá controlar la exhibición de películas de manera exclusiva en ningún medio de difusión.
II. Ningún establecimiento de exhibición de películas, incluida la televisión, podrá otorgar más del 50% de su programación cinematográfica a un sólo distribuidor.
III. Ninguna persona física o moral podrá ser simultáneamente productor y exhibidor del películas.
IV. Los exhibidores no podrán formar parte, en ninguna de sus formas, de sociedades productoras y/o distribuidoras de películas.
V. Las películas que se exhiban en salas, deberán dejar pasar doce meses después de su fecha de estreno en el país antes de iniciar su difusión y renta en forma de video. A su vez, la película contenida y difundida en el video, deberá dejar pasar por seis meses antes de transmitirse en televisión abierta, cerrada o vía satélite.
Artículo 16. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Educación Pública con fundamento en esta ley, se podrá interponer recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles a la fecha de su notificación.
Artículo 17. El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación de recursos.
Artículo 18. La interposición del recurso se hará por escrito, dirigido al titular de la Secretaría de Educación Pública, en la que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, por cuanto hace al pago de multas.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga la Ley de la Industria Cinematográfica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1949 y sus reformas, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Tercero. Se deroga la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Cuarto. Las inscripciones hechas en el Registro Público Cinematográfico serán transcritas en el Registro del Derecho de autor y surtirán todos sus efectos legales desde la fecha de inscripción en aquél.
Quinto. Se declara patrimonio de la cultura nacional a los Estudios a los Estudios Churubusco, y la Secretaría de Educación Pública proveerá los recursos necesarios para su mantenimiento, conservación y renovación de equipos y laboratorios.
Sexto. El nuevo reglamento que regular la presente ley deberá emitirse en un plazo máximo de seis meses.
Séptimo. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes deberá regular la distribución del peso en taquilla, de manera que se aliente la inversión nacional y extrajera, en el sector productivo de la industria cinematográfica.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 14 de diciembre de 1992. - Diputados: Jorge Moscoso, Jorge Calderón, Miguel Ángel León y Eloy Vázquez.»
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rogelio Villarreal Garza: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Mi partido también está interesado en otorgar al cine su valor, porque consideramos que el
cine es la expresión más bella de la cultura, ahí se conjugan y ahí descansan todas las manifestaciones artísticas y se expresan no solamente la belleza, sino la problemática, los problemas de un país, de un pueblo.
La industria cinematográfica todavía enfrenta en nuestros días las consecuencias de una severa crisis de la década pasada.
Esta iniciativa que hoy discutimos, que fuera aprobada por unanimidad en el seno del Senado, representa dos aspectos importantes en la vida de quienes viven en la cinematografía, los que están involucrados en la industria y los que están involucrados en la cultura, y dentro de ellos, se conjugan autores, productores, guionistas, intérpretes, artistas, manuales y técnicos que esta Ley pretende conjugar todos sus intereses para hacer una Ley que responda a los lineamientos en que nos desenvolvemos actualmente en nuestro país.
En una visión integral del problema de la cinematografía, entran en juego, como lo decía, lo artístico, lo cultural y lo industrial. Cada uno de estos asuntos representan puntos interesantes que son objeto de debate en este día, ya que la iniciativa que hoy se propone, plantea en forma reflexiva y determina adecuadas soluciones a cada uno de ellos.
Esta iniciativa responde a los reclamos de todos los grupos que integran la familia cinematográfica: productores, directores, distribuidores, autores, intérpretes, guionistas, manuales y técnicos entre otros. Todos ellos han mostrado un gran interés sobre esta Ley, una Ley que responda a las condiciones sociales, culturales y económicas prevalecientes, y sobre todo, en la necesidad de que nuestro cine adquiera mayor capacidad para competir en el mercado extranjero.
Hay asuntos que contempla esta iniciativa que pudiéramos llamar prioritarios, como son la libertad de expresión en la creatividad cinematográfica, y cuyo fin responde a esta sociedad que nos toca vivir como una sociedad libre y participativa, y por otra, la desregularización de los precios de entrada a los cines, donde se elimina el cobro de impuestos al arbitrio del Estado y se elimina también el impuesto mismo sobre la exhibición de películas.
La Ley, de ser aprobada, incluye la incorporación de los videos y de los medios de la electrónica moderna relacionados con la cinematografía, y fundamentalmente la definición de la Ley en contra de la piratería. Esta Ley fortalece y reestructura a los sectores de la industria y elimina la prohibición de que alguien pueda ser productor y exhibidor al mismo tiempo; elimina la excesiva regulación del Estado, para que todos los sectores participen con absoluta libertad; elimina una serie de limitantes que iban desde el registro de productores de obras cinematográficas, hasta el control de la distribución y exhibición. Ahora todos los sectores podrán hacer cine y exhibirlo.
La Ley es una magnífica y extraordinaria plataforma para competir, ya que los diferentes sectores podrán ser competitivos en la calidad y producción con otras industrias. La Ley establece en el Instituto Mexicano de Cinematografía, las tendientes a fomentar la producción y distribución del cine nacional, pero ahora, de manera descentralizada y con la participación de los diferentes sectores de la industrial.
En fin, esta Ley cuyo dictamen hoy discutimos, se propone incorporar al cine mexicano al moderno espectro audiovisual, teniendo como base de orientación la actividad de los creadores, estableciendo enlaces con otros medios electrónicos, regulando la comercialización de productos fílmicos de video, videogramas o cualquier formato o modalidad. Esto permite, por otra parte, establecer los mecanismos para proteger el derecho de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los derechos de autor.
Desde hace años, el Estado, a lo largo de 45, ha contribuido en el que hacer cinematográfico. Entre otras acciones señalaríamos las siguientes: En 1947, a través del Banco Nacional Cinematográfico, y hasta 1983, proporcionó créditos a la industria; en 1960, a través de la adquisición de Estudios Churubusco, Sociedad Anónima a la Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima y le garantizó industria una infraestructura técnica y una salida a la exhibición de películas nacionales; en 1975 y hasta 1989, con la adquisición de Petróleos Mexicanos, un apoyo a la comercialización internacional; en 1975 y hasta 1989, el Estado creó empresas productoras para realizar películas con coproducción con los sindicatos de la industria; de 1974 y hasta 1989, operó el Consejo Nacional de Cinematografía para alentar un cine de calidad y la apertura para incorporar nuevos cineastas; en 1975 se funda el Centro de Capacitación Cinematográfica, para formar profesionales en las distintas especialidades cinematográficas.
La creación del Instituto Mexicano de Cinematografía en 1983, obedeció a la necesidad de
coordinar mejor la participación de todas las entidades paraestatales cinematográficas; en 1989 la resectorización de Instituto Mexicano de Cinematografía en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ha implicado modificar cuantitativa y cualitativamente el esquema tradicional de realizar un cine mexicano de calidad, a través de la creación de nuevos modelos para producir y comercializar, compartiendo responsabilidades con los cineastas.
El establecimiento de programas permanentes de fomento y promoción, tanto a nivel nacional como internacional, otorgándole una imagen digna y positiva, el desarrollo de proyectos culturales cinematográficos de carácter prioritario, difusión y descentralización, estudios e investigaciones, publicaciones, exposiciones y conferencias, presencia en festivales y eventos relevantes nacionales y extranjeros, muestras retrospectivas, etcétera, la consolidación académica, le otorga una infraestructura física y técnica de primer nivel para una formación sólida de nuevos cineastas.
Adicionalmente a lo señalado, y por lo que se refiere a los resultados alcanzados, se puede afirmar que en los últimos 20 años, la producción de películas mexicanas de calidad ha sido realizada, fundamentalmente por cineastas apoyados por las instituciones estatales.
Hoy, el cine mexicano de calidad está repuntando, recupera a su público en el territorio nacional, rescata su mercado internacional tradicional y abre nuevos mercados; se participa permanentemente en festivales, mercados y eventos cinematográficos de reconocimiento y prestigio mundial.
Por otra parte, quisiera realizar algunas puntualizaciones respecto a algunos asuntos que se han venido ventilando en este debate.
En primer término, el que se refiere a la Academia Mexicana de Ciencias y Artes.
La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, es una asociación civil que opera conforme a sus estatutos, estando integrada por 25 instituciones de todos los sectores que participa en la actividad cinematográfica; sectores público, privado y social; Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de las Bellas Artes: Instituto Politécnico Nacional; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Asociación de Cineclub y Periodistas Cinematográficos.
Forman parte también los sindicatos y sociedades autorales, editores, directores, músicos, productores y cooperativas.
Sus actividades son apoyadas por las instituciones que la conforman, las que expresan su opinión de manera democrática en asamblea general, órgano supremo de la Academia.
En años recientes, la Academia ha restituido su prestigio otorgando los arieles en el Palacio de las Bellas Artes, el primer foro cultural del país.
En la última asamblea de la Academia, se determinó que fueran los recipiendarios de un Ariel quienes escogieran las nominaciones para integrar las ternas del Ariel.
Por otra parte, existe un programa de actividades culturales, ya aprobado por la asamblea general, que incluirá reconocimiento, publicaciones, ciclos de cine y seminarios, para hacer de este cuerpo un foro que promueva y estimule el desarrollo de nuestra cinematografía, sin que en él intervenga el criterio unipersonal de los funcionarios.
Por lo que respecta al Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, podemos decir lo siguiente:
En octubre de 1986, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, presentó el Programa Renovación Cinematográfica, producto de la concertación y compromiso de los sectores público, privado y social, en esta materia y entre cuyas acciones relevantes destaca la creación de este fondo.
El 13 de octubre de 1986 se constituyó el fideicomiso denominado Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, a través de un contrato irrevocable que celebraron, por una parte como fideicomitente la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a nombre propio y en representación de sus afiliados, representada por su presidente, y por la otra como fiduciario el Banco Nacional de México, representado por los delegados fiduciarios.
El fideicomiso tiene como finalidad el establecimiento de un mecanismo financiero que impulse, fortalezca y eleve la calidad cinematográfica sin perseguir fines de lucro; los recursos que se obtengan se destinarán principalmente a los siguientes objetivos:
Fomentar la producción cinematográfica de calidad en el país; impulsar el desarrollo
tecnológico de la industria cinematográfica; preservar y conservar el acervo cinematográfico y extranjero a través de la Cineteca Nacional; fomentar la promoción del cine nacional, tanto en el país como en el extranjero.
El Banco Nacional de México es el fiduciario y es el encargado de recibir, invertir y administrar las aportaciones efectuadas al Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, como fideicomitente, instituyó un comité técnico para que este órgano coadyuve con el Banco Nacional de México como fiduciario en el buen funcionamiento del fideicomiso.
Finalmente, un breve comentario sobre el supuesto monopolio de cubenatigrafía.
La iniciativa de Ley Cinematografía, no incluye el control de monopolios en cinematografía como objetivo.
Por otro lado, el Ejecutivo Federal presentó a esta soberanía una iniciativa de Ley Federal de Competencia, que ya fue aprobada, la cual propone reglamentar el artículo 28 constitucional en materia de monopolios.
Dentro del comercio cinematográfico ocurren prácticas tales como convenios de exclusividad, ventas de paquetes de películas, circuitos de distribución a los que los nuevos proveedores difícilmente pueden entrar.
La Ley Federal de Competencia Económica, aprobada por esta soberanía, permitirá a la Comisión Federal de Competencia conocer de estas prácticas, investigarlas y sancionarlas. Mantener el control de las prácticas monopólicas dentro del ámbito de la Ley de la Cinematografía, reduciría la efectividad de la política, pues ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Educación Pública, cuentan con los recursos o la especialización necesaria, para un combate eficaz a las prácticas monopólicas.
Con la Iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica, se busca modernizar la política de combate a monopolios, dotándola de mayores recursos, conceptos modernos y, en general, dándole una mayor fuerza disuasiva.
Compañeros diputados, en esta Iniciativa de Ley Cinematográfica se trata de legislar respecto a una industria que tiene una significación muy especial, pues ella representa valores culturales, valores didácticos para nuestro pueblo. Y esto se ha de conjugar con los intereses de los sectores directamente involucrados en el cine, como la industria.
Es además, esta Ley, un instrumento válido de gran importancia para la expresión y difusión de nuestras ideas, de los problemas que de alguna manera representan los movimientos sociales, culturales y artísticos del pueblo mexicano.
La industria cinematográfica es circunstancia de constituir uno de los más importantes medios de difusión cultural; el desenvolvimiento en general de nuestras actividades nacionales, de nuestros problemas, de nuestras luchas y, ¿por qué no decirlo?, de nuestras esperanzas.
Por tales razones, pido a ustedes el voto a favor de esa iniciativa.
(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Pimentel González, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Pimentel González: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy, al analizar y debatir en esta Asamblea el Proyecto de Ley Federal de Cinematografía, concluimos un importante esfuerzo de la comunidad cinematográfica, del Ejecutivo y del propio Poder Legislativo, para actualizar y modernizar el marco normativo que regula la producción, comercialización y exhibición del cine en nuestro país.
Con ello se atiende una demanda muy sentida y reiterada de la sociedad y en particular de todos los sectores involucrados en la industria cinematográfica, de que se sentaran nuevas bases jurídicas para superar los actuales rezagos, limitaciones, situaciones de incertidumbre y esquemas obsoletos de participación gubernamental en el desarrollo del cine mexicano; para iniciar una nueva etapa con producciones de mayor calidad artística y cultural, en mejores condiciones de rentabilidad y competitividad.
Una etapa de mayor dinamismo que propicie la activa participación y le dé sustento firme a las iniciativas de mejoramiento y modernización de la propia comunidad cinematográfica.
Una etapa que dé respuesta a las nuevas exigencias de una sociedad diversa y plural
comprometida con el cambio, pero ante todo decidida a afianzar nuestro régimen de libertades y profundamente orgullosa de la identidad histórica y cultural que la define como nación.
Tal vez lo primero que deberíamos de reconocer quienes formamos parte de la Comisión dictaminadora, es que llegar a presentar ante ustedes este proyecto de ley no ha sido una tarea fácil. Reconocer también que la iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado y los trabajos previos de consulta que la hicieron posible, fueron un paso muy importante para contribuir a la reflexión colectiva sobre la situación actual del cine mexicano.
Durante más de ocho meses del año que transcurre, el tema de la problemática del cine y la preocupación de establecer un nuevo marco normativo, han estado presentes en todos los sectores, grupos y personas relacionadas con la actividad cinematográfica. Así lo pudimos constatar en las actividades que realizó la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta Cámara de Diputados.
Desde la reunión de trabajo que organizamos con los compañeros diputados de Durango en la capital del mismo Estado, las reuniones con los titulares del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la Dirección General de Radio, Televisión y Cine, con los directivos de los estudios Churubusco - Azteca, acercamientos informales con representantes de diversas organizaciones del medio cinematográfico hasta la audiencia de información que se llevó a cabo como parte de los trabajos en conferencia con el Senado de la República.
Ciertamente la cinematografía se caracteriza por ser a la vez un arte y una industria, medio de comunicación y expresión cultural. De ello se deriva quizá su complejidad y la multiplicidad da factores e intereses que inciden en su que hacer.
En él intervienen productores, guionistas, directores, artistas, trabajadores técnicos y manuales, distribuidores, exhibidores, críticos, académicos e investigadores, todos legítimamente interesados en recuperar los niveles de calidad y dinamismo económico que durante muchos años caracterizó a nuestro cine.
La diversidad de enfoques y propuestas, incluso las diferencias, son clara manifestación de la riqueza de experiencias y opciones posibles que encierra la cinematografía mexicana.
La asociación del precio del boleto en taquilla a la canasta básica. El régimen fiscal a que está sujeta la industria, la concentración de la mayor parte de las salas de exhibición en una sola empresa, la imposibilidad jurídica que existía para lograr una integración vertical de las empresas dedicadas al cine involucrando las fases de producción, distribución y exhibición, la falta de alternativas de financiamiento, la insuficiente protección de los derechos de los artistas, la piratería, la insuficiente normatividad en la relación del cine con el video y la televisión, la falta de promoción y fomento a las películas, la insuficiente atención que se había dado a la preservación de nuestra memoria fílmica y la inadecuada intervención gubernamental en la industria, son algunas de las causas que nos fueron planteadas para explicar la situación de crisis por la que durante muchos años atravesó el cine mexicano y de la que al parecer ahora se vislumbran posibilidades para superarlas.
En nuestra modesta opinión, era muy necesaria una reflexión a fondo, como la que se ha dado en los últimos meses, sobre los problemas y las alternativas de la industria. Así podemos ahora valorar opciones viables para el sano desarrollo del cine.
Entre las estrategias fundamentales consideramos necesarias: la adecuación de la industria a las nuevas condiciones económicas del país; la definición de una nueva relación del Estado con la industria; la actualización del propio marco jurídico de la industria; y la puesta en marcha de una política cinematográfica congruente que busque el doble propósito de la reactivación económica y el impulso a la calidad, al talento y a la creatividad artística y cultural.
Por ello, nos parecen tan importantes los avances que introduce la iniciativa del Ejecutivo y que se han enriquecido con las propuestas de modificación que hace el poder Legislativo en este proyecto de Ley Federal de Cinematografía. Se abren así nuevas posibilidades de rentabilidad de la actividad, de integración vertical de las empresas, de una diferente relación del Estado con la industria, de una adecuada vinculación del cine con la televisión y el video, y con los nuevos avances tecnológicos; de regular la comercialización de productos fílmicos en video, videogramas o cualquier formato - modalidad, con lo cual se combate la piratería.
De proteger los derechos de propiedad intelectual y de los artistas e intérpretes o ejecutantes; de rescatar y preservar la producción cinematográfica nacional; de fomentar y estimular el
cine de calidad; de fomentar la investigación y los estudios en materia cinematográfica; de evitar la mutilación y censura de las películas en su exhibición pública; y, de fomentar la concurrencia de las entidades federativas y los municipios en la actividad.
No obstante lo anterior, estamos conscientes de que no todos los preceptos que contiene el proyecto de Ley han satisfecho a todos quienes externaron sus opiniones, afirmarlo sería faltar a la verdad.
Como aquí hemos podido apreciar, a pesar del gran esfuerzo que hicimos en los trabajos en conferencia con el Senado, por incorporar el mayor número de propuestas de las diversas fracciones parlamentarias, quedaron aún algunas diferencias, respetables por supuesto, respecto del contenido final del proyecto.
Podrá ser obvio decir que el desarrollo de la industria no depende solamente del marco jurídico que aquí hemos puesto a su consideración; pero creo necesario enfatizarlo por la importancia que en los últimos años se ha demostrado que tiene una decidida participación de la comunidad cinematográfica y una política estatal que contribuya a reactivar el dinamismo económico y la calidad del cine.
En efecto, es necesario reconocer que la industria cinematográfica nacional sigue siendo la más importante de América Latina y que actualmente la participación del Estado en el cine privilegia la calidad.
En los últimos años, se han producido mejores películas, los premios internacionales obtenidos son los más numerosos de la historia, pero sobre todo hay un consenso entre todos los sectores sobre la necesidad de mantener una línea de calidad en nuestro cine, condición indispensable para garantizar competitividad y aceptación entre los públicos de México y el mundo.
Se ha iniciado ya, aun sin un nuevo marco jurídico, un movimiento de la industria que podía ser como algunos lo han llamado, de renacimiento del cine mexicano. Ha sido posible gracias a los nuevos esquemas para producir y comercializar el cine mexicano de calidad, compartiendo riesgos y responsabilidades entre el sistema cinematográfico paraestatal y los realizadores y productores.
Se ha participado en festivales, mercados y evento de reconocido prestigio internacional, a los cuales no se había acudido desde hace 15 años.
El cine mexicano de calidad recupera su público, rescata mercados internacionales tradicionales y abre nuevos mercados. Se consolida por otra parte, el Centro de Capacitación Cinematográfica y se contempla ya la modernización de los Estudios Churubusco - Azteca, para garantizar la infraestructura y los servicios que requiere la industria. Se ha iniciado también la construcción de las bóvedas de la Cineteca Nacional, lo cual permitirá preservar la memoria fílmica más completa del país.
Menciono estos avances para destacar la congruencia del proyecto de Ley con estos cambios que ya se están dando en el cine mexicano y para reiterar que el éxito de este nuevo marco jurídico sólo es posible con una política complementaria consistente que apoye y encauce la participación de la propia comunidad cinematográfica.
Es en esta política donde deben considerarse los aspectos relativos al redimensionamiento del sector paraestatal cinematográfico, el régimen fiscal, los esquemas de financiamiento y de estímulo a la producción cinematográfica, los asuntos laborales y comerciales entre otras materias que debe contemplar esta política.
Compañeras y compañeros diputados: quiero dejar aquí constancia de gratitud y reconocimiento a todos los compañeros diputados de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, por su entusiasta participación, sus valiosas aportaciones y su voluntad de trabajar en equipo, con un sentido plural y de diálogo fructífero. Igualmente a los señores senadores que participaron en las reuniones en conferencias, por su disposición para incorporar todas las propuestas en que logramos coincidencias las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados.
Solicito pues a ustedes, sin desconocer las diferencias particulares que aquí ya se han planteado, su voto favorable a este proyecto de Ley que nos ocupa, con la seguridad de que redundará a favor del cine mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea en votación económica, las propuestas presentadas en el curso de la discusión, dando previa lectura de las mismas.
El secretario Salvador Juárez García: - La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional,
propone: "Artículo 5o.: la Secretaría de Gobernación tendrá las atribuciones siguientes: Primero, clasificar la exhibición pública de películas en territorio mexicano, así como su comercialización, incluidas la venta o renta, la clasificación se apegará a lo que establezca el Reglamento."
Y el segundo párrafo dice: "Para el otorgamiento de la clasificación prevista en la fracción I, los productores, distribuidores y comercializadores deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas en los términos que señala el Reglamento".
"Artículo 9o.: la exhibición pública de una producción cinematográfica por cualquier medio de difusión, no deberá ser objeto de mutilación, censura o corte".
Lo firman los diputados Odilón Cantú Domínguez y Abundio Ramírez Vázquez.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Se va a dar lectura a una propuesta presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Propuesta. Adicionar al artículo 3o. del proyecto de Ley, una redacción al final del texto:
"Autorizar la importación de películas extranjeras y la exportación de películas nacionales."
La firma la diputada Yolanda Elizondo, el diputado Estanislao Pérez Hernández y el diputado Kunz Bolaños.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Propuesta que presenta la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, para modificar la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 5o., que quedaría como sigue:
"Autorizar la exhibición pública de películas en el territorio mexicano, así como su comercialización, incluidas la renta o venta. La autorización se apegará a la clasificación que establezca el Reglamento. Las solicitudes de autorización serán resueltas por la autoridad en un término no mayor de 15 días; y de no hacerlo se entenderán concedidas."
Firman los diputados: Ernesto Enciso Clark, Manuel Rivera del Campo, Ana Teresa Aranda Orozco y Luis González Pintor.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se deseche la modificación propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Todas las siguientes propuestas están hechas por el Partido de la Revolución Democrática, y firmadas por los diputados: Jorge Moscoso; Jorge Calderón; Miguel Ángel León; Eloy Vázquez:
Modificación al artículo 4o.
"La aplicación de esta Ley corresponde al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Modificación al artículo 5o.
