Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930513 - Número de Diario 10
(L55A2P1oN010F19930513.xml)Núm. Diario: 10ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputada Laura Alicia Garza Galindo
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, jueves 13 de mayo de 1993 No. 10
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a la sesión solemne en la que el licenciado Horacio Sánchez Unzueta rendirá protesta como gobernador del Estado. Se designa comisión.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
Dos, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Javier Antonio Renero Zamora y Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Dos, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Carlos Ramón Carrillo del Villar y Edmundo Font López, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Guatemala y Colombia, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROPOSICIÓN
De la Gran Comisión, que modifica la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados. Se aprueba.
ESPACIO AÉREO NACIONAL
Toma la palabra el diputado Edmundo Sosa López, para presentar una proposición respecto a las licitaciones de compra de equipo para los servicios de la navegación aérea.
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados:
Liliana Flores Benavides
Juan Luis Calderón Hinojosa, para rectificar hechos.
Martín Tavira Urióstegui, para rectificar hechos.
Estanislao Pérez Hernández, para rectificar hechos.
Para apoyar las proposiciones, intervienen los diputados:
Jorge Mejía Tobías
Liliana Flores Benavides
Se aprueban las proposiciones y se turnan a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de dicho código.
Intervienen los diputados:
José Antonio Valdivia, para fundamentar el dictamen.
Emilio Becerra González, en contra.
Para expresar sus opiniones en pro toman la palabra los diputados:
Juan Hernández Mercado
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta
Félix Bautista Matías
Se aprueba y pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
OFICIO DE LA CÁMARA
DE SENADORES
Con el que remite el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la de Relaciones Exteriores.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
De la Comisión de Ganadería.
Para su discusión en lo general y en lo particular intervienen los diputados:
Francisco Javier Alvarado Arreguín, para fundamentar el dictamen.
Josafat Arquímides García Castro, en contra.
Quinardo Meléndrez Montijo, propone reformas al artículo 2o.
Demetrio Santiago Torres
Jesús Mario del Valle Fernández, en pro.
Gonzalo Cedillo Valdez
Miguel Ángel León Corrales, propone reformas a los artículos 2o., un nuevo artículo 8o. - bis; 9o. y 12.
Jesús Octavio Falomir Hernández, propone reformas al artículo 9o.
Arturo Núñez Pardo, propone modificaciones al artículo 20.
José Escobedo Domínguez, en pro.
Daniel José Ávila Aranda, propone reformas al artículo 37.
Enrique Rico Arzate, propone reformas a los artículos 13, 34, 48 y 54.
Jorge Sánchez Muñoz, propone modificaciones al artículo 70.
Manuel Muñoz Rocha, en pro
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueban y pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
Votación, escrutinio y resultados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE DERECHOS HUMANOS
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Toma la palabra el diputado Enrique Rico Arzate, sobre tala inmoderada de bosques en el Estado. Se turna a las comisiones de Bosques y Selvas, de Agricultura y de Ecología y Medio Ambiente.
PETRÓLEOS MEXICANOS
Para referirse a la situación de un grupo de trabajadores eventuales de dicha institución, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis González Pintor.
Mario Rubisel Ross García
Luis González Pintor, para rectificar hechos.
Pablo Pavón Vinales, para rectificar hechos.
Luis González Pintor, para rectificar hechos.
Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas.
PROCESO DE REFORMA ELECTORAL
Toman la palabra los diputados:
José Octaviano Alaniz Alaniz.
Francisco José Paoli Bolio
Para rectificar hechos hablan los diputados:
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Francisco José Paoli Bolio
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Para expresar sus opiniones toman la palabra los diputados:
María Clara Mejía Guajardo
Carlos Enrique Cantú Rosas
Gil Mendoza Pichardo
Enrique Rico Arzate
Benjamín Ávila Guzmán
Miguel Ángel León Corrales
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
José María Téllez Rincón
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
DENUNCIA
Sobre supuestos ilícitos en la compra de un equipo de rayos láser, por el Departamento del Distrito Federal, hace uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
Interviene también la diputada Victoria Reyes Reyes, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
ESTADO DE PUEBLA
Sobre hechos ocurridos en el municipio de Tlacotepec, toma la palabra la diputada Ana Teresa Aranda Orozco.
Opinan los diputados:
Víctor Emmanuel Díaz Palacios
Ana Teresa Aranda Orozco, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Interviene el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Para expresar sus opiniones los diputados:
Jaime Olivares Pedro
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
UNIÓN CAMPESINA INDEPENDIENTE
Toma la palabra el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, quien denuncia el encarcelamiento de dirigentes de la mencionada Unión Campesina Independiente.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
APÉNDICE
DEBATE
Presidencia del diputado Guillermo Flores Velasco
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Felipe Medina Santos:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 398 diputados, por lo tanto. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 11.57 horas) Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Felipe Medina Santos:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo año. - LV Legislatura.
Orden del día
13 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Horacio Sánchez Unzueta, rendirá la protesta de Ley como gobernador constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 18 de mayo a las 12.00 horas, en el Teatro de la Paz, declarado Recinto Oficial.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, pueda aceptar y usar la Condecoración "Monja Blanca de Primera Clase", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Proposición de la Gran Comisión
Proposición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
De la Comisión de Ganadería, con proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.
Elección de la mesa directiva.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar las modificaciones laborales como resultantes del Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la reciente reunión del doctor Pedro Aspe y doctor José Córdoba Montoya, en Estados Unidos y su relación con el Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la tala inmoderada de bosques en San Luis Potosí.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación a la pena de muerte.
Intervención de los grupos parlamentarios integrantes de la LV Legislatura para referirse al día del maestro.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios en relación con la violación de derechos humanos, en Coahuila.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una denuncia sobre la instalación de un equipo láser en el Distrito Federal.
Denuncia de los grupos parlamentarios de los partidos; Acción Nacional y de la Revolución Democrática de sucesos acaecidos en el Estado de Puebla.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a cargo del diputado Emilio Becerra González.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios en torno al tráfico náutico, en Ensenada.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al encarcelamiento de dirigentes de U.C.D., en Guanajuato.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
La Presidenta:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Felipe Medina Santos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día once de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con diecisiete minutos del día once de mayo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos ochenta y nueve diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del décimo aniversario luctuoso del ex Presidente de la República, Miguel Alemán Valdéz. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Militar, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados , la Asamblea le dispensa la lectura. Es de primera Lectura.
Se somete la discusión un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del quincentésimo aniversario del Encuentro de Dos Culturas y al que la Asamblea le dispensó la segunda lectura.
Para referirse a este dictamen hacen uso de la palabra los diputados Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Antonio Esper Bujaidar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
También se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesario para que los ciudadanos Ricardo Colín y Núñez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España y Héctor Alberto Benavides Páramo, pueda prestar sus servicios en la
Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con copia a la Comisión Plural de la Reforma para consolidar la democracia electoral.
Sube a la tribuna el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Socialista, quien se refiere al bicentésimo cuadragésimo aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla.
Para expresar sus opiniones respecto al problema económico de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacen uso de la palabra los diputados Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita una excitativa a diversas comisiones, a la que la Presidencia accede y pide a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Trabajo y Previsión Social y de Derechos Humanos que se reúnan y acuerden al respecto; José Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición a la que la Presidenta ordena que la Comisión de Seguridad Social, solicite la información requerida; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y Miguel Sáenz Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Hildebrando Gaytán Márquez
Expresan sus puntos de vista sobre las colegiaturas de las escuelas particulares, los diputados Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
Solicita y se concede del uso de la palabra al diputado Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura a un ocurso de particulares de Tenenexpan, Veracruz y, para rectificar hechos respecto al mismo asunto, suben a la tribuna los diputados Rufino Saucedo Márquez, del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Se turna a las comisiones de Reforma Agraria y de Información, Gestoría y Quejas.
Sube a la tribuna el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, quien presenta una proposición respecto a la huelga de hambre que sostienen internos en el Reclusorio Norte del Distrito Federal y, para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Regresa a la tribuna el diputado Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura a un ocurso de particulares del Estado de Veracruz y otro de vecinos del Estado de México; contesta a una interpelación del diputado González Díaz y el ocurso se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, a la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Para referirse a lo que calificó como un peligro latente por escapes de gases en diversas instalaciones de la ciudad de Saltillo, Coahuila, hacen uso de la palabra el diputado Humberto Flores Cuéllar, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; y posteriormente los diputados Oscar Pimentel González, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Castro Lozano, en tres ocasiones; Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos en dos ocasiones; y Juan Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales en dos ocasiones.
La proposición del diputado Flores Cuéllar, se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
La Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas, quien, desde su curul, declina.
Para referirse a un incidente ocurrido en Izúcar de Matamoros, Puebla, hacen uso de la palabra
los diputados Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional.
Expresan sus opiniones respecto al acuerdo de modernización educativa, los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, quien hace una proposición; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y José Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.
La proposición del diputado Gaytán Márquez, se turna a la Comisión de Educación.
La Presidenta informa que en el transcurso de la sesión, la Comisión de Ganadería entregó un dictamen con proyecto de Ley de Sanidad Animal y, en virtud de que ese dictamen ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, se le dispensa la primera lectura.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecinueve horas con veinticinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves trece de mayo de mil novecientos noventa y tres a las diez horas.»
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Felipe Medina Santos:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
No habiendo, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada el acta.
INVITACIÓN
El secretario Felipe Medina Santos:
«Ciudadana Diputada Laura Alicia Garza Galindo, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.
El Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne en la que habrá de rendir protesta el ciudadano licenciado Horacio Sánchez Unzueta, como gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, el día 18 de mayo a las 12.00 horas en el Teatro de la Paz, declarado Recinto Oficial.
San Luis Potosí, S.L.P., Mayo de 1993.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados:
Juan Ramiro Robledo Ruiz, Agustín Basave Benítez, Francisco Hernández Juárez, José de Jesús Berrospe Díaz, Felipe Rodríguez Grimaldo, José Manuel Medellín Milán, Felipe Aurelio Torres Torres, Jorge Mejía Tobías, Antonio Esper Bujaidar y Jesús Mario del Valle Fernández.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar sus servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D.F., a 11 de mayo de 1993. - Senadores: Antonio Manríquez Guluarte, secretario y Manuel Díaz Cisneros, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar sus servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F. a 11 de mayo de 1993. - Senadores: Silvia Hernández, Presidenta; Antonio Manríquez Guluarte, secretario; Manuel Díaz Cisneros, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales . - México, D.F., a 11 de mayo de 1993. - El oficial mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar sus servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D. F., a 11 de mayo de 1993. - Senadores: Antonio Manríquez Guluarte, secretario y Manuel Díaz Cisneros, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar sus servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F. a 11 de mayo de 1993. - Senadores: Silvia Hernández, Presidenta; Antonio Manríquez Guluarte, secretario; Manuel Díaz Cisneros, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales . - México, D.F., a 11 de mayo de 1993. - El oficial mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Escudo Nacional . - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 30 de abril último:
"El teniente coronel de artillería DEM. Carlos Ramón Carrillo del Villar, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración "Monja Blanca de I Clase", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 4 de mayo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaria Lydia Madero García:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta Gobernación, con fecha 29 de abril próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Edmundo Font López, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento y curriculum vitae."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F.,6 de mayo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROPOSICIÓN
La secretaria Lydia Madero García:
«ACUERDO PARA INTEGRAR DIPUTADOS A DIVERSAS COMISIONES
Honorable Asamblea: La Gran Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, fracción IV; 50, 51 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
CONSIDERANDO
1. Que es necesario ajustar la integración de las mesas directivas de las comisiones, en virtud de los nombramientos que esta soberanía ha aprobado anteriormente;
2. Que se requiere integrar al trabajo en comisiones a los diputados suplentes que han rendido la protesta de Ley y
3. Que es facultad del pleno de la Cámara de Diputados sancionar las propuestas de la Gran Comisión en lo que se refiere a la integración de comisiones y comités; somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. Se sustituyen en las mesas directivas de las siguientes comisiones, a los diputados que se indican:
Comisione de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Se designa como secretario al diputado Jorge Leobardo Lepe García en sustitución del diputado Alejandro Nieto Enríquez.
Comisión de Asuntos Hidráulicos. Se designa como secretario al diputado Manuel Muñoz Rocha, en sustitución de la diputada Laura Pavón Jaramillo.
Comisión Jurisdiccional. Se designa como secretario al diputado Carlos Morales Villalobos, en sustitución del diputado Juan Moisés Calleja García.
Comisión de Hacienda Y Crédito Público. Se designa como secretario al diputado Ovidio Pereyra García, en sustitución del diputado Jorge Flores Solano.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Se designa como secretario al diputado Ángel Heladio Aguirre Rivero, en sustitución del diputado Agustín Basave Benítez.
Comité de Administración. Se designa como Presidenta a la diputada Laura Pavón Jaramillo, en sustitución del diputado Manuel Díaz Infante.
Segundo. Se integran los siguientes diputados a las comisiones que se enuncian:
Diputado Juan Alonso Romero, comisiones de: Ecología y Medio Ambiente; Educación; y Gobernación y puntos Constitucionales.
Diputado Armando Leal Ríos, comisiones de: Corrección y Estilo: Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y Turismo.
Diputado Francisco Portela Santana, comisiones de: Comercio, Cultura, Deporte y Pesca.
Diputado Demetrio Santiago Torres, comisiones de: Pesca y Vivienda.
Tercero. Se retira de la Comisión de Cultura, el diputado Armando Leal Ríos.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 11 días del mes de mayo de 1993. - Diputados: María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Gran Comisión; Roberto Madrazo Pintado, secretario; Rodolfo Becerril Straffon, secretario.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada señora Presidenta.
ESPACIO AÉREO MEXICANO
La Presidenta:
Gracias señora secretaria.
Para una proposición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se concede el uso de la palabra al diputado Edmundo Sosa López.
El diputado Edmundo Sosa López:
«Honorable Asamblea: La fracción parlamentaria del PRI atenta a los asuntos que interesan de manera fundamental a la sociedad y buscando preservar la integridad y valores más elevados de la Nación mexicana, frente a embates que pretenden poner en duda el prestigio de las instituciones nacionales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea un punto de acuerdo que se sustenta en los siguientes antecedentes y razonamientos:
En relación a la reunión convocada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, sostenida por un grupo plural de diputados federales, con servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, realizada el pasado 7 de mayo, con el propósito de conocer la información relativa a la licitación No. SGRM-04/92, que tuvo por objeto la adquisición de dos contratos: uno para la adquisición e instalación de equipos de radar para complementar los ya existentes en los aeropuertos de México, Distrito Federal, Toluca, Estado de México y San Felipe, Baja California y el otro contrato, para la adquisición e instalación de centros de control, que reemplazarán los existentes en el mismo aeropuerto de la Ciudad de México y en los de Mazatlán, Sinaloa y Monterrey, Nuevo León y de centros de aproximación, que también sustituirán los existentes en Acapulco, Guerrero, Guadalajara, Jalisco, Puerto Vallarta, Jalisco y Tijuana, Baja California, a través del organismo responsable para los servicios para la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano SENEAM, dependiente de la SCT; así como lo relativo a las declaraciones del señor Kaveh Moussavi, que cuestiona la legalidad de la misma.
El 27 y 28 de agosto de 1992, Seneam publicó en diarios de circulación nacional la licitación pública internacional antes referida, a la que respondieron adquiriendo bases las siguientes empresas: Alenia Sistemi y/o Alenia Aeritalia & Selenia SPA; Calmaquip Engineering, Co.; IBM International Air Traffic Corporation y/o IBM de México, S.A. de C.V.; Raytheon Canada, LTD; Siemens Plessey Electronic Systems LTD.; Thomson CSF y Nissho Iwai, Co.
Con excepción de Nissho Iwai, Co., cuya participación fue rechazada en el acto de apertura de ofertas al no acreditar su personalidad en los términos de Ley, las demás propuestas fueron evaluadas por el organismo convocante SENEAM, por el Instituto mexicano de las comunicaciones y por la empresa Martín Marietta Canada, LTD, que fue contratada para este efecto y cuyo prestigio en la materia es reconocido en el plano internacional.
El resultado de dicha evaluación y que fue dado a conocer a las empresas participantes, fue en el sentido de que ninguna de ellas había cumplido con la totalidad de los requerimientos técnicos y especificaciones de las bases y que por lo mismo, con fundamento en los artículos 28, 29 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y 21 de su Reglamento, se declaraba desierto dicho concurso. Es conveniente señalar que la legislación mexicana no permite
negociación alguna una vez abiertas las ofertas, porque hacerlo iría en demérito de la transparencia de cualquier concurso.
Es importante mencionar que ninguna de las empresas participantes se inconformó con motivo de dicho fallo, en que se declaró desierto el concurso.
Con fecha 3 de diciembre Seneam publicó segunda convocatoria, presentándose las mismas empresas y además Nissho Iwai, Co., quien en esta ocasión sí acreditó su personalidad.
Con fundamento en el estudio tanto en el aspecto técnico como económico de las propuestas presentadas, se emitió el fallo de dicha licitación; y en virtud de que como la legislación mexicana prevé que cuando hay varias ofertas calificadas, la adquisición del contrato respectivo sea en favor de la propuesta más baja, el fallo recayó en la empresa Alenia Aeritalia & Selenia SPA, por lo que toca a radares, y por lo que corresponde a centros de control y de aproximación radar, en la empresa Thomson, CSF, que fueron las propuestas viables económicamente más bajas.
Las leyes de adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y la Ley de obra Pública, establecen que las personas físicas o morales que participan en licitaciones públicas en nuestro país, cuenten con el recurso de inconformidad que se presenta ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. En el caso que nos ocupa, las empresas que no ganaron, con fechas 6 y 7 de enero de 1993, presentaron recursos de inconformidad.
Las empresas que presentaron inconformidad fueron: Calmaquip Engineering Corporation, de nacionalidad norteamericana; IBM International AIR Traffic Corporation, también de nacionalidad norteamericana; Nissho Iwai Corporation, de nacionalidad japonesa; Raytheon Canada LTD, de nacionalidad canadiense y Siemens Plessey Electronic Systems, LTD, de nacionalidad inglesa.
Una vez recibidas tales inconformidades, le SECOGEF procedió a iniciar de oficio, un riguroso examen del fallo impugnado y de la licitación pública que le dio origen.
Al efecto, requirió tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como al órgano desconcentrado de ésta, servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, para que rindieran informes pormenorizados respecto a dicha licitación y pusieran a su disposición toda la documentación inherente a la misma.
De igual manera, solicito y obtuvo del Instituto Mexicano de las Comunicaciones y de la Empresa Martín Marietta Canada, LTD., informes detallados de su participación en cuanto a la mencionada licitación. Asimismo, previos citatorios para el efecto, celebró audiencias a las que comparecieron los representantes de las empresas inconformes con el fallo dictado y de las empresas que ganaron el concurso e inclusive requirió de dicha empresa, que rindieran un diverso informe en relación con las observaciones de orden técnico que plantearon las demás empresas en sus inconformidades.
Como resultado de dicho examen en cuanto a la documentación relativa al fallo impugnado y de las diligencias practicadas, la SECOGEF pudo constatar:
1. Que tales adquisiciones fueron consecuencia directa de la necesidad de disponer de mejor tecnología para satisfacer los requerimientos de seguridad y oportunidad en el despegue y aterrizaje de aeronaves, impuestos por el incremento en el tráfico aéreo del país, registrado a partir de 1989.
2. Que en términos de los estudios realizados para el efecto por el personal profesional y técnico adscrito a la dependencia convocante, dichas adquisiciones respondían a las necesidades de ampliación de la capacidad del servicio público que presta la misma respecto a la navegación aérea y por lo tanto, que se ajustaban a lo previsto por el artículo 13 fracciones I y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles.
3. Que en términos de lo ordenado por el artículo 28 de la expresada Ley, las bases de licitación contiene la descripción completa de los bienes o servicios y sus especificaciones, indicando de manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes, exigidas por la dependencia convocante para la adjudicación de los contratos mencionados.
4. Que atendiendo a la complejidad y alta especialización de los bienes objeto del concurso, la dependencia convocante estimó conveniente estructurar las bases de licitación con la asistencia técnica de Martín Marietta Canada, LTD, cuyo prestigio en la materia es reconocido en el plano internacional.
5. Que dicha empresa canadiense, una vez que fueron estructuradas las bases de licitación, hizo constar que existían diversas corporaciones capaces de suministrar e instalar los equipos y sistemas requeridos.
6. Que estructuradas las bases de referencia, se procedió a lanzar en fechas 27 y 28 de agosto de 1992, una primera licitación pública internacional con el número SGRM-01/92 para la adquisición de los equipos y sistemas mencionados, participando en el concurso: Alenia Sistemi Civili y/o Alenia Aeritalia & Selenia SPA; Calmaquip Engineering Co.; IBM de México, S.A. de C.V., Raytheon Canada LTD; Siemens Plessey Electronic Systems LTD y Thomson, CSF.
7. Que en fecha 26 de noviembre de 1992 y siendo inadmisible negociación alguna sobre las condiciones en sus bases, se declaró desierta la licitación, debido a que ninguna de las ofertas presentadas reunían los requisitos técnicos establecidos, según fue precisado en el dictamen de la evaluación técnica emitido por SENEAM, Martín Marietta Canada LTD y el Instituto Mexicano de las Comunicaciones, que también participó en dicha evaluación y cuya experiencia técnica en la materia es ampliamente reconocida en el ámbito nacional, con lo que se dió cumplimiento a lo establecido por los artículos 17 fracción XIII y 23 fracción II del Reglamento de la Ley antes mencionada.
8. Que en términos del artículo 34 de la misma Ley y 23 fracción II de su Reglamento, que ordena la expedición de nueva convocatoria cuando se declara desierta una licitación, en fecha 3 de diciembre de 1992, se lanzó una segunda licitación pública internacional, presentándose a ella todas y cada una de las empresas que participaron en la que se declaró desierta y además Nissho Iwai, Co.
9. Que en las fechas 18 y 19 de diciembre de 1992, el mismo grupo de peritos de SENEAM, del Instituto Mexicano de las Comunicaciones y de Martín Marietta Canada, LTD., emitieron dictámenes de evaluación técnica, de los cuales se desprende que previos los estudios correspondientes se llegó a la conclusión de que tratándose de equipos de radar, no cumplieron en su totalidad los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas por SENEAM en las bases del concurso: Calmaquip Engineering Corporation; Nissho Iwai Corporation y Siemens Plessey Electronic Systems LTD., por lo cual dichas empresas quedaron descalificadas y consecuentemente, resultaba improcedente examinar el aspecto económico de las ofertas, se hace notar, que IBM International Air Traffic, Co. no cotizó para esa parte del concurso.
10. Que únicamente cumplieron con los requisitos: Alenia Aeritalia & Selenia SPA,. Raytheon Canada LTD y Thomson CSF, por lo que se procedió al estudio del aspecto económico de sus proposiciones. De dicho estudio, se llegó a la convicción de que Alenia Aeritalia & Selenia SPA, fue la empresa que ofreció los precios más bajos y por lo tanto, quedó en primer lugar, ocupando el segundo sitio en el orden de preferencia y para los efectos que marca la citada Ley Thomson CSF y en tercer lugar, Raytheon Canada LTD.
11. Que por lo que se refiere a centros de control y centros de aproximación, de acuerdo con el análisis de los mismos peritos, no cumplieron con los requisitos y especificaciones establecidos en las bases de licitación: Alenia Aeritalia & Selenia SPA, Calmaquip Engineering Corporation, IBM International Air Trafic Corporation, Nissho Iwai Corporation, Raytheon Canada LTD Y Siemens Plessey Electronic Systems LTD, por lo que fueron descalificadas de inmediato.
12. Que a este respecto únicamente cumplió Thomson CSF cuya oferta económica se encontró ajustada a los parámetros considerados para el concurso y, por ello, fue designada como la ganadora del mismo.
13. Que tal decisión se tomó, considerando que en términos de lo dispuesto por el artículo 17 fracción XIII del Reglamento de la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y como ya se precisó, es inadmisible negociación alguna sobre las condiciones contenidas en las bases de licitación o respecto de las ofertas presentadas por los concursantes.
14. Que de su texto, se desprendió que el fallo pronunciado el 22 de diciembre de 1992 en relación con dicha licitación pública, se encuentra fundado en el término del artículo 34 de la Ley, ya que es consecuente con los dictámenes de evaluación técnica que se han dejado precisados y con el estudio efectuado, por lo que se refiere al aspecto económico de las propuestas que en cada caso, cumplieron en sus términos con los requisitos y especificaciones establecidos en las bases del concurso.
No obstante lo anterior y dado que en sus inconformidades, las empresas en cuestión
plantearon observaciones sobre diversas cuestiones de índole técnica, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación consideró pertinente requerir a Martin Marietta Canada LTD., para que rindiera un informe respecto de tales observaciones y de los resultados de las evaluaciones técnicas relativas a la primera y segunda licitaciones.
Del informe que en fecha 18 de febrero de 1993, rindió Martin Marietta Canada LTD, al respecto, se desprende que dicha empresa determinó que todos los puntos planteados en las inconformidades carecían de validez, concluyendo que no existían elementos para modificar los resultados de las evaluaciones técnicas relativas tanto a la primera como a la segunda licitaciones.
En consideración a todo lo antes señalado, la mencionada Secretaría resolvió que es fundado y por tanto se encuentra ajustado a lo previsto por los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles, el fallo dictado el 22 de diciembre de 1992, por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, como resultado de la licitación pública internacional número SGRM-04/92, para el suministro e instalación de los equipos de radar y sistemas de procesamiento rada, plan de vuelo y visualización para centros de control y aproximaciones de radar.
En virtud de las declaraciones que el señor Kaveh Moussavi público en el periódico Financial Times de la ciudad de Londres, Inglaterra el 3 de febrero del presente año, 40 días después de haberse dictaminado la licitación, la SECOGEF determinó actuar en los siguientes términos.
1. El 3 de febrero de 1993 la Secretaría conminó al Presidente de IBM de México a realizar las aclaraciones pertinentes para proceder en consecuencia.
2. El 12 de febrero, IBM contestó a la Secretaría, en el sentido de que esa compañía no tiene evidencias que puedan corroborar las declaraciones del señor Moussavi y que en ningún momento ha sido contactada directa o indirectamente por miembros o agentes de Gobierno Mexicano o cualquier otra persona, con una solicitud de dinero o contribuciones en relación con la licitación.
3. El 12 de febrero, SECOGEF recibió escrito del señor Robert X. Perry Jr., quien como representante del señor Moussavi, manifestó el deseo de su representado de cooperar con el Gobierno Mexicano para el esclarecimiento de los hechos por él denunciados, por lo que la Secretaría, por ese conducto solicitó se informara por escrito el nombre de las personas por las que fue abordado el señor Moussavi, si estos eran o no servidores públicos y la institución a la que pertenecían.
4. El 18 de febrero dicho representante informó a la SECOGEF que el señor Moussavi que "no conoce los nombres de los tres hombres en cuestión porque ellos no se identificaron y que supone, aunque no lo sabe con certeza, se trataba de empleados del Gobierno mexicano".
5. En virtud de que el señor Moussavi a pesar de los requerimientos, no aportó elementos que permitieran instaurar procedimiento administrativo contra servidor público alguno, la Secretaría turnó a la Procuraduría General de la República el 19 de febrero pasado, la información relacionada con el caso, para que de considerarlo conducente realice las investigaciones correspondientes y actúe en consecuencia.
6. La Procuraduría General de la República ha informado respecto al caso del señor Kaveh Moussavi lo siguiente:
6.1 El 19 de febrero del presente año, se recibe de la SECOGEF un escrito de denuncia en el que relataba a la PGR las declaraciones del señor Moussavi en el Financial Times publicadas el 3 del mismo mes y año, en el sentido de que tres hombres le habían solicitado un millón de dólares para favorecer a la compañía IBM en la multicitada licitación.
La Contraloría expresa que realizada la investigación administrativa, consideraba necesario turnarla a la PGR a fin de que se iniciara la averiguación correspondiente y agotada la misma si se comprobaba la comisión de algún delito de orden federal, ejercitar acción penal en contra de quien o quienes resultaran responsables.
6.2 La Procuraduría examinó con todo cuidado el expediente y el 22 de febrero del año actual inició la averiguación previa número 1267/DO/93, ordenando diversas diligencias, entre ellas, citó al representante legal de IBM en México quien declaró sobre los hechos en cuestión.
6.3 Iniciada la averiguación previa, se siguieron los trámites normales, estimando necesaria la declaración del señor Moussavi quien reside en
Inglaterra, por lo que se envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que el cónsul de México en Londres procediera invitar al señor Moussavi a contestar un interrogatorio sobre los hechos motivo de la denuncia, que era indispensable contestar en forma personal y ante una autoridad mexicana con las formalidades de Ley.
6.4 El señor Moussavi declara el pasado viernes 7 de mayo a las 15.00 horas y acepta describir las características físicas de los tres hombres que según él lo habían entrevistado y con la ayuda de un perito dibujante se elaboran "retratos hablados", labor que concluye el 10 de mayo.
6.5 Examinada la declaración del señor Moussavi la Procuraduría ha manifestado lo siguiente:
a) El señor Moussavi nunca presentó denuncia, ni envió carta o documento alguno a la Procuraduría.
b) Recibida la denuncia de la SECOGEF la procuraduría inició la averiguación previa correspondiente, la cual está integrándose en forma cuidadosa.
c) La procuraduría no está revisando la investigación administrativa realizada por la Contraloría General de la Federación, porque no es de su competencia, sólo investiga los hechos contenidos en la denuncia.
d) Todo proceso de investigación requiere la máxima discreción.
e) La Procuraduría General de la República continuará atendiendo este asunto con la amplitud y profundidad requeridas y oportunamente informará los resultados.
Por lo anteriormente expuesto y
CONSIDERANDO
Que la opinión pública nacional y los diputados de la fracción mayoritaria en nuestra calidad de representantes populares, nos encontramos pendientes de este asunto por ser del interés general.
Que en función de ese interés nos pronunciamos por la irrestricta aplicación de la Ley y el esclarecimiento de la verdad con base en la identificación plena de los hechos.
La fracción mayoritaria queremos dejar muy claro, que no buscamos defender personas, puesto que en el estado de derecho en que vivimos y en el marco de las garantías individuales, existen procedimientos para tales fines.
Defendemos, sí, con toda resolución el prestigio y honorabilidad de las instituciones que el pueblo se ha dado, las queremos fuertes, vigorosas, respetadas y respetables, dentro y fuera del país.
Con toda energía declaramos que es en el más alto interés de la nación, que en donde exista responsabilidad comprobada de desviaciones o abusos en la función se castigue a los infractores con todo el peso de la Ley, pero al mismo tiempo reclamamos que en caso contrario y en respeto a la dignidad de los servidores públicos, cuya inmensa mayoría son individuos de eficacia y honorabilidad acreditadas, se reconozca y se reivindique públicamente la imagen y honor de los que resulten agraviados.
En consecuencia la mayoría de esta Cámara compromete públicamente su voluntad política y con el respeto más estricto a los ámbitos de competencia de los poderes de la unión y consecuentes con las investigaciones que en cumplimiento de la Ley realizada, la Procuraduría General de la República, la mayoría de ésta Cámara propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Instrúyase, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a este órgano técnico para que practique auditoría de los procedimientos relativos a la licitación pública internacional número SGRM-04/92, que tuvo por objeto la adjudicación de los contratos para la adquisición e instalación de los equipos de radar para complementar los ya existentes en los aeropuertos de México, Distrito Federal, Toluca, Estado de México y San Felipe, Baja California y el otro contrato para la adquisición e instalación de centros de control, que reemplazarán los existentes en el mismo aeropuerto de la ciudad de México y en los de Mazatlán, Sinaloa, Monterrey, Nuevo León, y de centros de aproximación, que también sustituirán los existentes en Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco y Tijuana, Baja California.
Por los diputados de la fracción priísta: Rúbricas.»
La Presidenta:
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hace unos momentos, el diputado que me antecedió dio una clara muestra de lo que en este país se vive, un régimen de partido de Estado.
Lo único que hizo fue venir a leer este boletín emitido por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, expedido el 19 de febrero de 1993. Eso fue lo único que vino a hacer aquí.
Y vino a plantear que este asunto se ventilara en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando sabemos nosotros, todos, que esa Comisión no opera. Esa Comisión no funciona y solicita además solamente una licitación, la licitación donde se cedieron los contratos.
Quiero decirles, señores diputados, amigos, compañeros, que el pasado 6 de mayo, un grupo de diputados de todos los partidos políticos, asistimos a una reunión con el subsecretario Luis Sánchez Vázquez, con objeto de ser informados. Resulta que ahí nos dieron éste, este boletín, el mismo que vino a hacer suyo toda la mayoría priísta de esta Cámara, según dijo el orador que me antecedió.
¿Que fue la información que nos dio el señor Luis Sánchez Vázquez?, lo único que nos dijo fue lo que en este boletín planteaba, lo que en la prensa nacional se ha dicho y nosotros, en una actitud responsable, para no emitir un juicio de valor sin tener los elementos suficientes, nosotros planteamos lo siguiente.
Hubo dos licitaciones. Una fue en agosto de 1992, a mediados de 1992; a esta licitación contendieron seis empresas. Ahí había requerimientos técnicos y requerimientos financieros. Eran dos pasos el concurso.
Ninguna empresa de las que contendió cubrió los requerimientos y de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, se declaró desierto el concurso.
Resulta que posteriormente publican otra licitación en noviembre de 1992, con modificaciones. Por esa razón nosotros planteamos: estamos solicitando a la Contraloría que nos sean proporcionadas las dos licitaciones.
Queremos ver qué lo que se modificó, si era una cuestión del aspecto técnico y solamente las empresas que cubrirán esos requisitos pasaban al aspecto financiero; queremos ver qué fue lo que se modificó.
Aquí están planteando, el diputado que me antecedió, que solamente a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, solicita la licitación donde se cedió.
Bueno, pero, ¿que diferencias había en otras? Se supone, compañeros, que cuando hay exigencias técnicas muy concretas, es que existe todo un bagaje que justifica que los requerimientos técnicos sean muy concretos. o sea, no es posible decir que se requiere este equipo con tres o cuatro válvulas y luego decir no, se requiere con dos; o sea, no se puede cambiar.
Entonces, nosotros solicitamos estas dos licitaciones. El subsecretario Sánchez Vázquez nos planteó que las empresas habían planteado una serie de quejas; nosotros no nos asustamos por eso, pero entonces yo le solicité que queríamos ver cuáles eran las quejas de cada empresa. El planteó que eran quejas eminentemente técnicas, esto es, que cada empresa defiende su tecnología, pero ¡oh sorpresa!, que nos vamos encontrando en un semanario de este país, prestigioso semanario donde viene una copia de la protesta que la IBM planteó, donde no es un problema de defensa de su tecnología, sino que además esta planteando algo bastante, bastante delicado, esto es que existe incompatibilidad entre los equipos que se compraron.
Entonces, nosotros estamos haciendo esos planteamientos, yo quisiera pedirle a la señora Presidenta que instruya al Secretario para que lea la siguiente comunicación que la diputada Rosa Albina Garavito, que es coordinadora de nuestro grupo, envió a la Secretaría de la Contraloría de la Federación.
La Presidenta:
Por favor, señor Secretario, cumplimente la solicitud de la señora diputada.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Licenciada María Elena Vázquez Nava, Secretaria de la Controlaría de la Federación. - Presente.
El pasado 6 de mayo un grupo de diputados de esta LV legislatura se entrevistó con el subsecretario Luis Sánchez Vázquez, con objeto de
ser informados por la Contraloría que usted preside, en relación al caso IBM- Moussavi, caso Lombardo.
En dicha reunión la diputada Liliana Flores Benavides, miembro de este grupo parlamentario, solicitó la siguiente información :
1o. Las dos licitaciones del concurso público, en relación a la adquisición de radares y centro de control de aproximaciones. La licitación se hizo a mediados de 1992 y la nueva licitación, el 3 de diciembre del mismo año.
2o. Las inconformidades que presentaron el 7 de enero las compañías concursantes, en relación a la asignación del contrato.
Reiteramos esta solicitud y se la hacemos formalmente a usted. Para nosotros es muy importante, en virtud de que nos aportaría más elementos para emitir un juicio de valor en torno a este asunto.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración. Atentamente, y viene una firma.
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Hasta hoy no hemos recibido respuesta de la Contraloría de la Federación. Desde esta tribuna nosotros hacemos un llamado para que esta información que nosotros requerimos, nos sea proporcionada.
Si no hay nada qué temer, no tienen por qué ocultar la información. Es así de sencillo. Eso es lo que la gente, el sentido común, los ciudadanos, están esperando. No baste aquí hacer declaraciones de que se comprometen; los compromisos se hacen con actitudes que conlleven a esclarecer los hechos. Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Se concede la palabra para rectificar hechos al diputado Juan Luis Calderón Hinojosa. Posteriormente para rectificar hechos se concederá el uso de la palabra al diputado Martín Tavira.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Desde el pasado mes de febrero ha ocupado encabezados en la prensa escrita y buen rato de tiempo en los medios electrónicos de comunicación masiva, la noticia que se trata de manejar como "dimes y diretes" de un señor de origen iraní, de nacionalidad inglesa, que afirma, en la prensa así lo ha hecho, que fue motivo de un intento de extorsión por ciudadanos de nacionalidad mexicana, tratando de facilitarle la resolución favorable a una empresa para la cual él estaba contratado para efectos de apoyo y servicios de comercialización, en relación a una licitación pública generada o convocada por la SENEAM, esto es la empresa, llamémosle así, del sector comunicaciones y transportes, encargada de brindar y prestar servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano.
Después de la larga exposición del compañero de la fracción mayoritaria, hecho aquí, leyendo ciertamente, como dijo la diputada Flores Benavides, cambiando simplemente la persona de quien escribiría de hacerlo de primera persona, como estaba en el boletín de prensa de la Secretaría de la Contraloría, cambiándola ahora a tercera persona, hablando de la Secretaría de la Contraloría. Virtualmente leyó cuatro de las páginas de este boletín, publicado el 19 de febrero.
Con respecto a las conclusiones con las que fundamenta su propuesta de grupo mayoritario, pudiéramos compartirlas y las compartimos. Creemos ciertamente que deben mantenerse fuertes, seguras, honorables las instituciones mexicanas. Creemos también, y estamos ciertos, que la justicia debe aplicarse sea quien sea quien haya o hubiere inferido agravios a las instituciones, a las empresas convocadas, participantes y a la nación misma. Creemos que debe aplicarse con riguroso apego la Ley en la materia y también creemos, recurriendo a los viejos dichos de que "si el río suena agua lleva".
Este asunto, en las últimas semanas ha sido agitado y precisamente creemos que las aguas deben calmarse, pero debe darse el cumplimiento del derecho y asegurarse y garantizarse que las instituciones permanezcan honorables.
En virtud de lo anterior, me permito proponer a esta Cámara de Diputados, un punto de acuerdo que coincide ciertamente con el que ha propuesto la mayoría, pero que en nuestra opinión debiera aplicarse la auditoría que se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda, no sólo al procedimiento de la asignación de la licitación SGRM 04/92, sino a la licitación con la que se inició todo esto, que fue la SGRM 01/92, declarada desierta y que considerando los tiempos de las denuncias y demás, fue durante la que se dio o pretendió dar la supuesta extorsión. No fue en la SGRM 04/92, sino desde la 01/92.
Por estas consideraciones, señora Presidenta, me permito someter a esta Cámara de Diputados el siguiente punto se acuerdo, fundamentado en el artículo 58 de la Ley Reglamentaria de este Congreso:
"Se instruya a la Contraloría Mayor de Hacienda para que audite los procedimientos de las licitaciones SGRM 01/92 y SGRM 04/92 convocadas por SENEAM."
Dejo mi propuesta a la Secretaría, firmada y fechada el día de hoy en este recito Gracias.
La Presidenta:
Gracias señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Distinguida Presidenta; honorables miembros de la Cámara de Diputados.
Indudablemente que este asunto es de la mayor importancia y además debemos partir de la premisa de que la Cámara de Diputados, fundamentalmente la Cámara de Diputados, es un órgano de vigilancia de la administración pública; en consecuencia, este cuerpo colegiado debe intervenir desde el punto de vista de sus facultades para que los hechos se esclarezcan, a fin de que se haga justicia a quien la merezca y se castigue también a quien merezca este castigo, si así se puede decir.
Estas cosas naturalmente que no se pueden ver con superficialidad. Cabría preguntar: ¿habrá mar de fondo en este asunto? ¿Habrá intereses políticos poderosos que tratan precisamente de aprovechar la oportunidad en la cercanía de la sucesión presidencial? No afirmo ni niego; pregunto si puede haber mar de fondo, porque ustedes saben, ciudadanos diputados, que en el aspecto penal es relativamente fácil hacer acusaciones, levantar denuncias. Pero precisamente el artículo 16 de la Carta Magna, establece que las denuncias deben apoyarse en personas dignas de fe y habría que preguntar ¿quien es el señor Moussavi? ¿Se tiene su curriculum? ¿Es persona digna de fe, desde el punto de vista del ordenamiento constitucional?
Y hay otras cuestiones, compañeros diputados. Hay un principio elemental de derecho que todos conocemos, el que afirma está obligado a probar. El señor Moussavi denunció, hizo afirmaciones, pero no ha probado nada.
Pero hay cosas curiosas, antijuridicas inclusive, en el derecho internacional privado y en el derecho internacional público.
Cuando el señor Andrés Caso dice que Moussavi es un calumniador y un mentiroso, el señor Moussavi acusa en los tribunales de Inglaterra de difamación a Andrés Caso. Cosa curiosa. No ha probado nada, pero acusa de difamación; ¿que es esto? Pero además hay otra cuestión grave. Acusar a un mexicano ante tribunales extranjeros, violando el principio de territorialidad en la aplicación de la justicia es algo grave.
Las leyes de Inglaterra no tienen jurisdicción para un delito cometido en México; los tribunales de Inglaterra no tienen competencia para un delito cometido en México, un supuesto delito cometido en México.
Yo hice ver ante el secretario Sánchez Vázquez, que había sido un grave error de Caso mencionar siquiera que se defendería ante los tribunales de un país extranjero, porque éste no es un asunto que completa a cada mexicano; este asunto compete a las autoridades de la República, porque está en entredicho la soberanía del país, el respeto a sus leyes y el respeto a sus tribunales. Esa es la causa de asuntos, de irregularidades que existen. Hay que esclarecer los hechos.
Yo pienso que no debemos asumir posiciones de prejuicio. El asunto es grave. La Cámara de Diputados debe interesarse en este espinoso problema, y nosotros queremos proponer, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, que la Comisión Plural que entrevistó al subsecretario Sánchez Vázquez, tenga el reconocimiento de esta Cámara, como una comisión que recoja información, una comisión que dé
puntuales informaciones también a esta Cámara de los conocimientos que vaya adquiriendo sobre este problema.
Ciudadanos diputados: la Cámara nuestra tiene el deber de vigilar la administración pública, tiene el deber de intervenir en este asunto. De manera que, démosle la autoridad a esta comisión para que recabe los datos necesarios y la Cámara de este honorable cuerpo colegiado actúe conforme a derecho.
Dejo la proposición por escrito a la Secretaría, para que le dé trámite correspondiente.
(Apéndice no. 1)
Muchas gracias, señores diputados.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para dar trámite, con base en el artículo 58, a la propuesta por el diputado Edmundo Sosa, se ha registrado en pro el diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías. Tiene el uso de la palabra.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
(Desde su curul) Pido la palabra para hechos, señora Presidenta.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, en principio, se concede en primer término la palabra al diputado Estanislao Pérez Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea...
La Presidenta:
A ver, permítame un segundo, señor diputado.
El diputado Manuel Laborde Cruz:
(Desde su curul) Señora Presidenta, para estar acorde con el reglamento, solicitaría que se guarde orden en la sala.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado. Suplicamos a los visitantes y a la Asamblea, tengan a bien tomar asiento y suplicamos, asimismo, guardar silencio para que pueda continuar esta sesión. Adelante, señor diputado.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
Gracias, señora Presidenta:
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, interviene para hacer glosa y defensa del principio constitucional que enmarca el artículo 108 de nuestra Carta Magna.
Dicho concepto establece la responsabilidad de los funcionarios públicos y sirve de fundamento constitucional para la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos de la Federación, Estados y Municipios.
El sentido de la legislación, es de fincar la responsabilidad de los actos de Gobierno y de administración de quienes materializan la administración pública y de fijar la actividad que guardan frente a las consecuencias o efectos de tales actos de gobierno o administración, como fuentes de las que emanaron tales funciones públicas.
La primera fracción del artículo 108 Constitucional finca la responsabilidad de los empleados de la Federación. Dicha responsabilidad se deriva de lo contenido en la fracción II, de los artículos 89, 91 y 93 Constitucionales y la regulada por la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios de la Federación, que en su primer título establece que los efectos o consecuencias de los actos de los secretarios de despacho, no se extinguen con la simple separación del cargo por voluntad propia o por decisión presidencial.
Los efectos de su gestión no se extinguen sino hasta los seis meses después de la separación de su cargo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que las obligaciones que cada secretario de despacho tiene bajo su responsabilidad, y en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, establece que a su competencia estará el cuidado de la comunicación terrestre, aérea, marítima y del mantenimiento para hacer eficiente su utilización.
El caso que nos ocupa revistió en un principio, aparentes consecuencias meramente
especulativas dentro de la administración del sector comunicaciones y transportes; sin embargo, el desenvolvimiento de las consecuencias de publicitar una licitación en los diarios, ha arrojado una serie de implicaciones que pone de manifiesto la vulnerabilidad de muchas de las acciones y convenios que acuerdan los titulares de las secretarías de Estado.
La denuncia del corredor internacional Kaveh Moussavi contra Andrés Caso Lombardo, ex secretario de Comunicaciones y Transportes y que el pasado 8 de abril fue designado embajador de México ante el Gobierno de la Gran Bretaña, ha significado a nivel internacional un duro golpe para la imagen de los integrantes de la presente administración presidencial a los ojos de la opinión pública internacional, en un momento que particularmente es delicado para refrendar la imagen pública del Gobierno mexicano como una administración eficiente y de honestidad indubitable.
¿Quien había de decir que una licitación pública, ordinaria, convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fuese a provocar semejante tormenta política y de consecuencias internacionales como las que se han vivido en las últimas semanas?
El pasado 7 de abril, cuando el ingeniero Andrés Caso Lombardo fue removido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para colocar en ella al licenciado Emilio Gamboa Patrón, nadie sospechó jamás que esa remoción iba a remover efectivamente tantas cosas jamás sospechadas, sobre todo, tratándose de un hombre de todas las confianzas del Presidente.
La Presidenta:
Señor diputado, si me permite. Para solicitar de nuevo a los visitantes a esta Cámara y a los compañeros que ocupan el pasillo central, tengan a bien desocuparlo para beneficio de los señores diputados de esta Cámara y para prestar la atención conducente al orador. Adelante señor diputado, recordándole que han concluido sus cinco minutos, suplicándole que concrete su propuesta.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
Gracias, señora Presidenta: estamos a punto de terminar.
En los Estados Unidos de América, en una revista especializada de compañías vendedoras de equipo y materiales de computación electrónica, se publicó la queja de varias corporaciones y distribuidores de equipo de computación electrónica, respecto a que la licitación convocada por el Gobierno mexicano había sido un fiasco y había ganado el concurso una empresa que ni siquiera se había inscrito en el concurso de proveedores.
Posteriormente en Estados Unidos, el empresario de origen árabe y nacionalidad inglesa, Kaveh Moussavi, representante en Europa de la internacional IBM, había obtenido el permiso y había sido designada la proveedora por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vender el equipo, instalarlo y darle el asesoramiento para su operación y mantenimiento.
La licitación referida era para que contratistas de equipos de computación electrónica, especializados en sistemas de seguridad, rastreo y sondas aeroniveladoras para detección de radar aeronáutico, se necesitaban para instalarlas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sería la dirección general de ASA, Aeropuertos y servicios Auxiliares, la beneficiaria de dicha licitación.
El 15 de abril del año en curso Moussavi, publicó en varios diarios de Estados Unidos, que el espacio aéreo mexicano estaba desprotegido y que los controladores aéreos tanto de navegación civil como la de la fuerza aérea, en muchas ocasiones tienen que rastrear literalmente a ciegas, en el aire. Las aeronaves que deambulan en el territorio nacional. Con ello quedó descubierta una gran irregularidad que en apariencia no debía de quedar descuidada y mucho menos dejada a la negligencia de la improvisación.
En semanas pasadas en Londres, en los tribunales contenciosos en el orden administrativo y de casación de la justicia británica, Kaveh Moussavi, demandó a Andrés Caso Lombardo, de colusión, extorsión e incumplimiento del pacto acordado.
Moussavi como corredor de la IBM Internacional, había ofrecido a esta empresa, conseguir la licitación pública que había convocado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. Sin embargo, la IBM, no se había inscrito al concurso y Moussavi coludido con altos funcionarios de esa Secretaría, prometió conseguir la licitación de proveedores para el equipo computarizado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero del 25 al 27 de febrero del año en curso, la visita del presidente del Banco de Francia a México y de un grupo de
inversionistas franceses, interesados en aportar capitales a obras de electrificación hidráulica, que también es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sugirieron que para tal licitación se considerase la participación de la empresa francesa...
La Presidenta:
Diputado, con todo respeto le suplicamos concrete su propuesta.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
Gracias señora Presidenta.
El 7 de abril al ser relevado de sus funciones Caso Lombardo, como titular de Comunicaciones y ser designado al día siguiente virtual embajador mexicano en Londres, en el Financial Times de Londres, en el Wall Street Journal de Nueva York y en el Economic de Washington, Moussavi concedió entrevista como corredor de la IBM Internacional para quejarse que de un momento a otro, la licitación pública de la Secretaría de Comunicaciones en México, cambió arbitraria e ilegalmente las condiciones de la convocatoria para que los requisitos solicitados fuesen los adecuados para la empresa francesa. Ello ocasionó una severa queja y denuncia en la revista Financial Journal de Washington, donde la IBM de Estados Unidos y Moussavi, acusaban a la Secretaría de Comunicaciones, el haber pagado generosas sumas de dólares a través de sus funcionarios hasta ahora desconocidos y no del todo plenamente identificados, pues Moussavi estaba reteniendo dolosamente esas pruebas.
El pasado 7 de mayo Moussavi compareció ante la Embajada de México en Londres, para contestar un pliego de interrogatorios de la Procuraduría General de la República, para que manifestase las pruebas y hechos en los que fundaba las acusaciones contra Caso Lombardo.
En tanto, México solicitó a través de su cancillería al Ministerio Británico del Exterior,...
La Presidenta:
Diputado: Con mucho afecto y respeto...
