Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930422 - Número de Diario 4
(L55A2P1oN004F19930422.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputada Laura Alicia Garza Galindo
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, jueves 22 de abril de 1993 No. 4
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Baja California. De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
De Reformas y Adiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, presentada por la diputada Silvia Pinal Hidalgo.
Se turna a las comisiones de Justicia y del Distrito Federal.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Cuatro, por los que se comunican que los ciudadanos:
Yolanda Enríquez y de Medina, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México;
Leopoldo Zea y Aguilar, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Dominicana;
Carmelo Terán Montero, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela y
Renato Bruno Ocampo Rivotta, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Colombia en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Para referirse al proceso de negociación de los acuerdos paralelos, hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Javier Garduño Pérez
Carlos Enrique Cantú Rosas
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Juan Moisés Calleja García
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
José María Tellez Rincón, para rectificar hechos.
Juan Gualberto Campos Vega
Demetrio Hernández Pérez
José Rodolfo Treviño Salinas
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Juan Antonio Nemi Dib
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, para rectificar hechos.
RECESO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Denuncia presentada por el diputado Alfredo Lujambio Rafols, sobre hechos relacionados con las elecciones en dicho Estado.
Para referirse al mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Vicencio Mejía Tobías
Rosa Albina Garavito Elías
Francisco Javier Salazar Sáenz
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados:
Humberto Pedro Flores Cuéllar
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Francisco Javier Salazar Sáenz
Manuel Monarres Valenzuela
Humberto Pedro Flores Cuéllar
Julio Eustaquio López Valenzuela
Juan Jacinto Cárdenas García
Juan Luis Calderón Hinojosa
Manuel Rivera del Campo
Juan Jacinto Cárdenas García
Emilio Becerra González
Ricardo Alfredo Ling Altamirano
Esteban Zamora Camacho
COMUNICACIÓN
Del diputado Javier Marcelino Colorado Pulido, por la que informa de su separación del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. De enterado.
ESTADO DE JALISCO
A solicitud del Presidente y puestos todos de pie, se guarda un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en los trágicos acontecimientos del 22 de abril de 1992, en la ciudad de Guadalajara.
Para expresar sus opiniones en relación con el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados:
Juan José Castillo Mota
Miguel Angel León Corrales
Germán Petersen Biester
Juan José Bañuelos Guardado
Demetrio Santiago Torres
José Alberto Cortés García
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Carlos González Durán
Manuel Laborde Cruz
José Manuel Correa Ceseña
Gabriela Guerrero Oliveros, quien propone un punto de acuerdo. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Adalberto Gómez Rodríguez
ESTADO DE OAXACA
Para referirse a sucesos ocurridos en Santo Domingo Petapa, Oaxaca, hacen uso de la palabra los diputados:
Rufino Rodríguez Cabrera
Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho
DENUNCIA
Presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano, sobre lo que calificó como amenaza de violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, contra el pueblo de Yucatán.
Para rectificar hechos respecto de este asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Miguel González Avelar
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Guillermo Pacheco Pulido
Juan de Dios Castro Lozano
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
Carlos González Durán
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado
Francisco José Paoli Bolio
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del Cómputo de asistencia del registro de firmas de los señores diputados.
APERTURA
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 395 diputados. Por lo tanto. Hay quórum.
El Presidente:
(a las 12.10 horas). Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo año.- LV Legislatura. Orden del día
22 de abril de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
Iniciativa
De reformas y adiciones al Código Penal del Distrito Federal, en materia del fuero común y para toda la República en materia federal, que presenta el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que la ciudadana Yolanda Enríquez de Medina, ha dejado de prestar servicios en al Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Leopoldo Zea y Aguilar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Carmelo Terán Montero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito "Estrella de Carabobo", en su Unica Clase y la Medalla al Mérito "Teniente Carlos Meyer Baldó", en su Unica Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Renato Bruno Ocampo Rivotta, pueda prestar servicios en la Embajada de la República de Colombia, en México.
Intervención de los grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para referirse al proceso de negociación de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para comentar el proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí.
Intervención del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los hechos ocurridos en Santo Domingo Petapa, Oaxaca.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura para hacer comentarios en relación a los sucesos del 22 de abril de 1992, en la ciudad de Guadalajara.
Intervención del Alfredo Castañeda Andrade, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a salarios e inflación.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a sucesos en la República de Sudáfrica.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer comentarios en relación a la vigilancia del Espacio Aéreo, en el ramo de Comunicaciones y Transportes.
Intervención del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a problemas pesqueros.
Intervención del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre las reformas propuestas para el próximo período de elecciones, en Yucatán.
Comunicación de los ciudadanos diputados.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte a la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La diputada Lydia Madero García:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos diez diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo trigésimo nono aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo. Se designa Comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con una comunicación del diputado Eduardo Rafael Aviña Bátiz, por la que informa estar enfermo y justifica su ausencia de las sesiones. De enterado.
Se da cuenta con la siguientes comunicaciones:
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa que los diputados coordinadores de las diputaciones federales de las entidades federativas y la del Distrito Federal, integrantes de ese instituto político, acordaron elegir como líder de su grupo parlamentario a la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, en sustitución del diputado Fernando Ortiz Arana, quien solicitó retirarse de dicho cargo. De enterado.
De la Gran Comisión, por la que informa que por unanimidad fue electa como Presidenta de su mesa directiva, la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, en sustitución del diputado Fernando Ortiz Arana, quien solicito retirarse de dicho cargo y al diputado Roberto Madrazo Pintado como secretario, en sustitución del diputado César Augusto Santiago Ramírez, a quien se concedió licencia para separarse de su cargo como diputado federal. De enterado.
Otra de la Gran Comisión, por la que informa que eligieron como secretario de su mesa directiva al diputado Rodolfo Becerril Straffon, en sustitución del diputado José Antonio González Fernández, quien solicitó retirarse de dicho cargo. De enterado.
Se da lectura al acuerdo parlamentario que contiene el calendario y los lineamientos de trabajo para el segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la quincuagésima quinta legislatura. Sin discusión se aprueba en votación económica.
Se da cuenta a la Asamblea, con los siguientes documentos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Uno por el que se informa de la solicitud de licencia del diputado Eloy Cantú Segovia y de los puntos de acuerdo aprobados;
Por el que se informa de la licencia concedida al diputado Cesar Augusto Santiago Ramírez y de los puntos de acuerdo aprobados;
Otra por la que se informa de la licencia concedida al diputado Joel Guerrero Juárez y de los puntos de acuerdo aprobados;
Otra por la que se informa de la licencia concedida al diputado Fernando Ortiz Arana y de los puntos de acuerdo aprobados al respecto;
Otra comunicación de la Comisión Permanente, por la que informa de la opción del diputado Guillermo Mercado Romero, al cargo de gobernador del Estado de Baja California Sur;
Otra con la que se remite el Informe de Labores de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Un oficio de la Comisión Permanente con el que informa de haber turnado a comisiones de la Cámara de Diputados, una iniciativa presentada por la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el Título de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal;
Otro por el que informa haber turnado a la Comisión de Comercio, una iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de las leyes de Cámaras de Comercio y de las de Industria y
Otro por el que informa que en sesión del catorce de abril, la Comisión Permanente recibió cuatro iniciativas del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, que a continuación se describen:
Ley de Nacionalidad; se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales;
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar; se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional;
Con proyecto de decreto que reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del quincentésimo aniversario del Encuentro de Dos Culturas; se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y
Ley de Sanidad Animal; se turna a la Comisión de Ganadería.
La Presidenta informa que a las puertas del salón se encuentran los ciudadanos Armando Leal Ríos, Santiago Espinosa Hernández, José Domingo Olvera Fernández y J. Hugo Francisco Miranda Mora, electos diputados suplentes en el séptimo distrito del Estado de Nuevo León, en la tercera circunscripción plurinominal, en el primer distrito del Estado de Querétaro y en el quinto distrito del Estado de Michoacán, respectivamente y designa una Comisión para que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley como diputados federales. Terminado el acto protocolario, los diputados entran en funciones de inmediato.
Se da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa de la elección de su mesa directiva para el primer mes del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura. De enterado.
Un oficio de la Gran Comisión, por el que solicita que se sometan a la resolución del pleno los nombramientos de los ciudadanos Joaquín Contreras Cantú, como Oficial Mayor; Graciela Brasdefer Hernández, como Tesorera y Arturo González García, como Director General de Comunicación Social.
Tres oficios firmados por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos representados en la Cámara de Diputados, por los que someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los nombramientos de los ciudadanos Joaquín Contreras Cantú, como Oficial Mayor, en sustitución del l licenciado Mario Alberto Navarro Manríquez, quien presentó su renuncia; Graciela Brasdefer Hernández, como Tesorera de la Cámara de Diputados, en sustitución del contador público Benjamín Hedding Galeana, quien presento su renuncia y Arturo González García, como Director General de Comunicación Social.
Sin discusión, se aprueban en sendas votaciones económicas y la Presidenta informa que los nuevos funcionarios se encuentran a las puertas del salón, por lo que designa una Comisión que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminado el acto protocolario, los servidores públicos entran en funciones de inmediato.
Se da cuenta y la Asamblea la aprueba en votación económica, de una proposición de la Gran Comisión, respecto a la integración de comisiones de la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con un oficio de la oficina del Procurador Federal del Consumidor, con el que informa de las acciones que se llevan a cabo para cumplir con los mandatos de los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De enterado y remítase
a las comisiones de Comercio y de Bienes de Consumo y Servicios para su conocimiento.
La Secretaría da lectura a una Comunicación de siete diputados, por la que informa de los motivos por los que se separan del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. De enterado.
Para fincar sus posiciones respecto a los trabajos a desarrollarse en el presente período de sesiones ordinarias, solicitan y se concede el uso de la palabra a los diputados: Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática y Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta iniciativa para que se inscriba el nombre de Vicente Lombardo Toledano, en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados y solicita que se incluya en el Diario de los Debates, un amplio documento biográfico. Insértese el documento y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
En cumplimiento al acuerdo parlamentario del que se dio cuenta, a las quince horas con nueve minutos, la Presidenta ordena un
RECESO
A las diecisiete horas, se reanuda la sesión y, para referirse al Día Panamericano del Indio, hacen uso de la palabra los diputados: Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática y Juan José Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus opiniones respecto a la propuesta de reforma política del Distrito Federal, que dio a conocer el jefe del Departamento del Distrito Federal, hacen uso de la palabra los diputados: Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Gonzálo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; José Merino Castrejón, del Partido Revolucionario Institucional; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien solicita que la Secretaría dé lectura al artículo trigésimo nono de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática y Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Gonzálo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Martín del Campo y Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
Para denunciar hechos que calificó de inconstitucionales, en el Estado de Yucatán, relacionados con el proceso preelectoral, hace uso de la palabra el diputado Luis Correa Mena, del Partido Acción Nacional y, sobre el mismo tema, los diputados: Ignacio Mendicuti Pavón, del Partido Revolucionario Institucional, Luis Correa Mena, del Partido Acción Nacional, Luis Rejón Peraza, del Partido Acción Nacional, Ignacio Mendicuti Pavón, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido.
Para comentar un boletín de prensa de la Procuraduría General de la República, se concede el uso de la palabra del diputado Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una Comunicación del diputado Joel Arce Pantoja, por la que informa de su estado de salud y justifica su inasistencia a las sesiones de este período. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veintidós de abril, de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
La secretaria Lydia Madero García:
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobada el acta.
COMUNICACIÓN
La Secretaria Lydia Madero García:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Poder Legislativo del Estado de Baja California. - XIV Legislatura Constitucional.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. -México, Distrito Federal.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, nos permitimos comunicar a usted que la Comisión Permanente de la honorable XIV Legislatura del Estado, clausuró el día 31 de marzo último, su Primer Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal; asimismo abrió el día de hoy, su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional y el cual termina el día 30 de junio del año en curso, habiendo quedado integrada la Mesa Directiva en la forma siguiente:
Presidente: diputado César Alejandro Monraz Sustaita: vicepresidente: diputado Luis Mercado Solís; secretario: diputado Francisco Javier Reynoso Nuño; prosecretario: diputado Francisco Javier Zepeda Villaseñor.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, abril 1o. de 1993. - César Alejandro Monraz Sustaita, diputado Presidente; Francisco Javier Reynoso Nuño, diputado Secretario.»
De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Silvia Pinal Hidalgo, para presentar una iniciativa a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Silvia Pinal Hidalgo:
Señor Presidente; voy a dar lectura a la iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
«Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Los que suscribimos, diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones II del artículo 71 y VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, 56 y demás conducentes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato a las comisiones pertinentes, la siguiente Iniciativa de Decreto de Reformas y Adiciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero
Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal.
Lo anterior, en atención a los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que el orden jurídico mexicano protege el pleno ejercicio de sus libertades a los individuos, grupos y clases sociales y que permite al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad nacional así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general;
Segundo. Que en ese orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que la ley aliente y proteja la actividad económica de los particulares bajo criterios de equidad social;
Tercero. Que es responsabilidad del Estado sancionar aquellas conductas que constituyan una ventaja indebida en favor de una o varias personas determinadas, con perjuicio del público en general o de alguna clase social, y que adicionalmente debe proteger a los consumidores así como velar por sus intereses;
Cuarto. Que el sano esparcimiento y la recreación constituyen derechos inherentes a la convivencia pacífica y armónica de la población y que por lo mismo, el Estado debe promoverlos y reprimir con severidad cualquier conducta que los ponga en riesgo o desvirtúe;
Quinto. Que el fenómeno de la reventa se ha manifestado como una práctica lesiva al interés de la colectividad pues ha impedido a grandes sectores de la población acceder, en igualdad de condiciones, a los espectáculos públicos y adicionalmente, ha originado acaparamiento y enriquecimiento indebido en beneficio de unos cuantos, y provocado un descontento generalizado entre la población, y
Sexto. Que en muchas ocasiones, la reventa se utiliza además por los mismos organizadores o por quienes tienen alguna participación en el espectáculo público como un medio para violentar los precios autorizados o para causar un perjuicio a las finanzas públicas.
Por lo cual, a ustedes ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, atentamente solicitamos que se sirvan turnar, para su estudio y dictamen, a las comisiones del Distrito Federal y de Justicia de esta soberanía, la presente:
INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
Artículo primero. Se modifica la denominación del Capítulo IV del Título vigesimosegundo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
CAPITULO IV
Reventa
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 391 al Capítulo IV del Título vegesimosegundo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federa en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 391. Al que con ánimo de lucro y sin contar con la autorización correspondiente adquiera boletos, contraseñas, pases, cupones o cualesquiera otros medios de acceso a un espectáculo público, y los enajene a terceros por si o por interpósita persona, a un precio superior al autorizado se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de 100 a 200 días multa.
Cuando el empresario, promotor, expendedor o quien intervenga en la organización del espectáculo público, participe directa o indirectamente en las conductas antes descritas, se le impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 días multa".
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Rúbricas.»
La diputada Silvia Pinal Hidalgo:
Está firmada por 17 diputados del Distrito Federal del Partido Revolucionario Institucional de esta LV Legislatura. Muchísimas gracias. Y la presento al señor Presidente.
El Presidente:
- Gracias diputada Silvia Pinal.
Túrnese a las comisiones de Justicia y del Distrito Federal.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
CESE DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 24 de marzo último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar que, la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, anexo encontrará la carta de la interesada. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Yolanda Enríquez de Medina, asistente de nómina; Embajada de los Estados Unidos de América.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 16 de abril de 1993. - El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
CONDECORACIONES
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 31 de marzo último:
"El ciudadano doctor Leopoldo Zea y Aguilar, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento y curriculum vitae."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 16 de abril de 1993. - El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General del Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 31 de marzo último, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carmelo Terán Montero, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito "Estrellas de Carabobo", en su Única Clase y la Medalla al Mérito "Tte. Carlos Meyer Baldó", en su Unica Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificaciones en la que le comunican que le otorgarán las citadas condecoraciones."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 16 de abril de 1993. - El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 7 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"La Embajada de la República de Colombia en México, se dirigió a esta Secretaría para solicitar que se realicen las gestiones necesarias, a fin de que el señor Renato Bruno Ocampo Rivotta, de nacionalidad mexicana, pueda prestar sus servicios como chofer del embajador en dicha misión diplomática. En tal virtud, agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones, a fin de que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso de referencia. Se anexa original del acta de nacimiento, dos fotografías y la solicitud al Congreso, del interesado."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 14 de abril de 1993. - El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente:
Ciudadanos diputados:
Se han inscrito varios diputados para referirse al proceso de negociación de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. A continuación daré a conocer esa lista:
Diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática y finalmente, hasta este momento, Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM...¿no se encuentra?..
No encontrándose el diputado Cantú Rosas, solicitamos al diputado Jorge Calderón Salazar, tenga la bondad de tomar la palabra.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a presentar nuestra posición en términos globales respecto a la negociación de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio y posteriormente, en intervenciones que se realizarán en el curso de esta sesión, el diputado Manuel Huerta y el diputado Jesús Martín del Campo, abordarán los aspectos particulares relativos a nuestra posición, en materia de los acuerdos en aspectos ambientales y en aspectos laborales.
De entrada, deseo destacar ante ustedes nuestra exigencia y que la ratificamos en esta alta tribuna de la nación, de que la Cámara de Diputados tenga plenas facultades en materia de discusión, ratificación o rechazo de tratados internacionales, especialmente de documentos de importancia vital para nuestra nación, como en este caso es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Resulta, y lo seguiremos sosteniendo, absolutamente incongruente, que por un lado se reconozcan facultades a nuestra Cámara de Diputados para aprobar, discutir lo que podríamos denominar la legislación complementaria del Tratado de Libre Comercio. Resulta incongruente que apenas el día de ayer se anunciara un paquete de más de 15 modificaciones legales que tiene qué ver precisamente con eventuales cambios para hacerlos congruentes con el Tratado de Libre Comercio y sin embargo, lo que es el texto fundamental que puede afectar la vida de generaciones de mexicanos en los próximos años y décadas se niegue a esta alta representación nacional facultades de discusión y de ratificación.
Más aun es incongruente esta reiterada negativa que hemos escuchado en distintos ámbitos gubernamentales, cuando el Constituyente de 1917, estableció de manera precisa estas facultades para ambas cámaras y cuando observamos que la reforma que quitó facultades a nuestra Cámara de Diputados en materia de aprobación de tratados internacionales, fue prácticamente aprobada, hace ya muchos años, en silencio y sin una discusión de la trascendencia, complejidad y profundidad de los cambios que esto implicaba.
Sabemos, porque lo discutimos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, después de una excitativa que nuestro grupo parlamentario formuló, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, emitió ya un primer dictamen rechazando las propuestas que nuestro partido y que otros partidos políticos habían formulado para reconocer facultades a la Cámara de Diputados.
Señor Presidente:
¿Sería usted tan amable de rogar a nuestros distinguidos legisladores guardar compostura en este debate?
El Presidente:
Con mucho gusto, diputado.
Quisiéramos rogar especialmente a los señores legisladores que eviten hacer corrillos en los pasillos, tomen sus asientos y pongan atención a nuestro orador. Y a los señores invitados, guardar silencio y ocupar sus lugares en las tribunas.
Continúe, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Muchas gracias, señor Presidente.
Sabemos, pues, que hay ya un primer dictamen. En su momento ese dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tendremos que debatirlo en el pleno de la Cámara de Diputados. Pero desde ahora nuestro partido y seguramente otras fuerzas políticas aquí representadas, presenta su tesis en el sentido de que mantendrá la exigencia de que se reconozcan facultades a la Cámara de Diputados en materia de ratificación de tratados internacionales.
Más aún, nuestro partido exige algo más: exige que tratados que tengan la magnitud y profundidad de lo que es el Tratado de Libre Comercio, incluso en caso de que pudieran ser aprobados por el Senado, e incluso, en caso de que se reconocieran facultades a la Cámara de Diputados para aprobarlo, ¡deben ser sometidos a un referendum nacional! Tal como se ha hecho en otras naciones del mundo, en documentos y tratados de esta magnitud.
Recordemos la importancia que tuvo en Francia la ratificación del Tratado de Maastricht y la importancia que tuvo también en Dinamarca esta discusión.
Creemos que además de facultades bicamerales en materia de ratificación de tratados, debe ser reconocida la facultad del conjunto de la ciudadanía para expresarse sobre documentos y acuerdos de tal importancia y magnitud.
Este elemento, de entrada, lo consideramos relevante porque continúa una ruta de discusión del Tratado de Libre Comercio, excluyente, antidemocrática y a espaldas de la nación.
Otro punto que creemos importante destacar ante ustedes, es que la discusión de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio, en ningún momento debe hacer olvidar a la opinión pública nacional y al conjunto del pueblo, tampoco deben olvidarlo legisladores de ambas cámaras, que fuerzas políticas como la nuestra y otros sectores de la sociedad civil mexicana, han expresado desacuerdos fundados sobre elementos básicos del Tratado de Libre Comercio ya negociado.
Habrá tiempo y momento en esta tribuna, aunque se nos nieguen facultades para ello, pero repito habrá tiempo y momento para discutir capítulo por capítulo y punto por punto, los aspectos fundamentales del Tratado de Libre Comercio ya negociado.
Baste destacar solamente nuestro desacuerdo con el capítulo en materia de energéticos, que otorga facultades a empresas transnacionales a ser propietarias de termoeléctricas e hidroeléctricas.
Baste recordar también una serie de facultades en materia de trato nacional a inversionistas extranjeros que se establecen en el Tratado de Libre Comercio, en el Capítulo de inversión.
Baste recordar también el trato nacional a mercancías de Estados Unidos y Canadá.
Discrepamos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones con la autorización a que ferrocarriles extranjeros, provenientes de los otros dos países signatarios del Tratado, circulen en nuestro país y tengan además instalaciones ferroviarias.
Y hemos cuestionado, y seguiremos cuestionando, que el Tratado de Libre Comercio ya firmado, incluya un acuerdo migratorio para directivos de empresas transnacionales que pueden viajar libremente por los tres países. Mientras que para jornaleros y trabajadores, especialmente para connacionales mexicanos residentes en los Estados Unidos, que son millones de connacionales, no existe un trato migratorio específico que garantice sus derechos humanos, sus derechos laborales y sus derechos sociales.
También discrepamos con los ritmos de desgravación arancelaria establecidos en el Tratado que no reconocen las asimetrías. Un país como México, cuyo producto nacional es menos del 4% del producto nacional de Estados Unidos, no puede estar conforme con los ritmos de desgravación que el Tratado establece. Y en algunos sectores, como textiles y otros más, estimamos que sigue habiendo el peligro de una grave afectación de nuestra planta productiva a partir de que se instrumente la aplicación del Tratado de Libre Comercio.
Para finalizar este punto, discrepamos también en lo referente al mecanismo de solución de controversias, que detrás de una terminología jurídica particularmente compleja, establece facultades para un panel trinacional de decidir sobre aspectos de controversia que son ejercicio exclusivo de nuestra soberanía. Si ese esquema de solución de controversias, ya firmado en el Tratado de Libre Comercio, pretendiera aplicarse en las controversias en materia laboral y ecológica, habrá afectación de soberanía, porque por encima de los órganos legítimamente constituidos en nuestro país: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, habrá un panel trinacional que decidirá por nuestros propios elementos nacionales.
En lo relativo a salvaguardas, pensamos que son insuficientes los mecanismos de protección de nuestro país ante crecimientos súbitos de importaciones extrajeras y también creemos que debe ser renegociado. Pero que no se diga que nuestra actitud es proteccionista o contraria a un proceso de integración al sistema económico mundial. Lo hemos dicho, es preciso que nuestro país tenga una agenda bilateral y trilateral con Estados Unidos y Canadá y también es necesario avanzar hacia una integración económica y una concertación política con América Latina y, también, tener una relación multilateral activa con Europa, la Cuenca del Pacifico y otras regiones del mundo, con una visión integrada de nuestras relaciones económicas internacionales.
En lo referente a los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio, un elemento que nosotros hemos reiteradamente exigido, es que el Gobierno defina de qué clase de acuerdos paralelos se trata, si son sólo acuerdos intergubernamentales, es decir, documentos firmados por los ejecutivos de los tres países, sin participación de los cuerpos legislativos, o se tratará de tratados internacionales.
A una pregunta explícita que un servidor de ustedes y el senador Porfirio Muñoz Ledo, formulamos al negociador en jefe, doctor Herminio Blanco, en un seminario en Miami, Florida, en los Estados Unidos de América sobre este punto, su respuesta fue ambigua. Dijo que aún no estaba definido si los acuerdos paralelos serán tratados internacionales ratificados por órganos legislativos o se constituyan solamente como documentos intergubernamentales. Ese es un primer punto.
Nuestra posición, independientemente de que cuestionamos la agenda ya negociada del Tratado de Libre Comercio, es que estos acuerdos paralelos, en la eventualidad de que fueran firmados, debieran ser ratificados por los órganos legislativos. Y en forma congruente con lo que ya hemos sostenido respecto al Tratado de Libre Comercio, exigimos que la Cámara de Diputados tenga facultades para su eventual ratificación.
Otro aspecto que nos preocupa, pese a que desde enero, nuestro partido en muy diversos foros ha exigido, nos preocupa, repito, la ausencia de un diálogo democrático sobre el contenido de los acuerdos paralelos.
Desde finales de 1990, Cuauhtémoc Cárdenas exigió que se incorporara en el Tratado de Libre Comercio, que se iniciaba su negociación, los problemas ambientales y los problemas laborales, particularmente exigió la defensa de los derechos sociales de los trabajadores mexicanos y de los trabajadores migratorios; exigió fondos compensatorios para desarrollo económico de regiones atrasadas y una renegociación global de la deuda externa que permitiera reorientar nuestro desarrollo económico. Durante años mantuvimos esta exigencia. No fuimos escuchados y fue hasta el cambio de administración en los Estados Unidos, que tardíamente el Gobierno mexicano aceptó incorporar en la agenda negociada con Estados Unidos y Canadá, los aspectos laborales y ambientales.
Hemos exigido también, repito, un diálogo democrático, no solo y que esto se escuche bien, no sólo ser informados de lo que el Ejecutivo está negociando, cosa que ni siquiera está sucediendo, sino además ser escuchados y que se incorporen en la agenda negociada las sugerencias propuestas de diferentes sectores políticos mexicanos y de la sociedad civil mexicana y hasta la fecha no ha habido una efectiva voluntad política de un diálogo democrático y de cara a la nación, para incorporar en las propuestas mexicanas, aquéllo que surge de la sociedad civil y de fuerzas políticas como la nuestra y otros sectores de la sociedad mexicana.
Peor aún, en las recientes negociaciones realizadas en la ciudad de México, se mantuvo una cerrazón, una organización social autónoma como la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio, tuvo que vencer obstáculos de amenazas represivas para hacer un acto tan sencillo y elemental que cualquier sociedad democrática debería estimular, como entregar las propuestas de organizaciones civiles en materia de negociaciones ambientales y laborales.
Nuestro partido, pese a que ha tenido algunos contactos con funcionarios no ha tenido sin embargo una interlocución global sobre el conjunto del impacto del TLC y de los acuerdos laborales y ambientales y exigimos que de cara a la nación se informe lo que se está negociando, se abandone la política de enterrarse en hoteles de cinco estrellas o de gran turismo a puerta cerrada y no decir a la sociedad mexicana lo que ahí se está negociando, el destino de millones de trabajadores mexicanos, el destino de millones de habitantes de este país, está en juego en la discusión del TLC y no aceptamos y seguiremos cuestionando una política en donde no hay una fluida comunicación con el conjunto de la sociedad mexicana, no hay información y no se quiere escuchar la voz del pueblo de México en lo relativo a las negociaciones trinacionales del TLC y de los acuerdos paralelos.
Por lo anteriormente expuesto, reiteramos en esta tribuna nuestra exigencia, aun no es demasiado tarde, todavía se puede desandar el camino, aún es posible plantear un diálogo nacional, aún es posible reflexionar sobre las consecuencias de continuar discutiendo estos acuerdos de espaldas a la nación, aún es posible reconocer facultades legislativas a la Cámara de Diputados en la discusión del Tratado de Libre Comercio y todavía es posible, por qué no decirlo claramente, renegociar aquellos aspectos del Tratado ya firmado que contiene cláusulas contrarias al interés nacional y a nuestra soberanía.
Emplazamos desde esta tribuna de la nación, al Gobierno de la República a que reconsidere el camino, a que asuma una interlocución global para el cambio democrático y en particular para la negociación del TLC y de los acuerdos paralelos y a que defienda la soberanía, la independencia y la integridad de la nación. En este camino el PRD está dispuesto a todo aquéllo que sea en beneficio del pueblo de México y de su autodeterminación. Muchas gracias.
El Presidente:
- A usted diputado Calderón. Rogamos al diputado Javier Garduño Pérez, pase a esta tribuna a hacer uso de la palabra.
El diputado Javier Garduño Pérez:
Muchas gracias señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Hemos solicitado el uso de la palabra, para fijar la posición de mi partido, el Revolucionario Institucional, en una óptica también global sobre los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Empezaríamos recordando a todos ustedes que desde el principio de la negociación, el Gobierno mexicano declaró que el Tratado de Libre Comercio no deseaba de ninguna manera generar empleos que no cumplieran con nuestras leyes laborales, o que se generaran instalaciones industriales contaminantes; es decir, desde el principio se fijó la posición de los negociadores mexicanos que tendría que ser un tratado protector de los derechos de los trabajadores y muy cuidadoso también, de no alterar o contaminar el medio ambiente.
También, un principio fundamental que quedó asentado previo a las negociaciones es de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, iba a ser un marco regulador del intenso flujo que ya tenemos de intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos y entre Canadá y México. Reglas claras y precisas para intercambiar un intenso comercio de bienes y servicios.
Es preciso que hoy, 22 de abril de 1993, estemos conscientes de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya se negoció. Su negociación está terminada, ha firmado Estados Unidos, México y Canadá el contenido de un documento que conocemos todos los diputados de esta LV Legislatura; es un documento que está a la vista y que tuvimos oportunidad desde luego, durante el transcurso de la negociación, conocer los avances de ésta, saber qué se estaba negociando y finalmente, conocer previamente a la firma de los presidentes o de los jefes de Estado de los tres países, conocer ampliamente el texto de esta negociación.
Por ello, ahora, México está participando en un proceso de negociación que se ha dado en llamar Acuerdos Paralelos del Tratado de Libre Comercio, que tiene como propósito justamente eso, unos acuerdos paralelos que vienen a enmarcarse dentro de lo ya acordado en el Tratado de Libre Comercio.
Igualmente estos acuerdos paralelos, justamente llevan a la negociación para lograr cuidar aún más los derechos de los trabajadores y avanzar en la cooperación en tecnología y en recursos disponibles para la protección del medio ambiente.
Los negociadores mexicanos están en esta negociación, trabajando estrictamente a la luz de tres principios fundamentales:
Primero: es de que estos tratados o acuerdos paralelos que están en proceso de negociación, sean absolutamente compatibles con el Tratado de Libre Comercio ya negociado, ya firmado, ya concluido.
Segundo: que estos acuerdos paralelos no se conviertan en barreras proteccionistas no arancelarias, porque si ese fuera el caso estaría afectando el propósito mismo de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es establecer precisamente un libre flujo de mercancías y servicios en América del Norte. Así que los acuerdos paralelos no se van a convertir en barreras no arancelarias del comercio de bienes y servicios.
El tercer punto claro, aceptado, es de que los acuerdos que se están negociando, respeten cabal y absolutamente la soberanía de los tres países.
Con estos tres principios se han iniciado las negociaciones de los acuerdos paralelos y el día 16 de abril concluyó la II reunión de negociaciones, encabezada por el jefe de la negociación mexicana, el doctor Herminio Blanco, el señor Rufus Yexa en el caso de los Estados Unidos y por el señor John Wickis, en el caso de Canadá. Hubo un intercambio de ideas, hubo clarificación de conceptos y se llegó a un acuerdo particularmente importante: la primera semana de mayo habrá ya una reunión técnica entre los tres países, para obtener un solo documento, la propuesta de tres textos, el texto mexicano, el texto canadiense, el texto americano, sobre los asuntos paralelos en materia ambiental y laboral, es decir, lo que se llama o recordaremos, la consolidación de textos en proceso de negociación.
Esto es, a partir de la conclusión de esta II reunión, los tres países están en este momento redactando sus textos y será en esta reunión, a partir del mes de mayo, de la primera semana de mayo,
en que un grupo de técnicos, no van a entrar a negociación, un grupo de técnicos traten de hacer un solo texto para después de esta primera semana de mayo, se vaya a otra reunión en donde estarán los jefes de la negociación y ahí sí, iniciar un proceso de eliminación de corchetes.
Esto quiere decir que las negociaciones paralelas van encaminadas, van al ritmo previsto y en el mes de mayo se acercará a la consolidación de un texto y a la obtención de resultados concretos.
Todo en proceso, tanto el relativo a la ratificación del tratado, así como las negociaciones paralelas en materia ambiental y laboral, van a tiempo y se llevan justamente las etapas señaladas en calendario. Todo indica que el Tratado de Libre Comercio va a empezar a funcionar el 1o. de enero de 1994, tal y como lo han acordado los tres gobiernos de la región de América del Norte.
Esto es en unas cuantas palabras la situación que guarda la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el estado también que guardan las negociaciones de los temas paralelos, por una parte la negociación del Tratado de Libre Comercio es un hecho consumado y reitero, los acuerdos paralelos se limitan a importantes programas de colaboración en materia laboral y medio ambiente.
A mayor abundamiento, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte fue aceptado por los tres países, porque el tratado beneficia al empleo en México, en Estados Unidos y en Canadá, porque se trata realmente de incrementar el comercio internacional de los tres países, no sólo para incrementar el comercio en la región, sino para que los tres países tengamos mejor posición competitiva frente al mundo entero. Así Estados Unidos podrá incrementar, y lo va a hacer, su comercio internacional en Europa y en el Asia - Pacífico; igualmente sucederá con el comercio internacional de Canadá y por supuesto, los productos mexicanos seguramente participarán con mejores ventajas competitivas en estos mercados.
Hemos oído reiterativamente que los salarios en México son más bajos y que esto va a traer como consecuencia que las empresas de Estados Unidos y Canadá inunden el territorio nacional. Nosotros sentimos que ése es un análisis equivocado, pues todos sabemos que las decisiones de inversión de extranjero, de cualquier país, suponen estudios muy complejos, en donde se toman en cuenta una serie de factores, entre ellos obviamente el costo de mano de obra, pero también hay que estar de acuerdo con nosotros de que este factor de mano de obra no es el único ni es el definitivo; existen otros factores que pueden tener un peso de mayor intensidad que el costo de mano de obra, como el acceso a mercados, el acceso a materias primas, contar con elementos suficientes de infraestructura, energía eléctrica, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos, acceso a energéticos, mano de obra calificada en niveles directivos y gerenciales, en fin, la decisión de inversión en el extranjero es muy compleja, no se reduce a un solo factor, a una sola variable, y si en última instancia esto fuera el caso, señores ya estuviéramos invadidos de industrias, porque históricamente, por desgracia, han sido más bajos los salarios en México que en Canadá y en Estados Unidos.
Ahora bien, históricamente no se ha restringido el acceso a capitales foráneos, de ahí que no debemos magnificar que el acuerdo paralelo en materia laboral, que vuelvo a repetir, este acuerdo, tendrá que ser una mejor y más amplia colaboración en materia de capacitación y defensa de los derechos de los trabajadores en los tres países y esta afirmación de ninguna manera es conformista o que aceptamos de entrada de que los salarios mexicanos son bajos y van a ser bajos en el futuro. No, precisamente el Tratado de Libre Comercio que va a promover el incremento de las exportaciones, con ello también se va a incrementar el empleo y el empleo pleno en nuestra economía será el factor más importante y aquí sí, para que los sueldos y los salarios de los mexicanos se incrementen en función de su propio mercado, en función de su propia naturaleza, no por decreto, sino porque en el mercado cuando hay una abundancia de mano de obra desocupada, va a haber salarios bajos; cuando en el mercado no hay abundancia de mano de obra desocupada, sino que todos estamos ocupados, automáticamente los salarios serán más altos para todos nosotros.
Por lo que respecta al medio ambiente, se ha debatido aquí en la Cámara, el nivel internacional que tiene nuestra legislación en esta materia, el esfuerzo que el Gobierno mexicano viene haciendo como programa de acción prioritaria para combatir la contaminación en las grandes ciudades, combatir la depredación de nuestros bosques, así también como cuidar la calidad del agua y estar muy atentos en cualquier basurero de materiales radioactivos, contaminantes que lesione el medio ambiente mexicano, incluso la opinión pública está también atenta para que se aplique nuestra Ley con toda energía.
Todo esto es una amplia garantía para que nuestro país esté garantizando, es una garantía de la acción de la propia opinión pública para que en nuestro país no permitamos la degradación del medio ambiente.
Los tres países están convencidos de que la materia del nuevo acuerdo debe ser la cooperación, debe ser un verdadero avance en la cooperación internacional para obtener tecnologías más avanzadas que nos permitan cuidar el medio ambiente en la región de América del Norte, dentro del puntual entorno del derecho internacional y obviamente, también tener una amplia cooperación en la capacitación de nuestros trabajadores.
Se ha especulado, en supuestas declaraciones de Estados Unidos, de crear una comisión que examine cualquier violación a la legislación ambiental mexicana y que en su caso se formularían sanciones a quienes las violara. Esta afirmación es absolutamente falsa, porque insistimos, los tres principios que mencionó el presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, que fuera la conducta de los negociadores, es ésa la conducta escencial de los negociadores en las pláticas sobre estos acuerdos paralelos.
De tal manera si existieran estas posiciones de algunos de los negociadores, de inmediato caen por su propio peso, pues de ninguna manera son aceptadas por los principios que norman la conducta de la negociación mexicana, que se puso inicialmente en la mesa de negociación y que fue aceptada por los tres países y según estos principios se están desarrollando estas negociaciones de los llamados acuerdos paralelos.
Finalmente, señoras y señores diputados, nuestro Gobierno está en pláticas y negociaciones paralelas al Tratado de Libre Comercio, accediendo a la petición del Gobierno estadounidense y así también lo aceptó Canadá, sabedores, los tres gobiernos, que existen grupos de oposición al tratado y ahora a esas negociaciones, que quisieran que los negociadores tuvieran posiciones radicales y que no se pusieran de acuerdo. Esto no va a suceder. Los tres grupos de negociadores trabajarán como lo hicieron en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio; llegar a acuerdos que beneficien a los tres países, sabedores también que el Tratado de Libre Comercio es un hecho consumado y será para beneficio de los tres países y entrará en vigor el 1 de enero de 1994. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Garduño. Le pedimos al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del partido Auténtico de la Revolución Mexicana se sirvan tomar la palabra.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Señor Presidente; señores diputados, señores senadores:
Como aquí bien decía por anteriores oradores en el desarrollo de este tema, ha sido inquietud no sólo de los representantes populares, representantes directos de diversas corrientes políticas y electorales aquí acreditadas, traer la voz de aquellos miles de nuestros conciudadanos, que no son escuchados y atendidos en la articulación de las políticas oficiales.
Algo de esto acontece dentro de los dolores, carencias y sensibilidad que la gran mayoría nacional del pueblo de México entero tiene, con referencia a este asunto para nosotros de vital y fundamental importancia, dado que involucra no sólo el presente, sino el futuro, fundamentalmente la libertad, la independencia y la soberanía del país.
Asunto de fundamental importancia el Tratado de Libre Comercio, que se ha solicitado en todas las trincheras, que la patria ha puesto al alcance de los ciudadanos independientes sea conocido con mayor información por el pueblo de México todo y debería de ampliarse el marco legislativo con una reforma constitucional adecuada, que permitiera que este importante asunto de trascendencia nacional y permanente para los mexicanos, no solamente fuera puesto a consideración y discutido en la Cámara de Senadores, como lo establece actualmente el precepto constitucional, sino llevarlo al marco legislativo también de esta propia Cámara de Diputados, en donde los representantes de las diversas posiciones políticas y electorales tendrían no solamente la oportunidad de los debates que hoy se celebran, sino también capacidad legislativa para intervenir directamente en la sanción, en la ampliación o en la reforma de aquellos acuerdos que, a nuestro juicio, no están interpretando realmente los deseos de las mayorías ciudadanas.
Entre los problemas que acontecen, sin duda con el Tratado de Libre Comercio, que conforme a aquella placentera reunión de Houston, entre el presidente Carlos Salinas de Gortari y el presidente Bush, transitó casi en una luna de miel; pero posteriormente, en la llegada del presidente Clinton y en la reunión de Austin, empezamos a percibir algunas turbulencias que le restan celeridad a los trabajos que se vienen realizando.
En tal circunstancia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha venido participando en diferentes ocasiones en esta tribuna con un tema tan importante como es el que en estos momentos nos ocupa.
Desde el pasado 1o. de abril de 1990, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ha mantenido la atención ciudadana. A este respecto, nos hemos manifestado en diversas ocasiones, ampliando nuestro criterio, preocupados por todo lo que implica este documento, convenio, negociación, en el devenir presente y futuro de la patria.
Actualmente los acuerdos paralelos, complementarios o suplementarios de libre comercio, se han constituido en un tema mayor que la firma del documento original del Tratado de Libre Comercio, que fue signado el pasado año por George Bush y por Carlos Salinas de Gortari, pensando en aquel entonces que éste sería un documento definitivo.
Sin embargo, al arribo de la administración de Bill Clinton se decidió asegurar para su país, los Estados Unidos de América, condiciones definitivamente más ventajosas y para ello idearon precisamente, atendiendo específicamente a sus muy particulares intereses, los acuerdos paralelos, a los que en estos momentos se hace referencia.
México y Canadá, no han tenido mayores recelos y controversias, en cuanto a las normas y reglas de compatibilidad y homologación, a pesar de que han enfrentado problemas, en relación a algunas actitudes no muy claras de estados, que evidentemente perjudican a estas dos naciones.
Para Canadá el costo se ha derivado en problemas de comercialización y distribución de mercancías transfronterizas, así como la dimisión del ministro Mulroney y el cambio de un gobierno liberal, hacia un gobierno conservador, como estrategia de contención ante el proceso inflacionario no previsto originalmente por sus analistas.
Desde el pasado 24 de febrero del año en curso, el Primer Ministro de Canadá, Brian Mulroney, anunció su renuncia y afirmó en aquel entonces, "que antes de julio próximo el Tratado de Libre Comercio sería ratificado por la Cámara por la Cámara de los Comunes y por el Senado de su país".
En Canadá, la crisis económica y política por la que atraviesan, así como los saldos negativos que ha arrojado el acuerdo comercial con Estados Unidos de América, motivaron en gran parte la salida de Brian Mulroney, lo cual hace peligrar las posibilidades de que este país apruebe en los tiempos acordados el Tratado de Libre Comercio.
En este contexto, para Canadá los acuerdos paralelos representan la oportunidad de lograr convenios que cubran las desventajas que les ha ocasionado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, sobre todo en el rubro laboral.
No obstante, es claro que para los canadienses una prolongación en las negociaciones de estos acuerdos resultaría muy desgastante en el ámbito interno.
El 15 de febrero México y Canadá fijaron en tres puntos básicos las condiciones para los acuerdos paralelos:
Primero. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio están concluidas y no serán reabiertas. Segundo, que las condiciones de los tres acuerdos paralelos respeten la soberanía nacional y no contengan ninguna cláusula que contradiga el texto original del Tratado de Libre Comercio. Tercero, que los acuerdos paralelos tengan un carácter trilateral.
El representante demócrata en el Congreso de Estados Unidos de América, John Laface, quien protege los intereses de comercio e inversiones medias y pequeñas en los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, California Luisiana, Missisipi, Alabama, Atlanta y Carolina de Sur, aprovechó dolorosamente la coyuntura derivada de las desavenencias entre Serra Puche y Michael Kantor en relación al supuesto robo de empleos provocados por la agencia maquiladora Merimex apoyada por Nafinsa y organizó a partir de ese momento, del 1o. al 5 de marzo del año en curso, conferencias y debates sobre lo que él llamó la verdadera situación de México para exhibir la problemática de nuestro país como un factor obstaculizante en el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Laface perseguira con esto desprestigiar a nuestro país y provocar la reserva de los inversionistas americanos en nuestro potencial de inversiones y rendimientos.
Además de estos golpes bajos contra nuestro país por parte de sus habituales detractores extranjeros, subsisten y al parecer con mayor incidencia y agudeza, el mal trato a nuestros
connacionales en su territorio, la violación de labor del patrón y de los rangers habitualmente a nuestras fronteras.
Esto ha sido poco halagüeño, obstaculizante y poco confiable, para establecer las condiciones igualitarias entre las comisiones negociadoras encargadas de afinar los acuerdos suplementarios.
Para México los costos han sido mayores, tales como la sanción de un impuesto complementario del 7% al acero mexicano, anunciado por la Casa Blanca el 23 de enero de este año, para proteger los intereses metalúrgicos de Estados Unidos. El embargo atunero que se encuentra vigente, en perjuicio de los pescadores y productores mexicanos. La situación indignante por la persecución inhumana y arbitraria que padecen los indocumentados mexicanos. La persecución, también probablemente por segunda ocasión traída a esta tribuna, de los jóvenes estudiantes connacionales, que sufren en las ciudades limítrofes con Estados Unidos, problemáticas que a la fecha no han sido resueltas por falta de voluntad de las autoridades migratorias de aquel país. El conflicto creado en perjuicio de la industria cementera nacional, que ha sido obstaculizada para introducir sus productos.
Originalmente se esperaba, es importante aclarar que ni Canadá ni México han buscado pretextos ni se han desatendido en sus palabras y compromisos. Todos los escollos, todas las barreras, los malos entendidos y tergiversaciones, han provenido de los Estados Unidos de América. Las críticas y actitudes prepotentes de Laface Gephardt en el Congreso en contra de México.
Originalmente se esperaba, desde el pasado 17 de febrero, la definición de una agenda firme e irrevocable en los temas a debatir en las conversaciones. Posteriormente, el 25 de marzo pasado, de manera escueta, tanto Secofi como la Oficina Comercial de la Casa Blanca, anunciaron que se iban a reunir los tres grupos de negociación complementaria de México, Canadá y Estados Unidos; primero en Ottawa, luego en Washington y finalmente en nuestro país, para concretar los detalles de tales instrumentos paralelos.
Los temas fundamentales a debatir y a negociar son ecología y prevención ambiental industrial, migración y asuntos fronterizos, salarios para la homologación de un sistema paralelo en los criterios retributivos en las condiciones de demanda y oferta de trabajo, compatibilización para las reglas de origen en materia de salario y prestaciones de seguridad y bienestar social.
Respecto a dicha Comisión, con justicia y oportunidad, también en esta tribuna, cuestionamos, ¿quién la designó?, ¿quiénes las integran?, ¿cuál es su trayectoria?, ¿cómo refrendan su capacidad y lealtad patrióticas?, ¿cuáles son las instrucciones y criterios que siguen al ir directamente a la mesa de negociaciones?, ¿por qué hacen declaraciones contradictorias que confunden a la ciudadanía? ¿Están informando cabalmente al Senado de la República en cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, su Reglamento Interior y las facultades constitucionales y reglamentarias que son propias del Senado?
Las reuniones se celebraron en un marco de estricta confiabilidad, vigilancia y seguridad, lo cual lamentamos, pues se trata de un excesivo control, al grado tal que ni siquiera los medios de comunicación, cuyo principal compromiso es informar oportunamente a la opinión pública, recibieron en su momento las facilidades para cumplir con su importante cometido.
En el caso de México, el jefe de la delegación, Herminio Blanco, no obstante que ha hecho declaraciones, éstas sólo se han limitado a un fraseo indefinido y bastante evasivo, dado que de ninguna manera explica cuáles han sido los logros, los resultados, las presiones, los obstáculos, los alcances, los recursos y los medios.
Queremos preguntar, preocupados por los acontecimientos, ¿qué cosas tan graves y delicadas se están negociando que deban ocultarlas? No ignoramos que en torno a este tipo de negociaciones, es requerida la seguridad y discreción en el derecho internacional y su protocolo exige también actitudes semejantes, pero cuando se están tratando asuntos que involucran la soberanía e independencia nacional, el presente y el futuro de México, nadie tiene derecho a mantener en incertidumbre al pueblo, que inevitablemente se verá afectado o en su caso beneficiado con la puesta en marcha del citado tratado.
