Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930429 - Número de Diario 6
(L55A2P1oN006F19930429.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputada Laura Alicia Garza Galindo
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, jueves 29 de abril de 1993 No. 6
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIONES
Dos, del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del CXXXI aniversario de la Batalla de Puebla. Se designan sendas comisiones para representar a la Cámara de Diputados.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Baja California Sur, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
SOLICITUD DE LICENCIA
Se da lectura a la solicitud de licencia del diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza y la Asamblea, en votación económica, aprueba los puntos de acuerdo respectivos.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Agustín Téllez Cruces, Rodolfo Sandoval Monroy y José Sulaimán Chagnón, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la Santa Sede, de Bélgica y de Tailandia, respectivamente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Tres, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Leopoldo Zea y Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Dominicana;
Carmelo Terán Montero, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela;
Renato Bruno Ocampo Rivotta, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Colombia en México.
Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los diputados:
Gabriela Guerrero Oliveros, presenta proposiciones.
Luisa Urrecha Beltrán, presenta solicitud de excitativa.
Alfredo Castañeda Andrade
Evangelina Corona Cadena
Abundio Ramírez Vázquez
Laura Pavón Jaramillo
La proposición de la diputada Guerrero Oliveros, se turna a las comisiones de Seguridad Social y a la Derechos Humanos.
HOMENAJE LUCTUOSO
A Miguel Ramos Arizpe. Hace uso de la palabra el diputado Lorenzo Duarte García.
DÍA DEL TRABAJO
Para conmemorar este día y expresar sus opiniones, hacen uso de la palabra los diputados:
María Clara Mejía Guajardo
Alfredo Castañeda Andrade
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Martha Patricia Ruiz Anchondo, quien hace una proposición.
Concepción Trinidad Rosas de la Luz
Tomás Correa Ayala
Benjamín Avila Guzmán
José María Téllez Rincón
La proposición de la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo se desecha.
SALUD EN MÉXICO
Para comentar sobre la epidemia de cólera, hacen uso de la palabra los diputados:
Manuel Laborde Cruz, quien presenta un punto de acuerdo.
Guillermo Flores Velasco
Héctor Ramírez Cuéllar
José Ramírez Román
La proposición del diputado Manuel Laborde Cruz se turna a las comisiones de Salud y de Seguridad Social.
SECTOR AGRARIO
Para referirse a los problemas a los que debe enfrentarse el agro mexicano, hacen uso de la palabra los diputados:
Roberto García Acevedo, quien presenta una proposición.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Jesús Molina Lozano
Francisco Hernández Juárez
La proposición del diputado Roberto García Acevedo, se turna a las comisiones de Reforma Agraria, de Agricultura y de Ganadería.
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
Presentada por el diputado Luis Humberto Correa Mena, en contra de la gobernadora del Estado Libre y Soberano de Yucatán y de diversos de la LII Legislatura del Congreso de ese Estado.
Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Miguel González Avelar
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Miguel González Avelar, para contestar alusiones personales.
Carlos González Durán
Juan Gualberto Campos Vega
Eloí Vásquez López
Para contestar alusiones personales o rectificar hechos, toman la palabra los diputados:
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Martín Tavira Urióstegui
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cristóbal Arias Solís
Martín Tavira Urióstegui
Diego Fernández de Cevallos
ESTADO DE TABASCO
Para hacer denuncias y expresar sus opiniones respecto de una caravana que se dirige a la Ciudad de México, procedente del Estado, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo
Juan José Rodríguez Prats
Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo
Juan José Rodríguez Prats
DENUNCIA
Presentada por el diputado Alejandro Luévano Pérez, sobre lo que calificó de desalojo arbitrario de un plantón de la Alianza de Contribuyentes en el Estado de México.
Intervienen los diputados:
José Alfredo Torres Martínez
Julio César García Hernández, para rectificar hechos
COMUNICACIÓN
Toma la palabra la diputada Cecilia Soto González, quien da cuenta con un documento por el que ocho diputados deciden reincorporarse al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y otras acciones internas de ese grupo parlamentario.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada Luisa Alvarez Cervantes
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga el conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 395 diputados, por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
La Presidenta
(A las 11.48 horas) Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Se dará lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
29 de abril de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXI aniversario de la Batalla de Puebla, tendrá lugar el 5 de mayo en la Estatua Ecuestre del General Ignacio Zaragoza, ubicada en la calzada que lleva su nombre, Delegación Política Venustiano Carranza, a las 10.30 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXI aniversario de la Batalla de Puebla, tendrá lugar el 5 de mayo en la Tumba del General Miguel Negrete, en la Rotonda de los Hombre Ilustres Panteón Civil de Dolores Delegación Miguel Hidalgo, a las 12.00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California Sur.
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Agustín Téllez Cruces, para aceptar y usar la Condecoración Caballero de Gran Cruz de la Orden de S. Gregorio Magno, Clase Civil, que le confiere la Santa Sede.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rodolfo Sandoval Monroy, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Sulaimán Chagnón, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona de Tailandia, que le confiere el Gobierno de dicho país.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciones, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Leopoldo Zea y Aguilar, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Carmelo Terán Montero, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito "Estrella de Carabobo", en su Única Clase y la Medalla al Mérito "Teniente. Carlos Meyer Baldó", en su Única Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Renato Bruno Ocampo Rivotta, para prestar servicios en la Embajada de la República de Colombia, en México.
Intervención de los grupos parlamentarios del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la protección y seguridad de la niñez.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario luctuoso de Miguel Ramos Arizpe.
Intervención de los grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para Conmemorar el Día del Trabajo.
Intervención del diputado Manuel Laborde Cruz, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar problemas de la salud con referencia al Cólera.
Intervención del diputado Roberto García Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse al Agro Mexicano.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al problema de Yucatán.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para denunciar las agresiones en contra de la Caravana que viene de Tabasco.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la desaparición de Inmecafé.
Denuncia del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de desalojo del Plantón de la Alianza de Contribuyentes, en el Estado de México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La Presidenta:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, correspondientes al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Hildebrando Gaytán Márquez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del día veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos cuarenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra una Comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa una Comisión para que los introduzca.
Se concede el uso de la palabra al representante Jaime del Río Navarro, quien informa de la apertura de los trabajos del mencionado cuerpo colegiado y el Presidente agradece la atención. La misma Comisión designada, acompaña a los representantes cuando abandonan el salón de sesiones.
Se da cuenta con una Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo, por la que informa de asuntos propios de su legislatura. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el ciudadano José Manuel Leyva Mejía, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tres oficios de la misma Secretaría, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Agustín Téllez Crucez, Rodolfo Sandoval Monroy y José Sulaimán Chagnón, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la Santa Sede, de Bélgica y de Tailandia, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da primera lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Leopoldo Zea y Aguilar y Carmelo Terán Montero, puedan
aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Dominicana y la República de Venezuela, respectivamente.
También se da primera lectura a otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Renato Bruno Ocampo Rivotta, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Colombia en México.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a la vigilancia del espacio aéreo mexicano y propone diversas comparecencias. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Información, Gestoría y Quejas y de Relaciones Exteriores.
Para referirse a los hechos violentos que se realizaron en Iguala, Guerrero, hacen uso de la palabra los diputados Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional; Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática; Othón Salazar Ramírez, del mismo Partido; Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Caballero Peraza, del Partido Acción Nacional; Francisco Saucedo Pérez del Partido de la Revolución Democrática; Florencio Salazar Adame, del Partido Revolucionario Institucional; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional.
La proposición del diputado Zúñiga Galeana, se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Justicia; la proposición del diputado Camilo Valenzuela, a la Comisión de Derechos Humanos.
Para referirse a diversos problemas pesqueros, hacen uso de la palabra los diputados Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Gómez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional y Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, quien da lectura a una declaración política respecto a los sucesos en sudáfrica, que firman representantes de todos los partidos que integran la Quincuagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De enterados.
Para rendir homenaje al recientemente fallecido líder social, César Chávez, hacen uso de la palabra los diputados José Ramírez Román, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional; Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista y José Téllez Rincón.
El Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Luis Correa Mena, del Partido Acción Nacional; Ignacio Mendicuti Pavón, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Correa Mena, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, quienes se refieren a las reformas legales realizadas por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien denuncia hechos ocurridos a la caravana proveniente del Estado de Tabasco, en los límites entre ese Estado y el de Veracruz. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Ecología y Medio Ambiente.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres a las diez horas.»
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
INVITACIONES
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXI aniversario de la Batalla de Puebla, que tendrá lugar en la Estatua Ecuestre del General Ignacio Zaragoza ubicada en la calzada que lleva su nombre Delegación Venustiano Carranza, el día miércoles 5 de mayo a las 10.30 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de acción cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Cámara de Diputados se designa a los siguientes diputados: Domingo Alapizco Jiménez, Juan Hernández Mercado, Jorge Oceguera Galván y Roberto García Acevedo.
La secretaria Lydia Madero García:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXI aniversario de la Batalla de Puebla, que tendrá lugar en la Tumba del General Miguel Negrete, en la Rotonda de los Hombres Ilustres Panteón Civil de Dolores Delegación Miguel Hidalgo, el día miércoles 5 de mayo a las 12.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de acción cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Cámara de Diputados se designa a los siguientes diputados: Juan Castillo Mota, Carlos González Durán y Francisco Dorantes Gutiérrez.
COMUNICACIÓN
La secretaria Lydia Madero García:
«Estado de Baja California Sur.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, DF.
Nos permitimos comunicar a ustedes, que en los términos del artículo 41 de la Constitución Política Local y los artículos 12 al 17 de la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado de B.C.S., en Sesión Pública Solemne celebrada el pasado 15 de marzo del presente año, se instaló la honorable VII Legislatura del Estado de Baja California Sur, para el período Constitucional de 1993 - 1996.
Conforme a los mismos ordenamientos legales, se efectuó la elección de la directiva que fungirá en el Primer Período Ordinario de Sesiones comprendido del 15 de marzo al 15 de junio de 1993; integrada de la siguiente manera: Presidente, diputado Héctor Edmundo Salgado Cota; vicepresidente, diputado Héctor Jiménez Márquez; secretario, diputado Marco Antonio
Núñez Rosas; prosecretario, Ramón Barreno Arballo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Paz, B.C.S., a 1o. de abril de 1993. - El oficial mayor de la VII Legislatura, licenciado Antonio Armenta Gómez.»
De enterado.
SOLICITUD DE LICENCIA
La secretaria Lydia Madero García:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Rigoberto Ochoa Zaragoza, en mi carácter de diputado federal del Estado de Nayarit en la LV Legislatura del Congreso de la Unión, ante ustedes comparezco para exponer que el Partido Revolucionario Institucional, me ha distinguido al designarme su candidato para contender por la gubernatura del Estado de Nayarit en las próximas elecciones locales en esa entidad.
Aceptar esta honrosa responsabilidad me obliga a desarrollar un intenso trabajo de campaña política, que no me permite cumplir plenamente con las responsabilidades de mi encargo como diputado federal. Consecuentemente, por una obligación política y ética estimo indispensable el separarme de las funciones que me corresponden como legislador federal, a fin de dedicarme íntegramente a las actividades políticas que he protestado cumplir con lealtad y eficacia.
Por ello, con fundamento en lo previsto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con todo respeto solicito que.
En los términos previstos por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del primero de mayo, se me conceda licencia para separarme transitoriamente de las funciones legislativas que he venido cumpliendo.
Atentamente.
México, DF, a 23 de abril de 1993.»
La Presidenta:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaria Lydia Madero García:
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. - Se concede licencia al diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal electo para el primer distrito del Estado de Nayarit, a partir del próximo 1o. de mayo.
Segundo. - Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Agustín Téllez Cruces, pueda aceptar y usar la Condecoración Caballero de Gran Cruz de la Orden de S. Gregorio Magno, Clase Civil, que le confiere la Santa Sede.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Agustín Téllez Cruces, para aceptar y usar la Condecoración Caballero de Gran Cruz de
la Orden de S. Gregorio Magno, Clase Civil, que le confiere la Santa Sede.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 28 de abril de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rodolfo Sandoval Monroy, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rodolfo Sandoval Monroy, para aceptar y usar la Condecoración Caballero de la Orden de la Corona, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 28 de abril de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albino Garabito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro
Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Celia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguilar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Sulaimán Chagnón, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona de Tailandia, que le confiere el Gobierno de dicho país.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Sulaimán Chagnón, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona de Tailandia, que le confiere el Gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 28 de abril de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario, Juan de Dios Castro Lozano, secretario, José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El secretario Felipe Medina Santos:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el
expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Leopoldo Zea y Aguilar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Leopoldo Zea y Aguilar, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de abril de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Secretario; José Octavio Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Carmelo Terán Montero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito "Estrella de Carabobo", en su Única Clase y la Medalla al Mérito "Teniente Carlos Meyer Baldó", en su Única Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Carmelo Terán Montero, para aceptar y usar
la Condecoración de la Orden al Mérito "Estrella de Carabobo", en su Única Clase y la medalla al Mérito "Teniente Carlos Meyer Baldó", en su Única Clase , que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de abril de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, y José Domingo Olvera Cervantes.
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 7 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Renato Bruno Ocampo Rivotta, pueda prestar servicios como chofer del embajador, en la Embajada de la República de Colombia, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 22 de abril, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERADO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán como chofer del embajador, en la Embajada de la República de Colombia, en México.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Renato Bruno Ocampo Rivotta, para que pueda prestar servicios como chofer del
embajador, en la Embajada de la República de Colombia, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de abril de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
La Presidenta
Para referirse a los problemas de protección y seguridad de la niñez, tiene la palabra la compañera diputada Gabriela Guerrero del Partido Popular Socialista.
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros:
Señora Presidenta; señoras y señores legisladores:
El 30 de abril, instituido en nuestro país como día del niño, ofrece una oportunidad para abordar un problema nacional que tal vez, como ningún otro, incide sobre el futuro de nuestro país. Este problema es el de asegurar que los niños de México cuenten con las condiciones para desarrollarse y llegar hasta la edad adulta y para prepararse en condiciones tales de convertirse en los constructores de un país plenamente desarrollado, democrático y soberano, en el que el pueblo de México aspira se transforme nuestro país en el Siglo XXI.
Este problema, señoras y señores legisladores, tiene un doble carácter, uno en relación con los derechos fundamentales que adquieren los niños mexicanos por el simple hecho de haber nacido, como son, el de la supervivencia, la educación, el esparcimiento y la cultura. Y el otro, como reserva para la formación de los recursos humanos que habrán de convertirse en los creadores e innovadores de la ciencia, la técnica y la cultura, sobre los que se sustenta el vigor económico y la sólida personalidad de una nación que por siglos ha luchado por crear las mejores condiciones para la vida de los mexicanos.
Estos dos aspectos del mismo problema, han adquirido enorme trascendencia y niveles de agudeza que deben preocupar a la mayoría de los mexicanos, pero sobre todo, a los integrantes de esta representación popular, quienes estamos obligados a tratar no sólo los problemas actuales o coyunturales, sino también aquellos que son determinantes para el porvenir de nuestra patria.
En efecto, señoras y señores legisladores, como consecuencia de la profunda crisis económica del país que dura ya más de una década y de las políticas que se han implementado para tratar de resolverla, la injusta distribución de la riqueza, de esto todos somos testigos, se ha pronunciado enormemente, de tal manera que en esta década de la que hablamos, de cada peso del producto interno bruto, lo que reciben los trabajadores, ha bajado de 38 centavos, a sólo 19 centavos.
El desempleo y el subempleo han crecido desmesuradamente, en tanto que el salario de los trabajadores ha perdido más de la mitad de su capacidad de compra. El resultado, todo mundo lo conoce, es que la mitad de los mexicanos, viven en condiciones de pobreza, más de 17 millones de ellos, en condiciones de extrema pobreza, acrecentándose los problemas en los medios urbanos, ya que precisamente en estas zonas y como consecuencia de la migración motivada por problemas de falta de empleo, se concentra el 60% de los pobres del país.
Las consecuencias dramáticas de esta situación inevitablemente recaen sobre los niños que en un país de jóvenes, como es México, representan un enorme porcentaje de la población total, pero carecen de la capacidad para luchar en contra de su precaria condición.
De esta manera, señoras y señores diputados, vemos cómo más niños mueren por desnutrición, fenómeno del que es víctima el 50% de la población infantil en todos sus niveles. Miles de niños abandonan la escuela, habiendo aumentado notablemente en los últimos años la deserción escolar. Miles de ellos son lanzados a las calles de las ciudades donde sin protección alguna son víctimas de todo tipo de vejaciones, siendo prácticamente imposible que un enorme porcentaje de ellos se pueda resistir a la drogadicción a la que los empujan tanto su abandono como los intereses inmorales de los narcotraficantes o de los que comercian con la prostitución o con los órganos humanos.
En estas condiciones, señoras y señores diputados, es evidente que la capacidad actual del Estado, instrumentada bajo condiciones menos complejas, de atender y enfrentar algunos de los profundos problemas de la población infantil, es verdaderamente insuficiente e incluso inoperante para el momento que estamos viviendo.
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia sólo proporciona raciones alimenticias a cuatro de cada mil menores en situación de pobreza extrema, sólo dos de cada mil menores en actividades de autosubsistencia reciben atención integral en casas y albergues gubernamentales y privados. Solo 45 mil menores de cuatro años son atendidos por las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que en los jardines de niños de la Secretaría de Educación Pública sólo disponen de un lugar por cada 10 niños en edad preescolar. Mientras que, por otro lado, crece de manera preocupante la población de los niños de la calle.
Por otra parte, señoras y señores diputados, teniendo plena conciencia de que el mundo del Siglo XXI estará caracterizado por una aguda confrontación entre las naciones en el campo económico y tecnológico y de que en consecuencia el progreso de cada país dependerá en forma decisiva de la creatividad de sus cuadros técnicos y científicos, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿de si estamos actuando adecuadamente para que los niños de hoy sean esos hombres de ciencia, esos ingenieros, esos técnicos altamente calificados o esos intelectuales que cumplirán con la meta que nos estamos proponiendo para nuestro país?
¿El incremento de los niños de la calle, la desnutrición de la mayoría de nuestros niños, la deserción escolar que estamos observando, la actual forma de trabajo y organización de nuestra escuela pública y de las dependencias gubernamentales dedicadas al problema de la infancia, son, nos preguntamos, una base segura para formar un número suficiente de esos cuadros de los que estamos urgidos?
Haciendo una analogía con la Organización para el Fomento del Deporte y la formación de los deportistas de alto nivel, quienes para las justas olímpicas se preparan previamente durante años en las mejores condiciones para desarrollar a plenitud sus facultades con recursos del Estado, nos preguntamos nuevamente, ¿no habrá llegado el momento, señoras y señores diputados, de pensar en instituciones nuevas para desarrollar el talento científico de nuestros niños y adolescentes, toda vez que son ya tradicionales las olimpiadas de las ciencias que las naciones desarrolladas organizaron como una forma de estimular el talento de las nuevas generaciones?
Estamos, señoras y señores diputados, plenamente conscientes de que en los gobiernos de nuestro país emanados de la revolución mexicana, a partir del régimen del licenciado Adolfo López Mateos, han ido creando organismos del Estado para dar atención específica a la niñez, los cuales se han ido transformando hasta llegar al actual Sistema Nacional de Desarrollo Integral
de la Familia, que a nuestro juicio, requiere de una redefinición de sus objetivos y de una reorganización de sus funciones.
En este proceso de preocupación por la infancia, el Gobierno de México ratificó en 1990 la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1989, después de años de negociaciones para su redacción final y además México promovió la Cumbre Mundial en favor de la infancia, celebrada en la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 1990, en la que se aprobó un plan de acción para que las naciones puedan alcanzar para el año 2000 las metas más importantes relacionadas con la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, que son el contenido fundamental de la convención de 1989.
Desde nuestro punto de vista entonces, se hace necesario analizar si nuestro país cuenta con las instituciones y organismos idóneos para hacer vigente el contenido de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, sin desconocer que ya se han adoptado algunas medidas prácticas en función del plan de acción de la Organización de las Naciones Unidas de 1990.
Por otra parte, como ustedes lo saben bien, nuestro país dispone de diversos ordenamientos relativos a los menores de edad, pero dispersos en múltiples leyes y reglamentos de diversa índole; por lo tanto preguntamos nuevamente: ¿No será ya conveniente ordenar, agrupar y enriquecer esta legislación mediante la aprobación de una Ley Federal sobre la niñez que incluya normas precisas para garantizar el cumplimiento del artículo 3o. constitucional en lo relativo a la escuela básica obligatoria?
Consideramos que estas tareas son de tal trascendencia, que la Cámara de Diputados en esta LV Legislatura debe abordar el problema, tomando los acuerdos pertinentes sobre la base de un trabajo serio y apoyándose en todos los organismos, instituciones o personalidades que tengan interés de aportar en la definición y construcción de las bases del México del Siglo XXI.
Es necesario reconocer aquí, que la Asamblea de Representantes ha estado siguiendo muy de cerca este problema pero la Asamblea de Representantes no tiene la capacidad de legislar y, por lo tanto, a pesar de los estudios que realicen, que nos pueden ser muy útiles, no pueden abordar de ninguna forma este problema.
Señoras y señores diputados, sobre la base de las consideraciones expuestas y con fundamento en la fracción II del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista propone a esta soberanía los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados convocará a un foro de consulta sobre los siguientes puntos:
1. Organismos e instituciones para el cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos del Niño.
2. La legislación sobre la niñez.
3. Acciones complementarias de la escuela pública para el mejor desarrollo de la niñez.
4. Creación de un fondo nacional para el desarrollo de la infancia; y
Segundo. Encargar a la Comisión de Derechos Humanos de la propia Cámara de Diputados, la elaboración de un proyecto de legislación acerca de la niñez y las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo.
Dejo a la Secretaría las propuestas de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, Compañera diputada. Para el mismo tema, protección y seguridad de la niñez...
Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, la diputada Luisa Urrecha.
La diputada Luisa Urrecha Beltrán:
En aras de proteger los derechos de la niñez aun antes de haber nacido, el Partido Acción Nacional presentamos, en diciembre de 1992, una iniciativa para modificar el artículo 4o. constitucional, para añadir un séptimo inciso que diga:
"Todo ser humano gozará de protección jurídica desde su concepción hasta su muerte."
Se ha hablado en esta tribuna de la necesidad impostergable de proteger a la niñez mexicana.
En Acción Nacional insistimos que la protección a la vida humana debe extenderse aun al no nacido, ya que indiscutiblemente la existencia del hombre no arranca del momento de su nacimiento.
En consecuencia, solicito atentamente a la presidencia que de acuerdo con nuestra normatividad interna, instruya a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Derechos Humanos, a la que fue turnada la iniciativa de referencia, que se dictamine y sea presentada a este pleno para su discusión y aprobación en su caso. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para el mismo tema...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) No señora Presidenta; tiene usted que acordar el pedimento de la diputada.
La Presidenta:
Sí señor diputado.
De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones para que presenten el dictamen. Servido.
Tiene la palabra para el mismo tema, el compañero diputado Raúl Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Al celebrarse mañana el día del niño, quizá venga a nuestra mente esa imagen siempre repetida en la niñez, de que es una hermosa época en donde constantemente vemos, si atendemos a los comerciales de la televisión y probablemente a las películas, vemos que el niño ocupa un lugar privilegiado en la alegría y en la casa y en el seno de todas las familias mexicanas.
Cuando menos conceptualmente representa el futuro de México, así lo hacemos saber en todos nuestros discursos cuando nos referimos a la infancia. Los niños son la razón de vivir para cualquier familia, una razón para superarse, una razón para volcar cariño.
El concepto filosófico de lo que deben ser los niños para los adultos, no apareció sino hasta el siglo pasado y fue en esa época cuando se determinó que los niños eran personas que deberían protegerse para lograr que se desarrollaran adecuadamente. La conclusión era muy sencilla: niños bien desarrollados hacen adultos bien desarrollados y crean países fuertes.
El cubano José Martí decía: "Hombres hay que quieran hacer pueblos" y no es de extrañarse tampoco que países como Estados Unidos cuenten con una serie de leyes que protegen a la infancia, pero sobre todo cuenten con una educación entre los adultos que lo haga conscientes de esta realidad. Los niños son el futuro de los pueblos.
Antes del siglo pasado, aun en los países cristianos, los niños eran vistos como un medio más de explotación que a nadie importaba verdaderamente. Aún en la actualidad, ser niño en algunos países musulmanes puede ser tan malo como ser negro en Sudáfrica. Las leyes musulmanas no contemplan en sus conceptos teocráticos, un lugar en donde los niños frecuentemente son fruto de abuso y comercio y es que entre más autoritaria es una sociedad, los miembros más débiles de la misma, los niños estarán siempre mas expuestos a sufrir los abusos de los más fuertes.
Aun con leyes claras y precisas, los niños no pueden ser protegidos si los adultos no cuentan con la educación suficiente o con la concientización necesaria para saber que un niño debe ser protegido por el bien de todos.
Al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, le preocupan, los niños que viven en extrema miseria, pero más aún nos preocupan los niños maltratados o que incomprendidos por la sociedad se ven obligados a vivir en la calle.
En discursos demagógicos y en los informes de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la niñez, se escucha constantemente: los niños son el futuro de México, pero en la práctica miles de ellos sufren un total abandono de la sociedad y del Gobierno. Aunque el Gobierno está empeñado en sostener que existen 11 mil 172 infantes trabajando en la calle, lo cierto es que nadie sabe exactamente cuántos son.
La pobreza y el subdesarrollo convierten a los niños de la calle en víctimas de la sociedad y desechos del urbanismo, tal y como lo sostienen algunos estudiosos de este fenómeno que avergüenza a México entero.
Sin voz ni voto y de cuya suerte hay una lamentable despreocupación de ciudadanía y gobierno, ya es incontrolable, deambulan por las grandes ciudades que los condenan a vivir trabajando en labores pesadas y llenas de riesgos, ganándose la subsistencia, robando o prestándose a distintas formas de delitos, a bandas organizadas; la prostitución y el tráfico de drogas son el destino inevitable para muchos de ellos.
Relegados a los márgenes de la sociedad adulta, sobreviven a base de pillaje, robo y de trabajos temporales, vendiendo pequeños artículos, lustrando calzado, lavando coches, limpiando parabrisas o haciendo piruetas en las avenidas con caritas pintadas de payaso.
En el mes de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supo del caso de tres niños oaxaqueños, torturados por elementos policiacos, la tortura consistía en baños de agua fría, inmersión en agua hasta lograr casi ahogarlos y aplicación de gas lacrimógeno.
En la ciudad de México otros cuatro niños, habitantes de una alcantarilla, fueron agredidos brutalmente por policías bancarios así como también en otros casos de maltrato contra niños que se han dado en los 17 municipios conurbados con el Distrito Federal, recibiendo lesiones graves por golpizas de sus padres que les han causado la muerte, ante la indiferencia gubernamental.
En relación al maltrato de los niños, casi después de tres décadas, México adoptó la Declaración de Derechos del Niño, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, que establece la protección de menores ante el abuso físico y mental, la explotación laboral e incluso el maltrato de los padres para aun el Gobierno que no ha adecuado la legislación correspondiente.
Pero por otra parte un promedio de 600 niños mexicanos de la calle, cruzan cada mes el Río Bravo, con el fin de recibir comida y abrigo en centros de ayuda asistenciales de la Ciudad de Brownsville, Texas, ante la negativa del único organismo de esta índole en Matamoros, Tamaulipas, de brindar alimento a los menores, con el pretexto de dar prioridad a los ancianos.
Otro fenómeno vergonzante lo constituyen los niños ilegales o indocumentados en Estados Unidos. Tan sólo durante 1992, alrededor de 82 mil 875 menores, fueron deportados por el Servicio de Emigración y Naturalización de Estados Unidos. Un gran número de pequeños, localizados en San Diego, específicamente en la calle 12, ejercen la prostitución y se dedican al comercio de las drogas. Los menores son conocidos en la zona como "niños de Balboa", debido a que se reúnen en un jardín con el mismo nombre.
El consumo de drogas en México, ha avanzado en los últimos años y actualmente afecta al 32% de la población de cinco a 18 años, según lo reconocen las autoridades de salud.
En general, el PARM considera que en México existe una gran indiferencia en relación al cuidado y protección de la niñez y, por lo mismo, estamos poniendo en grave riesgo el futuro de nuestra patria. Por ello resulta importante para el país precisar, aplicar y defender los derechos fundamentales del menor, como son, entre otros, el derecho a la vida y a la supervivencia, el derecho a un nombre, a una nacionalidad y a una familia, el derecho a una vida digna, el derecho a ser protegido contra todo tipo de abusos, el derecho de ser tratado con respeto por las autoridades, el derecho a ser educado en la libertad, el derecho al juego, la recreación y la cultura, por encima de todo, el derecho a ser primero en todo.
Cualquier niño, no importa sexo, raza, idioma, nacionalidad, religión o si es pobre o rico, tiene derecho a ser atendido en primer lugar y en cualquier situación y su bienestar es más importante al de cualquier persona, en especial en situaciones de emergencia civil o de guerra.
Este derecho es universal y válido en cualquier momento, en cualquier lugar de nuestro país, porque resume todas las obligaciones que todos los adultos deben cumplir de acuerdo con la Convención del Niño que el Gobierno mexicano se comprometió a respetar en 1990.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presentará en breve una iniciativa de Ley tendiente a proteger a la niñez mexicana.
Y por último, si ustedes me lo permiten quisiera terminar diciendo y recordando a Tomás Borge, ministro de Educación del régimen sandinista de Nicaragua, cuando dijo: "Ordeno, es decir, ruego que este país donde se terminó el susurro, sea la República donde los caramelos persigan a los niños y la felicidad ilumine sus vidas". Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado. Tiene la palabra para el mismo tema la compañera diputada Evangelina Corona, de Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Creo que es preocupación de todos, hombres y mujeres, sencilla y sin partidos, el interés que debemos tener y manifestar para el cuidado de los niños.
Ya se han leído ponencias en donde se han dado datos y se han denunciado actos de los que sufren los niños, consideramos entonces que para festejarlos el 30 de Abril, no debe ser solamente un día del año, pudiera ser que se conviertan todos los días en 30 de abril, para que los niños puedan tener la atención, los cuidados, los festejos que debemos darles.
Traemos aquí un documento que vamos a dar lectura y que dice de lo siguiente: "Con motivo del Día del Niño, el Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia, A C, denunció en 1992 que 10 millones de menores se dedican al trabajo infantil..."publicación de una plana aparecida en la prensa nacional.
A pesar de que el artículo 123 establece que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y de que el Título Quinto - bis de la Ley misma regula las labores desempeñadas por aquellos que tienen entre 14 y 16 años, ambas normas no se cumplen en nuestro país, a la fecha no hay estadística oficial que documenten este fenómeno.
Es a través de investigadores universitarios así como de organizaciones no gubernamentales, como se conoce de la gravedad del caso. De la mencionada publicación tomamos los siguientes datos: una interrogante que podemos ver dice: "¿En qué laboran y cuánto producen los niños mexicanos?". Fuera del hogar, en la calle trabajan de payasitos, venden chicles, venden cosas, limpian parabrisas, ayudan en tianguis, ocasionalmente prostituidos; los que sólo piden estar trabajando también, exigen, inventan su argumento, exhiben su desamparo, contestan preguntas.
Creo que esto lo hemos visto y lo hemos vivido muchos cuando hemos encontrado en las calles a los niños oliendo cemento, tomando la droga, tomando la cerveza y corrompiendo su infanciavida.
Es un trabajo circunscrito a ciudades. El trabajo subordinado en talleres, fábricas, loncherías, tiendas, supermercados, así siempre sus empleadores son empresas subcapitalizadas, temporales, con procesos de fabricación o transformación, atrasadas e imposibilitadas de contratar personal permanente; muchas veces los niños son el último eslabón de una larga cadena de subcontratistas, enriqueciéndose a su costa.
En esto queremos señalar y subrayar que la mayoría de los niños que andan vendiendo chicles por las calles dependen de otros empresarios abusivos que definitivamente no sólo no les pagan ni siquiera correcto, mucho menos justo; sin embargo, sí son objeto de golpes, de castigos, porque no les llevan las cuentas. Es aquí donde se da la más grande explotación del trabajo de menores, no hay prestaciones y ninguna responsabilidad de parte del patrón, los salarios son inferiores a los de los adultos, se emplea a menores de 14 años, lo cual las leyes mexicanas y la Convención Mundial sobre los Derechos de los Niños es ilegal, ya que se señala que para emplear a menores de 14 años se necesita el permiso de los papás o tutores y muy pocos son los que cubren ese requisito.
Trabajan también en labores agrícolas y eso yo creo que también los que venimos de provincia lo tenemos claro y bien conocido. Desde muy temprano nos encaminamos a los campos cuando son propios o cuando son ajenos, no siempre en compañía de nuestros padres. Muchas veces son jornaleros agrícolas migratorios fuera de sus estados de origen o cruzando la frontera hacia los Estados Unidos.
En 1988 una organización de trabajadores agrícolas de Estados Unidos denunció que en los campos de ese país eran explotados por lo menos un millón de menores de origen mexicano.
También en el servicio doméstico, por horas y de planta muchas veces sólo ganan techo y comida. El mundo de la explotación infantil en niñas es de un capítulo aparte. También en el hogar. Las labores agrícolas, artesanales o de pequeña producción, como ayuda a los padres, no siempre con remuneración. En tareas hogareñas, en cuidados de los niños más pequeños, lo cual permite que la madre se integre al trabajo. Estas tareas casi siempre son destinadas a las niñas, considerada hasta ahora actividad no productiva; juega un papel económico activo que debe ser ponderado.
También podríamos hacer un señalamiento de las ganancias que producen al país. En conjunto si asignamos conservadoramente un ingreso promedio de 5 mil pesos diarios a los 10 millones de niños trabajadores en México y si los consideramos en actividad sólo 240 de los 365 días del año, esta masa de trabajadores precoces produce 3 mil 870 millones de dólares, que equivale a 12 billones de viejos pesos.
Niños que en lugar de ir a la escuela, jugar, soñar y ser felices, producen más del doble de las ganancias del turismo en 1989, o más de lo que Japón y Alemania Federal invierten en México el mismo año, o poco menos de la mitad de todo el presupuesto para educación pública en 1992, o la suma del presupuesto para defensa, o la suma para salud, o de comunicaciones y transportes.
La tercera parte de lo que México destinó en 1992 al pago del servicio de la deuda externa del Gobierno Federal, que fueron de 35 billones de viejos pesos.
Ante la caída salarial sin precedente y una falta de oportunidad de empleo, se obliga a que millones de familias vivan en la pobreza o en la pobreza extrema. ¿Cómo sobreviven y por qué producen desordenes multitudinarios?, se preguntan muchos. La respuesta puede ser la siguiente: los niños escolares se transforman en niños trabajadores, equilibran la economía y retardan un estallido social, son los niños héroes de hoy, los niños callejeros que trabajan, trabajadores.
Hay una nota en una revista, que debe preocuparnos aún más; "niños mexicanos se prostituyen en San Diego". Creemos que es una obligación del Gobierno mexicano, de los ciudadanos en su conjunto, de los hombres y mujeres que formamos esta capital, de cuidar y vigilar la educación, la alimentación, el cuidado de los niños. Bien, es cierto que hace un momento nos señalaban que son muy pocas las guarderías y muy corto el tiempo que permanecen los niños con el servicio de guarderías. Sin embargo, tienen toda una vida por delante; una vida que si no es bien formada, es el camino fácil y sencillo de llegar a la prostitución más aguda y más denigrante del ser humano.