"Para cumplir con los fines a que esta ley se refiere, la Secretaría de Educación Pública tendrá las atribuciones siguientes:
1. Clasificar la exhibición pública de películas en territorio mexicano, de acuerdo con el contenido de las mismas y el tipo de público al que se dirijan:
a) Aptas para todo público;
b) Aptas para adolescentes y adultos;
c) Aptas para mayores de 18 años;
d) Sólo adultos.
2. La clasificación autoriza automáticamente la comercialización de películas, incluida su venta o renta. La Secretaría de Educación Pública notificará la clasificación de las películas en un plazo que no excederá de 72 horas, después de recibida la solicitud. Vencido dicho plazo el material cinematográfico podrá exhibirse y comercializarse, sin ninguna restricción y con la clasificación solicitada.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Por tanto, procederá la clasificación a que se refiere la fracción I, apegándose a los criterios que establezca el reglamento, los cuales no deberán propiciar ningún tipo de censura.
Las películas deberán difundirse en cualquier medio, respetando la concepción original del autor.
3. Retirar del mercado las películas que se comercialicen, sin las clasificaciones a que se refiere la fracción I de este artículo, con independencia de las sanciones que se impongan a los infractores.
4. Dirigir y administrar la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son: el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de las películas.
Los productores, distribuidores o comercializadores deberán aportar gratuitamente para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas en los términos que señale el reglamento.
5. Sancionar a los infractores de esta Ley y su reglamento, y
6. Las demás que le atribuyen otras leyes."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto?
El diputado Jorge Alberto Calderón Salazar (desde su curul): - Quisiera solicitar, con el debido respeto, a nuestra estimada compañera que ejerce las funciones de secretaria, se sirva, y lo repito, respetuosamente, leer en forma pausada, las propuestas que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho, y proceder a la votación estatutaria con los tiempos y ritmos también pausados que el Reglamento establece.
El Presidente: - Atienda la Secretaría la consideración hecha por el diputado Calderón.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Con mucho gusto, señor Presidente:
"Artículo 7o. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas tendrá un carácter autónomo e independiente del Gobierno.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá la obligación de dar estímulos económicos a todos los sectores de la industria cinematográfica para fomentar el moderno y eficiente desarrollo de la misma. Tendrán prioridad las películas que por sus valores estéticos o culturales sean de interés nacional.
La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, expedirá certificados de obligatoriedad de exhibición en todos los medios de difusión a aquellas películas de interés cultural, artístico y nacional.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgará los recursos necesarios a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que estará constituida por todos los sectores de la industria y que será considerada el órgano representativo de la comunidad cinematográfica e institutos similares que ya existan o se constituyan posteriormente, y
4. Las películas que la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas considere como de exhibición prioritaria, tendrán derecho a recibir un 60% de los ingresos generados en taquilla."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.... Desechada.
"Artículo 10. Además de los recursos que normalmente le señale el presupuesto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para su funcionamiento, se creará el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que operará a través de un fideicomiso constituido por todos los sectores de la industria, mismo que será administrado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y que tendrá los siguientes ingresos:
1. Subvención anual que aportará la Secretaría de Educación Pública.
2. Subvención anual que aportará el Instituto Mexicano de Cinematografía.
3. El 10% de cada boleto vendido en las taquillas de las salas de cine y video de todo el país.
4. El 10% de los ingresos que se obtengan por la exhibición de películas a través de la televisión, abierta, cerrada o vía satélite.
5. Diez por ciento del precio de alquiler público cuando las películas se difundan en videocassette o videodisco.
6. Lo que el fideicomiso recupere por préstamos otorgados; y
7. Donaciones extraordinarias.
Los ingresos recaudados por el Fondo, a través del fideicomiso, serán aplicados a la promoción y el desarrollo de la industria cinematográfica, de acuerdo al artículo 5o. de la presente Ley y según las formas y tipo de apoyo que establezca al reglamento respectivo."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
"Artículo 15. Con fundamento en el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohibe los monopolios y prácticas monopólicas, se establece que:
1. Ningún exhibidor o asociación de exhibidores podrá controlar la exhibición de películas de manera exclusiva en ningún medio de difusión.
2. Ningún establecimiento de exhibición de películas, incluida la televisión, podrá otorgar más del 50% de su programación cinematográfica a un solo distribuidor.
3. Ninguna persona física o moral podrá ser simultáneamente productor y exhibidor de películas.
4. Los exhibidores no podrán formar parte en ninguna de sus formas de sociedades productoras y/o distribuidoras de películas.
5. Las películas que se exhiban en salas deberán dejar pasar 12 meses después de su fecha de estreno en el país antes de iniciar su difusión y renta en forma de video. A su vez, la película contenida y difundida en el video, deberá dejar pasar seis meses antes de transmitirse en televisión, abierta, cerrada o vía satélite."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Un artículo nuevo transitorio:
"Artículo tercero transitorio. Se deroga la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Un nuevo artículo transitorio:
"Artículo quinto transitorio. Se declara patrimonio de la cultura nacional a los Estudios Churubusco y la Secretaría de Educación Pública promoverá los recursos necesarios para su mantenimiento, conservación y renovación de equipos y laboratorios."
En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Un nuevo artículo transitorio:
"Artículo séptimo transitorio. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes deberá regular la distribución del peso en taquilla, de manera que se aliente la inversión nacional y extranjera en el sector productivo de la industria cinematográfica."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta...
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Salvador Juárez García: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Salvador Juárez García: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron en lo general y en lo particular 322 votos en pro y 29 votos en contra. A favor en lo general y en contra del artículo 5o, 59 votos. A favor en lo general y en contra del artículo 9o., 9 votos: El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 322 votos la Ley Federal de la Cinematografía. (Aplausos.)
El secretario Salvador Juárez García: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia.
El diputado Marco Antonio García Toro: - Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados:
Acudo una vez más a la más alta tribuna de la nación, para hacer un relato de hechos que tienen que ver con las declaraciones del diputado federal Trinidad Reyes Alcaraz, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado; declaraciones que aparecieron en algunos diarios el día 17 de los corrientes.
Dice el líder de los trabajadores, según se lee en las notas periodísticas de la citada fecha, que, y cito: "...la organización que representa, presentó demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por fraude cometido en contra de 458 trabajadores de su organización, quienes aportaron 7 millones de pesos como enganche para la adquisición de una vivienda. Con estas aportaciones que son del orden de 3 mil 206 millones de pesos, se constituyó un fideicomiso en el Banco del Atlántico con la finalidad de que el manejo fuera independiente del sindicato.
Después de dos años, se dieron cuenta que la Constructora Alcare, Sociedad Anónima de Capital Variable, los había engañado, pues no había iniciado los trabajos del proyecto que presentó a los representantes de los trabajadores...", y se cierra la cita.
Sigue comentando que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, continua con las investigaciones a este respecto y hace énfasis: "... tiene que aplicarse todo el rigor de la Ley...", supongo yo que a los defraudadores.
En este aspecto, señoras y señores diputados, sin temor a equivocarme, ni uno de ustedes se opondrá para que se imponga la Ley en aras de la justicia, sin importar los nombres de líderes o ex líderes, funcionarios o ex funcionarios de instituciones o bien de particulares o de asociaciones civiles o de partidos políticos en su caso. Hay que poner alto a la corrupción señores diputados.
Un grupo de trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, me comentaron la forma en que fueron enganchadas para
participar en ese programa de vivienda que fue presentado a la agrupación a la que están ellas adheridas. Programa de promoción a la vivienda a cargo de Promotora de la Vivienda AMED, quien por conducto de sus representantes, hizo una oferta de viviendas de interés social a la Asociación de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México por conducto de su Presidenta, la profesora María Esther Navarro, quien publica la oferta entre sus agremiados.
Las viviendas promovidas las construye o las debería de construir la compañera Alcare, Sociedad Anónima, nótese que esta constructora es la misma que engaña a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los trabajadores interesados o necesidades de una vivienda propia, fueron informados por parte de los representantes de la empresa promotora que el primer requisito a cubrir sería solicitar su ingreso a la Agrupación Nacional de Profesionistas, Intelectuales y Técnicos, afiliada a UNE, Ciudadanos en Movimiento.
Después de dos años, quienes dieron 1 millón 800 mil pesos por concepto de enganche, solicitaron a la promotora su devolución y se asombraron al saber que sólo les regresarían 800 mil pesos porque el millón restante habrá sido aportado, por parte de la promotora, a la organización que mencioné con anterioridad, cuyo presidente era el ingeniero Luis Harry Brito Alonso, quien se supone ingresó ese millón de pesos por cada persona que dio su enganche, a la tesorería de la agrupación.
Hasta este momento, señores diputados, sólo sabemos de 458 trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que fueron defraudados; ¿cuántos ciudadanos más han caído en las garras de la mafia?, porque no se les puede llamar de otro modo, mafias cubiertas o encubiertas y gente que no tiene quién la defienda de estos individuos o agrupaciones que lucran con la necesidad de hombres y mujeres dedicados al trabajo honrado.
Como una prueba de lo que aquí comento, muestro a ustedes, señores diputados, la oferta de compra número 87 hecha a Promotora de la Vivienda AMED, Sociedad Anónima de Capital Variable, por una ciudadana que sin ningún vínculo sindical fue informada de esta empresa.
La promoción era atractiva, daba facilidades para pagar el enganche de 9 millones 52 mil pesos, para la adquisición de una vivienda construida por la Constructora ALCARE, Sociedad Anónima Aparece nuevamente la empresa ALCARE, Sociedad Anónima, en este caso.
Quién sería la encargada de tramitar el crédito ante la Institución bancaria, Banca Cremi, crédito que nunca llegó y casa que nunca se construyó, motivo por el cual la solicitante informa al de la voz de la penosa situación por la que atraviesa. En tal virtud y con la finalidad de solucionar su problema, acudimos a la Procuraduría Federal del Consumidor, institución a la que quiero hacer un reconocimiento por su atinada y diligente intervención.
En la citada institución que vela por los derechos de los consumidores de bienes y servicios, a través de la Dirección General de Quejas, Conciliación y Arbitraje, se abrió el expediente 23524/92, con fecha 1o. de julio de los corrientes. No abundaré en los detalles, en los autos que se asientan en el expediente que obra en poder de la institución, sólo informaré que la denunciada, o sea la promotora, no compareció en múltiples ocasiones, no cumplió los compromisos pactados, expidió un cheque sin fondos, con lo cual reafirmó su actuación dolosa.
Finalmente y mediante los mecanismos previstos por la Ley de Protección al Consumidor y sólo hasta que se llegó a la sanción de clausura temporal de 30 días, la denunciada decidió finiquitar el problema, pagando en efectivo la cantidad adeudada, quedando como asunto total y definitivamente concluido el día 11 de noviembre de 1992.
De lo expuesto, señoras y señores diputados, se deduce la gran estructura formada para la promoción y construcción de viviendas de tipo medio, dedicadas a personas de escasos recursos, pues tal y como lo comento a ustedes, las casas tienen un costo aproximado de 46 millones de pesos, enganche de 9 millones de pesos, y mensualidades de 355 mil pesos.
Si reflexionamos un poco, sólo trabajadores que tiene ingresos de tres salarios mínimos pueden acceder a este tipo de vivienda, asignando una tercera parte de sus ingresos para el pago de las mensualidades, teniendo que hacer grandes esfuerzos para que el resto de sus ingresos satisfaga las necesidades más elementales de alimentación, vestido y esparcimiento, si es que les alcanza para ello.
No tienen manera de justificar sus actos los buitres que medran con las necesidades básicas de sus víctimas. Por ello es menester llegar al fondo
del asunto, para lo cual será importante que la representación social investigue quiénes son los cómplices del binomio Promotora de la Vivienda Amed y Alcare, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuántos organismos han sido involucrados y engañados. Asimismo cuántos ciudadanos están en las mismas condiciones y hasta dónde llega la responsabilidad de las instituciones bancarias.
El daño en contra de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es del orden de 3 mil 206 millones de pesos. ¿De cuánto es el total a otros ciudadanos o agrupaciones de ciudadanos?
Señores diputados, el daño a los trabajadores del Estado, no se repara aplicando los recursos financieros de su sindicato, como lo comentara el diputado Reyes Alcaraz a la Prensa, quien dice:" De los recursos de ese organismo, se comenzó a reintegrar con intereses, los 7 millones de pesos a los afectados. Las tres terceras partes yo supongo que aquí hubo un error por parte del reportero que dice las tres terceras partes, las tres terceras partes serian todos, valdría la pena una rectificación, las tres terceras partes de los trabajadores recogieron ya su dinero, y con el apoyo de la institución se les están tramitando créditos de Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Insisto, ésta no es la solución.
Considero que la solución a la situación planteada está en manos de las autoridades; es necesario llegar al fondo, pues no son sólo 458 trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las personas afectadas. ¿Cuántas son en realidad? Pues yo no lo sé. ¿A cuánto asciende el daño económico causado a la sociedad? Tampoco lo conozco. Las autoridades tienen la respuesta, si no la tienen, pues deben de trabajar para obtenerla.
En consecuencia, señor Presidente de esta honorable Cámara, pido a usted se solicite a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, informe a esta soberanía el estado que guardan las demandas penal y civil presentadas por el Sindicato de los Trabajadores del Estado el día 5 de noviembre, según me informó el diputado Reyes Alcaraz.
Al mismo tiempo solicito a usted se haga llegar a las comisiones de Justicia e Información, Gestoría y Quejas, integrantes de esta honorable Cámara, copia de la oferta de compra 087 y copia del expediente 23-524/92, para los fines legales a que haya lugar.
Por su atención señores diputados muchas gracias. Sólo me resta agradecer a todo el personal que labora en esta Cámara, a todos ustedes señores diputados, desearles una feliz navidad en compañía de todos sus seres queridos. (Aplausos.)
El Presidente:- Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Trinidad Reyes Alcaraz.
El diputado Trinidad Reyes Alcaraz:-Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Nuevamente estoy ante ustedes en esta tribuna, con la intención de aclarar algo y dejar perfectamente establecido lo que el Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha hecho.
La denuncia que acaba de formular el diputado Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional, lamentablemente es una realidad en el sentido de que quienes realizan este tipo de ilícitos son quienes no tienen escrúpulos, porque defraudar o jugar con la necesidad de quien con sacrificios entrega un capital que muchas veces lo acumula vendiendo parte de lo que con esfuerzos también compró o ahorró y con la ilusión de hacerse de una casa para su familia, resulta defraudada; quien comete tal fraude actúa vilmente, y por eso sobre él debe recaer todo el peso de la Ley.
Con la ilusión y con las mejores intenciones, yo como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando recibí la oferta de crear una unidad habitacional para los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y me propusieron a la constructora. Alcare, Sociedad Anónima, de Capital Variable, y que el nombre, aunque por la similitud, en algún periódico lo asociaron a mi apellido, quiero dejar público que no tengo qué ver absolutamente con el nombre de la constructora, que es Alcare, y mi apellido es Alcaraz. Ningún negocio tengo de construcción.
Di indicaciones a mi secretario de vivienda para que se abocara a organizar la forma de lograr dicho objetivo. La propuesta para que el sindicato no manejara los recursos monetarios, fue que se creara un fideicomiso, que es una
institución que por su propia característica se convierte en salvaguarda de los capitales que lo forman. Fue así como se constituyó con el Banco del Atlántico como fiduciaria, la constructora Alcare y los trabajadores, éstos representados por el sindicato, el Fideicomiso del Rancho, con terrenos en la delegación Ixtapalapa, y proyectada una segunda etapa en la delegación Tláhuac.
Se llevó a cabo el reclutamiento de los trabajadores que quisieran participar, que de acuerdo con los nuevos sistemas para proporcionar vivienda a los trabajadores, se hace a través de cofinanciamientos, que implica que los interesados den un enganche de acuerdo al costo de la vivienda, en este caso el enganche fue de 7 millones de pesos, cantidad que mis compañeros depositaron en cuentas de Banca Cremi, en un principio, y Banco del Atlántico, después.
Fue en el primer semestre de 1991 cuando arrancó este proyecto de construcción habitacional, aportando los trabajadores el respectivo enganche.
La institución, es decir, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, nos brindó apoyo absoluto concediéndonos la promesa de proporcionar los créditos que fueran necesarios.
Para ese tiempo, la constructora Alcare empezó a dar largas, pasaron días, semanas, y meses con promesas de iniciar las obras, hasta que cansados de sus promesas incumplidas, convocamos a los trabajadores y a los representantes de esa compañía, para que nos explicara de frente a los trabajadores la tardanza.
Relataron que tenían problemas con los terrenos, que no les otorgaban la licencia de construcción, entre otros impedimentos. Por esa razón, nosotros acudimos con las autoridades del Departamento del Distrito Federal; ahí recibimos el apoyo absoluto de las personas a quienes acudimos, como es el señor regente, el licenciado Manuel Camacho Solís, y el licenciado Marcelo Ebrat, y el mismo delegado de la delegación Tláhuac, el licenciado Ramón Martel. A todos ellos mi agradecimiento por el apoyo que me brindaron para desatorar esos obstáculos que se presentaban.
Cuando concluimos estas gestiones ante el Departamento, le comunicamos a la constructora y al representante del fideicomiso, para que iniciaran las obras, pero volvieron a dar largas; de nuevo pasaron días, semanas, y a los seis meses volvimos a reclamar información, aunque ésta, estos reclamos fueron cotidianamente, semana tras semana.
Con más incomodidad, pero ahora cuidando escrupulosamente todas las formas y procedimientos administrativos y legales pertinentes, al ver que no se nos proporcionó una solución, y además de detectar desvíos de recursos del fideicomiso, optamos por demandar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Demandamos a quienes resulten responsables por este incumplimiento y por los desvíos de fondos.
Así, el 5 de noviembre de este año se dio entrada a la demanda que el Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado interpuso, por la vía penal, porque la demanda por lo civil fue hasta el día 23 de noviembre, que se le dio entrada.
Cuando los trabajadores recibieron esta información, algunos lo entendieron, otros se molestaron, y con justa razón reclamaron otros, y escuchando a quienes se quieren hacer redentores, pero que en la realidad son manipuladores de los sentimientos y de la necesidad de la gente; trataron algunas de estas personas interesadas en culpar al sindicato.
Por eso la organización decidió que con recursos propios se les regresara a los trabajadores el dinero de su enganche, los intereses que de acuerdo a las tasas vigentes se les debería entregar, desde la fecha en que hicieron sus depósitos, hasta el 15 de noviembre reciente. El daño estaba causado.
Pero el sindicato, respaldando a los trabajadores, tuvo que regresarles este enganche, estos intereses y, además, gracias al apoyo de la institución, nuevamente, dando cumplimento al ofrecimiento de otorgar créditos, el trabajador está recibiendo también una carta-crédito, que de acuerdo a los lineamientos de la institución, le permita hacer realidad el recibir un crédito hipotecario.
Luego entonces, el trabajador recibe su enganche del depósito que hizo en el Banco del Atlántico, como fiduciaria; sus intereses, que se generaron desde la fecha de su depósito hasta el 15 de noviembre, y la carta-crédito de la institución, para que si encuentran la opción puedan tener la posibilidad de una vivienda.
Hasta la fecha faltan por recoger alrededor de 100 trabajadores lo que les acabo de mencionar, porque alguien también nuevamente, jugando con los sentimientos y necesidades, les ha hecho creer que pueden obtener la construcción de sus viviendas en un plazo inmediato, y eso no es cierto, lo hemos aclarado infinidad de veces.
Corren el riesgo estos compañeros de que si no reciben ahora su dinero lo tendrán que hacer hasta que finalice el juicio, bajo condiciones diferentes, porque el juicio seguirá y quien resulte el próximo secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lo terminará, y el capital recuperado tendrá que recobrar el cauce quedando como patrimonio de la propia organización sindical.
Por todo lo anterior y por tamaña injusticia, la organización sindical seguirá el juicio hasta sus últimas consecuencias, hasta recuperar el capital o ver que paguen su culpa quienes resulten responsables, los defraudadores, para que esto sirva de ejemplo y que otros no jueguen con la necesidad de los que requieren vivienda.
Concluyendo, compañeros diputados y aprovechando la denuncia del diputado García Toro, me permito proponer a esta soberanía su apoyo para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que por su conducto solicitemos a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en el camino de apoyo que nos han brindado a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en la medida de sus posibilidades, aceleren las investigaciones, para encontrar a los responsables y proceder de acuerdo a lo que la Ley disponga. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos).
El Presidente:- Con base a lo solicitado por el diputado García Toro, túrnese a la comisión de Información, Gestoría y Quejas, con las opinión de la justicia.
ESTADO DE COAHUILA
El Presidente:-Tiene la palabra el diputado Jorge Torres Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los acontecimientos ocurridos en el municipio de Francisco I Madero, Coahuila.
El diputado Jorge Torres Castillo:-Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Existe en la sociedad lagunera del estado de Coahuila la idea de que sus gobernantes no cumplen con los mínimos de su gestión y que la dejan expuesta al libre juego de intereses de caciques y de grupos que se sirven del poder.
La comarca lagunera que vive hoy una de las más graves crisis agropecuarias de su historia carga además con un sistemático lastre de hechos de corrupción en el sector público y con una marcada tendencia de las autoridades a reprimir con violencia el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos.
Estos hechos no son casuales, son producto de una concepción política sustentada en un dejar hacer complaciente o de franca complicidad entre gobernantes.
En Coahuila se viven hoy los finales del sexenio de un Gobierno que el pueblo ya ha calificado de gris, indolente, sin cohesión, indiferente a los problemas sociales y proclive a la represión cuando el pueblo protesta contra la imposición, la deshonestidad y el abuso del poder.
Matamoros, Coahuila, es el escenario de la imposición de un presidente municipal que produjo la enérgica y generalizada inconformidad del pueblo de Matamoros. A pesar de ello el gobernador del Estado, Elíseo Mendoza Berrueto, en forma obcecada lo sostuvo y con su actuación dicho presidente municipal provocó la irritación y la unión de todos los sectores en su contra.
Sin embargo, la inconformidad fue reprimida el 2 de enero de este año, dejando un saldo de varios lesionados y un compañero del Partido de la Revolución Democrática muerto, Gerardo Martínez Bautista, víctima de los golpes propinados por elementos de la Policía Judicial del Estado. Ante este homicidio el Gobierno estatal y municipal manipuló para hacerlo aparecer como muerte natural.
Ante esta soberanía vengo ahora a demandar un nuevo acto de represión cometido en el municipio de Francisco I. Madero, el pasado 17 de diciembre ordenado por el presidente municipal, a través de su tesorero, en el que fue ferozmente golpeado por un grupo de choque, el profesor Nicandro Palacio Ojeda, militante y ex presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática.
Los hechos se presentaron durante el segundo informe del presidente municipal, como respuesta a serios cuestionamientos que se le hicieron respecto a la inversión del supuesto carpeteo
de una carretera de final, así como sobre la oscura administración de los ingresos y de los egresos del municipio.
En esta misma sesión pública del cabildo, el presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, el licenciado Manuel Urquizo fue expulsado del recinto personalmente por el tesorero municipal, Nicolás Islas Rubio, por el solo hecho de repartir volantes alusivos a la nociva actuación de la administración municipal. El licenciado Manuel Urquizo ya ha formalizado denuncia penal ante el Ministerio Público contra actos del tesorero municipal que pueden ser tipificados como delitos de amenazas y de abuso de autoridad.
Antes, desde el 22 de mayo del año en curso, el síndico, siete regidores del Partido Revolucionario Institucional y el regidor del Partido de la Revolución Democrática convocaron al alcalde a una sesión extraordinaria del cabildo donde con base en el Código Municipal para el Estado de Coahuila, se le solicitó información pormenorizada sobre la plantilla de personal, sobre los inventarios, así como el informe mensual de ingresos y egresos que por obligación debe turnar al cabildo y difundirlo entre la ciudadanía.
En 24 meses de ejercicio, el presidente municipal, Gonzalo Domínguez Cortinas, no ha rendido un solo informe mensual de ingresos, no sólo al cabildo, sino a toda la comunidad.
Estos nuevos sucesos que enrarecen la atmósfera política del Estado que ya vive tiempos preelectorales, nos preocupan y por eso venimos, como una voz de alerta, porque los antecedentes, las tendencias y las circunstancias actuales, pueden producir en el corto plazo predecibles consecuencias y efectos negativos para el pueblo de Coahuila a expensas del libre juego de la ambición y la codicia de grupos tradicionales y caciques; de la crisis económica y política, así como de la corrupción pública generalizada y del abuso de la fuerza punitiva de un gobierno vacilante e insensible en lo social y extraviado en las luchas palaciegas internas del grupo en el poder, que desde hace tiempo rebasaron al propio gobernador del Estado, porque los antecedentes, tendencias y circunstancias actuales, apuntan hacia un endurecimiento del Gobierno estatal frente a las demandas de la sociedad, que sustituyendo a la razón con la fuerza, al cumplimento de la Ley con la prepotencia y soberbia, se conculcan los más elementales derechos ciudadanos.
Cuando la represión reemplaza a las prácticas democráticas y a la obligación constitucional de informar, el funcionario debe ser sometido al imperio de la Ley; sin embargo, en Coahuila el Ministerio Público y el Poder Judicial han llegado a extremos de corrupción temibles que dejan al pueblo en estado de absoluta indefensión.
Sabemos, desde ahora, que finalmente frente a este nuevo acto de barbarie política, no habrá sanción ni serán castigados los culpables.
Por todo ello, y por la necesidad de detener conductas irresponsables que se inspiran en el engaño desde los cargos públicos y por la necesidad de un pueblo que está cansado del saqueo y de la degradación de los servidores públicos, vengo a denunciar estos hechos solicitando el acuerdo de la Presidencia para que se sirva turnar este asunto a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente:-Se concede el uso de la palabra al diputado Mariano López Mercado.
El diputado Mariano López Mercado:-Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros:
Catastrófico el panorama que ha planteado el diputado Jorge Torres Castillo, alejado de la realidad que vivimos en el Estado de Coahuila. La comarca lagunera toda, ha sido escenario de permanente participación política, donde hemos aprendido en un marco plural, a sostener y defender las distintas tesis políticas de todos los partidos que en esa importante región del país participamos.
El municipio de Francisco I. Madero, enclavado en el corazón de la laguna coahuilense, se ha caracterizado también, en tener permanente una intensa actividad política. Autoridades comprometidas en dar respuestas a carencias y rezagos de una comunidad cada vez más participativa, han implementado programas de gobierno que han tenido, y esto es un hecho irrefutable, el apoyo y respaldo de la ciudadanía.
En este ciclo de invierno, y la semana pasada, fueron autorizados 6 mil millones de pesos para los programas emergentes en este ciclo que habrá de comenzar en unos días más. Hay atención de los gobiernos en los tres distintos niveles: el Gobierno Federal, con el plan "Nueva Laguna", que es una realidad; ha implementado importantes y trascendentes programas de gobierno. No existe anarquía en Coahuila, ha habido la
apertura del Gobierno de la entidad a los planteamientos hechos por la ciudadanía y por los distintos partidos políticos; no existe, no conocemos y no toleraríamos la represión en nuestra entidad. El hecho al que se refiere el diputado Torres Castillo, ocurrido a principios de este año, fue el fallecimiento del señor Gerardo Martínez Bautista, quien fue certificado por distintos médicos legistas, que ocurrió su deceso por un infarto al corazón. Fueron varios los peritos que intervinieron y ése fue el dictamen oficial que se entregó a las autoridades competentes.
Tal vez el único hecho que en Matamoros ha creado agitación, fue el grupo oligárquico que no toleró que un campesino fuera alcalde de ese municipio. En la elección del año antepasado, tres votos a uno, confirmaron y ratificaron el triunfo de Gilberto Ordaz, candidato priísta a la presidencia municipal. Legítimo y legitimado el triunfo de Gilberto Ordaz. Posteriormente una estéril agitación en el municipio de Francisco I. Madero, que tuvo el rechazo de la ciudadanía y está entrando a la fase final, las autoridades municipales de la comarca lagunera, vuelvo a repetir, en un clima de tranquilidad y de trabajo.
En el caso de Francisco I. Madero, el pasado 17 del mes en curso, fecha en que el presidente municipal licenciado Gonzalo Domínguez, dio lectura a su segundo informe de labores administrativas, en el cual enfatizaba un renglón de suma importancia, como lo es el de la seguridad pública, que era un reclamo social, impostergable de la población, consistente en la clausura definitiva de la zona de tolerancia, ubicada en el pleno centro de la ciudad de Francisco I. Madero.
La pasada autoridad municipal de extracción priísta, ordenó la clausura de esa zona de vicio, recibiendo con ello el beneplácito en forma unánime, tanto de la población como de los distintos partidos políticos que en ese municipio tienen permanencia permanente.
La actual administración municipal también de extracción priísta, continuó con el mismo programa, y al estar informando sobre esta materia el alcalde Gonzalo Domínguez, fue interrumpido por el ciudadano Nicandro Palacios, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal, y dirigente significado de dicho partido en el municipio, con la intención manifiesta de crear desorden y anarquía en el recinto designado oficialmente para la lectura del informe municipal. Y al no acatar el llamamiento a la cordura que en repetidas ocasiones le fue solicitado, fue conminado por asistentes a dicho evento, a que abandonara el recinto oficial.
Afuera ya, del recinto, se suscitó una riña en donde fueron golpeados, además del mencionado ciudadano Nicandro Palacios, militantes de otros partidos, incluyendo el nuestro.
Hemos sostenido en repetidas ocasiones, estar en contra de la provocación y la violencia. Ni la deseamos ni la generamos. Queremos, sí, actuar dentro de un marco que consolide cada vez más la democracia de este país, comprometidos a respetar y deseando se nos respete, a todas las corrientes políticas que enriquecemos con nuestra participación el México democrático a que todos aspiramos. Ni atropellar ni a que nos atropellen; ni a generar situaciones como las que hoy nos ocupan y que ya ha sido presentada la denuncia ante la autoridad judicial correspondiente, para que sea investigado el incidente que tuvo lugar en las afueras del cine Futurama del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.
Estamos de acuerdo, y además insistiremos, en que tenga la sanción correspondiente el o los responsables de este asunto.
No estamos de acuerdo con la situación anárquica que se pretende mencionar en este recinto, que priva en el Estado de Coahuila.
Volvemos a ratificar que ha sido la constante del Gobierno de la entidad, un clima de armonía y de apertura a todas las corrientes que participan en Coahuila. Se ha escuchado, se ha atendido y se ha resuelto. Esa es la realidad que vive el Estado de Coahuila. Muchas gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Abundio Ramírez, para rectificar hechos.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez:- Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En la comarca lagunera, Coahuila-Durango, particularmente en los municipios campesinos o que son eminentemente campesinos, ciertamente se han implementado desde 1989, diversos programas para acallar, para mitigar la situación desfavorable por falta de créditos y miseria que vive el campo lagunero. Este es un hecho insoslayable que todos conocemos, los que conocemos la región, los que andamos en las comunidades rurales, los que tenemos un compromiso con esa comarca y con esos ciudadanos.
Ciertamente en 1989, a mi partido, el Frente Cardenista, junto con otros dos partidos, nos tocó iniciar programas de mejoramientos de vivienda o de vivienda en todos los municipios campesinos, particularmente.
Nos tocó, asimismo, en 1992, en enero de este año, encabezar en los municipios ya mencionados, y quiero mencionar de paso que en la comarca lagunera en el medio rural la UCD, la Confederación Nacional Campesina y la CCC somos las tres fuerzas principales actuantes, hablando del medio campesino. En 1992 actuamos juntos, pensando en los campesinos y pensando en los laguneros. Actuamos juntos inclusive encabezando marchas, encabezando plantones en las afueras del Banco de Crédito Rural, estas tres fuerzas mencionadas y encabezadas desde luego por un diputado o dos de cada partido, de cada central campesina, encabezando los reclamos de los campesinos.
Sin embargo no podemos justificar, compañeros diputados de la comarca lagunera, en lo que toca a mi partido no venimos a poner en tela de duda toda la política estatal. Ha habido algunos aciertos, pero en la comarca lagunera ha habido desgobierno, particularmente en Francisco I. Madero y en Matamoros, Coahuila.
No podemos defender aquí a "aprendices de caciquillos", ni a caciques, llegan; son "aprendices de caciquillos" y nos consta. Hace medio año el gobernador del Estado, Elíseo Mendoza Berrueto, en el municipio de Francisco I. Madero fue a hacer una evaluación del Plan Nueva Laguna. Evaluación que más que evaluación parecía un recuento de acciones de carácter federal, queriéndoles dar cobertura municipal.
En esta evaluación y en este acto el presidente municipal Gonzalo Domínguez Cortina, con una actitud prepotente y de golpeador como porro, agredió y quiso golpear a algunos Compañeros dirigentes nuestros del Frente Cardenista. Por eso también denunciamos y apoyamos la denuncia del Partido de la Revolución Democrática en este sentido.
Compañeros: los camaradas presidentes municipales en mención, particularmente Gonzalo Domínguez Cortina, vuelvo a repetir: no llegan a caciques, son "aprendices de caciquillos". Y el presidente municipal tiene como su enviado, como el ejecutor o como golpeador al tesorero municipal.
Esto ni nos extraña y ni lo desconocemos. Quienes conocemos los asuntos de La Laguna sabemos cómo se manejan estos dos alcaldes.
Por lo tanto, quiero también dejar claro aquí que somos propositivos en mi partido y creo que en lo que toca al camarada Torres Castillo, se ha sido muy propositivo en La Laguna.
Mencionaba yo que encabezamos marchas y plantones para encabezar el descontento y que la cartera vencida de cerca de 25 mil campesinos con tierra se reestructura nuevamente. Y estos esfuerzos dieron algunos logros. Entre ellos, que La comarca Lagunera de Coahuila- Durango fuera una o es una de las que primero se reestructuró la cartera vencida. Esto significa que a los campesinos del 100% de sus adeudos se les hiciera una "quita" de un 80% y pasara a otro fideicomiso. Esto para poder habilitarlos, aunque ya no haya prácticamente ni créditos ni habilitados, ya que ahora el Banco de Crédito Rural, se está manejando con criterios de la Banca privada y está dejando prácticamente sin créditos a más de la mitad de los campesinos de La Laguna.
Hemos participado en diferentes programas y hemos participado de adentro. Conocemos los problemas y conocemos la problemática tanto urbana como rural.
No podemos por lo tanto, compañeros diputados, justificar la conducta de dos presidentes municipales que se dedican más que a gobernar, se dedican a cuidar sus cuotas de poder como "caciquillos".
Nos sumamos, mi partido, a la petición que ha hecho el compañero Torres Castillo en el sentido de que esta denuncia pase a la Comisión de Derechos Humanos. (Aplausos).
El Presidente:-Para rectificar hechos tiene la palabra del diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Zermeño Infante:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En Acción Nacional no podemos permanecer callados ante un panorama idílico, ante un panorama que se nos ha venido a presentar aquí por parte de los compañeros del partido oficial.
En estos pueblos, Matamoros y Francisco I. Madero, pueblos sin Ley, pueblos en donde ha imperado el caciquismo, la ineptitud y esas parcelas de poder que se reparten entre los sectores del partido oficial, como si se tratara de cuotas de poder que tienen un lugar y que tienen una pertenencia, han venido a sumir en la miseria, en la mugre, en la corrupción a Matamoros y a Francisco I. Madero, que aquí se ha mencionado.
Para nosotros es claro que la denuncia que ha presentado aquí Jorge Torres es parte de una
actitud constante de atropellos a quienes se atreven a señalar se inconformidad con los malos gobernantes que ha padecido la comarca lagunera desde siempre, porque todos ellos han provenido de un solo partido y todos ellos de un solo sector.
Difícilmente el alcalde de Francisco I. Madero, de Matamoros, pudiera pasar alguna prueba de tercero de primaria. La ineptitud ha generado una enorme inconformidad, inclusive entre los propios compañeros del partido oficial. Hace dos años intentaron participar otros candidatos de su propio partido y los mismos priístas quemaron la presidencia municipal de Matamoros; los mismos priístas han participado en estos movimientos de inconformidad que tienen sumido a Matamoros y a Francisco I. Madero en un atraso que no se merecen.
Por eso en Acción Nacional no podemos aceptar que se venga a hablar aquí de que existe un clima de armonía, de diálogo, de avance y de prosperidad, en un Estado gobernado por alguien calificado por todos los coahuilenses como uno de los peores gobernantes que hemos tenido, como una de los gobernantes más grises, donde la obra pública brilla por su ausencia y que esperamos que en este año electoral las falsas promesas y la demagogia que vienen cada seis años o cada tres años con las campañas políticas, desaparezcan y tengamos una campaña política de altura en la que los coahuilenses podamos participar sin fraudes cibernéticos, con una participación seria, sincera de los coahuilenses, con candidatos que verdaderamente se comprometan a ofrecer alternativas viables.
Por eso, no podemos aceptar que se venga aquí a pintar un panorama que no corresponde a la realidad, ni de la comarca lagunera ni del Estado de Coahuila. Por eso, apoyamos que se haga esta investigación y que se lleve a sus últimas consecuencias en los malos manejos que se han tenido en estos ayuntamientos, y que se castigue a los responsables de esta agresión cobarde, a los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. (aplausos).
El Presidente:- Para rectificar hechos y de acuerdo al 102, tiene la palabra el diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Guerrero García:- Con su permiso señor Presidente: Quiero en primer lugar apoyar y confirmar en todos sus términos los comentarios de mi compañero diputado Mariano López Mercado, al decir que es obvio que en la comarca lagunera existen rezagos, existen problemas derivados de una serie de factores de carácter económico y de carácter social, producto de la transformación que se observó a finales de siglo, a principios de siglo en la comarca lagunera, pero también producto de la enorme explosión demográfica que la propia comarca ha observado.
Yo quisiera decir que obviamente no compartimos los juicios de compañeros diputados con respecto a la tarea del Gobierno del Estado, creo que ha habido preocupación, ha habido entrega y se han entregado canales y espacios para el diálogo o la concertación y la proposición de toda las fuerzas sociales y políticas de la entidad. En la comarca lagunera, hay todavía muchas cosas qué hacer, por eso creo que los antecedentes de coordinación, de concertación que se han observado en este año por organizaciones campesinas han sido muy favorables y muy positivos para enfrentar la grave complejidad que caracteriza la problemática de la región. El diálogo, la disposición a participar de manera democrática en los esfuerzos que hace la población lagunera para enfrentar sus problemas, siento que son los caminos que nos van a permitir avanzar en la solución de esos rezagos a los que mencionaba hace un momento.
Creo que se han manifestado algunos incidentes aquí en tribuna y pienso que nosotros somos los primeros interesados en que se aclaren, hay denuncias ya turnadas, hay denuncias ya presentadas, y mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, es el primer interesado en que esas denuncias se aclaren y con ánimo propositivo y con el mejor de los ánimos sean sancionados los responsables.
Qué bueno que en esta ocasión se han externado las preocupaciones no sólo porque se avance en la solución de los problemas, sino porque todas las fuerzas políticas que estamos ahí trabajando en la región, lleguemos a acuerdos importantes y podamos sugerir caminos y alternativas que nos lleven a enfrentar los problemas que sufre la región actualmente.
Que se turne esta denuncia a la Comisión correspondiente como fue solicitada en tribuna y que se aclaren pues los incidentes y los detalles de lo que aquí se ha denunciado.
Y también coincido con el compañero Jorge Zermeño, en el sentido de que debemos avanzar con el carácter propositivo para que enfrentemos las contiendas electorales con un espíritu de
altura, deseosos porque el desarrollo democrático en el Estado tenga un avance importante, que lo hagamos de manera responsable, que convoquemos a la población a que se manifieste y que finalmente todos los partidos políticos demos una muestra de civilidad política y avancemos, que será finalmente para el bien de la población de nuestro Estado. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente:-Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos la denuncia hecha por el diputado Jorge Torres Castillo.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:-Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al informe relativo a los sucesos del 22 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El diputado Carlos González Durán:-Con su venia señor Presidente, honorable Asamblea:
Un objetivo general que motiva nuestra responsabilidad como diputados, es la vigencia de las instituciones y de las leyes, pero particularmente para los diputados de Jalisco, resulta de la primera importancia el asunto que voy a exponer ante ustedes.
El derecho a la vida, es un derecho complejo que abarca cuatro facultades: la primera es el derecho a no ser muerto, a no ser privado de la vida. El segundo es el derecho a nacer, el derecho a venir a la vida; estos dos derechos generan una obligación universal pasiva de respeto a la vida. No hacer nada que aténte a la conservación de la vida humana.
Pero hay otros derechos que abarca el derecho a la vida, y son estos: el derecho a no ser abandonado a morir, o sea el no ser dejado a morir; y el cuarto derecho, es el derecho a ser mantenido en la vida, el derecho a subsistir; estos dos últimos derechos generan una obligación de hacer, no es simplemente una obligación de respeto, es una obligación de hacer, que está a cargo de las autoridades, en una institución muy principal que se llama la institución de protección civil.
El objeto y la finalidad de las instituciones de protección civil, es garantizar la subsistencia y el derecho a la asistencia de aquéllos que enfrenten o estén en una coyuntura en donde se encuentre en riesgo la conservación de su vida. Como todos ustedes saben, el 22 de abril del presente año en la ciudad de Guadalajara, sucedió una enorme tragedia urbana; los vecinos percatados del olor a gasolina, dieron oportunamente aviso a las autoridades, y se presentaron los bomberos, los técnicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que es el organismo descentralizado del Estado que atiende los servicios de agua potable y alcantarillado; se presentaron los técnicos de Petróleos Mexicanos, y con sus aparatos, verificaron que había un riesgo de explosividad del 100%; tomaron ellos algunas medidas e informaron a sus superiores del riesgo.
Las medidas que se adoptaron fueron desacertadas porque consistieron en destapar las alcantarillas, lo que le dio oxígeno a la acumulación de la gasolina y del etano, en inyectar agua, lo que produjo un tránsito y una dilución transitoria de la gasolina pero que se retuvo en un sifón próximo, con motivo de los trabajos de la ampliación del transporte de la ciudad de Guadalajara, el tren subterráneo. Intervino ese factor y no dejó pasar la gasolina, por lo que la medida usada fue una medida inefectiva, se regresó la gasolina a los drenajes y como todos ustedes saben, la mañana de este día hubo una serie de explosiones, con graves daños para la población y un conjunto de faltas y de problemas.
Si hemos de abordar esta tragedia urbana con un criterio de respeto de leyes y de respeto de instituciones, debemos hacernos estas preguntas: primero, ¿cómo y cuándo obligaban esos deberes incumplidos? Segundo, ¿cuáles son esos deberes, pero íntegros, todos ellos? Tercero, por qué esos deberes y no otros? ¿Eran éstos suficientes o había que adoptar otras medidas a cargo de la autoridad y de la sociedad para prevenir y evitar estos transtornos? En seguida y la cuestión central: ¿quiénes son los responsables? ¿En qué grado son responsables de los deberes incumplidos, de los delitos, de los ilícitos cometidos, y desde luego, en forma de prevención social, decimos: las medidas de protección a la sociedad?
De lo que se trata pues en una consideración jurídica es de buscar responsables, y la Procuraduría General de la República no encuentra lo que no busca, no busca responsables ni busca acusar de los delitos íntegramente, ni acusar íntegramente a los responsables. Para callar el descontento popular y social, la opinión pública nacional, se hizo una consignación de ciertos funcionarios de nivel medio y de nivel inferior, pero los principales responsables no han sido acusados, no se ha ejercido la acción penal en
contra de ellos, sino que la conducta y la línea que está siguiendo el Ministerio Público Federal y el ministerio público local, es una línea de conceder impunidad a los elevados funcionarios responsables de estos hechos.
Decimos: buscamos responsables de los delitos. La Procuraduría de Justicia a nivel federal, ha desatado una importante investigación, pero va encaminada a la mecánica causal y física de los acontecimientos.
Los delitos, dijimos en la Procuraduría de Justicia, no son fenómenos de la naturaleza, sino que son hechos de conducta, y lo que hay que buscar es quiénes son los responsables de estos hechos de conducta que constituyeron delitos, ilícitos civiles, faltas administrativas y responsabilidades políticas.
Buscamos motivos, medios, fines, resultados y consecuencias de los hechos que generaron estos trastornos.
Pues bien, a la sociedad agraviada en esta tragedia hay que hacerle justicia, sigue clamando justicia, y cuando lo fue a reclamar en la plaza pública, el Gobierno substituto, el gobernador interino y sus allegados, implementaron un acto de represión brutal del que conoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que investigó correcta y verazmente los hechos y concluyó que había un conjunto de delitos no perseguidos, que solamente el ministerio público local había perseguido a cinco policías, pero que habían intervenido 50 policías y su comando, y autoridades gubernamentales, y había ahí abuso de autoridad, y había ahí secuestro de unas personas que fueron privadas de libertad, y había habido ahí lesiones y había habido ahí robos de las pertenencias de las personas que estaban en la plaza pública protestando.
Y este dictamen justificado, razonado y motivado, no se ha observado. Entonces, hay un conjunto de hechos de los que son responsables un conjunto de funcionarios. Desde luego hay una serie de delitos ecológicos y de delitos que prevé la Ley de la Salud, por lo menos esos delitos que son importantes, consisten en que se permitió que se vaciara en los drenajes substancias explosivas; se contaminaron los suelos, hubo una contaminación de los mantos acuíferos, hubo una destrucción de la estabilidad y de la firmeza compacta del suelo, porque la violencia de la explosión causó socavones que luego vinieron otras consecuencias de la inestabilidad y más casas aledañas dañadas.
Los muertos que tienen acta de definición son 215, pero los desaparecidos fueron 600, y ¿qué hizo la autoridad frente a las dimensiones de esta tragedia? Obrar ilícitamente, realizar los delitos del profanación de cadáveres y de inhumación clandestina e incinerar los cuerpos, y eso lo hicieron a la media hora de la desgracia, para tratar de cambiar el espectáculo de la gravedad e intensidad de la tragedia, y cuando el señor Presidente estuviera en el lugar de los hechos, tuviera otra impresión diferente del nivel de las consecuencias.
Quiere decir que no se puede pedir la fe de los cuerpos, porque unos quedaron desbaratados en la violencia, y solamente sus ropas ensangrentadas cayeron; otros cuerpos fueron tomados y revueltos con escombros, llevados a los tiraderos en las zonas periféricas de la ciudad, en la zona metropolitana, y todos los lugares y sitios en que se pudieron incinerar, ahí estuvieron trabajando mañana, tarde y noche, incinerando cadáveres, con el objeto de desaparecerlos.
Se dio un trato irrespetuoso, indigno y criminal a los cuerpos que desde el derecho romano se consideran cosa sagrada. Los cadáveres son sagrados, y ya los griegos y los romanos nos enseñaron el respeto que merecen los cadáveres, pero estos malos funcionarios, que a pesar de estar informados oportunamente por la ciudad y por los cuerpos de seguridad, y por los bomberos que cumplieron su deber, y tres de ellos murieron el la desgracia; a pesar de estar oportunamente informados obraron con pasividad. No tomaron las medidas necesarias; no ordenaron el desalojo; no realizaron medidas técnicas para controlar el riesgo, sino que abandonaron a la gente a su suerte.
Ese es el delito de los altos funcionarios, del gobernador del Estado, porque de acuerdo con la Ley de Protección Civil, con la Ley del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con la Ley de las fuerzas públicas y de la seguridad pública y con la Constitución del mismo Estado de Jalisco, tiene a su cuidado la protección de la sociedad y donde él reside asume el mando de las policías municipales. Y claro está que las autoridades municipales, también por la Constitución y la Ley Orgánica tienen responsabilidad del cuidado de la población, y ahora dicen que eran fenómenos complejos, imprevisibles, y los asociados en sus sucios negocios tratan de crear una imagen de que ellos son unas blancas palomas que no cometieron ningún delito y que hay que pedirles disculpas y que ya casi casi hay que absolverlos.
Y se les ha venido a conceder una libertad provisional donde incorrectamente se usa el patrimonio público.
El Patronato de la Reconstrucción fue instituido para indemnizar a los damnificados, pero no para apoyar a los delincuentes, no para otorgar una fianza a favor de los delincuentes en iguales términos.
¿Por qué Petróleos Mexicanos eroga un gasto importante para dar una garantía de sus empleados, malos funcionarios, designados por el jefe y administrador de esta importante institución para garantizar una fianza de 600 mil millones? ¿Con qué derecho se dispone de los recursos públicos, cuando los recursos públicos están presupuestados para una finalidad precisa y requieren de una administración correcta, so pena de cometerse el delito de peculado?
Fueron 215 fallecidos con acta de defunción; 600 desaparecidos: 1 mil 470 lesionados; 1 mil 124 casas destruidas; 1 mil 500 casas aledañas dañadas; 600 inmuebles comerciales dañados; cuatro transportes del servicio público destruidos, se supone que estaban en servicio estos caminos del servicio urbano; 100 centros escolares destruidos; 600 vehículos dañados.
La consecuencia de esta falta de reflexión, prudencia, de esta falta de cuidado que cometieron las autoridades, consumó una tragedia muy grande.
Pero no es sólo eso, es que después de los resultados vinieron las consecuencias. Los recursos que la caridad pública otorgó, ¿esos recursos se usaron correctamente? Porque el alimento que se estuvo dando a los damnificados fueron lunches y lunches y lunches todos los días. ¿Eso fue lo que la caridad pública mandó? La caridad pública mandó ropas, y se concentraron las ropas en el Estado de Jalisco, y llovió, y el sol pues dañó todas esas ropas, y así asoleadas, llovidas, se las dieron a las gentes humildes ¿Y qué causó eso? Una serie de trastornos en la piel y a todos les salió roña.
¿Qué cuidado se tuvo con la población? ¿Qué alimentación se le dio? ¿Quienes han sido los indemnizados? ¿Quienes son los que faltan en indemnizar?
El dinero que la caridad pública entregó, ese dinero no se puede usar incorrectamente, como parte de reparación del daño y encima exigirles a los ofendidos que firmen documentos de finiquito de reparación de daño; no se puede retener el resarcimiento de los que perdieron sus fincas y sus terrenos, diciéndoles que no tienen otro camino que vender al Gobierno esas tierras, porque ya el subsuelo ya no permite la construcción de cimientos, y ahí se va a abrir una gran avenida que se va a llamar la avenida del Papayo.
Entonces, esos atropellos fueron grandes y las consecuencias dañaron la economía de Guadalajara, las industrias, los trabajadores, los mercados, se causaron daños a la economía; las cámaras de la industria declararon, a raíz de los hechos, que estaban perdiendo el día 1 billón de pesos. El daño fue próximo a una colonia industrial, El Álamo Industrial, y ahí en El Álamo Industrial, hasta los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, responsablemente, han reclamado que se haga un inventario de la gasolina que está en el subsuelo y que Petróleos Mexicanos se sirva decirnos cuáles son las reservas probadas de gasolina, que todavía quedan en el subsuelo de la ciudad. (Aplausos.)
Se trata, por lo tanto compañeros, de que se afectó el equilibrio ecológico con actividades riesgosas, que fueron producto de la corrupción de Petróleos Mexicanos. Claro está que Petróleos Mexicanos es el principal responsable, porque la explosión se causó con sus productos.
Y, de acuerdo con el derecho, quien usa sustancias peligrosas, tenga o no tenga culpa, es el responsable, de acuerdo con el principio de la responsabilidad objetiva o por riesgo creado, para indemnizar a los ofendidos.
Pero es el caso, además, que lo gobiernos como institución local y municipal responden de sus malos funcionarios. Pero no en primer lugar, sino subsidiariamente, y aquí se está exonerando y se está permitiendo con unas pequeñas y bajas fianzas de 18 millones de pesos que los medianos y pequeños funcionarios responsables de esta indolencia y de esta corrupción salgan y disfruten de libertad provisional.
Se trata, por lo tanto, de que las garantías posiblemente no sean suficientes. Se trata, y hoy lo dice la revista Proceso, de que existen personas para reclamar daños que ascenderían a 1 billón de pesos, por lo que la fianza señalada por el juez resulta notoriamente insuficiente.
Los agravios a la salud son continuos y continuados. Todavía existen problemas que se generan por el drenaje a cielo abierto, que surca para 30 mil tapatíos, el Barrio de Analco. Existen, por lo tanto, un conjunto de hechos ilícitos que
han quedado fuera de las acusaciones del ministerio público.
Pero el ministerio público tampoco acusa a todos aquellos a quienes debe acusar.
Se trata de delitos de abuso de autoridad y uso incorrecto de funciones públicas, puesto que las autoridades tienen la obligación de dar un servicio de protección. Se comete el delito de abuso de autoridad cuando requerida una autoridad, para que preste una protección debida y necesaria, se abstenga o retarde ese apoyo o ese servicio. Entonces este conjunto de hechos ilícitos están aún reclamando justicia, pero no es solamente el problema de índole penal, no es solamente el problema de mala administración de justicia, es también otro gravísimo problema y con eso voy a terminar.
Existe, de acuerdo con nuestra Constitución en el Estado de Jalisco la definición de consonancia con la Constitución General de la República, de que los ciudadanos tienen derecho de manera universal para elegir a sus autoridades.
Si las faltas de un gobernador, son faltas permanentes, como es el caso, la causa de un delito del que se debe responder, no se está en el supuesto de una licencia transitoria como la que se optó y se le otorgó para acceder sus reclamaciones de chantaje y dejar al frente del Ejecutivo local a un seguidor que le cuidara la espalda e impedir a una persona decente que accediera al cargo de gobernador.
La situación irregular del gobernador interino debe terminar de acuerdo con la Constitución y eso interesa a la dignidad de los ciudadanos de Jalisco y de todos los partidos nacionales deben reclamarse las elecciones extraordinarias, para regularizar las instituciones; tanto por lo que ve al Ejecutivo local como por lo que ve a la vida correcta y normal del ayuntamiento.
Entonces digo hay mucha preguntas que quedan aún pendientes. Esa serie de preguntas serían:
¿Cual es el monto de las reparaciones que se han realizado a los ofendidos? Saber cuánto se ha reparado el daño.
2o. Saber qué cantidad falta por cubrir y a quién se refieren esas reparaciones.
¿Cuál es el monto de la reparación faltante? Ahora hay que preguntarle al Patronato de Reconstrucción con qué fundamento legal su escaso patrimonio para responder de cuantiosos bienes lo usa para apoyar a los acusados y procesados y otorgar de su parte un afianzamiento y un compromiso, con la finalidad de que disfrute de libertad provisional bajo caución.
¿Con qué fundamento legal se usan los recursos públicos para estos fines? Y en iguales términos está el incorrecto uso de recursos de Pemex o de Petróleos Mexicanos para que sus funcionarios acusados disfruten de libertad.
Lo que debe hacer Petróleos Mexicanos es no eludir su responsabilidad, cumplir las leyes mexicanas, indemnizar de buen fe a los ofendidos. Hay un conjunto de daños qué aún están pendientes, son los daños de a instituciones públicas, son los millones de litros de gasolina de la corrupción de Petróleos Mexicanos que se tiraron al subsuelo de Guadalajara. Son las calles, las banquetas, las instalaciones eléctricas, telefónicas, los equipamientos urbanos que tiene que hacer el ayuntamiento con un enorme gasto para reconstruir esta zona dañada.
Por lo tanto, nos preguntamos y preguntamos a las fuerzas cívicas del país: ¿Cuando se van hacer elecciones respetadas para que termine ese sistema de excepción que consiste en el centralismo de imponer a las entidades de la República gobernadores interinos? Si así vamos a seguir, vamos a llegar a 1994, con un presidente interino.
¿Qué entonces es necesario que las cosas comiencen a reclamarse? Los derechos no se respetan, no se reclaman.
Y aquí en esta tribuna hay dignidad, es la tribuna de la voz del pueblo mexicano.
Por lo tanto, entro otras cosas que presentarán algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática, dejo aquí esta cuestión como punto de acuerdo para que la Comisión encargada de la Contaduría Mayor de Hacienda inquiera en la administración de Petróleos Mexicanos ¿Cuál fue la erogación que se hizo para otorgar un afianzamiento por 600 mil millones de pesos para que unos procesados gozaran del beneficio de libertad provisional bajo caución?
¡La voz de los muertos y de los vivos en Jalisco clama justicia, clama democracia, clama respeto a las instituciones y respeto a las leyes! Muchas gracias.
El Presidente.- Esta presidencia informa que están inscritos para el mismo asunto, los siguientes señores diputados:
Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Tarcisio Rodríguez Martínez, del Partido Acción Nacional; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden (desde su curul):- Señor Presidente; pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Pablo Emilio Madero Belden.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden:- Señor Presidente, señoras y señores diputados:
Dos minutos únicamente. En la interesante intervención que tuvo nuestro compañero diputado González Durán presentó una situación dramática: 200 muertos con su acta de defunción y 600 y pico muertos, de muertos incinerados.
Y tuvo unas frases donde nos decía quiénes tienen derecho a la vida y sobre esto quiero referirme a una de estas definiciones. El se refería a los niños que no han nacido, que tienen derecho a venir a la vida. Yo quiero simplemente hacer la aclaración que el niño no ha nacido, ya tiene vida, el niño que está en el seno de su madre ya es persona, ¡tiene derecho a la vida!
Y quiero decir a ustedes que estadísticas oficiales hablan que todos los días hay en México abortos en número superior a los muertos en Guadalajara. Debe preocuparnos esto. Es toda la aclaración. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente:-Tiene la palabra el diputado Jaime Muñoz y Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez:-Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Con relación al caso de Guadalajara, hay algo que es notorio: me refiero al deseo que tenemos todos, absolutamente todos los diputados federales que integramos esta LV Legislatura, por conocer la verdad histórica de los hechos ocurridos el 22 de abril del año en curso en dicha metrópoli.
Nadie, nadie puede permanecer ajeno a esta tragedia. La sociedad en su conjunto está alerta también y en espera de contar con la información que pueda explicarle lo que realmente sucedió el 22 de abril.
El día 18 del mes en curso, la Comisión de Justicia recibió la visita del subprocurador de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República, José Elías Romero Apis, en cumplimiento al compromiso acordado por el Procurador General de la República, con la Comisión de Justicia, de enviarle una copia de todas las actuaciones que la representación social fue acumulando en la etapa de integración de la averiguación previa respectiva.
El mismo día 18, algunos compañeros diputados en esa misma reunión le preguntaron al subprocurador, que señalara sobre quién o quiénes, finalmente recaía la responsabilidad de los hechos ocurridos el 22 de abril en Guadalajara.
Hoy, don Carlos González Durán, manifiesta la misma inquietud. En esa ocasión que relato, el 18 de este mes, los secretarios de la Comisión de Justicia, les hizo saber a los compañeros diputados, que tenían, que mantenían esa inquietud. Lo que queremos reiterar el día de hoy.
Se trató de un acto de cortesía de la Procuraduría General de la República, hacia la Comisión de Justicia, de que el propio subprocurador en forma personal entregara los expedientes sobre las más diversas actuaciones que integran la averiguación previa sobre el desastre de Guadalajara. El propósito de esta entrega, residió en que los miembros de la Comisión de Justicia puedan contar con esta información, estudiarla, analizarla y en su caso formular las recomendaciones que se consideren necesarias y orientarlas naturalmente a la instancia de Gobierno correspondiente y competente. En este caso, el Poder Judicial.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal, fueron encaminadas a conocer las causas, circunstancias, consecuencias y presuntas repito, presuntas responsabilidades derivadas del siniestro. Están contenidas en las averiguaciones previas número 1170/92, que dicha institución puso a disposición del juzgado encargado del proceso y de la 1236/92, que también ha sido remitida a la autoridad judicial.
El Ministerio Público Federal se allegó el testimonio de más de 2 mil personas. De éstas, 337 fueron requeridas especialmente por el Ministerio Público para declarar sobre los hechos. Se hicieron, asimismo, 366 actas de fe ministerial y se recibieron 2 mil 156 querellas.
Es notorio que la Procuraduría General de la República carece de facultades para definir en forma concluyente, responsabilidades civiles, administrativas o políticas, al buscar el esclarecimiento de los hechos, causas y circunstancias de los mismos.
El Ministerio Público Federal, en su momento, estableció las presuntas responsabilidades de nueve personas.
Lo anterior conforme a las atribuciones que la Ley confiere a la Procuraduría General de la República, y sin desbordar su marco jurídico.
Asimismo, la Procuraduría hizo entrega de una copia de las actuaciones al honorable Congreso de Jalisco, con lo que se dio cumplimiento a lo ofrecido el 27 de noviembre por el titular del Ministerio Público Federal, durante se reunión con los señores integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, del 22 de abril, de la Cámara de Diputados de Jalisco.
En el sede del Congreso de Jalisco, los señores integrantes de la Comisión de Seguimiento que preside el diputado Juan Delgado Navarro, recibieron las actuaciones de manos del delegado estatal de la Procuraduría General en Jalisco. Cada uno de los ejemplares entregados consta de 43 mil 455 hojas útiles, contenidas en 71 volúmenes, y de 45 mil 891 páginas, respectivamente. Además se entregó un documento de 27 páginas que contienen los resultados de las pruebas periciales llevadas a cabo en auxilio de la investigación del Ministerio Público Federal, y que resume los puntos fundamentales de las determinaciones de tipo técnico pericial a las que llegó la Procuraduría.
Estos son los resultados de casi ocho meses de trabajo, tiempo que llevó en realizar los más diversos y complejos estudios científicos y técnicos, en los que participaron numerosos investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Instituto Mexicano del Petróleo, así como especialistas que laboran en distintos y diversos institutos de investigación.
Por otra parte, sería imposible que el Ministerio Público determinara de manera definitiva o concluyente, sobre quién o quiénes puede recaer la responsabilidad del desastre de Guadalajara. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Ministerio Público se ocupa, si atendemos lo que establece el artículo 21 constitucional, de investigar y perseguir los presuntos, repito, presuntos, hechos delictivos que a través de la averiguación previa correspondiente, le pueda ofrecer al juez de la causa, el mayor número de elementos posibles, para que en el curso de un proceso, pueda la autoridad judicial, finalmente determinar responsabilidades.
La Procuraduría investiga; los tribunales juzgan, condenan o absuelven; pero los tribunales juzgan.
La Procuraduría General de la República cumplió con su parte; ahora nos hace falta conocer la opinión del juez respectivo. Todos, repito, todos, absolutamente todos los diputados queremos conocer la verdad histórica sobre los hechos ocurridos en Guadalajara.
En la Comisión de Justicia están a la disposición de todos ustedes, las actuaciones que integran la averiguación previa en cuestión, que el día 18 recibimos de manos del subprocurador de Averiguaciones Previas. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Miguel Ángel León Corrales del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
¿Cuál es la historia de los sucesos del 22 de abril? Que tres días después de esos sucesos, la Procuraduría General de la República nos plantea una hipótesis, que ocho meses después es exactamente la misma. Que tres días después de esos sucesos la Procuraduría General de la República encarcela a nueve personas, luego se dejan pasar ocho meses y se les permite salir bajo fianza.
Me parece a mí que en el caso 22 de abril nosotros estamos frente a un evidente encubrimiento por parte de la Procuraduría General de la República, que tiene qué ver también con razones políticas y que ocho meses después ese resumen que la Procuraduría General de la República nos entrega el día de antier, viene a corroborar la tesis que una y otra vez nosotros hemos planteado en esta tribuna: la Procuraduría General de la República encubre y lo hace por razones políticas muy claras.
¿Cómo es posible que un patronato, que fue creado por decreto para salvaguardar los
intereses de las personas afectadas por los sucesos, hoy sirva para asegurar la fianza que les permite a los inculpados salir libres? ¡Eso, compañeras y compañeros diputados, sólo puede suceder en México!
Los dineros que ese patronato tiene y que tendrá, porque los que tiene no alcanzan para cubrir las demandas de los afectados, no pueden servir bajo ninguna base para cubrirle las espaldas a los inculpados.
¿Qué pasa si el 26 de abril, en el primer informe de la Procuraduría General de la República no se encarcelan esas nueve personas? Exactamente lo mismo que si en el mes de mayo a esas nueve personas se les deja libre?
La Procuraduría General de la República y las autoridades del Estado de Jalisco han venido actuando y siguen actuando no sobre la base de la Ley, no sobre la base de lo que les corresponde hacer, sino sobre la base de cómo se ha venido presentando la situación política y social del Estado de Jalisco.
Porque si el 26 de abril no toman preso a nadie, muchas cosas hubieran pasado en Guadalajara. O si en mayo o junio a los nueve que tomaron presos se les deja libres, muchas cosas hubieran pasado en Guadalajara.
Pero si primero toman presos a nueve "chivos expiatorios", que como decía mi compañero pertenecen al nivel medio y al nivel inferior del Gobierno, y luego se dejan pasar ocho meses y a los ocho meses se les deja libres bajo fianza, cubriéndoles las espaldas con los dineros que les pertenecen a los afectados, entonces no pasa nada.
En este juego y en esta historia evidentemente que la Procuraduría General de la República ha venido siendo el actor principal.
En efecto, el viernes pasado la Procuraduría General de la República nos entregó ocho cajas, por cierto claramente desordenadas. El día de ayer varios compañeros nuestros intentaron encontrar entre esas cajas la declaración por escrito que hizo ante la Procuraduría General de la República el gobernador con licencia Cosio Vidaurri y fue imposible dar con esa declaración. Yo no digo que no esté allí, yo digo que la Procuraduría General de la República nos ha entregado ocho cajas con 43 mil hojas en un completo y soberano desorden.
Pero nos entregó también un resumen. Y desde mi punto de vista este resumen tiene varias contradicciones y encubre de manera clara y de manera precisa, y encubre a Petróleos Mexicanos y encubre al gobernador con licencia Cosio Vidaurri, y yo voy a intentar demostrarlo.
Este informe en su página 4 nos dice: "Desde el 21 de abril había signos que apuntaban hacia la alta probabilidad de una explosión. De esta situación se tuvo conocimiento desde el día 21 en la Dirección del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal, en la superintendencia de Petróleos Mexicanos y en la dirección de la Unidad Estatal de Protección Civil".
Mi compañero, diputado González Durán, lo dijo con claridad y lo hemos dicho una y otra vez, según la Ley del Estado de Jalisco, en términos constitucionales está el gobernador, el presidente de la Unidad Estatal de Protección Civil y, ¿cómo es posible que en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal se tuviera conocimiento de lo que podía pasar y que se tomaran 60 muestras de grado de explosividad en las alcantarillas de la calle de Gante y 56 de ellas marcaran 100%, y saliera al otro día en el periódico un mapeo de cómo iba a explotar y luego ese mapeo coincide con lo que sucedió y las ediciones cierran a las 10 de la noche?. Y ¿cómo es posible que los bomberos anduvieran destapando las alcantarillas?, y ¿cómo es posible que los vecinos sintieran ese olor a gasolina en sus propias casas y el Gobernador del Estado de Jalisco no estuviese enterado?
Eso, compañeras y compañeros, es una profunda mentira, porque si el Gobernador de Jalisco realmente no estuvo enterado ¿pues entonces a qué se dedicaba? Y me dirán ustedes: Si todo mundo sabía ¿por qué la gente no se salió? Porque fueron las propias autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal y declaraciones del Presidente Municipal y comentarios de toda una serie de autoridades en la radio, las que hicieron sentir a la población que no había ningún problema y que podían dormir tranquilos. Por eso, la población continuó en sus casas.
En esa lógica, la Procuraduría General de la República detiene a gente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal, al Gerente de Operación y Mantenimiento, al Gerente de Control de la Calidad del Agua y al Gerente de Uso Eficiente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal. ¿Bajo las órdenes de quién están estas personas? Del Presidente Municipal de la ciudad de Guadalajara. Y con esa lógica la Procuraduría General
de la República detiene también al Presidente Municipal de la Ciudad de Guadalajara.
Pero después, cuando le entramos al asunto de la detención de personas que se encontraban bajo el mando del Gobernador, entonces la Procuraduría General de la República utiliza otra lógica. La Procuraduría de la República detiene al Secretario de Desarrollo Urbano y Rural del Gobierno de Jalisco, Aristeo Mejía Durán, pero no detiene a su jefe. La Procuraduría General de la República detiene a personas que estaban bajo el mando del Presidente Municipal y con toda lógica detiene a su jefe. La Procuraduría General de la República detiene a personas que estaban bajo el mando de Cosío Vidaurri y entonces cambia la lógica y el Gobernador con licencia en lo único que ha sido tocado hasta este momento por la Procuraduría General de la República es en hacerle declarar por escrito.
Hay un asunto que yo mencioné aquí en estos últimos días de abril, que la Procuraduría General de la República jamás ha tomado en cuenta y que nadie jamás ha tomado en cuenta y que demuestra por qué se quiere encubrir a Cosío Vidaurri.
El 22 de abril unas horas después de las 10 de la mañana las máquinas motoconformadoras andaba arreglando las calles destruidas, las andaban taponeando y eso, compañeras y compañeros, significa muerte. Esa día en la noche el señor Salinas de Gortari le ordenó al Gobernador que parara las máquinas y las máquinas pararon, pero al otro día en el preciso instante en que el Presidente salía del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara las máquinas otra vez entraron en acción. ¿Quién dio las órdenes antes? ¿Quién dio las órdenes después? una sola persona, Guillermo Cosío Vidaurri y eso no ha sido tocado en lo absoluto por ninguna autoridad judicial de este país.