Queremos también llamar la atención de la confusión de funciones que están ejerciendo las autoridades de la Secofi, respecto a su intervención en esta mesa de negociaciones, pues parece que se están atribuyendo en muchas ocasiones funciones propias de la cancillería mexicana y a este respecto solicitamos a las autoridades competentes en Comercio y Fomento Industrial, así como a las de Relaciones Exteriores, informen y clarifiquen los avances de sus respectivas áreas, para evitar estos desajustes que contribuyen a hacer más complicada esta situación.
Si se prolongan las negociaciones de estos acuerdos, el consecuente retraso fatalmente evitaría que el Tratado Trilateral de Libre Comercio entrara en vigor en 1994, e inclusive se reforzaría la posibilidad de que quede bloqueado en tanto que la economía estadounidense no muestre signos de recuperación. Con esto se confirmaría que el proteccionismo sería pauta dominante de la política de los Estados Unidos de América.
Un principio general del derecho nos dice que lo accesorio corre la suerte en lo principal; si aplicamos esta norma al asunto aquí tratado, por ello resulta definitivo que una vez firmado el Tratado de Libre Comercio lo único que debe esperarse es el cumplimiento de los términos para su ratificación y entrada en vigor en los tres países.
Pero aquí se han invertido los factores, dándole prevalencia a los intereses de Estados Unidos; ahora, lo principal depende de lo accesorio, por ello se pone en riesgo que estas negociaciones complementarias, en lugar de agilizar el proceso de ratificación, lo empantanen, de tal forma como si se siguiese una línea condenatoria de la administración actual de Clinton, a un tratado cuya firma fue un logro más sonado del anterior régimen encabezado por George Bush.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana pugna porque se eviten confusiones en torno al Tratado de Libre Comercio. Si bien es cierto los debates celebrados en la Cámara de Diputados y las comisiones de Comercio y Relaciones Exteriores, han evidenciado profundo interés al seguimiento del proceso de la ratificación del tratado, en el Senado y en las conversaciones paralelas sostenidas por el titular de la Secofi con su homólogo en Estados Unidos, le falta claridad, pulcritud y difusión a la información que se requiere al respecto.
Enfatizamos e insistimos que el Senado y el titular del ramo deben de informar oportuna y adecuadamente al pueblo de México sobre los giros que están tomando las negociaciones complementarias para establecer, a partir de este momento, un candado de seguridad que nos permita prevenir cualquier negociación subterránea, lesiva a nuestra independencia, autonomía territorial, patrimonial y soberanía.
Solicitamos que el titular de la Secofi, licenciado Jaime Serra Puche, informe clara y detalladamente de la línea con que se ha negociado el proceso de acuerdo suplementario al Tratado de Libre Comercio. De igual manera, así lo requerimos del licenciado Herminio Blanco, jefe de la Delegación Negociadora Mexicana, para concertar los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio.
En tal circunstancia, consideramos que ninguna precaución medida o previsión, es demasiado, cuando consideramos que están en juego los más preciados valores de la nación mexicana, su independencia económica y política, su soberanía territorial y su libertad y autodeterminación. Por ello es que en las diversas intervenciones que hemos tenido sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, convenio o pacto, hemos insistido en que por encima de cualquier tratado, convenio o pacto, nuestras más caras conquistas, nuestro prestigio y el respeto que el mundo entero ha brindado a México, reconociendo nuestras luchas libertarias en el movimiento independiente; contra las ambiciones del Imperio y en la Revolución mexicana. Ante los intentos de dominación extranjera debemos preservar a México. Muchas gracias, señores.
El Presidente:
Diputado Cantú Rosas, ¿terminó, verdad?
Vamos a rogarle al diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, pase a esta tribuna a hacer uso de la palabra sobre el mismo tema.
El diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda:
Quiero comenzar esta segunda intervención del Partido de la Revolución Democrática, aludiendo a algunas afirmaciones del diputado Garduño del Partido Revolucionario Institucional, cuando afirma que llueva o truene ya es un hecho consumado el asunto de los ritmos que llevará la cuestión del Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Una evidencia de que los ritmos han sido modificados, dependiendo de las circunstancias es el propio reconocimiento de que se están discutiendo acuerdos paralelos que originalmente en cuanto a temas eran preocupación de la oposición aquí en México y que sólo cuando el Gobierno de Estados Unidos a través de sus negociadores lo planteó, es cuando el Gobierno Mexicano tiene que aceptar el cambio de los ritmos y la discusión de temas de primera importancia.
Insisto que sectores de la oposición en este país habíamos planteado clara y abiertamente en los temas específicos de los acuerdos paralelos que son el laboral y el asunto ambiental.
También quiero decir que todos sabemos que esto de la Ley de la oferta y la demanda en sus términos puros, sólo opera en las clases de algún salón de economía en los primeros semestres, pero que en la realidad y mucho menos con la existencia de monopolios y de pactos decididos unilateralmente por la patronal y el Gobierno, ignorando a los trabajadores, pactos que implican anulación de negociación y de libre juego de las fuerzas que intervienen en la producción, con eso no existe ninguna posibilidad de que se autorregule la cuestión de la oferta y la demanda y que tendremos empleos.
Datos muy rápidamente dichos, cuestionan esta afirmación exageradamente optimista de propaganda de este tratado sobrevendido aquí en nuestro país. Desde hace 20 años para acá, sólo se han podido crear 500 mil empleos en este país. Y estamos hablando de un desempleo del orden de los 8 millones, según datos de la Confederación de Trabajadores de México en este país. ¿De qué tamaño tendría que ser la inversión que tendrían que hacer los humanistas de las compañías transnacionales que querrían generar muchos más empleos que ahora necesita México en este asunto acelerado. ¿De qué tamaño tendría que ser la inversión? ¿Existen esos inversionistas humanistas que quieren acelerar la firma del Tratado y de los acuerdos paralelos y que quieren acelerar el inicio de su ejecución? ¿Existen esos inversionistas para crear más de 500 mil empleos que son los que en 20 años se han creado en este país?
Se dice que con un esfuerzo sostenido; nosotros creemos que no existen esos inversionistas; que no existen esas condiciones reales para que vivamos el paraíso del empleo en las condiciones de crisis estructural que vive nuestro país y que vive el orden mundial que han querido imponer las transnacionales y que acusa ya agotamiento por, además de los asuntos de deshumanización porque también rompe o quiere romper con las leyes económicas.
Ciertamente el 17 de marzo del año en curso, dio inicio una ronda de negociaciones entre los representantes de México, Estados Unidos y Canadá, para analizar los temas ambientales y laborales que se anuncia, formarán parte de sendos acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio.
El secretario Serra Puche dio fecha incluso, aquí ratificada por el diputado Garduño, de que en la primera semana de mayo se concluirá con los cuerpos técnicos de los tres países, la redacción de los acuerdos paralelos y posteriormente ya se finiquitarán todos los detalles que queden pendientes. En ellos se buscarán fijar las condiciones para regular el impacto del TLC en materia de protección del ambiente y normas relativas al trabajo. Se espera concluir rápidamente ese trabajo, por lo que conviene hacer varios señalamientos y fijar las posiciones que tenemos los distintos partidos políticos al respecto.
Para nuestro partido, los asuntos laborales son de vital importancia, en la medida en que la estricta observancia de las leyes nacionales y de los tratados internacionales que los rigen, depende el bienestar de millones de trabajadores mexicanos del campo y de la ciudad. Por tal motivo, abordar el asunto nos vuelve a dar la oportunidad para denunciar lo que hemos denominado: "La imposición en el país de un marco laboral regresivo, producto de la alianza de las autoridades del trabajo, encargadas de impartir justicia con el sector del empresariado nacional y extranjero, que busca subordinar totalmente los intereses de los trabajadores y del trabajo a los intereses de la oligarquía financiera, permitida y fomentada por el Gobierno en turno".
Nuestra Carta Magna ha sido denominada por Pablo González Casanova, como: "El mejor programa de política social que los constituyentes de 1917 legaron a los gobiernos post - revolucionarios".
Esto es cierto, entre otras cosas, porque dejaron plasmar en el texto de la Constitución Política Mexicana, un alto contenido de justicia social. Su artículo 123 que regula las relaciones obrero - patronales, es uno de sus apartados más notables.
Hoy, con el pretexto de encarar los nuevos desafíos económicos, el neoliberalismo pretende desfigurar sus postulados a la manera en que ya hizo con otros artículos, configurando lo que hemos denominado una contra reforma constitucional.
Al ritmo de la integración mundial de las economías y la formación de nuevos bloques comerciales, se ha venido imponiendo desde la década pasada, una filosofía empresarial cuya pretensión última es esconder o endulzar la explotación y el uso irracional de la mano de obra a través de medidas flexibilizadoras y desreguladoras de los modelos laborales.
Varias han sido las razones para que esta forma tan peculiar de ver la relación de trabajadores y patrones se haya implantado aquí y en otras latitudes. Una de las es la exigencia de mayor competitividad y productividad de los
trabajadores, tanto de la industria como de los servicios.
Otra es la aparición de una vigorosa revolución científica y tecnológica cuyo impacto en el mundo del trabajo ha sido trascendental; una más y quizá determinante, es la embestida patronal y gubernamental contra los sindicatos y sus conquistas que ha provocado un fuerte debilitamiento de sus estructuras sindicales. Más aún, sabemos que hay preparado un paquete del sector empresarial, quizá con el partido mayoritario, que pretende en este propio de sesiones introducir una propuesta de modificaciones sobre productividad a la Ley Federal de Trabajo, atentado aún más contra los intereses de los trabajadores sindicalizados de este país.
En México, nos encontramos inmersos en un proceso de integración regional, cuyo contenido, condiciones y orientación, no han sido consultados con la mayoría de los mexicanos y especialmente con los trabajadores. Por esta circunstancia es desconfiable cualquier negociación que a su nombre se haga a pesar de la fuerte campaña propagandística que hay en todos los medios en este país.
Para nosotros, con o sin tratado, los efectos de dicha integración en el terreno laboral, deben hacerse preservando los principios del derecho del trabajo que nuestras leyes ordenan, porque son la única garantía para que existan condiciones mínimas decorosas de vida para los trabajadores y porque pueden contribuir a atenuar la explotación.
Con una gran visión los constituyentes de 1917, dejaron sentadas las bases para que la legislación laboral mexicana contuviera un conjunto de principios como el de tutela o protección del trabajador, vinculado al que significa la interpretación más favorable de la Ley para el propio trabajador:
El de estabilidad en el empleo; el de irrenunciabilidad de derechos; el de libertad de asociación, el de bilateralidad en la negociación y la contratación colectiva o el principio que fija que a igual trabajo salario igual.
Creemos que ahora se hace una excesiva propaganda publicitaria, con tecnología moderna de mercadotecnia, para convencernos de que "dados los retos del cambio científico - tecnológico y la globalización", términos con los que se antecede cualquier discurso gubernamental para el TLC, debemos los trabajadores de este país renunciar a todo lo que es un derecho constitucionalmente establecido.
Todos estos principios están ligados a un conjunto de derechos que les dan un mayor significado, como:
El de acceso al trabajo digno y socialmente útil.
El derecho a un salario suficiente que satisfaga las necesidades familiares. Discrepamos en esto con el diputado Garduño, en el sentido de que sólo es propaganda mal intencionada o amarillista el hablar de los bajos, de los pésimos, de los precarios salarios, ahora "enchalecados" con una camisa de fuerza con los pactos.
El reconocimiento de los derechos específicos de la mujer trabajadora.
El derecho a formar sindicatos, a participar en las utilidades de las empresas, a una vivienda cómoda e higiénica. A la capacitación para el trabajo; a gozar de la seguridad social y de la pensión jubilatoria y el derecho de huelga.
Principios y derechos integran una legislación que, pese a los aspectos restrictivos incluidos en reformas posteriores a 1917, como el sistema de apartados o en leyes secundarias como la requisa y la excesiva intervención estatal, debe ser la garantía de defensa de los trabajadores mexicanos ante los nuevos requerimientos internacionales.
No obstante, en la actualidad en pleno proceso de integración lo que más daño ha hecho a la fuerza laboral mexicana, es que precisamente tales principios plasmados en la Constitución, no se cumplen. Aunado a la violación de la Ley, que se ha convertido en una norma, al grado de poner en duda la vigencia del estado de derecho en materia laboral.
Así, cotidianamente observamos que en conflictos colectivos e individuales se pretende colocar en situación de parcialidad hacia los patrones, a los trabajadores. Desconociendo la desventaja ya intrínseca del trabajo frente al capital. Ello ha dado pauta a brindar objetivamente protección al patrón, a los patrones más retardatarios, más explotadores; lo que se ve reflejado en la forma de aplicar la Ley.
Asimismo, existen innumerables casos en donde no obstante que la materia de trabajo subsiste, el trabajador es despedido o se le contrata ilegalmente de manera temporal.
En ese sentido también se niega, en la práctica, la libertad de asociación al adjudicarse las autoridades laborales el reconocimiento de los
sindicatos y la entrega de la toma de nota de las directivas legítimamente reconocidas por sus agremiados o la persistente presencia del Estado en la vida sindical, distorsionando los intereses de los trabajadores y la verdadera relación bilateral entre trabajadores y patrones.
En este caso no sólo se ha desconocido la Ley, sino los acuerdos internacionales en la materia, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, signado y ratificado por México.
La política laboral del actual régimen prácticamente ha devastado la contratación colectiva al permitir y alentar que contratos colectivos de empresas grandes y pequeñas sean mutilados para dejar desbrozado el terreno para una reforma antilaboral en las leyes, suprimidos o cambiados totalmente, como sucedió recientemente con el contrato colectivo de la empresa automotriz Volkswagen.
Para el Partido de la Revolución Democrática, el problema principal en nuestro país en materia de normas laborales con y sin Tratado de Libre Comercio, es conseguir que la Ley se cumpla para que los trabajadores hagan frente en condiciones menos adversas a los nuevos y complejos problemas de la integración mundial.
No desconocemos que algunos retos, como el de la elevación de la productividad, cuya solución nos acerque a los parámetros de competencia internacional, son un asunto que debe preocupar a todos, pero no va a ser posible resolverlos si no se redimensionan las cuestiones salariales y educativas, por ejemplo. Sin una auténtica recuperación del salario mexicano que lo coloque en un nivel de competencia, cuando menos regional y sin ligar los incrementos de productividad a los aumentos salariales, es poco probable que cualquier estrategia tenga éxito.
Han sido fracasadas en otros países las políticas de elevación de la productividad sobre la base de la precarización de los salarios y sobre la base de la inestabilidad en el empleo, ni siquiera el uso intensivo de la mano de obra. Pero la productividad enfrenta un obstáculo mayor y es el bajo nivel educativo de la población, de sus habilidades técnicas y formación profesional para un trabajo que adquirirá una complejidad creciente. Sin elevar el nivel educativo de nuestros conciudadanos, es decir, sin desarrollar las potencialidades productivas de la sociedad, es difícil alcanzar cualquier meta en materia de productividad y de desarrollo en general.
Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la productividad no puede ser una medida administrativa ni autoritaria, mucho menos si no contempla en lo inmediato una retribución directa al trabajador y una participación sindical en la planeación e instrumentación de los mecanismos para determinarla e incrementarla; asunto hasta el que hoy se ha negado la patronal.
Por ello, el acuerdo nacional para elevar la productividad y la calidad, firmado hace un año, se encuentra en banca rota, pues la mayoría de los convenios firmados o impuestos se inscriben en una lógica de mayor explotación y uso intensivo de la mano de obra; ello continuará provocando fuertes conflictos, como los que ya se han presentado en las industrias textil, automotriz, del hule y de las telecomunicaciones.
Además, nosotros creemos que deberá vigilarse en los acuerdos paralelos el asunto de los derechos de los trabajadores migratorios, porque este asunto ha sido totalmente ignorado.
Si de veras se desea favorecer un ambiente laboral para la integración económica, se requiere modificar radicalmente la política antiobrera hasta hoy puesta en práctica, rectificar el camino del autoritarismo y transitar por una auténtica reforma democrática de nuestras estructuras políticas, para facilitar el concurso de la sociedad en decisiones que pueden empeñar su destino.
Por todas estas razones, nuestro partido seguirá reiterando su oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio que se negocia entre México, Estados Unidos y Canadá, porque no responde a los intereses generales de los trabajadores y sí, en cambio, a los del gran capital. Porque no hay disposición siquiera a revisar sus términos para incluir una carta social que comprometa a los tres países a garantizar el bienestar de sus habitantes. Sin la reforma a los actuales términos del Tratado de Libre Comercio, sin la inclusión de una carta social, no es posible esperar acuerdos laborales paralelos que recojan las demandas de los trabajadores.
Y reitero nuestra discrepancia del optimismo con el diputado Garduño, porque no es preocupación sólo de un pequeño grupo en México la situación laboral, sino también de los trabajadores sindicalizados de Canadá y de Estados Unidos. Ayer apenas en los periódicos de circulación nacional aparecen extensas notas donde se habla de la preocupación de los asistentes al Congreso de la OIT, en Vancouver, Canadá, en el que dicen que no siendo el tema del Congreso tuvieron
que tocar lo de los acuerdos paralelos y el Tratado de Libre Comercio.
De manera que estamos hablando de una preocupación general de los trabajadores sindicalizados que pueden incluso intentar cambiar el ritmo, si lo que se está negociando no es satisfactorio o no es benéfico para los trabajadores de las tres naciones. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted diputado Martín del Campo.
Pido al diputado Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional, acuda a esta tribuna a hacer uso de la palabra sobre el mismo tema.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La representación obrera en esta Cámara ha estado escuchando con mucho detenimiento lo antes expresado en esta tribuna; hemos oído por una parte una preocupación de carácter general en relación con la intervención que debe tener la Cámara de Diputados en la celebración de los tratados internacionales y, por otro lado, de manera muy concreta, se ha expresado lo relacionado con los acuerdos paralelos en relación con el Tratado de Libre Comercio.
En relación con esta última preocupación y muy particularmente en lo que se relaciona con el aspecto laboral, desde luego quiero marcar que existe una coincidencia desde el punto de vista de que más que nadie el PRI y con ello los trabajadores institucionalmente organizados, están preocupados por el tema. Sin embargo, nuestra presencia en la tribuna tiene como razón dar un porqué y una explicación en relación con la preocupación y dentro de ella desde luego una discrepancia en relación con los objetivos y particularmente con las formas.
Se ha dicho en la tribuna por parte de otro diputado, que es necesario y particularmente tratándose del fuero del trabajo, la necesidad de una intervención dentro de las discusiones que se vienen celebrando en busca de encontrar el acuerdo paralelo en el orden del trabajo. En esto hay un principio de discrepancia, la discrepancia se traduce en que la clase trabajadora organizada tiene plena conciencia de que vivimos dentro de un país regido por el derecho, por normas escritas forjadas unas en la lucha violenta de una revolución y otras establecidas a través del diálogo, pero también de la lucha de la clase trabajadora que paulatinamente o a grandes pasos constituye en los momentos presentes el acervo de una legislación del trabajo, que ese movimiento obrero indiscutiblemente defiende, lucha por su persistencia, por sus avances con justicia y fundamentalmente el respeto a los mandatos existentes desde el punto de vista de lo que integra el derecho al trabajo.
Cuando se hace la insistencia de una intervención dentro de las pláticas que se señalan, se realizan a puerta cerrada, tendientes a modificar el sistema jurídico - laboral que rige en nuestro país, nosotros tenemos conciencia y hemos tomado la determinación que nada en contra de la Constitución, ni nada sobre la Constitución y al decir lo anterior, estamos aseverando que el artículo 123 constitucional, donde se encuentran consignados los derechos fundamentales de los trabajadores, en modo alguno pueden ser modificados de manera lesiva cuando se trate de conjugar a través de determinaciones de carácter internacional.
Cuando se iniciaron hace tiempo las pláticas para llegar al Tratado de Libre Comercio, los trabajadores organizados, de manera tajante y definitiva, públicamente expresaron que en modo alguno podría llegarse a conclusiones en ese tratado, que vinieran a vulnerar los derechos de los trabajadores y desde luego en el caso de algún intento de modificación se tuviera previo conocimiento, se tuviera participación para que en esa forma existiera la mejor defensa de cualquier pretensión que afectara esos derechos.
Y esto se ha cumplido. En el Tratado de Libre Comercio que como se ha expresado en esta tribuna, propiamente está terminado, no se afectaron los derechos de los trabajadores ni menos en alguna forma se tomó determinación que restringiera los derechos que se encuentran tanto en el texto fundamental como en sus leyes reglamentarias.
Y tan es cierta la determinación y el resultado, que hoy, nada menos los Estados Unidos de preferencia, están intentando acuerdos colaterales o una presión que sufre el propio Gobierno norteamericano por interés del país vecino del norte y, entre ellos, lástima que así suceda, nos encontramos que cuando el tratado señala y determina la posibilidad que este país nuestro que tanto necesitamos de ocupación, porque uno de los problemas torales que nos afectan es que
estamos en un mundo competitivo al que no hemos llegado con toda la fuerza que corresponde por quienes eran encargados desde el punto de vista de la producción, de mejorar instalaciones que llevar adelantos de carácter cronológico no lo hicieron oportunamente y nos encontramos que en el mundo competitivo del presente, en que los mercados se han convertido en una competencia mayúscula, nos faltan condiciones para poder persistir desde el punto de vista industrial.
Y ello, es una explicación en parte, que nos ha ocasionado la presentación del desempleo y quién más que la clase trabajadora, está angustiada y lucha día tras día para encontrar caminos de resolver el problema y cuando en alguna ocasión y frente al esfuerzo nacional no ha faltado alguno que haga cargos indebidos al movimiento obrero organizado de su esfuerzo y sacrificio para tratar de que este país marche en la forma que le corresponde, no cabe duda que siente más la angustia del desempleo y nosotros pensamos independientemente de cualquier otra idea, que seguramente el Tratado Libre de Comercio, traerá la oportunidad de que haya, a pesar de que se estime ilusorio o como afirmación que no tiene un auténtico fundamento en la realidad, la posibilidad de mayores empleos.
Y frente a esta posibilidad, en los Estados Unidos hay grupos que están insistiendo de manera determinante en que en modo alguno haya inversiones en México, que no salgan de su país y consecuentemente con ello, se ha generado una política, una publicidad perfectamente amañada, en el sentido de que para que haya reinversión o inversión en este país, forzosa y necesariamente los salarios deben ser los mismos que se pagan en los Estados Unidos y sostienen además otras razones y otros motivos y de ahí proviene la insistencia del acuerdo lateral en materia laboral, en que se trata de que la inversión en México tenga condiciones o determinaciones que las haga imposible; es decir, aspiran y quieren que México siga siendo un país que lucha desesperadamente para sobresalir y que frente a las ambiciones, que frente al poder económico y político de los que siempre han visto en los países distintos al del norte lugares de explotación, lugares de miseria, que México no pueda sobresalir.
De tal manera que cuando se está hablando en esta tribuna o se ha dicho en esta tribuna que es necesario que tengamos la presencia en los acuerdos laterales en materia laboral, el movimiento obrero organizado ha expresado y en esta tribuna lo repetimos y lo hacemos, en el sentido de que los trabajadores tenemos un artículo 123 constitucional que es cierto, como lo decía el diputado que anteriormente hizo uso de la palabra, tenemos derechos destacados de protección social, que no se encuentran en otros países y así también diríamos que esos derechos que son resultado de la lucha de los trabajadores en la Revolución, regando su sangre y desde el punto de vista de la paz, en todas las trincheras, en las juntas de conciliación, en las huelgas, en la calle, para llegar a tener un derecho laboral que sí nos satisface desde el punto de vista de sus instituciones.
De tal manera que teniendo un texto fundamental, que teniendo una legislación del trabajo, que teniendo una legislación social, que teniendo una legislación en materia habitacional y teniendo las prestaciones que se arrancan día tras día a través de la contratación colectiva, pensar que llegar a una reunión por satisfacción de la presencia, por poder expresar un discurso de mayor o menor profundidad, florido o no florido pero de todas maneras que se sienta que ahí estuvo pasando lista de presente, significaría para nosotros que se está reconociendo y se está aceptando que en esa presencia hay el compromiso para llegar a un arreglo en relación con las pretensiones y nosotros, de manera categórica, no por ganar un asiento, no por expresar un pensamiento, podemos sacrificar los derechos que tanto nos ha costado en la lucha del proletariado en este país.
Por eso hemos dicho, lo dijimos ayer en relación con las discusiones del Tratado de Libre Comercio y lo estamos diciendo hoy, en relación con la pretensión de un acuerdo colateral, que nosotros tenemos una legislación que mucho nos ha costado y que defendemos con todo nuestro esfuerzo que no permitiremos transacciones o modificaciones a la misma, de tal manera que por eso digo: no necesitamos sentarnos en una oficina, a puerta cerrada, tener la satisfacción de que ahí estamos con otras personas discutiendo, sino a ellas y a quien sea hemos dicho: Nuestro respeto debe ser para todos a una legislación que tanto nos ha costado.
Por esa razón diferimos de la pretensión; sabemos que nuestra lucha diaria es verdaderamente dura. Estamos pasando por condiciones que nos han afectado profundamente, pero están en pie de lucha las organizaciones sindicales responsables, están en pie de lucha las determinaciones de los trabajadores y tenemos la consagración de los contratos colectivos, en que sin descanso, sin perder un instante, estamos plasmando, día tras día, los adelantos en beneficio de los propios trabajadores.
En una reunión no muy lejana, reciente podemos decir, en el Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, celebrada en el mes de febrero del presente año, tuvimos la satisfacción de la presencia del Jefe de la nación y en un discurso memorable para los trabajadores reunidos, que representa la mayoría en este país, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, enfáticamente, con la responsabilidad de su magistratura, expresó: "La legislación del trabajo no puede ni debe ser modificada; será respetada en sus términos, reconociendo que es una legislación de avanzada". Esa es la palabra y el compromiso expresado ante la clase trabajadora del Jefe de la nación y ese compromiso y esas expresiones del Jefe de la nación, es la razón por la que consideramos que en modo alguno, se trate con quien se trate, podrán ser vulnerados los derechos de los trabajadores. No podrá ningún acuerdo estar sobre la Constitución, no podrá ningún acuerdo modificar las disposiciones de una legislación del trabajo. En esa inteligencia, nosotros, los trabajadores, hacemos diariamente actos de presencia, expresamos nuestros pensamientos, expresamos nuestras ideas, y dentro de ellas tenemos la seguridad que en cualquier acuerdo colateral, en modo alguno será modificada la legislación del trabajo, en modo alguno tratarán de imponerse normas que vengan a contrariar el artículo 123 constitucional. Esta es nuestra confianza y ésta es nuestra determinación, por eso en modo alguno consentimos la concurrencia en las reuniones que se realizan, porque no tenemos más compromiso que la defensa de nuestra legislación laboral, que es una de las mejores del mundo en beneficio de la clase trabajadora. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Juan Moisés Calleja.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, en términos del Reglamento, por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
El Partido de la Revolución Democrática y el diputado Jesús Martín del Campo, fueron precisos y contundentes. El problema central de este país, es que las leyes laborales no se cumplen y que hay una política económica que ha reducido substancialmente los salarios de los trabajadores y está sistemáticamente cercenando sus conquistas y sus derechos laborales.
No son factores casuales, es una política de estado. Pareciera que hay una razón de estado, de reducir substancialmente las conquistas efectivas de los trabajadores. De nada sirve en tribuna cantar loas al artículo 123 constitucional, sabiendo de antemano que no se cumple; de nada sirve en tribuna recordar las heroicas luchas del proletariado mexicano, sabiendo que en términos reales ha habido en los últimos 10 años, una disminución de más del 65% de los salarios reales de los trabajadores mexicanos; de nada sirve hacer alusión al aparato de control corporativo sindical que existe en nuestro país, cuando sabemos que ha servido para disminuir las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos.
No es nuestro partido que ha pedido participar en tal o cual reunión, son las organizaciones sindicales corporativas las únicas que están siendo invitadas a las reuniones que convoca el doctor Serra Puche, como una que se realizó hace apenas tres o cuatro días, en donde no fuimos invitados ningún legislador de partidos políticos de oposición y ninguna organización sindical independiente y ninguna organización civil o ciudadana autónoma. Ningunos. Fue la central sindical a la que pertenece el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, la que fue invitada a esa reunión; son ellos los que se reúnen a puerta cerrada, de espaldas a la nación con el doctor Serra Puche. A ellos sí se les invita a informarlos de una serie de acuerdos que a nosotros se nos excluye, se nos niega como interlocutores políticos.
No queremos que nos informe a puerta cerrada, ni que nos informe a nosotros, queremos que se informe a la nación, al pueblo, a la República, lo que se está negociando, cuándo, cómo y en qué términos, no a nosotros como partido político.
Otro punto en el que hay una monstruosa desinformación que retiradamente se repite, es que hay que hacer todo lo posible por traer capitales para crear empleos.
Ya lo decía el diputado Martín del Campo claramente, de que la actuación de las transnacionales no obedece a ser hermanas de la caridad o beneméritas humanistas instituciones. Vienen por ganancias; vienen por utilidades. Y rama industrial y empresa mexicana que compran transnacionales, lo primero que hacen es reducir el empleo y reducir las conquistas laborales.
¿Ese es el modelo de país que queremos con el Tratado de Libre Comercio? ¿Para eso queremos traer inversión extranjera?
Y otra cosa además: dos terceras partes de la inversión extranjera en México, no ha creado un solo empleo porque van a la especulación financiera y de bolsa de valores.
¿Ese es el tratado que queremos? ¿Sólo para traer capital a esa bolsa de valores y mantener una precaria estabilidad económica? Nuestra posición es distinta.
Y otro elemento que hay que destacar finalmente, el Tratado de Libre Comercio ya negociado y firmado, sí cercena conquistas históricas del proletariado mexicano precisamente porque otorga trato nacional a las transnacionales extranjeras y porque limita gravemente la rectoría económica del Estado, establecida en la Constitución General de la República, rectoría que, como sabemos, es precisamente el interés de la nación y de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto ratificamos, con esto termino, nuestro punto de vista. El problema central de México es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes laborales, el respeto a la independencia y autonomía del movimiento sindical y el cambio fundamental de política económica para iniciar una etapa de recuperación económica con justicia, con aumento del empleo, con aumento del salario, con aumento del ingreso y con respeto, repito, a los derechos históricos de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, en términos del Reglamento, el diputado Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Tratado de Libre Comercio, tan llevado y traído, ha servido para tantas cosas en nuestro país, que tenemos que venir a elevar nuestra voz de protesta en contra de esto.
¿Para qué ha servido ello? Para que se vengan a modificar todas las estructuras sindicales de nuestro país y a la cual nosotros le hemos tenido gran respeto, porque han sido los avances que hemos obtenido los trabajadores, a través de todas las luchas en nuestro país.
A los obreros no se nos dio nada de gratis, tuvimos que dejar la vida de nuestros compañeros para poder obtener todas las conquistas que en la actualidad tenemos y que día con día, tranquilamente, las estamos perdiendo; porque, quiero decirles, en parte los diputados de mi país lo han permitido.
Las revisiones salariales han dejado de tener vigencia en este país, para poner un tope salarial con el cual nadie puede vivir, nadie puede vivir. El hecho de que les hayan aumentado dos pesos a los trabajadores en su salario, a través de convenios que hicieron en el Congreso del Trabajo, esto a nosotros nos está indicando que se quieren imponer estas situaciones por en medio, por encima de la propia Constitución.
No se debe permitir esto, señores legisladores, porque no es gracioso que nosotros tengamos una Constitución tan bofa. Fue la tercera parte de la nación la que tuvo qué dar su vida para que nosotros pudiéramos tener esta Constitución que hoy nos rige y que para nada sirve, porque en ella se han violado todos, todos sus artículos.
Las revisiones salariales, que no deben de pasar de un dígito y no pasaron. A los electricistas nos dieron el 8%; como tenemos unos salarios muy altos, éramos merecedores nada más de un 8%, porque con esto podemos vivir con entera y franca posición, con toda nuestra familia.
Yo quisiera ver a los líderes de este país viviendo con este salario, a ver si es cierto que podían seguir haciendo este tipo de convenios y firmando este tipo de acuerdos, que ahora... Es más en las revisiones, que lo dice la Ley, la reglamentación de la Constitución lo dice, que debe de ser nada más para discutir el porcentaje y aquello que nosotros queremos obtener. No es más que lo que hemos dejado de percibir por la adquisición de la moneda; no hemos pedido aumentos para enriquecernos nunca, nunca lo hemos hecho y lo único que hacemos es tomar las bolsas que el propio Gobierno tiene, para manejarlas y con sus propios datos demostramos la desvalorización que ha tenido el dinero y que no podemos adquirir lo mismo que adquiríamos hace 10 años, con el salario.
Ahorita vale una llanta lo que costaba un coche nuevo, un coche seminuevo en 1982; una llanta vale 700 mil pesos. ¿Un coche cuánto costaba entonces, de agencia? Hace 10 años costaba 280 mil pesos, un coche de los que nos ofrecieron
a los diputados en la LI Legislatura. Esa es la diferencia que tenemos ahorita.
Y, ahora es más, ahora en las revisiones salariales se pueden meter ya modificaciones al contrato colectivo de los trabajadores, aunque éstos no lo acepten, porque al fin y al cabo el líder tiene el respaldo del Gobierno y como el Gobierno es amigo del líder, los trabajadores nos tenemos que quedar callados; y esto es lo que no se debe de hacer: No aprovechar un Tratado de Libre Comercio, que pudiera ser muy benéfico, cuando se manejaban todas las formas de posición.
Ha quedado muy claro de pedir ante ustedes el respeto irrestricto para todas las organizaciones sindicales. Es lo único que pedimos al Gobierno, que nos deje participar, como lo hemos dicho 10 veces en esta tribuna, que nos digan qué quieren y a dónde quieren llegar, porque los obreros conocemos nuestra industria, la podemos hacer acrecentar, no nos oponemos a la producción y a la productividad menos, estamos dispuestos a participar en ella, ¿pero a cambio de qué? A cambio de hacernos esclavos de los extranjeros con las nuevas empresas que ya están trabajando en nuestro país. Bien, que se lleven la riqueza. No sé si saben cuánto vale un kilowatt y a cuánto se lo venden al pueblo...
El Presidente:
Diputado Téllez Rincón. Le ruego.
El diputado José María Téllez Rincón:
Termino. Nada más quiero decirles que hoy cuentan con un nuevo impuesto, el de combustible en sus recibos de luz y con el aumento que nos han dado, no podrán jamás pagar esto. Gracias.
El Presidente:
Gracias a usted. Tiene el uso de la palabra para el mismo tema el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con su permiso, señor Presidente:
El Presidente:
Adelante paisano.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Quiero iniciar la intervención que a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, haré en esta tribuna, señalando que en reiteradas ocasiones hemos afirmado que nosotros somos contrarios a este proyecto. Hemos dicho que este no es un proyecto surgido de las necesidades del desarrollo económico, de las necesidades que tiene nuestro pueblo, sino que es un proyecto que nos ha sido impuesto, una política de nuestro vecino del norte que históricamente nos ha considerado su patio trasero, que ha tenido como finalidad fundamental el sojuzgamiento de nuestros países, el saqueo de nuestros recursos naturales, la explotación de nuestro pueblo y no sólo de México, sino de todo el continente americano. Pero bien decía el diputado Garduño, ya parte de este proceso ha concluido. Ha concluido el proceso de negociación entre los titulares del Ejecutivo, ha sido firmado ya este Tratado y yo quisiera recordar que precisamente durante este proceso, el que se llevó el anuncio de la posibilidad de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, hasta la firma de los titulares del Ejecutivo, nosotros, junto con otras fuerzas políticas reiteramos en muchas ocasiones que la Cámara de Diputados no fue informada, oportuna, suficiente y adecuadamente, que inclusive la información con la que contó el Senado no fue suficiente.
Afirmábamos eso y planteábamos los peligros que esto acarrearía, porque nos enteraríamos de las consecuencias que este Tratado tendría cuando ya sería muy difícil por la integración del propio Senado, que pudiera haber alguna modificación y además por los mecanismos acordados para su ratificación.
En cuanto tuvimos la oportunidad de conocer el texto final del tratado y también en el marco legislativo en el que nos vimos inmersos el año pasado, particularmente en el período que concluyó en diciembre, nos dimos cuenta que un conjunto de afirmaciones hechas por el Poder Ejecutivo de nuestro país en el sentido de que el Tratado se iba a ajustar a nuestra Constitución y no al revés, era falso.
Un conjunto de modificaciones a la Constitución de nuestro país, algunas reformas a las leyes vigentes contrarias a lo establecido expresamente en diversos artículos de la Constitución, una modificación a todo el marco legal vinculado estrechamente al Tratado de Libre Comercio, antes
de que éste sea ratificado, nos dieron pruebas de que en este proceso se estaban violando las normas legales de nuestro país y nuestra Constitución.
Desde esta postura que compartimos fuerzas políticas coincidentes en este aspecto en la Cámara de Diputados, los diputados de la mayoría han respondido siempre que estas modificaciones no son provocadas por la firma del Tratado, les podríamos decir nosotros y les preguntaríamos: ¿sería posible que entrara en vigor el Tratado en enero de 1994 si previamente no hubieran reformado el artículo 27 constitucional y su Ley reglamentaria? ¿Sería posible que entrara en vigor el Tratado si no hubiese modificado la Ley de Energía Eléctrica, para introducir anticonstitucionalmente la figura de los productores independientes?
¿Se hubiera logrado implantar aquí el Tratado y aplicar en nuestro país, si no se hubiera modificado lo que se considera como petroquímica básica, hasta reducirla drásticamente, dejando la parte que genera mayores ganancias en manos del capital extranjero?
Hablaríamos también de los ferrocarriles, de la minería, de la pesca, de los bosques, en fin, todas estas modificaciones legales son producto de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio.
Era también evidente que si el Gobierno de Bush no lograba su reelección, habría presiones de carácter adicional y eso sucedió, ya todos sabíamos que si el triunfo correspondía a Clinton habría presiones adicionales en materia de trabajo y en materia de medio ambiente.
Y si no fueran presiones estas, ¿por qué aquellas respuestas del funcionario de Relaciones Exteriores, Rozental, planteando precisamente que frente a esas presiones, había que presionar nosotros con problemas de carácter migratorio de los trabajadores mexicanos?
Es evidente que hay una serie de presiones en este momento porque los Estados Unidos consigan ventajas adicionales a las que ya obtuvieron con el Tratado de Libre Comercio.
Y a nosotros nos preocupa, particularmente a este tema, lo que se pueda generar en materia de empleo en nuestro país. Es evidente que no todas las empresas norteamericanas o canadienses van a venir a México a explotar la mano de obra baratísima del pueblo mexicano, eso es evidente, sería absurdo pensarlo de otra manera. Pero no podemos ignorar que una parte importante de la planta productiva, sobre todo la que usa mano de obra intensiva, va a venir aquí, porque precisamente a ese sector benefician los bajos salarios que se pagan en nuestro país.
Es avidente también que nosotros tenemos que vincular medidas de Gobierno, pero también medidas que se han tomado en contra de la legislación, por ejemplo, como son los pactos, que son acuerdos cupulares que tratan que permanezca deprimido el salario de los trabajadores mexicanos, para que sea ése un atractivo para los capitales extranjeros.
Ya se señaló acá, pero creo que vale la pena reiterarlo, la inversión extranjera que está viniendo a nuestro país no está viniendo al terreno productivo, dos terceras partes van al sector especulativo, ése es un hecho evidente y es evidente también que esta inyección de inversión extranjera no ha logrado los objetivos de desarrollo económico que el Gobierno se ha propuesto; al contrario, vamos para abajo en el terreno del crecimiento económico.
Va a haber muchos efectos negativos para la clase trabajadora con la sola puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio y si a eso adicionamos las concesiones que pudieran hacerse en materia laboral, veríamos que esto es contrario a los intereses de nuestro pueblo, particularmente de su clase trabajadora.
Los salarios no se han recuperado, no hay por el momento ningún indicio que nos diga que se van a recuperar, que van a lograr siquiera alcanzar los niveles que tuvieron en el pasado. Hemos visto cómo el Gobierno mexicano, el Poder Ejecutivo, ha ido abandonando de manera creciente el papel tutelar en materia laboral que le asigna la Constitución de la República; hemos visto cómo el Secretario del Trabajo es un secretario al servicio de los patrones, es un secretario patronal que cumple todos los objetivos que le plantean los industriales nacionales y extranjeros, el gran capital nacional y extranjero en contra de los intereses de los trabajadores.
Es más, quizá no modifiquen la Ley; la están violando de manera sistemática, de manera permanente. Están violando la legislación laboral en nuestro país, permitiendo una serie de transgresiones que benefician al capital en contra de los intereses de los trabajadores. Eso es un problema que no debemos perder de vista; que probablemente no sea necesario modificar la legislación laboral para seguir beneficiando al gran capital. Pero yo creo que como se ha anunciado, también habrá modificaciones de carácter legal
y aunque aquí nos vengan a decir que no tiene ninguna vinculación con estos temas, todos estaremos convencidos de que serán objeto de las presiones del capital norteamericano para que la legislación laboral y la práctica de la aplicación de la legislación laboral en nuestro país sirva a sus intereses y no a los de los trabajadores mexicanos.
En ese terreno, vale la pena comentar lo que nos decía el diputado Moisés Calleja, en el sentido de que el Presidente de la República ha afirmado que la legislación laboral no puede y no debe ser modificada. Pues sí, efectivamente lo ha dicho. Pero también dijo que no habría violaciones a la Constitución; también dijo que no había modificaciones a la Carta Magna, también lo afirmó y sin embargo, hemos visto cómo en la práctica esto sí se da. No podemos tener nosotros la confianza que señala aquí el diputado Moisés Calleja, en que el Poder Ejecutivo de nuestro país, que ha demostrado estar en contra de los intereses de los trabajadores, va a venir aquí a respetar un compromiso de palabra con los trabajadores mexicanos. Pero que no lo va a hacer porque está comprometido económica y políticamente con el Gobierno norteamericano.
Compañeras y compañeros diputados: reiteraré nuestra preocupación, este Tratado, los acuerdos paralelos que se están discutiendo, las modificaciones al marco legal que se siguen produciendo de nuestro país, no son para beneficiar a México, no son para defender la soberanía nacional, no son para garantizar la independencia económica de México, no son para mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo.
Toda esta política que se está aplicando en México, va a beneficiar única y exclusivamente a las grandes corporaciones transnacionales; va a ser en beneficio de los grandes monopolios de los Estados Unidos y de otros países capitalistas industrializados. Por ello, me sumo a la opinión externada aquí por diputados de otros partidos, en el sentido de que debemos continuar defendiendo nuestro derecho, el derecho que nos corresponde de acuerdo a la Constitución, de ser también parte de los que aprobemos o rechacemos el Tratado de Libre Comercio, suscrito por los poderes ejecutivos de los tres países involucrados. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Juan Campos Vega.
Pedimos al diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tome la palabra para el mismo tema.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Muchas gracias. Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados de esta LV Legislatura:
Todos los problemas manifestados en esta tribuna en torno al proceso de búsqueda y ratificación del Tratado Trilateral de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá, significan entre otras cosas, que las instancias de negociación y los acuerdos hasta hoy vigentes, han resultado insuficientes para el cumplimiento de los objetivos asentados en el Tratado.
Es evidente que no existe reciprocidad a nuestra apertura comercial. No es necesario decir que a pesar del amplio proceso de apertura en el que nuestro país está inmerso, no hay pleno reconocimiento de los distintos grados de desarrollo interno, ni se han eliminado las medidas unilaterales ni los mecanismos objetivos e imparciales para dirimir las diferencias.
A pesar de esta serie de situaciones, nuestro país sigue actuando consecuentemente para facilitar su ratificación, tanto por el Congreso norteamericano, como por el canadiense.
La existencia de dificultades en las relaciones comerciales con los Estados Unidos, hace necesario modificar las reglas que vinculan a nuestras economías. Los actuales mecanismos bilaterales resultan totalmente inoperantes. Además, persisten problemas y siguen sumándose algunos otros; en especial, los que se refieren al ascenso y descenso de nuevas figuras políticas del orden internacional y concretamente de los países a los que nos referimos y, en especial, la toma de posesión del Presidente norteamericano y la renuncia del primer ministro de Canadá; además, el surgimiento de acuerdos paralelos sobre temas especiales: ecología, laboral y salvaguarda.
Pero creemos que ni los acuerdos multilaterales, ni los que han signado nuestros países, resuelven las trabas al desarrollo del comercio.
México ha venido padeciendo una mínima reciprocidad a su apertura comercial. Los acuerdos bilaterales sobre sectores y ramas económicas, los acuerdos macro y demás formas de articulación económica, deben de reflejar una articulación económica que nos garantice a
todos, mejores niveles de comercio; pero también, de competitividad, inversión, bienestar social y un entorno ecológico adecuado.
Por eso, en las transformaciones económicas y geopolíticas que el mundo conoce en estos días, es necesario revisar las formas anómalas o perversas de integración económica y comercial, a fin de que los efectos negativos de los desequilibrios y las asimetrías regionales, desaparezcan y den lugar a un nuevo esquema de desarrollo sostenido para nuestro país.
Debemos reconocer que si nuestro país tiene la urgente necesidad de reiterar el Tratado Trilateral de Libre Comercio, es porque los Estados Unidos no han cumplido con la serie de acuerdos firmados con nuestra nación. Además, con o sin tratado, la economía mexicana está integrada a la norteamericana y lo que se trata, es de regular la relación comercial y obtener ventajas mutuas.
Conciliar estos elementos no es fácil; pero no deben ser evadidos en una estrategia de desarrollo.
El camino de la integración económica regional, está rodeado de dificultades. En él influyen circunstancias históricas, políticas y rezagos productivos que no pueden ser borrados de un plumazo en forma súbita. Esto debe ser comprendido para no condenar al país a una especialización desventajosa que nos circunscriba a la producción de bienes del sector primario y de bienes para el consumo final.
Más allá de las dificultades que se tienen para justipreciar los problemas de la negociación del Tratado de Libre Comercio, nuestro país debe asumir una posición firme y exigir reciprocidad en todas y cada uno de los elementos puestos en la negociación. Pero también y fundamentalmente, informar a la sociedad toda sobre cada uno de los avances en el proceso de negociación.
¡Ese es un derecho de nuestro pueblo y una obligación de nuestro Gobierno! Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias a usted, diputado Hernández Pérez.
Tiene la palabra, para el mismo tema, el diputado José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Rodolfo Treviño Salinas:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos escuchado aquí exposiciones divergentes, pero que supuestamente y de acuerdo a nuestro orden del día, son en relación al avance de los acuerdos paralelos que sobre trabajo y medio ambiente se viene llevando a cabo a partir del pasado 8 de marzo. Quiero retomar el tema y permítanme hacerlo.
En esa fecha, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México se reunió con el representante comercial de los Estados Unidos para establecer el marco general de las negociaciones sobre esos temas aludidos y su relación con el Tratado Trilateral de Libre Comercio en América del Norte.
Al igual que cuando se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio, el Ejecutivo mexicano diseño y dio a conocer los principios que rigen la postura de la delegación mexicana. Esto es muy importante.
Debemos recordar la gran cantidad de especulaciones y los rumores que se generaron al inicio de la negociación, hace más de dos años y lo difícil que los detractores del Tratado consideraron que éstos eran como para que se pudieran cumplir. Ahora que se han cumplido, parece que fueron fáciles.
Recordamos también que a pesar de las 2 mil 800 reuniones con representantes de los sectores industriales, de las 49 reuniones con el Consejo Asesor y con la Comisión Intersecretarial, de los 56 foros de consulta del Senado, a los que todos tuvimos acceso y de las 11 comparecencias del secretario Serra Puche ante el Senado, sin incluir las tres que por lo menos tuvo la Cámara de Diputados con el mismo funcionario, siempre se argumento que había falta de información.
Asimismo, al igual que hoy, se pidieron debates y polémicas abiertas. Acciones todas ellas que sin duda hubieran debilitado la posición de nuestros negociadores al ventilar asuntos sensibles, sin que estos mismos procedimientos se den en nuestras contrapartes. Donde como todos ustedes saben, existe la vía rápida, que es el nombre en español del llamado fast track. Así se les permite a nuestras contrapartes negociar sin enseñar inútilmente sus cartas.
El curso que hoy sigue por nuestros negociadores, es el curso necesario para obtener una mejor negociación en beneficio del pueblo de México.
Los expertos en el rumor y en la especulación han fallado en cada una de sus profecías. Los
textos finales del TLC están concluidos y son públicos.
1o. No hubo vulneración de nuestra soberanía ni se negoció nuestro petróleo.