Consideramos, compañeros, que nuestra responsabilidad también como representantes de la nación es buscar y proponer, en esto también estamos trabajando en el partido, una iniciativa en la cual podamos auxiliar y apoyar más a los niños de México. Hagamos todos los días un 30 de abril para mejorar y para estimular a nuestros niños. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañera diputada. Tiene la palabra para el mismo tema, el compañero diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez:
Señora Presidenta; compañeros diputado de esta honorable Cámara de Diputados:
Para el Partido del Frente Cardenista, creo yo que para todos los mexicanos que queremos a nuestra patria, sabemos y estamos convencidos que la niñez, que los niños son el baluarte, son el soporte, son el futuro de nuestro país.
Las ideologías y las diferencias partidistas, pensamos que deben de estar muy por debajo del interés nacional. Consideramos de interés nacional atender a los niños y darle cuerpo jurídico, darle forma, plasmar y hacer que esta modificación y esto que estamos proponiendo, se lleve a cabo con justicia y con libertad.
La sociedad es un grupo de personas que se encuentran unidas por costumbres, hábitos, cultura y que están regidos o normados por leyes tanto de tipo económico, social y jurídico.
Cuando un grupo de individuos tiene además un Gobierno común, una Constitución Política y se encuentra dentro de un mismo territorio o espacio geográfico, habla de que ese grupo o sociedad constituye un país. Todas las sociedades contemporáneas tienen problemas de diverso tipo. En nuestra sociedad como en todas, hay problemas de drogadicción, de contaminación del medio ambiente, de maltrato a los menores, de abuso sexual, de explotación económica, de falta de oportunidades para contar con servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, recreación y protección legal a los menores.
Los niños, dentro de nuestra sociedad, están involucrados en todos los problemas que hemos mencionado, por desgracia; pero además, no cuentan con la protección de las leyes de nuestro país. Ello nos lleva a pensar que una de las formas de atacar los problemas que sufren los menores, es la creación de leyes que garanticen su pleno y sano desarrollo, tanto físico como mental,
donde los padres, el Estado y el Gobierno, participen por igual en las tareas de su protección.
En el seno familiar, despertamos a la vida, aprendemos a compartirla con otras personas y adquirimos los primeros conocimientos del mundo que nos rodea.
La familia es, entonces, compañeros legisladores, el primer lugar donde recibimos educación, donde aparentamos a compartir actividades y a ayudar a otras personas. La familia es un espacio de socialización, donde aprendemos la importancia de la cooperación, la solidaridad, el afecto y la comprensión. La familia es la célula de la sociedad; por ello la sociedad tiene en ella, el medio más efectivo de estancamiento en formas de vida envejecidas o deterioradas, o bien, de renovación, de desarrollo, de liberación, de todas las capacidades creadoras de todos los miembros de una sociedad para la realización de nuevas ideas o de nuevos ideales.
La familia y la sociedad no siempre han sido las mismas. En la actualidad, así como la sociedad se encuentra dividida en clases o niveles, también podemos encontrar distintos tipos de familia o de familias. En nuestro país, existe la familia que desde nuestro punto de vista es de la clase rica o burguesa y las familias pobres, las de los obreros, los campesinos, etcétera.
Por lo general, es en las familias pobres donde se presentan con mayor frecuencia los problemas de la sociedad. Las familias pobres tienen que realizar mayores esfuerzos para mantenerse, es decir, tienen que trabajar más para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, etcétera. A todo esto junto se le llama: "mínimo de bienestar" y sin los cuales no podríamos vivir.
Por lo general, volvemos a repetir, estas familias, aunque trabajen mucho, no pueden cubrir sus necesidades básicas y esto también afecta de manera determinante, el crecimiento y desarrollo de los niños, quienes verán reducidas sus posibilidades de educarse, tener servicios de salud y una buena alimentación, entre otras cosas.
Uno de los grandes problemas que enfrenta el país, se refiere a la educación. Por todos los problemas que enfrenta la sociedad y particularmente por la existencia de una desigual distribución de la riqueza, no todos los niños mexicanos tienen la oportunidad de recibir una educación completa.
Muchas veces se observa que los niños del campo y la ciudad tienen que trabajar para contribuir a la manutención de la familia; de sus hermanos, etcétera.
Otros niños que en un primer momento, sí tienen la oportunidad de estudiar, se ven obligados a abandonar los estudios posteriormente, para seguir, igual que otros niños, contribuir al gasto familiar.
En la escuela propiamente, los niños se enfrentan a problemas, como por ejemplo, horarios que son verdaderas jornadas de trabajo, hecho que provoca que los niños rechacen la escuela; formas de trabajo inadecuadas, patrones de conducta mal encauzados, entre otros.
Sugerimos que dentro de los horarios de trabajo escolar, se refuercen áreas de trabajo práctico, de campo, en los ámbitos científico, cultural y recreativo, de modo tal que los niños puedan jugar creativamente con los conocimientos que adquieren en el salón de clases, sin que ello les sea pesado o aburrido. Esto permitirá que al mismo tiempo que jueguen con los conocimientos desarrollen sus habilidades sicomotoras y de creatividad.
En relación con las formas de trabajo inadecuadas, creemos que debe existir un vínculo más estrecho entre educador, familia y educando, de modo tal que el producto de esta relación sea una formación integral del niño, esto es, que el niño sea atendido en todos los aspectos de su desarrollo infantil.
En cuanto a los patrones de conducta mal encauzados, es necesario promover entre los infantes, el ejercicio de la imaginación y el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales. Para esto el juego infantil es uno de los vehículos fundamentales a través del cual el niño puede ejercitar su capacidad de percepción, así como reforzar sus procesos de socialización, es decir, con el juego el niño no sólo se desarrolla como un individuo pleno, sino que también aprende a valorar la importancia de la cooperación, la solidaridad y el apoyo a sus compañeros y semejantes.
La mejor forma o manera de educar a los niños, debiera ser aquella que permita el libre desarrollo de sus capacidades intelectuales, morales y físicas que conlleven finalmente a una actitud fraterna de superación propia y del conjunto de la sociedad, bases éstas de un futuro en donde las personas gocen de las mismas oportunidades, los mismos derechos y compartan activa y solidariamente las tareas para la construcción de una nueva sociedad, una nueva economía y una nueva cultura.
México, es participante de todos los foros mundiales donde se busca establecer el respeto, la protección y seguridad a la niñez. Sin embargo, dentro de nuestro país, los resultados de los foros internacionales no repercuten de manera concreta y de manera directa; rara vez se ven complementados con acciones tendientes a cumplir con estos acuerdos. Así, por ejemplo, encontramos que en nuestro país no hay leyes que protejan a la niñez o que salvaguarden sus derechos.
En 1991 el Partido del Frente Cardenista, propuso legislar en esta materia para salvaguardar los derechos de la niñez que consagra la Declaración de los Derechos del Niño, emitida por la Unicef.
Por todo ello y en síntesis, consideramos que elevando a rango constitucional los derechos de la infancia podemos luchar por su estricto cumplimiento y respeto, garantizado de este modo el futuro soberano, libre e independiente de nuestra nación al preservar y garantizar lo más valioso con que contamos los mexicanos y lo más valioso con que cuenta nuestro país: su niñez y su juventud. Gracias compañeros.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañero diputado.
Tiene la palabra para el mismo tema, protección y seguridad de la niñez, la compañera diputada Laura Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Laura Pavón Jaramillo:
Señora Presidenta; compañeros diputados:
Es la niñez, sin duda, además de la parte más sensible, la mejor. Es en ella donde debieran concentrarse todo tipo de recursos para su sano arribo a la vida, su feliz crecimiento y posibilidades de educación, recreación y cultura. Por ello, en la fecha dedicada a los niños, a los niños de México, nos sumamos a los propósitos de mejoramiento en los órdenes aquí señalados.
Simpatizamos con la aquí propuesta por el Partido Popular Socialista, de convocar a un foro de consulta; la propuesta concreta, pensamos, debiera turnarse a las comisiones conducentes, mismas que harán el análisis y tomarán los acuerdos pertinentes.
¿Quién no considera como aberrante y criminal la conducta que atenta contra la niñez? En cualquier país del mundo, en cualquier sitio de nuestra patria, resulta importante señalar la vital trascendencia que las cuestiones de salud y educación adquieren, habida cuenta de que toda inversión hecha en estos rubros, redundará sin duda, en un mejoramiento general del país.
Cierto es también que nuestra patria ha hecho grandes esfuerzos porque los recursos canalizados a estas áreas relacionadas con la niñez se mejoren, pero también es cierto que son insuficientes. Es menester, pues, que afirmemos que siempre será lo invertido en la niñez el mejor ahorro, la mejor y la mayor opción por el desarrollo de nuestra patria y del mundo entero.
Sin embargo, las cuestiones aquí planteadas no son sencillas, involucran múltiples temas, conllevan mil responsabilidades que deben retomarse, buscar con calma el análisis que nos conduzca a la plenitud física y moral de la niñez, a su desarrollo pleno y a su felicidad.
En ocasión del Día del Niño, todos tenemos en la memoria sus desiguales condiciones, sus angustias y su dolor, las razones, sus causas, son asuntos que nos llevarían a disquisiciones y quizá a diferencia de criterios, pero todos coincidimos en que es la niñez de primordial, de vital importancia y nos pronunciamos porque se fortalezcan sus programas de apoyo.
Creemos que debemos contribuir a todo intento que redunde en su beneficio y en su protección.
El Partido Revolucionario Institucional comparte la preocupación de conceder a la niñez, el primerísimo lugar que se merece y nos sumamos en la búsqueda perenne por su felicidad.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputada.
Antes de pasar al siguiente asunto, esta Presidencia turna a las comisiones de Seguridad Social y Derechos Humanos, la propuesta presentada por la diputada Gabriela Guerrero, del Partido Popular Socialista.
HOMENAJE LUCTUOSO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Lorenzo Duarte García, para referirse al aniversario luctuoso de Miguel Ramos Arizpe.
El diputado Lorenzo Duarte García:
Con el permiso de usted, señora Presidenta y con el permiso de ustedes, compañeras y compañeros diputados:
Como ramosarizpense, agradezco a la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, la oportunidad que me brinda para que en su nombre me dirija a ustedes en ocasión del CL aniversario luctuoso del doctor José Miguel Ramos Arizpe, cumplidos el día de ayer.
Hace 150 años, el 28 de abril de 1843, al pie del altar mayor de la catedral de Puebla, fue sepultado el cuerpo de un hombre de frente amplia, nariz redonda, cejas muy pobladas y ojos pequeños, que en vida fueron ejemplo de un mirar profundo, sereno, grave y a la vez íntimo y persuasivo. El corazón que durante poco más de 65 años latió dentro de su pecho, fue el corazón de un mexicano ejemplar, el corazón del doctor José Miguel Ramos Arizpe.
El Gobierno de la República quiso señalar, años más tarde, las virtudes de este hombre de excepción, escogiendo para su tumba uno de los lugares más respetables de México: la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde yacen bajo la protección de la tierra materna, los mexicanos más dignos de remembranza.
El recuerdo de Ramos Arizpe constituye un mensaje y una lección, porque su muerte no extinguió sus anhelos y la estrella de sus ideales sigue iluminando los caminos de la patria.
Hijo de don Juan Ignacio Ramos de Arreola y de doña Lucía de Arizpe, nace el 14 de febrero de 1775, en San Nicolás de las Labores, hoy municipio de Ramos Arizpe, en su honor.
De niño manifiesta su amor a la libertad; de joven es estudiante modelo que, ávido de saber, penetra en los libros y se entrega, con sus conocimientos como armas, a la tarea de ayudar a los demás.
Entra a la política con la limpieza viril de sus convicciones liberales; recoge el ideario del licenciado Primo de Verdad y la elocuencia de fray Melchor de Talamantes. Representa en su momento la síntesis de la historia nacional. Es la encarnación llameante de Hidalgo y es, al mismo tiempo, el espíritu constitucionalista del inmenso Morelos.
También a Ramos Arizpe le debe el país el trazo inicial de su actual división política. La República le debe además el sistema bicameral, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Fue tal la visión del diputado Miguel Ramos Arizpe, que la estructura político - jurídica, diseñada en 1824, ha sido la pauta del desarrollo de nuestras instituciones.
Toma forma el hilo conductor, la ideología, los principios que han mantenido la vigencia del Estado mexicano, con la obra de los constituyentes de 1924. El país nació para lo nuevo en la historia; otro es México desde ese momento y ahí se afirma su sentido de nación, su soberanía y su independencia. En el federalismo está la fortaleza.
Hombre monolítico por la firmeza de roca de sus ideas, fiel a sus opiniones hasta el encarcelamiento, amante de la libertad individual, maestro noble de los desposeídos, débiles y desamparados. En sus modestos curatos de Santa María de Aguayo y de Real de Borbón, poseía esa fe iluminada, capaz de remover montañas.
Hombre de pocas palabras, pero de convicción profunda, su voz se agiganta en las tribunas parlamentarias, así en las cortes de Cádiz como en el Primer Congreso General Constituyente y luego en los debates para establecer la República Federal.
Sus compañeros de lucha, sus biógrafos, los hombres que lo conocieron y aun quienes fueron sus enemigos, coinciden en sus virtudes superiores.
Lucas Alamán apunta que sólo tenía los defectos de su grandeza, pero no tuvo menos que reconocer su honradez acrisolada. Pobre vivió y pobre murió. Sus ideales eran otros, muy distintos que los crematísticos, no gastaba sino lo indispensable. Sus expensas poco costaron a Coahuila y después al erario de la nación cuando escaló los puestos de Oficial Mayor y Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
"Yo lo he visto, dice Manuel Gómez Pedraza, sentado en una mala silla, rodeado de títulos y de potentados, comer un frugal almuerzo con cubiertos de Voge en platos de loza ordinaria. Yo lo he visto salir de Madrid para Francia con un peso fuerte en el bolsillo por único caudal y el que se hallaba reducido a tal extremidad, era el mismo hombre por cuya dirección y manos se había gastado para procurar la emancipación de las Américas, más de 700 mil pesos."
La Marquesa Calderón de la Barca nos lo presenta como un hombre de clara inteligencia,
activo y diestro, equipado de singulares facultades de observación y de previsión, dotado además de un espíritu filantrópico y una gran sensibilidad frente al dolor ajeno.
Vito Alesio Robles nos recuerda aquella frase suya que la hizo célebre cuando se le ofreció la Mitra de Puebla, a cambio de que claudicase de su ideario liberal y abjurase de la Constitución de 1812: "Yo no he salido de mi tierra, decía Ramos Arizpe, a mendigar favores del despotismo. La misión que se me confió es de honor y no de granjería". Dictó así su sentencia de prisión y pagó con cárcel el precio de su verdadero sentir.
Su sobrino, Juan Valdés Ramos, nos deja un testimonio vívido del cariño que siempre le hemos profesado los coahuilenses, cuando en sus apuntes genealógicos nos narra su regreso de las cortes de Cádiz, después de su brillante actuación como diputado. Desembarcó, nos dice, en Tampico y directamente se vino para el Saltillo, en donde lo esperaban sus hermanos. Me acuerdo, porque yo tenía siete años, que desde el rancho La Güilota hasta la iglesia de San Juan, estaba cubierto de lazos compuestos, engalanadas las puertas y ventanas y cuando su carruaje llegó a La Güilota, lo esperaba todo el Saltillo en masa, con dos danzas que precedían la marcha. Ahí el pueblo le quitó las mulas de carruaje para estirar el coche, pero ahí brincó él del carruaje y dijo: "No vengo de España a que mis paisanos me sirvan de bestias de tiro; o vuelven a poner las mulas o nos vamos todos a pie", visto lo cual se pusieron otra vez las mulas y el carruaje vino muy despacio, acompañando a la gente de a pie, hasta que llegó a San Juan, en donde vivían sus hermanos y su sobrino, el doctor don Rafael Ramos Valdés, que era capellán de dicha iglesia, a cuyo lado estuvo algún tiempo.
Organizador de inconformidades, fue él quien hizo girar el gozne para abrir la puerta a los sentimientos difusos del cambio, que terminan por definirse en un liberalismo auténticamente nacional, celoso en lo que se refiere a las libertades espirituales y políticas del hombre, social en cuanto sabe que sólo protegiendo al débil puede alcanzarse la libertad y la justicia.
Transformada la reflexión en propósitos y puesta en marcha con la densidad germinal de una semilla, se produjo el fruto nuevo con el nacimiento de los Estados Unidos Mexicanos.
En el acta constitutiva de la Federación y en la Constitución de 1824, José Miguel Ramos Arizpe trazó los caminos de la patria nueva. En él rendimos homenaje al padre del federalismo y a quienes con él nos dieron el ser y la manera de ser.
Por todo ello, comprobamos que Ramos Arizpe está vivo en la política de modernización que en estos momentos transforma al país. Está vivo en las instituciones, en las leyes y en los hombres actuantes de la Federación, de los estados y de los municipios, leales con la historia y con el pueblo.
Sería falta al hombre ejemplar que fue Ramos Arizpe, el no advertir que la simple evacuación de su nombre es compromiso ineludible, es austeridad en la conducta, condena al claudicante, al deshonesto, al reaccionario, al simulador; es reclamo para cumplir con nuestros deberes, sin más recompensa que la de servir a los demás, sin pausas ni reservas; es autoridad rigurosa y es respeto a la crítica auténtica, derecho a disentir y a pensar diferente; es renacimiento, diálogo abierto, trabajo denodado, reforma política, social y económica; es en 1993 necesidad de que todos, pueblo y Gobierno, respetemos la Constitución, revolucionemos las conciencias, abandonemos egoísmos e intrigas estériles y en el orden y la paz unamos nuestro esfuerzo solidario para reafirmar la grandeza de México; es cambio como actitud vital, conducta sin dobleces, medida de la realidad, epitafio de aventureros y recto sentido de la historia.
Ahora y aquí, en este acto, desde la más alta tribuna de la nación, con respeto y emoción expreso mi voto porque todos los mexicanos mantengamos viva la presencia ejemplar de José Miguel Ramos Arizpe, porque cuando se vive la vida hasta el punto que él la vivió, para el servicio del bien, de la verdad y de la justicia, no se muere ya nunca, se aceptan todavía nuevos deberes, los de la inmortalidad. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias a usted, compañero diputado.
DÍA DEL TRABAJO
La Presidenta:
Han solicitado el uso de la palabra diputados de los diversos grupos parlamentarios para conmemorar el Día del Trabajo. Para este tema, tiene la palabra la compañera diputada María Clara Mejía Guajardo, del Partido Popular Socialista.
La diputada María Clara Mejía Guajardo:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
La jornada del primero de mayo, día internacional de los trabajadores, tanto en el mundo como en México, estará presidida como en el pasado por el recuerdo de la gesta histórica de los obreros de Chicago, asesinados por la burguesía sólo por luchar para mejorar sus condiciones de vida, convirtiéndose con justa razón en símbolo permanente de la lucha de los trabajadores, con el homenaje además a los Mártires de Cananea y Río Blanco, que en 1906 y 1907 fueron víctimas del Gobierno al servicio de la burguesía.
La clase obrera de México conmemorará esa significativa fecha en el marco de la profunda lucha que está librando por preservar sus conquistas y por abrirse paso nuevamente hacia posiciones de vanguardia en la orientación del desarrollo nacional.
¿Por qué la clase obrera está a la defensiva? ¿A qué obedece la amenaza a sus derechos fundamentales? ¿Por qué aumenta el desarrollo? ¿Debe la clase obrera abandonar la lucha de clases? ¿Cómo puede elevar sus condiciones de vida? Para dar respuesta a éstas y otras muchas interrogantes, que tienen qué ver con la clase obrera mexicana, es necesario tener una idea acerca del carácter de nuestra época.
Para el Partido Popular Socialista el fenómeno que pretende el desarrollo mundial, es la renovación científico - técnica, cuyas consecuencias cobran una dimensión superior a las que tuvo la revolución industrial del Siglo XVIII, en todos los campos, ya que inciden a nuestro juicio tanto en los sistemas sociales como en las relaciones interestatales y en las relaciones económicas.
La revolución científico - técnica es en escencia una revolución en las fuerzas productivas que se manifiestan en técnicas de producción cada vez más avanzadas, que elevan constantemente la productividad y generan productos de más alta calidad, en una organización de la producción más racional y más eficiente, en la elaboración de materias primas sintéticas superiores en muchos aspectos a la materia prima tradicional.
En la mayor preparación científica de los trabajadores que exigen estas formas de trabajo y organización de la producción, en la comunicación casi instantánea entre los productores y los mercados y entre los centros de acumulación de datos y los usuarios.
La base de la revolución científico - técnica es la coincidencia en el tiempo de la revolución que se observa en el campo de la ciencia por sus descubrimientos y formulaciones de nuevas leyes de la naturaleza.
La revolución tecnológica que impulsa en forma acelerada la producción económica y la revolución de las organizaciones en la producción industrial, lo cual ha originado una cadena de ciencias, técnica - producción y mercados. En el que cada eslabón juega un papel de gran importancia y la debilidad o la ausencia de uno de los eslabones es causa de una producción ineficiente, insuficiente o no competitiva.
Este proceso, sin embargo, se manifiesta sólo en los países altamente desarrollados y de manera incipiente en los países en desarrollo y casi no tiene manifestación en los países de menor desarrollo.
Como se ve, sólo los países que marchan a la vanguardia del progreso están en condiciones de aprovechar el potencial de la revolución científico - técnica para producir bienes y servicios en gran escala y de mejor calidad, por lo que de manera imperiosa requieren cada vez más amplios mercados para su producción.
Un hecho más que conviene tomar en cuenta es que la aplicación de los mercados exige a su vez un aumento acelerado de la producción, a grado tal que no se realiza todo el proceso en un solo país, por lo que otro fenómeno de nuestra época es la globalización de la producción.
Las transnacionales tienen su centro de desarrollo tecnológico en un país de origen. Sus instalaciones de producción industrial en su país de origen u otros y las instalaciones donde se arma el producto final se ubica en terceros países, generándose con ello el fenómeno de la industria maquiladora.
Ahora bien, como los países imperialistas no sólo no han perdido, sino que han acentuado su naturaleza expoliadora, han utilizado su capacidad científica y tecnológica para fortalecer su hegemonía económica sobre los países en vías de desarrollo y sobre los llamados del tercer mundo y de ninguna manera para contribuir a su desenvolvimiento progresivo. Lo que acontece es un proceso más refinado del saqueo imperialista de los recursos de los países económicamente débiles.
Para lograr ese objetivo y no perder terreno en la competencia interimperialista, Estados Unidos impuso en América Latina una política neoliberal, cuya esencia consiste en convertir a la economía privada en el eje del desarrollo de nuestros países, obligando a los gobiernos latinoamericanos a desmantelar al sector estatal de la economía, con sus consecuencias profundamente negativas para el desarrollo independiente de la nación y para las condiciones de vida de los trabajadores.
El nuevo enfoque económico y social impuesto por el imperialismo encontró en nuestro país terreno fértil con el grupo neoliberal que accedió al poder desde 1982 y que con el Gobierno actual tuvo su expresión con la venta acelerada de las empresas estatales, con el proceso regulador que parece no tener fin en la política antiobrera, que se ha traducido en el debilitamiento de las organizaciones sindicales y en la práctica, anulación de sus derechos fundamentales, en la política de topes a los aumentos salariales, en el enfrentamiento de las centrales obreras entre sí; es decir, en el sistema capitalista los avances tecnológicos y la aplicación directa de las grandes conquistas de la ciencia, a la producción y a los servicios, no se han traducido en el impulso al desarrollo de las fuerzas productivas de los países atrasados para incorporarlos al ritmo del avance de los países que van a la vanguardia, ni consecuente en beneficio para los trabajadores que sufren la pérdida de fuentes de trabajo, disminución del valor de su fuerza de trabajo, una drástica reducción del poder de compra de sus salarios y un empeoramiento de sus condiciones de existencia.
Investigaciones reciente como la que dio a conocer esta misma semana el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, dan cuenta de la situación precaria de los trabajadores mexicanos. En ese trabajo se resalta que de enero de 1982 al mismo mes de 1993, el salario mínimo pasó de 280 a 14 mil 270 viejos pesos, sin embargo, el precio de la canasta básica integral se elevó de 278 a 108 mil 372 viejos pesos, esto es, que el incremento del salario mínimo en ese período fue de 409%; pero el precio de la canasta básica se ha elevado en el mismo período en 1 mil 388%.
Para países como el nuestro, la modernización de la planta industrial ha aumentado vertiginosamente la productividad, ha disminuido considerablemente los gastos de producción y ha aumentado las ganancias de los empresarios capitalistas; pero no los salarios de los trabajadores, que se ven masivamente despojados de ellos y expulsados con gran violencia de sus empleos.
La explotación de los trabajadores es cada vez mayor. Hoy ya no se requiere aumentar la jornada de trabajo para incrementar la productividad y acrecentar las ganancias de los capitalistas. Esto explica el interés de la burguesía, apoyada por el Gobierno para aplicar programas como el de productividad, que aumenta en forma considerable la explotación de los trabajadores, en virtud de que no se traducen en mayores salarios y mejores condiciones de vida para el proletariado.
De hecho, desde que se inició el Gobierno actual, se ha mantenido y arreciado una lucha incesante contra la clase trabajadora. En la práctica, el Gobierno ha nulificado o desaparecido los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, ganados en duras batallas al capital. Se mantiene la intención gubernamental plenamente coincidente con la demanda de los empresarios, de modificar la legislación laboral revolucionaria contenida en el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo y en otras leyes, para ajustarnos a las exigencias del gobierno norteamericano, en la firma del Tratado de Libre Comercio y al capital foráneo su pretexto de modernizar las relaciones obrero patronales.
En la práctica también la corriente neoliberal ha despojado al Estado mexicano de su carácter tutelar de los intereses de la clase obrera, papel desarrollado por el Estado surgido de la Revolución mexicana y lo ha transformado en un Estado que defiende abiertamente a la clase empresarial.
Como se puede ver, se trata de dos concepciones diametralmente opuestas, frente a frente y sin posibilidades de conciliación.
A la clase trabajadora le interesa que se mantenga el Estado surgido de la Revolución de 1910; el capital lucha por modificarlo en forma contrarrevolucionaria. Conviene a todos los trabajadores mexicanos que se mantenga la legislación laboral actual o en su caso se modifique para enriquecer los derechos de los trabajadores y, al capital le conviene modificar dicha legislación para explotar más al trabajador y obtener mayores ganancias. Esa es una expresión clara y abierta de la intensa lucha de clases entre los trabajadores y los capitalinos. No es cierto que haya desaparecido esta lucha, al contrario, la lucha de clases existen y se manifiesta con mayor agudeza en la medida que las posiciones de existencia de los trabajadores se hagan más difíciles y éstos
adquieran conciencia de su grave situación, como ya ocurre con las imponentes y masivas manifestaciones y paros de los trabajadores en toda Europa, contra la política del neoliberalismo y sus criminales efectos.
Hoy los imperialistas, los neoliberales y los empresarios fuertemente aliados, tratan de acabar con el derecho de huelga, desaparecer el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, el derecho a la sindicalización, la contratación colectiva, los contratos - ley y la seguridad social.
Es decir, pretenden desaparecer de la legislación laboral, los derechos colectivos de los trabajadores, transformando el derecho del trabajo que hoy tiene carácter social y público, en una serie de normas de derecho privado que pongan en igualdad de condiciones al capital y al trabajo, dejando indefensos a los trabajadores frente a sus explotadores.
El movimiento obrero de México ha resistido con firmeza esta embestida reaccionaria y ha impedido que se modifique con esta orientación la legislación laboral. Sin embargo, el Gobierno, los empresarios y el capital extranjero, no han desistido de su propósito y se han planteado con estrategia, pulverizar al movimiento obrero; para lo cual impulsan la división de los trabajadores, promueven enfrentamientos en los centros laborales, en el interior de los sindicatos, fomentan el enfrentamiento entre centrales sindicales, penetrándolas e inmovilizándolas. Destacan a dirigentes sindicales que han traicionado a sus hermanos de clase y se ponen al servicio del sindicalismo de Estado y promueven al mismo tiempo una furiosa campaña de desprestigio en contra de las organizaciones obreras, de los derechos y las legítimas aspiraciones de los trabajadores.
Ante esta situación, el Partido Popular Socialista, integrado por trabajadores, inspirado en la filosofía del proletariado que mantiene plena vigencia como arma de lucha y combate de la clase obrera, hace un vehemente llamado a sus hermanos de clase, a todos los trabajadores mexicanos hombres y mujeres, que con su esfuerzo hacen posible la vida de la nación, para hacer de ese 1o. de Mayo, una jornada de lucha por los intereses superiores de soberanía e independencia de la nación mexicana.
Por la defensa sin claudicación, de la unidad del movimiento obrero y de sus organizaciones sindicales; por la vigencia de la legislación laboral revolucionaria y por la defensa de los intereses de la clase obrera, que son los intereses del pueblo mexicano.
México, Distrito Federal, a 29 días del mes de abril de 1993.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputada María Clara Mejía Guajardo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañera diputada.
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Cada 1o. de Mayo, posterior a los acontecimientos de Cananea y Río Blanco, los obreros desfilan por las principales avenidas, lanzando consignas y exigencias de justicia social.
Aunque lamentablemente ese desfile se ha convertido más en un acontecimiento propio para el lucimiento de líderes y autoridades gubernamentales que en su oportunidad, o es decir en una mejor oportunidad para mejorar efectivamente las condiciones de miseria en que viven o sobreviven millones de trabajadores.
El movimiento obrero organizado de México posee una gran tradición de lucha. Las primeras batallas las perdió por la complacencia del régimen derechista de Porfirio Díaz. Pero esa caída obrera representó el inicio de la caída del gobierno dictador.
En la etapa revolucionaria, toda esa fuerza se concentró en la Casa del Obrero Mundial que en su momento se alió a la causa de la Revolución mexicana, levantando sus banderas de lucha por su reivindicación social que finalmente quedaron plasmadas en el artículo 123 y en la Constitución de 1917.
No obstante lo anterior, mientras que los empresarios siempre se las ingenian para incrementar los precios de sus mercancías, tomando cualquier pretexto o incrementando el precio en las materias primas, sistemáticas se niegan a otorgar incremento salarial a sus obreros y empleados. Y ni qué decir del ancestral reparto de utilidades, lo cual ha creado una desesperante e injusta situación para la mayoría de los mexicanos.
Referirnos a la desesperante e injusta situación económica que priva en la mayoría de los mexicanos, es abordar necesariamente el raquítico salario que perciben los trabajadores. No solo propiciada por la voracidad de comerciantes y prestadores de servicio, sino particularmente por políticas gubernamentales insensibles al dolor social y al deterioro de la vida de millones de compatriotas.
Hablar de salarios y sus efectos, dadas las actuales circunstancias de nuestro país, es un tema controvertido, por la pérdida del poder adquisitivo y nula capacidad económica de los sectores mayoritarios de la población nacional.
Los aumentos salariales en México, acusaron un macroincremento del 2.5% de 1990 a 1991. 1.5% de 1991 a 1992. Esto en términos reales de percepción económica per capita y remuneración equitativa del trabajo elaborado por horas, semanas y meses, representó a todo lo largo, el salario de los que perciben en otros países del mundo, comparados se encuentran en los últimos lugares, apenas arriba de naciones como Australia, El Salvador y Colombia.
En términos porcentuales nos encontramos 58% abajo de los que se perciben en Río de Janeiro, Brasil; 116% abajo de los de Buenos Aires, Argentina; 291% abajo de los de Panamá; 500% abajo de los de Madrid; 1 mil 500% respecto a los salarios que perciben en Los Ángeles, California.
Si hacemos una comparación del salario industrial en algunos países del mundo, excluyendo a América Latina, México se encuentra en las seis naciones más rezagadas en material salarial, ocupando el penúltimo lugar, apenas arriba de Australia.
Vivimos en un país en donde en el lapso de 1989 a 1992, el 91.9% del total de la población, es decir, 77 millones 845 mil habitantes no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas, mientras que en los últimos cuatro años, la cifra de mexicanos que viven en extrema pobreza supera los 25 millones.
México es uno de los países más pobres del planeta, superado sólo por Bolivia, con un 97% de su población en condiciones de pobreza y seguido muy de cerca por Malawi, 90%; Bangladesh, 86%; Zambia, el 80%, Perú 75%, Brasil 73% y Filipinas el 64%.
Si tomamos como base la canasta básica recomendable, ésta está conformada exclusivamente por 33 alimentos que debe consumir por día una familia mexicana de cinco personas. Resulta que en enero de 1982 con un salario mínimo de 280 viejos pesos, un trabajador podía adquirir 2.2 canastas alimenticias recomendables, cuyo costo era de 123 viejos pesos. En diciembre de 1987 el salario mínimo era de 6 mil 470 viejos pesos y el poder de adquisición se redujo a 1.6 canastas básicas, cuyo precio eran de 3 mil 958 pesos viejos. Para enero de 1993 el salario mínimo es de 14 mil 270 viejos pesos y sólo se puede comprar un 66% de la canasta, que alcanza los 21 mil 536 pesos viejos.
La pérdida del poder adquisitivo constituye ahora uno de los principales detonantes que, por desgracia, podrían convulsionar a nuestro país y que reclama atención urgente por parte de las autoridades del ramo y del Gobierno.
No obstante lo anterior, la política de ambos sectores es exactamente contraria. La escalada indiscriminada de precios al consumidor ha dejado una preocupante situación, especialmente el incremento en el precio de la gasolina y el azúcar, lo cual naturalmente lesiona gravemente el presupuesto familiar del pueblo de México.
Por experiencia sabemos y en años anteriores y sexenios, que siempre que se eleva el precio de este carburante, por un curioso efecto de rebote o de carambola, automáticamente se desata un encarecimiento en cadena de artículos y servicios que en muchas ocasiones nada o muy poco tienen qué ver con el consumo de la gasolina. Lo anterior crea una gran suspicacia e inconformidad entre la ciudadanía, pues estos incrementos son sin justificación legal y sin contar con un argumento económico demostrable o comprensible para todos los consumidores.
En ese momento se disparan un alud en precios y servicios, aumentos sin control oficial que por inercia se dan en un tropel de intereses y egoístas conveniencias particulares, en donde dañan enormemente al país y en lugar de mejorar la capacidad adquisitiva del ingreso de la población la empeoran, sumergiendo en un proceso de depauperización deprimente a las clases trabajadoras, clases medias y profesionales, con lo cual se corre el riesgo de estacar más el nivel de productividad competitiva que el propio Gobierno precisa para enfrentar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Por otro lado como si las llagas se multiplicacen, tenemos el reciente incremento al precio de la azúcar refinada de primera, lo cual ejercerá indudablemente un impacto económico inflacionario
innegable en los precios de artículos de consumo de primera necesidad, tales como el pan, los dulces y otros como el alcohol y bebidas gaseosas, todo esto propiciado a merced de un aumento aparentemente de ajuste y recordemos también que los azúcares son una fuente de importante energía alimenticia.
Visto el desolador y patético panorama anterior, también resulta inexplicable como se autoriza y justifica un incremento repentino del azúcar, producto de la canasta básica de consumo popular y que según el objetivo del Acuerdo Nacional para la Productividad y la Calidad, signado en junio del año pasado por los sectores obrero, empresarial, social y gubernamental, se fijó como meta fundamental, el no permitir aumento en el precio de los productos de dicha canasta básica.
No se requiere de una extraordinaria pericia económica, ni se precisa de una sabiduría inmersa en las finanzas y el conocimiento de los mercados. Para ver detrás de estas medidas económicas de aparente ajuste realista, una inflación simulada, una violación al compromiso tantas veces jurando por el Gobierno, de no subir los precios cuando sigue ahogando en una lenta estrechez de incremento salarial a las clases productivas del país, los dos aumentos aquí descritos, enérgicamente enunciados.