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
Le voy a agradecer, señora Presidenta, me permita tres minutos para concluir.
La Presidenta:
Como no, diputado.
El diputado Estanislao Pérez Hernández:
El 10 de mayo, Caso Lombardo, en presencia del Titular de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido, informó a la opinión pública nacional que declinaba el honor que el Presidente le confirió en asumir la Embajada mexicana en el Reino Unido, a fin de no obstaculizar las diligencias internacionales sobre el caso de Moussavi.
La conclusión a tan bochornoso e indignante asunto, puede tener miles de interpretaciones políticas, incluso, hasta la de pensar que el hecho de exhibir de esa manera al ingeniero Caso Lombardo, para objetarlo como posible candidato presidenciable, en virtud de lo cual se deduciría que fue un estratagema urdida por presiones externas provenientes de los Estados Unidos.
Sea como sea, el fondo del asunto es que si efectivamente hubo responsabilidad, tráfico de influencias, colusión o desvío de poder en la titularidad de la dependencia, de conformidad con la legislación en materia, de responsabilidades, es procedente el instruir un proceso de responsabilidad al ingeniero Caso Lombardo como titular, aun cuando no haya dejado de fungir como tal, toda vez que aún no han prescrito sus acciones como secretario de ese ramo.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicita enfáticamente, que a través de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, para que tanto el nuevo titular, licenciado Emilio Gamboa Patrón, como el titular de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, María Elena Vázquez Nava, requieran información y declaración de ex secretario Andrés Caso Lombardo, sobre la presunta responsabilidad y participación que tuvo durante su recién consumada gestión en el escándalo de Moussavi que se ha instruido en su contra en los tribunales de Inglaterra. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Obran en poder de esta Presidencia, las tres propuestas presentadas por los señores diputados: Edmundo Sosa López, Calderón Hinojosa y Tavira Urióstegui.
Esta Presidencia considera que estas propuestas son complementarias. Por lo tanto instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, en votación económica, si estas tres propuestas se atienden y se votan en un solo acto.
La secretaría Lydia Madero García:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se consideran y se votan en un solo acto las propuestas presentadas por los diputados: Edmundo López Sosa, Juan Luis Calderón Hinojosa y Martín Tavira Urióstegui, en virtud de que se complementan.
En votación económica se pregunta... Perdón, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Si se autoriza, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señora secretaria.
Para dar trámite, con base en el artículo 58, se ha registrado el diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías, en pro. Pregunto si existe algún orador en contra.
La diputada Liliana Flores Benavides:
(Desde su curul) Para fijar posición.
La Presidenta:
Muy bien. Después del diputado Mejía, tendrá el uso de la palabra la diputada Liliana Flores, para fijar posición.
Adelante, diputado Mejía Tobías.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías:
Con su venia, señora Presidenta; Compañeras y compañeros diputados:
Creo que es bien poco lo que se puede decir cuando existe una voluntad que se ha expresado en diferentes formas, pero que confluyen, se encuentran, en un mismo camino.
La propuesta que hace mi partido es una propuesta que hemos escuchado a compañeros diputados de otros partidos que han expresado su sentimiento para que esta propuesta se ponga en práctica con diferentes modalidades, como lo hacen justamente nuestros compañeros de Acción Nacional, como lo hacen justamente nuestros compañeros del Partido Popular Socialista, como acabamos de aprobar para que las propuestas que se presentaron fueran, como son coincidentes, votadas en un solo acto.
Nosotros queremos recalcar, porque ha habido algunas manifestaciones en otro sentido, que nuestra intención no es venir a calificar los hechos conocidos por todos los partidos. Pretendemos que ante todo se debe de preservar la honorabilidad de nuestras instituciones, pero consideramos que es necesario, para poder emitir juicios de valor y no juicios sobre artículos que escuchamos, que vimos o sobre información que recibimos, necesitamos contar con una opinión técnica.
Por eso nuestra propuesta se basa esencialmente en que para poder tener un mejor conocimiento de las cosas, debemos encargarle a nuestro órgano técnico, que es la Contaduría Mayor, para que ella lleve a cabo la auditoría, lleve a cabo el recolectar toda esa información que nosotros estamos necesitando para poder emitir nuestros juicios.
Por eso coincidimos, coincidimos felizmente, que debemos de dar la intervención a quien tenemos precisamente para ese servicio, a quien tenemos para que nos dé la información técnica que pueda ayudarnos a normar nuestro criterio.
Ciertamente, como lo dijo una señora diputada aquí, de todos nuestros respetos y como lo dijo nuestro compañero Tavira, tuvimos una reunión convocada por la Comisión de Vigilancia, en la cual participaron todas las fracciones y era precisamente con este afán de obtener información. Que no podíamos estar sujetos nada más a lo que estábamos leyendo en los medios de información.
Por eso nosotros no reclamamos la autoría de la principal o la primera parte de nuestro documento. Porque no es un documento que prescinda de lo que es su parte principal, que son datos públicos, datos conocidos por todos los diputados.
Nosotros sí queremos reconocer en estos momentos que nunca hemos reclamado la autoría ni la paternidad del documento que se ha presentado, por ser un documento público.
Ya, también, quisiera hacer notar y quisiera, si la Presidencia autoriza a la Secretaría, que se diera lectura a dos oficios que vienen en cierta forma a tomar en cuenta las inquietudes que se han expresado aquí por compañeros de otros partidos, en el sentido de contar inmediatamente, a través de nuestro órgano técnico, con toda la información que es necesaria.
Por lo mismo, señora Presidenta, le solicito que autorice a la Secretaría dé lectura a los oficios que estoy en estos momentos enseñando a la Secretaría.
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría complementar la solicitud del diputado.
El Secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Diputada Federal Laura Alicia Garza Galindo, Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. - Presente.
En relación a la reunión sostenida por un servidor el pasado 7 de mayo con una comisión plural de diputados federales, convocada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Honorable Cámara de Diputados y de acuerdo a su solicitud del día 10 del presente, adjunto me permito enviar a usted la información relativa a las licitaciones públicas internacionales números SGRMO1/92 Y SGRM04/92, para la adquisición de radares de centros de control y aproximación a través del organismo responsable para los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. El Subsecretario "A", licenciado Luis Vázquez Cano."
El otro oficio dirigido al: "Licenciado Luis Vázquez Cano, secretario "A" de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Presente.
Estimado señor subsecretario: por este conducto y en relación a la reunión sostenida por usted el pasado 7 de mayo por una comisión plural de diputados federales, convocada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con el fin de enterarse acerca de la licitación pública internacional número SGRM04/92 y en función de que en el transcurso de la reunión fue requerida la información sobre el tema por parte de miembros de la Comisión, me permito solicitarle tenga usted a bien canalizarla a la brevedad posible a esta representación.
Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida. Diputada Federal Laura Alicia Garza Galindo."
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor secretario. Adelante, señor diputado.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías:
Compañeras y compañeros diputados: creo que la posición está bien fijada. Todos tenemos el deseo de tener la mayor información, por eso yo creo que la posición está muy bien fijada por parte de todos y por eso únicamente les solicitamos que si ustedes lo consideran conveniente, procedamos, a autorizarlo la Presidencia, a votar estos puntos de acuerdo y en un momento dado estar pendientes del trámite, si así lo considera la Asamblea, que se le debe de dar a este asunto que hoy nos toca tratar. Muchas Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para fijar posición, la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Con el Permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Vengo aquí a sentar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En anteriores ocasiones aquí en la tribuna hemos cuestionado con elementos el papel tan limitado que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda ha jugado.
Nosotros vemos con mucha reserva que esto sea trasladado a la Comisión de Vigilancia. Pruebas hay de su papel. Uno de ellos fueron las auditorías del sector eléctrico, que quedó en nada.
Nosotros, con este planteamiento de reserva, no estamos negando la facultad que nosotros como
Poder Legislativo tenemos de fiscalizar al Ejecutivo. Al contrario, nosotros reivindicamos esa facultad y también aquí la hemos defendido, la hemos defendido aquí en varias ocasiones y la última de ellas fue cuando se discutió la Cuenta Pública y tan es así que reivindicamos esta facultad que en diferentes comisiones hemos externado, que el Poder Legislativo en su facultad de fiscalización debe continuar con una Comisión de Vigilancia que permita tener información eficiente y que por salud pública y salud política el contador mayor de Hacienda deba ser designado por la primera minoría representada en esta Cámara y que la Presidencia de la Comisión de Vigilancia sea electo o propuesto por la segunda minoría de esta Cámara,
Estas son pruebas de que nosotros reivindicamos la facultad de fiscalización, el problema está que en la actual Comisión de Vigilancia existe una mayoría muy grande de compañeros que pertenecen al PRI y por ende son jueces y son parte. Nosotros, ahorita se va a dar una votación, se va a aprobar seguramente la propuesta que hizo el PRI, pero queremos dejar claro que esto no exime de ninguna manera que la Contraloría envíe la información que previamente el grupo parlamentario del PRD le pidió. Nosotros estamos esperando esa información, independientemente de que aquí se apruebe que esto sea canalizado por la Comisión de Vigilancia y la Contaduría Mayor de Hacienda.
Yo creo que con lo que hoy ha pasado aquí, me quedan a mí dudas de que haya algo no claro. El compañero leyó aquí un oficio que envió el subsecretario a la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda el día 10 de mayo donde le plantea que las licitaciones que se solicitaron en la reunión con los diputados, estaban siendo enviadas, pero ¿qué pasa con lo otro que solicité aquí, que fue las inconformidades de las empresas?, no hizo referencia a eso y ¿por qué si desde el 10 de mayo se le envió hoy a 13 de mayo no han sido entregadas a los diferentes grupos parlamentarios?
Por todos estos elementos nosotros consideramos que no debe de quedar abierto a que la Comisión de Vigilancia trate este asunto que la Comisión Plural que se integró siga recabando información, pero pensamos que debe haber un compromiso entre todos los grupos parlamentarios y los miembros de esa Comisión, de estar informando permanentemente de los resultados de la investigación y que esta investigación no debe ser concluida después de este período de sesiones. Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Gracias, compañera diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición, en el entendido de que son las tres propuestas conjuntas que nos autorizó la Asamblea.
La secretaria Lydia Madero García:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada, señora Presidente.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones de Justicia y Defensa Nacional.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Justicia y de Defensa fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa de decreto que
adiciona y reforma diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, presentada por el Ejecutivo Federal el día 14 de abril de 1993.
Ambas comisiones, con las facultades que les otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocaron al estudio de la iniciativa que se propone de acuerdo con el artículo único de dicha iniciativa que al tenor dice: que reforman los artículos 193, 201 segundo párrafo, 202, 873, 874, 875, 878, 879, 880 y 881 y la denominación del Capítulo III, del Título Sexto, del Libro Tercero; se adicionan un tercer y cuarto párrafos al 201 y las fracciones IV y V al 874, del Código de Justicia Militar, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
En los años de 1984 y 1989 fueron aprobadas iniciativas presidenciales por el honorable Congreso de la Unión, que tuvieron por objeto modificar los códigos penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, Federal de Procedimientos Penales y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mediante las cuales se denominó con mejor técnica, el hasta entonces llamado "indulto necesario", el cual, a partir de entonces se llama "reconocimiento de inocencia", que opera cuando por algún medio se demuestra la inocencia del sentenciado, la reforma previó otros supuestos en los que el Presidente de la República puede conceder el beneficio del indulto.
En la iniciativa también se considera que es oportuno y de justicia que la legislación penal militar tanto sustantiva como adjetiva sea reformada en esta materia; la legislación militar siempre ha contemplado las figuras del indulto necesario y del indulto por gracia, de tal manera que la iniciativa tiene como objetivo ajustar dicha legislación a la realidad social y hacer posible también para los sentenciados por delitos del orden militar, la concesión del indulto en circunstancias específicas.
En consecuencia, la iniciativa propone que acorde con las reformas que sufrieron el Código Penal y los códigos de Procedimientos Penales Federal y para el Distrito Federal, se modifique el Código de Justicia Militar para incorporar la figura del "reconocimiento de la inocencia", la que sustituiría al "indulto necesario", en virtud de que aquel término refleja con mayor precisión, tanto su razón de ser, como sus efectos. Así mismo, para actualizar su texto se propone la reforma a diversos preceptos de dicho código.
De esta manera, se reformaría el segundo párrafo del artículo 201, con objeto de establecer que cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, no se trate de condenados por delitos que revistan particular gravedad, se podrá conceder el indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos en que el sentenciado haya prestado servicios importantes a la nación o existan circunstancias especiales en su favor.
Los delitos en que por su extrema gravedad no procedería el beneficio del indulto serían los de traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de gente, rebelión, insubordinación causando la muerte al superior, asonada, abandono de puesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 312, abandono de buque o convoy en los casos de las fracciones VI del artículo 318, I del 319 y artículo 321, extralimitación y usurpación de mando o comisión a que se refiere la fracción III del artículo 323, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su Comisión o empleo a que se refiere el artículo 385, ni de reincidente por delito intencional.
La facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción V del artículo 176 del propio código, para conceder la conmutación de la pena capital por prisión extraordinaria, continuaría vigente en sus términos.
En el mismo artículo 201 de la propuesta se establece que el indulto no extingue la reparación del daño en ningún caso.
En torno al reconocimiento de inocencia resultan involucrados los artículos 193, 202 y 873 del código, así como también se hace necesario modificar la denominación del Capítulo III, del título sexto, del libro tercero, del mismo código, para agregar después de la palabra "indulto", la expresión "reconocimiento de inocencia".
Aumentar las posibilidades del reconocimiento de inocencia del sentenciado, las cuales actualmente se contraen a tres hipótesis previstas en el artículo 874, significa ampliar los supuestos de un acto de justicia, los cuales además ya están previstos en los códigos procesales Federal y para el Distrito Federal. Las hipótesis en cuestión se refieren a aquellos casos en que la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas y, cuando después de
la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado dicha sentencia.
En materia de prueba la iniciativa considera que, aun cuando en el momento procesal debido, las pruebas se hayan estimado válidas, es de elemental justicia que, al conocerse la falsedad o invalidez de las mismas, no obstante ya haberse dictado sentencia, pueda la persona ser reivindicada mediante el reconocimiento de su inocencia.
En cuanto al procedimiento se propone reformar el contenido del artículo 875, para establecer que el sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de inocencia, deberá recurrir por escrito al Supremo Tribunal Militar, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Expresamente se prevé que en estos casos sólo se admitirá la prueba documental.
En cuanto a las instancias del reconocimiento de la inocencia, la reforma que se propone al artículo 878, además de introducir la figura de reconocimiento de inocencia, tiene como finalidad precisar la facultad del Ejecutivo Federal para reconocer la inocencia del sentenciado una vez que ésta se haya demostrado ante el Supremo Tribunal Militar.
En materia de indulto por gracia, se propone reformar el artículo 879, para disponer que el sentenciado que pretenda obtener indulto, ocurra por escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañando los documentos que justifiquen la prestación de los servicios importantes a la nación o la existencia de las circunstancias especiales que concurran en su favor, además del dictamen en que se haga constar que el solicitante refleja un alto grado de readaptación social y que su liberación no representa un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas; condiciones exigidas en el segundo párrafo del artículo 201 de la iniciativa para que el titular del Poder Ejecutivo Federal esté en posibilidad de conceder el beneficio de indulto.
El artículo 880 se reformaría para señalar que el Ejecutivo Federal, en vista de los comprobantes, o si así conviniera a la tranquilidad o seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las que estime convenientes.
En cuanto a la publicitación de las instituciones reguladas, también se propone reformar el artículo 881 para establecer que todas las resoluciones en que se conceda indulto o reconocimiento de inocencia, se deberán publicar en el Orden General de la Plaza de todas y cada una de las zonas militares. Asimismo, se dispone que dichas resoluciones se deberán comunicar a la autoridad judicial que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación que corresponda en el expediente respectivo.
Finalmente, el artículo dos transitorio del proyecto propone la abrogación de la Ley de Indulto para los reos de los fueros militar, federal y del orden común del Distrito y Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de octubre de 1946, ya que dicha Ley prevé reglas sustantivas y procesales que no van de acuerdo con los criterios de la reforma, y porque la regulación propuesta cubre la regulación del indulto y del reconocimiento de inocencia en los ámbitos señalados.
MODIFICACIONES PROPUESTAS
De los debates surgidos y sostenidos por las comisiones unidas de Justicia y de Defensa, con motivo del análisis de la propuesta surgieron las siguientes consideraciones.
En torno a la prueba:
Al tenor de un comparativo entre el texto vigente del Código de Justicia Militar, la propuesta y los códigos de procedimientos penales Federal y Local, no existe una diferencia sustancial en materia de causales de procedencia del reconocimiento de inocencia del sentenciado, por lo mismo respecto de todas ellas cabe refutar la regla del artículo 875 de la propuesta que establece: "Sólo se admitirán en estos casos la prueba documental", regla que coincide con la establecida en los artículos 561 del Código Federal de Procedimientos y la establecida en el artículo 615 del Código de Procedimientos para el Distrito Federal. Las reglas de los códigos introducen una excepción al supuesto contenido en la fracción III de ambos artículos y la cual equivaldría a la fracción I del vigente artículo 874, que la propuesta no modifica. Al margen de que la propuesta no considere la excepción de los códigos Federal y Local, la cual es pertinente con la naturaleza de la causal, se ha considerado que debido a la naturaleza del reconocimiento de inocencia, es importante permitir el ofrecimiento y desahogo de todas aquellas pruebas que tengan por objeto demostrar la inocencia del sentenciado, las cuales resultarían limitadas de admitírseles solo mediante la vía del documento, porque entonces no sería posible una apreciación directa del tribunal que va a tomar la decisión. Si bien es cierto que la institución
de la cosa juzgada es fundamental para dar cumplimiento a la certeza y a la seguridad jurídica, también es cierto que la verdad histórica y, el reconocimiento de la inocencia supone que la verdad histórica es otra que la declarada en la sentencia, es más importante en materia penal, porque se decide sobre derechos fundamentales de la persona.
Estos razonamientos llevaron a las comisiones unidas a considerar que es procedente suprimir la última parte del texto del artículo 875 de la propuesta que a la letra dice: "Sólo se admitirá en estos casos, la prueba documental"; de tal manera que quede en el ámbito del arbitrio jurisdiccional decidir el tipo de prueba que proceda en cada caso, atendiendo a la naturaleza de la causal, a que no se trata de un procedimiento jurisdiccional en sentido formal y a los principios de economía y brevedad que rigen todo procedimiento de jurisdicción aunque esta sea material.
En consecuencia, el artículo 875 quedaría como sigue:
"Artículo 875. El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Supremo Tribunal Militar, alegando la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente."
En relación al artículo 878 de la propuesta, se consideró que para fortalecer el derecho a la defensa de quien se crea con derecho al reconocimiento de la inocencia y las otras partes que intervengan, es pertinente agregar el siguiente texto: previa vista a las partes, de tal manera que la propuesta quedaría modificada en los siguientes términos:
"Artículo 878. Dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere efectuado la audiencia, previa vista a las partes, el tribunal declarará si en su concepto es o no fundada la solicitud del sentenciado. En el primer caso, remitirá con informe las diligencias originales a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que a su vez las hará llegar al Ejecutivo Federal para que sin más trámite reconozca la inocencia del sentenciado; en el segundo, mandará archivar las diligencias."
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Justicia y Defensa se permiten presentar a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Artículo único. Se reforman los artículos 193, 201 segundo párrafo, 202, 873, 874, 875, 878, 879, 880 y 881 y la denominación del Capítulo III, del Título Sexto, del Libro Tercero; se adicionan un Tercer y Cuarto Párrafos al 201 y las fracciones IV y V al 874, del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue
CAPITULO II
Extinción de la Pena
Artículo 193. La pena se extingue por muerte del sentenciado, prescripción, amnistía, indulto o reconocimiento de inocencia. Estas causas deben hacerse valer de oficio.
Artículo 201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, delitos contra el Derecho de Gente, rebelión, insubordinación causando la muerte al superior, asonada, abandono de puesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 312, abandono de buque o convoy en los casos de las fracciones VI del artículo 318, I del 319 y artículo 321, extralimitación y usurpación de mando o Comisión en el caso de la fracción III del artículo 323, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo a que se refiere el artículo 385, ni reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:
I. Cuando haya prestado servicios importantes a la nación, o
II. Cuando existan circunstancias especiales en su favor.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior, al indulto a que se refiere la fracción V del artículo 176 de este código.
El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño causado.
Artículo 202. Cuando se conceda indulto de la pena de muerte, ésta se conmutará por la de prisión extraordinaria. En el caso de reconocimiento de inocencia, se relevará de toda pena al sentenciado.
CAPITULO III
De la Conmutación, Reducción, Indulto, Reconocimiento de Inocencia y Rehabilitación.
Artículo 873. El reconocimiento de inocencia sólo podrá concederse respecto de penas impuestas en sentencia irrevocable.
Artículo 874. El reconocimiento de inocencia del sentenciado se podrá basar en alguno de los motivos siguientes:
I. a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas; y
V. Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquella.
Artículo 875. El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Supremo Tribunal Militar, alegando la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente.
Artículo 878. Dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere efectuado la audiencia, previa vista a las partes, el Tribunal declarará si en su concepto es o no fundada la solicitud del sentenciado. En el primer caso, remitirá con informe las diligencias originales a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que a su vez las hará llegar al Ejecutivo Federal para que sin mas trámite reconozca la inocencia del sentenciado; en el segundo, mandará archivar las diligencias.
Artículo 879. El sentenciado que pretenda obtener indulto, ocurrirá por escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañando testimonio de la sentencia, un certificado expedido por el jefe de la prisión en que se encuentre, con el que compruebe el tiempo que haya sufrido la pena impuesta, un dictamen en el cual se haga constar que el solicitante refleja un alto grado de readaptación social y que su liberación no representa un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, así como la justificación de la prestación de los servicios importantes a la nación o de la existencia de las circunstancias especiales que concurran en su favor.
Artículo 880. El Ejecutivo Federal en vista de los comprobantes, o si así conviniera a la tranquilidad o seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las que estime convenientes.
Artículo 881. Todas las resoluciones en que se conceda indulto o reconocimiento de inocencia, se publicarán en la Orden General de la Plaza de todas y cada una de las zonas militares y se comunicarán al Tribunal que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Indulto para reos de los fueros militar, federal y del orden común del Distrito y Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1946.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal 6 de mayo de 1993. - Diputados: Fernando Gómez Mont U., presidente de la Comisión de Justicia, Ramón Mota Sánchez, presidente de la Comisión de Defensa.
Integrantes de las comisiones unidas de Defensa y Justicia: diputados: Juan José Castillo Mota, Jaime Muñoz Domínguez, José Antonio Valdivia, Joaquín E. Hendricks Díaz.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
Deseo informar a esta Asamblea que se han inscrito para fundamentar el dictamen, el diputado José Antonio Valdivia, por la Comisión y el diputado Emilio Becerra González, en contra.
Adelante, diputado José Antonio Valdivia.
El diputado José Antonio Valdivia:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Si llegar a esta tribuna constituye un honor para todo mexicano, esta distinción que me han otorgado los compañeros integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Defensa, se acrecienta al abordar temas en los que el único interés que prevalece es siempre el interés general y más cuando se tiene la oportunidad de exponerse ante tan destacados mexicanos, que como todos ustedes, ven animadas sus preocupaciones por los mismos fines: la superación, la grandeza y la indignidad de la patria mexicana.
El asunto que ocupa nuestra atención es el dictamen de la iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con el propósito de reformar y adicionar algunos artículos del Código de Justicia Militar.
Las comisiones unidas de Justicia y Defensa Nacional, al estudiar y analizar el texto de la iniciativa, han encontrado un documento de relevante dimensión en la aplicación de la justicia.
Lo consideramos así porque las reformas y adiciones propuestas responden al proceso de cambio y actualización en que los mexicanos nos encontramos empeñados para darle a todos los ámbitos de la vida del país un marco moderno para su mejor desenvolvimiento.
Estamos ciertos que en la actividad punitiva del Estado y especialmente en el ámbito de las fuerzas armadas, la severidad es la norma esencial; sin embargo, los requerimientos de disciplina y orden no van de manera alguna reñidos con las posibilidades de readaptación.
Es justo admitir y reconocer entonces, que los militares son integrantes de una familia y de una sociedad que ha de procurar y esmerarse en todo momento, porque su legislación esté integrada por leyes de las que nunca desaparezcan los principios de severidad y rigidez, pero tampoco los de benevolencia, equidad, generosidad, nobleza y humanismo.
Es justo reconocer también, que aun cuando los hombres en su convivencia humana, unos están sujetos a las normas de la civilidad y otros a las estrictas reglas del orden castrense, pero todos están frente a un ordenamiento como seres provistos de razón y de derecho, como asimismo, sin distingos ni privaciones, están también inmersos en la cobertura protectora que les otorgan las garantías de libertad, de equidad y de respeto a sus derechos humanos, como miembros de una comunidad nacional integrada a un régimen constitucional y democrático.
Hay que recordar que hace nueve y cinco años respectivamente, el Ejecutivo de la Unión presentó iniciativa de reformas para introducir como técnica jurídica el llamado reconocimiento de inocencia en vez del indulto necesario, en aquellos casos en que quedara demostrada la inculpabilidad del condenado.
Hay que recordar que los cuerpos legislativos de entonces aprobaron las iniciativas por considerarlas no sólo de una superior calidad humana, sino de profunda significación social, en apego al más elemental sentido de justicia y derecho de los individuos.
No somos ajenos al hecho de que a propuesta como la anterior, respondía una realidad evidente que mantenía en privación de la libertad y en estado de indefensión a cientos de mexicanos, que por la severidad de la impartición de la justicia, purgaban condenas injustas por delitos que no cometieron o por faltas que no ameritaron y aquí la justicia continuaba vendada de los ojos para calificar la infracción, sin analizar con sano y recto juicio, las causas que transformaron en presunto delincuente a un involuntario infractor.
La filosofía latina de los tiempos clásicos, que nos sigue dando lecciones de reflexión y prudencia, manifestaba que el error es una condición humana y con tal testimonio de confusión, estamos llegando a los finales de este siglo, con un lacerante equipaje de frustración y remordimiento.
Tales reformas que han entrado en la voluntad jurídica de la nación, propician el clima de benignidad en la reorientación de la justicia y son ya afortunadamente muchos casos de sentenciados inclusive que han abandonado las rejas, en donde por culpas mínimas o por hechos que no habían cometido, se encontraban privados de su libertad, cobijando remordimientos, impotencias y fracasos.
Cabe, por otra parte, otorgarle valor y preeminencia al recurso sustantivo de la readaptación social, que en su cabal dimensión, no sólo hace meditar al presunto, al inculpado, para rectificar
su conducta, hallar en la capacitación un mejor medio de vida y retornar al seno de la sociedad con un sentimiento de reconsideración y hasta de gratitud, por lo que una falta mínima pudo transitar hacia un provecho máximo.
No podía por consecuencia un antecedente de tal naturaleza dejar en desamparo a los seres humanos incorporados a las filas de la vida militar, quienes quedaban exentos de un beneficio tan sólo por el hecho de no pertenecer a la sociedad civil.
Por ello, consideramos que la iniciativa de decreto que reforma y adiciona 10 artículos del Código de Justicia Militar, que hoy es motivo de nuestra atención, es congruente con el espíritu de rectitud y justicia que anima a los mexicanos, en las condiciones en que se encuentren, porque los militares también son sostenes de grupos familiares, con descendencia a quien educar, con ideales, con ilusiones, anhelos, ensueños, sentimientos y aspiraciones qué cumplir, con ímpetus de superación y necesidades comunes qué satisfacer y con derechos de rectificación qué compulsar, tanto en la esfera de su dignidad como en la de sus derechos humanos.
Las reformas y adiciones a los 10 artículos del Código de Justicia Militar, no hacen otra cosa que igualar las disposiciones de los derechos civiles con los militares, incorporando la figura del reconocimiento de inocencia por la del indulto necesario. El procedimiento para lograrlo, el beneficio obtenido con la readaptación social, el indulto sin condición, exceptuando los casos de extrema gravedad, como son la traición a la patria, el delito contra el derecho de gente, la rebelión, la insubordinación, la asonada, el abandono de puesto, la usurpación de mando o infracción de los deberes militares, que son materia específica de los tribunales militares.
Esta es pues, señoras y señores diputados, una iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar que enaltece a la legislación mexicana, particularmente por su estricto apego a los más inalienables derechos del hombre, significa por tanto un reconocimiento a los derechos humanos, de los que también son titulares los miembros de las fuerzas armadas; significa también impulsar el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas por lo que se refiere a su estructura interna, organización y disciplina que impone el estado de derecho en que vivimos; significa la adecuación de sus propias leyes, que le permita disfrutar también de reformas de avanzada, como la que hizo llegar a esta representación nacional el titular del Ejecutivo Federal.
Señoras y señores diputados, quienes tenemos el honor y orgullo de formar parte de nuestro instituto armado, sabemos que estas reformas implican el reconocimiento a la labor que el Ejército mexicano, nuestro ejército, en forma callada y discreta, desarrolla permanentemente, en beneficio institucional, que con celo y cuidado protege y protegerá siempre como razón esencial de su propia existencia. Todos nosotros sabemos que las fuerzas armadas en México son reductos de paz, de tranquilidad, de solidaridad, de identificación y alianza con las supremas instancias del quehacer nacional; lo mismo proporcionan un servicio médico, que se integran a los casos de desastre; lo mismo plantan un árbol que reconstruyen una escuela, lo mismo rinden honores a nuestros símbolos patrios que preservan la integridad del territorio mexicano.
Sabe el pueblo de México, que las fuerzas armadas mexicanas con voluntad participativa han conquistado el elevado promontorio de su presencia en las grandes tareas de la comunidad civil que siendo el instituto armado un cuerpo preparado para la guerra, ha ganado sus mejores batallas en el campo de la salud colectiva y de la solidaridad social; conoce el pueblo de México un hecho cívico que contribuye a subrayar el papel protagónico del instituto armado en el desarrollo del país. Ahí donde se levanta un cuartel a la par se funda una escuela de civismo, de lealtad, de esfuerzo, de mexicanidad; por estas razones, así como a la luz del derecho comparado, afirmamos que esas reformas y adiciones recogen los principios en la materia que ya se contienen en distintas legislaciones castrenses y que las mismas se adecúan a las disposiciones que ya se encuentran incluidas en esta materia, dentro de los códigos federales de procedimientos penales como penal vigentes en nuestro país.
Es necesario advertir que las reformas y adiciones propuestas fueron discutidas dentro del seno de las comisiones unidas de esta Cámara y en conferencia con las respectivas del Senado y de la República y es de hacerse notar también que en la iniciativa mereció el apoyo unánime de sus integrantes. Lo anterior no lo interpretamos sólo como una coincidencia dentro de una Cámara plural, sino que lo que contemplamos como más relevantes todavía, fue la opinión compartida, doctrinariamente, respecto de una institución que, como el Ejército, la Fuerza Aérea, y la Armada, son aglutinadores de los ideales y los más elevados valores nacionales.
Asimismo es necesario aclarar que en el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración y en su caso aprobación, están ya contenidos
los cambios expresados por los miembros de las distintas fracciones parlamentarias, en el momento en que fue estudiada esa iniciativa.
La nueva cultura política que opera en el alma nacional de la nueva generación innovadora, establece con estas reformas y adiciones la modernización y la adecuación a sus circunstancias, en vísperas del advenimiento a otro siglo, que no sólo representa el ocaso de una centuria, sino el amanecer a un nuevo tiempo que ofrece la enriquecedora oportunidad para dar el salto definitivo al fenómeno reformador de la sociedad, de un país que se precia a sí mismo y que quiere ser apreciado por los demás, en función de su actualización y cambio.
Honorable Asamblea: en nombre de las comisiones unidas de Justicia y de la Defensa Nacional de esta honorable Cámara de Diputados, me permito dejar constancia de los juicios que se han emitido en torno a la iniciativa referida, pidiéndoles que con la debida justipreciación de los fundamentos expuestos, esperamos la convalidación y aprobación correspondiente de este cuerpo colegiado. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Valdivia.
Antes de dar la palabra al siguiente orador, quisiera rogar a los asistentes esta sala se sirvan tomar sus lugares, guardar silencio; hay un ambiente que parece de vendedores ambulantes en nuestro recinto. Quisiéramos rogarles que pusieran atención y guardan el respeto que corresponde a esta sesión.
Diputado Emilio Becerra González, tiene usted la palabra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados:
Antes de iniciar ni intervención respecto a la ley que hoy nos ocupa, quiero hacer un reconocimiento a la intervención del diputado y general José Antonio Valdivia, que de alguna manera con sus conceptos dejó clara ante esta tribuna una lección de disciplina y de rectitud castrense. Hombres como él ennoblecen al Ejército mexicano. Ojalá y haya muchos más como él.
De alguna manera ha expresado en esta tribuna las inquietudes de nuestro instituto armado, y de una manera subliminal también nos ha dicho que el instituto armado no se encuentra totalmente aparte de la política, que reclama su lugar en la política y que habrá de ocupar ese lugar cuando las circunstancias así se requieran, como garante de la Constitución, de las garantías individuales y yo agregaría, sobre todo, de la limpieza de los procesos electorales.
Previamente el análisis de fondo de la legislación, hay aquí una cosa que a mí me preocupa de forma. Es muy grave que ya en la segunda mitad del ejercicio se den fallas que no se deben dar.
Yo tengo aquí el dictamen que se repartió y creo que se nos entregó a todos, es un dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de la Defensa Nacional. Aparece el dictamen con la firma del presidente de la Comisión de Justicia, de los secretarios de la Comisión de Justicia y de la Defensa Nacional, pero no así con la firma del presidente de la Comisión de la Defensa.
Ello quiere decir que no hay dictamen, puesto que si no está firmado por los presidentes de la Comisión, pues, seguramente hay aquí una falla muy grave que de entrada obligaría a que se regresara este dictamen.
Pero quizá, como es un error de forma y no de fondo, se haya corregido. Pediría yo al señor Presidente, que ordene a la Secretaría que teniendo a la vista el dictamen original, se dé fe si está firmado o no y cuando menos se nos dé una explicación por qué se distribuyó a todo el cuerpo colegiado un dictamen sin firma.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a verificar las condiciones del dictamen e informarnos si se encuentra debidamente suscrito.
El secretario Domingo Alberto Reséndiz:
Sí está firmado por el diputado Fernando Gómez Mont, presidente de la Comisión de Justicia y el diputado Ramón Mota Sánchez, presidente de la Comisión de Defensa.
El Presidente:
Señor diputado, continúe.
El diputado Emilio Becerra González:
Muchas gracias, señor Presidente.
Este dictamen da la impresión o pretende dar la impresión de que éste es un asunto simplemente semántico, en el que se está adecuando el lenguaje que se usó en otra época, por un lenguaje doctrinario y teóricamente más apropiado.
Sin embargo, desde mi punto de vista hay algunas observaciones qué hacer. Por principio de cuentas, esto nos indica que no existen unos criterios de política legislativa, porque a través de más de año y medio que hemos estado legislando, no se sabe cuál es el criterio conforme al cual se legisla en esta Legislatura.
Y, así, vemos que hay unas leyes que se modifican totalmente y se envía una iniciativa de Ley para abrogar totalmente la Ley existente y hacer o crear una nueva Ley y hasta otras leyes que se modifican únicamente en parte, pero que esas modificaciones parciales al cabo de seis meses se le hace otra modificación parcial y a los tres meses otra modificación parcial, como es el caso del Código Penal.
El Código Penal se ha modificado no menos de tres veces en la actual Legislatura y cuando un servidor ha reclamado que de una vez se esperen todos esos parches o modificaciones para cuando se presente el nuevo Código Penal, que supuestamente se está elaborando, se dice que esas iniciativas o esas modificaciones o esas reformas, urgen.
Y entonces aquí es donde surge la pregunta respecto a otro criterio de política legislativa.
La Presidenta:
Señor diputado, permítame un segundo.
Rogamos a los visitantes desalojen los pasillos, para beneficio de esta Asamblea y de los señores diputados y para que sea factible prestar atención al señor diputado. Adelante, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González:
Porque de acuerdo con la Constitución, hay tres entidades que tienen iniciativa de ley y lo menos que podría esperarse es saber cuando menos cuáles son las leyes que se encuentran en la agenda de legislatura y obviamente entrar en contacto con el Ejecutivo para conocer la agenda de esas leyes. Pero también otro probable o posible criterio de política legislativa que no conocemos, consiste en saber si la Cámara va a legislar en función de las necesidades y del bienestar nacional o va a legislar en función a la presión que ejerzan grupos determinados o del inmediatismo, a que nos somete la iniciativa del Ejecutivo.
Tal parece ser, repito, que aquí está funcionando el inmediatismo, porque si ustedes analizan la presente iniciativa, en la exposición de motivos se señala que así como se envió una iniciativa para reformar los códigos Penal y de Procedimientos Penales en materia de indulto y en reconocimiento de inocencia, pues se les había olvidado que también existe una legislación penal militar y cuando se recuerda que existe una legislación penal militar entonces envía una iniciativa que tiene la finalidad de hacer o de pegar un parche que ya se le pegó al Código Penal y yo lo digo por lo siguiente: cada vez que se envía una iniciativa, lo menos que se puede esperar de los legisladores responsables, es que se analice la totalidad del código a reformar o a modificar, para determinar si ese código requiere únicamente esa modificación o requiere de múltiples modificaciones o adiciones y se hagan en una sola iniciativa todas las modificaciones y reformas que sean necesarias o que resulten en ese momento.
Porque si analizamos el Código de Justicia Militar y lo comparamos con el Código Penal, vigente en el Distrito Federal, resulta que el criterio no es uniforme. Si estamos aquí tratando de uniformar el Código Militar al Código Penal del Fuero Común para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, habría que revisar el contenido de las penas y habría que revisar el contenido del lenguaje y habría que revisar la técnica de los propios códigos, porque si ustedes analizan el Código de Justicia Militar, es un código que contiene la totalidad de la legislación penal en un sólo código, contiene Ley Orgánica del Ministerio Público, contiene Código de Procedimientos, contiene Código Penal y contiene Ejecución de Sentencias.
¿Es ésa la técnica que vamos a aplicar o es la técnica que es aconsejable? Porque si únicamente estamos modificando cuatro, cinco o 10 artículos, quiere decir que tácitamente estamos reconociendo que el resto del código no tiene ninguna otra modificación qué hacérsele ni que es perfectible en este momento y que lo aceptamos tal como es.
Y fíjense que cosa tan curiosa, hablaba el general Valdivia de la reciedumbre de los militares. Y ¿saben ustedes cuál es la pena máxima que se aplica de prisión a un militar?, 20 años de prisión; es la pena máxima que ellos denominan
prisión extraordinaria y eso es únicamente cuando se da la conmutación de la pena de muerte. Pero la pena máxima de prisión ordinaria para los militares, es de 15 años. Y la pena máxima para los civiles es de 50 años. ¿Cuál es la congruencia que debe de haber en esta Legislatura?, porque no podemos aceptar que el código de justicia militar quede así como está. Y también que el Código Penal para el Distrito Federal quede como está, porque son criterios totalmente distintos.
¿Por qué aquí se aceptó hace aproximadamente un año, que a los homicidios calificados y a los violadores con homicidio se les aplicara 50 años de prisión, y cuando un militar comete ese mismo tipo de delitos, únicamente 15 ó 20 años de prisión? Definitivamente aquí algo anda mal. La Legislatura debe de tener criterio uniforme, debe de haber consistencia, debe de haber unidad interna en sus resoluciones y en sus motivaciones. Porque fíjense nada más a guisa de ejemplo, cómo es si no arcaico, cuando menos el lenguaje en desuso de tipo jurídico que se emplea en el código militar.
A guisa de ejemplo tengo los siguientes: se emplean entre otras las siguientes acepciones: en el Código de Justicia Militar se habla de "causa impulsiva del delito" en vez de "causa generadora del delito"; "estimulación a cometer un delito" por "instigación a cometer un delito"; "promovedores de los delitos" en vez de "instigadores de los delitos"; "connato del delito" por "tentativa del delito"; "compromiso de no estorbar la comisión de un delito", que puede ser muy gráfico, por "compromiso de no impedir la comisión de un delito". Y luego a los encubridores no los trata como la legislación común, sino habla de "encubridores de primera, segunda y tercera clases".
En fin, yo considero que todo este tipo de cosas debieron de haberse tomado en cuenta por las comisiones unidas, porque cuando se revisa un código, se revisa en su totalidad, no se revisa nada más para ponerle parches y además mal pegados. Porque aquí se ha hablado y la Comisión de Justicia ha llevado a cabo varias audiencias públicas, de un nuevo Código Penal. Pero ese nuevo Código Penal, del que hay proyectos, anteproyectos, declaraciones, opiniones, a mí me parece que le pasa lo que decía el señor León Paleta en el Senado Americano: que los votos no están ahí, como él decía del Tratado de Libre Comercio; porque el código ya está ahí, pero como los votos no están ahí, lo más probable es que ese código va a ser una quimera y que simplemente vamos a estar una y otra y otra vez con parches y más parches y más parches.
Y aquí definitivamente viene el punto que a mí más me preocupa: en el Código Militar, se establece la pena de muerte y en la propia iniciativa se reconoce claramente, la posibilidad de que haya una condena de muerte y que como consecuencia de esa condena, si se da el indulto, el indulto conmutará la pena por prisión extraordinaria.
Y fíjense qué cosa tan curiosa y tan preocupante y que se refiere a la falta de congruencia interna que yo he venido machacando en esta intervención: la Secretaría de Relaciones Exteriores y a veces el propio Ejecutivo Federal, han hablado de que la pena de muerte es una pena inhumana, que es una pena obsoleta, que está en desuso, que no procede en los países civilizados etcétera.
Y en la Comisión Permanente, todas las fracciones parlamentarias firmaron pronunciamientos en contra de la pena de muerte respecto a las ejecuciones de unos nacionales mexicanos en el extranjero. Sin embargo, a pesar de esas proclamas, esta legislatura está a punto de dar un voto en favor de la pena de muerte. Y en la propia iniciativa, el Titular del Ejecutivo, de manera tácita, se muestra partidario de la pena de muerte. Así dice en la página 3 de la iniciativa del día 7 de abril, dice:
"La facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción V del artículo 176 del propio Código para conceder la conmutación de la pena capital por prisión extraordinaria, continuaría vigente en sus términos". ¿Esto qué quiere decir? Que para que se dé el indulto a un condenado a muerte, necesariamente tiene que existir de manera previa y anterior, una pena de muerte, una condena a muerte y, para que se pronuncie una condena de muerte, tiene que existir en la legislación la posibilidad de aplicar la pena de muerte.
En esas condiciones, tenemos nosotros que cuestionarnos qué papel juega el Código Penal como instrumento de política criminal.
Ya acabamos de escuchar en días recientes, qué el Procurador de Justicia del Distrito Federal, reconoce que las causas generadoras de la criminalidad, son múltiples y también los elementos de política criminal de prevenir y castigar, deben de ser múltiples.
Y yo pregunto, como dije en muchas de las audiencias públicas que tuvimos: ¿Cuál es el objetivo que se va a perseguir con este Código
Penal? ¿Castigar, rehabilitar, corregir, prevenir o parcialmente todo ello? Porque de que la pena de muerte en México es legítima, es legal y es constitucional, no cabe la menor duda. La propia Constitución así lo prevé en sus artículos 14 y 22 y voy a permitirme leerlos, porque a raíz de tanta información periodística, pareciera ser que la pena de muerte no existe o no puede existir en nuestro país y definitivamente, en esta iniciativa tenemos que ver de frente a la pena de muerte y tomar la decisión que sea la más adecuada.
El artículo 22 de la Constitución, dice "Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden criminal".
Y como una garantía de que no se va a aplicar la pena de muerte ad deliritum o de manera indiscriminada, el artículo 14 de la Constitución, dice: "Nadie podrá ser privado de la vida de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos"
Esto quiere decir definitivamente que la pena de muerte puede aplicarse siempre y cuando exista una condena a través de un juicio seguido con todas las garantías que la propia Constitución señala.
Y a mí me satisface que la iniciativa venga en apoyo tácito de la pena de muerte porque, aun cuando en mi partido, el de la Revolución Democrática, hay una mayoría importante en favor de la abolición de la pena de muerte, yo en lo particular, escuchando a múltiples reclamos de muchas organizaciones y de mucha gente, soy partidario de la instauración de la pena de muerte en la legislación.
Y de alguna manera el hecho de que esta legislatura vaya a apoyar y a convalidar el Código de Justicia Militar, que establece la pena de muerte, significa que cuando se vean las reformas al Código Penal por un principio de elemental congruencia, esta legislatura debe establecer en la legislación común la pena de muerte como un instrumento de política criminal, que deberá ser usado de modo excepcional.
Es cierto que hay literatura tanto en pro como en contra de la pena de muerte. Yo aquí me voy a referir simplemente a los argumentos más sabidos.
Se dice que la pena de muerte, es un apena irreversible. Señores, todas las penas son irreversibles. A quién hayan metido a la cárcel, un año o dos años o tres años, que lo dejen salir. Ya los dos o tres años que duró en la cárcel ya son irreversibles.
Y si no, pregúntenle a Lupita D'Alessio si los 15 días que duró detenida en prisión son reversibles de alguna manera con la libertad que ahora recuperó.
Se dice que la pena de muerte, no disminuye la criminalidad y no intimida. Si así fuera, entonces la pena de prisión tampoco disminuye la criminalidad y tampoco intimida y entonces también resulta innecesaria.
Yo creo que necesitamos no irnos a los extremos. Necesitamos analizar las cosas tal y como son y dotar a la sociedad de los elementos que la sociedad requiere para su propia defensa.
Yo quiero recordar algunos casos que han sido del dominio público y que definitivamente la sociedad ha clamado, porque en esos casos excepcionales se aplique la pena de muerte.
Los casos de violencia ciega. Como el caso de la madrina, ése allá de Hermosillo, Sonora o de por allá. Ese señor que sin motivo primero mató a uno, luego le quitó el coche a otro, luego mató al dueño del coche, luego mató a los que lo iban a detener. Toda esa serie de homicidios sin justificación excepcionalmente ameritan la pena de muerte.
Quienes torturaron a Camarena, lo mantuvieron vivo para que resistiera mayor tormento, grabaron su muerte y grabaron sus declaraciones, evidentemente que esa gente amerita la pena de muerte.
El que mató al padre de los Quijano llevándolo a un sarcófago, maniatándolo de pies y manos y dejándolo morir de inanición después de 15 días de tenerlo ahí, es una crueldad tal que esa gente no tiene readaptación.
Los que violan a menores de edad. Quienes han secuestrado a niños y niñas, piden rescate, obtienen el rescate, los violan, después los matan, esos casos excepcionales, seguramente la conciencia de la sociedad estima que ahí procede la pena de muerte.
Porque cada vez que se va a ejecutar a alguien se olvida que ese criminal no le concedió garantía de audiencia a sus víctimas, no le concedió
ninguna posibilidad de defensa, además los asesinó sin ningún derecho y sin ningún motivo justificado.
Y el otro día yo vi un psicólogo en un programa de esos que pasan por cable, donde un homicida, multihomicida, antropófago, que aparte de matar a sus víctimas se las comía y luego estaba construyendo un altar para conservarlos ahí; les tomaba película en una videocamara para conservar sus últimos momentos de sadismo, todo eso grabado. Y él mismo reconoció ante la televisión americana que él ameritaba la pena de muerte. Y cuando le preguntan a un psicólogo si ese señor efectivamente ameritaba la pena de muerte, dijo que no, que era un señor que hacía eso por falta de amor, que le había faltado amor en su infancia etcétera que había que readaptarlo; quizá para que matara a otros 15 ó 20 ya una vez readaptado.
Por todo ello, ante los crímenes deleznables, ante criminales excepcionalmente peligrosos e incorregibles, definitivamente es un instrumento más de política criminal la pena de muerte. Y qué bueno que esta Cámara se vaya a pronunciar en pro y en favor de la pena de muerte para los militares. Y siendo así, porque el que es abolicionista es abolicionista en todos los terrenos y el que está en pro de la instauración y de la aplicación de la pena de muerte lo es en todos los terrenos, qué bueno que una vez que esta Cámara se pronuncie por la aplicación y la vigencia de la pena de muerte en el Código Militar, también se pronuncie en su momento oportuno por la vigencia de la pena de muerte en el Código del Fuero Común, para que la sociedad disponga de todos los elementos necesarios para su defensa frente a aquellos que voluntariamente se colocan al margen del derecho. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para fijar posición, el diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Hernández Mercado:
Con su venia, señora Presidenta: compañeras y compañeros diputados:
En el nombre del Partido de la Revolución Democrática vengo a fijar la posición que guardamos con respecto a esta iniciativa que envió el titular del Ejecutivo y, en consecuencia, el dictamen pronunciado por las comisiones conjuntas de Defensa y de Justicia.
En cuanto a las modificaciones que se hacen al Código de Justicia Militar con respecto al reconocimiento de inocencia y de indulto, nosotros nos pronunciamos por este tipo de medidas. Creemos que es fundamental y es determinante que exista siempre la posibilidad de resarcir un daño y en este tenor no podríamos en ningún momento pronunciarnos por la pena de muerte.
Si bien está todavía de alguna manera enunciado en el artículo 22 de la Constitución, esto también tendríamos que valorarlo. No podríamos dejar anacronismos en la propia Ley fundamental de nuestra República. En consecuencia, lo quiero volver a ratificar, consideramos que es valiosa y es correcta la adecuación que se hace al Código de Justicia Militar y nos pronunciaremos en favor de la misma.
Pero sí quisiéramos puntualizar que en lo que respecta al segundo transitorio tanto en la exposición que nos hace el proyecto de dictamen de la comisión únicamente enuncia que se va a abrogar, pero esta Ley del Indulto, la Ley de Indulto mencionada en el segundo transitorio, abarca los fueros militar, federal y del orden común.
Si bien en el texto de la propia Ley del Indulto existen circunstancias que han sido rebasadas por la propia realidad y por las adecuaciones y modificaciones que se han hecho a los diferentes ordenamientos del Código Penal en materia común y en materia federal, creemos que aquí debe llenarse ese hueco. No podemos abrogar una Ley donde de alguna manera se ha sintetizado, se ha puntualizado en qué condiciones se debe otorgar el indulto. Al contrario, creemos que debe existir y no vamos a estar de acuerdo con el segundo transitorio, pero en función de que si es necesaria una reglamentación jurídica que puntualice y de alguna manera reúna todos aquellos elementos que hacen conducente el indulto o el reconocimiento de inocencia en todo caso.
Por su atención compañeros muchas gracias.
La Presidenta:
Señor diputado ¿acepta usted una interpelación? Sí la acepta, señor diputado, adelante.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
(Desde su curul) Sólo señor diputado para propósitos de claridad, debe la fracción parlamentaria de Acción Nacional tomar la posición que usted acaba de expresar como la posición oficial, quizá fundamentada en documentos oficialmente publicados por su partido o bien debemos entender que la posición anteriormente manifestada por el señor diputado Becerra representa la posición del partido a que ustedes pertenecen.
El diputado Juan Hernández Mercado:
Lo mencioné al principio de mi intervención y estoy fijando la posición del PRD, la intervención de nuestro compañero Emilio Becerra es desde la óptica que él contempla esta iniciativa y es a título personal.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra por la Comisión el diputado Gómez Mont.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta:
Con su venia; señoras y señores diputados:
Creo que es fundamental centrar en sus términos reales el contenido de la iniciativa a fin de que de la misma no surja un falso debate, es falso que la iniciativa por su contenido promueva la pena de muerte. Da lugar al indulto sin excepción alguna, frente a una sentencia que pudiera tener esa significación.
Para quienes henos sostenido desde la academia, desde la política, nuestro repudio, nuestra objeción a la pena de muerte, hemos abundado en muchísimos datos; es falso o cuando menos no está acreditado estadísticamente que la pena de muerte implique una dosis de intimidación mayor que la de una pena de prisión, es claro que han existido errores judiciales en la aplicación de la pena de muerte y que por ser irreparable, se ha tenido que llegar a la de una reparación virtual, mediante la aclaración de la sentencia o la anulación de la sentencia frente al condenado ya muerto, es decir, la restitución de su buen nombre.
Este es un tema que se ha debatido y se debate en todo el mundo; yo coincido con usted que la lucha por la vida sea mediante la negación de la vida y por eso yo creo que esta iniciativa al abrir caminos racionales para que la pena de muerte no se dé, por eso es buena. Usted me podrá decir: ¿por qué no reformaron lo otro? y yo le voy a contestar: Yo no conozco, ni de usted ni de nadie una iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar o que ese fuera el centro del debate en las comisiones, tal vez usted no desee modificar el Código de Justicia Militar, sino el Código Penal para establecer la pena de muerte y ahí nos vemos diputado, ahí nos vemos.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado Félix Bautista Matías del PFCRN para fijar la posición de su partido.
El diputado Félix Bautista Matías:
Con su permiso señora Presidenta; señoras y señores diputados.
Me voy a permitir leer la posición del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en relación con el Código de Justicia Militar.
En las sociedades modernas se requieren adecuaciones jurídicas que vayan acordes con los procesos de transformación que se gestan en ellas.
Nuestro país no es ajeno a la necesidad de transformar su aparato legal, existen leyes que se han mantenido por décadas. En contraste con esto la sociedad mexicana ha tenido cambios incesantes.
Uno de los ordenamientos jurídicos que ha permanecido sin modificaciones por cinco décadas, es el Código de Justicia Militar.
Desde su creación en 1933, se modifica dos veces: una en 1942 y otra en 1946. De este último cambio a la fecha, se hace imposible que el Código se vea reformado para ubicarlo y para que desempeñe una función jurídica útil, es necesario transportar sus categorías de los años cuarenta en una adecuación histórica hacia los años noventa.
No sólo se requiere desplazar unas concepciones legales por otras, también se precisa que la incorporación de éstas responda a las demandas de las necesidades actuales.
Nuestro partido está consciente de que las reformas al Código Militar es una cuestión
impostergable. Hoy el Ejecutivo Federal reconoce esta situación y ha propuesto, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma del antes mencionado código.
El objetivo central de esta propuesta es incorporar jurídicamente la figura del reconocimiento de inocencia, la cual sustituirá a lo que se concebía como indulto necesario; artículos 193, 202 y 873 del código señalado.
Sin embargo consideramos que aún el Código de Justicia Militar debe ser modificado a mayor profundidad. Vemos por ejemplo que en el Código de Justicia Militar, en forma recurrente se determina la aplicación de la pena de muerte como sanción a diversos delitos cometidos por los militares.
Es cierto que el artículo 22 constitucional contempla la pena de muerte para ciertos casos y es recurrente su utilidad para el Código en mención.
El reconocimiento expreso de la inocencia es un elemento esencial porque hay cerca de 60 artículos en el Código de Justicia Militar en donde se adopta como mecanismo de sanción.
Aunque se contempla en el código que la pena capital puede conmutarse por prisión extraordinaria, artículo 176 fracción V, no se liquida de antemano la figura jurídica de la misma.
Nuestro partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que es exceso legal el que se imponga la pena capital. Estamos de acuerdo en que se den mecanismos de coerción para aquellos infractores de nuestra normatividad jurídica.
Estamos de acuerdo en que se cumplan las condenas largas en prisión, pero no estamos de acuerdo que para corregir se utilicen mecanismos que no corrigen, sino que eliminan. Por tal razón, consideramos que este código debe ser analizado por esta Cámara de Diputados.
Por otra parte, la iniciativa de reforma al código plantea que las pruebas que se presenten para juzgar si es o no inocente, sean exclusivamente documentales.
A juicio de nuestro partido, las pruebas documentales son herramientas de valoración importantes; sin embargo, valdría la pena incorporar testimonios de testigos que tengan reconocimiento y presencia en nuestro país. Esto ayudaría en mucho a controlar el manejo de la información que se presente.
Innegablemente hay avances en esta iniciativa en relación con el código actual. Sin embargo, aún existen algunas cuestiones que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, considera que no corresponden al marco de los derechos humanos que demanda una sociedad más justa y más prudente.
Reiteramos que no aceptamos la pena capital, aunque sí aceptamos condenas largas en prisión, bajo mecanismos legales que sean justos y en donde no se crea que porque se flexibiliza en la sanción, se podrá incurrir en graves faltas. Para ello es importante imponer limitaciones al derecho de reclamo de inocencia, de tal forma que no cualquiera se declare inocente, e incluso idear medios de sanción para todo aquel que sabiéndose culpable, apele que es inocente.
Con leyes ecuánimes y con procederes rígidos, no excesivos, estamos seguros que el Código de Justicia Militar responderá a las exigencias que demanda la nación.
Considerando como un avance las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, nuestra fracción parlamentaria, emitirá su voto a favor del dictamen presentado por las comisiones unidas de Justicia y Defensa Nacional. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias señor diputado.
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se emitieron 382 votos en pro, una abstención y tres votos en contra del segundo transitorio.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 382 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES
PERMISO PRESIDENCIAL
La Presidenta:
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la honorable Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario Felipe Medina Santos:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, DF.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional a fin de que realice visitas de trabajo, los días 21 y 22 de mayo del presente año a las repúblicas de Guatemala y Honduras, y los días 27 y 28 del mismo mes a los Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 13 de mayo de 1993. - Senadores secretarios Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional a fin de que realice visitas de trabajo, los días 21 y 22 de mayo del presente año a las Repúblicas de Guatemala y Honduras, y los días 27 y 28 del mismo mes a los Estados Unidos de América.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, DF. 13 de mayo de 1993. - Senadora Silvia Hernández, Presidenta; senadores secretarios Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, DF, 13 de mayo de 1993. - El oficial mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Felipe Medina Santos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Ganadería.
Honorable Asamblea. A la Comisión de Ganadería fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal,
presentada ante esta soberanía por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la Facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conforme a la revisión y análisis de la citada iniciativa de ley y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
I. Antecedentes.
En cumplimiento del acuerdo parlamentario suscrito por los diversos partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, para realizar trabajos de conferencia, la Comisión de Ganadería se reunió con sus colegisladores de la Cámara de Senadores para trabajar conjuntamente en el análisis de la iniciativa de la Ley Federal de Sanidad Animal enviada por el Ejecutivo Federal.
Es necesario señalar que este proyecto de ley tiene tras de sí el trabajo de análisis y discusión realizado por los representantes de la nación en las dos cámaras, así como de todos los partidos políticos que tienen representación nacional y que se expresan en esta honorable Cámara de Diputados.
Además de lo anterior, hemos de mencionar la realización de los foros en donde los productores de las diversas ramas, las organizaciones de médicos veterinarios, investigadores, académicos, industriales y dirigentes de las diversas organizaciones ganaderas, expresaron sus inquietudes respecto de lo que debería contener la ley y fueron precisamente éstos, quienes aportaron sus ideas para que los legisladores las plasmaran en el documento presente.
Esta importante participación jurídico - política se ha visto manifiesta en los cambios de forma que se han incorporado a la iniciativa, para hacer de la Ley Federal de Sanidad Animal un invaluable documento de normatividad clara y precisa que hoy por hoy venga a resolver una serie de demandas de todos los grupos vinculados al sector pecuario.
Cabe señalar, que el recoger las inquietudes y opiniones más variadas en la materia, dio a esta iniciativa un sustento doctrinario real para la modernización del sector, pues los organismos involucrados en la aplicación del ordenamiento tenderán a una mayor participación, presencia y corresponsabilidad.
II. Consideraciones generales.
El responsable de la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales es el Gobierno Federal, el que sustentado en el marco jurídico correspondiente, coordina y controla toda la gama de servicios a nivel oficial, social y particular.
Actualmente se reconoce que el exceso de intervención del Gobierno Federal ha inhibido, junto con otros factores la fuerza social de los productores, industriales y comercializadores, así como de sus organizaciones, lo que aunado a la distorsión de los esquemas de simplificación y desregulación administrativa, ha contribuido a las ineficiencias en los sistemas de producción, comercialización, y salud animal en la ganadería nacional.
Es así, que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, consideró que en el marco de la actual Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, no era posible enfrentar las situaciones antes mencionadas para fijar la vía conductora, que estableciera las disciplinas y las facilidades de manera simultánea para atender las nuevas condiciones de desarrollo de subsector pecuario en el país.
La iniciativa que hoy sometemos a su atenta consideración contiene un nuevo planteamiento, que supera al anterior instrumento jurídico, más acorde a las necesidades y políticas de la comercialización a nivel nacional e internacional, lo que trae como derivación natural formular una nueva Ley de Sanidad, deslindando en un inicio los productos, procesos y servicios sujetos a regulación sanitaria y ganadera, en donde de manera evidente hay diferencias sustanciales, ya que los agentes causales de enfermedades y plagas, medios y estructuras, requieren ser tratados de manera separada. Aquí se contemplan medidas tendientes a proteger la vida y salud animal y su repercusión en la salud del hombre.
Así la primera consideración es de abordar al subsector pecuario de manera particular, pero no aislado de disposiciones que aplican otras dependencias de la Administración Pública Federal y mucho menos, de las políticas y estrategias de la modernización sectorial, que se considera de manera integral.
Precisar los límites del quehacer en la Sanidad Animal e integrar en una sola estructura los servicios públicos y privados, ha sido el eje central para el diseño de la nueva propuesta de Ley Federal de Sanidad Animal, en donde de manera intencional, se busca hacer valer la condición científica y tecnológica de la epizootiología para la prevención, control y erradicación de las enfermedades infecto - contagiosas y las plagas que afectan a las especies animales, considerándose ésta como una de las vías indispensables para el crecimiento sostenido de la actividad pecuaria.
Ahora bien, para enfrentar los retos de la integración económica y de mercado a nivel nacional e internacional, se requirió resolver los aspectos de la simplificación administrativa por la vía de la armonización y ajuste de leyes y procesos, en este caso particular acogiéndose a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley General de Salud.
En este proyecto de ley se ha tenido mucho cuidado en precisar la corresponsabilidad de los productores, de las personas físicas y morales involucradas en la sanidad animal, de los importadores y exportadores, y si bien se han eliminado trámites como registros, autorizaciones y guías sanitarias para la movilización, se ha establecido el marco jurídico para el establecimiento de normas oficiales mexicanas, que son disposiciones de carácter obligatorio para todos los mexicanos y extranjeros en el territorio nacional; cabe mencionar que para la elaboración de dichas normas se considera la participación de todos los sectores involucrados en el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Protección Zoosanitaria, por lo que una vez logrados los acuerdos, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expedirá las normas oficiales mexicanas que para cada caso se requieran.
Es necesario aclarar, en lo relativo a las guías sanitarias, que este instrumento para el control de movilización, ha dado un salto cualitativo ya que ahora su perspectiva es más amplia y precisa, al considerar que la movilización de animales, sus productores y subproductos, así como de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para el uso en animales o consumo de éstos, requerirán de un certificado zoosanitario en los casos en que así se determine en las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad animal. El certificado zoosanitario es un documento que expide la Secretaría por sí misma o a través de las personas físicas o morales que apruebe para que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas para tal efecto.
Otro de los aspectos importantes a mencionar, es que las diferentes personas físicas y morales que participan en las actividades de sanidad animal, de acuerdo a lo establecido en la nueva ley, deberán ser aprobadas y coordinadas por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y adicionalmente, si es que éstas pretendan diversificar sus actividades en las áreas de certificación o de verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, podrán proceder a la obtención de estos reconocimientos para la actuación, de acuerdo a lo establecido en la ley.
Hay que destacar, que el eje sobre el cual gira el proyecto de la ley es la protección a la sanidad animal, la cual debe observarse estructural y funcionalmente como un todo integrado y lógico, ésto es, la infraestructura y los servicios de asistencia técnica zoosanitarias oficial y privada, que van desde la realización de laboratorio, el control de la movilización, los mecanismos de expedición de normas oficiales mexicanas, la certificación y la verificación de las mismas, así como la elaboración de pruebas de laboratorio. Adicionalmente, toda esta estructura se constituye en el mecanismo idóneo para la información, vigilancia y notificación epizootiológica; asimismo este esquema es el medio necesario para que en caso de emergencia la Secretaría opere el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad animal, ante la presencia de una enfermedad o plaga exótica de los animales.
En lo particular, se definen un número amplio de conceptos para entender con precisión los alcances de la ley como son: campañas, cuarentenas, incidencia, prevalencia, zonas de escasa prevalencia, etcétera.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para la aplicación de esta ley y se establecen una serie de condiciones de nueva creación que moderniza la aplicación y la institucionalidad de este campo de atención zoosanitaria, permitiendo una mayor eficiencia y garantía para el cumplimiento de los fines propuestos. Tal es el caso del Dispositivo Nacional de Emergencia, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y desconcentración regional y estatal. El Comité de evaluación para la aprobación de médicos veterinarios zootecnistas, unidades de verificación y laboratorios de pruebas, la denuncia ciudadana, la promoción de la educación zoosanitaria, el trato y sacrificio humanitario de los animales, la expedición de certificados zoosanitarios, el otorgamiento del Premio Nacional de Sanidad
Animal y la actualización de las sanciones y recursos de revisión.
La Comisión de Ganadería estima que la presente iniciativa reúne los requisitos necesarios que le permiten ser instrumento normativo moderno que propicie un mejor desarrollo del sector pecuario, a través de disposiciones claras y adecuadas que dan mayor seguridad jurídica a los destinatarios.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la iniciativa en cuestión responde a la necesidad incuestionable de mantener actualizadas las normas legales, con el objeto que corresponden a los requerimientos de los diversos sectores de la sociedad, la Comisión que suscribe se permite proponer a esta soberanía la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO I
Del objeto de la ley
Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales, con excepción de los que tengan como hábitat el medio acuático. Sus disposiciones son de orden público e interés social.
CAPITULO II
Conceptos
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
Acreditamiento: El acto mediante el cual la Secretaría de Comercio Fomento Industrial reconoce organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación para que lleven a cabo actividades de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
Análisis de riesgo: La evaluación de la probabilidad de entrada, radicación y propagación de enfermedades o plagas de los animales en el territorio nacional o una zona del país, de conformidad con las medidas zoosanitarias que pudieran aplicarse, así como las posibles consecuencias biológicas, económicas y ambientales. Incluye asimismo la evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la salud humana y animal provenientes de aditivos, substanciales contaminantes, toxinas u organismos patógenos en alimentos de origen animal, bebidas y forrajes;
Aprobación: El acto mediante el cual la Secretaría reconoce a médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorio de pruebas para llevar a cabo actividades en materia zoosanitaria a que se refiere esta Ley;
Campaña: conjunto de medidas zoosanitarias para la prevención, control o erradicación de enfermedades o plagas de los animales en una área geográfica determinada;
Casetas de vigilancia: Instalaciones ubicadas en las vías terrestres de comunicación donde se lleva a cabo la constatación de expedición del certificado zoosanitario y la verificación física de animales, sus productos y subproductos, así como de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, para el control de su movilización de una zona a otra, de acuerdo a lo establecido por esta ley;
Certificado zoosanitario: documento oficial expedido por la Secretaría o por quiénes estén aprobados o acreditados para constatar el cumplimiento de las normas oficiales. Tratándose de animales, será signado por un médico veterinario de la Secretaría o aprobado o acreditado.
Control: conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en una área geográfica determinada;
Cordón zoosanitario: conjunto de acciones que se implementan para delimitar una área geográfica, con el fin de protegerla o aislarle para el control de enfermedades o plagas.
Cuarentena de los animales: medida zoosanitaria basada en el aislamiento, observación y restricción de la movilización de animales, por la sospecha o existencia de una enfermedad o plaga de los mismos, sujeta a control.
Cuarentena de productos: medida zoosanitaria consistente en la observación y restricción de la movilización de un producto o subproducto de origen animal o de un producto biológico, químico, farmacéutico o alimenticio, para uso
en animales o consumo por éstos durante un período determinado, con el objeto de comprobar que no cauce daño a la salud de los animales;
Diagnóstico: estudio que se basa en el análisis que se haga del conjunto de signos clínicos observados en los animales que permite destacar o confirmar la sospecha, en que este último caso, mediante pruebas de laboratorio, de la presencia de una enfermedad o plaga en los mismos;
Enfermedad: ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente biológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero;
Enfermedad o plaga exótica: La que es extraña en el territorio nacional o en una región del mismo;
Epizootia: enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la espera;
Erradicación: eliminación total de una enfermedad o plaga de animales en una área geográfica determinada;
Estación cuarentenaria: conjunto de instalaciones especializadas para el aislamiento de animales, donde se practican medidas zoosanitarias para prevenir y controlar la diseminación de enfermedades y plagas de los animales;
Incidencia: número de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población animal determinada, durante un período específico, en una área geográfica definida;
Laboratorio de pruebas: persona física o moral aprobado por la Secretaría para prestar servicios relacionados con la normalización y de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Médico Veterinario: Profesional con cédula profesional de la Secretaría de Educación Pública de médico veterinario o médico veterinario zootecnistas;
Nivel de protección zoosanitaria: el nivel de protección considerado como adecuado, mediante el establecimiento de medidas sanitarias, para proteger la salud animal en el territorio nacional o una zona del país;
Normas mexicanas: las normas de referencia, de observancia voluntaria, que emiten los organismos nacionales de normalización, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
Normas oficiales: las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría en materia de sanidad animal, de carácter obligatorio, elaboradas en los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Organismo de certificación: las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Particulares: personas físicas o morales que participen en actividades en materia de sanidad animal de acuerdo a lo establecido en esta Ley;
Plaga: presencia de un agente biológico en una área determinada, que causa enfermedad o alteración en la salud de la población;
Planta de sacrificio: establecimiento dedicado al sacrificio de animales y comercialización al mayoreo de sus productos;
Prevalecía: la frecuencia de una enfermedad o plaga, en un período preciso, referida a una población animal determinada;
Prevención: conjunto de medidas zoosanitarias basadas en estudios epizootiológicos, que tienen por objeto evitar la presencia de una enfermedad o plaga de los animales;
Productos biológicos: los reactivos biológicos, sueros, vacunas, que puedan utilizarse para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de los animales, así como hormonas y material genético de origen animal que sirva para fines reproductivos;
Punto de verificación: sitio aprobado por la Secretaría para constatar el cumplimiento de las normas oficiales de acuerdo a lo establecido por esta ley;
Rastro; establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de animales para alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos. Servicio público municipal, en su caso;
Riesgo zoosanitario: la probabilidad de introducción, establecimiento o diseminación de una enfermedad o plaga en la población animal;
Sanidad animal; la que tiene por objeto preservar la salud y prevenir las enfermedades y plagas de los animales, con excepción de los que tengan como hábitat el medio acuático;
Secretaría: la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
Subproducto animal: el que se deriva de un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura su desinfestación o desinfección.
Trato humanitario: las medidas para evitar dolor innecesario a los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio.
Unidad de verificación: Las personas físicas o morales que hayan sido aprobadas para realizar actos de verificación por la Secretaría, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Verificación: constatación ocular o comprobación mediante muestreo y análisis de laboratorio aprobado o acreditado, del cumplimiento de las normas oficiales, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Zona de escasa prevalencia: área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de animales, en un período y especie animal específicos.
Zona en control: área geográfica determinada en la que se operan medidas zoosanitarias tendientes a disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales, en un período y especie animal específicos;
Zona de erradicación: área geográfica determinada, en la que se operan medidas zoosanitarias tendientes a la eliminación total de una enfermedad o plaga de animales, o se realizan estudios epizootiológicos con el objeto de comprobar la ausencia de dicha enfermedad o plaga en un período de tiempo y especie animal específicos, de acuerdo a lo establecido por la oficina Internacional de Epizootias; y
Zona libre: área geográfica determinada en la cual se ha eliminado o no se han presentado casos positivos de una enfermedad o plaga de animales específica, durante un período preciso, de acuerdo a lo establecido por la oficina Internacional de Epizootias.
CAPITULO III
De la autoridad competente
Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría.
Artículo 4o. Son atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad animal:
I. Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades en materia de sanidad animal, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, así como particulares;
II. Instrumentar y coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal y organizar el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, así como los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en materia de Sanidad Animal;
III. Expedir normas oficiales, así como verificar y certificar su cumplimiento y mantener actualizados y en operación los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en Salud Animal;
IV. Declarar zonas libres de plagas y enfermedades de animales;
V. Aprobar médicos veterinarios, organismos nacionales y normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba en materia zoosanitaria;
VI. Otorgar el Premio Nacional de Sanidad Animal;
VII. Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones y resolver recursos de revisión, en los términos de esta ley;
VIII. Difundir permanentemente, información en materia de sanidad animal, utilizando métodos de fácil comprensión;
IX. Establecer, fomentar, coordinar y vigilar la operación de la infraestructura zoosanitaria;
X. Celebrar acuerdos interinstitucionales así como bases de coordinación, convenios y acuerdos con dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales particulares, en materia de sanidad animal; los acuerdos y convenios que suscriba con los gobiernos estatales y el Departamento
del Distrito Federal podrán comprender la asunción por parte de éstos, del ejercicio de las funciones, ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos de la competencia de la Secretaría. Los instrumentos que se suscriban con otras autoridades deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;
XI. Regular los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que constituyan un riesgo zoosanitario; y
XII. Las demás que señalan las leyes y los tratados internacionales de que México sea parte.
Artículo 5o. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán coordinar sus actividades con la Secretaría cuando tengan relación con la materia zoosanitaria.
Artículo 6o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará con la Secretaría en la vigilancia de las restricciones zoosanitarias en materia de importación.
Artículo 7o. A petición de la Secretaría, la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de sus representantes diplomáticos y consulares, le informará sobre la existencia de las enfermedades y plagas de los animales en el extranjero, así como sobre las regiones afectadas, productos biológicos, químicos, farmacéuticos, equipos y medidas zoosanitarias aplicadas para combatirlas y los resultados que se hayan obtenido.
Artículo 8o. En los casos de enfermedades o plagas de los animales transmisibles a los humanos, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud para el establecimiento y ejecución de las medidas sanitarias correspondientes.
En los casos de enfermedades o plagas de los humanos transmisibles a los animales, la Secretaría de Salud tomará en cuenta las propuestas de la Secretaría.
Artículo 9o. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se integrará con representantes de la propia Secretaría y de las dependencias y entidades de la administración pública federal relacionadas con la materia de sanidad animal y contaminación, en los términos del Reglamento de esta ley.
Asimismo, la Secretaría invitará a formar parte de dicho consejo, a representantes de instituciones académicas y de investigación, así como de organizaciones ganaderas y otras personas del sector social o privado relacionado con la materia de sanidad animal.
El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se apoyará en consejos regionales o estatales que se constituirán de la misma manera que el nacional, invitándose también a representantes de los gobiernos de los estados y municipios.
Estos consejos nacional, regional y estatales, fungirán como órganos de consulta de la Secretaría en materia de sanidad animal, en los términos del Reglamento de esta ley.
Artículo 10. Los servidores públicos de la Secretaría que presten servicios de los señalados en el artículo 37, fracción I de esta ley, o expidan certificados zoosanitarios, deberán estar permanentemente actualizados y aprobar, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley, exámenes de conocimientos ante la Secretaría. La evaluación de dicho examen, se realizará a través de mecanismos que eviten una apreciación subjetiva.
TITULO SEGUNDO
De las medidas zoosanitarias
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 11. Las medidas zoosanitarias, tienen por objeto, prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre.
Artículo 12. Las normas oficiales podrán comprender las siguientes medidas zoosanitarias:
I. La educación en materia zoosanitaria;
II. El establecimiento, operación y verificación de los servicios de asistencia zoosanitaria;
III. El control de la movilización de animales, sus productos o subproductos y productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos;
IV. El establecimientos de cordones zoosanitarios;
V. La retención y disposición de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos,
que pueden ocasionar enfermedades o plagas en los mismos;
VI. La inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales;
VII. La cuarentena y aislamiento;
VIII. El diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas de los animales;
IX. Las prácticas de saneamiento, desinfección, desinfestación, esterilización, uso de germicidas y plaguicidas en animales, locales y transportes, para evitar la transmisión o infestación de enfermedades o plagas de animales;
X. La aplicación de quimioterapia utilizada en los animales;
XI. El sacrificio de los animales enfermos o expuestos al agente causal;
XII. La cremación o inhumación de cadáveres de animales;
XIII. La vigilancia e investigación epizootiológica;
XIV. El trato humanitario; y
XV. Las demás que se regulan en esta ley, así como las que, conforme a la tecnología y a los adelantos científicos, sean eficientes para cada caso.
Artículo 13. Las normas oficiales, además de fundarse y motivarse, deberán:
I. Sustentarse en principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, las diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes;
II. Estar basadas en una evaluación de costo - beneficio, que incluya un análisis de riesgo;
III. Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes; y
IV. No ser mantenidas cuando ya no exista una base científica que las sustente
Artículo 14. Para la aplicación de medidas zoosanitarias, la Secretaría considerará si las zonas correspondientes son libres o de escasa prevalencia de enfermedades o plagas de animales.
Para tal efecto, la Secretaría declarará zonas libres o de escasa prevalencia de enfermedades o plagas de animales, tomando en cuenta, entre otros factores:
I. La prevalencia de plagas o enfermedades en la zona;
II. Las condiciones geográficas y de los ecosistemas; y
III. La eficacia de las medidas zoosanitarias que hayan aplicado, en su caso.
Artículo 15. Las medidas zoosanitarias que la Secretaría establezca, serán las necesarias para asegurar el nivel de protección adecuado, para lo cual, deberá tomar en consideración el análisis de riesgo, las características de la zona en donde se origine el problema y las de la zona a las que se destinen los animales, productos o subproductos, así como los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos.
CAPITULO II
De los productos y subproductos animales y de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en los animales o consumo por ésto
Artículo 16. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir:
I. Los productos y subproductos animales, así como los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos y su proceso, que constituyan un riesgo zoosanitario; y
II. Los envases, embalajes y la información zoosanitaria que deberán contener las etiquetas e instructivos de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que impliquen un riesgo zoosanitario.
Las normas oficiales fijarán tanto los límites máximo permitidos de residuos de antibióticos, compuestos hormonales, químicos y otros en productos y subproductos, así como el tiempo de eliminación de los mismos en animales vivos.
CAPITULO III
Del trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de animales
Artículo 17. La Secretaría expedirá las normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias para:
I. El trato humanitario;
II. El cuidado zoosanitario para que todo poseedor de animales los inmunice contra las enfermedades transmisibles de la especie prevalecientes en la zona, así como le proporcione la alimentación, higiene, movilización y albergue ventilado necesario, a fin de asegurar su salud; y
III. Las técnicas de sacrificio de animales.
CAPITULO IV
De los establecimientos
Artículo 18. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir y conforme a las cuales deberán operar los siguientes establecimientos:
I. Aquellos en donde se concentren animales, con motivo de ferias, exposiciones o eventos similares;
II. Los destinados al sacrificio de animales;
III. Los que industrialicen, procesen, empaquen, refrigeren o expendan productos o subproductos animales para consumo humano, coordinándose con la Secretaría de Salud para la elaboración de las normas sanitarias correspondientes.
IV. Los que fabriquen o expendan alimentos procesados para consumo de animales que representen un riesgo zoosanitario.
V. Los que fabriquen o expendan productos químicos, farmacéuticos o biológicos para uso en animales; y
VI. Los hospitales, clínicas veterinarias, laboratorios de pruebas o diagnósticos y demás que presten servicios zoosanitarios.
Artículo 19. Los propietarios de los establecimientos a que hace referencia el artículo anterior, deberán dar aviso de inicio de funcionamiento a la Secretaría, proporcionando su nombre y el domicilio del establecimiento correspondiente, así como la referencia de lo que maneje o elabore, dentro de los 15 días naturales siguientes a la apertura del mismo.
Dichos propietarios, así como, en su caso, el administrador único o los encargados de la administración, serán responsables del cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los establecimientos correspondientes y estarán obligados a proporcionar las facilidades necesarias al personal de la Secretaría para verificar el cumplimiento de dichas normas.
Artículo 20. Las plantas de sacrificio de animales deberán tener a su servicio durante las horas laborales, cuando menos un médico veterinario aprobado. En los casos que así se requiera, deberán contar con un médico veterinario de la Secretaría.
Dichos establecimientos así como las industrializadoras, empacadoras y frigoríficos utilizarán la denominación "Tipo Inspección Federal" como símbolo de calidad de sus productos y subproductos, cuando sus instalaciones y proceso productivo se ajuste a las normas oficiales y su calidad zoosanitaria esté certificada por un organismo de certificación aprobado.
Los rastros deberán tener a su servicio cuando menos un médico veterinario aprobado, cuando así lo determinen las normas oficiales.
CAPITULO V
De la movilización, importación y exportación
Artículo 21. Podrá realizarse libremente en el territorio nacional toda movilización de animales, sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, salvo cuando la Secretaría expida normas oficiales en las que establezca los casos en que la movilización e importación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, requieran de certificado zoosanitario en razón del riesgo zoosanitario que impliquen. En tratándose de importación, dichas normas serán expedidas en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Cuando los animales, sus productos o subproductos y los productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, sean portadores de plagas o enfermedades o estén contaminados, únicamente se expedirán certificados zoosanitarios, para fines de tratamiento, investigación, sacrificio o destrucción.
Artículo 22. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias, que deberán reunir:
I. El traslado de animales por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, cuando impliquen un riesgo zoosanitario; y
II. Los vehículos en que se transporten animales, sus productos y subproductos, así como productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, cuando impliquen un riesgo zoosanitario.
Artículo 23. La expedición de los certificados zoosanitarios estará sujeta al cumplimiento de los requisitos que se fijen en las normas oficiales correspondientes, considerando los diferentes niveles de riesgo que implique la movilización, de acuerdo a la zona.
Artículo 24. Los certificados zoosanitarios deberán contener, cuando menos, los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio del propietario, poseedor o importador;
II. Lugar de origen y destino específico de los animales, sus productos y subproductos, o de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que vayan a movilizarse o importarse, así como la identificación de los mismos;
III. Mención de la norma que se cumple;
IV. Fecha de expedición del certificado; y
V. Vigencia del certificado.
Artículo 25. Los certificados zoosanitarios podrán ser expedidos por la Secretaría y, en su caso por organismos de certificación o unidades de verificación aprobados o acreditados.
La Secretaría reconocerá o aprobará, mediante acuerdos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a los órganos reguladores y organismos de certificación extranjeros cuyas certificaciones del cumplimiento de normas oficiales serán aceptadas para efectos de importación.
Artículo 26. Los agentes aduanales, así como quiénes importen o movilicen, por cualquier concepto, animales, sus productos o subproductos y productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, serán responsables de comprobar que exista, en su caso, el certificado zoosanitario correspondiente.
Artículo 27. En los productos y subproductos de origen animal; así como en los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que no requieran de certificado zoosanitario, deberán mencionarse ostensiblemente durante su comercialización, las especificaciones zoosanitarias con que cumplen, sean éstas normas mexicanas, las del fabricante o del productor, las del país de origen o, en su defecto, las internacionales.
Artículo 28. La importación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que impliquen un riesgo zoosanitario, se realizará por las aduanas que se determinen en los acuerdos que para tal efecto expidan conjuntamente los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, los que deberán tomar en cuenta la infraestructura y condiciones de cada aduana y ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, considerando que la inspección de los mismos será de manera total.
Las importaciones de animales, sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, cuando provengan de países donde existan enfermedades y plagas sin presencia en el territorio nacional o de países que tiene comercio pecuario con países donde existan ese tipo de enfermedades y plagas, se sujetarán al cumplimiento de las normas oficiales que expida la Secretaría.
Las importaciones se sujetarán además a lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.
Artículo 29. Cuando se compruebe que los productos a que se refiere este capítulo, no cumplen con la norma oficial respectiva, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento o tratamiento; de no ser esto posible, la Secretaría ordenará, en su caso, su reexportación o, en su defecto, su destrucción a costa del propietario o importador.
Artículo 30. La Secretaría expedirá, a petición de parte interesada, de ser procedente, certificados zoosanitarios para la exportación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos.
CAPITULO VI
De las campañas y cuarentenas
Artículo 31. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las campañas y cuarentenas de animales necesarias.
Artículo 32. Las normas oficiales que establezcan campañas, deberán fijar, cuando menos, su área de aplicación; la enfermedad o plaga a prevenir, controlar o erradicar; las especies animales afectadas; su obligatoriedad; su duración; las medidas zoosanitarias aplicables; los requisitos y prohibiciones aplicables; los mecanismos de verificación y métodos de muestreo; los procedimientos de diagnósticos; en su caso, la delimitación de las zonas de control o de erradicación; así como la forma de levantar la campaña.
Artículo 33. Las normas oficiales que establezcan cuarentenas, además de fijar las medidas zoosanitarias a aplicarse, deberán determinarse las siguientes zonas:
I. Focal, que será el área dentro de la cual los animales infestados o infectados estarán sujetos a observación y aislamiento. Dichos animales, así como los insumos, materiales y equipo que hayan estado en contacto con ellos, no podrán ser movilizados sin autorización expresa de la Secretaría y
II. Perifocal, que será el área dentro de la cual se vigilará que no se presente la enfermedad o plaga, así como el cumplimiento de los requisitos que deberán observarse para la movilización de animales, sus productos y subproductos.
Artículo 34. Para la aplicación de cuarentenas de productos, subproductos animales, productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales, la Secretaría tomará las muestras correspondientes, sujetándose, en lo conducente, a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El lote de productos de donde se haya tomado la muestra, deberá quedar bajo la guardia, custodia y responsabilidad de su propietario en el lugar que designe, o en su defecto, en el que determine la Secretaría, quedando prohibida su comercialización, hasta en tanto se compruebe la inocuidad del producto.
Para efectos del párrafo anterior, la movilización de estos productos, deberá realizarse conforme a lo dispuesto por la norma oficial respectiva.
De comprobarse que el producto es nocivo para la salud de los animales, la Secretaría procederá en los términos del artículo 29 de esta ley.
CAPITULO VII
Del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal
Artículo 35. La Secretaría en los términos del reglamento de esta ley integrará y operará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal y expedirá las normas oficiales que establezcan las medidas de seguridad que deberán aplicarse al caso particular en el que se diagnostique la presencia de una enfermedad o plaga exótica de los animales.
Cuando por el número de casos que se presente, la Secretaría pueda inferir, en base al análisis de riesgo que realice, la posible aparición de un epizootia, activará y coordinará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal en todo el territorio nacional o en una región específica.
Dicho dispositivo consistirá en la aplicación urgente y coordinada de las medidas correspondientes, por parte de la Secretaría y con el apoyo de los servidores públicos de los gobiernos de los estados o del Departamento del Distrito Federal y de los particulares que operen puntos de verificación, los médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, los propietarios y administradores de establecimiento " Tipo Inspección Federal", los integrantes de los Comités Consultivos Nacionales que constituya la Secretaría, así como los integrantes del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y de los consejos estatales y regionales, de acuerdo con la norma oficial de emergencia que se expida. La Secretaría deberá justificar plenamente la expedición de dicha norma.
Artículo 36. La Secretaría, para el mejor cumplimiento de su responsabilidad, podrá acordar y convenir con los gobiernos de los estados y el Departamento del Distrito Federal, así como con particulares, la creación de uno o varios fondos de contingencia, en los términos que señalen las partes, para hacer frente con agilidad, a las emergencias zoosanitarias producidas por la presencia de enfermedades y plagas exóticas o desconocidas, que pongan en peligro el patrimonio pecuario del país.
TITULO TERCERO
De la aprobación y verificación
CAPITULO I
De la aprobación
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría aprobar por materias específicas para las que se otorgue cada aprobación.
I. A médicos veterinarios, para brindar servicios como coadyuvantes de la Secretaría en las funciones de asistencia técnica y capacitación zoosanitaria a los productores; para tal efecto, deberán sujetarse a las normas oficiales que la Secretaría expida sobre el particular;
II. A organismos nacionales de normalización, para elaborar normas mexicanas de carácter zoosanitario;
III. A organismos de certificación, para expedir certificados zoosanitarios;
IV. A unidades de verificación, para verificar, a petición de parte, el cumplimiento de las normas oficiales que expida la Secretaría y expedir certificados zoosanitarios; y
V. A laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, para elaborar diagnósticos y pruebas de laboratorio.
Para la aprobación a que se refiere este artículo, la Secretaría formará comités de evaluación integrados por técnicos calificados y con experiencia en los campos de las ramas específicas.
Una misma persona podrá obtener una o varias de las aprobaciones a que se hace referencia en el presente artículo.
Se requerirá el acreditamiento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se realicen actividades relacionadas con el ámbito competencial de dos o más dependencias.
En ningún caso, las personas aprobadas podrán certificar o verificar el cumplimiento de normas oficiales a si mismos.
Artículo 38. Para obtener la aprobación a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se deberá contar con cédula profesional, presentar solicitud por escrito y aprobar el examen de conocimientos que fije la Secretaría, previa convocatoria que realice para tal efecto, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley, especificando las materias sobre las que versarán los exámenes, mismas que corresponderán a aquellas para las que se solicite específicamente la aprobación.
Tendrán derecho a presentar dichos exámenes todos los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior; su evaluación se realizará a través de mecanismos que eviten una apreciación subjetiva y obtendrán la aprobación de la Secretaría los sustentantes que obtengan la calificación requerida.
Una vez aprobados, presentarán exámenes de actualización en los plazos que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 39. Para obtener la aprobación como organismo nacional de normalización, se deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 65 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 40. Para obtener la aprobación como organismo de certificación, se deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 79 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 41. Para obtener la aprobación como unidad de verificación, en el caso de personas físicas, se deberá contar con cédula profesional en la rama en que desee ser aprobado, presentar solicitud por escrito y aprobar el examen de conocimientos correspondientes que se ajustará a lo establecido en el artículo 38 de esta ley.
Tratándose de personas morales, deberán contar, cuando menos, con un profesional que haya aprobado el examen a que se refiere el párrafo anterior.
Una vez aprobados, presentarán exámenes periódicos, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 42. Para obtener la aprobación como laboratorio de pruebas, se deberá presentar solicitud por escrito y demostrar que se cuenta con la capacidad técnica, material y humana necesarias para la prestación de los servicios correspondientes, en los términos de las normas oficiales que para tal efecto expida la Secretaría.
Artículo 43. Es responsabilidad de los médicos veterinarios, organismos, unidades y laboratorios a que se refiere el artículo 37 de esta ley:
I. Desarrollar las actividades para las que se les faculte, conforme a las normas oficiales que se expidan sobre el particular.
II. Avisar a la Secretaría, cuando tenga conocimiento de la presencia de una enfermedad o plaga de animales, que sea de notificación obligatoria, de acuerdo con las normas oficiales que expida dicha dependencia sobre el particular;
III. Proporcionar a la Secretaría relaciones de los certificados que expida, en la forma y plazos que determine el Reglamento de esta ley;
IV. Proporcionar a la Secretaría, la información sobre los servicios zoosanitarios que preste;
V. Asistir a la Secretaría en casos de emergencia zoosanitaria; y
VI. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley de la materia, a cargo de dichos organismos, unidades y laboratorios.
Los propietarios y administradores serán asimismo responsables de lo señalado en las fracciones II y V.
CAPITULO II
De la verificación
Artículo 44. La Secretaría podrá verificar, en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento de las normas oficiales que se señalan en esta ley.
Asimismo, la Secretaría podrá, aleatoriamente, verificar los animales, sus productos y subproductos, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que cuenten con certificado zoosanitario, con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales en materia de sanidad animal.
Las unidades de verificación aprobadas sólo podrán realizar actos de verificación a petición de parte, y los dictámenes que formulen sobre el particular serán reconocidos por la Secretaría.
La Secretaría expedirá una norma oficial en la que se indique la duración normal de los procedimientos de verificación o comunicará a quien lo solicite, la duración prevista.
Serán aplicables a este capítulo, en lo conducente, las disposiciones del Título Quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 45. Cuando el contenido de un acta o dictamen de verificación se desprenda la comisión de un delito, deberá formularse la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
Artículo 46. La Secretaría contará con los puntos de verificación necesarios para asegurar el nivel de protección zoosanitario apropiado en base al análisis de riesgo.
En ningún caso, los puntos de verificación podrán constituir barreras interestatales al comercio.
Artículo 47. Son puntos de verificación zoosanitaria, los siguientes:
I. Las aduanas;
II. Las estaciones cuarentenarias;
III. Las casetas de vigilancia; y IV. Aquellos que se ubiquen en territorio extranjero, de conformidad con los tratados y acuerdos interinstitucionales que se suscriban.
La Secretaría podrá operar directamente las estaciones cuarentenarias y casetas de vigilancia, o acordar o autorizar su instalación y operación administrativa a gobiernos de los estados y al Departamento del Distrito Federal o a particulares que así lo soliciten.
Las instalaciones y operación de los puntos de verificación se sujetará a lo establecido en las normas oficiales correspondientes, e invariablemente la verificación se llevará a cabo por personal de la Secretaría.
Artículo 48. La Secretaría podrá autorizar la realización de verificaciones sobre el cumplimiento de las normas oficiales, en los términos de los tratados y acuerdos interinstitucionales que se suscriban.
TITULO CUARTO
De los incentivos, denuncia ciudadana, infracciones, sanciones y recurso de revisión
CAPITULO I
De los incentivos
Artículo 49. El Premio Nacional de Sanidad Animal, tiene por objeto, reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de quiénes se destaquen en la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales.
Artículo 50. El procedimiento para la selección de los acreedores al premio mencionado y las
demás prevenciones que sean necesarias, se establecerán en el reglamento de esta ley.
CAPITULO II
De la denuncia ciudadana
Artículo 51. Todo ciudadano podrá denunciar ante la Secretaría directamente o a través de las delegaciones estatales, los hechos, actos y omisiones que atenten contra la sanidad animal.
Artículo 52. La denuncia ciudadana podrá presentarse por cualquier ciudadano, bastando para darle curso, que se señalen los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.
Una vez recibida la denuncia, la Secretaría la hará saber a la persona o personas a quiénes se imputen los hechos denunciados y efectuará, en su caso, las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente.
La Secretaría, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, deberá hacer del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, en su caso, dentro de los 30 días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas zoosanitarias adoptadas.
CAPITULO III
De las infracciones y sanciones
Artículo 53. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría en los términos del Reglamento.
Artículo 54. Son infracciones administrativas:
I. Incumplir lo establecido en las normas oficiales previstas en la presente ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 15 mil salarios;
II. No dar aviso de inicio de funcionamiento a que se refiere el artículo 19 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 5 mil salarios;
III. No tener a su servicio, en el caso de plantas de sacrificio de animales y rastros cuando así lo hayan determinado las normas oficiales durante las horas laborales, cuando menos a un médico veterinario aprobado; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 15 mil salarios.
IV. Utilizar la denominación "Tipo Inspección Federal", sin contar con la calidad zoosanitaria certificada, en los términos del párrafo segundo del artículo 20 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 20 mil salarios.
V. No comprobar la existencia del certificado zoosanitario correspondiente, en su caso, por parte de agentes aduanales, así como por quiénes importen o movilicen animales, sus productos y subproductos y productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos; en cuyo caso se impondrá multa de 500 a 10 mil salarios.
VI. Comercializar productos y subproductos de origen animal, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que no requieran de certificado zoosanitario, sin mencionar ostensiblemente las especificaciones zoosanitarias con que cumplen; en cuyo caso se impondrán multa de mil a 20 mil salarios.
VII. Incumplir lo establecido con el segundo párrafo del artículo 34 de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de cinco mil a 20 mil salarios; y
VIII. Contravenir lo dispuesto en las fracciones II a VI del artículo 43 de la presente Ley por parte de los médicos veterinarios y titulares de los organismos, unidades y laboratorios y a quienes contravengan lo dispuesto en el último párrafo de dicho artículo; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 20 mil salarios.
IX. Falsificar o alterar certificados zoosanitarios, actas de verificación y demás documentos oficiales zoosanitarios; en cuyo caso se impondrá multa de cinco a 20 mil salarios; y
X. Las demás violaciones a lo establecido en la presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a mil salarios.
Para los efectos del presente artículo, por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 55. La Secretaría podrá clausurar los establecimientos hasta por 15 días, sin perjuicio de la imposición de las multas establecidas en el artículo anterior cuando:
I. Se contravenga lo dispuesto en las normas oficiales previstas en el artículo 18 de esta Ley; y
II. Se infrinja lo establecido en los artículos 19 y 20 de la presente Ley.
Artículo 56. La Secretaría podrá sancionar con la suspensión temporal o revocación:
I. A quiénes incumplan con lo establecido en las normas oficiales previstas en los artículos 21, 23 y 42 de esta Ley; y
II. A quiénes contravengan lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.
Artículo 57. En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las cantidades señaladas en el artículo 54 de esta Ley y, en el caso de las infracciones a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, proceder a la clausura temporal o permanente del establecimiento.
Artículo 58. Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor, debiendo conceder previamente audiencia al interesado en los términos que establezca el reglamento.
Artículo 59. Las sanciones que se señalan en éste capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte.
CAPITULO IV
Del recurso de revisión
Artículo 60. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta ley, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos resolutivos. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará por escrito dirigido a la Secretaría, en el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
Con el escrito en el que conste el recurso, deberán ofrecerse las pruebas y esgrimirse las defensas que el interesado considere necesarias para basar su dicho, siempre que tengan relación con los hechos en los que el recurrente funde su reclamación. En vista de tales pruebas y defensas y desahogadas que sean, o a su falta de presentación en su caso, la Secretaría dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación del recurso, dictará la resolución respectiva. De no hacerlo en dicho plazo se dará por aceptada la impugnación.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, por cuanto hace al pago de multas.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor a los 30 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga el Título Tercero y demás disposiciones en materia de sanidad animal, de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1974.
Tercero. Se abroga el Decreto que Declara de Interés Público La Instalación y Funcionamiento de Plantas Empacadoras, Enlatadoras y Refrigeradoras o Almacenes Frigoríficos "Tipo Inspección Federal" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 1950. Las plantas "Tipo Inspección Federal" que estén operando conforme al decreto que se abroga, podrán seguir utilizando dicha denominación hasta por el término de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en tanto entran en vigor las normas oficiales correspondientes.
Cuarto. Seguirá aplicándose el Reglamento para Campañas de Sanidad Animal, el Reglamento para el Control de Productos Químicos-Farmacéuticos, Biológicos, Alimenticios, Equipo y Servicios par Animales, el Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Movilización de Animales y sus Productos y el Reglamento para la Industrialización Sanitaria de la Carne, en lo que no contravengan la presente ley, hasta la expedición de su Reglamento.
Quinto. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, así como los Consejos Regionales o Estatales, se deberán constituir en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la vigencia de esta Ley.
Sexto. Los Comités de Evaluación a que se refiere el artículo 37 de esta Ley deberán de formarse
en un término máximo de 30 días a partir de la vigencia de esta Ley.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de mayo de 1993.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
Esta Presidencia informa que los integrantes de la Comisión de Ganadería acordaron que la discusión del proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal, se realice en lo general y en lo particular y la votación en lo general y en lo particular se haga en un solo acto. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
El diputado Josafat Arquimedes García Castro:
(Desde su curul) ¿Me podría informar, señora Presidenta, cuándo tomó ese acuerdo la Comisión de Ganadería?
La Presidente:
Está aprobado, señor, por los integrantes de la Comisión.
El diputado Josafat Arquimedes García Castro:
(Desde su curul) Es que yo soy integrante de esa Comisión y he estado en todas las reuniones y no recuerdo que se haya aprobado por unanimidad esto.
La Presidenta:
Por eso se consulta a la Asamblea señor, porque es la autoridad máxima. Adelante, Señor secretario.
El secretario Felipe Medina Santos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Acuerdo propuesto por los integrantes de la Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el Acuerdo.
La Presidenta:
Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Javier Alvarado Arreguín, fundamente el dictamen.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Alvarado Arreguín.
El diputado Francisco Javier Alvarado Arreguín:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados; honorable Asamblea a la Comisión de Ganadería fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal, presentada ante esta soberanía por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conforme a la revisión y análisis de la citada Iniciativa de Ley y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Primero. Antecedentes. En cumplimiento del acuerdo parlamentario suscrito por los diversos partidos políticos representados en el honorable Congreso de la Unión, para realizar trabajos de conferencia, la Comisión de Ganadería se reunió con sus colegisladores de la Cámara de Senadores para trabajar conjuntamente en el análisis de la iniciativa de la Ley Federal de Sanidad Animal, enviada por el Ejecutivo Federal.
Es necesario señalar que este Proyecto de Ley tiene tras de sí el trabajo de análisis y discusión, realizado en numerosas reuniones en pleno de la Comisión de Ganadería, reuniones de trabajo en conferencia de la Comisión de Ganadería de la honorable Cámara de Diputados, con los senadores integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario del honorable Senado de la República, reuniones de trabajo, con la Comisión Plural, que se integró dentro de la Comisión de Ganadería para los estudios y propuestas de esta Ley.
Además de lo anterior, hemos de mencionar la realización de varios foros en donde los
productores de las diversas ramas relacionadas con el sector pecuario, las organizaciones de médicos veterinarios, representantes de sociedades protectoras de animales, investigadores académicos, e industriales relacionados con la sanidad animal, así como dirigentes de las diversas organizaciones ganaderas, quienes expresaron sus inquietudes respecto de los que debería contener la ley, y fueron precisamente éstos quienes aportaron sus ideas para que los legisladores las plasmaran en el documento presente.
Cabe señalar que el recoger las inquietudes y opiniones más variadas en la materia, dio a esta iniciativa un sustento doctrinario, real, para la modernización del sector, pues los organismos involucrados en la aplicación del ordenamiento, tenderán hacia una mayor participación, presencia y corresponsabilidad.
Consideraciones generales. El responsable de la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales, es el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la que sustentada en el marco jurídico correspondiente, coordina y controla toda la gama de servicios a nivel oficial, social y particular.
Actualmente se reconoce que el exceso de intervención del Gobierno Federal ha inhibido, junto con otros factores, la fuerza social de los productores, industriales y comercializadores, así como de sus organizaciones, lo que, aunado a la distorsión de los esquemas de simplificación y desregulación administrativa, ha contribuido a las ineficiencias en los sistemas de producción, comercialización y salud animal en la ganadería nacional.
La iniciativa que hoy sometemos a su atenta consideración contiene un nuevo planteamiento que supera al anterior instrumento jurídico, más acorde a las necesidades y políticas de la comercialización a nivel nacional e internacional, lo que trae como derivación natural formular una nueva Ley de Sanidad, deslindando en un inicio los productos, procesos y servicios sujetos a regulación sanitaria y ganadera, en donde de manera evidente hay diferencias sustanciales, ya que los agentes causales de enfermedades y plagas, medios y estructuras, requieren ser tratados de manera separada.
Aquí, se contemplan medidas tendientes a proteger la vida y salud animal y su repercusión en la salud del hombre.
Así, la primera consideración es abordar al subsector pecuario de manera particular, pero no aislado de las disposiciones que aplican otras dependencias de la administración Pública Federal y mucho menos de las políticas y estrategias de la modernización sectorial, que se considera de manera integral.
Precisar los límites del quehacer en la sanidad animal e integrar en una sola estructura los servicios públicos y privados, ha sido el eje central para el diseño de la nueva propuesta de Ley Federal de Sanidad Animal, en donde de manera intencional se busca hacer valer la condición científica y tecnológica de la epizootiología para la prevención, control y erradicación de las enfermedades infecto-contagiosas y las plagas, que afectan a las especies animales, considerándose ésta como una de las vías indispensables para el crecimiento sostenido de la actividad pecuaria.
Ahora bien, para enfrentar los retos de la integración económica y de mercado a nivel nacional e internacional, se requirió resolver los aspectos de la simplificación administrativa por la vía de la armonización y ajuste de leyes y procesos, en este caso particular acogiéndose a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y la Ley General de Salud.
En este proyecto de Ley se ha tenido mucho cuidado en precisar la corresponsabilidad de los productores, de las personas físicas y morales involucradas en la sanidad animal; de los importadores y exportadores, y si bien se han eliminado trámites como registros, autorizaciones y guías sanitarias para la movilización, se ha establecido el marco jurídico para el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas, que son disposiciones de carácter obligatorio para todos los mexicanos y extranjeros en el territorio nacional.
Cabe mencionar que para la elaboración de dichas normas se considera la participación de todos los sectores involucrados en el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Protección Zoosanitaria, por lo que una vez logrados los acuerdos, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expedirá las normas oficiales mexicanas que para cada caso se requieran.
Es necesario aclarar en lo relativo a las guías sanitarias, que este instrumento para el control de movilización ha dado un salto cualitativo, ya que ahora su perspectiva es más amplia y precisa, al considerar que la movilización de animales, sus productos y subproductos, así como de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo de éstos, requerirán de un certificado zoosanitario,
en los casos en que así se determine en las normas oficiales mexicanas, en materia de sanidad animal.
El certificado zoosanitario es un documento que expide la Secretaría por sí misma o a través de las personas físicas o morales que apruebe, para que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas para tal efecto.
Otro de los aspectos importantes a mencionar, es que las diferentes personas físicas y morales, que participan en las actividades de sanidad animal, de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley, deberán ser aprobadas y coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Y, adicionalmente, así es que éstas pretendan diversificar sus actividades en las áreas de certificación o de verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, podrán proceder a la obtención de estos reconocimientos para la actuación de acuerdo a lo establecido en la Ley.
Hay que destacar que el eje sobre el cual gira el proyecto de la Ley es la protección a la sanidad animal, la cual debe observarse estructural y funcionalmente como un todo integrado y lógico, esto es, la infraestructura y los servicios de asistencia técnica zoosanitarias oficial y privadas que van desde la realización de estudios epizootiológicos, el diagnóstico de laboratorio, el control de la movilización, los mecanismos de expedición de normas oficiales mexicanas, la certificación y la verificación de las mismas, así como la elaboración de pruebas de laboratorio.
Adicionalmente, toda esta estructura se constituye en el mecanismo idóneo para la información, vigilancia y notificación epizootiológica. Asimismo, este esquema es el medio necesario para que en caso de emergencia, la Secretaría opere el dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal ante la presencia de una enfermedad o plaga exótica de los animales.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para la aplicación de esta Ley y se establecen una serie de condiciones de nueva creación que modernizan la aplicación y la institucionalidad de este campo de atención zoosanitaria, permitiendo una mayor eficacia y garantía para el cumplimiento de los fines propuestos. Tal es el Dispositivo Nacional de Emergencia, el Consejo Técnico Nacional, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, su desconcentración regional y estatal, el Comité de Evaluación para la Aprobación de médicos Veterinarios Zootecnistas, Unidades de Verificación y Laboratorios de Prueba, la denuncia ciudadana, la promoción de la educación zoosanitaria, el trato y sacrificio humanitario de los animales, la expedición de certificados zoosanitarios, el otorgamiento del Premio Nacional de Sanidad Animal, y la actualización de las sanciones y recursos de revisión.
La Comisión de Ganadería estima que la presente iniciativa reúne los requisitos necesarios que le permiten ser un instrumento normativo moderno que propicie un mejor desarrollo del sector pecuario, a través de disposiciones claras y adecuadas que dan mayor seguridad jurídica a los destinatarios.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la iniciativa en cuestión responde a la necesidad incuestionable de mantener actualizadas las normas legales con objeto que correspondan a los requerimientos de los diversos sectores de la sociedad, la Comisión que la suscribe pide a esta soberanía el voto aprobatorio de la misma.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado diversos artículos para la discusión en lo particular.
Partido Acción Nacional se reserva los artículo 2o., 20, 37 y 60. Partido de la Revolución Democrática se reserva los artículos 2o., 8o., 9o., 12., 13., 34, el Capítulo III, el artículo nuevo 55-bis y el Capítulo IV.
Para la discusión en lo general y en lo particular del dictamen con Proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal, se han inscrito los siguientes señores diputados: Arquimedes García Castro, del PRD, en contra; Quinardo Meléndrez Montijo, del PAN, para hacer propuestas al artículo 2o; Demetrio Torres, del PFCRN, para fijar la posición de su partido; Gonzalo Cedillo Valdez, del PARM, para fijar la posición de su partido; Mario del Valle Fernández, del PRI, en pro; Miguel Angel León Corrales, del PRD, para hacer propuestas a los artículos 2o., 8o., 9o., y 12.; Arturo Núñez Pardo, del PAN, para hacer propuestas al artículo 20.; José Escobedo Domínguez, del PRI, en pro; Daniel Avila Aranda, del PAN, para hacer propuestas al artículo 37;
Enrique Rico Arzate, del PRD, para hacer propuestas a los artículos 13, 34, al Capítulo III, artículo 55-bis nuevo y al Capítulo IV; Manuel Muñoz Rocha, del PRI, en pro; Jorge Sánchez Muñoz, del PAN, para hacer propuestas al artículo 60 y Manuel Garza González, del PRI, en pro.
Se concede el uso de la palabra al diputado Arquimedes García Castro, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
El diputado Josafat Arquimedes García Castro:
Señora Presidenta antes de entrar en materia solicito a usted instruya a la Secretaría, que se lea el artículo 97 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta:
Cumplimente la Secretaría por favor la solicitud del señor diputado.
El secretario Felipe Medina Santos:
"Artículo 97. Todo proyecto de ley se discutirá primero en lo general o sea en conjunto y después en lo particular cada uno de sus artículos. Cuando conste de un solo artículo, será discutido una sola vez."
Servida señora Presidenta.
El diputado Arquimedes García Castro:
Independientemente de que ya se votó, la forma en que deben discutirse las iniciativas, está marcada precisamente en este artículo que se acaba de leer. Tal disposición pues, no puede ser cambiada unilateralmente porque eso es facultad del Reglamento del Congreso.
La Presidenta:
Para una moción tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante:
(Desde su curul) Quisiera recordarle al compañero diputado que también existe dentro de nuestro Reglamento y él lo sabe bien, la facultad para que en un sólo acto se discuta en lo general y en lo particular, si así lo acuerda la Asamblea. Y fue lo que se hizo. No se ha violado el Reglamento en ningún momento.
El diputado Josafat Arquimedes García Castro:
Inicialmente deseo reconocer con toda sinceridad, que en las extenuantes pero provechosas jornadas en las que discutimos esta ley, privó un ambiente de respeto y de solidaridad entre todos los diputados y senadores que integramos la Comisión de Ganadería.
Incluso quiero decir, que nuestras aportaciones aunque modestas, fueron atendidas. Sin embargo, tal vez por la premura del tiempo, algunas otras no fueron contempladas, por lo que posteriormente haremos llegar en este Pleno, las propuestas a diversos artículos de la ley, que está en discusión.
Ciudadanas y ciudadanos legisladores: desde 1982 se instrumenta en México un modelo de desarrollo nacional agropecuario neoliberal, para el que se hacen las modificaciones contrarrevolucionarias al artículo 27 constitucional y se expide una nueva Ley Agraria.
La Ley Agraria, como apunta José Luis Calva, abre amplios cauces a la circulación mercantil de la tierra y a su compactación en grandes y gigantescas unidades de producción.
Bajo la figura de sociedades mercantiles, propietarias de terrenos rústicos, la nueva Ley Agraria abre el camino a la conformación de verdaderos latifundios de acciones que podrían acaparar en sólo 10 mil 933 haciendas, la totalidad de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales del país. Estas granjas empresariales de gran escala, podrán ser propiedades de ciudadanos extranjeros, dueños del 49% de las acciones de tierra y del 100% de las acciones del capital.
Los paradigmas ideológicos que ha construido el Gobierno para sostener esta política neoliberal son: Primero. Únicamente el capital privado. De manera fundamental el extranjero, será capaz de sacar adelante la economía nacional en general y al campo en particular.
Segundo. La riqueza vendrá sólo si las exportaciones se incrementan y por lo tanto, apoyan un nuevo orden económico internacional que
fomente y permita la libre movilidad del gran capital. y
Tercero. La expansión de las economías de escala, representan el único medio para incrementar la prosperidad y el bienestar nacionales.
Se postula, en consecuencia, que el objetivo principal del país, es lograr la mayor liberalización posible de nuestro comercio agropecuario, con las potencias alimentarias del norte. En esta lógica, la iniciativa de Ley de Sanidad Animal, responde de manera precisa a los aspectos zoosanitarios del Capítulo VII del tan buscado Tratado de Libre Comercio; e incluso algunas de las partes de la iniciativa, son copia fiel de este capítulo o están adaptadas o compatibilizadas a él.
La iniciativa que discutimos, recoge a lo largo de su articulado, los acuerdos contenidos en la sección b del Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio.
En el artículo 2o. por ejemplo, relativo a los conceptos, se incluyen gran parte de las definiciones que contienen el artículo 724 del Tratado de Libre Comercio, tales como: evaluación de riesgos, nivel apropiado de protección sanitaria, zona libre de plagas o enfermedades, zona de escasa prevalencia de plagas o enfermedades, etcétera, etcétera.
En el artículo 712 del TLC, se establece que cada una de las partes se asegurará de que cualquier medida sanitaria que adopte, mantenga o aplique, esté basada en principios científicos, tomando en cuenta cuando corresponda a factores pertinentes como las diferentes condiciones geográficas. Tal disposición se contiene puntualmente, en la fracción I del artículo 13 de la iniciativa. Y para muestra, un botón.
Señora Presidenta: Solicito a usted instruya al secretario, para que dé lectura del artículo 712 del Tratado de Libre Comercio.
La Presidenta:
Tenga a bien la Secretaría cumplimentar lo solicitado por el señor diputado. Gracias.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Principios científicos. Tres: Cada una de las partes se asegurará de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que adopte, mantenga o aplique.
Inciso b) Esté basada en principios científicos tomando en cuenta cuando corresponda a factores pertinentes como las diferentes condiciones geográficas.
El diputado Josafat Arquimedes García Castro:
Ahora, señorita Presidenta, la iniciativa, en el artículo 13, fracción I y
La Presidenta:
Proceda la Secretaría, por favor.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Artículo 13. Las normas oficiales, además de fundarse y motivarse, deberán:
I) Sustentarse en principios científicos tomando en cuenta cuando corresponda a las diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes.
III) Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes."
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor secretario.
El diputado Josafat Arquimedes García Castro:
Como puede verse, pues, la disposición del artículo 712 del TLC, contiene puntualmente, está contenida puntualmente en la fracción I del artículo 13 de la iniciativa.
Si esto fuera suficiente, el artículo 713 del TLC, obliga a las partes a usar como base para sus medidas sanitarias: normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes con el fin, entre otros, de hacer sus medidas sanitarias equivalentes o cuando corresponda, idénticas a las de las otras partes.
Esta regla se repite en la fracción III del mismo artículo 13 que dispone que las normas oficiales deberán tomar en cuenta: las normas, directrices o recomendaciones pertinentes, tal como las leyó el señor secretario.
De conformidad con la fracción XII del artículo 4o. de la iniciativa de ley; a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos corresponderá la aplicación de los tratados internacionales de los que México sea parte.
En otro artículo, el 2o., al referirse a las definiciones legales de zona de erradicación y zona libre, la iniciativa dispone que deberá atenderse a los establecidos por la Oficina Internacional de Epizootias. Ambos proyectos de artículos son entonces concordantes con los artículos 723 y 713 fracción V del Tratado de Libre Comercio, según los cuales, las partes deberán usar los buenos oficios de las organizaciones de normalización competentes internacionales y de América del Norte, incluyendo la comisión del Codec, alimentarios y la Oficina Internacional de Epizootias.
Pero además el artículo 25 de la iniciativa establece: "Los certificados o sanitarios podrán ser expedidos por la Secretaría y, en su caso, por organismos de certificación unidades de verificación aprobados o acreeditados. La Secretaría reconocerá o aprobará a los órganos reguladores y organismos de certificación extranjeros, cuyas certificaciones del cumplimiento de normas oficiales serán aceptadas para efectos de importación".
La anterior comparación demuestra que el Ejecutivo de la Unión, insiste en que el Congreso discuta y apruebe leyes concordantes, reguladoras e instrumentadas en un Tratado aún no ratificado por los órganos legislativos competentes de los países negociantes.
Se advierte en el Ejecutivo una prisa inexplicable, dada la parálisis que afecta el proceso de ratificación del pretendido Tratado.
Entrando a otros aspectos de la iniciativa, cabe decir:
1o. Que no solo se pretende la actualización del marco jurídico en materia de sanidad animal, sino también reducir la participación de las entidades gubernamentales en esta materia, transfiriendo funciones públicas como el diagnóstico, normalización, certificación y verificación de los procesos de sanidad animal a entidades privadas, nacionales y extranjeras.
2o. En esta lógica de apertura comercial unilateral y de subordinación económica, política y social de la nación a los intereses del capital transnacional, es que la iniciativa intenta transformar en la materia zoosanitaria el papel del Estado y los particulares, así como las condiciones para la inversión extranjera, las exportaciones e importaciones de productos y subproductos pecuarios y de los insumos para la producción ganadera.
3o. Parte de la falsa premisa de que el exceso de intervención del Gobierno Federal es la causa de todos los males e ineficiencias en los sistemas de producción, comercialización y salud animal en la ganadería nacional. Y que la desregulación que se busca con la aprobación de la iniciativa, resolverá los problemas de fondo de la sanidad animal y de la producción ganadera.
No se trata de si es excesiva o mínima la intervención del Gobierno Federal, sino de qué tipo de intervención se requiere y cómo se atacan de fondo los aspectos nefastos del sistema político mexicano, estableciendo normas que impiden la proliferación de los criterios patrimonialistas de los funcionarios y el manejo discrecional de los recursos, licencias, permisos, autorizaciones, concesiones, certificados y sanciones, así como la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo que ha caracterizado a la gestión administrativa del Estado. Son precisamente esos aspectos los que el proyecto de ley en ciernes mantiene.
De aprobarse la iniciativa, el papel del Ejecutivo Federal se reduce a:
a) Expedir normas oficiales que deberán fundarse y motivarse en los criterios comerciales establecidos en el TLC, entre otras las normas directrices o recomendaciones internacionales.
b) Aprobar a los médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba en materia totalitaria.
El texto de la iniciativa de Ley mantiene la incertidumbre jurídica, incorpora el vacío y abandono gubernamental en la sanidad animal como técnica de Gobierno y desconoce las desventajas de los ganaderos nacionales en un campo de libre competencia, para hacer vigentes en las normas oficiales o sanitarias, los criterios de calidad y competitividad de la primera potencia americana, que es Estados Unidos.
En conclusión, esta iniciativa de Ley de Sanidad Animal se inscribe en el nuevo modelo de desarrollo económico, en las políticas de liberalización y desregulación, en las reformas del marco jurídico relativas al artículo 27 constitucional y en el proceso de ajuste de la Ley Nacional a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio
Por lo tanto y por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRD emitirá en lo general su voto en contra de este dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de mayo de 1993. Por el grupo parlamentario del PRD, diputado Josafat Arquimedes García Castro, diputado Miguel León Corrales, diputado Enrique Rico Arzate." Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional, para hacer propuestas al artículo 2o.
El diputado Quinardo Meléndrez Montijo:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Con relación a la Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo dictamen estamos estudiando, estamos discutiendo en esta ocasión, quisiera referirme al Capítulo II del mismo dictamen, que tiene como título: "Conceptos".
Lo que pretende este capítulo es definir los conceptos que para efecto de esta ley habrán de aplicarse y se supone que debe de, por lo tanto, clarificarlos. Vemos que en este Capítulo II, en su artículo 2o. también, único artículo del capítulo, en la iniciativa original venía la siguiente definición de "subproducto pecuario". Esta definición dice de la siguiente manera:
"El que se deriva de un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura su desinfectación o desinfección o cuando por su manejo se pueda inferir que se haya contaminado y pueda causar un daño a la salud de los animales."
Esta redacción, esta definición nosotros sostuvimos en el seno de la Subcomisión de Ganadería, en presencia del mismo Subsecretario de Ganadería, que es inexacta y también inconveniente. Es inexacta porque a las reglas de la definición, prácticamente califica al sustantivo "subproducto animal" al presumirlo como no desinfectado o no desdinfectado y también como que puede estar contaminado y puede causar algún daño a la salud de los animales; es decir, lo considera riesgoso ya por definición.
Consideramos por lo tanto que es inexacto, puesto que por un lado de la misma forma que un producto animal, los subproductos pueden o no estar contaminados, pueden o no estar desinfectados; además, por otra parte, existen procesos de transformación que sí aseguran desinfectación o desinfección de subproductos animales y no por el solo hecho de que un subproducto animal haya sido sometido a un proceso que sí puede desinfectar ese subproducto, sí puede garantizar su desinfectación; no por el solo hecho de que hayan sido sometidos a un proceso, ya deja de ser un subproducto animal; sigue siendo un subproducto animal a pesar de que se haya aplicado un procedimiento adecuado para que se garantice su desinfección
Inclusive el subsecretario de Ganadería que estaba presente en esa reunión de la Comisión, afirmó que definitivamente había en el fondo razón en la afirmación que estábamos haciendo en ese momento y precisamente nosotros en esa ocasión también pudimos o mejor dicho en otra ocasión pero en la misma Subcomisión de Ganadería, tuvimos la oportunidad de proponer otra definición, una definición alterna que es la que a continuación menciono.
Subproducto animal, el residuo o sus derivados del sacrificio animal, susceptible a sí mismo de ser aprovechado. Para esto yo quisiera comentarles que esta definición está en concordancia con la expuesta en el texto titulado Subproductos Animales de la Serie de Manuales para Educación Agropecuaria, elaborada dentro de un proyecto de cooperación técnica internacional por la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP, con la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, editada por la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas de la SEP y Editorial Trillas.
Bueno en realidad en la subcomisión hubo bastante discusión en cuanto a este término, ampliamente se discutió, hay que reconocerlo, y también se elaboró una Minuta en la que en el concepto se hacía solamente un cambio, en lugar de subproducto pecuario se le denomina ahora subproducto animal, cosa con la que estamos de acuerdo. Nosotros hemos seguido insistiendo en que no es la definición, sino que también puede traer consecuencias de haberse sostenido esa definición.
¿Qué consecuencias? Bueno en el artículo 12 fracción V del dictamen, dice el artículo 12: "Las normas oficiales podrán comprender las siguientes medidas zoosanitarias"; la fracción V, "La retención y disposición de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, que puedan ocasionar enfermedades o plagas en los mismos".
Estamos totalmente de acuerdo con que estos productos y subproductos cuando son riesgosos para la salud, pues entonces puedan ser retenidos y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos pueda disponer de esos mismos productos, puesto que son un riesgo para la salud; pero el problema que tenemos es que tanto en la iniciativa como en la minuta se estaba definiendo al subproducto animal automáticamente, por definición, riesgoso para la salud.
¿Qué significa esto? que prácticamente todo subproducto animal, por el solo hecho de ser subproducto animal, según la definición, podrá ser retenido y se podrá disponer de él por parte de la Secretaría de Recursos Hidraúlicos. Todos, claro, por supuesto, está como los comentarios de los compañeros en la subcomisión, claro que este criterio no sería aplicado de esa forma, dicen; sería aplicado de una manera lógica y razonable.
Pero el problema está en que al tener esa definición, prácticamente a todo aquel productor que produzca o que transporte o que movilice de alguna manera o que aproveche de alguna manera los subproductos animales... y ¿cuáles son los subproductos animales?, para comprendernos mejor, pues obviamente nos estamos refiriendo a los cuernos, las pezuñas, a los cascos, a las pieles, a la sangre, en fin; esos son los subproductos animales.
Y entonces podrán ser retenidos, si se va a movilizar, si se va a aprovechar, porque la definición dice que "sus procesos no garantizan su desinfección, su desinfección y puede ser que estén contaminados y representar un riesgo para la salud de los animales.
Entonces, en la práctica, ¿en qué se traduciría eso? En la práctica se traduciría eso en que un inspector, cualquiera, podría simplemente detener a cualquier productor y decirle, "oye ¿pasa o no pasa?, ponte guapo y pasa".
Entonces se trata de evitar eso. Ahora, después de una discusión intensa que tuvimos con los compañeros en la Comisión de Ganadería, ya considero yo que tuvo como fruto que se comprendiera perfectamente bien este problema, podemos decir que se logró que hubiera un cambio en esta definición de subproducto animal y que quedara de la siguiente manera:
Subproducto animal, el que se deriva de un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura si es desinfectación o desinfección, punto.
Es el dictamen que tienen ustedes, señores diputados, en sus manos. Así lo dice el artículo 2o., en la definición de subproducto animal.
Bueno yo pienso que esto ya es un paso, es un paso importante, puesto que elimina aquella frase sumamente peligrosa que dice "o cuando por su manejo se puede inferir que se haya contaminado y pueda constituir un riesgo zoosanitario
Le quitamos el calificativo al subproducto animal, de contaminado y riesgoso. Sin embargo, aún subyace así esta misma situación, puesto que dice el que se deriva de un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura su desinfectación o desinfección, y sin embargo, para el caso, vamos a poner un ejemplo concreto: el caso de la sangre de los animales, que es un producto que sin ninguna transformación efectivamente, pudiera conceder ciertos riesgos.
Pero puede contener tantos riesgos como los que puede tener el canal del propiamente dicho, los mismos riesgos podría contener.
Y sin embargo, no se explica, por ejemplo, verdad, que para... no se define a un producto pecuario, a la carne, podríamos decir, de un producto que no está sujeto a un proceso de transformación que garantice su desinfectación o desinfección.
Ahora, aun cuando con la modificación que ya aparece en el dictamen de la Comisión, encontramos que el artículo 12 fracción V, puede interpretarse para detener y para disponer de estos productos y es por eso que nosotros insistimos en una definición más exacta y más adecuada, más conveniente, sugerida también por la misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que es el de subproducto animal, el residuo o su derivado del sacrificio animal susceptible, asimismo, de ser aprovechado.
Si lo que nosotros tenemos es el temor de que un subproducto animal pueda ser movilizado,
pueda ser aprovechado, pueda ser consumido por los animales, en mal estado, estando contaminado, entonces lo que hay que hacer es atender al mismo artículo 12 en su fracción V, que como ya leímos, dice que se procederá a la retención y disposición de animales, cuando se considere que pueden ocasionar enfermedades o plagas en los mismos.
Entonces no es necesario que en su definición ya lo estamos considerando como un artículo riesgoso.
Dejo esta propuesta en manos de la Secretaría, para que se considere en su momento. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres, de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con su permiso, señor Presidente.
Posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la iniciativa de Ley de Sanidad Animal.
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal es un avance para la regulación de la sanidad animal.
El 13 de diciembre de 1974, se había publicado la Ley de Sanidad Pecuaria; es decir, en una sola ley se regulaba la sanidad vegetal y la animal. De alguna forma se seguía un mismo marco normativo para ambas actividades. En la iniciativa que se propone se separan éstas y se le da una mayor precisión a la normatividad sobre sanidad animal.
Consideramos que la iniciativa de ley recupera aspectos de la Ley de Sanidad Fitopecuaria. Esos aspectos los precisa y amplía de tal manera que la normatividad abarca todos los ámbitos de la actividad pecuaria en materia de sanidad.
En la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo Federal, se precisa que la aplicación de la ley es atribución de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y se establecen las funciones que debe realizar en materia de sanidad animal. Con esto consideramos que se continúa con la regulación por parte del Estado, de los servicios de sanidad animal, lo cual garantiza el control de las enfermedades y epidemias en el hato ganadero.
El proceso de desregulación se da en la flexibilidad de los trámites y la regulación en la determinación de requisitos y normas oficiales mexicanas que garantizan que la actividad de sanidad animal está encaminada a controlar las posibles epizootias.
En la propuesta del Ejecutivo Federal, se definen las medidas zoosanitarias y se determina el establecimiento de normas oficiales para estas medidas; se establecen las medidas que podrían contener esas medidas zoosanitarias.
En comparación con la ley vigente, se amplían las medidas y se incorporan elementos importantes como son: la educación en materia zoosanitaria, la retención de animales, sus productos o subproductos y de los insumos para usos pecuarios que puedan ocasionar enfermedades; la inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales; las prácticas de saneamiento, desinfección y desinfectación; la aplicación de quimioterapia, el sacrificio de animales enfermos, la creación o inhumación de cadáveres de animales y el trato humanitario.
Es importante que establezca la expedición de normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias en el caso del manejo de los productos y subproductos animales y de los productos biológicos, químicos, farmaceúticos y alimenticios para uso en animales o consumo de éstos.
Así también se incorpora al rubro de importación y exportación, la movilización de animales que en la ley de 1974 se contemplaba conjuntamente con la de los vegetales. En la ley vigente se establece la guía sanitaria como un requisito indispensable para la transportación de vegetales y animales; en la iniciativa se norma únicamente el transporte de animales y elimina la guía sanitaria para la movilización en territorio nacional; no obstante, precisa que se establecerán normas oficiales para determinar en qué caso se requiere de un certificado zoosanitario para su transporte.
Se eliminan los permisos de importación y exportación y se le da atribuciones a la Secretaría para emitir normas oficiales para el caso, lo cual
nos parece que simplifica los trámites y los hace más transparentes.
Para nuestra fracción parlamentaria, es importante que para el ejercicio profesional de prestación de servicios de sanidad animal, se incorpore como un requisito para autorizar que los médicos veterinarios brinden servicios de asistencia técnica y capacitación zoosanitaria, el que realicen y aprueben un examen de conocimiento en los términos que fije la Secretaría.
Con esto consideramos que se evita que se otorguen permisos a personas que desconocen el ramo de sanidad animal.
Una innovación que tiene la iniciativa, es la incorporación de la verificación, lo cual nos parece fundamental al eliminarse la guía sanitaria para el traslado de animales.
La iniciativa prevé diversas modalidades para inspeccionar el hato ganadero, sus productos y subproductos y los insumos que se utilizan en la actividad pecuaria.
Consideramos que en la iniciativa se incorporan elementos que en la Ley de Sanidad Fitopecuaria se trataba indistintamente para vegetales o animales, como son el transporte, las campañas y cuarentenas y las sanciones. Consideramos adecuado que así se haga, porque no es lo mismo manejo de los vegetales que el de los animales. Tratarlo en forma particular permite precisar la forma en que se realizarán las acciones en esos rubros.
Las sanciones además que se amplían, se ajustan a las nuevas condiciones socioeconómicas del país.
En lo que respecta a elementos de no incorporación, consideramos lo siguiente: Primero: trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de animales. Incorporar estos elementos es importante, porque se normaría que los animales no fueran maltratados, además de evitar el sufrimiento de éstos durante su traslado y sacrificio.
Segundo: establecimiento. Se determinara la formulación de normas oficiales que establezcan las características y especificaciones que deben reunir los diferentes establecimientos que manejen animales, productos o subproductos y los insumos utilizados en la actividad pecuaria, lo cual consideramos que pondrá orden en las actividades de los establecimientos que manejan animales, productos o subproductos derivados, así como los insumos que se utilizan en la actividad pecuaria.
Tercero: dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal. Es importante para los casos en que se presente una epidemia: su control emergente puede evitar que se afecte el hato ganadero.
Cuarto: incentivos. La decisión de reconocer y premiar anualmente a quienes destaquen en la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales, es una innovación que permitirá que estas acciones tengan una mayor atención por parte de las personas involucradas en la sanidad animal.
Quinto: denuncia popular. Es de suma importancia reglamentar por la ley la denuncia popular. Esto permitirá que los involucrados en la actividad pecuaria tomen medidas para respetar lo establecido en la ley.
En el dictamen de la iniciativa formulado por la Comisión de Ganadería, encontramos modificaciones a 20 artículos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, así como dos transitorios y la erradicación de dos transitorios más. Algunas modificaciones, primordialmente la que se refiere al artículo 17, fueron propuestas por nuestra fracción y fueron tomadas en consideración.
Nos parece que las modificaciones realizadas son congruentes con la actividad de sanidad animal. Así también consideramos que con estos cambios la iniciativa gana en precisión y permite una mayor regulación de la iniciativa, incorporando elementos ausentes en la iniciativa presidencial.
Consideramos finalmente que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, así como los cambios propuestos por las diversas fracciones parlamentarias, fortalecen a la actividad de sanidad animal, permite que ésta se ubique dentro del marco nacional e internacional, regulando y desregulando los trámites que se tenían que realizar para efectuar las actividades de sanidad pecuaria.
Esta iniciativa ubica la actividad ganadera en una posición favorable en vista de la instrumentación del Tratado de Libre Comercio.
Nuestro país, en su tratado comercial con nuestros socios, no debe tener una legislación desfasada en comparación a los cambios internacionales en materia internacional.
Evitar las enfermedades y epidemias en el hato ganadero, permitirá que nuestro país pueda ser competitivo en la actividad pecuaria.
Por estas razones, nuestra fracción parlamentaria considera que da un gran avance a la legislación en materia de sanidad y por lo tanto votaremos a favor.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Mario del Valle Fernández, para hablar en pro de la iniciativa.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
La iniciativa sometida a esta Asamblea contempla una variación de modificar la ley fitopecuaria que tiene 19 años en vigencia y que contempla actividades agrícolas y ganaderas en su conjunto.
La actividad en materia agropecuaria ha ido especializándose cada vez, y se ha dado una serie de requerimientos y necesidades que plantean llegar a una especialización en el tratamiento de la sanidad vegetal y de la sanidad animal . En materia de sanidad animal, la propia sociedad, los productores, han reclamado la toma de decisiones y de medidas a las autoridades, en el sentido de adecuarnos a las condiciones que va dando el mercado nacional y la propia actividad internacional.
Somos un país cambiante y nuestras actividades también van demandando una adecuación a esas condiciones de cambio en el trabajo agropecuario.
La dependencia y el Ejecutivo, a través de este tipo de inquietudes, realizaron una serie de consultas que nos ha llevado a tener presente una iniciativa que se sometió, como ya se ha mencionado aquí, a una valorización en la comisión, pero también de manera amplia con los productos, con los industriales, los comerciantes y, sobre todo, los representativos de las especialidades de esta actividad ganadera
La consulta nos puso de manifiesto que deberíamos nosotros precisar en el artículo 2o., una serie de conceptos para romper tal vez demasiados tecnicismos, demasiada definición de carácter de otra ley, de otra normatividad, que nuestros usuarios de la ley en su momento no estuviesen muy familiarizados con ella.
Es así como se abrió el número de conceptos para meter todas aquellas definiciones y aplicaciones específicas, técnicas y, sobre todo, sanitarias y se diera un mejor entendimiento de la iniciativa, una vez puesta en práctica.
Los conceptos nos están dando una muestra clara de la gran dificultad que al principio teníamos tal vez todos para comprender esta Ley y que ahora todavía parecieran existir algunas dudas, pero que tenemos que dejarlas claras en este debate, de que la Ley es una innovación en materia legislativa, sobre todo en la aplicabilidad que hoy hacemos con referencia a otras leyes.
Antiguamente los debates en las comisiones eran en el sentido de hasta dónde hacer específica la Ley y hasta dónde dejarle la facultad al Ejecutivo de reglamentar los espacios en el reglamento.
En esta Ley tenemos una limitación, una reducción de la actividad reglamentaria, pero a cambio de ello hemos encontrado que se sustenta la estructura de la Ley en las normas Oficiales mexicanas.
Estamos, por primera vez, sintiendo una gran referencia de la Norma como la facultad de la autoridad, los usuarios, los productores agropecuarios, en este caso, de las instituciones académicas, comercialización e industrializadores de opinar cómo constituir la Norma.
Por eso es que nuestra iniciativa y el dictamen puesto a consideración, hablan de una manera constante de la Norma Oficial Mexicana, Norma que nos obliga a entender la Ley de Metrología y Normalización, aprobada por este Congreso a fines del año pasado.
Y es así como la gran discusión en el interior de la Comisión fue centrada en dónde y de qué forma hacer partícipes y dejar claro, que no se quedara el usuario, el aplicador, el que vive la aplicación de la Ley, al margen o al entendimiento de qué opciones tener, cómo manifestar sus inquietudes y cómo reglamentar, de manera conjunta con la autoridad, la norma que se le iba a aplicar para cumplir en materia de sanidad animal.
La iniciativa en discusión trata de temas que habían sido motivo de discusión en otros foros
y que por primera vez se incluían en su interior, para dar una congruencia integral en lo que significa el tratamiento, la salud y, sobre todo, la prevención de carácter y de repercusión hacia el humano.
En esta Ley ya se habla del trato humanitario, se habla de las técnicas de sacrificio; discusión con grupos ecológicos, en que si estábamos valorizando aquel castigo, más allá de lo indispensablemente necesario.
En esta Ley se hablaba ya de cómo darle un tratamiento de sanidad parejo a todos los centros de matanza del país.
En el artículo 20, se hace referencia de que cada centro tendrá un médico veterinario y nosotros discutimos hasta dónde la capacidad de cada centro de matanza, o de autorización dada en pequeñas comunidades, para cumplir con este requisito que en la práctica iba a ser una negación a la propia aplicación de la Ley.
Nuestra discusión llevó una alternativa de normar a los centros establecidos de acuerdo con la norma, donde debería estar la presencia de cuando menos un médico veterinario, porque la norma puede exigir más y cómo establecer una coordinación en aquellos centros de matanza modestos, que implique una vigilancia, mas no una sojuzgación a medidas que no iban a poder cumplir
Las secretarías de Salud y de Agricultura normarán, en términos transitorios o en términos de tiempo y en términos que convengan con los ayuntamientos o con las partes involucradas y así damos en esta iniciativa una flexibilidad a ubicarnos en la realidad del país.
También esta Ley formaliza el acreditamiento de médicos veterinarios, de organismos de verificación, de laboratorios de prueba, de centros, organismos de verificación y normalización.
Y lo que hace la Ley es referirse a lo que habla la Ley de Metrología y Normalización.
Pero la Secretaría tiene que dar una autorización para que en su materia les dé una aprobación que les permita coadyuvar, desconcentrar, descentralizar y hacer valer a los productores su interés directo con quien le atienda, le resuelva y no le ponga condiciones que perjudiquen su actividad.
Esta descentralización y regularización es materia fundamental de la iniciativa que hoy nos ocupa.
La iniciativa habla de incentivos, favorece y premia a quienes se dedican y participan de manera más congruente y activa en la sanidad animal; habla de la denuncia ciudadana abierta, calificada habla de la denuncia ciudadana abierta, calificada a veces en términos populares de que cualquiera pueda emitir una denuncia en los términos de poner en peligro la salud animal y su repercusión en la salud humana.
Después habla de la reglamentación de importación y de exportaciones y, en los términos de importación y de exportaciones, nosotros fuimos muy claros en precisar en que estábamos sujetando gran parte de las definiciones y de las referencias que aquí se estaban haciendo y nuestra mayor claridad que pudimos dar al dictamen es que en algunas partes cuando hablamos de zona libre, de áreas fuera de control o de relativa presencia de una plaga o epidemia, son las referencias que se manejan en la Oficina Internacional de Epizootias de la cual México forma parte hace ya 40 años.
Los conceptos que se reconocen de manera internacional también son referencias del GATT en donde ya participamos hace más de siete años y de esta manera no podíamos nosotros hacer una Ley demasiado estricta o cerrada a nuestra coordinación y a nuestros compromisos internacionales porque las plagas, las enfermedades, es referencia del tránsito legal y a veces del contrabando de estos productos en nuestras fronteras. Y entonces no es que autoricemos una importación por el hecho de estar o no sujetos a un convenio o a una negociación entre partidos sino que debemos protegernos en los términos que todos los países acuerdan de manera internacional defender la salud de una especie animal y la repercusión que tiene en los humanos.
La iniciativa de mención también hace una referencia de que no es una acción fortuita del Gobierno, quien va a implementar sus medidas.
Hace reconocimiento a la participación de productores, hace reconocimiento a todos los que intervienen en un proceso productivo y sobre todo comprueba y manifiesta la intención del Gobierno, de la Federación, del Ejecutivo, en los términos de mantener los avances sanitarios que hasta la fecha se han logrado.
Hay un reconocimiento de que México guarda una situación privilegiada en materia de salud animal al encontrarse y haberse mantenido libre de un gran número de enfermedades y plagas consideradas exóticas que causan enormes
pérdidas económicas en los países que los padecen y también a la salud humana.
Cuando nosotros hablamos de la iniciativa, también del efecto humano, la iniciativa reconoce la constitución de una serie de instrumento operativos que serán la concreción de acuerdos y acciones ya tomadas, pero también manifiesta una voluntad de hacerlo de una manera amplia, como lo son las disposiciones que constituyen el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Este Consejo viene a sustituir organismos que sobre la marcha han operado y que deben quedar plasmadas sus actividades y su congruencia en los términos que acuerde su reglamento, pero a partir de una disposición reglamentaria permanente que autorice este Congreso.
Este Consejo no es un órgano central único, sino tiene una desconcentración de funciones de manera estatal o regional y esto es que para vigilar los efectos de la sanidad animal y su implicación en la salud humana, tendrán que ponerse en estado de participación y de alerta quienes tengan y sientan los efectos, como lo son las entidades, las regio y de manera general el país.
En esta iniciativa también se contempla la constitución y materialización de la responsabilidad de un dispositivo nacional de emergencia en sanidad animal; dispositivo que pone en su práctica la participación de todas las entidades que estén involucradas en un momento dado para participar y atacar una epidemia, una epizootia, un daño o una plaga de carácter animal.
Esta dependencia no es privativa nada más de la autoridad, sino que está constituida a través de fondos que aquí se prevé su integración y que se detallará en un documento paralelo su forma esquemática, en que las partes acuerden y convengan, para que opere y tenga esto una dependencia autónoma de un trámite burocrático, un trámite administrativo que limite su acción.
Podemos señalar, en conclusión, que esta iniciativa es un principio de especialización de trabajo en el campo en materia de salud animal, desligado de otras actividades.
Podemos señalar que esta iniciativa nos pone en los términos de no exigirle a quien nos mande un producto, una calidad que nosotros internamente no podemos justificar, dárselo a los consumidores. Nos pone en los términos de no aceptar que estamos en una interrelación con los vecinos de la frontera y que nos lleva a mantenernos en su esquema de igualdad, de seriedad y de congruencia de trabajo y comercio, entre países vecinos.
No podemos entender que esta iniciativa sea limitada o limitativa de un marco de participación de los productores. Es por eso que nosotros hemos señalado a lo largo de su capítulo, en los transitorios, que para que entre en operación esta Ley, debemos garantizar que existan los consejos consultivos de normalización, que garantice la presencia de quienes se verán afectados por la iniciativa.
No podemos pensar en que esta iniciativa entre de una manera simultánea o deje a una situación posterior indefinida, la integración de los organismos que van a hacer válida su participación.
Y no podemos tampoco permitir que las facultades de la Secretaría que esté aquí, no remarquemos aquellas derivadas de la Ley de metrología y normalización, que hacen hincapié en que la Secretaría asesorará la constitución, la participación de los órganos consultivos de normalización y que sea la que vigile su permanencia para actualizar las normas en las cuales se sustenta el ejercicio de esta iniciativa en su momento.
En conclusión, nosotros creemos que el trabajo fue amplio, a pesar del tiempo breve; se discutieron de una manera precisa los puntos y cada uno de los detalles de esta iniciativa y creo que lo que tal vez nos estalle en un momento dado, es que en lo general está sujeto en la norma que deberían elaborar quienes participen o sea sujetos a su obligatoriedad en un momento dado.
Por todo lo anterior, pedimos un voto a favor en virtud del trabajo, la innovación y la finalidad de proteger la salud humana como consecuencia, a través de ingerir productos que estén en un control y en una sanidad regulada, para no caer en desperdicios económicos y daños por irregularidades que no se prevean y no se atiendan en su momento. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Cedillo Valdez, de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posiciones.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Quiero hacer una reflexión respecto a esta iniciativa que se presenta a esta soberanía.
Con motivo de la iniciativa de la Ley de Sanidad Animal presentada a esta honorable Cámara de Diputados por el titular del Ejecutivo Federal, me permito externar ante ustedes algunos comentarios, por la importancia que reviste para mejorar el control en el ejercicio de la administración pública en materia sanitaria y particularmente es significativa para proteger los intereses sociales y de salud pública, que en la opinión de mi partido y en la mía propia, se ha cumplido con un reclamo que desde esta tribuna el día 19 de junio del año próximo pasado, denunciamos la indiscriminada importación de productos cárnicos de res, ave y cerdo, que provocaron serios problemas de morbilidad, mortalidad, entre sectores sociales económicamente, así como serios problemas a la economía nacional ganadera.
En aquella ocasión señalamos que era prioritario modernizar la estructura normativa en la materia y que era determinante mejorar el sistema de control de los programas de sanidad, a cargo de las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal.
Con beneplácito recibimos dicha iniciativa, sin embargo pensamos que es conveniente destacar dos aspectos: por un lado, que la Contraloría General de la Federación se aboque a vigilar el cumplimiento a las disposiciones que emanen en esta soberanía y segundo, que no basta con establecer mecanismos normativos que son importantes, pero lo que nos preocupa es la instrumentación de los controles de sanidad animal y ello implica y exige que se modernicen técnicamente los sistemas para el control sanitario y recomendamos que se establezca un mecanismo de organización interinstitucional que tenga como objetivo el cumplimiento con dichas disposiciones y se le dé seguimiento a las anomalías que pudieran surgir en el proceso de ejecución, así como revisar todos los tratados con los países relacionados con el ramo, a efecto de que con criterios de racionalización sustentados en principios nacionalistas, se apoye a la economía nacional ganadera y se mejore a la salud pública del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Angel León Corrales, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para hacer propuestas a los artículos: 2o., 8o., 9o. y 12o.
El diputado Miguel Angel León Corrales:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
Una vez que mi compañero, el diputado Arquimedes precisó cuál es la posición en lo general, de mi fracción parlamentaria, quiero hacer algunas propuestas en lo particular a los artículos 2o.; proponer un artículo 8o. bis y al artículo 9o. y por último al artículo 12o.
El artículo 2o. del dictamen de Ley que aquí discutimos, se refiere a conceptos, define varios de los conceptos que tienen que ver con el tema que el dictamen trata y a su vez todos estos conceptos, a lo largo de la Ley son mencionados reiteradas veces.
Hay un concepto que es mencionado en la Ley, pero que en el artículo 2o. no aparece en una definición y que nosotros consideramos que debe de aparecer, me refiero al concepto de enfermedad de notificación obligatoria. Creemos que en este artículo 2o. también debe de aparecer una definición de este concepto, porque el problema de las enfermedades de notificación obligatoria, son problemas que tienen que ver con riesgos de salud pública, problemas que tienen que ver con riesgos también de la salud animal y de la economía y que al mismo tiempo que estas enfermedades de notificación obligatoria, deben de ser tomadas como una obligación, también pueden ser tomadas como un derecho de los ciudadanos en el caso de enfermedades que afecten de manera peligrosa a la salud pública.
Por eso nosotros estamos proponiendo que en el artículo 2o. se añada la definición del concepto enfermedad de notificación obligatoria, de la siguiente manera:
"Enfermedad de notificación obligatoria: Enfermedad o plagas que son de alta prioridad o importancia por los estragos que pueden ocasionar en la salud y la vida animal y humana, así como en la economía y que deberán ser reforzadas sin demora a la Secretaría, a las autoridades en sanidad animal municipal o local."
En este mismo artículo 2o., cuando se definen los conceptos de zona de erradicación, es decir, de las zonas o áreas geográficas en las que deberán operar ciertas medidas zoosanitarias para erradicarlas y cuando se define el concepto de zona libre, en las cuales se han eliminado esas enfermedades o plagas, en ambas definiciones,
al final de cada una de ellas el dictamen que aquí discutimos dice lo siguiente:
"De acuerdo a lo establecido por la Oficina Internacional de Epizootias..." Y nosotros estamos proponiendo que en ambos casos, tanto en la definición de zona de erradicación, como en la definición de zona libre, se eliminen estos renglones para quedar de la siguiente manera:
"De acuerdo a lo establecido, perdón, de acuerdo con las normas oficiales y las medidas zoosanitarias que la Secretaría establezca".
Partimos de las siguientes ideas, para hacer esta propuesta:
Sostentamos que es inaceptable por definición en una Ley nacional, que los criterios y las normas en la determinación de las zonas de erradicación y las zonas libres de enfermedades o plagas, los determine una organización internacional de normalización. Esta condición anula las facultades que el propio texto de la iniciativa da al Ejecutivo Federal, por ejemplo, en las fracciones III y IV del artículo 4o.
Y acorde con esa modificación que estamos planteando para el artículo 2o., en el artículo 12, en el que se refiere a las normas oficiales, nosotros sostenemos una nueva fracción, proponemos una nueva fracción que diga así: "El establecimiento de las enfermedades de notificación obligatoria". Es decir, que entre las normas oficiales que está determinado este artículo 12, queden planteadas también, el establecimiento de las enfermedades de notificación obligatoria.
Ahora bien, en gran medida las industrias que tienen qué ver con esta Ley de Sanidad Animal, por ejemplo los rastros de ganado vacuno o de pollos, en gran medida se trata de establecimiento altamente contaminantes.
Por eso nosotros proponemos un artículo 8 bis que reglamente lo relativo a las medidas para la preservación del ambiente y la preservación y control de la contaminación por las actividades pecuarias dado que la sanidad animal es de orden público e interés social.
Pensamos que en este dictamen las medidas para reglamentar la preservación del ambiente y la prevención y control de la contaminación por actividades pecarias no son medidas que estén claramente incluidas. Y nos parece de suma importancia, de orden público e interés social que este tipo de medidas estén contenidas en esta Ley.
Por eso proponemos un artículo 8 bis que diga lo siguiente: "Con el propósito de coadyuvar en la preservación del medio ambiente, la Secretaría atenderá a las disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Social en materia zoosanitaria y se coordinará con está para el establecimiento de medidas de protección ecológica y evitar las contaminaciones que puedan derivarse de la actividad pecuaria".
El artículo 9o. nosotros proponemos modificaciones en dos párrafos, para que queden de la siguiente manera:
El artículo 9o. se refiere a la creación de un Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y en lo particular habla de quiénes conformarán este Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. En este sentido de quiénes deberán formar parte de este consejo, nosotros proponemos modificaciones en dos párrafos para que queden, repito, de la siguiente manera : "Podrán formar parte de dichos consejos, los representantes de instituciones académicas y de investigación, así como de organizaciones ganaderas y otras personas del sector social o privado relacionadas con la materia de sanidad animal, ya sea a petición de parte o por invitación de la propia Secretaría."
La diferencia entre nuestra propuesta y la redacción del dictamen, es precisamente porque en el dictamen, estas instituciones académicas o de investigación, organizaciones ganaderas u otras personas del sector social, serían parte de este Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, siempre y cuando sean invitados por la Secretaría. Es decir, inclusión queda a discrecionalidad de las secretarías y nosotros estamos proponiendo que esta inclusión también pueda ser a petición de los propios interesados.
En seguida proponemos la modificación a otro párrafo, para quedar de la siguiente manera. "Estos consejos nacionales, regionales y estatales, fungirán como órganos de consulta de la Secretaría en materia de sanidad animal". Y estamos proponiendo que serán del conocimiento público los temas, las fechas y el lugar donde sesionen, así como el lugar donde reciban las solicitudes de ciudadanos y organizaciones interesadas en participar en cada una de las sesiones, en los términos del Reglamento de esta Ley.
Es decir, nosotros nos oponemos a que las reuniones de estos consejos técnicos consultivos
que se van a dar en lo nacional, en lo regional y en lo estatal, sean casi clandestinas y estamos proponiendo que sean del conocimiento público los temas, las fechas y el lugar en donde sesionen.
Y, por último, en el artículo 2o., en la fracción XV proponemos una modificación. Esta fracción XV dice así: "...las demás que se regulen en esta Ley, así como las que conforme a la tecnología y a los adelantos científicos sean eficientes para cada caso".
Nosotros planteamos que se supriman las palabras: "...así como las que conforme a la tecnología y a los adelantos científicos sean eficientes para cada caso". Y que solamente se diga: "...las demás que se regulan en esta Ley". . Sostenemos la idea de que es inaceptable plantear que las normas oficiales en México, se basen en el desarrollo tecnológico y adelantos científicos que dominan en el mundo industrialmente desarrollado y a los cuales, hay que decirlo con claridad, nuestro país tiene un acceso limitado.
Este aspecto está referido y compatibilidad con los criterios y niveles de competitividad de los países involucrados en el Tratado de Libre Comercio y que de manera clara coloca a los ganaderos nacionales en franca desventaja si ahora en términos de la Ley, inclusive las normas oficiales mexicanas, se establecen bajo la referencia de los patrones de desarrollo tecnológico, científico y pecuario del país que es la primera potencia mundial en este aspecto.
Estas son las propuestas que nosotros hacemos en lo particular a los artículos 2o., un artículo 8o. - bis, el artículo 12. Esperamos que estas propuestas sean tomadas en cuenta.
Las dejamos a la Secretaría. Es todo, gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Octavio Falomir Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer propuestas al artículo 9o.
El diputado Jesús Octavio Falomir Hernández:
Con permiso de la Presidencia.
Honorable Cámara de Diputados; compañeros diputados:
Comparezco ante esta tribuna a nombre de varios diputados miembros afines a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, para someter a la consideración de ustedes una adición al artículo 9o. de la iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo dictamen está a discusión.
Estimamos que el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, cuya creación y organización es facultad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y que es de nueva creación, es de gran importancia para el cumplimiento y aplicación de las medidas dictadas por el ordenamiento jurídico de referencia, ya que da participación e involucra a los sectores vinculados con la actividad pecuaria y de sanidad animal, por lo que para mayor precisión en lo que respecta a los integrantes que podrán formar parte del Consejo Técnico Consultivo, proponemos que se incluyan las características de las organizaciones intermedias de la sociedad que actualmente tienen una posición en este ramo por estar interesadas en la actividad que trata dicho proyecto de Ley, como son las organizaciones de campesinos y propietarios rurales que desde luego y desde luego permanezca lo establecido de poder ampliarse a otras personas del sector privado o social.
Por lo tanto, la proposición que se hace a ustedes en concreto es que se modifique en los siguientes términos el artículo 9o., segundo párrafo para quedar como sigue: "Asimismo la Secretaría invitará a formar parte de dicho Consejo a representantes de instituciones académicas y de investigación, así como de organizaciones ganaderas, de campesinos, de propietarios rurales y otras personas del sector social o privado, relacionados con la materia de sanidad animal".
Es cuanto y entrego esta proposición a la Secretaría de la honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Núñez Pardo, del PAN, para hacer propuestas al artículo 20.
El diputado Arturo Núñez Pardo:
Compañeras y compañeros diputados:
En el artículo 20 de la Ley Federal de Sanidad Animal a discusión, se establece como una obligación de los rastros tener un médico veterinario aprobado a su servicio. Esta disposición de suyo aceptable, puesto que trata de obtener resultados óptimos desde el punto de vista sanitario en el sacrificio y obtención de productos y subproductos cárnicos, se encuentra en la práctica con la imposibilidad real de cumplirse en aquellos rastros de pequeñas comunidades marginadas, que se verán obligadas a dejar de consumir productos cárnicos por efectos de esta disposición o bien a violar continuamente la Ley por la necesidad apremiante de satisfacer una de sus necesidades básicas, como es el caso de las proteínas de origen animal.
Por tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente modificación al artículo 20 de la Ley a discusión, para quedar en los términos siguientes: "Los rastros deberán tener a su servicio, cuando menos un médico veterinario aprobado, cuando así lo determinen las normas oficiales. Para los rastros que de acuerdo a problemas de tamaño de la población, comunicaciones y demás factores socioeconómicos no estén en condiciones de cumplir esta disposición, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá reglas sanitarias mínimas a que deberán sujetarse para su operación". Turno esta iniciativa a la Secretaría.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Escobedo Domínguez del PRI, para hablar en pro.
El diputado José Escobedo Domínguez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.
Ante todo hay que subrayar que esta iniciativa que hoy nos ocupa, se orienta fundamentalmente a fortalecer el aparato productivo agropecuario, muy en especial en el renglón de la protección a la salud animal en dos renglones fundamentales: el primero, se viene a proteger el patrimonio pecuario que viene a ser afectado por los problemas sanitarios y en este aspecto se incluye asimismo al fauna silvestre.
El segundo, viene a ser la protección a la salud pública en el que el beneficio incalculable de mantener una población a salvo de la transmisión de un número importante de enfermedades prognóticas que afectan seriamente el estado nutricional y de salud de la población mexicana, viene a justificar ampliamente el que en esta representación se le brinde la atención principal.
Esta iniciativa que hoy se presenta, es conveniente que se observe, que se estudie y que se discuta fundamentalmente su forma complementaria con la Ley Federal de Metrología y Normalización que esta Legislatura aprobó a mediados del año pasado.
Es muy importante que se considere que esta Ley al expedir las normas, contempla fundamentalmente la participación de la sociedad en los comités consultivos nacionales de normalización.
En el caso que hoy nos ocupa, concretamente, el Consejo Consultivo de Sanidad Animal, vendrá a ser el organismo de carácter institucional en el que concurrirán las diferentes instancias públicas relacionadas con la salud animal en la que incluso participan las instancias federales, estatales y municipales, igualmente los productores y los académicos y otra gente interesada.
Pero es muy importante quitarnos la preocupación de que puedan quedar personas interesadas al margen de esta actividad, porque fundamentalmente en la tarea principal, que es la elaboración de normas, éstas se abocan en los comités consultivos nacionales de normalización, que en el caso concreto de protección zoosanitaria, este Comité Nacional de Normalización tiene entre una de sus obligaciones, la de permitir que los interesados participen de acuerdo al artículo 66 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en estos comités consultivos de normalización.
Estos comités tendrán las facultades, sí, de recibir la iniciativa, el proyecto de normas que formula la dependencia correspondencia, en este caso, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que, en su seno, sea discutido el contenido del proyecto de la norma y sea regresado a la Secretaría con las modificaciones pertinentes.
Cabe aclarar que estas normas y estos comités, serán tantos como las necesidades para la protección de la sanidad animal lo exijan.
En este momento y de acuerdo a lo publicado en el Programa Nacional de Normalización en
el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1993, se han estructurado, se han establecido 20 comités nacionales de normalización y en el caso concreto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en lo que corresponde al Comité Nacional Consultivo de Normalización para la Protección Zoosanitaria, tiene ya constituidos 22 subcomités que habrán de elaborar las normas correspondientes en las diferentes materias que están solicitando.
Cabe señalar que estos subcomités y las normas que requiera el establecerse, serán renovados anualmente, porque lo importante y lo sobresaliente de esta Ley, es que se adecua a las necesidades y a las regiones de acuerdo a las exigencias en cuanto a la normalización que exija la protección sanitaria en materia de producción y en materia de protección a la salud pública.
Es muy conveniente subrayar que esta tarea, la de elaborar normas, no se concretiza a una discusión de tipo colegiado sino que debe estar fundamentado el anteproyecto de la norma en elementos tales como la razón científica, técnica y de protección al consumidor; de beneficio cuantificable y no cuantificable, como es el caso de la salud pública, igualmente la justificación en la que se señale por qué se escogió de entre otras alternativas, la que se presenta como anteproyecto.
Igualmente, es la evaluación del costo - beneficio y la aplicación en su territorio la que nos dará, en este sentido, la oportunidad de tener normas de carácter geográfico, que vengan a cumplir las necesidades que tienen las diferentes regiones de nuestro país, es decir, una de las principales características es que las normas tendrán una adecuación en el tiempo y en el espacio fundamentalmente, a petición de la sociedad que participa, de los grupos sociales interesados que participan en los comités consultivos nacionales de normalización.
Este mecanismo, pues, de participación, de intercambio entre el Gobierno y los particulares para la elaboración de una norma, nos viene a demostrar que la reforma del Estado se hace vigente y al mismo tiempo, de acuerdo al artículo 25, sigue siendo el Estado el rector de la economía, al ser la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien norme, quien coordine las actividades de normalización en materia de protección zoosanitaria y al mismo tiempo, en su vigilancia, esta tarea se comparte, se corresponsabiliza con los particulares al aprobar la Secretaría a profesionales para que puedan certificar acerca de la presentación de las normas, acerca del cumplimiento de éstas, e igualmente establece la aprobación para los organismos de verificación, los cuales, tanto como los organismos de certificación, deberán cumplir con los requisitos técnicos y científicos, con la infraestructura suficiente para que puedan dar cumplimiento a una vigilancia eficaz en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.
Estas, cabe señalarlo, al igual que lo señala la Ley Federal sobre Metrología y Normas, serán solamente aquellas que sean primeramente sancionadas por la comunidad y puestas a consideración de la dependencia, que en este caso es la Secretaría, para que, publicadas en el Diario Oficial, adquieran el rango de carácter oficial; antes serán solamente normas mexicanas.
Cabe subrayar también que a estas normas oficiales mexicanas, deberán someterse las normas internacionales, en cuanto que ninguna norma de carácter internacional deberá estar por encima de las exigencias que marca la norma oficial mexicana.
Y en cuanto al vocabulario, al lenguaje que se utiliza en esta iniciativa, en este dictamen, no es más que la consecuencia del lenguaje que se viene utilizando desde hace más de 40 años, en que se estableció una interrelación de carácter técnico y de comunicación científica, en la que los diferentes países participantes de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Internacional de Epizootias y de la OPS, han venido estableciendo una comunicación en la que parten inclusive de términos universalmente aceptados, los cuales en su mayor parte contienen raíces griegas y latinas, lo que los hace ser de carácter universal y aplicables en el aspecto epidemiológico y epizootiológico.
Es pues, compañeros legisladores, esta iniciativa que hoy se presenta, un afán porque se aplique el concepto de eficacia y calidad en la vida de los mexicanos, se aplique el concepto de eficacia y calidad en la producción, en la comercialización en la que seamos más competitivos; se aplique un concepto de calidad en el trato a nosotros mismos en cuanto a más respeto, mas responsabilidad y más seriedad.
Por lo expresado y estando plenamente conscientes de que esta iniciativa responde a las necesidades de establecer un marco normativo adecuado a las condiciones de cambio que demanda el país, la Comisión de Ganadería solicita, respetuosamente, su voto aprobatorio al presente dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Avila Aranda, del Partido Acción Nacional, para hacer propuestas en torno al artículo 37.
El diputado Daniel Avila Aranda:
Con su venia señora Presidenta; honorable Asamblea:
No cabe duda que por primera instancia la Comisión de Ganadería tuvo como interés, en esta ocasión, de dictaminar la Ley a discusión, que se llevó a cabo a través de esta Comisión.
El artículo 37 de esta Ley a discusión, establece la limitación a las personas aprobadas por la Secretaría, para certificar y verificar el cumplimiento de normas oficiales. Asimismo, esta disposición que desde luego no se puede tachar de injusta si la calificamos de insuficiente, pues dicha limitación debería de extenderse a todas las personas que tengan un interés económico directo y en cuestión, ya que es indudable que un profesionista podrá encontrarse presionado por un empleador o empleadores, para otorgar su dictamen favorable a los intereses de sus patrones, por lo tanto y con fundamento establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes nos permitimos someter a consideración de esta soberanía, la siguiente modificación al artículo 37 de la Ley Federal de Sanidad Animal a discusión.
Quiero ahondar sobre esto, porque es necesario que nuestra preocupación es clara y objetiva, al encontrar que un médico veterinario sea empleado de uno o unos y que tenga que certificar dichos animales. De esto creemos que es necesario que nos corresponde el derecho como representantes de los productores del campo.
Por lo tanto, en este salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 13 de mayo de 1993, entregamos nuestra solicitud, nuestra ponencia, y firmamos los diputados de la fracción, diputado Quinardo Meléndrez, diputado Jorge Sánchez, diputado Daniel José Avila Aranda y diputado Arturo Núñez. Dejo a la Secretaría mi petición. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer propuestas a los artículos 13, 34, capítulo III artículo 54 - bis nuevo, capítulo IV, título III, artículo 48.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto propone modificaciones en lo particular a los artículos 13, 34, 48 y 54 de la Ley en discusión.
En el artículo 13 se propone especificar que será sólo en el caso de importaciones y exportaciones, que se deberán tomar en cuenta las normas directrices o recomendaciones internacionales pertinentes.
Esto lo hacemos debido a que la iniciativa de Ley, en la fracción primera, recoge textualmente el artículo 712 de la fracción III, inciso a, del Tratado de Libre Comercio. Es por eso que pedimos se tome en consideración la modificación, que debe decir de la siguiente forma en la fracción III: "Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes en lo relativo a las importaciones y exportaciones
En lo que se refiere al artículo 34 en su modificación en el último párrafo, hacemos esta propuesta en virtud de que la Comisión de Ganadería de la honorable Cámara de Diputados no aceptó esta inclusión, que tiene que ver con la salud pública y el interés social que la misma iniciativa declara.
¿Por qué esta propuesta? Porque existen en la realidad productos para uso o consumo de los animales que para ellos no son perjudiciales pero si llegan a afectar a la salud humana.
En tal virtud, proponemos que se modifique y debe quedar como sigue:
"De comprobarse que el producto es nocivo para la salud de los animales o para la salud humana, la Secretaría procederá en los términos del artículo 29 de esta Ley".
En referencia al artículo número 48 del título tercero, capítulo segundo, se propone modificación en función de la fracción segunda del
artículo segundo de la Ley sobre la celebración de tratados y proponemos que debe decir de la siguiente forma: "La Secretaría podrá autorizar la realización de verificaciones sobre el cumplimiento de la normas oficiales y de acuerdo a las atribuciones propias de la Secretaría".
Y en lo que se refiere al artículo 54, se propone adicionar un último párrafo, con el propósito de establecer criterios claros para que el Reglamento contemple con mayor precisión los montos de las multas en cada caso, en una tabla que explicite lo que la iniciativa deja en un amplio rango.
Como hemos señalado, este tipo de disposiciones se presta al manejo discrecional y al arbitrio de los funcionarios responsables y abre la puerta a la corrupción. Este aspecto constituye una demanda muy sentida de los ganaderos y propietarios de establecimientos, manifestado en la consulta. Y se propone que debe decir la adición: "Para determinar la sanción, la Secretaría estará a lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento y deberá considerarse conforme al siguiente orden:
1. La condición económica del infractor.
2. El carácter intencional de la infracción.
3. Si se trata de reincidencia.
4. La gravedad de la infracción, y
5. El perjuicio causado a la sociedad en general."
Señora presidenta, dejo en la Secretaría las propuestas para que sean consideradas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Sánchez Muñoz, del Partido Acción Nacional, para hacer propuestas al artículo 69.
El diputado Jorge Sánchez Muñoz:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Como miembro de la Comisión de Ganadería, me he permitido separar el
Capítulo IV, para hacer la proposición siguiente:
El Capítulo IV, artículo 60, prevé la existencia de un recurso de revisión contra resoluciones dictadas por la Secretaría. La denominación del recurso es incorrecta, ya que el recurso de revisión supone por definición la intervención de un organismo o autoridad superior y en la especie sería la propia Secretaría que conocería y resolvería el recurso.
Por lo tanto, se propone se modifique la denominación del Capítulo IV y el contenido del artículo 60 y que en lugar de "recurso de revisión" se denomine "recurso de inconformidad".
En el párrafo cuatro, del artículo 60, se utiliza la expresión "defensas", lo que técnicamente es incorrecto, ya que la defensa se da en relación con una acción y en el caso se trataría de una resolución.
En consecuencia, se propone se sustituya el término "defensa" por el de "agravio".
Dejo esta sugerencia en manos de la Secretaría, para efectos subsecuentes. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Muñoz Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Manuel Muñoz Rocha:
Con el permiso de la Presidencia; distinguidas compañeras y compañeros:
Venimos a esta tribuna para atender la solicitud que nos antecede, de la intervención del compañero diputado Miguel León, del PRD, quien ha pedido que se haga una incorporación en añadido al artículo 2o. de la propuesta de Ley materia de este debate, haciendo referencia que en el texto de la misma Ley se emplea de manera reiterada la referencia al término enfermedad, de notificación obligatoria.
En este sentido, nos permitimos proponer al pleno una propuesta alternativa a esta definición, que dice lo siguiente: "Enfermedad de notificación obligatoria: Aquella enfermedad o plaga que por su capacidad de difusión y contagiosidad representa un riesgo importante para la población animal y su posible repercusión en
la salud humana y que debe ser reportada sin demora a la Secretaría". Esta propuesta, que firma un servidor de ustedes, Manuel Muñoz; el diputado Arturo de la Garza, el diputado Escobedo, el diputado Del Valle, de nuestra fracción parlamentaria, pretende definir categóricamente la demanda señalada, para enriquecer las definiciones incorporadas en el artículo 2o. y la dejamos a consideración del pleno entregándola a la Presidencia, esperando de esta forma atender la solicitud de nuestro compañero del PRD y definir plenamente este concepto, que queda incluido en repetidas ocasiones en el texto de la Ley. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Consulte la secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Felipe Medina Santos:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Se va a dar trámite a las modificaciones propuestas por varios señores diputados.
El secretario Felipe Medina Santos:
Se va a dar lectura a la modificación al artículo 2o., presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
"Subproducto animal, el que se deriva un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura su desinfección o desinfectación".
Esa definición es inexacta porque contraria a las reglas de la definición prácticamente califica al sustantivo "subproducto animal" al presumirlo no desinfectado o desinfectado y por lo tanto, como posiblemente contaminado y riesgoso para la salud de los animales.
De la misma forma que el producto animal, subproductos puedan estar libres de contaminación o no. Existen procesos de transformación que sí aseguran la desinfectación o desinfección de subproductos animales y no por ello el subproducto deja de serlo. Asimismo, la definición en cuestión es inconveniente, pues en atención al artículo 12, fracción V y en vista de que aquella de hecho indica que los subproductos animales pueden ocasionar enfermedades o plagas cuando son consumidos por los animales, automáticamente se impondrá como medida zoosanitaria la retención y disposición de los subproductos animales.
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes proponemos a esta honorable Asamblea que se modifique la definición del concepto en cuestión para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Subproducto animal, el residuo o su derivado del sacrificio animal, susceptible asimismo de ser aprovechado".
La definición anterior está en concordancia con lo expuesto en el texto titulado "Subproductos Animales" de la Serie Manuales para la Educación Agropecuaria.
Presenta el grupo parlamentario de Acción Nacional, firma el diputado Arturo Núñez Pardo, diputado Daniel Avila Aranda, diputado Jorge Sánchez Muñoz, diputado Quinardo Meléndez.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada, señora Presidenta.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuesta para incluir un concepto en el artículo 2o.
Enfermedad de notificación obligatoria, enfermedad o plaga que son de alta prioridad o importancia por los estragos que puede ocasionar en la salud y a la vida animal y humana, así como en la economía y que deberán ser reportadas sin demora a la Secretaría, a las autoridades en sanidad animal municipal o local.
Firman diputado Miguel León Corrales, diputado Enrique Rico, diputado Arquímides García.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo..
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Propuesta para incluir un concepto en el artículo 2o.
"En los conceptos de zona de erradicación y zona libre, se propone: Eliminar en ambos casos, de acuerdo a lo establecido por la Oficina Internacional de Epizootias y se sustituya por: ...de acuerdo con las normas oficiales y las medidas zoosanitarias que la Secretaría establezca".
Firman la propuesta el diputado Miguel Angel León Corrales, diputado Enrique Rico, diputado Arquímides García Castro.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor Presidente.
Propuesta alternativa del Partido Revolucionario Institucional:
"Propuesta alternativa a la definición de enfermedad de notificación obligatoria, aquella enfermedad o plaga que por su capacidad de difusión y contagiosidad, representa un riesgo importante para la población animal y su posible repercusión en la salud humana y que debe ser reportada sin demora a la Secretaría".
Firman la propuesta el diputado Manuel Muñoz Rocha, diputado Arturo de la Garza, diputado Escobedo, diputado del Valle.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Después del artículo 8o. se incluirá el siguiente artículo nuevo:
"Artículo nuevo. Con el propósito de coadyuvar en la preservación del medio ambiente, la Secretaría atenderá las disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Social en materia zoosanitaria y se coordinará con ésta, para el establecimiento de medidas de protección ecológica y evitar las contaminaciones que puedan derivarse de la actividad pecuaria".
Diputado Miguel Angel León Corrales.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta.
Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Artículo 9o.: se propone modificar dos párrafos. Artículo 9o.
"El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, se integrará con representantes de la propia Secretaría y de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relacionadas con la materia de sanidad animal y contaminación, en los términos del Reglamento de esta Ley. Asimismo podrán formar parte de dicho consejo los representantes de las instituciones académicas y de investigación, así como de organizaciones ganaderas y otras personas del sector social o privado, relacionados con la materia de sanidad animal, ya sea a petición de parte o por invitación de la propia Secretaría. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se apoyará en consejos regionales o estatales que se constituirán de la misma manera que el nacional, invitándose también a representantes de los gobiernos de los estados y municipios. Estos consejos nacionales, regionales y estatales, fungirán como órganos de consulta de la Secretaría en materia de sanidad animal. Serán del conocimiento público los temas, las fechas y el lugar donde sesionen, así como el lugar donde se reciban las solicitudes de ciudadanos y organizaciones interesados en participar en cada una de las sesiones en los términos del Reglamento de esta Ley".
Diputado Miguel Angel León Corrales.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada la propuesta, señora Presidenta.
La secretaria Lydia Madero García:
Para una mayor precisión en lo que respecta a los integrantes que podrán formar parte del Consejo Técnico Consultivo, se propone modificar en los siguientes términos el artículo 9o. segundo párrafo:
"Asimismo, la Secretaría invitará a formar parte de dicho consejo a representantes de instituciones académicas y de investigación, así como de organizaciones ganaderas, de campesinos, de propietarios rurales y otras personas del sector social o privado, relacionadas con la materia de sanidad animal."
Esta propuesta la firman los diputados: Jesús González Gortázar, José Bonilla Robles, Jesús Octavio Falomir, Francisco Javier Alvarado, Juan Alfonso Serrano González, José Socorro Velázquez, Manuel Garza González y Ovidio Pereyra.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se propone la modificación al artículo 12, de la fracción XV, para quedar como sigue:
"Las demás que se regulen en esta Ley, se propone suprimir, así como las conforme a la tecnología y a los adelantos científicos sean eficientes para cada caso."
Firman el diputado Miguel Angel León Corrales, el diputado Enrique Rico y el diputado Arquímides García Castro.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Denegada, señora Presidenta.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el artículo 13, se propone la modificación a la fracción III, para quedar como sigue:
"Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes en lo relativo a las importaciones y exportaciones."
Firman el diputado Miguel Angel León Corrales, el diputado Arquímides García Castro y el diputado Enrique Rico.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Aquellos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Denegada, señora Presidenta.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el artículo 12, se propone incluir una fracción nueva después de la fracción IV, para quedar como sigue:
"El establecimiento de las enfermedades de notificación obligatoria." Firma la propuesta el diputado Miguel Angel León Corrales, el diputado Enrique Rico y el diputado Arquímides García Castro.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Denegada, señora Presidenta.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Propuesta presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, firmada por los diputados Quinardo Meléndrez, Jorge Sánchez, Daniel Avila Aranda y Arturo Núñez, que proponen que el artículo 20 tenga la siguiente redacción:
"Para los rastros que de acuerdo al problema del tamaño de la población, comunicaciones y demás factores socioeconómicos no estén en condiciones de cumplir esta disposición, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá reglas sanitarias mínimas a que deberán sujetarse para su operación."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
El grupo parlamentario del PRD, signado por los diputados Miguel Angel León Corrales, Arquímides García Castro y Enrique Rico proponen la modificación del último párrafo del artículo 34, para quedar como sigue:
"De comprobarse que el producto es nocivo para la salud de los animales o para la salud humana, la Secretaría procederá en los términos del artículo 29 de esta Ley".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señora Presidenta.
Propuesta presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, firmada por los diputados Quinardo Meléndrez, Jorge Sánchez, Daniel Avila Aranda y Arturo Núñez.
Se refiere al artículo 37, que sufriría una modificación en su segundo párrafo, que solamente se le aumentaría: "...o cuando tenga un interés directo".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se admite.
El secretario Felipe Medina Santos:
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputados Miguel Angel León Corrales, Arquímides García, Enrique Rico, proponen la modificación al artículo 48:
"La Secretaría podrá autorizar la realización de verificaciones sobre el cumplimiento de las normas oficiales y de acuerdo a las atribuciones propias de la Secretaría."
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los diputados Miguel Angel León Corrales, Arquímides García, Enrique Rico, proponen hacer una adición de un último párrafo al artículo 54. Al final de ese artículo se adicionará lo siguiente:
Proponen: "...Para determinar la sanción, la Secretaría estará a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento y deberá considerarse conforme al siguiente orden:
1. La condición económica del infractor.
2. El carácter intencional de la infracción.
3. Si se trata de reincidencia.
4. La gravedad de la infracción; y
5. El prejuicio causado a la sociedad en general.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional proponen separar el artículo 6o., para hacer una proposición siguiente:
"El capítulo 4o., artículo 60, prevé la existencia de un recurso de revisión contra resoluciones dictadas por la Secretaría. La denominación del recurso es incorrecta, ya que el recurso de
revisión supone por definición la intervención de un organismo o autoridad superior y en la especie sería la propia Secretaría quien conocería y resolvería el recurso. Por lo tanto se propone se modifique la denominación del capítulo 4o. y el contenido del artículo 60 y que en lugar de "recurso de revisión " se denomine "recurso de inconformidad".
"En el párrafo cuarto del artículo 60 se utiliza la expresión: "defensas", lo que técnicamente es incorrecto, ya que la defensa se da en relación con una acción y en el caso se trataría de una resolución. En consecuencia, se propone se sustituya el término "defensa" por el de "agravio".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señora Presidenta .
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Felipe Medina Santos:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Se emitieron en lo general y en lo particular 300 votos en pro, tres en contra, en lo general y en lo particular con excepción del artículo 20 se emitieron 47 votos, en contra en lo general a favor de los artículos 2o., 8o., 9o., 12, 34, 37, 48, 54 y 60, 17 votos. Esa es la votación, señora Presidenta.
La Presidenta:
Aprobado en lo general por 347 votos y en lo particular por 300 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.
El secretario Felipe Medina Santos:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
La Presidenta:
Se va a proceder a la elección de la mesa directiva, para el segundo mes del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LV Legislatura.
Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
El secretario Felipe Medina Santos
Señora Presidenta, podemos informarle que hay ocho votos de abstención, cuatro votos encabezando la planilla del diputado Gonzalo Altamirano Dimas, otro voto más para la planilla que encabeza el diputado Francisco Gárate Chapa, otro voto más para la planilla que encabeza Juan Ramiro Robledo Ruiz, otro voto más para la planilla que encabeza el diputado Juan de Dios Castro, la diputada Rosa Albina Garavito; y 26 votos a una planilla en la que aparece como secretario el diputado Rufino Saucedo Márquez y 307 votos para la planilla que encabeza como Presidente el diputado Jaime Muñoz Domínguez; vicepresidentes: diputado Gonzalo Altamira Dimas, diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, diputada María Clara Mejía Guajardo, diputado José de Jesús Berrospe Díaz, diputado Alfredo Castañeda Andrade y como secretarios, la diputada Graciela Larios Rivas, diputada Luisa Urrecha Beltrán diputado Rufino Rodríguez Cabrera, diputado Jesús Molina Lozano y prosecretarios diputados Oscar Nieto Burciaga, Abundio Ramírez Vázquez, Jorge Tovar Montañez y Manuel Laborde Cruz. Esta planilla obtuvo 307 votos.
La Presidenta:
Gracias, señor secretario.
Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva que funcionará durante el segundo mes del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio, los siguientes ciudadanos diputados Presidente: Jaime Muñoz Domínguez; vicepresidente, Gonzalo Altamirano Dimas, Jesús Martín del Campo Castañeda, María Mejía Guajardo, José de Jesús Berrospe Díaz y Alfredo Castañeda Andrade.
Secretarios: Graciela Larios Rivas, Luisa Urrecha Beltrán, Rufino Rodríguez Cabrera, Jesús Molina Lozano.
Secretarios: Graciela Larios Rivas, Luisa Urrecha Beltrán, Rufino Rodríguez Cabrera y Jesús Molina Lozano.
Prosecretarios: Oscar Nieto Burciaga, Abundio Ramírez Vázquez, Jorge Tovar Montañez y Manuel Laborde Cruz.
DICTAMEN DE PRIMERA
LEY DE DERECHOS HUMANOS
La Presidenta:
En el transcurso de la sesión, la Comisión de Derechos Humanos, entregó a esta Presidencia, el dictamen relativo al proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Lydia Madero García:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa lectura al dictamen.
«Comisión de Derechos Humanos.
Honorable Asamblea: A esta Comisión de Derecho Humanos de la Cámara de Diputados, por acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que con fundamento en el inciso J) de la base 3a., fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentara ante esta Soberanía, la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal y que tiene por objeto establecer las bases normativas para la creación y funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En los términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta comisión es competente para conocer de dicha iniciativa, por lo que en cumplimiento a dicho precepto y conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la misma Ley y por los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen.
ANTECEDENTES
El artículo 102 de nuestra Constitución Política dispone la creación de organismos de protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales; dichos organismos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, debiendo formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y con facultades para presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
En cumplimiento a dicha disposición constitucional, y con fundamento en las atribuciones que respecto al proceso legislativo para la Ciudad de México le confiere nuestra Carta Magna, la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal ha puesto a consideración de esta honorable Cámara una iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Dicha iniciativa fue aprobada, por unanimidad, por el pleno de la Asamblea de Representantes, se presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día catorce de enero de 1993 y se turno, con esa misma fecha, a esta Comisión para su estudio y dictamen.
La iniciativa en cuestión, fue objeto de un cuidadoso análisis tanto en su exposición de motivos como en su contenido normativo; para tal efecto, el pasado 11 de febrero, esta Comisión dictaminadora realizó una sesión ordinaria en la cual acordó la integración de una subcomisión plural compuesta por diputados de las diversas fracciones parlamentarias de esta honorable Cámara de Diputados, con la finalidad de revisar el documento y elaborar un anteproyecto de dictamen que pudiera someterse a la consideración del pleno de la misma.
Especial importancia tuvo para la elaboración de este dictamen, la participación de los Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, quienes, por tratarse de un asunto que también incide directamente en su ámbito competencial, aportaron observaciones y comentarios en las diversas reuniones de trabajo que sostuvo la subcomisión plural antes referida.
Asimismo, se intercambiaron opiniones y se expusieron planteamientos por parte de las diversas fracciones parlamentarias; dicho intercambio permitió entender mejor, en su contexto, la iniciativa objeto del presente dictamen y formular las siguientes
CONSIDERACIONES
En los últimos años la preocupación por el respeto de los derechos humanos ha cobrado especial importancia en las diversa democracias occidentales, dicha tendencia se refleja en la ampliación del catálogo de garantías y libertades ciudadanas, en el fortalecimiento de los organismos e instituciones encargados de la protección de tales derechos, así como en la celeridad y flexibilidad impresa a los principios procedimentales que versan sobre la resolución de conflictos que transgreden dichas garantías.
Con optimismo se observa en las modernas sociedades la consolidación cultural de los derechos humanos; su compresión y significado cada día se afianza en la conciencia colectiva de las diversas comunidades políticas, ello constituye un significativo avance para las instituciones democráticas, puesto que las mismas no podrían concebirse sin el respeto a la dignidad e integridad de la persona.
Diversas acciones, tanto en el pleno internacional como nacional, se han emprendido para fortalecer la vigencia y respeto de los derechos humanos; de ello dan cuenta el perfeccionamiento o elaboración de acuerdos y tratados internacionales; la cooperación con tribunales y organismos internacionales encargados de la defensa de tales derechos; la suscripción de cartas de intención cuyos principios enarbolan la vigencia de estas garantías.
Desde luego que el ámbito interno ha sido acorde a esta tendencia, de tal suerte se han reformado los textos constitucionales a fin de prever organismos específicos encargados de la defensa de los derechos humanos; instrumentando medidas que garantizan de mejor manera que el ejercicio del poder público se ajustará a lo preceptuado por la norma; y contemplando nuevas garantías que las nuevas circunstancias reclaman.
Sin desdeñar los logros hasta ahora alcanzados, es de reconocer que falta mucho por hacer, pues en diversas latitudes de la cartografía internacional se observa cómo se vuelven a producir acciones y hechos irracionales que se consideraban superados, lo que nos lleva a señalar que la lucha por el respeto de los derechos humanos no es de un sólo día sino que ello implica una actitud continua y decidida para su consolidación definitiva.
En el caso particular de nuestro país, la preocupación por esta materia no es reciente. Así, desde los primeros textos constitucionales y legales que rigieron nuestra vida como nación independiente, sobresale el deseo por asegurar la libertad de la persona, salvaguardar su integridad física y su dignidad, así como garantizar un estricto apego a derecho en las conductas de la autoridad.
Los derechos humanos han sido preocupación constante de constituyentes, juristas, políticos y representantes, los cuales han diseñado diferentes fórmulas institucionales para su protección, entre las que descartan el Juicio de Amparo y la Procuraduría de la Defensa de los Pobres.
La tendencia por asegurar la defensa de los derechos humanos en los últimos años es absolutamente congruente con los postulados del Estado mexicano. De esta manera, en el plano federal se han puesto en práctica diversas acciones y mecanismos que fortalecen la idea de que los derechos fundamentales del ciudadano deben de ser respetados, que en caso contrario le asisten una seria de garantías y mecanismos con los cuales puede se resarcido del agravio cometido en su contra.
Son estas las razones por las cuales se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual en sus casi tres años de existencia ha podido alcanzar estupendos resultados en esta materia, las dificultades para desplegar su tarea no han sido pocas, afortunadamente las incertidumbres y recelo que con su creación se generaron se han ido desvaneciendo gracias a su recto proceder y lo imparcial de sus recomendaciones.
En la búsqueda del fortalecimiento y garantía de los derechos humanos, el Estado mexicano ha experimentado un significativo avance mediante la reforma al texto constitucional, en la cual no sólo se contempló la figura del organismo defensor de los derechos humanos en el plano federal, sino que se facultó a las legislaturas estatales, para crear organismos equivalentes o nivel local.
Acorde a tal postulado de nuestra carta constitucional el sistema federal se ha visto enriquecido con la presencia de organismos locales
defensores de los derechos humanos, los cuales si bien guardan algunas diferencias de carácter orgánico siempre coinciden en su lucha porque los derechos humanos sean una realidad dentro del territorio mexicano.
El Distrito Federal no podría ser la excepción, no sólo por tratarse de la capital de la República sino que, dadas todas sus características sociales, políticas y económicas resulta necesario la expedición de una Ley que contemplara la creación de un organismo de la defensa de tan importantes derechos.
Congruentes con los lineamientos asentados en el propio texto constitucional respecto a que el Congreso de la Unión sea quien legisle para el Distrito Federal, presentamos a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea el proyecto de iniciativa de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Su creación resulta a todas luces conveniente puesto que a la previsión de un organismo específico que atienda las denuncias o quejas presentadas garantiza de mejor manera el cumplimiento de tan importantes derechos; con ello se pretende que la agilidad y el dinamismo en sus resoluciones sea el signo que la caracterice.
La presente iniciativa tiene por objeto instituir un organismo de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano, respecto a los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio del Distrito Federal y que ejerza sus funciones de manera autónoma al establecerse que no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno.
El órgano en cuestión sería competente cuando las presuntas violaciones fuesen imputables a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe algún empleo cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración e impartición de justicia cuya jurisdicción corresponda al Distrito Federal.
Se dispuso que sea el titular del Ejecutivo Federal quien designe al Presidente de dicho organismo, para ello, se le permite solicitar opiniones de asociaciones, colegios y en general de entidades o personalidades que estime conveniente pero en todo caso debe contar con la aprobación de la Asamblea de Representantes, mediante un sistema de mayoría calificada, toda vez que con dicho mecanismo se refuerza el propósito que alentó la reforma constitucional de 1987, en la cual se pretendió que fuese este cuerpo representativo quien se ocupara de analizar y discutir las cuestiones que atañen directamente a los ciudadanos del Distrito Federal.
Del análisis de la iniciativa en estudio se desprende que, siguiendo las directrices señaladas en el apartado B del artículo 102 constitucional, se otorgan a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal facultadas que comprenden la recepción e investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, cometidas por autoridades o servidores públicos de competencia local en el Distrito Federal, así como la formulación de recomendaciones públicas autónomas, que si bien o no son obligatorias ni coercitivas, tienen como sustento la elevada calidad moral del emisor.
Asimismo, se prevé la posibilidad de formular propuestas conciliatorias entre los involucrados así como la de proponer a las instancias competentes la elaboración de proyectos de modificaciones legales, reglamentarias y de prácticas administrativas.
De igual manera, se estimó la conveniencia de dotar a este organismo de la posibilidad de presentar quejas y denuncias ante las autoridades respectivas en virtud de la posibilidad de que en los procedimientos de investigación de presuntas violaciones de derechos humanos se configuren conductas delictivas ya sea de particulares o de autoridades o servidores públicos o infracciones administrativas de estos últimos.
Uno de los aspectos relevantes de la presente iniciativa es la concurrencia competencial con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de centros de detención, internamiento y centros de readaptación social, cuyo ejercicio estaría determinado a través de mecanismos de coordinación que al efecto se instrumenten.
De conformidad con las limitaciones constitucionales establecidas a la competencia de los organismos protectores de Derechos Humanos, así como con la tradición jurídica del ombudsman, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no conocerá de actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, ni de conflictos de carácter laboral.
En este sentido, se prevé en la Ley en cuestión la diferencia entre los actos administrativos y las resoluciones jurisdiccionales de fondo, entendiéndose que estas son materialmente las que
resuelven controversias aplicando la Ley de casos concretos o que implican una valoración y determinación jurídica o legal independientemente de la naturaleza y de la materia de competencia del órgano que las dicte.
Se atribuye al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal facultades para determinar los lineamientos generales de actuación del organismo, para aprobar el Reglamento interno y para opinar sobre el proyecto de informe anual que formularía su Presidente
Corresponde al Presidente como titular y responsable del organismo, facultades para dirigirlo y para establecer la políticas que habrán de seguirse ante organismos nacionales e internacionales en la materia que es competencia de la Comisión, quedando también bajo su responsabilidad la emisión y suscripción de los acuerdo y recomendaciones que resulten de las investigaciones efectuadas.
Los visitadores, fungen como auxiliares del Presidente, a su cargo estarían las labores de admisión e investigación de las quejas o denuncias y la formulación de proyectos de acuerdos y recomendaciones.
En lo que se requiere al procedimiento conforme al cual se desahogan los asuntos sometidos a su conocimiento, se adopta un sistema muy semejante al que actualmente practica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la variante más significativa en este rubro corresponde a la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales, legalmente no constituidas, cuyo objeto fundamental sea la defensa de los Derechos Humanos acudan a denunciar presuntas violaciones sin importar las características de las personas que representen.
En cuanto al plazo de un año para la presentación de la denuncia, se estimó conveniente no considerar término alguno para el caso de presuntas violaciones de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física o psíquica de las personas, así como las de lesa humanidad.
También se reconoce la posibilidad de presentar una denuncia contra actos presuntamente violatorios de derechos humanos aún en el supuesto de que el denunciante desconozca la fuente o autoridad directamente involucrada, ello sujeto a la condición de que se logre dicha identificación durante la investigación.
Con el propósito de lograr una mejor eficacia en el cumplimiento de los acuerdos y las recomendaciones, dada la estructura jerarquizada conforme a la cual actúan las autoridades y servidores públicos, se establece que la queja o denuncia se ponga no solamente en conocimiento de estos últimos, sino también del titular del órgano del cual dependan.
Por otra parte también se faculta al organismo para formular propuestas conciliatorias y fungir como amigable componedor, para así facilitar un arreglo entre las partes involucradas, dicha conciliación sólo procede en los casos en que la naturaleza del asunto lo permita, y el expediente respectivo solamente se considerará concluido cuando la autoridad acredite haber cumplido con las medidas conciliatorias adoptadas.
En materia de pruebas, la facultad de la comisión es bastante amplia, puede recibir, admitir y desahogar todas aquellas que le sean ofrecidas e inclusive allegarse otras que estime convenientes, la única condicionante es que dichas probanzas se encuentren permitidas en el orden jurídico mexicano.
Los instrumentos jurídicos no vínculatorios que resultan de las actividades de la Comisión son los acuerdos y las recomendaciones, éstos, carecen de imperatividad jurídica y por lo mismo no pueden anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos violatorios, su fuerza gravita en la autoridad moral del que la emite y en su publicidad, en caso contrario, se le estarían atribuyendo facultades de carácter jurisdiccional a un organismo que no es un tribunal.
También se faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para investigar de oficio determinadas áreas de actuación que se relacionen con determinadas recomendaciones ya emitidas y que le permitan formular pronunciamientos generales encaminados a evitar la reincidencia en violaciones de derechos humanos.
Especial importancia reviste la obligación del Presidente de la Comisión de rendir un informe anual donde se señalen de manera resumida el número y las características de las quejas o denuncias, los resultados obtenidos, las investigaciones realizadas, las recomendaciones que hayan sido rechazadas, las cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad y las propuestas para modificar o expedir disposiciones legislativas o reglamentarias así como para mejorar prácticas administrativas.
Importante es también la obligación de toda autoridad de proporcionar la información que
solicite la Comisión y de colaborar con esta dentro del ámbito y de su competencia para así facilitarle su trascendental labor.
Destaca en el texto de la iniciativa un capítulo dedicado a la promoción y la difusión de los derechos humanos cuyo propósito es el logro de una cultura de conocimiento y respeto hacia los mismos.
Otro aspecto importante en el ejercicio de la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo constituye la facultad de elaborar y enviar su presupuesto anual de egresos directamente al titular de la dependencia encargada de la materia.
Conviene destacar, que la iniciativa en cuestión es el primer proyecto Legislativo que la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades constitucionales, lo cual, pone de manifiesto su preocupación por la defensa y protección de los Derechos Humanos.
La iniciativa que nos ocupa es, en consecuencia, el resultado de un debate parlamentario, pluripartidista, que se verificó en el seno de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por esta razón, esta Comisión dictaminadora estima que el proyecto atiende en su conjunto a los planteamientos de los distintos partidos políticos, toda vez que la iniciativa fue aprobada, en su esencia, por todas las fracciones parlamentarias que integran este órgano representativo, a saber, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tendrán aplicación en el Distrito Federal en materia local de derechos humanos respecto a los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, en los términos del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano.
Artículo 3o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conocerá de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal.
Artículo 4o. Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes correspondientes las autoridades o servidores públicos que ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con funcionarios de dicha Comisión.
Artículo 5o. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán ser ágiles y expeditos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo con los principios de buena fé, concentración y rapidez y se procurará en la medida de lo posible el contacto directo y personal con quejosos, denunciantes, autoridades o servidores públicos, para evitar la dilación de comunicaciones escritas.
El personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá dar trato confidencial a la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.
Artículo 6o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía, no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno.
CAPÍTULO II
De la integración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 7o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se integrará con un Presidente, un Consejo, los visitadores que determine su reglamento interno, los cuales auxiliarán al Presidente y lo sustituirán en sus ausencias, así como el personal necesario para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 8o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento;
III. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos así como del marco normativo vigente para el Distrito Federal en esta materia y
IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio público además de no haber sido condenado por delito intencional o preterintencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Artículo 9o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación en su caso, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El Titular del Poder Ejecutivo Federal, para la formulación del nombramiento podrá, a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitar opiniones de asociaciones y colegios y en general de entidades o de las personalidades que estime conveniente.
Artículo 10. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrado y confirmado en su caso, solamente para un segundo período en los términos del artículo anterior.
Artículo 11. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará formado por diez ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad y cuando menos siete de ellos no deberán ocupar ningún cargo, comisión o empleo como servidor público. Al frente de este órgano estará el Presidente de la Comisión.
El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario, con excepción del de su Presidente.
Cada año deberá ser sustituido el miembro de mayor antigüedad de dicho Consejo.
Artículo 12. Los miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y aprobados en su caso, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
El Consejo contará con un Secretario Técnico, quien será nombrado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de la Comisión y dará trámite a las resoluciones de dicho Consejo en los términos que disponga el reglamento interno.
Artículo 13. Los visitadores serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;
III. No haber sido condenado por delito intencional o preterintencional; y
IV. Ser de reconocida buena fama.
Artículo 14. Las funciones del Presidente y de los visitadores son incompatibles con cualquier cargo, comisión o empleo públicos o privados o con el desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades académicas.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los visitadores no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones que emitan o por los actos que realicen en ejercicio de las
facultades propias de sus cargos, que les asigne esta Ley.
Artículo 16. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, el Presidente será sustituido interinamente por alguno de los visitadores en los términos que señale el reglamento interno, en tanto se determina otro titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conforme al artículo 9o. de esta Ley.
CAPÍTULO III
De las atribuciones y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 17. Son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local del Distrito Federal a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley.
b)Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Federal o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente le correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.
III. Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las autoridades o servidores públicos presuntos responsables, para la inmediata solución del conflicto planteado cuando la naturaleza del caso lo permita;
IV. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas;
V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal;
VI. Proponer a las diversas autoridades del Distrito Federal en el ámbito de su competencia la formulación de proyectos de las modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal redunden en una mejor protección de los derechos humanos;
VII. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en su ámbito territorial;
VIII. Expedir su reglamento interno;
IX. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos;
X. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los centros de detención, de internamiento y de readaptación social del Distrito Federal estén apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico de reos o detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. Estas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que en la materia correspondan también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para su ejercicio se promoverá la instrumentación de los mecanismos de coordinación que sean necesarios al efecto y
XI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.
Artículo 18. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no podrá conocer de los casos concernientes a:
I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional;
III. Conflictos de carácter laboral, salvo los actos u omisiones a que se refiere el último párrafo del artículo 19 de esta Ley y
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos jurídicos.
Artículo 19. Para los efectos de esta Ley se entiende por resoluciones de carácter jurisdiccional:
I. Las sentencias o laudos definitivos que concluyan la instancia;
II. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso;
III. Los actos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del juzgado o tribunal u órgano de impartición de justicia, para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación jurídica o legal y
IV. En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones anteriores.
Todos los demás actos u omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las fracciones anteriores, serán considerados con el carácter de administrativos y en consecuencia, susceptibles a ser reclamados ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
CAPÍTULO IV
De las facultades del consejo y de los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 20. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Establecer los lineamientos generales para las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como las reformas al mismo;
III. Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
IV. Opinar sobre el proyecto del informe anual que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe enviar en los términos del Artículo 22 fracción VII de esta Ley, así como de otros asuntos que le someta el propio Presidente, incluyendo el supuesto a que se refiere el Artículo 50 de la presente Ley;
V. Pedir al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, información sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resulto la Comisión y
VI. Conocer el informe del Presidente respecto al ejercicio presupuestal.
Artículo 21. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá en sesión ordinaria cada mes y en sesión extraordinaria mediante convocatoria de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria o a solicitud que le formulen por lo menos 3 de sus integrantes cuando se estime que hay razones de importancia para ello.
Artículo 22. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Actuar como representante legal de la Comisión;
II. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal de la misma;
III. Establecer las políticas generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión ante los organismos nacionales e internacionales;
IV. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en la materia de su competencia;
V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las actividades de la Comisión;
VI. Distribuir y delegar funciones a los visitadores;
VII. Enviar anualmente un informe al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, al jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sobre las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
VIII. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales para el cumplimiento de los fines de la Comisión;
IX. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que resulten de las investigaciones efectuadas;
X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el Distrito Federal;
XI. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el correspondiente informe sobre su ejercicio para ser presentado al Consejo de la misma y
XII. Otras que les señale la presente Ley y las que sean necesarias para el debido desempeño de su cargo.
Artículo 23. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá llevar al cabo reuniones con organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos legalmente constituidas, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión, considerando al efecto el listado que de las mismas integre dicha Comisión.
Artículo 24. Los visitadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I. Recibir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los afectados, sus representantes o los denunciantes;
II. Iniciar de oficio, discrecionalmente la investigación de las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación social y que sean de su competencia;
III. Efectuar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones a los derechos humanos;
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, para su consideración y en su caso aprobación y
V. Las demás que le sean conferidas en otros ordenamientos legales, reglamentarios y por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Artículo 25. Tanto el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como los visitadores tendrán en sus actuaciones fé pública, para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o denuncias presentadas ante dicha Comisión.
Para los efectos de Ley se entenderá por fé pública la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin prejuicio del valor probatorio que en definitiva se les atribuya en términos del artículo 43 de esta Ley.
Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará el funcionario correspondiente.
Artículo 26. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá contar con unidades desconcentradas para la atención y seguimiento de los asuntos de su competencia en los lugares que se considere pertinentes, según lo establezca su reglamento interno.
CAPÍTULO V
Del procedimiento
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales
Artículo 27. Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas contra dichas presuntas violaciones ya sea directamente o por medio del representante legal.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por cualquier persona, aún cuando sea menor de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos humanos podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos.
Artículo 28. Las quejas y denuncias solo podrán presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiere iniciado la ejecución de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos o de que el quejoso o denunciante hubiera tenido conocimiento de los mismos, el plazo podrá ampliarse en casos graves a juicio
de la Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
En casos de presuntas violaciones, a los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica de las personas o de lesa humanidad, es decir que atenten contra una comunidad o un grupo social en su conjunto, no contará plazo alguno.
Artículo 29. Para la presentación y atención de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en los casos que ésta considere urgentes, todos los días y horas son hábiles .
Artículo 30. Las quejas se presentarán por escrito con firma o huella digital o datos de identificación y en casos urgente o cuando el quejoso denunciante no pueda escribir o sea menor de edad, podrán presentarse oralmente o por cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica, debiendo en este último caso ratificarse dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
Cuando los quejosos se encuentren privados de su libertad, sus escritos deberán ser remitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según corresponda, por los encargados de los centros de detención, internamiento o de readaptación social del Distrito Federal o por la autoridad o servidor público de mayor jerarquía del lugar donde se encuentren los quejosos, asimismo, podrán ser entregados directamente a los visitadores, de igual modo podrán presentar su queja por vía telefónica.
Artículo 31. La formulación de quejas y denuncias, así como los acuerdos y recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder conforme a los ordenamientos aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Artículo 32. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en todo caso orientará y apoyará a los quejosos y denunciantes sobre el contenido de la queja o denuncia tratándose de personas que no entiendan correctamente el idioma español, les proporcionará gratuitamente un traductor.
Se pondrán a disposiciones de los quejosos y denunciantes formularios que faciliten el trámite.
En el supuesto de que los quejosos o denunciante no puedan señalar a las autoridades o servidores públicos que consideren hayan afectados sus derechos, la queja será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos.
Artículo 33. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registrará las denuncias y las quejas que se presenten, expidiendo un acuse de recibo de las mismas en su caso.
Cuando considere que la instancia es inadmisible por si manifiestamente improcedente o infundada se rechazará mediante un acuerdo motivado que emitirá en un plazo máximo de diez días hábiles. No se admitirán quejas o denuncias anónimas.
Cuando notoriamente la queja o denuncia no sea competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se proporcionara al quejoso o denunciante orientación a fin de que acuda a la autoridad o servidor público al que corresponda resolver el asunto.
Artículo 34. Cuando el contenido de la queja o denuncia sea oscuro no pudiendo deducirse los elementos que permitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se requerirá por escrito al interesado para que la aclare, en caso de no hacerlo después del segundo requerimiento, se archivará el expediente por falta de interés.
Artículo 35. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de su Presidente y previa consulta con el Consejo, podrá declinar conocer de un determinado caso si éste puede lesionar su autoridad moral o autonomía.
Artículo 36. Una vez admitida y registrada la queja o denuncia de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá ponerla en conocimiento de las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables y al titular del órgano del que dependan utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica solicitando a las primeras un informe escrito sobre los actos u omisiones que se les atribuyan en la queja o denuncia.
El informe será rendido, en un plazo de quince días naturales, contados a partir de que la autoridad o servidor público reciba el relato y el
requerimiento por escrito. Si a juicio de la Comisión, la situación es urgente dicho plazo podrá reducirse.
Artículo 37. En el informe mencionado en el artículo anterior la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable debe hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, la existencia de los mismos en su caso, así como los elementos de información que considere necesarios para la documentación del asunto.
Artículo 38. La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoya, así como del retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva para la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable de la queja o denuncia tendrá el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al dictar su recomendación tendrá por ciertos los hechos materia de la queja o denuncia salvo prueba en contrario.
Artículo 39. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o los Visitadores, podrán solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.
Dichas medidas pueden ser precautorias de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 40. Admitida la queja o denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal procurará la conciliación de las partes siempre dentro del respeto a los derechos humanos que se consideren afectados que de lograrse dará origen a la conclusión del expediente siempre que la autoridad o servidor público le acrediten dentro del término de quince días hábiles, haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 41. Cuando la queja no se resuelva de manera inmediata la Comisión iniciará las investigaciones del caso, para lo cual tendrá las siguientes facultades:
I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de derechos humanos la presentación de informes o documentos complementarios;
II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores públicos documentos e informes relacionados con el asunto materia de la investigación;
III. Practicar visitas e inspecciones, mediante personal técnico o profesional;
IV. Citar a las persona que deben comparecer como testigos o peritos, y
V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.
SECCIÓN SEGUNDA
De las pruebas
Artículo 42. Para el efecto de documentar debidamente las evidencias de un expediente de queja o denuncia por presuntas violaciones a derechos humanos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá solicitar la rendición y desahogar todas aquellas pruebas que resulten indispensables con la sola condición de que éstas se encuentren previstas como tales por el orden jurídico mexicano.
Artículo 43. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones o bien que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal requiera y se allegue de oficio serán valoradas en su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia y de la legalidad a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.
Artículo 44. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.
SECCIÓN TERCERA
De los acuerdos y recomendaciones
Artículo 45. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puede citar acuerdos de trámite, en el curso de las investigaciones que realice los cuales serán obligatorios para los particulares y autoridades o servidores públicos
que deben comparecer o aportar información o documentos, y su cumplimiento traerá aparejadas las sanciones y responsabilidades señaladas en el Capítulo VIII de esta Ley.
Asimismo en el caso de que se compruebe que las autoridades o servidores públicos no hayan cometido las violaciones de derechos humanos que se les hubiesen imputado la Comisión dictará el respectivo acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 46. Concluida la investigación, el Visitador correspondiente formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados al haber incurrido en actos y omisiones legales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.
En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes mencionados serán sometidos al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para su consideración y resolución final.
Artículo 47. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estudiará todos los proyectos de Recomendación y los Acuerdos de No Responsabilidad que los Visitadores presenten a su consideración, formulará las modificaciones, las observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, los suscribirá.
Artículo 48. La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija, asimismo no podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia.
En todo caso una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate deberá informar dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación.
En su caso, deberá acreditar dentro de los diez días siguientes que ha cumplido con la recomendación. El plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo requiera.
Artículo 49. La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.
Artículo 50. Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que hayan sido aceptadas por autoridades o servidores públicos resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos humanos, la Comisión estará facultada para investigar de oficio el área de actuación con que se relacionan dichas recomendaciones, para efectos de formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar la medidas idóneas en términos de la fracción VI del artículo 17 de esta Ley.
Artículo 51. La Comisión decidirá de manera discrecional si proporciona o no alguna prueba que obre en su poder y le sea solicitada.
Artículo 52. Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad se referirán a casos concretos, las autoridades no podrán aplicarse a otros casos por analogía o mayoría de razón.
Artículo 53. Contra los acuerdos, resoluciones definitivas o por omisiones o inacción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; así como contra el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la misma, los particulares podrán interponer los recursos de queja o de impugnación que se substanciarán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos según establezcan su Ley y su Reglamento.
SECCIÓN CUARTA
De las notificaciones
Artículo 54. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal notificará oportuna y fehacientemente a los quejosos de los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos de las violaciones respectivas la aceptación y la ejecución de la misma, y en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 55. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá publicar en su totalidad o en forma abreviada, las recomendaciones de la Comisión. En casos
excepcionales podrá determinar si las mismas solo deben comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias específicas.
CAPÍTULO VI
De los informes
Artículo 56. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal enviará un informe anual, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sobre las actividades que haya realizado en dicho período. Dicho informe será difundido de la manera más amplia para conocimiento general.
La difusión del informe a que se refiere el presente artículo estará a cargo de la propia Comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 57. Los informes anuales del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán contener una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado los efectos de la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen emitido, los resultados logrados así como las estadísticas y demás casos que se consideren de interés.
Asimismo, el informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes.
Se informará también sobre cada uno de los programas generales que la Comisión lleva a cabo.
Artículo 58. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá con el Jefe del Departamento del Distrito Federal y los titulares de los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal para conocer el informe a que se refiere el presente capítulo.
CAPÍTULO VII
De las obligaciones y colaboración de las autoridades y servidores públicos
Artículo 59. Todas las autoridades y servidores públicos en los términos del artículo 3o. de esta Ley, involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, inclusive aquellos que no hubiesen intervenido en los actos u omisiones reclamados o denunciados pero que por razón de su competencia, facultades y actividad, puedan proporcionar información pertinente, deberá cumplir de inmediato con las solicitudes de la Comisión en tal sentido.
Artículo 60. Cuando las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentos afirmen que tienen carácter confidencial comunicarán a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal las razones para considerarlos así. En este supuesto, la Comisión tendrá la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen la información o documentos, la que manejará en la más estricta confidencialidad.
Artículo 61. Todas las autoridades y servidores públicos, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
CAPÍTULO VIII
De las responsabilidad de las autoridades y servidores públicos
Artículo 62. Las autoridades o servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones indebidos en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Artículo 63. Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades o servidores públicos que deban intervenir o colaborar en las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado, la Comisión podrá rendir un informe especial al respecto.
La Comisión denunciará ante los órganos competentes los presuntos delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trae independientemente de las conductas o actitudes previstas en el párrafo anterior.
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión, incurran en
presuntos infracciones o en delitos, serán denunciados ante la autoridad competente.
Artículo 64. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá asimismo solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones administrativas que procedan, por las presuntas infracciones en que incurran las autoridades o servidores públicos durante y con motivo de las investigaciones que realice dicha Comisión. El organismo disciplinario informará a la Comisión acerca de las sanciones impuestas en su caso.
Artículo 65. Además de las denuncias que delitos e infracciones administrativas en que puedan incurrir autoridades o servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ésta tendrá la facultad de solicitar amonestaciones por escrito, públicas o privadas, según el caso, al titular del centro de trabajo de aquellos.
CAPÍTULO IX
De la promoción y difusión de los derechos humanos
Artículo 66. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la promoción y difusión de una cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos podrá:
I. Celebrar convenios con las dependencias y órganos referidos en el artículo 3o. de esta Ley tendientes a la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación en materia de derechos humanos;
II. Promover ante las autoridades competentes la celebración de convenios con la Secretaría de Educación Pública dirigidos al fortalecimiento del contenido básico en materia de derechos humanos en los diversos ciclos educativos;
III. Elaborar material audiovisual para dar a conocer sus funciones y actividades y
IV. Formular y ejecutar un programa editorial.
Artículo 67. En la celebración de convenios con el Departamento del Distrito Federal, se atenderán, sin exclusión de otras, aquellas áreas estrechamente vinculadas a los derechos humanos como la Secretaría General de Protección y Vialidad, el sistema de reclusorios y centros de readaptación social del Distrito Federal y juzgados calificadores.
Con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal los convenios considerarán fundamentalmente las actividades del Ministerio Público y de la Policía Judicial.
Artículo 68. Los órganos de seguridad pública y de procuración de justicia incorporarán en sus programas de formación y de capacitación contenidos en materia de derechos humanos tendientes a su conocimiento y práctica.
Artículo 69. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá acceso en los términos de las leyes respectivas a la radio y televisión para la divulgación de sus funciones.
CAPÍTULO X
Del régimen laboral
Artículo 70. El personal que preste sus servicios en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará regulado por las disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaría de dicho apartado, teniendo en todos los casos la categoría de empleados de confianza, debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeñe.
CAPÍTULO XI
Del patrimonio y del presupuesto de la comisión de derechos humanos del distrito federal
Artículo 71. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al titular de la Secretaría encargada de esa materia.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales que requiera inicialmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, serán proporcionados por el Departamento del Distrito Federal, con cargo a su presupuesto.
Artículo tercero. El titular del Poder Ejecutivo Federal enviará a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su aprobación, el nombramiento del Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo cuarto. El Presidente de la República enviará a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su aprobación los nombramientos de los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el término de los 115 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo quinto. Los primeros miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizarán una insaculación para conocer el orden en que serán substituidos. La primera substitución conforme este ordenamiento, se realizará dentro de los primeros 6 meses de 1994.
Artículo sexto. El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será expedido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Artículo séptimo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrá conocer sobre presuntas violaciones o derechos humanos aun cuando se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo octavo. La Secretaría de Gobernación dispondrá el mecanismo necesario para asignar del tiempo que al Estado corresponde en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, el respectivo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
La Presidenta:
Gracias, señora secretaria.
Para referirse al tema de la tala inmoderada de bosques en San Luis Potosí, se ha inscrito el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidenta; compañeras y compañeros diputados.
Subo a esta tribuna para hacer una denuncia sobre la tala inmoderada que están sufriendo los bosques de alaquines del municipio del mismo nombre en el Estado de San Luis Potosí.
Esto debido a que si no se le ha hecho caso a las personas que constantemente han denunciado en diversas instancias estatales y federales al respecto.
Actualmente el Estado de San Luis Potosí, está sufriendo una tala indiscriminada en especial en el municipio de Alaquines. La tala comenzó hace siete años, sin que se lleven a cabo las medidas adecuadas para la reforestación correspondiente.
Los habitantes del municipio de Alaquines, han denunciado ante diversas autoridades y apoyados por instituciones independientes como el Centro Potosino de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la tala indiscriminada que se efectúa en los predios denominados San José del Corito y Durazno, La Cañada de Maldonado, El Cañón del Guerrero, Ojo de Agua, Reforma y Maguey y Las Peñitas.
Las autoridades del lugar han dado respuestas poco satisfactorias a tales denuncias en el sentido de que los talamontes cuentan con los permisos correspondientes para realizar el derribe de árboles; sin embargo, la deforestación del lugar hace resaltar que no se está cumpliendo con lo señalado en los objetivos de la Ley Forestal vigente, artículo 1o., 2o. y 3o., pues se observa un aprovechamiento irracional del bosque y una inexistente reforestación además de que la tala no beneficia de ninguna manera a los pobladores, quienes día a día observan el paso de camiones propiedad de compañías privadas, cargados de madera.
Las autoridades a las que se han recurrido han sido diversas. Se realizó en julio de 1992, una entrevista con el subsecretario del Estado, licenciado Federico Garza Herrera, a quien los habitantes del lugar expusieron la situación de deforestación en la que se encuentra el municipio de Alaquines.
Asimismo, se han mandado denuncias a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación San Luis Potosí, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría del Medio Ambiente, a la Presidencia de la República y se sabe de antemano que las personas que actualmente están derribando los árboles, cuentan con el permiso correspondiente para ejecutar tal acción, el cual les fue otorgado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Las justificaciones para derribar un sinnúmero de árboles, carecen de valor alguno, como lo demuestra el que se tengan que derribar árboles para hacer caminos por donde los concesionarios puedan sacar los troncos ya derribados, en el sentido de que esos caminos se deben de efectuar en donde menos afectan a la vegetación, lo cual debió considerarse al presentar el programa de manejo forestal. Así técnicas empleadas son obsoletas, ya que la caída de árboles provoca que otros más jóvenes sean aplastados o bien totalmente derrumbados, como lo demuestran fotografías que tenemos en nuestro poder.
Por si todo ello fuera poco, a los ejidatarios se les pretende hacer reforestar lo que no deforestaron, lo cual no corresponde a lo estipulado legalmente, en el sentido de quien tale debe de reforestar, de acuerdo a la solicitud que debe obtener para la tala, en donde a la vez se debe de presentar un manejo y un programa de manejo forestal, según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley Forestal vigente.
Desde 1985 fue cuando se expidió el permiso para la tala, el cual se entregó por parte de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Agropecuario y Forestal del Estado. En él se especifica que se tiene que llevar a cabo la reforestación, de acuerdo a la estipulación en la Ley Forestal vigente.
Tal disposición no se está cumpliendo y sin embargo, cada año se autoriza su renovación por la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través del programa forestal en el Estado.
Todo ello ha contribuido a la depredación de especies tales como encino, copalillo, olmo, fresno huasteco y cedro rojo.
De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se señala la manera en que se ha explotado el bosque. Los concesionarios, hacen llegar a los árboles que sean costeables, hacen brechas, derribando gran cantidad de plantas en crecimiento, troncos que dejan apiñados y no se obtiene ningún beneficio y sí mucho daño al ecosistema, pues esas brechas, sin cubierta vegetal, son rápidamente erosionadas.
Esta forma de explotación del bosque en la Sierra de Alaquines, está dejando cada vez más claros, en los cuales se aprecian ya las rocas desnudas.
Si esto está ocurriendo y por otra parte las denuncias persisten por parte de los habitantes del municipio, quienes están viendo día a día la pérdida del bosque, entonces, compañeros, diputados y compañeras diputadas, debemos de pensar en dos opciones: o bien las leyes vigentes no aseguran la protección y preservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales, o existe una corrupción y negligencia por parte de los funcionarios en todos sus niveles.
Ante tales hechos, nos pronunciamos y exigimos que se dé un informe claro de la situación, en la que se sancione a los talamontes para poder llevar a cabo sus funciones, efectuando para ello una investigación rigurosa entre los funcionarios y que se sancione a quien resulte responsable, a la vez que se garantice que el lugar sea reforestado, cumpliéndose cabalmente la Ley Forestal vigente, la Ley General del Equilibrio y Protección Ecológica y las normas técnicas emitidas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Desarrollo Social, en el sentido de que la preservación de los bosques es fundamental para nuestro equilibrio ecológico. Mientras que ello no exista, se debe suspender inmediatamente la tala inmoderada que se está efectuando en el municipio de Alaquines, Estado de San Luis Potosí.
Compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto, compañera Presidenta, solicito a usted y al Pleno para que se le dé debida atención al caso de la Sierra de Alaquines y pido se turne el caso a las comisiones de Bosque y Selvas, Agricultura, Ecología y Medio Ambiente. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Túrnese a las comisiones de Bosques y Selvas, Agricultura y Ecología y Medio Ambiente.
PETRÓLEOS MEXICANOS
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado. Luis González Pintor, del grupo parlamentario del
Partido de Acción Nacional, para referirse a la situación de un grupo de trabajadores transitorios de PEMEX.
El diputado Luis González Pintor:
Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea:
El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, a nombre de un grupo de 187 trabajadores petroleros, adscritos al Complejo Petroquímico Independencia y a la ex Subdirección de Proyecto y Construcción de Obras, pertenecientes a la Sección 46 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en San Martín Texmelucan, Puebla, hacen formal denuncia esta honorable representación nacional, por incumplimiento en su liquidación como trabajadores transitorios, por lo cual a continuación se dan los antecedentes siguientes:
Primero. Con fecha 18 de diciembre de 1992, fue firmado el convenio administrativo - sindical 125935/92, por parte de Petróleos Mexicanos los señores Julio Pínder González y Abelardo García Mijo en su carácter de Gerente Corporativo, de Relaciones Laborales y Gerente de Administración Industrial, PEMEX refinación respectivamente y, por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los señores profesor y diputados Sebastián Guzmán Cabrera, diputado Carlos Romero Dechamps y Calixto Javier Rivera Díaz, Secretario General, Secretario del Interior y Acuerdo y Presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, interviniendo también los integrantes de la Comisión Nacional Mixta de Reacomodo, a que se refiere la cláusula 20 y demás relativas del contrato colectivo de trabajo.
Dicho convenio formalizó los arreglos a que llegaron las partes con motivo del agotamiento de la materia del trabajo del personal transferido de la ex Subdirección de Proyecto y Construcción de Obra PEMEX - Refinación y, consecuentemente el trato que se otorgaría a los trabajadores de planta y transitorios, tanto del régimen sindical como el de confianza, y que resultan sin materia de trabajo.
Segundo. El 16 de julio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que creó cuatro organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, estableciendo la separación de las áreas industriales y comerciales, para encargar las actividades que abarca la industria a organismos distintos, con un objetivo específico.
Tercero. En el marco de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y conforme a los artículos 6o. y 9o. transitorios, el Consejo de Administración autorizó las transferencias de personal a las entidades subsidiarias, llevándose a cabo a la adscripción de los trabajadores que se encontraban asignados a la entonces Subdirección de Proyecto y Construcción de Obra al nuevo organismo Pemex Refinación.
Cuatro. Que atendiendo a la modificación de la estructura y definición de los objetivos de cada uno de los organismos subsidiarios, Pemex Refinación llevó a cabo los estudios necesarios tendientes al establecimiento de su nueva estructura organizacional, tomando en cuenta la naturaleza de las funciones y objetivos que les fueron encomendados.
Aunado a ello, la terminación de un importante número de obras que por su propia naturaleza son temporales y la carencia de nuevos proyectos de inversión de obra capitalizables, determinó la necesidad de racionalizar los recursos humanos por el agotamiento de la materia de trabajo que dio origen a su contratación.
Quinto. Que Petróleos Mexicanos tiene celebrado con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana contrato colectivo de trabajo en el cual se establecen las normas y procedimientos que deben atenderse para la reducción del personal.
Sexto. Que en la cláusula del referido convenio, por cuanto a los trabajadores transitorios, tanto de confianza como sindicalizados, con contrato vigente, que resulten implicados, como caso de excepción y atendiendo la petición de la representación sindical a su elección, se le cubrirán salarios por anticipado al tiempo que falte para la terminación de su contrato o se le liquidarán sus servicios en los términos y condiciones establecidos en los convenios administrativos sindicales 1 - 5591/92 y 15612/92, de fechas 26 de abril y 28 de mayo de 1992, respectivamente, aplicando los valores estipulados en la cláusula 21 del contrato colectivo de trabajo en vigor.
Séptimo. Que en la cláusula 7a. del convenio administrativo sindical 12 - 5935/92 fue
establecido que a superintendencias de zona, por conducto de las áreas de personal, conjuntamente con las representaciones sindicales locales, procederán a la aplicación del referido convenio en un plazo que no debió exceder la fecha del 31 de diciembre de 1992.
De lo anteriores antecedentes, señoras y señores diputados, se desprende con extraordinaria claridad, que debió haberse liquidado legalmente a cerca de 500 trabajadores transitorios en los términos antes mencionados, ya que hubo solicitud por escrito de cada uno de ellos ante su representación sindical y la fecha sólo han sido ordenadas las liquidaciones correspondientes a 118 trabajadores. Se aclara que sólo han sido ordenadas y pagadas algunas de ellas.
Según consta en comunicado del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Sección 46, Jesús Galindo Zaleta, al gerente de Relaciones Laborales, señor Julio Pínter González, por lo cual preguntaré a ustedes: señores diputados y concretamente al diputado Sebastián Guzmán Cabrera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿por qué no se les ha liquidado?
Y hoy aquí tenemos una muestra de ellos, que exigen se les liquide conforme a los convenios antes referidos, he de aclarar que ha sido impedida la entrada a esta reunión de carácter público, a esta sesión de carácter público, 60 trabajadores, que son una muestra representativa de esta gente que no ha sido liquidada legalmente, no obstante que se dice y se promociona abiertamente que éstas sesiones son de orden público. Ellos han permanecido desde la mañana en las afueras de esta Cámara de Diputados.
Estos trabajadores, cuyo único delito ha sido ser ayudantes y no tener oficio específico, pagar entre el 10% y el 15% de su salario, para obtener una recomendación y conseguir un nuevo contrato o trabajar en la ladrillera de San Felipe Iztahuixtla, en pleno invierno, para descalzos apisonar lodo o prestar su servicio social en la tienda, el rancho o el invernador, todo eso sin retribución alguna.
Estos trabajadores explotados y que tienen varios meses sin trabajo, condicionados para volver a tenerlo y, que eso sí, se les han descontado puntualmente sus cuotas sindicales, seguro de vida, descuentos para el Fondo de Vivienda y otras prestaciones más.
Estos hombres que, por consecuencia de un superfluo maquillaje, para dar una buena imagen de las paraestatales del Gobierno, han sido suspendidos por miles, dejándose desamparadas igual número de familias. Todo esto originado por la complacencia del organismo que debiera defendernos, pretextándose ya no haber materia de trabajo para cubrir la ancestral ineficiencia de los directores de la paraestatal y los intereses económicos de los representantes de los trabajadores.
¿Es que acaso la empresa PEMEX verdaderamente ya no es una entidad de marcha, que ha dejado de explotar, producir o refinar petróleo y que ha dejado de construir instalaciones que seguramente serán necesarias para competir sin desventajas con los socios del Gobierno, ante una eventual firma del Tratado de Libre Comercio?
¿Es que acaso durante muchos años se cubrió por parte del Gobierno mexicano la ineficiencia de Pemex, que se ha visto obligado a despedir a cerca de un tercio de su planta humana de trabajadores, precisamente conformados en su gran mayoría por empleados transitorios, clase ésta de trabajadores explotados en todos sentidos y expiadores de culpas ajenas?
Como ejemplo de la deshumanización que priva en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, presento el caso del trabajador transitorio Esteban Luna, con más de 16 años de servicios y que en cumplimiento de su trabajo tuvo un accidente que lo imposibilito de por vida para laborar y actualmente percibe una mísera pensión de un 25% de lo que fue su salario y esto debido a la magnanimidad de sus dirigentes sindicales.
Como se puede apreciar, es falso que el despido de trabajadores transitorios sea únicamente por excepción y además se desatiende por parte de los dirigentes sindicales la petición de liquidación en los términos de los convenios administrados ya señalados, que no se ha observado por parte de las superintendencias de zona la aplicación de los beneficios que han solicitado los trabajadores que han quedado suspendidos, por haber manifestado la empresa "ya no haber materia de trabajo".
Por todo lo anteriormente expuesto, señora Presidenta de la honorable Cámara de Diputados, Luis González Pintor y Emilio Badillo Valseca, diputados federales de esta LV Legislatura del Congreso de la Unión, en relación a lo expuesto por la falta de liquidación de 187 trabajadores transitorios de PEMEX, de la planta petroquímica "Independencia", de San Martín
Texmelucan, Puebla y cuya lista anexo, así como copia del convenio administrativo - sindical 125935/92, así como 197 fojas con las solicitudes y documentación de trámite, para las liquidaciones de los trabajadores referidos, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente punto de acuerdo:
Único. Sea turnado el expediente respectivo a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Gestoría, Información y Quejas, para la atención, seguimiento y solución de la denuncia presentada.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de la honorable Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de mayo de 1993.
Firman, un servidor y el diputado Emilio Badillo Valseca y con la atenta súplica de que verdaderamente sea investigado y solucionado este caso de violación flagrante los derechos consignados en los acuerdos administrativos que han sido mencionados. Y no que solamente las comisiones respectivas sigan un trámite oficioso mediante cartas dirigidas a las diferentes dependencias y que nunca hay una solución formal.
Los trabajadores que han quedado sin materia de trabajo y en condiciones deplorables estarán al pendiente de esta resolución. Entrego en este acto el punto de acuerdo solicitado y los documentos referidos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra para el mismo tema, al diputado Mario Rubisel Ross García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mario Rubisel Ross García:
Con su venia señora Presidenta:
Como usted acaba de expresar, compañero diputado, hay un convenio firmado por el líder Sebastián Guzmán Cabrera, don Julio Pínter por PEMEX, para el pago correspondiente de lo ya mencionado aquí. El sindicato ha estado atento a la liquidación correspondiente apegado a ese convenio, no puede ser adivino que hayan 500 trabajadores que demandan esa liquidación y les pertenezca la razón de la liquidación correspondiente.
PEMEX está llevando a efecto una modernidad apegada a productividad y desarrollo. Sabemos que nuestro producto es un producto no renovable. Se requiere de una cierta reducción de plantilla para poder seguir dándole a PEMEX el impulso que él necesita.
Hay desarrollo tecnológico en el cual en cierta forma viene a suplir algunas de las bases trabajadoras. Como es sabido, en el norte y en el centro ha decaído la productividad porque es un producto no renovable, se extingue en cierta forma y hay que darle la credibilidad a lo que debe quedar en fondo para seguirlo protegiendo. Es necesario que PEMEX avance y nosotros apoyándolo, porque es un patrimonio nacional.
Nosotros estamos de acuerdo, compañero diputado, que se turne a la Comisión de Trabajo y Asuntos Constitucionales para darle el cauce debido y se desahogue ahí en una forma veraz a lo que por derecho le corresponde. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado. Para rectificar hechos el diputado Luis González Pintor, por cinco minutos.
El diputado Luis González Pintor:
Con su permiso, ciudadana Presidenta; honorable Asamblea:
He pedido la palabra para referirme a algunos hechos de los aquí mencionados por el diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra.
Ha habido un mal entendido en cuanto a la petición hecha por un servidor, toda vez que no hemos pedido que el asunto sea turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, por supuesto, hemos exigido, si es posible usar esta palabra, para que sea turnado el asunto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas y agregaría yo además que el caso debiera ser turnado a la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que la situación deplorable en lo económico, en que se encuentran cuando menos este grupo de 187 jefes de familia, es completamente deplorable.
Debemos recordar que en las políticas seguidas por Petróleos Mexicanos en cuanto a la instalación y traslado de sus trabajadores. Han movido gente de San Luis Potosí, de Tamaulipas,
de Veracruz. Y no nos hemos referido en absoluto a la baja de la productividad que si es dable, de alguna forma el crédito a estas personas también es de reconocerse que las políticas de PEMEX en cuanto a publicidad de nuevos yacimientos y las reservas probadas, auguran la fuente de trabajo a estos trabajadores transitorios por una parte. Y por la otra, nos hemos referido a trabajadores de un conjunto petroquímico, no hemos estado hablando de explotación.
Yo quisiera que fuese tomada en consideración esta observación que es a las comisiones de Gestoría, Información y Quejas, de Trabajo y Previsión Social y por supuesto a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado.
Con base en el ...para rectificar hechos el compañero diputado Pablo Pavón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pablo Pavón Vinales:
Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Subo a esta tribuna para referirme al punto que se ha venido tocando en relación con los problemas de los trabajadores de San Martín Texmelucan. Y quisiera yo señalar que ya se ha hecho práctica común, ignorar las instancias correspondientes a las cuales les corresponde intervenir en el caso debido.
En el caso que nos ocupa, se ignora que existe una Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia correspondiente para ventilar este tipo de asuntos.
Quiero también negar categóricamente lo afirmado por el representante de Acción Nacional, en el sentido de que el Sindicato Petrolero no asiste con puntualidad a la demanda de sus trabajadores, y hay una contradicción a su dicho en cuanto a que principalmente la base de su intervención, esta fincada en un documento firmado por los representante de Petroleros Mexicanos y los representantes del sindicato, en donde se establecen las causas y las bases de la liquidación de este personal.
No obstante, esta práctica clientelar se ha hecho costumbre. Me extraña de un partido como el de Acción Nacional. Sin embargo, coincidimos en la propuesta de que esta moción presentada, sea turnada a la comisión correspondiente a Trabajo y Previsión Social, para que sea ventilada. Pero no estamos de acuerdo porque no es de la competencia, que se turne a la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto compañeros. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias compañero diputado.
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Luis González Pintor.
El diputado Luis González Pintor:
Muchas gracias, ciudadana Presidenta; honorable Asamblea:
He de referirme a lo expuesto aquí por el diputado Pablo Pavón, toda vez que afirma que hay una contradicción en mi dicho. Por supuesto que tal contradicción es negada por un servidor, ya que si no han recurrido los trabajadores referidos, los 187 concretamente que nos ocupa este caso el día de hoy, ha sido porque la primera instancia necesariamente es la representación sindical quien ha recibido las solicitudes de todas y cada una de las liquidaciones correspondientes y de ello hago constar mi dicho con la documentación entregada a esta Secretaría.
Por supuesto que agotada la instancia del sindicato y toda vez que esta comprometido, ya que ha violado en primer término el plazo máximo que en los convenios referidos se establece y que no era mayor a un mes. Entonces aquí sí es muy importante señalar que tendrá que analizarse documento por documento, solicitud por solicitud y corresponderá en todo caso al sindicato que haga las observaciones correspondientes, si procede o no procede la liquidación, si han cumplido con los mínimos establecidos de antigüedad y otros elementos para su cabal liquidación.
Insisto en que tal contradicción no existe, toda vez que primero tendrá que resolver la instancia de la representación sindical y como está visto al día de hoy, todavía no hay resolución alguna por parte de los representantes de estos trabajadores. Gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Con base en el punto de acuerdo que obra en poder de esta Presidenta, firmados por el diputado González Pintor y el diputado Badillo Valseca, se turna este asunto a las comisiones de; Trabajo y Previsión Social y de Información Gestoría y Quejas, como es la solicitud.
PROCESO DE REFORMA ELECTORAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Octaviano Alaniz Alaniz, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer comentarios en torno al proceso de reforma electoral.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Con vuestra venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Aun cuando no es el propósito, por esta vez, de que me ocupe específicamente de la reforma electoral, sino que traté de dar respuesta al periodista Francisco José Paoli Bolio, que a su vez es diputado y compañero nuestro, a un artículo que hoy se lee en El Financiero, y él es quien dice, rotulándolo, varias afirmaciones que son las que animan a mi partido a darle respuesta y él rubrica su trabajo como: "La Danza de la Reforma Electora".
Primero debo decir que en relación al calificativo demostrativo que nos aplica, aun cuando involucra a otros partidos, tildándonos de lumpen.
Quiero comentar, aun cuando Francisco Paoli lo conozca o lo desconozca, que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, siente honor y orgullo de encabezar a un gran número de mexicanos pobres; muchos que no tienen casa, que no tienen trabajo asegurado. Son pobres. Sí existe ignorancia, hay analfabetismo, pero son hombres que llevan la bandera de mexicanos en lo más alto y con toda la conciencia y la dignidad la defienden y enarbolan el nombre de México frente a otras potencias. No como a veces ha dicho Francisco José Paoli Bolio.
Tenemos conciencia de que en México hay problemas tan profundos y que deben ser resueltos por todos. Problemas como el que incluso se dibuja en el contenido de ese escrito, que se impuso a los aborígenes mediante las pistolas, la horca y sacrificio desmedido impuesto por aquellos nefastos, inconscientes y que también podrían corresponder al lumpen español, al que creo que Francisco todavía le asiste y no se puede cortar esa vinculación.
Somos creyentes en el general Lázaro Cárdenas. Defendamos las instituciones nacionales. No nos da vergüenza usar la palabra para dar nuestro voto o una voz de aliento a las obras constructivas, positivas y de avance que hay y siempre ha habido en México.
Somos un partido pobre, ni cabe duda. Nos bañamos cuando hay agua y usamos la lejía, la que se hace en México. No mandamos a las esposas a comprar perfumes al extranjero para venir a bañarse en México. No somos clasistas. Somos nacionalistas. Somos defensores de la verdad. Luchadores por los intereses de la clase trabajadora en México.
Y estoy seguro que si alguna vez Paoli Bolio ha hablado en favor del trabajador ¡es pura hipocresía! Porque dentro de todo lo que le he escuchado en esta Legislatura, me permite encuadrarlo como un fascista; ¡porque hasta de las mentiras que repite él, las cree finalmente!
Al ex rector de una institución de enseñanza superior, al vicepresidente de esta Cámara, al diputado Francisco José Paoli Bolio, al periodista enmascarado, quiero decirle que es mentiroso, hipócrita, pedante. No tuvo respeto él, incluso hace unos instantes, cuando nos calificó de estar en un mercado, eso lo dejo a mi cuenta y no espero que usted me lo diga diputado. Es, en definitiva un periodista prepotente que usa la sublime libertad de expresión que se disfruta en México para denostarnos.
Sí nos interesa participar en todos los foros en donde se dialogue para la reforma electoral. Aun cuando no nos interesa la invitación a la que él alude y mi respeto al PAN, él alude a este partido a un foro que dicho organismo, que en mi opinión debe ser y es positivo, en la convocatoria que realiza y para hablar de la reforma, dice él que no estamos invitados. Pero no nos gusta ir a donde no nos invitan, no somos ofrecidos y rogones, somos partidarios de las instituciones y como en esta en que nos encontramos es la tribuna más alta para tratar de aportar elementos para el desarrollo del pensamiento político en México, se hizo uso de la misma para proponer, con el derecho constitucional que tiene mi partido, la iniciativa que él alude aquí y que si bien es cierto adolece de ignorancia, muchos no tenemos la fortuna de estar
iluminados ni de ser enviados directos del divino para saberlo todo. Confieso mi ignorancia Francisco José Paoli, no como la vuestra que viene del divino y que se afrenta del marginado.
Y tal parece que estamos hablando frente al que trae la espada y el que va a la hoguera, porque nos descalifica y no nos considera ni siquiera el derecho constitucional de hacer iniciativas de Ley en esta Cámara. Desgraciadamente también él ahí, por ignorancia supina de la Constitución ofende a este partido y a la propia Constitución General de la República.
Me interesó lo del lumpen constitucionalista o constitucional. Lumpen, según Larousse, es el conjunto de la población marginada, la que él mismo margina desde sus aulas, la que él por ser hombre rico lo ve apestoso y no lo quiere, lo ve como un instrumento de explotación y nosotros lo estamos esclavizando y pertenecemos a esa parte de la población mexicana, no a los afrancesados y a los españoles como vos Francisco Paoli.
Sigue hablando Larousse: Lumpen proletariado, que me permite ilustrarme porque usted no lo explica, en la terminología marxista, es un grupo social formado por los marginados y que se caracteriza por no tener conciencia de clase, lo que facilita su manipulación por las clases dominantes. Nosotros mientras hemos podido, luchamos con vergüenza y la cara al sol en favor de los marginados.
Pero no, no lo hacemos porque nos manipule su voz, habéis sido manipulado desde que fuisteis rector de una universidad, que servisteis al sistema y tal vez a la causa personal, por lo mismo, por esa egolatría y por ese espíritu clasista, ni siquiera tenemos la fortuna de que por ser, siendo institución de interés público, el diputado Francisco José Paoli no nos lo reconozca, ¡qué lástima!.
Quisiéramos, de la manera más respetuosa señores diputados, dirigiéndonos a todos los diputados, ahora en una segunda parte de la intervención, al que obliga por cierto un debate, posiblemente no lo invitamos, no lo retamos para la Cámara, pero si fuera necesario asistiríamos a él, y cualquier persona de razón; referirnos a los insultantes y desafortunados comentarios periodísticos del diputado Francisco Paoli Bolio, en un diario que ya mencioné.
A pesar de que cala, habremos de sobreponernos en primer lugar al dejo de estupor que propician los comentarios impregnados de tolerancia y prepotencia de quien fue vicepresidente, lo es hasta estos instantes de esta Cámara, respecto a nuestra iniciativa de Ley de Reforma Política presentado el pasado martes.
Entre paréntesis, quiero decir que cuando el señor aludido o cualquier otro partido presenta su iniciativa, nosotros le concedemos el derecho de que lo haga y que si tenemos algún argumento que aportar, se hace, pero jamás nos hemos atrevido a negarle el derecho a cualquier partido a presentar iniciativa y el señor sí lo hace en su artículo.
Desde luego que entendemos que los diputados no somos ángeles, tal vez él sí lo sea, pero estamos convencidos de que no es insulto pretendido en supuesta razón, el mejor camino, para referirse al proyecto de Ley.
Hubiese sido muy provechoso que el diputado Paoli, nos hubiera presentado sus 19 razones particulares que él menciona y su comentario general para definir a nuestra iniciativa del modo concluyente que lo hace.
Los ciudadanos que representa, seguramente mostraría su azoro ante el cúmulo de adjetivos con el que ametralla el vicepresidente de la Cámara a una propuesta legislativa.
Habría que saber, oh sorpresa y con estos comentarios, que alguien que llegó a ser diputado por membresía partidaria, si no por su pertenencia al mundo del pensamiento intelectual, la intolerancia medieval otra vez de nueva cuenta, se observa y se palpa en su artículo, sólo que disfrazada de verborrea estridente y denota ausencia de luces por la prisa de liquidar al adversario político.
Qué enorme pecado ha cometido mi partido por presentar una iniciativa de Ley. Que subrealista es el que cumpla con su obligación de legislar o por lo menos hacer la lucha de legislar. ¡Qué desacato!.
¡Cómo se atrevió a violentar las reglas no escritas de los soñadores del bipartidismo intolerante! Debió haberles pedido la autorización de los llamados hermanos mayores para hacerlo.
No se vale que hagan publicidad política. ¿Esta es patrimonio de dos ó a veces de tres corrientes políticas? Hay que liquidar la pluralidad. ¿Es una monserga que obstaculiza el reparto elitista del poder?
Señoras y señores legisladores, sólo algunos puntos más precisaré:
1. Hemos presentado una iniciativa de Ley, simplemente porque seguimos estando convencidos de que el camino de la reforma democrática del sistema político, debe ser abierto y constitucional. No negamos la conveniencia del acercamiento plural en comisión de la consolidación de la reforma electoral, pero creemos que ésta podría avanzar con propuestas claras en el nivel de iniciativas de Ley de todas las fuerzas políticas.
2. Presentamos públicamente nuestra propuesta, porque creemos en la transparencia política. No creemos que el mejor camino sea discutir preeminentemente en despachos de ministros o en pláticas informales con representantes del partido casi único. Los ciudadanos o los medios de comunicación deben conocer las propuestas de los legisladores y partidos.
3. Concebimos a nuestro proyecto legislativo como toda obra humana, como una pieza discutible y por lo tanto con problemas. No nos ofende que un diputado, un ex rector, como ya se ha dicho, de una de las universidades importantes de México, nos descalifique; nos agravie, porque sin razones generales ni particulares define la naturaleza de un proyecto de ese modo. Pedimos respetuosamente del diputado ideas ordenadas que permitan elevar el debate legislativo al que obligan las urgencias de la transición democrática de la nación.
4. Qué pena. El diputado Paoli sólo ofrece una consideración particular para descalificar nuestro proyecto y el derecho de hacerlo. Qué ejemplo tan apropiado escogió: la integración mixta del Senado de la República. El dice que la nuestra, no corresponde a la naturaleza republicana del Senado, porque copiamos miméticamente la integración de la Cámara de Diputados. No damos crédito porque al menos la comisión de trabajo parlamentario que él preside, nos ha enviado textos de derecho comparado, que dan cuenta de cómo en otros senados de sistemas federales y republicanos, existe el sistema mixto, mayoría relativa y proporcional. Alemania y no muy lejos, la República de Venezuela, son un ejemplo.
¿Qué será que el diputado considera más democrática la alternativa bipartidista propuesta por el partido al que él pertenece, a la pluripartidista sugerida por él, por mi partido? Por qué a todo mundo queda claro la índole restrictiva de la propuesta que él ha abanderado en muchas ocasiones para la integración del Senado.
Habría que preguntarse si el senador es sólo representante de los estados en lo particular y no además de la federación en general.
El federalismo, señoras y señores diputados, no puede ser el mismo hoy que en 1824. La República federativa requiere representantes de la pluralidad nacional. Estos deben provenir de los estados pero también del pacto federal, consagrado en la Constitución General de la República.
5. Nuestra propuesta, diputado Paoli, es la conclusión de una investigación histórica, considera una evaluación de todas las reformas constitucionales desde 1917 y de todas las leyes electorales desde la Ley maderista en 1911.
Considera los problemas que tratan la transición democrática; define los ejes estratégicos del cambio que se requiere para avanzar y no para maquillar el esquema de partido casi único y le cierra el paso a los propósitos de reemplazarlo por un modelo bipartidista de regulación electoral.
Está a su disposición y de todos los legisladores esta investigación, para que cuando así se determine, se nos haga favor de que nos enteremos, para hacerles llegar ese trabajo.
6. Señor diputado, le suplico que ofrezca sus luces, que reemplace sus adjetivos por conceptos. A todos nosotros y desde luego a quienes votaron por usted en el diario que escribe, les gustaría conocerla.
Quise, no para justificar, en la primera parte de mi intervención, dejar constancia de que también podemos hablar al tu por tu en el lenguaje grosero que el diputado usa, y falta de respeto que usa en su artículo. Esto no es que no se tenga respeto y consideración a los periodistas. Estoy haciendo la especificación, de lo contrario caeríamos en un gravísimo error, y creo que no se vale que se tenga que hacer uso de la libertad para escribir y denostar y descalificar a una institución política, que bien, más que bien, ha estado sufriendo las penurias para poder enarbolar una tesis, una filosofía, un comportamiento en el procedimiento político, atenciones sociales en distintas partes de la República.
Somos, porque así lo establece la Ley, de interés público. No se vale que alguien que se escuda con su pluma nos descalifique.
La segunda parte de la intervención es, como decía, para ser comedido y ratificar la primera
de mis partes en la intervención, a fin de hacerle una atenta respetuosa y de veras leal invitación al diputado, para que nos ayude que esas tribunas, ese periódico en donde él escribe, sirva mas que nada para armar mejor la opinión, para orientar mejor a la República, y no para meternos en un camino de descalificación.
Señora Presidenta, muchas gracias. Señores diputados, igualmente muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias señor diputado. Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia señora Presidenta; ciudadanos diputados de la Nación.
Si el diputado Alaniz no se respeta a si mismo, por los términos que utiliza, debo decirles que yo me veo obligado a respetarme y a respetarlos a ustedes como esta parte fundamental del Congreso de la Unión que todos somos. No vengo pues a responder insultos y acusaciones infundadas. Vengo simplemente a hacer algunas aclaraciones.
No acepto estar enmascarado porque firmo las ideas que sostengo y lo hago de la manera más pública que se puede. Lo aclaro porque se me llamó enmascarado. No hay máscaras y no hay nada que esconder.
No discuto si los diputados o los miembros de un partido se bañan, se peinan o tienen las manos limpias. Discuto en lo que escribo con razones y no con calificativos, que hay que tomarse en serio el ser una entidad de interés público. Desafortunadamente algunas entidades están violentando el espíritu de la Constitución porque privatizan, esto que les molesta tanto, privatizan lo que debiera ser una entidad de interés público que buscara el bien general, el bien común.
No responderé a calificativos personales sobre si soy fascista o hipócrita, mentiroso o pedante. Tiene toda la libertad el diputado Alaniz y quien así quiera pensarlo, para hacer estos calificativos.
Tampoco invoco las letras del canto fascista de cara al sol que inconscientemente brotan de los labios del diputado Alaniz.
No discuto, señor diputado, señores diputados de la nación, el derecho que tenga cualquier grupo de diputados, y cualquier grupo de diputados de cualquier partido, a presentar una iniciativa. Lo que pongo en duda es que habiéndose acordado una instancia plural para discutir los proyectos de reforma electoral, y existiendo una comisión que los discute, se vengan a presentar en el pleno con un afán que considero exhibicionista, expectante, corruscante, pero cada quien sabe cómo y en qué invierte su tiempo en la tribuna.
No discuto el derecho de presentar una iniciativa, me alarma que siendo una entidad de interés público no pudieran tener una asesoría mínima para ver la proporción de lo que presentan, piden el cambio de 19 artículos constitucionales, algunos de los cuales no tienen nada que ver con la reforma política; no tienen la menor información jurídica de los principios básicos que organizan nuestro sistema constitucional. Estas son las razones que ofrezco en mi artículo y en esta tribuna.
Finalmente le diré diputado, señores diputados a ustedes también, que de acuerdo con la petición del diputado Alaniz de ofrecer elementos y racionamiento ordenado para mejorar el nivel del debate, debo confesar que no me comprometo a tanto si hay tal irracionalidad en las intervenciones como la que aquí ha presentado el diputado Alaniz. No puedo ofrecer elementos capaces de sacarlo de este estado de postración intelectual en la que se encuentra.
Si el diputado Alaniz, pide que se eleve el debate, tendría que abstenerse, en primer lugar, de hacer uso de esta tribuna, al menos de hacerlo en los términos en que lo hace, porque en efecto estoy a su disposición para razonar, como aquí he venido a hacerlo y a señalarle que en efecto hay que tomarse en serio lo de ser un partido como entidad de interés público, pero no una caricatura de confusiones en donde no estoy aludiendo a nadie en lo personal cuando hablo de lumpen, es una figura, es una metáfora, señor diputado, para decir que su proyecto es lumpen constitucional en un sarcasmo, ciertamente, pero no estoy aludiendo a nadie en lo personal y a ninguno le he llamado lumpen, a ninguna persona he agraviado e insultado. Está en el periódico de hoy mi artículo para que pueda verse si con algún agravio personal he infringido a alguien. Lo que sí puedo decir es que me duele que mi país tenga reconocimiento de una entidad que sirve para producir intereses privados y le llame constitucionalmente entidad de interés público. Eso es todo lo que puedo aclarar. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado. Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Gracias, señora Presidenta. y también agradezco la voluntad del diputado Paoli Bolio, de aclarar algunas de las afirmaciones que hace en su artículo periodístico y al cual nos referiremos puntualmente.
Vamos a reservar nuestros argumentos para defender nuestra propuesta constitucional para el momento oportuno, para el momento en que otros partidos también presenten sus propuestas y sea el lugar, el momento adecuado para debatir.
Ahora subimos a la tribuna motivados precisamente por el artículo periodístico al que se ha hecho referencia, y que el diputado Paoli Bolio firma, y que ha sido publicado en un diario de circulación nacional.
En dicho artículo, el diputado Paoli Bolio hace uso no de un conjunto de argumentos, sino de un conjunto de calificativos ofensivos contra nuestro partido, con un propósito muy evidente: ridiculizar, minimizar una propuesta de reforma constitucional, incluso hasta el extremo de calificarla con ese epíteto de propuesta lumpen.
Dice en la argumentación de su artículo, que el Partido del Frente Cardenista no tiene ni idea de algunos de los principios básicos que rigen nuestro sistema constitucional. Yo ante esa afirmación que hace el diputado, quisiera pedirle una respuesta concreta, porque él lo que descalifica o uno de sus argumentos para descalificar nuestra propuesta: dice que ha sido presentada ante el pleno de la Cámara y a esta presentación ante el pleno de la Cámara de una reforma constitucional hecha por una fracción parlamentaria, él utiliza otro calificativo para designarla con el epíteto de surrealista.
La pregunta es, señor diputado Paoli: ¿dónde se debe de presentar una propuesta de modificación constitucional, por parte de una fracción partidaria: ante el pleno de la Cámara de Diputados, ante la Comisión Plural de Reforma Política, ante el Instituto Federal Electoral, ante la Oficialía de Partes del Partido Acción Nacional o ante una comisión integrada ex profeso por destacados miembros del PAN, del PRI y del PRD?, ¿dónde? ¿cuál es el lugar adecuado? ¿dónde un partido en uso de sus derechos constitucionales puede presentar una propuesta de reforma constitucional?
Repito la pregunta: ¿Dónde, señor diputado? Porque uno de sus argumentos fundamentales para descalificar nuestra propuesta es el hecho de que hayamos venido a hacer uso de esta tribuna para presentarla.
Y el señor Paoli Bolio se sorprende del surrealismo de nuestra fracción, de mi fracción, por las siguientes razones: "No se entiende, dice, que presente sus posiciones en el pleno, cuando supuestamente éstas se están procesando en una Comisión Plural de la que forman parte. Sólo se comprende, dice, como un acto publicitario, al cual los medios de comunicación le dan poca importancia, etcétera."
Hago otra pregunta, señor Paoli: ¿es o no surrealista que el PAN abandone la Comisión Plural, regrese a ella, vuelva a amenazar con salir, emplace al Gobierno a que se ponga de acuerdo con él me refiero al Partido Acción Nacional? y convoque al PRI y al PRD a algo que el diputado Paoli llama en su artículo una nueva instancia de discusión sobre reforma política paralela a la que existe en esta Cámara de Diputados y a la que existe en el Instituto Federal Electoral?
¿Qué es surrealismo político para usted? El diputado Paoli llama, insiste en su escrito, que hay una instancia nueva de discusión de la reforma electoral, a un llamamiento por el PAN al que invita única y exclusivamente al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Revolucionario Institucional.
Ese es el foro del PAN, no precisamente el democrático, sino el foro del PAN al que el diputado Paoli seguramente con no sé qué argumentos constitucionales llama el foro por excelencia.
¿Creerá el diputado Paoli acaso que las fuerzas políticas del país creemos en la existencia de este denominado foro panista? No, señor Paoli; las fuerzas políticas serias del país calificamos esta propuesta como lo que es: un acto publicitario, un acto de propaganda partidaria, que por cierto ha sido muy bien publicitado por los medios de comunicación que como se sabe, no siempre difunden lo importante, también suelen difundir la nota roja y el amarillismo político.
Pero volviendo a nuestra incapacidad de tener idea de los principios básicos de la Constitución.
¿qué somos los partidos políticos? Nosotros lo sabemos muy bien, constitucionalmente tenemos un reconocimiento todos por igual, independientemente de la fuerza o de la fortaleza electoral con la que nos manifestemos. No reconoce la Constitución ni partidos de primera ni partidos de segunda, estamos luchando precisamente en nuestra propuesta de reforma constitucional que no exista en México, partidos con consideraciones superiores a las de otros, que no exista en México el partido de Estado.
Y sabemos también, señor Paoli Bolio, quién los legitima, quién nos legitima con su voto popular. Insisto, un partido puede ser grande o pequeño, con muchos o pocos votos, pero será partido si la soberanía popular lo legitima para que cumpla los requisitos básicos.
Requerimos los partidos respeto y tolerancia, requerimos los partidos consideración del Estado, consideración del Estado y consideración de nosotros mismos. Y llamar como usted lo hace a la mitad de los partidos políticos nacionales, a tres institutos políticos, con el calificativo de "animales", no es algo para enorgullecerse; por supuesto, usted no utiliza ese término, utiliza el término de "fauna", de "fauna política", es una forma elegante pero no menos brutal de calificar a la mitad de la representación de los partidos políticos nacionales.
No son calificativos los que usted escribe en su artículo, porque no encuentro ningún argumento de fondo, absolutamente ningún argumento de fondo, son calificativos y son calificativos indignos de un diputado, indignos de un vicepresidente de la Cámara, indignos de un exrector de una máxima casa de estudios, y lo más indigno es que se producen para descalificar una propuesta que en su momento con argumentos se puede apoyar, avalar o desechar si es improcedente.
Nos reservamos en su momento para discutir la coherencia interna que justifica nuestra propuesta de modificación, como usted lo ha dicho, de los 19 artículos constitucionales que proponemos que se modifiquen. Lo defenderemos en su momento.
La integración del Senado que usted alude, también defenderemos en su momento que los partidos, que el federalismo se puede fortalecer no sólo con la representación de las entidades federativas, sino también con las entidades de interés público que somos los partidos políticos que podemos contribuir a la mejor integración del federalismo y del pacto federal. Pero eso será en su momento. Ahora lo que nos interesa es manifestar nuestra profunda inconformidad con su lenguaje, con sus argumentos mañosos, que son prácticamente calificativos que insisto, son indignos de un ex rector, de un diputado; son de troglodita; de alguien de la época de las cavernas. Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Paoli Bolio, por cinco minutos.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señora Presidenta; diputados de la nación:
Quisiera en primer término hacer una diferencia sustancial entre las dos intervenciones de los diputados que me antecedieron: del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. La hago porque en una hay insultos personales como el motivo fundamental; en tanto que en la otra, en la del diputado Alberto Carrillo Armenta, empiezo a descubrir por fin, cuál es la razón de esta terrible indignación que han venido a manifestar en la tribuna. ¡Ya lo entendí, señores diputados del Partido del Frente! don Alberto Carrillo Armenta, su coordinador, ¡ya lo entendí! en su palabra. Ustedes están disgustados porque no fueron invitados por el Partido Acción Nacional a su diálogo y no tanto por mi artículo! Pero sí debo decirle que éste no es un asunto mío. Ni yo decido a quien invita el Partido Acción Nacional, ni muchas otras cosas que esta entidad respetable realiza.
Lo que le puedo decir es que a mi juicio como analista político, no es surrealismo que el PAN o cualquier otro partido, abandone como método de presión o regrese a una mesa de concertación. Yo creo que eso es realismo político del más puro.
Segundo, es cierto que utilicé en términos generales la expresión "fauna de acompañamiento". Le ofrezco revisar este tipo de expresiones. Sin embargo, quiero decirle, que los seres humanos nos consideramos formando parte en términos generales, del reino animal. Algunos exageran en estas presentaciones. Pero en fin, revisaré si ofenden esta expresiones. Usé la expresión "fauna de acompañamiento". Pero insisto, en que formando todos parte de la fauna, no de la de acompañamiento, acepto, pero sí de la fauna,
algunos han perdido la perspectiva y han abandonado la otra parte que Aristóteles refería: animal racional. Esta otra parte es abandonada por algunos en esta tribuna.
Finalmente le diré lo que me preguntaba al principio: ¿qué principios básicos no tomaron en cuenta? Pues le voy a mencionar uno fundamental: estaría dispuesto a discutirlo con la serenidad y las razones que posea en el terreno que ustedes lo marquen.
Creo que han olvidado cuál es la naturaleza del federalismo que adoptamos en México. Existen, como ustedes seguramente ignoran, varios tipos de federalismo, pero el nuestro se desprende de una idea que viene de la llamada "Transacción de Connecticut", en donde los estados chicos y los estados grandes, en los Estados Unidos, donde nace el sistema federal que ilustra al nuestro, discutieron y llegaron a la conclusión de que para equilibrarse deberían tener una Cámara en donde estuviera representada la proporción de la población y otra donde estuvieran representadas las entidades federativas. Pero que estuvieran representadas en forma igual; así que las grandes tuvieran la misma fuerza, el mismo peso que tienen las pequeñas.
Este es uno de los ejemplos de los principios fundamentales de nuestro régimen constitucional que ustedes ignoraron en su propuesta; ésta es una de las razones fundamentales que tengo para combatirla, para criticarla con razones, no de otra manera. Si ustedes tienen otras para defenderla, defiéndanlas.
Ahora me pregunta y respondo finalmente: ¿dónde debemos presentar la iniciativa? Ustedes son libres de escoger donde presentan sus iniciativas, pero yo también lo soy de juzgar si es lo más atinada, la más consecuente y la más correcta de las formas de presentación, porque habiéndose concertado una instancia en donde se presentarán las reformas, pero habiéndolo hecho además no los partidos, sino los diputados, ustedes, señores diputados, habría que ir en primer lugar a esa instancia a presentar ahí sus iniciativas para que después, si no les atendieran, hubieren reservado y discutir aquí aquellas cuestiones que no les aceptaran en la concertación.
Me parece que ésta es la lógica que hemos atendido todos los legisladores al ir a una mesa de concertación plural, en una comisión especifica y ad hoc establecida para eso.
Si los partidos además de presentarla en la mesa de concertación las venimos a presentar aquí, tendremos algún propósito y este es un propósito simplemente publicitario. Ahí, acepto, no son surrealistas, son realistas; buscaron la publicidad para un proyecto que no tiene ninguna viabilidad, ninguna posibilidad, ningún fundamento constitucional. Eso es todo.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
(Desde su curul) Declino, señora Presidenta.
La Presidenta:
¿Declina usted?
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
(Desde su curul) Si...
La Presidenta:
Muy bien, señor.
Para referirse al Día del Maestro, se han inscrito los siguientes oradores:
El diputado Javier Centeno Avila...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
(Desde su curul) Ha declinado el compañero Cantú, pero nosotros tenemos interés en participar en ese tema.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
La Presidenta:
Con mucho gusto, señor.
Tiene la palabra, para comentar las modificaciones laborales, como resultante del Tratado de Libre Comercio, la diputada Clara Mejía.
La diputada María Clara Mejía Guajardo:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Las cuestiones relativas al Tratado de Libre Comercio tienden a complicarse cada vez más. Luego de haber sido suscrito el Tratado mismo por los jefes del Ejecutivo de Canadá, Estados Unidos y México, Bryan Mulroney, George Bush y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente, se entró a la fase de discusión de los acuerdos paralelos, en la cual estamos todavía hoy.
Sobre los acuerdos paralelos nada concreto se sabe. No existe información oficial sobre el contenido de las discusiones ni sobre las posiciones que adoptan cada una de las partes y la ausencia de información oficial, como es lógico, genera especulaciones de todo carácter.
El Gobierno mexicano cometió el error de haberse comprometido, hasta de manera pública, en apoyo del ex presidente George Bush, que buscaba su reelección, asumiendo de forma indebida una actitud de intromisión en asuntos internos de un país soberano ajeno al nuestro. Esto le ha traído como consecuencia, entre otras, la de haberse malquistado con el bando que finalmente resultó triunfador, el de William Clinton, el actual Presidente de Estados Unidos.
Por otro lado, un aspecto fundamental es que antes y ahora, con Bush y con Clinton, los Estados Unidos han sido y siguen siendo una potencia imperialista y como tal actúa. Se trata de un Estado que es instrumento al servicio de los grandes monopolios transnacionales del capital estadounidense. Su conducta en lo fundamental se orienta a crear las condiciones más favorables para esos monopolios transnacionales, para facilitarles la penetración a los mercados y a la apropiación de los recursos generados por el trabajo de su propio pueblo y de otros pueblos.
Al carácter de suyo negativo del Tratado de Libre Comercio que, ya lo hemos documentado en diversas ocasiones en esta tribuna los diputados del Partido Popular Socialista, no puede traer otros efectos sino el de la disminución de la soberanía nacional, el de la pérdida de independencia, el del creciente desempleo y la agudización de la pobreza de las masas populares de nuestro país. Se agrega ahora el del misterio extremo con el que se viene manejando el asunto de los acuerdos paralelos.
La parte gubernamental insiste en presentarnos el Tratado de Libre Comercio como una panacea. Nos dicen que será altamente beneficioso para la nación y para el pueblo. Que generará plazas de trabajo y combatirá el desempleo. Que impulsará el crecimiento de nuestra economía. Que mejorará el ingreso de los trabajadores mexicanos.
Pero compañeras y compañeros diputados, ¿vale la pena tener presente la experiencia del Canadá? Allá el Gobierno del primer ministro Bryan Mulroney argumentaba exactamente en el mismo tono y contenido, cuando se proponía convencer al pueblo canadiense, a los trabajadores de aquel país de que aceptaran la firma de un acuerdo de libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos, cuyo contenido y rasgos característicos fueron muy semejantes del tratado trilateral que ahora se promueve.
Bryan Mulroney y sus colaboradores prometieron elevación del nivel de vida, generación de empleos, llegada de nuevas tecnologías, bienestar generalizado para la población, y, los frutos fueron precisamente los opuestos.
Algunas cifras y datos demuestran el impacto negativo del Acuerdo de Libre Comercio, que así se llamó, suscrito por Canadá y los Estados Unidos, mismo que entró en vigor a partir del primero de enero de 1989.
Antes del Acuerdo de Libre Comercio, en el bienio de 1987 - 1988, en Canadá fueron creados 803 mil nuevos empleos. Luego de la puesta en marcha del acuerdo, en el bienio 1989 - 1990, apenas se crearon 73 mil nuevas plazas.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Canadá ha experimentado la tasa de desempleo más alta con respecto a todos los demás países miembros de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a todas las nacionales capitalistas desarrolladas, incluyendo a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Las cifras son como siguen: en 1989 Canadá tuvo un desempleo del 7.5%, en tanto para los países de la OCDE fue de 6.4% y para Estados Unidos del 5.3%.
En 1990 la tasa de desempleo en Canadá fue del 8.1%, en tanto la de la OCDE y Estados Unidos fueron del 6.3 y 5.5%.
En 1991 la tasa de desempleo se elevó en Canadá al 10.3% en tanto la OCDE y Estados Unidos tuvieron cifras del 7.1 y 6.7%.
En 1988 la producción de manufacturas representaba para los países de la OCDE el 23.5%
de su producto nacional bruto, en tanto para Canadá era sólo del 19%.
Para 1991 la participación de las manufacturas en el producto nacional bruto canadiense había descendido del 15%. Entre 1986 y 1988, tres años previos a la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, el producto nacional bruto de Canadá creció en términos reales en un 12.2%, en contraste en que 1989 y 1991, los tres primeros años tras la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, el producto nacional bruto canadiense creció en términos reales de un 0.1%.
En 1984, cuando Bryan Mulroney se convirtió en Primer Ministro de Canadá, la participación canadiense en las exportaciones mundiales era del 5.1%, en 1991 la cifra había bajado al 3.7%.
El déficit en cuenta corriente de Canadá ha crecido dramáticamente. Entre 1986 y 1988 ascendía a 36 mil 488 mil millones de dólares. Entre 1989 y 1991 había crecido a 77 mil 844 mil millones de dólares; esto es, se duplicó.
Si Canadá que es un país capitalista de muy alto desarrollo, de hecho un país imperialista, exportador de capitales, se ha visto tan gravemente lesionado con esta forma de asociación a una potencia todavía mayor, como lo es los Estados Unidos, ¿cuál puede ser el futuro de México, cuya economía y capacidad de competencia es muchas veces menor que la de Canadá?
Por todo lo expuesto, compañeras y compañeros diputados, el Partido Popular Socialista reitera en esta ocasión su rechazo a un tratado que será lesivo a los intereses de la nación y del pueblo y condena con toda energía el hecho de que de las discusiones ahora con relación a los acuerdos paralelos se lleven a cabo en un ambiente de misterio, de no información pública, misma característica con la que se actuó durante largo tiempo cuando se discutía el contenido del Tratado mismo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañera diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, de la fracción parlamentaria del PARM, para el mismo tema.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Señora Presidenta; señores diputados, señoras diputadas:
Llegamos a esta tribuna para abordar un tema fundamental que ha sido relegado o quizá hasta subestimado por los tecnócratas de aterciopeladas manos, tan solo empeñados en proclamar a los cuatro vientos que la estadística y los indicadores económicos, demuestran que el país ya está listo para ingresar al Tratado de Libre Comercio, como un nuevo socio comercial junto a los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Tal parece que a los negociadores se les olvida que incluso en sus datos y cifras estadísticas, esa aparente bonanza económica se la deben a los trabajadores de México, a los obreros, a los artesanos, a las maquiladoras, a los operadores de maquinaria, a los ejecutantes de oficios, a los torneros de plantas fabriles y a los peones del campo; en suma, a todos los obreros que con su esfuerzo y tenacidad generan cotidianamente la riqueza nacional, riqueza que los estudiosos al traducirla en cifras, cantidades y porcentajes, lo mismo en una gráfica que en un cuadro estadístico, manejan para aclarar que el país está listo para recibir el Tratado de Libre Comercio.
Nuestro Partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana no olvida, respeta y aplaude la presencia combativa de la clase trabajadora como una protagonista fundamental de la gesta revolucionaria de 1910; tampoco olvidamos la lucha ideológica de reivindicación de Ricardo Flores Magón que dio al movimiento obrero revolucionario una directriz de protección y bienestar social, así como la dignificación de las condiciones y prestaciones laborales que quedaron plasmadas en el artículo 123 en la Constitución de 1917.
Todo ello nos ha servido para tener hoy uno de los derechos de trabajo mejor acabados y combativos entre las legislaciones de varios continentes, pero al margen de lo anterior, parece ser que lamentablemente en el proceso de ratificación del TLC, se ha minimizado la presencia de la fuerza laboral mexicana, entre los temas a debatir en el proceso de negociación paralela de dicho instrumento trilateral de comercio. En los Estados Unidos, hace 15 semanas Richard Gephardt, líder demócrata de la Cámara de Representantes, John Lafall, representante de empresarios y comerciantes en el Congreso, Richard Rates, Secretario de Trabajo y James Brown, líder de la máxima central obrera de los Estados Unidos criticaron la dispar situación contenida en el texto original del Tratado, pues según estos funcionarios, estarían en una gran desventaja de empleos y en política de salarios frente a México, con puntos en su contra para homologar condiciones de trabajo y mercado de empleos, sobre todo transfronterizos, lo que los llevó a
declarar agresivamente que México les robaría los empleos y salarios por competencia desleal.
Contrario a lo que se esperaba, aquí en México las centrales obreras y las organizaciones sindicales nacionales no hicieron entonces ni lo han hecho ahora, declaración alguna al respecto a la situación laboral, del país frente a la situación de salarios, mercado de trabajo, competitividad y nivel de prestaciones sociales que el sector obrero tiene en Estados Unidos y Canadá, situación que nos extraña y nos alarma sobre manera sobre todo si consideramos lo bajo del salario mínimo, las raquíticas prestaciones sociales y el nivel de inestabilidad en el empleo que impere en nuestro país merced a la recesión, al cierre de empresas, al subempleo de ambulantaje y a la descapitalización que padecemos; independientemente que con lo anterior se haya abatido el índice de inflación, se ha recrudecido la inamovilidad del control de precios y salarios lo que se ha traducido en un alto costo social para impulsar y soportar el peso de la modernización y la reconversión de la deuda externa, por inversión extranjera en áreas prioritarias.
El proceso de ratificación del Tratado ha corrido paralelo a la situación laboral y salarial de los países de referencia, consideramos en la perspectiva del PARM que la política laboral, la legislación laboral y las demandas de este sector en México, han sido olvidadas o soslayadas en el proceso negociador.
El proceso de ratificación está generando cambios fundamentales en el ámbito económico que inciden de manera directa en lo político y en lo social, lo que demanda en consecuencia abordar frontalmente el tema con mayor urgencia para requerir modificaciones correspondientes.
Los cambios que se necesitan en el artículo 123 constitucional en sus dos apartados, las modificaciones o de plano la renovación de la Ley Federal del Trabajo, la legislación vigente sobre los estatutos de las organizaciones sindicales y los cambios que requiere el proceso conflictual del trabajo, así como la impartición de justicia que en materia laboral corresponde a las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje del país, son prioritarios e inaplazables y requieren inmediata decisión.
La urgente necesidad de actualizar la legislación laboral, es el centro de los cambios económicos generados por el proceso de globalización económica que plantea como premisa fundamental, la flexibilización de las relaciones laborales.
Ahora bien, hablar de flexibilización no significa en este contexto aligerar el peso de las relaciones para que el patrón saque de todo ventaja y el trabajador tenga que sacrificar aún más su injusta y lamentable situación económica.
La flexibilización en las relaciones laborales, es un proceso que abarca un fenómeno de cambio social que se da con la reestructuración de las organizaciones del trabajo, bajo esquemas modernos que permitan una integración global con el mercado internacional del trabajo, con el México a punto de entrar.
Luego entonces, el problema social y de ahí su importancia, es la forma en que se traduzca la Ley de flexibilización en las relaciones laborales dentro de la Ley Federal del Trabajo.
Por una parte, las empresas exigen cambios en la esfera de producción que incorpore nuevas tecnologías, reduzcan los costos de producción y circulación de las mercancías e incrementen la calidad y la competitividad en los mercados internacionales.
Hay que afrontar un hecho ineluctable, el obrero observa alarmado la incorporación de nuevos avances tecnológicos. Con la automatización y la robotización, observa que sus intereses se ven amenazados por el desplazamiento que se genera entre el trabajo especializado calificado y el no calificado.
Estamos pues, hablando aquí de un desempleo tecnológico que provoca la gran industria moderna y que requiere de un análisis detenido por sus implicaciones jurídico - sociales.
La flexibilización en las relaciones laborales que proponemos: se implementen en la Ley Federal del Trabajo, mediante una virtual propuesta de nuestro partido, ha de buscar en primer término; la libre movilidad de los trabajadores; segundo: la eliminación del estancamiento por simple antigüedad atendiendo fundamentalmente los conocimientos y capacitación técnica adquirida por la calificación y competitividad en el trabajo; tercero: el establecimiento de pocas categorías con amplitud de funciones y limitaciones para evitar que algunas organizaciones sindicales negocien subrepticiamente puestos altos sólo por presión a fin de lograr que, los escalafones sean cubiertos por capacidad probada en el desempeño; cuarto, que se dé un marco paritario para que las organizaciones sindicales y las empresas negocien la nueva estructura de la organización fabril y la introducción de nueva tecnología.
Ante estos factores ¿qué se espera de la justicia laboral, en tanto exista discrecionalidad por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿En qué sentido intervendrá ante los aspectos de la vida laboral? No será posible una reforma integral del derecho del trabajo en nuestro país, no deseamos que la reforma al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo y a la Organización Forense de las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje, dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sea eminentemente un asunto de carácter jurídico y voluntad política.
Políticamente, la legislación laboral mexicana muestra debilidad ante las inversiones extranjeras. Las legislaciones canadiense y estadounidense, tienen una mentalidad y un modo diferente, individualista y utilitario de ver el trabajo y solucionar las relaciones y conflictos que de él se derivan.
Esta marcada e injusta debilidad de la parte obrera frente a la parte patronal, debe ser contemplada en un adecuado derecho preventivo del trabajo que contemple reglas justas y paritarias que le den una homologación en los salarios en el mercado del trabajo por rama industrial y modernizar el mercado de competitividad laboral, con la incorporación de avances científicos y tecnológicos en la esfera de la producción de mercancías.
Señora Presidenta, señores diputados: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pone a la consideración de esta soberanía, la propuesta de un esquema general sobre una reforma integral al derecho del trabajo en México. Se necesita definir un marco jurídico del trabajo frente a la apertura del mercado, la liberalización de las inversiones en sectores prioritarios de la economía nacional. Se necesita definir la naturaleza de las relaciones obrero - patronales en la actual legislación, en un marco de justicia social que garantice a los trabajadores que la privatización de las industrias de sectores prioritarios, no signifique el atropello de sus conquistas y los derechos a los que legítimamente aspiran en esa materia, en materia de seguridad social, en materia de tasas proporcionales de pensiones y jubilación justamente retributivas, en lo relativo a prestaciones de bienestar y esparcimiento para los trabajadores y su familia.
En lo concerniente a la legislación laboral, es necesario se contemplen nuevos mecanismos de producción y mercadeo de demanda y oferta de trabajo, que la seguridad en el trabajo, la previsión laboral y la productividad, se ajusten a un proporcional y equitativo reparto de responsabilidades y funciones, que permita a la clase laboral mejorar sus condiciones de trabajo con un correspondiente beneficio y mejoramiento en sus condiciones de vida, de conformidad con lo establecido por el artículo 123 constitucional.
Que se contemple objetivamente la problemática laboral y de capacidad y rendimiento del trabajador mexicano, quien habrá de enfrentar un radical cambio en el tradicional proceso de producción de masas, a una producción individualizada y calificada del trabajo.
Introducir también nuevos conceptos sobre contratación colectiva e individual, con un criterio de flexibilidad, cuando el obrero firme un contrato, pueda decidir cambiar de contratante y no signifique un contrato de por vida con el primer patrón que lo contrate.
La igualdad jurídica laboral es una condición básica para dar estabilidad al empleo, que canalice la fuerza laboral mexicana. Los organismos sindicales deben de coadyuvar en el proceso de producción de la riqueza y de su distribución. Que en materia de sindicalización, se eviten los desvíos que en desafortunadas ocasiones algunos líderes venales y corruptos han hecho en el pasado, mejorando su situación personal en lugar de velar por los intereses de sus agremiados.
También los sindicatos necesitan afrontar el reto de la modernización integral de nuestro país, uniendo su destino al de la patria y refrendando su labor de protección y mejoramiento de sus agremiados.
Que esta actualización salarial y laboral propuesta en lo legislativo, complete también un aumento real a los bajos salarios que ahora reciben los trabajadores; que el monto de los porcentajes del reparto de utilidades de las empresas a sus trabajadores, se incremente del magro 10% que ahora se les da, a una tasa real que les permita recuperar su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro para mejorar sus aspiraciones de bienestar, motivo por el cual, señores diputados integrantes de esta Asamblea, señora Presidenta, solicitamos y ponemos a consideración de ustedes un punto de acuerdo, para que con la urgencia que el caso requiere, se convoque por los conductos correspondientes, tanto a las autoridades de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda y de la propia Procuraduría General de la República, para que estrechen y acrecenten su vigilancia y logren que los patrones cubran la legitimidad del pago de la repartición de utilidades que a los obreros
corresponden, observando en todo momento el estricto cumplimiento del artículo 123 constitucional y de las diferentes disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que todos los trabajadores la reciban en tiempo y forma y sirva al menos de paliativo a las ingentes necesidades que los agobian, en unión de sus familiares y dependientes.
En este punto tan importante de la repartición de utilidades a los trabajadores, tenemos pleno conocimiento que las agrupaciones sindicales diversas acreditadas en esta Cámara, han realizado esfuerzos para estar vigilantes, atentos y reclamantes, para que oportunamente en las empresas y los trabajadores, cubran literalmente la repartición de utilidades correspondientes. Sin embargo, consideramos se debe enviar oficio atento a la propia Secretaría de Hacienda, para que a través de sus inspectores fiscales y de las auditorías que diariamente está realizando, esté atento al desenvolvimiento de esta repartición de utilidades, para ejercitar en su caso las sanciones correspondientes, aun con la presencia de la Procuraduría General de la República, en aquellos casos en que los patrones o los empresarios hayan hecho caso omiso de esta disposición constitucional. Frente a esta actualización legislativa, se requiere que el acuerdo nacional para elevar la productividad y la competitividad, contemple medidas preventivas en las que la liberación de la economía no se haga a costa del sacrificio de las mayorías trabajadoras, cuyas percepciones cada vez pierden poder de compra, de ahorro y de vida.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por medio de estas seis propuestas y este punto de acuerdo, espera que se hagan efectivas las inquietudes de los sectores laborales y sindicales, para que en unión con los sectores empresariales y financieros del país, se eviten los obsoletos antagonismos, se superen las mutuas reservas y desconfianzas que otrora los separaban, para que al integrarse en un frente común, asumamos juntos el compromiso y el apremiante reto que nos confronta el Tratado de Libre Comercio, pues creemos firmemente que la mejor justicia para los trabajadores que soportan sobre sus lesionadas espaldas el peso de la inflación, será aquella Ley que les dé una justa y proporcional retribución a sus esfuerzos, a sus expectativas de bienestar de sus familiares y dependientes, en pro del progreso nacional. Muchas gracias por su atención señores diputados.
La Presidenta:
Gracias compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional sobre el mismo tema.
El diputado Gil Mendoza Pichardo:
Con permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Hace unos días, un grupo de diputados federales tuvimos la oportunidad, nombrados por nuestro partido, de acudir a los Estados Unidos y tener algunas reuniones con líderes norteamericanos del sector público y privado, para examinar los temas del Tratado de Libre Comercio, su impacto en los dos países, y particularmente dos de los temas que se incorporaron, como los acuerdos paralelos que es la protección del medio ambiente y las cuestiones laborales.
En dichas reuniones se escucharon los comentarios y los puntos de vista. Unos fueron a favor y otros en contra del Tratado y de los acuerdos paralelos, fijando cada representante norteamericano y de los propios compañeros, miembros de la Delegación Mexicana, su posición.
Para la Delegación Mexicana considero fue enriquecedor el intercambio, porque se conocieron de manera directa las posturas y los fundamentos de los norteamericanos.
Aquí en otras ocasiones, miembros de mi partido han manifestado que algunas de la opciones que ve el Tratado de Libre Comercio y de los beneficios para nuestro país, sería incrementar las exportaciones, atraer nuevas inversiones y tecnologías, un crecimiento estable y sostenido, la creación de nuevos empleos mejor remunerados, nuevas y mayores oportunidades de progreso y desarrollo individual y colectivo.
En esta ocasión, si ustedes me permiten, me referiré en lo particular al aspecto laboral.
Durante las reuniones de trabajo, tuvimos los miembros de la Delegación Mexicana una entrevista con el doctor Mar Anderson, economista internacional y director de la organización sindical AFLCIO, que representa la mayoría de los Estados Unidos, con el 14% de la fuerza laboral.
Su preocupación y posición definida en contra del Tratado de Libre Comercio, consiste en los siguientes puntos, que son:
1. Que en las disposiciones en el cuerpo del tratado, que consideran que no son equitativas y que perjudican al sector de la producción en los Estado Unidos. Argumentan que los empleos disminuirán para trasladarse a México las empresas atraídas por los bajos costos de la mano de obra; que los trabajadores norteamericano no observan ningún beneficio.
Señalan asimismo que en el supuesto de que se aprobaran los acuerdos paralelos, esto no sería suficiente para modificar su oposición al tratado y que en el caso de los acuerdos paralelos, el tema laboral debe atender a lo siguiente:
2. Que los tres países negocien derechos laborales mínimos, basados en unos acuerdos laborales internacionales que existen.
3. El país que viole los reglamentos aprobados, será sancionado por una comisión integrada por los tres países y aquel país que viole estos acuerdos estará sujeto a penalidades comerciales.
4. Los reglamentos necesariamente tendrán que incorporar los aspectos que a continuación se anuncian: libertad de organización, libertad de negociación, seguridad e higiene en el trabajo, trabajo de los menores, salario mínimo, que sea equivalente a las percepciones de los otros dos países.
Al respecto, y para fundamentar mi intervención, voy a mencionar lo que contempla la legislación laboral mexicana, primero, en lo que se refiere al trabajo de los menores.
En el año de 1962, el Congreso reformó las fracciones II y III del artículo 123 constitucional, que se refiere al trabajo, con el propósito de proteger adecuadamente a los menores y a las mujeres; se prohibió que los menores de 16 años desempeñaran labores peligrosas o insalubres y trabajaran después de las 10.00 de la noche; la edad mínima necesaria para ser considerado como sujeto del derecho del trabajo es de 14 años, para garantizar cuando menos la educación primaria.
El trabajo de los menores de 14 años y menores de 16, está sujeto a la vigilancia y protección especial de la inspección de trabajos; queda prohibida la utilización de menores de 16 años en expendios de bebidas embriagantes, trabajos que afecten su moralidad o buenas costumbres, trabajos ambulantes, salvo autorización, trabajos subterráneos o submarinos, labores peligrosas e insalubres, trabajo superior a sus fuerzas que impidan su desarrollo físico normal.
Establecimientos no industriales, su trabajo en ellos después de las 10.00 de la noche; a los menores de 18 años se les prohibe trabajos nocturnos industriales; las jornadas de trabajo para los menores de 16 años no podrá exceder de 6.00 horas diarias, divididas en periodos máximos de tres horas con descanso de una hora.
Hay obligaciones patronales que contempla la misma Ley Federal del Trabajo, como exigir a los patrones, exigir un certificado médico, llevar registro de la inspección especial, dar tiempo para cumplir con programas escolares, capacitación y adiestramiento.
Todo esto lo estoy enunciando para fundamentar que nuestra legislación laboral contempla una de las peticiones que hacen los sindicatos norteamericanos dentro de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio.
Se refieren también ellos a la jornada de trabajo. Nosotros tenemos antecedentes históricos de la jornada de trabajo; estaba ya establecida dentro del programa del Partido Liberal Mexicano, se establece también en la Constitución de 1917, en el artículo 123, fracción I; en la Ley Federal del
Trabajo, en el artículo 58, que la define como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El artículo 61 de la misma Ley menciona la duración de la jornada diurna, que es de ocho horas, la mixta siete y media horas y la nocturna de siete horas, y el Código Laboral obliga, en sus artículos 66 y 78 al patrón al pago de tiempo extraordinario cuando se laboren más de las jornadas establecidas.
También aquí queda aclarado que nuestra legislación contempla una de las preocupaciones de los norteamericanos.
También se refieren a la seguridad laboral. En la Constitución, en el artículo 123, fracción XV, señala que "el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre la higiene y seguridad en las instalaciones y prevenir los accidentes".
Quiero comentarles respecto a la seguridad laboral, que en cada una de las fuentes de trabajo existen comisiones mixtas de trabajadores y patrones, que se encargan de establecer la vigilancia, de que se cumplan las disposiciones y los reglamentos en lo que se refiere a la higiene
f y seguridad y en la prevención de accidentes y existen también, a petición de los trabajadores, visitas que realiza la inspección del trabajo y también, a petición de los mismos trabajadores, pueden intervenir las instituciones de seguridad social.
En estas reuniones que les he mencionado, existió el consenso de la delegación mexicana en el sentido que nuestras normas constitucionales y las leyes reglamentarias que se refieren al trabajo y la seguridad social, son superiores a las de los otros dos países, producto esto de la lucha de los trabajadores y sería un retroceso homologarlas, como se pretende.
Existen en México los medios legales y las instancias administrativas y jurisdiccionales, ante las que pueden acudir quienes ven afectados sus intereses, por lo que no consideramos conveniente el otorgamiento de facultades de vigilancia y de sanción a una comisión trinacional, como lo proponen, ya que significaría una violación a nuestra soberanía.
Asimismo, nosotros, por lo que aquí se ha vertido, consideramos, de acuerdo a estos fundamentos que aquí se han expresado, que no es conveniente la modificación de la Constitución en su artículo 123 y en su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, ninguna modificación.
Consideramos que la Ley es vigente, es aplicable, responde a los intereses de los trabajadores. Corresponde a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos y a toda la sociedad mexicana, vigilar su exacto cumplimiento.
Y, por lo que aquí se ha dicho, también respecto a los acuerdos paralelos, nosotros tenemos conocimiento que en este mes de mayo, se llevarán a efecto reuniones para tratar los acuerdos paralelos y conforme a su redacción emitiremos nuestros comentarios con base en los principios fundamentales que aquí en mi intervención he expresado. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el compañero Enrique Rico Arzate, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente aquí es el lugar donde se debe discutir el Tratado de Libre Comercio. Aquí es el lugar de donde deben salir las ideas para este pacto que se va a llevar a cabo entre los tres países de Norteamérica.
El PRD ha manifestado su posición frente al Tratado de Libre Comercio que se trata de llevar a cabo entre Estados Unidos, Canadá y México. Siempre hemos manifestado nuestra posición en favor de la ampliación de los intercambios comerciales, regionales e internacionales, de la liberación de las trabas burocráticas y administrativas que los entorpecen y del proteccionismo que sólo protege a la ineficiencia y del atraso productivo.
El TLC es un tratado desigual, compañeros, solo conviene a las finanzas y a la especulación de nuestro país que de hecho por intereses y puntualidad son parte del sistema financiero internacional antes que del cuerpo nacional.
Ante esta situación el Presidente de los Estados Unidos propuso que para que el tratado sea aprobado en su país, sería necesario elaborar tratados paralelos en referencia a lo laboral y ambiental, no pueden discutirse separadamente, compañeros, están íntimamente relacionados.
El Tratado de Libre Comercio protege a los grandes inversionistas y sus negocios, quedando desprotegidas las dos fuentes de toda riqueza en los tres países que son; sus gentes y sus recursos naturales.
Además, quisiera decirle al compañero que me antecedió en la palabra, el compañero Gil Pichardo, que durante mucho tiempo se nos está vendiendo la idea que con el TLC entraremos al primer mundo. Es una de las mentiras más baratas y demagógicas del régimen salinista, Los resultados de esta mala fe pueden ser funestos cuando empiecen a verse los resultados.
La administración Clinton propuso nuevos agregados que ahí sí se discuten, ahí sí se les toma en cuenta la opinión de los diputados, ahí sí se toma en cuenta la opinión de los senadores, ahí sí se toma en cuenta la opinión de organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales; y no como en nuestro país, compañeros.
En nuestro país el TLC es todo un misterio y más aún los tratados paralelos. Hoy día nadie conoce de qué se está discutiendo en lo laboral y en lo ambiental. Este procedimiento se hace a espaldas del pueblo de México.
Compañeros diputados, es necesario discutir los problemas ambientales y laborales para lograr un pacto que empiece por considerar los intereses y necesidades de la población y la naturaleza. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias compañero diputado.
Se concede en uso de la palabra, para rectificar hechos, al diputado Benjamín Avila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.
El diputado Benjamín Avila Guzmán:
Con su venia señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados.
He pedido hacer uso de la palabra para hacer algunas breves precisiones que creo son convenientes.
En primer lugar consideraríamos que esta Cámara de Diputados es indudablemente una caja de resonancia de todos los problemas nacionales; de todos los asuntos que interesan a grupos o partidos; de todos los problemas de todos los habitantes de este país. Aquí escuchamos, tratamos, les damos trámite y a veces también desechamos algunas propuestas. Esto desde luego, nosotros lo consideramos sano; nosotros lo consideramos conveniente. Pero sí en lo particular a veces me pregunto hacia mi fuero interno: ¿Realmente no valdría la pena revisar hasta dónde llega nuestra competencia? en el marco de nuestro orden constitucional, en el marco fundamentalmente de la división de poderes. Es una reflexión que comparto con ustedes a título particular.
Refiriéndome a un aspecto de los temas que aquí se trataron, voy a mencionar o de alguna manera referirme a lo relativo al reparto de utilidades. Creemos nosotros que si bien es cierto todos podemos expresar una preocupación por los problemas que afronten determinados grupos sociales, también consideramos que en ocasiones no son ni la vía ni el camino a seguir de algunas propuestas.
Aclarando esto, comentamos con ustedes que la Ley Federal del Trabajo en forma muy precisa, clara y puntual, señala cuál es el camino que se debe seguir para lograr el reparto de utilidades.
Que el derecho y la obligación de exigir su cumplimiento, es privativo de los trabajadores y de sus representaciones sindicales. Que conforme a nuestra Constitución las propias organizaciones quieren autonomía para realizar todos aquellos actos jurídicos de cualquier índole, que tengan como finalidad la protección de sus agremiados.
Y por otra parte, también quiero precisar que como es sabido de todos, las organizaciones sindicales, el Congreso del Trabajo y otras que no forman parte del mismo, en estos días están preocupados precisamente por el problema de reparto de utilidades. En la prensa lo hemos leído. Entonces pues, yo consideraría que debemos dejar precisamente a las organizaciones sindicales de cualquier naturaleza que sean reconocidas como tales, que hagan valer sus derechos, sin que esto mengüe cualquier expresión de solidaridad que a título individual podamos hacerle.
Quiero pues, concluir diciéndoles que no ignoramos ninguno de nosotros que las organizaciones sindicales están muy preocupadas también por esta cuestión del reparto de utilidades y que consideramos que están haciendo lo conveniente y que están haciendo lo adecuado y que seguramente de no concretarse o de no llevarse a cabo un justo repartimiento, habría que enfrentar los patrones, los empresarios, precisamente el ejercicio de los derechos constitucionales y legales que a los trabajadores corresponden. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales.
El diputado Miguel Angel León Corrales:
Gracias, compañera diputada; señoras y señores legisladores:
En Estados Unidos es estos días se ha venido dando una discusión bastante amplia y muy profunda en torno al Tratado de Libre Comercio que se está planteando como parte de la agenda que está a discusión en ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, en el vecino país del norte.
Y en un análisis en torno a las diferentes posiciones que se manejan acerca del Tratado de Libre Comercio en Estado Unidos, puede uno observar con toda claridad que el Tratado de
Libre Comercio tiene problemas claros, precisos, a tal grado que yo me atrevo a afirmar aquí en esta tribuna, que si hoy pasara a discusión en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, con toda seguridad sería rechazado, por varias razones.
En primer lugar, porque un tratado de libre comercio sin acuerdos paralelos en lo ambiental y en lo laboral que le garanticen a los diputados y a las diferentes posiciones que se manejan en la Cámara de Diputados norteamericana, que se van a hacer cumplir las leyes laborales y las leyes ambientales en los tres países, sería muy difícil que este tratado fuese aprobado.
En ese sentido está claro que en gran medida el futuro del Tratado va a depender de los resultados que se tengan con los acuerdos paralelos.
Pero hay otro problema de fondo: existen organizaciones a favor del Tratado, es cierto, pero también organizaciones laborales y organizaciones ambientales en contra del Tratado de Libre Comercio, que están haciendo hasta lo imposible, a través del cabildeo, porque el Tratado sea rechazado en la Cámara de Diputados norteamericana.
Y una primera muestra de lo que yo estoy planteando aquí tiene sus bases, es el hecho claro, objetivo, de que la posibilidad de que el TLC entrase a discusión en Estados Unidos, en los meses de julio y agosto, es una posibilidad en estos momentos, cerrada.
El mismo embajador de nuestro país en Estados Unidos, afirmó frente a un grupo de diputados de diferentes fracciones parlamentarias, que las condiciones que prevalecen en Estados Unidos, nos indican que el TLC entrará a la Cámara hasta el mes de octubre, y varios miembros de organismos gubernamentales norteamericanos admitieron que existen enormes dificultades para que la promesa que Clinton hizo a Salinas, en el sentido de que el TLC entraría en vigor el primero de enero, sea muy difícil de llevarse a cabo. Pero en fin.
Yo hablaba de que en torno a la discusión del TLC están gravitando con fuerza en Estados Unidos, las discusiones acerca de los acuerdos paralelos, y aquí se ha hablado, en primer lugar, de la cuestión laboral.
Los primeros que reconocen que la Ley laboral mexicana es una Ley de avanzada, y que admiten que se trata de una Ley muy superior a la norteamericana y a la canadiense, incluso la AFLCIO afirma que si de tratados de libre comercio se trata, en todo caso ellos preferirían que México exportara a Estado Unidos precisamente su Ley Laboral.
Repito, ellos son los primeros que admiten lo avanzado de esta Ley laboral. Pero también son los primeros que critican que el problema de fondo es que esta Ley laboral mexicana no se aplique en nuestro país. Y me parece muy incorrecto venir aquí a hablar de lo avanzado de la Ley laboral mexicana, así en abstracto, sin tomar en cuenta si esta Ley tiene o no tiene aplicación en nuestro país.
Se manejó el ejemplo de la fuerza de trabajo infantil, de la fuerza laboral de niños. Una cosa es lo que dice nuestra Ley Federal del Trabajo en torno a este grave problema y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Ahí están las cifras de toda una serie de diferentes organizaciones no gubernamentales en lo que se refiere al trabajo infantil. Ellos hablan de 5 a 10 millones de menores de edad trabajando en este país y eso, aun con una Ley laboral de avanzada.
Nosotros seguimos sosteniendo la idea de que el TLC tiene que ser discutido en esta Cámara. Hemos expuesto nuestras razones varias veces. Hemos incluso presentado una propuesta de modificación para que no sea solamente el Senado el que discuta el Tratado de Libre Comercio.
Y seguimos sosteniendo la idea de que la discusión en torno a los acuerdos paralelos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, tendría que ser una discusión abierta, amplia, que tomara en cuenta las diferentes posiciones que existen en este país y que rebasara los marcos de esa idea que se quiere vender en Estados Unidos de América en el sentido de que en México todos los mexicanos estamos de acuerdo con el TLC.
Habemos voces discordantes. Tenemos propuestas y posiciones. Las hemos presentado en esta tribuna y las hemos presentado en diversas instancias del Gobierno Federal. Y hasta este momento esas diferentes posiciones y esas diferentes propuestas no han sido tomadas en cuenta.
Por eso estamos de acuerdo que se discuta aquí en esta tribuna, una y otra vez, el Tratado de Libre Comercio y seguimos sosteniendo nuestras posiciones. Se tendrán que discutir una y otra vez en este período ordinario de sesiones. Pero, repito, el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos de América enfrenta serios y graves problemas.
¡Jamás se imaginó Salinas de Gortari, cuando firmó el TLC, qué lejos estaba de que en el vecino país del norte el camino del TLC llegue a un feliz término! ¡La suerte del TLC todavía está echada! Y aquí habremos de discutir varias veces este asunto. Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Muchas gracias, compañera Presidenta.
Yo quisiera, de manera muy fraternal, tomarle la palabra al compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional que estuvo un turno antes es esta tribuna, cuando nos invita a reflexionar sobre el problema de las facultades constitucionales de esta Cámara de Diputados.
No cabe duda que ésta es la representación nacional por excelencia. No cabe duda que ésta es la representación por excelencia del pueblo de México. Así lo señala la Constitución y no cabe duda que la propia composición plural, las seis fuerzas políticas nacionales que conforman esta Cámara, ratifican esa calidad.
Por eso resulta verdaderamente preocupante que esta Cámara, con esas características reales, con esas características constitucionales, con esas características políticas, tenga limitantes para su participación en cuestiones tan importantes, como la ratificación de tratados internacionales y otros aspectos del ámbito internacional.
Ha sido una preocupación de distintas fuerzas políticas de avanzada. Hay una iniciativa para reformar la Constitución para que tengamos plenas facultades aquí en la Cámara de Diputados en materia de tratados internacionales, presentada por la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, precisamente por mí compañero, diputado Martín Tavira Urióstegui.
Hay otra que en esencia coincide con el planteamiento, elaborada por los compañeros del Partido de la Revolución Democrática.
Y lamentablemente, lamentablemente el dictamen que se ha producido en comisiones con relación a estas iniciativas ha sido un dictamen de rechazo, un dictamen que evidentemente no obedece a un examen imparcial, patriótico, cuidadoso, del problema. Ni a razones jurídicas, sino a razones de momento político y de presiones de carácter internacional. Estamos a tiempo de rectificar eso, todavía no llega al pleno de la Cámara, ojalá se rectifique esa situación y se apruebe que tengamos plenas facultades para debatir no sólo desde el punto de vista político un problema tan importante como este del Tratado de Libre Comercio, sino plenas facultades también para votar en torno a la aprobación o rechazo de ese documento.
Aquí se ha planteado por parte de compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, la posición del Gobierno con relación al Tratado. Se dice que este nos va a traer tecnología, nosotros afirmamos que es falso y hemos dado nuestros argumentos. Las plantas de capital extranjero que se instalen en México no vendrán a aportar tecnología a nuestro país, traerán su propia maquinaria, cumplirán su fin de reproducir el capital ampliado para sus propietarios y se irán con su propia tecnología. No vendrán, además, las de tecnología más avanzada, sino vendrán aquéllas que explotan la fuerza de trabajo de manera intensiva, porque esa es la ventaja comparativa de México, según reconocen nuestros técnicos, el bajo salario.
Aquí se ha dicho por parte de los compañeros diputados que manejan la tesis gubernamental, que el Tratado de Libre Comercio generará empleos. Nosotros hemos dicho que es falso, que no va a generar empleos, que va a reducir los empleos, que va a provocar un creciente desempleo y hemos dado nuestros argumentos. Vendrán plantas de los Estados Unidos a instalarse a México, es cierto y éstas ocuparán mano de obra mexicana, fuerza de trabajo mexicana, es cierto, pero en virtud de que son plantas con una tecnología relativamente más avanzada que la que está en uso actualmente en nuestro país, llevarán a la quiebra a muchas plantas de la misma rama de que se trate, por cada 10 plazas nuevas que cree una empresa que viene de allá, desaparecerán 100 ó 200 de las que quebraron aquí en esa misma rama, habrá mayor desempleo.
Se ha dicho que generará mejores salarios. Nosotros hemos dicho que es falso. No generará mejores salarios, no generará eso. Por el contrario, desde antes de que se ponga en práctica el Tratado, para ir creando las condiciones propicias, para ir acentuando nuestra ventaja comparativa, se ha venido deliberadamente, a través de los pactos, presionando para reducir el salario
real y nos encontramos con que hoy el salario mínimo está muy lejos de cumplir con el mandato constitucional. Se requeriría elevarlo en un 350% para que pudiera cumplir la norma constitucional. Quiere decir esto que hoy los trabajadores de hasta tres y media veces el salario mínimo, están en realidad por abajo del salario mínimo constitucional. El Tratado de Libre Comercio traerá reducción de los salarios.
Y nosotros además hemos señalado, lo ha dicho mi compañera diputada María Clara Mejía hace un rato aquí en esta tribuna, ya no es sólo una discusión teórica, tenemos los datos, tenemos las cifras, tenemos la experiencia real de Canadá con su Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, cuyos rasgos característicos son esencialmente los mismos del Tratado Trilateral que ahora discutimos. Ahí hemos presenciado, ahí está el espejo en que podemos vernos. Cero incremento de tecnología, cero incremento de salarios, reducción real de ellos, cero creación de nuevas plazas, reducción de las plazas de trabajo. Eso es lo que nos espera con el Tratado de Libre Comercio.
Pero bien, ¿por qué no discutir eso no solamente desde el punto de vista teórico o político, sino también desde el punto de vista de juridicidad plena en esta Cámara? Nosotros insistimos en que así debiera ser. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Agradezco compañera Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Cuando la representación del pueblo de México no tiene participación ni intervención en el Tratado de Libre Comercio hay que dejar una interrogativa mayúscula a este respecto. Yo confío en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos en donde han dicho estos representantes de ese pueblo que ellos no aprobarán ese Tratado de Libre Comercio hasta que no haya igualdad de condiciones en la materia laboral. Yo espero que esto suceda y que este Tratado de Libre Comercio, como dice El Excélsior de hoy, en su primera plana, "En las prioridades de Clinton México queda fuera de su alternativa". El Tratado de Libre Comercio quedará en un rincón de su agenda, qué bueno y qué bueno y ojalá y ya le paremos aquí del Tratado de Libre Comercio porque con ese Libre Comercio hemos modificado ya toda la Constitución de nuestro país, ya no sabemos como aterrizar ahora todo lo que hemos hecho en esta Cámara y esto es una situación que ya se debe de ver con más claridad.
Si no se nos van a dar la intervención a los mexicanos, a todos los que estamos aquí de intervenir en ello, que hagan lo que quieran, pero yo espero que esto no se lleve a efecto, porque esta gente primero ha pensado en su pueblo y después en todo lo demás y nosotros por el contrario, aquí ya no sabemos cómo ponerles en charola de oro a esta gente toda la materia de trabajo; ya tenemos experiencia de todas las maquiladoras que nos trajeron, estas industrias chatarras que ya las conocen todos ustedes y lo único que nos está dejando es lastre porque a nuestra raza la están degenerando y ahí tenemos todos los nacimientos de las costureras que son fetos que están vivientes y que no sabremos después qué hacer con ellos todos nosotros y aquí en la condición que nos queda como obreros de este país, es defendernos como gatos boca arriba esperando que no se llegue a cumplir lo que yo he dicho ya varias veces en esta tribuna y que es que seamos esclavos en nuestro propio país, no lo permitamos y a ver si ya dejamos el Tratado de Libre Comercio y podemos ver cosas raras, como lo que está ocurriendo en materia de reparto de utilidades.
Aquí hay magos en las finanzas, para el reparto de utilidades no hay empresa que tenga ganancia y qué malo cuando las autoridades de nuestro país, las autoridades hacendarias permiten esto, porque nos encontramos los obreros y los trabajadores de este país plenamente desprotegidos, porque ¿ante qué autoridad ponemos las ganancias que hay, si todas éstas se pierden por ahí con los magos de los números?, ¿qué hacemos para demostrar todo lo que hacemos con nuestro trabajo, con aumentar nuestra productividad, cómo lo podemos demostrar?, no hemos podido obtener nosotros ese beneficio que se hizo según para que tuviéramos nosotros un poder adquisitivo mayor y eso ha quedado románticamente escrito y que no tiene ninguna validez, de tal manera que yo sí quisiera que fuéramos reales y viéramos todas esas para que las quejas que se presenten aquí de los obreros y que hay que ver lo que ocurre cuando una comisión de trabajo en la Cámara no ha podido tener una sola sesión, pues ya nos imaginamos cómo anda todo lo demás. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Se concede el uso de la palabra al compañero Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Mi intervención es para complementar no tanto ya de manera general las preocupaciones que hemos expresado aquí los partidos de oposición sobre el Tratado de Libre Comercio, sino de manera muy específica sobre los acuerdos paralelos en materia laboral.
Igual que otros compañeros, el fin de semana pasado estuve en Estados Unidos, precisamente en San Francisco, California y tuve una serie de entrevistas importantes que son ilustrativas respecto al ambiente que rodea esta cuestión del Tratado de Libre Comercio.
Una de ellas, una de las entrevistas, fue con la congresista norteamericana Nancy Pelozzi, del Estado de California; otra más con el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de California, que está afiliado tanto a la AFLCIO como a la NEA, que son las dos centrales de trabajadores de la educación existentes en Estados Unidos.
Una más, con los dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos de aquella entidad norteamericana y finalmente, una reunión con trabajadores del Sindicato de Estibadores de San Francisco.
El eje de las preocupaciones en las distintas entrevistas básicamente se refiere a cómo se ha manejado en la opinión pública norteamericana y en el cabildeo que han hecho los representantes y voceros del Gobierno mexicano con congresistas de aquella nación respecto a los acuerdos laborales.
La noción que tienen ellos es que insiste demasiado el grupo de voceros mexicanos que hace cabildeo tanto formal como informal en esta llamada ventaja comparativa de la mano de obra barata de nuestro país, que ha hecho pensar a los sindicalistas de todas las tendencias de allá de Estados Unidos con distintas posiciones, pero preocupados por el destino de los trabajadores de allá.
Podríamos decir que hay un sector de sindicalistas que tienen una reacción proteccionista y que piensan que les serán robadas las plazas de trabajo a los sindicalistas de Estados Unidos, en la medida en que los que efectúan el cabildeo por parte del Gobierno mexicano insisten en que es un paraíso de mano de obra baratísima, casi regalada, la que ofrece México para los que inviertan en este país, que tendrán facilidades en materia de exención de impuestos y que tendrán todas las posibilidades de desarrollarse sin conflictiva sindical, según lo que advierten algunos representantes sindicales de aquella nación.
La otra reacción es de, como han dicho algunos diputados aquí de mi partido y de otros que me antecedieron en el uso de la palabra, que hay que cuidar lo mejor que tienen en legislación laboral, en materia de derechos laborales, entre sindicalistas e incrementar el contacto y la relación puesto que saben que las corporaciones transnacionales, dedíquense a lo que se dediquen, no tienen ningún sentimiento de identidad, de patriotismo o de defensa de intereses nacionales, sino son otros intereses y están por encima incluso a menudo, de los propios gobiernos que se les han subordinado en el aceleramiento de la firma de este Tratado.
La congresista Nancy Pelozzi expresó, en la larga entrevista que tuve con ella, la preocupación por el trabajo de los niños, que incluso ha sido manejado de manera amarillista si se quiere, porque también existe esta tendencia, pero efectivamente dijo que hay una insistencia de tipo político que parece preocupante y que conviene comentar aquí.
Dijo que en los últimos días ha sido insistente la versión de los que ejecutan el cabildeo por parte del Gobierno de México en Washington y en otras entidades norteamericanas, en el sentido de que o se firma con Carlos Salinas de Gortari, con el Gobierno que encabeza Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio, o después de 1994 no será segura la consecución de un Tratado de la naturaleza que han anticipado ya.
Esto puede suponer varias hipótesis: una, que hay la previsión de que puede haber el relevo de Gobierno en nuestro país, lo cual sería muy saludable desde mi punto de vista, que ya habría Gobierno de la oposición después de 1994 y han vendido un poco la idea de que no habría disposición de la oposición a tener vínculos comerciales regulados adecuadamente con Estados Unidos.
La otra hipótesis es que si gana el PRI, el partido oficial, el partido de Gobierno, quizá no sea tan segura tampoco, por las condiciones en que se dé el cambio de Gobierno en 1994, la consecución de estos acuerdos.
Insistió en sus preocupaciones la congresista norteamericana a este respecto, de si por un lado la oposición, en particular, el PRD, era la pregunta directa a mí, firmaría los acuerdos, porque se difunde también de manera exagerada la idea de que la oposición, en particular la del PRD, no está dispuesta a desarrollar vínculos comerciales. Claro que esto es ridículo, porque históricamente siempre ha habido un flujo comercial permanente y creciente con Estados Unidos por razones geográficas, por razones históricas, por razones económicas, con Estado Unidos.
Entonces es reveladora esta situación. Incluso dijo que se exagera la posibilidad de seguridad de la firma del Tratado, que está depositada exclusivamente en este Gobierno y en este Ejecutivo que encabeza Carlos Salinas de Gortari y por ello me parece debe reiterarse la petición de la oposición en el sentido de que sea también este órgano legislativo, la Cámara de Diputados, el que tenga facultades. En Estados Unidos, como todos sabemos, la Cámara de Diputados tiene facultades para discutir en materia de tratados comerciales que aquí se ha negado por el grupo mayoritario, no sabemos por qué.
También es contrastante la cuestión de cómo se difunde la información. Allá en general se está difundiendo información. Incluso lo que aquí todavía sigue siendo tabú, se difunde como una nota periodística las declaraciones de Panepa, respecto a que estaba muerto el Tratado de Libre Comercio en este momento, la semana anterior.
Bien, entonces la congresista decía que convendría, aunque no tenga facultades la Cámara de Diputados de México, que convendría y lo plantearía en un grupo de trabajo de su partido, el demócrata, que hubiera intercambios formales de opinión entre diputados de nuestro país con congresistas, con diputados de Estados Unidos, para que antes de que se concrete la culminación de los acuerdos en el ritmo que han planteado los gobiernos, pudiera haber una suficiente información entre estos dos órganos legislativos equivalentes.
Los sindicalistas tienen la idea que puede sintetizarse en que la fuerza de trabajo mexicana servirá como esquirola de la fuerza de trabajo de los norteamericanos. Les queda claro a ellos que hay que incrementar los intercambios también. Reitero entonces que el Partido de la Revolución Democrática está en contra del Tratado de Libre Comercio y está preocupado de que los acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental, puedan ser discutidos, aunque por ahora ha habido la negativa del partido mayoritario, también por esta Cámara. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
DENUNCIA
La Presidenta:
Para formular una denuncia sobre la instalación de un equipo láser en el Distrito Federal, se concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática y está inscrita también la diputada Victoria Reyes Reyes, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados: He solicitado el uso de esta tribuna, para demandar de esta soberanía que en uso de sus atribuciones constitucionales, se pueda actuar en este caso, mandatando al órgano técnico de la Cámara de Diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda, para que realice una auditoría sobre la adquisición y operación de un equipo de rayos láser, que adquirió el Departamento del Distrito Federal para ser instalado en la Plaza de la República, donde se encuentra ubicado el Monumento a la Revolución, a fin de ofrecer espectáculos públicos a la ciudadanía del Distrito Federal.
Demando que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, presente un informe a esta soberanía una vez que concluya esta auditoría. Demando que esas investigaciones que se realicen, que sea una investigación a fondo, una investigación imparcial, se presenten a este pleno y se pueda actuar como lo marca la Ley.
Esta solicitud está motivada porque, aunque existe un gran caudal de pruebas y voy a dejar en esta Secretaría el expediente que va a respaldar todas las afirmaciones que vengo a realizar a
esta tribuna, a pesar de que ha habido ese gran caudal de pruebas y que existe la presunción bastante sustentada de que se han cometido diversos delitos, faltas, irregularidades, administrativas a diversos ordenamientos como son la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, la Ley General de Obra Pública, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo, etcétera y en esto se puede tipificar negligencia, dispendio del gasto público, irresponsabilidad, amenazas, evasión fiscal, subfacturación, violación de derechos laborales y en estos delitos incurren diversos funcionarios del Departamento del Distrito Federal, entre otros el Oficial Mayor, el señor Roberto Salcedo Aquino, el Delegado Político de la Delegación Cuauhtémoc, el licenciado Guillermo Orozco Loreto y principalmente el ex subdelegado de Obras de la Delegación Cuauhtémoc, el arquitecto Ricardo Rodríguez Romero.
Además, existe encubrimiento para permitir la impunidad, de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de la Contraloría del Departamento del Distrito Federal, de la Contraloría Interna de la Delegación Cuauhtémoc, del secretario general de Gobierno, el licenciado Marcelo Hebrad y del propio regente de la ciudad Manuel Camacho Solís, ya que a pesar de conocer las graves irregularidades en que incurrió principalmente este ex subdelegado de Obras de la Delegación Cuauhtémoc, y conociendo que se encuentra en proceso de investigación, tanto en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, como en una investigación de diversas contralorías, es promovido a director adjunto del Fideicomiso Casa Propia, FICAPRO.
La solicitud se funda ante este pleno, porque todo indica que se hará hasta lo imposible para que en una operación de Estado se pueda encubrir y se pueda permitir la impunidad de un colaborador cercano del licenciado Manuel Camacho Solís y esto lo fundamento porque existe un boletín de Prensa del Departamento del Distrito Federal, que ruego a la Presidencia solicite a esta Secretaría dé lectura.
El Presidente:
Con mucho gusto señor diputado.
Señor Secretario, si es tan amable, por favor.
El secretario Felipe Medina Santos:
"Ciudad de México, difusión y relaciones públicas del Departamento del Distrito Federal. Información del Departamento del Distrito Federal, No. 417, 14 de abril de 1993.
Volverá a operar el rayo láser del Monumento a la Revolución. Tras concluir las investigaciones realizadas por las contralorías internas de la Delegación Cuauhtémoc y del Departamento del Distrito Federal, con el dictamen de que no existe ninguna irregularidad en la compra e instalación del rayo láser del Monumento a la Revolución, éste volverá a operar a partir del próximo viernes.
Así lo informaron las autoridades de la jurisdicción, quienes agregaron que la operación del sofisticado equipo estará a cargo de la empresa Mundo Audiovisual, que cuenta con certificado internacional para manejar el láser.
De esta forma volverá a utilizarse el equipo que tuvo un costo de 510 mil nuevos pesos y que por falsas imputaciones del ex operador Luis Moya, tuvo que suspenderse hasta concluirse las investigaciones de las mencionadas contralorías.
A partir de este viernes 16 el láser funcionará cada ocho días, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones. El sistema genera 150 imágenes distintas y proyecta varias simultáneamente, emitiendo luz verde y azul hasta 200 watts de intensidad.
Previamente a la reinaguración, se realizarán pruebas para mejorar la variedad de su espectáculo y optimizar sus condiciones para eventos públicos.
Finalmente la delegación Cuauhtémoc, indicó que la inconformidad de Luis Moya radicó en que el Departamento del Distrito Federal se negó a contratarlo por no contar con su Registro Federal de Contribuyentes RFC y querer percibir un salario sin el correspondiente pago de impuestos". Servido señor Presidente.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Gracias señor Presidente, gracias señor Secretario.
En este boletín se hacen graves acusaciones y todas ellas falsas, como se va a demostrar en este expediente cuando realice la investigación la Contaduría Mayor de Hacienda.
El técnico José Luis Moya Moya, ha tenido que acudir a diversas dependencias, a todas las dependencias que hemos citado, demandando
actuar contra la irresponsabilidad, la corrupción, la impunidad; en cambio ha recibido amenazas en contra de su integridad física personal, el despido injustificado y la calumnia.
Esta honorable soberanía debe estimular el espíritu cívico de ciudadanos como él, que se atreven a defender nuestro orden jurídico, que defienden el patrimonio de la administración pública y lanzan un decidido combate en contra de la corrupción.
Los hechos en forma suscitan son los siguientes: El 19 de diciembre de 1991, el delegado Guillermo Orozco Loreto, solicita al oficial mayor, la autorización para la compra del equipo computarizado de rayos láser que debería operar a partir del 5 de febrero de 1992, esto lo hace por instrucciones del regente Manuel Camacho Solís.
Desde los primeros días de diciembre, el subdelegado de Obras de la Delegación Cuauhtémoc, Ricardo Rodríguez, solicita información técnica y presupuestal de equipos láser, esto lo hace al técnico José Luis Moya.
Se traslada a la ciudad de Los Angeles a finales de diciembre y el propio subdelegado de obras realiza el contrato y compra el equipo a la empresa Láser - Media.
En estos hechos se presentan al menos tres irregularidades. Sólo existe un visto bueno de la Oficialía Mayor, de que está en trámite la solicitud, no está todavía aprobado el presupuesto para el mencionado equipo.
Los recursos para realizar la compra proceden de otras partidas del presupuesto asignado por esta soberanía al Departamento, en particular a la delegación Cuauhtémoc. Y esto se puede demostrar también y constan aquí pruebas documentales en este expediente, porque es hasta el 3 de marzo de 1992, cuando en el pedido 106 a la Oficialía Mayor, con folio 00432 se hace la solicitud de recursos para la empresa Servi Tech y los montos que se mencionan son montos mayores y diferentes a los reales, a los que costó el equipo. Aquí también se va a demostrar esta situación.
Se interna el equipo a México con diversas facturas, entre otras, una factura por 153 mil 339 dólares y otra por 97 mil 930 dólares.
Yo me pregunto: ¿La Ley permite manejar los recursos públicos con absoluta discrecionalidad? ¿No deben ser las dependencias de la Administración Pública las primeras en respetar nuestras leyes fiscales? ¿Funcionan realmente los órganos de contraloría interna de las dependencias de la administración pública?
Aún más, cuando llega el equipo, el 21 de enero de 1992 y la empresa vendedora real del equipo supervisa las instalaciones, una caseta que también voy a dejar en esta secretaría la fotografía de la caseta que alberga las instalaciones de este equipo láser, una caseta de ocho metros de largo y de aproximadamente unos tres metros, cuatro máximo, de ancho.
Cuando el equipo llega aquí, a México, la empresa vendedora realiza una inspección de esta caseta, ya construida, realiza algunas recomendaciones sobre su construcción, porque existen problemas técnicos en esa caseta.
Ya está terminada, sin embargo posteriormente aparece un concurso, una convocatoria para que las empresas puedan construir esta caseta; aparece la convocatoria el 3 de febrero y el 6 de febrero resulta una empresa ganadora de una caseta que ya estaba varios días atrás, totalmente terminada y con muchas deficiencias.
Yo me pregunto también: ¿Son simulaciones las convocatorias de obra pública?, ¿son las convocatorias un instrumento para defraudar al erario público de manera legal?
En este voluminoso expediente, también se encuentran distintos dictámenes sobre la construcción, sobre el valor de ésta, que hay un fraude aquí también al erario público y aquí hay pruebas.
En total, el costo de todo este equipo es de más de 1 mil millones de pesos, de viejos pesos y voy a referirme en la mayoría de los casos a viejos pesos para no crear confusión con el cambio de la moneda, porque los presupuestos vienen desde antes de que aprobáramos la modificación.
Son precisamente esos vicios en la construcción de esta caseta, los que nos han permitido, ante las quejas de un técnico responsable, conocer este cúmulo de irregularidades.
Las goteras pusieron en peligro el equipo, pusieron en peligro la seguridad personal del técnico, ya que este equipo trabaja a 480 voltios, 50 ampares y produce un haz de láser de 30 watts, y la ciudad tampoco ha podido disfrutar de esa moderna ambientación.
Además , por la irresponsabilidad de las autoridades se ha puesto en riesgo la navegación de pequeñas aeronaves, helicópteros, sobre todo en el centro de la ciudad, porque el técnico capacitado que costó al Gobierno de la ciudad, que nos costó a nosotros los ciudadanos más de 100 millones de pesos, fue despedido y se contrató a otra empresa, que a pesar de que el boletín del Departamento diga que tiene licencia internacional, motivó una queja del aeropuerto internacional, su funcionamiento, por tratar de tapar las irresponsabilidades.
El regente ha señalado en referencia a otro grave problema de corrupción en la ciudad de México, la corrupción de la policía capitalina. "O acaba la corrupción, o me voy".
El técnico, José Luis Moya informo de las irregularidades a la subdelegación de obras, al delegado político de la delegación Cuauhtémoc, al oficial mayor del Departamento del Distrito Federal. Esto en diversas ocasiones desde finales de abril hasta junio, su respuesta fue el despido.
El técnico presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en diciembre de 1992, cansado de las promesas de los diversos funcionarios de actuar y no hacer absolutamente nada.
Hasta febrero de este año, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. declara su incompetencia y remite el expediente a la Contraloría del Departamento del Distrito Federal y esto sucede porque en un diario de circulación nacional, en el Excélsior, aparece la denuncia de las irregularidades sobre la adquisición y funcionamiento de este equipo de rayo láser. Ese mismo día funcionarios del subdelegado, amenazan al técnico, como consta en el acta que se levantó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y también consta aquí esta denuncia en este expediente. Es decir, se despide, se amenaza, se impide la investigación. Más de 100 millones de pesos se gastan en la capacitación de un técnico que después se despide y se contrata a otra empresa, a la empresa Mundo Audiovisual, como lo constata también el boletín del Departamento para operar el equipo con gastos millonarios. Sólo el evento que recientemente se realizó sobre Pedro Infante, costó a esta ciudadanía más de 200 millones de pesos, cuando había un técnico capacitado con nuestros recursos que se le despidió injustamente por denunciar estas irregularidades.
¡Hasta cuándo la impunidad? Pues el boletín de Prensa del Departamento no deja lugar a dudas que las contralorías del Departamento del Distrito Federal, de la Cuauhtémoc, han dado su dictamen. Y el nombramiento que ha hecho el licenciado Manuel Camacho Solís del principal presunto responsable de estas irregularidades, el ex subdelegado de obras de la delegación Cuauhtémoc, es nombrado director adjunto del Fideicomiso "Casa Propia"
No deja lugar a duda que se premia la irresponsabilidad y la corrupción. ¿Qué no estaremos ante otra situación similar a la que se está presentando sobre el caso de Caso Lombardo y Moussavi?
En la Asamblea de Representantes, un órgano que constituyó esa soberanía, se presentaron también esas denuncias y sin embargo, no se ha actuado. No ha habido reparación de estos daños. Se ha presentado denuncia también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El técnico, preocupado también de otras amenazas que ha recibido telefónicamente, que ratifican las amenazas que ha sufrido desde febrero, envió una carta al licenciado Salinas y el 20 de abril le contestan que tienen conocimiento de, tanto de las pruebas documentales como la solicitud de su audiencia. Sin embargo no hay nada todavía; no hay respuesta ante esta grave cadena de irregularidades y de impunidades, que se presentan.
Para terminar, solicito a esta soberanía que se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que se investigue y se presente el informe a esta soberanía, sobre las denuncias y presuntas irregularidades, sobre la adquisición de equipo de rayo láser por el Departamento del Distrito Federal, que se han hecho en esta tribuna.
Firma el diputado Guillermo Flores Velasco a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención muchas gracias.
Dejo el expediente en esta Secretaría. Gracias.
La Presidenta:
Gracias señor diputado.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Victoria Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema.
La diputada Victoria Reyes Reyes:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Indiscutiblemente compañero, que estamos de acuerdo en que se dé turno al planteamiento que usted hace. Sin embargo, quiero decirle que nos preocupa que se use un tono en esta tribuna, de señalamiento claro, cuando todavía no hay una respuesta clara por las dependencias encargadas de llevar a cabo esta investigación.
Efectivamente, se han hecho denuncias en las diferentes instancias. El señor que hace la denuncia, no se ha detenido para tocar todas las puertas; ésta es una de ellas; misma que le dará trámite y que estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, menciona aquí que hay una serie de documentos y gruesos expedientes, etcétera, que efectivamente constan, algunos de ellos, no todos, es demasiado el legajo que se presenta; algunos de ellos tanto en la Contraloría del Distrito Federal, como en la contraloría federal.
Ella misma es la que ha recibido el primer documento - denuncia que lleva el señor, que por cierto está aquí presente, seguramente todos ustedes conocerán esa denuncia, porque se ha encargado de llevarlas personalmente con cada uno de los señores diputados, entregándoles una fotografía, a cada uno de ustedes, como nos lo hizo a nosotros. Para mí no es desconocido porque además el Monumento a la Revolución está enclavado en el distrito que yo represento; conozco este rayo láser desde que se inauguró está funcionando actualmente o va a funcionar en un futuro, para ello fue comprado. Sin embargo , lo que es preocupante, es que se diga que la responsabilidad es de fulano, zutano y haber mencionado aquí a todos los funcionarios, cuando todavía la Contraloría del Distrito Federal no ha dado su último resultado.
Existe la denuncia.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
(Desde su curul) Señora Presidenta: Pregunte a la oradora si me permite una interpelación.
La Presidenta:
Señora diputada: El diputado desea hacerle una interpelación ¿acepta usted?
La diputada Victoria Reyes Reyes:
Al final, señora Presidenta.
Decía yo que se ha hecho la denuncia en la Procuraduría Federal de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, compañeros, al revisar este documento, en honor a la verdad, este es un problema laboral.
El compañero que hace la denuncia presenta documentos que tal vez algunos de ellos tengan cierta veracidad, sin embargo no probatorios todavía, pero lo que sí es claro es que el señor fue en un tiempo gente muy allegada a esos funcionarios, tan es así que le dieron su confianza para ir al exterior a capacitarse, que fue un costo del presupuesto de nosotros, el que autorizamos aquí, para que fuese a Estados Unidos y se capacitara y regresa, por discrepancias x y ó z, yo no sé, porque eso ya es muy interno y él lo sabrá mejor que yo y que todos ustedes. No hay una buena afinidad para llevar a cabo esa contratación. A la mejor no le llegaron al precio que ya él capacitado, pensaba pedir. No lo sé. Pero lo que aquí sí se resume es que hay un gran conflicto laboral ahí, que también era demandable y que seguramente se va a dar un resultado.
He pedido el uso de la palabra para decir dos cuestiones: aseveraciones directas creo que no son recomendables. Hablar de presunciones, las aceptamos. Pero aceptaremos y pediremos que se finquen responsabilidades a los funcionarios, si las hay, después de que se concluyan las investigaciones. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputada.
Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
ESTADO DE PUEBLA
El Presidente:
Tiene la palabra, para presentar una denuncia de los sucesos acontecidos en el Estado de Puebla, la diputada Ana Teresa Aranda Orozco.
La diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En Tlacotepec, como en otros municipios del Estado de Puebla, la población se ha mantenido en resistencia civil desde el 8 de noviembre, fecha
tristemente memorable en que fue violentada por enésima vez la voluntad popular. Esta lucha por el sufragio efectivo ha desembocado en lamentable episodio en donde la policía estatal, haciendo gala de prepotencia, atacó a los manifestantes con bombas de gas, detuvo injustificadamente a seis compañeros panistas, a quienes torturó con saña inaudita, resultando muerto Rutilio Castro; gravemente herido y en estos momentos agonizante Ignacio Corral y lesionados de consideración: Doroteo Flores, Bernardino Limón, Pascual Eliseo Melo y Juan Cruz Montalvo.
Quiero sentar que en el momento de ser detenidos, nuestros compañeros gozaban de perfecto estado de salud.
El Partido Acción Nacional considera que la violación a las garantías individuales es a todas luces injustificable, por lo que nos permitimos hacer la siguiente propuesta a esta honorable Asamblea:
Ana Teresa Aranda Orozco y Humberto Aguilar Coronado, diputados federales, comparecemos y solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos examine los hechos denunciados acaecidos en Tlacotepec de Díaz, municipio del Estado de Puebla y decida la integración de una subcomisión que recabe información necesaria en torno a este asunto y formule un informe al pleno de la Comisión.
Salón de Sesiones, a 13 de mayo de 1993 y firman los diputados Humberto Aguilar y una servidora.
Quiero, para concluir, dejar muy claro que mientras la investigación no llegue a fondo y no se castigue a los culpables, señalaremos como responsable directo de la agresión, al gobernador del Estado, Manuel Bartlett Díaz.
¿Juicio Político? ¿Sensibilidad Política? ¿Oficio Político? No han sido precisamente las cualidades que se han caracterizado a don Manuel en su desempeño público. Ni hablar. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Muchas gracias.
La Presidenta:
Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Víctor Emmanuel Díaz Palacios:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
De antemano estoy de acuerdo con la propuesta de la diputada Ana Teresa, en que se investiguen los hechos a fondo. Pero es necesario hacer unos comentarios al respecto.
Ella dice que el 8 de noviembre se violentaron los procesos electorales. Quiero decirles lo siguiente:
En la elección constitucional del 8 de noviembre de 1992, la planilla del PRI, encabezada por el médico veterinario zootecnista Guillermo Castro Flores, obtuvo mayoría con 2 mil 257 votos a favor, contra 1 mil 118 que obtuvo la planilla del Partido Acción Nacional, encabezada por el señor Miguel Angel Rodríguez Melchor.
Con fecha 12 de febrero del año en curso, los inconformes tomaron la presidencia municipal de ese lugar.
El 15 de febrero del presente año tomó posesión como presidente municipal electo el médico veterinario Guillermo Castro Flores. A partir de esa fecha, los inconformes encabezados por el que fue su candidato, el ciudadano Miguel Angel Rodríguez Melchor, haciéndose llamar como presidente moral de Tlacotepec, inició una serie de actos violentos no sólo en contra de la ciudadanía, sino también de miembros del Partido Revolucionario Institucional y miembros del ayuntamiento municipal, usurpando funciones, tales como tener policías, arrestar a ciudadanos y generando inestabilidad social.
Con fecha 16 de abril del año en curso, fue recibida por el subsecretario de Gobernación, licenciado Mario Marín Torres, una comisión de los simpatizantes del Partido Acción Nacional, encabezada por el señor Francisco Frayle, presidente estatal de ese partido, solicitando la destitución del presidente municipal Guillermo Castro Flores, argumentando no tener arraigo entre la población, sin manifestar en ningún momento inconformidad con el resultado de las elecciones.
Se les exhortó a restablecer el orden y la legalidad. Proponiéndoles que para evitar un enfrentamiento entregaran en forma pacífica el palacio municipal que habían tomado y dejar trabajar al ayuntamiento electo.
El 4 de mayo del año en curso, el presidente municipal solicita mediante oficio el apoyo de la Dirección General de Gobierno Estatal, a fin de terminar con los actos de vandalismo
propiciados por los seguidores del grupo contrario, encabezados, siempre encabezados por Miguel Angel Rodríguez Melchor.
En atención a esta solicitud, el día 8 de mayo del año en curso elementos de la fuerza pública de seguridad se trasladaron a ese lugar a fin de restablecer el orden y darle posesión de las instalaciones de la presidencia municipal al ayuntamiento electo, acto que se desarrolló a las 16.30 horas de ese día sin ningún incidente.
Al filo de las 20.30 horas, esto es, después de cuatro horas, un grupo de militantes del Partido Acción Nacional solicitaron dialogar con los visitantes de la Dirección General de Gobierno que se encontraban en ese lugar, donde se dialogó sin lograr acuerdo alguno, en virtud de que los panistas estaban en actitud agresiva, además de bajo influencia del alcohol.
Al filo de las 22.00 horas militantes del PAN empezaron a agredir a los elementos de la policía estatal con piedras y palos, dañando vehículos del transporte de la propia policía estatal y de los visitantes de Gobernación. Esta situación se repitió en varias ocasiones durante la noche.
Cerca de las 4:00 de la mañana del día 9 de mayo, el comandante de la policía estatal, Carlos Cárdenas Rodríguez, fue agredido con proyectiles de arma de fuego, escopeta y calibre 45, resultando lesionado en una pierna por la bala y con varias postas en diversas partes del cuerpo.
Continuaron las agresiones por parte de los militantes del Partido Acción Nacional hacia la policía. A consecuencia de ese enfrentamiento resultaron lesionados los ciudadanos Rutilio Castro García e Ignacio Corral, fallecido posteriormente el primero e internado en el hospital del ISSSTEP el segundo.
Asimismo, se encuentran a disposición del Juez V de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, los ciudadanos Juan Cruz Montalvo Leding, Bernardino Limón Flores, Pascual Melo Centeno y Doroteo Flores Ríos.
Señoras y señores legisladores: el Gobierno de Manuel Bartlett Díaz se ha significado por la concertación y el diálogo para resolver las diferencias surgidas de conflictos sociopolíticos. Por ello, los diputados priístas afirmamos que en Puebla el Gobierno es de puertas abiertas y que rechazamos categóricamente toda insinuación a lo contrario. Además de que los problemas de Puebla se resuelven en Puebla.
En síntesis, señores diputados, dejamos que las autoridades del Estado resuelvan conforme a derecho los lamentables sucesos de Tlacotepec de Porfirio Díaz.
Ruego a la Presidencia me permita dejar en la Secretaría acta de cómputo municipal de la elección para regidores y síndico municipal, donde aparece la firma del representante de Acción Nacional, así como la copia de la averiguación previa de este lamentable hecho.
También dejamos las fotografías donde se muestran los ataques de estas personas hacia los vehículos, tanto de la Dirección de Gobernación, como de seguridad pública.
Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Tome nota la Secretaría.
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, a la diputada Ana Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
La diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
Con su venia señora Presidenta:
Al escuchar al compañero Díaz creía yo que estábamos hablando de dos diferentes municipios, ciertamente hay dos Tlacotepec en Puebla, me estoy refiriendo al de la sierra Negra, al del distrito de Tehuacán y quiero aclarar alguna de las cosas que él mencionó aquí en tribuna. Considero que la diferencia de votos no es sustancial ni sustantiva cuando se deriva del fraude a la Ley y de violación elemental a la justicia y a la equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral.
Rechazo asimismo que la violencia la hayan iniciado los panistas y sea cual fuere el origen de la violencia, realmente es monstruoso que en plena modernidad, la política estatal de Puebla, detenga ciudadanos que gozan de salud y los entregue masacrados, eso es monstruoso verdaderamente. Quiero acotar también aquí que los compañeros que fueron agredidos, que fueron torturados, no fueron torturados en ese supuesto enfrentamiento del que habla el compañero diputado Díaz, fueron detenidos por la
policía, fueron llevados a otro lugar, estuvieron encerrados en una bodega, fueron amarrados de pies y manos, al rayo del sol estuvieron durante más de un día, día y medio porque se consignaron a las autoridades, apenas mañana se va a cumplir el término constitucional de las 72 horas.
Compañeros diputados. ¿hay algo que justifique que la fuerza pública aprehenda ciudadanos que gozan de cabal salud para el mero efecto de torturarlos en mazmorras clandestinas y asesinarlos miserablemente? ¿Hay alguien aquí que en su sano juicio pueda considerar como justificable, aún suponiendo actos de provocación de los inconformes, lo cual rechazo tajantemente, que la policía decida asesinar para que después un representante del pueblo alegue que el deceso fue a causa de un enfrentamiento?
Considero que para poder avanzar en la búsqueda de la justicia, si vamos a hacer a un lado cualquier juicio político, no podemos permitir que la brutalidad que hoy se ve en Puebla, quede limitada a los linderos de la entidad y que se pretende impedir que sea representación nacional conozca y actúe.
Quiero pedir a esta Asamblea, que reconsidere la propuesta que he presentado en la Secretaría. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias señora diputada. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Para referirse a otros sucesos en el mismo Estado, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo, del PRD.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Gracias señora Presidenta:
De manera breve también por la hora, el cansancio y tocar estos temas dificulta el asunto, diré que nos sumamos a la protesta del Partido Acción Nacional y a la exigencia de investigación del asunto del asesinato de un miembro de Acción Nacional en el municipio de Tlacotepec en Puebla. De igual manera reitero que hay una serie de conflictos poselectorales en el Estado de Puebla a partir del 8 de noviembre de 1992 y también del 28 de marzo de 1993, en que se han hecho elecciones en aquella entidad y que esta situación hace evidente que hay un clima de intolerancia por parte del Gobierno que con los hechos contradice las afirmaciones del diputado del PRI, Díaz que ha pasado a defender nuevamente lo que es indefendible.
Hay el peligro de que se amplíe la problemática a los municipios circunvecinos, de donde se han presentado hechos graves en los últimos días, explícitamente eso, específicamente son el caso de Izúcar de Matamoros y de Tlacotepec.
Ya habíamos señalado nosotros en esta tribuna que hay problemas poselectorales serios en el municipio de Coxcatlán y en otra medida también en Zapotitlán de Méndez, en San Salvador el Seco, en Huaquechula, en Tultzingo del Valle, en Xietla, San Nicolás de los Ranchos, Tlacuyotepec, Tlacotepec de Benito Juárez y Tecamachalco y que esto revela que hay una insensibilidad de parte del gobernador actual del Estado de Puebla, que se suma a las actitudes autoritarias del anterior Gobierno en el mismo Estado y que están creando un ambiente extraordinariamente grave y negativo.
Se requiere aplicar la brutalidad como mecanismo de escarmiento para los militantes de la oposición, se quiere aplicar el cinismo como un mecanismo de eludir responsabilidades y lo más grave aún, con el apoyo de diputados del Partido Revolucionario Institucional en esta instancia, que también se muestran insensibles a los requerimientos de la oposición frente a hechos graves e inocultables.
Quiero recordarles, que los del PRD, tenemos toda la documentación para afirmar que han sido asesinados 33 ciudadanos perredistas, destacados por su actividad política dentro de nuestro partido en aquella entidad.
De ellos, a partir de la coyuntura estatal electoral de julio de 1992, a la fecha, han sido asesinados nueve, y ahora se le suma el asesinato de otro militante, ahora del PAN en Tlacotepec.
Como dijimos aquí, se desató una cacería de brujas, un diputado del PRI, quiso sumarse a la campaña de nota roja en la sesión anterior contra el PRD y ahora las mismas autoridades los desmienten ante lo inocultable, en el sentido de que fue impericia de los pilotos y hubo cateo ilegal en las casas de muchos ciudadanos en Izúcar de Matamoros, lo cual revela que teníamos razón cuando afirmábamos que era válida la información que nos habían proporcionado miembros del PRD y del Frente Cívico Matamorense en la sesión anterior de esta Legislatura.
Siguen detenidos algunos ciudadanos de Izúcar de Matamoros y exigimos que sean liberados inmediatamente porque no hay ninguna responsabilidad que pueda imputárseles a ellos, en los hechos graves de Izúcar de Matamoros.
Además, todos los que fueron detenidos, fueron severamente golpeados y se encuentran con lesiones graves, sin atención médica desde el día de los acontecimientos que hemos comentado aquí.
Entre ellos se encuentran el señor Ricardo Flores González de 30 años de edad, con probable fractura; se encuentra Guadalupe Lucas Báez de 50 años de edad, con traumatismo craneano; se encuentra Elidoro Martínez García de 60 años de edad, que imposible que haya podido tirar ningún helicóptero, con ninguna pedrada porque tiene fractura en las costillas, producida por los macanazos de los representantes del diálogo de Bartlett que fueron llevados para concertar alguna cuestión política con la ciudadanía con las macanas y con el comando canino que es otra de las características de la concertación y el diálogo que Manuel Bartlett ha llevado a los municipios para ir a promover programas de desarrollo social.
Yo creo que sacaron de alguna película de rambo, el diputado del PRI que habló la vez pasada y los representantes de PRI, la idea de que con alguna pedrada se puede tirar un helicóptero, pero eso sólo sucede en las películas, en la realidad los ciudadanos se enojaron porque no los recibían y se enojaron aún más porque fueron agredidos violentamente con gases lacrimógenos y el comando canino.
Por cierto, sé que los canes que usa para eso son muy caros, servirían más los gastos que se hacen para el comando canino, para poner alguna escuela en alguno de los municipios en conflicto.
El presidente impuesto en Izúcar de Matamoros, Rafael Cruz Dehesa, hizo declaraciones a la prensa en el sentido de que aceptaría un plebiscito para ver si lo apoyaba la población, de inmediato los representantes del Frente Cívico Matamorense, dentro del cual hay militantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, dijeron que sí, que estaría bien que se hiciera el plebiscito, pero recibió instrucciones en las oficinas de Gobierno del Estado de Puebla, para que se retractara de lo declarado. Nosotros insistimos que esa podría ser una vía de solución al conflicto que se presenta en Izúcar de Matamoros.
Finalmente, antier a las 18.00 horas, el Frente Cívico Matamorense realizó una manifestación de protesta exigiendo la libertad de los detenidos y la solución y respeto a la voluntad popular, donde participaron aproximadamente 800 personas.
Tengo en mi poder y la dejaré para que sea asentada en el Diario de los Debates, una acta testimonial, un acta documental para hablar de los casos, de los asesinatos de perredistas en el Estado de Puebla y quiero pedir a la presidencia lo siguiente:
Con fundamento en el inciso b del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, turne mi denuncia a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la misma, para que en el marco de su competencia, se avoquen al conocimiento del caso, en los términos de la propuesta que en su oportunidad les presentaremos los del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Olivares Pedro, del Partido Revolucionario Institucional, para el mismo tema.
El diputado Jaime Oliveros Pedro:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En ésta, las más alta tribuna de la nación, hoy una vez más ventilamos los hechos sucedidos en Izúcar de Matamoros, Puebla, hechos que por su magnitud son reprobables e injustificables. Por eso se hace necesaria la investigación del origen y motivación de tan lamentable actitud.
De ahí que la preocupación fundamental es que no se tomen juicios a priori en cualquier sentido, que para beneficio de todos es importante que exista un conocimiento de la ciudadanía del Estado y nacional, del avance de estas investigaciones, pidiendo que en ello impere la verdad.
Conviene, por la salud y tranquilidad de la población, que las investigaciones continúen, agilizándose las instancias legales que procedan, así como respetando los derechos de quienes se
encuentran en este proceso. No hay una definición en relación a culpables o a sentencia que haya dictado la autoridad, todo está en proceso de investigación, dentro de un marco de legalidad y atenciones de la autoridad correspondiente.
Por eso afirmo, sin temor a equivocarme, que el Gobierno de Manuel Bartlett Díaz lo caracteriza la concertación, las reglas claras, el diálogo y la apertura y no la cerrazón y negligencia, como aquí se ha dicho.
En Izúcar de Matamoros ganó legítimamente las elecciones el Partido Revolucionario Institucional. Así quedó demostrado en todas las instancias electorales del triunfo que no ganaron en las urnas, lo pretenden convocando a actitudes que a nadie benefician y que todos rechazamos, impidiendo así el avance y desarrollo que tanta falta le hace al municipio.
El pretendido empeño de demostrar cerrazón en Puebla, por instancia del PRD, está fuera de contexto, ya que fueron recibidos tres veces por el señor Gobernador del Estado y siete por el señor Secretario de Gobernación.
El trabajo político responsable para convencer al electorado, fue realizado por mi partido, el Revolucionario Institucional y por eso tuvimos la confianza de la mayoría.
Compañeros legisladores, dejemos a las instancias legales de Puebla la determinación para esclarecer los hechos. Manifestamos que estamos de acuerdo en que este asunto sea turnado a la Comisión de Derechos Humanos, para que realice las investigaciones pertinentes. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el compañero diputado Jesús Martín del Campo, por cinco minutos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Qué bueno que el Partido Revolucionario está de acuerdo en que se investigue, que se esclarezcan los hechos y entonces la crítica se revira al compañero del PRI, porque también está acusando apresuradamente al PRD de cosas que no han sido probadas por ninguna autoridad, que son suposiciones del compañero diputado, que tendrán que probarse respecto a responsabilidades del PRD, que nosotros rechazamos categóricamente, como señalé desde la ocasión anterior.
Pero además quiero ilustrar con un dato y no detenerlos más en esta sesión. En el municipio de Izúcar de Matamoros, tuvo el doctor Miguel Cázares García, candidato del Frente Cívico Matamorense de la coalición PRD - PPS, 6 mil 133 votos y el del PRI obtuvo 5 mil 422 votos. Si todavía no me falla la aritmética, es mayor la cantidad de 6 mil 133 votos de ciudadanos de Izúcar de Matamoros, que 5 mil 422 votos. Hasta ahora no se ha cambiado esa noción de más qué y menos qué, de cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Lo que hay es una interpretación, como ya dije en la ocasión anterior, del Código Electoral Estatal y el candidato a la Presidencia Municipal que obtuvo mayoría de votos en Izúcar de Matamoros fue el doctor Miguel Cázares García, con 6 mil 133 votos; obtuvo el del PRI 5 mil 422 votos. Creo que esto es inobjetable. Muchas gracias
La Presidenta:
Gracias diputado.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
UNIÓN CAMPESINA INDEPENDIENTE
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al encarcelamiento de dirigentes de la Unión Campesina Democrática, en Guanajuato.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros:
Que en el país la administración de la justicia se hace de manera discriminatoria, es cierto. A menudo compañeros de la fracción parlamentaria de mi partido, hacemos denuncias de hechos violatorios de las garantías individuales y los derechos humanos, cometidos estos por diferentes autoridades.
El pasado 3 de mayo fueron detenidos en el Estado de Guanajuato, con lujo de violencia, los
compañeros Aarón Cabañas Marcial y Antonio Tirado, fueron detenidos por agentes de la policía judicial federal destacamentados en el Estado de Guanajuato.
Inusualmente para el común, pero inusualmente cuando se trata en el caso de que los acusados sean de mi partido, inmediatamente se instauró el proceso dictándoseles el auto de formal prisión por el delito de motín, motín, sí, oyeron bien, por el delito de motín, en la modalidad de autoría intelectual, quedando los detenidos a disposición del juez, en el juzgado II de distrito, bajo la causa penal número 99/93 y 100/93.
Evidentemente que estamos ante un proceso que tiene un carácter marcadamente político, la intención de este proceso judicial, es detener al movimiento social, que es trascendental en el Estado de Guanajuato.
La Unión Campesina Democrática, ha estado insistiendo en la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, que varios miles de mexicanos, campesinos mexicanos, introdujeron al país para crear fuentes de trabajo para utilizarlas en sus actividades cotidianas. Han realizado diversas movilizaciones para protestar ante la Secretaría de Hacienda, por la irresponsabilidad en que algunos funcionarios de esa dependencia han caído en el tratamiento de esta problemática.
Evidentemente algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda han adoptado actitudes por demás irresponsables y la respuesta que ha habido es una denuncia judicial en contra de los dirigentes de la Unión Campesina Democrática, y con eso intentan frenar las protestas que son legítimas y legales.
Todo esto se evidencia porque han caído en la aberración de tipificar esta conducta, que es una conducta consecuente, como un delito, como el delito de motín. Esto evidentemente que está en contra del derecho constitucional de libre asociación y manifestación, que se supone todos los mexicanos tenemos derecho a él.
Estando detenidos los compañeros, el Gobierno del Estado, a través de su Procurador General de Justicia, reactivó además dos averiguaciones que en 1991 se habían instaurado en contra de los mismos compañeros, a raíz de las diversas manifestaciones y protestas que miles de campesinos en todo el país realizaron en contra de las reformas al artículo 27 constitucional.
Así, se sujetó a Antonio tirado al proceso 36/91 por los delitos de ataque a las vías de comunicación locales y resistencia a particulares, pertenecientes estos delitos al fuero común. Además, al ciudadano Aarón Cabañas se le instruyó el proceso número 41/91 por el delito de ataques a las vías de comunicación.
La causa real de todo esto, es la protesta que se realizó frente al Congreso del Estado en el mes de enero de 1991, cuando la Cámara de Diputados Local aprobó la reforma constitucional en referencia.
En respuesta a esta arbitraria atención, que tiene marcados tintes políticos, 400 miembros de la UCD, iniciaron una protesta permanente a partir de las 11.00 horas del lunes 10 de mayo pasado, frente a las oficinas de la administración fiscal regional de Hacienda, con sede en Celaya, Guanajuato. Hasta estos momentos esta manifestación de protesta persiste en esta comunidad.
Como consecuencia de esta movilización, la dirigencia nacional de la UCD, tuvo una entrevista con el subsecretario de Gobierno, el ingeniero José Luis González Uribe, para demandar del desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la intervención del Gobierno del Estado, para entrevistarse con el doctor Jorge Carpizo, procurador general de la República.
Hasta este momento, contamos con el compromiso del procurador del Estado, el licenciado Juan Miguel Alcántara, de que para hoy, a las 8 de la noche, hoy 13 de mayo, estaría concluido el proceso de desistimiento de la acción penal, para el caso de los procesos por delitos del fuero común y la promesa del delegado estatal de la PGR, licenciado Benjamín Rodríguez, de que se concedería a la dirigencia nacional de la UCD y a los dirigentes de la UCD en Guanajuato, para el día de mañana, con el subprocurador Jurídico de la PGR, licenciado José Dávalos, una entrevista, a quien se le solicitó el desistimiento de la acción penal para el proceso que se instauró al compañero por el delito de motín.
Queremos comunicar allí que estaremos muy pendientes de que en los dos casos se cumpla lo ofrecido y el Partido de la Revolución Democrática se reserva el derecho de actuar en consecuencia, si estos compromisos no son cumplidos cabalmente. Gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, compañero diputado.
Compañeros diputados: En virtud de ser esta sesión la última del primer mes del segundo
periodo de sesiones ordinarias del segundo año de esta LV Legislatura, que corresponderá conducir a esta mesa directiva, ruego a ustedes me permitan formular unas muy breves reflexiones.
Considero indudable privilegio formar parte de esta representación nacional, consciente de la responsabilidad que ello implica y pretendiendo siempre ser con ello consecuente.
Somos miembros de una Asamblea plural, que forma y toma sus decisiones mediante el ejercicio responsable de sus funciones deliberativas.
Nuestra función fundamental es la generación de leyes que respondan al interés colectivo y también, sin duda, el debate político.
A partir del respeto mutuo, proponer, razonar, debatir, generar convicción y tomar decisiones es y seguirá siendo nuestro método natural de trabajo. Así lo reclaman la democracia y la convivencia política de las corrientes de pensamiento y acción que concurren en esta Cámara.
Esa ha sido la línea de conducta para impulsar el cumplimiento de las funciones constitucionales que se nos han encomendado, con un sentido de responsabilidad compartida por todas las fuerzas políticas.
Por ello, esta Presidencia expresa su más elevado reconocimiento a todos los compañeros diputados, a las fracciones parlamentarias, a quienes las encabezan y a la labor de concertación que se realiza.
Quienes formamos parte de la mesa directiva por el presente mes, agradecemos la distinción que este Cuerpo Colegiado nos confirió.
En lo que a mí concierne, deseo agradecer en toda su valía la extraordinaria colaboración de los integrantes de esta mesa que me tocó en suerte presidir; a los señores vicepresidentes Francisco Paoli, Guillermo Flores, Hildebrando Gaytán, Luis Alvarez y Roberto García; a los secretarios Arturo Nájera, Lydia Madero, Domingo Alberto Martínez y Felipe Medina, y a los prosecretarios Luis Taurino Jaime, Félix Bautista, Rigoberto Arriaga y Francisco Dorantes.
Todos ellos actuaron siempre con imparcialidad, profesionalismo y responsabilidad, amen de su talento y solidaridad, haciendo prevalecer en todo momento, el interés de esta Cámara por encima de las posturas partidarias.
Mi reconocimiento más elevado a las actuaciones de mis compañeros diputados. Su actitud enaltece el trabajo de esta Cámara.
En nombre de ellos y el mío propio, agradecer cumplidamente la colaboración, el esfuerzo y la voluntad permanente de servicio, del personal administrativo de esta Cámara. Sin ellos estoy segura que no hubiera sido posible cumplir con nuestra obligación.
Deseamos reconocer el trabajo de los compañeros de los medios de comunicación.
La Cámara de Diputados ha logrado su plena trascendencia a la opinión pública con el apoyo de los medios: prensa escrita, radio y televisión, por sí no hacen la política; ¡pero qué sería de la política sin los medios de comunicación!
El pueblo quiere saber qué la Cámara y la respuesta la difunden los medios.
La Cámara de Diputados ha sido y estoy segura que seguirá siendo, el signo de su desempeño, el recinto en donde por encima de las individualidades, están los grandes intereses de la nación y del pueblo de México.
Una patria soberana e independiente, una sociedad de hombres libres por la que todos luchamos, y una democracia en proceso continuo de perfeccionamiento que todos queremos para México. Así debemos continuar con una conducta republicana. Muchas gracias.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Lydia Madero García:
Señora Presidenta: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
18 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XCVIII aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas,
tendrá lugar el 21 de mayo en el monumento a la Revolución Mexicana, a las 11.30 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXIII Aniversario luctuoso de Don Venustiano Carranza Garza, tendrá lugar el 21 de mayo en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, a las 10.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo Y San Luis Potosí.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la integración de la mesa directiva para el segundo mes, correspondiente al segundo período ordinario del segundo año de ejercicio.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede permiso al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional a fin de que realice visitas de trabajo, los días 21 y 22 de mayo del presente año a las repúblicas de Guatemala y Honduras, y los días 27 y 28 del mismo mes a los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo de Villar, para aceptar y usar la Condecoración "Monja Blanca de I Clase", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edmundo Font López, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadanía Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la reciente reunión del doctor Pedro Aspe y doctor José Córdoba Montoya, en Estados Unidos y su relación con el Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios en relación con la violación de derechos humanos, en Coahuila.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación a la pena de muerte.
Intervención del diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la problemática de los productores agropecuarios de Guanajuato.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta:
(A las 22.25 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 18 de mayo a las 10.00 horas.
APENDICE
APÉNDICES
APÉNDICE No 1
Proposición del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista: que se formalice la integración de la Comisión Plural que entrevistó al subsecretario Sánchez Vázquez a fin de que esté al pendiente de este asunto relativo a las denuncias del señor Moussavi, recabe toda la información y dé cuenta oportunamente a esta soberanía.
Sala de Sesiones de la honorable.- Cámara de Diputados, diputado Martín Tavira Urióstegui.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
AFLCIO American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Ficapro Fideicomiso de Casa Propia
Codec (Sin aclaración)
GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio (por las siglas en inglés)
IMB International Busines Machine
ISSSTEP Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla
NEA National Employment Association
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OPS ( Sin aclaración)
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
Pemex Petróleos Mexicanos
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PGR Procuraduría General de la República
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
SA de CV Sociedad Anónima de Capital Variable
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secogef Secretaría de la Contraloría General de la Federación
Seneam Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
SEP Secretaría de Educación Pública
TLC Tratado de Libre Comercio
UCD Unión Campesina Democrática
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Director: Héctor de Antuñano y Lora; subdirectora: Luz Ma. Pineda R.- Corrección: de Estilo, Carlota E. Valencia G. y Nelson A. Ceballos L.; electrónica, Maricela A. Vega Z., Socorro Nieto Dávila, Hilda R. Martínez M., Martha Zaldívar Nieto y Raúl Luna Hinojosa; tipografía, Blanca E. Alvarado C., Francisca Alegría Ramírez y Carlos Martínez Vázquez. - Auxiliares: Micaela Domínguez Carrión, Kattya Zambrana Vega, Irma Sánchez Camargo, Silvia Hernández Cruz e Ildefonso Zapata Sánchez. - Formación: electrónica, José Olalde Montes de Oca, Oscar Orozco López y Manuel Rodríguez Franco; en cristal, Ramón J. M. Martínez N. - Jefe de Compilación Histórica: Norberto Reyes Ayala. - Jefe de Crónica Parlamentaria: Sergio Becerril Herrera. - Jefa del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria: María de los Angeles Neuman. - Impreso en los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Director: Antonio Rodríguez Zarco. - Oficinas de la Dirección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Palacio Legislativo: Avenida Congreso de la Unión s/n, C.P. 15969. Teléfonos: 542 - 22 - 20 y 795 - 40 - 58. - Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.