2o. No se aprobó ningún punto que fuera contrario a nuestra Constitución. Aquí se ha exigido por algunos diputados renegociar aquellos puntos que ellos sienten van en contra de la Constitución, pero no se profundiza cuáles son ellos ni cuál es la propuesta para resolver ese problema que aluden.
Con singular ligereza se menciona el capítulo de energéticos, el capítulo de inversión, el trato nacional de productos, asuntos relativos a ferrocarriles.
Por un lado, se menciona que no se respetan las asimetrías y luego se dice que las medidas que se han incorporado no son suficientes. ¿Hay o no hay medidas que respeten esas asimetrías? Nuestro punto de vista es que sí existen.
Además, se confunde el mecanismo de solución de controversias con un órgano supranacional y sólo se concluye con "ya habrá tiempo y hora para ser específico para cada una de sus demandas".
La mayoría de los diputados no somos juristas ni mucho menos expertos en derecho constitucional. Pero invitamos a los diputados que aquí han expresado reservas, para que sean específicos en sus denuncias y nos permitan a todos comprender sus objeciones, evitar especulaciones y verdaderamente informarnos sin confundir.
3o. Contra los pronósticos de estos especuladores, el Tratado no resultó ser comercialmente malo para México y sus comentarios críticos al contenido que tanto pregonaron no se han producido. Todo esto ante el beneplácito generalizado de quienes día con día viven el proceso de comercio exterior de nuestro país.
4o. También contra sus augurios, el Tratado recibió el apoyo de la nueva administración de los Estados Unidos y su contenido se ratificó como totalmente válido y concluido.
La intención de mezclar asuntos políticos internos de los Estados Unidos con el contenido del Tratado, fracasó ante el proyecto del señor Clinton y de las declaraciones del señor Kantor, todas ellas relativas al texto del acuerdo firmado el pasado 17 de diciembre.
Y precisamente el día de ayer el mismo señor Kantor empezó a destruir los nuevos mitos y rumores, declarando sin ambigüedades que los acuerdos suplementarios al TLC no infringirán la soberanía y al desmentir que los Estados Unidos tengan intención de ejercer poderes supranacionales, ya que ellos mismos tendrían que acatarlos.
Es por todo lo anterior que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional considera que no son procedentes los reclamos que aquí se han hecho sobre información y diálogo, ya que éstos en nuestro país han sido más abundantes que los experimentados por las ciudadanías de nuestras contrapartes, ciudadanías que ellos mismos han considerado como más avanzadas que las nuestras.
La seguridad, que se nos da a conocer los principios fundamentales que rigen la postura de nuestra delegación de, primero, asegurar compatibilidad con el TLC ya firmado; segundo, no utilizar los acuerdos paralelos para levantar barreras proteccionistas y, tercero, garantizar el respeto a nuestra soberanía y la concordancia con nuestra Constitución, son para nosotros factores necesarios y además suficientes en el aspecto de información y en el cumplimiento de nuestra responsabilidad parlamentaria en este momento y hasta este momento.
Además, la elocuencia de los resultados hasta ahora obtenidos para la palabra empeñada por el Ejecutivo Federal en la negociación del cuerpo del Tratado, nos impulsa a continuar brindando nuestro voto de confianza para fortalecer la posición negociadora de México y confirma nuestra determinación por evitar que el rumor y la especulación, muy posiblemente mal intencionados o tal vez con fines políticos partidistas, los entorpezcan.
Por otra parte, nos asombran las contradicciones prácticas que traen quienes por un lado afirman que se pretende explorar a nuestros trabajadores con salarios bajos y al mismo tiempo proponen que exista un marco regional de normas laborales. Esto es incomprensible e incongruente, sobre todo cuando hay múltiples estudios que demuestran que las leyes laborales mexicanas ofrecen mayor protección a los trabajadores que las que están vigentes en los Estados Unidos.
Es también del conocimiento público que México ha suscrito 74 acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, mientras que Estados Unidos ha suscrito sólo 11 y Canadá solamente 27.
También es conocido que a diferencia de nuestras contrapartes, la Constitución mexicana incluye desde 1917 estos aspectos laborales y, por lo tanto, el compromiso que se ha hecho para respetar nuestra Carta Magna debiera ser suficiente.
Nos sorprende además que en una negociación bilateral o trilateral, como es lo actual, se pida no sólo que se incluyan los derechos de los trabajadores en los Estados Unidos, sino hasta se les pretenda indicar a nuestras contrapartes cómo conducir sus asuntos internos.
No es lógico ni es sensato que México exija respeto a su soberanía al mismo tiempo que pretenda inmiscuirse en asuntos internos de otro país. Debemos todos de seguir velando porque se dé mejor trato a nuestros conciudadanos que se convierten en los trabajadores migratorios, pero los acuerdos paralelos no son la instancia apropiada para hacerlo.
Por otra parte, si en su opinión todo está mejor allá que acá, ¿por qué se preocupan tanto por quien labora en aquellos países?, eso en nuestra opinión también pudiera ser una contradicción en los argumentos del Tratado de Libre Comercio.
Consideramos que no hay contradicción entre la conclusión del TLC y la negociación que actualmente se lleva a cabo. El Tratado es bueno y no debe de asombrarnos que haya discrepancias políticas en el país del norte por adjudicarse la paternidad del mismo. Los Acuerdos Paralelos en aspectos laborales y ecológicos no son parte integral del Tratado y nosotros siempre dijimos que tendrían que verse aparte; el acuerdo es un Tratado comercial y asuntos distintos a los comerciales como son los derechos humanos, se están tratando y deberán seguir tratándose por separado.
También se trata de confundir al decir que la inversión de la Bolsa no es productiva; la inversión directa o a través de la Bolsa de Valores sí crea empleos, pues al llegar a las Tesorerías de las empresas que emiten las acciones sujetas de esa inversión, no lo hacen por deporte y mucho menos para guardar los fondos debajo de un colchón; el dinero que ha entrado a nuestro país se emplea en la construcción de nuevas plantas que deberán generar nuevos empleos.
No puedo dejar de comentar que también escuchamos quejas sobre asuntos económicos actuales, quejas que son independientes del mismo TLC, quejas que independientemente de su objetividad, nada tienen qué ver con un Tratado que aún no entra en vigor; el TLC no es mágico y si estamos seguros que no resolverá todos los problemas y que no lo hará de inmediato después de su entrada en vigor, mucho menos podrá hacerlos antes de entrar en funcionamiento.
Con respecto a otro asunto que compete a esta LV Legislatura, no creo que tengamos que abundar ante esta Asamblea, pues aquí mismo se ha debatido y se ha votado que los cambios aprobados obedecen a la realidad del México de hoy y del mundo en que vivimos. Las reformas que aquí se han debatido dan mayor libertad a los mexicanos y les permitirán actuar y vivir mejor. Los cambios efectivamente responden a situaciones reales inocultables y los cambios tendrán lugar más como efecto de la apertura que tenemos años de experimentar, que con un Tratado que insistimos, no ha empezado aún a funcionar.
Coincidimos en la preocupación generalizada por mejorar el nivel de vida de nuestros conciudadanos y en evitar que sigan teniendo que emigrar al extranjero para buscar trabajo y consideramos que el TLC contribuirá en su momento para mejorar ambos aspectos; primero al atraer inversión, tecnológica, fomentar la exportación y aumentar la competencia, se crearán empleos y se reducirán costos. Todo esto en bienes y servicios que hoy consumimos. Segundo, al eliminar las barreras proteccionistas no arancelarias, se tenderá a incrementar el nivel de salarios en un país que tenga estándares de salarios más bajos y en el caso del TLC el país con los estándares de salarios más bajos es precisamente el nuestro.
En los hechos, sabemos que la primera semana de mayo servirá para consolidar los textos y que a partir de la próxima reunión de los jefes de negociación durante la semana del 10 de mayo que tendrá lugar en Canadá, se iniciará la eliminación de corchetes.
Hasta ahora, no hemos escuchado propuestas concretas que además nos gustaría ver por escrito. La negociación sigue sus propios tiempos, pero en nuestra opinión, a pesar de quienes pretender confundir y a pesar de quienes al saberse sin el apoyo mayoritario tendrán en los próximos días que magnificar su ataque, el TLC no será renegociado y no será renegociado por que es bueno para los tres países.
La intención, también en nuestra opinión, continuará como debe hacerlos para que como hasta el día de hoy, el Tratado de Libre Comercio pueda entrar en vigor el 1o. de enero de 1994, tal y como está previsto e el artículo 2203 de
este Tratado que está cerrado y firmado. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Treviño Salinas. Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados. Quien me antecedió en el uso de la palabra, dijo que seamos concretos en lo que decimos y concretamente, compañeros, vengo a decir que en el Tratado de Libre Comercio que se está desarrollando, no ha intervenido la personalidad internacional que marca o enmarcaba dentro de los compromisos internacionales de las Naciones Unidas.
En las Naciones Unidas existe un órgano que se llama Organización Internacional del Trabajo y hace algún tiempo, cuando todos los diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana estuvimos con el señor Serra Puche, nos informó que no se habían contemplado aspectos laborales.
Yo pregunto, concretamente, así como lo pidió el señor diputado, concretamente pregunto ¿por qué no se le ha dado entrada a la Organización Internacional del Trabajo para que se vean y se vele por los intereses de los trabajadores?, vamos a seguir siempre con la misma estrategia o táctica de hacer que los extranjeros inversionistas vengan a imponer sus reglas en detrimento de los derechos humanos y de los trabajadores.
Desde antes de la revolución mexicana se luchaba por el principio de "a trabajo igual, salario igual." Nuestra Constitución es muy clara cuando define este precepto, este principio universal de derecho. Cuando antes de la revolución venían extranjeros a invertir, o las compañías extranjeras seleccionaba trabajadores, a los trabajadores mexicanos les decían, por ejemplo en el ramo ferrocarriles "a ver, mexicano, dime cuántas libras de presión necesita una locomotora para subir una pendiente de 45 grados"; ¡ah!, pero si se trataba de un extranjero, le decían: "oiga usted, ¿quién es aquí el jefe de personal?", "no pues, fulano de tal," "¡ah!, contratado...". Esto no lo inventé yo, lo refiere Silvia Herzog en su breve Historia de la Revolución Mexicana.
Los tratados internacionales deben servir para algo, no deben ser únicamente como dijo alguien del otro lado del Río Bravo, "los tratados internacionales valen solamente el papel en que están escritos".
Hace unos días, el 9 de abril, salió esta noticia en uno de los periódicos muy serios, uno de los más serios, el Uno más uno, que dijo: "...generó 350 mil empleos en Estados Unidos el comercio con México... en siete años, Don Bush,... Washington, 8 de abril: el creciente comercio con México ha generado 350 mil empleos en Estados en los últimos siete años, informó hoy el economista Ruddiger, Dorn Bush, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una de las universidades de más prestigio en materia de administración y finanzas; Dorn Bush aseguró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte significará una ganancia neta en fuentes de trabajo para los estadounidenses.
Agregó que lo anterior deberá suceder aun cuando se prevé que algunas industrias estadounidenses se trasladarán a México una vez puesto en vigor el Tratado de Libre Comercio, el 1o. de enero de 1994, si los...".
Bueno, hasta aquí dejo la noticia, sigue más, pero lo importante es que nos enteramos que esta gente tan importante, científicos de la ciencia económica, nos están diciendo desde allá lo que está sucediendo y nosotros no nos queremos dar cuenta de la verdad.
La realidad de las cosas es que si aceptamos sin conceder que tenemos necesidad de trabajos, de cubrir empleos, en lo que no estarían ni nunca estaremos de acuerdo quienes hemos luchado por el progreso de los trabajadores y por el progreso de México, es que sistemáticamente se le estén haciendo todas las concesiones a la derecha internacional y nacional.
Cárdenas dijo: el capital extranjero...
El Presidente:
Señor Diputado Dorantes, le ruego concluya, han pasado...
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Ya voy a terminar, señor Presidente.
Dijo Cárdenas: el capital extranjero solamente va a donde hay explotación. Concretamente les pido que exijamos que la Organización Internacional del Trabajo, que el sindicato del continente americano, también la organización regional, intervenga conforme a derecho y conforme al derecho internacional, para velar y cuidar por los intereses de los trabajadores en México. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Dorantes.
Tiene la palabra a continuación, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Nosotros hemos observado cómo el partido oficial en esta Cámara, a manera táctica ha querido hacer aparecer a la oposición como una oposición sin propuestas, como una oposición sin capacidad de diálogo, y decimos que ésta es una medida táctica del partido oficial en esta Cámara, porque nosotros lo que observamos es que en temas trascendentales para la vida nacional, encontramos que los que tienen una actitud de mantener monólogos alternados son justamente los diputados de este partido y nosotros esperamos que esta actitud de verdad algún día cambie en esta Cámara.
Nosotros al oír intervenciones como la del diputado Javier Garduño, presidente de la Comisión de Comercio de esta Cámara, en el sentido de que ya terminó la negociación del Tratado de Libre Comercio, nos demuestra la pasividad a que nos quieren someter justamente a los diputados de este cuerpo legislativo, en un problema y en un tema que, hemos dicho reiteradamente, es de vital importancia para todos los ciudadanos de este país, no tan sólo de hoy, sino inclusive de las futuras generaciones.
Las negociaciones, pues, evidentemente no han terminado, se ha firmado a nivel de los ejecutivos, pero falta previo paso de firma de acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral, a la discusión en los cuerpos legislativos.
Estos acuerdos paralelos que se han puesto a discusión en materia laboral y ambiental, no son como aquí se dijo por parte del diputado Garduño, sólo discusiones de cooperación internacional y apoyo; no, se han estado discutiendo justamente los contenidos del propio Tratado de Libre Comercio, a no ser que los especialistas del rumor y la fantasía, como también se ha dicho aquí, sean los propios funcionarios con los cuales nuestro partido, como ha sido público, nos hemos entrevistado. Concretamente en materia ambiental es a través del Procurador del Medio Ambiente de la Federación, Santiago Oñate, que en una reunión él nos informa la actitud de Estados Unidos en la última reunión, de venir a tratar de imponer una comisión trinacional con características de acción supranacional, a no ser que ellos sean los especialistas, insisto, en el rumor y la fantasía.
También se están discutiendo los ritmos para su ratificación y esto evidentemente también es de vital importancia para el conjunto de la economía nacional. Ya el sector productivo de la Canacintra ha dicho que en la medida que esto se retrase, evidentemente los niveles en los flujos de inversión al país, evidentemente que se retrasan y son productos de una desaceleración productiva que hemos venido también denunciando permanentemente en esta tribuna.
¿Nosotros qué hemos dicho? Nosotros hemos dicho que en una sociedad democrática donde el voto se respete, donde el voto cuente, evidentemente que los gobiernos emanados de esta sociedad democrática donde el voto cuenta y se respeta, contarán con el respaldo popular.
Es por eso que hemos propuesto la necesidad de referendum, por la vital importancia y trascendencia de este tema para que la sociedad participe y defina hacia dónde conducir la nación en este sentido; es por eso que hemos exigido que esta Cámara de Diputados conozca y discuta de este asunto; hemos propuesto, en tiempo y forma, la necesidad de reformas constitucionales para que esto se lograra y hemos querido traer este debate a esta Cámara porque de alguna manera es de las pocas que respeta, de manera limitada por cierto, la pluralidad política que existe en este país.
En materia laboral el compañero diputado Martín del Campo ya planteó las posiciones centrales de nuestro partido, el de la Revolución Democrática, en esta materia. A mí me corresponde hacer nuestros planteamientos en materia ambiental.
Ojalá que al celebrarse hoy el Día de la Tierra, por cierto recordarlo también en esta tribuna, 22 de abril, ojalá de veras este Cuerpo Legislativo, el propio Ejecutivo y el conjunto de la sociedad, escuche los planteamientos que vamos a hacer y se retomen, evidentemente, las propuestas que hoy vamos a hacer aquí presentes en este Legislativo, pero que ya hemos hecho y por escrito, como aquí se decía, a nivel de Ejecutivo y que luego plantearíamos.
Pero antes de esto, manifestamos nuestros diferendums en torno a lo que expresó también el diputado Garduño en esta tribuna, en el sentido de lo avanzada que es nuestra legislación ambiental, que si bien es cierto que desde nuestro partido y lo hemos hecho público, lo hemos reconocido, lo que también hemos dicho y que es real, es que en su cumplimiento, como hemos visto los diferentes diputados pertenecientes a la Comisión de Ecología y ya no es tan grave eso, sino lo que ve el conjunto de los ciudadanos, es que esa legislación de avanzada, en su aplicación, resulta una frustración total por problemas de normatividad misma, de jurisdicción y de voluntad política de parte de las autoridades y de los sectores del gran capital, para que esta legislación se cumpla.
Sobre el hecho de que la protección ecológica es una acción prioritaria del Ejecutivo Federal, bastaría revisar tal sólo el Diario de los Debates de esta propia Cámara en el último año y medio, para conocer el desastre ecológico que el territorio nacional tiene a lo largo y ancho de sus fronteras.
Dentro de pocos días, por cierto, van a estar en el zócalo de esta ciudad, miles de ciudadanos del Estado de Tabasco, campesinos que han sido afectados por el producto de esta política irracional económica que mantiene el régimen y que está afectando al medio ambiente en nuestro país.
De esta manera, nosotros quisiéramos entrar en efecto a hacer esas propuestas que insisto, hemos hecho ya por escrito a la parte responsable de la negociación en materia ambiental y que por desgracia vemos que también mantienen éstos oídos sordos y ahorita explicaremos por qué.
Para los mexicanos canalizamos, desde una óptica crítica, el proceso de acuerdo del Tratado de Libre Comercio; desde un principio ha sido claro que es un instrumento por vía del cual los Estados Unidos pretenden imponer a sus socios una nueva lógica de integración, a fin de preservar la hegomonía y los intereses norteamericanos en el concierto mundial.
Esta afirmación también es válida por cuanto se refiere a los contenidos y orientación del acuerdo paralelo en materia de medio ambiente, según se deduce de los lineamientos contenidos en el Tratado de Libre Comercio, toda vez que permiten una amplia acción discrecional de las partes, con una lógica ventaja para nuestros poderosos socios.
El acuerdo paralelo hasta ahora, mantenido prácticamente en secreto, tiene sin embargo la tendencia de constituir una Comisión Norteamericana de Medio Ambiente; ojalá que al final de todo este proceso veamos que lo que aquí se ha dicho en esta tribuna es real, de que no va a suceder esto.
Comisión Norteamericana de Medio Ambiente, que para importantes sectores estadounidenses deberá tener una influencia supranacional, con el propósito de proteger sus intereses económicos y al mismo tiempo influir en las decisiones vitales del manejo de los recursos naturales y las políticas del medio ambiente en México.
Es en este contexto que el grupo parlamentario del PRD expone una serie de propuestas.
Primero. Queremos ratificar la oposición del Partido de la Revolución Democrática, a un Tratado de Libre Comercio, en cuyos contenidos ni siquiera fuimos informados oportuna y suficientemente, además de que por su orientación atenta contra los intereses vitales de la autonomía y la soberanía nacionales.
Asimismo, ratificamos nuestra demanda y exigencia que la Cámara de Diputados sea, junto con el Senado, la instancia en la cual se discuta y califique la penitencia del Tratado de Libre Comercio, previo referendum nacional sobre el mismo tema.
En el caso del acuerdo paralelo sobre medio ambiente, demandamos información objetiva y oportuna de los contenidos que se analizan y discuten, así como de las posiciones que está impulsando el Gobierno del México.
Hemos dicho que hemos tenido algunas entrevistas que han sido públicas con los responsables en materia ambiental en estos acuerdos paralelos; sin embargo, consideramos que esta discusión se tiene que traer justamente aquí al seno de las instituciones de nuestro país, como es la Cámara de Diputados.
Ratificamos que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, no
es aplicable adecuadamente y que existen sectores, sobre todo del gran capital y del Gobierno, que no la respetan ni la hacen respetar.
Anticipamos que el PRD no hará suya ninguna propuesta en materia de ecología que aténte contra el interés y la soberanía nacionales.
Ante la posición que en esta tribuna ya se ha manejado por el diputado Garduño, sobre que una comisión transnacional, trinacional, para comercio y medio ambiente, con funciones supranacionales, es absolutamente falsa. Insistimos, hacemos votos de que al final de todo este proceso de negociación justamente nos demuestren este dicho.
El Gobierno de México debe comprometerse y demandar reciprocidad de sus socios comerciales más importantes en la adopción de indicadores, metas y plazos vinculantes, para reducir los gases contaminantes y la protección de los ecosistemas.
Igualmente, por cuanto se refiere a la necesidad de una reconvención tecnológica que desecha el consumo innecesario y se oriente a satisfacer las necesidades esenciales de la población.
En este sentido, debe abogar por la libre transferencia de tecnología apropiada para el manejo de los recursos de la biodiversidad, por la eliminación del uso monopólico y unilateral de las patentes y por regulaciones concretas en materia de uso de nuestros recursos naturales en relación a sus socios comerciales.
También debe ponerse en marcha una profunda reforma económica global e interna que signifique, por un lado, revertir los flujos de recursos, mejorando los términos del intercambio, de tal modo que se alivie substancialmente el peso de la deuda externa y, por otro, que signifique ganar espacios económicos de transición hacia un desarrollo ecológicamente adecuado y socialmente justo.
En este sentido, el Gobierno de México debe proponer impulsar más allá del Pronasol, estrategias estructurales efectivas y precisas para erradicar la pobreza y para eliminar decididamente los problemas generados por la deuda externa.
Desde esta perspectiva, resulta pues imperativo adoptar políticas y estratégicas de fortalecimiento e integración de las posiciones de América Latina y El Caribe.
México debe pronunciarse por la generación de fondos de recursos frescos para solucionar los problemas ambientales globales, demandando que los mismos no queden bajo control del Banco Mundial, toda vez conocida su proverbial inclinación a promover políticas de empobrecimiento y depredación ecológica, aderezadas con condicionamientos inadmisibles en la orientación de las políticas internas de desarrollo de países como México.
Debe demandar la diversificación y democratización de las instancias internacionales, donde se toman los acuerdos para las políticas y los fondos del desarrollo y el medio ambiente y desde esa lógica, debe nuestro país demandar la aplicación inmediata del 0.7% del producto interno bruto de sus socios desarrollados, para la recuperación y protección del medio ambiente, que no es otra cosa que la puesta en práctica de la Agenda 21 y que mejor y el Gobierno de México predica con el ejemplo, al aprobar los recursos que sean necesarios al respecto.
México debe ser firme en el objetivo de que las empresas transnacionales se sometan a regulaciones estrictas y desechar la idea de que las industrias se autorregulen ecológicamente.
Igualmente, México debe ser decidido en la propuesta de prohibir la exportación de desechos tóxicos de industrias contaminantes, presionando para que sus socios resuelvan por sí mismos sus problemas de desechos nucleares y de desechos tóxicos.
México debe demandar equidad en los principios y las soluciones estructurales que generan la deforestación, al mismo tiempo que pronunciarse por conocer los derechos culturales y de la tierra, de los pueblos indígenas y moradores tradicionales en los bosques.
Debe, asimismo, renunciar a resolver tan delicado problema, relacionado con la conservación de la biodiversidad, con las políticas simplistas de plantaciones de especies únicas y ajenas a la vocación de los suelos.
México debe abocar y proponer un código de conducta para controlar los riesgos ambientales y de salud, que se desprenden de la investigación y aplicación de biotecnologías.
México no debe aceptar el principio insostenible, según el cual el libre comercio es la patente de corso para garantizar el desarrollo sustentable, al mismo tiempo que proponga y promueva esquemas de manejo ecológico sustentable, que
incluyan los organismos adecuados, fondos específicos, regulaciones en el manejo de tecnologías, residuos tóxicos y usos energéticos.
México debe proponer y promover la verdadera conciliación de las prácticas comerciales con la protección ambiental, a la vez que evitar el uso inadecuado del medio ambiente, ya sea para establecer barreras proteccionistas o aprovechar las ventajas comparativas.
Aquí las preocupaciones políticas, sociales y ambientales deben ser el marco dentro del cual se practica el comercio y no a la inversa.
México debe promover decididamente la participación democrática y plural de las organizaciones no gubernamentales y civiles, a través de mecanismos de definición, control y aplicación de los acuerdos hasta ahora alcanzados, lo cual requiere de recursos específicos y canales adecuados, para que establezcan su propia estrategia y participación de todos los ámbitos de su interés.
Y hemos dejado al final nuestra última propuesta y que para nosotros es la prueba de que en el caso del Partido de la Revolución Democrática sí hacemos propuestas, propuestas que, como se ha dicho, han sido no tan sólo en materia ambiental. Se ha dicho que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hizo precisiones que no fueron escuchadas y que más escucha nuestro Ejecutivo el mandato inmediatamente de los estadounidenses, que de la propia oposición y del propio pueblo de México.
¿Y por qué lo decimos? Porque como último punto estamos proponiendo que México debe apegarse, sin excusas, a los principios y acuerdos de la Cumbre de la Tierra y, en consecuencia, demandar de los Estados Unidos que revise su negativa a adoptar la Convención sobre Biodiversidad y que ésta quede contenida en el acuerdo paralelo del medio ambiente.
¿Y por qué decimos esta última propuesta, por qué la dejamos al final y por qué lo argumentamos? Porque es muy triste que este documento, que fue presentado hace unos días a la Procuraduría del Medio Ambiente, que es la responsable de la negociación, no lo retome.
Y por libre iniciativa, el día de ayer, Clinton esté ya de acuerdo en firmar el Tratado de Biodiversidad como lo dice la prensa mundial y la Convención de Cambio Climático, por iniciativa propia y no por una presión que legítimamente y por justicia debió hacer hecho el Gobierno mexicano, en representación del conjunto de los pobladores de este país.
Por eso, insistimos, no basta subir aquí a decir: "Traigan propuestas", se han hecho, se han manifestado, lo que pasa es que falta voluntad política para escuchar realmente y romper con esa política de monólogos alternados, en la cual la mayoría mantiene a la oposición. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Huerta Ladrón de Guevara.
Para concluir la lista de oradores sobre este tema, pasará a la tribuna el diputado Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con su permiso señor Presidente. Se ha hecho evidente para todos, el interés que representan en nuestro país las negociaciones de los paralelos que están llevándose a cabo, con motivo de la signatura de un tratado trilateral de libre comercio en Norteamérica.
Yo quisiera, sin embargo, en mi caso, situar la argumentación en lo que al ámbito ambiental se refiere. Hemos obtenido de las autoridades mexicanas, información precisa y contundente sobre la posición del Gobierno de nuestro país en lo que se refiere a las negociaciones ambientales. Voy a citar los tres principios básicos en que se ha basado y se sigue basando hasta el día de hoy, la posición mexicana en materia ambiental.
En primer lugar, el Gobierno Mexicano plantea que en la negociación paralela, es indispensable que se considere el respeto a la soberanía de cada uno de los estudios, en la aplicación de sus propias normas, de sus leyes ecológicas. En segundo lugar, el Gobierno Mexicano ha planteado con toda firmeza, respeto irrestricto a la soberanía de cada uno de los tres países en lo que se refiere al aprovechamiento de sus recursos naturales, evidentemente, de sus biodiversidades. En tercer lugar, el Gobierno Mexicano ha planteado en un marco general de la negociación, que considera que no deben de abrirse en ningún caso nuevamente las negociaciones al texto ya firmado que corresponde al Tratado de Libre Comercio.
Eso tiene un sentido concluyente, estimados compañeros diputados, no puede transferirse la soberanía nacional a ninguna entidad supranacional se llame como se llame.
Hasta este momento las delegaciones negociadoras de los tres países, han mostrado coincidencia en estos tres principios, La posición mexicana parece muy consistente a mostrar que el acuerdo paralelo debe ser un instrumento de cooperación, para que los asuntos del medio ambiente sean comunes a los tres países, en lo que convenga al intercambio y a las relaciones productivas, pero no por lo que se refiere a la capacidad soberana de cada una de las tres naciones.
En materia de normas ambientales y como uno de los elementos de la negociación, se ha insistido en deben armonizarse, antes que homologarse las normas ambientales y esto tiene una razón de ser: somos tres países diferentes, con realidades diferentes y sobre todo con costos ambientales diferentes.
En materia de aplicación de la Ley, nuestro país está profundamente abierto a los intercambios de información, pero se ha dicho con mucha firmeza que la aplicación de la Ley corresponde única y exclusivamente a las autoridades competentes en cada país. Por otro lado, toda la cooperación científica y tecnológica será profundamente bienvenida como lo es ya en este momento.
Las acciones de orden ambiental, no deben en ningún caso convertirse en barreras para el proceso comercial que intentamos resolver.
Yo creo que nadie ha cuestionado, por lo menos no en lo que a materia ambiental se refiere que existan propuestas concretas de parte de muy respetables entidades de nuestro país, de partidos políticos, de organismos no gubernamentales y de ciudadanos preocupados por el desarrollo de nuestro país y por la conservación de sus recursos.
El problema no es la existencia de las propuestas. El problema real y concreto, es la distancia abismal entre lo posible y lo deseable. Plantear propósitos bonitos, fabulosos en términos de deseo, pueden no concretarse jamás en la práctica.
Uno de los más serios problemas del ejercicio del Gobierno en todas las naciones y en todas las épocas, se refiere a la necesidad de llevar a la práctica el principio y de constituir los postulados en una realidad.
Hay algunas de las consideraciones que el señor secretario de la Comisión de Ecología, paisano, Manuel Huerta, ha planteado aquí que podríamos compartir del todo, porque no solamente corresponden a su partido, forman parte de los enunciados que México, signó como compromiso vinculable en la conferencia de Río de Janeiro de junio pasado.
Nosotros consideramos que además de ser propósitos viables que constituyan un programa de Gobierno, son derechos irrenunciables para las próximas generaciones de mexicanos y creo que en ese sentido se está trabajando. Pero un problema de fondo en materia ambiental, es que desgraciadamente y más que nada en esta área de la vida social, las soluciones no pueden ser de corto plazo. Y con ello quiero referirme concretamente a los problemas ecológicos, desgraciadamente se provocan rápido, pero desgraciadamente se resuelven a veces en lapsos muy prolongados.
Y digo esto, porque no podría atreverme a decir aquí que no hay problemas ambientales en México, ni tampoco que un ordenamiento reconocido por su calidad, como lo es la Ley del Equilibrio Ecológico, se aplica en su totalidad. Es cierto que tenemos mucho por delante, pero nadie puede negar tampoco, estimados compañeros, los evidentes avances que en la preservación de los recursos y en la mejora de los problemas ambientales, se tienen en este país. Ojalá y ya estuvieran resueltos en este momento, cosa que todos quisiéramos disfrutar.
Por lo que se refiere a la actitud del Gobierno soberano de los Estados Unidos, en el proceso de firma de la Convención de Biodiversidad, yo aprecio mucho que el diputado Huerta señale la conveniencia de que el Gobierno Mexicano hubiese ejercido presión sobre los Estados Unidos para que firmara este documento, sin embargo me pregunto: ¿cómo es posible que 150 naciones del mundo reunidas y trabajando durante dos años en un proceso de negociación ambiental, no hayan podido lograrlo y ahora que voluntariamente el Gobierno de un país soberano acepta firmar esta Convención, se diga que por qué nosotros no fuimos los responsables de esta firma.
Por lo demás, creo que la política ambiental mexicana va en avance. Quizá no ha resuelto las cosas con la eficiencia y con la rapidez que quisiéramos, pero negar que hay un compromiso profundo, negar que hay un interés legítimo, probado, demostrado por recuperar nuestros recursos y por darle al desarrollo un estatuto de equilibrio, es una falacia. Estimados compañeros:
Tenemos la certeza de que en la negociación de los acuerdos paralelos y especialmente en
materia ambiental, la soberanía de nuestro país será definida. Tenemos la certeza de que los criterios de mexicanidad y nacionalidad seguirán prevaleciendo. Yo creo que podemos asegurar, con toda tranquilidad, que estos principios serán salvaguardados. Muchas gracias.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara:
(Desde su curul). Señor Presidente: Pido la palabra para rectificar hechos por cinco minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia: Solamente para dos cuestiones. Cuando el diputado Nemi sube a esta tribuna y dice que hay un tremendo abismo entre lo posible y lo deseable, yo no sé si él piensa, porque espero que él desee que limpiemos el planeta, que no lo contaminemos, pero él piensa que esto es imposible; para nosotros esto es posible y hemos hecho una serie de planteamientos que no son otros más que los que también han hecho un conjunto de ciudadanos de diversas partes del planeta para salvar justamente a la tierra. Ojalá, algún día él también piense que pronto todo esto es posible y actué en consecuencia.
Y en concreto, cuando nosotros también hablamos de la necesidad que México y sobre todo México debería ser, para que Estados Unidos sin excusas se apegara a los principios y acuerdos de la Cumbre de la Tierra, evidentemente conocemos que hubo un proceso de años, de presión de muchos países, pero estos países no estaban firmando con Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio.
Y nosotros lo que siempre hemos hecho es que en justicia de los ciudadanos del mundo, México pudo haber sido vanguardia y haber condicionado la firma del Tratado de Libre Comercio a que Estados Unidos cumpliera con esta necesidad, justamente que estaban obligándolo todos los países; en ese caso México hubiera sido vanguardia y la prueba está el día de hoy. Muchas gracias. El Presidente:
Gracias a usted diputado Huerta Ladrón de Guevara.
RECESO
El Presidente:
(A las 15.20 horas) Ha concluido la lista de oradores del tema que estaba discutiéndose y con base en el acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios, esta Presidencia decreta un receso hasta las 17.00 horas del día de hoy, a fin de reiniciar puntualmente la sesión.
Presidencia del diputado Francisco José Paoli Bolio
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El Presidente:
(A las 17.20 horas). Señores diputados:
Vamos a reanudar la sesión de este día, con el tema: Proceso Electoral en el Estado de San Luis Potosí.
La lista de oradores que tengo inscrita, es la siguiente: Diputado Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional; diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, del Partido Acción Nacional, diputado Felipe Aurelio Torres Torres, del Partido Revolucionario Institucional, diputado Juan Jacinto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista y diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional.
Vamos a rogarle al diputado Alfredo Lujambio Rafols, que pase a esta tribuna a hacer uso de la palabra, para el tema indicado.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Tengo el encargo de mi partido, Acción Nacional, de venir a esta tribuna para denunciar en este recinto, en esta Cámara de Diputados, algunos acontecimientos que ocurrieron muy recientemente allá en San Luis Potosí.
San Luis Potosí, señores diputados, en el muy breve lapso de siete años y medio, ha tenido o tendrá con el que asuma próximamente la
gubernatura, siete gobernadores. Un promedio prácticamente, de un gobernador por año. Casi todos, han dejado un mal recuerdo en la memoria del pueblo de San Luis Potosí; cometieron distintas fechorías, fueron al final de su período, casi todos ellos tuvieron que salir corriendo de regreso para el Distrito Federal, el lugar de donde nos los habían mandado. Siete gobernadores en siete años y medio.
Y en San Luis Potosí, señores diputados, había un sentimiento muy generalizado, se los puedo asegurar a ustedes, no sólo en el seno de los partidos políticos, de las organizaciones, de la sociedad civil, clubes de servicios, cámaras, sindicatos, había una muy firme esperanza, un aliento de fe profundo, de que pudiéramos tener ahora, en esta ocasión, un proceso electoral que no fuese materia de impugnaciones. Que pudiéramos entrar a San Luis Potosí, por primera vez en muchos años, verlo entrar a un período de buen Gobierno, de tranquilidad política y social y de progreso.
Alentábamos, los potosinos, la firme creencia de que cumplido este anhelo San Luis Potosí podría empezar a avanzar verdaderamente en el camino de su propio desarrollo, de su propia democracia y del mejoramiento social, económico y político de sus habitantes.
¿Y por qué teníamos allá en San Luis Potosí esta esperanza, este optimismo? Todos ustedes están muy enterados, bien enterados de los acontecimientos políticos recientes, de que de estos siete gobernadores de que les acabo de hablar, tres de ellos han sido interinos; que un gobernador constitucional tuvo que salir corriendo a los 14 días de haber asumido la gubernatura, por la represión de que hizo objeto al pueblo de San Luis Potosí. Y este tipo de acontecimientos realmente tienen fatigado al pueblo de San Luis.
Fatigado de no poder recibir la justicia y la instauración de la democracia por la que tanto ha luchado. Fatigado de no poder tener un gobernador que verdaderamente merezca el consenso social de la opinión pública, de los partidos políticos. Que tenga la autoridad política y la autoridad moral bien cimentada en un origen apegado escrupulosamente, en un origen político y electoral apegado estrictamente a derecho.
El pueblo potosino, ustedes lo saben bien, ha escrito páginas importantes en la historia del desarrollo político de este país. Gracias al esfuerzo de miles de mujeres potosinas, de hombres potosinos, de todos los grupos sociales y políticos, se habían logrado algunas reformas, algunos avances, en la legislación electoral. Avances que permitían fundamentar esta esperanza y esta fe de que les hablaba al principio. Se preveía, se prevé en estos avances en la ley electoral la constitución de un Consejo Estatal Electoral en el que por primera vez no participaría manipulándolo, controlándolo, como había sido siempre y como sigue ocurriendo en todos los estados de la República, el Secretario General de Gobierno, sino que este Consejo Estatal Electoral conforme a las reformas implementadas recientemente en la ley de San Luis Potosí, quedaría en manos de un ciudadano que tuviese una reconocida respetabilidad en la sociedad, antecedentes de conducta honorable y que junto con otros consejeros, ciudadanos y representantes de todos los partidos políticos podría encargarse de la organización y del desarrollo del proceso electoral en una forma imparcial, en una forma apegada a derecho y que respondiera a las expectativas del pueblo.
También la ley electoral establecía cambios en la forma de designación de los funcionarios de casilla.
Ahora, en San Luis Potosí, la ley actualmente en vigor prevé que los funcionarios de las casillas deberán ser inmaculados, como ocurrió efectivamente, fueron insaculados en un proceso que se esperaba verdaderamente democrático y limpio, para que la representación de la sociedad y de los partidos en los organismos, en las casillas electorales y en las comisiones distritales electorales fuesen verdaderamente representativas de la sociedad civil y ajenas a todo control partidista, como había sido la triste historia de nuestros procesos electorales en San Luis Potosí durante muchos años.
En fin, éstas son algunas de las cosas que la sociedad civil, el pueblo potosino logró gracias a su esfuerzo de muchos años que fueran instrumentadas, que fueran introducidas en la nueva ley electoral. Sin embargo, no podemos por este motivo tampoco decir que es una ley electoral perfecta, está muy lejos de serla, contempla algunos avances, contempla adelantos, es cierto, pero sigue quedando la calificación electoral en manos de un Colegio Electoral dominado por el partido del Gobierno, lo cual desvirtúa en gran medida esta parte que se logró modificar y modernizar de la ley electoral.
Bien, ése era el cuadro que teníamos y por eso teníamos la esperanza de que dadas estas reformas en la ley electoral, dado que el Consejo Estatal Electoral se había conducido durante
todo el proceso en una forma que consideramos apegada a la ética y a la ley, podríamos prever tener un proceso electoral, que no fuese ya materia de impugnaciones ni de protestas públicas.
Desgraciadamente. señores diputados, tengo que venir a esta tribuna, como lo hará posteriormente mi compañero Francisco Javier Salazar para abundar con más detalles y con más información, para decirles a ustedes que esa esperanza fue frustrada, fue pisoteada por un hampa electoral controlada desde los altos mandos del partido oficial, que no solamente no fue contenida como lo había pedido en varias ocasiones nuestro candidato a lo largo del proceso, sino que fue lanzada sin frenos para que ese día, 18 de abril, se dedicara a recorrer las 2 mil 200 casillas del Estado a cometer ese bochornoso, vergonzoso e indigno fraude electoral reciente que acabamos de sufrir.
Se me podría decir, el orador que siga en el turno: ¡Demuéstrelo usted diputado, presente las pruebas! Desde luego, las instancias jurídicas que haya que seguir las está siguiendo mi partido en San Luis Potosí, ahí es donde vamos a ir a presentar las pruebas, ahí se están presentando ya las pruebas. Tenemos cientos de ciudadanos en el Estado haciendo un análisis cuidadoso de toda la documentación electoral que pudimos recopilar para ir detectando ese enorme delito que se acaba de cometer el 18 de abril en San Luis Potosí.
Y, señores diputados, es triste decirlo, pero realmente lo que ocurrió en San Luis Potosí, nos lleva nuevamente a la época de las cavernas en materia política. ¿Qué pensarán..., ustedes consideran, señores diputados, que no están atentos a lo que ocurre aquí en México en las elecciones estatales en las distintas entidades federativas, futuros socios comerciales de México?, ¿qué podrán pensar los ciudadanos canadienses, los gobernantes de aquél país o de la Unión Americana al estar observando cómo en México todavía no podemos entrar a procesos electorales verdaderamente limpios y verdaderamente transparentes?
Y otro elemento que influyó en el escenario electoral del 18 de abril, en el que se observaron muchas formas de realización y de consumación de este delito electoral de las cuales va a dar cuenta mi compañero Salazar, pero yo quería también decirles que según los informes que se tienen hasta este momento se está hablando de que en el Estado de San Luis Potosí con un 80 y tantos por ciento de la votación computada se le atribuyen al partido del Gobierno algo así como un 60 ó 61% de los votos, a nuestro partido con un número que va a oscilar aproximadamente en 230 o 240 mil votos simplemente extrapolando las tendencias actuales de los números, 230, 240 mil que representan el 61% ó 62% de los votos. A nuestro Partido Acción Nacional se le están reconociendo en este momento sin llegar al cómputo final, una votación del orden del 80, entre 70 y 80 mil votos y al Nava Partido Político va a andar en el orden de los 35, 40 mil votos cuando tengamos los resultados finales.
Yo quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión porque creo que aquí también hay un tema que es verdaderamente preocupante para todos nosotros o debería de serlo para todos nosotros. De estos votos que se atribuye en este momento el partido del Gobierno, de estos 220 ó 240 mil votos que esperan llegar a computar y que ya veremos y demostraremos porque ya tenemos las pruebas, ya tenemos las pruebas, ya las estamos en este momento presentando, cuando menos 110 ó 120 mil votos no fueron votos reales, lo habremos de acreditar, lo habremos de demostrar, lo cual quiere decir que la votación en el Estado de San Luis Potosí, señores diputados difícilmente alcanza un 20%, la votación real una vez descontados todos estos votos falsos que se dieron mediante diversos procedimientos de los cuales se va a dar cuenta en un momento más, pero que a todas luces son votos falsos, no alcanzaríamos ni un 20%, este dispositivo de fraude electoral que instrumentó muy cuidadosamente, muy astutamente el PRI, hay que reconocerlo, hilaron fino, hay que reconocerlo, programaron con mucha anticipación su fraude, por supuesto que sí, fríamente, igualito que un delincuente que está planeando su próxima fechoría y lo más importante, se pusieron a ver la manera de no dejar los rastros, de borrar las huellas de, cómo le hacemos para que no nos agarren en la maroma y fueron muy cuidadosos, eso sí, eso sí lo reconozco, muy cuidadosos, muy hábiles pero de todos modos dejaron por ahí bolitas sueltas, no pudieron atar la madeja completa, dejaron puntas de la madeja que ya empezaron a ser desenredadas y que van a llevarnos en el momento oportuno y una vez agotadas las instancias correspondientes, a que nuestro partido habrá de pedir, no lo duden ustedes, la anulación de las elecciones en el Estado de San Luis Potosí.
¿Qué pasa en México?, La gente, señores diputados, no quiere ir a votar, es verdaderamente un fenómeno que amerita el más responsable y cuidadoso análisis por parte de quienes tenemos alguna responsabilidad pública en México.
La gente no va a votar, no cree en el voto, no cree en el proceso en el que su voto será
libremente emitido y que va a ser debida y correctamente contado; esto es muy grave porque verdaderamente, de persistir esta situación y de no restablecer la credibilidad en los procesos electorales, nos acercamos a situaciones que nadie puede prever en este momento.
Las campañas de los candidatos a gobernador y diputados, hay que decirlo, el candidato nuestro, Jorge Lozano, hizo una campaña realmente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, muy intensa, recorrió una enorme cantidad de comunidades no solo urbanas sino rurales para motivar a la gente, lograba hacer concentraciones de varios miles de personas en lugares muy apartados, en zonas rurales, logró reunir en la plaza a fundadores de la capital del Estado, una cifra del orden de nueve ó 10 mil personas, no quisiéramos entrar en este momento a la guerra de números, la plaza lucía llena, alegre y con ciudadanos que estaban confiando en que su voto sería respetado.
Se hizo campaña señores diputados, la hicieron también algunos otros candidatos de otros partidos, y yo les aseguro que los votos libremente emitidos, no habrán de llegar al 20% en San Luis Potosí, lo cual acusaría un abstencionismo gravísimo del orden del 80 ó más del 80%.
Esto es, señores diputados, lo que en términos generales fueron los antecedentes al proceso electoral y los hechos principales que se dieron en el proceso electoral del 18 de abril pasado.
Me tocó estar desde muy temprano en las oficinas del partido allá en San Luis Potosí, y era verdaderamente impresionante el número de casillas que se nos estaban reportando que no se instalaban; que los funcionarios electorales no habían llegado a instalar y que después de varias horas seguían todavía pendientes de realizar y de ponerse a recibir la votación de los ciudadanos.
Muchas casillas, el hampa electoral priísta, estas brigadas de abogados que anduvieron la ciudad de San Luis Potosí y algunas otras partes del Estado, acudían presurosas a adueñarse de las casillas donde por alguna circunstancia los funcionarios no se habían presentado y a tomar el control y el dominio de la casilla.
En San Luis Potosí, el 18 de abril en la ciudad capital no había taxis, persona que quería gozar el servicio del taxi, no podían hacerlo porque los taxis estaban contratados para estar llevando votantes a todas las colonias de la ciudad, allá en las lomas, la zona residencial, donde llegaban ciudadanos, las bajaban del taxi e iban a sufragar en su casilla.
En barrios humildes, en barrios modestos ocurría lo mismo, ya no se veían aquellos grupos numerosos de 10, 15 ó 20 personas como se solían ver en los acarreos en otras elecciones, sino que llegaban de uno en uno, de dos en dos, y el taxi esperaba a que la persona votara y se volvía a regresar.
Yo no voy a profundizar ni a detallar más en este momento las irregularidades porque muchas de ellas serán aquí planteadas por otros compañeros míos; lo que sí les quiero decir, señores priístas: convénzase ya de que el pueblo de México no tolera el fraude; convénzase ya de que tienen ustedes que aprender a jugar limpio; convénzase que no podremos hacer avanzar a este país, ni entrar a relaciones comerciales internacionales como las que se pretenden entrar en el Tratado de Libre Comercio, mientras tengamos un país de la época de las cavernas en materia de política y de elecciones; convénzase, señores priístas, de que en San Luis Potosí el pueblo no va a tolerar el fraude, independientemente de lo que pueda yo afirmar o de lo que ustedes vengan a esta tribuna a tratar de argumentar; convénzase, no lo digo yo, no lo dice el PAN, el pueblo de San Luis Potosí ya aprendió a hacer valer sus derechos, ya aprendió, lo han obligado ustedes, nos han obligado ustedes, a usar la resistencia civil para lograr hacer valer el respeto a sus derechos.
Yo les hago un llamado a ustedes a que reconozcan esta nueva realidad. Ya no funcionan las marrulleras el día de las elecciones, no les van a funcionar una vez más en San Luis Potosí, como no les funcionaron con Fausto Zapata, como no les funcionaron tampoco con Gonzálo Martínez Corbalá, que quiso violar la Constitución reeligiéndose.
El pueblo de San Luis Potosí y estoy seguro que todo el pueblo de México está en una actitud alerta, en una actitud vigilante, en una actitud en que no lo van a hacer "guaje", fácilmente y nosotros en el Partido Acción Nacional sabremos estar responsablemente junto al pueblo de San Luis Potosí, sabremos demostrar y recorrer el camino jurídico completo, pero también sabremos usar aquellos métodos legales y pacíficos que permitan hacer prevalecer el respeto a la dignidad y a los derechos de los potosinos.
El fraude, señores priístas, digan lo que digan ahora que ustedes suban a la tribuna, ya sabemos el discurso gastado de ustedes, ya sé lo que van
a venir a decir, que porqué impugnamos si todo se hizo de acuerdo a las propuestas de Acción Nacional o de la oposición, que se dieron cauce... Lo que pasa, digámoslo francamente, los ciudadanos potosinos que formaron el Consejo Estatal Electoral, ciudadanos de buena fe en su gran mayoría, ciudadanos deseosos de dirigir un proceso electoral transparente, no contaron con la astucia del PRI, ésa es la pura verdad, se los tragó la astucia, la malicia de la experiencia del fraude en la que son expertos y maestros los señores del partido oficial, y de esta manera rebasaron los esfuerzos que hizo el Consejo Estatal Electoral para realizar un proceso electoral claro y transparente.
Termino ya porque el tiempo se agota, tendrá que seguir el debate sobre este tema, pero que quede bien claro, las elecciones de San Luis Potosí, como lo demostraremos en las instancias adecuadas, se tendrán que anular. Lástima por San Luis Potosí, lástima de que no podamos tener un gobernador genuinamente electo, un gobernador que merezca realmente la confianza de la ciudadanía y de los diversos grupos políticos. ¡Qué pena que no podamos entrar a esa etapa de institucionalidad, de legalidad, de credibilidad y confianza en el gobernante!
Horacio Sánchez Unzueta, no ganó limpiamente la gubernatura, como tampoco ganó su lugar aquí en esta Cámara hace año y medio o dos años, y lo demostramos, inflando las urnas de las zonas rurales; no ganó, y Horacio Sánchez Unzueta, el pueblo lo va a demostrar, no se va a poder sentar, y Acción Nacional estará junto al pueblo para defender esos derechos y defender la democracia, que no permitiremos que sea pisoteada en San Luis Potosí. Gracias.
El Presidente:
Gracias señor diputado Lujambio. Yo quisiera rogarle a los señores diputados especialmente, que se abstengan de estas manifestaciones de descortesía que no son dignas de este recinto y de este debate.
Tiene la palabra el diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías:
Con su venia señor Presidente. Los potosinos, durante los últimos meses, han hecho un llamado constante, han hecho una práctica mental constante que no busca...
El Presidente:
Un momento señor orador. Quisiera rogarles a los señores diputados tengan la bondad de tomar sus asientos y poner atención al orador si son tan gentiles. Continúe señor orador.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías:
Gracias señor Presidente.
Decíamos que los potosinos, a través de su conducta, a través dé su práctica mental y a través de una decisión, buscamos el camino del progreso, buscamos el camino mejor para nuestras familias y lo buscamos dentro del pleno respeto a todas las ideologías y a todos los puntos de vista y así lo demostramos durante la pasada contienda política.
Nuestro partido, nuestros candidatos a diputados y nuestro candidato a gobernador, no una sino muchas veces recibieron insultos, recibieron calificativos y recibieron en un momento dado también, el apoyo de los potosinos que ya no querían la práctica política a base del chisme, a base de la intriga y a base de los que no pudiera demostrarse, de todo lo que pudiera, en un momento dado, estar cambiando la imagen de lo que somos realmente los potosinos.
Tuvimos y creo que fue el acuerdo de una sociedad mayoritaria participativa, los momentos para poder decidir en qué forma debía de llevarse a cabo un proceso electoral que quedara fuera de toda duda y por eso se hicieron cambios a la Ley Electoral y por eso se innovó a todo el Estado, se innovó en todo el país, no nada mas buscando, como se decía por algunas gentes, ventajas para algunos partidos, sino tratando de demostrar, con un ejercicio democrático, que se podían hacer todas las cosas, mientras existiera la actitud de reconocer cada quien de lo que era capaz de hacer.
El cambio que se dio en la estructura del organismo electoral, que yo creo que la gran mayoría de todos nuestros compañeros conocen, viene a modificar lo que siempre se había criticado, lo que siempre se había dicho, que la autoridad electoral fuera la sociedad civil. Y en estos momentos el Consejo Estatal Electoral está en manos de ciudadanos que todavía, hasta las cinco y media de la tarde del día de las elecciones, todos los partidos de acuerdo que eran hombres probos, que eran hombres sin ninguna tacha, y que eran hombres sin ninguna duda respecto de su actuación.
Las elecciones que este consejo, ya ahora criticado por razón de resultados, esas elecciones que vigilaron ellos, fueron vigiladas por un gran ejército de ciudadanos, representantes de todos los partidos políticos, observadores de organizaciones no gubernamentales, observadores de partido políticos, observadores de la Cámara de Diputados, observadores que inclusive se llegó a comentar, dentro de los potosinos que estábamos metidos, pendientes de todo lo que estaba pasando, de que ahora existía una nueva categoría que eran los observadores de los observadores.
Fue un ejército de observadores, que eran la seguridad de que no, no se iba a dar ninguna práctica desleal. Y a este gran equipo se le sumó otro gran ejército de militantes de cada uno de los partidos políticos acreditados.
Y así tenemos que dentro del total de casillas instaladas en todo nuestro territorio, partidos que tienen simpatías en todos los municipios, como lo es Acción Nacional, cubrió el 92% de las casillas instaladas, 92% de ciudadanos que para nosotros son honorables y que no se pueden prestar ni traicionar a su partido, ni a traicionar a la voluntad ciudadana.
No hubo casillas en donde pudiéramos hablar de que no existía la vigilancia ciudadana de representantes de partidos políticos o de representantes de la sociedad. No podemos, en un momento dado, tachar la actitud de ninguno de los representantes, ni de mi partido ni de los demás partidos de oposición, porque yo siento que ahí sí estamos dando elementos para que la ciudadanía ya no crea en las elecciones, ya no crea en los votos, porque si no hay respeto pleno a la voluntad que se está dando en cada lugar, no existirá la garantía de que se repiten los votos, no va haber el ánimo de los ciudadanos de pararse y de ir a elegir a las autoridades, a sus representantes.
Yo creo que nosotros, siguiendo la práctica de escuchar y aun cuando nos agredan, a los potosinos, nos agredamos nosotros mismos con dudas, nos agredamos con eso de hablar de fraudes, cuando existe vigilancia nuestra y de nuestros contrincantes, de nuestros adversarios en la lucha electoral, que no nuestros adversarios como algunos partidos pretenden hacer dentro de nuestra convivencia diaria.
Yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado en hablar. Repito, vamos a seguir la línea que tenemos marcada de no agredir.
Sin embargo, yo creo que es conveniente que, como lo seguiremos haciendo durante las siguientes intervenciones de nuestros compañeros, que quede bien claro para todos los compañeros que no fueron a San Luis Potosí, de todos los partidos, cuáles fueron las condiciones en que se dio la jornada electoral de San Luis Potosí; cuáles fueron los candados que se dieron, para evitar la posibilidad de cualquier duda que viniera a manchar este proceso del 18 de abril.
Y pudiéramos hablar selectivamente de algunas cosas, como algo que llama la atención entre muchos compañeros nuestros, que las boletas que se entregaban en cada casilla tenían impreso inclusive el número de la sección electoral, lo cual lo inutilizaba de ser usado en cualquier otra sección; del hecho de que los funcionarios de casilla, que fueron a propuesta de los partidos, fueron insaculados en más de una ocasión, y de muchos detalles que nuestros compañeros diputados, principalmente el diputado Salazar Sáenz fue testigo, el diputado Martínez Mireles, que vivió toda la jornada electoral lo vio y lo sintió y lo declaró.
Y los dirigentes de los partidos, un día antes, el días mismo de la jornada electoral, aceptaron la limpieza con que se estaba dando el proceso electoral. Eso consta en los periódicos, en notas de radio, en notas de televisión, cuál fue la actitud que se tenía.
Por eso, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que hay nuevas reglas que se deben de tomar en cuenta en justa dimensión, por los resultados que se dieron en el Estado de San Luis Potosí.
Yo creo que antes que venir a aceptar lo que nos decía el compañero Lujambio, deberíamos de dar un reconocimiento a la ciudadanía de San Luis Potosí, por la forma en que se condujo; deberíamos darle un reconocimiento a los miembros de cada uno de los partidos, que supieron demostrar que los potosinos no queríamos violencia, porque hubo algunos corresponsales de medios extranjeros que estaban pensando en otra realidad potosina, y que se vinieron desilusionados porque no vieron sangre, porque no vieron correteados, porque no vieron ningún acción que les hiciera presumir el fraude.
Por eso, el reconocimiento se debe de dar a la ciudadanía potosina; por eso, se debe de dar el reconocimiento a los militantes de cada uno de los partidos, que en una u otra forma vieron una jornada electoral ejemplar; porque hubo observadores, porque hubo observadores
internacionales aun, aunque aquí se dijo otra cosa, que con testimonios que tenemos grabados, dieron fe; observadores internacionales, de Canadá, de Estado Unidos como lo decía el diputado Lujambio, de Brasil, de Sudamérica, que vieron su testimonio de la limpieza del proceso electoral de San Luis Potosí.
Y está, está esto, junto con otra serie de medidas, como lo fue la misma revisión que se hizo al padrón, a través de una comisión, que fue presidida por un ciudadano que, ciertamente, no simpatizaba con nuestro partido, pero que reconoció plenamente la validez, reconoció plenamente las circunstancia en que se dio la elaboración del padrón.
Existen también otras condiciones, que nos van a dar la certeza de que este proceso electoral terminará en una forma ejemplar. Ciertamente, la última instancia que tocará el asunto, que tocará el proceso electoral, lo será un Congreso, el Congreso del Estado; pero aun a riesgo de pecar de demasiado innovadores, los potosinos, a través del Congreso del estado, pensaron que era más conveniente modificar la Ley, que no fueran los diputados entrantes los que calificaran su propio proceso, y por eso las elecciones las calificará el Congreso que está por terminar sus funciones.
Por eso y por otras cosas que se van demostrando, pensamos que los potosinos ya están hartos de la violencia electoral, que los potosinos ya están hartos de que no se les respete su voto. Si tomamos en cuenta en las casillas, en un total de 2 mil 200, alrededor de 2 mil 200 casillas se dio un 6.8% de incidentes menores y se levantaron un 3.8% de protestas, nosotros pensamos que nadie mejor para hablar de lo que pasó en cada una de las casillas que los propios representantes y si hubieran dado irregularidades, estén seguros que se hubieran demostrado, se hubieran calificado a través de las protestas que hubieran presentado cada uno de los representantes, por que tuvieron asesoría jurídica y tuvieron el respaldo de los representantes generales, de los representantes comunes en un momento dado, tenían en todo momento el contacto directo con cada uno de los representantes de su partido.
Si no se dieron, yo pienso que fue porque los mismos representantes están avalando lo que pasó en la casilla. Y no vayamos a ser una elección de a "a mentiritas", en las mesas, en las oficinas de nuestros comités directivos o en las oficinas en donde no sabemos qué paso realmente en cada lugar. Hemos de tenerles fe a los que nos representaron, a los que están dando su palabra, como ya lo han expresado en diversos medios de comunicación representantes de diferentes partidos políticos, que reconocen que la voluntad mayoritaria por esta ocasión fue para nuestro partido y no para otros partidos.
Pero al final de cuentas y a riesgo de caer en el conflicto que permanentemente en esta alta tribuna del país, de que si aquí debemos de tratar asuntos que violenten la soberanía de los estados, de que si aquí venimos a discutir lo que concierne a otros órganos de autoridad de otras jurisdicciones.
Aún a riesgo de caer en esa confrontación, debemos expresar que nosotros, los representantes del pueblo de México, debemos de ser lo suficientemente equilibrados, debemos de ser lo suficientemente honestos, debemos de ser lo suficientemente enamorados de nuestro país para aceptar cuales son las realidades y no tratar de venir a cambiarlas en esta tribuna, porque aquí a lo mejor podemos sorprender a uno, a dos o a 100 compañeros que nos estén escuchando.
Pero las verdades de lo que está pasando en cada uno de nuestros estados solamente los conocen ellos, los que están allá hablando de que quieren paz social, los que están allá hablando de que quieren que se les respete el voto, los que están hablando allá de que no quieren más injerencias en las decisiones de los potosinos de ningún órgano que no sea potosino, de los que quieren allá tener la paz y la tranquilidad y el retornar al trabajo, de todos los sectores de la sociedad potosina que con su voto, dijeron que era lo que querían y si votaron por nuestra opción, bienvenidos.
Y nosotros hacemos un llamado a todos los demás partidos, a todos nuestros hermanos potosinos que no piensan igual que nosotros, que nos sumemos, no ya a una causa de un partido. Las elecciones terminaron en el día 18, el proceso electoral termina el día de la calificación, pero ante todo debemos de ver que somos hermanos, que tenemos un destino común y un piso común en el que tenemos que luchar todos sin importar nuestras diferencias ideológicas, que tenemos que luchar para sacar del retraso en que hemos sumido con nuestra actitud, de todos, a los potosinos. Es cuanto.
El Presidente:
Gracias diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías.
Pedimos a la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática tome la palabra para el mismo tema.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias señor Presidente.
He pedido hacer uso de la palabra para fijar la posición de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, en relación a los comicios celebrados el domingo pasado en San Luis Potosí para que los ciudadanos potosinos eligieran gobernador y Congreso Local.
Estas elecciones estuvieron precedidas de una alta expectativa para que por fin los mexicanos pudiéramos celebrar un proceso electoral sin necesidad de impugnaciones. Gracias a la movilización ciudadana y debido a los antecedentes de que los potosinos han tenido por dos años un proceso de indefinición en relación a quién los gobierna, con interinos que no han sido electos por ellos, finalmente se logró acordar una nueva ley electoral que deja en manos de ciudadanos y de partidos la organización de los procesos electorales. El proceso de reforma electoral, hasta ahora estancado, en el que nuestro país se encuentra a nivel nacional, es un proceso que justamente está llamando la atención y está poniendo el acento sobre la organización de los procesos electorales.
Entonces por qué no los ciudadanos mexicanos nos podíamos haber sentido alentados de que el caso de San Luis Potosí, se convirtiera en un experimento para nuevas reglas electorales que garantizara la credibilidad, la transparencia y la legalidad a la que todos aspiramos, para poder, efectivamente lograr ese clima de estabilidad, de paz y de armonía en el respeto a la pluralidad que caracteriza a nuestra sociedad.
Teníamos el derecho por supuesto de convertir a esas elecciones en ese experimento. Nos habría gustado mucho como partido hacer uso de esta tribuna para decir: por fin encontramos las reglas electorales que permiten a los mexicanos dilucidar, ponerse de acuerdo en esa pluralidad y garantizar la legalidad. Por desgracia no lo podemos hacer y somos los primeros en lamentarlo.
La primera lección que nos dejan estos procesos electorales, este proceso electoral concreto del domingo pasado en San Luis Potosí, es que si no existe voluntad política del Gobierno y de su partido, podremos los mexicanos, podremos las distintas fuerzas políticas, sobre todo las de oposición, de esforzar nuestra imaginación, nuestra creatividad, para imaginar las mejores reglas electorales e incluso arrancarle al partido mayoritario y a su Gobierno el consenso en relación a esas nuevas reglas electorales, y aún así como decía el diputado Lujambio, estaremos a expensas de las trapacerías y las irregularidades, porque no puede existir la mejor Ley para garantizar esa legalidad, si esa ley no se respeta.
Ese es el primer balance que mi partido hace en relación a este proceso electoral. Y ese es el primer señalamiento que estamos haciendo en esta tribuna. Queremos entonces hacer un llamado a la reflexión, de qué sucedería si se continúa con esta falta de voluntad política. Ahora mismo en esta Cámara de Diputados, estamos intentando llevar adelante, ese espacio de concentración para una reforma electoral. Y ahí estamos, tratando de que se desenpantane. Pero repito, ese desencanto, esa desilusion que hoy viven los ciudadanos potosinos, puede reproducirse en 1994 y yo pediría a la mayoría priísta que imagine los costos políticos y sociales si esto de nuevo sucede; si de nuevo la voluntad política del Gobierno y de su partido, se escamotea para, por esos intereses mezquinos de mantenerse a toda costa en el poder sin el respeto a la voluntad popular, se continúa por ese camino.
El Nava Partido Político y el Partido de la Revolución Democrática, una vez realizado el proceso electoral, la jornada electoral del domingo pasado, en protesta por la serie de irregularidades que ahí se vivieron, se retiraron de el Consejo Estatal Electoral. Aún así, ambos partidos hemos podido recabar información suficiente como para argumentar, tal y como también señalaba el diputado Lujambio, que estos ciudadanos ahora encargados de la organización del proceso electoral, fueron traicionados en su buena voluntad gracias a la inercia, gracias a ese fraude planificado desde arriba.
Nuestro partido, no estuvo de acuerdo con el padrón que llevó adelante estas elecciones; en estudios que hicimos por nuestro lado pudimos determinar que el 22% de los ciudadanos, casi 250 mil ciudadanos, habían quedado imposibilitados de votar y que esta cifra aumentaba significativamente en aquellos municipios como justamente el de la capital, en donde Nava Partido Político tiene, y el navismo, una gran fuerza política. En este caso el rasuramiento en el padrón llegó al 40%.
Seguimos en el esfuerzo de recabar pruebas en torno a las irregularidades en la jornada electoral, algunas de ellas el diputado del PAN ya hizo mención en esta tribuna.
Yo quisiera mostrarles a ustedes algunas decenas de actas de diversas casillas, en las cuales es notoria la forma en que se instrumenta el fraude. Muchas decenas de ellas nos están atestiguando que se entregaron en una proporción altísima más boletas, se recibieron más boletas que los electores registrados en la lista nominal de la casilla. En todos estos casos, absolutamente en todos, la votación fue del 100% y hasta más del 100%. Existe realmente un caso extraordinario: es el caso del distrito uno del municipio 52 cabecera en Villa Hidalgo, en el cual la votación es superior en 200% a el listado nominal. En este caso los electores en la lista nominal son 170 y las boletas depositadas en la urna, son 342. Las boletas recibidas en esa casilla fueron 481.
Quiero repetir, en todo el conjunto de actas en donde las boletas recibidas superan con mucho los electores en lista nominal, en todo esos casos la votación fue de 100% un poco más, y con esta "perla" de 200% más. ¿Qué tipo de casillas fueron en donde se siguió este procedimiento? Pues justamente en aquellas casillas en donde el PRI se siente lo suficientemente seguro, en aquellas en donde había precedente de las preferencias por Nava Partido Político y por nuestro partido, se siguió el procedimiento a la inversa. Se entregaron menos boletas que los electores registrados en la lista nominal y por supuesto, la votación siempre fue mucho menor. Esto nos está entonces indicando que no podemos hablar de que el domingo pasado los ciudadanos potosinos hayan podido realizar una jornada electoral en condiciones confiables.
Nava Partido Político y mi partido, está descalificando este proceso electoral. No podemos avalar los resultados que hasta ahora, se nos han dado; estamos documentando todo este tipo de irregularidades.
¿De qué manera, señoras y señores legisladores, podemos nosotros argumentar que no se vale descalificar el proceso electoral? Yo les pregunto a ustedes: ¿Acaso la oposición lo hace por gusto? ¿Acaso la oposición se caracteriza justamente por la necesidad de estar descalificando estos procesos?
Ahí está un diputado que lo asienta. Yo quisiera que ese diputado tomara la palabra y argumentara al respecto.
Nosotros no podemos ir en contra de los hechos evidentes. La voluntad está ahí para poder avanzar en cualquier reforma, señor diputado, y señoras y señores diputados de la mayoría, en cualquier reforma que efectivamente garantice esa legalidad electoral. Pero repito, el caso de San Luis Potosí ya nos está demostrando que nos podemos empeñar en ese y en todos los esfuerzos por avanzar en la legislación electoral y mientras no exista voluntad de ustedes, representantes aquí de se partido mayoritario y del Gobierno para que efectivamente la modernidad política en nuestro país pueda salir adelante, lo que significa, antes que nada, saber convivir en esa pluralidad y respetar al opositor.
No se puede, señores diputados, estar detentando el poder cuando las urnas les dicen que el poder no lo tienen ustedes en esa proporción que pretenden, que no tienen, de antemano, esas mayorías y que esos gobernantes que están eligiendo, a la vuelta de la esquina, tienen que ser convertidos en gobernantes interinos para insatisfacción no solamente de los ciudadanos opositores, sino de ustedes mismos. Entonces, por respeto a ustedes mismos, por respeto al país, por respeto a la ciudadanía que aquí estamos intentando representar, valga la redundancia, nosotros les pedimos que lleven a su partido el mensaje de que la oposición en San Luis Potosí, Nava Partido Político y el Partido de la Revolución Democrática no estamos dispuestos a que se siga ultrajando la voluntad de la ciudadanía en San Luis Potosí. Que ojalá que este proceso sea efectivamente rectificado. No se pueden llevar adelante elecciones en estas condiciones aun, repito, con esa Ley electoral.
Lo que corresponde entonces es la nulidad del proceso para, esperamos, con una real rectificación del Gobierno y su partido, con una modificación en esa desviación en relación a las intenciones que se tiene cuando se va a estos procesos electorales, de una vez y para todas, los ciudadanos efectivamente pueden ser gobernados por quienes ellos eligen.
Seguir degradando de esta manera el proceso electoral es la vía más peligrosa. Los señores legisladores priístas que suban a la tribuna a intentar contestar nuestros argumentos, les pedimos hagan un examen a profundidad de a dónde conduce intentar llevar adelante el país por esta Ley del más audaz y del más fuerte.
La conquista del oeste quedó atrás. Nuestro país no es un país de vaqueros para que esa audacia y esas trapacerías, convertidas en un operativo de Estado, continúen adelante en esa violencia en contra de la voluntad ciudadana.
Que sirva también de reflexión para la utilidad que tenga nuestro trabajo, en esta Cámara, en
torno a la reforma electoral que quisiéramos que de manera profunda se procesara.
Hasta aquí dejo mi intervención. Muchas Gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputada Garavito.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, para el mismo tema.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:
Muchas Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Vengo a esta tribuna a manifestar lo ocurrido en San Luis Potosí el pasado 18 de abril.
Ese día, en San Luis, no hubo elección limpia y convincente, clara y legal, como se había ofrecido; una elección que nos dejara a los potosinos en paz y que nos permitiera superar ese estado de desastre en el que nos encontramos. Hubo verdaderamente una intención de burlarse de la voluntad popular.
Lo perverso de este operativo es la sofisticación, la técnica, la ingeniería electoral, la ciencia, los recursos multimillonarios al servicio de la perpetuación en el poder del partido del Gobierno.
No ha sido este, señores diputados, un fraude burdo; como el que pretendieron hacer el 1o. de diciembre de 1991, hace apenas 16 meses y medio, cuando el municipio de la capital de San Luis Potosí aparecieron cinco actas, con números foliados, sucesivos y que cambiaban el resultado de la elección. Cinco actas que tuvieron que ser desconocidas y cambiadas para volver a los números originales y que obviamente los señores que cambiaron esas actas, no tuvieron, ni sufrieron ninguna consecuencia.
Pero esos eran los tiempos, señores diputados, en donde se usaban las técnicas de la era de los dinosaurios. Ahora ha sido un operativo múltiple, ahora que está de moda la filosofía neoliberal que ha comprendido, como se comprende en los negocios, que más redituable que hacer un gran negocio de muchos millones, deja más utilidad hacer muchos pequeños negocios que dejan una pequeña utilidad. Esa es la técnica, la filosofía neoliberal. Y esa filosofía y esa técnica se acaba de emplear también en San Luis Potosí. Es lo mismo 1 mil votos en 50 casillas que 50 votos en 1 mil casillas; el resultado es el mismo, la utilidad, si así se puede llamar, es la misma.
Nosotros consideramos que los primeros indicios se dan desde el primer día, cuando se puede constatar que los resultados que habían arrojado las encuestas realizadas prácticamente por todos los partidos; el Partido Acción Nacional, el partido NPP, los medios de comunicación y hasta el mismo partido oficial, curiosamente el día de la elección con las primeras tendencias nos dimos cuenta de un dato muy curioso. Estas encuestas aciertan en tres rubros, aciertan con precisión admirable en el número de votantes, en el abstencionismo, aciertan en el número de votos que obtiene el Nava Partido Político y aciertan en el número de votos que obtiene el Partido Acción Nacional. Y fallan lamentablemente todas las encuestas en el número de votos que obtiene el partido del Gobierno y fallan por cerca de 100 mil votos; 100 mil votos, señores diputados, entre 2 mil 200 casillas, da el relativamente accesible objetivo de 45 votos por casilla.
Y cuando se emplean, como se empleó en San Luis, tecnologías múltiples, múltiples operativos para realizar el fraude; voy a enumerar en un momento cerca de 30 tecnologías que se usaron ahora en San Luis Potosí. Piensen, por favor, que 45 votos con 30 tecnologías, nos da a un poco más de un voto por tecnología por casilla, lo cual es relativamente fácil de obtener con los recursos con los que dispone el partido del Gobierno.
Estas técnicas que hemos detectado y documentado y que presentamos en la instancia legal, que son las comisiones distritales, el día de ayer, quiero comentar con ustedes señores diputados que se impugnaron por nuestro partido cerca del 90% de las actas de cada casilla. Como ustedes saben, si el 20% de esas impugnaciones proceden la elección será nula. Nosotros recorreremos el camino electoral.
Esta operación que ha sido llamada ya por algunos potosinos y por algunos medios la "operación marabunta", porque algunos le llamaron "operación hormiga u operación termita", pero lo que se come una hormiga es muy poco, pero 1 millón de hormigas pueden arrasar un pueblo y pueden arrasar también el ansia, el anhelo de democracia del pueblo potosino.
Muchos de estos datos fueron obtenidos, señores diputados, precisamente gracias a una nueva legislación que hoy tenemos y que le facilite a los partidos de oposición tener representantes en las casillas, por eso nuestro partido cubrió
cerca del 95% de las casillas y de ahí, de nuestros representantes, estamos obteniendo los datos con los que hemos impugnado las casillas.
Entre estas técnicas que se utilizaron el día de la elección, se encuentran las siguientes: el voto múltiple con credenciales antiguas; y aquí quiero hacer una precisión, porque el diputado del partido oficial que me precedió, hizo hincapié en que en San Luis se había tenido la oportunidad, por primera vez en la historia por cierto, de que un organismo independiente del Gobierno revisara el padrón. Efectivamente, hubo un organismo llamado el Centro de Consulta sobre el Padrón Electoral, que revisó el padrón y encontró que tenía una inconsistencia de alrededor del 5% aunque oficialmente el Gobierno y el Registro Federal Electoral habían hablado del 3%.
Pero lo que no pudo revisar el Cecope, lo que no pudo revisar, fue la credencialización, lo que revisó fue que las listas que se presentaron el 5 de enero, que por cierto no son las mismas listas y tienen una gran variante con las listas que se utilizaron en la elección de Fausto Zapata, en las que sí hubo un rasurado grande y una ampliación del padrón, ese padrón revisado por el Cecope no puede presentar la credencialización; esto es, los ciudadanos que no tienen credencial o que no recibieron su credencial o que esta credencial no les fue entregada. Y tampoco pudo revisar el Cecope las credenciales antiguas, las cafés que hace tres procesos, han sido superadas. Los representantes generales de los partidos tenían la posibilidad de votar en las casillas y si estaban disponibles porque así lo dictaminaron las Comisiones Distritales, que se podía votar con las credenciales antiguas, piensen ustedes lo fácil que era para cualquier persona nombrada como representante general y obviamente quien tuvo más representantes generales, fue el partido oficial, podrían haber votado en una casilla con una credencial y en la otra casilla con la otra credencial o con muchas otras credenciales.
Detectamos y está documentado y denunciado; centros, casas en donde llegaba una persona, se le entregaban dos credenciales, al cabo de una media hora regresaba y se le entregaban otras dos, regresaba y se le entregaban otras dos. Ya no se usan señores diputados los tacotes, ya no se usan los tacos de 30 ó 40 votos, en esta elección se utilizaron minitacos. Nosotros detectamos, sorprendimos y denunciamos, y espero que sean consignados y castigados, a cuidadanos que trataban de introducir dos, o tres, o cuatro votos en una casilla, en varios de los municipios fueron sorprendidos y castigados. Ya no se usan aquellos, no se podía en San Luis las boletas eran grandes y un papel un poco más grueso, pero 4 o 5 votos trataron de meterlos; hubo acarreo como ya lo mencionaron en taxis, ese día curiosamente en las colonias de clase social alta llegaban personas de clase humilde a votar en taxi, cuando lo lógico es que si la casilla está en una sección en las ciudades, la gente normalmente va a pie, pero ahí llegaban en taxis y ese día efectivamente casi no había taxis en la ciudad y lo mismo autos sin placas y en algunas casillas y así está documentado, los presidentes de las casillas del partido oficial obviamente le comentaban a los votantes: falta fulano, no ha venido zutano, hay que avisarles. En las casillas auxiliares, señores diputados, se permitió votar a los que estaban de paso en un municipio, curiosamente encontramos largas filas en esas casillas aún en las cabeceras distritales que no son un centro turístico, hubo represión sobre los votantes por parte de un grupo de priístas denominado Defensa Jurídica del Voto, una presión fuerte sobre las autoridades que no eran de su partido y sobre los votantes. Hubo compra de votos y en algunos casos con despensas que se entregaban al terminar de depositar el voto y en otras ocasiones con viles billetes. No se respetó el secreto del voto, las autoridades de casilla, principalmente las priístas, no aceptaban argumentos con el argumento de que aquí yo soy la autoridad y la Ley está al servicio de la autoridad.
Corrieron y está documentado, insisto, en varias casillas a los representantes de los partidos de oposición, en muchas casillas señores diputados, se permitió el voto sin credencial, la tinta que se utilizó no fue indeleble, se borraba con agua y jabón simplemente. Hubo cambio de ubicación de casillas, curiosamente en algunos municipios alejados, para pasarlas de escuelas donde siempre habían funcionado, a casas ejidales en donde se ejercía presión.
Hubo casillas - zapatos, también medias suelas y también casillas, suizas en donde vota más del 100% del padrón. Hubo la amenaza de cancelación de obras, algún diputado oyó cuando le dijeron a una persona que si no ganaba el PRI en ese municipio se suspenderían las obras que estaban en proceso. Hubo presión sobre los votantes en el caso de que los promotores del PRI que habían andado por toda la ciudad, en campaña, recogiendo el número de credencial y el nombre del votante, estaban curiosamente presentes el día de la elección en la casilla y para ilustrar esto, les comento que uno de esos promotores es el dueño de la ambulancia de un
pueblo y por lo tanto no conviene quedar mal con él. Hubo condonación de deudas, está documentado también, cuando en una comunidad una persona estaba condonando deudas a aquellos que votaran por el PRI; hubo robo de boletas, hubo en el municipio de Rayón por ejemplo, no he querido ser preciso porque todo esto está documentado, en la geografía, pero en este municipio estaba una obra que decía, un letrero: "Esta obra se debe a solidaridad y al PRI"; el día de la elección también se hicieron algunas obras por cooperación para distraer a los votantes.
Hay una curiosidad importante señores diputados, cuando empezaron a llegar los paquetes electorales a las comisiones distritales, los que venían de la zona urbana, venían simplemente envueltos y tal vez amarrados, pero los que venían, algunos de los que venían de la zona rural, parecía que habían sido envueltos en una tienda de regalos, perfectamente envueltos, perfectamente sellados y muchos de ellos con la documentación en el interior.
Se encontraron y está documentado también, boletas, porque como ha dicho el diputado del PRI y es cierto, las boletas en este proceso estaban con el número de la sección en la que deberían aparecer; pero nosotros curiosamente encontramos en algunas urnas, boletas con el número de otra sección. No señores diputados, aquí hubo un problema serio y nosotros consideramos que no fue el Consejo Estatal Electoral, que fue precisamente en las comisiones distritales, que fueron las encargadas de implementar todo el operativo, la distribución de las boletas, la capacitación y la selección de los funcionarios de casilla, ahí es donde estuvo el principio de los problemas.
Hubo suplantación en las autoridades de las casillas, porque algunas no fueron, los que habían sido insaculados originalmente, recibieron presiones, amenazas ó simplemente la advertencia de que tendrían problemas si se presentaban a la elección, cuando se presentaron las autoridades insaculadas, curiosamente estaba presente algún priísta y se nombraba entre los que estaban ahí a él como Presidente.
Las comisiones distritales no dieron la capacitación adecuadamente, tan es así que existe una acta en la que el presidente de la casilla, que supuestamente había sido primero insaculado, después capacitado y por tanto seleccionado para ser el presidente, firmaba con su huella digital.
Las casillas se abrieron tarde y sin la documentación adecuada; no coincidían y esto es muy importante, tal vez esto es lo más importante como señalaba la compañera diputada del PRD, los números no coinciden en muchas casillas, en muchas; no coinciden las boletas recibidas por los presidentes de las casillas con las boletas que se contaron al iniciar la elección, no coinciden los números iniciales de las boletas contadas con los votos emitidos; no coincide el número de votantes con los votos emitidos, y curiosamente no coinciden los votos emitidos por diputados contra los emitidos contra gobernadores, esto significa que a lo mejor muchos ciudadanos tenían ganas de algún recuerdo de esta elección y se llevaban a su casa las boletas para gobernador, en cambio sí emitían las de diputados.
Por tanto señores diputados, yo quiero decir lo siguiente: si el señor candidato del partido del Gobierno si llega, si llega, a la gubernatura, llegará de una manera inmoral, porque en primer lugar no cumplió sus promesas de campaña, que anunció públicamente ante todos los medios, que sería una campaña austera, sin acarreo, limpia, todo eso no se cumplió, no fue una campaña austera, fue una campaña dispendiosa, con muchos gastos, muchísimos gastos; sí hubo acarreo, simplemente del día de su cierre, se reportaron alrededor de 200 autobuses solamente de la Huasteca y no fue un proceso limpio por lo que acabamos de ver.
Hubiera sido explicable como dijo mi compañero, el diputado Lujambio, que algunas personas que toda su vida no saben trabajar de otra manera, toda su vida han actuado en el fraude, se la han pasado decenas de años tal vez amenazando, amedrentando, robándose las urnas, embarazándolas, etcétera, hubiera sido explicable compañeros diputados, que uno de ellos que no sabe hacer las cosas de otra manera, se hubiera soltado, eso lo hubiéramos entendido, porque a esas personas para que cambien hay que volverlas a hacer.
Pero no, lo que encontramos fue no solamente el freno y que alguno se haya escapado, fue el aliento, fue el desatar la jauría para que cometiera el fraude electoral.
Si el candidato del PRI llega a la gubernatura, si llega, sería ilegítimo, porque los votos que obtuvo fueron a través de la ingeniería electoral y además, sería inelegible porque no cumple, como lo votamos los partidos de oposición, los requisitos que marca nuestra Constitución para ser gobernador del Estado, ni tiene la nacionalidad, no nació en el Estado, ni tampoco tiene la residencia efectiva.
Con todo esto compañeros diputados, yo quiero hacer una reflexión. Aún con los votos ilegítimamente obtenidos por el PRI, comparado con la elección de Fausto Zapata, el PRI pierde más de 100 mil votos; los otros partidos avanzan, avanza la democracia, se cubrieron bien las casillas y por eso estamos protestando, por eso ahora tenemos medios para hacer las impugnaciones, porque gracias a la nueva Ley pudimos cubrir las casillas.
Seguimos avaluando y confiando en el Consejo Estatal Electoral. A él acudiremos en las instancias que le correspondan. También reconocemos que la Ley Electoral de San Luis Potosí es un avance importante, ha sido un factor para que los partidos puedan participar de una manera más adecuada. Lo que es lamentable es la actuación del PRI, que se niega a que haya un avance democrático. No hay voluntad de cambio. Volvemos al carro completo, así sea el carro que atropella; volvemos al estilo de todas, a ganar al precio que sea, aunque ese precio sea en dinero, en inmoralidad, en amenazas y en chantaje. lo que tenga que pagar, tiene dinero para pagarlo el PRI.
Y yo no me pregunto y les pregunto, compañeros diputados: de qué sirve que estemos en este Congreso hablando de reforma política y de mesas de concertación. Lo que se necesita, además de la Ley, es la voluntad política partido en el Gobierno, la disposición a competir limpiamente, en igualdad de condiciones, disposición de someterse a la Ley, lo que se requiere es la intención de abandonar el fraude, no la intención de hacerlo indetectable; lo que se requiere es la voluntad de someterse a una competencia en igualdad de circunstancias, no invertir millones de nuevos pesos en nuevas tecnologías para burlar la voluntad ciudadana. Ojalá que los recursos, las técnicas, las inteligencias que se emplean para burlar la voluntad ciudadana, se emplearan para sacar a este país del subdesarrollado económico, político y social.
El Partido Acción Nacional demanda la verdad, que se permita abrir los paquetes electorales. Si están confiados de su triunfo los señores del partido del Gobierno, por qué tienen miedo de abrir un paquete electoral y que se verifique que las boletas que se recibieron fueron las boletas que se emitieron, si las boletas que están en la urna fueron las boletas que corresponden al número de votantes. Por qué el miedo, que se abran los paquetes. Si hay tanta certeza en su triunfo, que lo abramos, que se compruebe si hay un error, porque errar es de humanos, pero que se compruebe también si hay voluntad de fraude.
Señores diputados: cuando un ladrón entra a una casa. Si alguien se ha puesto el saco yo no me he referido a nadie en particular, simplemente yo hablaba de los ladrones en general, no de alguien en particular, no me gusta hacer alusiones personales. Cuando un ladrón roba en una casa, señores diputados, no deja recibos con el número de Hacienda ni con el IVA desglosado, por eso es difícil detectar cuando hay robos en cualquier tipo de circunstancia, pero dejan indicios, se dejan pistas, se dejan huellas. Nosotros estamos investigando y esperamos que en San Luis Potosí, como lo deseamos para México, la verdad triunfe y la verdad salga a flote. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Francisco Javier Salazar.
Tiene la palabra para el mismo tema el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados, con su permiso.
El Partido Acción Nacional, principalmente, en las últimas palabras del diputado Salazar, viene a decir que se abran los paquetes, que si hay temor del PRI para que se abran, que si hay errores se comprueben y que si hay voluntad de defraudar se compruebe.
De acuerdo en su última aceptación y su penúltima propuesta, es la primera del PRI desde hace dos días en San Luis Potosí, pero su última acertación en donde presenta dos hipótesis, en la que cualquier persona racional estaría de acuerdo, es sólo la carátula de un discurso, de dos discursos, de tres discursos porque tratando de decir que puede haber errores y que puede haber voluntad de tergiversar resultados y de malversar la voluntad popular, todo el contexto, todas sus citas, todas sus aseveraciones, simplemente suponen, afirman que hubo un fraude. Eso lo empezaron a decir el martes en la noche, porque la declaración del domingo del candidato de Acción Nacional, fue, como al día siguiente corrigió, una expresión al calor de la terminación de la jornada. Al día siguiente dijo que buscarían pruebas y tratarían de explicarse los resultados.
Yo creo compañeros diputados, que en la línea central de estas exposiciones en esta tribuna
nacional, hay una hipótesis falsa y hay un objetivo equivocado. Me voy a tratar de explicar.
De toda la serie de acontecimientos particulares y generalizados en esta tribuna, en este momento, por el diputado de Acción Nacional y en parte por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, hay de casos particulares una generalización en la afirmación y en el discurso y en la mayor parte de esos casos son denuncias que podríamos llamar intangibles, de esas que se pueden decir, que se pueden expresar con muchas palabras pero que no se pueden probar porque no existieron. Hay otras que son impugnaciones de conductas a los priístas de San Luis Potosí concretas, específicas, y son falsas también y voy a tratar de demostrárselos.
Primero las reglas del proceso de San Luis Potosí no las puso el PRI, las puso la oposición. La autoridad electoral, como se ha dicho aquí y lo saben todos los compañeros diputados y cualquier gente en este país interesada por la política, está gobernada por una mayoría de ciudadanos partidistas, casi todos provenientes de las cámaras empresariales de San Luis Potosí y dos académicos universitarios.
Todos esos consejeros, en suma, pueden imponer decisión y estoy de acuerdo que se han estado conduciendo a buen juicio, a buena fe y estoy de acuerdo también, que no habían tenido experiencias en cuestiones electorales y políticas, pero todos ellos, en suma, pueden imponer a buen juicio y con sentido de razón las decisiones, como la han estado haciendo por encima de cualquier alianza numérica de bloque de partidos.
Pero esos 12 consejeros, 11 ahora con el Presidente que representa al Ejecutivo, pero que también tiene el mismo perfil apartidista, fueron propuestos por Acción Nacional y por el Frente Cívico Potosino, no por el PRI y fueron hechos formalmente iniciativa del Ejecutivo al Congreso y fueron aprobados en el Congreso formalmente, pero fueron sacados de listas de prospectos que propusieron Acción Nacional y Frente Cívico, hoy Nava, Partido Político.
El PRI después de que tomaron posesión y protestaron, los avaló. Las autoridades electorales las propusieron ustedes.
El padrón, como aquí se dijp, lo revisó y también detectó el grado de ciudadanos no credencializados y está en el informe del Cecope, textualmente.
Un ciudadano que si tenia alguna participación política en 1991, en la coalición que postuló el doctor Nava, pero que fue propuesto también para director de ese centro creado por la Ley, por el Cecope, por el PAN y por Nava Partido Político; el PRI no lo objetó, después de que tomo posesión lo avaló.
El PRI y los demás partidos y la autoridad electoral de San Luis Potosí, no tienen cuatro ni tres ni dos, no vale el peso electoral de los partidos políticos, ahí la democracia se uniforma. Y lo mismo un partido que saco 57 votos en todo el Estado en esta ocasión, vale un voto, que Acción Nacional, que podrá llegar a sacar quizá las cifras que dijo el diputado Lujambio, o el PRI que podrá llegar a sacar con cómputos oficiales quizá ciertamente las cifras que dijo el diputado Lujambio; 57 personas representadas por un voto en ese consejo, valen igual que 70 mil personas representados con un voto en ese consejo. Es democracia sin adjetivos. Ustedes lo propusieron; ustedes indujeron las reformas a la Ley, el PRI las aceptó. Más aún, las aprobó con sus representación partidista en el Congreso del Estado; jugamos y competimos con las reglas de ustedes.
Entiendo que con esas reglas, con la actuación de las autoridades del Consejo Estatal, no se pudo haber hecho alguna maniobra. Es más, así se vino a decir aquí, no bastan las reformas legales, los ciudadanos consejeros se han conducido correctamente.
La maniobra se pudo haber hecho, se hizo seguramente en otras partes, en las casillas o con ciudadanos o con personas que, sin tener derecho a votar, fueron a hacerlo agregando pocas veces, pocos votos, en cada una de las 2 mil 200 casillas. Creo que ésa es la hipótesis que se presenta para tratar de acusar en este caso al PRI de una malversación del proceso y de un cambio en los resultados electorales. Las demás, podría referirme a ellas y quizá sólo por contentamiento, pero no son precisas ni concretas, es más, improbables ni sujetas en buena lógica a la prueba.
Se violó el secreto del voto. ¿Que se puede aducir en eso? ¿Había una cámara de retratar detrás del votante? Se le dijo: ¿por quién votaste después? ¿Había el representante del PRI detrás de la mesa de cruces que mandó a hacer el consejo estatal para haber por quién votaba? ¿Se presionó por grupos de defensa jurídica del voto? Bien, depende cómo se entienda qué es presionar, pero sí había 500 abogados en San Luis Potosí, 250 en la zona metropolitana, en 20 taxis, en 20 y en muchos otros autos sin placas
y no sé si sin placas, no lo sé y si fuera cierto, me parece que no modifica ningún resultado de ninguna casilla que un carro tenga placas o no las tenga, precisamente acudiendo a cualquier llamado de nuestros representantes particulares de casilla, allá se llaman comunes o generales, por cualquier incidente, problema o cuestión o discusión que se pudiera prestar en las casillas. Para eso son militantes con formación jurídica, con título de abogado que cooperan con el partido; si no lo hacen otros partidos, es porque no quieren hacerlo. El PRI lo hizo.
Hay 1 mil 600 taxis en la ciudad de San Luis Potosí, hay 375 casillas, ¿cómo se iba a quedar la ciudad sin taxis?
Había obras por solidaridad y por el PRI. Aquí traigo una fotografía con propaganda en una casilla, no vale la pena exhibirla, se las entrego a ustedes si les gusta. Casillas que se instalaron tarde, es cierto, están todas documentadas en las actas.
Actas en donde las cifras no coinciden entre el número de boletas recibidas, entre el número de boletas depositadas en la urna, entre el número de votantes, entre la suma de los partidos, entre boletas inutilizadas, entre votos nulos, es cierto que existen y a la mejor son decenas, como dijo la diputada Garavito.
Pero eso es muy fácil saber si es un error o si es una conducta delictiva. Y está en manos de cualquier partido pedir que se anule esa casilla, si la diferencia entre las cifras es trascendente al resultado, si no, simplemente deben corregirse.
Yo lo dudo, que el acta que trae la diputada Rosa Albina Garavito, y le puedo mostrar más, están exhibidas por el PRI, como ésa, en la Plaza de Armas de San Luis Potosí, el PRI las exhibió. Probablemente algún militante del PRD le sacó una copia a esa lista, a esa acta que está exhibida, una mampara en la Plaza de Armas de San Luis Potosí, o quizá no, pero como ésa hay más; en donde el número de la lista de votantes es inferior al número de votos, es cierto que puede haber actas así.
Pero tan sencillo, como que los funcionarios de casilla, mal capacitados ciertamente, pero no por responsabilidad nada más de las autoridades electorales, sino de todos los partidos, porque eso fue un acuerdo expreso y firmado, que todos los partidos designaríamos capacitadores para el efecto.
Se equivocaron en la manera más sencilla para anotar el número de la lista nominal, con la cifra oficial del ejemplar de la lista que les llegó. Y si no es una equivocación, esa votación es nula.
Lo más sencillo es la posibilidad de admitir que un campesino, que pone huella y que, por lo tanto, no sabe escribir, se confundió con las cifras y no le sumó al final todos los cuadros numéricos correctos, a lo mejor ni primaria tiene. Esos son errores que se pueden comprobar.
¿Cuántos son? Quizá decenas, pero más que decenas y si fueran más; las vías legales están para comprobar si hay algún error o, repito, como dijo el ingeniero Salazar, sería una conducta indebida. ¿Y a quién es atribuida, porque los funcionarios de casilla no eran priístas? Quizá algunos señores, quizá muchos, pero muchos otros eran miembros de Acción Nacional y de todos los demás partidos, fueron sorteados, no insaculados, sorteados por una máquina, con un algoritmo sacado de la propuesta de un solo dígito por cada representante de partido, introducido a la máquina y operando un programa de sorteo que operaron las máquinas, que le costaron 5 mil millones de pesos al Gobierno del Estado y al erario de San Luis Potosí, por la propuesta de los partidos de oposición para que así fuera y dirigió ese proceso de insaculación por el director navista - panista, que poco después avaló el padrón, pero que antes sacó el sorteo de los ciudadanos, a quiénes debían llamarse, para que después de una capacitación y su examen pudieran ser funcionarios de casilla, después de volverse a sortear.
¿Hubo suplantación de funcionarios de casilla? Yo no sé porque le llaman suplantación a correr el mecanismo que la Ley previene.
Hasta donde yo tengo información, en siete casos, siete de 2 mil 211, porque sólo una casilla no se instaló en el Estado de San Luis Potosí, no estuvo el presidente de esa casilla, sino que fue sustituido, como dice la Ley, ¿y el resto?
Si alguien me viene a decir que no estaba el presidente o los demás funcionarios, en la sola aseveración encontrarán una lógica desmentida, porque ninguna casilla se puede instalar si no aparece el paquete electoral, el material electoral y el material electoral les fue entregado a las comisiones distritales, que las componen miembros de todos los partidos y que también tienen un consejo de ciudadanos, insaculados de la misma manera, apartidistas, se los fueron a entregar ellos a los presidentes de las casillas.
De tal suerte si no apareció el presidente de la casilla o su suplente, o no fue a regresar el material electoral o no se le entregó al auxiliar que llegó a las ocho y 30 de la mañana, en el curso de los primeros minutos de la jornada electoral, entonces pudieron haberse instalado las casillas.
No se puede decir que esto sea una irregularidad trascendente al resultado de la votación de la casilla, porque aunque fuera cierto, primero, es legal, y segundo, allí estaba, dice el ingeniero Salazar, nosotros afirmamos que el 92%, pero dice él que el 95% de sus representantes.
Ahí estaban y ahí firmaron. Cualquier cosa que se diga en contrario, compañeros diputados, es descalificar a sus propios representantes de casilla.