Esta inflación en los artículos energéticos referidos, disfraza taimadamente una devaluación; es decir, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el nuevo peso, ante la imposibilidad de seguir soportando la carga y la presión de un congelamiento de precios y salarios irreal, que sólo sirve para demostrar en una estadística económica que eso está muy bien, cuando en la realidad vivimos una depresión cuyo fondo aún ignoramos a dónde nos llevarán.
Es por eso que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se une a las quejas y a las protestas airadas de millones de consumidores del país que se ven impotentes ante tales incrementos y sobre todo porque estos son injustos, arbitrarios y dolosos, planteados bajo argumentos inverosímiles o indescifrables que dan la impresión de que las autoridades quieren burlarse del pueblo o quieren ingenuamente engañarlo, subestimando su capacidad de compresión.
De los problemas económicos que se viven aquí todos los días, es algo de lo que más indigna, de lo que más duele.
Es en casos como el anterior, donde nosotros, representantes del pueblo, debemos dejar a un lado actitudes de pose, de reflector y entrar a la defensa de esos millones de compatriotas que son lesionados en sus ingresos por la nula planeación económica y gubernamental y por la insaciable voracidad de comerciantes.
No podemos concretarnos solamente a escuchar afligidas voces del pueblo, sino convertirnos en auténticos portavoces para luchar por la solución a injusticias, a abusos y arbitrariedades, no solo de los poderosos de la economía nacional, sino también de las propias dependencias gubernamentales. Gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, compañero diputado:
Tiene la palabra para el mismo tema, conmemoración del Día del Trabajo, el compañero diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
El Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, quiere hacer algunos comentarios y aseveraciones acerca de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y del contexto de la política laboral seguida por nuestro Gobierno en México durante estos años del gabinete salinista.
La primera cuestión que queremos decir es que hay un optimismo publicitario por parte del Gobierno y algunas direcciones obreras que se han visto arrinconadas y acorraladas por la presión conjunta del sector tecnocrático que está ubicado en el gabinete y del sector empresarial, que ha obligado a declinar a buena parte de dirigentes obreros, acerca de las reivindicaciones de la clase trabajadora en este país y que se harán evidentes en el tipo, en el formato de conmemoración oficial que se hará este 1o. de mayo en la Ciudad de México y en las capitales del interior.
Queremos hacer una crítica abierta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque al amparo de ella misma se ha violado la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, cuantas veces ha sido necesario, para impedir que las demandas obreras sean atendidas.
Los tribunales del trabajo, sometidos a las consignas políticas del titular de la dependencia, no
han reparado en emitir resoluciones contrarias a derecho y en beneficios de los empresarios. Así ocurrió con la declaración de inexistencia de huelga por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en más de 60 empresas y centro de trabajo, en el primer trimestre del año pasado, política que continuó desarrollándose durante todo 1992 y lo que llevamos de 1993.
Recuérdese tan sólo que trabajadores de 55 empresas de la industria textil del ramo de la lana, fueron obligados a regresar a trabajar por la vía de la declaración de inexistencia de la huelga, sin aumento salarial alguno. Pero quizá el hecho más ominoso para los trabajadores, fue el desenlace del conflicto en la empresa automotriz Volkswagen, en agosto del año pasado, en donde una vez más quedó patente el desprecio que a la Secretaría de Trabajo le merecen la Constitución, la ley y los tratados internacionales en materia de derecho laboral.
El origen del problema, lo sabemos, fue la firma de un acuerdo de productividad, sin el consentimiento de los trabajadores, asunto que fue aprovechado por la empresa para modificar a su antojo el contrato colectivo de trabajo y reestructurar a la propia organización sindical. Ello fue conseguido, además, gracias a la complicidad abierta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, y lo que nos parece altamente peligroso, es que ese es el modelo, ese es el mensaje que se requiere dar a los trabajadores en todas las empresas donde éstos no quieran respaldar acuerdos que se realicen a sus espaldas entre dirigentes espurios y la patronal.
En el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no sólo se hizo a un lado la ley, la doctrina y la jurisprudencia al dictar una resolución aprobando la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo por cierre de empresa, debido a causa de fuerza mayor, cuando no hubo cierre ni causa de fuerza mayor, sino que se llevó al extremo la actitud de desconocer la ley abierta y cínicamente.
Para el Partido de la Revolución Democrática y para miles de trabajadores, éste es un paso más en el rompimiento del orden legal y constitucional y representa una acción que vulnera el estado de derecho que nos debe regir en materia laboral.
Sobre el asunto de salarios tampoco hay razón para estar optimistas. Baste hacer una revisión puntual sobre las cifras para corroborarlo. Hoy, de acuerdo a los propios datos oficiales, los salarios mínimos compran menos de una tercera parte de lo que podrían adquirir en 1981; es decir, que han perdido en ese lapso cerca del 70% de su poder adquisitivo.
Durante el período de enero a julio de 1992, las remuneraciones reales promedio por persona ocupada en el sector manufacturero, aumentaron 7.5% respecto al mismo período de 1991. En referencia a este punto, conviene reiterar al resultado de distintas investigaciones hechas sobre la base de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el sentido de que entre 1982 y 1991, los salarios pagados a los obreros de la industria manufacturera perdieron 36% de su poder de compra; los sueldos de los empleados de esta misma industria, disminuyeron en 22% y las prestaciones sociales en un 23%.
Más aún, las remuneraciones promedio pagadas a los trabajadores agrícolas, perdieron el 51% y las de los trabajadores del sector público el 42%.
Tener presente el comportamiento de los salarios mínimos, es fundamental no sólo por el número de trabajadores que todavía lo perciben, que según el INEGI es alrededor de 2 millones 700 mil personas, sino porque éstos determinan en buena medida los salarios contractuales.
El último pacto, que se ha llamado Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, confirma esto, pues se han atado las revisiones contractuales al porcentaje definido para los salarios mínimos. Para conseguirlo, se ha utilizado la persuasión del Secretario de Trabajo y Previsión Social, que extralimita sus funciones, al impedir que patrones y sindicatos lleguen a convenios salariales que a su juicio sobrepasen los límites impuestos por la política salarial del Gobierno.
Se han dado casos en que los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se niegan a levantar y ratificar convenios en los que empresa y sindicato han llegado a acuerdos con aumento salarial por arriba del tope. Esto obliga a la firma de acuerdos por fuera de la revisión, como ha sucedido con las instituciones de educación superior.
Es claro para nosotros que al continuar castigando el renglón de los salarios, el Gobierno aumenta la deuda social que tiene con los trabajadores. Prueba de ello está en el incremento del 7% recomendado por el Gabinete Económico en el marco de la firma del PECE a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, extensiva a los salarios contractuales, cifra que no hace frente al
deterioro histórico de los salarios ni a la inflación que para este año será superior al 11%, según nuestros cálculos y que ha tenido ya la evidente inconformidad de los trabajadores, con una demostración patente de los trabajadores de muchas instituciones de educación superior.
Sobre el empleo, queremos decir que el Gobierno habla también optimistamente y sin embargo nosotros queremos llamar la atención sobre el porcentaje tan reducido que hay de empleo y la cifra gigantesca de desempleo que hay en nuestro país. Según voceros de algunas centrales obreras, que han declarado en este año varias ocasiones acerca de este problema en nuestro país, existen alrededor de 8 millones de desempleados, apoyados, claro está, en la evidencia de reajustes masivos en los sectores público y privado, producidos en los últimos años.
Hace pocos meses, como ejemplo, se dio a conocer el despido de 4 mil trabajadores en Mexicana de Aviación, con objeto de facilitar la modernización, se dice, y elevar la productividad de la empresa. Más recientemente se habla del despido de más de 15 mil trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México y de otras muchas otras empresas estatales y privadas, que tienen como lógica para modernizar a este país, generar un mayor desempleo, sin seguridades para los que se quedan sin el propio.
Por eso no podemos más que mirar con enorme reserva las menciones optimistas del Ejecutivo, que hará esta conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, al que se le aúna una campaña publicitaria a algo que han empezado a denominar democracia industrial, por la firma de un acuerdo entre la patronal en telefonistas y los trabajadores, encabezados por sus dirigentes, que no tiene que ver nada con este concepto en sentido estricto de democracia industrial.
Para que hubiera democracia industrial, debería haber una tasa de empleo mucho mayor de la que existe en nuestro país, debería haber garantía para que con el salario que ganan los trabajadores resuelvan sus necesidades básicas, debería haber una perspectiva de capacitación de los trabajadores para que se pueda hablar de productividad y debería haber una actitud enérgica de nuestro Gobierno para no subordinarse a los dictados de las transnacionales en las negociaciones que sobre el Tratado de Libre Comercio se están llevando a cabo, en particular sobre la agenda paralela en materia laboral.
El Partido de la Revolución Democrática, plantea que son totalmente legítimas las protestas de los trabajadores, que es inadecuado que algunas centrales sindicales llamen a los trabajadores a que no se pronuncien sobre el Tratado de Libre Comercio en los distintos desfiles obreros que habrá el próximo primero de mayo y que no debe colaborarse para poner camisas de fuerza a los trabajadores en sus justas reivindicaciones, que deben tener expresamente el 1o. de mayo un marco de mayor libertad para por lo menos hacer saber al Ejecutivo y a la nación cuál es la situación real que guarda el trabajador en este país en todas las actividades productivas y de servicios.
El Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo con que los trabajadores expresen libremente todas sus demandas, con que no haya camisas de fuerza y no compartimos el optimismo del Ejecutivo, que sólo ha servido como una camisa de humo para tratar de acelerar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, que no dudamos en muchos casos dejará fuera los intereses de los trabajadores de nuestro país y quizá también los intereses de los trabajadores de Canadá y Estados Unidos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Muchas gracias, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso y en base a la creciente pluralidad política que se expresa hoy en el país en vísperas de la celebración del 1o. de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática propone a esta honorable Asamblea y a las fracciones parlamentarias que la integran, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Las demandas de los trabajadores en este día, así como las expresiones públicas de sus organizaciones y sindicatos, deberán ser respetadas y protegidas por la autoridad, en cumplimiento del derecho de reunión y manifestación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El acto oficial que preside el jefe del Ejecutivo Federal en la Plaza de la Constitución deberá estar abierto a todas las expresiones políticas de los obreros y trabajadores en general, sin mayor restricción que éstas se lleven a cabo de manera pacífica.
El jefe del Ejecutivo Federal no debe actuar de manera fraccional y escuchar sólo a los organismos pertenecientes a su partido político. Como jefe de la nación tiene la obligación de escuchar a todos los mexicanos que deseen manifestarse con motivo del Día del Trabajo.
La libertad para ejercer el derecho de petición y de crítica, es fundamental para avanzar en el camino de la democracia.
Por el Partido de la Revolución Democrática: diputada Rosa Albina Garavito Elías; diputado Gilberto Rincón Gallardo; diputada Patricia Ruiz Anchondo, su servidora.» Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias compañera diputada. La propuesta se someterá a trámite como usted lo propone al final de la lista de oradores para este tema.
Tiene la palabra el Partido Acción Nacional el diputado Trinidad Rosas de la Luz.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
El próximo primero de mayo conmemoraremos un aniversario más del sacrificio de los mártires del sindicalismo mundial, los obreros del mundo se atrevieron a costa de su vida a exigir mejores condiciones de trabajo y bienestar social.
Mi partido, Acción Nacional, desde su fundación ha hecho propuestas concretas y sensatas, para que el obrero tenga intervención en la cogestión y copropiedad de las empresas para mejorar notablemente sus condiciones económicas.
En México, año tras año, los obreros desfilan ante el balcón presidencial para hacer diversas peticiones, entre otras, un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, independencia sindical, pero pocas veces por no decir casi nunca, son escuchados sus reclamos.
Es un pecado mortal para los obreros mexicanos pensar en agruparse libremente en un sindicato independiente porque ya existen sindicatos oficiales, afiliados al partido oficial y así vemos que un grupo de obreros independientes, difícilmente los dejan desfilar el 1o. de mayo, frente al balcón presidencial.
Y por esto exijo, exigimos la fracción parlamentaria de Acción Nacional, una vez más, la independencia de los sindicatos frente a otros organismos y la democracia interna de las instituciones que los agrupan.
En las declaraciones oficiales de uno de los principales líderes obreros, dice que en 1981, la nómina de los obreros de una fábrica, no dice cual, importaba el 22% de los gastos de producción y en la actualidad esa misma nómina sólo cuesta el 4%. Y continúa diciendo que las autoridades respectivas han fijado el 9.9% como tope salarial y muchos patrones, empezando por el Gobierno, reducen todavía más notablemente este aumento, pues algunos sindicatos han aceptado el 7.5 o el 8%. Esto, señores diputados, colabora a empobrecer cada vez más a la clase trabajadora.
Otro punto son los jubilados. El problema económico de los jubilados que lucharon por darle fuerza al sindicalismo y que muchos entregaron su vida para lograr mejores prestaciones sociales, se debaten actualmente en la miseria. El último mísero aumento que ustedes aquí aprobaron fue el 10% escalonado, a fines del año pasado; esto, además de ser insuficiente, ha sido ofensivo para los jubilados de México.
Por otra parte, los trabajadores de México somos los peores pagados, o unos de los peores pagados, quizá haya por ahí algunos menos. Y en materia de salarios no hay lamentablemente un horizonte claro, aun cuando algunos digan que con el Tratado de Libre Comercio habrá más empleos y quizá mejores salarios, pero el caso es que el desempleo aumenta cada día.
Señoras y señores diputados:
Yo les pido a todos ustedes y fundamentalmente a los diputados representantes de los obreros y de los campesinos, que actuemos con decisión y con extrema urgencia, yo diría, para resolver este problema, pues de nada sirve que el Gobierno federal diga que tiene un superávit del presupuesto federal, mientras muchos obreros y muchos campesinos apenas sobreviven en la actualidad. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias compañero diputado. Tiene la palabra para el mismo tema, el compañero diputado Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás Correa Ayala:
Con su permiso señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Al cumplirse un año más de los hechos que conmemoran y dieron origen al Día del Trabajo, vale la pena preguntarse ¿Hasta cuándo las clases trabajadoras del país recibirán la justicia tan prometida por la administración gubernamental?
Hoy, ante los cambios ocurridos en el ámbito laboral, las esperanzas de los trabajadores son cada vez más reducidas. En el discurso de toma de posesión del presidente Salinas, esta administración se comprometía en elevar el nivel del empleo, lo cual fue ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 , y cada año se establecen los criterios generales de política económica.
Empero, nosotros somos testigos de cómo el empleo no solamente no ha aumentado, sino que por el contrario, éste es cada día menor. El día de ayer se daba la noticia de la elevación del desempleo al quedar sin éste 105 mil personas en los primeros dos meses del presente año.
Las pláticas paralelas que sobre el Tratado de Libre Comercio tienen justamente como uno de los principales ejes la revisión que sobre legislación laboral existe en los tres países involucrados. En estas pláticas ha salido a relucir que los mexicanos somos los que tenemos una de las legislaciones más avanzadas en materia laboral, sustentada en nuestra Carta Magna y sin embargo, nuestras clases trabajadoras son las más desprotegidas.
Hoy, México no es el mismo, las clases trabajadoras son cada vez más conocedoras de sus derechos y también de sus obligaciones.
Los cambios no han terminado. Hoy, los trabajadores dentro de sus demandas exigen ser capacitados. Pero los patrones no están dispuestos a afrontar los costos que implica la capacitación. Los trabajadores están dispuestos a seguir en el pacto, pero no están dispuestos a permitir bajar más su ya deteriorado nivel de vida. Por eso, es indispensable se deje a las libres fuerzas del mercado laboral, la regulación de los salarios. ¡Ya basta de contención salarial! ¡Los trabajadores ya cumplieron! ¿Hasta cuándo van a cumplir los empresarios y el Gobierno?
Este 1o. de mayo es diferente para los trabajadores; no es la búsqueda de un día sindical; no es la búsqueda de un uniforme; sino la búsqueda del cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno. No obstante, vemos que los salarios de los trabajadores representan problemas. Estos han sido sujetos a topes salariales que deterioran aún más los salarios y no tienen la posibilidad de recuperar su poder de compra. Las condiciones de vida de los trabajadores no se han mejorado, por el contrario, sus condiciones de vida han disminuido. Hoy se hace necesario no sólo la contención de la inflación, sino también es necesario elevar el poder de compra de los trabajadores que le permitirá dar impulso a la economía real.
En la década pasada, el incremento de los precios fue una de las principales causas que impidieron el crecimiento de la economía. Y fue justamente éste el principal eje de la concertación del Pacto Económico de Solidaridad. Y se le echó la culpa a los salarios. Hoy, esto no es así, las causas de la inflación no puede decirse que se debe a los salarios, ya que éstos han sido limitados.
Para que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida, es necesario que los trabajadores dejen de ser reprimidos y dejarlos al libre mercado laboral con lo cual se logrará una verdadera modernización económica.
Es muy fácil decir que se ha reducido el crecimiento de los precios, cuando el factor que más incide en los costos de producción, que es la mano de obra, es el más barato. Esto no es lo preocupante; lo realmente preocupante es lo que ocurrirá, cuando se terminen las concertaciones y los asalariados reclamen lo perdido en estos cinco años de contención salarial.
Actualmente los trabajadores de algunas empresas como Telmex, para evitar que su poder adquisitivo siga en picada, tienen que someterse a los logros laborales, a trabajar por producción. Es decir, intensificar su fuerza productiva para alcanzar un salario que les permita subsistir. No obstante, no sólo es Telmex, la gran mayoría de los trabajadores tienen que buscar nuevas formas de ingresos, los hijos de los trabajadores tienen la necesidad de trabajar a temprana edad para poder contribuir con el hogar.
El crecimiento de la economía subterránea, no es otra cosa que el grito desesperado de la clase trabajadora que reclama un incremento salarial que le permita si no recuperar su poder de compra, por lo menos no perderlo más en esta caída.
Hoy, ante la inserción del país al Tratado de Libre Comercio, se hace necesario que los salarios de los trabajadores se igualen en una forma proporcional, a los salarios de los trabajadores de nuestros futuros socios comerciales, con lo cual se tendrá certidumbre de que se ha logrado la modernización del país y el sacrificio de los obreros de este país, no ha sido inútil.
Los trabajadores, no están dispuestos por más tiempo a ser manipulados por sus líderes sindicales, los que están cada vez más ligados a los órganos gubernamentales y son cada vez menos representados por estos líderes.
Hoy, los cambios en las estructuras de representación laboral, son indispensables. La democracia en estos órganos se hace inminente.
La postura del partido, es exigir que se liberen los salarios de la clase trabajadora y se mantenga la política de contención en materia de precios de los bienes generalizados de consumo.
Hoy, en un nuevo aniversario de los luchadores de Chicago, por mejorar las condiciones laborales, los trabajadores mexicanos también luchan por elevar su nivel de vida, el cual ha sido golpeado incesantemente.
En la lucha por la inflación, los trabajadores ya han aportado su cuota; hoy corresponde a los patrones hacerlo. La lucha sindical debe reivindicar las luchas laborales. No hacerlo implica que los trabajadores, sean presas del reducido grupo que detenta el poder económico. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el compañero Benjamín Avila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Benjamín Avila Guzmán:
Con su venia, compañera Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hoy en este lugar, en el que está legítimamente representada la pluralidad del pensamiento político nacional, venimos a expresar nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, en relación con el Día Internacional del Trabajo. Lo hacemos bajo diversas perspectivas, pero bajo un punto de convergencia. El reconocimiento de la importancia que la gesta de Chicago tiene para los obreros del mundo.
En la fecha en que estos acontecimientos históricos se dieron, sabido es que prevalecían, como aún prevalecen en algunos países del mundo, situaciones de extrema injusticia en las relaciones obrero patronales.
Pero precisamente la importancia de este hecho histórico, radica, entre otras cosas, porque a partir de que se sucedió, han evolucionado y han cambiado las condiciones de vida de trabajadores de algunos países.
Nosotros creemos que a partir de este hecho, en conjunción con los acontecimientos de Cananea y de Río Blanco, en nuestra nación, ha habido una evolución positiva en la situación económica, social y política de los trabajadores de México.
Hoy el trabajador mexicano ya no es solamente considerado como parte de un proceso de producción de riqueza. Hoy el trabajador mexicano es y así debe ser considerado, como padre de familia, como contribuyente, como demandador de servicios públicos, en fin, en su dimensión total de ente político, como parte de la sociedad mexicana.
México tiene también raíces históricas que se conjuntan con este 1o. de mayo. Mencionaba las gestas heroicas, violentas, reivindicatorias de Cananea y Río Blanco, pero también vale recordar la formación de los batallones rojos que lucharon al lado de los caudillos de la Revolución Mexicana, por encontrar el camino de las reivindicaciones sociales para los trabajadores mexicanos.
Mencionaba que en esta tribuna encontramos algunas coincidencias en puntos de vista, en apreciaciones, especialmente en lo que se refiere a la situación actual de los trabajadores. Pero también, como resulta lógico, hay divergencias en estas opiniones y estas divergencias se dan en razón de que las apreciaciones son a veces parciales, son a veces puntos de vista que toman en cuenta solamente algunos elementos de la situación.
Nosotros pensamos que cuando hacemos referencia a los salarios en este país, habría que
mencionar por nuestra parte que, efectivamente, no son lo suficiente como quisiéramos los trabajadores organizados de México.
Pero sí también es conveniente mencionar que en el esquema de la relación obrero - patronal no solamente los salarios son parte de las prestaciones a que se hacen acreedores los propios trabajadores. Existen en nuestro sistema otros esquemas que permiten lograr reivindicaciones, que permiten mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Tal es el caso, a manera de ejemplo, de la contratación colectiva, que nos permite tener, aparte de los salarios, otras prestaciones sociales que nos ayudan, y en mucho, a aliviar las necesidades de los trabajadores. Tenemos instrucciones encaminadas también en tal sentido, como lo es el Seguro Social, el Infonavit, el Fonacot y algunas otras, que a través de la lucha reivindicatoria de los trabajadores mexicanos se han ido logrando.
Quisiéramos hacer una referencia particular a la contratación colectiva, que es un derecho constitucional, un derecho regulado por nuestra Ley Federal del Trabajo y derechos a los cuales los trabajadores organizados de México, estamos dispuestos a defender en todos los frentes. Estos esquemas de nuestras leyes, nos permiten afirmar que con base en el derecho de sindicación, los trabajadores tienen mejores posibilidades de arribar a mejores estadios de vida y esta posibilidad se da, aunque sea de suyo conocido, porque a través de este instrumento se pueden lograr salarios, si nos hiciéramos referencia a ellos exclusivamente, salarios superiores a los mínimos.
Hoy los trabajadores sindicalizados, podemos afirmarlo, con toda seguridad, no trabajan por salarios mínimos.
Hoy en nuestro país, los trabajadores afiliados a sindicatos pequeños o grandes, no están sujetos a régimen de salarios mínimos, por eso para nosotros es importante que se dé la sindicalización de los trabajadores mexicanos.
La lucha en este sentido tendrá que darse por lograr este objetivo, por la sindicalización, la lucha será también por preservar este derecho contra todo y contra todos.
Se ha hecho referencia a la situación económica del país, yo afirmaría que los porcentajes cuando estos se manejan, siempre son relativos. Nosotros no podemos dejar de observar que la economía nacional en su conjunto, en forma global a lo que se llama macroeconomía, está en la actualidad reconocida entre las primeras del mundo, tiene un lugar que se aproxima al décimo; en consecuencia, para nosotros no existe una catástrofe como a veces aquí se piensa.
Existen dificultades sí, lo admitimos y muchas dificultades en todos los ámbitos del territorio nacional, en lo que se refiere a los condiciones de vida de los mexicanos, pero no por eso podemos dejar de reconocer que se hacen esfuerzos por sacar adelante al país, por salir de una crisis económica que fue crónica y que parecía irremediable.
Reconocemos que existen aún, que se dan elementos que vienen a coadyuvar en el aumento en el índice inflacionario, pero también todos estamos dispuestos y más los trabajadores, a hacer lo que sea necesario para controlar este fenómeno que a todos daña.
Habría que recordar que esta situación inflacionaria llegó casi a límites insostenibles. Los trabajadores, orgullosamente lo decimos, aunque nos ha costado sacrificios, hemos hecho lo necesario para que la inflación se abata a los índices en que hoy se encuentra.
Y la inflación en la actualidad, lo afirmamos, se da en razón de que los sectores económicamente poderosos, los industriales y comerciantes en algunas de sus ramas, no han cumplido con los compromisos contraídos con sus trabajadores y con el país entero.
El Gobierno ha dado cifras, el Gobierno efectivamente ha publicitado que este índice inflacionario ha ido a la baja y que los salarios reales de los trabajadores se están recuperando.
Nosotros así lo reconocemos, sí es cierto que se está dando una recuperación real de los salarios de los trabajadores, pero también queremos hacer mención que por este motivo no vamos a hacer una fiesta. Después del deterioro que sufrieron los salarios durante más de 10 años, para nosotros no es motivo de excesiva alegría, sino de un optimismo razonado el que se estén levantando, porque valdría el símil, sería como alegrarnos de que alguien se haya caído de un 4o. piso y ya se está recuperando para empezar a subir de nueva cuenta las escaleras.
Nosotros también afirmamos que no consideramos estar en la situación óptima que quisiéramos, pero sí vale la pena afirmar por nuestra parte, que en la lucha por nuestras reivindicaciones, siempre tendremos como, un valor supremo, los intereses de la nación, los intereses de todos los mexicanos y por eso es que nos sacrificamos
en muchas ocasiones en nuestros intereses, aunque seamos criticados y seamos atacados. Por último , compañera Presidenta, compañeros diputados, en relación con una propuesta, o quizá una queja que se ha formulado aquí, en relación con la conmemoración próxima del 1o.de mayo, quisiéramos decir que no sabemos si existen órdenes, si existen instrucciones para que prive a alguien de manifestarse y organizarse este 1o. de mayo. Creemos que en el caso particular, la plaza de la Constitución es de todos los mexicanos, todos tenemos igual derecho a manifestarnos, bajo el supuesto del respeto a la legalidad, a los derechos de terceros y a la moral, y desde luego, mientras no se ataque o se rompa por organizaciones o personas apatronadas o de tendencias radicales violentas, el derecho que todos tenemos en este sentido.
Por tanto, solicito a la Presidencia que la petición que se ha formulado, se deseche, conforme al artículo 58 del Reglamento, porque la consideramos notoriamente improcedente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para el mismo tema el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Poco tenemos los obreros de este país que festejar el 1o. de mayo. Desde que dejamos de emular las luchas heroicas de Cananea y de Río Blanco, hemos tenido que venir sufriendo todo el peso del país recargado en los obreros y campesinos, en una equidad que se da para el que más tiene y se le quita al que menos tiene, que son estas clases de nuestro pueblo.
De qué sirvieron formar los batallones rojos, para que fueran a esta Revolución, que hay que ya entrecomillarla, porque día con día vemos que la Revolución mexicana no ha servido para nada.
Nuestras luchas plasmadas en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, se violan todos los días permanentemente, por personas que son serviles al Gobierno y que no tienen calidad para calificar de propio todos los asuntos de sus secretarías.
Cuando vemos que la Secretaría del Trabajo no cumple con su función, para lo que fue hecha, para lo que la creamos los trabajadores, para que fuera el asesor nuestro, para que nos defendiera en todas nuestras luchas, la Secretaría del Trabajo, se convierte ahora en un enemigo más a vencer y ahora los obreros tenemos que ventilar juicios en los juzgados, donde no tiene dinero el trabajador para pagar a un abogado que le lleve esos asuntos y normalmente tiene que perderlos por no tener los medios necesarios.
Cuando vemos que aun cuando se les han ganado algunos de esos casos en los tribunales y se ha dado ya la recomendación de que vuelvan a sus trabajos, esos funcionarios por quedar bien, no sabemos con quién, no aceptan esto y le rebuscan ahí leguleyamente para que el trabajador no pueda volver a su trabajo, cuando un juez ha dictado ya esta sentencia.
Tenemos casos como el de Aeroméxico, un caso típico en que se crea una fraudulenta quiebra para que alguien ahí que tenga algún poder económico en el país, muy fuerte, pueda hacerse de esta empresa a costa de todos los derechos de los trabajadores. Ahí en la Secretaría del Trabajo que yo presido, le enviamos un comunicado al Secretario del Trabajo, comunicándole que esto no podía darse, por liquidada esa situación, cuando los trabajadores no han recibido ni un solo centavo de liquidación y la contestación de la Secretaría del Trabajo, nuestro defensor, el que tiene que ver por los intereses de los trabajadores, nos contesta que la comisión liquidadora dio por ese hecho y que ahí se liquida ese problema.
¡Qué bien están las leyes de nuestro país! ¡Qué bien está la Constitución de nuestro país y esa Ley Federal del Trabajo que para nada sirve!, porque definitivamente nos encontramos nosotros, que cómo es posible que un funcionario de esa magnitud, nos diga que esa comisión revisora, que no les entregó ni medio centavo, ya esté liquidado esto y así se tienen que aguantar los trabajadores.
¿Qué hemos podido obtener los trabajadores de todas nuestras luchas? Hemos obtenido que ahora nuestros dirigentes sindicales sean voceros del Gobierno de la República. Ahora son ellos los que pueden definir por todos nosotros y ya tenemos lo que se ha hecho cuando a los obreros se nos deja nada más un aumento por año de un dígito y mientras todos los productos van aumentando mes con mes, como ocurre con las cosas que tiene el propio Gobierno, la electricidad que en este mes les va a llegar su recibo
ya con aumento de nuevo impuesto, combustible, que lo van a tener que pagar todos los trabajadores y todos aquellos que no tienen ni siquiera para pagar su luz porque no les alcanza, ahora un aumento más, mientras que los aumentos que nosotros debemos obtener son de un dígito.
Muchos funcionarios de nuestro país, creen que los sindicatos nos los regalaron los empresarios. Qué grave error y qué grave error que los representantes de los obreros de nuestro país, también crean en estas firmas de estos pactos, que nos obligan a todos nosotros a tener a responsabilidad de hacer avanzar el país, porque para orgullo nuestro, este país lo hemos hecho con nuestras manos, con nuestro sudor hemos hecho crecerlo.
Y así, vivimos la gran obtención que tuvimos los jubilados de este país; no hemos podido alcanzar el salario mínimo para nuestros compañeros. Tendremos que seguir y emular estas luchas que nos han legado nuestros antecesores, porque no podemos seguir así, viendo como la gente no tiene ni siquiera para subsistir con dignidad.
Ahora hemos tenido que aprender una nueva palabra que no estaba en el diccionario de ninguno de nosotros y que no conocíamos, se llama "esbeltez" y esta esbeltez ha costado a las empresas mexicanas, según esto y a todas las nacionalizadas y transnacionales, en lo que va del período del señor Presidente, tenemos más de 3 millones de trabajadores separados.
Esta esbeltez nos la pusieron porque ahora lo único que conocen es una palabra que se llama productividad y no han sabido cómo mejorarla, les ha faltado alguien que les aleccione, alguien que sepa de esto, para haber cómo se puede mejorar la productividad y lo único que han encontrado es separar trabajadores por que con eso se sube la productividad. Yo aplaudo a estos torpes, porque habría que mandar a estudiar a estos asesores que tiene el Gobierno y que son pésimos para poder aumentar la productividad. Si nos preguntan a un obrero como yo, sin muchos estudios y sin muchas nadas, les podríamos quizá dar cátedra de cómo se puede aumentar la productividad y siempre lo hemos hecho; hemos dejado nuestros salarios; hemos dejado todo con el afán de avanzar con nuestras empresas y lo demostramos cómo se pudieron engrandecer estas mismas.
Tenemos nosotros obras que son orgullo de los obreros de México, orgullo de nosotros ¿por qué? porque son obras magníficas que han quedado con una magnificencia ahí plasmada, la grandeza de lo que somos los obreros de este país para poder hacer crecer la productividad y la sabemos, dimos nuestros salarios con tal de nacionalizar las empresas.
Dejamos todas nuestras luchas, con tal de que la nacionalización se llevara adelante y ahora hemos tenido que volverlas a privatizar. No saben lo que significa para nosotros que lo dimos todo por ello, ahora que tenemos nosotros que regresar esto a los patrones después de esto, nos dejarán como esclavos en nuestro propio país, nos dejarán a nosotros ser esclavos de los grandes capitales, que ya lo decíamos en esta tribuna, serán los que puedan comprar las grandes empresas y ahí está ya Coca Cola, advirtiendo la inversión brutal que va a hacer en México. Claro que sí. Aquí tienen los esclavos que ganamos 55 centavos de dólar la hora, mientras el más pésimo trabajador pagado en los Estados Unidos, gana cuatro dólares la hora. Muy bien, lo podremos hacer y lo sugeriremos haciendo, si es que esto beneficia al país.
El Tratado de Libre Comercio, que se ha involucrado en esto ahora, a nosotros ahora en las revisiones salariales ya se nos tuvieron que hacer ajustes para entrar al Tratado de Libre Comercio. Qué bien esto. Es necesario que se hiciera un análisis de qué representa esto para que nos metan ahí en cosas que dice la Ley muy clara, por qué se tiene que hacer la revisión salarial y es nada más para que el poder adquisitivo, nosotros tengamos el mismo que teníamos hace 10 años, que pudiéramos adquirir con ese dinero lo mismo que adquirimos hace 10 años, no para enriquecernos.
Y estos datos los hemos tomado del propio Gobierno, porque los obreros no los inventamos, los tomamos de los propios datos que nos da a través de sus instituciones.
El desfile del 1o. de mayo. Poco tenemos ya que hacer en el desfile del 1o. de mayo, que ha perdido ya toda su significación de ser una fiesta de nosotros, donde yo recuerdo en mi juventud que teníamos que darnos de palos contra los propios compañeros para tener un lugar en ese desfile. Ahora ya no desfilaremos. Mi sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, ha acordado en su Asamblea, no desfilar este 1o. de mayo, porque no tenemos nosotros ni nada que agradecer al Gobierno ni nada ya que solicitar a quien tiene oídos sordos para los trabajadores. Y aquí no queremos una vez más que nuestras mantas que tienen que pasar la censura
y ser rotas por las policías para que no pasen ante el Presidente, hemos decidido no marchar este año, porque ya no tenemos nada que festejar los obreros de mi país el 1o. de mayo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias señor diputado.
En virtud de que se cubrieron los procedimientos del artículo 58, en relación a la propuesta de la diputada Patricia Ruiz Anchondo, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la propuesta.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche la proposición sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
SALUD EN MÉXICO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Manuel Laborde Cruz, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar problemas de la salud con referencia al cólera.
El diputado Manuel Laborde Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, trae a esta tribuna, la más alta de la nación, una propuesta que consideramos de beneficio colectivo en el tenor siguiente:
Como si fuesen pocos o mínimos los problemas del Distrito Federal y las dolencias de la nación entera en cuanto a salud pública, el cólera, una de las más antiguas y flageladoras enfermedades de la humanidad a través de toda su historia, hoy, como un nuevo jinete del Apocalipsis alcanza a los sectores sociales más desprotegidos del país.
La reforma política, el desempleo, la apatía y el abstencionismo ciudadano en las urnas, con ser éstos problemas preocupantes para la nación, hoy nos resulta sorprendentemente preocupante que las autoridades de la Secretaría de Salud, encabezados por el doctor Jesús Kumate Rodríguez, declaren abiertamente el alarmante caso de la incidencia del cólera, al estarse expandiendo en el país.