Ahora yo quiero sostener que este informe además de querer proteger a Cosío Vidaurri, quiere proteger a Petróleos Mexicanos. Hace aproximadamente 15 días yo dije aquí que de donde sacaba el Procurador General de la República que fueron 163 mil metros, cúbicos los que explotaron el 22 de abril, lo dije públicamente, al otro día salió en algunos periódicos y este viernes el Informe se sostiene exactamente la misma cantidad de metros cúbicos derramados 163 mil. En Guadalajara explotaron 12 kilómetros de calles, es decir 12 mil metros lineales pero de calles de 10 metros de ancho es decir 120 mil metros cuadrados pero la explosión salió desde 13 metros abajo, en otros lados el colector estaba a menos profundidad yo diaria de 8 metros abajo en promedio, estamos hablando de 960 mil metros cúbicos. Si para la Procuraduría General de la República se necesitan 117 mil litros de gasolina Nova para que exploten 163 mil metros cúbicos, aclaro que si la cifra es de 960 mil metros cúbicos entonces estamos hablando de que se necesita con las mismas técnicas de la Procuraduría General de la República casi un millón de litros y si la Procuraduría General de la República en este informe dice con toda claridad que la gasolina no entró directamente al drenaje, sino que la gasolina entró por unas ventilas del drenaje, entonces no fue un millón de litros de gasolina lo que se derramó, la gasolina primero pasó al subsuelo, después fue entrando al drenaje y luego explotó y la misma Procuraduría General de la República habla que duró mucho tiempo el proceso para se abriera el agujerito de donde salió la gasolina.
¿Por qué la Procuraduría General de la República pretende decirnos que se necesitan 117 mil litros para que ocurriera lo que ocurrió y por qué nos decía un compañero si la Procuraduría General de la República, lo digo textual, "ha utilizado las más diversas y los más complejos estudios técnicos para llegar a sus conclusiones?, de repente nosotros nos encontramos con un error de esta magnitud".
Hay muchas cosas que se minimizan en este informe, se minimiza la cantidad de gasolina que se derramó, se minimiza el número de muertos. El informe dice 206 muertos y a nosotros nos consta que se trata de 215 muertos con acta de defunción. ¿Por qué se evade en este informe el asunto de los desaparecidos, que ya tocó aquí muy bien mi compañero diputado?, y ¿por qué se actúa con una lógica frente al ex presidente municipal de Guadalajara, y con otra lógica frente al gobernador con licencia.
¡Encubrimiento!, eso es lo que nosotros sostenemos. Estas son nuestras razones son legales ya se mencionaron aquí, son técnicas. Nosotros estamos hablando de cifras que no coinciden con la realidad y que esos estudios tan diversos y tan complejos deberían de plantearlo si son políticas.
Hace aproximadamente un día y medio, el gobernador interino le dijo a la radio: "...el pueblo de Jalisco está muy contento de que los inculpados salgan libres...". Ayer declaró, refiriéndose al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, dice "...a quien respeté porque ha sido un hombre que ha dado lo mejor de sí mismo para servir en el gobierno...".
Esta historia, compañeras y compañeros, tiene su trasfondo. Y lo hemos planteado aquí desde el principio y la Procuraduría General de la República no ha dado respuestas claras. Solamente un gobernador interino que sigue los mismos pasos de Cosío Vidaurri, yo recuerdo perfectamente lo que se gritaba en mayo, en las manifestaciones de los damnificados, el cosiísmo sin Cosío.
Solamente a Rivera Aceves se le puede ocurrir reprimir a damnificados, utilizar los fondos del patronato para garantizar la fianza de los inculpados y luego afirmar que se siente orgulloso del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Esta es una historia que tiene trasfondo político.
El abogado de la Nación ha jugado aquí su papel y en términos legales y en términos sociales y en términos políticos es una historia muy injusta, y yo quisiera que mis compañeros diputados de Jalisco subiesen a esta Tribuna no solamente a leer un informe que ya todos leímos, porque se nos fue entregado por escrito, sino a dar argumentos, a tratar de convencernos de que esta historia es otra.
¿Por qué en Jalisco, desde la óptica de la Procuraduría General de la República y desde la óptica que se plantea en este informe, se pretende encubrir a Petróleos Mexicanos se pretende encubrir a Guillermo Cosío Vidaurri, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la Ley? Se me podría decir que yo lo que quiero es venganza. No es así, compañeras y compañeros.
El 22 de abril, a las 12.00 del día, me tocó ver esas escenas dantéscas en Gante. Esos pedazos de gente entre los escombros, y por la noche me tocó pelearme no sé con quién para que la gente pudiera entrar a ver si los cadáveres que se encontraban en el suelo, ahí en el COVE, eran cadáveres de su gente, porque ni siquiera los querían dejar entrar.
Esta historia del 22 de abril no es un problema de venganzas políticas. Esta historia del 22 de abril es un problema de muchas muertes y de toda una tragedia que al menos a mi me tocó vivirla con toda claridad el 22 de abril. Yo no voy a parar hasta que en esta historia se sepa clara y absolutamente la verdad. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Manuel Correa Ceseña: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Volvemos a tocar un tema por demás doloroso para todos los jaliscienses y particularmente para nuestros coterráneos los tapatíos.
Quien me antecedió en el uso de la palabra, el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, nos hace un reclamo o una exhortación a todos los diputados jaliscienses, en el sentido de que razonemos ese suceso.
En los límites de mis posibilidades, voy a intentar razonar una serie de líneas que impactan a este doloroso acontecimiento, que desde luego no sólo lacera a los diputados de la nación o a los diputados jaliscienses en especial, sino que hay que entender que es un asunto que lastima a toda la sociedad jalisciense y especialmente tapatía. Por eso voy a tratar, voy a intentar ser lo más objetivo y serio posible, bajo la base de que es mi punto de vista, lo humano, estoy sujeto a fallas y errores, es una perspectiva, no soy dueño de la verdad ni muchísimo menos, quizá ni aspiro a hacerla.
Entonces desde este punto de vista, expresaré desde luego una serie de consideraciones y bajo esta base. Entonces este suceso del 22 de abril se mueve, en nuestra opinión, bajo tres grandes líneas, entendiendo que estas tres grandes líneas están permeadas por un enorme dolor humano que tenemos que tener en consideración en nuestras reflexiones.
Primero, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, tenemos un dato evidente: había gasolina en el drenaje. Y estoy apuntando una serie de resúmenes de lo que la Procuraduría nos ha entregado, pero hay un hecho incontrovertible, había gasolina en el drenaje. De dónde venía. Venía del poliducto, y esa gasolina fue la que detonó la tragedia, punto.
Ese es el dato técnico, apretando desde luego el resumen: gasolina en el drenaje. De dónde venía, del poliducto. Ello fue lo que detonó. Desde luego, hay otros elementos y circunstancias que convergen, pero la base es la gasolina.
En lo político, y tomo otra de las líneas, nadie, y en esto hay que ser sumamente serio, nadie puede negar que este drama dantesco se politizó; no podemos negar la politización de la tragedia. A partir de esta consideración, debemos nosotros quizá desde nuestra perspectiva partidaria inclusive, aunque lo ideal sería que no fuera así, debemos de plantear desde esta perspectiva que los partidos debemos coadyuvar también a la concertación social, evitar las exacerbaciones patológicas y pasionales, y sobre todo
evitar algo que agudizaría un proceso de deslegitimación de los partidos, de por sí ya deteriorados frente a la sociedad civil, de por sí ya deteriorados frente a la sociedad civil; evitar, decía, lo que constituye una de las manifestaciones patológicas más graves de la política, la pepena electoral.
Debemos de colaborar a la concertación social, sosteniendo desde luego lógicas perspectivas partidarias, y tenemos una tercera línea que mucho tiene que ver con lo que aquí planteó el estimado diputado y maestro Carlos González Durán, lo jurídico, el esquema jurídico, y desde este punto de vista, decimos que las conclusiones de la Procuraduría no son totales, y sobre todo no finalizan el proceso. Se trata de una parte del proceso, no se trata de una resolución definitiva, pero aún tratándose de una resolución definitiva, contra ellas también caben recursos.
Como todos ustedes saben, la sentencia es facultad del Juez de la causa. Esto es imprescindible no olvidarlo. La sentencia, la resolución definitiva es facultad del Juez de la causa. El Ministerio Público juega un papel relevante desde luego en el proceso, pero lo que aquí estamos considerando es una parte, es el inicio de hecho del proceso. Esta averiguación tiene que ser considerada junto con otros elementos, por el juzgador, y una vez que éste cierre la instrucción, solicitará conclusiones a las partes, incluyendo al Ministerio Público, y entonces vendrá una resolución, pero aún en esta fase, de cualquier manera el enjuiciamiento tendría una continuidad procesal.
Naturalmente que en el transcurso del proceso, naturalmente que en el transcurso del proceso, y esto lo subrayo, se deben ubicar responsabilidades. Nosotros somos los primeros en querer saberlo; lo hemos solicitado en todos los tonos, hemos llegado a todas las instancias, estamos en contacto con la sociedad civil de Guadalajara, y somos sensibles a su preocupación.
Sabemos, como ya lo dije, que la Procuraduría le tocó la responsabilidad de cubrir una etapa, pero también tiene la responsabilidad de inducir el resto del proceso.
Pero perogrullo, de cualquier manera insistimos en esto. Cualquier estudiante regular de derecho, sabe que la función jurisdiccional le corresponde al aparato judicial; el Ministerio Público es una parte en el proceso. Y refrendamos nuestra convicción de que la Procuraduría tendrá que satisfacer, con verdad jurídica, pero con certidumbre social, su responsabilidad en el procedimiento.
Claro está que estamos hablando de un juicio, quizá estamos hablando en términos estrictamente jurídicos, pero veamos desde muchos puntos de vista, el derecho es expresión de los procesos sociales y políticos, económicos también desde luego, y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de nuestro sistema jurídico, sabemos nosotros, y saben todos aquellos que han estudiado la historia del derecho, que la venganza o el linchamiento son propios de la etapa primitiva del derecho penal. Hace dos mil años ya se contemplaban otras sanciones.
No nos cansaremos de repetir que los diputados jaliscienses de mi partido, queremos justicia dentro de nuestro sistema de derecho, no queremos venganzas ni mucho menos queremos linchamiento, justicia a secas.
Se trató aquí el asunto de Enrique Dau y de Aristeo Mejía, del ingeniero Enrique Dau Flores y del ingeniero Aristeo Mejía Durán.
Conocemos las actuaciones establecidas en los documentos que nos dio la Procuraduría. Yo no puedo hacer más conjeturas, como no las puede hacer un juez, que las que están definidas ahí; de lo que leímos, de lo que escuchamos, de lo que es además la opinión pública, sabemos que Enrique Dau y Aristeo Mejía Durán son inocentes, son inocentes porque de eso se deduce de lo que dicen los documentos que nos entrega la Procuraduría, pero además toda la opinión pública de Guadalajara, toda la ciudad de Guadalajara, sabe que Enrique Dau, que tenía apenas dos semanas de presidente municipal cuando sucedió este doloroso hecho, era completamente imposible que ese hombre pudiera haber previsto, sin elementos técnicos, sin diagnósticos, sólidos y serios, pudiera haber previsto una tragedia de esa magnitud, porque desde el punto de vista humano y saltándonos todo lo que son documentos jurídicos, imagínense ustedes un hombre que teniendo a sus manos la posibilidad de prever una tragedia de esa naturaleza no lo hace, es un monstruo, y Enrique Dau es un hombre apreciado socialmente en Guadalajara, es querido socialmente, y es imposible que un hombre de esta naturaleza, con dos semanas en el cargo, se le pueda establecer una responsabilidad, incoar una responsabilidad de la magnitud de la que se quiere.
Estamos satisfechos, es cierto, con la libertad de Dau y de Mejía Durán, porque sabemos que es justo, porque lo sabemos legal, porque lo sabemos legítimo. Pero si bien decimos qué bueno que están libres, no estamos seguros de que
sea lo mejor y de que esté completa la investigación de la Procuraduría.
Queremos saber y queremos que la Procuraduría nos diga todavía muchas cosas; queremos saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y que se haga público; queremos que nos digan, por moral social, por verdad jurídica, pero también por seguridad, queremos que nos digan, que nos expliquen qué pasó; por seguridad, inclusive.
Porque en Guadalajara, señores diputados, está nuestra familia, están nuestros hijos, están nuestros amigos y nuestros ancestros; nos interesa, como a todos, que se sepa.
Guadalajara es nuestro espacio existencial, tenemos que saber qué pasó, para asegurarnos de que jamás vuelva a pasar.
Queremos que se reivindique con justicia a los afectados, por lo menos en aquello que sea mensurable.
Nuestro partido, nuestra fracción parlamentaria, los diputados jaliscienses así lo hemos venido exigiendo en todos los ámbitos. Desde luego que, nuestros parlamentos enérgicos han sido mesurados.
En esta etapa y en las siguientes del proceso, la Procuraduría tendrá que seguir cumpliendo con su deber: Investigar, esclarecer, determinar. Estaremos pendientes de ello; exigiremos que cumpla con su responsabilidad, en los términos del artículo 21 y 102 de la Constitución.
Y en este momento solicitamos a la Comisión de Justicia que reinicie la convocatoria a todas las autoridades involucradas en el proceso, bajo una base, bajo una base: este tipo de actuaciones y de resoluciones, debemos de considerar que no necesariamente tienen que satisfacernos a todos plenamente; para eso está el sistema judicial, para juzgar, para eso hay recursos.
No podemos arrogarnos la propiedad de la verdad revelada, tenemos que seguir un procedimiento y tenemos, en todo caso, que reclamar a la autoridad competente el esclarecimiento de los hechos.
Tenemos que darnos cuenta, también, porque esto tiene que ver con la sanidad social que las autoridades tienen, en primera instancia, que satisfacer a la sociedad, no a los partidos , no tienen que satisfacer a mi partido ni a ninguno otro, tienen que satisfacer a la sociedad.
Nosotros pensamos que la investigación y las conclusiones de la Procuraduría, pensamos que esas conclusiones son positivas hasta aquí.
El diputado Juan Hernández Mercado (desde su curul): - Señor presidente, por favor pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - Señor orador, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado José Manuel Correa Ceseña: - Cómo no.
El diputado Juan Hernández Mercado (desde su curul): - La pregunta sería en el sentido de si no habría la posibilidad que la Procuraduría General de la República haya realizado una averiguación previa intencionalmente defectuosa.
El diputado José Manuel Correa Ceseña: - Bueno, señor diputado, en la anterior concurrencia con el señor procurador, yo escuché algo en lo que creo, como abogado, como diputado y como mexicano: El Ministerio Público es una institución de buena fe.
Queremos, finalmente, queremos participar en el esclarecimiento total y absoluto de los hechos. Todos queremos eso. Al principio de mi intervención decía que no solamente los diputados, Guadalajara toda, Jalisco todo, están atentos a este suceso, nadie tiene el monopolio de la indignación o del dolor. Todos los jaliscienses, opinión pública, sectores sociales, sectores políticos, gremiales, etcétera, la ciudadanía, están atentos al desarrollo de este acontecimiento.
Nosotros en cumplimiento de nuestro deber debemos estarlo también. Debemos estarlo con objetividad, con franqueza, con sinceridad, con sentido humano. Yo lamento mucho, pero no puedo dejar de hacerlo, de disentir del maestro González Durán en el sentido de que están documentados doscientos y tantos muertos pero hay casi setecientos que fallecieron.
Bien, imagínense ustedes, es una declaración sumamente grave. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió? Se nos debe señalar aquí eso, porque a mi me parece sumamente grave y en otras épocas de nuestra historia eso ha dado lugar a una serie de confusiones terribles, de tal suerte pues que no se puede declarar una cosa de esa naturaleza, sin tener pruebas fehacientes en la mano de ellos.
Y ya en el camino agradeciendo a ustedes su atención, en el camino de mi confusión, en un
asunto decía, tan lacerante para todos nosotros, debemos evitar, diputados y no diputados, debemos evitar que la política, no en su concepción aristotélica o en su ejercicio ideal, si en el oficio de poder, debemos evitar que la política intervenga en un drama de esta naturaleza. La política en el sentido que ya lo dije tiene una dinámica y un tiempo, ese tiempo llegará, y en ese tiempo la sociedad jalisciense y la sociedad tapatía expresarán su juicio como ya lo han hecho en otras ocasiones. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor Diputado Enrique Rico Arzate del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Es triste escuchar aquí reflexiones como las del Diputado Correa Ceseña. Comenzaré diciendo que entonces los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional quienes organizaron centros de acopio, ¿fueron por pepena electoral? Es triste esto compañeros, esto huele a demagogia. O podría decirse también que el compañero diputado Ceseña vino a hablar con tanta alegría de que estas personas estarían en libertad bajo fianza.
Yo con aportaciones técnicas les voy a demostrar, bajo el informe de la Procuraduría General de la República quienes son los culpables en el caso de Guadalajara.
Compañeros, hace aproximadamente ocho meses ocurrió la lamentable tragedia del sector Reforma de Guadalajara, Jalisco en donde debido a una gran explosión hubo pérdida de vidas humanas en número hasta ahora desconocido, también hubo pérdidas materiales, según el informe de la Procuraduría General de la República el día de antier por el Procurador de Averiguaciones previas, se conoce.
Con varios días de anticipación se anunció que el Procurador General de la República entregaría el informe realizado en esta Cámara de Diputados e informaría quiénes serían los supuestos responsables del suceso, y en su lugar se presentó el licenciado José Elías Romero, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la República, quien ante una pregunta expresa sobre los responsables, no contestó en lo absoluto.
Ahora el caso presenta mayor atención y con estos resultados, los tapatíos no se van a sorprender, ya que el suceso de 1983 tampoco se ha esclarecido, compañeros, y que fue precisamente por el mismo fenómeno: presencia de gasolina en el drenaje, en el sistema colector de Guadalajara.
Primera demostración. Con los acontecimientos del 22 de abril de 1992, se demuestra que no se hizo nada para remediar la situación de la ciudad de Guadalajara; 10 años después la historia se repite, compañeros con consecuencias más graves, con un expediente mayor de averiguación, en donde aún no pone al descubierto la negligencia, la corrupción y la ineptitud de funcionarios públicos.
Compañeras y compañeros diputados: Trataré de llegar a una conclusión con el material aportado por la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados y a quien entregó la Procuraduría General de la República, y es un resumen de 24 cuartillas en donde se encuentran los resultados más sobresalientes del caso, según la Procuraduría
El informe del 26 de abril de 1992 estableció que el siniestro registrado en Guadalajara, fue causado por la explosión de gases acumulados en distintos tramos del colector oriente de la red urbana de drenaje.
Compañeros diputados: Recuerden que inicialmente se quiso culpar a empresas fabricantes de aceites que utilizaban hexano en su proceso. Aquí en este informe, compañeros también tratan de hacerlo; sin embargo, la misma Procuraduría General de la República al final llega a otra conclusión.
Más adelante el texto de la Procuraduría General de la República dice: "Los gases acumulados correspondían a hidrocarburos que se introdujeron al drenaje en cantidades suficientes para provocar concentraciones explosivas que, al entrar en contacto con cualquier fuente de calor, causaron la deflagración conocida.
"Muchas personas manifestaron que desde el día 21 de abril había signos que apuntaban hacia la alta probabilidad de explosión."
Compañeros: cierto o no, de esto tenía conocimiento el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, la Superintendencia de Petróleos Mexicanos y la Dirección de la unidad Estatal de Protección Civil. También lo confirma la Procuraduría General de la República, y aquí hay responsables, compañeros.
Si se tenía conocimiento desde un día anterior de la explosión en la Dirección Unidad Estatal de Protección Civil por consecuencia, compañeros, el responsable no hay más que uno: el gobernador con licencia y tiene nombre, su nombre es: licenciado Cosío Vidaurri.
El día de las explosiones compañeros y cuatro días después, el Sitec manifestó haber comprobado analíticamente la presencia de hexano y heptano, en dos series sucesivas de muestras. Claro, fueron analizadas por técnicas cromatográficas, y encontraron también muchos otros productos, pero únicamente reportaron dos, compañeros, y esto hicieron con la finalidad de distorsionar el informe, porque estas técnicas son precisas y no mienten.
En base a los resultados, compañeros, se estableció la hipótesis de que esos hidrocarburos habrían sido vertidos por una o varias plantas industriales, repito, por una o varias plantas industriales. Fíjense cómo la Procuraduría General de la República va empezando a encubrir a más gente, que los utilizaban en la producción de aceite pero ya aparece Petróleos Mexicanos, compañeros que está situado en La Nogalera, punto cercano donde estaba el derramamiento de gasolina.
Al conocer la situación el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal y el cuerpo de bomberos iniciaron una operación: barrieron con agua la parte del colector, sin saber que se estaba formando un sello hidráulico abajo del colector. ¿Y por qué lo hicieron, compañeros? Si el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Intermunicipal, que es el que tiene a su cargo estos sistemas y sabía técnicamente lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué mandó inyectar agua al sistema colector de Guadalajara?, compañeros ¿acaso en este sistema tan grande no trabajaban técnicos, e ingenieros que conocían a detalle esto? y que además pudieron haber orientado a los bomberos?, pudieron haberles dicho: "Compañeros, utilicemos otras técnicas para diluir la concentración de hidrocarburos en el colector".
También en el documento se dice que el recubrimiento del poliducto se retiró a propósito o no, la causa se desconoce. De igual manera se encontraron varios tubos de la conducción de agua en estado de corrosión. De acuerdo.
Según lo planteado por el estudio, la corrosión ocurrió en ambos tubos: en el poliducto y en el tubo del agua. El poliducto afirman que sufrió una ruptura interna a la cual también contribuyó la presión de trabajo de este poliducto. El informe comenta que es muy difícil compañeros, estimar el tiempo necesario para producir la pérdida de material en ambos tubos, es cierto, ya que existen variables y condiciones determinantes en la sinética del proceso de corrosión. Entonces compañeros, para que reflexionen, ¿desde cuándo existió la fuga y cuánto combustible se fugó? La Procuraduría General de la República basó su estudio en el supuesto orificio irregular de 14 milímetros de largo 5 milímetros circular.
Además nos proporciona información de que la fuga se inició con un orificio de 1 milímetro hasta alcanzar la dimensión final de 8.
Compañeros: como no se conoce el tiempo en que se alcanzó esta magnitud, este hoyito del que habla la Procuraduría General de la República, se deduce que se fugó una cantidad descomunal de combustible. Fíjese nada más por ejemplo, si la fuga comenzó por el orificio de un milímetro compañeros, y no sabemos por cuánto tiempo, al día se fugaban 1300 litros. Pero si ese agujerito de 1 milímetro duró un mes, se fugaron 39 mil 900, pero si duró un año, se fugaron 475 mil 595 litros en el agujerito de un milímetro.
Compañeros, si el agujerito alcanzó 8 milímetros, ¿cuánto combustible se fugó en cuánto tiempo?, fíjense nada más: en un día por ese agujerito se fugaron 240 mil 726 litros. Pero si la fuga duró un mes, 7 millones 221 mil 780. Pero ¿qué tal si hubiera durado un año compañeros?, la fuga alcanzaba 87 millones 864 mil 900 litros. Esto es enorme compañeros. Compañeros, en el informe de la Procuraduría General de la República, también se nos proporcionan datos como el siguiente: El poliducto trabajaba a la presión de 18 kilogramos por centímetro cuadrado y la presión que ejercía la tierra sobre el poliducto, eran de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Había una diferencia de presiones compañeros, que no lo considera la Procuraduría General de la República, y me extraña, porque el estudio lo hicieron ingenieros, técnicos y científicos. Con esta presión, compañeros, de diferencia, que son 13 kilogramos por centímetro cuadrado, fue suficiente para la existencia de un fenómeno conocido en ingeniería química, como flash es decir, que al fugarse la gasolina, compañeros, más del 60 por ciento pasaba a gas, por la diferencia de presiones. Si pasaba a gas, compañeros, ocurre otro fenómeno que es correspondiente a la Ley de los Gases. Estos se difunden por donde encuentran menor resistencia. Compañeros, y la fracción líquida.
otra consideración que no viene en el informe. La fracción líquida, compañeros, fluye en dos formas: En forma de capilaridad o por gravedad. La Procuraduría General de la República únicamente consideró la segunda.
Y en esta última, en la que la Procuraduría General de la República considera por gravedad, compañeros, hay que considerar que existe una resistencia del material presente, ya que según la Procuraduría existían espesores de tierra de diez o más centímetros, entre el poliducto y el colector. Entonces ¿por dónde se supone que entró la gasolina al colector, compañeros?
La gasolina fugada por el poliducto fallado, comenzó a migrar por gravedad, hasta alcanzar diversos tramos del colector. Asimismo se infiltró en niveles fréaticos. Obsérvese que si la gasolina llegó por diferentes tramos al colector, aumentaba la resistencia, la cual tenía que vencer líquido, es decir, que su velocidad disminuía drásticamente para llegar al colector. La gasolina se encontraba en el colector y se fue evaporando y acumulando debido a que su paso fue impedido por la interconexión del colector oriente al San Juan de Dios.
Al inyectar agua al colector para reducir las mezclas explosivas, se redujo el volumen disponible para alojarla; como consecuencia, aumentaba la presión y se desplazaban en otras direcciones, resultado contraproducente, ya que con los venteos se aumentó la concentración de oxígeno, para colocarse entre los límites inferiores y superiores de explosividad de hidrocarburo - aire.
Nuevamente en el reporte, compañeros, aparece hidrocarburos, gasolina, heptano y hexano sobre los que se hicieron los cálculos de explosividad. Y como lo comentó el compañero León Corrales, los metros cúbicos colapsados en el colector de Guadalajara, fueron cerca de dos millones, compañeros; no 163 mil como dice la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, fue una cantidad descomunal de combustible necesaria para poder colapsar esta cantidad de material.
Compañeros: Yo quisiera leer, de factores concurrentes del siniestro que informa la Procuraduría General de la República, dos únicamente, para llegar a la conclusión. Fíjense nada más. Página 19. Primer factor:
"Aportaciones de hidrocarburos con distintas procedencias y volúmenes necesarios para formar mezclas, vapores y aire en el drenaje, de proporciones suficientes de explosividad."
¡De acuerdo! Pero les voy a leer el último:
"Rotura del poliducto de Petróleos de Mexicanos con fuga de gasolina que fue detectada el 22 de abril, después de las explosiones, la que impregnó el área circundante y penetró en el colector de la Colonia Álamo Industrial".
La conclusión de la Procuraduría General de la República, quiere decir que fue el poliducto responsable. Pero si ponemos atención a las cuestiones técnicas, compañeros, podemos deducir que en varias plantas de Petróleos Mexicanos, y así también lo dice la Procuraduría General de la República, hay un espacio de error para medir la cantidad de combustible que llega, y equivale al 2.5; quiere decir que ese combustible, aunque los medidores no lo registran, lo reciben. Y había una gran cantidad de combustible disponible en Álamo Industrial, compañeros. Y que por órdenes, aún desconocidas, se abrieron las válvulas, se abrieron las válvulas de estos tanques que fueron a descargar al colector, compañeros. ¡No fue por el agujerito!
¡Fue una descarga descomunal de miles y de millones de litros al colector Guadalajara los que trajeron como consecuencia la explosión del colector de Guadalajara, Jalisco, compañeros!
Reflexionen, saquen sus conclusiones compañeros y muchas gracias por haberme escuchado. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez: - Con su venia, señor Presidente, compañeros legisladores:
Sin duda a todos los diputados nos preocupa profundamente el lamentable accidente del 22 de abril pasado en Guadalajara. Sin duda es un trágico acontecimiento que debemos vigilar, debemos estar pendientes de la investigación que se hace respecto a las causas de este siniestro; pero también sin duda es que debemos analizarlo con profunda seriedad y formalidad.
No podemos olvidar ni podemos soslayar que vivimos dentro de un Estado de derecho, que vivimos en un régimen de derecho; que este régimen parte de facultades expresas a cada uno de los Poderes que integramos al Gobierno Federal; que no debemos rebasar el ámbito de las
facultades expresas que a cada uno de estos Poderes corresponde.
En esas condiciones, corresponde al Poder Ejecutivo, corresponde a la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el 102 constitucional, de acuerdo con su ley orgánica, el investigar, el ejercitar, en su caso, la acción penal. Esto no lo debemos perder de vista.
Debemos también considerar que los términos constitucionales corresponde al Poder Judicial de la Federación la impartición de justicia. Esto también tenemos que tener presente.
No es posible admitir ni considerar en forma alguna que la justicia se convierta en un mecanismo para buscar culpables, porque es tan delicado someter a juicio a un inocente, como dejar sin sentencia a un culpable.
No podemos soslayar que con fundamento en la división de poderes, le compete al Poder Judicial el determinar la responsabilidad y aplicar las sanciones que, en su caso, procedan.
También es importante tener presente que para poder determinar las presuntas responsabilidades se requiere, en un accidente como el que nos ocupa, el determinar primero las causas que lo originaron. Poder estar en posibilidad de determinar qué fue lo que originó ese accidente; para de ahí poder determinar quiénes son los posibles responsables y proceder en consecuencia.
A mí me preocupa, y lo he comentado con muchos compañeros legisladores que al estar nosotros tratando de presionar a las autoridades competentes en torno a las diversas hipótesis que nos hemos formulado, no cuestionó los conocimientos técnicos dé quienes han intervenido en la tribuna para hacer diversos análisis, simplemente de la complejidad de este problema que se acredita, se hace evidente en lo copioso del expediente que integra la averiguación. No dudo que quienes me han precedido en la tribuna tengan los conocimientos técnicos necesarios, pero creo que es muy importante, muy razonable, primero, revisar a fondo ese expediente, para poder ver qué tan bien está integrada la investigación, qué elementos se aportaron a la investigación, qué peritajes se realizaron, qué grado de certeza se tiene en cuanto a las causas que originaron el siniestro. Y una vez hecho esto, estar pendientes de cómo actúa el Poder Judicial en el ámbito de su competencia, para ver si actúa conforme a derecho o no. Pero creo que es muy delicado anticipar juicios, anticipar opiniones o exigirle a las autoridades competentes que nos anticipen esas opiniones.
Un principio fundamental en la impartición de justicia es la autonomía de los órganos que la imparten. Si nosotros en ese legítimo interés de coadyuvar, de investigar, de que se esclarezcan los hechos, presionamos a la autoridad judicial, estamos conculcando esa autonomía del Poder Judicial.
Yo considero que sin duda este problema debe ser estudiado y analizado con seriedad, como lo hemos querido hacer. Considero que de la revisión exhaustiva del expediente que nos fue proporcionado por la Procuraduría General de la República, debemos formular nuestras propias consideraciones respecto al siniestro del 22 de abril. Consideraciones que nos deben orientar en las acciones que como representantes de la nación debemos seguir: verificar las causas del siniestro, estar pendientes de que se reparen los daños a las víctimas, estar pendientes de que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir este tipo de siniestros y, finalmente, recoger esta experiencia para ver si el marco jurídico es el adecuado para considerar y resolver este tipo de situaciones, sobre todo para prevenirlas. Y de esa manera estaremos realmente cumpliendo con la función que se nos ha encomendado.
No cuestiono en ninguna forma con lo anterior, que se ventilen y se presenten en esta tribuna este tipo de problemas, pero sí, repito, me parece muy delicado que conculquemos la función judicial, presionándola; que conculquemos la función del ministerio público pidiéndole que nos anticipe sus conclusiones antes del momento procesal procedente para hacerlo.
Yo reitero, estamos los priístas muy preocupados por este problema, pero creemos que debemos esperar el tiempo necesario para que las autoridades competentes presenten al ministerio público sus conclusiones en los juicios correspondientes y en su momento la autoridad judicial emita su sentencia. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Tarcisio Rodríguez Martínez, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
A ocho meses, ocho meses que se cumplen el próximo martes, la ciudad de Jalisco, los
mexicanos, todos, no hemos recibido una respuesta y lo que se dio a conocer el pasado viernes no es lo que esperábamos, permanecen vacíos y contradicciones, hay una gran cantidad de incongruencia y de preguntas que quedan sin respuesta.
Ya se ha hablado, ya se ha dado una gran cantidad de datos técnicos, sin embargo, es cierto, y esto habremos de analizarlo a fondo, es cierto que las fugas no pueden detectarse por los manómetros existentes actualmente en las redes. Se habla que no se puede determinar el volumen de la fuga, hay varios caminos para detectarlo. Y aquí Petróleos Mexicanos se atreve a decir que en estimación son 228 mil 324 litros de gasolina. Yo creo que todos recordamos que no en los primeros días, sino en las primeras semanas y meses, cuando los diputados de Acción Nacional y diputados de otros partidos políticos cuestionábamos, se decía que no había una cifra exacta y que incluso la cantidad de gasolina existente en los depósitos de la planta de Guadalajara era superior al envío de Salamanca, esto es muestra de que hay datos falsos sacados de la manga y es muestra de otra cosa que quizá sea el meollo del asunto, es muestra de una evidente corrupción ya que no existe un dato claro en el balance y que hubiera sido muy fácil detectar el faltante de gasolina, que hubiera claridad en el balance de envío, recepción de Salamanca a la ciudad de Guadalajara.
Se están investigando cifras...(Aplausos.)...
Y cabe también la pregunta si no se, puede detectar la fuga, se debió haber detectado la falta de protección catódica y también nos preocupa bastante en que los días, semanas, meses o años que se dio la fuga no se pudo detectar esta y una vez que cesa el bombeo porque evidentemente el día de la explosión posterior a esta, cesó el bombeo de Salamanca y a los dos días en el sitio preciso, en las coordenadas adecuadas, se perforan un pozo y se encuentra el orificio en el ducto. Yo creo que esto es muestra de incongruencia y de que algo está mal en estas 50, 70 o 100 mil hojas.
Estamos obligados a estudiar a fondo en lo humanamente posible este expediente, tenemos que certificar la veracidad técnica pero más allá de la rectitud y el criterio objetivo con el que se ha procedido en la investigación. Vamos a necesitar, y Acción Nacional invita aquí a todos los técnicos quienes saben de cuestión de suelos, de cuestión de corrosión, de cuestión de gasificación, que aporten sus estudios, sus hipótesis y las confrontemos con lo que hasta el momento tiene la Procuraduría General de la República.
Es evidente que hay sólo una responsabilidad, todo Jalisco, todo México lo sabe y la Procuraduría General de la República calla que Petróleos Mexicanos es responsable definitivo y fundamental de esta tragedia porque en las mismas conclusiones señala que fue gasolina, gasolina Nova lo que se encontró: esto habla de falta de mantenimiento, habla de corrupción como ya lo había señalado y yo creo que en un ambiente en el que se podía respirar algo de dignidad y algo de responsabilidad, una tragedia como esta hubiera obligado a que muchos, por decoro y por vergüenza dentro de esta compañía, hubieran ya renunciado; sin embargo no lo han hecho (Aplausos).
Acción Nacional manifiesta su apoyo al reclamo de justicia de los jaliscienses, no va a aceptar más burlas, no podemos permitir que en el próximo 1o. de Mayo el Gobernador con licencia Guillermo Cosío se presente a pisotear de nueva cuenta la dignidad de un pueblo como el de Jalisco y simplemente refrendar su licencia; que tenga algo de decoro y honestidad y se separe definitivamente de este cargo que sabe que moralmente jamás va a poder ocupar frente a un pueblo que ha tomado conciencia de su destino y fundamentalmente porque, ya lo mencionamos en otras fechas y hoy lo reiteramos, Guillermo Cosío es corresponsable definitivamente en la explosión porque él mismo, ironías de la vida, firma un decreto con el que se formaba el Consejo Estatal de Protección Civil, y en su artículo 5o., señala: "...el consejo Estatal de Protección Civil, se constituirá de la siguiente forma: un presidente que será el gobernador del Estado...", ¿y cuáles son las tareas de este Consejo?, planear, coordinar las tareas y acciones en materia de prevención, auxilio, apoyo y recuperación ante la eventualidad de alguna catástrofe, desastre o calamidad pública.
No hubo prevención ante el aviso y la llamada de las víctimas y más aún tampoco hubo apoyo adecuado y peor aún, mandó la maquinaria cuando todavía había posibilidad de signos de vida. Esto definitivamente debe de ser estudiado y debe de ser sancionado.
Difícil situación la que ha atravesado la ciudad capital de Jalisco. Sin embargo, esto ha propiciado una toma de conciencia y una madurez increíble en la sociedad tapatía, una sociedad que sabe perfectamente quienes son los responsables, una sociedad que no aceptará vacíos de responsabilidad; una sociedad que no olvida.
Entiendan bien, que no olvida, que no aceptará que se le den largas al asunto como ha sucedido
con tantas tragedias provocadas por la negligencia, por la corrupción y por la ineptitud, porque no estamos hablando sólo de pesos y de pérdidas materiales sino de cientos de vidas humanas.
Queda pues en la balanza, en este caso doloroso del 22 de abril, por un lado, el interés político, la impunidad, el no enfrentar el costo político. Lo del otro lado de la balanza, ciertamente el dolor de un pueblo, pero también el coraje, el valor, la decisión y el anhelo de justicia.
Los diputados de Acción Nacional estamos comprometidos para que la balanza se incline hacia cumplir con esta razón de justicia que reclaman los jaliscienses, porque ya no es tiempo de negligentes e ineptos; porque si la gente de Petróleos Mexicanos no supo, no quiso ver la lectura de sus instrumentos, yo creo que nosotros debemos de ser precisos en la lectura de los tiempos, de tiempos que no aceptan complicidad y silencios. Mantenemos enérgicamente nuestra exigencia de justicia...
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul): Si me permite el orador una pregunta, señor Presidente.
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez: Sí, ¿cuál es?
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul): - Señor diputado, quisiera preguntar a usted si la Procuraduría General de la República, en su informe, aduce el conocimiento de las normas de Petróleos Mexicanos. Tengo entendido que Petróleos Mexicanos maneja un sinfin de normas, entre ellas las de calidad y las se seguridad; son muy estrictos para con sus proveedores en este aspecto.
Quisiera yo saber si la Procuraduría General de la República aborda este tema y si las medidas de seguridad fueron tomadas en cuenta para la dictaminación. Gracias.
El diputado José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez: - Señor diputado, ya señalábamos antes en el informe se menciona que existió gasolina como factor fundamental y determinante de la explosión. Se trata de argumentar que tanto el ducto tenía el recubrimiento estipulado por las normas de seguridad internacionales, pero se acepta que hubo fallas en el mantenimiento y evidentemente hubo fallas, y yo creo que complicidad, en la forma de ocultar la verdad al pueblo y no decir que evidentemente había una situación irregular en el manejo de cientos de millones de litros de gasolina.
Creo que aquí lo que fallaron no fueron los instrumentos, fallaron las personas.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Llego a esta tribuna aceptando la generosa invitación del señor diputado León Corrales, para que no vengamos aquí a leer un mero dictamen técnico, sino a desarrollar la idea de qué es lo que pasó en Guadalajara, toda vez que estoy seguro, no solamente los diputados jaliscienses estamos interesados en saber qué pasó, sino que éste es un asunto que atañe a los diputados de todo el país, y porqué no, a todos los mexicanos.
Creo que bien debiéramos preguntarnos primero cuál es el propósito de este debate, qué buscamos con esta discusión, y yo pienso que en primer término buscamos la verdad de los hechos para que haya justicia, justicia con mayúsculas, sin encubrimientos, sin complicidades, pero también sin turbias ambiciones políticas, porque creo y estoy seguro, que no es válido, no es moral que de una tragedia queramos obtener beneficios electorales.
Yo quisiera hacer una invitación a los señores diputados, para que de ser posible, en una especie de ejercicio de imaginación, tratáramos de repetir qué fue lo que ocurrió en Guadalajara el 22 de abril.
Se ha dicho mucho en esta tribuna que con anterioridad se había denunciado la presencia de un fuerte olor a gasolina; se habla de autoridades que no hicieron nada ante esta circunstancia, pero aquí mismo se contradicen estas versiones.
Ante el olor a gasolina, que no es raro en los drenajes, según se puede advertir, las autoridades municipales acudieron a verificar ¿qué estaba pasando?, ¿porque, señores diputados, qué condiciones deben de existir para que una autoridad ordene un desalojo? ¿Es válido a la primera alarma provocar el terror de la población? ¿Es lícito, sin tener todos los elementos ordenar una movilización de este tipo?
El ayuntamiento, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y trabajadores de servicios públicos municipales, procedieron a destapar las alcantarillas, y aquí han dicho ahora, después de los hechos, que esto ha sido una terrible imprudencia. Pero yo quiero preguntarles a los señores diputados ¿de qué otra manera se iba a verificar la presencia de gasolina en el drenaje? Destapando las alcantarillas.
No es lógico, no es natural que en los drenajes de las ciudades corran grandes cantidades de combustible, fueron los técnicos que en este proceso de investigación consideraron que el mejor mecanismo para desplazar la gasolina sería inyectando grandes cantidades de agua jabonosa, y esto se hizo, y se desplazó el líquido pero no se pudieron desplazar los gases y todo esto viene en el dictamen de la Procuraduría.
Ante el temor de la población, sin saber qué ocurría, una terrible explosión impactó la vida de la ciudad de Guadalajara el 22 de abril. Terrible por la destrucción, por el pánico y por la angustia que provoca, por el dolor de no encontrar a los seres queridos, por la angustia de no saber qué pasó. Tragedia que a todos nos duele y hemos de insistir, es una tremenda cicatriz que permanece no sólo. en las calles de Guadalajara sino en la conciencia de la ciudad.
El diputado José Raúl Hernández Ávila (desde su curul): - Señor Presidente, le ruego preguntar al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta?
El señor Juan José Bañuelos Guardado: Sí señor.
El Presidente: - Proceda señor diputado.
El diputado José Raúl Hernández Ávila: - Señor diputado, como usted mismo lo ha mencionado, la Procuraduría General de la República ha reconocido que la fuga de gasolina fue la causante de la explosión en Guadalajara. Yo quisiera preguntarle dos cosas: primero, si sabe usted quién tiene en México y en Guadalajara la responsabilidad en el manejo y la distribución de los hidrocarburos, y por lo tanto si a su juicio considera que tiene o no responsabilidad Petróleos Mexicanos en los hechos que se han descrito.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado: - Sí sé señor diputado quién es el responsable en el manejo de los hidrocarburos, claro que sí. Pero no me corresponde a mi decir quién es el responsable. Quiero decirle que yo estoy atento al dictamen técnico que en este momento nos ha enviado la Procuraduría, y que estoy aceptando la invitación que el diputado Tarcisio, jalisciense, hace para que verifiquemos el expediente, y que habré de checar dato por dato, y si con base a los principios de derecho que rige nuestro sistema jurídico se acredita la responsabilidad de quién sea, en esta Tribuna habré de pedir que se aplique la justicia. Los jaliscienses, diputados de mi fracción, no hemos venido nunca a tratar de eludir los hechos ni encubrir responsabilidades; no nos une con nadie ni complicidad ni compromiso. El único compromiso que tenemos en este caso es con los doloridos habitantes de la ciudad de Guadalajara, y con los mexicanos en general, para que hechos como éste nunca más se vuelvan a repetir.
Pero también es importante precisar algunas cosas. Aquí se ha dicho que se buscaron meros chivos expiatorios, ahora se les reduce de calidad a los detenidos; ahora se pretende minimizar la acción de la justicia. Se ha dicho que se debe de hacer justicia a la sociedad y estamos de acuerdo.
Se habló de los muertos con acta de defunción y se habló de un crecido número de muertos sin acta de defunción. Creo, en este caso, que aquí mi respetado maestro, don Carlos González Durán, ha exagerado el número. Pero creo que en este caso particular, si efectivamente hay tantos desaparecidos, vámonos constituyendo los diputados jaliscienses en un comité, todos los desaparecidos tienen familia, todos los desaparecidos vivían en algún lado, a todos los desaparecidos los debe estar buscando alguien y a ellos vámonos buscando para no decir que unos exageramos y que otros estamos diciendo que no hay nada. Ajustemos las cosas a la verdad estricta.
Inmediatamente a la explosión, que no pudo haber sido prevista por las autoridades municipales en esa tremenda dimensión, la exigencia de la población era ayuda para remover las tremendas cantidades de escombro. Y aquí se ha dicho, se ha hablado del uso criminal de la maquinaria. Reflexionemos un poquito en esto: Cuando el terrible temblor de 1985 en la ciudad de México, los edificios se desmoronaron, quedaron cerros que permitieron que algunas gentes sobrevivieran en el interior; el rescate era factible.
Cuando la tragedia de San Juanico, la explosión fue en la superficie, no hubo problema para rescatar los cadáveres, aquí era necesario, lo pidió la población, está grabado en los videos de la televisión el reclamo de maquinaria para sacar
a quienes habrán quedado. Fue terrible porque no se pudieron salvar muchas vidas. Pero esto también es verificable.
Después de la explosión, la generosidad del pueblo tapatío y el pueblo mexicano todo, se volcó en apoyo; las organizaciones de ciudadanos buscaron inmediatamente ayudar a sus hermanos en desgracia; los recursos se vertían y circulaban en desorden; surgieron como aves de rapiña los oportunistas de las desgracias, que empezaron a capitalizar estos recursos para su propio beneficio.
Quiero recordarles a los señores diputados que el control y manejo de los centros de acopio, que tanto pelearon algunos, estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. A través de ese mecanismo, de iglesias de la Iglesia Católica, de instituciones particulares de enseñanza, y no es cierto que sólo se distribuyeron lunches, hubo atención permanente a los damnificados en el estadio de la Universidad de Guadalajara, que generosamente abrió sus puertas.
Las cocinas del Ejército estuvieron preparando alimentos durante meses enteros; los afectados empezaron a reclamar sus daños, exigieron al Gobierno y se constituyó el Patronato con una representación equilibrada.
En esta circunstancia, puedo afirmar que están satisfechas casi todas las demandas de los afectados, en materia de bienes inmuebles, en materia de vehículos dañados, en materia de centros de trabajo; pero hay algo que nunca vamos a poder satisfacer, porque las vidas no tienen precio.
Permanece el problema, el canal abierto sigue siendo un problema, porque se deben de tomar medidas para poder garantizar la solidez del suelo para su uso adecuado.
Aquí se ha dicho que se pretende ahora comprar esos espacios y el Gobierno de jalisco ha declarado de manera categórica que no le interesa comprar esos espacios, ni nadie está autorizado para utilizar el nombre de Gobierno y andar buscando obtener ventas baratas.
Por otra parte, también se ha dicho que el patronato ha erogado fuertes cantidades para pagar fianzas de quienes han obtenido hoy su libertad.
Mediante los mecanismos de ir pagando los daños a cada uno, están ampliamente garantizados. El aval del Patronato es un aval moral.
Los servidores públicos municipales que han obtenido su libertad, no están exentos de seguir compareciendo al proceso. Pero quiero expresar que personalmente me encuentro satisfecho de la libertad de Enrique Dau y los demás funcionarios.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul: - Señor presidente, quisiera preguntar al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Permite una interpelación al señor diputado?
El diputado Juan José Bañuelos Guardado: - Las que usted quiera señor diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Señor diputado, entre las cosas que ha dicho ha señalado que el accidente de Guadalajara no podía ser previsible en sus efectos por las autoridades, cosa que ha sido completamente descartada, porque tan fue previsto que la propia prensa de la ciudad anunciaba el riesgo de la catástrofe.
Yo le preguntaría, ¡si usted considera que las muertes de esas personas no tienen reparación, si ayudaría a esas personas, a esos deudos, el saber que por lo menos el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y su culpa por el manejo de sustancias peligrosas de manera irresponsable y toma medidas en consecuencia?
La pregunta es: ¿Si estaría usted de acuerdo en que la renuncia de Francisco Rojas, como director de Petróleos Mexicanos, sería un reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad del uso de materias peligrosas de manera indebida, y que eso mitigaría la exigencia de justicia de los deudos? (Aplausos.)
El diputado Juan José Bañuelos Guardado: - A los dos días de la explosión vine a esta tribuna en medio de una gran expectación, que podía ser indignación, dolor, sorpresa y aquí dije, en ese entonces, que la actitud de algunos diputados no era la de pedir justicia sino la de provocar un linchamiento político.
Hace un momento yo sostuve que conforme a la norma de derecho que rige nuestro sistema jurídico, estaremos porque se aplique la ley a quienes resulten responsables, Así lo dije, así lo sostengo, pero tampoco puedo permanecer callado cuando algunos sectores aquí representados quisieran culpar no sólo a Francisco Rojas o a Guillermo Cosío Vidaurri sino a Carlos Salinas de Gortari y a todo el sistema político, porque
por este camino pretende deteriorárse la gobernabilidad de este país.
Siento que la responsabilidad de todos los aquí presentes estriba en hacer el seguimiento, como ya lo propusieron ustedes, paso a paso de un proceso en el que debemos de estar atentos, para fortalecer dos cosas, señor Diputado, la confianza en nuestro sistema judicial y para fortalecer también la confianza en los procedimientos democráticos que habrán de beneficiarnos a todos. Eso es lo que yo creo.
Aquí también se habló de encubrimiento. Yo pienso que vale la pena aclarar algunas cosas, la fracción priísta que en este caso represento, particularmente a los diputados de Jalisco, no pretendemos encubrir a nadie. Este accidente ha lastimado profundamente a la sociedad Jalisciense y a los mexicanos en general, ha lastimado a nuestras propias familias, por eso estamos interesados en que haya justicia.
El dictamen que nos presenta la Procuraduría habrá de formar parte de las conclusiones finales que le permitirán al juzgador determinar las responsabilidades consecuentes, estaremos atentos. Y estaremos, es más, atentos a verificar los términos del propio dictamen, para objetar lo que sea procedente, con conocimiento de causa y con absoluta responsabilidad.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales y en términos del 102 tiene la palabra el diputado León Corrales.
El diputados Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la presidencia:
El compañero Bañuelos dice que algunos de los que nos subimos a esta tribuna a tratar el caso de Guadalajara del 22 de abril lo hacemos como parte de turbias maquinaciones políticas.
Los que se han subido aquí a hablar de que les alegra que sus compañeros de partido salgan libres bajo fianza hace apenas dos días, son los compañeros diputados de Jalisco y a mi preocupa cómo en la última reunión con el Procurador General de la República, de repente a ellos les interesaba más qué iba a pasar con Enrique Dau y los demás encarcelados, que las causas de la tragedia del 22 de abril. A mí eso sí me parece turbiamente político.
Nosotros aquí, mi partido y otros partidos de oposición hemos planteado muy claramente algunas cuestiones que no han sido tocadas por los compañeros de Jalisco: ¿por qué el patronato asegura la fianza de las personas encarceladas? A mi me queda muy claro, que el gobernador interino, el presidente del patronato y los encarcelados, son exactamente parte del mismo grupo político que ha gobernado el Estado de Jalisco en los últimos años: ahí es donde yo encuentro una sola explicación de por qué aseguran la fianza con el dinero que tiene que ser utilizado en los afectados.
Yo planteé y otro compañero también lo hizo, que el gobernador con licencia, Cosío Vidaurri, metió las maquinas antes y después de la orden del Presidente de la República. Los compañeros y yo estuvimos ahí en la vocacional, una escuela perteneciente a la Universidad de Guadalajara que se estaba convirtiendo en el centro de acopio y ahí Salinas de Gortari le dijo claramente a Cosío: "Paren esas máquinas" ¿Por qué el Presidente le tenía que decir al gobernador: paren las máquinas, si las máquinas no estuviesen trabajando? ¿Y quién puede subir aquí a afirmarme que después que el Presidente sale de Guadalajara las máquinas otra vez entraron en acción?
Nos subimos a plantear que hay una gran diferencia entre las cifras del informe y las cifras que cualquiera sabe. La Procuraduría General de la República dice: 163 mil metros cúbicos colapsados; nosotros decimos casi un millón. Y la Procuraduría General de la República nos podría contestar, porque lo estamos haciendo públicamente. ¿Por qué se pretende minimizar la cantidad de gasolina que se derramó?
¿Por qué en el informe no hay una sola mención de los desaparecidos?
Nosotros nunca hemos introducido aquí, y yo no he escuchado a ningún partido de oposición que lo haga en esta tribuna, la cuestión electoral; han sido los compañeros, ellos fueron los que mencionaron aquí: pepena electoral. Yo no sé si eso tenga que ver con algunos centros de acopio que sus propios compañeros diputados estuvieron en Guadalajara durante la tragedia, y yo no sé si eso sea pepena electoral.
El compañero Bañuelos nos dice que no había condiciones para evacuar, y nos dice que no había condiciones porque, ¿qué grado de explosividad se necesitaba? Compañero Bañuelos: de 60 muestras, 56, y eso lo dice la Procuraduría General de la República, planteaban 100% de explosividad. ¿Qué es lo que quiere usted compañero, se evacúen las zonas en peligro cuando haya 150% de explosividad?
Usted me recuerda, con sus palabras, algo que dijo Cosío Vidaurri, cuando se le hizo la misma pregunta: ¿por qué no evacuaron?, ¿por qué no evacuó, señor gobernador?, se le preguntó. El dice: "porque cuando a un niño se le dice bájate de la barda, no hace caso hasta que se cae".
Yo creo, compañeras y compañeros diputados...
Señor Presidente: Le pido que le diga a los compañeros que están silbando que esta tribuna es para todos los partidos, que cualquiera puede pedir el uso de la palabra y que además estamos tratando un problema muy serio, por favor. (Aplausos.)
El Presidente: - Señores diputados que acostumbran marcar el tiempo de una manera muy peculiar, esta Presidencia les recuerda que es la única facultada para llamar la atención al orador en caso de que se exceda en el tiempo concedido, de acuerdo con el Reglamento. Proceda señor diputado. (Aplausos.)
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Voy a finalizar, señor presidente, gracias.
Compañeras y compañeros: en Guadalajara hay una herida muy profunda, se puede ver físicamente, ahí están 12 kilómetros de calle colapsada; cada 22 de abril puede uno ir a las misas en las que los vivos recuerdan a sus muertos, la herida sigue, y lo que nosotros estamos poniendo en duda aquí, en efecto es el Poder Judicial, si realmente hay un interés en demostrar que el Poder Judicial en este país actúa sobre la base de la Ley y sobre la base no de una situación política, entonces aclaremos el caso "22 de abril", Porque no está claro y en este caso las personas que tienen que ver con esos sucesos y que desde nuestro punto de vista son culpables. Y las personas que están llevando a cabo las averiguaciones. Y las personas que después van a juzgar esto, son exactamente el mismo partido; son juez y parte y es por eso que nosotros aquí sostenemos una vez más que en el caso Guadalajara 22 de abril, hay encubrimiento, sobre Petróleos Mexicanos y sobre Cosío Vidaurri.
El diputado Juan José Bañuelos (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, en los mismos términos del 102, tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado: - Señor Presidente, señoras y señores diputados: Hablamos de una misma y dolorosa tragedia que vemos con diferentes ópticas. Quiero solamente plantear qué estamos buscando, ya lo dijimos aquí, queremos justicia, no estamos dispuestos a encubrir a nada y a nadie. Queremos por salud social, saber qué pasó en el caso de Guadalajara. Pero la honestidad, señores diputados, no es patrimonio de ninguna fracción parlamentaria.
Quiero desmentir de manera categórica y tajante, la afirmación que aquí se hace, que frente al Procurador los diputados priístas de Jalisco, sólo nos ha preocupado la libertad de nuestros funcionarios. ¡Mentira! ¡Categóricamente mentira!, por que hay testigos de calidad.
Quiero destacar y está el diputado Gómez Mont, presidente de la Comisión de Justicia y está de testigo el diputa Jiménez Remus, en la última intervención ente el señor Procurador, quien fue exigente, categórico, claro, Y fue más allá de lo debido, se llama Enrique Chavero, de la diputación de Jalisco, Porque estamos comprometidos con la verdad. (Aplausos.)
Quiero solamente destacar una cosa: si lo que verdaderamente nos interesa en este asunto, es que haya justicia para los afectados, vamos despolitizando el asunto; quitémosle esa carga partidista que no nos deja apreciar a veces las cosas como son, para que entendamos que podemos ser capaces de llegar en estos difíciles asuntos, a un elevado nivel de madurez en la conducta.
Podemos sostener muchas cosas que no vamos a probar. Por mi parte yo sigo creyendo que el único camino que tenemos para acreditar la verdad, es seguir con sentido crítico los pasos del proceso. (Aplausos.)
El diputado Enrique Chavero Ocampo (desde su curul): - Pido la palabra
El Presidente: - ¿Con que objeto?
El diputado Enrique Chavero Ocampo (desde su curul): - Para alusiones personales.
El presidente: - Para contestar alusiones personales, se concede la palabra al diputado Enrique Chavero.
EL diputado Enrique Chavero Ocampo: - Con su venia, señor presidente, compañeros diputados:
Aquí se ha dicho que la última reunión con el señor Procurador nos preocupamos más en la defensa de Enrique Dau, que en la tragedia del 22 de abril.
Estaba el señor diputado Carlos González Durán, una gente a la que todos respetamos, conocemos la firmeza ideológica de él, pero también sabemos de su honestidad. No es posible que se pueda decir aquí que nosotros nos preocupamos más por defender a Enrique Dau, que porque se aclarara la tragedia del 22 de abril.
Yo inclusive hice algunas preguntas al señor Procurador, que motivaron que el propio Procurador dijera que estábamos actuando muy rudamente frente a él. Y las puedo repetir. Una de ellas fue:
¿Como es posible que por un agujero del poliducto donde por ahí pasa petróleo, gasolina, diesel, solamente se hubiera encontrado gasolina Nova, cómo es posible que solamente hubiese salido gasolina Nova? Esa fue una de las preguntas que yo le hice y que el señor Procurador terminó diciendo que se había hecho un dictamen rápido porque así se requería, y yo todavía le refuté y le dije que como es posible que frente a esa tragedia se puedan manejar las cosas con tanta rapidez.
Entonces, ¿dónde está aquello que solamente nos preocupaba el hecho de la salida de Enrique Dau?
Sí hablé de Enrique Dau, porque inclusive en Guadalajara había una opinión y sigue habiendo una opinión, de que injustamente Enrique Dau estaba detenido. Y le pedía, no solamente yo, hubo otro diputado de Acción Nacional, que también pidió lo que yo decía al señor Procurador. La salida de Enrique Dau, y no solamente de Enrique Dau, de todos quienes estaban detenidos, porque considerábamos que era un injusticia el hecho de que estuviesen detenidos ellos.
Sin embargo el señor Procurador nos dio razones de tipo jurídico que tuvimos que aceptar.
Pero también aquí se ha falseado un tanto lo que está sucediendo en Guadalajara. Se ha dicho que el Patronato ha dado la fianza para que ellos salgan. Eso no es cierto compañeros. El Patronato no ha dado ninguna fianza; el patronato señalo que se están pagando las indemnizaciones correspondientes a la tragedia del 22 de abril. Todavía el Presidente del Patronato declaró que no era posible que el Patronato pudiera dar ninguna fianza; pero la autoridad judicial le dijo que no era fianza lo que pedían, que querían saber cuál era el estado de las indemnizaciones. Y el estado de las indemnizaciones es que los vehículos accidentados, que fueron más de 600, estaban cubiertos; que desgraciadamente las indemnizaciones correspondientes a los doscientos y tantos ciudadanos jaliscienses, mexicanos que perecieron en la tragedia, estaban cubiertas, y que estaba el 98% de las indemnizaciones de los daños a las fincas cubierto, y que se estaba teniendo dinero para terminar de indemnizar a los deudos de la tragedia del 22 de abril. Eso fue todo lo que dijo el Patronato; pero miente quien diga que el Patronato dio la fianza. ¡Eso no es cierto...! ¡Es una calumnia, es una mentira que no podemos aceptar!
Lo que se dijo ahí, y lo seguimos sosteniendo, es que el avance de las indemnizaciones era sumamente alto, y eso fue todo lo que el juez le pidió al Presidente del Patronato, pero nunca le pidió la fianza. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Para rectificar hechos, había pedido la palabra previamente el diputado Fernando Gómez Mont.
El diputado Miguel Ángel León Corrales (desde su curul) - Señor Presidente: Para alusiones personales, por favor.
EL Presidente: - Para contestar alusiones personales, tiene uso de la palabra el diputado León Corrales.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con permiso de la Presidencia:
Yo pienso que no es con altos tonos y bravatas... como podemos venir aquí a argumentar, compañeras y compañeros.
El compañero Chavero dice que miente quien afirme que el Patronato aseguró. Cuando se manejó la posibilidad y quien primero lo hizo fue el Procurador General de la República de que los inculpados saliesen libres bajo fianza, Petróleos Mexicanos inmediatamente afirmó: Nosotros aseguramos la fianza.
Dentro de los nueve inculpados algunos son de Petróleos Mexicanos y otros son del gobierno municipal y del gobierno estatal de Jalisco.
Hubo una Primera intención para que los inculpados pertenecientes al Gobierno estatal y al Gobierno municipal salieran libres con la fianza que estaba asegurando Petróleos Mexicanos y el ministerio público dijo que no. Y Petróleos Mexicanos dijo que no.
Petróleos Mexicanos aseguró que no estaba dispuesto a asegurar la fianza de los que pertenecían al Gobierno estatal y al Gobierno municipal.
Y en ese momento el Patronato planteó: nosotros nos comprometemos a pagar los 600 mil millones que está pagando el ministerio público.
El compañero Chavero dice que miente quien afirma esto. Yo lo sostengo. Petróleos Mexicanos está asegurando a sus trabajadores. Y la única razón por la cual Enrique Dau, Aristeo Mejía y los demás trabajadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado hoy están libres bajo fianza, es porque el Patronato planteó que su compromiso para pagar los 600 mil millones fuese captado por el ministerio público, como una manera de asegurar la fianza.
Si el Patronato no le plantea esto al ministerio público, los únicos que en estos momentos estarían libres serían los trabajadores de Petróleos Mexicanos.
Entonces no levantemos la voz, compañero Chavero Hablemos exactamente con la verdad.
Y yo quiero recordarle que de las cinco intervenciones que compañeros de usted y usted hicieron ahí frente al Procurador, en tres de ellas, tres de sus compañeros le plantearon al Procurador la gran preocupación que ustedes tienen, que en ese momento tenían porque Enrique Dau, Aristeo Mejía y sus demás compañeros salieran libres bajo fianza.
Sostengo las afirmaciones.
El diputado Enrique Chavero Ocampo (desde su curul): - ¿Acepta una ¿interpelación?
El Presidente: - Diputado Miguel Ángel León, ¿acepta usted una interpelación del diputado Chavero?
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Si.
El diputado Enrique Chavero Ocampo (desde su curul): - Compañero diputado: ¿Sabe usted que la fianza por la cual salieron los nueve inculpados asciende a 17 y medio millones de pesos, para cada uno?
Nadie habla. Vea usted las actuaciones y usted verá que no haya pedido el juez. Pidió 17 millones y medio a cada uno de los acusados. (Aplausos.)
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Yo lo que dije aquí y las palabras que utilicé fueron "para asegurara la fianza".
El ministerio Público le exigió a los inculpados que si querían salir libres bajo fianza, tenia que asegurar la cantidad de 600 mil millones.
El diputado Enrique Chavero Ocampo (desde su curul): - ¡No fue el ministerio público, fue el juez!
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - No me interrumpa compañero.
El Presidente: - Señor diputado Chavero: Le quiero recordar que se prohiben estrictamente los diálogos en esta Cámara.
Proceda señor diputado León.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Se planteó que si los inculpados querían salir libres bajo fianza tenía que asegurarse la suma 600 mil millones, que es en lo que se calcula a los daños. Eso es todo. Petróleos Mexicanos aseguró a sus trabajadores y el Patronato aseguró a los inculpados del Gobierno del Estado y de la presidencia municipal de Guadalajara; eso es todo compañero. (Aplausos.)
El Presidente: - Antes para hechos había solicitado el uso de la palabra el diputado Fernando Gómez Mont.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Como diputado federal puedo y debo confirmar muchas de las validísimas impugnaciones que aquí se han hecho y también contradecir otras. Pero como Presidente de la Comisión de Justicia hay una que debo enfatizar.
El deber de esclarecer hasta sus últimas consecuencias lo sucedido en Guadalajara, es un deber de todos. Es cierto que la herida del 22 de abril sigue abierta y es cierto que sólo puede ser aliviada con justicia y con verdad. Guadalajara nos duele a todos, no a unos si y a otros no.
Yo dije en esa reunión, porque así lo percibí honestamente, en la reunión con el Procurador Morales Lechuga, que un signo positivo al final era ver que no se habían dado posiciones partidistas, que había un legitimo reclamo de conocer, de saber y de actuar de todos. Yo no puedo estar de acuerdo con el diputado Bañuelos cuando nos dice: "despoliticemos el asunto de Guadalajara". Al contrario, es un asunto eminentemente político en la mejor concepción de la política y sobre esa base debemos de actuar.
Señores, hay un hecho que no podemos soslayar como representantes populares, un hecho sin precedentes: sociedad civil y Cámara de
Diputados, sin divorcio, han logrado abrir al conocimiento de todos la versión oficial de lo que sucedió en Guadalajara, sujetarla a la crítica y al examen responsable de todos. Ahí están miles de hojas esperando a informarnos para asumir una posición en base a conocimiento.
Habremos de examinar ese expediente para conocer si las conclusiones que ha indicado la Procuraduría General de la República se sustentan en procedimientos y métodos propicios para conocer la verdad; evaluar o desestimar las imputaciones que aquí se han hecho.
No es poco, señores, lo que se ha hecho, si cada vez vinculamos más la política a la verdad y cumplimos, como diputados, un deber que ya enunciaba desde hace muchos años el licenciado Cosío, pero no Vidaurri, sino don Daniel Cosío Villegas: "la obligación para llevar la modernidad a México es hacer pública a la vida pública del país". Y esto es un hecho que no podemos ignorar.
Yo los invito a que entremos, investiguemos y derivemos consecuencias en lo político y exijamos consecuencias en lo legal. Como Presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara, yo pugnaré por no soslayar ningún reclamo legítimo de justicia y espero y creo en la corresponsabilidad de todos para estos efectos. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
EL diputado Enrique Rico Arzate: - Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados:
Al final de mi intervención pedí que reflexionaran sobre lo que había propuesto y considero que es en base a un dictamen como va a dictaminar el juez en lo correspondiente al caso de Guadalajara; y me dio mucho gusto que el compañero diputado Chavero con ese tono, coincidiera conmigo; precisamente, compañero Chavero, el culpable no fue el agujerito, aquí hay un culpable, compañero, y que usted no quiso decirlo, el culpable Petróleos Mexicanos. (Aplausos.)
Compañeros, estamos dispuestos a seguir discutiendo en esta misma dirección, con estos mismos argumentos y tratando de demostrar que la Procuraduría General de la República, a través de este dictamen que nos entregó el día de antier trata de encubrir a personas que son responsables y que algunas de ellas ya obtuvieron libertad bajo fianza.
No es posible, Compañeros, que aquí diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional vengan a decir que les da gusto por eso, hay que ser más objetivos, por lo menos el diputado Chavero ya reflexionó de mi planteamiento, ojalá y los demás diputados de Jalisco hagan lo mismo sobre lo planteado. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra la señor diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González: - Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados:
Aquí se ha tomado una actitud de alguna manera sana de revivir o de recordar lo que sucedió en Guadalajara pero finalmente lo que está a debate es el informe y el dictamen de la Procuraduría General de la República y como se acostumbra cuando hay algunos casos de estos que siempre alguien perteneciente a la Comisión da un informe pertinente y en el caso concreto no sucedió y para centrar el debate yo me voy a permitir leerles a ustedes los resultados conclusivos muy breves que señala la Procuraduría de la República y que son tres, dicen así:
"En el siniestro del 22 de abril hubo la concurrencia de numerosos factores, ninguno de los mismos en forma aislada hubiera producido los hechos conocidos; es decir, que si no se da la concurrencia no se dan los hechos.
2. Los resultados de las pruebas y determinaciones periciales realizadas por la Procuraduría General de la República han sido entregados al Juez de la Causa, para fortalecer los elementos de juicio que conduzcan a la verdad y esclarecimiento de los hechos ocurridos el 22 de abril, como se expresa en el presente documento.
3. El Ministerio Público Federal formulará sus conclusiones en el momento procesal oportuno, en los términos de los resultados periciales que se contienen en el presente documento y que constituye el más eficaz para descartar las hipótesis que se han contradicho con la propia investigación de la Procuraduría General de la República."
Esas son las conclusiones del informe de la Procuraduría General de la República y ése es el resumen de toda esa paja de 50 mil, 70 mil, los miles que sean porque inclusive la propia Procuraduría maneja cantidades distintas en
cuanto a todo el número de hojas que componen los distintos legajos que se ponen a nuestra consideración.
Esta conclusión o este informe, según nos dijo el propio subprocurador, obedece a dos cosas fundamentales: primero, al compromiso concreto y solemne del Procurador con los miembros de la Comisión de Justicia y demás diputados interesados, en remitir una copia de todo lo actuado por la propia Procuraduría, pero también y eso quedó muy claro. como consecuencia de una instrucción o mandato o recomendación del Presidente de la República, a la Procuraduría el propio día de los hechos, de que se diera a conocer a la opinión pública con objetividad, las causas del siniestro, así como los responsables en su caso.
Y desde ahí empiezan los Problemas porque pues si éste es el informe mediante el cual se le va a señalar a la opinión pública cuales son las causas y quienes son los culpables, pues definitivamente quedamos como antes del siniestro. Aquí se habla de concurrencia de causas, no se mencionan culpables y dicen que se van a fortalecer los elementos de prueba.
Y lo más grave, aunque aquí se habla de que nosotros "vamos a estar pendientes de esa investigación", es que cuando viene el señor subprocurador a presentarnos, a los miembros de la Comisión de Justicia, este informe y a entregarnos la documentación, sucedió lo que ha sucedido con mucha frecuencia: que no hay diálogo entre los poderes, que no hay respeto a la jerarquía del Poder Legislativo.
Varios legisladores quisimos o más bien dicho, formulamos preguntas muy concretas al subprocurador y a los miembros o algunos miembros de la directiva de la Comisión de Justicia ahí presentes. amordazaron al subprocurador y le pidieron, con el consentimiento de él, contestar todo tipo de preguntas, porque se dijo que él simplemente venía a entregar las ocho cajas que contienen los 40, 50 ó 70 mil documentos.
Y ahí volvemos a lo que debe ser el trabajo parlamentario. De qué sirve que haya una Comisión de Justicia, de qué sirve que el Poder Legislativo sea el órgano que tiene el compromiso de fiscalizar la actuación del resto de los poderes de la Federación, si cuando viene un miembro de uno de esos poderes no se puede saber y no se puede hablar con ellos.
Yo pregunto: si no se pueden hacer preguntas con la obligación de que contesten, quién nos garantiza que en transcurso de la investigación vamos a estar como aquí se ha dicho muy pendientes de que la actuación de la Procuraduría sea la que la Ley marca y además que la sentencia del juez también sea la indicada.
Y no debemos olvidar que precisamente las funciones de la Procuraduría como aquí acertadamente se dijo, "siendo un órgano de buena fe", debe de investigar las probables causas de los delitos, debe determinar si hay o no hay delito en un hecho concreto y ejercitar la acción penal o determinar que no ha lugar a ejercitar la acción penal.
Aquí se ha hablado mucho de precipitaciones, de linchamientos, de exhoneraciones, de encubrimientos, y tenemos que volver al principio, si por lo que ha sido el común denominador de las intervenciones de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que están muy contentos, o más bien dicho que están satisfechos por la excarcelación de la mayor parte de los funcionarios de Guadalajara, porque en la opinión de ellos, resultan inocentes estos señores. Primero nos dicen que nosotros no somos los indicados para juzgar culpables o inocentes, pero cuando nosotros señalamos culpables, ellos los declaran inocentes. Eso definitivamente no puede continuar así.
Pero además a mi me preocupa mucho, en un estricto sentido de justicia, como decía acertadamente Fernando Gómez Mont, si no hubo una actuación de linchamiento cuando inmediatamente se consigna a todos estos señores, por que sí hubo esa actuación de linchamiento, pues habría que investigar también a la propia Procuraduría, por qué actuó de esa manera, y eso es lo que creo que nosotros tenemos que analizar fundamentalmente.
Porque fíjense, de alguna manera cómo se ha retenido la evidencia que tiene la propia Procuraduría. Aquí hay algo que yo no entiendo y no me puedo explicar. En la presentación del informe de la Procuraduría en la página 1 dice así: "Los resultados de las investigaciones realizadas por el ministerio público federal, encaminadas a conocer las causas, circunstancias, consecuencias y responsabilidades derivadas del siniestro, están contenidas en las averiguaciones previas números 1170/92, que la Procuraduría General de la República ha puesto a disposición del juzgado encargado del proceso, y la 1236/92, que ha sido remitida parcialmente a la autoridad judicial. "Por qué retiene evidencia la propia Procuraduría, por qué nada más remite parcialmente un tanto, o es decir una parte de esa
investigación. ¿Que será esa otra parte donde aparece la probable responsabilidad de Petróleos Mexicanos y algunas otras personas que aquí se han mencionado?, porque no se da ninguna explicación a qué se debe esa retención de todas esas investigaciones de la Procuraduría.
Y aquí es en donde yo creo que debemos ir al fondo del asunto. Para nada se dice en esta investigación qué fue lo que pasó en Petróleos Mexicanos, tanto en Guadalajara como en México. No se dice si la gente de Guadalajara, de acuerdo con sus manuales y esas cosas de la administración pública, no se dice si esos señores, quién tuvo conocimiento de los hechos, cuando tuvieron conocimiento, con quién se comunicaron, si informaron a México o no, si pidieron instrucciones o no, ¿qué fue lo que pasó?
Eso es lo verdaderamente preocupante, porque ahí hay evidencia retenida, como decía alguien aquí muy acertadamente. Se necesita ir a los archivos de Petróleos Mexicanos para saber qué ha pasado con todo el petróleo y los demás hidrocarburos que han estado circulando por el poliducto de Salamanca a Guadalajara, si tienen control o si no tienen, pero seguramente como ahí hay cada situación tan difícil, y mucho de este combustible del poliducto pudo haberse ido al mercado libre de Rotterdam, pues es muy peligroso que se haga este tipo de investigaciones. Entonces ahí no hay nada al respecto.
Y aquí hay una cosa que también a mí me preocupa mucho. De alguna manera en todas las investigaciones yo he escuchado la explosión de Guadalajara. la explosión. No señores, no fue una explosión fueron varias explosiones, y aquí se dice que la explosión sucedió o pudo haber sucedido por cualquier agente que haya producido u originado la detonación. bueno ésa es una, ¿pero las ocho? Todas las detonaciones tuvieron el mismo origen porque no fueron una tras de otra sino que la primera fue a las 10 de la mañana ó 9 de la mañana y las otras fueron... la última fue como a la 1 de la tarde, o sea que hubo más o menos tres horas de diferencia, o fueron detonaciones en cadena, ¿qué fue lo que pasó? Y durante el tiempo de la primera a la última detonación, ¿qué sucedió en los distintos mandos de la autoridad local y de Petróleos Mexicanos? ¿Hubo comunicaciones, se dieron instrucciones, se pidieron instrucciones, qué hizo la autoridad? Eso es lo que falta aquí en el dictamen, pero es que como acertadamente dice el maestro González Durán, bueno, si no busca uno, pues no puede encontrar nada. Es que aquí andan buscando no encontrar, y a la Cámara de Diputados le interesa que se encuentre, y nos interesa con absoluta objetividad, no es cuestión de partidismo, es pura y llanamente la objetividad.
Todo esto que aquí se ha expuesto, que está pendiente de resolver, y a mí también me preocupa que al no hablar de culpables, al hablar de que ya en su oportunidad la Procuraduría presentará las conclusiones, ni siquiera está diciendo que las conclusiones acusatorias, y eso puede ser porque no olvidemos que la Procuraduría puede presentar conclusiones no acusatorias, y entonces, como acertadamente decía el maestro González Durán, va a resultar que éste fue un acto de Dios, es decir que fue un caso fortuito y que definitivamente no hay responsables. Eso ya se está preparando, eso es lo que a mi más me preocupa, porque las intervenciones de los compañeros diputados de Jalisco van en ese sentido, ni el de la presidencia municipal, ni la Secretaría de Desarrollo Rural, etcétera, ellos no son culpables. ¿Entonces quiénes son los culpables? ¿Quedará esa interrogante siempre?
Y yo para concluir tengo una propuesta para evitar que se den las posibilidades de que nunca lleguemos al fondo de este asunto, y mi propuesta es que como en muchos otros casos conflictivos y complicados se ha hecho ya con anterioridad, que se nombre un fiscal especial, que se nombre un agente del ministerio público federal, ajeno a la estructura orgánica de la Procuraduría, desde luego con todo el manejo y con todo el personal y con todo el auxilio que requiera, y que ese señor, que no tenga ningunos antecedentes partidistas, y que ni siquiera se le conozca ninguna militancia política evidente, pero que sí tenga una gran capacidad como conocedor del derecho y además como investigador, sea la persona que nos saque de dudas a todos para que quedemos conformes, y yo aquí traigo ese punto de acuerdo que dice así:
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Se propone a la Procuraduría General de la República el nombramiento de un fiscal especial, ajeno a la estructura orgánica del ministerio público federal, y sin militancia partidista ostensible, para investigar los hechos del 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara.»
Firma su servidor.
Lo dejo aquí a disposición de la Secretaría.
Queremos claridad y justicia ya, en Guadalajara. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Su propuesta será sometible a votación al final de la discusión.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Carrillo Armenta.
El Diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Nuestro partido tiene tres preocupaciones con respecto a este caso de Guadalajara.
Primero, la reparación del daño físico de todas las personas que resultaron lesionadas por este terrible accidente; es decir, que se paguen las indemnizaciones a todas aquellas personas que perdieron bienes o tuvieron deudos, de tal manera que se permita reparar o por lo menos paliar físicamente las consecuencias de este accidente.
Sin embargo, no va a ser pagando indemnizaciones como se repare el daño principal que sufrió la cuidad de Guadalajara, que es precisamente un profundo daño moral.
De ahí que nuestra segunda preocupación sea que se investiguen perfectamente y de manera precisa las causas reales del accidente, porque de ahí se derivan dos posibles acciones: La primera, el castigo a los culpables. Todas aquellas personas que tuvieron responsabilidad por indolencia o por corrupción en esta terrible tragedia, y que se les castigue de acuerdo a la ley; en segundo lugar, la cuestión más importantes, la acción que a nuestro juicio es la más importante: que se eviten y se cancelen definitivamente los riesgos hacia el futuro. Es decir, solamente estableciendo de manera precisa las causas del accidente, podrá evitarse lo que decía el compañero León, de que se vuelva a repetir en un plazo de unos años este accidente, que ya antes había tenido manifestaciones menores, pero manifestaciones al final de que este accidente podría darse.
Por lo tanto, a partir, sólo a partir de una investigación acuciosa se podrán tomar las medidas para evitar futuros accidentes.
¿Qué medidas deben de tomarse? Depende de la explicación de las causas del accidente. Deben de tomarse, a nuestro juicio, las medidas que sean necesarias para evitar, incluyendo el traslado de la planta de Petróleos Mexicanos de La Nogalera a otra parte, implique los costos que esto implique, y de tal forma que siente precedentes para que en otras ciudades, en otros lugares donde existen plantas, ya sean privadas o de empresas públicas que representen riesgos par la población, se tomen medidas para que éstas sean retiradas.
No se olvide que apartir de la tragedia del 22 de abril se empezó a hablar de fugas de drenaje en prácticamente todos lados, incluyendo fugas de gasolina en el drenaje, a unos cuantos pasos de donde estaba el Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados anteriormente.
Pero en el centro de esta preocupación, en el centro de nuestra preocupación, de estas tres preocupaciones fundamentales que aquí está planteado, evidentemente se encuentra el informe de conclusiones de la Procuraduría General de la República.
A nuestro juicio el informe deja muchas dudas, quizá deja más dudas de las que resuelve; no esclarece a satisfacción las causas reales del accidente, por lo tanto moral y políticamente es inválido, y tiende a deslegitimar por esto mismo, a la propia Procuraduría General de la República; introduce la duda en la sociedad sobre la acción de la propia Procuraduría.
Señores diputados, desde nuestra perspectiva, nosotros no queremos hacer el juego a quienes quisieran deslegitimar al Gobierno Federal o a quienes quisieran deslegitimar a la empresa pública, pero demandamos un informe que permita tomar medidas para proteger a la sociedad de Guadalajara de posibles riesgos y que se repare de esta manera el daño moral que se cometió en la ciudad de Guadalajara.
El Diputado Pablo Emilio Madero (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - tiene la palabra, en los términos del 102, el diputado Pablo Emilio Madero, para rectificar hechos.
El Diputado Pablo Emilio Madero Balden: - Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Aquí se ha hablado de un acto de Dios, posiblemente, como una explicación. Yo quiero mencionar un hecho que es evidente, de que la mayor parte o toda la gasolina o el combustible derramado se escapó por un orificio.
Había aquí, Tarcisio Rodríguez decía: "Que casualidad que la perforación se haya localizado precisamente cerquita del hoyito". Y es de que hay un mecanismo que utilizan los expertos en
petróleo, introduciéndola en la tubería para que con la presión de flujo vaya enviando señales de dónde hay una perforación en la pared del tubo.
Entonces se puede localizar dónde está el orificio. Seguramente esto puede aclararse en la revisión de las cartas de actuación de Petróleos Mexicanos, que esto sucedió, para localizar en donde estaba el orificio.
Pero yo voy a otra cosa. El orificio se dio por corrosión catódica. No es acto de Dios, pero es simplemente la corrosión catódica, se da siguiendo las reglas que los que creemos en Dios sabemos que Dios impuso a la materia.
Cuando hay un tubo de una aleación distinta a otro tubo y están en contacto, se produce una corriente eléctrica que lentamente va corroyendo, y llega el momento en que penetra y taladra, es corrosión catódica. Esto de dio.
Según toda la información hubo un tubo sobre el poliducto.
Ahora, ¿quién autorizó la colocación de ese tubo en contacto con el poliducto? Allí hubo un responsable, indiscutiblemente. Pero este tubo era para uso doméstico o algo parecido. Entonces. aquí hay un problema muy serio. Creo yo que nos debe preocupar. Aquí se decía: "Hay que buscar la verdad, para que se haga justicia".
Pero hay que también tener la responsabilidad de evitar que vuelvan a haber problemas de este tipo, o sea, evitar que se repita. Y según informes de Petróleos Mexicanos hay cerca de 6 mil invasiones de derechos de vía, si mal no recuerdo es la cifra.
Entonces, creo yo, y yo quiero presentar una propuesta, y a nombre propio y como miembro de la diputación, en este sentido único: que se le pida a Petróleos Mexicanos celeridad en el desalojo de todas las invasiones del derecho de vía de la institución, y que informe a la Cámara del avance del programa.
Porque aquí hay posibilidad de repetición frecuente de este problema, porque seguramente en las invasiones de derecho de vía hay tuberías que van y vienen y en cuanto haya un acto de vía de agua potable, común y corriente, sobre un poliducto, va a haber una perforación.
De tal manera que es una propuesta que yo dejo aquí a la Secretaría y que la pongo a consideración de ustedes. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Castillo Mota: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con gran serenidad y con cuidado las intervenciones de nuestros compañeros, en el asunto relacionado con el siniestro ocurrido el 22 de abril, en la ciudad de Guadalajara, y que a todos, a todos nos interesó se investigará hasta sus últimas consecuencias para determinar las causas del mismo y los posibles responsables del mismo.
Tuvimos tres reuniones con el Procurador General de la República por instrucciones del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, y en ellas recibimos información, en primer término, de los resultados de la primera averiguación previa que dio como resultado la consignación de nueve funcionarios del aspecto municipal, estatal y de organismos públicos, al juzgado sexto de Distrito.
Recibimos no solamente la información detallada, sino la documentación relacionada con esa averiguación, documentación que se puso a la disposición de todos los compañeros de las diversas fracciones parlamentarias en la Comisión de Justicia.
Posteriormente y ante la insistencia de que la Procuraduría acelerara su dictamen o los dictámenes periciales que permitieran determinar la presunta responsabilidad de nuevos personajes y toda vez que no recibíamos esa información, volvimos a concurrir con el señor Procurador atendiendo un acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados. Y recibimos una información por escrito y yo di otra verbal.
Es decir, se les fue contestando a todos nuestros compañeros que fueron realizando preguntas al Procurador y por otro lado se nos entregaron unas hojas que todos debemos tener, que aquí obran en mi poder y que dicen: Estudio de las Investigaciones del Caso Guadalajara. Y que comienza diciendo:
"Se confirma el informe de la Procuraduría General de la República del 26 de abril, en cuanto a la identificación positiva de presencia de gasolina Nova en los colectores". Así se inicia y se confirman los términos del proceso que con motivo de los hechos se están siguiendo en el juzgado con entera normalidad y apego al derecho.
"Las controversias por el caso en su conjunto serán planteadas y realizadas en el juzgado, la última palabra en un juicio se escribe ante el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República de acuerdo a sus facultades de Ley, no es autoridad para definir responsabilidades civiles". Y así continúa hasta terminar en un párrafo que dice:
"Petróleos Mexicanos sin esperar el planteamiento de juicios civiles en su contra ha venido participando en la atención a los intereses de la misma."
Al término: "El Procurador nos ofreció poner a su disposición en la biblioteca de la Procuraduría General de la República, todas las actuaciones derivadas después de la averiguación previa que sirvió para consignar a nueve Funcionarios".
Y su servidor se permitió pedirle al señor Procurador que no nos obligara a los diputados a ir a consultar a la biblioteca todas esas actuaciones y que hiciera un esfuerzo y sacara copias de todas esas actuaciones y nos las entregaran. Lo que ocurrió el día 18, aquí en el salón de Protocolo de esta honorable Cámara de Diputados.
No se planteó ningún otro aspecto más que el que nos entregaran, entrega que pudo hacerse con un simple oficio y el envío de las ocho cajas conteniendo la documentación, documentación que de inmediato pusimos a disposición de todos nuestros compañeros y los compañeros del Partido de la Revolución Democrática ya revisaron dos de las cajas, no han revisado las otras seis, pero ya revisaron el contenido de dos, lo que quiere decir que las hemos puesto a la disposición de los diputados de todas las fracciones partidistas.
Además, nos entregaron una carpeta que contenía una síntesis de los resultados de las pruebas periciales. Y me obligué a que en ese momento a petición de uno de los diputados de Guadalajara, se pudieran entregar a la brevedad posible, media hora o una hora después: personalmente su servidor la estaba entregando a todos y cada uno de ustedes, porque en la Comisión de Justicia no queremos realizar acciones que se estimen como de encubrimiento o como de retardo para el conocimiento de los hechos que han motivado un gran reclamo, no solamente de los jaliscienses, sino de todos los mexicanos y de todos los diputados de esta Cámara de Diputados.
Todos queremos que se esclarezca y que se llegue a fondo en la investigación de justicia, que se administre y procure la justicia sin preocuparnos de a quién le toca caerse en esta averiguación, en esta investigación y en la aplicación de justicia.
Y tenemos que ser honestos, en la Procuraduría General de la República hemos encontrado eco en que hemos sido atendidos a todos los reclamos que le hemos formulado al Procurador General de la República.
Por eso, hoy y con el deseo todavía de hacer más transparente el trabajo de la Comisión de Justicia y ante la intervención de todos mis compañeros a a quienes les respeto su forma de opinar, sus puntos de vista, aun cuando en algunos momentos no coincida con la personal, yo los invito a que después de formar una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia, yo invito a la Comisión de Asentamientos Humanos y a la Comisión de Ecología, para que nos auxilien con sus técnicos en todos los problemas de carácter técnico, que se reflejen en esas actuaciones que nos han sido entregadas en 71 legajos y 74 mil hojas.
No queremos que el día de mañana se diga que la Comisión de Justicia no quiso que se enteraran todos. Queremos que participen todos, que junto con nosotros vayamos al fondo de esto, pero también que entendamos que no solamente es la Procuraduría la que debe ser corresponsable de esta investigación, sino que el juez instructor debe de informar con qué base otorgó la libertad bajo fianza de los nueve detenidos. Eso es fundamental para nosotros, para que lo podamos dar a conocer a todos nuestros compañeros.
¿Por qué?, porque no lo conocemos; sabemos que ya se otorgó la libertad, sabemos que pudo haberse ajustado o se ajustó a derecho, pero para que no se dé aquí lugar a rumores, qué mejor que así como el Procurador nos ha entregado documentación de todas las dos averiguaciones que se iniciaron con este motivo, el juez instructor que será el que determine, después de las conclusiones del ministerio público y de la defensa, que determine quién es el responsable o quiénes son, pues que nos diga, para empezar, en qué fundamentó la libertad de ellos bajo fianza.
Y por ello quiero dejar aquí y quiero rogarle al señor Presidente autorice a la Secretearía para que lea la propuesta que estamos formulando cinco diputados en relación con la creación de la subcomisión y el apoyo que les pedimos a las dos comisiones, tanto la de Asentamientos Humanos, como la de Ecología. Si fuera usted tan amable.
El Presidente: - Proceda la Secretaría de acuerdo con el deseo del señor diputado Castillo Mota.
La secretaria Layda Sansores San Román: - "Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados:
Los suscritos, diputados federales miembros de la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara, se permiten solicitar se someta a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se constituye una subcomisión para que analice la documentación relacionada con las averiguaciones previas relacionadas con el siniestro ocurrido en la ciudad de Guadalajara, el 22 de abril del año en curso, y se invite a las comisiones de Asentamientos Humanos y de Ecología, para que la auxilien en los aspectos técnicos que dicha información contiene. Firman diputados: Cuauhtémoc López Sánchez, Hugo Andrés Araujo, María Esther Sherman, Ramón Mota, Juan José Castillo Mota.
El diputado Juan José Castillo Mota: - La dejo aquí para que usted la turne en su oportunidad señor diputado.
Por lo que se refiere a la decisión de mi compañero diputado Emilio Becerra, quiero manifestarle que considero que en este momento no procede resolverla al Pleno de la Cámara de diputados, ¿por qué?, porque merece analizarse su procedencia jurídica, el método y en fin, varias cuestiones, por lo que considero debe turnarse a la Comisión de Justicia para que ésta la analice y resuelva en su momento lo conducente. Lo que también le ruego señor Presidente, lo someta usted en su oportunidad al Pleno de la Cámara de Diputados.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta (desde su curul): - ¿Tiene algún inconveniente el diputado para que se turne a la Comisión de Justicia?
El diputado Juan José Castillo Mota: - No creo que el diputado Becerra esté inconforme con que se turne a la Comisión de Justicia, para que en el interior... pero yo sí quisiera que esto que estamos determinando lo apruebe el Pleno, para que caminemos todos y que acepte el Pleno, que se turne a nuestra comisión, para que sea en el seno de nuestra comisión, donde se analice.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta (desde su curul): - Con un favor, si no tiene objeción el orador, se considere agotado el punto con un mero turno, para no estar haciendo votaciones y votaciones.
El Presidente: - Esta Presidencia considera la petición del señor diputado Gómez Mont.
El diputado Juan José Castillo Mota: - Con lo que doy por terminada la intervención y muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En virtud de que hay tres propuestas que se relacionan con la Comisión de Justicia, esta Presidencia determina que se turnen las tres propuestas de los diputados Pablo Emilio Madero, Emilio Becerra y Juan José Castillo Mota, las dos del diputado Juan José Castillo Mota, a la Comisión de Justicia.
Y el punto de acuerdo presentado por el señor diputado Carlos González Durán, túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión número 26 de este período.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
21 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del ciudadano diputado Horacio Sánchez Unzueta.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXVII aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 22 de diciembre a las 11:00 horas en el monumento erigido a su memoria en la Plaza de la Ciudadela, delegación Política Cuauhtémoc.
Intervención del ciudadano diputado Javier Centeno Ávila, para presentar una denuncia
intervención de los ciudadanos diputados Alvaro Salazar Lozano y Arturo Montiel Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la presentación de una obra editorial.
Informe de la subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos, integrada para investigar la situación de los periodistas de Quintana Roo.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión.
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
Proposición de la Gran Comisión.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (A las 21.04 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 21 de diciembre a las 10.00 horas.