Todas estas acusaciones, aseveraciones que llegan a la conclusión brincándose una premisa, me parece que son intangibles o discutibles y no se más que en eso, en algún alegato. Lo que me parece verdaderamente serio, verdaderamente serio, es que venga a construir una hipótesis de una nueva modalidad de fraude. Es lo mismo 1 mil votos en 50 casillas, se pueden descubrir mas fácil y antes sucedió así, dice el impugnador que 50 votos en 1 mil casillas. Y si asumimos la base de que hubo 50 votos ilegales, dijo ayer un representante del NPP en San Luis Potosí, ilegales, en todas esas casillas llegamos a una cifra de 100 ó 110 votos que no le correspondían al PRI.
Ahí está la nueva técnica sofisticada, científica, depurada, ocultable, casi sin rastros. Ahí está. Hubo que preparar primero, quiero imaginar la hipótesis a no se cuántos hampones electorales dice, 2 mil para que dé la cifra, me corrigen ustedes que son matemáticos. A 2 mil gentes en un operativo de ir a usar, no sé, 50 credenciales viejas, con 50 trucos, 50 boletas, para juntar entre todos 100 mil votos que no le pertenecen al PRI, entraron indebidamente.
Dicen que sacaron las boletas, ahorita les puedo demostrar porqué no pudo haber salido ninguna boleta a manos de nadie en esta ocasión, más que por una sola vía, las que llegaron a los dirigentes de Acción Nacional y ahorita referimos ese caso. Pudieron ir a votar con una credencial antigua si se dio el caso, yo no sé si hayan llegado a 20 o 30 casos, estarán en los incidentes seguramente de las actas o los podrán cuantificar los representantes de los partidos que los aseveran así, pero solamente en un distrito.
En la Comisión Distrital del II Distrito indebidamente, no sé por parte de quién y a propuesta de quién, se tomó el acuerdo alrededor de las 12 del día, de que se permitiera votar con la credencial vieja con la condición de que apareciera en la lista nominal de votantes, pudiera haber aparecido un ciudadano con su credencial vieja en la actual lista nominal, si no se hubiera cambiado de domicilio, quizá le hubiera cambiado la clave cuando menos en la edad. Y si se dio el caso en el II distrito nadamás, a propuesta de quién, no lo sé ¿Quién denunció esta irregularidad? EL PRI, consta en el acta de la sesión permanente del 18 de abril del Consejo Estatal Electoral. Inmediatamente el Consejo por autoridad del presidente, ordenó a esa comisión distrital que revocara ese acuerdo y a las cinco de la tarde revocaron ese acuerdo. ¿Cuántas gentes pudieron ir a votar con esa credencial vieja? No sé pero estará en los reportes de incidencia de las actas. ¿Y a favor de quién votaron esas personas? Acción Nacional supone que a favor del PRI, lo supone, lo da por hecho.
Pero yo creo que no es éste, ni los anteriores a los que me he referido el único en que se pudo haber construido ese operativo fenomenal, novedoso, inaugural en San Luis Potosí. No , dice Acción Nacional, son muchos técnicas. Y la verdad es que el recetario de impugnaciones previas a una elección que no se dieron afortunadamente en San Luis Potosí en esta ocasión, antes de la elección, porque no conocían los partidos contendientes el resultado de la elección. Se empiezan a decir lo que siempre se ha dicho después de conocer el resultado de la elección.
¿Cómo, señores diputados, pudo haber dos mil gentes aleccionadas para este operativo, de ir a lavarse el dedo, de una tinta mala, 50 veces al día en diferentes casillas? ¿y los representantes de Acción Nacional no estaban en la casilla, no le pidieron al presidente, como dice la Ley, que exija la identificación al elector cuando no lo conocen? Si lo hicieron, incumplieron con su deber, si no aparece en el acta, como no aparece en ninguna de las actas, que se ha dejado votar a una persona que no se identificó, aún bajo la exigencia de que el representante de algún partido político se lo pidió al presidente de la casilla, si no lo hicieron, fue por una o dos razones: o porque no se dio nunca este caso o porque el representante del partido, que lo asevera aquí, fue a mentirle a sus dirigentes.
Las boletas electorales, compañeros diputados, escuchen esto que verdaderamente es una
novedad en todo el país, se mandaron hacer ciertamente muy grandes, y hay un caso en que una persona metió cuatro boletas, es verdad, lo denunciaron en San Luis Potosí, dos en la urna de diputados y dos en la urna de gobernadores, es cierto, es un caso, pero aquí en el lenguaje con plurales y los adjetivos generales lo proyectan como una constante, eso no es así, yo no sé cómo se le deba llamar a eso, señores diputados; sí es un caso, es cierto, está reportado en San Luis Potosí. Y la explicación que tenemos es un caso de un invidente, precisamente un caso de un invidente que fue asistido por otra persona, y echó dos juegos de boletas en cada urna. Es el único caso que está denunciado en San Luis Potosí.
Esas boletas muy grandes, de papel muy grueso, de papel casi infalsificable, dijeron los consejeros ciudadanos, las mandaron hacer una subcomisión de consejeros en donde no participó ningún partido, con dos procesos de imprenta, dos procesos de imprenta: uno, nunca nos quisieron decir oficialmente en dónde se había diseñado e impreso la carátula de los emblemas y el cuadro aprobado del diseño de la boleta, nos dijeron que en una imprenta de Estados Unidos; lo quisimos creer. Un papel simplemente inexistente en México. Tres consejeros cuidadanos sin intervención de ningún partido político, no sé si Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática haya asistido alguna vez al bunker en donde tenía la segunda imprenta.
Ahí le hicieron una segunda impresión los consejeros cuidadanos a las boletas, les marcaron ciertamente, como se dijo, el número de la sección del municipio y del distrito. Nada más en esa casilla podían usar esas boletas. Aquí escuché decir que habían descubierto ya en las urnas boletas de otra sección, no sé cómo lo descubrieron, porque apenas en este momento, en el curso de este día, se estarán abriendo paquetes en San Luis Potosí; no sé cómo se pudo haber descubierto. ¿En el escrutinio de la casilla?, quizá, en el escrutinio de la casilla, que constará en un acta seguramente porque esto es algo muy notable.
¿Cuántos casos hubo de esos? ¿100 mil ó 1 ó 3? ¿Que pasó, qué hicieron, cómo llegaron ahí? Simplemente es un asunto de imaginación, porque casualmente cuatro boletas fueron tiradas cerca de la oficina del Partido Acción Nacional el domingo en la noche o el lunes en la mañana, apareció el martes en la Prensa la fotografía, cuatro boletas cruzadas por el PRI fueron dejadas, perdidas, extraviadas por algún hampón cerca de las oficinas de Acción Nacional.
¿De dónde salieron esas boletas?, no hay más que dos: del lugar de donde estaba la segunda imprenta de los consejeros ciudadanos, o de ciudadanosnos militantes de partidos que simplemente no las depositaron, se las llevaron y fueron a dar casualmente cerca de las oficinas de un partido político, cruzadas por el PRI, cualquier priísta: nos interesa más esa boleta dentro de la urna.
Esas boletas, señores diputados, particularmente los de Acción Nacional de otros estados que no tienen este dato, fueron pesadas por una máquina que compraron no sé dónde los señores consejeros ciudadanos y que tenía un margen de error de no sé cuántas milésimas para dar exactamente el número que debía ir a cada casilla y a lo mejor se equivocaron al empaquetar, porque después de que empaquetaron, envolvieron firmaron y llegaron con una leyenda de "Abrase hasta las 8.00 de la mañana del día 18 en la casilla", no circularon antes, cuando de parte de un partido Revolucionario Institucional, no pudo haber habido una boleta en sus manos antes de las 8.00 de la mañana; después sí: secretarios , escrutadores, representantes del partido en las casillas que ya las tuvieron en sus manos.
Si las boletas no podían valer más que en una casilla, si eran infalsificables, los casos de tinta indeleble, oí que mencionaron uno que mandaron hacer, lo pidieron también los consejeros ciudadanosnos, los que ustedes propusieron, no nosotros, nosotros los avalamos después que tomaron protesta; ellos mandaron esa tinta indeleble.
El cuestionamiento hecho al Presidente del consejo, el domingo en la noche dijo: "Eso es falso, aquí está mi marca". Pero se puede borrar, es cierto. Nada más que cuesta mucho trabajo hacerlo 50 ó 10 veces en un día. Esto se hubiera descubierto un día antes, cinco días antes, un mes antes. Dos mil gentes discretísimas y profesionales todos en esa labor, en ese operativo ¿a echar 50 votos en cada casilla?, votos que no podían haber venido de fuera, boletas que no podían haber venido de fuera. Y ahí estaban; ¡ahí solamente! con el Presidente y el secretario de la casilla; llegaron envueltas a las 8.00 de la mañana a cada casilla; no circularon antes; cuando menos en manos del PRI no estuvieron antes. Con credenciales diferentes y no se les pidió que se identificaran y los representantes el 95% de los representantes de un sólo partido no se dieron cuenta; y no lo dijeron ni el domingo ni el lunes, ¡ah!, pero ayer sí, ya con la defendida de los resultados extraoficiales. De alguna manera había que explicarse cómo
toco esos votos el PRI, cómo sacó esos votos Acción Nacional. No era posible lógicamente, señores diputados, no es posible admitir un mecanismo como éste. Es una hipótesis bautizada el día de ayer; bautizada el día de ayer.
Las autoridades, el control de las boletas, las demás medidas de seguridad, los auxiliares, también empresarios propuestos por los consejeros que ustedes propusieron y que nosotros avalamos después de haber tomado posesión y que mandamos hacer todo el material electoral y sus representantes en casilla, hace a los ojos de cualquier ciudadano de buen juicio, increíble esa versión. Están ustedes seguros y lo saben muy bien, que en San Luis Potosí no se cree esa versión y que no está intranquila la ciudad de San Luis Potosí. Eso no es verdad y lo saben muy bien.
Esta es una hipótesis falsa pero persigue un objetivo equivocado compañeros diputados. Acción Nacional está empeñado en demostrar que 100 mil o poco más de 100 mil votos que aparecen extraoficialmente para el PRI, no los recibió legalmente; que el PRI tiene una votación mayor, esa es la equivocación. El problema no es si el PRI tiene una votación mayor, porque no la tiene; es su misma votación histórica. El problema no es el campo, porque si nos ponemos a discutir el campo, nunca ha ganado ningún otro partido en el campo, la ciudad de San Luis Potosí.
La elección de 1979 de gobernador sacó más votos el PRI en la capital que los que ahora saca el PRI en la capital; en 1985, también; en 1991, no nos metamos en la elección de gobernador porque no salimos del enredo, la de diputados que fue exactamente igual con 1 mil votos de diferencia y por lo cual estamos todos aquí saca muchos más votos el PRI en la capital, en el Estado 100 mil menos es cierto. El PRI lo único que hizo es conservar su votación histórica, lo único que hicimos con una campaña que dobla en actos y en asistencia a la suma de los actos de campaña de los demás partidos políticos, lo único que hizo es procurar que los priístas de la ciudad fueran a votar . El problema no es por qué el PRI saca los votos que siempre ha sacado, 55 mil votos sacó el municipio de la capital en 1991; hoy poco más. Entonces, los votos que sacó el PRI no les pareció fraude, ni en el primer distrito donde Acción Nacional sacó 54 mil, el PRI, 42 Por eso Sánchez sacó los mismos votos aproximadamente que sacó en la ciudad.
El Presidente:
Señor diputado, le ruego concluya.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Le quisiera pedir que me dejara continuar brevemente para concluir, porque son muchas las aseveraciones que se han hecho. Le suplico por favor que.........
El Presidente:
Continúe brevemente y concluya lo más pronto posible.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Es la misma votación del PRI, no se extrañen de los votos que sacó; no es nada anormal; hay más votación en la ciudad ahora, que en el campo. Acción Nacional gana más casilla, 20 en la zona rural y 13 en las zonas urbanas. El problema no está en cuántos votos sacó el PRI, ¡no van a indagar nada que no sea la mera verdad!, simplemente fueron a votar los priístas, logramos recomponer la descomposición que teníamos en diciembre de 1991. Estamos sacando en la capital y en todo el Estado, 25 mil votos más que el peor momento en la historia del PRI en San Luis Potosí, diciembre de 1991, donde Acción Nacional ganó por poco más de 1 mil votos la capital. No, señores, el problema es por qué sacaron tan pocos votos ustedes. Eso es lo que verdaderamente deben investigar.
Y la respuesta no está en la hipótesis que están construyendo; pregúnteselo en el tipo de campaña que hicieron, en las injurias e insultos irrepetibles que se dieron mutuamente navistas y panistas; no se puede repetir en tribuna, en las bardas que se pintarrajearon mutuamente, en los poquísimos actos de campaña. Esa es la respuesta al problema.
El PRI no sacó más votos de los que ha estado sacando siempre, sólo recompusimos nuestras filas. Acción Nacional volvió a la misma votación, y mejoró, a la que tenía en 1990 cuando concursó sola, cuando compitió solo, sin el navismo. Acción Nacional sube muchísimo poniendo las siglas para el doctor Salvador Nava. Los votos de Salvador Nava, fueron muchos en la capital, en 1991; pero los de Acción Nacional, y la
estadística lo puede comprobar, son poco menos de los que tiene ahora.
Aquí el gran problema es que los navistas ya no fueron a votar ni por la Acción Nacional ni por ellos mismos. La explicación la da los acontecimientos políticos. El fallecimiento de su líder, el tipo de campaña que hicieron, las disputas con sus aliados históricos. En fin.
La respuesta no está en la hipótesis que llevan ustedes; empiecen por hacerla en la misma casilla de Jorge Lozano. Ahí pueden hacer un ensayo de uno por uno a ver si hubo algún elector inventado.
La respuesta no está en las hipótesis, está en algún cuaderno de buena sociología política. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado Juan Ramiro Robledo.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Flores Cuéllar.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Parece ser que cada vez que hay una elección venimos a platicar o a tratarnos de convencer de las limpiezas electorales que siempre el partido oficial o el partido del Gobierno se adjudican.
Compañeros diputados: En esta ocasión, yo estuve también en San Luis Potosí, donde vimos todo el proceso electoral.
El compañero que me aconteció en la palabra, viene a decir todas las causas que él cree que son hipótesis. Yo creo que aquí todos los diputados de oposición sabemos perfectamente contra qué estamos luchando cuando llegamos a una elección electoral. Y los partidos de oposición, sabemos de antemano, lo que nos espera cuando llegamos a la elección y tratamos de cubrir y amarrar las manos en una o en otra situación.
Como también lo saben perfectamente los compañeros diputados del partido del Gobierno, porque todos han estado en las elecciones, y sabemos que no hay estructura de ningún partido de oposición ni todos juntos podremos reunir la estructura que tiene el Gobierno y que lleva el Gobierno en cada elección electoral; y manejar todos los funcionarios del Gobierno, llámese SARH, llámese magisterio, algunos, llámese Pronasol; ese programa por el cual a través de él llegaron la gran mayoría, de ustedes compañeros priístas, diputados de esta Legislatura. La mayoría de ustedes, llegaron en 1991 con ese programita de Pronasol, que ahora ha sido el que ha reforzado continuamente todas las elecciones que han venido de 1991 para acá.
Y por si eso fuera poco, el Ejecutivo Federal anunció hace poco "que ya no habrá partido de Gobierno". Pero eso fue lo que dijo. Porque el señor sistemáticamente, en cada Estado que hay elecciones, llega como los reyes magos: repartiendo, haciendo, dando y prometiendo ahí mismo obras, dinero, para tal o cual obra también. Y eso, no hay poder humano que lo pueda rebasar. Porque como tampoco hay control en el manejo de esos recursos, de esos fondos. ¡Ni aquí en la Cámara podríamos nunca saber el costo que llevan las campañas políticas a través de Pronasol! Nomás nos consta a todos los que andamos en las elecciones electorales.
Y ahora se extraña el compañero que me antecedió, diciendo que eran hipótesis. Casualmente hoy vuelve a sacar el catálogo de ingeniería electoral como muchos datos que fueron dando.
Dice él que tiene nadamás siete casillas, en que no llegaron los funcionarios. Yo no sé de cuál distrito. En el IX hubo muchos y casualmente en el momento que se abría la casilla, que no estaba el funcionario, llegaba uno que decía auxiliar electoral pero del PRI y no auxiliar electoral de la Comisión. Y decía: "Aquí está el profesor. Mira que más que él".
Y con esa insaculación que también se hizo, que ahorita lo mencionó él precisamente, en esa insaculación casualmente había muchas casillas, el número se les daría en su momento y a las autoridades correspondientes que aquí no es el caso, estaban los mismos de siempre que han sido funcionarios.
Casualmente fue responsabilidad de las comisiones de impartir un curso de capacitación, con un casete que se ponía. "Las preguntas las dejamos para el último". "Nada más que ya es tarde y nos vamos", y no hubo preguntas.
Todo claramente meditado, programado. No vamos. Nadie podrá negar lo contrario.
Pero además de eso, dice el compañero que son hipótesis. Cuando llega la maquinaria a hacer
tal cual camino, como pasó en Xilitla, "Aquí está la máquina, pero si ganamos; si no el lunes nos la llevamos".
Dice que ya no hay compra de votos. Habrá en su momento también la aclaración.
El Presidente:
Le ruego concluir su intervención. Ha terminado ya su tiempo.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar:
Con mucho gusto, señor Presidente. Me disculpa.
Compañeros: No habrá limpieza electoral por decreto, mientras que no haya la voluntad del partido de Gobierno de querer hacer bien las cosas.
Y si el Ejecutivo Federal sigue apoyando las campañas políticas en los estados que estén en elecciones, habrá su protesta en su momento y la haremos llegar por su conducto que debe ser. Compañeros, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Tiene razón el diputado Robledo en varias cosas. Coincidimos, y así lo ha señalado la diputada Garavito, en el avance que hubiera significado el respeto a la Ley electoral de San Luis Potosí. Tiene razón también en cuanto a que por primera vez en nuestro país se pudo contar en un Estado con un Consejo Estatal Electoral independiente, formado por ciudadanos y avalado por todos los partidos políticos.
Su discurso sería impecable, si no tuviéramos el problema del manejo del padrón electoral.
Es cierto, coincidimos con lo que anteriormente menciono, pero no habla el diputado Robledo de esa estructura paralela que se organizó alrededor del Registro Federal de Electores de manera centralizada, para crear una estructura que organizara el fraude electoral en San Luis Potosí.
El Registro Federal de Electores, estuvo manejando el padrón electoral de manera sectaria y para favorecer la votación para un partido político que es el suyo.
Existe un estudio muy serio y muy importante, sobre el padrón electoral en San Luis Potosí, realizado por el Centro de Estudios de la Sociedad Mexicana, donde hacen un análisis de los listados electorales para abril, desde 1988 hasta abril de 1993.
Según este estudio, el padrón electoral, según la versión oficial, tiene inscritos a 920 mil 306 ciudadanos, de una población estimada en edad de votar de 1 millón 109 mil 260 personas, es decir, que 188 mil 254 ciudadanos, el 17% de la población no están contemplados en este documento.
Segundo. Las listas nominales contemplan sólo el 78.14% de la población en edad de votar, dejándose así a 242 mil 394 personas sin credencial de elector.
Del 100% de personas excluidas del padrón electoral el 35.48% de ellas, es decir, 86 mil 016 ciudadanos, viven en el municipio de San Luis Potosí y el 15.67%, es decir, 37 mil 994 personas, se localizan en el municipio de Soledad de Graciano.
El dice: " Los navistas no fueron a votar". Pues no, no fueron porque ustedes los rasuraron, los quitaron de las listas y del padrón.
Pero aún tenemos una situación más. Estas personas hicieron un muestreo, un estudio exhaustivo casa por casa en la ciudad de San Luis Potosí y tan solo en la ciudad de San Luis Potosí encontraron 31 mil 783 falsedades, sólo en la ciudad de San Luis Potosí, en un muestreo casa por casa exhaustivo realizado por estos compañeros.
Tenemos así que hay un 13% de falsedades tan sólo en la Ciudad de San Luis Potosí. Si esto lo extendemos a todo el Estado, tendríamos una cantidad de 130 mil falsedades en el padrón. Estas falsedades consisten en cuatro grupos, están divididas en cuatro grupos:
Primero. Las personas que ya no habitan en el domicilio señalado desde antes de los últimos seis meses.
El Presidente:
Diputada le ruego...
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Voy a concluir. Le ruego me de oportunidad de hacerlo.
El Presidente:
Concluya brevemente, por favor.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Segundo. Las que fallecieron por lo menos antes de los últimos seis meses.
Tercero. Aquellos domicilios donde no existen; y
Cuarto. Las personas que nunca han habitado en el domicilio señalado en el padrón.
De esto, nosotros podemos inferir estas 130 mil falsedades. Son los votos de los que nos hablaba el diputado Lujambio que se pueden documentar como votos falsos.
No podemos seguir hablando con ese discurso desgastado por parte del partido oficial y del Gobierno de que estamos avanzando hacia la democracia.
Honorable Asamblea: Son pruebas, esto se pude documentar. Nosotros también llamamos y solicitamos voluntad política del Gobierno para que se abran los paquetes electorales y que se demuestre la verdad. Si hubo fraude electoral que salga a relucir y si no lo hubo que el error se compruebe y se demuestre.
Creemos que si se abren los paquetes electorales podremos saber así la verdad. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputada Patricia Anchondo.
También para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Salazar, por favor.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:
Muchas gracias, señor Presidente: Tres asuntos solamente. Qué bueno que el diputado Juan Ramiro Robledo ha aceptado públicamente delante de todos nosotros que se abran los paquetes. Ahí se verá si los casos aislados se generalizan o no, ahí sabremos lo que ha pasado.
En segundo lugar, yo quiero destacar la dificultad que tiene, piensen ustedes señores diputados, la dificultad que tiene un representante de casilla, una persona en una casilla, de un partido de oposición, para detectar 30 ó 20 variantes de fraude.
Pero el tercer punto es el que me parece a mí interesante. Acaba de afirmar el diputado Robledo, que los votos que obtuvo el PRI en esta elección son la misma cantidad de votos que ha obtenido siempre, ¿cierto? en todas las elecciones. San Luis Potosí amigos diputados tiene una tradición notable de fraudes electorales; ha habido golpes, porros, urnas rellenas, votos de los muertos como en el caso de Moctezuma cuando presentaron las actas de defunción y le dijeron: ustedes no han demostrado que no votaron, simplemente demostraron que se murieron. Yo entonces me queda la pregunta, si estos votos que hoy obtuvo el PRI son los mismos que ha obtenido siempre, o todos los votos de la historia que obtuvo el PRI son legítimos y puros o éstos no lo son.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos igualmente, por cinco minutos, el diputado Manuel Monarres, del PRI.
El diputado Manuel Monarres Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Atendiendo una Comisión que me confiriera mi partido al igual que otros compañeros diputados federales, tuvimos la suerte y yo diría la oportunidad extraordinaria de asistir y de ver uno de los procesos electorales, donde realmente se manejaron con una gran limpieza estas elecciones y me tocó ver y asistir precisamente a uno de los distritos que aquí se han señalado que es la votación que se dio en el IX Distrito, donde un compañero subió a la tribuna hace un momento y aseveraba que se habían comprado votos; difícil de hacer un señalamiento como ese, pero valdría la pena que profundizáramos un poquito en él y el compañero seguramente habrá de recordar todas y cada una de las casillas de este
Distrito. Ahí me tocó visitar las primeras 30 casillas y seguramente cuando habló de la venta de los votos, de la compra de los votos se estaría refiriendo el compañero a la casilla número dos la casilla dos donde tuvimos la oportunidad de estar desde antes de las 8.00 de la mañana y ahí pudimos ver y constatar cómo un señor que se cambiaba constantemente de nombre, en ocasiones se apellidaba Maya y en otros López, transportaba en una camioneta de esas que cargan hasta un elefante, que transportaba a los votantes, llevó hasta la Presidencia de la casilla, la Presidenta de la casilla llegó en esa camioneta y vean el resultado que lo han de tener por ahí compañeros, ¿de cuánto fue la votación ahí y quién fue el candidato ganador?, pero esos votos no fueron comprados solamente por el transporte en esa camioneta, sino también ahí el candidato de Acción Nacional no fue a ofrecer el río, ahí ya a tenía el río y les ofreció arreglarles el vado, les mandó material, las mandó una camioneta y les ofreció una comida el día de las elecciones, entonces sí se compraron los votos en la casilla número dos del Distrito IX.
Quiero señalar y hacerlo con el mayor de los respetos, de que valdría la pena que viéramos cuáles son intereses y lo que se está defendiendo dentro de esta tribuna, y hacer algunos comentarios de dos declaraciones hechas por el candidato del Partido Acción Nacional.
En el periódico Pulso de el lunes, sale una entrevista que se le hizo al candidato Jorge Lozano y dijo y habló de las mejores elecciones, que estaba satisfecho con la Ley electoral y que respondió por primera vez y que se dieron las reformas para garantizar la transparencia electoral; que toda tarea desarrollada por el centro de verificación sobre el padrón, designado por Eduardo Gómez Domínguez, estuvo apegada a la legalidad, dando al final de cuentas seguridad para los votantes.
Aquí ya se ha señalado seguramente, que a quién revisó el padrón electoral, fue precisamente un ciudadano a propuesta de los partidos de oposición, y las mismas declaraciones también las hace el candidato de Acción Nacional en otros periódicos; yo creo que cuando se habla de esa compra de votos, esos votos que fueron 150 poco más, contra 23 que sacó el PRI en esa casilla, le salieron aproximadamente a razón de 50 mil viejos pesos cada voto que obtuvo Acción Nacional en la casilla número dos del IX Distrito. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Monarres. Tiene la palabra para rectificar hechos...Tiene la palabra para contestar alusiones personales, pase por favor.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar:
Qué bueno que el compañero y yo coincidimos en el mismo Distrito porque podremos hablar el mismo idioma. Yo creo que el compañero sabe donde está San José del Tampico. ahí andaban los comisionados ejidales y unos camiones acarreando material para un camino, pero se perdían las elecciones, se suspendía el trabajo. Hablamos el mismo idioma.
Yo creo que también sabe cuál es el ejido de Puente Quemado, o del Zapote, donde ahí, hay una denuncia ante la comisión distrital, por eso yo no hablé de hechos porque ahí están ya fundamentadas donde se estaban comprando con efectivo el voto y en lo que él hace la alusión personal muy específicamente de la casilla dos, fíjense que sí, fue la única casilla que ganamos en el Distrito, no porque compráramos votos, sino que la gente del ejido Cofradía, que es la casilla número dos, y el señor Maya como usted dice, sí es cierto, es ese ejido y estaban cansados del sistema y cansados del Gobierno porque a mí me lo manifestaron, no al candidato, él no va por ahí, le manifestaron que tenía desde el año de 1989, 35 camiones de piedra bola y tenían 25 toneladas de varilla, ahí están junto al río, y pagadas ya a un comerciante de la localidad, 18 toneladas de cemento, pero no se les oía porque esa casilla ya se había ganado antes.
Y cuando casualmente el señor Maya que él menciona, iba con el juez del ejido y comisariado ejidal, le dijeron "si el puente se te iba a hacer, ahora olvídate de él"; y el río ahí sigue estando, no lo prometimos, ése ya está y está sin puente y está sin vado, porque ninguno, ni el Presidente municipal ni las autoridades lo han podido hacer y me invitaron y saben para qué es, compañeros diputados, me invitaron porque querían conocer y hablar con un diputado, porque jamás había ese ejido hablado con un diputado, siempre habían hablado con puros candidatos, fíjense, hasta me pidieron que enseñara la charola, fíjese nada más. Compañero, está usted ya contestado. Muchas gracias.
el Presidente:
Para rectificar hecho, tiene la palabra el diputado Julio López Valenzuela, del partido Acción Nacional.
El diputado Julio Eustaquio López Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente: Su servidor también estuvo presente en el proceso electoral reciente en San Luis Potosí. Me constan varios acontecimientos irregulares. Voy a narrar lo que sucedió particularmente en la casilla número 15, correspondiente a Morterillos, municipio de Moctezuma, distrito número seis.
Como decía el compañero Manuel Monarres, a él le constan una serie de acontecimientos que se dieron en la casilla número dos. Pues bien, vamos a suponer que de la noche a la mañana se convencieron los compañeros del partido oficial, de que ya era hora de jugar limpio, los aquí presentes y tal vez los altos directivos de su partido; pero en la realidad, en los hechos, sus discípulos no están dispuestos a jugar limpiamente y lo vamos a demostrar en esta casilla, como un mero ejemplo de lo que sucedió en la mayoría de las 25 casillas del municipio de Moctezuma.
Primeramente, a la hora de que nuestro representante, el señor Roberto Rodríguez, quiso depositar su voto, se le negó argumentando que no le correspondía ahí votar porque no era esa su casilla, aún siendo del mismo distrito, violando así la Ley Electoral de San Luis Potosí.
Además, el representante del partido oficial de nombre Roberto Rodríguez... perdón, Roberto Rodríguez es nuestro representante, al señor Santos Arriaga Ovalle, que es representante de su partido, del partido de Gobierno, asumió claramente funciones y esto a mí nadie me lo contó, yo lo viví, asumió funciones de escrutador, y en el momento de estar entregando las boletas electorales, les estaba indicando a los votantes que votaran por su partido.
Aunado a esto, a la hora del escrutinio, cuando nuestro representante Roberto Rodríguez, exigió que se le entregaran las actas de escrutinio, se le negó también rotundamente este derecho. No contamos más que con la acta de instalación de esa casilla, porque cuando ya nuestro representante estuvo exigiendo sus derechos, no les pareció principalmente a representantes del PRI y él mangoneó esa casilla y él fue el que ordenó que no se le entregaran las actas finales de escrutinio. Únicamente me imagino que él dijo: bueno, a manera de respuesta ante nuestro representante que se mostró exigente, dijo: no le vamos a entregar el acta y así lo hizo.
También me consta que el señor Carlos Lopo Cabaní, Cabanelas, que es español, que fungió como representante general del PRI, estaba en estado de ebriedad y eso es público y notorio, porque ahí en el municipio de Moctezuma, se dice de esta persona que su estado natural es precisamente ése. Bien. Y así andaba presentándose en las casillas, amedrentando y presionando a favor de su partido.
Bien señores, esto consta y tengo firmas de ciudadanos que se dieron cuenta, no nada más su servidor, sino que ciudadanos...
El Presidente:
Señor diputado, le ruego concluir.
El diputado Julio Eustaquio López Valenzuela:
No nada más a su servidor le constan estos hechos; aquí traigo firmas de ciudadanos que les consta estos acontecimientos que les acabo de narrar. Así es compañeros del partido oficial, si ustedes ya se volvieron unos angelitos, sus discípulos hacen estas anomalías. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado López Valenzuela.
Tiene la palabra en el orden de oradores el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hoy, en esta sesión hemos escuchado a un PAN, al partido de la derecha, con un lenguaje de frustración y debe ser muy grande la frustración porque aspiraba a que el fenómeno de Chihuahua, de Baja California se repitiera en San Luis. Y tal vez con las reglas electorales que impusieron los navistas y el PAN, pensaban que el pueblo potosino se volcaría con su voto hacia la derecha.
El encontrarse con una realidad totalmente distinta a sus ilusiones, vienen a querer montar desde aquí el chantaje político, aspirando a que se repita el fenómeno de Guanajuato.
Hay que recordar hechos que ya todos los oradores ha venido a exponer. En primer lugar el proceso electoral estuvo regido por una nueva Ley Electoral que el Partido Popular Socialista combatió hasta el último minuto, porque, y los hechos lo están demostrando, no es relegando a los partidos políticos en el control del proceso electoral, como se puede llegar a un juego limpio en las elecciones.
Está demostrado que el hecho de llevar a las direcciones de las instancias electorales a ciudadanos supuestamente impolutos, no es garantía de un ejercicio electoral limpio. Ahí están los resultados. Los partidos políticos quedaron en minoría en el Consejo Electoral de San Luis y ni siquiera quedaron como minoría, como consejeros, no; como simples representantes. Los nueve consejeros con ciudadanos lo que llaman impolutos, sin mancha, sin mácula y ahora resulta que desconfían de los resultados electorales que estos ciudadanos dirigieron.
Los consejeros son ciudadanos propuestos por el navismo, desplazando si, incluso al secretario de Gobierno de la Presidencia del Consejo Electoral, ¿y quién era el Presidente? Un empresario, amigo íntimo de la gente de Nava y del Partido Acción Nacional. Ese fue el Presidente del consejo. Es decir, en manos de empresarios.
¿Qué quiere decir esto? ¡Que es totalmente falso! ¡Que los procesos electorales en manos de ciudadanos civiles, sin partido, dicen, sean la solución de la vida democrática de este país!
Por eso estamos en una lucha por una reforma política profunda en el país, por eso exigimos la consolidación, el fortalecimiento del régimen de partidos. Los procesos electorales serán más confiables en la medida en que lo controlen los partidos políticos.
Otro hecho más. Para señalar, e ir señalando hechos de cuestiones que el Partido Acción Nacional ha venido a argumentarnos.
Desde, de nuevo, la acusación no demostrada de que Sánchez Unzueta no cumplía con todos los requisitos, pero el Presidente del Consejo Electoral, el Consejo Electoral en su conjunto, dictaminaron que sí cumplía los requisitos , y por eso señalaba que el Presidente es una gente muy amiga de los navistas y del Partido Acción Nacional.
¿Por qué venir otra vez con ese argumento? Se esgrimen aquí muchas irregularidades observadas, según ellos, en el proceso de votación del domingo, pero ninguna de estas irregularidades fueron señaladas en las instancias electorales de San Luis Potosí; es más, aquí se ha venido hablar que apenas se están documentando.
Cuando el Partido Popular Socialista observa una irregularidad, inmediatamente lo señala en la instancia debida. ¿En qué momento empezaron a hablar de nuevo de las irregularidades, del fraude, etcétera? Cuando empezaron a recibir en los distritos los resultados desfavorables totalmente a la derecha en su conjunto, PAN y el Navismo.
Se puede hablar de muchos sistemas de fraude, cibernéticos, etcétera, inventar términos como "operación marabunta", mañana tal vez se hable de Operación Ovni, porque hay que avanzar en la tecnología. El hecho es que esta situación que manejaron, que impusieron los navistas y el PAN, que impuso la derecha, no tuvo el eco en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es sensible, se le puede engañar alguna vez con un lenguaje demagógico y con un caudillo sin programa, con muchas promesas abstractas, pero el pueblo efectivamente, el pueblo potosino está despertando y cómo no va a despertar, cuando no sólo los potosinos, sino todo el pueblo mexicano se da cuenta de cómo se conducen los empresarios bribones, que aceptan, con tal de enriquecerse más, traer de Inglaterra sustancias, residuos industriales contaminados a San Luis Potosí.
Eso el pueblo lo supo. Es decir, el pueblo volvió a entender qué sucedería si los empresarios tomaran el poder.
Por eso, la actitud del pueblo es más racional, más profunda, no está sólo en algunas cuestiones que aquí se han descobijado mutuamente, de compras de votos, el mero día de las elecciones, no; el pueblo tiene memoria histórica.
Y con la actitud de ese empresario potosino, que por mayor riqueza atenta contra el medio ambiente de San Luis Potosí y de México, repito, con esas actitudes, el pueblo recuerda todo lo que ha pasado cuando en algún sitio ha gobernado un empresario.
Lo que está ahora padeciendo el pueblo de Baja California, también se reflejó en una actitud más seria, más razonada del pueblo potosino.
En fin, el fraude electoral, el que ustedes han venido aquí a explicar detalladamente, no es, no es el principal, lo saben bien. Saben bien que el voto a la derecha tiene vicios de origen, más allá del día de votaciones.
El voto, arrancado con la presión moral en las iglesias, en el púlpito, no es un voto legítimo; el voto que se arranca diciéndole a los feligreses que antes de cruzar recuerden de qué color es el cielo. Eso no es legítimo, no es voto legítimo.
O votos obtenidos con presiones de orden corporativo. Es decir, todos sabemos que esto acontece en la realidad. Lo que ustedes han venido a decir aquí, que presiona el Presidente del comisariado ejidal, el líder sindical, pero también el cura de la iglesia.
Pero, todavía más, los hechos en San Luis, demuestran claramente que cuando ha obtenido una votación alta Acción Nacional, caso Chihuahua, es porque el Gobierno Federal traza una táctica y una estrategia de derrota, no de triunfo; lo mismo en Baja California.
Ahora el chantaje político se asoma de nuevo para, si, violentar nuevamente o pretender violentar nuevamente el voto que el pueblo potosino emitió en las urnas electorales, porque todas las irregularidades que han señalado, se habla de una casilla, de dos casillas; pero, en fin, aceptando sin conceder que fueran muchas casillas, pues, documéntennos y utilicen las instancias legales, que son las instancias electorales de San Luis.
Si se documentan tengan la seguridad de que nosotros apoyaremos esas pruebas, pero preséntenlas. No ha habido, hasta ahora, la presentación de pruebas suficientes. Pero voy a decir por qué hablo de chantaje político, uno de los oradores de Acción Nacional, vuelve al argumento de que el Gobierno les conceda mediante el "dedazo" la gubernatura de San Luis, porque los países que están negociando en el Tratado de Libre Comercio y otros países están mirando que en México no hay democracia. No señores, eso ya quedó claramente demostrado en la conciencia del pueblo que es sólo un argumento para chantajear al poder público, al Gobierno. Y claro, cuando al Gobierno le interesaba dar una imagen de "democracia", les hizo el juego a la derecha.
Algo cambió, porque el programa presentado por el candidato del PRI el último, el segundo, es un programa avanzado, un programa que contiene muchos puntos del programa del Partido Popular Socialista. Sí, porque coincidimos en las cuestiones de avanzada, hemos peleado por las medidas de retroceso y la política neoliberal y la política contrarrevolucionaria que está aplicando este régimen. ¿Cuándo hay coincidencias para avanzar revolucionariamente por qué no lo vamos a decir? Analícese el programa último presentado por el candidato del PRI.
Y eso es lo que les molesta, señores, porque algo está cambiando en la correlación de fuerzas y si eso no se consolida, bueno, volverán ustedes a suscribir cartas de intención.
Bien, yo creo que este problema debe trasladarse a su instancia debida que son las autoridades electorales de San Luis Potosí y no aquí en la Cámara de Diputados.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
(Desde su curul) Señor Presidente, ¿quisiera usted preguntar al orador si acepta una interpelación?
El Presidente:
Diputado Cárdenas.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con mucho gusto.
El Presidente:
Aceptada. Le ruego, señor orador, que permita a la Presidencia hacer la consulta y decidir si...Gracias señor diputado. Por favor.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
(Desde su curul) gracias señor Presidente; señor diputado:
Usted habla de la nueva correlación de fuerzas y que la coincidencia del régimen neoliberal, el que usted cita con las medidas y propuestas revolucionarias de su partido se van dando y siguen y la revolución avanza, etcétera. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos votos obtuvo su partido en las elecciones en el Estado de San Luis Potosí?
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Se equivocó diputado, no escuchó, bien, no está poniendo atención. Yo no he dicho, hablado de coincidencia con el neoliberalismo, al contrario,
dije que lo hemos combatido, ¿de dónde viene esa cuestión de que las coincidencias con el neoliberalismo? Nunca.
Y lo demás no nos molesta, diputado, no nos molesta que nuestra votación no sea la de ustedes, pero no nos sentimos avergonzados por el estigma que esa votación de ustedes tiene, que es la presión moral de la iglesia, de los enormes recursos de los empresarios y del dinero del exterior, señor diputado.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
(Desde su curul) señor Presidente. ¿Acepta el señor diputado otra interpelación?
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
¡Ya no, ya no! ¡Ya no, diputado!
El Presidente:
No acepta el diputado Cárdenas otra interpelación.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
No tiene caso...
Las fuerzas democráticas presentes aquí y en la vida nacional, deben advertir que el pueblo potosino no está respondiendo ya a la derecha, por eso trata de montar desde aquí de la Cámara de Diputados, un escenario para ver si nuevamente en aras de aparentar hacia afuera una democracia interna, de nuevo el Gobierno los favorece con el dedazo de Guanajuato. Muchas gracias.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
(Desde su curul) Señor Presidente; pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Juan Luis Calderón.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
(Desde su curul) De una vez pido la palabra.
El Presidente:
¿Para qué, señor diputado Cárdenas?
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
(Desde su curul). Para hechos.
El Presidente:
Gracias.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
Este debate iba muy serio, esta discusión sobre la gravedad de las elecciones en San Luis Potosí iba muy serio, me extraño que se inscribiese un diputado del Partido Popular Socialista en el debate y que además venga a hablar de lenguaje de frustración, de la nueva correlación de fuerzas, de que andamos arando y tiene 57 votos en un Estado.
¡Qué representación puede tener! ¡Qué validez o fuerza moral puede tener aquí una fracción, la más chica de esta Legislatura, cuando en ese Estado no existe! Y todavía redunda más y habla ligeramente de que la gracia divina hizo votar a unos ciudadanos potosinos por el PAN y seguramente a otros por el PRI y a otros muchos no los hizo votar.
Señor diputado: Yo lo convido a que sean serios, a que cuando en un debate se está hablando de una seriedad, de la gravedad de que si en San Luis Potosí los señores ciudadanos quisieron ir o no a votar; cuando el PAN Y PRD afirman y enseñan unas copias de actas y hablan de cifras, pues hablemos seriamente, ¡pero por el amor de Dios!, que 57 votos hagan aquí tiempo para desvirtuar lo que cientos de miles, pues no, creo que no hay seriedad en su participación.
El Presidente:
El diputado Manuel Rivera del Campo, tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, de acuerdo con el Reglamento.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
(Desde su curul). Señor Presidente; yo pedí la palabra para hechos.
El Presidente:
Yo le pregunté que para qué era y me dijo que para rectificar hechos, pero había sido inscrito anteriormente el diputado Manuel Rivera del Campo, con mucho gusto a continuación le daré paso a su intervención.
El diputado Manuel Rivera del Campo:
Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Oyendo la muy bien atiplada voz del penúltimo orador que habló aquí en esta tribuna, me puso a pensar si Linneo, el botánico sueco, al clasificar las plantas por su origen se puso a pensar, si los partidos políticos también podrían ser cucurbitáceos, porque todos sabemos que las plantas cucurbitáceas se distinguen por ser rastreras y trepadoras y así sabemos que hay plantas cucurbitáceas que son por ejemplo, las calabazas, los chayotes, los estropajos y por supuesto los pepinos.
Pero yo sí quedé completamente absorto cuando estuve oyendo aquí al orador del Partido Popular Socialista, partido de buhardilla en mi Estado, San Luis Potosí. No existe, no sé con qué calidad moral viene aquí a decir una serie de cosas que no les puede constar porque en San Luis Potosí no tienen militantes.
Voy a terminar diciendo que en San Luis Potosí señores, no hay pepinos ni en los tianguis del PRI. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con permiso del señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo no tengo la culpa de que el pueblo potosino los haya frustrado. Este lenguaje de este lépero diputado que vino ahorita, es eso: un lenguaje de frustrado. Que el PPS no tiene militantes en San Luis Potosí, ¡vayamos al cómputo!, todavía no está terminado el cómputo y se equivocó diputado, no es el PPS el que sacó 57 votos; es el PT, y va a subir además a 72, creo, por ay va.
No señores. Es en serio cuando acusamos de que están queriendo montar de nuevo el chantaje político para alcanzar el poder que el pueblo potosino les ha negado.
El Presidente:
Gracias, diputado Cárdenas.
Tiene la palabra en la lista de oradores inscritos, el diputado Emilio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo tenía de alguna manera una guía para iniciar mi intervención. Pero en razón de alguna intervención que se ha dado aquí, me veo obligado a iniciarlo con otro tema, porque me parece fundamental.
Y quiero referirme a la intervención de mi amigo el diputado Manuel Monarres Valenzuela. Es un hombre de añeja trayectoria partidista en su partido, muy respetado en ese propio partido. Y evidentemente tiene un amplio conocimiento de la política tanto partidaria como electoral. Y aquí expresó conceptos en su intervención, que yo puedo suscribir y que de alguna manera confirman lo que durante mucho tiempo los diputados de oposición hemos venido manifestando con insistencia.
Cuando se habló de una compra de votos, el diputado Monarres, dijo:"... que en casilla, me parece que la número dos, efectivamente había habido compra de votos", y como elementos probatorios de esa compra de votos mencionó los siguientes: la construcción de una obra pública, o sea de un vado; la transportación en el vehículo, de un candidato, de votantes y de funcionarios de casilla. Y finalmente, una comida que ese propio candidato o la gente dirigente de su camapaña, les ofreció a los votantes. Y de una manera exaltada, dijo que ahí estaba claramente que había habido una compra de votos.
Señores, hay un principio procesal que a confesión de parte, relevo de pruebas.
Durante todo el proceso de calificación del colegio electoral en que nosotros intervenimos,
siempre estuvimos diciendo que las obras públicas realizadas y ofrecidas por el Gobierno, que todo el dinero gastado en el Pronasol, que el acarreo de candidatos, que las operaciones tamal, de desayunos y de entrega de juguetes y de todo tipo de enceres, era una prueba clara de que se estaba afectando la libertad del voto, porque ello implicaba voto comprado. La verdad, ¡tarde o temprano sale!
Y en esta tribuna el diputado Manuel Monarres vino a decir la verdad; vino a confesar un poco tardíamente, de cara a la nación, cómo se compran los votos. Y él lo sabe muy bien porque tiene una antigüedad respetable en su partido, y yo suscribo los conceptos del diputado Monarres.
Esa compra de votos, además de esos métodos que él mencionó y como aquí se han expresado, se hace también con dinero constante y sonante.
En Salamanca, los iniciadores de la compra de votos en efectivo, fueron los petroleros de la época de la Quina. Ahí están sus discípulos: Rogelio Gutiérrez y Víctor Deschamps, que llegaron a la presidencia municipal y a las diputaciones, comprando votos en 100 y en 150 mil pesos de aquellos tiempos. Y el que vino a subir el precio de los votos, quizá por el lenguaje que ahora usa el partido oficial, de oferta política, pues fue Ramón Aguirre; Ramón Aguirre ya los compró a 300 mil pesos. Desafortunadamente, con la renuncia a que fue obligado, ya no pudo recuperar esa inversión.
Sin embargo quiero nada más apuntar esto, porque no era precisamente el tema fundamental de mi intervención.
Aquí se ha mencionado que muchas veces éste es el lugar no idóneo para tratar asuntos de los estados. Y ello puede ser cierto en algunos casos, pero no en este caso, porque si analizamos nuestra Constitución Política, veremos entre otras cosas, que se establece que la soberanía popular dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y tratándose de elecciones, así sean estatales, ello es parte de la soberanía popular que está contemplada en la Constitución Federal.
También la propia Constitución establece que nuestro régimen es un régimen republicano y federal, de tal suerte que hay algunos asuntos de trascendencia en las entidades federativas, que también interesan al conjunto de la Federación.
En la propia Constitución, hay un capítulo que regula el funcionamiento de los órganos estatales: cómo se constituye el poder estatal. Y ahí se establece que los estados son libres en cuanto a su régimen interior, pero que tienen que fundar su normatividad en una serie de presupuestos y circunstancias fundamentales que la propia Constitución establece y entre ellos está la de darse sus gobernantes a través del voto libre, secreto y directo, en elecciones regulares.
Y finalmente, nosotros como diputados, al acceder al cargo, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Y es evidente que la Constitución Política de San Luis es una de las leyes que emana de la Constitución Política Mexicana.
Por lo tanto, el problema que hoy nos ocupa, que es la limpieza, la certeza y la transparencia de los comicios electorales de San Luis para constituir los órganos del poder que representan a la soberanía popular de ese Estado, es un asunto de plena competencia de esta Cámara.
Aquí se han mencionado una serie de irregularidades que evidentemente a unos les constan y a otros no. Unos fueron testigos presenciales y otros los hemos conocido de larga distancia.
Sin embargo, por lo que aquí se ha expresado y ante la reforma política inminente y necesaria a nivel federal, es indispensable que saquemos algunos conclusiones válidas de lo que aquí se ha expresado.
Por una parte, toda la gente que ha subido, sea del partido que sea, ha dicho que la legislación de San Luis contiene avances formales importantes. Entre esos avances se encuentra el hecho de que las elecciones ya no se encuentran en poder del Gobierno, sino de un organismo formado en su mayoría por ciudadanos independientes. Y eso lo ha reconocido hasta el propio partido oficial.
Yo quisiera y quiero precisar esto para que se recuerde cuando aquí se esté discutiendo la integración de los órganos electorales federales, que si hay un principio de congruencia el partido oficial, que acepta ya como un avance esta legislación, no nos vaya a decir cuando busquemos que se adapte o que se homologue la legislación federal en ese aspecto a la legislación de San Luis Potosí, pues que ya no se trata de una legislación de avanzada y que se nos den una serie de argumentos para que los procesos federales los siga controlando el Gobierno Federal, cuando aquí han reconocido que eso es un avance.
Otro avance que debe de incorporarse a la legislación federal y que se encuentra contemplado en la legislación de San Luis, es el de las candidaturas comunes y de las coaliciones.
Evidentemente, en la legislación vigente no se contemplan las candidaturas comunes, ante el temor de que se pudiera repetir en 1994 lo que sucedió en 1988.
Sin embargo, la democracia no avanza Timozatos, sino avanza con gente valiente y seguramente habrá que incorporarse a la legislación federal, las candidaturas comunes y una legislación que haga más fácil y más ágiles las coaliciones.
Y evidentemente, por lo que aquí se ha dicho, resulta indispensable que haya transparencia y equidad en el funcionamiento de los fondos de los partidos políticos. Porque no puede hablarse de una contienda equilibrada, de una contienda real, cual hay un partido que tiene todo el dinero del Estado y hay otros partidos que tienen muy poco dinero o casi nada de dinero. Y lo más grave: cuando no se transparentan el uso y el destino de esos fondos.
Y evidentemente otra cosa que es indispensable: el acceso a los medios de información. La democracia requiere y presupone un voto para que pueda ser libre, tiene que ser voto informado. No podemos hablar de voto libre cuando no hay voto informado, cuando la gente no sabe que hay opciones ni sabe qué hay detrás de cada opción. En esas condiciones, todo este tipo de avances y todo este tipo de comentarios que aquí se han hecho a propósito de San Luis, son válidos para que los tengamos presentes a la hora de reformar la legislación federal.
Y definitivamente, a propósito del voto libre, hay algo que aquí se ha dado a entender pero que es bueno precisar. Independientemente de todas las irregularidades expuestas, los votos reales que se hayan dado a favor del PRI, que seguramente hubo algunos, esos votos reales no son votos libres. Y voy a referirme nada más a dos acontecimientos que son del conocimiento de la opinión pública nacional.
Todos sabemos que en los días previos a las elecciones, tres, cuatro ó cinco días, según la legislación, está prohibido hacer propaganda electoral a favor de los partidos para que el ciudadano pueda en el reposo y en la tranquilidad y en la paz, decidir libremente por quien va a votar; analizar y valorar todo el proceso político. Y cuando el ciudadano de San Luis Potosí estaba analizando y valorando la propaganda, los candidatos y los programas, resulta que viene un anuncio de la Presidencia de la República que a San Luis Potosí se le van a dar equis miles de millones de nuevos pesos para reconstruir el principal hospital de San Luis Potosí en beneficio de todos los potosinos. Y la víspera de la elección, el sábado se anuncia para que salga en la prensa del domingo que el licenciado Salinas ordena al Pronasol que se hagan las escrituras de todas las colonias populares de San Luis Potosí, de todo el Estado, que tenían años y años sin esa escrituración.
¡Señores!, definitivamente este tipo de actitudes no son actitudes que permitan la libertad del voto.
Se podrá argumentar, como se dijo cuando se habló en aquella cena multimillonaria en que se ofrecieron 25 millones de dólares, que ese tipo de actividad del Gobierno, que siempre hace constante y consistentemente en los tres ó cuatro días anteriores a la elección, no está prohibido por la Ley. Puede ser válido legalmente, pero la moral política seguramente que reprueba este tipo de actitudes y, por lo tanto, como hay un gran número de colonias populares en San Luis y toda esa gente con el deseo de que se le escrituraran sus terrenos ante el temor de que si no votaba por el partido oficial se le cancelaran sus derechos, seguramente mucha de esa gente votó por el partido oficial y eso afecta el resultado final de la elección, porque la Ley electoral de San Luis establece textualmente "que los votos obtenidos por coacción, por presión, por cohecho, por compra, no son válidos", y seguramente más del 20% de los votos fueron obtenidos a través de uno de esos medios que el propio código electoral de San Luis prohibe.
Para concluir y ante el inminente proceso federal de 1994, está claro, por lo que aquí se ha dicho, que la democracia requiere de algunos presupuestos o requisitos básicos y fundamentales, entre los que yo considero: la civilidad, la credibilidad y la confianza ciudadana en los procesos electorales y sobre todo, lo que aquí se ha mencionado casi por todos los oradores, la voluntad política de todos los contendientes en el proceso, de tal suerte que se acepten triunfos y derrotas, porque nos estamos acercando a un escenario que nadie le conviene.
Tradicionalmente el partido oficial ha dicho que de todas y de unos años a esta fecha, nosotros hemos sostenido que de todas ninguna. Ante esa distancia tan abismal que existe entre unos y otros, seguramente si nos mantenemos
en ese panorama, no son buenos los presagios para nuestra patria en 1994. Estamos a tiempo de meditar, estamos a tiempo de elaborar una legislación que sea adecuada para todos. Yo confío y espero que en las elecciones de 1994 se den en un contexto distinto, porque yo veo un escenario en que hay varios posibles resultados en 1994, que triunfe la imposición, que triunfe el escepticismo, que triunfe el desencanto, que triunfe la democracia o que triunfe la frustración. Siento que debemos aprovechar las lecciones de estos procesos electorales.
Los procesos electorales de todo el sexenio han estado cuestionados fuertemente y si es el escenario de 1994, pues va a ser un muy mal escenario y nadie desea una situación de este tipo.
Por todo ello, por nosotros, por nuestros hijos por nuestros partidos y por el bien de México, deseo y los exhorto a que hagamos lo posible porque en 1994 triunfen la esperanza y la democracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias por su brevedad compañero Becerra. Ha concluido la lista de oradores del tema y el tema con la lista. Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alfredo Ling Altamirano del PAN, por cinco minutos.
El diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano:
Con su permiso señor Presidente: Tuve la oportunidad, la preciosa oportunidad de analizar una buena parte de la documentación que los representantes del PAN pudieron recabar a propósito del proceso electoral de San Luis Potosí.
Se ha dicho que no hemos presentado pruebas pero, por otra parte, se dice que ésta no es la instancia para presentarlas, sabiendo esto, en este momento las sesiones de cómputo en las comisiones distritales, están desahogando esas documentales a partir de más de 500 recursos de protesta que se presentaron ante el organismo electoral correspondiente.
La legislación prevé que para desahogarse esos recursos, para poder sustanciar el contenido de los mismos, debiera explorar e investigarse en el contenido de las documentales que se han ofrecido como parte del recurso de protesta. Una aclaración para quienes no están familiarizados con la legislación electoral de San Luis, es que en otros estados, en la mayoría de los estados, la protesta es solamente un escrito de procedibilidad para el recurso de queja; en San Luis no, la protesta es en si misma, un recurso que debe ser desahogado por la propia Comisión distrital electoral, bien o mal ésa es la legislación de San Luis.
El candidato del PAN, después de conocer la magnitud de las cifras en materia de recursos de protesta, retó al candidato del PRI a que se explorara el contenido de esas pruebas en las sesiones de cómputo que están celebrándose en este momento. Obviamente la negativa en las comisiones distritales electorales ha sido reiterada, no se está desahogando, ni se están substanciando los recursos de protesta conforme a derecho, no se va a descubrir la verdad electoral en San Luis Potosí, a partir de esta investigación.
Por otra parte, el contenido de esas documentales y no es solamente el escepticismo o la mala fe del PAN, contra el poder público en San Luis, al contrario; si estamos participando una y otra vez en elecciones, es porque tenemos un mínimo grado de que las cosas pudieran cambiar y con buena fe participamos una y otra vez, reiteradamente en un proceso y otro, tratando que las cosas cambien por la vía pacífica, por la vía del derecho, para fortalecer el estado de derecho.
Debo decir a mis compañeros legisladores, que de la exploración de más de 537 actas que personalmente me puse a revisar, más del 5% presenta suplantación de funcionarios y digo suplantación y utilizo este calificativo, porque no consta en el contenido de las actas, el procedimiento que marca la propia Ley para justificar la aparición de funcionarios que no aparecieron en la publicación y que sí aparecen recibiendo la votación.
La propia legislación de San Luis Potosí, establece que es causa de nulidad de una elección, cuando la votación se recibe por personas diferentes a las autorizadas por el organismo electoral competente. Ese es el caso cuando menos el 5% de las documentales que yo revisé personalmente, además 2% de las casillas se instalaron en lugares distintos al autorizado y se cambiaron sin causa justificada.
Por otra parte, en todas, absolutamente en todas las casillas, no coincide el número de boletas que el Consejo Estatal Electoral envió directamente y en paquete supuestamente cerrado e inviolable a los presidentes de la casilla. Esta irregularidad consta en cuando menos el 7% de las actas y está documentado y son documentales públicas.
Por otra parte, en cuando menos el 12% de las actas, no coincide tampoco el número de boletas con el que se inició y el número de boletas con el que se terminó, independientemente de que se coincida o no con el anotado en la fajilla del número de boletas que envió el Consejo Estatal Electoral directamente a la casilla.
Podríamos seguir enumerando una serie de irregularidades que no son inventos, que no son solamente el resultado de una frustración como se ha manejado aquí, sino que es el resultado de un análisis sereno y objetivo de las documentales públicas que obran en nuestro poder y que lamentablemente, a pesar...
El Presidente:
Diputado Ling Altamirano, le ruego concluir, ha concluido su tiempo.
El diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano:
Con mucho gusto, señor Presidente. A pesar de los avances en la legislación, no ha sido posible avanzar en la democracia.
Se ha cumplido en San Luis Potosí, o al menos se está cumpliendo parcialmente, aquella aseveración de que la mejor Ley sin un buen juez, de nada vale.
En México como en San Luis, requerimos más voluntad política para avanzar por el camino de la democracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Ling. Para rectificar hechos, diputado Zamora, pase usted a la tribuna... Diga, diputado Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
(Desde su curul) Entiendo que la postura reglamentaria que hay para hablar sobre los hechos, es para contradecir los que se acaban de exponer, si ésa es la razón del diputado Zamora, entonces usted debe de decidir cuál es la naturaleza de esa intervención.
El Presidente:
Así será señor diputado. Lo que ocurre es que no puedo prejuzgar antes de que hable, si lo va ha hacer sobre los hechos que alega, por tanto, proceda diputado Zamora, para hechos, por cinco minutos.
El diputado Esteban Zamora Camacho:
Gracias señor Presidente:
Me ha tocado por muchos años, asistir a las elecciones en San Luis Potosí, por razones profesionales de oficio, tanto de oficio periodístico como de oficio político y tenemos que reconocer en justicia, antes de entrar a la rectificación de hechos, que en estas últimas elecciones, hubo cambios fundamentales, esta vez no vimos rodar por las calles de San Luis Potosí los tanques del Ejército, ni los caballos del coronel Renato Vega Alvarado, para presionar y amedrentar al pueblo como lo hemos visto las otras veces.
No vimos esta vez, ni las pandillas de golpeadores, ni las amenazas, ni los encarcelamientos que eran frecuentes en las elecciones, que eran constantes en las elecciones de San Luis Potosí.
Había un clima nuevo y una esperanza nueva, una nueva legislación que levantaba expectativas de cambios reales y definitivos. Se estaba abriendo el camino para una transformación radical, pero señores diputados, los mapaches cambian de pelo pero no de mañas, y lo que pasó en San Luis Potosí fue la reiteración de los vicios viejos que han sido denunciados y comprobados y la rectificación de hechos para la cual pedí la palabra, se concreta a lo siguiente: se nos vino a decir, no sé si con ingenuidad o con cinismo, ustedes hablan de este tipo de irregularidades pero fueron muy pocas, no generalicen y también de tres o cuatro boletas viejas pero fueron tres o cuatro en esta casilla y nos hablan, sí, ésa ha sido la argumentación de Acción Nacional en un debate que se había venido desarrollando con seriedad, hasta que surgió por ahí el tema folklórico del diputado Cárdenas, quizá para hacernos más soportable esta sesión.
Entonces pues no venimos a generalizar, denunciamos un hecho que se repitió en San Luis Potosí, se habla de la "Operación Marabunta", y es cierto, una hormiga puede mordisquear una hoja, pero una plaga de hormigas depredadores puede acabar con un bosque.
Las pruebas se han presentado, están en marcha las instancias legales, Acción Nacional no se retira de los organismos, estamos esperando y confiamos con esto termino, señor Presidente
en que los organismos electorales cumplan con su deber, pero advertimos que cualquiera que sea la decisión de las instancias electorales, habremos de insistir que en el terruño duro y austero de San Luis Potosí, sólo fértil para que brote la espada, como dijo Manchado, de la estepa castellana, seguirán brotando, como ha sucedido a lo largo de los últimos 30 años, ejemplos gallardos de civismo y de lucha por la democracia, ejemplos resplandecientes como la espada desnuda que Francisco González Bocanegra, potosino ilustre, autor de la letra del himno de la patria, nos insta a tener preparada para defender los valores más altos de la mexicanidad y en ese momento, los panistas de todo México estaremos con nuestros hermanos de San Luis Potosí. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas, del Partido Popular Socialista, por cinco minutos.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su venia, señor Presidente:
No requiero de cinco minutos para dar respuesta al señor diputado. Respetuosamente le quiero decir que lo que les duele es que el pueblo potosino está recobrando su conciencia revolucionaria y por eso les está dando la espalda. Dése cuenta de eso.
El Presidente:
Aparentemente ha concluido el punto "El proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí.
COMUNICACIÓN
El Presidente:
Ruego a la Secretaría proceda a dar lectura a la comunicación del diputado Javier Marcelino Colorado Pulido.
El secretario Felipe Medina Santos:
«Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. - Presentes.
Estimados compañeros: Por medio del presente oficio deseo informar al pleno de la honorable Cámara de Diputados mi deseo de separarme de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, en tanto no haya cambios en la coordinación de la misma, toda vez que no coincidió con la dirección de nuestro grupo parlamentario.
Agradeciendo la atención que se sirvan prestar a la presente quedo de ustedes su atento y seguro servidor.
México D.F. a 22 de abril de 1993. - Diputado Javier M. Colorado Pulido.»
De enterado.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Pasamos a otro punto. Por acuerdo de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, será para hacer referencia a los sucesos del 22 de abril de 1992. Han solicitado la palabra para este efecto los diputados:
Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Germán Petersen Biester, del Partido Acción Nacional; Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional; Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; José Alberto Cortés García, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista y Adalberto Gómez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Antes de proceder a hacerlo, esta Presidencia, en nombre de todas las fracciones parlamentaria representadas en la LV Legislatura, solicita a esta Asamblea guardar un minuto de silencio por los fallecidos en tan lamentable suceso. Sírvanse ponerse de pie. Gracias señores diputados.
Procedemos a desahogar la lista de oradores. Diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra para este tema.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Con su permiso señor Presidente:
A finales del período de sesiones de la LV Legislatura del año pasado y ante la necesidad de atender diversos reclamos de diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Jalisco, el pleno de esta LV Legislatura autorizó a la Comisión de Justicia, para que integrara una subcomisión plural, en la que estuvieran representadas todas las fracciones partidistas y de esta manera se integró, en el mes de enero, una subcomisión de la manera siguiente:
Por Acción Nacional, los diputados Víctor Martín Orduña Muñoz y Jorge Zermeño Infante, por el Partido de la Revolución Democrática, los diputados Carlos González Durán y Juan Hernández Mercado.
Por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Francisco Laris Iturbide, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado José Octaviano Alanís Alanís, por el Partido Popular Socialista el diputado Juan Jacinto Cárdenas García y por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados José Manuel Correa Ceceña, José Alberto Cortés García, Cuauhtémoc López Sánchez, Ricardo López Gómez y el suscrito.
La coordinación de esta subcomisión quedó a cargo del suscrito y como una de las tareas iniciales de la subcomisión, fue trasladarnos a la ciudad de Guadalajara, con objeto de tener entrevistas con el gobernador interino, el patronato que para el auxilio e indemnización de los afectados del sector Reforma se había constituido, con el Congreso Local, con visitar la zona afectada y visitar La Nogalera.
Se realizó la reunión con el gobernador interino del Estado de Jalisco, quien contestó a un sinnúmero de requerimientos que le formularon los diputados de las diversas fracciones y al día siguiente, tuvimos una reunión con el patronato en las instalaciones, donde el patronato realiza todas sus actividades y se nos dio a conocer de manera pormenorizada, cómo habían dado atención a los damnificados; se nos informó, se nos presentó un cuadro que contenía toda una relación de las personas que habían resultado afectadas y de cómo habían sido indemnizadas y quiénes, hasta ese momento, no lo habían sido, motivo por el cual nosotros nos obligamos a nuestro regreso a México a tener tres reuniones. Una con el director de Infonavit para insistir en mayores atenciones a damnificados que tuvieran derecho a la vivienda que pudiera proporcionar Infonavit; otra con el Secretario de Desarrollo Social, para plantearle la necesidad de que el envío de dinero que aportaba la Federación, se hiciera con mayor oportunidad y que estos envíos permitieran que los damnificados pudieran recibir de manera oportuna las indemnizaciones que el patronato iba fijando para todos ellos.
Logramos que se autorizara por parte de la Secretaría de Desarrollo Social este envío y a la fecha se encuentra el dinero, faltaba por enviarse, ya en manos de patronato a cargo del contador Covarrubias, que por lo que logramos ahí de opinión de alguna gente, entre ellas las del diputado González Durán, es una gente honorable que se maneja con bastante honestidad y ha sabido ir atendiendo los reclamos.
Sin embargo, hemos seguido en contacto y hemos venido entregando a los miembros de la subcomisión, toda la información que hemos venido recabando, tanto de Sedesol como de la Procuraduría General de Justicia y además de un grupo de damnificados que se presentaron aquí, en México y que dicen formar parte de un Comité Contra la Corrupción y que atendimos y que sirvió para que la subcomisión enviara un atento escrito al Procurador General de la República, haciéndole llegar las denuncias que ese Comité había formulado ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco y que no había tenido movimiento en la Procuraduría del Estado de Jalisco.
Y así, hicimos el escrito correspondiente y lo firmamos todos los diputados y con fecha 12 de marzo se lo hicimos llegar al procurador Jorge Carpizo, haciéndole llegar todas las denuncias que en su oportunidad ese Comité había presentado.
Aquí está el oficio, aquí está, firmado por el diputado Gómez Mont, los dos secretarios de la Comisión de Justicia y los miembros de la subcomisión y se agregaron todas las copias fotostáticas de las denuncias que habían presentado ante la Procuraduría del Estado.
Eso fue recibido por la Procuraduría y aquí está el sello, con fecha 16 de marzo del mismo año de 1993.
Seguimos recabando información de la Secretaría de Desarrollo Social. Podemos hoy informar a ustedes que el total de recursos radicados por la Federación a solicitud del Patronato para la Reconstrucción de la zona afectada por la explosión del 22 de abril, es de 320 mil millones de pesos, o 320 millones de nuevos pesos, correspondientes a aportaciones federales, a 100
millones de Pemex y a 21 millones y medio de nuevos pesos por donaciones.
De las aportaciones federales, 197 millones 100 mil nuevos pesos ya fueron otorgados al patronato, que reporta haber ejercido hasta la fecha 188 millones y medio, quedando en caja 10 millones, o 10 mil millones de viejos pesos.
Los principales rubros atendidos con los recursos del Patronato, son los siguientes: Indemnizaciones, Hospedaje, Alimentación y Transporte a 2 mil 456 casos, 9 millones 565 mil 962 nuevos pesos, a 516 deudos por el fallecimiento de 204 ciudadanos se les entregaron 9 millones 847 mil 503 nuevos pesos con 90 centavos, se reparó, se indemnizó, pagándose el importe de 530 vehículos dañados con motivo de las explosiones. Se pagaron los daños de menaje de 824 casas, de 7 millones, 275 mil, 594 nuevos pesos con 9 centavos. Contra daños a comercios, daños a inmuebles: zona siniestrada en forma total, zona siniestrada parcial, zona Álamo Industrial, se pagaron partidas de 195 millones 798 mil 293 nuevos pesos con 68 centavos; 175 millones, 290 mil, 329 nuevos pesos con 83 centavos; 19 millones, 535 mil 270 nuevos pesos con 14 centavos.
Todo esto que les estoy informando estará a la vista de todos los compañeros que lo requieran en las oficinas de la Comisión de Justicia, porque toda esta información, para que así, como los compañeros del Partido de la Revolución Democrática han revisado las dos averiguaciones previas que inició la Procuraduría General de la República, la primera la 1170 con la que consigno a nueve funcionarios y la 1236 que después nos entregó. La han revisado, han obtenido las copias fotostáticas correspondientes que han requerido. Así esto estará a disposición de todos los que la requieran.
Pero todo esto nos viene a probar que se ha aportado por la Federación el total de 320 millones de nuevos pesos, desglosados en 195 millones 500 mil nuevos pesos; 100 millones de nuevos pesos por parte de Pemex y 21 millones 500 mil de nuevos pesos.
En cuanto a la vivienda hemos recibido la información correspondiente. A la fecha el número de expedientes de damnificados ha aumentado, de 1 mil 185 nuevos pesos a 1 mil 257 nuevos pesos. Tal situación se debe según versión del patronato, a que la diferencia no fue contabilizada en un principio por no haber acreditado los damnificados suficientemente su calidad mediante la documentación respectiva. De manera que estos 1 mil 257 casos se distribuyen de la siguiente manera:
Viviendas habitadas con escritura, 876, que se trata de casos solucionados a través de Infonavit, de Fovibanca y de Fovissste, así como de los propietarios de lotes, cuyas demandas ya están finiquitadas y las donaciones del Gobierno de la Gran Bretaña y la Lotería Nacional, de éstas, 565 ya han Registro Público de la Propiedad, a través de la oficina recaudadora de rentas, número 125.
Sin escriturar se encuentran 275 familias a las que inicialmente se dotó de vivienda, sin calificar su capacidad de crédito y que aún no satisfacen los requisitos de documentación, así como nuevos expedientes de Fovibanca en trámite y 40 casos de Cruz Roja Internacional. Es decir, que 1 mil 151 familias ya habitan en viviendas y restan solamente 106 casos que esperan aún que terminen la edificación de sus unidades.
Los 106 casos restantes serán resueltos por Cruz Roja Internacional, por Cáritas y Fonhapo, de la siguiente manera: seis viviendas que en estos momentos deben haber sido ya entregadas por la Cruz Roja Internacional; 60 casos cuya atención ya estaba comprometida y para los cuales ya se constituyó la asociación civil requerida, estas viviendas están en proceso de construcción y se estima serán terminadas en junio; 40 casos que la Cruz Roja Internacional originalmente se había comprometido a atender, cuya solución por medio de un nuevo crédito fue acordada el pasado viernes 16 de abril por Cáritas, el Patronato y Fonhapo, con tal fin se examinan los expedientes, se integrará una asociación civil y se procederá a la tramitación de los créditos.
En un principio, 188 familias no fueron sujetas de crédito, de esas 100 se había obligado a la Cruz Roja a entregarles la vivienda; 60 Cáritas Internacional junto con Fonhapo; 18 la Lotería Nacional y 10 el Gobierno de la Gran Bretaña. La Lotería Nacional y la Gran Bretaña ya las entregaron; pero la Cruz Roja dio marcha atrás y solamente se comprometió a entregar 50 y el resto se lo turnó a Cáritas Internacional, la que el 16 de abril de este año acaba de hacer un nuevo convenio con el Patronato y con Fonhapo para atender a esas 50 familias, que serán atendidas, se está creando la asociación civil y no quedarán sin atenderse esas 50 familias.
Por lo que se refiere a la cuestión judicial, las dos averiguaciones obran en poder del juez de Distrito en materia penal, licenciado Edmundo Carrillo Blanco y nosotros debemos ser vigilantes permanentes de que esto se lleve a feliz término ajustándose a los términos que exige la Ley, sin que esto indique que debamos invadir la
soberanía del Poder Judicial. Se han hecho diligencias que en un principio se realizaron primero, del 22 al 26 de abril y que sirvieron para hacer la consignación con la averiguación 1170 de nueve funcionarios de nivel municipal, estatal y federal. Y posteriormente aquí, en el Salón de Protocolo, el mismo día que a nosotros se nos entregaba la averiguación 1236, el original se entrega al juez de distrito, al juez 6o. de distrito en materia penal en Guadalajara por el subprocurador Dávalos, se entregaba al Congreso del Estado una copia y nosotros recibíamos otra copia, por el otro subprocurador de averiguaciones previas.
Tuvimos una reunión con el Procurador General de Justicia, el doctor Carpizo, insistimos en que se hicieran algunas diligencias más, porque algunos compañeros nuestros insistían en que eran necesarias algunas otras diligencias, el Procurador nos dijo que él había agotado por parte de la Procuraduría, todas las averiguaciones y que, tocaba al juez de Distrito y a la Cámara de Diputados, el verificar los resultados de esas averiguaciones ya en el proceso judicial; que ellos no tenían ya más que agregar y por ello nosotros optamos por seguir viendo desde el aspecto social, que no quede ningún damnificado sin atención; ningún lesionado; ningún comerciante; ningún propietario; ningún inquilino; ningún dueño de vehículo; que no sea atendido en forma oportuna, en forma satisfactoria; que los deudos de quienes fallecieron con motivo de estas explosiones, hayan recibido en forma oportuna la indemnización correspondiente que fija la Ley. Y hemos estado al pendiente. Todavía el día de ayer, recibimos la última información, que ahorita la estamos transmitiendo a todos ustedes, porque consideramos que la función de la subcomisión de la Comisión de Justicia, es de atender a todos los damnificados; todos los reclamos, todos los requerimientos de verificar que todas las obras se realicen y de verificar que los problemas de carácter legal, también se lleven ajustados a derecho. Sin que esto justifique en momento alguno, invasión de la soberanía del Poder Judicial. Eso no lo haremos nunca. Pero sí estaremos atentos a que se agote el proceso cuando se cierre la instrucción, se ponga a la vista de las partes ese proceso, para que en su oportunidad, tanto los defensores como el Ministerio Público, rindan sus conclusiones y el juez dicte la sentencia que corresponda y permita con ello determinar quién o quiénes son o no, los responsables de este siniestro que a todo el pueblo de México conmovió y nos hizo a todos sumarnos en este trabajo, que nosotros, un grupo numeroso de diputados hemos venido realizando con atención, con dedicación y con esmero, porque consideramos que es un deber de nosotros velar porque se cumpla todo aquello que sea necesario, todas las acciones que sean necesarias en beneficio de quienes resultaron afectados, con motivo de esas explosiones.
Y por eso aquí estamos, rindiendo un informe y poniendo toda la documentación que hemos recabado en la Secretaría de Desarrollo, en la Procuraduría General y en el Patronato Prodamnificados que se creó y que obra en nuestro poder.
Creemos que hemos venido cumpliendo y que seguiremos cumpliendo hasta el final de este suceso en el que llegue a la determinación el juez de distrito, sobre esto que es importante para todos nosotros conocerlo. Muchas gracias por su amable atención, y con su permiso.
El Presidente:
Gracias, diputado Castillo Mota.
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel León Corrales:
Gracias, compañero Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El 22 de abril de 1992, miles de litros de gasolina derramados en el colector oriente de la ciudad de Guadalajara, explotaron e hicieron saltar por los aires 12 kilómetros de calles. Los resultados que se manejan en los medios oficiales, todos los conocemos: 209 muertos, 1 mil 400 lesionados, daños en 3 mil 700 fincas y en casi 700 vehículos, 10 mil personas quedaron sin trabajo temporalmente y 486 empresas fueron cerradas, al menos de manera temporal.
Como en otros casos, en la historia de nuestro país, la sociedad civil se organizó de manera inmediata y la solidaridad de los vecinos, en medio de las ruinas y de los muertos, se constituyó en la respuesta más pronta ante la catástrofe.
Los sucesos del 22 de abril lastimaron profundamente a la sociedad tapatía, al pueblo de Jalisco y al país entero. Estos sucesos no pueden ser olvidados. El 22 de abril continúa siendo una herida abierta.
A un año de la catástrofe, los damnificados aún no ven resueltos en forma total sus demandas;
aún hay 100 familias sin vivienda, faltan de pagarse 326 fincas y hay 400 casos en la colonia Alamo Industrial, donde no se ha recibido pago alguno.
La queja principal de los damnificados es que, o no se les reconoce como afectados, o si lo hacen, el Patronato de Reconstrucción no les da el suficiente dinero para reparar sus viviendas.
A partir del 22 de abril, el gobierno de Cossío Vidaurri entró en crisis. En Guadalajara, no sólo explotó el colector, explotó también el sistema. A ocho días de la catástrofe, Cossío Vidaurri pidió licencia, la licencia fue una manera muy clara de aceptar por parte del Gobierno Federal, que Cossío era uno de los principales culpables de la tragedia.
Pero se siguió la vía de la simulación. De otra manera, en Jalisco se tendría que haber llamado a elecciones para elegir a un nuevo gobernador. El Gobierno prefirió exculpar a Cossío, a correr el riesgo de un proceso electoral.
Los damnificados no solo perdieron casas, bienes y familiares con la explosión del 22 de abril. Además del dolor y la angustia provocadas por las explosiones, han cargado con el peso de la ineficiencia y la burocracia gubernamental. Han tenido que soportar la impunidad e incluso hasta llegaron a ser reprimidos cuando reclamaban sus derechos.
A nosotros no se nos puede olvidar que la madrugada del 1o. de junio, apenas un mes y 10 días después de la catástrofe, el Cuerpo de Antimotines del Departamento de Seguridad Pública del Estado, desalojó, con lujo de violencia, a un grupo de damnificados que se encontraban en plantón frente al Palacio de Gobierno.
Carlos Rivera Aceves, gobernador interino, primero se lavó las manos a afirmar: "Definitivamente la policía no fue". Después, en lugar de realizar una investigación para deslindar responsabilidades, quiso encontrar a los culpables entre los propios damnificados.
Las declaraciones de Rivera Aceves, el mismo 1o. de junio, fueron muy desafortunadas. Dijo: "A lo mejor fueron ellos mismos los que provocaron eso. Se van en la madrugada. Nadie se da cuenta. Para crear mártires".
Rivera Aceves daba exactamente la misma respuesta que Cossío. En lugar de concertar, en lugar de responder políticamente con el diálogo, recurre al primitivismo.
El 17 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el informe de una investigación realizada en torno a la represión a los damnificados. En este, informe se afirma que fueron 50 policías de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Jalisco las que implementaron el desalojo. Se plantea que la operación de desalojo fue planeada y que algún servidor público, de alto nivel, dio la orden de analizarla.
Estos hechos, hasta el día de hoy continúan impunes.
Setenta y dos horas después de la catástrofe, el Procurador General de la República dio un primer informe con respecto a los sucesos. Desde el principio la PGR señalo como causa de las explosiones una fuga de gasolina por un orificio de un centímetro en un poliducto de Pemex. El orificio, dijo la PGR, fue ocasionado por un proceso de corrosión, a partir del contacto del poliducto con una toma de agua.
Producto de este informe fueron inculpados y encarcelados nueve personas. Entre ellas, el entonces Presidente municipal de Guadalajara.
El Procurador prometió desde ese momento un segundo informe. Tendrían que pasar ocho meses para que Morales Lechuga presentara una segunda versión del dictamen. Después de esos meses la PGR convirtió su hipótesis en tesis. Sostuvo a toda costa su teoría. Se señalo en ese informe que de acuerdo con los estudios técnicos en el siniestro del 22 de abril hubo la concurrencia de numerosos factores y no sólo la rotura del poliducto Salamanca, Guadalajara.
Ninguno de esos factores pudo, en lo individual, haber producido los hechos conocidos. Y dijo entonces la PGR: "Por lo anterior no hay bases para fincar nuevas responsabilidades penales".
A un año de la tragedia, las autoridades judiciales todavía no han determinado las responsabilidades y las sanciones en el caso. Existen además, dudas tanto en los ciudadanos afectados por estos sucesos, como en sectores importantes de la opinión pública, respecto de la imparcialidad y apego a derecho con que se llevó a cabo la investigación penal correspondiente a cargo de la PGR.
La Procuraduría General de la República, envió a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados el expediente, que al decir de esa dependencia contenía todas las actuaciones que hasta ese momento existían y que correspondían al conjunto de la investigación realizada.
A pesar de que desafortunadamente esta Comisión de Justicia no ha hecho una revisión de dicho material, especialistas y personal adscrito a la fracción parlamentaria de mi partido, hemos venido realizando una revisión y evaluación de dicho material, la cual no ha concluido todavía, pero de la que se pueden desprender algunas líneas preliminares a manera de balance.
Primero. La forma en que fue presentado y entregado este material no permite una valoración adecuada sobre el conjunto de la investigación realizada, ya que dicho material no presenta un orden metodológico ni cronológico que pudiera ayudar en este sentido.
Segundo. No aparecen en el expediente las hipótesis de los cuales partió la Procuraduría para realizar su investigación. No aparecen evaluaciones parciales ni conclusiones sobre la investigación realizada que permitieran conocer con precisión cuáles fueron las líneas de investigación que siguió la Procuraduría y no existe una evaluación e interpretación sobre el conjunto de las indagaciones que permitan llegar a conclusiones basadas en premisas fundadas y en una metodología adecuada.
El material entregado por la Procuraduría, a partir de las consideraciones anteriores, no reúne los requisitos y las bases que fueron requeridos por el Poder Legislativo de la Unión, para permitir a esta soberanía emitir una opinión plenamente fundada sobre la investigación realizada.
Cuarto. A pesar de las deficiencias del material remitido, se pueden desprender de su análisis una serie de elementos que permiten presumir de manera fundada, que no se volaran debidamente una serie de evidencias sobre la existencia de responsabilidades que rebasan en mucho, a los funcionarios y personas que fueron consignados y son sujetos a proceso en la actualidad.
Es claro, a partir de estos elementos, que las responsabilidades en la tragedia deriva de acciones y omisiones que demuestran la negligencia en que incurrieron autoridades de más alto rango que las inculpadas. A manera de ejemplo y sólo para ilustrar esta afirmación, podemos señalar los siguientes hechos.
Queda claro que no existieron controles adecuados sobre la gasolina enviada de Salamanca y la recibida por la planta de La Nogalera. Lo anterior se desprende de una pericial realizada por especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Cabe señalar que este dato lo han ratificado trabajadores de Pemex y especialistas en la materia, que señalan que es una deficiencia generalizada en el conjunto del funcionamiento de esta empresa.
Nos preguntamos: ¿No existe responsabilidad por esta omisión? Parecería que no, toda vez que no existe imputación alguna sobre este hecho.
A pesar de las deficiencias en los controles que lleva Pemex, sobre la gasolina enviada y recibida, aparecen diferencias muy importantes. Entre las recepciones registradas por Pemex y lo determinado por los peritos contables de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, diferencias que van de 1 millón 52 mil 738 litros a poco más de 2 millones 500 mil litros, es decir, estamos hablando de diferencias por 1 millón 500 mil litros de gasolina.
¿Por qué existen estas diferencias? ¿Quién es responsable de este hecho? A pesar de que en el propio dictamen se constata el hecho, no existe respuesta en la investigación realizada por la Procuraduría. A partir de un peritaje realizado por la propia PGR queda en evidencia que no existió en los ductos de Pemex ubicados en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara un sistema adecuado de protección catódica que impidiera la corrosión en los ductos de transportación de hidrocarburos en el poliducto Salamanca - Guadalajara. Se desprende de dicho documento que los dispositivos de protección encontrados fueron realizados con posterioridad a la tragedia, lo anterior contradice una de las afirmaciones presentadas por la Procuraduría con fecha 18 de diciembre de 1992.
Pero aún más, en el peritaje de referencia se afirma que aún el sistema de protección instalado recientemente, no se ajusta con las normas de sistema e instalación números 2 - 413 y 3 - 413 del citado sistema, lo que a los peritos concluir, que las instalaciones de Pemex principalmente en los ductos Salamanca - Guadalajara, no cumplen con una adecuada optimización y funcionalidad en el sistema de protección catódica.
Este hecho, el de la negligencia de Pemex, en lo que se refiere a no prevenir la corrosión del poliducto, se refuerza con un documento que existe en el propio expediente que demuestra que con fecha de abril de 1988, es decir, cuatro años antes de la catástrofe, las altas autoridades de Pemex ya conocían que en el poliducto que va de Salamanca a Guadalajara existían graves problemas de corrosión que rebasaban por mucho las normas y que era urgente corregirlo. Lo que yo estoy afirmando aquí, compañeras y
compañeros legisladores, es que las autoridades de Pemex, cuatro años antes de la tragedia supieron por un informe de sus peritos que el poliducto Salamanca - Guadalajara tenía graves problemas de corrosión que iban más allá de lo permitido. Yo me atrevo a afirmar aquí que si las altas autoridades de Pemex hubieran hecho caso de este informe y hubieran corregido los problemas de corrosión en el poliducto probablemente no estaríamos aquí hablando de que ha pasado un año de la tragedia del 22 de abril; pero aún hay más, en el propio expediente se observa que en el poliducto Salamanca - Guadalajara desde el mes de junio de 1988, existió una fuga de enormes proporciones a la altura del kilómetro 128 de este poliducto.
Según el expediente y los documentos que ahí existen, iban pasando los meses hasta que se llegó a abril de 1992 y esta fuga en el poliducto jamás fue corregida por las autoridades de Pemex. ¿No es esto acaso una evidencia clara y suficiente para demostrar la negligencia de autoridades de alto rango de esta Institución y sin embargo no existe imputación alguna de la PGR sobre esto?
Por otra parte, en lo que respecta al procedimiento por el cual fue autorizado el uso del suelo para la construcción del fraccionamiento Industrial El Álamo, se perciben graves irregularidades de las autoridades municipales existentes en aquel momento. Hay un documento en el expediente en donde se demuestra que el ingeniero Enrique Dau Flores, director de Obras Públicas y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara con fecha 13 de mayo de 1974, conoció un dictamen por el cual se señala con precisión que existían un conjunto de factores que hacían prohibitiva y peligrosa la autorización para el funcionamiento de este fraccionamiento, sin embargo, el mismo fue autorizado.
Sobre este hecho que implica responsabilidades de funcionarios municipales y estatales, no existen en el expediente pronunciamiento alguno por parte de la PGR.
Los anteriores elementos que se encuentran en el expediente y que son como ya lo señalamos, solo algunos ejemplos de un conjunto de evidencias que demuestran la existencia de graves irregularidades y de negligencia en el funcionamiento de PEMEX en la actuación de autoridades estatales y municipales, no fueron tomados en consideración por la PGR, lo cual nos permite pensar en la posibilidad de encubrimiento o bien de deficiencias muy serias respecto de investigación realizada y de las escuetas conclusiones que han sido conocidas por la opinión pública.
Además de lo anterior se perciben en la documentación revisada, lagunas y omisiones que permiten suponer que a pesar de las críticas que se vertieron en ese sentido, incluso por diputados de todas las fracciones parlamentarias, la PGR no tomó en consideración las diferentes hipótesis posibles sobre las causas del desastre y sólo se concretó a aceptar una sola hipótesis, la hipótesis del derrame derivado de un pequeño orificio, sobre la cual, trató de construir su argumentación a partir de elementos dispersos e insuficientes, lo que implica una grave deficiencia en el planteamiento y desarrollo de la investigación.
Prueba de ello, es que de la revisión de las constancia existentes no se resuelve un conjunto de interrogantes que ya desde la presentación del primer informe de esta Institución se habían señalado.
Por ejemplo, no se sabe con exactitud cuál fue la cantidad de gasolina derramada; no existe evidencia sobre el lapso de tiempo que duró la fuga; no existe ninguna parcial sobre el análisis de suelo que permita conocer la manera en que se filtró la gasolina hasta el ducto; no existen elementos para saber las causas válidas por las cuales Pemex, no pudo detectar la existencia de una fuga que pudo tardar semanas, meses o incluso años; no existen en el expediente respuestas a estas interrogantes.
Y a pesar de que en el primer informe de la PGR, a partir de las parciales realizadas se afirmó que la sustancia que provocó las explosiones fue la gasolina proveniente de la planta de Pemex, en el segundo informe, tratando de encubrir, tratando de evadir la responsabilidad de Pemex, se habla de la concurrencia de diversos factores, pero no se demuestra de ninguna manera que pudo haber sido otra cosa y no la gasolina lo que hizo explotar el colector de la zona oriente en Guadalajara.
En cuanto a la posible responsabilidad del gobernador con licencia, Cossío Vidaurri, el expediente solamente contiene una declaración, que este funcionario hizo por escrito en tres cuartillas y en la que afirma reiteradamente que él no se enteró de nada de lo que sucedía en Guadalajara en torno al derrame de gasolina sino hasta una hora antes de las 10 de la mañana del 22 de abril.
La PGR ya no investigó más, dio por cierta la versión del gobernador con licencia y lo libró de toda culpa, a pesar de que en términos de la Ley, es el gobernador del Estado de Jalisco el Presidente del Comité Estatal de Protección Civil.
Cómo es posible que un periódico de Guadalajara presentarse un mapeo de la posible explosión en su edición del 22 de abril, una edición que cerró a las 10 de la noche del día anterior, que se hayan tomado 60 muestras que marcaban 100% de explosividad en el colector, que los bomberos anduvieran destapando las alcantarillas, que los vecinos sintieran el olor a la gasolina en sus propias casas, que desde el 21 de abril todo apuntara hacia una alta probabilidad de una explosión y el gobernador del Estado de Jalisco, ese mismo gobernador que todo centralizó en sus manos, no estuviese enterado de nada; ese mismo gobernador que aún tiene la pretensión, ridícula diría yo, de intentar regresar al poder el próximo 1o. de mayo.
Pero además, las autoridades estatales y federales, eximen de toda culpa a Cossío por las responsabilidades de su conducta posterior a la catástrofe. Me refiero, e insistido una y otra vez en esto, de que a unas horas de la explosión las máquinas motoconformadoras ya se encontraban trabajando en la zona del siniestro, y esto resulta tan evidente que fue Salinas de Gortari quien ordenó, el 22 de abril a las 10 y media de la noche, que las máquinas pararan. Una vez que Salinas abandonó la capital tapatía, las máquinas entraron nuevamente en funcionamiento.
Tres días después del 22 de abril, la PGR planteó una hipótesis que hasta hoy se sostiene, y con base en ella detuvo a nueve personas a las cuales ocho meses después se les otorgó la libertad bajo fianza.
Fue el propio Procurador General de la República, el primero que manejó la posibilidad de que las personas inculpadas salieran libres bajo fianza. El patronato de reconstrucción, creado por decreto para poner a salvo los intereses de los damnificados, sirvió para asegurar la fianza que permitió a los inculpados obtener la libertad provisional con un dinero que no era suyo.
En resumen, se presentó una hipótesis que luego fue convertida en tesis, a pesar de todas las dudas que aún subsisten, y se encarceló a nueve chivos expiatorios del nivel medio y del nivel inferior del Gobierno, para ocho meses después dejarlos libres bajo fianza, cubriéndoles las espaldas con los dineros de los damnificados. La PGR, en lugar de procurar justicia, encubrió justicia.
A un año de la tragedia de Guadalajara, no hay aún justicia para el pueblo jalisciense y para la nación y las perspectivas que se advierten a partir de los elementos aportados por la PGR al Poder Judicial, no permiten suponer que llegará al fondo de las causas del desastre y que se castigará a los verdaderos responsables de estos hechos.
EL PRD, considera que es necesario, para restablecer la confianza de la sociedad mexicana en los órganos encargados de la procuración de justicia, que el actual titular de esa institución ordene la realización de un minucioso análisis respecto de la imparcialidad y el apego a derecho de las averiguaciones previas realizadas con motivo de estos hechos, cuando era titular de esta dependencia el licenciado Ignacio Morales Lechuga, que de encontrarse elementos suficientes para ello, lleve a cabo las acciones que correspondan, a efecto de determinar la probable existencia de responsabilidades; y asimismo, de ser procedente, se debe reabrir la investigación a efecto de llegar al fondo de las causas y responsabilidades existentes en este asunto.
Consideramos, que las preguntas que se han venido haciendo desde un año en la sociedad mexicana con respecto a los sucesos del 22 de abril, no han sido respondidas. ¿Cuáles fueron las causas de la tragedia? ¿Quiénes son los verdaderos culpables de estos hechos? ¿Cuál es la responsabilidad de Pemex? ¿Cuál es la responsabilidad del gobernador con licencia Cossío Vidaurri? ¿Quiénes fueron los culpables de la represión a los damnificados el 1o. de junio?
Las interrogantes aún están en la conciencia de la sociedad mexicana y por eso nosotros afirmamos que la herida del 22 de abril continúa abierta.
No se trata sólo de la reconstrucción material de los daños que la catástrofe causó, se trata sobre todo, de la reconstrucción de la confianza en la justicia en México.
Salinas de Gortari el día 22 de abril dijo textualmente en Guadalajara: "Se investigará a fondo, caiga quien caiga", y hasta el día de hoy ni se ha investigado a fondo, ni nadie ha caído. Gracias compañeras y compañeros.
El Presidente:
Gracias compañero diputado Miguel Ángel León Corrales. Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado German Petersen, del Partido Acción Nacional.
El diputado Germán Petersen Bliester:
Señor Presidente: señores diputados:
Hoy se cumple un año del desastre de Guadalajara, hoy es día de luto y de esperanza en mi tierra.
Pero ¿qué se ha hecho legalmente para dar solución a todos los problemas que esto generó? No hay culpables ni los habrá. Enumeraré algunos de los problemas que hemos estado viendo.
¿Qué ha sucedido con Pemex? Se ha dicho que la empresa paraestatal tenía todos los ductos en orden y que se habían hecho pruebas en los mismos y que por un pequeño orificio en la tubería, salió toda la gasolina Nova que corrió hacia los drenajes. Yo me pregunto: ¿cómo es posible que por ese pequeño orificio debido a la corrosión se hubiera salido la cantidad de combustible para haber hecho el daño que se hizo en cerca de nueve kilómetros de colector?
¿Cómo es posible que una empresa, manejada con las mínimas normas contables, no sepa la cantidad de combustible que se bombea en Salamanca y a su vez se recibe en Guadalajara? ¿Por qué esa empresa paga al Patronato de la Reconstrucción de la zona siniestrada, 100 mil millones de pesos antiguos para indemnizaciones? ¿A qué título, de caridad, por indemnización legal exigible? Esto debe precisarse.
Por causa de esa tragedia, el gobierno del Estado de Jalisco tuvo que desembolsar cerca de 8 mil millones de antiguos pesos para las mismas indemnizaciones, pudiendo destinar ese dinero, en otras circunstancias, a obras de infraestructura que tanta falta nos hacen en otros lugares.
No queremos chivos expiatorios, como todos los ingenieros que estuvieron detenidos y posteriormente salieron de la cárcel.
Somos representantes del pueblo y reclamamos que se nos diga la verdad y sólo la verdad. La Procuraduría General de la República rindió su dictamen, lento y exonera a Pemex de responsabilidades. ¿Por qué?
Habíamos dicho que es día de luto porque hubo muchos hogares que se quedaron sin sus seres queridos y a su vez día de esperanza porque seguimos demandando justicia para todos.
El Patronato de Reconstrucción ha hecho una labor sobrehumana, porque debemos entender que los agraviados tenían prisa para reponer sus casas y enseres que perdieron y el Patronato varias veces se quedó sin dinero para poder indemnizarlos.
Que Dios nuestro Señor conforte a todos los hogares que quedaron sin sus seres queridos y que Guadalajara vuelva a la normalidad una vez que se terminen todas las obras que ya se han emprendido, y que se haga justicia plena. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Petersen.
Tiene la palabra el diputado Juan José Bañuelos, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Bañuelos Guardado:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Una terrible desgracia rompió la tranquilidad de los habitantes de Guadalajara hace exactamente un año; después de 365 días son muchas la interrogantes que no tienen respuesta y persiste una sola y única demanda: justicia para los afectados.
Hace un año, sin tener información exacta, venimos aquí demandando una investigación, una investigación clara y honesta, que nos permita saber a todos los mexicanos qué fue lo que pasó, cuáles causas motivaron esta tragedia, cómo se fue originando, quiénes son los responsables, y después de todo esto, pedimos una estricta aplicación de la justicia, porque si no se aplica la Ley, si no se hace justicia contra quien resulta responsable, no sólo el luto sino la indignación van a seguir apesadumbrando a los habitantes de Guadalajara.
Después de un año venimos a esta tribuna, con todo respeto, a expresar nuestra condolencia a los familiares de las víctimas; a guardar un minuto de silencio por los muertos y a exigir que se nos explique con verdad qué pasó y se castigue a los responsables.
El Presidente:
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con su permiso, señor Presidente.
Hoy se cumple el primer aniversario de los lamentables sucesos ocurridos en la ciudad de Guadalajara; hoy hace un año que la sociedad jalisciense se vio estremecida por las explosiones en el drenaje en un sector popular, originadas por la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales.
Como sabemos, en ese entonces se ordenó una investigación la que, desde nuestro punto de vista, la Procuraduría General de la República la hizo en forma acelerada, para dar cumplimiento a una instrucción presidencial.
Los resultados de dicha investigación originaron que fueran encarcelados funcionarios municipales, entre ellos el presidente, funcionarios de Pemex y funcionarios del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable.
Estos funcionarios fueron liberados a finales de 1992, lo cual se podría tomar como equivocación de la Procuraduría General de la República en sus apreciaciones y que estas personas no eran los culpables reales.
No obstante, la Procuraduría General de la República se comprometió a continuar con las investigaciones, a fin de deslindar responsabilidades y dar a conocer los resultados a las mismas.
A un año de distancia, estos resultados no han sido dados a conocer en serio.
Recordemos que la misma Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público, solicitó al entonces gobernador de Jalisco, su declaración por escrito, de la cual tampoco se dio a conocer su trascendencia.
Los damnificados por estos acontecimientos, si bien han sido indemnizados parcialmente, los problemas derivados de las explosiones, como contar con vivienda digna, no han sido resueltos totalmente.
Incluso, poco después de los sucesos, lejos de apoyarlos y ayudarlos a buscar una solución, fueron reprimidos y desalojados de la plaza pública por la policía estatal, por el hecho de demandar justicia y castigo a los verdaderos culpables de la tragedia.
Ha sido un año de ir y venir de los damnificados a las instituciones gubernamentales, sin que se les resuelvan los problemas; un año en que aún no han quedado claras las investigaciones; un año en que la Procuraduría General de la República guarda silencio y que ha permanecido impune la responsabilidad de las explosiones.
Los verdaderos culpables se encuentran libres bajo el escudo de unas investigaciones tortuosas.
Para nuestra fracción parlamentaria es imprescindible que además de que se resuelvan los problemas de los damnificados en cuanto a la vivienda, se solicite a la Procuraduría General de la República que dé a conocer públicamente los resultados de la investigación y que se castigue a los verdaderos responsables.
Los muertos en la tragedia del 22 de abril no pueden ser olvidados, con el simple hecho de que las autoridades guarden silencio y dejen pasar las cosas como si nada hubiera ocurrido. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Santiago Torres.
Tiene la palabra el diputado Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana... ¿Declina?
Tiene la palabra, entonces, el diputado José Alberto Cortés García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Alberto Cortés García:
Con el permiso de la Presidencia.
Desde esta misma tribuna mucho se ha dicho en relación a la lamentable tragedia que sufrió la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992.
El Gobierno Federal, estatal, municipal, las organizaciones civiles nacionales e internacionales y el pueblo en general, desde el momento mismo de la desgracia mostraron su sincera solidaridad en los hechos para con los afectados. A estas fechas ese mismo sentimiento solidario y respuesta de todos se sigue dando.
Como consta a la subcomisión que fue integrada, para hacer una evaluación tanto de los trabajos de reconstrucción como de las indemnizaciones a los afectados, se ha estado cumpliendo por parte del organismo creado ex profeso para atender esa situación, como es el caso del Patronato para Reconstrucción y Auxilio a las Víctimas del 22 de abril.
Sin embargo, no obstante que en lo económico haya sido reparado el daño a los familiares de las personas que fallecieron, una vida nunca
podrá ser resarcida y en el ánimo de todos quedará el recuerdo de una desgracia.
La diputación federal priísta del Estado de Jalisco, que en todo momento ha estado atenta a la situación que guardan los damnificados, somos los más interesados en que el Poder Judicial determine las causas y para el caso castigue a los responsables del siniestro.
Asimismo, conjuntamente con la Subcomisión Plural en que participan todas las fracciones parlamentarias que se encuentran representadas en esta Cámara, se ha hecho el seguimiento y continuará vigilante hasta que el último caso de las personas que sufrieron daños hayan sido totalmente indemnizadas, incluyéndose aquí no sólo las que se encontraban en el cauce sino también aquellos justificados reclamos de los aledaños a la zona siniestrada y las que en forma secundaria, de los derivados del saneamiento del subsuelo, también sufrieron daños en sus viviendas como es el caso de los habitantes del fraccionamiento Alamo Industrial.
Los diputados priístas de Jalisco, por la importancia que tiene la solución a la problemática por todos conocida, en relación a la ciudad de Guadalajara, consideramos necesario que la Subcomisión de la Justicia de la Cámara de Diputados, encargada del caso que aquí comentamos, solicite a la Procuraduría General de la República, sean completadas copias de las actuaciones que se han realizado en el expediente que se ventila ante el Juzgado VI del fuero federal de la ciudad de Guadalajara, Jal.
Además, es menester que la ya tantas veces mencionada Subcomisión, acuda a la ciudad de Guadalajara las veces que sea necesario, para que vigile en forma permanente el cumplimiento de la reparación de los daños causados a los damnificados del 22 de abril.
En la pasada gira de trabajo de la subcomisión plural, que se realizó en el mes de enero del presente año, se hicieron ofrecimientos a los habitantes de la zona afectada. Ellos confían y esperan de la Cámara de Diputados el que sean cumplidos sus ofrecimientos y que se esté atento hasta el momento en que no quede un damnificado sin resolver sus demandas.
Señores legisladores, los damnificados esperan de los diputados una respuesta solidaria en los hechos, no el ser utilizados como parte de un oportunismo político que a nadie beneficia. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias Diputado Cortés.
Tiene la palabra el diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus del Partido Acción Nacional.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señor Presidente; señoras y señores Diputados. Amigos todos. Lo que nunca debió ocurrir en Guadalajara, con pena lo recordamos ahora a un año de distancia. Y digo que lo que nunca debió ocurrir en Guadalajara porque resulta obvio a la razón humana que contra el fenómeno natural el hombre está indefenso, pero contra hechos de esa naturaleza se nos exige la previsión y el cuidado en beneficio de una comunidad.
En una muy breve síntesis creo que a 12 meses de distancia se han tomado tres grandes soluciones que podría yo clasificar en: soluciones judiciales, soluciones políticas y soluciones económicas.
En la primera de ellas se inicia con rapidez la averiguación previa, se detiene a presuntos responsables, se ejercita la acción penal, se consigna y se procesa. En las soluciones políticas el titular del ejecutivo, Guillermo Cossío Vidaurri, solicita licencia para retirarse de la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado por 12 meses; el Congreso de Jalisco, con mayoría priísta, designa gobernador interino en favor de la persona de Carlos Rivera Aceves, quien acepta el cargo interino, pero hay también otra colateral y adjunta solución política: la desintegración del ayuntamiento de Guadalajara declarada por el Congreso de Jalisco y la designación de un consejo municipal y la tercera de las soluciones, la económica, es la formación de un patronato para el auxilio de los damnificados del Sector Reforma quien recibe erogaciones de Solidaridad y en menor escala, aun cuando importantes en esta proporción, donativos de instituciones, de personas morales y de personas físicas. Los tres grandes rubros que hasta ahora han sugerido y se han llevado a la práctica como soluciones.
En estos hechos, si nos limitamos a hacer una cronología de los hechos tan lamentables, si nos dedicamos a la simple queja, legítima por cierto, si incluso nos dedicamos a la defensa evidentemente legítima y humana de los damnificados, pero sí como representantes del pueblo, sí como diputados de la nación, no aprovechamos este
aniversario para hacer en serio, cruda y descarnadamente reflexiones en honor de los muertos, de los lesionados, de las viudas, de los que perdieron patrimonio y de las futuras generaciones, señores, creo entonces que sería tan sólo una ceremonia protocolaria, de cortesía e incluso para beneficio político de los que aquí subimos a reflexionar. Yo creo que ya es tiempo y creo que esos son los signos de los tiempos en México de tomar estas reflexiones en serio en torno a la tragedia de Guadalajara.
Para mí y para el grupo parlamentario de Acción Nacional aquí en esta Cámara, tenemos que aceptar que estas soluciones hasta ahora apuntadas, han sido tres grandes simulaciones; tres grandes simulaciones: las judiciales. Se ejercita acción penal contra servidores públicos con acusaciones de tal envergadura a sabiendas el titular de la acción penal de que era improbable la no exigibilidad de otra conducta, no hay norma, Ley alguna que obligara a estos servidores públicos a observar determinada conducta en este contexto de catástrofe, a pesar de ello, señores, el titular de la procuraduría ejercita acción penal, ¿para qué?, para justificar provisional y tentativamente la acción emergente del Gobierno ante la indignación de la zona conurbada de Guadalajara y concretamente del Sector Reforma. Simulación. La cárcel en este momento para apagar tentativamente el deseo de justicia claramente manifestado por Guadalajara. Simulación.
Segunda solución: la política. Yo acepto de antemano y previamente que la solicitud de licencia del entonces gobernador constitucional Cossío Vidaurri se apegó a la norma constitucional y a la norma legal aplicable, no tengo la menor duda y fue presentada ente el órgano competente, el Congreso del Estado. Sí, pero no es un problema de forma, señores, el que solicita licencia por 12 meses, en serio, en serio, pretende regresar.
Y la realidad política de Jalisco, la opinión pública estatal, nacional e incluso la mundial, ¿creen ustedes que Cossío Vidaurri tenga la posibilidad próxima, mediata o lejana de renunciar a la licencia y regresar a tomar la titularidad del Poder Ejecutivo? Entonces, señores, la naturaleza no es licencia; es renuncia.
Simulación de la solución política, porque entonces lo que procede constitucionalmente es convocar a elecciones extraordinarias. ¿La solución política colateral es integración del cabildo de Guadalajara, para que el Congreso designe Consejo Municipal? Simulación política, porque también en ese contexto, en esa muestra de desesperación, era urgente una decisión política fresca para convencer a la ciudadanía que había acción del Gobierno. Elecciones extraordinarias también en Guadalajara para elegir ayuntamiento.
Y la última, la solución económica. Debo advertir que no estoy en contra de que los damnificados reciban y hayan recibido ayuda emergente. Pero señores, los fondos en Solidaridad, que han sido abundantemente erogados en Jalisco, que responde a una necesidad vital de damnificados, es un pago anticipado a quien no ha lugar a dudas debía efectuarlo hace 12 meses: Petróleos Mexicanos. Esta es una simulación entonces, porque un organismo como Solidaridad, desvía fondos en auxilio y por comisión de quien es el auténtico responsable del pago de daños y perjuicios dentro de la acción de responsabilidad civil objetiva. Simulación.
Estas soluciones políticas tienen claro, formalmente adecuación a la norma constitucional. Ya lo dije. Pero ahí, en el fondo de la norma constitucional, señores, hay una norma ética, hay una predicción, hay una esperanza en la norma. Se crearon presuntos responsables, se simularon presuntos responsables. Y ¿no creen ustedes en serio, en esta reflexión obligatoria para todos que vale la pena partir de un principio y de una realidad ética, moral y política?
Señores, en Guadalajara, los habitantes de Guadalajara, no somos tribu; no somos gregarios; somos comunidad de destino y una comunidad de destino permanece y se fomenta con un vínculo de verdad entre gobernados y Gobierno; se fomenta cuando el Gobierno rectifica, porque yo creo que es una de las mejores formas de aceptar, rectificando. Y este vínculo y esta vinculación de verdad, y este sentido de comunidad de destino, siento, señores, que no se ha aprovechado como consecuencia humana, moral, de los muertos, de los huérfanos y de las viudas de hace un año. Esto es lo que nos debe en serio apabullar.
El mensaje positivo, el mensaje positivo, no el monumento frío de cemento que eventualmente se pretenda construir en memoria de los muertos. No. El monumento viviente. Vamos a hacer creativa, floreciente, fresca, comunicativa. ¿Cómo?, señores, rectificando; con la verdad, que pague quien deba pagar, en la oportunidad que sea, pero no rehuir esa responsabilidad. No hay otra forma. Estamos cerrándonos nosotros mismos la atmósfera, el viento y, esto puede volver a suceder, esto puede volver a suceder.
No es posible, por ejemplo, que en este momento sigan apareciendo grandes volúmenes de diesel
en la misma zona, en la zona circunvecina, de diesel y que se nos diga que se está investigando; pero que se nos hable con verdad.
No podemos, como comunidad, estar viviendo en un barril con pólvora, en un tanque con diesel, para volverse a repetir la tragedia de 1992; por amor de Dios. Por más dura que sea la verdad, existe la decisión del pueblo de Guadalajara, con el beneplácito y consenso de la opinión pública nacional, de afrontar la verdad, sea cual sea, por encima de partidos políticos y de intereses bajos personales. Este es el mensaje de abril del 1992. Si no lo entendemos así, señores, estamos perdiendo el tiempo y desaprovechando una feliz oportunidad para rectificar y hacer cada uno de nosotros y hacer esta comunidad de Guadalajara, nuestro propio concilio, concilio como órgano de discusión; solamente así podemos superar esta gran pena de Guadalajara, de Jalisco y de México. Es todo.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Jiménez Remus.
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán, del PRD.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, compañero Presidente; honorable Asamblea:
Existen un conjunto de circunstancias globales y existe un conjunto de circunstancias concretas. Las circunstancias globales son: la contradicción entre el proyecto de ciudad habitacional y el proyecto de desarrollo industrial.
El afán de lucro y el empleo de fábricas dentro de zonas habitacionales, crea un inconveniente. Pero existe un elemento concreto, que radica en el lucro burocrático de gobiernos dedicados a hacer negocios y a no atender los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.
Pemex es el primero y principal responsable de esta tragedia urbana, porque no mantuvo sus instalaciones seguras y funcionando correctamente. En primer término hay un delito que no se ha acusado, que es el delito de peculado. Los empleados que estaban apropiándose de los productos de la industria en que trabajaban, cometieron el delito de peculado.
Por esta evidente corrupción guardaron silencio los empleados y las autoridades cómplices, de los faltantes y de las evidencias de inseguridad del poliducto.
Ya fue mencionado aquí que desde el año de 1988, se había registrado en el poliducto una corrosión. Y que existe en ese informe de los técnicos de Pemex, 14 poliductos más en proceso de corrosión.
La gasolina que se fugó fue una enorme cantidad. Esa gasolina que se fugó no fue reportada oportunamente, a pesar de que los empleados y funcionarios de Pemex tenían aparatos modernos, sistemas modernos, su bitácora. Sus registros evidenciaban la pérdida y las fugas.
Las explosiones del 22 de abril, obligaron a Pemex a movilizar por transporte de carretera, el abastecimiento de sus productos en la zona metropolitana. ¿Los daños de Pemex, los daños del peculado, los daños de la gasolina fugada, ya se repararon?
¿Los daños que sufrió el ayuntamiento, el equipamiento urbano, esos daños del drenaje profundo, de las calles, las banquetas, ya se pagaron?
¿Los daños de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y de la compañía de Teléfonos de México ya se pagaron?
Hay un enorme capítulo de reparaciones que no han transitado. Ciertamente han transitado reparaciones para los particulares. Y por lo que ve al Patronato, su administración es honesta; por lo que ve a su jefe, no por lo que ve a algunos consejeros del patronato que están denunciados por corruptelas.
Pero hay otros problemas. El ayuntamiento debía tener el sistema de agua y alcantarillado correctamente funcionando. Si la gasolina se metió en los drenajes, fue por el mal estado y funcionamiento del drenaje. Los hechos sí eran evitables, porque 637 personas vecinas de Analco, avisaron a una infinidad de organismos.
Al organismo de protección civil. A Petróleos Mexicanos. Al SIAPA, a los bomberos. Y todos fueron y confirmaron que había cien por ciento de explosividad.
Y en la zona se advertía a los transeúntes que no prendieran cigarros porque se causaría una explosión.
Las autoridades, todas, conocían este riesgo.
El periódico Siglo XXI, un día antes, presentaba la situación alarmante. Y el señor gobernador dice: "Que no sabía del riesgo".
La responsabilidad del señor gobernador está en esto: el Código Penal dispone un delito que se llama abuso de autoridad o ejercicio indebido de funciones públicas. Lo comete aquella persona que requerida por los ciudadanos y teniendo la obligación de prestar ese servicio, lo retarda o lo niega. Y aquí vimos que se retardó y se negó.
Y los técnicos también incurrieron en responsabilidad imprudencial. Porque los técnicos dijeron: "Quiten las alcantarillas". Y ya en los autos obra un dictamen que señala "que quitar las alcantarillas era darle oxígeno a la gasolina para que pudiera explotar".
La medida de meter agua en los drenajes también fue inconducente, porque el sifón de la calle Javier Mina, en la construcción del tren urbano, impidió el paso de la gasolina, retuvo la gasolina y dejó sólo pasar el agua.
¡Los técnicos también son responsables! ¡Las autoridades municipales también son responsables! ¿Por qué?, pues porque la Ley ecológica a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal y los servicios ecológica y la oficina de ecología del ayuntamiento, tenían la obligación de cumplir el derecho que consiste, en que todo ciudadano debe disfrutar de un ambiente seguro, de un ambiente sano; la protección al ambiente.
Las autoridades que tenían la responsabilidad de proteger la vida de la población no cumplieron con su deber. Y hay un conjunto de delitos en que no se ha ejercitado la acción penal, como son los que reiteradamente aquí hemos estado mencionando: la profanación de cadáveres, la inhumación clandestina, los delitos contra la economía, los delitos contra la salud pública, los delitos ecológicos. Porque el permitir que substancias explosivas vayan a los drenajes es un delito.
Hay pues un conjunto de delitos que no se han acusado. Hay también un conjunto de hechos relacionados con las reparaciones que no se han transitado. Aquí hay dos impunidades, la primera y principal es la del señor gobernador.
El señor Presidente de la República, a raíz de los hechos, dijo que esa forma de comportarse con el pueblo era un modelo de desgobierno. ¡El dijo y no es congruente!, él dijo que esa forma de Gobierno patrimonialista pertenecía al pasado y que el Gobierno tenía que responder a la sociedad. Ciertamente ahora, después de la tragedia, se ha respondido en las reparaciones y en algunas reconstrucciones. Pero lo destruido es inmenso, no sólo se destruyeron las casas y las vidas de la población, se destruyó el horizonte y la matriz de Guadalajara, el barrio de Analco es el más antiguo, donde ahí recibieron los tapatíos el hábito de su conducta, de sus sentimientos, de su pensamiento, fundamentado por los franciscanos de Analco, de San Sebastián de Analco.
Entonces, la destrucción, los delitos están todavía exigiendo en la conciencia de los tapatíos que se aplique justicia, no sólo que se simulen los procedimientos de la justicia, sino que se aplique la justicia. Los delitos que están previstos ¿por qué se conceden impunidades? Sería un acto de limpieza republicana, sería un acto que reivindicaría al mismo PRI, reivindicaría al mismo régimen, el de que no se concedieran impunidades contra el gobernador del Estado, responsable de estos hechos. Y que no se concedieran impunidades con los funcionarios superiores de Pemex.
Porque Petróleos Mexicanos será la industria más importante del fortalecimiento económico y del desarrollo nacional, pero no es ningún dios Huitzilopochtli al que tengan que sacrificarse por su industria sucia y la imprudencia y la responsabilidad de sus funcionarios, tantas vidas y tantos bienes. Ahí hay una serie de designaciones incorrectas. Las designaciones incorrectas es haber nombrado a personas que carecían de calidad moral y a personas que carecían de calidad técnica para tener el funcionamiento de unas instalaciones y de unas terminales tan riesgosas y tan peligrosas.
Todavía hace dos ó tres días, a un señor que le dijeron: "Ya puedes meterte a construir tu casa", llevó un camión y apareció en los periódicos el camión que se había hundido con todo y los ladrillos porque el subsuelo estaba fangoso y estaba invadido de diesel. Quiere decir que Guadalajara tiene un riesgo enorme, hay unas fugas, hay una contaminación de los mantos acuíferos, hay una inestabilidad en la firmeza del suelo, socavones, zonas enteras que todavía no se reparan, zonas enteras que han resentido daños que se llaman las zonas aledañas, el Alamo Industrial y los daños económicos tan enormes que han reducido el aporte de Jalisco al producto interno bruto del país que era del 7% y que ahora está en el 5%.
Ha habido una reducción de la actividad económica y se han agravado los problemas del trabajo y los problemas de la subsistencia de toda esa zona, toda esa zona está todavía muerta, fracturada, pero no solamente en la geografía está
fracturada; y la región de Guadalajara sigue fracturada por los problemas de Chapala, los problemas del Salto de Juanacatlán y del Bosque de la Primavera, están fracturadas las instituciones, ¿con qué derecho se concede a un delincuente una licencia provisional? La licencia provisional procede cuando el funcionario que la solicita puede regresar, pregunten y salgan a la calle y pregunten en las plazas y a los tapatíos ¿es posible que se regrese a gobernar Guillermo Cossío Vidaurri? No es posible, la licencia que se le concedió es una simulación, estoy de acuerdo con el estimado diputado Javier Jiménez Remus, al expresar que esta licencia es una simulación, es una manipulación política. Se están fracturando las instituciones ¿por que? porque se impide a los ciudadanos el derecho a elegir autoridades legítimas, a realizare ese destino, ese proyecto, el sufragio es un derecho colectivo para hacerse cargo del porvenir, pero bajo autoridades que conduzcan y dirijan las fuerzas de una sociedad de una manera consecuente y correcta. Entonces, a un año de distancia sigue fracturada la ciudad de Guadalajara en muchos aspectos, el Supremo Tribunal de Justicia, su presidente, hace unos pocos días acaba de rendir su informe, y ha dicho que hay un espantoso rezago en los juzgados, que hay una espantosa corrupción y señaló una infinidad de casos, ¿qué pasó con la administración de justicia? ¿Qué pasó con la seguridad pública de la ciudad de Guadalajara que tiene el segundo nivel de delincuencia en territorio nacional? Lo que sucedió fue que el gobernador Cossío Vidaurri quebrantó la Constitución, corrió a los funcionarios de carrera a instalar sus pandillas. ¿Cómo es posible que un funcionario que ha sido repudiado, que ha salido la ciudadanía a la calle, que las damas de Guadalajara salieron a la calle, han reclamado su derecho y si los ciudadanos conscientes de Analco, reclaman también vigencia y respeto a las instituciones y a las leyes, no solamente la reparación económica, sino trato de ciudadanos, respeto a los derechos ciudadanos, se les haya perseguido con un desalojo violento; la fianza que se concedió es muy turbia, sucia, ¿cómo que con 18 millones exigidos de fianza personal a cada uno de los presuntos responsables, se les concede libertad provisional bajo caución?
Aquí hay que precisar lo siguiente; primera pregunta, ¿qué cantidad entregó la caridad interna e internacional para los damnificados? Ese dinero no es para pagar indemnizaciones, ese dinero es para distribuirse entre los afectados, si con ese dinero se dan por pagadas indemnizaciones y se reclaman documentos de finiquito de las indemnizaciones, es un delito de abuso de confianza.
Las cantidades que se han pagado, hay que precisar por qué conceptos se han entregado esas cantidades; ahí está fractura. ¿A quién corresponde indemnizar a los ofendidos?, a los delincuentes, a los malos funcionarios en primer término, y sólo subsidiariamente a las instituciones públicas, pero aquí ha sucedido lo contrario, aquí han sido las instituciones públicas las que están reparando los daños, por lo menos del sector privado que era el más dolido.
Pero es enorme el daño causado al sector público y ¿ese daño cuándo se va a reparar?, ¿cuándo se van a ejercitar las responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales contra los principales responsables?
Los hechos sí exigían una conducta diversa si hubieran sido cuidadosos del respeto al ambiente y del respeto a la conservación y a la subsistencia de la vida humana, esos funcionarios que teniendo la obligación de haber implementado el servicio de protección civil no lo integraron.
La desgracia vino y estaba la ciudad indefensa y la federación, de entre vacío de funciones públicas, tuvo que acudir directamente a restaurar los daños. Sería un ciego si no reconociera que el actual gobernador provisional o el patronato están haciendo cosas justas y honestas, pero no son las suficientes.
En primer lugar, el procurador de justicia no como funcionario del Poder Ejecutivo, sino como representante de la sociedad, debe ejercitar la acción penal en contra de todos los delicuentes. ¿Porqué se conceden impunidades?, y ya dije, si el Presidente reconoció y manifestó a la opinión pública que esa manera de gobernar era un modelo de desgobierno, por qué todavía estamos haciendo concesiones al pasado. El porvenir se construye con dignidad, con libertad y con justicia.
Por lo tanto, los tapatíos esperamos justicia, esperamos que termine esa fractura que se está causando a las instituciones. La ciudad de Guadalajara debe ser reconstruida en su dignidad, en su decoro y en su derecho. Ese es el mensaje que dejo a ustedes. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado González Durán. Tiene la palabra el diputado Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Manuel Laborde Cruz:
Con su permiso señor Presidente; honorable Asamblea.
Hoy 22 de abril, se cumple un año de la tragedia de Guadalajara. A la fecha no hay un proyecto oficial para la reconstrucción de la zona afectada, no se han cubierto las indemnizaciones a los damnificados; a esto, aunamos las irregularidades habidas en el proceso penal contra inculpados por las explosiones ocurridas en el sector Reforma de Guadalajara.
A juicio de las autoridades federales y locales, el caso está cerrado; los culpables han sido designados por el sistema político, quien ya los rescató mediante fianzas apoyadas en dinero, cuya procedencia seguramente es producto de los impuestos que genera un pueblo como el de Jalisco, en espera de respuesta.
A un año de distancia, en el ánimo de los jaliscienses priva la inconformidad y el escepticismo, pues la apresurada declaración del secretario de la entonces Secretaría de Ecología, al señalar ante los medios de difusión que la responsabilidad de este genocidio recaía en una fábrica de aceite, cuyo volumen del material explosivo señalado por los peritos, requería de un volumen igual al de los depósitos del tamaño de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, existentes en un lugar denominado "La Nogalera".
A su tiempo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reprobó y demandó del Procurador General de la República el esclarecimiento real de los hechos y la acción penal ejercitada en contra de los responsables, pues ésta, en un apresuramiento pueril, señaló que la explosión se debió a la perforación de un ducto de Pemex, llevado a cabo por un usuario del servicio de agua potable, y que la fractura por donde emanó la gasolina era de un centímetro, por donde a pesar de las grandes cantidades que en dólares paga Petróleos Mexicanos a las compañías extranjeras encargadas de la seguridad de dicha paraestatal, se generó un derramamiento de gasolina que, después de la explosión se extrajo de los sistemas recolectores del alcantarillado. Más de 150 mil barriles de tal producto y que a la fecha se sigue recogiendo gasolina y diesel de los canales abiertos del alcantarillado que corre por el Sector Reforma de la ciudad de Guadalajara.
La tragedia del 22 de abril del año anterior, generó reacciones diferentes de la sociedad y la estructura política de México, e incluso la internacional.
Los tapatíos se organizaron en trabajos de rescate. Pemex no ha aceptado responsabilidad alguna, pero puso algún dinero sobre la mesa para la ayuda de los damnificados, y en convivencia con la Procuraduría General de la República, buscó descargar responsabilidades en funcionarios menores. Se encontraron chivos expiatorios y del resultado de esta risible averiguación criminal, se arrestaron a funcionarios de nivel medio.
Con todas estas medidas, al pueblo jalisciense, nunca le han quedado claras las razones por las que fueron arrestados unos y descartados otros.
Significativamente, la Procuraduría General de la República, fabricó delitos y elaboró delincuentes, pero nunca se refirió a la corrupción habida en Pemex, por la "ordeña", así entre escépticas comillas, del poliducto de dicha paraestatal, que es de sobra conocido por los habitantes de Guadalajara.
A la fecha, el adeudo pendiente más visible es el de la reconstrucción. El juicio penal iniciado inmediatamente después de los estallidos, está lejos de su conclusión. La política tibia y sin resultado que ha seguido el gobernador interino, Carlos Rivera Aceves, ha creado desesperación y desencanto, pues ha generado demoras e insuficiencias en las compensaciones que ya deberían de haber recibido todos aquellos que mucho perdieron.
Los afectados, a los que no se consideró en un principio, y la represión llevada a efecto por su secretario general de Gobierno, José Luis Leal Sanabria, en el desalojo de quienes con permiso del gobernador se habían instalado a pernoctar en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, se suma en detrimento a sus justos reclamos, la embestida brutal de la policía contra los damnificados, que exigían respeto a su persona y sus derechos.
Y por último, la ridícula pretensión del gobernador con licencia, Guillermo Cossío Vidaurri, de retomar su cargo una vez que concluya el período anual de la licencia.
Por todo lo anterior, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, demanda se siga juicio político a los funcionarios responsables, y en su oportunidad se ejercite acción penal correspondiente, que se finque la responsabilidad a la titularidad de Pemex y se acelere la reconstrucción tan señalada y comprometida por el Ejecutivo de la nación.
La fracción parlamentaria del PARM, por mi conducto, reitera sus condolencias, a quienes perdieron a sus familias, y se solidariza con el pueblo
jalisciense en todas las acciones que al respecto promuevan para el rescate y reconstrucción de la zona siniestrada. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Laborde.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Manuel Correa Ceseña:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En principio, tengo la convicción de que debemos asumir con toda seriedad el siniestro del 22 de abril, que conmocionó y conmociona a la ciudad de Guadalajara y debería de decir mejor que enlutó y que enluta a la ciudad en que vivimos.
Es una terrible tragedia, pero lo más terrible de esa tragedia, lo más doloroso de esa tragedia, es que es una tragedia inacabada, es una tragedia que impacta en este momento los cimientos mismos de la ciudad en todos sus órdenes. Por eso sí, yo quiero tomarle la palabra al señor diputado don Gabriel Jiménez Remus y, hacer unas reflexiones serias, muy serias por encima de cualquier interés mezquino, llámese partidario, personal, económico o de otra índole, sin enmascarar nada, bajo la base de que son enfoques y perspectivas, pero deben de ser enfoques y perspectivas con contenido ético y con compromiso con la ciudad en la que vivimos, en la que vive nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos y en donde se dan nuestros espacios existenciales. En ese contexto quiero enfatizar que estamos ante una tragedia inacabada, con múltiples efectos de toda índole.
En forma muy breve quiero dejar sentada nuestra opinión sobre esos efectos, sobre esas consecuencias que sin lugar a dudas seguiremos de alguna manera enfrentando.
En diciembre, cuando también se tocó lógicamente este tema, en nuestro período de diciembre, se habló de la politización del siniestro. Alguien condenaba esa politización. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todo hecho humano que acaece en la sociedad , tiene efectos políticos; es absurdo negar el sentido político de los hechos humanos en sociedad. Dejemos aparte de que es constatación de ignorancia, es sobre todo ingenuidad e inocencia. Todo hecho social tiene efectos políticos.
Quisiera, sin embargo, establecer una acotación a esta afirmación. Hay una diferencia muy grande entre el hecho político, entre el efecto político natural, normal, entre aquél, entre aquella actividad social del hombre y la actitud política mezquina llena de vesania y de sevicia.
Quiero decir también, porque estoy seguro de ello, que no es el caso de nadie de los representantes que han expresado con legitimidad su opinión en esta tribuna; estoy simplemente haciendo un bordamiento del fenómeno. Para mí la concepción aristotélica, esto es, la vocación de servir en el contexto de una idea, ésa es, ése es el proceso y el fenómeno político al que debemos acercarnos, no a ninguna otra concepción. Y desde ese punto de vista yo no considero negativo que se analicen los efectos políticos y los procesos políticos que se generan a partir de una tragedia de esta naturaleza.
En la medida en que estamos inmersos en cualquiera de estas dos grandes concepciones del ejercicio político como hecho social, en esa medida, como partido, responderemos a la sociedad tapatía y a la sociedad jalisciense.
Y en ese renglón me quedo con una idea, me quedo con la idea del concilio y de la discusión; me quedo con la idea del diálogo; me quedo con la idea de evitar la fractura social. No estoy pecando de ingenuidad.
Hay perspectivas políticas, desde luego, hay perspectivas partidarias y enfoques. Me estoy refiriendo a mantener enhiesta la estructura social, ciudadano que no haya fractura, que haya conciliación, que haya concilio, que haya diálogo, que haya discusión.
Pero todo esto, todo esto tiene que ver con lo social y, bueno, el señor diputado González Durán tocó de manera amplia ese renglón.
La prensa de Guadalajara, las dependencias involucradas en este asunto hacen una relación pormenorizada, detallada, casi hasta la saciedad, de lo que se ha invertido en indemnizaciones, en reparaciones, en rehabilitaciones etcétera. Ojalá no se hubiera invertido un cinco, desde luego, ojalá no hubiera habido necesidad de eso.
Pero ahí está en el terreno social, en donde también a mi juicio comparto con quienes me antecedieron en el uso de la tribuna, comparto
la convicción de que el Patronato ha hecho un buen trabajo.
Se habla de mas del 96% de reivindicaciones, rehabilitaciones, indemnizaciones, etcétera. No quiero cansarlos con números, pero en términos gruesos eso es. Son del conocimiento público, por eso no me voy a detener en precisarlos.
Sin embargo, yo tengo un prurito en este renglón, yo tengo un prurito que, con toda franqueza, quiero exponérselos a mis compañeros de partido y a la Cámara, desde luego en el pleno.
Yo creo que debemos revisar como Cámara estos números; yo creo que la comisión o la subcomisión plural designada por esta Cámara en el mes de diciembre, debe revisar eso, debe corroborarlo, debe confirmarlo. Debemos darnos cuenta, al interior del Patronato, qué es lo que está pasando.
Y, perdónenme, porque me estoy robando nuevamente una idea, para evitar la simulación, justamente; para evitar la simulación debemos ir ahí a donde se están dando las indemnizaciones, etcétera. Vamos viéndolo de cerca e informar a la Cámara al respecto.
Y voy, encaminado ya, a finalizar con otras dos grandes cuestiones, simplemente.
¿Por qué sucedió la tragedia? Esto es, ¿cuáles fueron los elementos, los factores que detonaron un drama de esta naturaleza? Y es importante saberlo, es importante saberlo, no sólo por razones procesales, no sólo por razones de justicia, que serían suficientes, no sólo por razones de seguridad, cómo está la ciudad, sino por algo que es fundamentalmente importante y que quiero acentuar. Por razones morales, por razones de moral social, porque al fin y al cabo el derecho, como una expresión moral, la más alta expresión moral, tiene un sentido ontológico último: preservar a la sociedad, conservar a la sociedad y no se puede preservar ni conservar a la sociedad en la inmoralidad social.
Por eso necesitamos saber qué fue lo que produjo la tragedia. Tenemos que saberlo y alguien está obligado a decirlo, alguien con autoridad, alguien a quien esta Cámara, expresión de la representación nacional, debe estar atenta a su trabajo y a su resolución.
Quien nos debe de decir eso es el juez de la causa. El juez de la causa, que tiene dos averiguaciones en sus manos, que tiene elementos aportados por los defensores de los inculpados, que tiene los elementos que él por sí se agencie.
El juez, esto es, el poder judicial, debe resolver en función de buscar algo que es esencial y que nosotros y que Guadalajara necesita: la verdad jurídica; dicho de otra manera: la verdad legal.
Pero basta con la verdad legal, basta que se nos diga qué fue lo que pasó, es el principio, pero no basta con eso. Tenemos a partir de la verdad legal, de la verdad jurídica, tenemos que buscar la verdad social, la credibilidad social. tiene que ser una verdad jurídica, articulada con la verdad social, con el crédito social.
La Cámara tiene que darse cuenta de que la ciudad de Guadalajara es una ciudad dolorida y como también aquí se dijo, ese dolor no se va a curar con dos o tres intervenciones en tribuna o con una resolución de la Cámara.
Ese dolor se va curar con la verdad, una verdad que tiene el juez la obligación de encontrar. Y aquí si el juez tiene, difícil sí, enorme sí, pero muy distinguida responsabilidad: encontrar esta verdad que va a cohesionar a la sociedad, que le va a untar bálsamo a las heridas.
Pero este juez, este juez de la causa tiene que saber que debe cumplir con su cometido a cabalidad. No valen por encima de las razones de justicia y de las razones morales, no valen, repito, las razones políticas, económicas o interesadas. Es pues una grave responsabilidad la que nos afronta el juez de la causa.
¿Qué queremos nosotros? ¿Qué proponemos nosotros? Queremos que se reivindique a los afectados, queremos celebrar, no es la palabra adecuada, perdón; queremos recordar con luto, con pena, el 22 de abril; pero no sólo recordarlo justamente en esa fecha; queremos recordarlo permanentemente y que sea el 22 de abril la génesis de un gran movimiento nacional que alerte contra el desorden urbano, contra la imprevisión, contra la desatención.
Queremos recordar el 22 de abril inmersos en un sentimiento de luto, pero también en un sentimiento de reclamación, de justicia, de justicia, que es la búsqueda inacabada del derecho. Queremos justicia para el hombre y queremos de la misma manera tranquilidad para la sociedad. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado José Manuel Correa Ceseña.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista, para el mismo tema.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
A un año de los trágicos y tristes acontecimientos de Guadalajara, desde esta alta tribuna de la nación expresamos la opinión del Partido Popular Socialista, de que poco hemos avanzado en el análisis de las causas fundamentales que crearon las condiciones de este desastre que enlutó a cientos de hogares tapatíos y conmovió a todo el pueblo de México.
Sabemos bien que en el caso de la precisión de los responsables circunstanciales de los sucesos, así como en la atención en la medida de lo posible de las personas afectadas, se avanza tanto en el juicio como en la reconstrucción y reparación de los daños causados.
El Partido Popular Socialista, seguirá demandando el castigo al que se hicieron acreedores los culpables, sean quienes sean y que no se abandone a los damnificados, hasta que el último de ellos esté debidamente atendido o se garantice la seguridad y buena calidad de sus casas - habitación, particularmente a los de condición económica más humilde, de quienes hemos recibido múltiples quejas por actitudes discriminatorias del organismo encargado de otorgar la correspondiente ayuda.
Sin embargo, seguimos insistiendo en nuestra preocupación por las causas fundamentales de la tragedia. En el debate sobre este hecho en la Cámara de Diputados, a pocos días de los lamentables acontecimientos, el Partido Popular Socialista, afirmaba lo siguiente:
"Que somos un país tecnológicamente atrasado no sólo en el sentido de la investigación científica o de la creación tecnológica en los laboratorios, sino en el sentido amplio de hacer que la ciencia y la técnica, formen parte integral de nuestra forma de trabajar y de organizarnos para la producción económica, es decir, en la administración y dirección de la producción, en la seguridad industrial, en el control, la supervisión y manejo de sustancias peligrosas; en el tratamiento, transporte y confinamiento de desechos peligrosos; en la selección del personal técnico, sobre todo aquél que se ha de encargar del manejo de sustancias peligrosas, en los organismos técnicos del Estado, vinculados con la seguridad industrial y la protección del medio ambiente, en la aplicación obligatoria de normas industriales analizadas y aprobadas por comités especializados.
También, decíamos que nuestro atraso se observa en la falta de planificación del crecimiento de nuestras áreas urbanas y por lo tanto, de la autorización de las industrias que se han de instalar en ellas, así como de la infraestructura que se requiere, para evitar que la industrialización conlleve peligros para la existencia misma de los habitantes de las ciudades.
Estas opiniones, vertidas por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, hace exactamente un año, a nuestro juicio siguen siendo válidas y pertinentes.
A la fecha, según informes que se nos han proporcionado oportunamente, estamos enterados de que Pemex, ahora como corporación, se ha dado a la tarea que ya era inaplazable, de hacer estudios exhaustivos de sus instalaciones, con el objeto de conocer el estado que éstas guardan, de encontrar posibles fallas, de caracterizar el grado de deterioro natural de las mismas, con el fin de adoptar las medidas y realizar las reparaciones pertinentes que impidan otro accidente de tal dimensión. Estas medias preventivas técnicamente rigurosas, todo el mundo las conoce y se han extendido a las instalaciones de la mayoría de las empresas expendedoras de los diferentes tipos de gasolina y de combustible en general, todo lo cual ha traído consigo más seguridad a los habitantes de las principales zonas urbanas de nuestro país. Sin embargo, estamos lejos de asegurar que hemos avanzado de la misma manera en forma general, respecto del control de las sustancias peligrosas que generan las diferentes instalaciones industriales, particularmente, las ubicadas en las grandes zonas urbanas; debido fundamentalmente a la falta de sensibilidad, al bajo nivel de conciencia de la industria privada, que poco ha cooperado para enfrentar el problema poniendo siempre por encima de la seguridad colectiva y de la preservación del equilibrio del medio ambiente, sus utilidades y su progreso personal o familiar.
La mayor parte de los desechos industriales incluidos los más peligrosos, siguen siendo eliminados por las empresas que los generan, a través de la red de alcantarillado de las ciudades dónde se han instalado; lo cual crea condiciones preocupantes respecto de la seguridad de millones de mexicanos. Además, al mezclarse de esta manera, estos desechos muchas veces altamente reactivos,
con los desechos normales de las demás industrias, de las empresas de servicios o de las que provienen de las casas habitación, se hace verdaderamente complejo y difícil el tratamiento de las aguas negras para su reciclado.
Otro aspecto del mismo problema, es nuestra falta de capacidad para la disposición controlada de los desechos industriales pues a falta de instalaciones tecnológicamente adecuadas para el tratamiento de los mismos y de lugares de depósito de los residuos finales de los procesos respectivos, construidos para evitar filtraciones o para resistir temblores u otros fenómenos naturales, vemos con preocupación cómo en nuestro país se recurre al expediente fácil de canalizarlos por las redes de drenaje de las ciudades, de arrojarlos a nuestros ríos o simplemente de acumularlos a cielo abierto en un lugar aparentemente aislado.
Esta forma de actuar ante el problema de los residuos industriales, no puede seguir prevaleciendo, porque de esta manera los desechos industriales, particularmente los más tóxicos, seguirán constituyendo un peligro latente para las zonas urbanas; acrecentarán el deterioro de nuestros ríos y depósitos de aguas continentales, seguirán rompiendo el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas, o aumentarán el daño que ya se ha causado al Golfo de México, al Mar de Cortés y a otros litorales con graves secuelas de carácter económico y de largo plazo para la nación.
Por estas razones, señoras y señores legisladores, para el Partido Popular Socialista, si de verdad estamos dispuestos a obtener lecciones positivas de la lamentable tragedia de Guadalajara, lo que pensamos debe hacerse respecto de este problema que se hace más difícil, a medida que se fortalece la actividad industrial en México, es formular una política integral y específica, que contemple medidas y acciones prácticas, relativas al tratamiento de los desechos industriales, desde que son vertidos por las fábricas, conducidos o transportados, hasta su tratamiento y disposición final, toda vez que nos encontramos en una etapa en la que puede aumentar el problema por el flujo de nuevas empresas industriales, tal vez con mayor agudeza en la frontera norte del país, según los planes que ya se esbozan en Estados Unidos, de aumentar las industrias norteamericanas en uno u otro lado de la frontera común.
En base a estas consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión recomiende a la Secretaría de Desarrollo Social, elaborar un plan integral y específico, relativo a los desechos industriales que toque todos los aspectos del problema y que contemple estrategias, medidas y acciones prácticas, a ser llevadas a cabo en el menor plazo posible. Muchas gracias por su atención. Dejo a la Secretaría la propuesta.
El Presidente:
Muchas gracias a usted, diputada Gabriela Guerrero.
Túrnese la propuesta de la diputada Guerrero, a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Tiene la palabra el diputado Adalberto Gómez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Adalberto Gómez Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
La diputación priísta de Jalisco, viene esta noche a reiterar el compromiso adquirido de hace un año; y por mi conducto y en lo personal, vengo a suscribir en todas sus partes, las declaraciones de mis compañeros priístas paisanos todos de Jalisco que han intervenido en esta tribuna.
No descalificamos, de ninguna manera, ninguna de las intervenciones, a ninguno de los oradores, ni los conceptos por ellos vertidos, aunque evidentemente tenemos coincidencias con mucho de lo aquí por ellos; pero también hay algunos aspectos en los que discrepamos de manera terminante y aún algunas declaraciones que francamente rechazamos.
Los diputados priístas de Jalisco, no olvidamos la tragedia de Guadalajara y venimos con un luto no declarativo, sino con un luto que durante todo este tiempo hemos acompañado, de acciones tendientes a la búsqueda de la justicia y de las respuestas positivas a los reclamos de los damnificados.
Y puedo asegurar, sin temor a equívocos, que nadie de esta Asamblea ha recorrido como nuestro compañero, el diputado federal del distrito, Alberto Cortés, de manera casi cotidiana todas las zonas dañadas.
Igualmente es difícil que alguien integrante de esta Asamblea, haya tenido el contacto, la comunicación, el diálogo y el intercambio de sentimientos y emociones, como él lo ha hecho en cumplimiento de su responsabilidad, como representante de ese distrito.
Y con él, hemos integrado los diputados priístas de Jalisco, un sólido equipo de comparte estas inquietudes y estos compromisos. Y lo declaramos no para presumirlo; es una obligación muy sentida que cumplimos a cabalidad y con satisfacción.
Hemos dado un seguimiento muy estrecho a todo lo que se ha realizado y también a todo lo que no se ha logrado concretar. A lo largo de este año hemos acumulado una muy voluminosa información de datos técnicos, de informes en el ámbito legal y jurídico, sinceramente difíciles de asimilar. Porque para hacerlo, tendríamos que ser extraordinarios especialistas en materias muy diversas, por la complejidad de factores que intervinieron para que se diera ésta, desde muchos puntos de vista, incomprensible tragedia.
Compartimos con esta Asamblea inquietudes, interrogantes, insatisfacciones, inconformidades. Pero a fuerza de ser honestos, tenemos que hacer un merecido reconocimiento a todas aquellas personas, organizaciones, integrantes comprometidos con el Gobierno municipal, estatal y sobre todo federal, que no han escatimado esfuerzo ni empeños, que no han regateado entrega en la búsqueda de las mejores soluciones a favor de los damnificados.
Pero tenemos que asumir también que muchas de esas cuestiones por su complejidad, a veces se han venido dilatando.
Hace un año, aproximadamente, en que ocupé esta tribuna, yo refería que entre otras cosas, para la atención de los damnificados, el Patronato se encontraba con que había varios deudos que no acreditaban debidamente, de acuerdo con la Ley, los reclamos que pretendían para la satisfacción de las indemnizaciones correspondientes.
Este tipo de asuntos se han venido y se siguen dando a lo largo de todo este año.
Igualmente para los efectos de satisfacer la vivienda de inquilinos, también se presentan casos tan concretos como que en un mismo domicilio vivían el padre, la madre y varios hijos que ya también habían contraído nupcias y que vivían todos en una misma casa. Y que ahora pretenden una casa para cada una de esas parejas que vivían en un solo domicilio.
Estos son nada más unos ejemplos del tipo de problemas de carácter legal, de normas, de leyes, de observancia a derecho, con los que con frecuencia se tropieza y se encuentra el Patronato para satisfacer con más agilidad, con la agilidad deseada, todas las demandas de los damnificados.
El empeño con que se ha venido atendiendo con respuestas a los damnificados, se ha venido dando con base en un programa racional, con método y con sistema. Han participado muy activamente en todo este proceso, colegios de profesionistas de Jalisco, la Universidad de Guadalajara con sus mejores exponentes y aún organismos nacionales y extranjeros de la más alta calificación para intervenir en todo este asunto tan complejo.
Ya aquí, por conducto de nuestro paisano, el diputado Juan José Castillo, se dieron las informaciones de números, de cifras, pero no está de más en estos momentos, reiterar dos asuntos quizá de la mayor sensibilidad.
De 1 mil 255 inquilinos a la fecha 1 mil 149 ya están ocupando vivienda, de los cuales 906 ya cuentan con sus escrituras y 243 tienen ya la documentación en proceso en las notarías correspondientes. De los 106 restantes, 60 ahora ya tienen asignadas la habitación, la vivienda que van a ocupar; faltan 40 inquilinos que fueron los que se incorporaron en un reapertura de padrón varios meses después de la tragedia, pero que seguramente en una fecha perentoria, igualmente podrán contar con su vivienda digna.
De 1 mil 404 lesionados en el primer mes, se dieron de alta 1 mil 160 y de 304 incapacidades durante el año, se han dado 252 altas. Yo personalmente, quizá llevado no sólo por mi obligación de legislador comprometido en ese asunto, sino también por mi carácter profesional de médico, he estado cerca de las instancias de salud que se han hecho cargo de obtener estos resultados, porque los 1 mil 404 lesionados se han venido dando de alta, no por el haz del tiempo, ni porque su propia naturaleza les haya dotado para recobrar la salud de manera espontánea, sino que ha habido un verdadero esfuerzo no sólo técnico y científico, sino también con calor humano de los médicos que los han atendido; y tenemos que hacer aquí un reconocimiento a la Cruz Roja de Guadalajara y a su personal, desde luego, a los hospitales civiles y últimamente al Hospital del Carmen que a los jaliscienses consta, es un hospital con un prestigio bien conquistado y en donde un grupo de neurocirujanos asociados, son los que se han venido haciendo
cargo de la atención profesional integral de todos estos lesionados.
Por todo esto, los diputados priístas de Jalisco, estamos convencidos que el señor presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, ha venido cumpliendo puntual y cabalmente con el compromiso adquirido con los jaliscienses.
Los diputados de Jalisco, los priístas, seguiremos rescatando nuestra palabra empeñada, trabajando cotidianamente en congruencia con el compromiso presidencial, hasta sus últimas consecuencias.
Aquí mis compañeros han venido a enfatizar y venimos a reiterarlo, que lo que más nos preocupa, es la búsqueda de la justicia a través del derecho y de la Ley, de manera inflexible. Lo que queremos y no bastará con desearlo, sino por lo que nos comprometemos a trabajar, es porque nunca más, ni en Jalisco y ojalá en ninguna parte de nuestro territorio nacional ni del mundo, ocurran tragedias aparentemente previsibles desde algún punto de vista o muchos, como el que nos ocurrió en Jalisco.
Por todo ello, mi intervención prácticamente termina este debate, pero sin duda hay un consenso de esta Asamblea, de que podrá terminar el debate pero éste, es un problema que aquí no termina, por lo que los diputados priístas de Jalisco, nos permitimos solicitar con el mayor comedimiento, que la subcomisión plural de esta Cámara, no sólo no se desligue del seguimiento del problema de las explosiones en Jalisco, sino que dado que al parecer es inminente que en una fecha próxima, pueda concluir sus funciones el Patronato y es necesario que esta Legislatura comprometida con dar las mejores respuestas a los reclamos populares, continúe con un seguimiento más intenso y más estrecho en esta fase ya casi terminal del conflicto y que esta subcomisión con regularidad, nos esté enterando a toda la Asamblea de su seguimiento de los avances y de los resultados que se vayan obteniendo. Muchas gracias.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente:
Gracias a usted diputado Gómez Rodríguez. Ha concluido el punto y pasaremos al siguiente del orden del día, hechos ocurridos en Santo Domingo Petapa, Oax.
Tiene la palabra el diputado Rufino Rodríguez Cabrera del Partido de la Revolución Democrática, para el tema señalado.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Con el permiso de la Presidencia y en atención a la hora, compañeras y compañeros diputados, trataré de ser breve.
El domingo 18 pasado en la Comunidad de Santo Domingo Petapa, al igual que en el resto del Estado de Oaxaca, en 15 municipios se habían programado elecciones extraordinarias que debían celebrarse. Gracias al mecanismo de concertación del Estado de Oaxaca, en esta ocasión de los 15 eventos que debían realizarse, únicamente en seis de estos municipios se iban a llevar a cabo estas elecciones extraordinarias.
A lo largo del proceso de preparación de las elecciones, mi partido, el de la Revolución Democrática, insistió en que este evento extraordinario debería realizarse en condiciones que permitieran que las elecciones fueran creídas por los ciudadanos de sus municipios. Insistimos nosotros y creo que este ha sido el tema fundamental del debate cuando se habla de cuestiones electorales, insistimos nosotros en que el principal instrumento en que se basa el fraude electoral es el padrón electoral, de tal manera que nuestra necedad estuvo en que debíamos elaborar un listado de electores que fuera confiable. No ocurrió así, por esa razón en el municipio de Santo Domingo Petapa, mi partido no registró candidato, no registró candidato habiendo ganado en el proceso normal, el proceso normal realizado el año pasado mi partido obtuvo la victoria con una diferencia de 18 votos sobre la planilla del partido oficial; sin embargo por documentación diferente presentada, el proceso fue anulado y por esa razón se realizó o se pretendía realizar el proceso extraordinario.
A cambio de eso mi partido convocó para que en el municipio de Santo Domingo Petapa la ciudadanía realizara un plebiscito que llevara a tener la certeza si los Petapas tenían o no la convicción de asistir a esas elecciones.
El día 18, mientras realizábamos el evento de plebiscito, se estaba llevando a cabo el proceso convocado por el órgano electoral en el Estado, de elecciones extraordinarias, teniendo frente a Palacio Municipal un plantón de aproximadamente 500 ciudadanos de Petapa, ocurrió un enfrentamiento. El saldo de este enfrentamiento fue de una compañera que murió; 26 heridos de bala y cuatro descalabrados.
En las informaciones periodísticas no se dice cuál es la filiación partidista de los heridos de
bala, yo puedo afirmar que los 26 heridos de bala son militares perredistas; efectivamente, hay militantes del PRI que sufrieron golpes que los descalabraron.
La ciudadana que falleció, la señora Elvira Juárez , murió a consecuencia de inhalar una gran cantidad de gases lacrimógenos, lo que le provocó heridas internas y trajo como consecuencia su muerte.
De estos acontecimientos se pretende responsabilizar al diputado local de mi partido, el doctor Alberto Reina Figueroa. El día de hoy, en la Cámara de Diputados local, se exhibió un videograma en donde se demuestra que efectivamente hubo un diputado local y vamos a demostrar ante las autoridades que estuvo involucrado, pero este diputado local no es el diputado Alberto Reina Figueroa, se trata del diputado local Carlos Santiago Carrasco, militante del Partido Revolucionario Institucional. Está grabado y vamos a demostrarlo ante las autoridades competentes.
Se ha dicho en la prensa que se ha iniciado un proceso para lograr el desafuero de este diputado local. Si esta infamia continúa, se estará sentando un precedente de graves consecuencias para nuestro país. Y fundamentan la acusación en contra del diputado Alberto Reina Figueroa, en un testimonio presentado por tres ciudadanos, el señor Hilario Ramírez, el señor Cirilo Espinoza y la señora Ildelfonsa Ramos.
Estos señores, se pretende, firmaron un documento en donde responsabilizan al compañero diputado Alberto Reina. Debo aclarar que el documento existe, pero también debo decir que estas tres personas son compañeros militantes del PRD que estando hospitalizados en el Sanatorio Guadalupe. de Matías Romero, Oaxaca, fueron visitados a las 12 de la noche, de hace dos días, por agentes judiciales y los obligaron a firmar este documento acusatorio.
Debo decir que mi partido no va a permitir que se le siga juicio al compañero Alberto Reina Figueroa. Se trata de demostrar con esto que ocurrió en Santo Domingo Petapa, que mi partido, el de la Revolución Democrática, es un partido que promueve la violencia; que el PRD se ha equivocado al contar entre sus filas a quienes somos de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo.
Esta organización a la que orgullosamente pertenezco, tiene casi 20 años luchando por la democracia en el Istmo de Tehuantepec y no es como dicen los señores priístas, no es como dicen que el Istmo de Tehuantepec repudia a esta organización y repudia al PRD.
En el proceso electoral de 1989, mi organización y mi partido, conquistaron únicamente tres ayuntamientos en la región del Istmo; debo decirles que en el proceso electoral del año pasado, conquistamos seis. Mantuvimos los tres ayuntamientos que habíamos ganado en 1989 y logramos tres más y evidentemente nuestra votación se ha incrementado. No creo yo que haya habido en la historia reciente de nuestro país, una autoridad municipal como la que tuvo en este trienio pasado, el heroico pueblo de Juchitán.
Nadie podrá demostrar que los cosseístas, los perredistas istmeños, no sabemos administrar, prueba de ello es que nuestra votación en Juchitán se incrementó de manera considerable en las elecciones pasadas.
El principal objeto por el que hago uso de la tribuna es para dejar perfectamente claro que vamos a exigir que se realice una investigación exhaustiva de lo ocurrido el domingo 18 de abril en Santo Domingo Petapa; que si es cierto que vivimos en un régimen de derecho, se tiene que castigar ejemplarmente a quienes fueron responsables de lo que ocurrió en este lugar. Particularmente responsabilizamos al candidato a presidente municipal de Santo Domingo Petapa, el priísta Galindo Celaya, de eso.
Gracias por su atención y por su paciencia.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Rufino Rodríguez.
Tiene la palabra para el mismo tema el diputado Fernando Iturribarría Bolaños Cacho, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho:
Con su permiso, señor Presidente.
Antes que nada, creo que es importante resaltar la disposición de los oaxaqueños para la realización de las elecciones municipales de 1992, en un Estado tan complicado como es nuestro Estado y en donde en función de la reforma hecha por todos los partidos políticos oficialmente registrados, se modificó el Código Electoral del Estado de Oaxaca, aprobándose el CIPEO, el Código de Procesos Políticos para el Estado de Oaxaca.
Con este nuevo CIPEO que contempla el Instituto Estatal Electoral, se realizaron las elecciones ordinarias el 8 de noviembre de 1992 en 570 ayuntamientos, en los cuales la ciudadanía y los partidos políticos dieron una clara muestra de participación y en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: para el PRI, 535 ayuntamientos; para el PRD, 14 ayuntamientos; para el PAN, cuatro ayuntamientos; al Partido del Frente Cardenista, dos; al PARM uno.
En estos comicios se anularon por diversas razones las elecciones en 15 ayuntamientos. La Cámara de Diputados convocó a que se realizaran elecciones extraordinarias el pasado 18 de abril.
Muestra de la voluntad política del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Partido Revolucionario Institucional, es el resultado de la conciliación política que se efectuó en nueve municipios. De estos 15 que contendieron, nueve integraron planillas de concertación que actualmente trabajan y funcionan como cabildos constituidos.
Como es lógico suponer, fue en todos estos municipios donde hubo una gran presencia de confrontación, a veces con algún partido de oposición y en la mayoría de las ocasiones con los mismos priístas.
Ejemplo de lo anterior es que en algunos de los municipios en donde no existió planilla de oposición con otro partido, nuestro partido dejó sin registro a ningún candidato, para que la legislatura local pudiera nombrar consejos de administración, garantizando la estabilidad política de estos ayuntamientos. Ejemplo de ello son los municipios de Tamazulapan y de Oaxolotitlán en el distrito de Huajuapan.
Como una muestra más de la apertura política para la elección extraordinaria, se propusieron por mi partido la firma de pactos políticos de civilidad en algunos municipios, para esta contienda electoral extraordinaria, como fueron en el municipio de Zanatepec, entre el PRI y el PPS; en el municipio de Xalapa del Marqués, entre el PRI, PPS y PRD; en el municipio de Putla de Guerrero.
En relación a los funcionarios electorales, de común acuerdo todos los partidos participantes, se insacularon los funcionarios electorales, dando como resultado que en dos municipios, en San Jacinto Amilpas y en Putla de Guerrero, los presidentes de los comités municipales electorales recayeran en personas del PRD.
Es importante mencionar que hasta este momento, las tendencias de los resultados electorales del pasado 18 de abril en estos seis municipios, nos favorece ampliamente la votación en cinco de ellos y en uno, que es el de San Jacinto Amilpas, estas cifras nos son desfavorables hasta antes de la sesión de cómputo que se está realizando el día de hoy.
En el caso del municipio de Santo Domingo Petapa, se registraron para esta contienda electoral los siguientes partidos; el Partido del Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, el PPS y el que yo represento. Lamentablemente, por convenir así a los intereses políticos de la COESIPRD, decidió no registrar planilla para estos comicios en ese municipio.
Premeditando y preparando una serie de acciones intimidatorias, desde la elección ordinaria el 8 de noviembre de 1992, el día de la jornada electoral, en la sesión de cómputo de escrutinio en las casillas, militantes del PRD armados, llegaron hasta la casilla electoral 3 - B, en donde había terminado de realizarse el cómputo, para tratar de quemar esta urna; entraron tres militantes del PRD armados, vestidos de mujer, e intentaron llevarse esta urna. Salieron huyendo y en su carrera, armados con armas de fuego dispararon e hirieron a un militante de nuestro partido que estaba en la calle esperando el resultado del escrutinio.
En 1989, vale la pena hablar de hace tres años, las elecciones ordinarias también fueron boicoteadas por el PRD - COSEI, evitando que éstas llegaran a su término normal, teniendo que convocarse también, hace tres años, a elecciones extraordinarias, las cuales, con los mismos problemas de intento de violencia por parte del PRD, fueron ganadas por nuestro partido, para que en este trienio fueran gobernadas por los priístas.
Después de anuladas las elecciones en 1992, el 8 de noviembre, por el Colegio Electoral del Congreso local, al ser convocadas para las extraordinarias, los militantes de la COSEI - PRD empezaron a provocar actos de violencia.
En el mes de marzo, el diputado que menciona el compañero, Alberto Reina Figueroa, diputado del PRD, con lujo de violencia tomó las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, manteniendo secuestrados a los funcionarios y a todo el personal de la oficina durante seis días, con algunos militantes de la COSEI, en donde fueron agredidos, fueron vejados y después de seis días fueron liberados.
Posteriormente, en el municipio de Santo Domingo Petapa, tomaron la misma acción, cerrando las oficinas del Comité Municipal Electoral, agrediendo a quienes ahí estaban y sacándolos de la población.
Corrieron del pueblo a quien estaba como encargado de la administración municipal, que habrá sido designado por el Gobierno del Estado, creando un estado de caos en el municipio.
El mismo día de la elección, el día 18 de abril, desde las 6.00 de la mañana, militantes del PRD - COSEI, bloquearon la carretera de acceso y de salida obviamente de la población, para intimidar a sus habitantes y presionar para que no se realizaran las elecciones. Ese mismo día habían estado citando a un plebiscito militantes del PRD - COSEI, a las 12.00 horas, enfrente de donde se iba a instalar la casilla 3 - B, que es la casilla que habían violentado durante la elección ordinaria.
El Comité Municipal Electoral, tomando previsiones, cambió de ubicación la casilla a tres cuadras de ese lugar. Sin embargo, a las 12.00 del día los militantes del PRD, aproximadamente 150 de ellos, estaban en el lugar que se había convocado y empezaron a amenazar y a dirigirse hacia donde se encontraba esa casilla, en donde ciudadanos y militantes de nuestro partido estaban formados en la fila para ejercer su derecho del voto. En ese momento llegaron a agredirlos, tratando de dispersar el proceso electoral que normalmente desde las 8.00 de la mañana se venía realizando en las nueve casillas que conforman este ayuntamiento, y con palos y piedras empezaron a agredir a los ciudadanos y priístas, quienes en ese momento repelieron la agresión obviamente, se escucharon disparos de armas de fuego, hubo golpes, y los señores priístas que estaban en este lugar, fueron agredidos, llegaron hasta ese lugar aproximadamente 150 perredistas tratando de robarse, de secuestrar esa urna, con la intención de posteriormente seguir con la misma tónica en las cuatro casillas que se instalan en la cabecera municipal. En ese momento se dio el enfrentamiento del que habla el compañero.
Es importante mencionar que en estos actos, tanto en la toma de instalaciones del Comité Municipal Electoral, de las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral y del plebiscito, fueron encabezadas por el diputado Alberto Reina Figueroa. ¿Qué hacía el diputado Alberto Reina Figueroa en este municipio, cuando que la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca había nombrado comisiones de diputados, observadores de estos procesos electorales? Y si el diputado Rufino Rodríguez quiere hacer responsable al diputado de nuestro partido, Carlos Santiago, quiero mostrarles a ustedes el oficio que el Presidente y en la misma aprobación de la Asamblea de la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, en donde comisiona a Carlos Santiago como observador en este municipio por parte de la Cámara de Diputados. En ese mismo acto nombra al diputado del Partido Acción Nacional, Enrique Martínez Hinojosa y al compañero Carlos Felguer Jiménez, del Partido del Frente Cardenista, para que estuvieran como observadores en este municipio por la anunciada violencia que estaba dando el PRD - COCEI en este lugar.
Y también vale la pena decir que en el mismo documento se le hace el nombramiento al diputado Alberto Reina Figueroa para que funja como observador, acompañado del diputado Jacobo Sánchez López, y del compañero de Acción Nacional, Efraín López Alvarado, como observadores en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, un municipio que se encuentra a 100 kilómetros de distancia de Santa María Petapa.
¿Qué hacía Alberto Reina Figueroa en Santo Domingo Petapa, desde las 6.00 la mañana, bloqueando la entrada al pueblo, incitando a una reunión a las 12.00 horas para tratar de violentar las elecciones?
Se habla que en ese acto hubo heridos y descalabrados; hubo heridos, descalabrados, de los dos bandos, como es obvio suponer, y también atentando entre lo que es la realidad y la verdad. Se habla de que hubo una persona fallecida por gases lacrimógenos. Que se sepa, ningún gas lacrimógeno ha causado la muerte de nadie, y que en este caso la señora Elvira Juárez Palacios, por petición de nuestro propio partido ha querido que se sigan las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
Obra en mi poder el dictamen que dan los peritos que hicieron todos los estudios, que pueden quedar a disposición; la autopsia que se efectuó a la señora Elvira Juárez Palacios, marca en la conclusión la causa de la muerte como una hemorragia masiva por una tromboembolia generalizada, secundaria crisis hipertensiva severa.
Esto lo afirma el doctor, el médico legista Elías Salvado Ramírez Ruiz.
En sus ropas, que portaba esta persona, fallecida ese mismo día y al parecer falleció dos horas antes de este enfrentamiento, tanto el huipil, la
ropa que usan en la región, como su falda, se encontraron manchas en su parte anterior con características de restos de alimentos de contenido gástrico.
Dichas manchas al haber sido analizadas por medio de las técnicas antes descritas y se marca ahí cuáles son, se determina por estas manchas que corresponden a vómito, no conteniendo ningún agente químico ni tóxico.
Se hacen los estudios histopatológicos, a través de médicos prestigiados de la ciudad de Oaxaca, con los órganos y vísceras que son extraídas a esta persona, y nos menciona el médico histopatólogo la causa inmediata de la muerte: hemorragia aguda pulmonar.
Fueron analizados todos los órganos y vísceras, en un dictamen que está a disposición de la Secretaría y en donde se concluye, después de esas investigaciones dicen los peritos, no se identifica ninguna sustancia tóxica en las muchas muestras biológicas que fueron sometidas a este estudio.
Y también se menciona que la muerte de esta persona no pudo haber sido como efecto de inhalación de algún gas, porque no se encontró ningún resto ni huella de gas en sus vías respiratorias, en el estudio que se hizo.
Esto, pues, habla primero, de que quien inició la violencia en un municipio en donde ni siquiera tenían registro de planilla para contender, fue el Partido de la Revolución Democrática - COCEI, primero.
Segundo. Que quien incitó a estos actos, claramente demostrado, fue el diputado local Alberto Reyna Figueroa, que no tenía nada que hacer ahí, puesto que había sido comisionado para estar en otro municipio como observador.
Tercero. Que el compañero diputado Carlos Santiago estaba en esa población como observador, porque la misma Cámara de Diputados, junto con otros compañeros, en comisiones plurales, estaban encargados de ir a ver el desarrollo de estas elecciones.
Sostenemos que la violencia es la peor de las manifestaciones humanas ante la incapacidad de ponerse de acuerdo en forma civilizada los humanos.
Somos enemigos de la violencia, ya que la violencia es siempre el recurso de los que no tienen la razón.
¿Qué objeto tenía que el PRD - COCEI desatara la violencia, en un municipio en donde ni siquiera tenía participación ni registrada planilla?
Mi partido solicita, de acuerdo a las indicaciones del Instituto Estatal Electoral, que se concluya con este proceso electoral, y es nuestro partido el primero que ha exigido al Gobierno del Estado que se aclaren y se investiguen hasta sus últimas consecuencias estos hechos, porque ya estamos cansados de que la violencia la provoquen y después crean o hagan creer a la población que nuestro partido es el violento.
Nuestros priístas ya están decididos a no seguir soportando este tipo de acciones ni que su Comité Directiva Estatal, ni los mismos priístas de Oaxaca tengan que sostener y tengan que dar y conceder, con chantajes y con presiones, más de lo que la propia ciudadanía con la confianza y con el voto les otorgue.
Queremos, pues, que estos hechos se aclaren, somos el partido de la legalidad y queremos que se actúe con la legalidad, caiga quien caiga y si hay priístas involucrados en estos hechos violentos, estamos dispuestos a que se actúe parejo, con legalidad y se apliquen las acciones en contra de quien resulte responsable.
El Presidente:
Gracias, diputado Iturribarría. Para completar la lista de oradores inscritos, tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez
(Desde su curul) Señor Presidente.
El Presidente:
Diga, diputado.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
(Desde su curul) Señor Presidente, en vista de que a simple vista ya no hay quórum, desisto a usar la palabra en la tribuna.
DENUNCIA
El Presidente:
Ha concluido el punto del orden del día y queda uno todavía inscrito. El tema es comentarios
sobre las reformas propuestas para el próximo período de elecciones en el Estado de Yucatán. Para el tema tiene la palabra Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados. A pesar de lo avanzado de la hora el tema es de gran trascendencia no sólo para el pueblo de Yucatán, es de gran trascendencia para todo el país.
La diputación de Acción Nacional nuevamente ocupa la tribuna de la Cámara de Diputados para ratificar su denuncia sobre la amenaza que se cierne sobre el pueblo de Yucatán. Una amenaza que agravia a todo el pueblo del México, que atenta contra la esencia misma del federalismo y contra la esencia misma de la democracia.
De un momento a otro, señoras y señores diputados, de un momento a otro, el Congreso del Estado de Yucatán, con el pretexto de la soberanía del Estado, violará flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violará también la Ley Orgánica que debiera regir el funcionamiento de ese órgano colegiado.
A toda prisa, a toda prisa, señoras y señores diputados, a espaldas del pueblo de Yucatán, la mayoría del Congreso local yucateco, decidirá por si y ante si, que por un determinado tiempo los yucatecos no tendrán derecho a elegir a su gobernador y que todo ese pueblo, de una entidad querida por todo el pueblo de México, será gobernado por un gobernador al que pretenden llamar interino, pero que no está previsto en el pacto federal.
Si se consuma este atropello al federalismo, este atropello a la Constitución General de la República, este atropello en el Congreso del Estado de Yucatán, se tendrá que iniciar un escandaloso caso político, que involucrará al Congreso de la Unión y que rebasará ciertamente por desgracia nuestras fronteras.
Hacemos a tiempo un llamado a los responsables de este atropello que ya ha sido anunciado.
Reclamamos de ellos la reflexión y la rectitud que exige su responsabilidad y representantes populares. Debe darse, señoras y señores diputados, un espacio racional de análisis, de estudio, de consulta, de reflexión cuidadosa para decidir, para decidir en ese Estado que para quizás muchos de ustedes sea lejano, pero que para todos nosotros es muy cercano a nuestra entraña, lo que conforme a derecho, mejor conviene al pueblo yucateco y al pueblo de México.
Señoras y señores diputados: que conste que abrimos espacios políticos para una solución justa. Que conste. Que conste, señoras y señores diputados que hablamos a tiempo. Gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, señor diputado Juan de Dios Castro. El diputado Miguel González Avelar para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Miguel González Avelar:
No es, sin duda, señor Presidente, compañeros legisladores, ni la mejor hora ni las mejores circunstancias para iniciar un debate de la hondura y de la amplitud que suscita la intervención de mi estimado amigo y paisano el señor diputado Juan de Dios Castro.
Sin embargo, hemos registrado puntualmente los términos de su preocupación. Hay, en efecto, en este caso político, como le ha llamado él, asuntos de gran importancia en el orden constitucional y en el orden de la realidad y de la vitalidad del federalismo mexicano.
Voy solamente a apuntar, puesto que no podría hacer otra cosa, que un Estado debe tener la oportunidad de hacer ajustes en sus calendarios electorales porque de otra manera le estaríamos condenando fatalmente a que por los siglos de los siglos mantuviera estrictamente y en rigor los plazos con los que ha venido tradicionalmente manejando su calendario electoral, naturalmente lo tiene que hacer con base en la Constitución General de la República y en el órden jurídico nacional, sobre esto no hay discusión alguna.
Es pues, a mi juicio, en una primera impresión del problema, una cuestión de grado, ¿es un día lo que puede hacer este cambio, son dos semanas, algunos meses? Las circunstancias, no permiten agotar el tema en este momento; pero ciertamente tal derecho, a mi juicio, existe y debe existir.
Sin embargo por ahora, el día de hoy, a esta hora, se está hablando y estamos conociendo de una iniciativa, estamos hablando de una hipótesis, de algo que no ha ocurrido todavía. Y aún
habiendo ocurrido, que no ha ocurrido, debemos preguntarnos también, en su momento, cuáles son las facultades constitucionales que a la Cámara corresponde específicamente en el análisis de esa materia, porque en Derecho Público los ámbitos de competencia son cuestiones absolutamente sustantivas.
No podemos, naturalmente, establecer aquí una especie de contraloría acerca de las actividades de las legislaturas de los estados observando aquí y allá y durante todo el tiempo las leyes que están a punto de aprobar, las leyes que probablemente resuelvan en forma favorable.
En consecuencia, estamos ante un hecho que todavía no tiene las características de una decisión constitucional legal en el ámbito local y estamos ante un hecho para el cual tendríamos que analizar seria y debidamente, hasta dónde llegaría o llega el día de hoy, la facultad de esta Cámara la pertinencia en el conocimiento de los asuntos para esta Cámara, es asunto de primordial importancia. Ni el artículo 73, ni el artículo 74, desde luego tampoco el 75 y desde luego tampoco el 77 de la Constitución, otorgan al Congreso o a la Cámara en forma exclusiva, la facultad de convertirse en una contraloría preventiva de las legislaturas de los estados, que es la situación que actualmente guardamos.
El llamado a la reflexión, que el señor diputado Juan de Dios Castro hace, es en cierta manera innecesario. Tanto la autonomía y la soberanía que con las limitaciones constitucionales tiene la legislatura del Estado, querido Estado de Yucatán, hace que no podamos hablar y aceptar menos aún, que la soberanía en el Estado sea un pretexto o un mecanismo, un subterfugio para hacer tales o cuales cosas indebidas.
Tomamos, por así decirlo, debida nota de las preocupaciones del señor diputado Juan de Dios Castro, pero desde luego con las limitaciones y en los estrictos términos que acabo de comentar aquí para ustedes. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado González Avelar.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul): pido la palabra.
El Presidente:
¿Para ...?
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos el diputado Diego Fernández del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Con su permiso señor Presidente; señores legisladores:
Dijo ciertas verdades el señor diputado González Avelar. Pero que reclaman ciertas precisiones, por un lado, empezó señalando que se trata de un asunto de gran importancia. Así lo concebimos nosotros señor diputado. De ahí nuestra preocupación y de ahí nuestra advertencia. Tómenlo ustedes muy en cuenta por si pronto sabemos que hay una dispensa de trámite.
Segundo, usted alegó y con razón, que todo Estado político de una federación, tiene conforme a nuestras leyes y conforme a nuestro orden jurídico, la oportunidad de hacer ajustes a su calendario electoral.
Sólo le diré dos cosas: la primera, que eso aquí nadie lo ha discutido y segunda, que lo que nosotros discutimos es de que no haya ajuste a ningún calendario electoral, que violente la Constitución y el derecho de un pueblo a votar y a elegir a sus gobernantes.
Tercero, usted habla que no ha ocurrido el evento. Eso más que reclamación debería de ser un acto de aceptación y de tolerancia. Hemos preferido acudir a esta tribuna, en tiempo y forma para hacer una denuncia, no para establecer una contraloría a un Congreso local.
Nosotros hemos hecho una advertencia, una denuncia en tiempo y forma, para abrir puentes de diálogo y de comunicación y buscar que conforme a la Ley y conforme a la norma política elemental del diálogo, de la reelección de la consulta y del análisis, se pueda encontrar para Yucatán, una forma justa de convivencia y una
mejor oportunidad Ley electoral y de tiempos políticos. Que conste, señores legisladores, que lo que ha hecho aquí el licenciado González Avelar, es darle realce a la necesidad de esta denuncia y a su justificación. Puede abrirse lo que ustedes quieran, o un diálogo franco y serio para encontrar los mejores caminos, o por desgracia, para todos, puede abrirse, puede iniciarse un penoso escándalo político.
El Presidente:
Gracias, diputado Fernández de Cevallos.
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Pacheco.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: he escuchado con el debido respeto las intervenciones de los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. En lo personal, me preocupa que se hable aquí o se involucre al Congreso de la Unión, en una reforma constitucional del Estado de Yucatán.
Quiero aclarar ante todo, que con esta intervención el absoluto respeto a la soberanía del Estado de Yucatán, absoluto respeto a la ideología, a los sistemas políticos de Yucatán, a las razones del Estado de Yucatán y de sus autoridades para reformar sus leyes.
Bajo este concepto y al escuchar aquí la denuncia, traté de localizar la iniciativa que es materia de la denuncia, y me puse a hacer un análisis, repito, personal y quiero afirmar que en ningún momento se encontró ninguna violación a la Constitución General de la República. Es cierto que aquí no se ha cuestionado, para nada, la facultad constitucional que tienen las autoridades, el Congreso de Yucatán, de reformar sus propias leyes.
Se dice, sin embargo, que dicha iniciativa vulnera el pacto federal y viola la Constitución General de la República.
Yo decía que al analizar esa iniciativa, veía que la LII Legislatura del Estado de Yucatán, tiene una facultad en la propia Constitución, en el artículo 35 fracción I, para poder reformar su Constitución. Esta facultad no viola la Constitución General de la República.
La iniciativa pide la reforma al artículo 48 de la Constitución del Estado de Yucatán, y esta petición en la iniciativa de reforma al artículo 48, tampoco es violatoria de la Constitución General de la República.
Donde creo que viene una situación de tipo constitucional, es en la interpretación que se hace del artículo 116 de la Constitución General de la República, que desde luego afirmo, tampoco se viola y esto lo afirmo porque la propia Constitución, el 116, establece que los estados tienen la facultad, en términos del 40 y 41 constitucional, de estructurar a sus poderes: al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
La Constitución del Estado de Yucatán no se encuentra dentro de las prohibiciones que establece la propia Constitución General de la República en los artículos 117 y 118. En donde sí se prohibe a los estados actuar en determinadas circunstancias a que estos preceptos constitucionales se refieren.
El artículo 48, cuya reforma se está promoviendo y más o menos textualmente dice que se pide la reforma al artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar redactado en los siguientes términos:
"Artículo 48. El gobernador constitucional del Estado de Yucatán entrará en funciones el día 1o. de agosto y durará en su encargo seis años".
Ahí, tampoco hay ninguna violación a la Constitución General de la República.
Esto, repito, no es contrario a este proceso interno del Estado de Yucatán en ningún momento, ni al pacto federal ni a la Constitución General de la República.
Hay una parte donde yo siento que podemos entrar al meollo del asunto. En la iniciativa, el período del Gobierno actual concluye el último de enero de 1994. El gobernador electo, conforme a la iniciativa, sería en el 1o. de agosto de 1995. Ahí aparece el lapso a discusión: del 1o. de febrero de 1994 al 31 de julio de 1995.
En el transitorio de la iniciativa se propone que la elección del gobernador, que designará durante el mes de noviembre de 1993, lo hará el Congreso del Estado, nombrando a un gobernador. No dice que va a nombrar un gobernador interino y creo que esto ya lo habían dicho que no es materia de discusión, sino que dice que nombrará un gobernador con el carácter de interino.
Sabemos que la Constitución de Yucatán, como casi todas las constituciones, han dicho que los gobernadores son gobernadores de los estados o gobernadores constitucionales. Los lapsos en que funcionan de interino, de sustituto, etcétera, es en función exclusivamente de las facultades y del tiempo que se les está dando.
Esto tampoco viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por una razón fundamental. Yo quisiera pedirle a la Presidencia autorice a que se lea el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
El Presidente:
Adelante, señor Secretario.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 45. La elección del gobernador será popular, directa, y será en los términos que disponga la Ley electoral".
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Es decir, la propia Constitución de Yucatán está estableciendo que las elecciones de gobernador se harán en forma directa, al igual que lo establece y diríamos lo ordena el artículo 116. No está sujeto a reforma el artículo 45 de la Constitución, sigue vigente. A lo que quiero llegar es que se habla de la violación a la Constitución porque no hay una elección directa.
¿Y qué es lo que está estableciendo la Constitución, la reforma? Una circunstancia especial que podríamos hacer semejanza con el propio artículo 85 de la Constitución General de la República. No va a haber elección de gobernador en el momento en que se haga esta reforma por el Estado de Yucatán. Y esa circunstancia va a llevar el Estado de Yucatán a aplicarle el artículo 50 de su propia Constitución, que le pediría yo a la Presidencia autorizara para que la Secretaría diera lectura.
El Presidente:
Proceda a su lectura, señor Secretario.
El Secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 50. Si al comenzar un período constitucional no se presentare el gobernador electo o la elección no estuviera hecha y declarada el día 1o. de febrero, cesará sin embargo el gobernador cuyo período hubiera concluido y se encargará, desde luego, del Poder Ejecutivo con el carácter de interino el ciudadano que designe el Congreso. Si éste no estuviere reunido...".
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Es todo, gracias. Lo que tratamos de explicar: No hay violación al artículo 116 porque la propia Constitución de Estado de Yucatán está estableciendo un procedimiento: "habrá elección directa" y en el caso este único de la propuesta de la reforma, está estableciendo dentro de su procedimiento interno que, en el transitorio respectivo de la reforma, que será electo por el Congreso, por esta única y excepcional ocasión.
Repito que esto es un mismo procedimiento. Si leemos nosotros la Constitución Federal decía en su artículo 85 y el 50 y la Constitución de Yucatán tienen el mismo procedimiento.
Yo no veo por qué se hable aquí de violaciones a la Constitución y al pacto federal. Ya se ha reconocido por todos que el Estado de Yucatán, Libre y Soberano, puede dictar sus propias leyes; que el Estado de Yucatán puede estructurar, a través de las leyes electorales también, al Poder Ejecutivo, puede estructurar al Poder Legislativo, puede estructurar al Poder Judicial. Si bajo estos puntos de vista está estructurada la Constitución de Yucatán y el artículo que se está proponiendo reformar en ningún momento es atentatorio de la Constitución de la República.
Ya aquí se han manifestado una serie de circunstancias, repito, en las que se involucra, algo así se decía, que sería un atropello que va a involucrar al Congreso de la Unión. Dentro de esa preocupación no entiendo yo por qué se va a involucrar al Congreso de la Unión si por una razón fundamental nosotros aceptamos como diputados que tenemos dentro de nuestras funciones velar por el cumplimiento de los postulados y principios de la Constitución General de la República. Y si dentro de esos presupuestos que estamos señalando no hay ninguna violación a la Constitución, la invitación también sería aquí, como se nos han hecho algunas: aceptamos el puente del diálogo, aceptamos el puente de la comunicación, pero vamos a aceptarlo dentro del régimen estricto de derecho que tenemos.
Si nosotros dentro de ese diálogo, dentro de esta comunicación, dentro de la consulta y análisis que aquí se propone, estamos seguros que podemos establecer en todo momento dado que
no existe ninguna violación a la Constitución General de la República. Somos un Estado de derecho, estamos obligados a vigilar el cumplimiento de la Constitución y fundamentalmente a ser y a seguir siendo un Estado constitucional. Por eso, yo repito, no veo ninguna violación a la Constitución General de la República con al propuesta que hace la Legislatura del Estado de Yucatán para reformar su Constitución. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Pulido.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano
(Desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente:
¿Diga diputado?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul): Pido la palabra para el mismo tema.
El Presidente:
Adelante, diputado Juan de Dios Castro, para el mismo tema.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Manifesté en mi anterior intervención que de un momento a otro está por consumarse por parte del Congreso Local de Estado de Yucatán, una flagrante violación a la Constitución General de la República. Manifesté también señoras y señores diputados que de consumarse esa violación se produciría un escandaloso caso político que involucraría al Congreso de la Unión.
Aquí han habido varias intervenciones de parte de diputados de la mayoría, que justifican la reiteración de la denuncia, la última intervención del señor diputado revela el propósito, la decisión de consumar este atraco a los derechos del pueblo de Yucatán. Pero más todavía, yo hablaba de la violación a la Constitución General de la República y a la Ley Orgánica del Congreso local, su intervención señor diputado me revela una violación más porque usted habla de que la iniciativa no comprende el artículo 45 de la Constitución local de Yucatán que era el que por lógica me parecía razonable para el propósito que debiera ser el primero que debiera reformarse.
Usted habla de la posibilidad de reformar el artículo 48, dejando intocado el artículo 45 de la Constitución local.
La mayoría priísta del Congreso Local de Yucatán que pretende llevar adelante esta reforma, cometerá una violación más si la consuma, la violación a su promesa de respetar las disposiciones de la Ley fundamental del Estado.
Yo no lo mencioné en mi primera intervención, suponía que la reforma implicaba también el artículo 45 y ¿sabe por qué diputado?, porque quienes elaboraron la Constitución local yucateca en el artículo 45, cumplimentaron la disposición expresa del artículo 116 de la Constitución General de la República.
Si, decía el diputado, estimado diputado Miguel González Avelar, los estados tienen el derecho de ajustar sus calendarios electorales y bien, se le dio puntual respuesta, nadie discute ese derecho mientras no quebrante diputado, la Ley fundamental.
Y la Ley fundamental es clara, no puede evadirse la disposición del 116 que vincula, que establece ciertas restricciones al derecho de los estados para darse legislación porque están vinculados al Pacto Federal. Los gobernadores podrán tener una duración máxima de seis años, seis años y la actual gobernadora, no voy a abundar sobre otros argumentos de los que ya se ha hablado de la simulación, la simulación de las licencias pedidas por los gobernadores constitucionales para que puedan entrar los interinos, no voy a abundar en ello, pero quiero decirle diputado que concluyen seis años y el diputado nos dijo: qué argumento escogió el señor diputado, el peor argumento que podía haber esgrimido.
Dijo, es que... y nos invitó a leerlo. Así como usted diputado, cuidadosamente estudió el problema constitucional, me he preocupado por examinarlo y reexaminarlo para en un análisis de autocrítica, ver la posibilidad que quiera existiera, probablemente existe y no la he advertido, de estar equivocado en mi apreciación.
El pidió que consultáramos el artículo 50 de la Constitución yucateca. Bueno, pues yo tengo, yo tengo aquí a la vista el artículo 50 de la Constitución yucateca, diputado y con rectitud de intención, con sana interpretación diputado, dice así, y examínenlo todos los señores diputados para que puedan valorar y pesar el argumento que nos ha dado el diputado de la mayoría: "si al comenzar un período constitucional y es obvio que al terminar la actual gobernadora, va a iniciarse un nuevo período constitucional no se presentare el gobernador electo, electo, señor diputado, por elección directa...".
Si no se presenta así, el interino, pero primero haga la elección diputado y aún así en ese caso al inicio, la propia constitución habla de que el interino convocará a elecciones, precisamente por el respeto elemental al 116 y sabe por qué diputado, porque sería muy fácil burlar el derecho de voto de los ciudadanos.
Con su argumento, este interino, interino que pretende nombrar y que ya anunció que quiere nombrar, puede seguir el mismo procedimiento; otra reformita a la Constitución al terminar, en los mismos términos para tener en Yucatán otro gobernador interino y de ahí a otras entidades señor diputado y de ahí a la Presidencia de la República si le place.
Y luego nos dice el señor diputado, no entiendo, no entiendo porque va a involucrar al Congreso, al Congreso de la Unión. Señor diputado González Avelar, con mucha atención decía un término, no somos contraloría de la función de los congresos locales.
Señores diputados, los dos que esgrimieron ese argumento; señoras y señores diputados, en este momento no, yo hice una denuncia política; estoy llamando la atención sobre un gravísimo riesgo, no he hecho un pedimento a la Cámara, no he presentado una propuesta para que se vote, pero por supuesto que si se consuma señor diputado, claro que tenemos facultades, claro que se involucra al Congreso de la Unión, léase el 110 de la Constitución; léase el título cuarto de la Constitución sobre la responsabilidad de los funcionarios, que no son funcionarios de la Federación.
El 110 nos habla de los gobernadores y de los diputados locales. Los diputados locales caen de consumarse el atraco, en la hipótesis que establece la Ley de Responsabilidades; ataque a las instituciones democráticas, causa de juicio político. Y no estamos dispuestos en este caso ni en otros, señor diputado, a quedarnos tranquilos, con una Legislatura que ya tiene un antecedente de ser violatoria de la Constitución.
Quedarnos tranquilos para que con un plumazo, con dos, tres palabras, se diga: No ha lugar a proceder al juicio político. Porque son mayoría. No, señores, el número, la mayoría no puede establecer la fuerza de la Constitución, la Ley fundamental.
Juicio político a los diputados que de consumar el atropello, atacan las instituciones democráticas; a la gobernadora que ordene la promulgación y publicación del decreto, incurren en responsabilidad e involucra. Cómo no va a involucrar, señoras y señores, al Congreso. Fue la motivación del Título Cuarto, fue lo que se dijo en los debates de estos dispositivos constitucionales; fueron las argumentaciones que se dieron al discutir y debatir y aprobar la Ley de Responsabilidades. El derecho en México no es letra muerta, señoras y señores.
Y en ese momento, como el molinero, aquél que se oponía a los abusos del monarca, diremos: aún hay jueces en Berlín y aún hay diputados, diputados que a conciencia desempeñan su encargo en esta Casa Grande que es México. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Castro Lozano.
Para rectificar hechos, señor diputado, tiene la palabra por cinco minutos.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras diputados:
Yo quisiera retomar el tema en su magnitud, en la expresión, en las consideraciones aquí vertidas por quienes me han precedido en el uso de la palabra.
Sin duda estamos ante una hipótesis, ante un supuesto hasta estos momentos.
No podemos olvidar que vivimos en un régimen de derecho, en un régimen jurídico que implica el cabal sometimiento de los órganos del Estado a las normas que lo regulan.
El Régimen jurídico mexicano establece diversos tipos, jerarquías y ámbitos de aplicación de la
norma jurídica. El tema que nos ocupa se debe centrar en el contenido del artículo 40 constitucional. Solicito respetuosamente a la Presidencia instruya a la Secretaría para que dé lectura al texto del artículo 40 constitucional.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a la lectura del artículo 40 constitucional.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley fundamental." Servido.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Compartimos la preocupación del diputado González Avelar. Sabemos que éste es un tema de gran trascendencia, de una gran delicadeza, no estamos ajenos a ello ni lo negamos. Creemos que este tema debe de analizarse en forma mucho más amplia ante supuestos reales. Entendemos la preocupación de los compañeros diputados panistas.
Creemos asimismo que el artículo 116 en su segundo párrafo en su fracción I, son disposiciones muy relacionadas con el tema.
En el caso que ha planteado el señor diputado Juan de Dios Castro, debemos reiterar que es un proyecto que aún no ha sido sancionado, pero que sin duda es competencia, en un primer momento, del Congreso del Estado de Yucatán. Es éste el que deberá analizar, conforme a esa competencia, la procedencia de dicha reforma a la Constitución del Estado de Yucatán, sin contravenir las disposiciones constitucionales, por lo tanto, creemos que es en ese ámbito en el que se deberá analizar, exhaustivamente, ampliamente, la iniciativa que aquí se ha mencionado, y que ahí deberán sin duda de recogerse los pronunciamientos que aquí se han vertido, a través de los diversos diputados que me han precedido en el uso de la palabra, y ahí ese Congreso sopesar los efectos de la reforma que se está dando.
Creemos que las inquietudes manifestadas son dignas de reflexión, son dignas de este diálogo, verdad, pero que en su momento deberán analizarse allá y de acuerdo con lo que suceda en Yucatán, estaremos en posibilidad nosotros conforme proceda. Muchas gracias.
El Presidente:
¿La Secretaría tiene algún asunto pendiente? Disculpe, tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; Honorable Asamblea: Todo funcionario en nuestra patria rinde una protesta de cumplir con la Constitución. La Constitución es la norma fundamental que rige la República.
Las instituciones democráticas, republicanas se distinguen de las monárquicas. Fray Servando Teresa de Mier decía: En la República los supremos funcionarios son electos, en las monarquías pues son por dinastía, por herencia. Quiere decir que República es por definición la cosa pública, la cosa de todos, la cosa que se decide por ciudadanos y los ciudadanos tienen una vida independiente; vida independiente quiere decir que tienen derecho de voto, de elección y para que haya una elección se requieren dos condiciones: que haya opciones, que haya candidatos, que haya partidos, que haya programas y luego se requiere también que el voto sea del elector, no del elector supremo, sino del elector ciudadano individuo independiente.
Puede perfectamente una Constitución de una entidad federativa decir: el calendario político en la entidad va a cambiar, va a cambiar en estos términos; el período puede ser de cuatro años, puede ser de seis años, puede empezar en esta fecha o en esta otra, lo que no se puede hacer, porque es ir en contra de las instituciones democráticas, es eliminar, suplantar, suprimir y despojar al ciudadano del derecho constitucional de elegir a sus gobernantes.
Si cesa un período constitucional, no se puede prorrogar.
Si un gobernador ha sido electo por un período de cuatro años, no puede la Cámara de Diputados decirle: "Síguele por otros dos". No se puede. Ni se puede abrir un espacio de un año, de un mes o de cinco meses ó de 10 meses, y para llenar ese huequito que nombre un gobernador interino.
El sistema de los interinatos es una franca y abierta negociación a las instituciones democráticas, es una negación a la vida republicana.
Entendemos y por eso me permití estar en la tribuna, que el asunto aquí denunciado es de la mayor importancia porque podría significar, el principio de la destrucción del sistema de Gobierno que el pueblo mexicano se ha dado en la Constitución, que es un sistema republicano, representativo, democrático que tiene formas de elección, que debe ser secreta, que debe ser libre, que el voto debe ser del elector, y los funcionarios supremos, los gobernadores, los ejecutivos, no se pueden designar así abriendo trampas en las constituciones.
Las entidades federativas por muy soberanas que sean para regir su régimen interno, no pueden en forma alguna ni tienen competencia para despojar a los ciudadanos del derecho a elegir a sus gobernantes.
La preocupación es verdadera, de mucha trascendencia, y por lo que ve a este tema, de momento nos adherimos a esa preocupación del Partido Acción Nacional, y la respaldamos de que se tenga cuidado, de no atentar contra las normas fundamentales del pacto constitucional. Es todo.
El Presidente:
Gracias diputado González Durán, infórmenos la Secretaría si tiene asuntos pendientes.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Lydia Madero García:
Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
27 de abril de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Dictámenes de Primera Lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del doctor Leopoldo Zea y Aguilar, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del general brigadier diplomado del Estado Mayor Carmelo Terán Montero, para que pueda aceptar y usar la Condecoración al Mérito "Estrella de Carabobo", en su Única Clase y la Medalla al Mérito "Teniente Carlos Meyer Baldó", en su Única Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Renato Bruno Ocampo Rivotta, para que pueda prestar servicios en la Embajada de la República de Colombia, en México.
Intervención del diputado Alfredo Castañeda Andrade, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a salarios e inflación.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista para referirse a sucesos en la República de Sudáfrica.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer comentarios en relación a la Vigilancia del Espacio Aéreo, en el ramo de Comunicaciones y Transportes.
Intervención del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a problemas pesqueros.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A la 1.00 horas del 23 de abril): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 27 de abril, a la 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Cáritas (Sin aclaración)
Cecope Centro de Consulta Sobre el Padrón Electoral
CIPEO Código de Instituciones y Procedimientos Políticos del Estado de Oaxaca
COSEI (Sin aclaración)
Fonhapo Fondo Nacional de Habitación Popular
Fovibanca Fondo de Vivienda de la Banca
Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
IVA Impuesto al Valor Agregado
Nafinsa Nacional Financiera, Sociedad Anónima
NPP Nava Partido Político
N$ Nuevos Pesos
Oax. Oaxaca
PAN Partido de Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
Pemex Petróleos Mexicanos
PGR Procuraduría General de la República
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
PT Partido del Trabajo
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
Siapa Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
SLP San Luis Potosí
TLC Tratado de Libre Comercio