El sistema de hospitales del ISSSTE confirmó que existen brotes de cólera en Puebla y Morelos, particularmente en Cuautla. El brote sorpresivo, porque no se esperaba que ocurriese de esta manera, toda vez que el Distrito Federal no ha sido una de las entidades más golpeadas por este padecimiento; desde que esta enfermedad ingresó en junio de 1991, el número total de casos que se han reportado en el país han sido de 11 mil 200, en la capital sólo se han presentado el 3% de estos casos, hasta hace una semana se habían registrado 320 casos, cifras tomadas de las autoridades de salud pública.
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en su sesión del martes 27 de abril, demandó a las autoridades de la Secretaría de Salud que se implementase un cerco sanitario para detener la incidencia de este flagelo, cuyas proporciones endémicas son aceptadas públicamente por el titular de la Secretaría de Salud.
Las cuotas de morbilidad y de mortalidad que implícitamente conlleva el avance de esta enfermedad, pueden ser realmente altas si no se instrumentan medidas preventivas a través de personal capacitado que oportunamente informe y concientice a la población, así como a los derechohabientes de la medicina oficializada acerca de su prevención y le permita identificar debidamente las potenciales fuentes de contagio.
Así como evitar la proliferación de vectores que indudablemente representa la compra de alimentos y bebidas sin el necesario control sanitario. No tratamos, ni es nuestra pretensión, denostar ni mucho menos causar escarnio en la responsabilidad y funciones del titular de la Secretaría de Salud y su equipo de trabajo, porque sabemos lo costoso que resultaría en estos tiempos conformar una campaña nacional para la erradicación del cólera.
También consideramos que sería difícil, sanitariamente hablando, que estas medidas dieran resultados efectivos a corto plazo.
Amén de la estrechez de recursos médicos para combatir eficientemente el mal, la falta de
servicios públicos en miles de poblados donde se activa y acelera la propagación de la enfermedad, muchas veces por ignorancia, falta de higiene o indolencia al consumir alimentos y bebidas en calles y lugares abiertos, donde hay una notoria exposición a la detritificación bacteriana, tomando en cuenta que esta enfermedad se disemina con mayor rapidez en el agua, las verduras y las legumbres; con mayor rapidez, decía, porque la eolificación de heces y residuos orgánicos en el ambiente, ya sea por filtración o permeabilidad hacia el subsuelo.
Los brotes de cólera en el vecino municipio de Ecatepec, Estado de México, en la Delegación Gustavo A. Madero y en Cuautla, Estado de Morelos, han demostrado que no obstante la ingente labor publicitaria del Sector Salud por prevenir a la ciudadanía, del descuido y las más de la veces de la ignorancia, han motivado contagio cuyos naturales desenlaces son la muerte, como en el caso registrado en el norte de la Ciudad de México, con tres casos reportados por las autoridades hospitalarias de Salud y los casos graves reportados por las unidades de urgencias del IMSS y el ISSSTE en Cuautla, Morelos.
Igual situación se ha presentado en Ayala y Yautepec, en la presente semana, se han detectado 160 casos más de dicha afección en las localidades referentes y en la zona norte del Distrito Federal, ha provocado reacciones de pánico entre la ciudadanía.
Esto, es lo que queremos significar, que no se confunda e inquiete al pueblo con informaciones que no corresponden a la dimensión del problema. Participamos la preocupación e interés de nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, para dirigir una apremiante y reflexivo llamado a las autoridades del sector público, conformado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Trabajadores al Servicio del Estado y la propia dependencia de Salud Pública, a los cuales pedimos se dé información y se implemente una campaña, una verdadera campaña de concientización que eficazmente permita identificar las posibles fuentes de contagio que ponen en riesgo la salud pública y exponen a los ciudadanos a sufrir los estragos de una hiperendemia sin control.
Enfatizamos que un pueblo enfermo no tiene visos de larga vida ni menos de productividad, para avanzar en la senda del trabajo y del progreso, pues un pueblo sano es un pueblo fuerte, decidido y productivo.
Por lo tanto, proponemos a la soberanía de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo: que la titularidad de la dependencia oficial en cuanto a salud pública, se sirva informar a esta soberanía mediante las respectivas comisiones de Salud y Seguridad Social, respecto de los pasos concretos que habrán de darse para combatir y erradicar este flagelo lo antes posible, en la seguridad de que este llamado hallará pronta respuesta e interés, de todos aquellos sectores nacionales y todas aquellas corrientes ideológicas aquí acreditadas.
Esperamos se tomen acciones concretas para concientizar a la población, pues el mejor derecho, la mejor justificación, es la que previene. Pues en este caso lo que el pueblo de México arriesga es la salud y la vida de sus habitantes, la vida, evidentemente el más caro y fundamental de los bienes tutelados por el derecho al emanar del hombre que creó el derecho.
Partimos desde una premisa insoslayable: un pueblo enfermo difícilmente será una sociedad productiva. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia señora Presidenta.
Hago uso de esta tribuna, para manifestar nuestro apoyo al punto de acuerdo propuesto por el diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Sin embargo, deseo hacer algunas consideraciones generales sobre este problema. Una serie de reflexiones sobre esta gran epidemia que azota al mundo, que es la séptima pandemia mundial que ha padecido desde 1961 el mundo. En América en 1991 y que va a permanecer por muchos años todavía.
Las reflexiones que quisiera hacer, son que esta enfermedad, esta epidemia, en particular, se presenta sobre países como el nuestro, que tienen un grave atraso económico, donde se presenta una grave problema de desarrollo urbano, grave problema de desigualdades sociales, de miseria, de pobreza extrema como nuestro país.
El cólera, no se puede evitar que se extienda prácticamente a todos los países del mundo. Sin embargo, sus efectos son más desastrosos en países como el nuestro.
Nuestro país ha adoptado un conjunto de medidas que hay que reconocerlo, esas medidas han incluido campañas informativas, programas que tienen que ver con el agua limpia, programas de coloración del agua, vigilancia sanitaria, tratamiento de aguas negras, con la instalación de algunas plantas, cancelación de áreas de cultivo regadas con aguas negras, capacitación del personal de salud. Es cierto que se ha hecho todo esto. Esa epidemia en el caso particular de México, no es una epidemia explosiva, sino tiene una evolución lenta, ha ido creciendo su influencia, ya son afectados más de 25 estados de nuestro país, se han presentado más de 7 mil casos a partir de 1991, de febrero de 1991 que se presentó el primer caso.
Sin embargo, creo que todas estas medidas que se han tomado, finalmente no podrán estar que en nuestro país se presenten más casos de cólera y tengamos más muertos por esta enfermedad.
Y creo que el problema central estriba en que no se han tomado las suficientes medidas. Primero, tenemos un modelo de desarrollo económico del país que acelera esas graves desigualdades sociales, un modelo de país que cada día aumenta el número de pobres; un modelo que va a agudizar más, la extrema pobreza en nuestro país; un modelo que en el desarrollo urbano solamente piensa en el capital, piensa en los intereses de los grandes monopolios, en el capital extranjero, pero no se piensa en los millones de mexicanos que no cuentan con los servicios públicos más elementales.
En particular, por ejemplo, en la Ciudad de México, es una gran ciudad, pero que tiene todas las graves desigualdades en su desarrollo urbano. Tenemos muchas delegaciones políticas en este Distrito Federal, que no cuentan con drenaje. Por ejemplo, en la zona de los pedregales, en Coyoacán, en Tlalpan; las zonas minadas, por ejemplo, que no cuentan con drenaje, de la Alvaro Obregón, en Cuajimalpa, en extensa zona de Iztapalapa, extensas zonas de la delegación de Gustavo A. Madero, toda la zona conurbada también, de los municipios conurbados del Distrito Federal, no cuentan con drenaje, no cuentan con agua potable y tenemos un grave problema también.
Nuestra ciudad, por ese modelo de desarrollo, se convierte en un gigantesco tianguis, todos los fines de semana, sábados y domingos, donde cientos de miles, porque ya no son miles nada más, son cientos de miles de vendedores ambulantes que se ponen en todas las calles ya prácticamente de esta gran ciudad, en zonas populosas, sin servicios.
Las promesas del Regente, de que se iba en esta administración entubar el Río de los Remedios, donde está atravesada parte de nuestra ciudad y del Estado de México, por aguas negras, contaminadas y fundamentalmente, el cólera se va a transmitir a partir del agua, ya sea potable que está contaminada, o de las aguas negras que transportan materias fecales en donde está el virus del cólera.
Entonces, no hay las medidas adecuadas de obras públicas, porque el gasto público está orientado de manera incorrecta y no se atienden esas necesidades sociales.
El cólera, lo vamos a tener por más, todavía, de 20 años en nuestro país. Su evolución ha sido lenta, cada vez serán más los casos, a pesar de que tomemos estas medidas que son adecuadas. No niego la eficacia de esas medidas que se han estado tomando, pero de todas maneras a pesar de esas medidas, esta epidemia va a seguir avanzando, porque tenemos las condiciones de un país pobre, de un país,... bueno, que es un país rico, pero que la riqueza se distribuye equivocadamente, es decir, solamente la disfrutan un pequeño grupo de pobladores y el resto de la población no cuenta con los servicios necesarios. Ese es el grave problema que tiene nuestro país.
Yo estoy de acuerdo en que venga el Secretario de Salud, e informe a estas comisiones. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero creo que además debiera ser preocupación de la administración pública, tanto a nivel federal, como en este caso en el Distrito Federal y otros estados donde se ve que existen graves riesgos de que esta epidemia, alcance problemas de mayor magnitud, se tienen que tomar acciones para realizar un conjunto de obras públicas que permitan evitar que este mal nos afecte de una mayor manera en el futuro.
Por su atención, muchas gracias y tiene todo nuestro apoyo este punto de acuerdo.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuellar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señora Presidenta; compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace uso de esta tribuna para expresar sus opiniones sobre esta enfermedad y, desde luego, para apoyar la propuesta que aquí se ha hecho, que consideramos que debe ser inmediata, dado que el problema, por lo menos en la Ciudad de México, está lejos de haberse controlado.
Hace dos años y medio nosotros hicimos un viaje a Perú, cuando este hermano país estaba azotado por esta grave enfermedad, que ahí sí tuvo las dimensiones de una epidemia. En Perú causó la muerte de cientos de personas, quizá de miles y sí puede hablarse en este caso de una auténtica epidemia nacional. Después la bacteria pasó a Centroamérica y de Centroamérica llegó a nuestro país.
La última enfermedad grave de cólera en México se dio hace más de 113 años y en aquella ocasión sí causó un gran número de víctimas en Guadalajara, la Ciudad de México y otras grandes ciudades. Pero en la actualidad las dimensiones de la enfermedad en México no son las de una epidemia. Hablando en términos escritos, se trata de brotes epidémicos, lo que es muy distinto a plantear que hay una epidemia de cólera en México, que no existe en la acepción que tiene el término epidemia.
Por otro lado y a diferencia de las tasas de mortalidad de hace 100 años, que eran muy altas, en la actualidad esta tasa de mortalidad por esta enfermedad es muy baja, lo que quiere decir que México ha tenido cambios importantes en su sistema sanitario y que ha habido un progreso indiscutible en las ciudades de nuestro país, que han originado una baja tasa de mortalidad por razón de esta temible enfermedad.
Sin embargo, cuando nosotros planteamos el peligro de que esta bacteria llegara a nuestro país, las autoridades sanitarias no tomaron medidas a fondo para prevenirla. Primero, rechazaron el peligro de la enfermedad. Después, cuando hubo los primeros casos individuales, los negaron. Más tarde ocultaron la información hasta que se presentó el primer gran brote de la enfermedad en un municipio del Estado de México, por razón de que por ahí pasaba un río contaminado y ya no fue posible ocultar lo que estaba a la vista de todos, que era un brote de cólera, francamente así llamado en el Estado de México.
En el último brote epidémico que se presentó hace unos días en la colonia Ahuehuetes, de la Delegación Gustavo A. Madero, también hubo negligencia, apatía, dolo, de las autoridades delegacionales y sanitarias.
En esa zona de Cuautepec, hay por lo menos 20 pozos y ojos de agua de los cuales se surte la población, sobre todo cuando no es abastecida por el sistema de pipas del Gobierno de la ciudad. Cerca del manantial contaminado, seguramente por materias fecales en la colonia ya citada, a un lado de ese manantial de cual tomaron agua las personas hoy infectadas, hace dos semanas, hace dos semanas la autoridad sanitaria conoció de dos pozos adicionales, infectados y contaminados por heces fecales y no tomó ninguna medida de carácter preventivo para controlar esa situación.
Hace dos semanas, la autoridad capitalina tenía conocimiento de este problema, dejó pasar el tiempo y por razón de la intercomunicación de los mantos freáticos la bacteria se ha dispersado, se dispersó y causó la situación en la que hoy estamos presentes.
En la actualidad, se ha atendido a 180 personas; de esas, sólo 60 tenían en su estómago la bacteria; de 60, sólo ocho están en grave peligro y solamente ha habido dos fallecimientos. Esto quiere decir, como los señalábamos en un principio, que la tasa de mortalidad del cólera, es muy bajo, porque se trata de una enfermedad que se puede controlar sin mayores problemas médico - sanitarios.
Una vez que la bacteria comienza a hacer estragos en el ser humano, basta la aplicación de medicamentos elementales para evitar que siga la progresión de la destrucción de la bacteria y esa persona no fallece. Pero si vemos nosotros las condiciones socioeconómicas en que se da esta enfermedad, veremos que así como en Perú, se da en condiciones de extrema pobreza, en que no hay agua potable, no hay sistemas de drenaje, de alcantarillado, hay fecalismo al aire libre, situaciones que se dan en la Gustavo A. Madero, en donde hay 6 mil viviendas que no tienen agua entubada, 8 mil que no tienen drenaje y 23 mil que no tienen servicio sanitario.
Ahí está, señoras y señores diputados, el germen de cultivo de esta bacteria, de esta enfermedad típicamente ligada a la pobreza, porque los países altamente desarrollados no sufren de brotes epidémicos. Si bien ha habido casos de cólera en los Estados Unidos, en Alemania o en Francia, no sufren de brotes epidémicos, aquí se ve que
es una enfermedad vinculada al subdesarrollo, al abandono y a la falta de servicios públicos.
Tiene que ser este fenómeno. En la Delegación Gustavo A. Madero, como puede ser mañana en la Delegación Iztapalapa, en Xochimilco y en otras delegaciones en donde hay condiciones sanitarias similares, de tal manera que no habría sorpresa alguna si mañana esta Cámara lee la noticia de un brote de cólera en Iztapalapa y esto obviamente no es amarillismo, no es sensacionalismo sino es un hecho irrefutable. El cólera aparece cuando no hay servicios sanitarios, cuando se produce el fecalismo al aire libre y cuando no hay agua potable, cuando se ingiere de manantiales, de ojos de agua, de pozos, de ríos o de riachuelos.
De tal manera que el problema tiene, a nuestro modo de ver, dos dimensiones. Primero la dimensión socioeconómica. Mientras haya condiciones sanitarias como la de la colonia Ahuehuetes, habrá la posibilidad de la aparición de la bacteria y por lo tanto se requiere terminar con los programas de extensión de la red de drenaje y de agua potable, que ya abarca por fortuna a más del 80% de la población; pero todavía en la Ciudad de México, por lo menos medio millón de familias no tienen acceso a esos servicios que son elementales.
Terminar con la red de agua potable en las colonias proletarias, en las zonas de asentamientos irregulares, en la zonas agrícolas que aún rodean la ciudad de México, para que el fecalismo al aire libre ya no siga produciéndose, como aún se produce en grandes cantidades. Esa sería la dimensión socioeconómica para combatir a fondo esta enfermedad.
Y la obra se refiere a una política preventiva, que comprenda en primer lugar el tendido de cordones sanitarios, como el que hay en este momento en esa zona de Cuautepec, en donde se han desplegado muchos recursos de las autoridades para evitar que la bacteria no pase a otros mantos freáticos y no contamine otros depósitos de agua. Se requiere una política de orientación sanitaria a la población, con hábitos tan elementales como hervir el agua, como lavarse las manos, son la mejor arma, el mejor recurso para combatir el cólera; pero si es una enfermedad ligada a la pobreza, también es una enfermedad ligada a la desnutrición que padecen millones de niños, que son las víctimas propiciatorias de esta enfermedad.
La mortalidad es muy alta en la niñez, pero en aquellos niños que sufren una alta desnutrición.
Por eso lo fue en Perú. Un niño que está bien alimentado, puede soportar la agresión de la bacteria, pero un niño que está mal alimentado, puede morir en cuestión de 10 a 12 horas, porque el efecto destructivo de la bacteria es a una gran velocidad, destruye el estómago, los intestinos y se provoca la muerte en escasas 12 horas a 20 horas. Por eso todos los niños mexicanos que están desnutridos, que viven hacinados con sus familias en la periferia de la ciudad, son víctimas potenciales de esta enfermedad y pueden sufrir muy graves consecuencias.
Por esas razones es que planteamos las dos alternativas ya dichas: una política general de mejoramiento de los servicios públicos y una política preventiva. Pero también una recomendación a la autoridad: no es conveniente ocultar la información acerca de estos brotes epidémicos, como no es conveniente tampoco hacer de ella amarillismo, exagerar, hacer de ella sensacionalismo, tampoco no es conveniente ocultar los datos.
No es posible que los infectados se oculten a la opinión pública y se tengan que hacer investigaciones casi detectivescas, para conocer en dónde están los infectados, sino se requiere que la autoridad sanitaria informe verazmente, sin excesos, pero en sus justos términos, la dimensión de esta tragedia.
El hecho de que no se haya informado de los dos pozos contaminados en Cuautepec el Alto, dizque para no preocupar a la población, para no alarmar a quienes viven ahí, originó que la población de esa zona no estuviera preparada para enfrentar este brote epidémico y ahora mismo leemos una declaración estúpida de un funcionario que nos dice que el brote de epidemia no pasará a otra delegación, que está controlado por la brigada sanitaria de la Secretaría de Salud.
No conviene hacer aseveraciones tan temerarias, tan falsas. En brote epidémico puede surgir en cualquier otra delegación y así debe decirse a la opinión pública, no para alarmarla, no para exagerar, pero sí para tomar medidas, y la Cámara de Diputados debe estar informada de las dimensiones de estos brotes, sin agregar excesos sensacionalistas, pero sin quitarle gravedad a este problema, porque mañana la bacteria estará en otro punto de la ciudad de México y debemos decir francamente que es una enfermedad, que si bien habíamos erradicado o que no se había presentado mejor dicho, hace más de 100 años, es una enfermedad que regresa a México y que va a permanecer por mucho tiempo más en las
zonas marginadas de nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado José Ramírez Román, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Ramírez Román:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Deseo iniciar mi intervención con una puntualización. No se vale tampoco decir medias verdades.
Hay un boletín epidemiológico que se edita semanalmente y vienen todas las enfermedades infectocontagiosas y el cólera no es una excepción y yo invito a los compañeros diputados que así lo deseen, en la Comisión de Salud de esta LV Legislatura, está hasta la semana 16, que es el mes de abril y está a sus órdenes para ser consultado.
Hasta 1991 se consideraba que la región de América se encontraba libre de cólera. No se habían reportado casos autóctonos en ningún país de América En los Estados Unidos se habían detectado algunos esporádicos por primera vez en 1973, y obviamente que aquí era por falta de aseo, por falta de una salud personal adecuada.
La epidemia de cólera en Perú fue la primera manifestación de esta pandemia en América. El 29 de enero de 1991, la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Lima, recibió del incremento de gastroenteritis en Changai, un distrito costero. A continuación se extendió hacia Ecuador y Colombia en forma epidémica, en regiones limitadas, en Chile y Brasil en forma de brotes y en Estados Unidos en brotes aislados.
A cuatro meses de iniciada la pandemia, se habían notificado 209 mil 983 casos y mil 855 defunciones, distribuidos en 53 provincias o estados de los seis países afectados.
La séptima pandemia de cólera, iniciada en 1961, hasta ahora ha afectado a 93 países. La amplia experiencia obtenida desde entonces ha demostrado que la introducción del cólera en cualquier país no puede ser prevenida; que ésta causa problemas únicamente en aquella áreas en donde las infecciones entéricas agudas son endémicas y que los brotes dentro de un país pueden ser controlados con las medidas de vigilancia apropiadas.
La investigación intensiva, estimulada por esta pandemia, ha contribuido al entendimiento de la epidemiología, patogénesis, manejo clínico y mecanismos inmunes acerca del cólera.
En nuestro país, durante 1992 se presentaron 8 mil 162 enfermos y ocurrieron 99 defunciones, es decir, que 98.7% de los pacientes con cólera lograron su plena recuperación.
En el presente año, al término de la semana 16, que está debidamente documentado, se han registrado 940 episodios frente a 762 en la misma semana de 1992. Esto se explica por los brotes ocurridos recientemente y que aquí han sido aludidos.
Por lo tanto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, apoya el punto de acuerdo propuesto por el compañero Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y hace un llamado a la vigilancia del cumplimiento del Programa para el Control de Enfermedades Diarreicas, como son mensajes mediante volantes, trípticos, carteles, folletos y libros al público, maestros y personal de salud; los programas municipales de cloración del sistema de agua y de otras fuentes de abastecimiento; la capacitación del personal de salud para el diagnóstico y tratamiento de enfermos, entre otros.
Quiero informar a esta diputación, que se ha hecho una determinación de cloro residual en la red de distribución de agua y manantiales de la zona que está afectada, de las cuales se encontraron 21 muestras con cloro residual entre 9 y 10 partes por millón y sólo en cuatro muestras son abajo de una parte por millón. Quiere decir que los sistemas de cloración sí están funcionando.
Nosotros sí deseamos hacer un llamado para que a la brevedad posible nos reunamos para que vayamos a ver con las autoridades responsables la evolución de este padecimiento. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted diputado Ramírez Román.
Ha concluido la lista de oradores para este tema. La propuesta presentada por el diputado
Manuel Laborde Cruz, se turna a las comisiones de Salud y Seguridad Social.
SECTOR AGRARIO
El Presidente:
Tiene la palabra para el siguiente tema sobre el agro mexicano, el diputado Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Roberto García Acevedo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El tema que nos toca intervenir es el relativo a la situación que en estos momentos padece México en el campo.
Creo que para ninguno de nosotros, que hemos estado viajando últimamente a través de las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos estados de la República, nos hemos podido dar cuenta de que la mayor parte de la situación del campo en nuestro México es triste, es grave; hemos hecho llamados a todos los partidos políticos, hemos hecho llamados a las autoridades de la Reforma Agraria y hemos hecho llamados a los propios campesinos y agricultores para que unamos esfuerzos y podamos salir adelante en esta problemática que tenemos en el campo mexicano.
Antes se decía que México era un país verde y que todos sus campos producían, lamentablemente hemos visto que a veces el espejismo nos ha llevado a otras situaciones. Recordemos que a pesar de la euforia petrolera que predominó en los ochenta. México sigue siendo un país pobre, grandes extensiones de tierra no son aptas para el cultivo moderno y otras se han erosionado y producen menos por que se explotaron de manera irracional.
Las cosas han sido hasta el extremo de que nuestra agricultura no produce los suficientes productos básicos que se requieren para alimentar al pueblo ni siquiera al nivel mínimo indispensable. Crece nuestra dependencia en los productos agrícolas de importación y vivimos en un país que aportó a la humanidad, por lo menos, eso nos dice la historia, el maíz y ahora desgraciadamente lo tenemos que comprar a otras naciones.
Dentro de la pobreza general que se vive aquí en México, en que la viven más de la mitad de los mexicanos, hay una desigualdad económica que resulta ya intolerable, el despilfarro, el derroche económico, más burdo e insultante frente a la incapacidad de atender las necesidades más elementales, vivimos los mexicanos una grave crisis.
Evidentemente produce pobreza pero ni siquiera en eso hay igualdad, dicho por ustedes mismos en muchas ocasiones. En México hay pobres a secas y hay extremadamente pobres. La calidad de vida se ha venido decayendo, la agresión contra la naturaleza nos restringe al ámbito urbano, se talan los montes y las selvas, se contaminan ríos y litorales, se destruyen recursos de tierra y de mar, se extinguen especies y se alteran en mil formas los nichos ecológicos que construyeron pacientemente la naturaleza y que el hombre a lo largo de los milenios en esta época en forma suicida trata de acabar con lo que teníamos desde un principio.
Irreflexiblemente nos hemos vuelto constructores de desiertos y agentes eficientísimos para destruir la vida en la tierra, en el agua y en el aire. En 1992 la reforma constitucional al artículo 27 y en consecuencia la promulgación de la Ley Agraria borraron de golpe y plumazo la reforma agraria y los ideales del zapatismo, único proyecto en el que en algún momento se tuvo la posibilidad de convertirse en proyecto nacional alternativo.
Sin restar importancia a los contenidos agraristas de la Constitución de 1917 y sin negar los méritos de los mejores momentos de la Revolución Mexicana hecha por el Gobierno en el período de don Lázaro Cárdenas, es necesario que reconozcamos que la esencia misma del proyecto zapatista fue eliminado por los intereses del latifundio.
A 83 años del movimiento armado de 1910 existe un rezago agrario; las leyes, códigos, mecanismos administrativos que pretendieron hacerse en un momento dado eficientes, que la justicia en el campo mexicano sólo sirvió para filtrar de manera más sutil a la injusticia, a la corrupción, el abuso a los campesinos, el caciquismo y una enorme burocracia que no solucionó la raquítica situación económica del campo, pero sí en un momento solucionó la situación e intereses económicos de quienes como líderes o funcionarios se enriquecieron a costa del campo y de los campesinos.
La nueva figura del Tribunal Superior Agrario tan sólo sirve en estos momentos como un
paliativo jurídico, para legalizar algunas cosas en la privatización de los ejidos y comunidades agrarias y para que sutilmente se vuelvan a concentrar grandes extensiones de tierra en pocas manos.
Tal parece que la servidumbre de los peones en las grandes haciendas porfirianas tienen visos a reinstalarse en los umbrales del siglo XXI. La situación agraria es un cimiento fundamental para recuperar la autosuficiencia de la producción de alimentos, pero parece casi imposible erradicar vicios sistemáticos como los acaparadores, intermediarios y los especuladores que encarecen los insumos necesarios para la agricultura e inflan perjudicialmente los precios de las cosechas, productos y cobran bastante caro a los consumidores finales, pagándoles una miseria insultante a los productores.
Compañeros diputados: Ya es tiempo que realicemos un esfuerzo y que luchemos por rescatar a los hombres del campo, apoyándolos con créditos blandos para solucionar sus múltiples problemas que a diario nos manifiestan de las carteras vencidas que, junto con los obreros, debemos recordar, constituyen los pilares fundamentales en los que se debe fincar la esperanza de un México justo, progresista y desarrollado.
Los parmistas, al igual que los diferentes corrientes ideológicas aquí representadas, debemos coincidir en objetivos comunes que conlleven al beneficio de la colectividad nacional.
Por lo tanto, la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone al pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Que ante la apremiante necesidad de progreso de los hombres del campo por incorporarse contundentemente al progreso y recuperación económica, a la cual el propio señor Presidente de la República ejercita en el ámbito de su competencia y a través de las acciones directas en el ejercicio y facultades expresas a esta Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Reforma Agraria, Agricultura y Ganadería, implementen un mecanismo cuyo cauce legal dé origen e impulso a créditos oportunos y coincidentes con los ciclos de siembra, ya sea de riego o de temporal, y así de esta manera los agricultores y los campesinos verán que los señores diputados hemos escuchado sus ruegos y sus peticiones en las múltiples visitas que hemos hecho al campo mexicano. Y así ellos podrán cumplir con los objetivos de producción y modernidad que el campo necesita y que por supuesto el pueblo de México requiere urgentemente para su recuperación económica. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado García Acevedo.
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Jorge Calderón Salazar:
Señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
En representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, venimos a esta tribuna para referirnos nuevamente a la situación que priva en el campo mexicano. Qué bueno que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tuvo la acertada iniciativa de abordar en tribuna los gravísimos problemas que aquejan a los agricultores, campesinos y productores de toda la República; nuevamente el reclamo de millones de compatriotas que sufren una política económica contraria a las necesidades de los hombres del campo, qué bueno que ese reclamo se escucha en esta tribuna, la más alta tribuna de la nación.
En semanas anteriores, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nuestro grupo parlamentario conjuntamente con otros grupos parlamentarios, presentó un punto de acuerdo similar al que en este momento nos propone el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Punto de acuerdo que por cierto entre otros suscribió el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en él se hacia un llamado a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como a otras dependencias gubernamentales, a dialogar con la Cámara de Diputados, particularmente con su Comisión de Agricultura y con la Comisión de Reforma Agraria, para buscar mecanismos ágiles, inmediatos de solución a los graves problemas de cartera vencida y de financiamiento a la producción agropecuaria que toda la República observa.
Hicimos varios intentos de activar resultados específicos de este punto de acuerdo y no encontramos respuestas. Solamente vagas promesas de resultados que no hemos obtenido.
Estimamos pertinente el llamado que se hace nuevamente en este punto de acuerdo que nos
propone el PARM, a buscar nuevas formas de concertación para solucionar el grave problema de cartera vencida y los problemas de financiamiento. Qué bueno que haya ese llamamiento.
Pero lo que se requiere y esto lo ha dicho de manera enérgica, clara, contundente, el Consejo de Organizaciones Agrarias, que es una coalición de organizaciones campesinas. Lo dijo repito, de manera clara y contundente el pasado 10 de abril en ocasión del aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata: lo que el campo requiere son acciones, soluciones y congruencia entre las palabras y los hechos. Hubo críticas directas de organizaciones campesinas autónomas, hablando con voz propia y con gran energía, repito, hubo críticas directas a discursos agraristas, a promesas y declaraciones de corte diverso prometiendo el apoyo al campo. Pero muy escasa, un efectivo, estímulo a los productores agrícolas.
Recientemente también, una central campesina, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, presentó en su congreso nacional, un programa de reactivación económica y de apoyo al campo, que tiene como columna vertebral el apoyo al sector social, a los proyectos productivos de uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y comunidades. Y sin embargo hasta la fecha no hemos observado resultados específicos.
Como si esto fuera poco, como si ya de por si fuera criticable la disminución de la inversión pública para el desarrollo rural, absorbamos un problema que está afectando también a numerosos productores de toda la República.
Hay una política macroeconómica en áreas del control antiinflacionario, que en carece el crédito, lo reduce y además disminuye estímulos y apoyos a los productores del campo.
Si de por si con la disminución de la inversión pública para desarrollo rural y con los bajos precios reales de los productos agrícolas, hay un efecto contraccionista que desestimula la producción agrícola y profundiza nuestra dependencia alimentaria, con la política de contracción del crédito a nivel nacional y de reducción de la inversión pública que se está instrumentando, los efectos globales para la generación de una crisis agrícola se están profundizando.
Nosotros pensamos, lo hemos propuestos en otras ocasiones, que así como el Gobierno Mexicano ha ido en apoyo de los productores de acero de nuestro país, estableciendo impuestos compensatorios a artículos de importación, provenientes de Estados Unidos, que generaban competencia desleal, así como impuso impuestos compensatorios a importaciones provenientes de China, en casos en que se pudo probar que habría prácticas desleales que afectaban a nuestros productores, para el sector agropecuario el interés de millones de campesinos, de auténticos pequeños propietarios y de comuneros, debieran también establecerse en aquellos casos en que hay fundamento para ello, impuestos compensatorios para proteger a nuestros productores de granos básicos, de importaciones de productos subsidiados del extranjero, que significa que México en algunos casos realice importaciones agrícolas a precios inferiores a los costos de producción, sobre los cuales evidentemente nuestros productores, así fueran los más eficientes del mundo, no pueden ser competitivos.
Si se hicieron, repito, acciones en defensa de los industriales del acero, pensamos que debe también analizarse con seriedad, acciones en defensa de millones de campesinos mexicanos.
Ya hemos traído en otro momento a esta tribuna, el reclamo de los productos de soya, del noreste de la República, ante importaciones especulativas. Y la crítica que han hecho productores soyeros de Sinaloa, de mi Estado, ante políticas gubernamentales que en momentos que se está levantando la cosecha del soya, autoriza Secofi importaciones de soya subsidiados de Estados Unidos, derrumbando los precios, creando una gravísima situación en diferentes partes de la República.
Reclamos similares han hecho productores de granos de distintas regiones de la República, que han hecho que la producción de sorgo y otros granos esté hoy en graves problemas.
Por otra parte, pensamos y lo hemos sostenido en esta tribuna también y hemos encontrado oídos sordos del Gobierno de la República, que debe renegociarse el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio.
Los niveles de desgravación arancelaria que establece para la agricultura especialmente en granos básicos, pensamos que son lesivos para nuestro país.
No basta afirmar, como reiteradamente se ha dicho en esta tribuna, y no dudo que se diga a continuación de mi intervención, no basta afirmar que en maíz y frijol tenemos un plazo largo de 15 años. Es cierto, pero es una verdad a medias, por que es una protección descendente,
sin un plan agrícola de reconversión global del sistema productivo mexicano. Pero tenemos que pensar en trigo, en soya, en cártamo, en arroz, en distintos granos básicos que requieren período de protección y periodos de desgravación mucho más amplios de aquellos que fueron originalmente acordados en el Tratado de Libre Comercio.
Pero más importante que esto, es la necesidad de un plan nacional de reestructuración productiva, con financiamientos blandos a largo plazo y con baja tasa de interés, que permita que el conjunto de los productores de riego y temporal, del sector social y del sector privado, reciban aquellos apoyos que necesitan para enfrentar en el Siglo XXI la creciente competencia internacional; pero, repito, con un plan de reactivación y de reestructuración económica.
La experiencia de más de un año, desde la expedición de la Nueva Ley Agraria, muestra que los problemas del campo no son problemas de tenencia de la tierra; son problemas de bajos precios, de créditos caros y escasos y de falta de inversión pública en desarrollo rural para atender las necesidades de los hombres del campo.
Mientras no aumente en términos reales la inversión pública en desarrollo rural, mientras no se reactive un esfuerzo para elevar los precios agrícolas en términos reales, los problemas del campo estarán sin solución.
Pero más allá de atacar problemas estructurales, necesitamos atacar, tal como lo ha exigido el Consejo de Organizaciones agrarias, repito, el 10 de abril, problemas inmediatos; reestructuración de carteras vencidas, reincorporación al sistema de financiamiento de Banrural, de cientos de miles de campesinos que fueron objeto de la reestructuración de sus carteras; reestablecimiento de ciertos marcos, de protección y subsidio, particularmente de crédito a los productores de temporal y de manera especial, que Banrural y los fideicomisos que tienen apoyo del sector público, atiendan de inmediato las exigencias de numerosos ejidos y comunidades que han presentado miles de proyectos productivos para reestructuración de sus sistemas de producción, que no han sido debidamente atendidos.
Y para casos específicos, como los del Valle del Yaqui - Mayo, los de La Laguna y otros estados de la República, nos sumamos a la exigencia que levantó la marcha campesina de La Laguna, nos sumamos a la exigencia que ha levantado la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y la Unión Campesina Democrática y muchas otras organizaciones, de que detenga Banrural su política antipopular, de embargar bienes de humildes familias campesinas.
No podemos aceptar que por un lado haya un discurso de los titulares de Agricultura y Recursos Hidráulicos, un discurso de los titulares de Reforma Agraria y del propio jefe del Ejecutivo Federal, prometiendo apoyos y subsidios al campo, y por otro lado, humildes familias campesinas de La Laguna, humildes de Sinaloa y Sonora y de muchos puntos de la República, se enfrenten ante el hecho consumado de un actuario que acompañado de la fuerza pública entra a sus humildes viviendas a expropiar bienes que son bienes personales y familiares para supuestamente recuperar créditos que no están debidamente fundados bajo ninguna condición que sean reales y hayan sido entregados esos fondos al campesinado.
Bajo ningún motivo y en ninguna circunstancia podemos estar de acuerdo que tractores y bienes de producción en manos de ejidos y comunidades sean embargados y tampoco y mucho menos, que bienes de familias campesinas sean embargados. Se requiere aquí congruencia entre discurso y las propias necesidades campesinas. ¡Hay que detener esos embargos, hay que detener esas agresiones a los hombres del campo y atender de manera directa e inmediata sus demandas, para que las tierras que han sido expropiadas a narcotraficantes sean entregadas a familias campesinas y los miles de expedientes que ya fueron establecidos dentro de reforma agraria, antes de la expedición de la Ley Agraria, se puedan resolver en beneficio campesino y conforme a derecho, en base a la jurisprudencia de la vieja Ley Federal de Reforma Agraria!
Son estos momentos y con esto finalizaría, en que se exige y el campesinado lo está haciendo, congruencia entre palabras y hechos, entre discurso y acción. ¡Basta ya de promesas vagas, basta de inserciones pagadas en la Prensa y de recorridos con tales o cuales medios de información en donde sólo se presenta a ciertos comunicadores los aspectos positivos de la política agropecuaria, pero no se dice la verdad!
¡Exigimos una enérgica intervención gubernamental en defensa de los hombres del campo, detener embargos, apoyar proyectos productivos, apoyar de manera inmediata con créditos a los 27 mil ejidos y comunidades, apoyar sus proyectos productivos y resolver, así sea paso por paso y gradualmente, los gravísimos problemas en materia de alimentación, de ingreso
y empleo que aquejan a millones de mexicanos! ¡Emplazamos al Gobierno de la República a actuar y a defender los intereses de los hombres del campo! Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Calderón Salazar.
Tiene la palabra el diputado Jesús Molina Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jesús Molina Lozano:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Pudiéramos decir que la crisis agrícola existente en nuestro país existe en todo el mundo; el reacomodo de los mercados, la globalización de la economía mantienen esta crisis actualmente y que alcanza a México también. No nos queremos conformar con esto ni es el pretexto, estamos consientes de la crisis que existe en nuestro país.
Y estamos haciendo también un esfuerzo las organizaciones campesinas del país. En forma conjunta e independientemente cada una de ellas, hemos discutido infinidad de veces al seno del Congreso Agrario Permanente, del cual somos parte, nuestra organización, respetuosos de los desensos de las organizaciones, pero también buscando consensos para que en forma conjunta podamos establecer nuevos mecanismos de lucha y de esfuerzo para buscar una respuesta a esta crisis del campo de México; nuevos esquemas de crédito y financiamiento, buscar la constitución y creación de empresas de transformación de los productos primarios y en los marcos de la nueva Ley, buscar nuevas opciones con participación directa de los campesinos y conjunta de las organizaciones y los productores. Pero también, los tiempos actuales y esta crisis nos obliga a buscar nuevas estrategias de lucha, en estas etapas de crisis, el campo en ésta y en otras, han transferido recursos a la ciudad, la deuda de las zonas urbanizadas con el campo es histórica, hoy es justo que este momento se empiece a revertir y que el campo reciba un poco de lo que tantas veces ha dado, pero de todos en forma conjunta.
Esto, lo hemos discutido muchas veces en las organizaciones y también lo hemos discutido en las comisiones que tienen injerencia con el campo; hemos discutido como hemos transferido a la ciudad y a su gigantesco desarrollo, alimentos, materias primas para la industria y hasta hombres y mujeres en su proceso de emigración, han llegado a prestar servicios y su esfuerzo y su trabajo a las grandes ciudades. Hemos dado grandes discusiones en la Comisión de Agricultura y de Reforma Agraria, hay 16 subcomisiones trabajando en los diferentes aspectos que tienen que ver con el problema del campo, hemos buscado la manera de formar una subcomisión en la Comisión de Agricultura, una subcomisión especial para el punto de acuerdo que hablaban los compañeros diputados que nos antecedieron en el uso de la palabra, buscando el diálogo permanente con las instituciones que tienen que ver en el campo como son la SARH, la Reforma Agraria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social y hasta hoy en esta subcomisión hemos tenido la participación solo de nuestro partido el Revolucionario Institucional, del PAN y del PARM, no han concurrido los demás compañeros que fueron nombrados para formar esta subcomisión. El 6 de mayo habremos de reunirnos con el señor secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos en un acuerdo de estos tres partidos; estamos totalmente de acuerdo en que demos una discusión más profunda en la comisión y en las subcomisiones nombradas para ello y estamos de acuerdo en que lo hagamos en forma conjunta con las demás comisiones y también quisiera hacer un comentario con relación a lo que menciona el compañero diputado Jorge Calderón.
Yo soy de la Comarca Lagunera, del ejido general Carlos Real de la comarca lagunera, lo que se está haciendo en la Comarca Lagunera se define en las asamblea ejidales, hemos tenido la oportunidad y el compromiso y la obligación de estar en las asambleas ejidales. Yo creo también que es necesario que se dé la libertad a los campesinos a que decidan en su asamblea ejidal, por la crisis que atraviesa la comarca lagunera efectivamente como otras regiones, difícil en el país hemos decidido nosotros tomar los acuerdos en la asamblea ejidal de qué hacer fundamentalmente en la aplicación de los recursos que han sido asignados para los diferentes conceptos en los trabajos que hay que realizar, vengan de la instancia que vengan, que sean bien aplicados pero definida su aplicación por los propios campesinos y estas discusiones las hemos dado al seno de las asambleas ejidales, ahí donde se escucha la voz del campesino, del campesino que trabaja la tierra, del que va a la parcela, el que conoce la parcela, el que conoce su propio problema y hemos avanzado, hay un consejo general en la comarca que está atendiendo estas cosas de campesinos discutiendo sus problemas y cómo
enfrentarlos. Y yo creo que ahí tenemos que ser respetuosos de lo que decidan los compañeros en la propia asamblea ejidal; consideramos que una tierra como la comarca lagunera no es herencia de nadie es de quien la trabaja y de quien subsiste en ella y nosotros hemos trabajado en ella para subsistir en ella.
Entonces, así se ha venido trabajando en la Comarca buscando su recuperación, coincidimos con que existe la crisis en el campo pero también estamos haciendo un esfuerzo conjunto plural de los productores de las organizaciones no solamente sociales y políticas sino las organizaciones económicas al seno de las propias organizaciones políticas y sociales para los marcos de un nuevo movimiento campesino y en los marcos de la crisis y en los marcos de los tiempos actuales enfrentar los problemas en forma conjunta y buscarles una solución favorable. Esto se hace necesario y así lo estamos viendo los campesinos de Ley. Muchas gracias.
La Presienta:
Gracias señor Diputado. Tiene la palabra el compañero diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
He pedido la palabra para apoyar la proposición que vino a hacer en esta tribuna el PARM y también para fijar la posición del PPS en cuanto a los problemas del agro, que son muchos.
El agro mexicano está en una grave crisis compañeros, ésta es una verdad que nadie puede ocultar, ni el Gobierno ni los líderes que encabezan las luchas de los campesinos de México, particularmente los ejidatarios, los comuneros, los auténticos pequeños propietarios viven en la extrema pobreza, no tienen un salario fijo, no tienen asegurados el empleo, hay problemas tan graves que no se han resuelto; la falta de crédito oportuno y barato. A raíz de la aplicación de la política neoliberal, prácticamente los bancos del Estado eran bancos del Estado, han dejado de dar crédito a los campesinos, el crédito en el campo se ha privatizado, y se ha encarecido en consecuencia, los campesinos tienen que pagar réditos como si fuera cualquier empresa comercial o de otro tipo, antes había una diferencia porque habría un Gobierno revolucionario, un Gobierno que sustentaba las tesis del nacionalismo revolucionario protector de los campesinos, de los obreros y de las grandes clases populares; por eso al no haber crédito, desde luego existe desempleo, si no hay crédito no se puede sembrar nada, ese en un problema.
La otra cuestión es la falta de asistencia técnica, es consecuencia también de la política neoliberal, cómo vamos a hacer producir la tierra debidamente aprovechando todo lo que tenemos debidamente aprovechando todo lo que tenemos, si no hay una tecnología avanzada, si los campesinos todavía cultivan la tierra con el arado de madera, ya no digamos con un arado de fierro o de un tractor o maquinaria pesada, esto no hay.
Gran parte de nuestros campesinos carecen de esos medios y cuando ahí no hay crédito, pues ni siquiera la esperanza tienen de que algún día se hagan de un tractor.
Entonces, esta cuestión es sumamente grave, esto está ligado con otra cuestión de que ya no se presta la atención debida a las escuelas prácticas de agricultura. Los maestros de Chapingo tienen que hacer huelgas y hacer protestas porque no tienen los elementos necesarios para cumplir su misión educativa y de preparación de los cuadros que requiere el desarrollo agropecuario en nuestro país.
Becas ya no hay compañeros. Los que ahora estamos en la lucha revolucionaria, en partidos revolucionarios, democráticos, muchos de nosotros fuimos preparados gracias a que hubo becas para los hijos de ejidatarios, campesinos, peones agrícolas, pero eso ya no hay. Entonces, vamos a seguir padeciendo y se va a ir agravando esta situación de apoyo al campo con una tecnología adecuada y desarrollar nuestra agricultura.
Esto tiene que ver mucho con las consecuencias que ya estamos padeciendo con la firma del Tratado de Libre Comercio y peor todavía, con los subsidios que el Gobierno de los Estados Unidos aplica a sus productos agropecuarios, igual que los países desarrollados de Europa.
¿Cómo vamos a competir, cómo vamos a sacar a los campesinos de esta situación tan grave que viven?
No hay una política compañeros, de recursos hidráulicos. Las veces que han venido el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el profesor Hank González, sólo se ha dedicado a convencernos de las bondades que nos va a traer nuestro ingreso al Tratado de Libre Comercio
y habla de estas bondades pero en los hechos no hay nada; muy alejados de la realidad.
Aquí no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, se repite el mismo discurso neoliberal como en otras partes. Entonces, hay desperdicio de agua, no se han construido presas que aumenten la superficie de las tierras irrigables, que son factibles a irrigar.
Hay un mutis sobre cualquier petición que hemos hecho en esta tribuna y en todas partes. Se alega que no hay recursos. Claro, la política neoliberal reduce el presupuesto del gasto público y en consecuencia, los primeros que sufren las consecuencias, son precisamente los campesinos.
No hay un sistema tampoco de comercializaciones, los campesinos históricamente han sido víctimas de los acaparadores, de los caciques; han sido explotados, no reciben ni siquiera la mitad de lo que realmente producen.
El Estado revolucionario del pasado, había creado una institución, la Ceimsa primero y después la Conasupo, que fijaban precios de garantía. Ahora eso ya se quitó. Dejaron desprotegidos a los campesinos y ahora está en vigor la voracidad de los acaparadores.
¿Dónde está el Estado revolucionario? Discursos no faltan todos los días, caricias a los niños, acarician a los campesinos, se ponen los sombreros de palma y les dicen que ahora sí vamos a avanzar. Se ha dicho en los famosos 10 puntos que anunció el Presidente: ayuda para los campesinos. ¿Algunos de ustedes sabe en dónde se ha aplicado eso? Si acaso se ha dado crédito, pero son a los ganaderos, son a los campesinos ricos, a los empresarios que producen productos agropecuarios para la exportación, pero pregunten a los ejidatarios, comuneros, auténticos pequeños propietarios a ver si tienen ese crédito. No lo hay, compañeros, hay otra cuestión.
Entonces creo que lo necesario, lo importante en este momento también es ver cómo protegemos los precios de estos productos agropecuarios, tanto en lo interior como en el exterior. Creo que en el exterior es sumamente difícil porque el Gobierno mexicano no quiere tomar ninguna medida que vea con malos ojos el imperialismo norteamericano. En verdad nos han dejado a los campesinos desprotegidos y son los monopolios, los grandes monopolios transnacionales los que finan el precio del café, del cacao, del plátano, de nuestras hortalizas , de la carne de un sinnúmero de productos agropecuarios. Bueno.
Esta situación en el campo, compañeros, esto es lo que ha creado la grave emigración de las familias campesinas hacia las grandes ciudades, con la esperanza de encontrar un empleo. En primer lugar no lo encuentran porque no lo hay; en segundo lugar vienen a agravar los problemas sociales de la entidad.
Por eso todos los días vemos que hay manifestaciones por todos lados, aquí mismo enfrente de esta Cámara de Diputados están los campesinos protestando. Ya no pueden hacer nada. Por eso ha crecido la delincuencia, porque después de andar muchas semanas, muchos meses buscando trabajo, buscando crédito buscando cómo dar de comer a sus familiares, no les queda otra alternativa más que dedicarse al robo, al asalto. Esa es una consecuencia.
Ante este panorama, compañeros, ¿qué debemos hacer los diputados? Los diputados somos parte de uno de los tres poderes de la unión y decimos que somos los representantes del pueblo y tenemos que rendir cuentas a nuestros electores de nuestros Estados, de nuestros distritos, por quienes decimos que hablamos. ¿Qué debemos hacer?
Creo que una de las soluciones la ha propuesto el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha sido apoyada por otros compañeros. Nosotros pensamos, los diputados del Partido Popular Socialista, que deben reunirse los diputados de las comisiones de Reforma Agraria, efectivamente, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Ganadería, de Comercio, porqué no, pero también debe reunirse la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
¿Para qué? Para formular compañeros, una alternativa para resolver los problemas del campo, esos problemas de los que ya hablamos sobre el crédito para el campo, ¿cómo vamos a capitalizar el campo?, ¿cómo vamos a otorgar créditos oportunos y baratos? ¿qué hacer efectivamente con las carteras vencidas?, ¿qué hacer, se ha dicho mucho pero no se ha llevado a la práctica?, ¿qué debe hacer el Estado frente al problema de la tecnificación, como he dicho, del campo?, ¿qué hacer de inmediato para aumentar la superficie de tierras irrigables?, ¿cómo garantizar a los campesinos un precio justo de sus productos agropecuarios?
Hoy otros problemas tan importantes como estos que deben resolver estas comisiones de diputados y presentar decía, una alternativa porque de otro modo sólo estamos especulando, sólo estamos diciendo pero no damos los pasos necesarios, no se quiere ir a fondo del problema compañeros y si no se atienden estos problemas, va a tener graves consecuencias; ya lo verán ustedes, ya lo verán ustedes.
Los gobiernos que no han atendido las demandas de la clase obrera, de los campesinos, de los amplios sectores de la población, tienen su castigo político. Mucho ojo, compañeros. Yo creo que nosotros debemos cumplir con nuestra obligación, reunirnos y discutir a fondo para dar solución a estos problemas del campo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Esta Presidencia turna a las comisiones de Reforma Agraria, Agricultura y Ganadería, la propuesta presentada por el diputado Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
La Presidenta:
Pasamos al siguiente punto del orden del día, para referirse al problema de Yucatán. Se han inscrito para intervenir los siguientes diputados: diputado Luis Humberto Correa Mena, del Partido Acción Nacional, diputado Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, diputado Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
Para el tema de hechos en Yucatán, tiene la palabra el diputado Luis Humberto Correa Mena, del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Humberto Correa Mena:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
En los términos anunciados en la sesión anterior, hemos ya presentado y ratificado la solicitud de juicio político que a continuación leo.
«Ciudadano oficial mayor de la honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro. Avenida Congreso de la Unión. Colonia El Parque. Ciudad. Los suscritos ciudadanos mexicanos, diputados de la Nación, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LV Legislatura al Congreso de la Unión, con domicilio para recibir toda clase de notificaciones el cuarto piso del edificio "H" del Palacio Legislativo de San Lázaro y autorizando para que en nuestro nombre y representación la reciban a los señores abogados Julio César Vara Alvarado y Laura Sánchez Escobar, indistintamente, a usted respetuosamente manifestamos:
Que en ejercicio del derecho que nos otorga el segundo párrafo del artículo 110 y el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5o., 9o. y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular denuncia ante la Cámara de Diputados y por tanto solicitud de juicio político contra los siguientes servidores públicos:
1. Ciudadana gobernadora interina del Estado de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho.
2. Los ciudadanos diputados integrantes de la LII Legislatura al Congreso del Estado de Yucatán: Roberto Pinzón Alvarez, Jorge Pérez Muñoz, Juan José Abraham Achachs, Enrique Pérez Pérez, Pedro Rodríguez Cruz, Beatriz Peralta Chacón, Rodolfo Osorio Conde, Carlos Erosa Correa, Eloy Cruz González, Luis Echeverría Navarro, Carlos Carrillo Maldonado, Angel Prieto Méndez, William Nobelo Nobelo, Ignacio Macháin Sosa, Pedro Oxtec Conrado, Maximino Yan Ocón, Gonzalo Cervera y Bonilla, Jorge Jiménez Xec, José Zacarías Alejos, Juan Vallejos Vega.
Por las conductas a que se refieren los artículos 5o. y 7o. de la Ley precitada, por estimarlas violatorias de la Constitución General de la República, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Para cumplimentar los requisitos de procedibilidad que contienen las disposiciones aplicables ya citadas de nuestro código fundamental y de la citada Ley Fundamental de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exponemos los hechos que dan motivo a nuestra solicitud a manera de antecedentes:
1. Con fecha 19 de abril de 1993, los señores Roberto Pinzón Alvarez, Jorge Pérez Muñoz, Juan José Abraham Achachs, Enrique Pérez Pérez, Pedro Rodríguez Cruz, Beatriz Peralta Chacón, Rodolfo Osorio Conde, Carlos Erosa Correa, Eloy Cruz González, Luis Echeverría Navarro, Carlos Carrillo Maldonado, Angel Prieto Méndez, William Nobelo Nobelo, Ignacio Macháin Sosa, Pedro Oxtec Conrado y Maximino Yan Ocón, todos ellos diputados de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, presentaron iniciativa que concluyó en las
reformas de los artículos 27, 28, 48, 50 y 76, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en los términos siguientes:
En obvio de espacio no doy lectura a la iniciativa, solicito de todas maneras a la Presidencia, ordene se incluya en el Diario de los Debates;
"Unico. Se reforman las artículos 27, 28, 48, 50 y 76 fracción I de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar redactados en la forma siguiente:
Artículo 27. El Congreso tendrá cada año tres periodos de sesiones ordinarias que durarán el tiempo que sea necesario para tratar los asuntos que se le presenten y comenzarán a partir del 16 de julio, del 16 de noviembre y del 16 de marzo y sin que los mismos puedan prolongarse mas que hasta el 15 de septiembre, 15 de enero del año siguiente y 15 de mayo. Este último período podrá ampliarse hasta el 30 de junio de los años en que el Congreso se constituya en Colegio Electoral.
En sus periodos de sesiones ordinarias, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de las leyes que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución y en los términos que señala su Ley Orgánica.
Artículo 28. El Congreso celebrará el cuarto domingo de julio de cada uno de los cinco primeros años el período del ejecutivo y el segundo domingo de junio del sexto año del mismo, una sesión solemne en la cual el gobernador del Estado deberá comparecer a rendir un informe por escrito, acerca de la situación que guarden las diversas ramas de la administración. En dicho informe podrá dar respuesta además a las preguntas que le hubieren formulado los integrantes del honorable Congreso, a través del Presidente en turno, con una antelación no menor de veinte días naturaleza al del informe correspondiente. Las preguntas comprenderán exclusivamente cualquier asunto de la administración pública, relativo al período a que se refiere el informe del Ejecutivo.
El Presidente del Congreso contestará a dicho informe.
Artículo 48. El gobernador constitucional del Estado entrará en funciones el día primero de agosto y durará en su encargo seis años.
Artículo 50. Si al comenzar un período constitucional no se presentare el gobernador electo o la elección no estuviere hecha y declarada el día primero de agosto, cesará el gobernador cuyo período hubiere concluido y se encargará desde luego el Poder Ejecutivo, con el carácter de interino, el ciudadano que designe el Congreso.
Si éste no estuviere reunido, se encargará del despacho, provisionalmente, el secretario general de Gobierno, entre tanto el Congreso designa al gobernador interino y convoca a las elecciones en los términos del artículo 52.
Si la ausencia del gobernador electo se debiere a fuerza, coacción o cualquier otra causa que impida materialmente llenar sus funciones, deberá comprobarse este hecho y en tal caso, el gobernador interino deberá entregarle el Gobierno al legalmente electo.
Artículo 76.
I. Los ayuntamientos entrarán en funciones el primer día del mes de julio siguiente a las elecciones y durarán en su encargo tres años.
TRANSITORIOS:
Primero. Para los efectos del artículo 20 de la Constitución del Estado, por única ocasión, los representantes al Congreso del Estado que resulten electos en los comicios a celebrarse el día 28 de noviembre del año en curso, durarán en su cargo del 5 de enero de 1994 al 30 de junio de 1995.
Segundo. Para los efectos del artículo 27 reformado de la Constitución del Estado, el Congreso que resulte de las elecciones a celebrarse en el mes de noviembre del presente año, tendrá durante su gestión, cinco periodos de sesiones ordinarias que comenzarán a partir del 16 de enero, del 16 de mayo y del 16 de octubre del año de 1994 y 16 de enero y 16 de mayo del año de 1995 y sin que los mismos puedan prolongarse más que hasta el 15 de marzo, el 15 de julio y el 20 de diciembre de 1994, 15 de marzo y 30 de junio de 1995, respectivamente.
Tercero. El Gobernador Interino designado rendirá el informe a que se refiere el Artículo 28 reformado de la Constitución del Estado, por única ocasión el segundo domingo del mes de junio de 1995, el que comprenderá todo el tiempo de su gestión.
Cuarto. Para los efectos del Artículo 48 reformado de la Constitución del Estado y conforme a las atribuciones que dicho ordenamiento le confiere, el Congreso designará durante el mes de diciembre del presente año, a la persona que, una vez concluido el actual período constitucional, ocupará el cargo de Gobernador, con el caracter de interino quien durará en sus funciones del 1o. de febrero de 1994 al 31 de julio de 1995.
Quinto. Para el debido cumplimiento de las reformas que este decreto refiere y por esta única ocasión, no se estará a lo previsto en el artículo 52 de la Constitución del Estado, y en tal virtud, los comicios para elegir gobernador del Estado, diputados y presidentes municipales, se celebrarán el cuarto domingo del mes de mayo de 1995.
Sexto. Los presidentes municipales que resulten electos en los comicios a celebrarse el 28 de noviembre del presente año, durarán en sus funciones, del primero de enero de 1994, al 30 de junio de 1995, en concordancia con el supuesto de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución del Estado.
Séptimo. En los comicios a celebrarse el 28 de noviembre del presente año, se elegirá ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado en los términos del presente decreto.
Octavo. En su oportunidad, se adecuarán las leyes reglamentarias cuyas disposiciones contravengan lo previsto en el presente decreto.
Dado en la sala de comisiones del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de abril del año de mil novecientos noventa y tres. - Diputados: contador público Roberto Pinzón Alvarez, licenciado Angel Prieto Méndez, licenciado Luis Echeverría Navarro y LAE Juan J. Abraham Achach.»
2. Con fecha 23 del presente mes, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, integrada por los ciudadanos diputados Roberto Pinzón Alvarez, Angel Prieto Méndez, Luis Echeverría Navarro y Juan José Abraham Achachs, presentó a la atención del pleno del congreso, dictamen en el que se contienen las reformas constitucionales solicitadas en su iniciativa antes citada, por los diputados ya también mencionados y que a continuación transcribimos:
Es obvio de tiempo, pido a la Presidencia se ordene la inclusión de este texto también en el Diario de los Debates;
"Unico. Se reforman los artículos 27, 28, 48, 50 y 76 fracción I de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar redactados en la forma siguiente:
Artículo 27. El Congreso tendrá cada año tres periodos de sesiones ordinarias que durarán el tiempo que sea necesario para tratar los asuntos que se la presenten y comenzarán a partir del 16 de julio, del 16 de noviembre y del 16 de marzo y sin que los mismos puedan prolongarse mas que hasta el 15 de septiembre, 15 de enero del año siguiente y 15 de mayo. Este último período podrá ampliarse hasta el 30 de junio de los años en que el Congreso se constituya en Colegio Electoral.
En sus periodos de sesiones ordinarias, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de las leyes que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución y en los términos que señala su Ley Orgánica.
Artículo 28. El Congreso celebrará el cuarto domingo de julio de cada uno de los cinco primeros años del período del Ejecutivo y el segundo domingo de junio del sexto año del mismo, una sesión en la cual el gobernador del Estado deberá comparecer a rendir un informe por escrito, acerca de la situación que guarden las diversas ramas de la administración. En dicho informe podrá dar respuesta además a las preguntas que le hubieren formulado los integrantes del honorable Congreso, a través del Presidente en turno, con una antelación no menor de veinte días naturales al del informe correspondiente. Las preguntas comprenderán exclusivamente cualquier asunto de la administración pública, relativo al período a que se refiere el informe del Ejecutivo.
El Presidente del Congreso contestará a dicho informe.
Artículo 48. El gobernador constitucional del Estado entrará en funciones del día primero de agosto y durará en su encargo seis años.
Artículo 50. Si al comenzar el período constitucional no se presentare el gobernador electo o la elección no estuviera hecha y declarada el día primero de agosto, cesará el gobernador cuyo período hubiere concluido y se encargara desde luego del Poder Ejecutivo, con el carácter de interino, el ciudadano que designe el Congreso.
Si éste no estuviere reunido, se encargara del despacho, provisionalmente, el secretario general de Gobierno, entre tanto el Congreso designa al gobernador interino y convoca a las elecciones en los términos del artículo 52.
Si la ausencia del gobernador electo se debiere a fuerza, coacción o cualquier otra causa que impida materialmente llenar sus funciones, deberá comprobarse este hecho y en tal caso, el
gobernador interino deberá entregarle el Gobierno al legalmente electo.
Artículo 76.
I. Los ayuntamientos entrarán en funciones el primer día del mes de julio siguiente a las elecciones y durarán en su cargo tres años.
TRANSITORIOS:
Primero. Para los efectos del artículo 20 de la Constitución del Estado, por única ocasión, los representantes al Congreso del Estado que resulten electos en los comicios a celebrarse el día 28 de noviembre del año en curso, durarán en su encargo del 5 de enero de 1994 al 30 de junio de 1995.
Segundo. Para los efectos del artículo 27 reformado de la Constitución del Estado, el Congreso que resultare de las elecciones a celebrarse en el mes de noviembre del presente año, tendrá durante su gestión, cinco periodos de sesiones ordinarias que comenzarán a partir del 16 de enero, del 16 de mayo y del 16 de octubre del año de 1994 y 16 de mayo del año de 1995 y sin que los mismos puedan prolongarse más que hasta el 15 de marzo, el 15 de julio y el 20 de diciembre de 1994, 15 de marzo y 30 de junio de 1995, respectivamente.
Tercero. El gobernador interino designado, rendirá el informe a que se refiere el artículo 28 reformado de la Constitución del Estado, por única ocasión el segundo domingo del mes de junio de 1995, y el que comprenderá todo el tiempo de gestión.
Cuarto. Para los efectos del artículo 48 reformado de la Constitución del Estado y conforme a las atribuciones que dicho ordenamiento le confiere, el Congreso designará durante el mes de diciembre del presente año, a la persona que, una vez concluido el actual período constitucional, ocupará el cargo de gobernador, con el carácter de interino, quien durará en sus funciones del primero de febrero de 1994 al 31 de julio de 1995.
Quinto. Para el debido cumplimiento de las reformas que este decreto refiere y por esta única ocasión, no se estará a lo previsto en el artículo 52 de la Constitución del Estado, y en tal virtud, los comicios para elegir gobernador del Estado, diputados y presidentes municipales, se celebrarán el cuarto domingo del mes de mayo de 1995.
Sexto. Los presidente municipales que resulten electos en los comicios a celebrarse el 28 de noviembre del presente año, durarán en sus funciones, del primero de enero de 1994, al 30 de junio de 1995, en concordancia con el supuesto de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución del Estado.
Séptimo. En los comicios a celebrarse el 28 de noviembre del presente año, se elegirán ayuntamientos y diputados al Congreso del Estado en los términos del presente decreto.
Octavo. En su oportunidad, se adecuarán las leyes reglamentarias cuyas disposiciones contravengan lo previsto en el presente decreto.
Noveno. Las funciones de la LII Legislatura continuarán conforme a lo preceptuado en las formas y términos de las leyes vigentes.
Décimo. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado."
3. Además, y en contravención a los artículos 107, 110, 11 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, la propia comisión solicitó la dispensa de los trámite, con el objeto de que el dictamen fuera discutido y sometido a discusión inmediatamente después de que fuera hecho del conocimiento del pleno, con la exhortación de que conforme a la fracción V del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la iniciativa fuera aprobada en todos sus términos.
Discutida la ya tantas veces mencionada iniciativa de Ley y sometida a votación de los diputados presentes en dicha sesión, ésta fue aprobada en sus términos por 20 votos a favor y tres en contra, correspondiendo los votos a favor, a los diputados que señalamos en el apartado dos que antecede y los tres en contra, los diputados Claudio Coello Herrera, Luis Felipe Mena Salas y Blanca Genoveva Estrada Mora, los dos primeros integrantes de la diputación del Partido Acción Nacional y la última de la diputación del PRI.
4. En uso del derecho que la propia Constitución local del Estado de Yucatán le otorga, la gobernadora interina del Estado de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 24 de abril de 1993, el decreto número 570 correspondiente a las reformas constitucionales antes citadas.
Conceptos de violación.
Con el objeto de precisar el alcance y consecuencias de las conductas denunciadas y que evidentemente son atribuibles a todos y cada uno de los servidores públicos que mencionamos en el promedio de este escrito y que son violatorias del orden jurídico que rigurosamente establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Yucatán, rectamente entendida ahora formulamos las siguientes consideraciones:
1. El artículo 116 de la Constitución General de la República establece que los poderes de los estados se organizarán conforme a su Constitución local con sujeción, entre otras normas que establece la Ley fundamental, a las siguientes:
"La elección de los gobernadores de los estados y de las Legislaturas locales será directa."
Ahora bien, los diputados locales cuyos nombres han quedado consignados en el proemio de este escrito, al dar su voto afirmativo al dictamen presentado ante el pleno de la sesión del Congreso local de fecha 23 de abril de 1993, incurrieron en una violación grave al dispositivo constitucional precisado. Pues si bien es cierto que el Estado de Yucatán tiene autonomía de hacer reformas a su Constitución local, sus facultades tienen expresamente la alimentación contenida en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución General de la República.
Dicho de otra manera, concluida la gestión constitucional por parte de la actual gobernadora Dulce María Sauri Riancho, en expreso acatamiento del artículo 116 de la Constitución Federal, procede a elegir gobernador por elección directa.
El dispositivo constitucional invocado permite que se elija gobernador conforme a la legislación local por período inferior de seis años, como se establece en la reforma en la que el nuevo gobernador tendrá una duración en el ejercicio de su encargo de dieciocho meses.
Pero la norma fundamental no permite que la designación la haga el Congreso Local, pues exige en todos los casos, que la elección sea directa, cuando la Constitución prohibe totalmente en tanto que cuando procede, concede el mínimo. En el caso particular la prohibición a que se refiere el precepto es absoluta.
Adviértase que en especie no se dan las hipótesis que la propia Constitución local prevé para nombrar gobernador interino. En efecto, no se da la situación de un gobernador que no se presenta, tampoco se surte la hipótesis de una ausencia de elecciones al terminar el período constitucional, con la consiguiente falta del gobernador electo, porque en esta hipótesis, la función del gobernador interino es convocar a elecciones constitucionales.
La Constitución federal en su artículo 116 exige que al concluir el período constitucional, el gobernador se elija mediante voto directo. El Congreso local si tiene facultad para limitar el período del ejercicio del Gobierno, del gobernador constitucional por un período menor a seis años, pero en ningún caso tiene facultades para designarlo, suprimiendo elecciones, aunque le llamen gobernador interino.
2. La conducta de los diputados locales al haber emitido un voto favorable, sabedores de que con su voto se violaba la Constitución General de la República en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 116, redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales en virtud de que se priva por un tiempo determinado al pueblo de Yucatán, de su derecho a nombrar por elección directa gobernador constitucional de su Estado.
A mayor abundamiento, dicha conducta constituye un ataque a la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático y federal a que hace referencia el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque:
a) Al designarse gobernador interino, habiendo concluido el período constitucional, se impide la celebración de elecciones en las que por voto directo, el pueblo de Yucatán elija su gobernador y concomitantemente se impide la oportunidad que sólo la democracia permite, de que el pueblo sancione al Gobierno constitucional que concluye. Se impide, asimismo, la posibilidad de alternancia en el poder. Qué duda cabe que con ello se quebrantan los principios representativo y democrático que son consubstanciales al Estado Mexicano.
b) Al violarse lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Constitución, se hace nugatoria una de las normas fundamentales a las que debe sujetarse la organización de los poderes de los Estados y con ellos se hiere el principio del federalismo que caracterizan al Estado Mexicano, conllevando el riesgo, de que dichas conductas sean emuladas en el resto de las entidades federativas, envenenando el régimen federal. Más aún, de tolerarse este atropello, se abre el camino para
que en su momento se aplique este criterio para interinatos del Ejecutivo Federal.
Por lo anterior, queda de manifiesto que las conductas que les atribuimos a los servidores públicos denunciados, constituyen la irreparable infracción grave a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, causa perjuicio severo a la Federación y al Estado de Yucatán por el trastorno que ocasiona al funcionamiento normal de las instituciones.
La gobernadora del Estado de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, al promulgar y ordenar la publicación del decreto número 570 en el Diario Oficial de Yucatán el 24 de abril de 1993, es responsable de las mismas violaciones a que se hace referencia en apartados anteriores, no sólo porque con su conducta le dio vigencia a las reformas constitucionales, sino porque además estuvo en posibilidad de impedir que se consumara la violación, ejerciendo el derecho, sin que lo haya hecho, que le confiere el artículo 38 de la Constitución Local.
c) Los servidores públicos denunciados son sujetos de juicio político porque están comprendidos en lo dispuesto por el párrafo II del artículo 110 de la Constitución General de la República. Las conductas que les imputamos son materia de juicio político, por ser de las que se mencionan en el segundo párrafo del artículo 5o. En relación con lo dispuesto por los artículos 6o. y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pruebas.
Para establecer la existencia de la infracción que denunciamos y la
responsabilidad de los Servidores Públicos, ofrecemos desde ahora las siguientes pruebas:
1. Documental pública consistente en un ejemplar original de la edición número 27 mil 338, correspondiente al año 1993 del Diario Oficial, órgano de publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, de fecha sábado 24 de abril de 1993, mismo que acompañamos como anexo único.
2. Documental pública consistente en la transcripción certificada del Diario de los Debates, correspondiente a la presentación de la iniciativa materia de esta denuncia; su discusión, votación y aprobación.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, manifestamos que esta prueba obra en poder del Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán y por ello solicitamos que en su oportunidad la subcomisión de Examen Previo la solicite, a su vez, para los efectos conducentes.
Por lo expuesto a usted ciudadano oficial mayor atentamente pedimos se sirva:
1o. Tenernos por presentados, formulando denuncia en la forma y términos a que se contrae el presente escrito;
2o. Previa ratificación de la misma, se sirva turnarla a la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, para la tramitación correspondiente.
México, D. F., a 29 de abril de 1993.
Luis H. Correa Mena, Diego Fernández de Ceballos, Juan de Dios Castro Lozano, Gabriel Jiménez Remus, César Jáuregui Robles, Arturo Torres del Valle, José Guadalupe Tarcisio Rodríguez, Germán Petersen, Joaquín Martínez Gallardo, Daniel de la Garza, Gonzalo Altamirano Dimas, Benigno Aladro, Esteban Zamora Camacho, Raymundo Gómez, Miguel Gómez Guerrero, Ernesto Enciso Clark, Adrián del Arenal, Jorge Sánchez Muñoz, Salvador Abascal, Lydia Madero, Juan Luis Calderón, Napoleón Gallardo Ledezma, Miguel Martínez Mireles, Fernando Estrada Sámano, Concepción Trinidad Rosas, Luis Alberto Rejón Peraza, Hugo Sergio Palacios, Rafael Puga Tovar, Luis Silverio Suárez Ancona, Ana Teresa Aranda Orozco, Humberto Flores Cuéllar, J. Antonio Gómez Urquiza. Luis González, Fernando Lugo, Jorge Zermeño y Marco Humberto Aguilar Coronado. Muchas gracias.»
La Presidenta:
Muchas gracias señor diputado.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se incluya en el Diario de los Debates lo solicitado por el diputado Luis Humberto Correa Mena. Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar, para el mismo asunto.
El diputado Miguel González Avelar:
Señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados:
Hace una semana el estimable compañero diputado Juan de Dios Castro, vino aquí a hacer una denuncia sobre lo que llamó, una amenaza que se cernía sobre el pueblo de Yucatán. Esa amenaza era, en sus propias palabras, el mecanismo con el cual estamos ya tan familiarizados, que la Legislatura del Estado de Yucatán, habrá discurrido para ajustar el calendario electoral de los poderes estatales, según las conveniencias de esa misma entidad federativa y sus autoridades representativas.
Yo comenté entonces, que estábamos en realidad ante una hipótesis, que estábamos ante un supuesto que podía o que podía no darse; que no podíamos convertir por tanto a esta Cámara de Diputados en una especie de contraloría preventiva que estuviese atisbando la actividad de todas las legislaturas de los estados para adivinar o para presumir o incluso para identificar algunas acciones de esas legislaturas, que tuvieran luego consecuencias violatorias o que transgredieran algún precepto de la Constitución.
Decía yo en pocas palabras, que no podíamos establecer la censura previa a las actividades de las legislaturas de los estados, sin incurrir en una grave violación a las facultades constitucionales que esos órganos de gobierno local tienen atribuido. Y tuve la impresión, por la intervención que posteriormente hubo también aquí sobre el mismo asunto, que en eso estábamos de acuerdo.
También dije que los Estados a mi entender, sí tienen definitivamente sí tienen, sí tienen, definitivamente sí tienen la facultad de hacer ajustes a su calendario electoral, so pena de verse sometidos perpetuamente, a un determinado ritmo o calendario para hacer sus elecciones. Que esa facultad, que según entiendo también se ha reconocido, incluso el día de hoy, era una facultad que tenía que ejercitarse en el marco y de acuerdo con los preceptos de la Constitución General de la República. Pero que la facultad la tenían, no cabía para mí ninguna duda.
Y que de lo que estábamos quizá hablando en el fondo, era de un problema de grado. Si una legislatura estatal decide cambiar, es una hipótesis, por una semana su calendario electoral, por 15 días su calendario electoral, es inconcuso, es patente, que sería insensato, emprender todos los trabajos conducentes a una elección de gobernador estatal, para cubrir el día, la semana, las dos, tres semanas, el mes, etcétera. Que por lo tanto bien podía la legislatura del Estado, resolver precisamente sobre ese lapso. De otra manera sería indispensable siempre, que se convocara, repito, para un lapso extraordinariamente breve o mediano o más o menos largo, a un proceso electoral, cuyas dificultades y trascendencia no escapa a la ilustración de ninguno de los presentes.
Que esa facultad de ajustar el calendario electoral, naturalmente no se podía extender más allá de los seis años; esto es algo que cae por su propio peso, es una limitación constitucional expresa. Ningún período en la gubernatura de un Estado o en el Poder Ejecutivo Federal, puede extenderse por más de seis años. Y se ha aceptado aquí, se ha dicho que menos sí. De modo que el problema es qué tanto menos; cinco años, cuatro años, tres años, dos años, un año, dos días. Si esta es la consideración que el Congreso del estado tuvo que hacerse para en su momento tomar una decisión.
Lo han hecho otros estados ya: Sonora, Chiapas, Jalisco y entiendo que por lo menos en un caso, los señores diputados del Partido Acción Nacional, que ha sido en esta ocasión el ponente del asunto que nos ocupa, han aprobado, han votado afirmativamente las reformas.
La elección directa se invoca, por otra parte, como el argumento que hace absolutamente imposible que haya un gobernador designado por la legislatura estatal, para fungir durante ese lapso más o menos amplio.
Se dice: siempre será un gobernador por elección directa. Y bien saben, los señores diputados que me hacen el favor de escucharme, que no todos los gobernadores de los estados han sido o ejercen, diríamos, su función con base en la elección directa.
Las constituciones de los estados enumeran diversas hipótesis en las cuales un funcionario llamado gobernador del Estado, entra al desempeño de su tarea, como provisional, como sustituto, incluso por designación en una lista de prelación entre funcionarios del propio Estado. No ha habido ahí elección directa, ciertamente, pero ha habido un gobernador legalmente constituido. Y es que ese precepto, elección directa, debe a mi juicio entenderse para el caso de la elección, para regular la elección misma. La elección tiene que ser directa, no puede ser una elección indirecta, no puede haber compromisos, no puede haber electores de primero o de segundo grado. Si es elección tiene que ser elección directa. Pero hay otros casos que estamos justamente recordando, evocando aquí, en los cuales un gobernador del Estado accede legalmente, con todos los títulos constitucionales, al desempeño de su cargo, sin que haya tenido como fuente una elección directa.
¿Qué ha pasado después de esa sesión de hace una semana, después de la sesión de antier, en la que volvió a repetirse el asunto y se trajo aquí a esta tribuna? Pues ha pasado que se presentó la iniciativa, efectivamente, el viernes de la semana pasada, se aprobó y la gobernadora del Estado promulgó esa reforma constitucional aprobada por el Congreso local.
Hoy la bancada panista en boca del estimable diputado Rachó, que a veces pienso que él piensa que el número de decibeles contribuye a mejorar nuestra comprensión de los argumentos, viene a presentar una acusación contrariando, por cierto con ella, el artículo 33 del Reglamento Interior del Congreso General.
Yo rogaría a la señora Presidenta autorizara, pidiera al señor secretario que leyera la fracción primera del artículo 33 del Reglamento Interior del Congreso General.
La Presidenta:
Haga lo que le solicita el diputado González Avelar, señor Secretario.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 33. Se presentarán en sesión secreta:
Primero. Las acusaciones que sean contra los miembros de la Cámara, el Presidente de la República, los secretarios de despacho, los gobernadores de los estados o los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Segundo. ...
El diputado Miguel González Avelar:
Con eso es suficiente. Muchas gracias.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Servido, señor diputado.
El diputado Miguel González Avelar:
Muchas gracias.
Es patente ¿no?, es obvio. Sin embargo no haré cuestión de este asunto, para nada haré cuestión de este asunto, ni siquiera lo comento. Hay un procedimiento para la acción que se ha intentado y seguramente por este mecanismo y camino seguirá la tramitación de ese asunto.
Pero esto no quiere decir que rehuyamos el debate, de ninguna manera, porque no puede ignorar la bancada panista que el día de hoy, y digo, por el acceso que todos tenemos a los medios de comunicación masiva, no puede negar, digo, que el día de hoy la gobernadora del Estado de Yucatán, la licenciada Dulce María Sauri, ha declarado públicamente, y creo que consta a todos los que han tenido acceso a esa comunicación que es del dominio público en este momento, ha declarado, repito, que está enviando una iniciativa con objeto de que ese gobernador del que tanto se ha estado aquí hablando será, al igual que los presidentes municipales y los legisladores estaduales que se elegirán en noviembre de este año, será un gobernador elegido en elecciones directas.
Por lo tanto, diría yo no hay materia, no hay sustento ya al menos para sostener esta preocupación en los términos en los que ha sido presentada.
Yo sé que en esto, en ello, algunos verán una mera derrota para nuestra agrupación política. Se equivocan y se equivocan porque si ya habíamos matado al tigre no le íbamos a salir corriendo al cuero, como suele decirse. Yo dije hace una semana que recogíamos aquí con gran respeto y consideración las inquietudes presentadas por quienes hicieron uso de la tribuna en esa ocasión y que esa tentativa a la que se estaban refiriendo sería analizada cuidadosamente por el partido mayoritario, que al efecto tenía en sus manos la decisión correspondiente.
Reitero que para nosotros, lo dije en aquella ocasión, que era una cuestión de grado, como he tratado de mostrar a esta respetable Asamblea y la reflexión se ha hecho, somos un partido grande, un partido cuyos mecanismos de consenso son complejos y me entenderán fácilmente los demás partidos que no escapan también a estas dificultades de integrar y de armar los consensos que hacen falta, pero la decisión ha llegado y no deja a mi juicio resquicio alguno ahora, no lo dejaba antes pero ahora está sellada, digamos, blindada, acerca de la juridicidad del procedimiento que se adoptará.
Véase pues, señoras y señores diputados como un triunfo de la razón, como un triunfo de la reflexión, la decisión que ha anunciado la gobernadora el día de hoy es una aportación al ambiente de entendimiento que debe prevalecer en la República, para superar las estériles dicotomías del todo o nada, del amigo o enemigo para poder de verdad en la realidad concreta de los hechos, progresar en el camino del desarrollo democrático de México. Gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Juan de Dios en el mismo tema.
El diputado Roberto Madrazo Pintado:
(Desde su curul). Solicito se dé lectura al artículo 102 del Reglamento.
La Presidenta:
El diputado pidió la palabra para contestar alusiones personales al tema, en ese sentido dentro del Reglamento.
Señor Secretario, le solicitamos dé lectura al artículo 102 del Reglamento.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señora Presidenta, antes de la lectura quisiera que usted precisara cuál fue su acuerdo inicial antes del pedimento de rectificación.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Y para el tema.
La Presidenta:
Eso lo señaló usted cuando venía para acá.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 102. Los individuos de la Cámara aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos." Servida señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias señor Secretario. Señor Secretario lea por favor el artículo 96 del Reglamento.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 96. El Presidente formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra de los que la pidan en pro, las cuales leerá íntegra antes de comenzar la discusión." Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
El diputado Juan de Dios tiene la palabra para contestar alusiones personales en términos del artículo 102 del Reglamento y en el tema se anexa en la relación de los demás oradores que van a intervenir en el mismo.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Yo le ruego que de usted lectura nuevamente a la lista de oradores que fueron inscritos conforme al artículo 96 del Reglamento para la discusión de este tema, por favor.
La Presidenta:
Señor diputado, con antelación leímos la lista.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Yo le ruego que la vuelva a leer la Secretaría, por favor, compañera Presidenta.
La Presidenta:
Le solicito a la Secretaría, lea la lista de los diputados que intervienen en el asunto de hechos en Yucatán.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Diputados: Luis Humberto Correa Mena, del Partido Acción Nacional, Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista y Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática. Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
El señor diputado Juan de Dios tiene la palabra en los términos del 102, para contestar alusiones personales, por cinco minutos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Antes, señora Presidenta, antes de que se me tome el tiempo de cinco minutos y acatando su invitación, ¿podría precisar la secretaría, de esos oradores, cuántos están en pro y cuántos en contra para hacer aplicable el artículo 96?
La Presidenta:
Señor Secretario.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Sólo están inscritos para el tema los señores diputados que acabamos de hacer mención.
La Presidenta:
Señor Secretario... permítame, señor orador, discúlpeme.
Yo nada más quiero señalar una cuestión. Aquí cuando hay acuerdos parlamentarios, muchas cosas del Reglamento no se toman textualmente, y sí a partir de la siguiente sesión aplicamos en los términos estrictos cada uno de los artículos del Reglamento, muchas de las sesiones no saldrían adelante, y en eso todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias lo conocen y lo saben perfectamente bien.
En aras de que las cosas sigan adelante, de que el debate siga su curso, esta Presidencia le da la palabra al diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional, por cinco minutos, para contestar alusiones personales, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señora Presidenta, señoras y señores.
Trataré de agotar en los cinco minutos que con generosidad nos ha concedido la Presidencia, este tema que tiene gran importancia....
La Presidenta:
Permítame señor diputado. Se le va agregar en la lista por 30 minutos, para que hable acerca del tema, al término del diputado Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Quisiera que se empezara el tiempo en este momento señora Presidenta, sí, señores diputados.
Ya, ya. No desean un debate amplio y profundo sobre el tema de Yucatán que es un golpe al federalismo mexicano.
Voy a contestar al señor diputado, que empezó aludiendo al de la palabra. Nosotros señalamos que no era la Cámara de Diputados una contraloría preventiva, porque en su momento no pedíamos ningún acuerdo de la Cámara para que se aplicara al Congreso local de Yucatán.
Dice el señor diputado González Avelar, que el problema de la reforma constitucional en Yucatán es un problema de grado. Un gobernador interino por seis meses, por una semana, por un día, por un año o por 18 meses como pretende la reforma constitucional, dice que sí tiene facultades el Congreso local del Estado de Yucatán, para aprobar una reforma en estos términos.
No señores diputados. Las ausencias del gobernador por un día, dos días, tres días están previstas en la Constitución Local del Estado, en ausencia del gobernador constitucional.
El plano del debate es otro, concluido el período constitucional de seis años, puede el Congreso local nombrar un gobernador interino, aunque le llame así, de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Constitución Federal, que usted y todos nosotros protestamos cumplir y también los diputados del Congreso de Yucatán.
Usted dice que sí, y yo digo que no. Su gobernadora ha reflexionado y ha enviado una iniciativa de contrareforma, ¿por qué, señor diputado?, si la reforma en su opinión era constitucional.
Y quiero aclararle que los diputados locales de Yucatán del PAN no votaron favorablemente el proyecto de reformas como usted lo afirmó y menos la violación al artículo 116. Usted lo dijo, señor diputado. Si lo hubieran votado, no importa que fuera diputado de Acción Nacional, habría quedado incluidos en la solicitud y demanda de juicio político.
El artículo 116 es claro, señoras y señores. La elección de los gobernadores de los estados será directa. Son autónomos los congresos locales para adecuar y adaptar sus calendarios
electorales a los intereses del Estado. Sí. No nos oponemos a ello, no nos oponemos a que se hagan las adecuaciones convenientes, pero no por las razones que dicen sus compañeros diputados en su iniciativa de Ley; sus compañeros diputados dicen: "para evitar que otros grupos puedan ganar espacios políticos". No es legítimo, ¿no es legítimo que los partidos políticos quieran ganar espacios políticos, el suyo o el nuestro, en Yucatán, en Coahuila, en Sonora o en todo el país? sí, pero sin violar la Constitución.
Luego dice que el artículo 33 dice que estas cuestiones deben tratarse en sesión secreta. Está equivocado, señor. No estamos discutiendo el dictamen. Dimos a conocer única y exclusivamente el contenido de la denuncia, de la demanda de juicio político para los funcionarios; no estamos pidiendo todavía a este pleno de la Cámara la sanción, eso será cuando la comisión elabore su dictamen, la comisión, subcomisión de examen previo, si estima que procede, al pleno de las comisiones unidas y luego al pleno de la Cámara, para que se constituya en asamblea de acusación.
Pero señor diputado Miguel González Avelar, termino con algo. Usted señaló que la demanda de juicio político ha quedado sin materia, porque la gobernadora de Yucatán ha manifestado, señoras y señores diputados, que enviará una iniciativa de contrarreforma a la Constitución local del Estado de Yucatán, para dejar sin efecto la violación constitucional. Y dijo usted: "la decisión ha llegado". Sí, termino, señor diputado....
La Presidenta:
Se concede cinco minutos más al diputado Juan de Dios.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Presidenta:
Usted dijo, señor diputado González Avelar;: "la decisión ha llegado", porque la gobernadora interina de Yucatán, en conferencia de prensa, ha manifestado su iniciativa de contrarreforma. El juicio, dice, ha quedado sin materia. Bueno, pues yo le digo al diputado González Avelar, con todo respeto: qué pobre favor le hace a los poderes del Estado de Yucatán y pobre favor le hace a la autonomía del Estado.
Qué, ¿la gobernadora sustituye al Congreso local de Yucatán? Qué, ¿sólo por haber presentado o decir que va a presentar o porque ya la presentó, se estima que ha quedado sin efecto la reforma inconstitucional?
Señor diputado Miguel González Avelar, se tiene que seguir todavía un largo procedimiento. Que la iniciativa que presente Dulce María Saluri Riancho, gobernadora de Yucatán, sea discutida en comisión. Usted me dirá. ¿Se va también a hacer una sesión apresurada, urgente como la que se hizo para la reforma inconstitucional. La Comisión, en una mañana, a espaldas del pueblo va a sesionar. En una sola sesión se dispensará la primera y se dispensará la segunda lectura, y se pasará a debate y se pasará a votación, como se violaron todas las disposiciones reglamentarias para la reforma inconstitucional; entonces dirá el señor diputado Miguel González Avelar: si se hace así, quedará subsanada la violación y el juicio constitucional sin materia.
No señor diputado, quiero decirle que la violación se consumó. Los señores diputados locales votaron, la señora gobernadora sancionó, promulgó y publicó el decreto; la reforma constitucional pasó por todas las comisiones que establece la Constitución local. Se violó la Constitución. Se incurrió en la responsabilidad a que hace referencia el artículo 109 y 110 de la Constitución General de la República, se cometió la conducta a que hace referencia el artículo séptimo de la Ley Federal y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en esas condiciones señor diputado, procede el juicio político, aunque se haga la rectificación.
Usted no puede en derecho penal, robarse un automóvil y cuando se presenta la denuncia, se prueba el cuerpo del delito y se prueba su responsabilidad, no puede decir: devuelvo el automóvil y queda sin materia. En algunos códigos Sí, cuando se repara el daño, cuando está previsto en el código, pero no está previsto en la Ley. El juicio de responsabilidad legalmente tiene que continuar hasta sus últimos términos, porque la violación constitucional es irreversible en su comisión.
Podrá repararse, señor diputado, como lo pretende hacer y qué bueno que los haga la gobernadora del Estado, enviando iniciativa de contrarreformas a la Constitución local.
Por otro lado, en el juicio lo único que pedimos es que se cumpla con lo que dice la Ley, y podrá parecer leve, pero la sanción moral del Congreso de la Unión puede ser un ejemplar precedente, porque sabe usted, tratando de gobernador y de diputados locales y de funcionarios del Estado, la resolución del Congreso será declarativa.
Eso es lo que pedimos, porque eso es lo que marca la Constitución General de la República, pero constituirá un saludable precedente en bien de todos los mexicanos y de todos los funcionarios públicos del país.
La Presidenta:
Señor diputado....
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
He terminado.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
(Desde su curul) Antes de que se le agoten los cinco minutos al señor diputado, quisiera hacerle una pregunta.
La Presidenta:
Señor Juan de Dios, ¿acepta una pregunta del diputado Cristóbal Arias, del Partido de la Revolución Democrática?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Si usted lo autoriza señora Presidenta, yo no tengo inconveniente.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
(Desde su curul) Señor diputado, antes de que prosiga ilustrándonos tan sabiamente sobre el procedimiento para enjuiciar políticamente a los servidores públicos, mi pregunta, sin dejar de lado la importancia que tiene su disertación, si sería tan amable en precisar cuál es la posición de su partido. ¿Conoce esta supuesta iniciativa de contrarreforma, como usted le ha llamado, de la gobernadora Sauri al Congreso?
¿Cuál sería la posición de su partido o de usted? ¿Está porque se restablezca el estado de derecho que se considera que se ha violado y que se den las elecciones en los términos en que los estaba estableciendo anteriormente la Constitución? Gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor diputado. Es obvio que lo dejé de manifiesto en mi intervención. Mire usted, yo no conozco porque no he leído textualmente la declaración que hizo la gobernadora Dulce María Sauri Riancho, y las declaraciones que hizo el día de hoy a la prensa nacional.
Me enteré incluso, quiero decírselo, por las manifestaciones de los periodistas el día de hoy, primero, que iba a hacer declaraciones y luego en el sentido de que ya las había hecho y por supuesto, señor diputado, por la declaración del señor diputado Miguel González Avelar en su intervención. Esa es la primera.
La segunda. La postura de mi partido, es la parte medular. Señor es obvio, yo soy uno de los que más han manifestado la necesidad de que vivamos en un estado de derecho y el derecho recogido como fruto de la justicia.
Si existe una violación constitucional y estoy absolutamente convencido de que la existe, porque ya se aprobó el decreto y porque salió publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, pues señor, si la gobernadora del Estado o alguno de los diputados locales del Estado de Yucatán envían una iniciativa de contrarreforma para que en Yucatán, al concluir el período constitucional de seis años, haya elección de gobernador por vía directa, yo le manifiesto que queda reparado formalmente la violación constitucional. Y quiero precisar en la palabra formalmente. La violación se dio, debe ser sancionada, pero se vuelve otra vez al orden constitucional, no sólo en el Estado de Yucatán, sino también en todo el Estado mexicano, porque también se violó la Constitución General de la República.
Pero quiero agregar algo más. Lo ideal sería que también, aparte de respetarse la letra de la Constitución, se respeta también el espíritu de la Constitución, porque, como lo dijo nuestro compañero al leer la denuncia de juicio político, se corre el riesgo también, que lo mismo se haga con el Ejecutivo Federal y recuerde que la Constitución Federal prevé el procedimiento del artículo 135 para hacer reformas constitucionales, desde el punto de vista constitucional sería permitido. Pero hay que respetar no sólo la letra sino también el espíritu de la norma fundamental.
Por supuesto que estamos satisfechos de este paso y de este logro de que se haya vuelto al orden constitucional, una vez que la iniciativa, que apenas se anuncia, entre en vigor, porque en este momento no deja de ser nada más que iniciativa. Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado. Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado González Avelar, y también se le dan 10 minutos.
El diputado Roberto Madrazo Pintado:
(Desde su curul) Señora Presidenta, le pido que nos ajustemos en los términos de los artículos 18 y 19 del Reglamento.
La Presidenta:
Yo presido, señor diputado.
El diputado Roberto Madrazo Pintado:
(Desde su curul) Compañera Presidenta, le ruego que ordene a la Secretaría dar lectura al artículo 18 y 19 del Reglamento.
La Presidenta:
Señor secretario, lea los artículos que le pide el diputado, del Reglamento.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Artículo 18. El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.
Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del Presidente, previa a una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, la cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y que adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes". Servido.
La Presidenta:
Gracias señor Secretario.
El diputado Roberto Madrazo Pintado:
(Desde su curul) Compañera, le ruego que nos ajustemos a los términos del Reglamento en el artículo 102.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Insisto en la vigencia de su imposición en virtud de que el señor diputado no satisfizo el requisito del artículo 19.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar:
Señora Presidenta; en vista de que parece ser que la manzana de la discordia es el tiempo que me hizo el favor de concederme para referirme a los asuntos que me traen aquí de 10 minutos, 15 minutos, propongo que salomónicamente lo dejemos en siete y medio para que no haya mayor cuestión.
Pedí la palabra para alusiones personales, debía haber dicho para archialusiones personales. No concibo cómo en tan pocos minutos puede ser mencionada tantas veces una intervención anterior. Trataré de no dar pábulo a nuevos hechos o interpelaciones o archinterpelaciones personales, pero sí es indispensable que haga las aclaraciones muy puntuales y muy breves ni siquiera en los siete y medio.
Primero, yo no dije, niego radicalmente y ahí está la taquigrafía parlamentaria, que los diputados panistas de la Legislatura de Yucatán hubiesen votado favorablemente la iniciativa. Eso definitivamente no lo dije, sé perfectamente cómo votaron.
Dije que, en ocasiones anteriores, en tres estados de la República: Sonora, Jalisco y Chiapas, se había dado un fenómeno análogo. Que en alguno de ellos, sin que pueda yo precisar en cuál, la diputación de Acción Nacional votó favorablemente y si ese es el caso sus nombres seguramente faltaron en la denuncia que hoy se presentó.
Segundo, el artículo 33 que dispone qué asuntos se presentarán en sesión secreta, no distingue de ninguna manera que se refiera a dictámenes relativos a acusaciones, no. Dice lisa y llanamente que se presentarán en sesión secreta las acusaciones que se hagan contra los miembros de las cámaras, ta, ta, ta y los gobernadores de los estados.
Si lo que hemos escuchado aquí no es una acusación, no sé yo entonces a qué se le pueda llamar una acusación. Y la prueba es que no se distingue es que también se presentan en ese tipo de sesiones, que ciertamente no es ésta, pero ya dije no voy a reclamar ese punto, son oficios con la nota de "reservados" que dirijan otra Cámara, el Ejecutivo, los propios gobernadores, etcétera, asuntos económicos y demás. No es un asunto definitivamente de dictámenes que tienen su tramitación especial.
Tercero, el asunto en los términos que lo comenté, esto es, con una iniciativa que viene a modular la aprobación que recientemente se hizo de los calendarios electorales en el Estado de Yucatán deja a mi juicio y en el momento naturalmente en que se consume de acuerdo con el procedimiento constitucional, deja sin resquicio alguno de la tacha o de la mancha que se ha querido hacer.
Lo que yo he dicho es que teniendo esa facultad es opinable, es controvertible, es discutible, entra no en el poder de los axiomas o de las verdades evidentes por si mismas, sino que entra en esa ponderación que es la sustancia misma de la política y que, en ese territorio de la política es como se está haciendo esa corrección.
Y por lo que se refiere a la participación que en ello hayan de tener los diputados de la mayoría, informo también a sí en general, sin alusión ninguna, que desde hace algunos años existen unas entidades de interés público que se llaman "partidos políticos" a las cuales normalmente es deseable que se ajusten de una manera razonada, pero de una manera esperable también las resoluciones de cada uno de sus miembros, esto es, los partidos políticos existen. Y cuando son mayoritarios hay el derecho de presumir que una determinada iniciativa que procedería de miembros de ese partido, puede tener un buen éxito.
Por último, la homologación, la homologación entre un asunto como el que nos ocupa y los procedimientos penales, sobre todo los que pertenecen a escuelas penales que quedaron enterradas en las tenebrosas brumas de siglos pasados, es una alusión o una interpretación del derecho penal que ciertamente no comparto y que estamos, por otra parte, preparados y dispuestos para esa contienda electoral que también debe decirse, estamos promoviendo nosotros. Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado González Avelar por ajustarse a los términos del Reglamento.
Tiene la palabra del diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, compañera Presidenta; honorable Asamblea:
El tiempo de la democracia no transita en un reloj sincrónico, el tiempo de la democracia transita en un reloj diacrónico.
Se menciona que en la época de Porfirio Díaz el conserje del Palacio Nacional tenía instrucciones de no tocar las 8.00 en el reloj de Palacio si no había llegado el señor Presidente; si el señor Presidente no había llegado a Palacio no podían dar las 8.00 así fueran las 11.00. Hay alguna semejanza con la cuestión que nos ocupa.
Pareciera entonces que las entidades federativas y el federalismo que hoy festejamos, con Ramos Arizpe, suponen que cada entidad federativa tiene su ritmo político, tiene su reloj, tiene sus ciudadanos y que es titular cada entidad federativa de desenvolver su actividad política dentro de su propio reloj.
La Constitución dice que los periodos gubernamentales no deben exceder de seis años. Pues sí, lo razonable, lo correcto, lo que va bien, lo que funciona, es que los periodos gubernamentales tengan una duración suficiente para que los ejecutivos desarrollen un programa, un programa de Gobierno; puede ser de cuatro a seis años, eso es lo sensato, cuatro, cinco, seis años. Pero resulta evidentemente insensato para el reloj del federalismo que un período gubernamental dure menos de dos años; es insensato, no es razonable. Aquí no transita la lógica de los razonable al reducir el período gubernamental a menos de dos años.
El decreto cuestionado dice en su parte esencial lo siguiente: "Si al comenzar un período constitucional no se presente el gobernador electo o la elección no estuviere hecha y declarada el día 1o. de agosto, cesará el gobernador cuyo período hubiere concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, con el carácter de interino, el ciudadano que designe el Congreso".
Se está haciendo una designación de gobernador por los representantes populares pero se está contraviniendo el 116 de la Constitución, fracción II, que ordena " ... que la elección debe ser
directa". Esta es una flagrante violación, evidente violación que quedó consumada en los hechos; que quedó registrada en la vida política del Estado y que da materia a la denuncia justificada que aquí ha presentado el Partido Acción Nacional; se trata de que la votación, decíamos, sea verdadera. Y permítame agregar dos categorías a los votos incorrectos que no dan vida a la democracia. Uno de ellos es el voto ausente; el ausentismo y la abstención, que son dos cosas distintas: la abstención significa que el votante anula su voto, votando cruzando varios símbolos al mismo tiempo escribiendo majaderías en la cédula de votación. Ese es un caso de abstención; se abstiene de votar y niega su voto.
El caso del ausentismo es un problema muy grave en el país. En las últimas elecciones el número de ciudadanos que se abstienen es enorme, en algunos casos va al 50, al 60, al 70, hasta el 75 y 80%, ¿qué pasa con esa enorme abstención?, que las elecciones como que no son muy tranquilas; como que algunos tienen miedo de ir a votar o siguen la costumbre de la apatía o consideran que es inútil votar, porque nada puede cambiar los males sociales o que de cualquier manera va a ganar el partido oficial o porque se consideran extraños en la sociedad en que conviven por padecer olvido y marginación, ya que la sociedad no los toma en cuenta. Por carecer de información y no tener compromiso con la sociedad en que convive. Los que carecen de condiciones para participar en la vida política de la sociedad, porque están inválidos, enfermos, frustrados y en extrema pobreza.
Quiere decir que hay un enorme ausentismo, el voto ausente. Y hay otro problema, el voto simulado, se vota por llevar un formulismo, se vota sin elegir, se vota por mero ritualismo para cubrir las apariencias. Si queremos transitar en la democracia, necesitamos votaciones competidas, nutridas, con abundante participación ciudadana. Pero para que las elecciones sean verdaderamente democráticas, necesitamos respetar los términos y los derechos fundamentales, políticos del ciudadano.
Un estado de derecho es aquel que respeta las leyes, respeta las instituciones y respeta y hace posible que se ejercite, efectivamente, el derecho de los ciudadanos para votar en las elecciones.
La importancia que tiene la denuncia, es de establecer un precedente, un precedente porque el tiempo que se acabó es el tiempo del centralismo, es el tiempo del presidencialismo. Y el tiempo que empieza, es el tiempo de la democracia, es el tiempo del tránsito a la democracia.
Habíamos visto que el problema legal era inequívoco, que los ciudadanos tienen el derecho de votar, de tomar parte en los asuntos públicos, que el votar es para ellos una obligación, que todo poder público debe dimanar del electorado, del pueblo. Que el pueblo mexicano definió su forma de Gobierno, como una república. Y la república es una omnicracia, omnicracia es un Gobierno con participación ciudadana, no es una monoburocracia, en Gobierno de uno solo, un elector supremo, sino que es una poliarquía, es un régimen donde la sociedad civil, con una diversidad de relojes, una diversidad y una pluralidad de partidos, establece la exigencia democrática de la renovación, de la alternancia en el poder. El continuismo es contrario a la vida democrática.
Entonces, la Federación está compuesta de estados libres y soberanos; pero la soberanía de las entidades federativas, no abarca ninguna facultad para que los gobiernos locales puedan modificar los términos generales de la Constitución, porque en ningún caso las constituciones locales pueden alterar o modificar los términos globales de la estructura constitucional, que es representativa. Quiere decir que se tiene que expresar por el Gobierno en todos y cada uno de sus actos, la voluntad social, la voluntad pública, la voluntad popular.
Si por falta de un ejecutivo procede nombrar gobernador interino, hay que precisar cuándo es cuando procede nombrar gobernador interino. Un gobernador interino se puede nombrar cuando estando en funciones el gobernador constitucional, se ve obligado a ausentarse de ejercicio del cargo y tiene que solicitar una licencia. Si la licencia es al principio del sexenio, se convoca a elecciones constitucionales y si es al fin del sexenio, si solamente falta un año, el interino termina el sexenio.
El gobernador interino también se puede designar cuando estando electo un gobernador constitucional, no asume las funciones. Pero la condición lógica y necesaria para que se pueda designar gobernador interino, es que el gobernador constitucional se vea impedido de ejercer sus funciones, o no asuma sus funciones. Sólo y en ese caso se puede designar interino. Pero es incorrecto que en este nuevo anómalo sistema que se está profundizando, decíamos, llamado sexeinterinatos, que no son ni sexenal, sino cuyo tiempo es un tiempo equívoco y parcelado, porque en cualquier momento del día o de la noche se puede quitar a un funcionario de elección popular, mandarlo de embajador o mandarlo a otra área de la Administración Pública, aunque
no tenga ningún antecedente ni competencia técnica sobre esa rama de la administración pública.
La designación de los funcionarios, el único camino legítimo es a través de las elecciones y se debe de respetar el espacio de los partidos, se debe respetar el espacio de los ciudadanos que tienen una vida independiente y un derecho a votar.
A nosotros, a cualquier funcionario público, nos corresponde el deber de hacer respetar, en primer término, la Constitución General de la República, por el precepto que ordena la supremacía de la Constitución. El primer deber que tenemos como deber jurídico, político, moral e histórico es respetar la Constitución. Es manifiesto que frente a la protesta y frente a la inconformidad cívica que este atropello ha ocasionado, el régimen se ha visto obligado a rectificar.
Ciertamente la controversia política no es entre todo o nada, sino es entre lo mejor y lo peor, entre lo que es más correcto en la razón social y en la justicia. Pues bien, para abrir el espacio de la razón social y de la justicia, tenemos que ser firmes. Si vamos a celebrar el 1o. de mayo, el Día del Trabajo, recordemos el ejemplo que nos dejaron los mártires de Chicago y con eso voy a terminar.
Con ustedes saben, al inicio del desarrollo industrial los trabajadores cumplían labores de 14, de 16 horas, de 12, de 10 horas las mujeres y hasta los niños tenían actividad laboral. El movimiento se presentó en muchas partes del mundo; aquí en nuestra patria y en los países industriales, para que existiera una jornada máxima, para que existiera condiciones de justicia dignas en el trabajo, pero los que encabezaban este movimiento fueron detenidos porque en uno de los mítines se hizo un disparo, murió un policía y se tomó en represión política a varios dirigentes y se les condenó a morir en el cadalso.
Dentro de los que iban a esta pena se encontraba un joven, un joven que tenía una cabellera enorme, rizada, una cabellera rubia y era un sujeto que tenía buena apariencia; como tenía buena apariencia tenía una novia muy guapa e influyente, de las más fuertes familias aristocráticas, que movió cielo y tierra para rescatar la vida de su novio. No siendo esto posible, por la cerrazón del Gobierno y la cerrazón patronal, esta pareja se casó en la cárcel y cuando este joven iba al cadalso se puso debajo del pelo abundante que tenía, un cartucho de dinamita y antes de padecer la ignominia de morir en el cadalso, hizo con su potente voz un grito libertario y prendió la dinamita. Sólo con esa firme decisión se rescatan los derechos.
Aquí tenemos que poner a prueba dos cosas: la necesidad de que el Gobierno rectifique en esto y en muchas otras cosas. Y la unidad de la justicia y de los partidos, cuando es firme, abrirá todos los horizontes. Es todo, compañeros.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputado González Durán.
Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para externar a ustedes nuestra opinión en torno a las reformas realizadas a la Constitución del Estado de Yucatán. Este tema que ha ocupado buena parte de nuestros iniciales trabajos de este período, es un tema que durante muchos años ha sido motivo de comentarios políticos en Yucatán e inclusive en alguna ocasión un intento de presentar una iniciativa en un sentido semejante al que hoy se ha realizado.
Desde aquella ocasión, recuerdo que el Comité Directivo Estatal de mi partido en Yucatán, había expresado su opinión favorable a esta modificación y ahora que se presentó el proyecto, que conocimos la iniciativa, después de analizarla convencidos los miembros de mi partido ahí en el Estado de Yucatán, decidieron que era una iniciativa que debiera aprobarse. Y voy a concretarme al aspecto que se refiere a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la medida.
El decreto publicado el día 24 de abril incluye modificaciones a diversos artículos de la Constitución pero algunos solamente para establecer nuevas fechas de periodos de sesiones del Congreso, fechas de tomas de posesión, pero realmente el que modifica las cosas es el artículo 48, que es el que estamos discutiendo, porque señala que se cambiará la fecha de la elección y que el gobernador tomará posesión en lugar de ser el 1o. de febrero de 1994, el 1o. de agosto de 1995.
Quiere esto decir que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que
establece que la elección del gobernador será popular, directa y en los términos establecidos por la Ley Electoral del Estado, no se modifica; quiere decir que no se vulnera ese principio en la Constitución yucateca.
El artículo 48, que además de las fechas incluye también la afirmación que es congruente con la Constitución Federal, de que el gobernador no podrá durar en su encargo más de seis años, tampoco se modifica y en un transitorio se establece que el Congreso del Estado eligirá a una persona diferente de la que ocupa actualmente el cargo de gobernador, que es la licenciada Dulce María Sauri, para que no se prolongue este mandato más de los seis años que establece nuestra Constitución.
También hay un artículo que es el artículo 50, que establece que ante la falta absoluta de gobernador o si la elección no estuviere hecha y declarada el día correspondiente, tiene el Congreso del Estado obligación de designar un gobernador interino que inicie ese período. Este precepto que está establecido en la Constitución Política del Estado de Yucatán, no es un invento nuestro, no fue incluido en la reforma que nos ocupa, es un viejo precepto en la Constitución Pública del Estado de Yucatán, que no es más que la adecuación de lo establecido en el artículo 81 y en el artículo 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 81 de la Constitución Política dice que la elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral, una redacción casi idéntica a la correspondiente al artículo 45 de nuestra Constitución en Yucatán.
Y en el artículo 85, establece nuestra Constitución Federal que si al comenzar un período constitucional no se presentase el Presidente electo o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará sin embargo el Presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión.
Palabras más, palabras menos, es la redacción que corresponde al inicio también del artículo 50 de la Constitución yucateca. Y tengo en mis manos un ejemplar reciente, de esos que edita periódicamente la Cámara de Diputados, una Constitución comentada, y en la página 234 explica que tanto lo dispuesto en el artículo 84 como lo establecido por éste, obedecen al principio de que siempre debe existir en funciones un titular del Ejecutivo.
Como se podrá ver, de las reformas realizadas en el Estado de Yucatán, ninguna vulnera en nuestra Constitución, algún principio que sea contrario al pacto federal.
El debate que se ha suscitado aquí, es solamente en función de un transitorio, es ahí donde está la discusión, donde se señala que por esta única vez será necesario que se nombre a ese gobernador interino por el plazo que va del 1o. de febrero al 31 de julio, de 1994 y de 1995, respectivamente.
Por ello comparto muchos de los juicios que aquí se han expresado, por ejemplo que el hecho de que se señale que la elección es directa, es para diferenciarla de la elección indirecta, no para suponer que no puede haber otra vía de acceso al cargo de gobernador del Estado, porque los hechos demuestran y sobre todo en los tiempos recientes, que hay otras vías para un titular del Ejecutivo entre en funciones.
Desde nuestro punto de vista, ni hubo violación a la Constitución con la reforma del 23 de abril, ni la habrá en el caso de que la iniciativa anunciada hoy por la gobernadora del Estado de Yucatán, corrija ese hecho, pero sí queremos nosotros dejar claramente establecida nuestra postura.
Lo que nos preocupa de esta nueva iniciativa, no es el aspecto jurídico, es el aspecto político. Nos parece a nosotros que éste es producto de una nueva presión y de una nueva concertación entre el Gobierno y el Partido de Acción Nacional, como la que se dio en el caso de Guanajuato, que por cierto la violación a la Constitución del Estado de Guanajuato, ya no digamos no propició escándalo, ni siquiera molestia en la diputación panista, ya que salían beneficiados con esta discusión.
No les preocupó que fuera una decisión del centro, no les preocupó que ese interinato aún permanezca, creo que ya va para dos años y creo que piensa durar un poco más, eso no les preocupa; no les preocupa que Medina Plascencia no sea producto del voto popular, ahí no encuentran violación ni a la norma constitucional ni a las cuestiones de carácter político.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul). Puede preguntar al orador si me acepta una interpelación.
La Presidenta:
Señor diputado, ¿acepta una interpelación del diputado Fernández de Cevallos?
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con mucho gusto.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Deseo preguntarle al orador, si está enterado que en el caso de Guanajuato, al que hace alusión, previamente a la designación del interino que menciona, se celebró una elección, ¿Si está enterado de ello, sí o no?
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Sí, señor diputado, con mucho gusto le voy a contestar....
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Ya me contestó. Gracias.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
No, le voy a contestar como yo considere que debo hacerlo.
Mire usted, una lectura de nuestra Constitución federal, del artículo 85 que le mencionaba, prevé dos hechos, que una elección pudiera no estar hecha o que una elección pudiera no estar declarada.
Permítame un segundo, ahora escúcheme; me preguntó, ahora escúcheme. En el caso de 1988, este Congreso, esta Cámara de Diputados, estuvo a un paso de que no pudiera ser declarada la elección del Presidente de la República y hubiese tenido que nombrarse un Presidente interino como lo marca la propia Constitución, ése es un hecho real y este precepto que está en la Constitución Federal y en la Constitución del Estado de Yucatán, prevé ese tipo de contingencias, que por alguna razón pudiera no realizarse o no calificarse la elección correspondiente.
Pero usted sabe perfectamente bien que cuando yo aludo el caso de Guanajuato, no aludo a una cuestión semejante, sino a que se violentó la Constitución del Estado de Guanajuato, como quedó expresamente aquí señalado por el diputado Martín Tavira en el Colegio Electoral, cuando se declaró constituida esta Legislatura. Aquí el Partido Popular Socialista y su partido tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista en torno a esta cuestión y quedó claramente establecido que hubo violaciones a la Constitución del Estado de Guanajuato y ustedes no solamente no lo criticaron, sino que lo aplaudieron.
Eso es lo que le estoy criticando, estoy criticando que no tengan el mismo celo cuando una reforma les beneficia o cuando les perjudica. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vásquez López:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Evidentemente que el debate que precedió a esta intervención, dilucidó algunos puntos que eran esenciales. En primer lugar quedó claro, por lo menos para mí, que las modificaciones realizadas al calendario electoral corresponden a un interés político y tanto en la sesión anterior como en la actual, no ha quedado totalmente claro cuál es el beneficio que para la ciudadanía de Yucatán reporta la proposición de las elecciones.
Es muy grave que esta medida tenga como único argumento el calendario de las lecciones presidenciales. Se defiende el derecho de la legislatura local de Yucatán, para hacer estas modificaciones constitucionales, pero se desentiende el hecho de que las disposiciones para esos cambios no provinieron del pueblo de Yucatán ni tuvieron origen en Yucatán, fue una disposición centralista y hoy mismo, un asambleísta del PRI, conmina a la Secretaría de Gobernación a que aclare que no tuvo intervención en esas modificaciones, porque hay elementos sobrados que están demostrando la presencia del Gobierno Federal y presiones sobre el propio Gobierno y la Legislatura de Yucatán para que esas modificaciones se realizaran sin que hubiera la anuencia de los priístas yucatecos.
Ese es un primer dato que sería muy importante que se aclarara. Desde luego que unimos nuestras voces a la del asambleísta que lo pidió y la Secretaría de Gobernación, debería de aclarar.
Pero aún más, lejos de que aclarara o se dijera que la Secretaría de Gobernación no tuvo intervención, al parecer sí ha tenido una segunda intervención en relación con esta rectificación que se está haciendo por parte de la propia gobernadora y esto tampoco se ha dicho aquí.
La gobernadora que hasta ayer tenía un criterio que le habían dictado, hoy tiene otro criterio que también le dictaron. Esto desmiente totalmente a quienes han venido aquí, a defender al federalismo, planteando que la decisión que tomó la Legislatura de Yucatán fue autónoma.
Pero, es muy grave también lo que aquí se ha venido a decir en torno a que aunque queden los mismos platos, basta con que se elija a este minigobernador, como los mismos panistas de Yucatán lo dijeron, que no querían tener minigobernadores, ni tampoco querían tener minidiputados, ni querían tener minipresidentes municipales.
Yo quisiera preguntarles a quienes han dicho que el daño está reparado por el hecho de que el gobernador va a ser electo, si corresponde esto al sentimiento de los yucatecos en general, porque parece que los yucatecos y sobre todo los panistas que tienen muchas condiciones de ganar, sienten que el simple hecho de reducir la gestión de las nuevas autoridades, les está negando derechos políticos y les está haciendo efecto de una arbitrariedad. Eso sería muy bueno que se aclarara.
Por nuestra parte, planteamos que la propia reducción del término constitucional, constituye un acto de antidemocracia y una violación a los derechos de los candidatos que, serán candidatos a gobernador y candidatos a diputados y candidatos a presidentes municipales. Los derechos constitucionales de ellos a poder ejercer plazos constitucionales determinados, institucionales, están siendo violados y con ello sus garantías individuales, independientemente del partido al que pertenezca.
Las modificaciones de este tipo que se han realizado, en algunos casos han tenido siempre por lo menos intermedia una Legislatura y quienes han sido objeto de este tipo de disposiciones en el pasado o en otras latitudes, han tenido la posibilidad de conocer con suficiente antelación, las condiciones en que contenderán.
Nosotros consideramos que esta reducción de plazos tiene que ver con la correlación de fuerzas que se presentan en este año en el Estado de Yucatán y he aquí que salta a la vista de perversidad política con la que fue diseñada esta medida. Se priva al pueblo de Yucatán de la estabilidad política y de la institucionalidad a que tiene derecho.
Tiene derecho a que su gobernador ejerza un programa de Gobierno suficientemente realizable, ejecutable y evaluable y se pierde por parte de la ciudadanía de Yucatán, la posibilidad de tener estabilidad política, porque en menos de un año el gobernador que está ejerciendo y que acaba de ser electo, que acaba de tomar posesión, ya estará ante la inestabilidad de una campaña electoral, precandidaturas, etcétera, es decir van a someter, quienes tomaron esta disposición, a un Estado de la república, a un proceso de inestabilidad que va a durar más allá de lo adecuadamente aceptable, para que al fin de cuentas simplemente un partido político que en este momento está en condiciones de perder una elección, pueda recomponer su correlación de fuerzas y hacerla favorable para poder ganar.
O, se trata también, de que en caso de que gane un determinado candidato de un partido de oposición, tenga también tan poco tiempo de poder demostrar la capacidad de Gobierno de ese partido, para que pueda perder en la elección siguiente.
Esto es lo que contiene de perversa esta disposición política, que desde luego nosotros no compartimos que haya sido rectificada legalmente, sino que por el contrario está rompiendo el pacto federal, lo está rompiendo desde el momento en que está sentando precedentes que pueden ser utilizados por el partido de Gobierno en cualquier Estado de la República, para modificar su constitución dentro del mismo período en que lo está ejerciendo, reducir el período siguiente, y de esta manera someter a su Estado a una situación de inestabilidad que le permita recuperar el poder o mantenerlo a toda costa.
Tales maniobras, no tienen precedente en México, y nosotros debiéramos de reflexionar, sobre todo quienes están defendiendo esta iniciativa y estas posibilidades, lo están avalando con su palabra y con sus acciones, si están dispuestos a que el país entre en una situación de inestabilidad política creciente, porque los problemas de que un partido de Estado vaya disminuyendo su consenso, tanto hacia afuera, al seno de la sociedad, como interno, no pueden solucionarse pisoteando la institucionalidad del país.
Si va haber reformas, si todos coincidimos en que haya cambios y estamos en el tiempo adecuado y existen las condiciones para que ésta Cámara de Diputados las discuta como debiera estarlo haciendo en la Comisión Plural, si va haber este tipo de reformas, no puede ser resultado de albazos ni de acciones ni disposiciones tomadas unilateralmente por un partido o por dos.
Cualquier modificación que pueda concatenar una situación de inestabilidad nacional, reducir plazos constitucionales, ampliar plazos constitucionales o dar mayores o menores facultades a los poderes estatales o federales, tiene que ser resultado de un consenso político.
Una vez que construyamos un consenso político sobre el tipo de país en el que todos podemos estar de acuerdo y en el que todos podamos convivir, que garantice la pluralidad, que garantice la democracia, que garantice instituciones legales, formales, respetables, entonces habrá el consenso necesario y tal vez entonces las fuerzas políticas, coincidan en que tales o cuales condiciones pueden variar, pero siempre tendrá que ser sometido al concurso de la ciudadanía.
Nosotros creemos, por ejemplo, independientemente de que haya, quienes crean o sientan que el daño está reparado, que sólo la participación de la ciudadanía de Yucatán, a través de un referendum, podría darle legitimidad al cambio de plazos y al acortamiento del plazo del Gobierno del Estado.
Sólo así, con la participación ciudadana, después que todas las fuerzas políticas establezcan un consenso se podrá avalar y decir que estamos fincando nuevas relaciones políticas y estamos creando un Estado mexicano sano.
Por otro lado, si lo hacemos como lo han hecho allá, dando tropezones, rectificando, enmendando, parchando, aparentando de que existe la posibilidad de una concertación democrática aunque ésta se dé únicamente en las entretelas del poder y entre partidos muy seleccionados, jamás llegará nuestro país ni los estados a condiciones de convivencia democrática. Y quienes avalen este tipo de políticas estarán sembrando, junto con quienes las impulsan su propia sepultura.
Yo quiero preguntarle al diputado González Avelar, si está en condiciones en este momento para garantizarnos él, que su partido no va a llegar el día de mañana aquí o quizá antes de que termine este período a proponernos que se modifiquen los plazos para el próximo período presidencial y que nos van a venir a proponer que las elecciones de Presidente se realicen hasta de 1996 o hasta que le convenga al grupo gobernante.
Y que si nos puede garantizar que no va a plantearse que haya una elección de Presidente para que éste dure dos años y que si no van a llegar a darnos un albazo.
¿Está en condiciones el diputado González Avelar de garantizar eso? ¿Si o no? Lo digo sobre todo por una frase que él utilizó. El dijo que ya nos estamos acostumbrando a estos mecanismos, son mecanismos que ya nos son muy familiares y yo creo que eso es muy riesgoso. Acostumbrarnos que se nos haga familiar al albazo, la disposición presidencial que después se rectifica, bueno, ya nos estamos acostumbrando a eso.
Pero yo quiero decirles y refiriéndome también a los priístas dignos, a priístas democráticos, si esto en el fondo de su conciencia política y de sus convicciones no constituye una burla para la institucionalidad, una burla para la formalidad y para lo que todos debemos defender, un estado de derecho, democrático, que hay que construir en nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias diputado Eloy.
Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, para rectificar hechos en términos del artículo 102 del Reglamento.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señora Presidenta; señores legisladores:
El Partido Acción Nacional rechaza enfáticamente la imputación que se ha hecho en esta tribuna por uno de los señores diputados, en el sentido de que este partido acepta cuando la beneficia una violación a la Constitución y reclama y se indigna y se ofende cuando otra violación le daña o le perjudica.
Yo creo que es de elemental ética política el que se puedan tratar en un debate casos iguales o similares para su confrontación, para su análisis y para su evaluación, lo que no es honesto es tratar como iguales casos que están claramente diferenciados. Lo que no es honrado en un debate político es tratar dos situaciones jurídicas diferentes como si se trataran de iguales y no necesito probar que son diferentes, porque ya lo probó
aquí en esta tribuna el diputado interpelado. A la pregunta del que habla en el sentido de si supo o si él le consta que en el caso de Guanajuato se realizaron elecciones y que posterior a ellas se dio el interinato que cuestiona, él categóricamente dijo que sí y por supuesto, señores legisladores, eso cambia radicalmente el ángulo de enfoque jurídico y político y eso hace inadmisible que se les dé a las dos situaciones jurídicas un mismo tratamiento.
Por otro lado, se arguye que no se ha convocado en Guanajuato a elecciones, para el efecto de que en un momento próximo, al interinato inicial se pudiera dar la participación del pueblo de Guanajuato para elegir a un nuevo gobernador. Sobre el particular todo mundo en esta casa sabe o debiera saber que la convocatoria a la que hago referencia no le corresponde hacerla al gobernador Carlos Medina Plascencia, le corresponde a un Congreso local en donde mi partido no tiene mayoría.
Y, por último, señores, creo que para referencia de todo el pueblo y para que conste en la historia de este país, Acción Nacional ha precisado claramente en todo su alegato jurídico y político que estamos de acuerdo en que pueda discutirse, que pueda evaluarse y en su caso modificarse el término constitucional para elegir gobernadores en una entidad de la República, lo que no puede hacerse es sustituir a la voluntad popular para designar gobernadores constitucionales, aunque se les llama interinos.
Por último, hago la convocatoria para que el trámite judicial, o político, o jurídico que se ha iniciado a través de la denuncia de juicio político que hemos solicitado, se le dé su tratamiento legal y que adicionalmente se promueva en los ámbitos políticos el mejor entendimiento para que se recobre rápidamente la vigencia del derecho, la aplicación de la Ley y se respete por tanto al pueblo de Yucatán en sus derechos políticos fundamentales.
No se trata solamente de ver quién gana o quién pierde un debate, no se trata tampoco de que a última hora del debate entre la inquina o la división en todo un grupo parlamentario, para distraer la atención y para propósitos diversos del propio debate que nos ocupa. Se trata de convocar a las fuerzas políticas de un país para que entendamos todos de una vez por todas que si la política reclama ante todo apego a la Ley, inmediatamente exige búsqueda de la verdad y búsqueda de la razón y encuentros de conciencias tranquilas y honestas que pretendan alcanzar en todo momento el bien de su patria.
Nosotros no podemos quedar satisfechos sólo por ganar un debate; queremos, ante todo, que la aplicación de la Ley sea el fundamento de la justicia y sea la base de la concordia nacional.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, el diputado Martín Tavira Urióstegui, en términos del 102 del Reglamento, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señora Presidenta; distinguidos legisladores:
Si vale decirlo, pedí la palabra para recordar el hecho o los hechos de Guanajuato. Quedan algunos polvos de aquellos lodos todavía. Fue en el colegio electoral anterior. Nos referimos a la ética política, discurrimos largamente sobre la ética política y desde esa tribuna, desde la tribuna del colegio electoral mejor dicho, reconocimos la capacidad jurídica de algunos diputados del Partido de Acción Nacional. Y esa calidad jurídica pues indudablemente que se ha manifestado varias veces.
Yo pregunté en aquella ocasión si había ética política en los hechos concretos del Estado de Guanajuato, cuando se nombró gobernador interino al señor Medina Plascencia. Yo pregunté si había ética política cuando se entraba en componendas con el Gobierno de la República para violar la Constitución. Los juristas del Partido Acción Nacional, no intervinieron en aquella ocasión. Y no lo hicieron precisamente porque son juristas y en aquella ocasión demostraron su ética política y su sabiduría jurídica, porque la Constitución de Guanajuato se había violado flagrantemente.
Tiene razón Juan Campos Vega, absolutamente. El artículo 73, pasó un buen medio tiempo pero recordamos todavía como el artículo 73 de la Constitución de Guanajuato se violó. ¿Por qué se violó? Porque se nombró un gobernador interino cuando el gobernador electo Aguirre Velázquez anunció que no se iba a presentar a protestar; anunció. Pero la Constitución nunca habló de anuncio. Ese hecho del anuncio de que no se iba a presentar, no tenía consecuencias en el campo del derecho. Aguirre Velázquez hubiera anunciado que no se presentaba a protestar y a la mera hora presentarse a protestar ¿por qué no? Lo primero no tenía consecuencias jurídicas. Pero la Constitución en su artículo 73 de Guanajuato habla de "...en caso de que no
se presente". Y ese supuesto no existía y habiendo gobernador en funciones, se nombró un gobernador interino del Partido Acción Nacional. Y se presentó un hecho muy curioso en el país, tal vez el único de la historia. Bueno, todas esas componendas políticas quizá se presenten otros hechos también semejantes. Había un gobernador en funciones, había un gobernador interino y había un gobernador electo. Es el caso insólito en la vida política de la nación. Sin embargo, tranquilamente el Partido Acción Nacional quedó muy conforme y no demandó juicio político para los diputados de la XLIV Legislatura, no recuerdo bien, que habían designado a ese gobernador interino, habiendo gobernador en funciones y no dándose el supuesto de que habla el artículo 73 de la Constitución.
De manera que ahí, señor diputado, le convenía al Partido Acción Nacional que se violara la Constitución. No hay respuesta señor diputado, ¡Seamos honestos! ¡No hay argumento jurídico valedero para defender ese hecho y esa solución! ¡No existe!
De manera que no vengamos nosotros a demandar el respeto de las leyes ya sea constitucionales o secundarias y se venga a desbordar pasión por la democracia en México, cuando se cometen actos que están totalmente fuera de la ética política y fuera del derecho, naturalmente y fuera del derecho. No demandamos juicio político nosotros en aquella ocasión contra los diputados al Congreso de Guanajuato. No lo creímos necesario. Cada partido tiene sus posiciones, sus líneas estratégicas y tácticas. Pero yo digo, si el Partido Acción Nacional, su dirigente, hubieran tenido ética política, lo primero que hubieran hecho: señores, la decisión nos favorece, pero como se violó la Constitución del Estado de Guanajuato, demandamos juicio político contra los diputados de la XLIII Legislatura del Estado de Guanajuato... ¡Pero no lo hicieron!
Ahora, vamos armando un debate sobre lo de Guanajuato, hoy, mañana o pasado mañana. Está el reto, señores diputados.
Presidencia del diputado Francisco José Paoli Bolio.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Diego Fernández de Cevallos, por cinco minutos, de conformidad con el Reglamento.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Es evidente, señores legisladores, que el orador que me antecedió en el uso de la palabra, no contestó a mi cuestionamiento fundamental y no contestó porque no demostró en esta tribuna que los dos casos, el de Yucatán y el de Guanajuato, fueran iguales, para que tuviera motivo ese partido, a darles el mismo tratamiento.
Es más, él se refirió y entró en materia al caso de Guanajuato, alude de que allá se violó la ética política porque se nombró al ahora gobernador Medina, que se entró en componendas y que todo esto se debió a un simple anuncio del gobernador electo; no necesariamente en una elección honrada, no necesariamente en una elección apegada a derecho; pero era gobernador formalmente electo y ese hecho cambia de raíz la realidad de las dos hipótesis y ésta es la discusión que yo he promovido en la tribuna, precisamente para regresar al caso de Yucatán y no para adentrarnos en el caso de Guanajuato. ¿Por qué? Porque para todo hay su tiempo y en buena norma política, hoy se discute aquí el tema de Yucatán. Y si usted quiere tratar el tema de Guanajuato, lo tratamos cuando éste inscrito en el orden del día y no cuando a usted le venga en gana. Hoy estamos discutiendo el caso de Yucatán y hoy tenemos que definir nuestra posición política cada partido.
Pero además, si usted quiere entrar, aunque sea de soslayo, aunque sea de oportunidad al caso de Guanajuato, yo le puedo hacer algunas consideraciones:
Quedado en claro que Medina entró después de una elección constitucional, queda demostrado que no estamos en la misma hipótesis que hoy discutimos en el de Yucatán.
En segundo lugar, cuando el gobernador Medina entró a ejercer sus funciones de tal, no se presentó ningún otro gobernador, porque es argumento serio que no hubo un conflicto de intereses ni hubo una dualidad de gobernantes. Distinto hubiera sido si en el momento de hacerse cargo de la gubernatura hubiera estado el gobernador electo que había anunciado su renuncia, reclamando su participación en el cargo. Cosa que no se dio.
Y por último, si quiere, para entrar un poco a fondo en el tema, aunque sea, repito, de ocasión y de soslayo para distraer a la opinión en el tema
que realmente nos ocupa y que de acuerdo con cualquier sistema parlamentario serio, debería de ser el único que nos ocupara, lo emplazo y lo reto para que me diga cómo puede proceder un juicio político en el caso de Guanajuato, si no se violó, aun en la hipótesis que usted menciona, la Constitución General de la República. Y si sí se violó, lea el artículo y diga por qué.
Presidencia de la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias, en términos del Reglamento, del artículo 102, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
¿Del Reglamento del Partido de la Revolución Democrática o del Reglamento del Congreso de la Unión?
La Presidenta:
Póngale punto, diputado; es el Reglamento de la Cámara y luego es Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Gracias por la aclaración. Ojalá y con la aclaración que ha hecho la Presidencia, ese tiempo no me lo vaya a descontar y me dé también la oportunidad de gozar de la concesión de otros señores legisladores en el tiempo. Gracias.
Señores legisladores: el tema de Yucatán no se agota en esta sesión, seguramente que habrá de continuar como centro de la atención no únicamente de nosotros, sino de la opinión pública nacional, porque la tentativa del régimen de cancelar los derechos de los ciudadanos del pueblo de aquel Estado no será seguramente la última y deberemos estar atentos, alertas, para elevar enérgicamente nuestra protesta e inconformidad como legisladores y como ciudadanos para que no se continúe violentando el estado de derecho en nuestro país.
Y el caso de Yucatán no es la excepción, por ello aunque sí sea semejante por la polémica que aquí se dio entre los partidos Acción Nacional y Popular Socialista, lo cierto es que es una larga cadena de violaciones y de distintas interpretaciones a la forma como se han resuelto diversos conflictos políticos. Entendemos el porqué también viene a colación el caso Guanajuato, pero no es únicamente Guanajuato, hay más estados de la República que han sido vulnerados en su régimen interno por el régimen central que termina.
Yo quisiera dejar aquí una preocupación que siento que se ha evadido de esa discusión en la que ha puesto mayor énfasis Acción Nacional en la cuestión jurídica, como si ésta no tuviese ningún contenido.
Compartimos al igual que ellos nuestra preocupación de que se respete el estado de derecho, pero no se ha dicho aquí ni se ha declarado por ningún legislador, en qué consiste, cuál es el contenido de la iniciativa que supuestamente habrá de enviar al Congreso la titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Yucatán, para rectificar lo que aquí se ha condenado.
Sin embargo, se ha dejado escuchar y anda rebotando por los pasillos y por las curules de todos los legisladores, el rumor de que esa supuesta iniciativa será para que se sustituya el nombramiento de un gobernador interino por una elección de corta duración quien resulte electo triunfador para gobernador. Y creo que debe también de quedar muy clara la posición de los partidos, la inquietud que al respecto pueda tener la ciudadanía del pueblo de Yucatán.
Se justifica, se justificará, que para modificar el calendario electoral de aquel Estado se tenga que dar un período tan corto para el ejercicio de una responsabilidad tan delicada como es la del Poder Ejecutivo local. Es decir, quedará satisfecho el pueblo de Yucatán y satisfechos jurídicamente y políticamente los legisladores de Acción Nacional, que con toda enjundia han venido a defender el derecho en esta tribuna de que se rectifique, de que en lugar de que se nombre un gobernador interino sea electo por ese corto período, será ésta entonces la razón fundamental por la que está desatándose esta polémica nacional o hay otro fondo político. Considero entonces para no exceder en el tiempo, que debiera precisarse si lo que se trata es cubrir la formalidad o encubrir el contenido político del propósito que existe nuevamente por parte del régimen, de no resistir la tentación de abusar del poder pasando por encima de los estados que forman el Pacto Federal.
No tocamos aquí, ya habrá la oportunidad, señores legisladores, de abordar otros estados
con problemas si no semejantes, pero en que ha sido vulnerada también el régimen interno jurídico de esas entidades. Ya hablaremos en su momento para no desviar la atención y no dar origen a un debate en el que se molestan legisladores cuando se alude a otros casos, pero sí sería interesante que el caso de Yucatán que no se agota el día de hoy, queda satisfecho el pueblo y los partidos con que se cubra única y exclusivamente esa formalidad como si ésta no tuviese ningún contenido. Yo dejo la interrogante para aquellos que están tan preocupados esta tarde, esta noche, en defender la legalidad en la que estamos también de acuerdo nosotros en que debe respetarse. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concluye este punto del orden del día...Tiene la palabra el diputado Juan Tavira, Martín Tavira, perdón, del Partido Popular Socialista, en términos del Reglamento.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
No, no me pida perdón por haberse equivocado, en un gran honor para mí que me diga Juan Tavira, los diputados guerrerenses, mis paisanos, saben que fue un ilustre compositor y poeta popular, precisamente. Claro señor diputado Cevallos, no se violente usted, estamos discutiendo un asunto jurídico y político de mucha seriedad, pero debemos abordarlo con la mayor serenidad posible, claro que son dos hechos distintos, es evidente.
Alguien ha querido ver en los hechos de la historia, simples casualidades, usted sabe que la escuela de Rickert distingue entre ciencias naturales y ciencias culturales o conocimientos culturales o sociales, son irrepetibles y por eso no hay leyes sociales según esta escuela. Yo no he dicho que son casos iguales, son distintos pero hay un denominador común dice usted, no, usted no lo dice, dice usted que se violó la Constitución allá, cuando dictaron una reforma, una reforma, allá dictaron una reforma, acá se dictó una resolución violando flagrantemente la constitución del Estado; claro no son casos semejantes, estamos discutiendo si aquella reforma es o no constitucional. ¿Cuántas leyes anticonstitucionales se dictan señor diputado? Muchas. Mire usted, qué es más grave, dictar una Ley anticonstitucional o violar un artículo de la Constitución de Guanajuato o de la Constitución de la República.
Bueno, habría que discutir todo eso. No son casos iguales naturalmente, pero usted no ha contestado al cuestionamiento: se burló o no, se violó o no, bueno se burló y se violó la Constitución del Estado de Guanajuato y también la de la República, por qué no, al nombrarse el gobernador interino.
Dice usted que ahí había habido elección, pero eso no desvanece la violación flagrante a la Constitución porque en todo caso el señor Aguirre Velázquez había sido formalmente declarado gobernador electo por el Congreso del Estado; formalmente había un gobernador electo que anuncia que no se va a presentar.
Pero bien, no son dos casos iguales señor diputado, pero no rehuya el debate. Hubo violación a la Constitución de Guanajuato, y si quiere usted, ustedes son muy sutiles en el manejo del derecho y si quiere usted se violó el principio de legalidad de la Constitución General de la República también, por qué no. Pero no rehuya el debate a fondo, de carácter jurídico y el debate a fondo de carácter político, la ética política.
Y yo decía, hasta se nombró un Secretario General del Partido Revolucionario Institucional, ¿sí o no?; ¿bueno que el Partido Acción Nacional no tiene cuadros en Guanajuato?, ¿no hay un personaje o una personalidad en el Estado de Guanajuato capaz de desempeñar el puesto de Secretario General?
Y algún personaje distinguido me comentaba hace unos días, uno que había pedido permiso un señor senador para ir de Secretario General de Guanajuato, dice, me parece que esto tiene cierta reminiscencia histórica, cuando Calígula nombró, dicho con todo respeto, Calígula nombró cónsul a su caballo. Pues sí porque resulta que un gobernador de un partido que reclama la alternancia en el poder, nombra Secretario General, es decir, la segunda autoridad administrativa de otro partido político que supuestamente es su enemigo histórico y tradicional.
¿Hay componenda, si o no?, ¿hay violación a la ética política, si o no?, ¿hay violación a la Constitución de Guanajuato, si o no?, todas estas preguntas están en el aire, contéstense de manera concreta y con sabiduría política y jurídica, pero porque damos tratamiento igual, o mejor dicho, desigual a supuestos casos que podrían ser iguales, desde el punto de vista general.
Dice usted, allá se violó porque se hizo una reforma; pero yo digo, aquí se violó directamente la carta fundamental. Eso es lo que no se ha
contestado. Sale a relucir este caso de Guanajuato, no era tema, no era 0tema pero sí es tema permanente el tema de la ética política y el tema de la pureza del derecho, mejor dicho de su acatamiento por todos los mexicanos encumbrados o no, autoridades o no, todos tenemos la obligación de obedecer las leyes fundamentales de los estados y la Ley Fundamental de la República. Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Fernández de Cevallos, en términos del Reglamento.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Ruego a la Presidencia y a los señores legisladores que disculpen que nuevamente venga a la tribuna, porque tal vez poca justificación tenga si nos atenemos al análisis del último discurso.
Calculen ustedes que entre otras cosas el señor legislador, se cuestionaba qué será peor, dictar una Ley inconstitucional o violar una Constitución Local. ¡Caramba!, no se necesita ser jurista ni de grandes alturas para dar una respuesta cierta y clara, que es mucho más grave dictar una ley inconstitucional que una violación, sea cual fuere, a una Constitución Local.
Esto no quiere decir que yo acepte, ni como jurista ni como político, que se haya violentado el orden jurídico en el caso de Guanajuato; pero que la pregunta se responde fácil, resulta incuestionable para alguien que tenga nociones elementales de derecho.
Segundo: alega el señor diputado que por el simple hecho de que el gobernador electo anunció que no tomaría posesión, se decidió por el Congreso la nominación de un interino y que con esto se violentó el orden constitucional. No dice porqué, pero en última instancia caben varias preguntas: la primera, si en buena lógica jurídica y política, el anuncio de que no se presentará, constituye o no un rechazo del cargo y una renuncia expresa para ocupar el real o supuesto mandato popular.
Y la pregunta que sigue es la siguiente: qué debe hacer una legislatura que tenga responsabilidad política y conocimientos jurídicos, ¿esperarse con el reloj en la mano a ver cuántos días transcurren y a ver si un señor que ha renunciado y ha anunciado expresamente que no concurrirá a ocupar su cargo, se le ocurre por ahí en alguna madrugada, en el último minuto o segundo, cumplir con el mandato que la Ley o la elección o ambas le imponen? ¿Qué no es absurdo suponer que un régimen jurídico no tenga capacidad de llenar el vacío que se da cuando el gobernador electo oficialmente anuncia que no se presentará? Y muchas cuestiones más.
Sólo quiero concluir, para no cansarles, con dos comentarios, se puede decir ya a estas alturas al margen:
Que quede constancia que nosotros rehuimos el debate jurídico ni político, pero que es muy difícil debatir cuando a pregunta concreta no hay respuesta concreta. El señor legislador no dijo en esta tribuna cuál fue el precepto constitucional que nosotros violentamos, que el partido violentó y que asumió, por tanto, una conducta dispar y criticable bajo cualquier ética política. Y si el señor, no precisa el cargo concreto ni señala la Ley que violamos en particular, no podemos quedar más que en un estado de indefensión para seguir con cualquier tipo de discursos y con bromas y chistes y llamando a la cordura y diciéndome que no me violente, porque el señor también tiene motivo y forma y derecho y argumento para decirme bajo qué parámetros puedo yo subir a la tribuna.
Sólo le quiero decir que nombrar un Secretario General es facultad expresa de un gobernador, sea constitucional o sea interino y si eso es violación a la Ley, lo vuelvo a emplazar para que lo pruebe y si eso es violentar el orden político o la ética política, que lo demuestre, porque en todos los países civilizados se da este evento que al señor diputado, polvo de aquellos lodos, muy enlodados por cierto, trae a la tribuna para criticar una conducta de civilidad política.
Y termino diciéndole: no estamos muy mal en Guanajuato en cuanto a cuadros, señor diputado, preocúpese por los suyos si es que existen, preocúpese por usted, por su partido, por sus cuadros, váyase a muchas partes de la República a ver si tiene cuadros.
Pero por último, el día que andemos mal, tal vez para buscar como solución para nombrar un secretario general, si tenemos que buscar algún cónsul, no perderíamos tiempo buscando uno de ustedes.
La Presidenta:
Con el diputado concluye este punto del orden del día.
ESTADO DE TABASCO
La Presidenta:
Tiene la palabra el compañero Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, con el tema de denuncia contra las agresiones en contra de la caravana que viene de Tabasco.
El diputado Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Con su permiso, señora Presidenta, compañeros legisladores; señoras y señores:
En la sesión pasada, mi compañero de fracción, Manuel Huerta, presentó ante esta instancia de representación popular, una denuncia sobre la penosa situación que en Tabasco, en lo general, está pasando, por el desequilibrio ecológico que es visible y evidente en todo el Estado.
Hoy quisiera exponer nuestra petición al respecto. Mientras en el Estado de Tabasco se realiza la Feria Ecológica y se pronuncian discursos y establecen compromisos con la protección y restauración del medio ambiente, aquí, en el zócalo de la Ciudad de México, los campesinos y pescadores de la zona de la Chontalpa, demuestran que las autoridades no tienen la más mínima intención de atender los grandes problemas que Pemex ha causado en la región, a partir de 1971, cuando se inicia la explotación de hidrocarburos a gran escala en la zona costera de Tabasco, suceso que alteró completamente el equilibrio ecológico en la región, la destrucción casi total de tierras destinadas a la ganadería, la eliminación de cultivos.
Esto ha tenido un costo social grave, ha generado pobreza y marginación, dejando a la gente sin oportunidades para solucionar su problemática, ya que sus recursos quedaron destruidos por la contaminación de Pemex.
Ante esta situación, los campesinos y pescadores tabasqueños se han movilizado y luchado para que el Gobierno dé soluciones a esta problemática y es hasta 1992 cuando se les reconoce a los campesinos de la zona de la Chontalpa que verdaderamente han sido afectados por Pemex y la Comisión Nacional de Derechos Humanos edita una recomendación, la recomendación 100 - 92 para que se indemnice a los campesinos y pescadores que han sido dañados por la empresa de Petróleos Mexicanos.
Cabe señalar que las instancias responsables de cumplir la recomendación 100 - 92, se comprometieron a acatarla íntegramente. En los hechos esto no se ha llevado a cabo, esto se refleja en que el problema de las autoridades encargadas de administrar los 183 millones 311 mil nuevos pesos, destinados a la restauración ecológica de la zona, sólo lo quieren aplicar en tres municipios, en Cárdenas, Paraíso y Comalcalco, dejando fuera injustificadamente a Huimanguillón, Culyuacán, Xalpa de Mendez, Nacajuca y Xentla.
También hemos observado que al Gobierno le interesa más fortalecer a su partido a través de Noé Pascacio Domínguez, actual vocal ejecutivo de la comisión encargada de la aplicación de los recursos destinados a región de la Chontalpa, que está dándole un uso político a favor del PRI, ejemplo de ello es que está haciendo caso omiso del tabulador de pagos que estableció la Comisión Nacional de Avalúos y otras instituciones.
Tampoco ha respetado la lista de afectados que tiene y aprobó la comisión a su cargo, ya que está pagando a personas que no resultaron afectadas en sus propiedades y que son claramente identificadas con su partido.
Es importante eso, hacerlo destacar. Aquí voy a dejar la prueba de los cheques, que ha dado Noé Pascacio, el responsable de pagar las indemnizaciones en la Chontalpa y que no tienen parcelas, no tienen tierras, pero se está pagando a ellos.
Quiero decir que Noé Pascacio Domínguez fue el encargado del operativo del PRI en Michoacán, en su calidad de Coordinador Estatal de Programación. Pareciera que está cumpliendo la misma encomienda en nuestra entidad, es por esto que los campesinos y pescadores ya no aguantaron más mentiras de un Gobierno que proletariza los intereses de su camarilla y deja de lado los problemas sociales que afectan a la mayoría. Ya no aguantarán más burla de un grupo con el objetivo de mantenerse en el poder y que permite que empresas paraestatales destruyan el medio ambiente y dejen en la pobreza a miles de mexicanos.
Por eso los pescadores y campesinos afectados por la contaminación de Pemex, emprendieron el domingo pasado una marcha a la Ciudad de México, exigiendo el cumplimiento íntegro de la recomendación 100 - 92 en todos los municipios y en la aplicación honesta de los recursos; esta acción pacífica de gente que lucha por la restauración ecológica de la región, ha sido ilegalmente detenida en su marcha en dos ocasiones, la
primera el lunes en la madrugada, a la altura del Río Tonalá, donde haciendo gala de fuerzas, más de 400 elementos de la policía federal de caminos, de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y elementos de la Dirección de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, con burdos argumentos confiscaron los vehículos en los que venían los compañeros y prohibieron a las líneas camioneras transportar a las personas que venían en la marcha.
La segunda, el día de ayer, alrededor de las 15.00 horas, con la misma prepotencia y sin ninguna razón jurídica, detuvieron a los compañeros a la altura del municipio del Cuitláhuac de la Cruz.
Esta representación popular, encargada por velar el cumplimiento de la Constitución, no debe tolerar que los funcionarios públicos estatales y federales violen las garantías individuales de estos ciudadanos. No podemos permitir que violen el derecho de tránsito y la libertad a manifestarse pacíficamente, consagrados en los artículos 9o. y 11 de la Constitución General de la República, sólo porque el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, quiere proteger políticamente a gobernadores cortos de sensibilidad política e incapaces de resolver los problemas del pueblo, como es el caso de Manuel Gurría Ordóñez, que no ha podido resolver en Tabasco las demandas del pueblo.
Por eso es que hay plantones aquí en la Ciudad de México, de taxistas, de desempleados, plantones de pescadores, plantones de campesinos, porque en Tabasco no hay solución a los problemas, no atienden las demandas.
Por lo tanto, los pescadores y campesinos y todos los que se encuentran plantados en el Zócalo, han manifestado que ocurren ante esta instancia para que se cumplan los siguientes puntos:
1. Cumplimiento con lo establecido en la recomendación 100 - 92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Convenio Interinstitucional correspondiente, que establece dar respuesta inmediata para la reparación de los daños ecológicos en los municipios de Comalcalco, Guimanguillo, Culhuacán, Xalpa de Méndez, Nacajuca, Xentla, Cárdenas y Paraíso.
2. Que el pago de las afectaciones sea conforme a la ley, es decir, de acuerdo con los tabuladores de pago que estableció la Comisión Nacional de Avalúos.
3. Que se atienda en el marco de la recomendación 100 - 92 a los pescadores que han sido afectados por la contaminación de los cuerpos de agua, en particular los que vivían de la captura de especies en las lagunas envenenadas por Pemex.
4. La inclusión en el programa que contempla la recomendación 100 - 92 a la zona petrolera de Macuspana.
Solicitamos que esta representación conmine a las autoridades responsables a que atiendan y solucionen el problema de los pescadores y campesinos de la zona costera.
De esto reiteramos que los tabasqueños tenemos dignidad, solvencia moral, porque, como dijo un hombre digno, un hombre demócrata, como lo dijo Carlos A. Madrazo, más vale estar un minuto de pie, que 100 años de rodillas. Compañeros, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señora Presiente.
Ya en alguna ocasión anterior tuvimos oportunidad aquí de analizar la difícil relación que ha habido en la explotación de una riqueza nacional con los afectados en el territorio tabasqueño.
Desde 1976 se hizo una obra en Boca de Panteones, con el propósito de ampliar lagunas y reservas y por distintos fenómenos meteorológicos y el uso desde luego que se hizo de esta barra, se vino la afectación de 80 mil hectáreas cuyos propietarios iniciaron una reclamación ante Petróleos Mexicanos.
Se hicieron los estudios, llegó la resolución, llegó el conflicto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se emitió una resolución precisamente conocida como esa Resolución 100 - 92.
Desde que se emitió esa resolución, me consta la perseverancia, me consta la capacidad de gestión del gobernador de Tabasco, para efecto de coordinar una serie de instituciones, para que no tan sólo nos fuéramos en el camino del pago de una sola vez en efectivo de los daños causados,
sino que se encaminara en la restauración de tierras y en un programa de desarrollo que contemplara los aspectos ecológicos, los aspectos económicos y de productividad.
En esta relación a la que me he venido refiriendo entre Petróleos Mexicanos y los afectados, uno de los fenómenos que han surgido, es que se pagan los recursos en efectivo y eso se diluye sin que se invierta, sin que esos recursos se siembren, como se dijo en alguna ocasión, derivados de un recurso no renovable, para que generen riqueza para siempre.
Se han involucrado muchas dependencias, se han hecho estudios de fondo, se han conformado proyectos de piscicultura, proyectos para rescatar la baja productividad en el cacao, que atraviesa por su peor crisis; Tabasco, tiene 52 mil hectáreas de cacao, por su peor crisis en el precio derivado por desplome en el precio internacional, por sucedáneos que han logrado el mismo sabor y el mismo aroma que el cacao y el precio está en la más bajo de toda su historia.
El cacao es cultivado por pequeños productores y atraviesan por un grave conflicto al que el Gobierno ha acudido, dando recursos en forma directa para comercializar sus cosechas y buscando subsidios en forma directa al productor.
Al día de hoy se ha caminado en la concertación con 2 mil 637 productores, cuya superficie de 11 mil 222 hectáreas ha implicado un monto de 16 millones de nuevos pesos para efecto de su indemnización.
Ha validado a 2 mil 431 productores más y ha pagado a mil siete productores con una superficie de 3 mil 671 hectáreas con un monto de nuevos pesos de 5 millones 747 mil.
No ha sido fácil la concertación. Al igual que en otros casos en que la inconformidad ha tocado las puertas del gobierno del Estado, el Gobierno del Estado ha hecho suyos los problemas y los ha presentado tratando de resolverlos mediante la ley y la concertación. No se ha canalizado a través de un sólo partido la resolución del problema.
Aquí se planteó la resolución de los trabajadores que fueron despedidos, que fueron liquidados por Pemex, cuya resolución se tramitó precisamente a través del Partido de la Revolución Democrática, Esta fue una indemnización que involucró muchos miles de millones de pesos y que fue canalizada, repito, a través del partido mencionado.
Actualmente a través de muchas gestiones ante distintas instituciones, se han logrado 183 millones de pesos como un fondo para todo este programa de rehabilitación agropecuaria y productiva en un esquema, repito, que no tan sólo se diluye en el pago por una sola vez, sino que camine dejando huella de desarrollo en el Estado.
Se designó a un funcionario, al ingeniero Noé Pascacio que tiene una enorme experiencia, ha tenido una larga carrera como delegado Agrario, como delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto en distintos estados y se ha abocado a resolver este difícil problema en una negociación individualizada que evite intermediarismos, que integre cada expediente en forma individual para proceder a su pago.
De ninguna manera el hecho de que ahorita se atienda la resolución 100 y estos tres municipios, derivado, repito, de 80 mil hectáreas que fueron salinizadas, implique que Pemex esté descuidando la concertación y las afectaciones que hayan efectuado en otras partes del territorio. Todo se está ventilando, todo se está tratando de canalizar a través de la ley.
La situación es difícil. Tabasco ha vivido convulsiones políticas, crisis económicas derivadas de estos productos, como es la copra, como es la misma situación de la empresa Pemex, y creo que los partidos que somos entes de intermediación y de concertación tenemos que funcionar como las grandes fuerzas de la concordia nacional en esta transición, que es el gran tema del final de nuestro siglo para consolidar la democracia.
Si en cada acto de conciliación política vemos algo vergonzante, poco contribuimos a la difusión de la cultura política que la democracia y que los nuevos tiempos requieren. Exige de nuestra parte no la convocatoria a la violencia y a las acciones directas, sino el diálogo, ventilar cada caso, analizar la problemática específica, ver los dictámenes de los daños, revisar los avalúos que tienen que pasar por la aprobación de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales como la ley lo indica, para que específicamente, casuísticamente logremos la mejor resolución en bien del afectado y en bien del Estado. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, para hechos, el diputado Cuitláhuac Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Con su permiso señora Presidenta:
Quiero decirle al señor licenciado Juan José Rodríguez Prats que él conoce bien los problemas en Tabasco y que él sólo duró unos cuantos días como Secretario General de Gobierno por la falta de capacidad, por la ineptitud y a la vez la falta de atención hacia la ciudadanía. No aclara lo que he dicho aquí de que se le está pagando a gente que no tiene parcelas, aquí están los cheques que quedan para que se investigue.
De que los partidos se están involucrando en esta situación, quiero decirles que ningún diputado del PRI, recorre las comunidades y por eso el pueblo de Tabasco identifica quiénes son los verdaderos representantes del pueblo, y si en muchas ocasiones ha acudido a mi es porque siempre he estado permanentemente en las comunidades y estoy atendiendo las demandas del pueblo porque para eso me pagan, pero como diputado federal, como representante popular, no como un partido político. Muchas gracias.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
(Desde su curul) Señora Presidenta, pido la palabra para alusiones personales.
La Presidenta:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Paso por alto los insultos personales porque creo que no ayudan al debate parlamentario.
Si algo tenemos que esforzarnos es porque haya una dosis de realismo y de buena fe en nuestras intervenciones. No es posible que seamos tan ágiles para hacer imputaciones y para hacer afirmaciones gratuitas y tan pródigos para ver virtudes personales o virtudes individuales. Pero repito, en el ánimo de levantar el debate, hago omisión de esas ofensas, cuando a él personalmente le consta al que me antecedió en el uso de la palabra, que en el tiempo que estuve desempeñando ese cargo, mi puerta estuvo abierta y a él personalmente lo atendí con muchas comisiones. Eso creo que fueron hechos y que no pueden negarse.
Si hay alguna imputación de un pago que se está haciendo a una persona que no es afectada y se tienen pruebas, creo que corresponde al Ministerio Público una denuncia específica porque ahí hay la comisión de delitos. Creo que ante esa instancia, debe presentarse y llevar las pruebas correspondientes porque repito, hay un delito que está tipificado por el Código Penal correspondiente.
Creo, insisto, en que las autoridades de Tabasco en todos los casos, han puesto su mejor empeño con estas instituciones que se han creado específicamente para ventilar la resolución 100 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para, repito, superar los problemas que se presenten. Hay avances que nos llevan a un 70%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su criterio, de que se va caminando conforme a los tiempos y creo que estamos en un marco, en un proceso de concertación que nos debe llevar a superar cualquier problema que se presente en el territorio de Tabasco. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias señor diputado. Terminamos este punto del orden del día.
DENUNCIA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Luévano Pérez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia de desalojo del plantón de la Alianza de Contribuyentes en el Estado de México.
El diputado Alejandro Luévano Pérez:
Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Esta mañana, ante las puertas de este recinto legislativo, se instaló un plantón de conciudadanos vecinos del Estado de México. Ellos vienen a apelar a esta máxima soberanía, solicitando la intervención de este órgano soberano ya que en la madrugada del día de ayer, fueron desalojados de la plaza de la ciudad capital, Toluca, de nuestro Estado de México.
Los compañeros que se encontraban en ese lugar son miembros de la Alianza Nacional de Contribuyentes. Esta es una organización que se ha venido conformando en los últimos cuatro años, a partir del agrupamiento de comerciantes de distintas partes del país, que han visto afectados sus intereses a partir de la política fiscal que está teniendo lugar en las entidades y en nuestro país. Particularmente en el Estado de México, la coordinadora de organizaciones de esta entidad, cuenta con una presencia importante de comerciantes y colonos en aproximadamente 15 municipios del Estado de México. Ellos venían desarrollando en los últimos días, una serie de entrevistas con el Gobierno del Estado de México, para plantear una serie de demandas; para plantear también algunos problemas que son rezago de años anteriores y en relación a los cuales ellos habían tenido firma de acuerdos y convenios con autoridades de nivel municipal y de nivel estatal, que no fueron cumplidos por el Gobierno de la entidad.
Ante esta situación, la Coordinadora de Organizaciones del Estado de México, decidió plantarse en la capital del Estado de México, lo cual lo hizo el pasado día lunes 26 al medio día, solicitando audiencia para tratar entorno a un pliego petitorio que ellos presentaron ante las autoridades de la entidad.
Aquí habría que decir que ellos permanecieron dos días en esa plaza. El trato que recibieron del Gobierno del Estado de México, fue un trato muy poco considerado, es un trato como si fuera una mera cuestión de trámite, ya que quienes estuvieron al frente de esas negociaciones por parte del Gobierno, fueron representantes de la Dirección de Gobernación de la entidad y no hubo posibilidad de busca la intervención del nivel ejecutivo.
El primer día del plantón, tuvieron una reunión de trabajo con tesoreros municipales, de seis ayuntamientos de la entidad, de aquellos en donde se presentaba el mayor número de problemas. Sin embargo, después de tres horas de trabajo, la respuesta que encontraron al conjunto de las peticiones planteadas por ellos en su pliego petitorio y en esa mesa de trabajo, tuvieron como única respuesta la incapacidad de los tesoreros para responder y la promesa de que ellos regresarían a sus ayuntamientos a consultar a los presidentes municipales y entonces podrían estar en condiciones de responder a las peticiones.
El segundo día, el día martes 27, fueron entrevistados por un equipo de trabajo de las autoridades y funcionarios municipales, ya solamente del ayuntamiento de Ecatepec.
Y se quiso hacer entender que el problema que presentaban quince municipios representados por la Coordinadora de Organizaciones del Estado de México, se reducían exclusivamente, a los problemas que si bien eran los más sobresalientes, se manifiestan en el municipio de Ecatepec. Ahí tuvieron una última reunión de trabajo con este equipo de funcionarios encabezados por el síndico del ayuntamiento de Ecatepec y donde nuevamente la respuesta fue que sus peticiones serían entrevistadas.
Quisiera yo decir que esa última reunión de trabajo concluyó alrededor de las nueve de la noche del día martes y sin que mediara ninguna otra infamación o explicación, los integrantes de la Coordinadora de Organizaciones del Estado de México fueron desalojados a la madrugada siguiente a las cuatro de la mañana, por un dispositivo demasiado exagerado para la acción que iban a realizar.
Más de 500 granaderos se presentaron en el lugar, que por cierto lo tenían a oscuras desde dos días antes, desde el momento en que ellos se instalaron en el plantón.
Los tuvieron con reflectores en ese momento; hubo la presencia de notarios, incluso cabría destacar que estuvo ahí porque fue citada por el Gobierno del Estado, una representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar fe que ese desalojo no había presentado dificultades. Existe un acta elaborada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde narra su versión de los hechos.
Lo grave, compañeros diputados, es que en un proceso de negociación, donde se señala que las demandas de los señores van a ser estudiadas, donde sin mediar propuesta de solución o incluso de que se retiren para canalizar los asuntos. Sin que esto existiera previamente, el desalojo vino, tuvo lugar a las cuatro de la mañana por un destacamento de policías, de granaderos, de perros amaestrados, donde la voz de mando fue muy concreta: ¡Señores, se les invita que recojan sus pertenencias y les damos cinco minutos para ello, de lo contrario tenemos órdenes de limpiar la plaza y hacer el desalojo!
Los dirigentes se reunieron, se comunicaron directamente con el comandante de la policía que iba al mando e intentaron persuadirlo de su propósito y la voz fue firme: ¡O se van en cinco minutos o los echamos fuera!
La dirección del movimiento de la Alianza Nacional de Contribuyentes consideró pertinente
retirar el plantón de más de 300 personas que se había mantenido por dos días y decidieron retirarse. Sabemos con exactitud que la propuesta del desalojo estaba planteada desde tiempo atrás, una comisión de los colonos fue citada el martes a las dos de la tarde a una entrevista con la Comisión Nacional de Aguas y con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento y esa entrevista fue suspendida para que la Comisión se trasladara a entrevistarse con el presidente municipal de Ecatepec, Vicente Coss, quien intentó persuadirlos de que se retiraran, les ofreció soluciones para algunas de las demandas que ellos estaban planteando, pero a cambio de que retiraran una denuncia judicial que interpusieron los integrantes de la coordinadora, exigiendo la remoción de un tianguis que tiene sitiadas las calles y afecta el tránsito en la colonia Santa Clara del municipio de Ecatepec.
La condición que ponía el presidente Vicente Coss, del municipio de Ecatepec, para dar solución a las demandas de ellos, era que se deshicieran de esa demanda y que dejaran de meterse con el tianguis de la colonia Santa Clara, que son un grupo de priístas vinculados al candidato que ellos tienen en este momento haciendo campaña en esa entidad.
En ese preciso momento, a las dos de la tarde, Vicente Coos amenazó con desalojar el plantón que tenía lugar en Toluca. Los choferes de los camiones que llevaron a la gente hasta sus municipios de origen, informaron que tenían la orden de estar preparados desde antes de las diez de la noche del día martes, cuando la representación de los compañeros todavía estaba en la entrevista y en una supuesta búsqueda de acuerdos con esa comisión de funcionarios del municipio de Ecatepec. El problema se quiso reducir de esta manera.
Quisiera yo entender que hubo torpeza en el manejo por parte del gobernador Pichardo Pagaza. En el Estado de México estamos a dos meses de las elecciones para gobernador, no tenía por qué haberse suscitado una situación de este tipo. No hubo violencia en el desalojo, pero sí hubo el desalojo, hubo una actitud vertical del Gobierno del Estado y hubo una actitud de cerrazón total de parte del Ejecutivo del Estado, que es a donde los colonos y los comerciantes asistieron en búsqueda de solución, porque ellos ya habían intentado búsqueda de acuerdos con los ayuntamientos de esos seis municipios desde seis meses atrás, donde encontraron las puertas cerradas y ellos apelaron al nivel de Gobierno estatal en la búsqueda de la solución de sus problemas y éste es el resultado que ellos obtuvieron en su negociación.
Consideramos, compañeros diputados, que una situación de este tipo, cuando faltan dos meses para las elecciones de gobernador en la entidad, encarecen el ambiente político en el Estado de México, porque como dicen los propios afectados, un conjunto de soluciones ciudadanas el propio Gobierno de la entidad se ha empeñado en politizarlas. Es la decisión de ellos venir hasta esta máxima tribuna a manifestar su descontento, a manifestar su repudio y a pedir solidaridad de parte de la Legislatura Federal de la entidad.
Los comerciantes y colonos de la Alianza Nacional de Contribuyentes realizarán el día de mañana una movilización a Los Pinos a elevar ahí su máxima protesta y a exigir una intervención y a exigir respuesta del Gobierno Federal frente a la incapacidad y la torpeza para manejar los asuntos que han mostrado los ayuntamientos del Estado de México y el propio Gobierno de la entidad.
Nos cuestionamos muchas cosas porque fue un acto suficientemente preparado, en el dispositivo hubo más de 500 granaderos, estaban ahí los notarios como siempre sucede en estos casos para dar la versión pues que en este caso el Gobierno les planteó y nos sorprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté ahí a las cuatro de la mañana citada por el Gobierno para dar testimonio en qué condiciones se iba a dar el desalojo de esta organización, seguramente se trataba de ver si los compañeros aceptaban y respondían a una provocación que los obligara a un desalojo violento, seguramente la Comisión Estatal de Derechos Humanos iba a estar ahí para decir que fueron ellos quienes se opusieron y por lo tanto provocaron el enfrentamiento, o nos preguntamos si ése es el papel que corresponde a una Comisión de Derechos Humanos que desde nuestro punto de vista merece y debe merecer todo el respeto de los ciudadanos y de los partidos en su función y que no entendemos, por qué estos señores del Estado de México la ensucian de esa manera prestándose a una maniobra de este tipo.
Compañeros, aquí está la manifestación de los quejosos, pedimos la más amplia solidaridad con el caso que ellos mismos la plantean ante ustedes. Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Julio César García, del PRD, para rectificar hechos.
El diputado Julio César García Hernández:
(Desde su curul) Señora Presidenta, había entendido que antes había otro señor diputado para tomar la palabra.
La Presidenta:
¿Declina, diputado, sí?
Bueno, tiene la palabra el diputado Alfredo Torres Martínez.
El diputado José Alfredo Torres Martínez:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En relación a la intervención presentada por el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, quisiera hacer los siguientes comentarios; que a la fecha la Coordinadora de Organizaciones del Estado de México ha llevado a cabo una serie de reuniones con diversas instancias administrativas del Gobierno del Estado, entre las que destacan la Dirección de Gobernación, la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Finanzas, así como diversas autoridades municipales. Que de estas reuniones se han tomado diversos acuerdos encaminados a resolver sus diferentes propuestas, tal y como lo reconocen los promoventes en el punto No. 1 de su Pliego Petitorio de fecha 26 de abril de 1993.
Es importante destacar la reunión celebrada el pasado 26 de abril del año en curso en las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno y en donde estuvieron presentes representantes del Ejecutivo del Estado y los dirigentes de la Alianza Nacional de Contribuyentes. En dicha reunión se establecieron las siguientes alternativas de soluciones: realizar una calendarización de reuniones con las instancias municipales para atender los diversos problemas planteados, presentar ante el señor gobernador, aquellos asuntos que requieran de su decisión para llegar a una solución.
Reuniones de trabajo con los ayuntamientos señalados en su pliego petitorio, a fin de buscar soluciones que son competencia de dichos cuerpos edilicios; realizar una reunión con la Coordinadora de Organizaciones del Estado de México para el lunes 3 de mayo, a fin de darles a conocer el avance de las reuniones celebradas con presidentes y tesoreros municipales, con fundamento en que esto es competencia de los ayuntamientos.
Se ofreció una reunión con el señor gobernador, para atender aquellos asuntos que quedasen pendientes en las mesas de trabajo, tanto de la instancia municipal como de la estatal.
Que las propuestas y acuerdos, es importante hacerlo del conocimiento de esta honorable Asamblea y son los siguientes:
Que en lo referente a los asuntos que incumben al municipio de Ecatepec, el pasado día 27 de abril se llevó a cabo una reunión tal como lo ha señalado el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra y los representantes de la organización ya citada y el Director General de Gobernación, donde se propusieron las siguientes alternativas de solución.
En lo que se refiere al impuesto de radicación, el síndico procurador ofreció que se cobraría la tarifa mínima de ese impuesto, que equivale a 150 nuevos pesos anuales; en lo referente al pago del impuesto predial para los casos que se señala en el pliego petitorio, se propuso que éste se cobrara a razón de tres salarios mínimos, que representan 45 nuevos pesos anuales aproximadamente.
En lo referente a las comunidades que requieren la regularización de la tenencia de la tierra, ya se dieron las indicaciones correspondientes tanto a la Comisión de Regulación del Suelo del Estado de México, como a la propia CORETT, en lo que se refiere a los terrenos de propiedad ejidal.
Para la regularización de construcciones se les ofreció todo el apoyo considerando el plan del centro de crecimiento urbano del municipio y acatando las disposiciones reglamentarias existentes.
En relación a la compra del terreno para el área deportiva o para la reubicación del tianguis de Santa Clara, en sesión de Cabildo, el ayuntamiento de Ecatepec tratará lo relativo a esta petición en la sesión el día de mañana.
En lo que concierne a la petición de la autorización para perforar un pozo de agua potable en Santa Clara Coatitla, se propuso, si la Comisión Nacional de Agua lo autoriza, que el gobierno municipal dé su aval con la finalidad que el Sistema de Agua Potable de Santa Clara sea sujeto de un crédito para dicha perforación.
En lo que se refiere a la petición de obras de pavimentación, se propuso que el ayuntamiento
aportaría el costo del 50% del costo de la obra y el restante 50% lo sufragara la comunidad, sujetándose a un presupuesto presentado en el año de 1990 y que asciende a la cantidad de 19 mil nuevos pesos.
En lo que se refiere a la desocupación, los manifestantes fueron invitados en forma respetuosa por las autoridades a retirarse, quienes acto seguido abordaron en forma pacífica y sin incidente alguno, los autobuses que fueron puestos a su disposición, mismos que los trasladaron hasta sus lugares de origen.
La invitación a los manifestantes se hizo en atención a los diversos acuerdos y propuestas presentadas con la finalidad de dar solución a las demandas que contiene el pliego petitorio.
Creo importante compañeros diputados, hacer del conocimiento de todos ustedes, que durante el retiro de los manifestantes fue certificado, como aquí se ha señalado, por cuatro notarios públicos, dos visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuatro agentes del Ministerio Público, quienes dieron fe que el retiro de los manifestantes se llevó a cabo sin incidentes, en forma pacífica y voluntaria.
Como se puede apreciar, queda clara la voluntad política del Ejecutivo del Estado por atender y buscar las soluciones de las necesidades de la comunidad, siempre y cuando éstas se realicen en un marco de derecho y conforme a la competencia estatal o municipal.
Queda claro que el Ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales, están atentos para responder a los justos reclamos de la sociedad, manteniéndose abiertos al diálogo y a la concertación.
Queda claro que en el Estado de México su Gobierno manifiesta un respeto irrestricto a la libertad de manifestación y de petición que consagran nuestros ordenamientos jurídicos y que deben darse dentro del marco legal y de la concertación política. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Julio César García.
El diputado Julio César García Hernández:
Compañeros diputados:
Creo que para algunos tal vez este incidente comparado con lo que sucede en Yucatán, lo que sucede en Guerrero, en Chiapas o en otras entidades, de graves violaciones, tal vez ésta parezca menor; sin embargo, para una entidad de 10 millones de habitantes o cerca de esta suma, en un período electoral un hecho como el que sucedió en la plaza principal del Estado, no es un problema menor.
Los testimonios de la gente que estaba ese día en este plantón, cerca de 200 personas, que perdieron bastante material, que fueron secuestradas sus pertenencias y como dice el diputado, fueron llevados hasta sus domicilios, y la prensa así lo relata, fueron conducidos y amenazados en todo este período de la siguiente manera:
A las 4:00 de la mañana esta gente es rodeada por toda la plaza, de elementos uniformados, siendo que a las 11.00 de la noche del día anterior, es decir cinco horas antes, habían terminado pláticas en las oficinas del Palacio de Gobierno. ¿Quién dispuso un dispositivo que la gente dice que se acercaba a los mil elementos y que el día de mañana tendremos una copia certificada de esta acta que recogió la Comisión de Derechos Humanos? ¿quien dispuso este dispositivo a tan altas horas de la noche? ¿Quien ordenó a la policía acuartelarce y quedarse si iban tan bien las pláticas, si había tan buena disposición?
Habría que referirse tan solo al problema del tianguis, que aquí se decía ya es un acuerdo, por el diputado Alfredo Torres, ya es un acuerdo que se puede promover al cabildo.
Este tianguis estorba uno de los pasos fundamentales de comunicación de dos comunidades importantes en el municipio de Ecatepec.
En febrero, el presidente municipal Vicente Coos y el líder de los tianguistas habían acordado que se iba a reubicar este tianguis, pero ahora resulta que por motivos electorales, se les permite a estos tianguistas del PRI quedarse en el lugar y es mentira que ahora haya disposición, cuando aquí mismo se denunció que uno de los dirigentes de la comunidad de Santa Clara, el día previo al desalojo se reunió con el presidente municipal y ése fue el único punto en torno a los problemas de ese municipio, sin considerar los demás, pero en este municipio el único punto donde no estuvieron de acuerdo y él amenazó con el desalojo.
Por otra parte, este dispositivo exigió el desalojo en cinco minutos y acompañó a esta gente a lo
largo de toda la carretera México - Toluca hasta el municipio de Ecatepec, acompañada de 20 patrullas, sin que permitiera ninguna interrupción en su operativo.
Creemos que esto es grave, es grave en un período donde se supone debe tenerse sensibilidad porque se está en un período electoral, pero es grave más aún, que sea un dispositivo que no pudo ser autorizado más que por las altas autoridades del Estado, en este caso tal vez el Secretario de Gobierno o el Gobernador, por lo tanto el Ejecutivo del Estado es grave que ellos hayan dispuesto una violación a las garantías individuales.
No se da aquí ninguna razón de ninguna violación al orden público por parte de esta gente que se manifestaba de manera pacífica en esta plaza; ninguna razón para que se haya procedido de esta manera, por eso insistimos en manifestar aquí nuestra enérgica protesta. Muchas gracias.
COMUNICACIÓN
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concluye este punto del orden del día. Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
La diputada Cecilia Soto González:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros del pleno de la Cámara de Diputados:
Vengo a leer aquí un comunicado que nos parece de interés de la Cámara:
«Los firmantes, diputados federales por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, comunicamos al plano de la honorable Cámara de Diputados, por su digno conducto, que:
Primero. Hemos decidido reincorporarnos a la fracción parlamentaria de nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, toda vez que siendo mayoría en la misma, estamos en condiciones de cambiar la dirección de nuestro grupo legislativo.
Segundo. Con fundamento en el inciso b, del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 66 de los estatutos de nuestro partido, hemos decidido nombrar como coordinador de nuestro grupo parlamentario al diputado licenciado Adolfo Kunz Bolaños.
Tercero. En este acto, requerimos al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, anterior coordinador de la fracción, para que rinda cuentas ante nuestro grupo parlamentario, de los fondos que ha recibido de la Tesorería de esta Cámara, con objeto de financiar las actividades legislativas de nuestra fracción parlamentaria.
Diputado Javier Marcelino Colorado Pulido, firma; diputada Yolanda Elizondo Maltos, firma; diputado Romeo Flores Leal, firma; diputado Servando Hernández Camacho, firma; diputado Adolfo Kunz Bolaños, firma; diputado Francisco Laris Iturbide, firma; diputado Samuel Moreno Santillán, firma; diputada Cecilia Soto González, firma». Son ocho firmas compañeros del pleno.
Señora Presidenta, entrego al señor secretario el original con las firmas de los compañeros diputados para que surta el efecto correspondiente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputada.
Honorable Asamblea: en relación con la intervención de la diputada Cecilia Soto González, esta Presidencia manifiesta que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de nuestra Ley Orgánica, ni la Mesa Directiva ni la Asamblea en su conjunto, tienen facultades sobre los asuntos que competen a la vida interna de los grupos parlamentarios, por lo que no es competencia del pleno intervenir en un debate a este respecto y hace un atento y cordial llamado a la unidad de los compañeros diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que internamente y en un marco de conciliación, diriman sus diferencias.
Concluido este asunto, ruego a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se dará lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la LV Legislatura. Orden del día.
4 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Guanajuato.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXL Aniversario del natalicio del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el 8 de mayo, en la explanada de la Delegación Miguel Hidalgo, ubicada en avenida Parque Lira No. 94, Vicente Eguía, colonia Observatorio, a las 10.30 horas.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Agustín Téllez Cruces, para aceptar y usar la condecoración Caballero de Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, Clase Civil, que le confiere la Santa Sede.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rodolfo Sandoval Monroy, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Sulaimán Chagnón, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona de Tailandia, que le confiere el Gobierno de dicho país.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la desaparición de Inmecafé.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta:
(A las 20.00 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 4 de mayo, a las diez horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
AC Asociación Civil
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural.
CEIMSA Compañía Exportadora e Importadora de México, Sociedad Anónima
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Corett Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
DF Distrito Federal
Fonacot Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática.
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PECE Pacto de Estabilidad, Competitividad y Empleo
Pemex Petróleos Mexicanos
PRI Partido Revolucionario Institucional
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
UNICEF Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia