Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930518 - Número de Diario 11
(L55A2P1oN011F19930518.xml)Núm. Diario: 11ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, martes 18 de mayo de 1993 No. 11
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMBINACIONES
Del diputado Horacio Sánchez Unzueta, quien notifica que opta por el cargo de gobernador del Estado de San Luis Potosí. De enterado.
Del diputado Antonio Esper Bujaidar, por la que solicita licencia. Se aprueba.
Rinde protesta el suplente.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico conmemorativo del XCVIII aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. Se digna Comisión.
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico conmemorativo del LXXIII aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza Garza.
Se designa Comisión.
Del Congreso del Estado de Coahuila, por la que se informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Hidalgo, por la que se informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de Quintana Roo, por la que se informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por la que se informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
OFICIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Por el que informa la integración de su mesa directiva para el segundo mes del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LV Legislatura. De enterado.
BANCO DE MÉXICO
Oficio, con el que da cumplimiento al artículo 10 de la Ley Orgánica de dicha institución. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Oficio con el que remite los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1993. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Oficio con el que remite el informe trimestral del Avance del Programa Presupuesto de esa dependencia al 31 de marzo de 1993. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la del Distrito Federal y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
ARTÍCULOS 28, 73 Y 123 CONSTITUCIONALES
Con proyecto de decreto por el que se reforman dichos artículos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Con el que informa que la ciudadana Maribel Guerrero de Rivera ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Dos, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Verónica Enríquez Alcalá, Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, la primera y en la Embajada Británica en México las segundas. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional. Se dispensa la segunda lectura.
Para expresar sus opiniones hacen uso de la palabra los diputados:
Martín Tavira Urióstegui, en contra.
Paloma Villaseñor Vargas, en pro.
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, en contra.
Rogelio Villarreal Garza, en pro
Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY DE NACIONALIDAD
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Ley.
Cuatro, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Carlos Ramón Carrillo del Villar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia;
Javier Antonio Renero Zamora, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de Ley. En su discusión en lo general intervienen los diputados:
Gloria Brasdefer Hernández, en pro.
Víctor Martín Orduña Muñoz, en pro.
René Juvenal Bejarano Martínez, en pro.
Félix Bautista Matías, en pro.
Héctor Ramírez Cuéllar, en pro.
Se aprueba en lo general.
Para expresar sus opiniones en lo particular y proponer diversas modificaciones, hacen uso de la palabra los diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar, sobre el artículo 71.
Luisa Alvarez Cervantes, sobre los artículos 9o. y 15.
Josafat Arquímides García Castro, sobre los artículos 9o., 11, 12, 16, 18, 19, 27, 35, 55 y 60.
Alberto Monterde Reyes, sobre el artículo 12.
Rufino Saucedo Márquez, en pro de los artículos 17, 18 y 19.
Guillermo Jorge González Díaz, sobre el artículo 18.
Napoleón Gallardo Ledezma, sobre el artículo 24.
Julio Méndez Alemán, sobre el artículo 25.
Salvador Abascal Carranza, sobre los artículos 57 y 58.
Para rectificar hechos y contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Víctor Martín Orduña Muñoz
Juan Moisés Calleja García
Juan de Dios Castro Lozano
Juan Moisés Calleja García
Juan de Dios Castro Lozano
Raymundo Cárdenas Hernández
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Martín Tavira Urióstegui
Juan Moisés Calleja García
Gonzalo Altamirano Dimas
Evangelina Corona Cadena
Luisa Alvarez Cervantes
Luis Raúl Alvarez Garín
José María Téllez Rincón
Salvador Valencia Carmona
Juan de Dios Castro Lozano
Pedro Ojeda Paullada
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueban y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
REUNIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Para referirse a una reunión entre los doctores Pedro Aspe Armella y José Córdoba Montoya, hacen uso de la palabra los diputados:
Francisco Dorantes Gutiérrez
ACLARACIÓN
Presentada por la diputada Cecilia Soto González.
De enterado. Pasa a la Oficialía Mayor para los efectos conducentes.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales al respecto, hacen uso de la palabra los diputados:
Manuel Laborde Cruz
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Carlos Enrique Cantú Rosas
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Carlos Enrique Cantú Rosas
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Carlos Enrique Cantú Rosas
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Carlos Enrique Cantú Rosas
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Del diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, para que ese tema se incluya en el orden del día de la próxima sesión.
ESTADO DE COAHUILA
Para referirse a lo que calificó de violación de los derechos humanos en dicho estado, hace uso de la palabra el diputado José Antonio Alba Galván.
Para rectificar hechos, hablan los diputados:
Fidel Hernández Puente
José Antonio Alba Galván
ESTADO DE GUANAJUATO
Toma la palabra el diputado Israel González Arreguín, quien se refiere a la problemática del campo a la que deben enfrentarse los productores agropecuarios del Estado.
PENA DE MUERTE
Hacen uso de la palabra los diputados:
Alfredo Castañeda Andrade
Francisco Dorantes Gutiérrez
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Jaime Muñoz y Domínguez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 407 diputados, por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 12.00 horas) Se abre la sesión.
Esta Presidencia informa que en los salones del Palacio Legislativo, se encuentran reunidas diversas comisiones y comités, por lo que los diputados que asisten a éstas, se incorporarán a estos trabajos en el transcurso de las sesiones.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
18 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XCVIII aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas, tendrá lugar el 21 de mayo en el Monumento a la Revolución Mexicana, a las 10.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXIII aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza Garza, tendrá lugar el 21 de mayo en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, a las 10.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la integración de la mesa directiva para el segundo mes, correspondiente al segundo período ordinario del segundo año de ejercicio.
Oficio de ciudadano director general del Banco de México
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el primer trimestre de 1993, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta general de la Tesorería de la Federación.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la situación económica y las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1993.
Oficio del Departamento del Distrito Federal
Con el que se remite el informe trimestral de avance del programa presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 31 de marzo de 1993. Iniciativa del Ejecutivo
Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que la ciudadana Maribel Guerrero de Rivera, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Sandoval Moya, puedan prestar servicios en la Embajada Británica en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede permiso al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional a fin de que se realice visitas de trabajo, los días 21 y 22 de mayo del presente año a las repúblicas de Guatemala y Honduras y los días 27 y 28 del mismo mes a los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Ley de Nacionalidad.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, para aceptar y usar la condecoración "Monja Blanca de I Clase", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edmundo Font López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar servicios como operadora de procesador de palabras, recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Derechos Humanos, con Proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la reciente reunión del doctor Pedro Aspe y doctor José Córdoba Montoya, en Estados Unidos y su relación con el Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios en relación con la violación de derechos humanos, en Coahuila.
Intervención de los grupos parlamentarios integrantes de la LV Legislatura, para referirse al día del maestro.
Intervención del diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la problemática de los productores agropecuarios en Guanajuato.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación a la pena de muerte.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en torno a la Reforma Política.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la reunión de la subcomisión de examen previo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación al caso Yucatán.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para hacer comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Flores Velasco
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos noventa y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a la sesión solemne en la que el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, rendirá su protesta como gobernador el Estado. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con dos minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Javier Antonio Renero Zamora y Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Carlos Ramón Carrillo del Villar y Edmundo Font López, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Guatemala y Colombia, respectivamente. Se turnan a la misma Comisión que las anteriores . Para continuar con el orden del día, se da cuenta con una proposición de la Gran Comisión, que adecua la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados. Sin discusión, se aprueba en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Edmundo Sosa López, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de su partido hace una proposición respecto a las licitaciones de compra de equipo para los servicios de la navegación aérea en el espacio nacional.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, quien propone otro punto de acuerdo; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, quien también presenta una proposición y Estanislao Pérez Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La Presidenta considera que las tres proposiciones presentadas se complementan y la Asamblea, en votación económica, así lo considera también.
Para apoyar las proposiciones, hace uso de la palabra el diputado Jorge Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional y para fijar la posición de su Partido, la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea admite a discusión las proposiciones y se turnan a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea dispensa la lectura y se somete a discusión de inmediato.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Valdivia, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen.
Presidencia del diputado Francisco Paoli Bolio
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, quien se pronuncia en contra.
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
Para expresar sus opiniones en pro del dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Estrada Sámano; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, a nombre de las comisiones dictaminadoras y Félix Bautista Macías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y dos votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La Presidencia informa que se acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional a fin de realizar visitas de trabajo los días veintiuno y veintidós de mayo a las repúblicas de Guatemala y Honduras y los días veintisiete y veintiocho del mismo mes a los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la de Relaciones Exteriores.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Ganadería con proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
La Asamblea aprueba el acuerdo de los miembros de la Comisión en el sentido de que la discusión y la votación de este dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto y se concede el uso de la palabra al diputado Javier Alvarado Arreguín, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen.
Para expresar sus puntos de vista al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática, en contra desde su curul, el diputado Díaz Infante solicita una moción de orden, Quinardo Meléndez Montijo, del Partido Acción Nacional, quien propone reformas al artículo segundo;
Presidencia del diputado Guillermo Flores Velasco
Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar la posición de su grupo parlamentario; Mario del Valle Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar la posición de su grupo parlamentario; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone reformas a los artículos segundo, un nuevo artículo ocho - bis; noveno y decimosegundo.
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
Jesús Falomir Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone reformas al artículo noveno; Arturo Núñez Pardo, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo vigésimo; José Escobedo Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Daniel Ávila Aranda, del Partido Acción Nacional, quien propone reformas al artículo treinta y siete; Enrique Rico Arzate, quien propone reformas a los artículos trece, treinta y cuatro, cuarenta y ocho y cincuenta y cuatro; Jorge Sánchez Muñoz, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo sesenta y Manuel Muñoz Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y aprueba las modificaciones a los artículos segundo, noveno, treinta y cuatro, treinta y siete y sesenta. La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y siete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Conforme al orden del día, se lleva a cabo la elección de mesa directiva para el segundo mes del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura y, después de realizado el escrutinio y cómputo respectivos, se declara electa la planilla integrada por los diputados: Jaime Muñoz Domínguez, como presidente; Gonzalo Altamnirano Dimas, Jesús Martín del Campo
Castañeda, María Clara Mejía Guajardo, José de Jesús Berrospe Díaz y Alfredo Castañeda Andrade, como vicepresidente; Graciela Larios Rivas, Luisa Urrecha Beltrán, Rufino Rodríguez Cabrera y Jesús Molina Lozano, como secretarios y Oscar Nieto Burciaga, Abundo Ramírez Vázquez, Jorge Tovar Montañez y Manuel Laborde Cruz, como prosecretarios, por trescientos siete votos.
La Presidencia informa que en curso de la sesión, la Comisión del Distrito Federal entregó el dictamen sobre la Ley de Derechos Humanos para el Distrito Federal y, en virtud de que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura. Es de primera lectura.
Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que calificó de tala inmoderada de bosques en el Estado de San Luis Potosí. Se turna a las comisiones de Bosques y Selvas, de Agricultura y de Ecología y Medio Ambiente.
Para referirse a la situación de un grupo de trabajadores eventuales de Petróleos Mexicanos, hacen uso de la palabra los diputados Luis González Pintor, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Mario Ross García, del Partido Revolucionario Institucional y Pablo Pavón Vinales, del mismo Partido.
Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien se refiere al proceso de reforma electoral en relación con un artículo publicado por el diputado Francisco Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, quien también hace uso de la palabra. Ambos oradores regresan a la tribuna en sendas ocasiones, para rectificar hechos.
Para expresar sus opiniones respecto a diversos aspectos del Tratado de Libre Comercio, suben a la tribuna los diputados María Mejía Guajardo, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática; Benjamín Ávila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; José Téllez Rincón, a título personal y Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
Para denunciar lo que calificó de ilícitos en la compra de un equipo de rayos láser, por el Departamento del Distrito Federal, hace uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos al respecto, la diputada Víctoria Reyes Reyes, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Sube a la tribuna la diputada Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, quien denuncia hechos ocurridos en el municipio del Tlacotepec, Puebla.
Para expresar su opinión sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Víctor Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional y la diputada Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Sube a la tribuna para referirse al mismo tema, el diputado Jaime Olivares Pedro, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después el diputado Martín del Campo Castañeda, apara rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
La Presidenta concede el uso de la palabra al diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia el encarcelamiento de dirigentes de la Unión Campesina Independiente.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Presidenta formula reflexiones y agradecimientos sobre su gestión.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las veintidós horas con veinticinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo
martes diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner en consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMUNICACIONES
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 21 de diciembre de 1992 la Cámara de Diputados tuvo a bien concederme licencia para separarme del cargo de diputado federal por el VI distrito electoral del Estado de San Luis Potosí, en atención a la solicitud que le formulé por la necesidad de atender asuntos de carácter personal.
Con fecha 1o. de mayo del presente año el honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí expidió el decreto por el cual me declaró gobernador electo. En los términos previstos por la Constitución Política del Estado, deberé rendir protesta para el ejercicio de dicho cargo el día 18 de mayo del año en curso.
En tal virtud, con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ruego a ustedes ser el digno conducto para expresar a la Cámara de Diputados mi opción por desempeñar el cargo de Gobernador del Estado de San Luis Potosí.
Sin otro particular, quedo de ustedes.
Atentamente.
San Luis Potosí, S.L.P., 14 de mayo de 1993.- Horacio Sánchez Unzueta.»
De enterado.
«Diputada licenciada María de los Angeles Moreno, Presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
En la elección federal del 18 de agosto de 1991 fui electo para desempeñar el cargo de diputado federal por el V distrito electoral federal; con cabecera en ciudad Valles del Estado de San Luis Potosí, para el período constitucional del 1o. de noviembre de ese año al 31 de octubre de 1994.
Con fundamento en la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informar al pleno de la honorable Cámara mi decisión de separarme temporalmente al cargo de diputado federal para ocupar un cargo dentro de la administración pública local.
Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración y respecto.
Atentamente.
San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de mayo de 1993.- Diputado Antonio Esper Bujaidar.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
"Primero. Se concede licencia previa al ciudadano Antonio Esper Bujaidar, para separarse de sus funciones como diputado federal por el V distrito electoral del Estado de San Luis Potosí, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de San Luis Potosí, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobados.
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano José Mendoza Padilla, diputado suplente electo en la IV circunscripción.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Enrique Chavero Ocampo, Bernardo Gutiérrez Ochoa y Francisco Dorantes Gutiérrez.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se pide a la comisión cumplir con este cargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano José Mendoza Padilla: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El diputado José Mendoza Padilla:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
INVITACIONES
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
« Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XCVIII aniversario del Natalicio del General Lázaro Cárdenas, que tendrá lugar en el monumento a la Revolución Mexicana, el día viernes 21 de mayo a las 10.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de acción cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Rafael Barrera Peña, Everardo Gámiz Fernández y Roberto García Acevedo.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXIII aniversario Luctuoso de Don Venustiano Carranza, que tendrá lugar en la Explanada de la Delegación Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, el día viernes 21 de mayo a las 10.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de acción cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:
Para asistir el representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Alberto Monter de Reyes, Felipe Muñoz Kapamas, Alberto Nava Salgado y Francisco Dorantes Gutiérrez.
COMUNICACIONES (II)
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones:
«Escudo del Estado.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF.
Por medio del presente, se les informa que con esta fecha se declaró legalmente concluido el Primer Período de Sesiones de la diputación Permanente, correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, se inauguró el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura, quedando integrada la mesa directiva de la siguiente manera: Presidente, diputado Juan Manuel Villarreal Valdez; vicepresidente, diputado José Francisco Quiroz Pérez; secretarios, diputado Gerardo Montes Rodríguez y diputado Jesús Dávila de León.
Suplentes: Presidente, diputado Osvaldo Mata Estrada; vicepresidente, diputado Jorge Luis Cirigo Vázquez; secretarios, diputado Mario E. Morales Rodríguez y José María Suárez Sánchez.
Sin más por el momento y no habiendo otro asunto que tratar, les reiteramos nuestra distinguida y atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 15 de abril de 1993.- Diputados secretarios, Gerardo Montes Rodríguez y Jesús Dávila de León.»
De enterado.
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
«Escudo .-Congreso del Estado de Hidalgo.- Coordinación General. Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF.
Para su conocimiento y efectos consiguientes, nos permitimos el honor de informar a usted (es) que, de conformidad con lo estatuido en los artículos 36 y 38 de la Constitución Política del Estado, y lo establecido en los artículos 19, 24 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con esta fecha quedó legalmente instalada la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, haciéndose la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicios Constitucional, eligiéndose en la misma sesión a la directiva que fungirá durante el mes de abril del año en curso, en la forma siguiente: Presidente, diputado Esteban Angeles Cerón; vicepresidente, diputado Roberto Alejandro Meza García, secretarios propietarios, diputado Fernando Q. Moctezuma Pereda; Jaime Costeira Cruz; secretarios suplentes, diputado Alejandro Hernández Ballina y diputado José Alejandro de Jesús Fosado Martínez.
Asimismo, nos permitimos informarle (s) que el ciudadano diputado Esteban Angeles Cerón, fue electo por unanimidad coordinador general de esta LV Legislatura.
La Legislatura de referencia, se integra con 15 diputados electos por mayoría relativa y nueve de representación proporcional, cuya relación con especificación de nombres, distritos que representan y partido político al
que pertenecen, se anexa a la presente circular.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo., 1o. de abril de 1993.- El coordinador general del honorable Congreso Constitucional del Estado.- Diputado Esteban Angeles Cerón.»
«Escudo .-Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Secretaría de Hidalgo.
Distrito:
Nombre:
I. Diputado Jorge Conde Gómez; II Diputada María Rosa Llaca Colchado; III. Diputado
Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda; IV. diputado David Sergio Moran Segovia; V. diputado Esteban Angeles Cerón; VI. diputado Jaime Costeira Cruz; VII. diputado Leopoldo Rodríguez Murillo; VIII. diputado Salvador Neri Sosa; IX. diputado Federico Hernández Barros; X. diputado Bernabe Cruz Flores; XI. diputado Hilario Aviles Lugo; XII. diputado Daniel Ludlow Kuri; XIII. diputado Abel Rojo Muñoz; XIV. diputado Jesús Ricardo Amador Zamudio; XV. diputado Alfredo Tovar Gómez.»
«Escudo.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Secretaría de Hidalgo.
Partido:
Nombre:
PAN, diputado José Alejandro de Jesús Fosado Martínez; PAN, diputado Filiberto Carlos Aguilar Alvarez; PRI, diputado Rodolfo Miranda Medinilla; PRI; diputado Gonzalo Rodríguez Anaya; PFCRN, diputado Víctor Rosalino Zerón Amador; PARM, diputado Roberto Alejandro Meza García; PRD, diputado Alejandro Hernández Ballina; PRD, diputado Miguel Ángel Peña Sánchez; PRD, diputado Alfredo Olvera Reyes.»
De enterado.
«Escudo.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Secretaría de Hidalgo.
Ciudadanos Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF.
Con toda atención nos permitimos el honor de comunicar a usted(es) que, la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplidamente a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al nombrar Oficial Mayor de este honorable Congreso, al ciudadano licenciado Santiago Morales Hernández.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo., abril 13 de 1993.- Secretarios diputados Fernando Q. Moctezuma Pereda y Jaime Costeira cruz.»
De enterado.
«Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ciudad Chetumal, Q. Roo, México.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México DF.
La VII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que en Sesión Ordinaria, celebrada el día 22 de abril del presente año, se procedió a la elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional habiendo quedado de la siguiente manera: Presidente, diputado Enrique Sotelo Gerónimo; vicepresidente, diputado Eduardo Reyes Velazquez; secretario suplente, diputado Francisco Ermilo Lara González.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterar mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Q. Roo., 23 de abril de 1993.- El diputado secretario. (En funciones) diputado Enrique Sotelo Gerónimo.»
De enterado.
«Congreso del Estado Libre y Soberano.- San Luis Potosí.
Ciudadanos Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF.
Nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, abrió su Segundo Período de Sesiones Ordinarias correspondiente a su Tercer Año de Ejercicios, habiéndose elegido la mesa directiva que fungirá del 1o. de abril al 31 de mayo de este año a excepción de sus secretarios y prosecretarios, que lo serán por todo el período quedando integrada de la siguiente manera: Presidente, diputado Jacinto A. Larraga Larraga; vicepresidente, diputado Roberto Guerrero Guerrero; secretarios, diputado J. Rogelio Huerta Hernández; diputado Miguel René Mellado Garrido; prosecretarios, diputado Víctor
Manuel Pérez González y diputado Joaquín Pozos González.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, S.L.P., 1o. de abril de 1993.- Diputados secretarios, Rogelio Huerta Hernández y Miguel René Mellado Garrido.»
De enterado.
OFICIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, DF.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Cámara, en sesión celebrada el día de hoy, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el segundo mes, correspondiente al Segundo Período Ordinario del Segundo Año de su Ejercicio. Presidente, senador Salvador Sánchez Vázquez; vicepresidentes, senador Raúl Enrique Carrillo Silva y senador Jorge Rodríguez León.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 13 de mayo de 1993.- Senadores secretarios, Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.»
De enterado.
BANCO DE MÉXICO
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Banco de México.- Dirección general.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Banco de México, esta Institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al primer trimestre de 1993.
Con fecha 15 de febrero de 1993, esta Institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su Junta de Gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio de 1993.
Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:
Miles de Millones de nuevos pesos
a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre de 1992 40.608
b) Flujo total en 1993 0.563
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de México durante 1993 41.171*/
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las cesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el Banco durante el período al cual están referidos.
*Según el referido acuerdo de la Junta de Gobernación, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en nuevos pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del Gobierno Federal, del crédito al Gobierno Federal compensado con depósitos en el fondo especial constituido por la enajenación de empresas públicas, créditos para cobertura cambiaría a los fondos de fomento y bancos de desarrollo que tengan como contrapartida un depósito especial del Gobierno Federal en Banco de México, y créditos que otorgue Banco de México con recursos que reciba de las instituciones de crédito por el mecanismo de fijación de tasas de interés interbancarias promedio.
A continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondiente al primer trimestre de 1993, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, del saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos aquéllos que no toman en cuenta la modificación del valor en nuevos pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio. Ello en virtud de que tal modificación del valor en nuevos pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su Junta de Gobierno, según se explica en lo conducente en la nota de la página anterior de este informe.
MOVIMIENTO DIARIO DE LOS SALDOS DEL FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MÉXICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1993
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El 15 de febrero de 1993 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del Gobierno Federal en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1993 se estableció en 2.665 miles de millones de nuevos pesos, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, no debe excederse, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley citada, a continuación les damos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondientes al primer trimestre de 1993.
MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1993 (*)
Dar doble click con el ratón para ver imagen
México, DF, a 14 de mayo de 1993.- Director general, Miguel Mancera.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
El secretario Jesús Molina Lozano:
« Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciada María de los Angeles Moreno Presidenta de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, así como en el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar al presente los Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1993.
En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para satisfacer oportunamente su petición.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 14 de mayo de 1993.- El secretario Pedro Aspe Armella.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo.- Jefatura del Departamento del Distrito Federal.- México.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993, me permito remitir a usted el Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Distrito Federal, al 31 de marzo de 1993.
El informe contempla los apartados sobre ingresos, egresos, deuda pública y sus respectivos cuadros analíticos.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la deuda, así como los movimientos de la misma.
Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitarnos y haga propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 15 de mayo de 1993.- El jefe del Departamento, licenciado Manuel Camacho Solís.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Programación. Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
ARTÍCULOS 28, 73 Y 123 CONSTITUCIONALES
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativas de decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que el propio Primer Magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 17 de mayo de 1993.- El secretario. José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El Banco de México, nuestro banco central, se creó cumpliendo un mandato contenido en la Constitución Política de 1917. En efecto, uno de los propósitos de la Revolución fue terminar con la pluralidad de instituciones privadas emisoras de billetes, reservando la facultad de emisión a un banco estatal, en beneficio y protección de los intereses nacionales.
Para determinar en la Carta Magna la naturaleza jurídica del banco único de emisión, se consideró si convenía crear un banco de Estado, o bien, constituir un banco controlado por éste en el que hubiese participación privada. En virtud de las dificultades para pronunciarse entonces de manera categórica frente a esa disyuntiva, se optó por establecer en la Constitución que el banco emisor debía estar controlado por el Gobierno Federal, dejando a la legislación secundaria determinar la naturaleza y el alcance de dicho control.
Después de largas polémicas, en 1925 se expidió la ley que creó el Banco de México a iniciativa del presidente de la República Plutarco Elías Calles, forjador de grandes instituciones nacionales. En su propuesta, según lo manifestaba en forma reiterada la correspondiente exposición de motivos, se hacia patente el propósito de armonizar el control ordenado por la Constitución con una conveniente autonomía del Banco de México. Al respecto, la referida exposición de motivos señalaba: "Hay efectivamente, en un banco controlado por el Gobierno, el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público".
Con el fin de armonizar control con autonomía, la ley estableció un sistema conforme al cual, si bien se daba alguna participación en la
institución al sector privado, el control del Gobierno Federal se lograba: dándole mayoría en el capital del banco; confiriendo al Ejecutivo Federal la facultad de nombrar a la mayor parte de los miembros del consejo de administración, y otorgando al Secretario de Hacienda y Crédito Público derecho de veto sobre determinadas resoluciones del citado órgano de Gobierno.
Por otra parte, la ley en comentario señalaba que en ningún caso podrían ser consejeros o comisarios, funcionarios y empleados públicos. Ello, según la citada exposición de motivos, para salvaguardar la necesaria independencia de la institución, evitando que su consejo de administración pudiere quedar sujeto a las órdenes o a las instrucciones del Gobierno Federal. Asimismo, para la debida protección del interés público, dicha ley establecía severas restricciones tanto para la emisión de billetes, como para el financiamiento del banco al Gobierno, cuyo monto no podía exceder del 10% del capital pagado de la institución.
En el año de 1928 se adicionó la mencionada ley para hacer explícito que el Banco de México no estaba obligado a prestar al Gobierno Federal más servicios que los que establecía la propia ley, agregándose que las leyes locales no podían imponerle la obligación de prestarlos a los estados. Estas disposiciones reforzaron la capacidad del banco para enfrentar demandas de crédito cuya atención podría ser inconveniente para la economía nacional.
La Ley Orgánica del Banco de México de 1936, que sustituyó a la primera, reafirmó el criterio de conferir al banco central amplia autonomía e hizo más severos los requisitos para la emisión de sus billetes. También prohibió al banco, de manera total, conceder créditos al Gobierno Federal, reiterando que la institución debía ser autónoma, pues esto era necesario para que pudiera cumplir con su función de servir intereses nacionales permanentes, sin que se le utilizara como instrumento para atender necesidades políticas o financieras extraordinarias del Gobierno.
En 1938 se llevaron a cabo reformas de importancia en la ley orgánica del banco central. Las restricciones para emitir billetes y dar apoyo financiero al Gobierno se redujeron de manera significativa al considerarse excesivamente rígidas, como posiblemente le eran en lo tocante al primer aspecto. Esta nueva orientación se mantuvo en la Ley Orgánica del Banco de México que se expidió en el año de 1941. Desafortunadamente, la limitación indirecta que se estableció en este último ordenamiento para la emisión de moneda era susceptible de eludirse. La limitación consistía en que la suma de los billetes en circulación más las obligaciones a la vista y en moneda nacional de la institución, no deberían exceder de cuatro veces el valor de su reserva de oro, plata y divisas. Sin embargo, cuando ocurría la depreciación del peso se hacía nugatoria tal restricción, toda vez que dicha acción hacía posible incrementar el valor en moneda nacional de la citada reserva.
Estas disposiciones se prestaron a que en ciertas épocas se abusara del financiamiento del banco central al Gobierno Federal. Para ello no había obstáculo, toda vez que el Gobierno, controlaba al banco al estar facultado para nombrar y remover, de manera discrecional, a la mayoría de los miembros de su consejo de administración, así como al director general, a través de resoluciones del propio consejo.
Desde su fundación, el carácter de entidad mercantil del Banco de México era muy limitado. Además, en el transcurso de los años se fueron acrecentando sus funciones de autoridad. Por consiguiente, la figura de sociedad anónima resultaba cada vez menos apropiada para la institución. Tras la estatización de la banca en 1982, al quedar la casi totalidad del capital del Banco de México directa o indirectamente en poder del Gobierno Federal, se hizo más patente la conveniencia de cambiar su naturaleza jurídica, transformándosele en organismo descentralizado del propio Gobierno.
La actual Ley Orgánica del Banco de México, vigente a partir del 1o. de enero de 1985, volvió en gran medida a los criterios iniciales. Estableció normas que procuraron evitar incrementos inconvenientes en el monto del crédito primario, fijando, asimismo, un régimen más claro para el financiamiento que el banco puede conceder al Gobierno Federal, pero sin poner a este financiamiento un límite definitivo.
En este breve repaso histórico, se manifiesta en forma constante la preocupación de moderar de alguna manera el flujo de crédito del banco central. Ello, seguramente por dos razones. Una, que por largo tiempo se ha percibido la existencia de un vínculo entre dicho flujo y la evolución de los precios. Otra, que la laxitud en el control del crédito del instituto central, ha resultado en experiencias inflacionarias por demás amargas. Al respecto, conviene recordar los innumerables males que la inflación ha traído consigo, todavía muy vivos en nuestra memoria.
En primer lugar, ese fenómeno causa una redistribución regresiva del ingreso y de la riqueza. Daña más a quien menos tiene. En épocas de inflación, en especial cuando ésta es aguda, los
precios tienden a subir con más rapidez que los salarios, como ha sido observado lo mismo en nuestro país que en el resto del mundo. A la vez, la erosión del poder adquisitivo del dinero afecta de manera particularmente severa a las personas de recursos modestos, quienes suelen mantener un alto porcentaje de sus ingresos en billetes y monedas, y usualmente no tienen a su alcance las fórmulas de inversión que les permitan protegerse contra esa erosión. Al ocasionar una injusta transferencia de recursos de unas personas a otras, la inflación tiene perniciosos efectos sobre el tejido social. Por ello, evitar su recurrencia no es nada más un objetivo económico; también es una obligación que mi Gobierno ha contraído con la sociedad.
No sólo respecto de la equidad la inflación es por demás indeseable; también lo es por cuanto se refiere al crecimiento económico. No es casual que el período de inflación de la década de los ochenta, uno de los más agudos de nuestra historia, haya coincidido con un prolongado estancamiento de la economía.
En efecto, como pudimos constatar en aquellos años, la inflación incrementó la volatilidad de los precios relativos, reduciendo así la eficiencia del mercado como mecanismo de asignación de recursos. Además, al generar un ambiente de incertidumbre, inhibió la inversión, en especial la de largo plazo, pues la evaluación de los costos y beneficios de los distintos proyectos se tornó sumamente difícil.
También el proceso de ahorro sufre graves daños, como se manifestó en la época de aguda inflación en nuestro país. Así, al inicio de un primer episodio inflacionario, las tasas de interés reales frecuentemente se vuelven negativas. Durante algún lapso esto no suele desalentar al ahorro, pues es difícil aprender de inmediato a distinguir entre tasas de interés reales y nominales. No obstante, con el paso del tiempo, los ahorradores se percatan de esa diferencia y dejan de demandar activos financieros, a menos que prevean obtener un rendimiento positivo y satisfactorio. Pero tal previsión resulta particularmente difícil, ya que las tasas de interés reales, como los demás precios, se vuelven muy impredecibles. En este entorno, las tasas de interés reales tienden a ser sumamente elevadas. De otra manera, el público no está dispuesto a correr el riesgo de invertir sus ahorros en instrumentos representativos de créditos.
Por otra parte, las amplias y abruptas fluctuaciones de los precios relativos propiciadas por la inflación determinan que los resultados económicos de los contratos difieran significativamente, en términos reales, de las expectativas de las partes; más aún por cuanto toca a contratos en los cuales se pactan prestaciones pagaderas a plazos extensos o durante periodos prolongados. Dicho fenómeno produce ganancias inesperadas para una de las partes a expensas de la otra. Esta situación es inequitativa para las personas que resultan perjudicadas en las transacciones, así como preocupante para quienes se proponen celebrar contratos o los tienen vigentes y aún no producen todos sus efectos. No es de extrañar que, en estas circunstancias, tal como ocurrió en nuestro país, mucho tiempo y esfuerzo que podrían dedicarse con fruto a la producción de bienes y servicios, se destinen a diseñar mecanismos tendientes a mantener constante el valor real de las prestaciones pactadas.
La inflación produce otra indeseable consecuencia. Para reducir la incertidumbre a que da lugar, los contratos tienden a celebrarse de manera que rijan por plazos más cortos. Así, la actividad económica se realiza en una atmósfera de gran inseguridad. Evidentemente esto tiene un efecto adverso para el desarrollo.
Por último, no debe olvidarse que las inflaciones en sus distintos grados tienden a reducir y, en el extremo, a casi eliminar el uso de la moneda nacional, al erosionarse las cualidades que ésta debe tener para cumplir sus funciones de medida y reserva de valor. Esto constituye la pérdida, por lo menos parcial, de las economías que un régimen de moneda fiduciaria hace posibles.
Todos estos efectos adversos de la inflación se han observado en los países que la han padecido. También los mexicanos hemos sufrido sus consecuencias duramente comprobadas en nuestra experiencia reciente. Por ello, hemos perseverado en el cumplimiento de uno de los compromisos fundamentales de mi Gobierno: procurar la estabilización del nivel general de los precios. En esta tarea, ha sido propósito de la presente administración fortalecer el "Pacto", eficaz instrumento para romper la inercia inflacionaria. En 1992, gracias al esfuerzo de toda la población, la inflación bajó a una tasa anual que hace poco más de un lustro se alcanzaba en un sólo mes. Este año, nuestra meta, que ya está por alcanzarse, es reducir la tasa de inflación anual a un dígito, nivel no conocido por más de la mitad de la población. Recordemos que alrededor de 45 millones de mexicanos han nacido desde que comenzamos a sufrir inflaciones de dos o más dígitos.
Gracias a estos progresos en materia de estabilización, la caída de los salarios reales observada
en el período de aguda inflación de los años ochenta, ha comenzado a revertirse. Así, por ejemplo, durante mi administración, los salarios en la industria manufacturera han aumentado 29% en términos reales, si bien partiendo de una base muy baja. El deterioro del salario mínimo, que percibe una proporción decreciente de los trabajadores, todavía continúa; pero a ritmo más lento, y esperamos que en un futuro no muy lejano pueda también revertirse.
Hemos logrado construir en los últimos 10 años sólidas bases que nos apoyan en el combate permanente de la inflación. En México contamos hoy con finanzas públicas sanas. En 1982 teníamos un déficit de 17% del producto interno bruto. En 1992, sin considerar los ingresos derivados de la desincorporación de bancos y empresas, las finanzas públicas mostraron superávit por primera vez en décadas, el cual fue de 0.5% del citado producto. No ha sido tarea fácil. Ha costado muchos años de esfuerzo. Pero, bien sabido es que sin un prudente manejo fiscal no puede haber estabilidad duradera. Por este motivo se volvió a programar superávit de las finanzas públicas para 1993, demostrando la continuidad de la política en la materia.
En mi cuarto informe de Gobierno señalé que ahora podemos y debemos consolidar estos avances. Las medidas deben trascender a los individuos y transformarse en instituciones. Así procuraremos a la nación protección permanente contra políticas económicas inflacionarias. Así habremos de salvaguardar a la población de nuevos episodios inflacionarios y de los sacrificios necesarios para superarlos, y garantizar crecimiento con generación de empleos.
Indudablemente, las inflaciones agudas y prolongadas han estado estrechamente vinculadas tanto en México, como en el resto del mundo, con déficit fiscales considerables financiados mediante el crédito del banco central. Por ello, si se ha de tener una política permanente de lucha contra las fuerzas inflacionarias, resulta clara la conveniencia de separar la función de crear dinero, de otras tareas del Estado, en las que continuamente se enfrentan reiteradas demandas para aumentar el gasto. Pero esta separación es factible hasta ahora, cuando se ha logrado el saneamiento de las finanzas públicas. Antes, tal medida no hubiese sido consecuente con la realidad.
Por todo ello me permito someter a la consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, se propone consignar en el artículo 28 la autonomía del banco central, así como dar a la institución un claro mandato de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, como objetivo prioritario en el ejercicio de sus funciones.
Como es natural, la administración pública persigue un amplio espectro de fines, tales como el aumento del empleo y el incremento en los ingresos de la población, particularmente de los grupos más necesitados. También actúa sobre la pobreza extrema mediante programas como "Solidaridad" y promueve el desarrollo integral mediante el gasto social y para la infraestructura. Todos ellos son objetivos deseables en extremo. Para alcanzarlos, las acciones emprendidas por mi Gobierno se han financiado sobre bases sanas, pues la consecución eficaz y sostenible de aquéllos no puede fincarse sólidamente sobre el uso de recursos inflacionarios. La utilización de éstos puede a veces dar resultados positivos, pero siempre efímeros. No sólo; cuanto más frecuentemente se recurra al financiamiento inflacionario y más cuantioso sea éste, más breves serán sus efectos positivos y mas prolongadas sus negativas secuelas.
Por ello, durante mi administración, el Gobierno no ha recurrido al crédito del banco central para financiar sus programas. Por el contrario, la enorme disminución de la cartera del banco central de valores gubernamentales, ocurrida en los últimos años, es atribuible no sólo a las operaciones de esterilización monetaria de éste último, sino también a la amortización de deuda que mi Gobierno ha venido efectuando. Al respecto, es de recordar que el saldo de la deuda interna del Gobierno Federal se ha reducido como proporción del producto interno bruto de 28% en 1988 a 12% en 1992. Por otra parte, también cabe señalar que la combinación de operaciones de esterilización monetaria y de pago de deuda interna, ha hecho posible que hoy en día la suma de los billetes y monedas en circulación más las obligaciones a la vista del banco central esté respaldada por divisas en más de ciento por ciento.
La existencia de un banco central con el mandato de procurar, sobre cualquier otra finalidad, la estabilidad de los precios, permite contar con una institución dentro del Estado comprometida en el largo plazo con ese objetivo. En este sentido, el banco central podría actuar como contrapeso de la administración pública, respecto de actos que puedan propiciar situaciones inflacionarias. Pero también podría actuar como contrapeso de los particulares, cuando éstos consideren
emprender acciones conducentes al aumento de los precios o de los costos, con la expectativa de que las autoridades llevarán a cabo una expansión monetaria suficiente para acomodar tal aumento.
La definición del criterio prioritario conforme al cual el banco deba realizar sus operaciones presenta varias ventajas, además de las ya señaladas. En primer lugar, ofrece una medida clara para evaluar su desempeño: el ritmo de la inflación. En tanto que si el banco central debiera cumplir con varios objetivos de igual rango, podría justificar el insatisfactorio cumplimiento de algunos de ellos aduciendo los esfuerzos realizados para satisfacer otra finalidad. De ser aprobada la reforma constitucional propuesta, no resultaría procedente que la estadística en materia de índices de precios continuara a cargo del banco central. Su producción sería encomendada al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la administración pública federal con autonomía técnica, para realizarla con la objetividad y alta calidad que hasta ahora la han caracterizado.
En segundo término, al fijar como objetivo primordial del banco central la estabilidad de los precios, la política monetaria se torna más predecible, facilitando así las decisiones de los participantes en la economía. Si el banco persiguiera diversas finalidades podría cambiar bruscamente su actuación en función del fin que en determinado momento considerara prioritario. Como ya se señaló, un ambiente de incertidumbre no favorece al desarrollo económico.
La Iniciativa que hoy someto al Constituyente Permanente supone un paso más en la Reforma del Estado. Propone un nuevo arreglo entre las instituciones que lo componen para mejor proveer a la elevación del nivel de vida de los mexicanos y a una más justa y adecuada distribución de la riqueza. Implica una importante transferencia de atribuciones del Ejecutivo al banco central con vistas a consolidar y mantener la estabilidad de precios. Estabilidad que, conviene enfatizarlo, no se persigue como un objetivo en sí mismo, sino como una condición necesaria, si bien, no suficiente, para lograr en forma sostenible la equidad social y el desarrollo económico.
Los argumentos expuestos en favor de la autonomía del banco central se ven reforzados por diversos estudios comparativos, llevados a cabo particularmente durante la última década. Sus resultados muestran que los países dotados con bancos centrales autónomos, Alemania, Suiza y Estados Unidos, entre otros, suelen gozar de las tasas de inflación más bajas.
No es de sorprender, entonces, que en los últimos años se hayan sumado a los bancos centrales reconocidamente autónomos los de otros países, como Chile y Nueva Zelanda; ni que el otorgamiento de autonomía a estos últimos haya venido acompañado del mandato legal de procurar la estabilidad monetaria.
Tampoco resulta extraño que, en la acción legislativa que tiene lugar hoy en día en varios países europeos para reformar los estatutos de sus bancos centrales, también haya prevalecido el criterio de darles autonomía, así como el mandato de procurar la estabilidad de los precios.
Dentro de las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, están las relativas a la acuñación de moneda y a la emisión de billetes, las cuales se propone reubicar.
Al efecto, en un nuevo párrafo séptimo del artículo 28 se mantendría explícitamente el carácter estratégico de dichas áreas y por tanto la exclusividad del Estado sobre las mismas; pero señalando que las funciones respectivas corresponderían al banco central, el que, a diferencia de los organismos que atienden las demás áreas estratégicas gozaría de autonomía reconocida por la propia Constitución en un anterior párrafo sexto propuesto en esta misma Iniciativa.
Cabe señalar que la acuñación de moneda se continuaría efectuando, conforme a las órdenes del banco central, por la Casa de Moneda de México, cuyo carácter de organismo descentralizado de la administración pública federal se conservaría.
La efectiva autonomía del banco central requiere de ciertos presupuestos que se propone consignar en el artículo 28 constitucional. Elemento esencial de la autonomía de un banco central es la facultad exclusiva que debe tener para determinar el monto y manejo de su propio crédito, definido en el sentido más amplio. Por ello es necesario establecer en nuestra Constitución Política que ninguna autoridad podrá ordenar al banco central conceder financiamiento, es decir, otorgar crédito por cualquier medio o adquirir valores. De otra manera, la consecución de la estabilidad de precios, criterio rector para la actuación del banco central, se pondría en grave riesgo.
En el propio artículo 28 se establecería que el banco central, en los términos que establezcan las leyes, y con la intervención que corresponda a otras autoridades competentes en estas materias, regulará el crédito, los cambios y la prestación de servicios financieros. Esos ordenamientos asignarían a las autoridades gubernamentales y al banco central las facultades de regulación en estas materias. Además, establecerían los mecanismos que garanticen una adecuada coordinación de las políticas del banco con la política económica general del Gobierno.
La Iniciativa establece que el banco contará con las facultades de autoridad que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Sobre el particular, conviene destacar que hoy en día la política monetaria, lo mismo en México que en los llamados países industrializados y en otras naciones, se ejecuta fundamentalmente a través de operaciones de mercado. Sin embargo, la expedición de normas es necesaria para la mejor organización de los mercados y para la superación o disminución de sus diferencias. Evidentemente, para asegurar la eficacia de tales normas, el banco autónomo debe estar en posibilidad de constatar su observancia y de sancionar su incumplimiento.
Con el establecimiento de estas facultades quedaría previsto en nuestra Constitución un concepto moderno de banco central, actualizando así la noción prevaleciente en 1917, mantenida hasta hoy en día en el texto constitucional, la cual, por cuanto a las facultades del banco central, sólo se refería al monopolio de la emisión de los billetes.
Factor determinante de la efectiva autonomía del banco central es el procedimiento para nombrar y, en su caso, remover a las personas a cuyo cargo esté su conducción. Al efecto, la Iniciativa propone que esas personas sean designadas por el Presidente de la República con la aprobación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Asimismo, como una significativa salvaguarda de la autonomía de la institución, se señala que tales personas no podrán ser removidas sino por la comisión de faltas graves.
En la Iniciativa se establece, adicionalmente, que las personas a cuyo cargo esté la conducción del banco sean designadas por los periodos escalonados que provean a su autonomía. Al respecto, es preciso considerar que la combinación de periodos relativamente largos de inicio y conclusión escalonados es indispensable para salvaguardar la autonomía de la institución; pues de estar el Ejecutivo en posibilidades de nombrar dentro de un breve período a la totalidad o a la mayoría de las personas encargadas de la conducción del banco, se podría comprometer la autonomía de la institución.
Los periodos extensos, además de contribuir a la autonomía del banco central, permitirían que, al adoptar sus decisiones, las citadas personas tuvieran en cuenta los efectos que tales decisiones surtirían en el mediano y largo plazos y no sólo en la coyuntura inmediata.
Esta Iniciativa propone, asimismo, diversas modificaciones a la fracción X del artículo 73 constitucional. Los servicios que prestan tanto las instituciones de crédito, como los intermediarios financieros no bancarios, hoy son denominados de manera general servicios financieros. Por tal razón, se propone sustituir la expresión servicios de banca y crédito por servicios financieros.
Por otra parte, al quedar previstas las características y atribuciones del banco central en los párrafos que se adicionarían al artículo 28 constitucional, correspondería al Congreso expedir la Ley del banco central reglamentaria de este precepto. Por tal razón, se propone suprimir la mención en la citada fracción X de "establecer el Banco de Emisión Único".
La reforma al artículo 123 apartado B, fracción XIII-bis, tiene el propósito de establecer que las relaciones laborales entre el banco y sus trabajadores continúen regidas por lo dispuesto en tal precepto. Este señalamiento es necesario ya que, de no hacerse, el banco central, al no ser ya una entidad de la Administración Pública Federal, no estaría en el supuesto a que se refiere el texto vigente de la citada fracción.
En virtud de lo anterior y con base en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28, 73 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo primero. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recorren en su orden los actuales párrafos sexto a décimo
para pasar a ser octavo a décimo segundo y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del propio artículo, para quedar como sigue:
Artículo 28
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
El Estado contará.
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central, en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará el crédito, los cambios y la prestación de servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por falta grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
..................................................................................................................
Artículo segundo. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73.
I a IX..............................................................................................................
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
XI a XXX........................................................................................
Artículo tercero. Se reforma la fracción XIII bis del apartado B el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 123.
B.
I a XIII.
XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado.
XIV.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se expide la ley del banco central, reglamentaria del artículo 28 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley Orgánica del Banco de México.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 17 de mayo de 1993.
Sufragio Efectivo. No Reelección
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CESE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 23 de abril último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Anexo encontrará la carta de la interesada. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Maribel Guerrero de Rivera, analista financiero, Embajada de los Estados Unidos de América.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 10 de mayo de 1993.- El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 29 de abril último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexa el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Verónica Enríquez Alcalá, ayudante en visas, Embajada de los Estados Unidos de América."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 10 de mayo de 1993.- El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 28 de abril próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por medio de la presente, solicito a usted sea el amable conducto para requerir ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Ileana Sandoval Moya, de nacionalidad mexicana, según consta en los originales de sus actas de nacimiento, puedan prestar sus servicios en la Embajada británica en México. Se anexan: las notas de esa misión diplomática, carta dirigida al honorable Congreso de la Unión por cada una de las interesadas, curriculum vitae, originales de sus actas de nacimiento, así como copias de sus identificaciones y fotografías."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 10 de mayo de 1993.- El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
SOLICITUD DE PERMISO PRESIDENCIAL
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Honorable Asamblea. A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto, por el cual el Senado de la República concede permiso al Presidente de la República, para ausentarse del territorio nacional los días 21, 22, 27 y 28 de mayo de 1993.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al análisis de la presente, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La minuta con proyecto de decreto enviada por la honorable Cámara de Senadores, por el cual se otorga al Ejecutivo Federal permiso para ausentarse del territorio nacional los días 21, 22, 27 y 28 de mayo de 1993, fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el día 13 de mayo de 1993.
La Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, conforme a Reglamento, ordenó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores".
Esta Comisión con las facultades anteriormente referidas se permite presentar el presente dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción X; dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, se encuentra la de dirigir la política exterior y, como uno de los principios, buscar la cooperación internacional para el desarrollo.
La minuta con proyecto de decreto, por la cual se otorga permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional los días 21 y 22 de mayo, es con el objeto de realizar visitas oficiales a las Repúblicas de Guatemala y Honduras y los días 27 y 28 del mismo mes a los Estados Unidos de América.
La Comisión que suscribe, se permite señalar que, uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, para la acción de México en el mundo, es apoyar y promover la cooperación internacional como instrumento idóneo para que la comunidad de naciones alcance mejores niveles de entendimiento y desarrollo. Destacándose la necesidad de incrementar la cooperación y buscar un mayor acercamiento con aquellos centro que inciden de manera decidida en la dinámica y el crecimiento mundial.
Ante este tenor, nuestro país ha ampliado su marco de relaciones e intensificado su agenda con los países de América del Norte, con la Comunidad Europea, con Japón y los países del Pacífico Asiático, África y con la Europa Central.
La minuta con proyecto de decreto, que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 21 y 22 de mayo del año en curso, con objeto de realizar visitas de trabajo a las Repúblicas de Guatemala y Honduras, refiere
de manera precisa la región a la cual pertenecemos por razones históricas, culturales y geográficas y sobre todo por convicción, que es la América Latina, en la cual la actuación de México ha sido en favor de mayores acercamientos con los países ubicados en dicho territorio, realizando esfuerzos que han permitido concretar planes, programas y proyectos que conjuntan la voluntad política de los pueblos del área.
En ese contexto, la minuta enviada por la colegisladora, destaca hechos concretos que se ven reflejados dentro de nuestra activa política exterior como la suscripción del acuerdo marco para el Programa de Liberalización Comercial, suscrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en enero de 1991, durante la Reunión Cumbre de Presidentes de México y Centroamérica; así como la creación, en el mismo año, de la Comisión Mexicana para la Cooperación de Centroamérica, la cual ha atendido diversos asuntos en materia financiera, de salud, educación, pesca y comunicaciones, entre otros, los cuales tienen como objetivos el desarrollo regional y en particular de nuestra nación.
En el marco del proyecto "Mundo Maya", en el que los presidentes de México, Guatemala y Honduras, así como el Primer Ministro de Belice, visitarán algunos de los sitios más significativos de la civilización maya, ubicados en Guatemala y Honduras, busca realizar acciones conjuntas entre los países que hoy ocupan espacios geográficos en donde se asentó y desarrolló tan ínclita cultura prehispánica, con el objetivo fundamental de coordinar, estimular y apoyar el desarrollo turístico, cultural y ambiental de tan importante región, en la que se reconoce la importancia de conservar y preservar la herencia cultural que es común a la par de los recursos naturales del área en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Es en este sentido la iniciativa del Ejecutivo y la minuta enviada por el Senado de la República y esta Comisión, concuerdan en que la visita de trabajo a celebrarse los días 21 y 22 de mayo del año curso, a los países de Guatemala y Honduras, redituará grandes beneficios en los aspectos político, económico, social y cultural a las naciones integrantes de esta área.
Por lo que hace a la visita de trabajo a los Estados Unidos de América, los días 27 y 28 de los corrientes, la Comisión que suscribe, manifiesta que es necesario e importante sostener el diálogo a todos los niveles basados en la relación que mantenemos con nuestro vecino del norte, con el cual se produce la mayoría de nuestros intercambios comerciales, económicos y culturales y sostenemos una muy compleja y variada relación bilateral.
Ante este tenor y con la firma del Tratado de Libre Comercio, negociado y suscrito con los Estados Unidos de América y Canadá, con el objeto de impulsar el intercambio comercial y estimular la creación de empleos en México y en la región, la Comisión hace suyo lo expresado por la colegisladora, en el sentido de que deben de darse reglas claras y comunes para lograr el objetivo de dicho tratado, el cual se instituye como un instrumento más de cooperación y acercamiento entre los pueblos del área.
Los diferentes foros que se dan en la Sociedad Americana tiene diversas expresiones en lo político, en lo social, en lo económico, en lo comercial y en lo cultural. De ahí que nuestra nación valore la conveniencia de atender y promover en los más distintos ámbitos de ese país, los legítimos intereses de México y de su pueblo, buscando abrir espacios y de aprovechar instancias para impulsar la presencia de nuestro país en los medios empresariales, académicos, de la comunicación u otros sectores de singular importancia en la sociedad estadounidense.
Dentro de esta visita de trabajo a realizar por el Presidente de la República, se aceptarían invitaciones para visitar las ciudades de AnnArbor, en la cual ocurriría a la Universidad de Michigan, que es una de las de mayor reconocimiento de ese país y que cuenta con un importante número de investigadores dedicados al estudio de nuestro país, para exponer a la comunidad académica las consideraciones del Estado Mexicano sobre los retos que enfrentamos por la intensa y dinámica transformación mundial que se da en todos los órdenes.
En la ciudad de Nueva York, aceptaría la invitación de la Asociación de Política Exterior, con cuyos miembros sostendría un intercambio de ideas sobre política internacional y su práctica por el Estado Mexicano.
Por lo que respecta a la ciudad de Boston, se tiene contemplado efectuar conversaciones con autoridades políticas estatales y se participaría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llevaría un encuentro con los miembros del Consejo de Asuntos Mundiales, quienes han conferido al Presidente Carlos Salinas de Gortari el premio de "Christian A. Herter", quien lo recibiría a nombre del Pueblo de México, lo que se considera un importante reconocimiento y una valiosa oportunidad para hablar sobre México
en foros de alto nivel de la sociedad estadounidense.
Por otra parte, el Centro de Estudios para el Holocausto, con sede en Dallas, Texas, ha decidido otorgar el prestigiado premio "Harmony" al Presidente de México, por la trayectoría histórica de nuestra nación en favor del respeto a la vida y a los derechos de todo pueblo a decidir soberanamente su destino. En tal virtud dicha visita del señor Presidente tendría por objeto recibir la presea en nombre del Pueblo Mexicano. Complementariamente sostendrá diálogos con dirigentes políticos y empresariales del gran dinamismo económico del Norte de Texas.
Esta Comisión se permite señalar que, conforme al turno de la Presidencia de la mesa directiva de esta Cámara, se recibió la opinión favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la minuta en estudio, misma que se anexa al presente dictamen.
Por las anteriores consideraciones, esta Comisión se permite proponer a la consideración de este honorable pleno, el siguiente dictamen que contiene
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional a fin de que realice visitas de trabajo, los días 21 y 22 de mayo del presente año a las repúblicas de Guatemala y Honduras, y los días 27 y 28 del mismo mes a los Estados Unidos de América.
TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, DF, a 18 de mayo de 1993.
«Comisión de Relaciones Exteriores.
Opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores relativa el viaje del Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a las repúblicas de Guatemala y Honduras los días 21 y 22 de mayo, así como a los Estados Unidos de América los días 27 y 28 de mayo del presente año, de acuerdo al turno ordenado por la Presidencia de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados el día 13 de mayo de 1993.
En relación con el permiso que el Presidente de la República ha solicitado para ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar visitas de trabajo a las repúblicas de Guatemala y Honduras, así como de atender diversas invitaciones que le han extendido diferentes instituciones de los Estados Unidos de América, la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados expresa la siguiente:
OPINIÓN
En un escenario internacional como el actual, que demanda una responsabilidad compartida tendiente a la consolidación de la cooperación entre los estados con estricto apego al derecho internacional, México debe mantener el ejercicio de una política exterior activa que tenga como objetivo fundamental la incorporación efectiva del país a un mundo cada día más globalizado, a la vez que reafirma la solidez de los principios que orientan su actuación en el plano internacional.
Esta nueva realidad, lleva consigo la reformulación de los términos en que se orientan los intercambios entre los estados. Por tal razón, hemos comprendido que México no puede permanecer ajeno a los nuevos retos que enfrenta el mundo, en un contexto de intensas relaciones y cambios geopolíticos.
Es por ello que la estrategia diplomática debe ampliar y fortalecer esquemas de concertación política y cooperación económica, al mismo tiempo que difunda y reafirme los principios de política exterior que nos orientan en el quehacer internacional. En este marco, los encuentros entre los ejecutivos de los países son de enorme importancia para la diversificación de los vínculos de nuestro país con el exterior.
México y el resto de los países latinoamericanos han venido profundizando sus vínculos en los últimos años, como resultado de una estrategia que antepone la vocación de nuestro país por continuar avanzando aceleradamente hacia la integración regional, mediante acciones concretas de coordinación política y complementación económica.
La región centroamericana es un área prioritaria para la política exterior de México, dada su localización contigua y los vínculos históricos y culturales que nos unen, motivo por el cual el Gobierno de México ha continuado realizando esfuerzos para contribuir a su pacificación definitiva e incrementando sostenidamente acciones de cooperación para el desarrollo del área.
Como prueba de ello, y congruente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se efectuó la primera cumbre México - Centroamérica en enero de 1991, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esa ocasión, nuestro país reafirmó su amplia disposición por apoyar el esfuerzo que los gobiernos centroamericanos han venido realizando a fin de reconstruir sus economías, alcanzar mejores niveles de vida y concretar la pacificación regional.
En este sentido, al suscribirse en la cumbre de Tuxtla Gutiérrez, el acuerdo marco para el Programa de Liberalización Comercial y al crearse ese mismo año la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, se sentaron las bases de un proceso que tiene por objeto arribar a la liberación comercial mediante la eliminación de restricciones arancelarias, así como una más intensa cooperación en los ámbitos científicos, técnico, educativo y cultural.
Los esfuerzos de México y Centroamérica por impulsar proyectos que redunden en beneficios compartidos, encuentran su más significativa relevancia en acciones de este tipo, que a su vez permiten el inicio de proyectos tan creativos como lo es el "convenio constitutivo de la organización mundo maya", el cual incorpora, sobre todo, conceptos de preservación de los entornos culturales y ambientales de los pueblos.
México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, comparten una visión de respeto al patrimonio natural y cultural con el que cuentan, a la vez que están decididos a aprovechar las oportunidades económicas que éste les ofrece.
Cabe destacar, que uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a que en el ejercicio de nuestra política exterior se debe promover la imagen de México en el exterior. Proyecto como el denominado "Mundo Maya" representan el impulso de un desarrollo turístico y ambiental que permitirá dar a conocer al mundo la grandeza de nuestra cultura y con ello el arraigo de nuestra identidad.
La sexta reunión interparlamentaria México - Belice, que se celebró en nuestro país en julio de 1992, respaldó dicho proyecto, al identificar que este buscaba "impulsar la identidad nacional; promover los lugares turísticos; proteger los recursos naturales y el patrimonio arqueológico". Posteriormente, una delegación de diputados mexicanos, realizó un recorrido por la ruta maya, celebrando encuentros con sus homólogos centroamericanos con la finalidad de evaluar los alcances del programa y los retos a superar.
Coincidimos con el Ejecutivo, en la exposición de motivos de su iniciativa, al aseverar que la presencia conjunta de los presidentes y jefes de Gobierno de México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, permitirá que cobremos una mayor conciencia de los retos que enfrenta actualmente la zona maya y que requieren de una atención prioritaria de nuestros pueblos. Asimismo, estamos concientes que el encuentro que se celebre fortalecerá la comunicación política sobre los temas regionales y globales de interés común.
Es por estas razones, que consideramos que la visita presidencial a las repúblicas de Guatemala y Honduras, se inscribe en el marco de nuestras prioridades para con Centroamérica, además de que responde congruentemente con nuestras espectativas de cooperación para un mayor beneficio común.
Por lo que respecta a la visita programada a diversas ciudades de los Estados Unidos de América, no escapa a nuestra atención que la compleja relación que sostenemos con aquel país, obliga a una labor diplomática y consular de enormes dimensiones. Ante esta realidad, la amplia y diversa agenda entre ambas naciones exige un permanente diálogo y comunicación, toda vez que no es fácil mantener una relación estable que brinde beneficios recíprocos, partiendo del reconocimiento de las diferencias existentes entre los dos países.
El que hacer diplomático que México lleva a cabo frente a los Estados Unidos de América, es crucial para la construcción de una relación respetuosa y con espacios propios de interlocución. La defensa de la soberanía, la autodeterminación, la no intervención son los mejores instrumentos para edificar una relación en donde se promocionen y protegan los intereses nacionales.
En este sentido, nuestro país se ha abocado a regular los intercambios comerciales con el país vecino del norte, culminando las negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio, que de respuesta a los procesos comerciales y de inversión que en otras regiones del mundo se están dando. Su aprobación y ratificación por los cuerpos legislativos de las tres naciones significaría la creación de un mercado de 360 millones de individuos.
Por otro lado, sabemos que los Estados Unidos están viviendo un intenso proceso político social que se expresó plenamente en noviembre de 1992, lo cual obliga a incrementar por parte
de México la vinculación con grupos e instituciones de la sociedad estadounidense.
No se puede soslayar la importancia que adquiere el diálogo y la comunicación con estos grupos. Coincidimos con el Ejecutivo en que, al profundizar los contactos con la comunidad empresarial y académica, así como con los medios de comunicación, la presencia de México en aquel país se fortalece por la amplia difusión e influencia que los distingue.
En efecto, las visitas a la Universidad de Michigan, a la asociación de política exterior, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al consejo de asuntos mundiales y al centro de estudios para el holocausto, son una excelente oportunidad para difundir un conocimiento objetivo de nuestra nación y una oportunidad favorable para puntualizar y dar a conocer la posición de México en el mundo contemporáneo.
Cabe destacar, que en la ciudad de Boston, el consejo de asuntos mundiales, le otorgará al ciudadano Presidente Carlos Salinas de Gortari el premio "Christian A. Herter" por haber contribuido al entendimiento internacional. Y en la ciudad de Dallas, de igual manera, recibirá el prestigiado premio "Harmony" por parte del centro de estudios para el Holocausto, dada la tradición pacifista de nuestro país y su constante rechazo a las intolerancias que se suscitan en el mundo.
Adicionalmente, sostener una comunicación directa con los diferentes líderes políticos y empresariales de los estados en donde se tienen programadas las visitas, coadyuvará a lograr una mejor protección de nuestros intereses y a darles mayor impulso.
En esta época de transformaciones radicales y vertiginosas, se exige poner en marcha una estrategia que se adecue al cambio mundial y al cambio que se gesta en el país, pero manteniendo inalterables los principios históricos de nuestra política exterior. Estos se pueden perfeccionar, ampliar y adecuarse con la propia historia, en la medida en que sean fruto de la lucha permanente por la superación y la libertad de nuestra nación.
En virtud de lo anterior, consideramos que la realización de las visitas de trabajo a las que se refiere el Ejecutivo en su iniciativa son de gran importancia, toda vez que permitirán impulsar la presencia y promover los intereses de nuestro país en diversos ámbitos de la vida estadounidense y lograr un mayor acercamiento para ir construyendo una mejor relación entre ambas naciones.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto.
Se han inscrito para la discusión del proyecto de decreto, los siguientes diputados: Martín Tavira Urióstegui, del PPS, en contra; Paloma Villaseñor Vargas, del PRI, en pro; Ricardo Valero Recio, del PRD, en contra; Rogelio Villarreal Garza, del PRI, en pro.
Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; honorable miembros de este cuerpo colegiado:
Un viaje del Titular del Poder Ejecutivo tiene gran importancia política, tanto por lo que se refiere a la vida interna de la nación como por lo relativo al escenario internacional. Los jefes del Ejecutivo van al extranjero a tratar multitud de asuntos que repercutirán en la vida del país y de alguna manera influirán en las relaciones internacionales.
La salida del Presidente de la República hacia el exterior implica una grave responsabilidad, por eso la Constitución General de la República en su artículo 88 estatuye que el Presidente de
la República debe solicitar licencia y en esto el parlamento tiene injerencia, el parlamento y los diputados y senadores tienen que opinar sobre la importancia del viaje, tienen que negar o conceder el permiso, según los objetivos, según el área a donde se dirige el Presidente de la República, porque repito, todas estas actividades en el exterior tienen que ver con la vida interna de la nación.
Debo hacer notar a los diputados, que se va estableciendo paulatinamente una irregularidad, diríamos un vicio, en las solicitudes del Presidente de la República.
Es cierto que el artículo 88 de la Carga Magna no detalla la forma de cómo el Presidente debe solicitar los permisos, quizá debiera ser una ley secundaria o reglamentaria la que detallara todo el procedimiento, pero se da el caso de que el Presidente de la República involucra en su solicitud de licencia varios viajes al extranjero y ésa es la irregularidad que nosotros destacamos en esta ocasión.
Cada viaje tiene sus propios objetivos, cada viaje tiene su propia importancia, cada viaje del Presidente de la República implica un acto político individualizado, si se puede decir así, de manera que por cada salida del Presidente de la República, debiera haber una solicitud de licencia.
Con una lógica simple, se podría decir que con esta práctica el Presidente de la República puede solicitar permiso no para dos viajes, sino para muchos viajes y ¿por qué no?, podría solicitar permiso si su programa, si su agenda así lo determina, para ausentarse del país durante dos o tres veces en un año, o tres, cuatro veces en un año etcétera.
Nosotros entonces consideramos que aquí hay una irregularidad que la Cámara debe parar: no deben involucrar más de un viaje en la solicitud de licencia del Presidente de la República. Ese es el primer punto.
El segundo, se trata de dos viajes diferentes: uno, el primero, es hacia América Latina, hacia los países hermanos de Centroamérica, con quienes nos unen lazos históricos y culturales. Este proyecto, porque no deja de ser un proyecto a pesar de que ya hay convenios al respecto, del Mundo Maya, es muy importante.
El año pasado, la Comisión de Turismo hizo un viaje por Belice y Guatemala, con diputados de Belice, de Guatemala, de El Salvador y de Costa Rica. Hablamos del interés que implica para nuestro acercamiento, para nuestra integración, el área de la cultura maya.
Recalcamos sobre la necesidad de construir comunicaciones, de facilitar el transporte, la circulación de nuestros nacionales por el Mundo Maya; hablamos de la necesidad de una cooperación en el campo de la investigación arqueológica e histórica, en fin, el Mundo Maya, ciudadanos diputados, puede ser un camino, uno de tantos caminos para la integración de América Latina, en la que estamos interesados los mexicanos que pensamos que debemos vincularnos más con nuestros hermanos del sur, que son, deben ser mejor dicho, nuestros socios naturales en los diversos campos de la actividad humana.
El Mundo Maya es un mundo rico y complejo, no para poner en bandeja de plata este hermoso mundo, en favor de los grandes consorcios internacionales, sino justamente para que nuestros pueblos se acerquen, para que el turismo social sea una realidad, para que los intercambios culturales se acrecienten, para que nuestros pueblos convivan más cerca, para que la juventud de nuestros países abreve en estas aguas limpias de las fuentes del Mundo Maya.
Hoy justamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y quiero destacarlo, porque es justo, decía nuestra distinguida compañera, Paloma Villaseñor, que hay todo un mundo qué atender tratándose del área de la cultura maya: los aspectos ecológicos, las reservas de bosques que tiene esta área tan rica, los aspectos culturales, los aspectos sociales etcétera.
Cuando uno viaja por ejemplo por los caminos del Petén, de la selva del Petén, se da cuenta de lo importante que es programar acciones a fin de conservar este patrimonio que corresponde a diferentes zonas, a diferentes áreas de nuestros países. Se ha hablado de las graves depredaciones que ha sufrido la selva lacandona, la selva chiapaneca; hay necesidad de integrarnos precisamente con nuestros hermanos de Centroamérica, para conservar este enorme patrimonio y evitar que manos de predadores acaben con esta riqueza y transformen la situación climática y toda la situación económica en perjuicio de nuestros pueblos.
El Mundo Clásico Maya, ciudadanos diputados, nos unió más. En el horizonte clásico podemos mejor ver el sol de la cultura maya. ¿Por qué nuestros especialistas en cultura maya no se unen permanentemente en instituciones también permanentes para estudiar nuestra cultura?
De manera que el viaje del Presidente de la República hacia Centroamérica, puede ser positivo si se abordan estos asuntos de la mayor trascendencia. Pero el viaje a los Estados Unidos es otra cosa.
En los mismos documentos que ahora discutimos, la minuta del Senado, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se habla de que el viaje del Presidente de la República va a atender los muy importantes problemas relativos al Tratado de Libre Comercio y en efecto, todas las visitas a instituciones, a sociedades, las conferencias que va a dictar, las entrevistas que va a tener, los actos académicos que va a presidir, en fin, todas son acciones subsidiarias de este propósito de sacar adelante el Tratado de Libre Comercio, que está pendiente de aprobación, tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en el Congreso mexicano. Esta es otra cosa.
Nosotros, como ustedes saben, nos hemos pronunciado muchas veces dando nuestras razones al Tratado de Libre Comercio y no estamos de acuerdo con que el Presidente de la República vaya al país del norte a impulsar el Tratado, a impulsar la aprobación del Tratado por parte del Congreso de aquel país.
Para nuestro punto de vista y también, claro, para el punto de vista de los senadores y diputados que suscribieron estos dictámenes, las acciones que va a realizar en universidades, en sociedades, etcétera, son acciones, repito una vez más, subsidiarias de este propósito central de impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio y como el documento que se acaba de leer tiene un solo resolutivo y no hay manera de dividirlo en dos aspectos, nosotros vamos a votar en contra.
Si hubiera sido un documento el relativo a la licencia del Presidente de la República hacia Centroamérica, nosotros hubiéramos estado de acuerdo, pero como se mezclan los dos viajes, creo yo que de manera irregular, no con el espíritu de la Carta Magna, nosotros, ciudadanos diputados, votaremos en contra del decreto que está puesto a discusión en este día. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Paloma Villaseñor.
La diputada Paloma Villaseñor Vargas:
Señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
La política exterior de nuestro país está enmarcada en los principios fundamentales de nuestra Constitución. Por ello, los diputados de la fracción mayoritaria pensamos que este viaje, esta salida del Ejecutivo, es tanto importante como oportuna y conveniente para nuestro país y es por eso, por supuesto, que estamos a favor de la solicitud que ha presentado el presidente Salinas.
Nos parece acertada, porque propicia, en el primero de los casos, el encuentro de cinco jefes de Estado, porque además privilegia la política exterior de nuestro país y porque en el segundo de ellos también, la buena relación con el país con el cual tenemos una enorme cantidad de intercambios y de coincidencias.
Por otro lado, nos enorgullecen también enormemente las invitaciones que se le han hecho al Jefe del Ejecutivo para recibir diversas distinciones y además que lo haga en representación del pueblo de México.
A los diputados de la Asamblea y habiendo escuchado con suma atención la intervención de mi compañero Martín Tavira, quisiera yo comentar algunos de los puntos sobresalientes de esta iniciativa, que en gran medida han sido expuestos también en el dictamen y de los cuales los hemos tomado para tener los elementos suficientes para fundamentar el voto aprobatorio de la mayoría parlamentaria, a este dictamen.
Desde el establecimiento en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 1994, como se plasma en la iniciativa, se estableció la importancia de consolidar la presencia de México en Centroamérica. Durante los últimos cuatro años eso es lo que ha hecho el Ejecutivo, se ha reunido y se ha entrevistado con diversos presidentes de los países centroamericanos, en una comunicación fluida, como dicen y permanente sobre diversos temas.
Con Centroamérica, en materia económica, los intercambios comerciales se han incrementado sensiblemente y sobre todo el número de inversiones mexicanas en el área.
Hace unos meses, en la Reunión Cumbre de Presidentes de México y Centroamérica que tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez, se puso también de manifiesto la firme voluntad de los gobiernos para ampliar estos intercambios comerciales.
Por otro lado, también en este marco, para nuestro país Centroamérica constituye un área vital, un área muy importante por la cantidad de vínculos históricos, culturales, que compartimos y por ello ha sido objetivo fundamental el fortalecer y ampliar nuestras relaciones con estos países centroamericanos.
También quisiera de manera especial subrayar en esta iniciativa, como lo ha hecho Martín Tavira y como lo hizo hoy en la mañana en la reunión que tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores, la gran importancia de la puesta en marcha de nuevos proyectos como lo es el de Mundo Maya, el que contempla, como bien se ha dicho aquí, acciones de carácter arqueológico, ecológico, turístico, en la zona donde floreció la civilización maya, localizada no nada más en México, aunque si bien en su mayor parte se encuentra aquí, también en Belice, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras.
Este viaje a Centroamérica, en el cual estarán estos cinco jefes de Estado juntos, será muy importante para propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades indígenas y la preservación ecológica, sobre todo de esta gran cantidad de selvas tropicales que tenemos ahí como reserva y que son un pulmón para el área, esta área nuestra.
Hacia el norte, sobre el viaje a los Estados Unidos, es muy importante subrayar que este país, querámoslo o no, es nuestro principal socio comercial; que es un país que nos interesa mucho por la gran cantidad de ciudadanos mexicanos que se encuentran allá y por una serie de acciones conjuntas que debemos emprender para el mejoramiento de la zona, del área, de la región. Tan importante es esta comunicación política con Centroamérica como con los países vecinos del norte.
Es muy importante, obedeciendo a este propósito, como dice también la iniciativa y el dictamen, el ampliar cada vez más estos contactos con los diferentes sectores de la sociedad norteamericana, con los trabajadores, con la comunidad empresarial, con los medios de comunicación, con la academia y es por ello que el Jefe del Ejecutivo Mexicano, ha considerado prudente el aceptar diversas invitaciones para visitar algunas ciudades de los Estados Unidos y en todas ellas con un objetivo preciso, que se encuentra claramente especificado en la iniciativa y que esta mañana, revisando el dictamen, fue enriquecido con las observaciones de los compañeros legisladores del PPS y del PRD.
Por ello, en la sesión, como les comentaba yo esta mañana, de la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde aprobamos el texto de una opinión de la Comisión de Relaciones sobre este dictamen, estuvimos muy atentos a las observaciones de compañeros de diversos partidos políticos; escuchamos las observaciones del diputado Manuel Terrazas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que hizo acerca de algunos puntos en la redacción de dictamen, de la opinión de la Comisión y que la mayoría consideró prudente incorporarlas. De esta manera fueron atendidas y se hicieron dos correcciones y agregados al texto de esta opinión.
Escuchamos también al diputado Ricardo Valero, quien además será el siguiente orador en esta tribuna y a quien escucharemos obviamente con mucha atención; escuchamos sus observaciones en cuanto a que se trata de una opinión muy completa por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, inclusive se felicitó de tener un documento tan completo, por lo que hace a la información de esta salidas y, sin embargo, hizo también una serie de observaciones que atendimos y que también recayeron, terminaron en algunas modificaciones al texto de esta opinión de la Comisión.
Sin embargo, él anunció ya desde la reunión de esta mañana algún punto de vista muy particular de su partido y de él mismo, el cual estaremos aquí próximamente para escuchar.
Aun así, como les digo, él consideró que se trataba de una opinión rica, que se trataba de una iniciativa extensa en información y en eso obviamente con él coincidimos.
Finalmente, tanto esta mañana como hace unos momentos en esta tribuna, escuchamos, repito, con mucha atención la participación del diputado Martín Tavira, quien de principio se ha manifestado con gran beneplácito, coincidimos con él en la importancia que él da a los viajes que hacen a los jefes del Ejecutivo a otros países.
Coincidimos también que es una gran responsabilidad de esta soberanía el dar la autorización para que salga el Presidente de nuestro país, pero diferimos en un punto: nosotros no estamos de acuerdo, como él comenta, en que se trate de un vicio, el hecho de que se estén analizando y discutiendo dos viajes al mismo tiempo. Nosotros consideramos que sería un vicio si se tratara de alguna violación directa a nuestro Reglamento, cosa que no es así.
Pero consideramos que es una opinión que aceptamos, del diputado Martín Tavira, una opinión lógica como él dice, la aceptamos también; sin embargo, no estamos de acuerdo, la respetamos y como tal la tomaremos, como una opinión.
No podríamos nosotros, en este sentido, pensar que en alguna otra ocasión pudiéramos hablar de un viaje en el cual se visitaran varios países, o en el cual tuviéramos entrevistas con diversos mandatarios y estuviéramos de acuerdo con las visitas a cuatro países y no con uno y en algún momento dado solicitáramos que hiciéramos cinco puntos resolutivos diferentes, porque nosotros consideramos que esos países merecen diferente tratamiento.
Por ello, nos sumamos al reconocimiento y a la coincidencia de la importancia que hace el diputado Tavira a estos viajes. Obviamente, estamos de acuerdo y le reconocemos y le agradecemos su mención acerca de la importancia que para nosotros tiene el Proyecto del Mundo Maya; compartimos su preocupación, entendemos su preocupación sobre la no posibilidad de poder tener dos puntos resolutivos, en virtud de que, como nos ha comentado, ellos estarían de acuerdo en aprobar ese primer resolutivo, esa primera parte con respecto o no de los viajes, pero no el segundo.
Yo creo, diputado Tavira, que habría algunos mecanismos para distinguir estos viajes, pudiera ser una reserva por parte de su partido, en el sentido de decir que sí están de acuerdo con una salida pero no con la otra; pudiera ser también un voto particular, o simplemente como usted lo ha venido a expresar aquí, simplemente el no estar de acuerdo con uno, el sí estar de acuerdo con el otro, pero como es una sola votación, pues, vamos a lamentar su voto en contra.
Sin duda, como se comentó esta mañana, el viaje del presidente Salinas, los dos viajes del presidente Salinas que estamos discutiendo, sin ser además un propósito expreso, en el caso de Centroamérica habrán de redundar en la búsqueda de la paz en esta región del mundo y, por lo que hace al vecino país del norte, pues en una mejor comunicación, en una mejor comprensión de los problemas que compartimos.
Por ello, compañeros diputados, con base en estos comentarios, la fracción parlamentaria de mayoría estimamos que la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno en diversos foros internacionales, es una intensificada modalidad de la política exterior contemporánea y que tiene como finalidad el lograr, como decía yo esta mañana, un mayor impulso de los intereses de las naciones que conformamos la comunidad internacional.
Por ello, mi partido, el PRI, quisiera rogar a ustedes, a los diputados que conforman esta Asamblea, su voto aprobatorio a este dictamen, en virtud de que consideramos, como dije al principio, tanto convenientes como oportunas y muy importantes las dos visitas de trabajo del Presidente de la República a las repúblicas de Guatemala y Honduras y su visita a diversas ciudades de los Estados Unidos de América.
Por eso mismo, ruego nuevamente a la Asamblea su voto aprobatorio a este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos dedicado esta mañana y ahora en la sesión plenaria varios momentos para considerar esta iniciativa de realización de visitas al exterior que el Jefe del Poder Ejecutivo, ha enviado al Congreso de la República.
A pesar de estos tiempos, del intercambio de puntos de vista, no hemos logrado del todo siquiera superar en la presentación los documentos que son en primer lugar por supuesto la iniciativa del Poder Ejecutivo que recibimos, después la Minuta del Senado de la República que resultó de su sesión el pasado jueves, la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hoy en la mañana y una similar y paralela que se desarrolló en la Comisión de Relaciones Exteriores en la que se externó opinión al respecto.
Es posible que mediante este intercambio de puntos de vista pudiéramos haber encontrado soluciones, superar diferencias y desde luego en algunos resolver irregularidades, defectos, en que incurren todos estos documentos.
Fue visible, por ejemplo, que en la lectura hace un momento del Proyecto de Decreto, vinieran, estuvieran en el texto algunas fallas, unas son menores, pero dan testimonio y prueba de este
descuido o de esta forma acelerada, poco meditada, con que a veces tenemos que proceder, fechas equivocadas. Se hablaba de una discusión en la Cámara de Diputados el ingreso de este tema en mayo, en julio, cuando que es mayo; se sigue manteniendo lo que creo que es un error, la fecha del 21 y 22 de este mes como visita a los Estados Unidos, cuando que se refiere a los países centroamericanos.
Se habla de la diversificación o intensificación en distintas direcciones de las relaciones exteriores de nuestro país, tratando de agrupar a todos los países del mundo. Quedan fuera en esta identificación que quiere ser completa y exhaustiva, partes importantes del mundo, como algunos de los países de Europa, los escandinavos, por ejemplo, pero llama sobre todo la atención que en este universo no se contemple precisamente América Latina como una de las acciones que deberían ser prioritarias en la actividad internacional del país.
Se trata meramente, como digo, de un descuido, pero ilustra, ejemplifica la forma en que trabajamos, la precipitación, la falta de reflexión a mayor profundidad que merecen todos nuestros asuntos.
Manifestamos entonces ya esta mañana y hoy queremos reiterar, algunos puntos de vista que son altamente coincidentes con algunos de los que ya se han expresado aquí mismo.
Efectivamente una primera cuestión no es como se ha mencionado, como se dijo hace un momento, que deberíamos emitir un acuerdo o un decreto en tratándose de visitas y de viajes al exterior que comprenda varios países o zonas uno por uno, sino que se trata de viajes con objetivos diferentes, sólo forzando la lógica se les identifica y se les hace aparecer como unitarios, como únicos.
Diferimos, sin embargo, en la interpretación que se hace al respecto. Aparece como si se tratara de alguna irregularidad, cuando que pensamos por nuestra parte que por el contrario es deliberado y más aún en este caso el que aparezcan de esta manera. Se quiere que el Congreso, que la Cámara ahora también con el dictamen tenga que pronunciarse por el conjunto y sea imposible hacerlo de manera separada. Si fuera la primera vez que esto ocurriera, tal vez valdrían algunas de estas consideraciones, pero se está ya convirtiendo en una práctica, en una práctica que el Poder Ejecutivo realiza y lleva adelante casi de manera recurrente.
Hace aproximadamente dos años y con resultados sumamente negativos y más aún para lo que determinó esta misma Cámara de Diputados, recordemos que se autorizó una salida del titular del Poder Ejecutivo precisamente en aquella ocasión a Venezuela y a Colombia, en donde se realizarían de manera sucesiva, pero sincronizadas, dos actividades que habían sido planeadas y previstas de esa misma manera. La sorpresa de todos nosotros, de los mexicanos, fue el saber que el presidente Salinas de Gortari regresó a México antes de la realización del segundo de los actos contemplados y previstos y para el cual se había otorgado el permiso y en esos términos, para realizar una serie de actividades de carácter por cierto proselitista, e interrumpiendo su participación que no dejó de ser remarcada en las reuniones para las que se le había otorgado la autorización correspondiente.
La otra experiencia del mismo tipo e igualmente negativa que nos obligó a emitir un solo voto, no tuvimos otras posibilidades, fue cuando se reunió en un solo decreto, justamente una más de las visitas a los Estados Unidos, con la realización que coincidió aproximadamente en el tiempo de la realización de una de las cumbres de jefes de Estado iberoamericanos.
Y ésa es la cuestión de fondo, la que queremos en todo caso subrayar, no hay ni ha habido en la historia del México independiente una situación similar como la que estamos hoy en día contemplando. Es posible que me equivoque, no tengo el dato preciso, pero si son 10 o si son 11 las visitas que el Jefe de Gobierno y el Jefe del Estado mexicano ha hecho a los Estados Unidos durante su período gubernamental es la cifra alrededor de la cual se contabilizan estas visitas.
Nadie se había comportado en esos términos, no ha habido por lo demás lo que es fundamental y lógico en una relación entre estados soberanos, reciprocidad; todas, con excepción, menos una, que tuvo y esto ciertamente un carácter simbólico, hecha por el Jefe del Gobierno de los Estados Unidos.
Entonces ahora se presenta con el propósito de facilitar la nueva visita a los Estados Unidos, que por cierto en el decreto y deberíamos de ser más cuidadosos en ese sentido, se refiere una vez más a la sociedad americana, la sociedad americana, con mayúsculas, como si América no fuera todo el continente del que formamos parte. Pero en fin, para facilitar la presentación de esta visita para permitir que se pueda, si esto
es válido, digerirse con mayor facilidad, se presenta casi simultáneamente con otra que tiene un objetivo totalmente diferente, que es hacia los países centroamericanos.
Nadie, o por lo menos ninguno de los integrantes del grupo parlamentario de nuestro partido, disminuye en ningún sentido, la importancia que tienen las visitas y los encuentros entre jefes de Estado. Por el contrario, pensamos que deben intensificarse, que es una actitud que corresponde a la intensificación también de las relaciones internacionales, a la complejidad del mundo contemporáneo en fin.
Lo que es indispensable sin embargo, es que cada una de estas visitas, cada uno de estos encuentros, tengan una clara justificación y ésta no aparece ni en la iniciativa ni en ninguno de los dictámenes, la minuta elaborada por el Senado de la República y los documentos elaborados por nuestra Cámara.
Los proyectos relacionados con la creación de un corredor que nos permita hacer una visita y tener una visión del conjunto de lo que fueron y del valor que tiene la civilización maya, tiene por una parte muchos años, no se reduce a esta época más reciente, es un proyecto que ha venido trazándose, que ha venido avanzando.
Hubiera sido altamente conveniente y es lo que explicaría la visita a Centroamérica y la reunión con varios jefes de Gobierno, de Estado y digo de Estado y esto también me parece que debimos haberlo destacado, la parte que no aparece ciertamente en las reflexiones y en nuestra documentación, la participación del Primer Ministro de Belice, como parte de estos encuentros.
Pues bien, no hay nada, por lo menos de manera explícita, que tenga por objeto durante esta visita, estimular simplemente este proyecto. Entonces estamos hablando de algo distinto. Si tuviera por propósito estimular un avance, poner en movimiento, en funcionamiento, una parte, en fin y con ello no queremos que se interprete que no le damos un valor que sin ninguna duda lo tiene, a un encuentro aunque no sea con una agenda. Pero en realidad es como más claramente puede verse que se trata de una mera justificación. Justificación para que tengamos que pronunciarnos en un solo sentido y para que no quede muy claro el tipo de relación, el lugar que ocupa en la política exterior en realidad, la relación de nuestro país con los Estados Unidos.
Y ése es el problema; se nos presenta una parte que pudiera ser atractiva, aunque sin objetivos, para facilitar y asimilar lo que es el mismo propósito. Si se revisa con detenimiento cuáles van a ser las actividades previstas, el programa a desarrollar en los Estados Unidos, no hay nada, no hay nada que en verdad lo justifique, que justifique la importancia, la relevancia de una participación directa de un jefe del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República.
Se decía por ejemplo esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo fundamental tiene que ver con los cambios que han ocurrido en los Estados Unidos a raíz de los resultados electorales del año pasado, de noviembre del año pasado.
Pues bien, llama la atención y me permito que hagamos un examen detenido o le damos una nueva lectura fuera de las autoridades de la ciudad de Boston, que es posible que hayan cambiado, no lo sé, de la ciudad de Boston no hay una sola reunión ni está previsto ningún acto que tenga qué ver con el cambio en el Congreso de los Estados Unidos, que tengan qué ver con los cambios en la administración, que tenga qué ver con el Poder Ejecutivo de los Estados; son conferencias en universidades, universidades importantes: La Universidad de Michigan, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para explicar la situación mexicana.
No estaría mal que a las universidades mexicanas se les diera un tratamiento similar y que el Presidente de la República pudiera ir a cualquiera de ellas a explicarles los problemas y las dificultades que tiene el país, empezando, probablemente, por la Universidad Nacional, por el Instituto Politécnico Nacional, antes de hacerlo en el extranjero.
Pero ninguna de las visitas, ninguno de los actos en que va a participar el Presidente, justifica que sea él mismo el que lo desarrolle, cualquiera de ellos.
En los proyectos, por cierto, no se presenta ningún antecedente de los premios y de los reconocimientos que va a recibir; sería conveniente que tuviéramos algunos antecedentes. Yo me pregunto si alguien sabe en qué consiste este reconocimiento Harmony, por ejemplo. Yo lo busqué en el decreto y debe de ser un documento autocomprensivo que nos permita saber a qué se refieren, porque vivimos una época de proliferación es incluso de explosión con respecto a las modas, con respecto a las premiaciones que se hacen entre instituciones afines, entre amigos, en fin. Ciertamente no se trata, y esto creo que lo podemos afirmar, de un
reconocimiento que tenga un crédito internacional verdaderamente destacado, o en todo caso, que un representante del Presidente no lo pudiera recibir por sí mismo.
Y ésa es la cuestión de fondo y la que no aparece en la iniciativa, ciertamente en las consideraciones de la Cámara, sí fue un poco más explícito. El verdadero viaje, y de los dos viajes, porque en ese sentido el primero cubre al segundo, es participar, involucrarse y comprometerse directamente, en el proceso de ratificación que ciertamente se ha venido complicando, del Tratado Trilateral de Libre Comercio en los Estados Unidos. Ese es todo el propósito, y no se atreven a plantearlo. Vamos a tratar las cosas con una mediana honestidad, si queremos un trato respetuoso, si queremos simplemente examinar conjuntamente y quizá llegar a soluciones comunes frente a los temas que requieren colaboración entre los poderes. Pero esto no está mencionado y es el meollo, es el centro del problema.
Y hay muchas cuestiones que por supuesto nos preocupan; se habla en estos días en relación con los tratados paralelos, por ejemplo, de medidas que se hacen aparecer como punitivas. ¿Qué son esas medidas punitivas? ¿Se parecen a otras de las que tenemos alguna experiencia histórica, se trata simplemente de una mala traducción, se trata de penalizaciones por incumplimiento de acuerdos? ¿De qué se trata? Se trata de grupos en el Congreso en los Estados Unidos que se han formado alrededor de la oposición o algunos también, ciertamente, a favor del Tratado de Libre Comercio.
Pero el problema, y no me voy a detener mayormente en esta cuestión, porque lo sabe muy bien la Cámara, lo sabemos muy bien cada uno de nosotros, es que no podemos y por supuesto volveremos a proponer, no podemos discutir amplia, detenidamente esta cuestión, entre otras cosas porque ni se proporciona la información necesaria, indispensable para poder elaborar nuestros criterios y por otra parte casi es ocioso recordar que las iniciativas que se han presentado para la Cámara de Diputados participe de manera activa en responsabilidades que son de la nación, han sido una y otra vez desechadas. En los próximos días vamos nuevamente a retomar el tema de la ratificación de los tratados y del examen de la política exterior.
Yo quiero, para terminar, simplemente mencionar dos cuestiones que en opinión de nosotros deberían ser objeto de una atención particular y que están relacionadas con estos asuntos.
No cabe la menor duda de cuál es el objetivo, el propósito, la finalidad de esta visita. La finalidad es el compromiso personal para que su proyecto, que es también en alta medida personal o corresponde a un grupo, pueda ser mejor presentado y definido en opinión de los Estados Unidos; lo que no justifica la visita de un Jefe de Estado.
Se suma en ese sentido a los esfuerzos y a los recursos que se han venido destinando y que son gigantescos en la promoción de esta iniciativa, de este proyecto, del Ejecutivo mexicano.
En los últimos tiempos han surgido e inclusive de manera muy ilustrativa documentos y se han dado cifras del gasto en materia de los que se llama "cabildeo", de lo que ha significado para nuestro país la promoción de este proyecto; al que habría que sumarse este viaje.
Proponemos que esta Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y que participe, que investiguemos, que tengamos una referencia o que se la pidamos al Poder Ejecutivo. Esa es una cuestión. ¿Cuánto se está gastando en la promoción de esa iniciativa, por importante que sea? Pero para tener una referencia.
Se dice en el exterior que no hay ningún país, ni siquiera los países que producen y que exportan el petróleo, que son los que más gastaban del Medio Oriente, gastan tanto como lo que ha hecho México en los últimos tiempos; quebrando inclusive la tradición de un comportamiento de una política en ese sentido.
Y la otra cuestión. Es evidente y con este viaje, la desproporción de recursos que se ponen en favor de un proyecto. Pero lo que contrasta es la intensificación e inclusive la saña que se ha puesto, y en todos los sentidos, en todos los medios de comunicación y de manera oficial, para descalificar, no solamente para neutralizar ni para rebatir ideas ni para intercambiar opiniones, sino para descalificar a todos aquellos que pueden emitir ya no digamos un punto de vista en contrario, sino alguna duda fuera de nuestro país. Todos son descalificados, todos son exorcizados, todos son objeto de anatema, y éste es el otro tema que tenemos que discutir en serio y en esta Cámara.
¿Quién gasta y por qué? ¿Quién puede participar en el exterior y emitir un punto de vista? ¿En qué consiste la defensa de la soberanía? ¿La defensa de la soberanía es sólo aquello que afecte los intereses particulares de un determinado grupo o es algo mucho más amplio? ¿Qué tiene qué ver con todos estos procesos?
El argumento y es el menos consistente de todos cuantos se presentan para este viaje, es el de la diversificación. Por supuesto estoy y estamos de acuerdo con la diversificación. Es fundamental para un país como el nuestro que busca objetivos internacionales y que defiende su soberanía en un mundo de interdependencias, afirmar su soberanía. Ciertamente, y para ello requiere de la auténtica diversificación de las relaciones con el exterior.
Pero ahora se da el caso de que precisamente con actos contrarios a esa diversificación, como son los que han ocurrido con la política exterior en los últimos tiempos, concentrada la atención primordial preferente y casi exclusiva, porque lo demás simplemente lo cubre. ¿Para concentrar esa política exterior se invoca la diversificación.
Estamos exactamente en el proceso contrario: concentrándola y cada vez más. Y este viaje viene a apuntar y a abonar algo más en la misma dirección. Pero como es bien conocido y aparece en la literatura, la verdad o las palabras no significan muchas veces lo que verdaderamente significan, sino como decía un clásico, lo que se quiere que signifiquen y no solamente eso, sino que muchas veces significan y no pueden significar, sino que quien manda les asigna o el valor que les asigna a las palabras el que manda.
Cuando estamos precisamente en una política contraria a lo que es indispensable para la supervivencia del país, la defensa de su soberanía y como política fundamental la diversificación, el Gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, realiza y emprende acciones internacionales como ésta, que son exactamente en el sentido opuesto.
Por eso, por estas consideraciones fundamentales que expresamos en las comisiones y que ahora queremos compartir con esta Asamblea honorable, votaremos, por supuesto, en contra de la propia iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Villarreal Garza.
El diputado Rogelio Villarreal Garza:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, dictamen que contiene la autorización para realizar visitas de trabajo el señor Presidente de la República los días 21 y 22 de mayo a las repúblicas de Guatemala y Honduras y 27 y 28 de mayo a los Estados Unidos de Norteamérica.
Hemos escuchado al compañero Tavira, a la compañera Villaseñor y al diputado Valero, compañero también, destacando fundamentalmente la importancia que tienen las relaciones exteriores de México, destacando la importancia que tiene nuestra comunicación permanente con la América Central, señalando con importancia, por parte del maestro Tavira y del compañero Valero, el Mundo Maya, una región importante que puede unir y consolidar a los grupos establecidos en esa región.
Se ha destacado también la importancia que México en su papel de consolidador de la paz en Centroamérica ha desempeñado. Creo que es importante ahora realizar los proyectos de la Reunión Cumbre de Tuxtla Gutiérrez para Centroamérica. Es importante la visita del Ejecutivo.
Se ha señalado también la visita a Norteamérica y se ha señalado con mucha propiedad, porque es un tema que el compañero Valero conoce muy bien, sobre la diversificación, una diversificación auténtica. Yo creo que México requiere de tener nexos con todos los países del planeta, que estamos a pasos de integrarnos en América Latina, que podemos integrarnos con el mundo y que nuestras relaciones deben de multiplicarse permanentemente.
La relación con los Estados Unidos, la relación bilateral va más allá del Tratado de Libre Comercio, mucho más allá, hay problemas comerciales, hay problemas migratorios, hay problemas de mucha índole que no podemos reunirlos o concentrarlos exclusivamente en el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es cierto que los Estados Unidos cambiaron de administración, además es obvio decirlo y que tenemos que intensificar nuestras relaciones con las nuevas administraciones, yo creo que es importante, muy importante para México mantener este tipo de relaciones, yo concibo que la política en Relaciones Exteriores es unitaria, no podemos establecer estancos, no podemos establecer separaciones y divisiones para realizar una pequeña visita a Guatemala porque después vamos a venir a Honduras o después vamos a volar a los
Estados Unidos, yo creo que el mundo y México necesitan lazos de unión, lazos cordiales para resolver los problemas que afectan al mundo.
El diputado Valero, hizo referencia a una serie de errores de dedo, de gramática, son erratas que yo creo que se pueden corregir perfectamente con los encargados de corrección y estilo para que salga esto en forma clara, creo que es una observación importante pero es una observación que puede corregirse fácilmente.
La política de nuestro país, es una política activa, es una política de apreciación global de las relaciones de México con el mundo, por esas relaciones en forma activa, por ese movimiento del Presidente para comunicarse con el resto de los representantes de los ejecutivos de los diferentes Estados del mundo creo que esta visita y estas visitas van a ser importantes, por lo que solicito de todos ustedes compañeros diputados, el voto aprobatorio para este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Se emitieron 270 votos en pro, 33 votos en contra y cuatro abstenciones.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto, por 270 votos.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY DE NACIONALIDAD
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Nacionalidad.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta Comisión con la facultad que le otorgan los artículos 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al estudio del proyecto de Ley correspondiente y formular el presente dictamen, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad fue remitida a la Cámara de Diputados por el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la mesa directiva, conforme a Reglamento, ordenó el siguiente turno: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el día 27 de abril de 1993, se dio cuenta al Pleno de la iniciativa, aprobandose los siguientes acuerdos.
Integración de un grupo plural que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio.
La celebración de reuniones de conferencias entre la subcomisión plural, con la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la iniciativa e intercambiar opiniones. Estas se llevaron a cabo los días 28 de abril y 11 de mayo de 1993, en esta última, comparecieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de intercambiar opiniones referentes a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal.
De la misma manera, los integrantes de la subcomisión se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto, de la iniciativa
CONSIDERANDOS
En el tránsito de México al Siglo XXI, la fortaleza de la soberanía, las libertades más amplias, la justicia social y una mejor democracia reclaman, de acuerdo al espíritu del artículo 30 y 37 de nuestra Constitución.
Es por ello que, para lograr dichos objetivos, la legislación secundaria, en este caso la Ley de Nacionalidad y Naturalización, debe adecuarse al nuevo contexto tanto nacional como internacional.
La iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad enviada por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene este propósito.
La nacionalidad es el vínculo que une al individuo con un país determinado. Cada nación, en ejercicio de su soberanía, puede legislar sobre la materia, sin otras limitaciones que las reconocidas por el derecho internacional y de acuerdo con el principio fundamental del respeto a la libre determinación del individuo, al que no puede imponérsele una nacionalidad contra su voluntad ni obligársele a conservarla cuando prefiera otra.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema y en ejercicio de su soberanía es la que reconoce y atribuye la nacionalidad. La nacionalidad mexicana, en la Constitución de 1917, se reconoció conforme a dos sistemas tradicionales: el relativo al derecho de sangre jus sanguinis y el referente al derecho de territorio jus solisistemas, que no se excluyen entre sí.
La nación mexicana es el resultado de una evolución histórica que comprende, tanto las raíces prehispánicas, como las diversas influencias culturales del mundo. Nuestra identidad es la que ha mantenido al país libre de xenofobias o exclusivismos, sin merma de su cohesión nacional. Por ello, el espíritu de esta iniciativa, que conserva la convicción de considerar la nacionalidad mexicana como un privilegio, pero reconoce el derecho del extranjero que se identifique con nuestra cultura para adquirirla.
Es en este contexto que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que hoy se dictamina, precisa los derechos de los nacionales y simplifica los procedimientos de naturalización, manteniendo el Estado mexicano la discrecionalidad para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana, que sobre la materia nuestro país se ha dado.
Legislar sobre este ámbito no implica exclusivamente derogar o abrogar determinadas normas, por el contrario, conlleva a plantear modificaciones a la Ley con base en una vasta experiencia, para adecuar a nuestra realidad respecto de situaciones que hoy en día se dan y que por determinadas circunstancias los ordenamientos vigentes se ven rebasados.
La Nueva Ley de Nacionalidad
La Ley de Nacionalidad que se somete a la consideración de este honorable Pleno, esta integrada por seis capítulos. Los correspondientes a "Disposiciones Generales" y "De la Nacionalidad", buscan dentro de sus objetivos enmarcar de una manera clara y precisa el orden público y el ámbito de aplicación de la Ley, así como la competencia que se le otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta materia. Como Ley reglamentaria de los artículos 30 y 37 de nuestra Constitución, transcribe lo señalado por los preceptos invocados respecto de la adquisición y pérdida de la nacionalidad mexicana, que es y deberá ser única, definiendo quienes son mexicanos por nacimiento y quienes lo son por
naturalización; así como la correspondiente a las personas morales de nacionalidad mexicana y los casos en que la misma puede perderse.
El capítulo denominado "De la naturalización", simplifica los trámites para que aquel extranjero que desee nacionalizarse mexicano, obtenga, sin la necesidad de acudir ante la instancia judicial federal, de una forma más expedita y por la vía administrativa, ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores la nacionalidad mexicana, reservándose dicha Secretaría el derecho a expedir la carta de naturalización correspondiente.
Lo anterior implica la derogación de la naturalización ordinaria y privilegiada, pero se conserva en el espíritu de la nueva Ley, derechos para aquellos extranjeros que, en el caso de que se ubiquen en determinados supuestos, como tener hijos mexicanos, hayan prestado servicios al país en el campo científico, empresarial, deportivo, técnico, o en su caso ser iberoamericano o español, puedan obtener la carta de naturalización, ya que dichos supuestos implican una convivencia con nuestra cultura y conocimiento de nuestra identidad nacional.
Respecto a los mexicanos que otro Estado les otorgue nacionalidad, éstos podrán optar, al cumplir la mayoría de edad, por la nacionalidad mexicana presentando ante la Secretaría las renuncias y protesta que fije el Reglamento de la presente Ley.
El Capítulo relativo "De la pérdida de la nacionalidad", señala las causales a través de las cuales mexicanos por naturalización, se les declara la pérdida de la nacionalidad. De la misma manera, la Ley en estudio señala los casos en que personas mexicanas a las que otros estados les otorgue la calidad de nacional, podrán renunciar a la nacionalidad mexicana, presentando la solicitud, misma que deberá cubrir los requisitos que señale el Reglamento, ello, sin lugar a dudas, evita la multiplicidad de la nacionalidad, propósito que resguarda nuestro texto constitucional.
La Ley de Nacionalidad que se propone, conserva intacta, con objeto de proteger a nuestros connacionales que laboran en el extranjero, el no considerar como adquisición voluntaria, la naturalización que hubiere operado como condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el mismo.
Como una innovación de la Ley se protege a los mexicanos por nacimiento, que por alguna causa pierdan la nacionalidad, que su patrimonio adquirido no sufra menoscabo por dicho hecho.
Conservándose también la norma referente a que la pérdida de la nacionalidad sólo afecta a la persona que la ha perdido.
Dentro del procedimiento de pérdida de la nacionalidad, mismo que se sustanciará ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la Ley establece que debe respetarse a la persona involucrada los derecho de audiencia y legalidad.
Así mismo, por lo que hace al capítulo denominado "De la Recuperación de la Nacionalidad", se simplifica el procedimiento relativo a la recuperación de la nacionalidad mexicana, mismo que se efectuará por la vía administrativa y conforme a los procedimientos que señale el Reglamento.
En cuanto al Capítulo "De las infracciones administrativas", la nueva Ley prevé sanciones de carácter económico fijadas en días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, que se aplicarán por medio de la propia Secretaría, respetando los derechos de audiencia y legalidad a las personas involucradas, cuando se den diversos supuestos como: contraer matrimonio el extranjero con el sólo objeto de obtener la nacionalidad mexicana, obtener la nacionalidad con documentos falsos u otros medios, para concluirse, que la naturalización obtenida con violación a la presente Ley no producirá efectos jurídicos, sin perjuicio de las sanciones penales y de la nulidad de los actos en contravención a la Ley.
Es conveniente señalar, que con respecto a aquellos artículos que forman parte de la Ley de Nacionalidad y Naturalización y que no se incluyen en el nuevo texto de la Ley que se dictamina, por técnica legislativa y acorde con la iniciativa presidencial, hubo consenso en su derogación, en virtud de que dichas normas ya se encuentran ubicadas en los ordenamientos legales correspondientes, tales como la Ley del Servicio Militar, la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley General de Población, entre otras, por lo que se buscó exclusivamente encuadrar en esta nueva Ley de Nacionalidad lo referente a esta materia.
De las modificaciones a la iniciativa
La Comisión que suscribe, se permite señalar, que los diputados de los diversos partidos políticos representados en esta honorable Cámara, así como los senadores miembros de la colegisladora, una vez analizado y discutido los alcances de la iniciativa en estudio, realizaron diversas propuestas con el objeto de enriquecer su contenido.
Una de las propuestas de modificación, que se aceptó unanimemente, fue la relativa a que se ajustaran los términos que maneja la iniciativa, a los que señala expresamente la Constitución Federal en la materia, como son los casos de los artículos 6o., 7o., 9o. y 16.
De la misma manera, el artículo 10 se clarificó en su redacción, con el objeto de precisar los documentos que son probatorios de la calidad de nacional mexicano. Consecuentemente, el artículo 11 faculta a la Secretaría a verificar la documentación, así como exigir las pruebas que estime conveniente, para acreditar la nacionalidad mexicana.
Por lo que hace al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad, respecto a los mexicanos por nacimiento, que otro Estado pueda atribuirles su nacionalidad, con objeto de facilitar los trámites se mantiene la facultad de que dichas personas al llegar a la mayoría de edad presenten ante la Secretaría o ante un representante diplomático o consular mexicano, las renuncias y protesta correspondientes.
Con el objeto de mantener una política interna y de corresponsabilidad con aquellas personas que por diversos motivos acrediten una residencia en nuestro país y deseen nacionalizarse mexicanos, la Ley conserva y amplía determinados supuestos para lograr más ágilmente la obtención de nuestra nacionalidad, incluyéndose dentro de los mismos el referente a ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, lo cual conlleva a determinar la profunda relación cultural y de vecindad que se da con las naciones del área.
El artículo 17 de la Ley de Nacionalidad, por los intercambios de opiniones, se modificó con el objeto de contemplar a los descendientes directos hasta el segundo grado, sujetos a la patria potestad de extranjero naturalizado mexicano, para que a petición de parte, se les otorgue carta de naturalización, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoría de edad.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones anteriormente señaladas, esta Comisión se permite someter a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de
LEY DE NACIONALIDAD
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En los casos de naturalización, pérdida de la nacionalidad y recuperación de la misma, la Secretaría de Relaciones Exteriores recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Secretaría: la Secretaría de Relaciones Exteriores;
II. Certificado de nacionalidad: el instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento;
III. Carta de naturalización: el instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros;
IV. Extranjero: aquél que no tiene calidad de mexicano, y
V. Domicilio conyugal: el establecido legalmente por los cónyuges en territorio nacional, en el cual vivan de consuno por más de dos años.
Artículo 3o. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaría, los informes y las certificaciones necesarias que les requiera para el cumplimiento de sus funciones materia de esta Ley.
Artículo 4o. Esta Ley y las disposiciones de los códigos, Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en Materia Federal, así como el Federal de Procedimientos Civiles, serán obligatorios en todo el país en materia de nacionalidad.
Artículo 5o. Para todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento se aplicarán supletoriamente los códigos citados en el artículo anterior.
CAPITULO II
De la Nacionalidad
Artículo 6o. La nacionalidad mexicana deberá ser única. Son mexicanos por nacimiento:
I. Los nacidos en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los nacidos en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o madre mexicana y
III. Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
Artículo 7o. Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros a quienes de acuerdo con la presente Ley, la Secretaría otorgue carta de naturalización y
II. La mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro del territorio nacional.
Artículo 8o. Se presume, salvo prueba en contrario, que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste.
Artículo 9o. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal.
Las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional.
Artículo 10. Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana:
I. El acta de nacimiento expedida observando lo previsto en la legislación civil;
II. El certificado de nacionalidad que la Secretaría expedirá a petición de parte;
III. La carta de naturalización;
IV. El pasaporte vigente;
V. La cédula de identidad ciudadana, y
VII. Las demás que señale el Reglamento de esta Ley.
Artículo 11. Para verificar la autenticidad de la documentación que acredite la nacionalidad mexicana, la Secretaría podrá exigir, en los casos que señale el Reglamento de esta Ley las pruebas que estime convenientes.
Artículo 12. Los mexicanos por nacimiento a quienes otro Estado pueda atribuirles su nacionalidad, podrán seguir conservándola u optar por la nacionalidad extranjera, a partir de su mayoría de edad. Las personas a que se refiere el párrafo anterior que quieran conservar la
nacionalidad mexicana deberán presentar ante la Secretaría, o por conducto de un representante diplomático o consular mexicano, solicitud por escrito y formular las renuncias y protesta a que se refiere el Reglamento.
Artículo 13. Sólo con poder especial que contenga las renuncias y protesta que debe hacer el interesado personalmente, podrá ser representado en los procedimientos a que se refiere esta Ley.
CAPITULO III
De la naturalización
Artículo 14. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá presentar a la Secretaría, solicitud en la que formule las renuncias y protesta y acompañar la documentación que fije el Reglamento, manifestando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana.
Para tal efecto, será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
El extranjero deberá acreditar que sabe hablar español, que está integrado a la cultura nacional, que tiene su domicilio dentro de territorio nacional y salvo lo dispuesto por los artículo 15 y 16 de esta Ley, deberá además, probar su residencia legal en el país de por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización, así como que no ha interrumpido esa residencia.
Artículo 15. Por lo que hace al requisito de residencia, bastará que el extranjero que desee naturalizarse acredite una residencia en el país mayor de dos años inmediatamente anteriores a su solicitud, cuando:
I. Tenga hijos mexicanos por nacimiento;
II. Sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica; o
III. Haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, que beneficien a la nación.
Artículo 16. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer
mexicanos y tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro del territorio nacional, podrán naturalizarse mexicanos.
Salvo nulidad del matrimonio, el extranjero que adquiera la nacionalidad mexicana con base en el párrafo anterior, conservará ésta aún después de disuelto el vínculo matrimonial.
Artículo 17. A los adoptados y descendientes hasta la segunda generación sujetos a la patria potestad de extranjero que se naturalice mexicano, así como a los menores extranjeros adoptados por mexicanos que tengan su residencia en territorio nacional, se les otorgará carta de naturalización, previa solicitud de quienes ejerzan la patria potestad, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoría de edad.
Artículo 18. No se expedirá carta de naturalización en los casos siguientes:
I. Por no cumplir con los requisitos que establecen la Ley o su Reglamento;
II. Porque pudiera lesionarse el interés nacional o alterarse el orden público;
III. Por haber infringido esta Ley o su Reglamento;
IV. Por haber sido sentenciados con pena de prisión por tribunales mexicanos o extranjeros en el caso de delito intencional, siempre que en este último caso, la Ley mexicana lo considere como tal y
V. Cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, la cual deberá fundar y motivar su decisión.
Artículo 19. Para acreditar el requisito de residencia exigido en este capítulo, el extranjero deberá demostrar su legal estancia en el país durante los plazos previstos en la presente Ley y que su principal objeto no sea el recreo o el estudio.
Artículo 20. La ausencia del país no interrumpe la residencia, siempre que no exceda de seis meses en total durante el período de dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de naturalización.
Artículo 21. El procedimiento de naturalización se suspenderá en los casos que el interesado quede sujeto a proceso penal o extraditorio por delito intencional que merezca pena de prisión. La suspensión se prolongará hasta el término del proceso.
CAPITULO IV
De la pérdida de la nacionalidad
Artículo 22. La nacionalidad mexicana se pierde por:
I. Adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera, entendiéndose por tal la obtención de un documento oficial expedido por un Estado extranjero que lo acredite como su nacional.
No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la Ley, simple residencia o ser condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el adquirido;
II. Aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero;
III. Residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos en el país de origen, y
IV. Hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización, como extranjero, o por obtener y usar un pasaporte extranjero.
Artículo 23. El mexicano que al mismo tiempo tenga derecho a una nacionalidad extranjera podrá renunciar a la mexicana ante la Secretaría, siempre y cuando lo haga por escrito y llene los requisitos que señale el Reglamento.
Artículo 24. La pérdida de la nacionalidad mexicana sólo afecta a la persona que la ha perdido.
El patrimonio en territorio nacional de los mexicanos por nacimiento que pierdan la nacionalidad mexicana, no deberá sufrir menoscabo por este hecho.
Artículo 25. El procedimiento de pérdida de nacionalidad mexicana se sustanciará ante la Secretaría en los términos del Reglamento, debiéndose en todo caso, respetar las garantías de audiencia y legalidad.
Artículo 26. El varón y la mujer o mexicanos que casen con mujer o con varón extranjeros, no pierden su nacionalidad por el hecho del matrimonio.
Artículo 27. La adopción no entraña ni para el adoptado ni para el adoptante la pérdida o el cambio de nacionalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 17.
CAPITULO V
De la recuperación de la nacionalidad
Artículo 28. Los mexicanos por nacimiento que hayan perdido su nacionalidad, podrán recuperarla con el mismo carácter, siempre que manifiesten ante la Secretaría su voluntad de readquirirla, comprueben su origen, formulen las renuncias y protesta y satisfagan los requisitos que señala el Reglamento.
Artículo 29. Los mexicanos por naturalización que hubieren perdido su nacionalidad mexicana por residir en su país de origen durante cinco continuos, podrán recuperarla con el mismo carácter, siempre que cumplan con los requisitos que señalan el artículo 15 de esta Ley y el Reglamento.
CAPITULO VI
De las infracciones administrativas
Artículo 30. Son infracciones administrativas:
I. Hacer el extranjero, las renuncias y protesta a que se refiere el Reglamento en forma fraudulenta o sin la verdadera intención definitiva y permanente de quedar obligado por ellas; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 200 salarios;
II. Obtener o intentar obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana, que corresponde expedir a la Secretaría sin tener derecho a ella, con violación de las prevenciones de esta Ley o presentando ante ésta, información, testigos o certificados falsos; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 200 salarios.
Se llegare a expedirse la prueba de nacionalidad, se duplicará la sanción;
III. Hacer uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 200 salarios, y
IV. Contraer matrimonio el extranjero con el solo objeto de obtener la nacionalidad mexicana; en cuyo caso se impondrá multa de 500 a 200 mil salarios. Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano que, a sabiendas de dicho propósito, celebre el contrato matrimonial.
Para los efectos del presente artículo por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Las multas previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa audiencia al interesado, deje sin efectos, el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.
Artículo 31. Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá previamente conceder audiencia al interesado, en los términos que fije el Reglamento, y tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socio-económica del infractor.
Artículo 32. La naturalización obtenida con violación de la presente Ley no producirá efectos jurídicos.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Nacionalidad y naturalización publicada en el Diario Oficial del 20 de enero de 1934, así como sus reformas y las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Tercero. Las cartas y declaratorias de naturalización, así como los certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento y de recuperación de nacionalidad, expedidas por la Secretaría con anterioridad a la presente Ley, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos.
Cuarto. A petición del interesado, a los asuntos de naturalización en trámite, podrá aplicarse la presente Ley.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputado, México, DF, a 18 de mayo de 1993.»
Es de primera lectura.
CONDECORACIONES
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe,
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, pueda aceptar y usar la condecoración Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, para aceptar y usar la condecoración Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, DF, a 14 de mayo de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Pratts, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de primera lectura.
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Edmundo Font López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, DF, a 14 de mayo de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano,
secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Días, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Pratts, María Esther Scheman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 11 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como mensajero.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar sus servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, DF, a 14 de mayo de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna,
Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Primera lectura.
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 11 de mayo del año en curso, la Cámara de Senados remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar sus servicios como operadora de procesador de palabras/ recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América de México. En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como operadora de procesador de palabras/recepcionista.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa Del Hierro Hernández, para que pueda prestar sus servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, DF, a 14 de mayo de 1993. - Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan
Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Pratts, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Derechos Humanos.
Honorable Asamblea: A esta Comisión de Derecho Humanos de la Cámara de Diputados, por acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que con fundamento en el inciso J) de la base 3a., fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentara ante esta soberanía, la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal y que tiene por objeto establecer las bases normativas para la creación y funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En los términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, esta comisión es competente para conocer de dicha iniciativa, por lo que en cumplimiento a dicho precepto y conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la misma Ley y por los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen.
ANTECEDENTES
El artículo 102 de nuestra Constitución Política dispone la creación de organismos de protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales; dichos organismos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, debiendo formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y con facultades para presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
En cumplimiento a dicha disposición constitucional, y con fundamento en las atribuciones que respecto al proceso legislativo para la Ciudad de México le confiere nuestra Carta Magna, la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal ha puesto a consideración de esta honorable Cámara una iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Dicha iniciativa fue aprobada, por unanimidad, por el pleno de la Asamblea de Representantes, se presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día catorce de enero de 1993 y se turno, con esa misma fecha, a esta Comisión para su estudio y dictamen.
La iniciativa en cuestión, fue objeto de un cuidadoso análisis tanto en su exposición de motivos como en su contenido normativo; para tal efecto, el pasado 11 de febrero, esta Comisión dictaminadora realizó una sesión ordinaria en la cual acordó la integración de una subcomisión plural compuesta por diputados de las diversas fracciones parlamentarias de esta honorable Cámara de Diputados, con la finalidad de revisar el documento y elaborar un anteproyecto de dictamen que pudiera someterse a la consideración del pleno de la misma.
Especial importancia tuvo para la elaboración de este dictamen, la partición de los Diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal, quienes, por tratarse de un asunto que también incide directamente en su ámbito
competencial, aportaron observaciones y comentarios en las diversas reuniones de trabajo que sostuvo la subcomisión plural antes referida.
Asimismo, se intercambiaron opiniones y se expusieron planteamientos por parte de las diversas fracciones parlamentarias; dicho intercambio permitió entender mejor, en su contexto, la iniciativa objeto del presente dictamen y formular las siguientes
CONSIDERACIONES
En los últimos años la preocupación por el respeto de los derechos humanos ha cobrado especial importancia en las diversas democracias occidentales, dicha tendencia se refleja en la ampliación del catálogo de garantías y libertades ciudadanas, en el fortalecimiento de los organismos e instituciones encargados de la protección de tales derechos, así como en la celeridad y flexibilidad impresa a los principios procedimentales que versan sobre la resolución de conflictos que transgreden dichas garantías.
Con optimismo se observa en las modernas sociedades la consolidación cultural de los derechos humanos; su comprensión y significado cada día se afianza en la conciencia colectiva de las diversas comunidades políticas, ello constituye un significativo avance para las instituciones democráticas, puesto que las mismas no podrían concebirse sin el respeto a la dignidad e integridad de la persona.
Diversas acciones, tanto en el plano internacional como nacional, se han emprendido para fortalecer la vigencia y respeto de los derechos humanos; de ello dan cuenta el perfeccionamiento o elaboración de acuerdos y tratados internacionales; la cooperación con tribunales y organismos internacionales encargados de la defensa de tales derechos; la suscripción de cartas de intención cuyos principios enarbolan la vigencia de estas garantías.
Desde luego que el ámbito interno ha sido acorde a esta tendencia, de tal suerte se han reformado los textos constitucionales a fin de prever organismos específicos encargados de la defensa de los derechos humanos; instrumentando medidas que garantizan de mejor manera que el ejercicio del poder público se ajustará a lo preceptuado por la norma; y contemplando nuevas garantías que las nuevas circunstancias reclaman.
Sin desdeñar los logros hasta ahora alcanzados, es de reconocer que falta mucho por hacer, pues en diversas latitudes de la cartografía internacional se observa cómo se vuelven a producir acciones y hechos irracionales que se consideraban superados, lo que nos lleva a señalar que la lucha por el respeto de los derechos humanos no es de un sólo día sino que ello implica una actitud continua y decidida para su consolidación definitiva.
En el caso particular de nuestro país, la preocupación por esta materia no es reciente. Así, desde los primeros textos constitucionales y legales que rigieron nuestra vida como nación independiente, sobresale el deseo por asegurar la libertad de la persona, salvaguardar su integridad física y su dignidad, así como garantizar un estricto apego a derecho en las conductas de la autoridad.
Los derechos humanos han sido preocupación constante de constituyentes, juristas, políticos y representantes, los cuales han diseñado diferentes fórmulas institucionales para su protección, entre las que desacatan el Juicio de Amparo y la Procuraduría de la Defensa de los Pobres.
La tendencia por asegurar la defensa de los derechos humanos en los últimos años es absolutamente congruente con los postulados del Estado mexicano. De esta manera, en el plano federal se han puesto en práctica diversas acciones y mecanismos que fortalecen la idea de que los derechos fundamentales del ciudadano deben de ser respetados, que en caso contrario le asisten una serie de garantías y mecanismos con los cuales puede ser resarcido del agravio cometido en su contra.
Son estas la razones por las cuales se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual en sus casi tres años de existencia ha podido alcanzar estupendos resultados en esta materia, las dificultades para desplegar su tarea no han sido pocas, afortunadamente las incertidumbres y recelo que con su creación se generaron se han ido desvaneciendo gracias a su recto proceder y lo imparcial de sus recomendaciones.
En la búsqueda del fortalecimiento y garantía de los derechos humanos, el Estado mexicano ha experimentado un significativo avance mediante la reforma al texto constitucional, en la cual no sólo se contempló la figura del organismo defensor de los derechos humanos en el plano federal, sino que se facultó a las legislaturas estatales, para crear organismos equivalentes a nivel local.
Acorde a tal postulado de nuestra carta constitucional el sistema federal se ha visto enriquecido con la presencia de organismos locales defensores de los derechos humanos, los cuales si bien guardan algunas diferencias de carácter orgánico siempre coinciden en su lucha porque los derechos humanos sean una realidad dentro del territorio mexicano.
El Distrito Federal no podría ser la excepción, no sólo por tratarse de la capital de la República sino que, dadas sus características sociales, políticas y económicas resulta necesario la expedición de una Ley que contemplara la creación de un organismo de la defensa de tan importantes derechos.
Congruente con los lineamientos asentados en el propio texto constitucional respecto a que el Congreso de la Unión sea quien legisle para el Distrito Federal, presentamos a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea el proyecto de iniciativa de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Su creación resulta a todas luces conveniente puesto que la previsión de un organismo específico que atienda las denuncias o quejas presentadas garantiza de mejor manera el cumplimiento de tan importantes derechos; con ello se pretende que la agilidad y dinamismo en sus resoluciones sea el signo que la caracterice.
La presente iniciativa tiene por objeto instituir un organismo de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentran en el territorio del Distrito Federal y que ejerza sus funciones de manera autónoma al establecerse que no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno.
El órgano en cuestión sería competente cuando las presuntas violaciones fuesen imputables a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe algún empleo cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración e impartición de justicia cuya jurisdicción corresponda al Distrito Federal.
Se dispuso que sea el titular del Ejecutivo Federal quien designe al Presidente de dicho organismo, para ello, se le permite solicitar opiniones de asociaciones, colegios y en general de entidades o personalidades que estime conveniente pero en todo caso debe contar con la aprobación de la Asamblea de Representantes, mediante un sistema de mayoría calificada, toda vez que con dicho mecanismo se refuerza el propósito que alentó la reforma constitucional de 1987, en la cual se pretendió que fuese este cuerpo representativo quien se ocupara de analizar y discutir las cuestiones que atañen directamente a los ciudadanos del Distrito Federal.
Del análisis de la iniciativa en estudio se desprende que, siguiendo las directrices señaladas en el apartado B del artículo 102 constitucional, se otorgan a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal facultades que comprenden la recepción e investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, cometidas por autoridades o servidores públicos de competencia local en el Distrito Federal, así como la formulación de recomendaciones públicas autónomas, que si bien no son obligatorias ni coercitivas, tienen como sustento la elevada calidad moral del emisor.
Asimismo, se prevé la posibilidad de formular propuestas conciliatorias entre los involucrados así como la de proponer a las instancias competentes la elaboración de proyectos de modificaciones legales, reglamentarias y de prácticas administrativas.
De igual manera, se estimó la conveniencia de dotar a este organismo de la posibilidad de presentar quejas y denuncias ante las autoridades respectivas en virtud de la posibilidad de que en los procedimientos de investigación de presuntas violaciones de derechos humanos se configuren conductas delictivas ya sea de particulares o de autoridades o servidores públicos o infracciones administrativas de estos últimos.
Uno de los aspectos relevantes de la presente iniciativa es la concurrencia competencial con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de centros de readaptación social, cuyo ejercicio estaría determinado a través de mecanismos de coordinación que al efecto se instrumenten.
De conformidad con las limitaciones constitucionales establecidas a la competencia de los organismos protectores de Derechos Humanos, así como con la tradición jurídica del ombudsman, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no conocerá de actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, ni de conflictos de carácter laboral.
En este sentido, se prevé en la Ley en cuestión la diferencia entre los actos administrativos y
las resoluciones jurisdiccionales de fondo, entendiéndose que éstas son materialmente las que resuelven controversias aplicando la Ley a casos concretos o que implican una valoración y determinación jurídica o legal, independientemente de la naturaleza y de la materia de competencia del órgano que las dicte.
Se atribuye al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal facultades para determinar los lineamientos generales de actuación del organismo, para aprobar el Reglamento interno y para opinar sobre el proyecto de informe anual que formularía su Presidente
Corresponden al Presidente como titular y responsable del organismo, facultades para dirigirlo y para establecer las políticas que habrán de seguirse ante organismos nacionales e internacionales en materia que es competencia de la Comisión, quedando también bajo su responsabilidad la emisión y suscripción de los acuerdos y recomendaciones que resulten de las investigaciones efectuadas.
Los visitadores, fungen como auxiliares del Presidente, a su cargo estarían las labores de admisión e investigación de las quejas o denuncias y la formulación de proyectos de acuerdos y recomendaciones.
En lo que se refiere al procedimiento conforme al cual se desahogan los asuntos sometidos a su conocimiento, se adopta un sistema muy semejante al que actualmente practica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la variante más significativa en este rubro corresponde a la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales, legalmente constituidas, cuyo objeto fundamental sea la defensa de los Derechos Humanos acudan a denunciar presuntas violaciones sin importar las características de las personas que representen.
En cuanto al plazo de un año para la presentación de la denuncia, se estimó conveniente no considerar término alguno para el caso de presuntas violaciones de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física o psíquica de las personas, así como las de lesa humanidad.
También se reconoce la posibilidad de presentar una denuncia contra actos presuntamente violatorios de derechos humanos aún en el supuesto de que el denunciante desconozca la fuente o autoridad directamente involucrada, ello sujeto a la condición de que se logre dicha identificación durante la investigación.
Con el propósito de lograr una mejor eficacia en el cumplimiento de los acuerdos y las recomendaciones, dada la estructura jerarquizada conforme a la cual actúan las autoridades y servidores públicos, se establece que la queja o denuncia se ponga no solamente en conocimiento de estos últimos, sino también del titular del órgano del cual dependan.
Por otra parte también se faculta al organismo para formular propuestas conciliatorias y fungir como amigable componedor, para así facilitar un arreglo entre las partes involucradas, dicha conciliación solo procede en los casos en que la naturaleza del asunto lo permita, y el expediente respectivo solamente se considerará concluido cuando la autoridad acredite haber cumplido con las medidas conciliatorias adoptadas.
En materia de pruebas, la facultad de la comisión es bastante amplia, puede recibir, admitir y desahogar todas aquellas que le sean ofrecidas e inclusive allegarse otras que estime convenientes, la única condicionante es que dichas probanzas se encuentren permitidas en el orden jurídico mexicano.
Los instrumentos jurídicos no vinculatorios que resultan de las actividades de la Comisión son los acuerdos y las recomendaciones, éstos, carecen de imperatividad jurídica y por lo mismo no pueden anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos violatorios, su fuerza gravita en la autoridad moral del que la emite y en su publicidad, en caso contrario, se le estarían atribuyendo facultades de carácter jurisdiccional a un organismo que no es un tribunal.
También se faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para investigar de oficio determinadas áreas de actuación que se relacionen con determinadas recomendaciones ya emitidas y que le permitan formular pronunciamientos generales encaminados a evitar la reincidencia en violaciones de derechos humanos.
Especial importancia revista la obligación del Presidente de la Comisión de rendir un informe anual donde se señalen de manera resumida el número y las características de las quejas o denuncias, los resultados obtenidos, las investigaciones realizadas, las recomendaciones que hayan sido rechazadas, las cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad y las propuestas para modificar o expedir disposiciones legislativas o reglamentarias así como para mejorar prácticas administrativas.
Importante es también la obligación de toda autoridad de proporcionar la información que solicite la Comisión y de colaborar con esta dentro del ámbito de su competencia para así facilitarle su trascendental labor.
Destaca en el texto de la iniciativa un capítulo dedicado a la promoción y la difusión de los derechos humanos cuyo propósito es el logro de una cultura de conocimiento y respeto hacia los mismos.
Otro aspecto importante en el ejercicio de la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo constituye la facultad de elaborar y enviar su presupuesto anual de egresos directamente al titular de la dependencia encargada de la materia.
Conviene destacar, que la iniciativa en cuestión es el primer proyecto Legislativo que la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades constitucionales, lo cual, pone de manifiesto su preocupación por la defensa y protección de los Derechos Humanos.
La iniciativa que nos ocupa es, en consecuencia, el resultado de un debate parlamentario, pluripartidista, que se verificó en el seno de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por esta razón, esta Comisión dictaminadora estima que el proyecto atiende en su conjunto a los planteamientos de los distintos partidos políticos, toda vez que la iniciativa fue aprobada, en su esencia, por todas las fracciones parlamentarias que integran este órgano representativo, a saber, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tendrán aplicación en el Distrito Federal en materia local de derechos humanos respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, en los términos del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano.
Artículo 3o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conocerá de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal.
Artículo 4o. Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes correspondientes las autoridades o servidores públicos que ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con funcionarios de dicha Comisión.
Artículo 5o. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán ser ágiles y expeditos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo con los principios de buena fe, concentración y rapidez y se procurará en la medida de lo posible el contacto directo y personal con quejosos, denunciantes, autoridades o servidores públicos, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
El personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá dar trato confidencial a la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.
Artículo 6o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía, no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno.
CAPITULO II
De la integración de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 7o. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se integrará con un Presidente, un Consejo, los visitadores que determine su reglamento interno, los cuales auxiliarán al Presidente y lo sustituirán en sus ausencias, así como por el personal necesario para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 8o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener. cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento;
III. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos así como del marco normativo vigente para el Distrito Federal en esta materia y
IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio público además de no haber sido condenado por delito intencional o preterintencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Artículo 9o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación en su caso, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El Titular del Poder Ejecutivo Federal, para la formulación del nombramiento podrá, a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitar opiniones de asociaciones y colegios y en general de entidades o de las personalidades que estime conveniente.
Artículo 10. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrado y confirmado en su caso, solamente para un segundo período en los términos del artículo anterior.
Artículo 11. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará formado por diez ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad y cuando menos siete de ellos no deberán ocupar ningún cargo, comisión o empleo como servidor público. Al frente de este órgano estará el Presidente de la Comisión.
El cargo de miembro del Consejo tendrá caracter honorario, con excepción del de su Presidente.
Cada año deberá ser sustituido el miembro de mayor antigüedad de dicho Consejo.
Artículo 12. Los miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Federal y aprobados en su caso, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
El Consejo contará con un Secretario Técnico, quien será nombrado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de la Comisión y dará trámite a las resoluciones de dicho Consejo en los términos que disponga el reglamento interno.
Artículo 13. Los visitadores serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;
III. No haber sido condenado por delito intencional o preterintencional; y
IV. Ser de reconocida buena fama.
Artículo 14. Las funciones del Presidente y de los visitadores son incompatibles con cualquier cargo, comisión o empleo públicos o privados o con el desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades académicas.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los visitadores no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones que emitan o por los actos que realicen en ejercicio de las
facultades propias de sus cargos, que les asigne esta Ley.
Artículo 16. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, el Presidente será sustituido interinamente pro alguno de los visitadores en los términos que señale el reglamento interno, en tanto se determina otro titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conforme al artículo 9o. de esta Ley.
CAPITULO III
De las atribuciones y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 17. Son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local del Distrito Federal a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley.
b) Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Federal o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.
III. Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las autoridades o servidores públicos presuntos responsables, para la inmediata solución del conflicto planteado cuando la naturaleza del caso lo permita;
IV. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas;
V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal;
VI. Proponer a las diversas autoridades del Distrito Federal en al ámbito de su competencia la formulación de proyectos de las modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal redunden en una mejor protección de los derechos humanos;
VII. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en su ámbito territorial;
VIII. Expedir su reglamento interno;
IX. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos;
X. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los centros de detención, de internamiento y de readaptación social del Distrito Federal estén apegados a derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico de reos o detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. Estas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que en la materia correspondan también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para su ejercicio se promoverá la instrumentación de los mecanismos de coordinación que sean necesarios al efecto y
XI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales reglamentarios.
Artículo 18. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no podrá conocer de los casos concernientes a:
I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional;
III. Conflictos de carácter laboral, salvo los actos u omisiones a que se refiere el último párrafo del artículo 19 de esta Ley y
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos jurídicos.
Artículo 19. Para los efectos de esta Ley se entiende por resoluciones de carácter jurisdiccional:
I. Las sentencias o laudos definitivos que concluyan la instancia;
II. Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el proceso;
III. Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del juzgado o tribunal u órgano de impartición de justicia, para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación jurídica o legal y
IV. En materia administrativa, los análogos a los señalados en las fracciones anteriores.
Todos los demás actos u omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las fracciones anteriores, serán considerados con el carácter de administrativos y en consecuencia, susceptibles de ser reclamados ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
CAPITULO IV
De las facultades del consejo y de los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Artículo 20. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Establecer los lineamientos generales para las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como las reformas al mismo;
III. Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
IV. Opinar sobre el proyecto del informe anual que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe enviar en los términos del artículo 22 fracción VII de esta Ley, así como de los otros asuntos que le someta el propio Presidente, incluyendo el supuesto a que se refiere el Artículo 50 de la presente Ley;
V. Pedir al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, información sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión y
VI. Conocer el informe del Presidente respecto al ejercicio presupuestal.
Artículo 21. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá en sesión ordinaria cada mes y en sesión extraordinaria mediante convocatoria de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria o a solicitud que le formulen por lo menos 3 de sus integrantes cuando se estime que hay razones de importancia para ello.
Artículo 22. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Actuar como representante legal de la Comisión;
II. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal de la misma;
III. Establecer las políticas generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión ante los organismos nacionales e internacionales;
IV. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en la materia de su competencia;
V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las actividades de la Comisión;
VI. Distribuir y delegar funciones a los visitadores;
VII. Enviar anualmente un informe al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sobre las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
VIII. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales para el cumplimiento de los fines de la Comisión;
IX. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que resulten de las investigaciones efectuadas;
X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el Distrito Federal;
XI. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el correspondiente informe sobre su ejercicio para ser presentado al Consejo de la misma y
XII. Otras que le señale la presente Ley y las que sean necesarias para el debido desempeño de su cargo.
Artículo 23. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá llevar al cabo reuniones con organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos legalmente constituidas, a fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión, considerando al efecto el listado que de las mismas integre dicha Comisión.
Artículo 24. Los visitadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
I. Recibir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los afectados, sus representantes o los denunciantes;
II. Iniciar de oficio, discrecionalmente la investigación de las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación social y que sean de su competencia;
III. Efectuar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones a los derechos humanos;
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su consideración y en su caso aprobación y
V. Las demás que le sean conferidas en otros ordenamientos legales, reglamentarios y por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Artículo 25. Tanto el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como los visitadores tendrán en sus actuaciones fe pública, para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o denuncias presentadas ante dicha Comisión.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por fe pública la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se les atribuya en términos del artículo 43 de esta Ley.
Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará el funcionario correspondiente.
Artículo 26. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá contar con unidades desconcentradas para la atención y seguimiento de los asuntos de su competencia en los lugares que considere pertinentes, según lo establezca su reglamento interno.
CAPÍTULO V
Del procedimiento
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales
Artículo 27. Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas contra dichas presuntas violaciones ya sea directamente o por medio del representante legal.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por cualquier persona, aún cuando sea menor de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos humanos podrán acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos.
Artículo 28. Las quejas y denuncias solo podrán presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiere iniciado la ejecución de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos o de que el quejoso o denunciante hubiera tenido conocimiento de los mismos, el plazo podrá ampliarse en casos graves a juicio
de la Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
En casos de presuntas violaciones a los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica de las personas o de lesa humanidad, es decir que atenten contra una comunidad o un grupo social en su conjunto, no contará plazo alguno.
Artículo 29. Para la presentación y atención de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en los casos que ésta considere urgentes, todos los días y horas son hábiles.
Artículo 30. Las quejas se presentarán por escrito con firma o huella digital o datos de identificación y en casos urgentes o cuando el quejoso denunciante no pueda escribir o sea menor de edad, podrán presentarse oralmente o por cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica, debiendo en este último caso ratificarse dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
Cuando los quejosos se encuentren privados de su libertad, sus escritos deberán ser remitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según corresponda, por los encargados de los centros de detención, internamiento o de readaptación social del Distrito Federal o por la autoridad o servidor público de mayor jerarquía del lugar donde se encuentren los quejosos, asimismo, podrán ser entregados directamente a los visitadores, de igual modo podrán presentar su queja por vía telefónica.
Artículo 31. La formulación de quejas y denuncias, así como los acuerdos y recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder conforme a los ordenamientos aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Artículo 32. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en todo caso orientará y apoyará a los quejosos y denunciantes sobre el contenido de la queja o denuncia y tratándose de personas que no entiendan correctamente el idioma español, les proporcionará gratuitamente un traductor.
Se pondrán a disposición de los quejosos y denunciantes formularios que faciliten el trámite.
En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan señalar a las autoridades o servidores públicos que consideren hayan afectado sus derechos, la queja será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos.
Artículo 33. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registrará las denuncias y las quejas que se presenten, expidiendo un acuse de recibo de las mismas en su caso.
Cuando considere que la instancia es inadmisible por si manifiestamente improcedente o infundada se rechazará mediante acuerdo motivado que emitirá en un plazo máximo de diez días hábiles. No se admitirán quejas o denuncias anónimas.
Cuando notoriamente la queja o denuncia no sea competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se proporcionará al quejoso o denunciante orientación a fin de que acuda a la autoridad o servidor público al que corresponda resolver el asunto.
Artículo 34. Cuando el contenido de la queja o denuncia sea oscuro no pudiendo deducirse los elementos que permitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se requerirá por escrito al interesado para que la aclare, en caso de no hacerlo después del segundo requerimiento, se archivará el expediente por falta de interés.
Artículo 35. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de su Presidente y previa consulta con el Consejo, podrá declinar conocer de un determinado caso si éste puede lesionar su autoridad moral o autonomía.
Artículo 36. Una vez admitida y registrada la queja o denuncia de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá ponerla en conocimiento de las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables y al titular del órgano del que dependan utilizando en casos de urgencia cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica solicitando a las primeras un informe escrito sobre los actos u omisiones que se les atribuyan en la queja o denuncia.
El informe será rendido, en un plazo de quince días naturales, contados a partir de que la autoridad o servidor público reciba el relato y el
1 requerimiento por escrito. Si a juicio de la Comisión, la situación es urgente dicho plazo podrá reducirse.
Artículo 37. En el informe mencionado en el artículo anterior la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable debe hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, la existencia de los mismos en su caso, así como los elementos de información que considere necesarios para la documentación del asunto.
Artículo 38. La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoya, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva para la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable de la queja o denuncia tendrá el efecto de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al dictar su recomendación tendrá por ciertos los hechos materia de la queja o denuncia salvo prueba en contrario.
Artículo 39. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o los Visitadores, podrán solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.
Dichas medidas pueden ser precautorias de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 40. Admitida la queja o denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal procurará la conciliación de las partes siempre dentro del respeto a los derechos humanos que se consideren afectados que de lograrse dará origen a la conclusión del expediente siempre que la autoridad o servidor público le acrediten dentro del término de quince días hábiles, haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 41. Cuando la queja no se resuelva de manera inmediata la Comisión iniciará las investigaciones del caso, para lo cual tendrá la siguientes facultades:
I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de derechos humanos la presentación de informes o documentos complementarios;
II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores públicos documentos e informes relacionados con el asunto materia de la investigación;
III. Practicar visitas e inspecciones, mediante personal técnico o profesional;
IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos, y
V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.
SECCIÓN SEGUNDA
De las pruebas
Artículo 42. Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un expediente de queja o denuncia por presuntas violaciones a derechos humanos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá solicitar la rendición y desahogar todas aquellas pruebas que resulten indispensables con la sola condición de que éstas se encuentren previstas como tales por el orden jurídico mexicano.
Artículo 43. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones o bien que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal requiera y se allegue de oficio serán valoradas en su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia y de la legalidad a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.
Artículo 44. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.
SECCIÓN TERCERA
De los acuerdos y recomendaciones
Artículo 45 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal puede dictar acuerdos de trámite, en el curso de las investigaciones que realice los cuales serán obligatorios para los particulares y autoridades o servidores públicos
que deban comparecer o aportar información o documentos, y su cumplimiento traerá aparejadas las sanciones y responsabilidades señaladas en el Capítulo VIII de esta Ley.
Asimismo, en el caso en que se compruebe que las autoridades o servidores públicos no hayan cometido las violaciones de derechos humanos que se les hubiesen imputado la Comisión dictará el respectivo acuerdo de no responsabilidad. Artículo 46. Concluida la investigación, el Visitador correspondiente
formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados al haber incurrido en actos y omisiones legales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.
En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes mencionados serán sometidos al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para su consideración y resolución final.
Artículo 47. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estudiará todos los proyectos de Recomendación y los Acuerdos de No Responsabilidad que los Visitadores presenten a su consideración, formulará las modificaciones, las observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, los suscribirá.
Artículo 48. La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija, asimismo no podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia.
En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate deberá informar dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación.
En su caso, deberá acreditar dentro de los diez días siguientes que ha cumplido con la recomendación. El plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo requiera.
Artículo 49. La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.
Artículo 50. Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que hayan sido aceptadas por autoridades o servidores públicos resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos humanos, la Comisión estará facultada para investigar de oficio el área de actuación con que se relacionen dichas recomendaciones, para efectos de formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas en términos de la fracción VI del artículo 17 de esta Ley.
Artículo 51. La Comisión decidirá de manera discrecional si proporciona o no alguna prueba que obre en su poder y le sea solicitada.
Artículo 52. Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad se referirán a casos concretos, las autoridades no podrán aplicarse a otros casos por analogía o mayoría de razón.
Artículo 53. Contra los acuerdos, resoluciones definitivas o por omisiones o inacción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; así como contra el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la misma, los particulares podrán interponer los recursos de queja o de impugnación que se sustanciarán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos según establezcan su Ley y su Reglamento.
SECCIÓN CUARTA
De las notificaciones
Artículo 54. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal notificará oportuna y fehacientemente a los quejosos de los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos de las violaciones respectivas la aceptación y la ejecución de la misma, y en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 55. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá publicar en su totalidad o en forma abreviada, las recomendaciones de la Comisión. En casos
excepcionales podrá determinar si las mismas solo deben comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias específicas.
CAPÍTULO VI
De los informes
Artículo 56. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal enviará un informe anual, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sobre las actividades que haya realizado en dicho período. Dicho informe será difundido de la manera más amplia para conocimiento general.
La difusión del informe a que se refiere el presente artículo estará a cargo de la propia Comisión como de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 57. Los informes anuales del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán contener una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado los efectos de la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir, los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen emitido, los resultados logrados así como las estadísticas y demás casos que se consideren de interés.
Asimismo, el informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes.
Se informará también sobre cada uno de los programas generales que la Comisión lleva a cabo.
Artículo 58. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá con el Jefe del Departamento del Distrito Federal y los titulares de los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal para conocer el informe a que se refiere el presente capítulo.
CAPÍTULO VII
De las obligaciones y colaboración de las autoridades y servidores públicos
Artículo 59. Todas las autoridades y servidores públicos en los términos del artículo 3o. de esta Ley, involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, inclusive aquellos que no hubiesen intervenido en los actos u omisiones reclamados o denunciados pero que por razón de su competencia, facultades y actividad, puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir de inmediato con las solicitudes de la Comisión en tal sentido.
Artículo 60. Cuando las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentos afirmen que tiene caracter confidencial comunicarán a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal las razones para considerarlos así. En este supuesto, la Comisión tendrá la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen la información o documentos, la que manejará en la más estricta confidencialidad.
Artículo 61. Todas las autoridades y servidores públicos, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
CAPÍTULO VIII
De la responsabilidad de las autoridades y servidores públicos
Artículo 62. Las autoridades o servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones indebidos en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Artículo 63. Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades o servidores públicos que deban intervenir o colaborar en las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado, la Comisión podrá rendir un informe especial al respecto.
La Comisión denunciará ante los órganos competentes los presuntos delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate independientemente de las conductas o actitudes previstas en el párrafo anterior.
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión, incurran en
presuntas infracciones o en delitos, serán denunciados ante la autoridad competente.
Artículo 64. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá asimismo solicitar a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones administrativas que procedan, por las presuntas infracciones en que incurran las autoridades o servidores públicos durante y con motivo de las investigaciones que realice dicha Comisión. El organismo disciplinario informará a la Comisión acerca de las sanciones impuestas en su caso.
Artículo 65. Además de las denuncias que delitos e infracciones administrativas en que puedan incurrir autoridades o servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ésta tendrá la facultad de solicitar amonestaciones por escrito, públicas o privadas, según el caso, al titular del centro de trabajo de aquellos.
CAPÍTULO IX
De la promoción y difusión de los derechos humanos
Artículo 66. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la promoción y difusión de una cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos podrá:
I. Celebrar convenios con las dependencias y órganos referidos en el artículo 3o. de esta Ley tendientes a la divulgación, promoción, conocimiento y capacitación en materia de derechos humanos;
II. Promover ante las autoridades competentes la celebración de convenios con la Secretaría de Educación Pública dirigidos al fortalecimiento del contenido básico en materia de derechos humanos en los diversos ciclos educativos;
III. Elaborar material audiovisual para dar a conocer sus funciones y actividades y
IV. Formular y ejecutar un programa editorial.
Artículo 67. En la celebración de convenios con el Departamento del Distrito Federal, se atenderán, sin exclusión de otras, aquellas áreas estrechamente vinculadas a los derechos humanos como la Secretaría General de Protección y Vialidad, el sistema de reclusorios y centros de readaptación social del Distrito Federal y juzgados calificadores.
Con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal los convenios considerarán fundamentalmente las actividades del Ministerio Público y de la Policía Judicial.
Artículo 68. Los órganos de seguridad pública y de procuración de justicia incorporarán en sus programas de formación y de capacitación contenidos en materia de derechos humanos tendientes a su conocimiento y práctica.
Artículo 69. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá acceso en los términos de las leyes respectivas a la radio y televisión para la divulgación de sus funciones.
CAPÍTULO X
Del régimen laboral
Artículo 70. El personal que preste sus servicios en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará regulado por las disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria de dicho apartado, teniendo en todos los casos la categoría de empleados de confianza, debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeñe.
CAPÍTULO XI
Del patrimonio y del presupuesto de la comisión de derechos humanos del distrito federal
Artículo 71. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al titular de la Secretaría encargada de esa materia.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales que requiera inicialmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, serán proporcionados por el Departamento del Distrito Federal, con cargo a su presupuesto.
Artículo tercero. El titular del Poder Ejecutivo Federal enviará a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su aprobación, el nombramiento del Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo cuarto. El Presidente de la República enviará a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su aprobación los nombramientos de los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el término de los 115 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo quinto. Los primeros miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizarán una insaculación para conocer el orden en que serían substituidos. La primera substitución conforme este ordenamiento, se realizará dentro de los primeros 6 meses de 1994.
Artículo sexto. El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será expedido dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Artículo séptimo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrá conocer sobre presuntas violaciones o derechos humanos aun cuando se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo octavo. La Secretaría de Gobernación dispondrá el mecanismo necesario para asignar del tiempo que al Estado corresponde en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, el respectivo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, D. F., a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia está a discusión en lo general.
Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores: diputada Gloria Brasdefer Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición; diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; diputado René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática para fijar posición; diputado Félix Bautista Matías, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición; diputado Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición; diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, para fijar posición.
Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Brasdefer Hernández.
La diputada Gloria Brasdefer Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Me ha correspondido y me honra muchísimo el ser la representante de mi fracción partidista, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar nuestra posición en relación con el proyecto de ley que hoy se somete a su consideración y creo que es conveniente transmitir a ustedes algunas reflexiones:
México ha sido siempre defensor decidido y certero de los derechos humanos en todos los foros internacionales; ha luchado siempre por un sistema de protección internacional que permita y garantice su defensa. De ahí su ratificación y adhesión a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en 1948 y su activa participación en los organismos internacionales encargadas de su promoción y de su protección.
Sabemos todos nosotros que México ha ratificado y se ha adherido a las diferentes convenciones que tutelan derechos políticos, sociales, civiles y económicos de hombres y de mujeres.
Nuestra tradición histórica nos ha hecho líderes y pioneros en la salvaguarda de los derechos inherentes a la dignidad humana. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a su integridad física, son y deben seguir siendo el punto de partida en toda acción de defensa y protección vinculados indisolublemente a nuestra independencia y soberanía.
A este Congreso ha correspondido el gran privilegio de pasar a la historia como integrante del Congreso Federal, que en su calidad de poder revisor elevó a rango constitucional a la Comisión de Derechos Humanos, al adicionar el apartado B del artículo 102 y, con fundamento en dicha adición, expedir la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos y establecer un sistema para su defensa, que comprende tanto el ámbito federal como el de las entidades federativas.
Ahora los estados de la República cuentan con organismos encargados de vigilar, proteger y defender los derechos humanos. Esto confirma la vocación de nuestro país por la tutela de los derechos fundamentales de todo ser humano.
Esta modificación, junto con otras llevadas a cabo en esta Legislatura, ha transformado profundamente nuestro régimen jurídico, para proteger las más variadas manifestaciones de la libertad.
Nadie puede negar que las reformas al artículo 27 constitucional, al 3o. en materia de educación, el 5o., al 24, al 27 y al 130 en materia de pensamiento, de libertad religiosa y de reconocimiento de las agrupaciones religiosas, junto con el 102, tienen por objeto garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, tienen por objeto también el elevar constantemente el nivel cultural de nuestro pueblo.
Hoy, sometemos a su consideración el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que a iniciativa de la Asamblea de Representantes recibió la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 14 de febrero de este mismo año.
Esta iniciativa de la Asamblea de Representantes, tiene por objeto proveer a la ciudadanía de los medios de defensa que le permitan la protección contra los actos de la administración pública que consideren violan sus derechos humanos o restringen su esfera de libertad.
El crecimiento de la administración pública, los constantes actos que muchas veces, sin intención, violentan la vida y la seguridad de las personas, o que transgreden su vida privada, o que tienen consecuencias respecto de su situación personal, familiar, patrimonial y que afectan su presente y su futuro, requieren de un mecanismo de protección eficiente y eficaz para aquellos que indefensamente tienen que aguantar con resignación este tipo de actos abusivos o negligentes de los malos servidores público.
Por esta razón, la iniciativa tiene por objeto la protección, la defensa, la vigilancia, la promoción y el estudio de los derechos humanos, en beneficio de mexicanos y de extranjeros que se encuentren en nuestro país.
Esta iniciativa fue aprobada por el voto de todas las fracciones partidistas, el PRI, el PAN, el PRD, el Frente Cardenista, el PARM y el PPS, votaron a favor de la iniciativa que tuvimos el honor de dictaminar.
Señalando el objeto de la ley, queda entonces claro que la competencia de la comisión se da cuando un acto o una omisión de un servidor público o autoridad son objeto de reclamación, como presuntamente violatorios de los derechos humanos. El límite de la competencia de esta Comisión, se ha establecido por la norma fundamental y por la Ley Federal que crea la Comisión Nacional y se refiere, como todos ustedes saben, señores diputados, a los casos de sentencias definitivas y en aspectos jurisdiccionales de fondo, en los casos de conflictos laborales y en materia electoral.
La propia ley faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a que cuando quien intervenga sea una autoridad administrativa o sea personal administrativo de los órganos de impartición de justicia, que incurran en actos u omisiones que impliquen violación al derecho de los administrados.
En relación con la autonomía del órgano, destaca en esta ley que tendrá la autonomía necesaria para que sus recomendaciones sean autónomas y se den a todos aquellos que se encuentren bajo el supuesto de la ley.
Dichas recomendaciones no tienen un carácter jurídico vinculatorio, pero todos sabemos que su carácter tiene una gran dosis de ética, de moral y de apoyo social para las autoridades de las que son parte de dichas recomendaciones o son objeto de dichas recomendaciones.
Conviene destacar aquí que el mérito de la propia ley, una vez aceptadas todas las recomendaciones, se establece que deben ser cumplidas cabalmente.
Otro aspecto que conviene destacar, es el que se refiere al nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El nombramiento será a propuesta del Poder Ejecutivo y aprobado por mayoría calificada de la Asamblea de Representantes por sus dos terceras partes.
Los requisitos para ser presidente de la comisión están establecidos en la ley y destacan los que se refieren a que deben de tener un amplio conocimiento de la materia y gozar de buena reputación y de reconocido prestigio público.
Se ha facultado por la propia ley, que el Jefe del Ejecutivo, cuando lo estime conveniente,
podrá solicitar la opinión de colegios, de asociaciones y de personalidades de reconocido prestigio.
Quiero señalar, que me parece que es muy importante destacarlo, el hecho de que en las reuniones que se tuvieron con diferentes miembros de la Asamblea de Representantes, en las distintas ocasiones que fue necesario, pudimos conocer que fue precisamente este artículo el que zanjó algunas de las diferencias que existían entre las diferentes fracciones partidistas para la aprobación del dictamen y que fueron hechas a un lado por la importancia que significa el hecho de que se otorguen a la Asamblea facultades para intervenir en la aprobación del nombramiento del presidente de la comisión por ser este órgano, qué duda cabe, el que de origen la Constitución le atribuye, la representación ciudadana.
Conviene destacar también que la ley otorga facultades a la Comisión del Distrito Federal para intervenir en materia de vigilancia del sistema penitenciario. Estas facultades son concurrentes con las que la ley otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se prevé, en la disposición jurídica, que se establecerán para tal efecto los mecanismos que permitan la coordinación necesaria para tal efecto.
Sin duda, otro de los avances de la iniciativa en comento, es el hecho de que la ley elimina cualquier restricción a los organismos no gubernamentales de derechos humanos para realizar quejas y denuncias.
Todos sabemos la importancia que tiene esta facultad o el haber eliminado dichas restricciones, porque precisamente las organizaciones no gubernamentales encargadas de las defensa de los derechos humanos son urbit et orbi, elemento importantísimo en el proceso transformador del derechos humanos.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Ley prevé la creación de unidades desconcentradas en todo el Distrito Federal. Esto permitirá a los habitantes de esta gran ciudad, el poder trasladarse a lugares más cercanos a su domicilio para interponer su queja.
Otro aspecto que a las diputadas nos ha congratulado, es el hecho de que la Comisión esté formada por 10 ciudadanos, hombres y mujeres, porque sabemos que de esta manera se asegurará el punto de vista de las mujeres en la justipreciación de las violaciones a hombres y mujeres, pero también y en especial o en particular, aquellas que se deriven de discriminaciones por razones de género.
Quiero, finalmente, hacer una reflexión en relación con lo que se establece como mecanismos de prevención, divulgación y desarrollo de una cultura de Derechos Humanos.
Sabemos todos que es precisamente a través de la formación de una cultura de derechos humanos, como podremos prevenir todo este tipo de atropellos que, como decía yo en un principio, vulneran mucho más a todos aquellos que por razones económicas o de carácter social o cultural están mucho más indefensos a ese tipo de violación.
Creo que promover una cultura de respeto a los derechos humanos es una de las obligaciones que debe de cumplirse cabalmente en nuestro país y en el mundo entero.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: éstas han sido algunas de las reflexiones que mi partido desea transmitir a ustedes, en la búsqueda de su voto aprobatorio a ese dictamen de Ley.
Han sido varios meses de profundos análisis y comentarios de fondo y de forma. Nos hemos reunido cuantas veces ha sido necesario, en reuniones generales y particulares, no sólo entre nosotros mismos, sino con los presidentes de la comisión de Derechos Humanos y de la Comisión del Distrito Federal, quienes han mostrado su prontitud y atingencia para dirigir u orientar el desarrollo satisfactorio de estos trabajos.
Quiero dejar constancia también de la magnífica disposición y apoyo de todos mis compañeros diputados de las diferentes fracciones partidistas, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido Popular Socialista, que junto con nosotros, diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, hicieron llegar a feliz término la formulación del dictamen.
Fue así que estos trabajos fueron complementados con conversaciones formales e informales que tuvimos con representantes de las cuatro comisiones de la Asamblea de Representantes: la de Seguridad Pública y Protección Civil, la de Administración y Procuración de Justicia, la de Prevención y Readaptación Social y la de Protección de Derechos Humanos.
Llegamos, por estas razones, por lo que analizamos en la documentación, por el análisis profundo de la iniciativa y por el hecho de la unidad de las diferentes fracciones para la aprobación y presentación de esta iniciativa, que decidimos aprobarla o presentarla a ustedes en los términos en que fue presentada a la Comisión Permanente.
Ruego a ustedes, por todas estas razones, por todas estas reflexiones, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, la aprobación favorable de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias.
El Presidente:
Dígame, señor diputado.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
(Desde su curul) ¿Sería tan amable, señor Presidente, de preguntar a la señora diputada si acepta una interrelación?
El Presidente:
Diputada Brasdefer, ¿acepta usted una interpelación del diputado Estrada Sámano?
La diputada Gloria Brasdefer Hernández:
Sí, como no, con todo gusto.
El Presidente:
Sí la acepta, señor diputado.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
(Desde su curul) Muchas gracias.
Escuché señora diputada, con toda atención, su intervención y más allá de la utilización de la fórmula Urbi et Orbi que para mí presentaría algún problema, como legislador federal mexicano, modestamente me limito a tratar de legislar para el mundo mexicano y no para todo el mundo. Pero más allá de ello, en parte del texto escrito que usted acaba de poner a consideración de esta Asamblea y poniendo la iniciativa a consideración nuestra en el contexto de una evolución del derecho, señalaba usted que reformas recientes a artículos constitucionales diversos como el 27, 130, 3o., 5o., 102 y otros, se enmarcan en un esfuerzo de garantizar el respeto a los derechos humanos en nuestra patria, ¿quiere esto decir, señora diputada, que disposiciones anteriormente vigentes de los artículos mencionados no garantizaban el respeto de estos derechos humanos o eran violatorios de los mismos o podían serlo? Le agradecería sus comentarios, señora diputada.
La diputada Gloria Brasdefer Hernández:
Sí cómo no, con todo gusto, señor diputado.
En primer término y por lo que se refiere a la frase que utilicé en relación con las organizaciones no gubernamentales, porque lo hice con referencia a las organizaciones no gubernamentales, quiero decirle a usted que son reconocidas no solamente en las ciudades, sino en el mundo entero como pioneras, promotoras y coadyuvantes en la defensa de los derechos humanos. Creo que eso le satisface a usted porque veo que está usted asintiendo.
En segundo lugar, quiero comentarle a usted, que efectivamente a juicio de mi persona y de mi partido, las modificaciones a los artículos constitucionales en mi intervención coadyuvan a garantizar junto con el 102 en su apartado B, la defensa de los derechos humanos.
Creo yo que si nosotros nos referimos a la libertad de pensamiento y de religión podríamos hablar que hay una defensa de los derechos humanos. No quiero decir que sea el objetivo, pero que la esfera de libertad del individuo se amplía con estos artículos.
Otro aspecto que creo que es conveniente que aclare yo en términos de la pregunta que usted hace, es el que en este momento las grandes transformaciones del Estado han obedecido a las reclamaciones de todas las sociedades. Yo creo que en las sociedades universales se ha hecho indispensable el crear organizaciones, organismos o mecanismos de defensa y de protección de los derechos humanos, en este caso de la defensa de los administrados frente a los actos de la administración pública.
Yo recuerdo que Carrillo Flores escribió un hermosísimo libro que a todos los que nos regocija y nos anima el estudio de la defensa de los derechos de los gobernados, ha sido realmente un libro de cabecera. Para mí la defensa
de los derechos humanos debe de ser uno de los objetivos primordiales de cualquier modificación o transformación jurídica.
Creo por eso y lo señalaba en mi intervención, que nosotros somos privilegiados por haber sido como órgano revisor, quienes pudimos participar en las modificaciones a la Constitución, quienes pudimos establecer posteriormente la expedición de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional y ahora como habitante de la ciudad de México me parece que en mi persona ha sido una gran distinción, una honra el hecho de que mi partido me haya designado para representarlo al fijar la posición y solicitar de todos ustedes la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a razonar el voto del Partido de Acción Nacional a favor del dictamen de la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y lo hago en los siguientes términos.
El dictamen que hoy ocupa nuestra atención, es un dictamen histórico y es un dictamen histórico, en virtud de que es la primera iniciativa que es dictaminada por esta Cámara de Diputados y que es enviada por la Asamblea de Representantes. Y dirán algunos de ustedes que sepan cuántas ha enviado, dirán que ésta es la segunda, pero la primera iniciativa que fue enviada a esta Cámara no fue dictaminada, entonces por lo tanto estamos dictaminando la primer iniciativa de la Asamblea de Representantes y por ese simple hecho; constituye un hecho histórico para esta Cámara de Diputados y para la propia Asamblea de Representantes.
Por otra parte, debo manifestar a ustedes que este dictamen tuvo su origen en una iniciativa presentada por mi partido en la Asamblea de Representantes, la que fue enriquecida con la aportación de todos los partido políticos y dio origen al documento que hoy analizamos.
Debemos destacar, por otro lado, que al presentar este dictamen, la Comisión del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, dan cumplimiento a lo ordenado en el artículo transitorio del decreto que reformó el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el que se contempla que las legislaturas de los estados, crearán organismos de defensa de los derechos humanos en cada una de las entidades federativas.
En Acción Nacional le damos la bienvenida a este nuevo órgano de defensa de los derechos humanos para esta entidad federativa, mismo, del que esperamos un desempeño en la defensa de los derechos humanos para los habitantes de esta ciudad, con la eficiencia con que lo ha venido haciendo hasta hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin duda alguna, que espera una gran responsabilidad a esta naciente comisión; responsabilidad que se ve agigantada al voltear la vista y ver el bien trazado camino que ha dejado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la actuación y con los estudios publicados, los que han venido a profundizar el conocimiento de los derechos humanos en muchos de los habitantes de esta ciudad capital y de la República en general.
Este estudio ha venido a cambiar, incluso la idea que tuvieron muchos que sin conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sin haber nacido ésta, la calificaron como el nuevo poder conservador o como un cuarto poder. Por fortuna esta idea ha venido desapareciendo en el ámbito político nacional.
Yo espero que esta misma idea permee en todos los ámbitos, incluso hasta el Poder Judicial de la Federación que sigue continuando como una excepción al conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La iniciativa que hoy discutimos, el dictamen que hoy se presenta a nuestra consideración, como nos decía la diputada Gloria Brasdefer, contiene elementos muy importantes y estos elementos son sin duda alguna, por lo que hace al ámbito competencial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se incluyen todos los actos que realicen las autoridades judiciales de esta entidad federativa.
Tal vez uno de los aspectos más relevantes que se contengan en este dictamen, sea el relativo al nombramiento del titular del órgano de la Comisión de Derechos Humanos ¿por qué? aun cuando lo hace el Presidente de la República,
este nombramiento se ve fortalecido al exigir la calificación o una mayoría calificada de las dos terceras partes de la Asamblea de Representantes.
Una disposición que no pudimos sacar nosotros en este Congreso para la aprobación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sostenida en la Asamblea de Representantes y creo que fue un buen logro de todos los partidos políticos y un consenso generalizado en esta iniciativa, por lo que debe felicitarse a ese órgano plural, a ese órgano colegiado por el trabajo que desarrolló en el dictamen que hoy estamos discutiendo.
Consideramos que es importante este hecho, porque sin duda alguna desde el nombramiento del titular de ese órgano depende la eficacia o no de ese órgano. Si no se es capaz de sacar una resolución consensada del titular de este órgano, pues yo creo que los esfuerzos que realice la Comisión de Derechos Humanos serán vanos o serán infructuosos o no tendrán el apoyo moral. Sabemos todos que uno de los aspectos sobresalientes de la Comisión de Derechos Humanos, es el que los titulares tengan la calidad moral, que tengan el prestigio nacional o el prestigio en su entidad federativa, para que las resoluciones que emitan puedan ser cumplidas por las autoridades. Sin este requisito, desafortunadamente creo que pocas autoridades cumplirían con las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos.
Además de este nombramiento, se establece la posibilidad, al menos la posibilidad, de que el Presidente de la República consulte a los colegios de abogados, a las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, en el nombramiento que va a hacer. Esto también implica el asomo o la posibilidad de que quien sea electo y ratificado por la Asamblea de Representantes, sea una persona de reconocido prestigio dentro de la sociedad.
Otro de los aspectos que vale la pena resaltar y destacar, es el contenido en el artículo 19 en su penúltima fracción, que creo yo que es un gran avance. Y es un gran avance porque da el contenido exacto y dimensional, en su justa apreciación, lo que se quiere significar con actos jurisdiccionales y le da una competencia mayor a la Comisión Nacional o en este caso, a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal en su aplicación. Por ello, consideramos que son aspectos que son de destacarse, que son de razonarse y por ello nuestro voto a favor.
Por otro lado, consideramos que con la creación de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tal vez desaparezca un órgano en esta entidad federativa. Y el órgano que puede desaparecer en esta entidad, puede ser la Procuraduría Social, la Procuraduría Social que al ser creada esta Comisión de Derechos Humanos, tendrían facultades similares, facultades concurrentes que no tendría razón de ser y sí debería de pensarse en la posibilidad de que esta procuraduría social pasara a ser un brazo técnico de la Asamblea de Representantes.
Por otro lado, nuestro voto aprobatorio para esta iniciativa, porque es un principio de reconocimiento al Distrito Federal y dar validez a la tesis de que en el Distrito Federal necesitamos autoridades y necesitamos órganos propios. Por el nacimiento de esta Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, damos validez a esa tesis nuestra también, y creo que será un elemento más que fortalezca la democratización para esta entidad federativa.
Por ello, señoras y señores diputados, el voto a favor del Partido Acción Nacional, no obstante lo anterior, nos reservamos dos o tres artículos para hacer consideraciones en lo particular, que esperamos sean de la aceptación de ustedes porque consideramos también que darán una mayor precisión jurídica a la iniciativa que discutimos. Gracias por su atención.
El Presidente:
Se concede la palabra al diputado René Bejarano Martínez.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados:
Vengo en representación del Partido de la Revolución Democrática a fijar la posición de nuestra institución política alrededor o en relación a la iniciativa de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Nuestro partido, considera que es de aprobarse en lo general esta iniciativa; pero no queremos dejar pasar nuestros razonamientos sin observar algún conjunto de opiniones criticas alrededor de esta iniciativa y de lo expuesto aquí por algunos diputados.
Para nosotros la dignidad humana es la fuente en que se origine y determinan los derechos
humanos. El Estado o Gobierno que desconoce o ignora los derechos humanos, como lo ha hecho parcialmente el actual régimen, atenta y vulnera esa dignidad que posee cada ser humano y que le viene dada por el simple hecho de serlo.
En los últimos años, la sociedad mexicana ha sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos en todos los campos de la vida política, social, laboral, electoral, cultural y económica, quedando impunes en la mayoría de ellos, y sin castigarse a los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Por ejemplo, no olvidamos que hoy siguen libres y no se les ha encausado, los asesinos materiales y los autores intelectuales de los asesinatos de más de 230 militantes de nuestro partido, el de la Revolución Democrática en lo que va de este sexenio.
Por ello, no compartimos que México sea ese paraíso del respeto a los derechos humanos que la diputada del Partido Revolucionario Institucional ha venido a exponer aquí.
Acorde con esta realidad, también se ha intensificado la movilización en torno a la defensa de los derechos humanos; la expansión y consolidación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha sido un factor positivo pero no podemos dejar de destacar, que esto ha sido muchas veces en contra del propio Gobierno o de algunas autoridades de diversas entidades de la República.
Se ha fortalecido la conciencia ciudadana de respeto a los derechos humanos y han surgido iniciativas importantes para integrar organismos, algunos oficiales y otros no gubernamentales que trabajen en esta materia, lo cual habla de la vitalidad y de la fortaleza de la sociedad mexicana y de las perspectivas de una democratización mayor.
La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un ejemplo de que se ha fortalecido en la sociedad esta cultura y que el Estado ha reconocido la importancia de estos derechos, aunque no dejamos de resaltar que existen grandes limitaciones de concepción, de fondo, en torno a si son o no son materia de este asunto los derechos laborales, electorales y desde luego los aspectos jurisdiccionales.
No podemos negar que la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido positiva en lo general en nuestro país. Así, también, no podemos dejar de reconocer que ha habido una promoción de la cultura ciudadana para que todos y todas nos preocupemos por el respeto e integridad del ser humano.
Sin embargo, el que las recomendaciones de la Comisión Nacional o de las comisiones estatales no tengan carácter vinculatorio no siempre garantizan, a pesar de la sanción ética o moral, que éstas se cumplan. ¿Cuántas de las recomendaciones turnadas por la Comisión Nacional han sido cumplidas? ¿Cuántas violaciones de los derechos humanos han sido castigadas y cuánto daño se ha reparado?
Por ejemplo ahora que el doctor Jorge Carpizo es Procurador General de la República, tiene antes sí el reto de cumplir con muchas recomendaciones que él formuló en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esperamos que ahora sí, por ejemplo, puedan cumplirse muchas de estas recomendaciones que en anteriores administraciones no se habían cumplido en lo relacionado con la Procuraduría General de Justicia.
La lucha por el respeto a los derechos humanos no ha sido fácil y la mayoría de las veces el pueblo ha puesto las víctimas. Defender los derechos humanos no es una acción abstracta o solamente materia de discurso. Consiste, desde nuestro punto de vista, en luchar por el respeto de los derechos laborales. En exigir respeto a las posiciones políticas. En protestar y que la protesta sea atendida, ante la negligencia y la corrupción de algunas autoridades gubernamentales. En defender los derechos sociales, el derecho a la tierra, a la salud, a la educación, a la alimentación. En exigir el respeto a la voluntad popular.
En fin, hoy en día la defensa de los derechos humanos es la demanda de una verdadera democracia en nuestro país. Y esto no solo se refiere a las elecciones, sino también a la cotidianeidad política, social, económica y cultural de los mexicanos. No puede haber un pleno respeto de los derechos humanos, si no hay justicia social en nuestro país.
Se aludió aquí a la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. Sabido es que entre las diversas fuerzas políticas de la oposición y el partido oficial no existe consenso acerca de la materia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero sin ánimo de revivir el debate que se dio cuando se creó la Comisión Nacional y su reforma constitucional, o cuando se expidió la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí conviene recordar lo que dice la Declaración en algunos de sus artículos, porque
además aquí ha sido citada y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal no están siendo contemplados.
Por ejemplo, el artículo 19 dice, de la Declaración Universal, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio su expresión.
En la capital del país, ¿cuántos periodistas, cuántos informadores, han sido perseguidos, amenazados, golpeados, por difundir sus opiniones? ¿Cuántos grupos sociales han sido reprimidos por expresar libremente sus ideas?
El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "que toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
En la capital del país no tenemos la posibilidad de elegir libremente a nuestros gobernantes. Tenemos derechos políticos restringidos y ello, desde nuestro punto de vista, es atentatorio y violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según la declaración la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
¿Cuál es la realidad en la capital del país con respecto a esta materia?
Pero además, si bien es cierto que en la Carta Magna se establecen las garantías individuales y los derechos sociales, no puede negarse que los derechos sociales también forman parte de los derechos humanos.
El artículo 25 de la declaración universal dice: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
Así es que citar la Declaración de los Derechos Humanos sin apegarse estrictamente a lo que dice, es simple y sencillamente, citar con parcialidad una declaración que en México no tiene vigencia plena.
Por ello, nosotros hemos resaltado la importancia que tiene en la capital del país que se cree esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Lástima que no se haya cumplido, por no ser la nuestra una entidad federativa, con el plazo de un año marcado por la ley para la integración de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Distrito Federal.
Es comprensible que incluso haya resistencia o haya habido resistencia a aprobar esta iniciativa, porque a los capitalinos se nos considera como ciudadanos que no tiene plenos derechos políticos e incluso pudo haberse argumentado en algún tiempo, como de hecho se hizo, que no era necesaria una Comisión de Derechos Humanos aquí en la capital, puesto que estos asuntos, los de la capital, podrían ser turnados a la Comisión Nacional.
El que ahora se reconozca que sí es necesaria una comisión en la capital es importante y lo saludamos con beneplácito. Pero no podemos dejar de señalar que en este caso, ha habido retraso y que además en la capital del país sí es necesaria esta comisión, porque sí existe una violación de los derechos humanos.
Nosotros podemos decir que se han documentado diversas violaciones en diversos sectores sociales y que citaré sólo algunos ejemplos de los que más cotidianamente suceden, para que se tome en cuenta por la nueva comisión y se vea que es necesario actuar con verdadera honestidad y con ética política.
Por ejemplo, el 31 de enero de 1992, en el Distrito Federal se amenazó y se golpeó a vendedores ambulantes en la Plaza Pino Suárez, que recientemente ha sido inaugurada con un mercado para comerciantes establecidos.
Sabemos que la violencia policiaca ha afectado a muchos ciudadanos y que éste ha sido un problema que hemos tenido que padecer todos de alguna manera; que ha habido desalojos violentos sin haber un procedimiento legal establecido ni respetado y que se ha reprimido a diversas manifestaciones que han sido reprimidos organismos civiles y periodistas; que en la capital del país se ha agredido a reporteros,
a periodistas y que incluso hay algunos asesinatos de periodistas que no han sido debidamente aclarados.
Suponiendo sin conceder que los derechos sociales no fuera materia de los derechos humanos, evidentemente hay rezagos importantes en este asunto y por eso es importante que exista esta Comisión en el Distrito Federal.
Entendemos que nuestra sociedad exige vivir con justicia social y con una equitativa repartición de la riqueza, riqueza que produce básicamente el pueblo; necesitamos garantizar que en la capital del país haya una adecuada distribución de la riqueza y que los derechos sociales no queden o no sigan siendo parcialmente cumplidos o parcialmente insatisfechos. Por ello, no compartimos el que pudiera desaparecer la Procuraduría Social del Departamento del DF, puesto que ésta no tiene sólo facultades relacionadas con violación a derechos humanos, sino que tiene facultades asociadas a derechos laborales, a derechos sociales, a garantizar la atención a minusválidos, a personas que requieran auxilio social y que está relacionado con un elemento fundamental de justicia social que requiere haber en el país.
No consideramos que tenga por necesidad que desaparecer la Procuraduría de Justicia Social del Departamento, en todo caso habrá que ajustar y modificar facultades para que no haya duplicidades, pero podría aprovecharse la oportunidad para acabar con programas de beneficio social que en esa Dependencia se están implementando y que no tienen estrictamente que ver con violaciones cometidas por autoridades, sino por las condiciones económicas y sociales que se viven en la capital del país.
Necesitamos entender que es necesario reafirmar que el estado de derecho tiene plena realización, sólo cuando sus instrumentos jurídicos son adecuados para dar orden a la realidad social. Para nosotros los elementos jurídicos que crean la Comisión de Derechos Humanos del DF, no son los más adecuados, aunque queremos destacar que votamos en favor, porque consideramos que es un avance el que se reconozca la necesidad de crear un organismo de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano, ya que ello contribuye a la construcción de una cultura cívica que esté consciente de que existen organismos especializados para atender demandas concretas sobre violaciones de los derechos humanos, cometidas por autoridades o servidores públicos de competencia local en el DF., pero no podemos dejar de señalar que existen algunas limitaciones que no nos satisfacen y que es necesario ajustar. Compartimos con el diputado Orduña el que haya habido la flexibilidad para que el nombramiento del titular de esta nueva dependencia, de esta nueva instancia que estamos aprobando, que está por aprobarse en principio en la Cámara de Diputados, tenga que ser ratificada a propuesta del Ejecutivo Federal por una mayoría calificada de la Asamblea de Representantes.
Pero aquí surgen varias preguntas que convendría hacerse para observar cómo en el DF, se está aceptando algo que en otras entidades de la República o incluso en la instancia nacional no se acepta. ¿Por qué sí aceptar que un órgano como la Asamblea de Representantes y estamos de acuerdo en ello que no es un Poder Legislativo local, tenga la posibilidad de ratificar con mayoría calificada y no hacerlo en el caso de otras entidades de la República? ¿Por qué sin atentar contra la soberanía de los estados el partido oficial no tiene la misma conducta ante casos similares?
Evidentemente esto está relacionado con la autonomía que debiera tener una instancia de este tipo y que en algunos casos, sobre todo en algunas entidades de la República como Tabasco o Sinaloa, por citar sólo dos ejemplos, no tiene garantizada autonomía y en muchos de los casos las denuncias no son atendidas adecuadamente y mucho menos se actúa con imparcialidad y con el ánimo de procurar justicia, de respetar los derechos humanos, más bien algunas comisiones estatales están orientadas a sancionar y a cubrir con un manto de impunidad las violaciones que las mismas autoridades cometen en contra de la ciudadanía de esos estados.
Por eso, bienvenido que se acepte ahora así, pero ojalá esto pueda ser una norma general aplicable a todas las entidades y que a nivel federal vayamos garantizando que no sea el titular del Ejecutivo, sino que le demos plena autonomía a la Comisión de Derechos Humanos.
Esto supone también hacer una evaluación de lo que ha sido actualmente y de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones respectivas en las entidades. Nosotros vemos con preocupación que sobre todo en el último tiempo en que el titular de la Comisión de Derechos Humanos pasó a ser Procurador General de la República, se ha disminuido la fuerza moral que debiera tener una institución de este tipo, que en algunas entidades se viene despreciando e incluso se vienen desatendiendo
reiteradamente las recomendaciones que se hacen, o incluso en algunos casos, ya ni siquiera se hacen las recomendaciones.
Ello preocupa porque en una institución en que debieran estar siendo cumplidas sus recomendaciones, está siendo utilizada para cubrir o encubrir estas violaciones que en nuestro país son inaceptables, pero además, se está olvidando que asociados a conflictos laborales y conflictos políticos, se han venido cometiendo violaciones a derechos humanos, incluso agresiones físicas o asesinatos.
Qué fue del asesinato, por recordar, de Cleto Nigno Urbina, del Sindicato de la Ford, asesinado en la ocupación violenta por el líder de ese sindicato, el líder nacional y asociado, perteneciente a la CTM.
Dónde se ha encausado a los responsables, van a hacer tres años y hasta el momento no se ha ejercitado acción penal en contra de nadie, y esto está asociado a un conflicto laboral como ha habido conflictos laborales que han sido reprimidos violentamente, y qué decir de los conflictos políticos y de cómo la autoridad utiliza la inconformidad ciudadana, incluso para montar provocaciones y reprimir a la ciudadanía inconforme.
Cómo no recordar hechos sucedidos recientemente, como el caso de la caída de un helicóptero en Izúcar de Matamoros, Puebla y utilizado para reprimir a ciudadanos inconformes, con una interpretación torcida de la Ley y que despojó de un triunfo legítimo al Frente Cívico Matamorense.
Cómo olvidar que asociados a conflictos políticos, se han asesinado a muchos compañeros nuestros y que lo que es peor, se sigue haciendo. Y esto está relacionado también con que en la capital del país habrá elecciones importantes en 1994, que si no tomamos previsiones y si no se garantiza llevar a cabo un proceso de transición democrática sin sobresaltos y con apego a la legalidad, probablemente estaremos a una violación masiva de derechos humanos en la capital del país por la importancia política que tiene esta plaza pública, esta ciudad de derechos políticos restringidos.
Tenemos como partido un conjunto de propuestas que el diputado Arquímides Josafat va a presentar en una segunda ronda de oradores, alrededor de los artículos 9o., 11, 12, 18, 19, 27, 55 y 70, pero no queremos dejar pasar, para concluir esta intervención, que aún aportando nuestro voto en favor de esta iniciativa, creemos que esta iniciativa está reconociendo implícitamente que en la capital del país se requiere de una forma de entender los derechos de los ciudadanos, distinta a cómo se ha venido haciendo.
Que por más que el régimen venga posponiendo, retrasando y burlando la verdadera reforma política que se necesita en la capital del país, difícilmente se podrá seguir encubriendo que los ciudadanos de la capital del país no tenemos derechos políticos plenos.
Que esta iniciativa de ley con la que estamos a favor, es un avance en este sentido porque está reconociendo la necesidad que se tiene en la capital del país, de avanzar en un modelo político distinto al que ha permanecido durante 65 años en lo básico, después de la reforma de 1928 que anuló los municipios en esta tierra.
Por ello, queremos insistir en que es necesario que en este contexto de reclamo de los derechos humanos de los capitalinos, se avance también en la restitución de los derechos políticos plenos para garantizar que elijamos a nuestros gobernantes, para garantizar un Poder Legislativo local con plenas facultades y para la restitución de un Estado, de una entidad federativa y de un poder municipal.
Nuestro partido ha insistido en ello, lo seguirá haciendo. Los derechos humanos no son sólo los que algunos seres humanos de un partido consideran que se tienen que defender, son los que están asociados a la vida económica, política, social, cultural del país y por ello reclamamos respeto pleno a todos los derechos humanos y no sólo a alguno de ellos.
Por eso nuestro partido vota a favor en lo general, pero presentará sus opiniones en lo particular, para que sean consideradas. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Félix Bautista Matías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Félix Bautista Matías:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a nombre del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional,
a fijar la posición en torno a la iniciativa de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Nuestra fracción parlamentaria ha manifestado reiteradamente la necesidad de ampliar y legislar sobre los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Asegurarlos y perfeccionarlos es una tarea permanente.
A pesar de que existen en nuestro país un poco más de 200 leyes, la reglamentación legal de nuestra sociedad no se encuentra completa. Tal es el caso de los derechos humanos en el Distrito Federal.
La Ciudad de México, la más grande del mundo, requiere por su problemática específica, una regulación acorde a sus necesidades de protección de sus derechos sociales, políticos y de sus garantías individuales.
Históricamente no se encuentra un registro completo de reglamentación de los derechos humanos para los habitantes de esta gran ciudad. Existen, como ya hemos mencionado, reglamentaciones diversas sobre diferentes aspectos que regulan la vida en el Distrito Federal, pero en la materia que hoy discutimos, que es de vital importancia, no se ha realizado ningún planteamiento serio y no se han concretizado institucionalmente los organismos encargados de proteger y vigilar los derechos humanos.
Esta falta de ordenación jurídica se ha generado desde los inicios de nuestra sociedad y ha perdurado aun hasta nuestros días.
Por ejemplo, en nuestro país es muy reciente la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta surge ante la constante violencia vivida por los habitantes del país. La violencia se ha ejercido por parte de las autoridades judiciales, por el Ejército o bien ha sido generada por disputas políticas y sociales.
La iniciativa de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presentada por la Asamblea de Representantes, es un avance legislativo . Estamos de acuerdo en su intencionalidad, aunque existen cuestiones en las que nuestra fracción quisiera insistir. Nuestra visión integral de los derechos humanos nos indica que éstos no se pueden encerrar sólo en irregularidades de tipo jurídico - legal. La iniciativa presentada sugiere crear una comisión en donde se regularía la protección, vigilancia, defensa, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos.
A nuestro partido le parece que la defensa de los derechos humanos no se circunscribe únicamente a cuestiones de agresión, promoción o estudio. La defensa debe asegurar satisfacciones vitales para nuestros ciudadanos. El derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, etcétera, son derechos que no se cubren en su totalidad. Su incumplimiento trae resultados negativos para la sociedad, véanse los recientes casos de cólera. La cuestión de esta enfermedad es un problema que deviene de la falta de recursos de diversos órdenes. Las clases pobres son las que más padecen esto.
La crisis económica y los factores socioculturales, son los grandes lastres que van en contra de los derechos humanos, no sólo de los habitantes del Distrito Federal, sino de toda la nación, por eso es imprescindible que se busquen mecanismos jurídicos para que la satisfacción de los mínimos vitales se cumplan.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional está a favor de la creación de nuevas leyes cuando éstas sean necesarias. La creación de la Comisión de los Derechos Humanos, dada la problemática de la Ciudad de México, creemos que es necesaria para regular la defensa de los derechos de la población, sin embargo, observamos en la iniciativa las mismas carencias que observamos cuando se formó la Comisión de los Derechos Humanos. Nos referimos concretamente a la limitación constitucional para que la Comisión tenga facultades para conocer actos de organismos y autoridades electorales y conflictos de carácter laboral. La consideramos como una gran limitación, dado que en nuestro país, en los procesos electorales, se suscitan hechos que violan los derechos humanos y en la cuestión laboral es común que sucedan acontecimientos violatorios en esta materia, como son los despidos injustificados de los trabajadores, maltratos, etcétera.
Aun existiendo las instancias correspondientes, consideramos que deben ser campos abiertos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en este caso particular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se propone crear.
Nuestro partido acepta la propuesta de creación de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal que la Asamblea de Representantes hace a esta Cámara de Diputados y por lo mismo votará a favor de la iniciativa, no obstante continuaremos insistiendo en que tanto esta Comisión como la de carácter nacional, amplíen sus facultades a las limitaciones de la
normatividad jurídica que le impone. Por su atención muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente, compañeros diputados:
Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista a plantear a ustedes una serie de consideraciones respecto de la creación de la Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal, creación que apoyamos, porque consideramos que no sólo se llena un vacío jurídico que no sólo va en dirección a una norma constitucional que obliga a los estados a emitir leyes en la materia y a crear órganos especializados, sino porque es una necesidad social urgente de nuestros días en la capital de la República, en vista de los problemas diarios de quienes habitamos la gran urbe.
Celebramos el hecho de que esta iniciativa haya provenido de la Asamblea de Representantes y que a partir de ahora este órgano tendrá nuevas facultades, nuevas atribuciones en esta materia y en las materias que la reforma política habrá de otorgarle pronto en la Ciudad de México.
Consideramos que este organismo reproduce el mismo esquema organizativo y funcional de la Comisión Nacional y que si bien es cierto que hay diferencias, una de ellas importante, como es la ratificación del titular de la Comisión por la mayoría calificada de la Asamblea de Representantes, no obstante estas diferencias, se trata de un instrumento muy parecido, similar a la Comisión Nacional en lo que se refiere a los aspectos sustanciales de la atención de las quejas de los ciudadanos de nuestro país.
De tal manera que la creación de este organismo viene a descargar de trabajo a la Comisión Nacional, que desde su fundación hasta hoy le había otorgado una gran atención a la capital de la República.
Basta con ver el gran número de quejas que atendí a la Comisión Nacional, relativas a la capital de la República, para darnos cuenta que ésta es una descentralización de las funciones, de las atribuciones que tenía la comisión, exactamente como está sucediendo con los órganos que a nivel estatal se encargan de esta materia y que de alguna manera han ido limitando el campo de acción de la Comisión Nacional y es un proceso que consideramos va a seguir realizándose en el futuro.
¿Por qué consideramos importante este organismo y qué esfera de actividades deberá cubrir?
En primer lugar, deberá atender las múltiples quejas, reclamaciones, que todos los días se presentan en las agencias del Ministerio Público, por mal trato de sus titulares, por hechos de corrupción de su personal y por diversas irregularidades.
Hasta ahora no se han encontrado mecanismos para captar las denuncias de los ciudadanos en esos sitios, en las agencias del Ministerio Público, y no ha sido posible el combate a sus irregularidades en el lugar en el que se presentan.
Ha sido una política de buenos deseos el combate a la corrupción en la administración pública, pero no encontramos avances sustanciales en ese nivel de la administración de la justicia.
Todavía hay que hacer mucho para que la justicia no se venda al mejor postor en las agencias del Ministerio Público y porque los ciudadanos tengan realmente respetados sus derechos, sus garantías individuales.
Va dirigida también a los reclusorios, que están sobrepoblados, en donde cotidianamente se violan los derechos humanos de las personas ahí detenidas; se violan, en mayor o menor grado, desde que se ingresa al reclusorio hasta su permanencia en él, se transgreden garantías individuales, práctica que no ha sido posible erradicar, desgraciadamente, en el sistema penitenciario de nuestro país.
Ahora mismo tenemos la huelga de hambre de un grupo de detenidos en el Reclusorio Norte, que es una verdadera bomba de tiempo, no sólo porque está sobrepoblado en más de un 100%, sino porque en ese reclusorio hay mil irregularidades jurídicas y administrativas, que no se pueden combatir aunque se cambien a los titulares de cada uno de los reclusorios.
Ahí habrá, naturalmente, un gran campo de acción de la Comisión de Derechos Humanos; será una fuente inagotable de quejas de los mexicanos que se encuentran en esos establecimientos.
Pero también va dirigida a las operaciones que realiza la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal y concretamente la Policía Judicial del Distrito Federal.
En el pasado, la Comisión Nacional enfilaba sus reclamaciones contra la Procuraduría y contra la Policía Judicial y ahora la Comisión Nacional tendrá ese otro campo de acción muy importante.
No desconocemos los avances que ha habido en la presente administración por mejorar la justicia en la Procuraduría del Distrito Federal; no desconocemos los avances que ha habido para profesionalizar a los miembros de la Policía Judicial; son avances que en su momento hemos ponderado, pero que a pesar de todo no son satisfactorios, porque todavía tenemos grandes deficiencias en la operación de esas instituciones.
En primer lugar, hay órdenes de aprehensión que no se cumplen, básicamente porque hay actos de corrupción de por medio que impiden la detención de delincuentes que han causado grave daño a la sociedad; hay rezagos en la formulación de sentencias, persona que pasan meses y años sin ser sentenciados, cuyos derechos son conculcados y hay también una maraña burocrática en los juzgados que hace lenta, pesada, difícil, la administración de la justicia.
Aunque recientemente se introdujeron los sistemas de la computación a las oficinas de la agencia del Ministerio Público, con el interés de agilizar los trámites judiciales todavía el sistema de computación no rinde sus frutos, de tal manera que hay personas que se encuentran detenidas y no se finca ninguna responsabilidad afectándolos a ellos y a sus familiares.
Queremos señalar que es un hecho positivo que la Asamblea de Representantes que debiera ser el congreso local para la Ciudad de México y que debiera ser el órgano que discutiera estos asuntos y no la Cámara de Diputados se involucre en la actividad de este organismo que está a punto de nacer.
Se requiere un control social, un control legislativo del titular de la Comisión de Derechos Humanos. La experiencia de la Comisión Nacional, experiencia por cierto breve, nos confirma que no basta el control que tiene el Ejecutivo sobre la Comisión, sino que es más importante o puede ser más importante el control que sobre ella tenga el Poder Legislativo, en este caso, la Asamblea de Representantes.
¿Por qué decimos eso? Porque a diferencia del Poder Ejecutivo en donde sólo está representado un partido político y por lo tanto sólo obedece a la lógica de este partido, se ha avanzado mucho en la integración plural de la Asamblea de Representantes y ahí confluyen las principales fuerzas políticas de la ciudad y, por lo tanto, la evaluación que se haga del trabajo de la Comisión será una evaluación multiforme, variada, equilibrada, desde los puntos de vista de todos los partidos ahí presentes y no sólo desde la óptica de un solo partido.
El mayor problema para nosotros será el de seleccionar al titular de esta Comisión. Tuvimos el gran acierto de que para la Comisión Nacional se seleccionara a un hombre como el doctor Jorge Carpizo, pero resulta difícil, pero muy difícil encontrar en la judicatura del Distrito Federal a un hombre de la autoridad moral, de la capacidad y de la firmeza que tiene el doctor Carpizo.
Resulta difícil porque cuando la Asamblea de Representantes ha discutido el problema del nombramiento de magistrados, se han presentado impugnaciones contra muchos de ellos, al grado que uno tuvo que declinar su nombramiento debido a la gran cantidad de denuncias que había en su contra, por una conducta indebida en los tribunales.
La búsqueda de este titular será muy importante porque debe reunir, a nuestro modo de ver, dos características: primero, una capacidad profesional admirable como abogado en el campo de los derechos humanos; segundo, convicción y firmeza en la causa en la que se encuentra, ya que de no ser así, será absorbido, será controlado y será manipulado por el Gobierno de la Ciudad de México o por el Poder Ejecutivo de la capital de la República.
Por eso, decimos nosotros que para evitar la tentación de someter al titular de este órgano, se requiere el equilibrio, se requiere el contrapeso de la Asamblea de Representantes, de su Comisión correspondiente, la Procuración de Justicia, para lograr mantener la evaluación en el marco de la independencia de cada organismo, la evaluación constante y no solamente ritual o simbólica de la Comisión Nacional.
Hay dos cuestiones que queremos plantear para concluir. La primera, es necesario revisar y derogar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno que en la ciudad de México data ya de hace muchos años y que en sus partes principales ya no se ajusta a la realidad. Este reglamento ha sido superado por el crecimiento de la capital de la República, por los problemas económicos y sociales que en ella existen y por lo tanto se requiere modificar este aspecto normativo que
será facultad desde luego de la Asamblea de Representantes.
Y también está la necesidad de promulgar la Ley de Seguridad Pública, que es un dispositivo jurídico que debe conciliar los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, por ejemplo, con los intereses colectivos, porque siempre hay el peligro de que un reglamento vulnere derechos constitucionales, de tal manera que esta ley que pronto será aprobada en esta Cámara debiera conciliar ambos tipos de derechos.
Nos reservamos, en su momento, la oportunidad para plantear algunas propuestas que a nuestro juicio mejorarían esta ley.
Varias de ellas fueron aceptadas por la Comisión, pero pensamos que aún puede ser mejorada en el interés del bienestar de la Ciudad de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
En votación económica, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Señores diputados: Con base en el artículo 134 del Reglamento se va a proceder en un solo acto a recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Quisiera informar a la Asamblea, asimismo, que han sido reservados los siguientes artículos:
Por parte del Partido Revolucionario Institucional, el 18 y 25; por parte del Partido Acción Nacional, el 24, 57 y 58; por parte del Partido de la Revolución Democrática, el 3o., 9o., 11, 12, 16, 18, 19, 27, 35, 55 y 70; por parte del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el 9o. y el 15; por parte del Partido Popular Socialista, el 71.
En consecuencia, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular por los artículos no reservados. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 303 votos en pro, cero en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 303 votos.
Esta presidencia informa que para la discusión en lo particular se han inscrito los siguientes diputados: Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, para hacer propuestas al artículo 71; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer propuestas a los artículo 9o. y 15; Josafat Arquímides García, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer propuestas a los artículos 3o., 9o. 11, 12, 16, 18, 19, 27, 35, 55 y 70; Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer propuestas al artículo 18; Napoleón Gallardo Ledezma, del Partido Acción Nacional, para hacer propuestas al artículo 24; Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional para hacer propuestas al artículo 25; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, para hacer propuestas a los artículos 57 y 58.
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuellar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Me refiero al artículo 71, que es el relativo al presupuesto anual de egresos que tendrá la Comisión de Derechos Humanos.
Consideramos que es muy importante que la Comisión tenga un presupuesto suficiente para contratar técnicos, especialistas, investigadores para el pago de los visitadores para tener un
conjunto de servicios y de instalaciones de infraestructura que le permitan cumplir cabalmente con sus funciones. Si la Comisión no llegara a tener estos apoyos, no tendría éxito, tomando en cuenta la magnitud de sus problemas y la gran cantidad de quejas que con seguridad llegarán a sus oficinas.
Y una forma de maniatar a la Comisión, de reducirla a su mínima expresión, sería la de que el Ejecutivo no le proveyera de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines y así está ocurriendo con algunas comisiones de los estados, en que los gobernadores para que no puedan cumplir con sus objetivos, no les entregan los recursos presupuestales que deben entregarles. De tal manera que algunas comisiones estatales, no tienen dinero suficiente para poder desempeñar sus actividades y su función en algunos estados deviene en simbólica.
También es muy común que por esta vía los gobernadores, en este caso sería el jefe del departamento, sometieran bajo su control político, al titular de este órgano y este órgano si ha de funcionar, debe tener un funcionamiento autónomo y la base de la autonomía es una base material sustentada en recursos presupuestales.
La propuesta nuestra es la siguiente: Artículo 71. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tendrá la facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al titular de la secretaría encargada de esta materia.
En todo caso, dicho presupuesto será suficiente para permitirle el cumplimiento de sus fines.
Dejo a la Secretaría la propuesta correspondiente.
El Presidente:
Se reserva para su votación en conjunto, la propuesta del señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al interior de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, ha venido trabajando para presentar propuestas en este proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que con nuestras propuestas nosotros podamos enriquecer este proyecto de iniciativa de ley de la Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal y los ciudadanos del Distrito Federal cuenten con una ley discutida, enriquecida por todas las fracciones parlamentarias donde todos hemos puesto por encima de nuestras ideologías, los intereses del respeto a los derechos humanos.
Voy a hacer una propuesta en dos artículos. El primero es el artículo 9o., va a ser en particular el segundo párrafo, que en la iniciativa dice de la siguiente forma.
Artículo 9o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación, en su caso, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por las dos terceras partes de sus miembros presentes. El titular del Poder Ejecutivo Federal, para la formulación del nombramiento, podrá a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitar opiniones de asociaciones y colegios en general, de entidades o de las personalidades que estime conveniente.
Así está establecida en la iniciativa. Nuestra propuesta es la siguiente; debe decir el artículo 9o. "El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación, en su caso, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por las dos terceras partes de sus miembros presentes. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, para la formulación del nombramiento, solicitará a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, opiniones de asociaciones, colegios y en general, de las entidades o de las personalidades que estime convenientes. Estas opiniones no serán vinculatorias."
A nuestro juicio, nosotros consideramos en el primer párrafo del artículo 9o., un avance sustancial e importante en cuanto a que la propuesta del Ejecutivo Federal va a estar sujeta a las dos terceras partes de los representantes de la Asamblea.
En el segundo párrafo, para nosotros es muy importante que no quede a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal si podrá solicitar una opinión para allegarse de toda una serie de información y de opiniones acerca de quien debe
presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ese sentido, a partir de la importancia que recubre las dos terceras partes para calificar de la Asamblea de Representantes, con nuestra propuesta se abre todo un abanico de posibilidades para que efectivamente se lleve a consulta a la sociedad en su conjunto, a las organizaciones, para que el Ejecutivo Federal tenga toda una opinión suficiente acerca de las organizaciones diversas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y se le agrega la última parte, en virtud de que hay que ser profundamente cuidadosos para que los que presiden las comisiones de Derechos Humanos, estén por encima de grupos de poder, de fracciones y que pongan siempre el interés de la defensa de los derechos humanos.
La siguiente propuesta es en relación al artículo 15, que actualmente dice lo siguiente:
Artículo 15. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los visitadores no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones que emitan o por los actos que realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos que les asigna esta ley.
Nuestra propuesta es la siguiente:
Artículo 15. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los visitadores no podrán ser detenidos, sancionados o juzgados por las opiniones o recomendaciones que emitan ni tampoco por los actos que realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos que les asigna esta ley.
Consideramos nosotros que uno de los trabajos fundamentales de la Comisión de Derechos Humanos es el emitir recomendaciones a toda una serie de órganos que están involucrados en la impartición de la justicia y esto viene a dar un contenido mejor a este artículo 15.
Solicitamos a este pleno, a todos los compañeros de las fracciones parlamentarias, que su voto sea a favor de estas propuestas, a fin de que podamos entre todos poner por encima de nuestras ideologías el interés de defender los derechos humanos y de que los ciudadanos del Distrito Federal cuenten de forma pronta con esta Comisión tan importante para una gran parte de la población de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Se reserva para su votación en conjunto la propuesta de la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
Tiene el uso de la palabra el diputado Josafat Arquímides García.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Con su venia, señor Presidente; señores diputados; señoras diputadas:
Al reconocerse intrínsecamente el respeto a la dignidad del individuo y a sus derechos humanos, que son inalienables e irrenunciables, se garantiza la libertad, la justicia y la paz del mundo.
La violación, el menosprecio y el desconocimiento de los derechos humanos, es un acto de barbarie y de ultraje a la conciencia humana; ya que la aspiración de la humanidad es liberarse de la violencia y de la miseria, es la aspiración a la libertad de pensamiento y a la libertad de creencia.
Por eso, es plausible que se haya elevado en nuestro país a rango constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aunque insistimos en sus grandes limitaciones en el terreno de los derechos laborales, electorales y jurisdiccionales, no podemos negar que su labor ha sido positiva en general.
Nos satisface que desde el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene como ideal supremo que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose en esta declaración, promuevan mediante la enseñanza y la educación el progreso social, el mejoramiento del nivel de vida y el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y aseguren con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados miembros, como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, también establece que nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una empresa, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Refrendamos nuestro compromiso de luchar porque la defensa de los derechos humanos no
quede sólo en buenos propósitos. Su defensa no debe ser sólo una acción demagógica o para lograr una falsa imagen en la opinión nacional e internacional de ser defensores de los derechos humanos, cuando la realidad es otra.
La defensa de los derechos humanos no es una acción abstracta, no es una simulación, es un compromiso impostergable, es una exigencia y es una acción patriótica y valiente.
Reiteramos que para el Partido de la Revolución Democrática, la defensa de los derechos humanos que otorga nuestra Constitución y el combate a cualquier violación a las garantías individuales y el no permitir su impunidad es un deber prioritario, es una convicción en la que estamos comprometidos política y éticamente.
Sostenemos que para que un Gobierno obtenga credibilidad, respeto y confianza de parte de sus gobernados, éste debe garantizar la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sólo se estará en posibilidades de construir un México más soberano, un México libre, justo y democrático, si garantizamos que no habrá impunidad para ninguna violación a las garantías individuales y sociales. Que la única fuerza que impere sea la de la Ley y el único método para ejercitar la autoridad sea el diálogo y que se trabaje con imparcialidad y honestidad por encima de intereses partidistas y particulares.
Es cierto que las normas jurídicas le dan al hombre el derecho para castigar y sancionar los actos que atentan contra los bienes comunes que consideramos más preciados para el grupo social, pero esto no significa que detentamos el derechos para atentar en contra de la vida de quienes entre nosotros delinquen. Nadie, de verdad nadie puede erigirse en dueño absoluto de las vidas de nuestros semejantes.
En México por fortuna desde hace muchas décadas la pena de muerte no se aplica, pero en nuestra Constitución se admite esta posibilidad. En consecuencia, considero que para ser congruentes debemos reformar nuestra ley fundamental para suprimir esta posibilidad. En ello existe gran consenso de la sociedad y de las principales fuerzas políticas.
Por lo tanto y en base a los elementos teóricos aquí emitidos, el grupo parlamentario del PRD emitirá su voto, como ya lo dijo el diputado René Bejarano, en lo general a favor y en lo particular proponemos en los artículos 3o. 9o. 11, 12, 16, 18, 19, 27, 35, 55 y 70 los siguientes textos alternativos.
Artículos 9o. y 12, 9o. y 12 porque tienen correlación uno y otro. En los términos del proyecto los artículos 9o. y 12 no garantizan la independencia del órgano que se crea respecto del Poder Ejecutivo. Con los textos alternativos que el grupo parlamentario del PRD presenta, se pretende restar el peso de la decisión presidencial en la integración del mismo y al mismo tiempo darle mayor participación a la ciudadanía en general así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
La función característica del ombudsman es la defensa de los derechos humanos frente a violaciones cometidas por actos de tipo administrativo, los que son primordialmente llevados a cabo por órganos del Poder Ejecutivo, por lo que el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos por el Poder Ejecutivo Federal obviamente resta independencia al órgano.
Un verdadero ombudsman es un representante del parlamento y en los países con un régimen jurídico como el nuestro, debería serlo el Poder Legislativo o en su caso la Asamblea de Representantes, de la cual esperamos que al tenor de la reforma política tenga facultades legislativas, de no ser así, pierde su característica primordial que lo define como ombudsman.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación a la iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con fundamento en el artículo 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente propuesta al artículo 9o.
Artículo 9o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, será designado de conformidad con el siguiente procedimiento: el titular del Poder Ejecutivo Federal elaborará una terna y la someterá a la consideración de la Asamblea de Representantes del DF, y será designado aquel que logre mayoría calificada de dos tercios. El titular del Poder Ejecutivo Federal para la elaboración de la terna, deberá a través del Jefe del Departamento del DF, solicitar opiniones de asociaciones y colegios y en general de entidades o de personalidades interesadas en la materia.
En el artículo 12 proponemos la siguiente alternativa.
Artículo 12. Los miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, serán designados por la Asamblea de Representantes
por mayoría calificada de dos tercios, el Consejo contará con un Secretario Técnico quien será nombrado por el propio consejo a propuesta del Presidente de la Comisión y dará trámite a las resoluciones de dicho Consejo en los términos que disponga el Reglamento Interno.
Argumentación en torno al artículo 11. Nuestra argumentación tiene como objetivo que la sociedad integrada por hombres y mujeres esté representada en un órgano de este tipo como lo es en la realidad; asimismo se pretende dar participación a todos aquellos luchadores por los derechos humanos que hace más de 15 años trabajan por la defensa y promoción de los mismo y que han constituido organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en nuestra entidad. Se pretende integrar su experiencia y conocimiento en la materia, por lo tanto con fundamento en el mismo artículo 88 el grupo parlamentario del PRD propone:
Artículo 11. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF estará formado por 10 ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad, ninguno de ellos deberá ocupar cargo, comisión o empleo como servidor público. En dicho órgano deberán estar representados organismos no gubernamentales de derechos humanos de la entidad, al frente de este órgano estará el Presidente de la Comisión. El cargo de miembro del Consejo tendrá el carácter honorario con excepción de su Presidente. Cada año deberá ser sustituido el miembro de mayor antigüedad en dicho Consejo.
Argumentación en torno al artículo 16. En el caso de que el titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, renuncie, la ley estipula que esto sólo puede ser por una causa grave, para tal efecto nos remite al Título IV de la Constitución General de la República, no especifica qué sucede si el Titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, no entra en el supuesto de renuncia por causa grave, sino que simplemente renuncia por aceptar un puesto en la administración pública federal o de alguna entidad federativa o municipal, lo que sin duda alguna no representa una causa grave.
La iniciativa demuestra el mismo vicio que la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que incluso fue tema en un amplio debate entre el diputado Amador Rodríguez Lozano y el diputado Juan de Dios Castro, en el sentido de que existía una laguna en la Ley, concretamente en el artículo 14 de la Ley Nacional, argumento tal que fue reconocido por el diputado Amador Rodríguez.
Por lo anterior, nuestro grupo parlamentario se pronuncia porque se subsane la laguna legislativa que presenta la iniciativa y propone para tal efecto la adición siguiente:
Artículo 16. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, podrá ser destituido y en su caso sujeto a las responsabilidades solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este supuesto el Presidente será sustituido interinamente por alguno de los visitadores en los términos que señala el Reglamento Interno en tanto se determine el otro titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, conforme al artículo 9o. de esta Ley.
La propuesta es ésta: también deberá ser removido si acepta un cargo en la administración pública, federal, estatal o municipal.
Con respecto al artículo 18, nuestro argumento es que con el texto alternativo de este artículo, se propone: se pretenda garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, entendiéndolos de manera integral, indivisible e independientes entre sí, exceptuando de su conocimiento exclusivamente las resoluciones jurisdiccionales.
Por esa razón, nuestro partido, el PRD, propone las siguientes cláusulas alternativas al artículo 18:
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no podrá conocer de resoluciones de carácter jurisdiccional ni de consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades, sobre interpretación de disposiciones constitucionales u ordenamientos jurídicos.
Con respecto al artículo 19, consideramos que se pretende suprimir el texto del artículo 19, ya que con la pretendida definición de aquello que deba entenderse por resolución de carácter jurisdiccional, lo único que se logra es crear confusión y ambigüedad en relación a la competencia, a la Comisión, por lo que con respecto a este artículo 19, nosotros proponemos que se suprima.
Argumentación en torno al artículo 27. Se pretende suprimir del texto del artículo, contiene el afectivo "legal" en la parte última del primer párrafo del mismo.
Se pretende suprimir esta palabra ya que implica rigorismos no comunes en los trámites que se presenten a este órgano. Asimismo, se propone
adicionar en el mismo párrafo lo siguiente: en los casos de menores e incapaces a quienes la Ley los faculte; lo anterior toda vez que al suprimir la palabra "legal" del texto, que presenta la iniciativa, queda ambiguo.
Quién representaría a estas personas que pueden ser vulnerables a un aprovechamiento indebido, ya que con la pretendida definición de aquello que deba entenderse por la resolución de carácter jurisdiccional, lo único que se logra es crear confusión, ambigüedad,, en relación a la competencia de la Comisión.
Por esta razón proponemos para el artículo 27, la siguiente redacción:
"Artículo 27. Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas contra dichas presuntas violaciones, ya sea directamente o por medio de su representante. Cuando se trate de menores o discapacitados, podrá hacerlo a quien la Ley faculte". Se aceptan todos los demás párrafos siguientes.
En torno al artículo 35, nosotros consideramos que no se puede pensar siquiera que algún acto de defensa de los derechos humanos, pueda lesionar la autonomía del órgano, es más, lo interpretamos en sentido contrario; es decir, si la Comisión se niega a conocer de alguna presunta violación de derechos humanos, esto violenta su misma creación y deja en estado de indefensión a quien se le niegue la atención.
Sin embargo, con el propósito de aportar una propuesta relativa, hacemos nuestra la siguiente, presentando esta redacción al artículo 35: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de su presidente, de manera excepcional y previa consulta con el Consejo, podrá declinar conocer de un determinado caso, si éste puede lesionar su autoridad moral o autonomía.
Con respecto al artículo 55, creemos que existe una gran diferencia entre la palabra "podrá" y la palabra "deberá". La primera es discrecional, la segunda es obligatoria.
Aunque esta iniciativa proviene de la Asamblea de Representantes, no difiere en relación a la técnica a lo que en muchas de las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo en torno a darle facultades discrecionales a los titulares de órganos de cualquier índole, en donde siempre ha existido ese juego de palabras: "podrá", "deberá".
Por tal razón y con fundamento en el artículo 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mi partido , el PRD, propone la siguiente alternativa al artículo 55:
"El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, deberá publicar en su totalidad, todas sus recomendaciones de la Comisión. En casos excepcionales podrá determinar si las mismas sólo deben comunicarse a los interesados de acuerdo a las circunstancias específicas."
Y por último, con respecto al artículo 70, con el proyecto de iniciativa de ley que se comenta, se está tratando de crear a un organismo que venga a proteger los derechos humanos de quienes habitamos en el Distrito. Con el proyecto de iniciativa de Ley, se está tratando de crear a un organismo y sin embargo nosotros consideramos que de aceptarse este artículo 70 tal como está en la iniciativa, se estarían violando los derechos de los futuros trabajadores de dicho organismo.
El artículo 70 define como trabajadores de confianza a todos los trabajadores de la Comisión por el sólo hecho de serlo, violando flagrantemente lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la categoría de empleado de confianza, depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto y el mismo artículo precisa que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tenga carácter general y que las relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresas o establecimiento.
En estas condiciones, los razonamientos del grupo parlamentario del PRD respecto al artículo 70 del proyecto, no entrañan una mera posición sino una denuncia. La frase "teniendo en todos los casos la categoría del empleado de confianza", reiteramos que viola flagrantemente lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley Laboral.
Y no vale decir que en este caso se está hablando de trabajadores al servicio del Estado y que éstos tienen su propia ley que los regula, porque la propia Ley de los trabajadores al servicio del Estado, remite a la Ley Federal del Trabajo como de aplicación supletoria.
Por esta razón, el grupo parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propone para el artículo 70 la siguiente propuesta: "El personal
que preste sus servicios a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estará regulada por las disposiciones del apartado B, del artículo 123 de la Constitución General de la República y por Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."
Consideramos que debe suprimirse la frase "teniendo en todos los casos la . categoría de empleado de confianza".
Compañeros diputados, están son nuestras modestas propuestas y pedimos a ustedes su apoyo, su respaldo, para hacer de esta Ley una Ley más justa.
Dejo, señor Presidente, al Secretario.
El Presidente:
Se reservan para su votación en conjunto las propuestas del diputado Josafat Arquímides García.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Monterde.
El diputado Alberto Monterde Reyes:
Señor Presidente, honorable Asamblea:
Sólo para hacer algunas precisiones en torno a las propuestas que ha traído hasta esta tribuna el señor diputado Josafat Arquímides García, que me ha antecedido en el uso de la palabra.
Con relación al artículo 11 del proyecto de ley que estamos discutiendo, el Partido de la Revolución Democrática propone que el consejo se integre por los 10 miembros considerados desde un principio, pero que ninguno de ellos sea o haya sido servidor público y que además se encuentren representadas las organizaciones no gubernamentales.
En el Partido Revolucionario Institucional creemos en primer término, que es un avance innovador, altamente positivo el hecho de que ese consejo vaya a estar integrado por hombres y por mujeres. Del mismo modo creemos que es positivo que algunos de los miembros del consejo puedan haberse desempeñado en la administración pública, primero porque sus opiniones encontrarían un mejor sustento en la experiencia y práctica personales, y después porque el hecho de que sólo sean tres, garantiza que las decisiones del consejo no estén a su arbitrio y que en todo caso subsista la opinión mayoritaria.
Ahora bien, bajo el esquema propuesto, los miembros que no hayan pertenecido al servicio público, tendrían como origen preponderante, pero no exclusivo, a las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, exigir que los 10 sean de organizaciones no gubernamentales puede revertirse en contra de la naturaleza propia de los mismos. Su participación única les resta movilidad e independencia, pues se convertirían en juez y parte.
Por otro lado, si lo que se pretende es lograr la participación de este tipo de organizaciones y de la sociedad civil en su conjunto, para la defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal, sería conveniente remitirnos a las diferentes partes del proyecto de ley en el que se menciona esta participación. Por ejemplo, el artículo 22, fracción IV, donde se establece la obligatoriedad de la...
El Presidente:
Perdón, señor diputado. Dígame, señor diputado García.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
(Desde su curul) Señor Presidente, ¿quisiera preguntar por favor al adorador si me permite una interpelación?
El Presidente:
¿La admite, señor diputado Monterde, de parte del señor diputado?
El diputado Alberto Monterde Reyes:
Con todo gusto, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
(Desde su curul) Señor diputado, yo le ruego lea nuestra propuesta con respecto al artículo 11. En ella nosotros decimos claramente que
ninguno de ellos deberá ocupar cargo, comisión o empleo como servidor público. No hemos dicho jamás que los integrantes que estamos proponiendo no hayan ocupado ningún cargo. Es muy diferente. No podrá, no que no lo haya ocupado. Por favor, pida que lean nuestra propuesta.
El diputado Alberto Monterde Reyes:
Esa es una aclaración, señor diputado, no interpelación. Desde luego, acepto la aclaración.
Continúo, con su permiso, señor Presidente.
También para fines operativos, el artículo 23 señala que el Presidente de la Comisión podrá llevar a cabo reuniones con tales organizaciones para intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de este organismo de nueva creación, es decir que tal y como se encuentra redactado el artículo 11, no quiere decir que en la integración del Consejo no se encontrarán representados los organismos no gubernamentales.
Admitir la propuesta del señor diputado Arquímedes García, sería presuponer que de ningún modo estas organizaciones serán consideradas para la integración del Consejo.
Creemos que el equilibrio de participación que marca el proyecto de ley es correcto, y que las expectativas de representación de las organizaciones a las que me he referido, están cabalmente integradas.
Por lo que hace la segunda parte de su propuesta en este artículo 11, tengo entendido, porque todos tenemos el dictamen, está considerada la figura del secretario técnico en los términos en que el señor diputado Josafat Arquímedes García lo ha presentado en esta tribuna.
Muy brevemente me referiré a la inquietud del Partido de la Revolución Democrática, por lo que toca a la designación de los miembros del Consejo, consignada en el artículo 12 del proyecto de ley que nos ocupa.
No está de más recordar que el texto propuesto dice "que los miembros del Consejo serán aprobados, en su caso, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal". Ello faculta de manera muy clara a la Asamblea para aprobar, pero también para rechazar la propuesta del Ejecutivo Federal, mecanismo, por otro lado, similar al que se observa en la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los que también son sometidos a la aprobación de la Asamblea, conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna.
Si deseamos conservar el espíritu de congruencia que se observa en la naturaleza y atribuciones de la Asamblea, consideremos que dotarla de las facultades que ha sugerido el diputado Arquímides García, suprime de una instancia adicional al proceso de designación, espíritu de congruencia también con la integración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desvincula, como tampoco nuestro caso, a la representación popular de la designación de quienes habrá de encargarse de ejecutar los ordenamientos de una ley de tanta trascendencia para la vida de nuestra comunidad.
Tomemos en cuenta, igualmente, que la Asamblea de Representantes no dispone de tantos elementos el Ejecutivo Federal para recabar información o para evaluar la actuación en áreas relacionadas con estas materias de quien eventualmente formaría parte del Consejo.
Finalmente y para concluir, por lo que se refiere al artículo 16, el Partido de la Revolución Democrática, propone señalar que el aceptar un cargo en la administración pública sería causal de destitución para el presidente de la Comisión.
Yo quisiera mencionarle, con todo respeto, al señor diputado, que la propia ley, el propio Proyecto de Ley, en su artículo 14, establece la incompatibilidad de empleos entre el presidente de la Comisión y otros, inclusive el ejercicio de su profesión.
No sería factible destituir cuando por mero acto de asumir otra responsabilidad se entiende táciticamente una renuncia al cargo o empleo anterior.
Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, proponemos en consecuencia que el artículo 16 diga como sigue:
"Artículo 16. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podrá ser destituido y en su caso sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En ese supuesto o en el de renuncia, el Presidente será sustituido interinamente por alguno de los visitadores en los términos que señale el
Reglamento Interno, en tanto se determina otro titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conforme al artículo 9o. de esta ley".
Con la propuesta de adicionar esta variable, considero que queda cubierta la inquietud del Partido de la Revolución Democrática.
Dejo en la Secretaría la propuesta, y a todos ustedes muchas gracias por su atención.
El Presidente:
La propuesta presentada por el señor diputado Monterde, también se reserva para su votación en conjunto.
El diputado Rufino Saucedo Márquez:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rufino Saucedo.
El diputado Rufino Saucedo Márquez:
Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Los artículos 17,18 y 19 de la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, son sin duda la parte medular del proyecto que hoy discutimos.
En ellos se fija la competencia del ombudsman en el Distrito Federal y se delimitan las materias respecto a las cuales se podrá conocer o no se podrá conocer.
En el artículo 19 consideramos que es una innovación importante, puesto que delimita el alcance del término "resolución de carácter jurisdiccional".
El propio artículo 102, apartado B de nuestra Constitución, excluye del conocimiento de los órganos de protección de los derechos humanos los asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
Aunque se ha expresado en esta tribuna que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe conocer de la actividad jurisdiccional, disentimos de esta propuesta por la siguiente razón: los actos derivados de los procedimientos laborales o electorales, tienen una naturaleza especial. Así lo señala el artículo 102 constitucional.
La reforma que plantea el PRD sería, en consecuencia, inconstitucional. En el primer caso, sólo se excluye de la competencia de la Comisión los actos que implican una valoración jurídica y se dejan a salvo para cuestiones de trámite procesal los que no incidan en el fondo del asunto.
La materia electoral tiene procedimientos, órganos e instancias especiales y la tendencia que se ha manifestado entre los partidos políticos es por fortalecer los órganos electorales y por desvincularlos de la Administración Pública, para asegurar su autonomía, aceptar que la Comisión recomiende sería incongruente.
En esta tribuna se ha sostenido que la Comisión, además, debe poder emitir recomendaciones, debe tener facultades para fincar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos infractores.
Aquí podríamos plantearnos la pregunta: ¿quién cuida a quién?
A partir del principio de que en nuestro sistema existen órganos encargados de la aplicación de justicia, entiéndase por ellos la posibilidad de sancionar conforme a derecho ciertas conductas, debemos interpretar que la esencia de la Comisión está en poder recomendar a los órganos administrativos sobre la conveniencia de practicar o evitar ciertas conductas y dejar a los órganos y tribunales judiciales la aplicación de las penas.
En relación con la propuesta de excluir la mención expresa en la fracción III del artículo 19, al personal del juzgado por tribunal u órgano de impetración de justicia, resulta conveniente destacar que en circunstancias extraordinarias dicho personal se encuentra facultado para emitir resoluciones o realizar actos que pudieran resultar violatorios de derechos humanos. Tal es el caso de suplencia a las faltas de los servidores públicos de la administración de justicia, en cuyo supuesto las funciones son asumidas por quienes laboran como secretarios o auxiliares del juzgado correspondiente.
Honorable Asamblea: pido a todos ustedes su voto aprobatorio a nombre de mi partido, el
Revolucionario Institucional, a fin de que los artículos que comentamos, 17,18 y 19, queden en la forma como aparecen en la iniciativa.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo González Díaz.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz:
Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados:
Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, propone a esta soberanía, en un acto de congruencia jurídica con el texto de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la fracción III del artículo 18, del Proyecto de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que de la siguiente manera:
"Artículo 18. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no podrá conocer los actos concernientes a: fracción III, conflictos de carácter laboral."
Y decimos de que se trata de un acto de congruencia jurídica, simplemente porque ya quedó en anteriores debates del 102 constitucional y después la Ley que crea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que exenta a ésta de conocer y examinar cuestiones jurisdiccionales en materia laboral.
Consecuentemente dejo a esta Secretaría nuestra propuesta para los trámites en su oportunidad de esta Asamblea. Muchas gracias.
El Presidente:
Se reserva para su votación en conjunto la propuesta presentada por el diputado Guillermo González Díaz.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Napoleón Gallardo Ledezma.
El diputado Napoleón Gallardo Ledezma:
Con su permiso , señor Presidente, compañeros diputados.
El sentido de esta adición a la fracción I del artículo 24 responde a la necesidad de precisar el término recibir no es lo mismo que admitir. Este último término que da mayor precisión jurídica al concepto contenido en este artículo es el que solicitamos sea incluído para quedar como sigue:
"Artículo 24. Los visitadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes: fracción I. Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los afectados, sus representantes o los denunciantes.
Dejo en la Secretaría nuestra propuesta.
El Presidente:
Asimismo, se reserva para su votación en conjunto la propuesta presentada por el diputado Napoleón Gallardo Ledezma.
Tiene el uso de la palabra el diputado Julio Méndez Alemán.
El diputado Julio Méndez Alemán:
Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para sugerir una modificación que estimo conveniente al párrafo II del artículo 25 de la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal que en estos momentos estamos discutiendo.
El párrafo de referencias dice en su texto original lo siguiente:
Artículo 25. (Segundo párrafo). Para los efectos de esta ley se entenderá por fe pública la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se les atribuya en términos del artículo 43 de esta ley.
Sugiero que diga lo siguiente:
"Para los efectos de esta ley la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se les atribuya en términos del artículo 43 de esta ley.
La propuesta concreta, como ustedes pueden advertir, consiste en sustituir la frase: se entenderá por fe pública por la frase: "consistirá en". Lo anterior a que no es el término correcto hablar de entender, toda vez que lo que se pretende es delimitar conceptualmente la facultad de fe pública que tiene los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a que se refiere este precepto.
La redacción actual pareciera ser una mera referencia de nomenclatura y no una disposición de fondo que dé contenido a una facultad. Por lo mismo resulta congruente señalar en qué consiste, en vez de hacer referencia a qué se entiende de fe pública.
Considero que por la importancia del concepto y en busca de una correcta redacción, conviene efectuar la modificación que propongo.
A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, dejo esta propuesta a disposición de la Secretaría, para someterla a consideración de la Asamblea en su oportunidad. Gracias compañeros.
El Presidente:
Al igual que las propuestas anteriores se reserva al final para su votación. Tiene uso de la palabra el diputado Salvador Abascal Carranza.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Con su venia, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Es un hecho que los derechos humanos se reconocen o no se reconocen. Los derechos humanos se protegen o no se protegen. Así de simple.
Y los cambios en esta materia que se han dado a partir de la forma constitucional del 102 en adelante, no amplían los derechos, en todo caso amplían el marco de su protección y de su defensa, pero esto mismo hace evidente que en un marco más estrecho no hay reconocimiento ni protección de algunos derechos humanos.
En Acción Nacional celebramos la ampliación del marco, pero seguiremos insistiendo en abrirlo completamente, para que quepa en él ser humano completo y no en partes, como una percepción mutilada.
Por congruencia con la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el mismo artículo 102 constitucional, ya debatido aquí ampliamente por Acción Nacional, no plantearemos de nuevo de debate y el tema sobre los derechos humanos postergados, los derechos humanos mutilados. Pero también por congruencia debemos insistir en incorporar algunos conceptos positivos, que por cierto son la mayoría de esta ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron incorporados en la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos de ellos no incorporados en la ley de Derechos Humanos que se refiere al Distrito Federal, de la Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
Y es el caso precisamente del artículo 57 este artículo se refiere a los informes anuales del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en su segundo párrafo señala:
"Asimismo, el informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes."
La adición que proponemos, repito, en congruencia con lo estipulado en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es como sigue:
"Asimismo, y éste es el añadido, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de los gobernados y de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, el informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes."
Esta adición es pues muy importante para nosotros, porque se supone precisamente la atención de un rubro fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos que es el que se refiere a la prestación de los servicios públicos.
Asimismo nos reservamos el artículo 58 para proponer una adición. En este artículo como está se establece que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunirá con el Jefe del Departamento del Distrito Federal y los titulares de los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, para conocer el informe al que se refiere el presente capítulo.
Ahora bien, si la Asamblea de Representantes del Distrito Federal es el único órgano de representación popular en el DF, si ella ratificará por mayoría calificada el nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si esta misma ley le otorga otras facultades que no tenía la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y seguramente con la reforma política del Distrito Federal tendrá otras facultades más, no vemos por qué no deba asistir a la representación o alguna representación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a esa reunión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, con el titular del Departamento y los representantes del Poder Judicial y de la administración de justicia del Distrito Federal.
De tal manera que proponemos la siguiente adición: "Artículo 58. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se reunirá con el Jefe del Departamento del Distrito Federal y los titulares de los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, para conocer el informe a que se refiere el presente capítulo " La adición es la siguiente:"... en dicha reunión también estará presente una comisión nombrada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal".
Dejo las modificaciones propuestas en la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente:
Dígame, señor Diputado.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:
(Desde su curul) Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Orduña hasta por cinco minutos, conforme al Reglamento.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hace un momento, cuando vine a expresar aquí el criterio de mi partido para votar a favor esta iniciativa y resaltar muchos de los hechos positivos que se contienen en la misma, hicimos una mención por lo que se refería a la competencia.
He de decirles a ustedes que cuando se discutió en la Comisión del Distrito Federal y con la Comisión de Derechos Humanos este dictamen, hubo un diputado, el diputado Juan Moisés Calleja, que se opuso a que este dictamen quedara en los términos en que venía presentado y manifestó que el voto del PRI por lo que hace al sector obrero, sería en contra, si el artículo 18 fuera aprobado en sus términos. Y miren ustedes, ahí lo reconocimos y lo reconocimos porque así era, era cierto. Se decía que esta iniciativa aprobada por la Asamblea habría rebasado incluso con mucho, algunos de los conceptos que se establecían en la ley y creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se le daba una facultad excelente en la fracción III del artículo 18 que dice lo siguiente:
Dice el artículo 18: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no podrá conocer los casos concernientes a: - y dice la fracción III - conflictos de carácter laboral...- y vean aquí lo importante de la adición que había logrado la Asamblea de Representantes y que ahora esta Cámara le está quitando -, salvo los actos u omisiones a que se refiere el último párrafo del artículo 19 de esta ley. En esta ocasión el diputado Calleja manifestó que no era conveniente que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conociera de asuntos de carácter laboral y que no era conveniente porque esto podría obstaculizar y podría retrasar los juicios. Cosa más ajena a la verdad.
Con esta modificación que pretende hacérsele y que vino aquí a presentar el diputado del PRI al artículo 18, estamos dejando sin defensa nuevamente a los obreros, cuando ya la Asamblea había logrado esta adición.
Y les voy a poner tan sólo un ejemplo: en el caso de registro de un sindicato, si no quisiera registrar a un sindicato, es suficiente para que con un acuerdo malhecho se declarara el no registro y no podría acudir a quien se le negó el registro a la Comisión de Derechos Humanos, para que se viera si existía alguna irregularidad o alguna violación a sus derechos. Con esto les estamos quitando esa magnífica posibilidad y créanme ustedes también, que estamos cercenando los derechos laborales de los trabajadores. De por sí ya al hacer la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al hacer la adición al artículo 102 y establecer la limitación de que no habrá competencia en materia laboral,
ya fue una cercenación a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos; eso lo repetimos en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y cuando parecía que por fin esto habría quedado superado y que la Asamblea de Representantes había logrado establecer por consenso que sí serían susceptibles de ser ventilados en Derechos Humanos los actos violatorios a los derechos humanos de los trabajadores, como son, incluso, actos administrativos en materia laboral, éstos no van ha ser susceptibles de la competencia de esta Comisión, por la modificación que acaban de venir a presentar aquí los señores del Partido Revolucionario Institucional; por los que les pedimos que reflexionen en esta propuesta, la maduren y de ser posible la iniciativa la aprobemos en sus términos porque incluso ése fue el compromiso cuando empezamos a analizar, cuando empezamos a discutir y cuando les ofrecimos que el voto sería aprobatorio. No nos vengan ahora con este tipo de cambios de última hora. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Juan Moisés Calleja.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
Señor Presidente; diputadas y diputados:
Por necesidad intervengo en esta tribuna en relación con el tema que se está tratando, porque habíamos considerado que la proposición que hizo el diputado de mi partido en relación en materia laboral, era la correcta.
Sin embargo, hemos escuchado con detenimiento las expresiones del que anteriormente me sucedió en esta tribuna, en donde insiste que la fracción III del artículo 18 quede en sus términos y al respecto hizo unas consideraciones que vale hacer un comentario en relación con ellas:
En primer lugar, queremos manifestar que la justicia laboral, que la justicia obrera, es una justicia que le ha costado mucho almovimiento obrero. Se inicia desde el momento en que se negó a las juntas de conciliación y arbitraje de carácter de tribunales; muchos años insistió la clase trabajadora para que tuvieran ese carácter. Al fin lo tuvieron y como resultado de ello, se fijó un procedimiento, se señalo un proceso que tiene características específicas, con principios propios, entre otros, que sean procedimientos expeditos, orales, rápidos, a fin de que la justicia obrera tenga tal carácter y en esta forma guarda su tradición y se ha llevado adelante. De tal manera que cuando hemos venido a tribuna como se mencionó en relación con el mismo tema tratado con anterioridad, ha sido porque la clase trabajadora que representamos en forma enfática y definitiva, insiste en que su justicia sea una justicia especial, con sentido tutelar y que dentro de este concepto sea lo más pronto posible que pueda realizarse.
De tal manera que cuando se está pensando en la intervención de una comisión que nosotros acogemos y la consideramos necesaria y que la apoyamos, llegamos a la conclusión de que en verdad el resultado va a ser que esta justicia se va a ver interrumpida en relación con sus trámites y lo más tardado que pueda darse en perjuicio concretamente de trabajadores, y ¿por qué no decirlo también? e inclusive en perjuicio del otro sector de la producción.
Decía el diputado hace un momento en su intervención, que por ejemplo en materia de registro de sindicatos se impone a la presencia de la Comisión, para que cuando alguna resolución se rechace el registro del sindicato, tenga intervención la Comisión, o se retarde el registro del sindicato.
Y agregaba que en el presente esto da o motiva una auténtica injusticia, porque no hay posibilidad de corregir cualquier determinación que en caso de la autoridad pudiera dar, retardando o negando la posibilidad de reconocimiento de una asociación profesional.
Desde luego para mí es muy respetable la opinión, más respetable es el que la expuso, pero sencillamente nos da la impresión momentánea de como hay enajenación al ámbito del trabajo.
Cuando una autoridad dicta una resolución negando un registro o retardando el registro, la ley del trabajo expresamente señala los conductos y los medios de resolver. Pongamos en el caso que mencionaba el diputado, se dicta una mala resolución.
Con la aspiración o la sujeción que señala, se recurre a la comisión, para los efectos de que ella tenga la intervención adecuada y tendríamos que esperar en este caso a que la Comisión de los Derecho Humanos emita una recomendación. Pero lo más importante es lo siguiente: que cuando alguna autoridad en este caso dicte una
resolución que no procede o bien retarda la resolución, desde el punto de vista constitucional tenemos los medios legales para evitar lo que se considera indebido.
De tal manera que en la larga práctica, que verdaderamente tiene años de observarse, el resultado es que el interesado o el quejoso recurre ante el Juez de Distrito, mismo que analiza a través del juicio correspondiente la legalidad o ilegalidad del acto reclamado y a continuación dicta resolución que corresponde.
En esa inteligencia encontramos que si la ley, si en el orden constitucional encontramos y tenemos los caminos, la consecuencia será que en verdad estamos faltando sobre toda la tradición y la legalidad al respecto, sencillamente por no atender lo que nosotros consideramos que es lo adecuado para una auténtica justicia, apegada a las normas del derechos laboral, rápida y expedita.
Esta es una de las razones o comentarios que vale la pena señalar, para justificar que el movimiento obrero, la clase trabajadora, estima y considera que en modo alguno debe haber ciertas interferencias justificadas desde el punto de vista del carácter social, pero que teniendo dentro de la legislación que corresponde todos los medios para corregir cualquier acto que no corresponda, en verdad y, lo digo con sinceridad, en la práctica que nosotros tenemos todos los días nos vamos a encontrar con una presencia que va a nulificar la rapidez y la prontitud que deben tener los juicios laborales.
Por esa razón nosotros apoyamos la proposición que hizo el diputado de nuestro partido, desde el punto de vista de quitar el agregado y quede tal y como se aprobó en la legislación nacional en materia de derechos humanos. Muchas gracias.
El presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para rectificación de hechos, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
El diputado Moisés Calleja, ex ministro de la Corte, diputado de una de las organizaciones más connotadas en materia del trabajo, defiende aquí, en esta tribuna de la Cámara de Diputados, la propuesta de la mayoría parlamentaria en el sentido de suprimir de la fracción III del artículo en debate del dictamen, la salvedad que constituiría, señor diputado, una defensa para el sindicalismo del país.
¿Cuál es el gran problema que confronta el sindicalismo del país? Dice el señor diputado Moisés Calleja: "es que la ley ya contempla los procedimientos de registro de los sindicatos". Y yo fortalecería el argumento del diputado Calleja. No solamente las juntas de conciliación y arbitraje, no solamente en otra hipótesis la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de tomar una decisión para establecer el registro de un sindicato, sino que además la ley laboral prevé, señoras y señores diputados, la posibilidad de que si la resolución no se decreta en el plazo que la ley determina, tenemos el registro del sindicato.
Y dice el diputado Calleja: "Tenemos una gran tradición en materia laboral". ¡Díganlo muchos sindicatos que han pretendido el registro! ¡ Basta con que la junta de conciliación y arbitraje dicte una resolución, cualquiera, no vinculada incluso con el tema central que es el registro, cualquier resolución negando, infundada si se quiere, mal fundada si se quiere, con fundamento equivocado, para que se cumpla el requisito de que la Junta resolvió y el sindicato no se registra!
Pero dice el diputado Calleja y dice bien en este punto: "Le queda a los afectados los recursos legales, señoras y señores; les queda a los afectados acudir al juez de distrito ¿Cómo?, promoviendo la demanda de amparo indirecto. ¡Verdad diputado Calleja que este recurso les queda?, ¡amparo indirecto!
Y dice: ¿Para qué metemos a la Comisión de los Derechos Humanos?, ¿retrasar más los procedimientos? Pues yo le digo diputado Calleja que suprima todas las comisiones de Derechos Humanos del país, suprima el apartado B, del 102, suprima usted la misma legislación en materia de derechos humanos, suprima la comisión y al cabo quedan todos los recursos que la ley establece.
Pero voy más allá, diputado. Partimos de una premisa falsa planteada por usted. La resolución de las comisiones de Derechos Humanos, ésta es la motivación, no vinculan jurídicamente, diputado, no son recurso legal para corregir; las resoluciones tienen carácter moral; ¿por qué suprimir esta materia? Una resolución que no vincula, pero tiene peso moral, ayudaría a muchos sindicatos.
Yo creo que usted como diputado centésima, tengo la seguridad, diputado, que está a favor del derecho de los sindicatos a existir y a ser reconocidos y si una junta resuelve mal, muy bien ya resolvió, la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no va a rectificar, porque como usted dijo, solamente el amparo, ¡ah!, pero será un saludable precedente para este organismo en ocasiones futuras; su intervención, diputado, favorecerá a la mayoría del PRI...
El diputado Juan Moisés Calleja García:
(Desde su curul) Deseo hacer una interpelación.
El Presidente:
¿Con qué objeto señor Diputado? Dígame, señor diputado, no lo escucho.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
(Desde su curul) Digo, estoy pidiendo una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Castro, ¿acepta usted una interpelación del diputado Calleja?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Claro, la acepto con mucho gusto.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
(Desde su curul) Estamos hablando y usted nos ha indicado que lo que indique la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un carácter moral y lo concreta usted en relación con las juntas de Conciliación y Arbitraje. Se ha hablado tanto de las juntas de conciliación y arbitraje que hay veces que entendemos que en verdad no realizan la función que les corresponde...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
O de la Secretaría del Trabajo también.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
(Desde su curul) Bueno, hablemos de la Secretaría, perfecto, usted coincide conmigo también que existen los medios legales de impugnación de la resolución; se impugnó la que dictó la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que dictó la Secretaría también en el caso de ya, se recurrió al amparo y la máxima autoridad en materia jurisdiccional ha resuelto que lo que dictó la junta es correcto y en el ínter, nos encontramos que tienen la recomendación moral que ha dicho que lo que dijo la Junta está mal dicho o que cuando menos adolece de violaciones a los derechos humanos. Frente a esto, ¿con que nos quedaríamos, por lo moral o por lo legal? Es la pregunta que le formulo a usted, señor.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Y yo se la contesto con mucho gusto señor diputado. Mire usted, es muy útil que vea una reciente entrevista, señor diputado, que le hacen al Presidente del Instituto Mexicano del Derecho de Amparo, Ignacio Burgoa Orihuela, usted como ex ministro de la Corte probablemente ya la leyó y estará interesado en una sugerencia que él hace de una profunda transformación en materia de justicia federal, Poder Judicial Federal.
Tiene usted razón en el sentido de que si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resolvió negando el registro y que los trabajadores afectados, repito, los trabajadores afectados, señor diputado, acudieron al recurso legal que es el juicio de amparo, promovieron amparo indirecto ante el juez de distrito, y vamos suponer que la Comisión de Derechos Humanos conoce también del tema, ése es su planteamiento y que la justicia federal resuelve que la resolución de la Junta Local de Conciliación se apegó a derecho y que la resolución de la Comisión de Derechos Humanos es contraria, me pregunta el señor diputado, ¿con que se queda, señor diputado, con lo legal o con lo moral?
Yo distingo, señor diputado; primero, la resolución dada desde el punto de vista legal es definitiva, pero la distinción la hago en los siguientes términos, señor diputado y me da pena decirlo, me da mucha pena decirlo.
Cuando se ha multiplicado el número de tribunales colegiados de circuito, que son los que conocerían del recurso de revisión en caso de una
negativa del amparo por parte del juez de distrito, se ha dicho, se ha dicho se han emitido opiniones, que muchas veces a pesar de ser tribunales federales, han resuelto recursos de revisión y juicios de amparo directos, contrario a constancias procesales.
Yo no sé ni quiero emitir una opinión aventurada, señor diputado, si en la multiplicidad de casos en que esto ha ocurrido, se ha hecho por equivocación de los señores magistrados o por deliberada intención de resolver en contra de las constancias procesales y yo digo, si la resolución del Colegiado y la del Tribunal Federal fue equivocada, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos será un saludable precedente.
Un saludable precedente por el valor moral para casos futuros y ésta es la ventaja que tienen estas dos líneas de la fracción del dictamen que se está debatiendo.
No reformará, no modificará esa resolución la decisión de un Tribunal Federal, diputado, ni del juez de distrito, ni del Tribunal Colegiado, ni de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ellos tienen su ámbito de competencia perfectamente bien definido porque la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene valor moral que dará como precedente para decir, analizadas las constancias, la opinión de la Comisión de Derechos Humanos, es que la resolución debió ser diferente.
Señalará las razones, determinará las fallas procesales, señalará las deficiencias de la sentencia, y quién será el beneficiado en última instancia diputado, los trabajadores que verán fortalecida su libertad para formar sindicatos.
Se verá fortalecido el sindicalismo libre, por eso lamento que sea usted, diputado de la clase trabajadora, el que sustente el criterio contrario. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Juan Moisés Calleja, para rectificar hechos, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento. Posteriormente, el señor diputado Raymundo Cárdenas.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
Señor Presidente; señores diputadas y diputados:
Vengo a esta tribuna porque no quiero que quede en el ambiente la impresión como que hay una falta de defensa a los trabajadores y particularmente me quiero referir a lo que decía mi distinguido diputado Juan de Dios Castro, desde el punto de vista de señalar que en un reciente artículo que distinguido maestro en Derecho Constitucional, señalaba que en el fuero federal no existe, en relación particularmente con los tribunales colegiados, una autoridad como la ha tenido siempre la Suprema Corte de Justicia, como consecuencia de algunos fallos que hacen dudar a este respecto. Y a cambio de ello señalaba que la Comisión de los Derechos Humanos, al emitir su resolución, está sentando bases o principios que con toda precisión y con toda verdad está fijando una conducta.
A este respecto viene mi reflexión, en el sentido de que si en un instante estamos dudando de quien realiza una labor, la actividad judicial, que crea la confianza a todos, podríamos aceptarla desde el punto de vista que es una falla de los hombres. Posiblemente haya jueces que faltándoles la calidad moral y la capacidad de la función cometan yerros; pero la pregunta vendría al caso. Yo soy en lo particular como todos ustedes, una persona que indiscutiblemente nos pronunciamos en favor de la Comisión de los Derechos Humanos, pero también cabría preguntar frente a la afirmación del diputado Castro, en que hay la falla de los hombres, ¿acaso los que integren en el futuro esta Comisión serán tan perfectos que jamás se equivoquen? Yo pienso que si son hombres también podrán caer en la misma omisión.
En esa inteligencia si son hombres, yo pienso que lo más indicado como proposición sensata, pues ¿vamos a crear otra Comisión superior a ellos para que juzguen los actos de esa Comisión? Yo creo que no.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señor Presidente, para una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Calleja, ¿acepta usted una interpelación de parte del diputado Juan de Dios Castro?
El diputado Juan Moisés Calleja García:
Con mucho gusto, ya sabe que sí.
El Presidente:
Sí la acepta, diputado Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señor diputado, con ese argumento último que acaba de dar, que a mí me asombra, me da la impresión de que usted entonces está por la desaparición de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Así es?
El diputado Juan Moisés Calleja García:
No, señor, yo quedé asombrado también con lo que usted dijo, estamos en cosa de asombros, pero no es ése el pensamiento, dije, y lo vuelvo a repetir: somos los más fervientes, nos pronunciamos en favor de una Comisión de Derechos Humanos, deseamos y queremos que a ningún ser humano se le cometan atropellos, pero también deseamos y queremos que dentro de una justicia laboral, se cumpla con sus principios y también pensamos de que si hay fallas en el hombre, yo creo que no hay excepción en cuanto a los organismos que puedan formar.
De tal manera que yo creo en la justicia federal y porque creo en la justicia federal, no queremos que vaya a haber resoluciones que pongan en entredicho esa justicia federal. Gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Para alusiones, señor Presidente.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
No hay que perder de vista que el artículo 18 del dictamen reduce extraordinariamente el riesgo que señalaba el señor diputado Calleja, porque dice: "La Comisión de Derechos Humanos no podrá conocer de los casos concernientes a: fracción tercera." Fracción segunda, resoluciones de carácter jurisdiccional.
Nosotros cuando debatimos en el plano laboral este tema, se hablaba por parte de los defensores de la iniciativa el problema de conflicto en las resoluciones de los tribunales, señor diputado, pero el tema que motivó este debate fue una resolución de carácter administrativo, como es el registro de los sindicatos.
Yo jamás dije y yo creo que el señor diputado no puede poner ese argumento en mis labios, de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuviera integrado por seres perfectos, que no fueran susceptibles de equivocarse. Jamás dije eso. Se equivocan los jueces de distrito, se equivocan los tribunales colegiados y se puede equivocar, ¿por qué no, señoras y señores?, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La pregunta que le planteé al señor diputado que no contestó en su intervención, es muy clara, una instancia más favorecerá a la clase trabajadora. Para usted podrá intervenir en todas las áreas menos en la justicia laboral.
Yo señalo: si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todos los errores en que pueda incurrir, razonablemente examinando en caso, puede resolver que se está violando el derecho de sindicación, contra la que haya resuelto una junta local o un Tribunal Colegiado de Circuito y yo le decía al señor diputado: ¿en qué daña a la clase trabajadora, señor diputado?
Su argumento de que se retrasa la justicia laboral no es válido, porque el que conozca la Comisión de los Derechos Humanos del tema, ya quedó de manifiesto y aquí lo manifestó él, no impide la continuación de los recursos y del procedimiento legal, no va a esperar el juez de distrito para conocer de la demanda de amparo para saber qué resolvió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; no va a esperar el Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del recurso de revisión contra la sentencia de amparo negando el registro o apoyando la decisión de la junta, qué va a resolver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No es requisito sine que non para resolver el que la Comisión dictamine. Pero claro, señor diputado, hay un tema que usted aquí no mencionó: la vinculación de los sindicatos a través del Estado y a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje, las decisiones arbitrarias en materia de registro de sindicatos, la negativa a que
7 en México existan sindicatos independientes distintos a su central, la necesidad de que no contemos con un organismo que impida ese atropello a los trabajadores de México. Que lo diga un diputado de la fracción parlamentaria en defensa de la situación, lo entiendo; que lo diga usted, diputado de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México o Mexicanos, no lo entiendo.
Si hay otra intervención, señor diputado, le digo que me puntualice algo, pero puntualmente, diputado: el establecer este párrafo, ¿qué daño le causa a los trabajadores mexicanos? ¡El retraso de la justicia laboral! No. Porque ya lo confirmó usted después de mi intervención. Tienen todos los recursos legales.
El daño, el daño, y termino por el tiempo, señoras y señores, el daño lo sufre un sistema que quiere tener a los sindicatos en el puño con el control del registro. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este debate se puede relacionar muy fácilmente con el que se desarrolla en la Comisión Plural para la Reforma Política y también con la discusión sobre la necesidad de democratizar todas las esferas de la vida nacional que se desarrollan en todos los medios de comunicación.
Creo que es extremadamente lamentable que la diputación de la CTM, en cuya representación ha hablado el diputado Calleja, se imponga a la mayoría priísta una vez más, para establecer los criterios más retrógradas, aquellos que son el ancla que impide la mejoría de los trabajadores de México y de los sectores oprimidos.
La posición que el PRI intenta sacar adelante en este debate, es muy similar a la que Fidel Velázquez estableció cuando Reyes Heroles lanzó la iniciativa de reforma política que creó la LOPPE, en 1977 - 1978.
Estábamos en la lucha y en la posibilidad de que por primera vez en décadas la izquierda revolucionaria y democrática de este país pudiera participar legalmente en las elecciones. Ante eso, el dirigente máximo de los obreros mexicanos organizados se opuso, levantó su voz para decir que era un gravísimo error, que era una concesión insostenible a distintos sectores de la sociedad. Fidel Velázquez se opuso públicamente a la promulgación de la LOPPE, porque él entendía que ese tipo de reformas iban a producir las primeras grietas en un sistema, en un régimen político, que ha hecho posible que los trabajadores de este país hayan perdido su poder adquisitivo en proporciones verdaderamente escandalosas para todos los trabajadores del mundo, muchos de cuyos representantes, al venir a visitarnos o al conocer el grado de deterioro que ha sufrido la clase obrera en México, se preguntan por qué no ha habido aquí huelgas generales, movilizaciones nacionales en defensa de esos derechos. ¿Por qué aquí en México la clase obrera ha soportado esa disminución de sus derechos y de sus remuneraciones. Es precisamente por la existencia de este régimen labora, de esta justicia laboral, de esta justicia obrera de que habla el diputado Calleja; por la existencia de lo que yo diría, verdaderamente, la justicia antiobrera sostenida por los dirigentes sindicales actuales, impulsada por el secretario de Trabajo y convalidada por todos los tribunales.
Esa es la justicia antiobrera que vienen a defender, la justicia antiobrera que ha golpeado a los sindicatos como el de la Modelo, de la Volkswagen, de la Ford, a los universitarios en otras épocas.
Hoy, al oponerse a que los derechos laborales sean materia de la Comisión de Derechos Humanos, están tratando de evitar que se abra otra grieta a través de la cual fluyan los obreros a buscar una justicia distinta a la justicia antiobrera que dice defender el diputado Calleja; quieren evitar esa rendija por la cual pueden transitar primero pocos obreros y después seguramente millones de ellos, que podrían acogerse a los pactos internacionales en materia económica y social, emitidos por la ONU en 1966 y ratificados por México en 1979, que establecen a los derechos laborales, a los asuntos laborales como tema de derechos humanos.
Creo, compañeros, sobre todo a la mayoría priísta, que es lamentable que otra vez el sector más atrasado, el elemento que está impidiendo con mayor vigor el avance democrático de este país, les marque el ritmo y les marque los caminos por los que debe transitar su organización política.
Si cede el PRI en esto, uno se podría preguntar: ¿Aceptarían que se estableciera en la Constitución la prohibición a la filiación colectiva, como lo hace hoy?
El Presidente:
Señor diputado.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Voy a terminar, señor Presidente.
¿Qué podemos esperar en relación con la reforma política del PRI sobre este tipo de asunto? ¿Otra vez se legitimará que los sindicatos canalicen cifras millonarias de cuotas de los obreros para apoyar al PRI, como hace unos días lo anunciaron en la prensa? ¿Seguirá siendo legal eso?
Señores priístas, yo los llamo a que ya, de una vez por todas, dejen atrás el ancla, para que levantemos el vuelo y hagamos de este país un verdadero país democrático. Gracias.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido el uso de la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, para rectificar hechos, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores:
Incuestionablemente este debate no es uno más de lo que ha vivido esta Cámara de Diputados. Hoy se presenta irónicamente ante esta tribuna, que sea precisamente quien se ostenta como representante de la clase trabajadora quien viene a pedir al pleno de esta Cámara que se modifique un dictamen que previamente ha sido aprobado por todas las fuerzas políticas de este país, incluyendo la del diputado cetemista.
Y después de una argumentación que evidentemente no ha convencido a todos los legisladores, cabe de mi parte hacer una consideración que no puede quedar olvidada por quienes creemos que estamos aquí para legislar en favor de los mexicanos, principalmente de los más desprotegidos.
La consideración que quiero hacer a esta Asamblea es tan sencilla como contundente, si hoy el dictamen que nos ocupa y que previamente ha sido aprobado por unanimidad contiene en este párrafo una posibilidad de defensa para los trabajadores, ¿por qué, señores diputados, quien se ostenta como su representante, viene a pedir que se cancele esa expectativa y más aún si hay una consideración de fondo que todo México conoce?
Más allá de si es la CTM garante de los derechos laborales o no. Más allá de si es legítima representante de la fuerza de trabajo o no, hay una verdad incuestionable, en esta organización hay capacidad económica. En esta organización hay abogados capaces como el que aquí ha ocupado la tribuna, pero hay una realidad distante de los trabajadores que por lo visto nada le importa a quienes se ostentan aquí como sus voceros.
¿Qué sucede en el caso de aquellos trabajadores que ven burlados por la junta su derecho y que no tienen capacidad económica de defensa? Porque aunque la justicia se dice que es gratuita, bastante cara resulta en la realidad.
Y yo le pregunto adicionalmente al señor diputado cetemista: ¿es oprobioso dejar al menos en la Ley un recurso moral para el que no tiene capacidad económica de defensa legal? ¿En qué agravia a los trabajadores que representa, sobre todo cuando se da en la realidad del caso de que los más pobres no tengan recursos para pagar abogados que sí paga la CTM y que en última instancia pudieran acudir a la Comisión de Derechos Humanos para que en sentencia moral en algo reivindicara el agravio?
Al menos como constancia para decisiones futuras, al menos para darle en el rango moral la opción de que sigan su lucha a pesar de organizaciones que allá los agravian y aquí también.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el ciudadano diputado Martín Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; distinguidos diputados:
A mi juicio se ha regado mucha pólvora en este recinto sobre un asunto que debería de tener otro tratamiento. El problema de los derechos laborales no puede resolverse con medidas pequeñas, con facultades a una Comisión de Derechos Humanos para que intervenga en estos asuntos, el problema es ampliar los derechos de la clase obrera en las normas jurídicas. Quitar disposiciones que estorban, volver a la esencia de lo que debe ser el derecho obrero, un derecho de clase.
Hay muchas reformas que se han atorado, porque intereses poderosos lo han impedido, han impedido que las reformas se realicen. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, señores diputados, me dirijo a los diputados representantes de la clase obrera, todos, qué tiene que hacer el registro de los sindicatos? El registro de los sindicatos es una especie de reconocimiento a la personalidad jurídica del sindicato.
¿Por qué las juntas tienen esta facultad de reconocer si un sindicato existe o no existe? Esto es meterse en la vida interna de un sindicato, en su soberanía.
Desde la Convención Obrero - Patronal de fines de 1928 cuando se presentó el famoso proyecto Portes Gil, Lombardo Toledano, en aquel tiempo vocero de la Confederación Regional Obrero Mexicana, Lombardo Toledano sostuvo la tesis de que no era necesario mantener esas restricciones de registro de los sindicatos y de reconocimiento a la personalidad jurídica de los sindicatos. Comenzando por ahí.
¿Qué tiene que hacer el reconocimiento jurídico de los sindicatos? Los derechos laborales, pongámonos en el espíritu y en la letra de las normas, abandonemos esas tesis claudicantes que quieren seguir ciertos sectores sociales, en el aspecto laboral; rechacemos las pretensiones de la clase patronal de hacer nugatorio el derecho laboral. Ese es el punto central del problema, señores, la clase patronal con la tesis de la armonía de clases, con la tesis de que debe desaparecer la lucha de clases, quieren hacer tabla rasa con el derecho de huelga y esas son las cosas graves que debemos nosotros discutir aquí.
¿Qué tiene que hacer la armonía de clases? La armonía de clases significa simplemente un aplastamiento a los derechos de la clase trabajadora. Nosotros en el Partido Popular Socialista consideramos que la Ley laboral y el propio artículo 123, deben sufrir reformas profundas, el derecho de huelga, por ejemplo, señoras y señores diputados.
Hay muchas restricciones al derecho de huelga. Muchas veces queda al arbitro de los tribunales del trabajo declarar que una huelga es existente o no es existente, con aquella famosa cláusula de la Ley Federal del Trabajo del equilibrio entre el capital y el trabajo, con eso cualquier tribunal laboral echa abajo el derecho de huelga. Esas son las cosas que interesan aquí. Remediar el problema con cirugía mayor, con cirugía hecha por las manos sabias y enérgicas de la clase obrera, no con parches porosos como quieren algunos sectores políticos. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Juan Moisés Calleja.
El diputado Juan Moisés Calleja García:
Señor Presidente; compañeros diputados:
En verdad yo solamente vengo hoy a la tribuna para concretar o hacer aclaraciones en relación con algunos comentarios. Se habló del registro de los sindicatos y claro que hubo actitud hasta un poco airada en relación con lo anterior, porque sinceramente consideramos que en ocasiones no conocemos el medio, al ambiente del que hablamos, en toda su extensión.
Yo diré categóricamente en esta tribuna, frente a las aseveraciones de comentarios, que en el mundo de las relaciones de trabajo y particularmente con lo que corresponde al aspecto sindical, en este país creo que nos faltan los números para precisar los tantos sindicatos que existen. No es un sindicalismo cerrado, existe un sindicalismo totalmente abierto en donde hay agrupaciones con una determinación, una tendencia y otras en otro sentido. En verdad no hay ninguna limitación al derecho de asociación.
Por otro lado, también se aprovechó la tribuna para una serie de cargos totalmente infundada. Inclusive se habló de quien representa la central mayoritaria a la cual nosotros pertenecemos. Se aprovechó con fines políticos, más que tratando de fondo el problema y mencionamos lo anterior, porque en los ejemplos comentados, se lamentaba de lo que según su decir, ha ocurrido en la Modelo, ha ocurrido en la Volkswagen, ha ocurrido en la Ford. La Volkswagen pertenece a un sindicato independiente en donde ha tenido
presencia el partido que representa el diputado que vino a la tribuna. De tal manera que si hay algún mal, una actuación indebida, pues más o menos de recoger lo realizado como parte de una actuación congruente en relación con ellos.
La Modelo es una empresa que estaba a punto de terminarse. Actualmente su representación sindical tiene plena presencia, pleno reconocimiento y los trabajadores están satisfechos en los resultados de la presencia de representación sindical.
Y respecto de la Ford, podemos decir no por lo que se escucha entre nosotros, sino que inclusive una revista norteamericana donde escriben personas muy caracterizadas en todos los ámbitos, ha señalado que en materia de revisión de contrato colectivo, se reconoce que la reciente revisión del contrato colectivo de la Ford, representa los resultados más satisfactorios para los trabajadores que presentan sus servicios en esa empresa.
De tal manera que apreciaciones personales utilizables para señalar determinada forma de pensar, pues la tribuna tiene la oportunidad de dejar o permitir que cada quien expongamos nuestras ideas.
En realidad la preocupación de nosotros al venir a esta tribuna, es en razón que independientemente de las resoluciones que pudiera emitir una comisión, entendemos que en el fondo está señalando una corriente muy notoria dentro de las relaciones obrero - patronales, en el sentido de que paso a paso, hay que ir negando las prestaciones y los derechos de los trabajadores. De tal manera, si contemplamos que en el sector empresarial y las gentes que comulgan con ellos y me refiero al sector empresarial retardatario, lucha todos los días por tratar de menguar prestaciones para la clase trabajadora y que nuestra lucha es firme y desesperada para evitarlo. Hoy encontramos que con la intromisión de la Comisión, que aunque moralmente como se dice y es cierto, va a tener intervención en relación con los procesos laborales, hemos de encontrar que los trabajadores van a empezar a sufrir una intervención en una justicia que requiere y necesita que sea rápida y expedita.
La presencia de resoluciones va a ocasionar sin duda alguna lo pensamos y lo aseguramos nosotros, determinaciones que vaya frenando el desarrollo normal de los procedimientos y a la postre los juicios culminen en un tiempo verdaderamente lamentable para todos. Esa es la razón de nuestra presencia en esta tribuna. No estamos entre la Comisión; no admitimos las aseveraciones que se han dicho y señalamos, que desconocer el mundo del trabajo sobre todo en los momentos presentes, en realidad justifica la postura que estamos sustentando en esta tribuna.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Si no hubiera sido por una oportuna intervención del diputado Víctor Orduña y seguida de importantes argumentaciones de rechazo a esta propuesta al artículo que estamos discutiendo, hubiera pasado como un verdadero albazo, porque en la Comisión del Distrito Federal y de Derechos Humanos, con la presencia de distinguidos asambleístas en esta Comisión, se discutió el proyecto que hoy nos ocupa, el proyecto de Ley y fue aprobado después de ponderar la importancia que tenla éste por provenir de la Asamblea de Representantes, donde por unanimidad, unanimidad, es decir, incluyendo al PRI, se había aprobado este proyecto, después de que había habido coincidencias y aceptaciones en puntos fundamentales, como el de las dos terceras partes para elegir al ombudsman del Distrito Federal.
Y por supuesto, otra cuestión fundamental del párrafo que nos ocupa, que es precisamente los conflictos de carácter laboral.
Yo le pregunto, señor diputado Calleja y les pregunto a los demás miembros de la Comisión del PRI: ¿Por qué en la Comisión no hicieron la propuesta concreta? Solamente hizo la expresión, eso sí dio un adelanto el diputado Calleja, de su inconformidad; pero los demás miembros del Partido Revolucionario Institucional, guardaron su sepulcral silencio en desaprobación o por lo menos en no apoyo a esa propuesta que se estaba haciendo en la Comisión.
Y ahora ¿por qué de repente un asunto tan fundamental es sacado en esta sesión, cuando no lo propusieron formalmente al discutirse en la Comisión siendo de tanta trascendencia?
Con estas actitudes, señores miembros del Partido Revolucionario Institucional, yo siento que
aquí se están dando las dos caras de Jano. Por un lado la Asamblea de Representantes aprueba por unanimidad, incluyendo a su sector obrero que está bien representando en la Asamblea de Representantes, por un digno parlamentario asambleísta, como es Juan José Osorio, aquí presente.
¿Cómo es posible que den marcha atrás en un proyecto de tanta importancia, den marcha atrás y ahora decidan suprimir de un plumazo un asunto tan importante y tan fundamental que fue aprobado por todas las fuerzas políticas en la Asamblea de Representantes?
¿Un priísmo en la Asamblea de Representantes, un sector obrero en la Asamblea de Representantes y otro priísmo aquí en la Cámara de diputados y otro sector obrero?
Dígannos, señores diputados del PRI y contesten los cuestionamientos que les han hecho aquí mis compañeros de Acción Nacional, concretamente esa pregunta que hacía el diputado Juan de Dios Castro.
Diputado Juan Moisés Calleja: ¿en qué daña al sector obrero el hecho de que permanezca este párrafo en los términos que se plantea en el documento?
Dicen que lo que abunda no daña. Usted dice que ya hay otras instancias para defender los intereses de los obreros. Pero si está consignado precisamente en una Ley, que va a dar protección y defensa a los derechos humanos, nosotros creemos que queda ahí de manera categórica y verdaderamente tutelada la clase obrera a la cual ustedes están dando la espalda en esta sesión y, si es ése el criterio, diputado Calleja , de que va a afectar a la justicia laboral el hecho de que se mantenga ese párrafo, de una vez por de una vez por todas que se suprima esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque las instancias que se hagan ante la justicia penal, ante la injusticia administrativa, ante la justicia jurisdiccional que tenga qué ver con algunas materias, va a afectar la buena marcha de esta justicia que se hace en México.
Los procedimientos penales, las detenciones arbitrarias, no van a poder operar porque esta Ley que estamos aprobando va a afectar la buena marcha de la justicia y va a afectar el buen criterio de nuestros jueces y de nuestros policías.
Yo lo invito señor diputado Calleja, a que venga a responder aquí ese cuestionamiento que se le hizo por parte de los diputados de Acción Nacional y por parte del coordinador de la fracción de mi partido: ¿en qué afecta a la clase trabajadora el que sostengamos este párrafo quienes creemos que se van a tutelar y se van a defender efectivamente los derechos de los trabajadores, a los cuales ustedes, repito están dando la espalda en esta sesión?
El Presidente:
Para rectificar hechos, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento, tiene el uso de la palabra la diputada Evangelina Corona.
La diputada Evangelina Corona Cadena:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros:
¡Es verdaderamente preocupante que los compañeros que viven de las cuotas sindicales, hoy no defiendan a los trabajadores! Es verdaderamente preocupante que aún se les niegue otra posibilidad de defensa. Es verdaderamente preocupante que se les niegue el derecho de las libertades constitucionales mismas y que podría ser ésta que incluye la de derechos humanos.
¿Cuántas veces nos hemos enfrentado, como trabajadores, a las leyes, a la misma Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Cuántas veces han tenido que hacer manifestaciones los trabajadores para que sean escuchados? ¿Cuántas veces nos vemos parados con pancartas haciendo plantones frente a las juntas Locales y Federales?
Y todavía se les niega una posibilidad de defensa, una posibilidad del derecho. Sus derechos constitucionales, sus derechos individuales, sus derechos de organización, sus derechos sindicales. Todo eso se les está negando y aún más, se les niega esta posibilidad.
¿Cuántas veces necesitamos ir a los tribunales para hacer las denuncias de las arbitrariedades que sufren los trabajadores en las juntas Locales y Federales?
Y sin embargo, hoy que hay la posibilidad de que una organización como la de la Comisión de Derechos Humanos pudiera hacer una recomendación, una invitación al análisis más profundo de las leyes y de la organización y de la defensa de los trabajadores, los compañeros, que se dicen representantes de los obreros, se las niegan.
¡La verdad es que sí es demasiado preocupante! Y preocupante es también porque eso nos
demuestra que el gobierno, representando en la Cámara de Diputados por su partido, no está dispuesto a dar más por los trabajadores. Nos está demostrando también que no hay disposición de apoyo y se está proponiendo solamente la productividad. "¡Y dobla trabajador tu productividad, pero te voy a quitar todos los derechos para que no tengas en donde quejarte!".
Muchas veces los mismos juzgados han dictado los amparos en contra de los trabajadores. ¡Ah!, pero no tienen derecho los trabajadores de ir a la Comisión de Derechos Humanos para decirles que inviten a estos tribunales a que revisen el problema que ellos tienen.
Y hay muchos compañeros aquí que han estado es la Secretaría de Trabajo o que han representado en la Junta Local, o que han sido presidentes de las juntas o simplemente los que han sido actuarios y, sin embargo, no se puede pensar en que ellos den una protección a los trabajadores.
Una anécdota que quisiera compartir con ustedes y que el diputado Calleja decía, que se atrasan los conflictos porque intervienen los Derechos Humanos. Es un caso que nos pasó en el sindicato "19 de Septiembre".
Demandamos la titularidad de un contrato colectivo en una pequeña empresa de 20 personas. Estuvimos presidiendo el contrato por un año y en nuestra revisión contractual, la CTM se adelantó y demandó la titularidad también. Y nos fueron a golpear, compañeros. Y llevaban palos y manzanas para golpearnos. Y golpearon a compañeras, lastimándolas, hiriendoles la cabeza.
¡Ah!, pero no tenemos derecho los trabajadores de ir a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar y pedir una recomendación favorable para los trabajadores.
Y son cuatro años que lleva ese proceso y el problema de los compañeros sigue vigente.
¿Dónde está retardo o retraso que puede sufrir un problema laboral cuando intervengan los Derechos Humanos? ¡Si no estando los Derechos Humanos ya lleva cuatro años! Hay procesos que llevan seis, 10 y quién sabe cuántos años. De manera que se aburran los trabajadores y dejen por la paz todo.
Pero los compañeros que dicen representar a los trabajadores, dicen que tampoco este derecho pueden tener.
Compañeros representantes de los trabajadores o que se dicen representantes de los trabajadores. No veo por qué razón se opongan a que este derecho también lo pueden tener los trabajadores. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El proyecto que estamos discutiendo en lo particular tiene un origen, como ya se había señalado y este origen es la Asamblea de Representantes, producto de todo un trabajo de todas las fracciones parlamentarias en la Asamblea de Representantes.
Este proyecto en los términos que se presenta fue aprobado por unanimidad en la Asamblea de Representantes. Es decir, todas las fracciones de los partidos políticos apoyaron el proyecto en los términos que aquí se presentan. Hubo todo un trabajo de consenso para que este proyecto estuviera en estos términos.
La fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ante la discusión que se ha venido dando en relación a estos artículos, queremos fijar nuestra postura. No podemos contradecir como Partido del Frente lo que nuestros compañeros asambleístas de la Asamblea de Representantes votaron a favor.
En los términos del artículo que se está discutiendo, el 18 y el 19, nosotros no encontramos contradicción en los términos que aquí se plantean con los derechos laborales o en confrontación con los sindicatos.
Consideramos, en los términos en que está el artículo 18 y el 19, que aunque todavía es limitada y sesgada la propuesta en materia laboral, para nosotros significa un avance sumamente importante.
En el momento en que los trabajadores, ante las fallas administrativas o irregularidades administrativas u omisiones procedimentales, tienen posibilidades, se les abre la oportunidad de ir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Sentimos nosotros que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emite recomendaciones solamente de carácter moral, no encontramos la contradicción de fondo o el argumento de fondo para que choque con lo que aquí se ha venido señalando por parte del compañero Calleja.
Consideramos nosotros muy importante que no se lesiona al sindicalismo en los términos en que está el proyecto, al contrario, que abre una puerta o una rendija, como se decía aquí, para que los trabajadores, para que los obreros, puedan desde ahora ir incursionando en la defensa de sus derechos humanos en materia de faltas administrativas o de procedimiento. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo quisiera plantear el problema en los siguientes términos: creo que la discusión se ha llevado en términos generales abstractos de la conveniencia y la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos pueda conocer y hacer una serie de recomendaciones respecto a una serie de fenómenos concretos que se han estado dando como ejemplo; sin embargo creo que el tema es tan apasionante y suscita tanto debate porque lo que hemos estado viviendo en México, ha sido una gran discusión respecto a la vigencia en la práctica si o no, de las normas laborales establecidas.
Lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos recientes cuatro o seis años ha sido una ofensiva antiobrera feroz en donde se ha impuesto con un costo altísimo una política antiobrera y que para poderla establecer lo que se ha hecho ha sido someter a los trabajadores a toda clase de arbitrariedades.
Efectivamente, hace unos años, posiblemente no se podía pensar o era en algunos casos aislados los que llevarían a pensar en que era necesaria, una Comisión de Derechos Humanos, para que conociera toda la cantidad de conflictos que se estaban dando en ese ámbito, pero hoy en día es numerosísima la cantidad de problemas que se están presentando en el ámbito laboral y en donde lo que impera es la arbitrariedad más absoluta, incluso se ha dicho que ya en México, las modificaciones a la legislación en la práctica ni siquiera resulta necesarias porque el Secretario de Trabajo, hace lo que le da la gana en lo que se refiere a normas laborales; cambia arbitrariamente los procedimientos, cambia arbitrariamente las condiciones para decidir si se presentan documentos o no para promover una huelga, etcétera, pero además, digamos todos los ejemplos que se han mencionado; la Modelo, la Ford. Tornell, los conflictos de Tekit y Hunucmá, una cantidad de conflictos que se han dado en donde los trabajadores se han ido a movimientos de huelga, incluso en contra de resoluciones de la Secretaría de Trabajo declarándolas ilegales, como ha sucedido en Lázaro Cárdenas, como ha sucedido en la misma Modelo, como ha sucedido en la Ford en donde a pesar, o los trabajadores de Ómnibuses de México, en una cantidad de lugares en donde hacen disposiciones legales y los trabajadores pasan por encima de esas disposiciones y hacen movimientos muy importantes ¿por qué?, bueno precisamente porque hay una arbitrariedad absoluta en lo que es la importación de justicia laboral.
Entonces esto es una razón absolutamente vigente e importante en este momento para que haya un juicio adicional de lo que está sucediendo, el número de huelgas de hambre, la forma como se reprime, la forma como hacen las negociaciones que llevan finalmente a solucionar conflictos muy prolongados, por ejemplo lo que sucedió con Ford o lo que sucedió con Modelo; recordemos a dirigentes que fueron en su momento tan reconocidos, tan estimados por todos como Reglín de la Modelo, o como otros compañeros que fueron muy reconocidos y ¿cuál es la condición de negociación?, precisamente que ellos acepten los despidos por delante y si no se les pone la alternativa de reprimir mucho más ferozmente al resto de los trabajadores y bueno, por una razón de responsabilidad estos compañeros dirigentes han aceptado ese tipo de negociaciones en donde ellos van por delante y se pierde un trabajo de muchos años de organización, de muchos años de conciencia y los primeros sacrificados son los dirigentes.
Cuál es el costo social, el costo político de que los mejores trabajadores, los que conocen con mayor detalle la situación, los que han profundizado en el conocimiento son los que salen por delante expulsados.
Bueno, todo este tipo de cosas, los problemas de represión, las formas de procedimientos, las tácticas dilatorias, la forma como se ha estado golpeando a los trabajadores, evidentemente son casos que están fuera de toda esta normatividad usual, común y corriente y que tienen que ser conocidos en alguna instancia en donde se emita un juicio de qué es lo que está pasando.
Yo creo que en el fondo, lo que se está juzgando es la política laboral del salinismo, que ha sido una política arbitraria, feroz, y que se expresa en muchísimos ejemplos, en muchísimos casos y que eso es lo que esa Comisión tendría visto parcialmente en cada uno de los casos, pero finalmente dando elementos para integrar un juicio de lo que ha sido esta arbitraria política laboral del salinismo, por esas razones nosotros estamos de acuerdo en que esté incluido los derechos laborales como parte de este artículo. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado José María Telléz Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Cuando tratamos la Ley para los Derechos Humanos, dijimos en aquel entonces con mucha claridad, que los obreros no podíamos quedar fuera de esto; que entendieran y les ponía el ejemplo, de todos los trabajadores que tienen que dormir ahí en las juntas y en los tribunales de Trabajo, para poder ventilar sus casos y que no hallan con quién quejarse.
Pedimos a todos ustedes que votaran porque esa Ley se ampliara para todas las cosas laborales de nuestro país y que tuviéramos una instancia más donde quejarnos, no dónde obtener la resolución, sino dónde quejarnos de la autoridad que día con día y ya he repetido esto siete veces en esta tribuna, la Secretaría de Trabajo ya no defiende los intereses de los trabajadores para lo cual fue creada.
Cuando se ha abierto esta discusión, yo me felicito por ello, porque han invertido ahora todas las voces que en aquel entonces quedaron calladas y que ahora ven la necesidad de que tengamos nosotros que aplicarnos para que queden dentro de los derechos humanos, los derechos laborales de los trabajadores.
No queremos un tutelar para defendernos, que esté defendiendo a los borrachos y faltistas, nunca hemos querido eso y yo lo dije siendo dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no defendería yo a ese tipo de trabajadores, a aquéllos que faltan a su obligación, porque no fueron hechos los sindicatos para eso, los sindicatos fueron hechos para defender a los trabajadores y aquí se ha confundido ya todo esto y ya hemos visto esta tarde todo un verdadero espectáculo, en que estamos viendo que quienes debieran estar interesados en tener esta participación, ahora se niegan.
Lo bueno es que la verdad es una virtud y ha salido esta tarde. Nosotros qué queremos, exclusivamente que se amplíe para que podamos nosotros llegar y decir todas las arbitrariedades que se están haciendo para todos los actos que tenemos los trabajadores que llevar adelante.
Se registra a los sindicatos que se quiere, hay un contubernio tremendo en las autoridades que no les dan a los trabajadores verdaderamente sus derechos y ahí se manejan las recomendaciones de las grandes centrales para crear sindicatos fantasmas, para permitir que se explote a los trabajadores en las grandes empresas transnacionales y que ya no debe de seguir siendo esto.
Los sindicatos deben de ser de los obreros, de los verdaderos trabajadores y no de aquellos simuladores que a través de sindicatos blancos, han hecho la degeneración de toda la clase obrera.
Pedimos a ustedes, compañeros del Partido Revolucionario Institucional que esta vez aprueben ello. Creo que no hará daño, porque lo único que tendremos nosotros es forma de demostrar ante un autoridad todas las arbitrariedades que se nos hacen a los obreros, ya que no tiene facultad de ejecución esta Comisión de Derechos Humanos, nosotros tendremos oportunidad de demostrar en ella todo lo que se hace en contra y cómo se perfilan todos los malos funcionarios de este país para perjudicarnos.
Ya lo dije aquí y lo sostengo, los obreros no tenemos para paga licenciados y nos están obligando a ello permanentemente.
Ya no permitan esto y espero que aprueben esto en beneficio de la clase obrera de mi país. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Salvador Valencia Carmona.
El diputado Salvador Valencia Carmona:
Señor Presidente; compañeros diputados:
El objeto de mi intervención es apoyar la posición, a mi juicio constitucional y certera, del señor diputado Moisés Calleja, por las razones que voy a exponer.
Hemos presenciado el día de hoy una polémica encendida, bella polémica, entre algunos diputados distinguidos de Acción Nacional, diputados de nuestro partido y de otros partidos. Sin embargo, yo creo que el tema que se está tocando aquí no es el tema real y jurídico de fondo.
Mi partido se opone a que pase el texto de la Asamblea como está, porque si pasa como está, entrañaría una grave violación a la Constitución, y es más, implicaría pasar sobre lo que este mismo Poder Legislativo ya aprobó por anticipado.
Voy a leerles lo que nosotros aprobamos cuando tuvimos la ocasión de debatir sobre el artículo 102 constitucional que está vigente. Dice ahí:
"El Congreso de la Unión, me refiero al 102, párrafo b y las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos, que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa."
Subrayo, las comisiones de Derechos Humanos, tanto locales como federales, deben conocer de actos u omisiones de naturaleza administrativa, no de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que estas comisiones obviamente no pueden conocer ni de actos legislativos ni de actos jurisdiccionales.
Ahora les voy a leer el artículo correspondiente que se pretende aprobar de la Asamblea. Ahí se dice lo siguiente:
"Artículo 18. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no podrá conocer de los casos concernientes a:
Decía el proyecto original, tercero, conflictos de carácter laboral"; hasta ahí estaba bien, luego se le agregó: "Salvo los actos u omisiones a que se refiere el último párrafo del artículo 19 de esta Ley."
Y en el artículo 19 de esta Ley, que es el que estamos discutiendo se dice: "Todos los demás actos u omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las fracciones anteriores, serán considerados de carácter administrativo".
Señores, a mí me ha parecido la iniciativa de la Asamblea muy respetable y me ha parecido que contiene extraordinarios avances, que es un gran ejemplo de consenso entre todos los partidos, pero por muy respetable que sea este documento que nosotros recibimos, es un documento que no puede ir en contra de una norma constitucional y dos, tampoco se puede declarar por decreto que un acto administrativo se convierta en procedimental. En el momento en que eso hagamos, la Comisión de Derechos Humanos nacional, las locales, se convertirían en auténticos tribunales, tendrían que seguir todo el procedimiento jurisdiccional e ir marcando sus fallas y sus aciertos.
Pero esas razones técnicas, los diputados de la mayoría estamos seguros, estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Nos estamos ajustando a una norma constitucional vigente. Si nosotros aprobamos este artículo 19 tal y como está, implicaría ni más ni menos, excedernos en nuestra función de carácter legislativo. Así es como lo vemos.
Queremos además decirles y se los digo sinceramente, obviamente hay muchos diputados preocupados por la cuestión obrera, por la cuestión laboral y aquí lo han dicho y yo comparto con ellos esas inquietudes y también muchos compañeros de mi partido que han defendido la causa obrera y la han defendido bien, como Moisés Calleja lo ha demostrado en su actividad profesional como litigante y como funcionario judicial.
Sí quiero, en síntesis exclamar que creo que es saludable, que es útil que se haya dado este debate, pero tengan la seguridad los compañeros de mi partido, de que estamos actuando bien. No podemos excedernos en las funciones legislativas. Como estamos actuando, estamos actuando bien, con apego a la Ley y no podemos, les decía, por decreto convertir un acto jurisdiccional en un acto administrativo. Muchas gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Pido la palabra para hechos señor presidente.
El Presidente:
Adelante diputado Castro por favor.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Después de una hora y media debatiendo este párrafo del artículo 18 del dictamen, el señor diputado Valencia Carmona, recién estrenado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, nos cambia totalmente la argumentación que nos había dado la fracción parlamentaria de su partido.
Ya abandonó el camino bordado por el diputado Moisés Calleja; ya no habló del retraso de la justicia laboral, ya no habló de que se retrasaban las resoluciones de los tribunales en favor de los trabajadores. ¿Qué, diputado, sintió débil la argumentación del diputado Calleja? ¿Sintió muy dura la réplica, señor diputado? ¿Le llegó alguna tarjeta de cambiar el debate y decir: ah, ya lo cambió, la temática central de debate?
El señor diputado Valencia Carmona, que no es diputado de la CTM, ahora sí ya está representando a la mayoría de su partido, de su fracción, dice: "No, señores, la Comisión ya reparó, ya reparó, o la parte de la Comisión que es de su partido, reparó que se viola el apartado B, del artículo 102 de la Constitución".
Celebro, diputado Carmona, que usted sea un celosísimo defensor de la Constitución. ¡Cuándo lleguemos a Yucatán, veremos!
Celebro, celebro, celebro que esté muy preocupado por la violación al artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República, que aquí en esta Cámara se debatió, se aprobó y, después de pasar a las legislaturas locales, quedó incorporado al texto de la Constitución.
Pero está mal su premisa, diputado, está mal su premisa. ¿Quién dijo que el registro de los sindicatos era un acto jurisdiccional? ¿Quién dijo? Precisamente, precisamente vimos ese ejemplo por su trascendencia, por la trascendencia que tiene para el movimiento obrero mexicano.
Decía el diputado Calleja, de los empresarios retardatarios que menguan las prestaciones de la clase trabajadora del país. Así decía el diputado Calleja.
¿Y saben ustedes de qué medio disponen los trabajadores para proteger sus prestaciones, señoras y señores diputados? Del sindicato, del sindicato. ¿Quién está menguando las prestaciones de la clase trabajadora del país?
No señor diputado Valencia Carmona, no se viola, no se viola el apartado B, del artículo 102 de la Constitución General de la República, que es categórico al hablar de la Comisión Nacional, porque dice de los actos u omisiones de naturaleza administrativa.
Y que señores, la solicitud de registro, a la que no se le da entrada, ya no digo, señoras y señores, la que se niegue, no, no estoy hablando de la solicitud admitida y luego rechazada, estoy hablando de la solicitud no admitida, que es una omisión y que es una omisión, de naturaleza administrativa. No podrá tratar de ello la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal o la Nacional a nivel federal, como dice el propio Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no podrá tratar de eso.
Señor diputado Valencia Carmona, las juntas locales de conciliación y arbitraje no forman parte del Poder Judicial, la Secretaría de Trabajo no forma parte del Poder Judicial, sus resoluciones, desde el punto de vista formal son actos administrativos, pero si usted me replica que desde el punto de vista material y me adelanto al argumento, declaro, señor diputado, desde el punto de vista material son resoluciones de carácter jurisdiccional.
Pero entonces, diputado, no está en contra del 18; usted dijo: "No se puede resolver que un acto administrativo lo es por decreto". Estoy de acuerdo. Entonces, está en contra del artículo 19.
El debate es sobre el 18 y esa disposición no está en el 18. Está relacionado el 18 con el 19. Entonces, el diputado Valencia nos va a hacer, sin presentar su propuesta por escrito, una objeción adicional: suprime el párrafo del 18 y además, pero no nos la ha presentado, diputado, nos va a presentar, espero, para ser congruente, la supresión del último párrafo del artículo 19, que es la que habla de los actos administrativos por decreto.
Por favor lea bien el 18, diputado, los laudos, las interlocutorias, los autos; ésos son los que escapan del campo de influencia, porque ésas
sí son resoluciones de naturaleza jurisdiccional y las omisiones como las que le manifesté.
Ha hecho su debut admirable, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en esta Cámara.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
(Desde su curul) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
(Desde su curul) Para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante. Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Muchas gracias. Compañeros:
Después de una ya larga discusión, creo que debemos de acudir a la fuente. Esta es la Constitución, ésta es la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahora el dictamen de la iniciativa que tenemos sobre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ciertamente, se ha hablado de muchos aspectos importantes, sobre los derechos de los trabajadores, sobre la actitud de sus defensores, sobre las autoridades laborales, sobre la justicia laboral, pero, si me permiten, salvo la mejor opinión de ustedes, lo único que tendríamos que repasar ahora es qué dice la Constitución con respecto a la Comisión de Derechos Humanos y qué debemos nosotros tener en cuenta...
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Señor Presidente, le solicito preguntar al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Ojeda, ¿acepta usted la interpelación del señor diputado?, ¿acepta usted la interpelación del señor diputado Fernández de Cevallos?
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
La acepto, desde luego.
El Presidente:
Sí la acepta, diputado Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) La va hacer, si usted lo permite, señor Presidente, el diputado Juan de Dios Castro, en relación con el mismo asunto.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señor diputado...
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Y si yo la acepto también, ¿no?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) ¿La acepta?
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Sí, la acepto.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) ¿Va a hacer usted cita del segundo párrafo del apartado "B"?
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
No adivine, compañero.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) No, pregunto para evitar la intervención, señor diputado.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Mire, hablando de párrafos conviene que mejor leamos el texto exacto, para que los que no lo tengan a la vista lo puedan tener en cuenta.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Quiero manifestarle, señor diputado, para evitar su intervención, quiero manifestarle...
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
¿Por qué evitar mi intervención?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Para evitarla, porque no la ha desarrollado.
El Presidente:
Esta Presidencia, señor diputado Castro, esta Presidencia les recuerda tanto al orador como a aquel que está haciendo interpelación, que se prohiben los diálogos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) En materia de la violación constitucional, señor diputado, rectifico mi intervención para evitar su discurso; puede hacerlo pero quisiera hacer una rectificación. Ningún asunto laboral puede ser competencia de la Comisión de Derechos Humanos, por disposición expresa de este segundo párrafo del apartado "B", del artículo 102; no tengo ningún inconveniente en reconocerlo.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Acepto su rectificación. Entonces tomando en cuenta esa base en la cual estamos de acuerdo por los menos el señor diputado Juan de Dios Castro y yo, tendríamos que ver qué es lo que nos dice la Ley Federal de la materia, la reglamentaria de ese párrafo y que nos dio la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por cierto no está por demás recordar que tanto la reforma constitucional como la Ley que voy a comentar, fue precisamente producto de esta Legislatura y todos participamos en ella.
El artículo 7o. de la Ley dice: "La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a: fracción III, Conflictos de carácter laboral". Y esto es precisamente lo que se propone que quede para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para no cometer la aberración jurídica de que no se pueda en el resto del país lo que sí se pueda en el Distrito Federal.
Por elemental congruencia, creo que además de atenernos a la limitación que establece la Constitución en el 102 que nosotros aprobamos, se use exactamente el mismo texto que también aprobamos para la Comisión Nacional.
Y por lo demás, no debemos dejar de mencionar que ese agregado que se le puso y que estamos pidiendo que se quite, menciona equivocadamente en el último párrafo del artículo 19, porque según parece el último párrafo del artículo 19 dice simplemente: "La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo", por lo cual pues no es aplicable, sino sería el penúltimo párrafo. Es todo y muchas gracias.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto señor diputado?
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene usted el uso de la palabra para rectificar hechos, diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Gracias señor Presidente; señores legisladores:
La última interpelación del diputado Juan de Dios Castro, dio motivo y razón suficiente para que ahí sin más y en buena práctica parlamentaria, con talento, con señorío y con idea de compañerismo, pudiera haber terminado un debate que en todo momento se vio claro, franco y de buena fe. Sin embargo, creo que nuestro amigo Pedro Ojeda se fue por algún rumbo que no dejó claro el argumento de la pregunta, de la interpelación y más bien tocó otros temas peligrosos que no queremos dejar de soslayo y que al menos enunciaremos para concluir categóricamente en la rectificación de aquella pregunta y que ahora la hago yo desde la tribuna.
A nosotros no nos satisface el argumento de don Pedro Ojeda cuando dice, que resultaría una aberración que en el Distrito Federal se pudiera lo que en otras partes de la República no se puede. A lo mejor ahí hay un subconsciente que nos dice a la inversa que la aberración si existe en otros ámbitos, porque en el Distrito Federal no se puede en materia política lo que si en otras entidades de la República. Se lo dejo de tarea amigablemente.
En segundo lugar, aquí estamos, señores legisladores, ante una evidencia que nadie puede ocultar. Cuando los legisladores de Acción Nacional advierten en un debate que hay una razón no contemplada por ellos, aunque no se las digan desde aquí sus interlocutores, cuando existe un texto en la Constitución que no invoca el grupo mayoritario y que inclusive después de la pregunta del legislador Castro parece no captar el legislador Ojeda, nosotros lo hemos advertido y en buena fe y en trabajo político serio, nos adelantamos con una interpelación para decir: por nuestra parte que aquí concluya el debate. Hay una razón clara y terminante para que ese inciso o esa parte de ese inciso no pueda quedar como viene de la Asamblea de Representantes.
¡Ah!, pero tenemos que precisar. En el ámbito estrictamente constitucional hasta aquí llega nuestro debate porque queriéndolo o sin quererlo tiene la razón hoy aquí el grupo mayoritario; pero en el fondo no y, por lo tanto, la tarea por nuestro parte debe remontarse a promover, en su caso, el cambio, la reforma a la propia Constitución. Porque la discusión de fondo está a nuestro favor, se quiera o no reconocer. La mayoría podrá negar que en fondo los trabajadores tienen derecho a esta instancia como la tienen los ciudadanos en otros ámbitos similares. Pero si hoy la Constitución establece un reparo, un obstáculo, un bloqueo para que en el ámbito laboral pueda tener injerencia alguna la Comisión Nacional de Derechos Humanos; señores legisladores, tenemos dos cosas que hacer desde esta tribuna:
Hoy, rectificar nuestro planteamiento y retirarnos del debate; mañana, presentar tan pronto como sea posible, la reforma constitucional respectiva. Creo, para efectos de otros debates constitucionales, que será mucho tal vez pedir al grupo mayoritario, un comportamiento similar tan pronto como se presente el caso.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los diputados.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por la diputada Luisa Alvarez.
"Artículo 9o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación, en su caso, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El titular del Pode Ejecutivo Federal, para la formulación del nombramiento, solicitará a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, opiniones de asociaciones, colegios y en general de entidades o de las personalidades que estime convenientes. Estas opiniones no serán vinculatorias."
En votación económica, se pregunta sí admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente.
Propuesta hecha por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 9o. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, será designado de conformidad con el siguiente procedimiento:
El titular del Poder Ejecutivo Federal, elaborará una terna y la someterá a la consideración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y será designado aquel que logre mayoría calificada de dos tercios. El titular del Poder Ejecutivo Federal, para la elaboración de la terna, deberá, a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, solicitar opiniones de asociaciones, colegios y en general de entidades o de las personalidades interesadas en la materia."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al artículo 11.
"El consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estará formado por 10 ciudadanos hombres y mujeres que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad. Ninguno de ellos deberá ocupar cargo, comisión o empleo como servidor público. En dicho órgano deberán estar representados, organismos no gubernamentales de derechos humanos de la entidad. Al frente de este órgano estará el Presidente de la Comisión. El cargo de miembro del consejo tendrá el carácter honorario, con excepción de su Presidente. Cada año deberá ser sustituido el miembro de mayor antigüedad en dicho consejo."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al artículo 12:
"Los miembros del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, serán designados por la Asamblea de Representantes por mayoría calificada de dos tercios. El consejo contará con un secretario técnico, quien será nombrado por el propio consejo a propuesta del Presidente de la Comisión y dará trámite a las resoluciones de dicho consejo en los términos que disponga el Reglamento Interno".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional al artículo 15:
"El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los visitadores, no podrán ser detenidos, sancionados, juzgados, por las opiniones o recomendaciones que emitan, ni tampoco por los actos que realicen en ejercicio de las facultades propias de sus cargos que les asigne esta Ley".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación al artículo 16:
"El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrá ser destituido y en su caso sujeto a las responsabilidades sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este supuesto el Presidente será sustituido interinamente por algunos de los visitadores en los términos que señala el Reglamento Interno, en tanto se determine el otro titular de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, conforme al artículo 9o. de esta Ley. También deberá ser removido si aceptan cargo en la administración pública federal, estatal o municipal".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
Propuesta del Partido Revolucionario Institucional acerca del artículo 16:
"El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrá ser destituido y en su caso sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En este supuesto o en el de renuncia, el Presidente será sustituido interinamente por alguno de los visitadores en los términos que señala el Reglamento Interno, en tanto se determina otro titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conforme al artículo 9o. de esta Ley".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente.
Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación al artículo 18:
"La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no podrá conocer de resoluciones de carácter jurisdiccional ni de consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades, sobre interpretación de disposiciones constitucionales u ordenamientos jurídicos".
En votación económica, se pregunta sí se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación al artículo 19: Se suprime.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Del Partido Revolucionario Institucional en relación al artículo 18, que deberá decir:
"La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no podrá conocer de los actos concernientes a:
Fracción III. Conflictos de carácter laboral".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
El diputado Napoleón Gallardo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hace la siguiente propuesta de modificación al artículo 24:
"Los visitadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes:
Fracción I. Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por los afectados, sus representantes o los denunciantes."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Propuesta de modificación al segundo párrafo del artículo 25 de la Ley en discusión, presentada por el diputado Julio Alemán.
"Artículo 25. Para los efectos de esta Ley la fe pública consistirá en la facultad de autentificar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios sin perjuicio de valor probatorio que en definitiva se les atribuye en términos del artículo 43 de esta Ley."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Admitida, señor Presidente.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Propuesta.
"Artículo 27. Toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quejas contra dichas presuntas violaciones, ya sea directamente o por medio de sus representantes. Cuando se trate de menores o incapacitados podrá serlo a quien la Ley faculte".
Los siguientes dos párrafos quedarían igual.
Y en el cuarto párrafo: "Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero los hechos se podrán denunciar por cualquier persona, aun cuando sea menor de edad".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Admitida, señor Presidente.
Del Partido de la Revolución Democrática se hace la siguiente propuesta de modificación al artículo 35.
"La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por conducto de su Presidente, de manera excepcional y previa consulta con el Consejo, podrá declinar conocer de un determinado caso si éste puede lesionar su autoridad moral o autonomía".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
Del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente propuesta de modificación al artículo 55.
"El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberá publicar en su totalidad todas las recomendaciones de la Comisión. En casos excepcionales podrá determinar si las mismas sólo deben comunicarse a los interesados, de acuerdo con las circunstancias específicas".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Propuesta de modificación al artículo 57, de la fracción parlamentario del Partido Acción Nacional.
"Artículo 57. Los informes anuales del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal deberán contener una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los efectos de la labor de conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir. Los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen emitido, los resultados logrados, así como las estadísticas y demás casos que se consideren de interés. Asimismo con objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de los gobernados y de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, el informe podrá contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes, para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes. Se informará también sobre cada uno de los programas generales que la Comisión lleva a cabo".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse de manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
De la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; el artículo 58.
"Artículo 58. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se reunirá con el Jefe del Departamento del Distrito Federal y los titulares de los órganos de procuración y de impetración de justicia, que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, para conocer el informe al que se refiere el presente capítulo. En dicha reunión también estará presente una Comisión nombrada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor Presidente.
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática al artículo 70.
"El personal que preste sus servicios a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estará regulado por las disposiciones del apartado "B", del artículo 123 de la Constitución General de la República y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."
Se suprime la frase: "teniendo en todos los casos la categoría de empleados de confianza".
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Del Partido Popular Socialista, al artículo 71.
"Artículo 71. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la facultad de elaborar su Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos, el cual remitirá directamente al titular de la Secretaría encargada de esa materia. En todo caso dicho presupuesto será suficiente para permitirle el cumplimiento de sus fines".
En votación económica, preguntamos si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
El secretario Jesús Molina Lozano:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículo reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de los artículo reservados en un solo acto.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos reservados en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Se emitieron 21 votos en contra de los artículos 9o., 11, 12, 16, 18 y 70; 22 votos en contra del artículo 18; Un voto en contra del artículo 19 y a favor de los artículos 15, 24, 25, 27, 35, 55, 57, 58 y 71 se emitieron 301 votos.
El Presidente:
Aprobados los artículos reservados por 301 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
REUNIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la reciente reunión del doctor Pedro Aspe y el doctor José Córdoba Montoya en Estados Unidos y su relación con el Tratado de Libre Comercio.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
En sesiones anteriores la fracción parlamentaria del PARM, manifestó por este conducto, en esta misma tribuna, que el complicado proceso de ratificación del Tratado Trilateral de Libre Comercio y los acuerdos paralelos que actualmente se discuten entre México, Estados Unidos y Canadá es una táctica dilatoria por parte de los vecinos del Norte. La presión que el Gobierno de Estados Unidos, ha pretendido ejercer sobre el Gobierno de México ha venido adoptando una nueva modalidad en las últimas 15 semanas...
Señor Presidente, le pido respetuosamente llamar al orden a la Asamblea porque pues parece que no nos estamos comunicando.
El Presidente:
Esta Presidencia hace un atento y respetuoso llamado a todos los señores diputados y público en general para que guarden orden, silencio y respeto al orador.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Estados Unidos trata de hacer creer que su renuencia a ratificar el Tratado de Libre Comercio está fincado en el temor y la desconfianza a la probidad y seriedad de los mexicanos, lo cual va mucho más allá de un simple condicionamiento al Gobierno mexicano.
El pasado jueves 6 de mayo en Washington, en una conferencia de ministros de Economía a nivel interamericano, el secretario de Hacienda y Crédito Público Aspe Armella manifestó que para México, la aplicación del Tratado de Libre Comercio era una prioridad y pese a la oposición de dentro o de fuera, su entrada en vigor, amen de inevitable, representa para la presente gestión administrativa el eje de toda la política y una expectativa de viabilidad para hacer de México una nación del primer mundo.
La prensa especializada particularmente el Washington Post, el Financial Times, The Economist y el New York Times, en sus ediciones del viernes 7, publicaron a ocho columnas y en tono triunfalista que México según el doctor Aspe, no tiene temor de afrontar los riesgos del Tratado de Libre Comercio. En nuestro país la nota también mereció espacios importantes en los medios informativos; no obstante lo anterior, ese mismo día 7 de mayo en Los Pinos, un comunicado oficial informa que el coordinador general del gabinete, José Córdoba Montoya, viajó a Washington para entrevistarse con Clitfoh Wharton, subsecretario de Estado y con Anthony Lake, presidente del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para discutir, bajo la más estricta reserva, los términos para ratificar el texto legal del tratado sin tantas complicaciones legales y paralelas.
Cabe hacer mención de que el mandatario estadounidense, William Clinton, ha recibido algunas críticas de su país, al acusársele de empresarial por querer servir a los intereses de grupos en la ratificación del tratado. Se le reclama que está olvidándose del sector laboral de su país por pretender sacar adelante un tratado que ideológica y tácticamente le son ajenos. Así lo dejan entre ver las declaraciones de Richard Drake, secretario del Trabajo de los Estados Unidos para lo contrario anterior, tanto para el doctor Pedro Aspe, como para el doctor Córdoba Montoya y el licenciado Serra Puche, la situación del país no constituye escollo o traba alguna para aplicar el tratado en enero de 1994.
Según su óptica y la información estadística computarizada, el país que tenemos semejanza en lo económico, un paraíso recuperado para el inversionista extranjero, una especie de jauja bursátil de altos rendimientos y beneficios inmediatos, nuevamente nos encontramos con una extraña dicosomía. Tal parece que el México, que visualiza el sector oficial y del que hablan con tanto entusiasmo es uno distinto del que viven millones de compatriotas, que día tras día
encaran el desempleo, el alza de precios, la carestía de productos básicos, el hambre y la marginación.
Nos da la impresión que el México que con tanto ahínco difunden en el extranjero potencialmente rico y próspero, es el país deseable pero por ahora irreal.
Desde luego, no dejamos de reconocer el esfuerzo que el grupo de funcionarios negociadores, realiza para hacer valer a nuestro país frente al extranjero, pero una cosa es que hablen bien de México y otra muy distinta es que quieran hacernos creer eso mismo a los de casa.
Asistimos ahora, a una realidad que no fue vista, ni siquiera sospechada desde el principio. Todas las tardanzas y los malos entendidos están dados en función de un factor externo y otro interno más preocupante.
El primer factor, el externo, es el Tratado de Libre Comercio. En Estados Unidos de América pareciera que sólo fue un objetivo de campaña política de la administración republicana anterior. George Bush, una vez concluida ésta para la mayoría de grupos de presión interna de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio es un riesgo de seguridad nacional que parece no querer ya afrontar.
El factor interno preocupante para nosotros, radica en que todos los esfuerzos y políticas del régimen actual, han sido supeditados a afirmar, ratificar y aplicar el Tratado de Libre Comercio, como alternativa de despegue para el país.
En el presente régimen, están empeñados en que se ratifique el Tratado de Libre Comercio, antes de noviembre de este año; antes de su V Informe de Gobierno y antes de la nominación del candidato oficial que habrá de luchar por convencer al electorado nacional, en un clima de recesión por falta de inversión y confianza, con un desempleo progresivo motivado por el cierre de más de 400 empresas nacionales que no tienen infraestructura y recursos para enfrentar a los virtuales competidores del norte, con una migración cada vez más elevada de connacionales hacia los propios Estados Unidos y una política justa privatizadora que ha beneficiado a los ricos y lesionado a los pobres.
Los mexicanos, aún no sabemos cuál será el derrotero por el que nos lleve el Tratado de Libre Comercio. Enfrentamos ahora un futuro tan incierto como el propio, que se observa para Estados Unidos de América.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por este conducto y desde la más alta tribuna de la nación, hace un llamado a la reflexión, sobre esta preocupante coyuntura, otra vista como un sueño liberalizador y que vista a la luz de la realidad que vive el pueblo de México, semeja una pesadilla sin final aparente.
Los mexicanos no desearíamos despertar de un hermoso sueño, como cuando apostamos todo el futuro y desarrollo a la riqueza petrolera; cuando se nos invitaba a administrar la riqueza. Hoy apostamos el destino al Tratado de Libre Comercio y en él ciframos todas nuestras esperanzas de bienestar.
Pero no podemos dejar de preguntarnos y si no se ratifica en Estados Unidos ¿qué va a pasar?, ¿qué alternativa tiene preparada nuestro Gobierno para enfrentar este hecho, si finalmente el tratado no fuera aprobado por el Congreso Estadounidense? El país en general se vería afectado, sin el Tratado de Libre Comercio, el problema latente demostró su déficit en relación de México con el exterior y que representa unos 23 mil millones de dólares al concluir 1993, se convertiría en una desagradable realidad.
Si por ahora México puede importar y consumir mucho más de lo que exporta, es porque el ingreso de grandes cantidades de capital externo al país lo permite, pero si el Tratado de Libre Comercio no se concreta, entonces ese capital no sólo dejará de venir sino que empezará a salir, haciendo inevitable una devaluación.
De acuerdo con algunas informaciones publicadas desde hace días y que hoy se confirman, por el periódico británico The Financial Post, el Gobierno mexicano tiene una serie de planes para el caso de que las perspectivas del Tratado de Libre Comercio aparezcan negativas. Entre otras medidas se contempla la posibilidad de independencia para el Banco de México. Para tal efecto, ya se recibió el proyecto de reformas a los artículos 28, 73 y 123.
En base a los anteriores razonamientos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hace un llamado para que las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, requieran a los titulares de Hacienda y Crédito Público doctor Pedro Aspe Armella; de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Jaime Serra Puche; del coordinador del gabinete presidencial, licenciado José Córdoba Montoya y del titular de Relaciones Exteriores, licenciado Fernando Solana
Morales, un informe detallado, franco y valiente, sobre la verdadera situación que priva actualmente en el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Requerimos que ese informe sea veraz, directo y pronto, dada la gravedad y la urgencia del caso, a fin de que esta honorable Cámara de Diputados, sea el conducto para informar a la vez al pueblo de México, al que prometimos representar y defender de lo que acontece con el Tratado de Libre Comercio, que ya va en la decimaséptima semana de negociación, sin llegar a una solución definitiva.
Señor Presidente y señores diputados integrantes de esta Asamblea: insistimos en la propuesta parmista planteada desde esta tribuna hace dos semanas, de crear una Comisión de Vigilancia Interparlamentaria, integrada por México, Estados Unidos y Canadá; que dicha Comisión la formen diputados y senadores mexicanos, congresistas y senadores norteamericanos y representantes y delegados del parlamento canadiense, para vigilar que el texto del tratado se ratifique sin detrimento de nuestra independencia y soberanía; que los temas de acuerdo paralelos no se conviertan en un obstáculo que empantane el objetivo principal del tratado, al pretender cambiarlo amañadamente en su original sustancia y sobre todo, para que dichas comisiones informen a la opinión pública del verdadero fondo de las negociaciones y los términos en que habrán de cumplirse las mismas.
Para cumplir el cometido anteriormente enunciado, será necesario que la referida Comisión Trilateral de Vigilancia Interparlamentaria, sea recibida por los titulares del Ejecutivo de las tres naciones involucradas en el Tratado de Libre Comercio, a fin de que los funcionarios encargados del ramo respectivo, informen de los avances y contenido de las negociaciones a su cargo y que finalmente las deleguen en los poderes legislativos de los tres países, por ser éstos los facultados constitucionalmente en sus respectivos sistemas legales, para culminar la ratificación y aplicación de un tratado tan trascendental, consecuente para el futuro de América del Norte y fundamentalmente para México y los mexicanos.
Desde esta tribuna, en nombre de la nación, a la cual representamos, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, demanda de los funcionarios encargados de la negociación del Tratado de Libre Comercio, un informe verídico, exacto y puntual de las verdaderas condiciones en que se encuentra actualmente dicho tratado y los acuerdos paralelos, a fin de terminar con la incertidumbre, el desconcierto, el rumor que se ha esparcido por los cuatro puntos cardinales del país.
Por la fracción parlamentaria del PARM. Muchas gracias.
ACLARACIÓN
El Presidente:
Tiene la palabra la señora diputada Cecilia Soto, para rectificar hechos.
La diputada Cecilia Soto González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros del pleno:
En diversos momentos el orador que me antecedió en el uso de la palabra, hizo la referencia que hablaba a nombre de la fracción parlamentaria del PARM.
Hay ahí problema de aritmética importante. La fracción parlamentaria del PARM cambió de coordinador el 27 de abril de este año. No hemos inscrito al orador que me antecedió en uso de la palabra en el orden del día con nuestra representación.
Señor Presidente, me voy a permitir leer un comunicado, donde reiteramos esa decisión:
"Por medio de la presente informamos al pleno de esta Asamblea, que en reunión de diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, celebrada el día 27 de abril de 1993, acordamos designar como nuevo coordinador de nuestro grupo parlamentario al diputado, Adolfo Kunz Bolaños."
Adjuntamos copia del acta y atentamente solicitamos que surta los efectos a que haya lugar.
Firman el diputado Javier Colorado, uno; diputado Romeo Flores Leal, dos; Adolfo Kunz Bolaños, tres; diputado Samuel Moreno Santillán, cuatro; diputada Yolanda Elizondo Maltos, cinco; Servando Hernández Camacho, seis, diputado Francisco Laris Iturbide, siete; diputada Cecilia Soto González, ocho.
Señor Presidente, también me permito entregar a la Secretaría de esta mesa directiva, copia de eso y copia del acta de la sesión que celebramos
el 27 de abril, a la que he hecho referencia. Muchas gracias.
El Presidente:
De enterado.
Esta Presidencia toma nota de la comunicación de diputados pertenecientes al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en donde nos dan a conocer que su nuevo coordinador es el señor diputado Adolfo Kunz Bolaños, e instruye a la Secretaría lo comunique a la Oficialía Mayor, para que instrumente lo conducente.
Tiene el uso de la palabra el diputado Laborde Cruz.
El diputado Manuel Laborde Cruz:
Gracias, señor Presidente y con su permiso.
Deseo felicitar el Presidente de la directiva del mes, por haberse constituido en censor, juez y parte de la petición, ni siquiera me atrevería a llamar solicitud, de quienes hoy nos denostan.
Quiero pedir un aplauso porque yo también apoyaría a Adolfo Kunz como coordinador de su fracción. Sería aquí un parteaguas y al rato tendríamos fracciones de los demás partidos políticos, incluyendo a quienes se sintieran de la mayoría y daríamos una lección de plural democracia interna.
No estamos en contra de que se haya erigido, a motu propio, en coordinador de su fracción. Me voy a permitir traer a esta tribuna algunas consideraciones de fundamento jurídico, porque siento, sin ser tendencioso y doloso, congruentemente al Legislativo y es un exhorto que le hacemos a la dirigencia y al liderazgo y a quien lo detenta de esta cámara, para que sean congruentes en sus posiciones.
Señor Presidente, le ruego instrumente a la Secretaría para que dé lectura al acuerdo que esta soberanía emitió respecto a una solicitud similar el día 29 del mes de abril del presente año.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría proceda con este trámite.
El secretario Jesús Molina Lozano:
"Honorable Asamblea. En relación con la intervención de la diputada Cecilia Soto González, esta Presidencia manifiesta que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de nuestra Ley Orgánica, ni la mesa directiva ni la Asamblea en su conjunto tiene facultades sobre los asuntos que competen a la vida interna de los grupos parlamentarios, por lo que no es competencia del pleno intervenir en un debate a este respecto y hace un atento y cordial llamado a la unidad los compañeros de diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que internamente y en un marco de conciliación, diriman sus diferencias".
El diputado Manuel Laborde Cruz:
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Secretario:
Se desprende de esto que, como resulta lógico, la soberanía de la Asamblea no podrá tener fluctuaciones de criterio apegados a estricto derecho dentro del ordenamiento interno que rige a esta Cámara.
Es menester, por obviedad de situaciones, me voy a permitir leer un documento, por si acaso ya se les olvidó a nuestros queridos excompañeros, de lo que aquí se dijo en semanas anteriores.
"Los suscritos, miembros de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 39, 40, 41 al 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manifestamos lo siguiente:
En relación al comunicado dirigido al coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, fechado el pasado 7 de abril del año en curso, mediante el cual siete diputados federales le comunican que, con esta fecha, dejamos de pertenecer a la fracción parlamentaria, debido a nuestro desacuerdo en la forma de conducir al partido."
Se copia textualmente:"...dejamos de pertenecer a la fracción parlamentaria, debido a nuestro desacuerdo con la forma de concluir al partido". Esto es, aquí hay una ambigüedad de supina ignorancia e ingenuidad.
Consideramos que del análisis textual de dicho documento se desprende: "Que los diputados de referencia han renunciado a seguir perteneciendo a la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución mexicana y por lo mismo resulta incongruente y contradictoria su conducta de querer coordinar dicha fracción a la que han dejado de pertenecer.
2. Su conducta al renunciar y después al querer coordinar a lo que han dejado de pertenecer, resulta a todas luces ilógica y contradictoria, dado que sostienen dos cosas opuestas y que no pueden darse al mismo tiempo como ser y dejar de ser.
Con su renuncia se excluyeron a sí mismos de todo derecho con respecto a seguir representando al partido y a la fracción dentro del Congreso de la Unión y, por lo mismo, no deben ser admitidos en lo sucesivo con la representación a que han renunciado y de la cual ahora carecen y que sin ningún derecho ahora pretenden."
La oración:"...dejamos de pertenecer a la fracción parlamentaria..." gramaticalmente equivale a renuncia; todo jurista, aquí en ésta sala y hay ilustres juristas, saben perfectamente el contenido de lo que nosotros damos aquí a conocer.
La tesis relacionada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al término "renuncia", está contenida en la ejecutoria de fecha 18 de septiembre de 1978, que a la letra dice: "Renuncia constituye un acto unilateral de que de ese modo decide poner fin a la relación que ligaba al sujeto".
De la interpretación gramatical del párrafo "dejamos de pertenecer", se establece lo siguiente: pertenecer en sentido literal quiere decir adhesión, formar parte de, o ser una cosa del cargo u obligación de uno, según lo establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en uso.
A contrario sensu, se desprende que no pertenecer es no adherirse, no formar
parte, dejar de ser una cosa del cargo u obligación de uno, por lo que en ese sentido se utilizó la frase "dejamos de pertenecer", como equivalente o sinónimo de renuncia, retiro, declinación o dimisión.
Voces que en el mismo diccionario tienen no sólo un uso coloquial, sino también una connotación jurídica.
De lo anterior se concluye que "dejamos de pertenecer" significa renunciar, dimitir, declinar, retirarse, ya no pertenecer a un grupo, institución o causa.
En el derecho civil la palabra "pertenecer", según lo establece el jurista Rafael de Pina y Vara, en su diccionario significa: "Aquel derecho que una persona ejerce sobre una cosa". En consecuencia, "dejar de pertenecer" es la renuncia voluntaria de una persona a ejercer sobre una cosa acción determinada.
Por lo tanto, los signatarios de la carta de referencia no pertenecen por voluntad propia a esta fracción parlamentaria. En pleno e inobjetable ejercicio de su voluntad renunciaron, motivo por el cual carecen de derechos frente a sus integrantes; que a partir del momento de su firma se extinguió todo lazo o vínculo jurídico con esta fracción parlamentaria.
En diverso escrito fechado el 26 de abril de 1993, dirigido al licenciado Patrocinio González Blanco Garrido, en su carácter de Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los diputados federales Francisco Laris Iturbide, Yolanda Elizondo Maltos, Samuel Moreno Santillán, Adolfo Kunz Bolaños, Servando Hernández Camacho, Romero Flores Leal y Cecilia Soto González, confiesan su separación voluntaria de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, debido a diferencias de criterio que tienen con el coordinador de la misma.
En dicho escrito abren un capítulo de agravios y en punto tercero, párrafo primero, expresamente confiesan. Son falsos los hechos y manipulada su interpretación; no se puede expulsar a quien ya renunció.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la renuncia como "hacer dejación dimisión o apartamiento del derecho o acción que se puede tener; no querer admitir o aceptar una cosa; despreciar o abandonar".
Por su parte, el diccionario de anglicismos, editorial Credo, sociedad anónima Madrid, de Ricardo J. Alfaro, en la página 389 nos dice que "la renuncia es el acto de demitir a un cargo o del documento en que se hace constar la dimisión".
El diccionario...
Permítame tantito, compañero, cuando hablaba su querido e ilustre jurista, al cual nosotros reconocemos, también hizo uso de esta tribuna.
El diccionario Escripché de Legislación y Jurisprudencia, tomo II, en Madrid, editorial Cárdenas, en la página 1 mil 435 nos dice que "la renuncia es la dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de alguna cosa".
El diccionario enciclopédico usual de Guillermo Cavanelas, tomo V XIV edición, editorial Eliasta, en la página 686 nos dice que "la renuncia de derechos es el desprendimiento o dejación de carácter voluntario libre, unilateral, formal y definitivo de una facultad jurídica subjetiva, que no constituye a la vez un deber, como la patria potestad, por ejemplo".
Desde la sesión inicial del primer período de sesiones ordinarias de esta legislatura, en cumplimiento a lo establecido en el Congreso General y en la Ley Orgánica, nuestro grupo parlamentario cumplió las formalidades establecidas por los artículos 38, 39, 40 y 43 en pleno ejercicio que nos otorga el artículo 42 de dicho ordenamiento.
Nuestra fracción está legítima y plenamente integrada, representando nuestra corriente ideológica y su coordinador fue designado de conformidad a las normas estatutarias y a los lineamientos internos de nuestro partido. Por lo que afirmamos que el hecho de que esos legisladores voluntariamente se hayan retirado de nuestro grupo, no altera los objetivos, trabajos y defensas partidistas que nuestra fracción ha venido desempeñando, desempeña y seguirá haciéndolo, cumpliendo cabalmente con el compromiso contraído frente a nuestros representados.
Para los efectos legales conducentes, atentamente solicitamos se tome nota de la presente comunicación.
Firman los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputados: Alfredo Raúl Castañeda, Gonzalo Cedillo Valdez, Francisco Dorantes Gutiérrez, Roberto García Acevedo, un servidor, Manuel Laborde Cruz, Estanislao Pérez Hernández y el coordinador de la fracción parlamentaria del PARM, Carlos Cantú Rosas. Muchas gracias.
Dejo a la Secretaría dicho documento.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Señor Presidente, con su venia; compañeros diputados.
Muy brevemente hacer unas reflexiones de carácter jurídico y también ¿por qué no?, hacer una exégesis de carácter gramatical.
Estamos de acuerdo con el punto que se leyó aquí la vez pasada. Ni la mesa directiva ni la Asamblea ni el pleno tienen facultades en esta materia. La Ley establece que los diputados de una misma afiliación partidista tienen derecho a integrar un grupo parlamentario.
La Ley establece también, la Ley Orgánica, que podrán elegir a su líder, en esos términos, con ese concepto, y, la Ley Orgánica en el artículo 42 establece que el procedimiento se sujetará a lo que cada partido disponga. El artículo 66 de los estatutos del PARM establece que son los miembros de la fracción parlamentaria los que elegirán a su líder.
Quiero señalar que el derecho a participar en la fracción es un derecho constitucional que aparece en el artículo 70 y nosotros nunca hemos renunciado ni a la fracción ni a los partidos.
La argumentación del compañero Laborde, giró en una interpretación de carácter gramatical que haya citado textos jurídicos de la mitad de un texto. El habla del aspecto que dice: "dejamos de participar. Utilizamos ese término un poco extraño precisamente para no decir: "renunciamos a...".Pero no se puede tomar la mitad del texto y de ahí sacar una conclusión, hay que tomar el texto completo dice: "Dejamos de acuerdo con su coordinador...",más o menos pero ése es el sentido del texto. No se puede tomar una parte y sacar conclusiones, como hizo también cuando citó el texto fuera de contexto en relación a la denuncia que hicimos al Instituto Federal Electoral y en el cual señalamos que primero afirman que renunciamos y después nos expulsan, lo cual es una tontería, eso cualquiera lo entiende y así esta tomando y aquí se cita fuera de contexto.
El punto es muy simple: nos separamos de la fracción porque existía un problema, una vez que estuvimos en la posibilidad de resolver el problema, en este caso sustituir al coordinador, nos reincorporamos. Si ustedes ven, ése es un derecho constitucional perfectamente definido y la
causa que dio origen a la separación la podemos subsanar motivo por el cual hacemos. Me parece absurdo pretender que siete son más que ocho, y me parece absurdo aferrarse a una posición cuando uno no tiene el soporte de la mayoría de los integrantes de la fracción. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Quiero en principio decir a ustedes, en unión de los representantes de los medios e ilustres visitantes que en este recinto se encuentran, que lamento profundamente los hechos que deberían de dirimirse en el seno interno del partido y que no obstante las múltiples convocatorias que al efecto se han realizado, parece ser que intereses ajenos a esta institución política han orquestado en alguna siniestra oficina gubernamental algún script que en estos mis impugnantes están realizando.
Lamento profundamente estos hechos que indudablemente me obligan frente a ustedes, señores diputados, de cara a todos ustedes, a otorgarles una respetuosa satisfacción, porque hemos hecho hasta lo imposible, tratando de que estos hechos que indudablemente en forma personal lamento, sean dirimidos en un área legislativa que la propia Presidenta en el período del anterior al mes, determinó que no era competente ni este pleno de la Cámara de Diputados ni esta propia Presidenta, para que los partidos diriman sus particulares diferencias.
No nos extraña, aun cuando lo lamentamos de todos, que en la mayoría de las organizaciones políticas se den discrepancias, pero sí podemos afirmar que en la mayoría de ellas estas discrepancias, con muchas pasiones, con muchas diferencias, con muchos conflictos, tienen la madurez necesaria para dirimirse en el seno interno de cada una de estas agrupaciones políticas.
Se nos han lanzado calumnias, denuestros, ataques, insidias y mentiras; a todas ellas solamente hemos contestado con respetuosas aclaraciones y en ningún momento hemos confundido las cuestiones de carácter personal con interés políticos y pasiones que se desbordan en busca de las dirigencias partidistas.
Como ustedes saben, el pasado día 20 de abril, con unos documentos fechados el 7 de abril del año en curso, quienes ahora nos impugnan presentaron, primero a la Secretaría de Gobernación, simultáneamente a la Presidencia de esta Cámara, a quien indudablemente respetamos, admiramos y reconocemos su capacidad, pero bajo ninguna circunstancia podemos desligarla de que es miembro prominente del Partido Revolucionario Institucional, un documento que quedó inserto y registrado en el Diario de los Debates.
El documento dirigido a la Presidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, dice lo siguiente, insisto, fechado el 7 de abril de 1993 y entregado en este recinto, el pasado 20 de abril de los corrientes. Literalmente señala lo siguiente: "Los firmantes, diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, comunicamos al pleno de la Cámara de Diputados por su digno conducto, que con esta fecha hemos dejado de pertenecer a la misma, debido a las diferencias de criterio que tenemos con su coordinador.
Lo anterior, agregan los señores, para todos los efectos a que haya lugar."
Un documento muy paralelo y semejante, con algunas diferencias en cuanto al tiempo gramatical pero casi con las mismas oraciones, fechado el 7 de abril y también entregado en copia fotostática el 20 de abril, se dirige a Carlos Can tú Rosas, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en estos términos:
"Los firmantes, diputados federales por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, le comunicamos que con esta fecha dejamos de pertenecer a la fracción parlamentaria debido a nuestro desacuerdo con su forma de conducir al partido."
Los dos documentos lo firman honorables diputados: Francisco Laris Iturbide, Yolanda Elizondo Maltos, Samuel Moreno Santillán, Adolfo Kunz Bolaños, Servando Hernández Camacho, Romeo Flores Leal y Cecilia Soto González.
Creo, respetables diputados, Señor Presidente de esta honorable Cámara de Diputados, que la determinación, voluntaria, expresa sin lugar
a dudas y sin que se haya abusado de su ignorancia o capacidad, porque los señores son doctores en derecho y licenciados en derecho, ha quedado manifiesta en este documento. Aquí, en China, en el orbe entero, dejar de pertenecer significa ya no pertenecer y, si significa ya no pertenecer, los señores, a raíz de una determinación que ellos voluntariamente asumieron, son responsables, con todas sus con secuencias, de la voluntad expresa que en este documento formal, voluntariamente firmaron, dieron a conocer y dejaron inserta, señor Presidente, en el propio Diario de los Debates.
En fechas posteriores probablemente reconociendo que el asesor había tenido algunas deficiencias mentales o en la propia subsecretaría de Gobernación, donde los están orientando, no los habían capacitado debidamente, pretendieron presentar bajo las instrucciones de Augusto Santiago, Subsecretario de Gobernación, un segundo documento en donde dicen pretender incorporarse nuevamente a la fracción parlamentaria que ellos voluntariamente abandonaron, porque eso quiere decir: "¡dejar de pertenecer!". En ese deseo manifiesto, porque estando probablemente en algún siniestro despacho de Bucareli, los señores pretendieron enmendar el error al que los habían sometido aquellos que los orientaron en esta perversa actitud, tratando de dividir al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Y nuevamente pretenden que en una instancia gubernamental, ajena a este instituto político, se tomen determinaciones que sólo corresponden a los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Primer hecho a resaltar: estos dos documentos los dirigen primero a la Secretaría de Gobernación y los dirigen simultáneamente a la Presidenta de la mayoría de esta Cámara, que no son entidades del Partido Auténtico de la Revolución mexicana.
Segundo hecho fundamental: cuando entienden su error y pretenden enmendarlo, nuevamente en lugar de dirigirse a la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se dirigen a la Presidenta de la Cámara, manifestándole que en esos momentos se incorporan a esta fracción parlamentaria, desconocen al coordinador y nombran como titular a una de las personas firmantes en este documento y, aquellos que nos habíamos quedado con lealtad con honestidad, con equilibrio, con agradecimiento en el seno de la fracción parlamentaria, que no fuimos tomados en cuenta en la determinación voluntaria y unilateral de estos diputados para abandonar nuestra fracción parlamentaria, ¿no creen ustedes, señores legisladores, que deberíamos de haber sido consultados, en primer término, para ver si aceptábamos la reincorporación de estos solicitantes a integrarse nuevamente a esta fracción parlamentaria? No lo hicieron así, con lo cual manifestaron estrictamente su deseo ferviente de que en las entidades gubernamentales de consigna y orientación, se dieran instrucciones para que se les recibiera dentro del seno de esta fracción parlamentaria.
Todo esto, señores diputados, aconteció hace unos días frente a todos ustedes; soportamos una serie de determinaciones de estos excompañeros diputados que indudablemente nos preocupa el daño que le están ocasionando al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
A mayor abundamiento, lanzaron una serie de denuestos que les han sido solamente contestados en ese término, sin lanzar ofensas contra ellos, en los periódicos que para tal efecto han sido sorprendidos por las calumniantes aseveraciones de este grupo de quienes ahora nos impugnan; motivo por el cual, atendiendo fundamentalmente el acuerdo de esta propia Cámara de Diputados, de esta propia asamblea legislativa, celebrado hace unos días bajo la dirigencia de la anterior presidencia de esta Cámara, solicitamos...
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) ¡Señor Presidente...!
El Presidente:
Señor diputado: esta Presidencia le hace un atento exhorto para que pueda concluir su exposición, de acuerdo al 102, como usted lo solicitó. Con mucho respeto.
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) ¡Moción de orden!
El Presidente:
Sí, diputada. Dígame.
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) Señor Presidente, en base al artículo 113 de nuestro Reglamento, yo le suplico dé instrucciones para que se lea el documento que ha mostrado el de la voz, el diputado Carlos Cantú Rosas, donde nosotros enviamos un documento a Gobernación, en donde anunciamos nuestra separación de la fracción parlamentaria por diferencias de criterio con nuestro coordinador.
¡Esa carta no existe! ¡Yo quiero por favor, que lea el supuesto documento; que se lea la fecha! ¡Si existe un documento así, voy a exigir entonces una prueba pericial al respecto!
Le suplico entonces que se atienda mí petición, según el artículo 113.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Es la misma fecha, en el mismo tono y me lo mostró el señor subsecretario...
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) ¡Que lo lea el Secretario, señor Presidente!
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que le dé lectura, en principio, al artículo 113 del Reglamento.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Vamos a dar lectura al artículo 113.
"Cuando algún individuo de la Cámara quisiera que le lea algún documento en relación con el debate para ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el solo efecto de hacer la moción correspondiente y aceptada que sea por la Cámara, la lectura del documento deberá hacerse por uno de los Secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador."
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que lea el documento en cuestión.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Aquí están los dos documentos que yo leí y dije que el otro lo tenía Gobernación.
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) ¡El documento dirigido a Gobernación, donde nosotros le informamos de nuestra separación!
El Presidente:
Le ruego de la manera más atenta señora diputada, pida la palabra.
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) Pido la palabra, señor Presidente, para aclarar nuevamente mí petición de la moción.
El señor Cantú Rosas y se puede verificar en la versión estenográfica, dijo que ahí en sus manos tenía un documento "donde nosotros informábamos a la Secretaría de Gobernación de nuestra decisión de separarnos de la fracción parlamentaria -y que era el original- y que ese documento tenía fecha anterior al presentado en el pleno".
¡Que lo muestre y que lo lea el señor Secretario!
El Presidente:
Proceda la Secretaría.
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) Si no, señor Presidente, ¡se está cometiendo el acto de calumnia!
El secretario Jesús Molina Lozano:
Señor Presidente: le informamos que sólo hay dos documentos: uno dirigido al ciudadano licenciado Carlos E. Cantú Rosas, coordinador de la fracción parlamentaria del PARM; y otro con fecha 7 de abril, y otro con la misma fecha, dirigido al ciudadano Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Insistimos y ahí está la versión, que cuando nosotros mostramos estos dos documentos, señalamos que antes de ellos se había informado a la Secretaría de Gobernación; concretamente al señor subsecretario César Augusto Santiago. Le dije que ellos mismos nos habían señalado la versión referente. Eso es lo que dijimos. Eso es lo que insistimos y eso es lo que ratifico.
Independientemente de todas estas actitudes, queremos solicitar al Pleno de esta propia Cámara de Diputados, a la propia Presidencia de la misma, que en razón de que este asunto ya fue suficientemente aclarado en pasada reunión por la Presidenta de la anterior Asamblea legislativa, tenga plenos efectos el acuerdo de referencia, en el cual se remite a los diputados en contienda a dirimir en el seno interno de su partido, los asuntos que marcan la diferencia.
Sin embargo, quisiera solicitarle al señor Presidente me hiciera el favor de instruir al señor Secretario, para que nos hiciera la atención de leer los artículos 41y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente:
Proceda la Secretaría.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. "Los grupos parlamentarios deberán entregar la documentación requerida en el artículo precedente, en la sesión inicial del primer período ordinario de sesiones de cada legislatura. Examinada por el Presidente la documentación referida, en sesión ordinaria de Cámara hará, en su caso, la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios. A partir de ese momento ejercerán las atribuciones previstas por la Ley".
Artículo 42. "El funcionamiento las actividades y los procedimientos para la designación de los líderes de los grupos parlamentarios, serán regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos partidos políticos, en el marco de las disposiciones de esta Ley".
Atendido, señor Presidente.
El Presidente:
Continúe el orador.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Conforme a estas disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria que me honro en presidir, aún con la anuencia, con el apoyo y con la firma de quienes ahora nos impugnan, presentaron al inicio de esta Legislatura, un documento que cubría los extremos del artículo 41 con el acta correspondiente; la determinación de apoyo y el señalamiento del coordinador de esta fracción parlamentaria.
Y con referencia al artículo 42, señor Presidente, integrantes de esta Asamblea; el funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación de los líderes de los grupos parlamentarios, serán regulados por las normas estatutarias de los partidos y los lineamientos de los respectivos partidos políticos en los marcos de las disposiciones de esta Ley, con lo cual encuentro profundamente satisfactorias, previsoria y brillante la determinación madura, equilibrada u jurídica de la anterior Presidenta de esta Cámara en el mes recientemente concluido, cuando señalo que en el pleno de esta Cámara legislativa, ni la Presidencia de la misma, son entidades competentes para dirimir los asuntos que sólo corresponden al seno interno de los partidos.
Por su atención, muchas gracias señores diputados.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido al palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra ¡el diputado Adolfo Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Señor Presidente; señores diputados:
Quisiera nada más hacer algunas puntuaciones, precisiones sobre lo que se acaba de decir.
Aquí se plantea que esto debería haberse resuelto en el seno del partido. Por un lado ustedes ven
que en el seno del partido es difícil resolver las cosas, aunque uno forme mayoría, porque estamos llegando aquí a discutir este tipo de problemas.
Se quiere insistir en nuestra separación y, digo que no se puede dar una interpretación gramatical, utilizando la mitad del texto. Para el caso si se quieren vayamos a lo formal. Asi como nunca se tomaron la molestia de aceptar nuestra reincorporación. Creo que el punto es muy concreto.
En cuanto a que negamos definitivamente, tajantemente, que hayamos recurrido a la Secretaría de Gobernación, aquí hay una contradicción. Por un lado se acusa de que informamos nosotros a la Secretaría de Gobernación un día antes de la medida y al mismo tiempo se nos acusa de que estamos siendo manipulados por el señor subsecretario de Gobernación; las dos cosas las acaban de decir y esto es totalmente contradictorio, una excluye a la otra. No es más que el viejo truco de decir: el lobo y claro, si es la Secretaría de Gobernación pues ya todo está mal.
Negamos tajantemente que este movimiento tenga su origen o que la Secretaría de Gobernación haya participado en alguna forma.
Quiero señalar que en los mismos términos del artículo 41 de la Ley Orgánica que al inicio del período presentamos un acta en la cual se nombró al coordinador, con los mismos términos acabamos de exhibir copia de otra acta, en la cual sustituimos al coordinador. Yo no creo que un cargo que implica la representación sea vitalicia. Pero si alguien cree esto se podrá dar cuenta que no hay forma de negociar o discutir con él en el seno del partido.
Quiero por último, creo que este asunto no amerita más, el acuerdo del Presidente fue correcto la vez pasada y vuelve a ser correcto ahora. La vez pasada no se le dio al trámite y había un acuerdo de no violentar las cosas, pero como no hay ningún arreglo, en esta ocasión solicitamos que se diera el trámite.
Es cierto, no amerita discusión en el pleno ni es competencia del ni es de la mesa directiva, es una cuerdo interno del partido y los estatutos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en su Artículo 66, establece que es facultad de los integrantes de la fracción parlamentaria elegir a sus coordinador; en tal virtud los estamos haciendo en los términos de los estatutos de nuestro partido. Creo que esto ya no amerita más, es simplemente querer insistir en una serie de afirmaciones que no tienen soporte, ya quedó demostrado que no existe tal oficio a Gobernación, pero la lógica nos dice que no habría ningún sentido, ¿que le vamos a ir a decir, según lo que aquí se ha dicho, a quien nos está manipulando lo que vamos a hacer?, francamente absurdo.
Yo les ruego comprensión, no quisiera entrar en ninguna observación de carácter interno del partido, no es aquí el lugar para dirimirlo, niego desde luego que haya habido calumnias o agresiones no fundadas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, para contestar alusiones personales, por cinco minutos.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Quisiera solicitarle, señor Presidente, nuevamente me hiciera usted el favor de instruir al señor Secretario para que generosamente le diera lectura a un documento signado el 29 de abril de 1993 en esta propia Cámara de Diputados.
El Presidente:
Proceda la Secretaría.
El secretario Jesús Molina Lozano:
"Honorable Asamblea, en relación con la intervención de la diputada Cecilia Soto González, esta Presidencia manifiesta que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de nuestra Ley Orgánica, ni la mesa directiva ni la Asamblea en su conjunto tienen facultades sobre los asuntos que competen a la vida interna de los grupos parlamentarios, por lo que no es competencia del pleno intervenir en un debate a este respecto y hace un atento y cordial llamado a la unidad de los compañeros diputados del PARM, para que internamente y en un marco de conciliación, diriman sus diferencias." Atendido, señor Presidente.
El Presidente
Gracias, señor Secretario. Continúe el orador.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Agrego, señor Presidente, que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación de los líderes de los grupos parlamentarios, serán regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos partidos políticos en el marco de las disposiciones de esta Ley.
En un manejo fonético, gramatical y lingüístico, se pretende señalar que quienes ahora nos impugnan son ocho elementos; indudablemente que el número es cierto, indudablemente que la representación legislativa les corresponde; en donde mienten radical, formal y públicamente, es en señalar que pertenecen a esta fracción parlamentaria.
No estamos hablando con gente ausente de capacidad, de estudio, de responsabilidad o privadas del ejercicio de sus facultades mentales; entre ellos casi hay científicos y saben lo que firmaron en los dos documentos que anteriormente les señalé y que insisto, fueron entregados también por ellos a la propia subsecretaría de Gobernación.
Los firmantes, diputados federales por el PARM, le comunicamos que con esta fecha dejamos de pertenecer a la fracción parlamentaria, debido a nuestro desacuerdo con su forma de conducir el Partido. Podrían no ser ocho, podrían ser 10 y podrían ser 12 y podrían ser más, dejaron de pertenecer por voluntad propia a esta fracción parlamentaria; consecuentemente carecen de derechos para pretender determinar en el seno interno de aquellos que quedamos, quién habrá de ser nuestro coordinador.
Esto tan sencillo, de efectos no solamente gramaticales, de trascendencia no solamente fonética, sino de trascendencia jurídica en obligaciones y derechos, los descarta a ellos para pretender cualquier capacidad para dirigir el seno de una fracción parlamentaria a la que no tomaron en cuenta para retirarse y que una vez que pretenden reincorporarse porque afuera han sido orquestados para tal efecto, pretenden sin tener ningún derecho y sin ser parte de ella, dirimir y dirigir los destinos de esta coordinación en la fracción parlamentaria.
Motivo por el cuál, señor Presidente, integrantes de esta Asamblea, en forma mucho muy respetuosa manifiesto la plena vigencia del acuerdo emitido por esta propia Asamblea el pasado 29 de abril de 1993, que a la letra dice:
"En relación con la intervención de la diputada Cecilia Soto González, esta Presidencia manifiesta que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de nuestra Ley Orgánica, ni la mesa directiva -señor Presidente - ni la Asamblea en su conjunto, tienen facultades sobre los asuntos que competen a la vida interna de los grupos parlamentarios, por lo que no es competencia del pleno intervenir en un debate a este respecto..." y hace un atento y cordial llamado a la unidad de los compañeros del diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que internamente y en un marco de conciliación, diriman sus diferencias.
Con referencia también a algunas acusaciones que los señores han venido emitiendo en razón a los recursos que a través de esta Legislatura se entregan al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, señalamos que ellos hablan de aproximadamente 1 mil 500 millones de pesos.
Queremos decirles que a disposición de todos ellos y de ustedes mismos, como ya lo hemos señalado en los propios órganos nacionales de difusión, tenemos superior cantidad a la entera disposición de cuantas auditorías pretendan, requieran, exijan, soliciten o deseen formularnos.
Que en múltiples ocasiones hemos convocado y recientemente al propio Adolfo Kunz Bolaños, frente a la propia titular de esta Cámara, el pasado jueves, para que le hablase al resto de los integrantes del grupo que hoy me impugna y con auditores de la propia Cámara de Diputados que saben los recursos que se han entregado al PARM, que revisara exhaustivamente la documentación correspondiente, la cual hoy mismo vuelvo a poner a entera disposición no solamente de los señores diputados a quienes tanto respeto y que hoy me impugnan, sino a disposición de toda esta Asamblea, a disposición de todos los informadores, a disposición del pueblo de México entero, quien a través de los recursos económicos y el pago de los impuestos que otorga en el cubrimiento de sus obligaciones fiscales, brinda a los partidos políticos, las prerrogativas que indudablemente recibimos.
Por su atención, señores diputados, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, para contestar alusiones personales.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Señor Presidente, señores diputados:
No tendría mayor sentido repetir una vez más los argumentos. Se trató también el aspecto de los fondos, ya escuchamos que esos fondos están disponibles, nada más que el artículo 45 de la Ley Orgánica establece que esos fondos son para el trabajo legislativo, no para atesorarlos, lo cual es una de las tantas muestras de inconformidad que tenemos, porque al final ¿qué destino van a tener esos fondos?, obviamente no será el trabajo legislativo.
Las cuentas que el licenciado manifestó tener, no las objetamos, lo que insistimos es que esos fondos tienen un destino específico.
En cuanto a los demás argumentos, creo que son repetitivos, creo que estaríamos volviendo a insistir en algo que ya se dijo dos veces por parte nuestra, por lo cual yo únicamente pediría al señor Presidente que ratificara su acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado?
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Señor Presidente, señores diputados:
Considero que el debate está debidamente regulado y normalizado por el artículo 42 de la Ley Orgánica invocada, que vuelvo a reiterar en su lectura ante ustedes. El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación de los líderes de los grupos parlamentarios, serán regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos partidos políticos, en los marcos de las disposiciones de esta Ley.
Con referencia a los recursos que esta Cámara ha otorgado en apoyo al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y que al decir del señor diputado Adolfo Kunz Bolaños, no se han orientado hacia los fines para los cuales fueron creados, debo decirle al diputado Adolfo Kunz Bolaños que de esos fondos él ha recibido 24 millones de pesos y los recibos los tengo a mi alcance.
Debo decirle, a un hermano del licenciado Adolfo Kunz Bolaños, que bajo ninguna circunstancia yo nombré asesor, que a la fecha ha recibido 37 millones y medio de viejos pesos.
Debo decirle con documentos y recibos que en estos momentos pongo a la disposición de ustedes, que anexamos 21 copias de recibos firmados por Adolfo Kunz Bolaños en diversas fechas, al tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, licenciado Gilberto Ortiz Medina, cada uno de ellos por 20 millones de viejos pesos, que le fueron entregados en efectivo y que suman la cantidad de 420 millones de viejos pesos, de los cuales jamás ha rendido cuentas. Esto independientemente de las cantidades que en importe muy superior recibió de las autoridades electorales de esta capital y que a la fecha tanto el Comité que presidía como el comité Ejecutivo Nacional, desconoce la forma en que fueron utilizados.
Todos estos recibos, todos estos documentos, todas estas acreditaciones, todos estos recursos, están a disposición no solamente del señor licenciado Adolfo Kunz Bolaños, están a disposición de todos y cada uno de los diputados del PARM, pero estamos en plena disponibilidad de mostrárselos, con los recibos correspondientes, a todos y cada uno de ustedes.
A la fecha de la legislatura federal, con cheques a nombre del PARM, se han recibido y aquí están las recepciones correspondientes, con los billetes de depósitos, con las acreditaciones, se han recibido no 1 mil 500 millones de pesos como ellos dicen, se han recibido 2 mil 264 millones de pesos y se han entregado entre ellos mismos, 686 millones de pesos, los cuales estamos en inmediata disposición de comprobar, motivo por el cual, señor Presidente de esta Asamblea, señores integrantes de la misma, consideramos que el acuerdo correspondiente ha sido tomado y estos son asuntos que sólo competen al seno interno del partido.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaynos para contestar alusiones personales.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señor Presidente, señores diputados:
A ustedes les consta que habíamos tratado de mantener el debate a un nivel de altura. Ya
llegamos a las agresiones personales, pero además, curiosamente tenemos aquí elementos muy interesantes.
El señor licenciado reconoce haber recibido 2 mil 200 millones, de los cuales ha gastado 600 y pico, o o sea, ése es el motivo del juicio político que presentamos la semana pasada y que ya ratificamos. Creo que esto no amerita mayor comentario.
Habla de los 20 millones que mensualmente recibía yo como dirigente del partido en el Distrito Federal. Eso no tiene nada que ver con los fondos de la Cámara. Que quede bien claro. Sin embargo, afortunadamente esos 20 millones que cualquiera de ustedes que sea dirigente sabe que no es gran cosa y menos para una ciudad como el Distrito Federal, sobre todo considerando que el partido recibe miles de millones de pesos de prerrogativas, tengo todo documentado con recibos, con cheques y cualquiera de ustedes tiene mi palabra que de inmediato los puede consultar.
Cuando uno maneja con cheques, no hay forma de inventar las partidas; ahí está la póliza, ahí está el comprobante y ahí está el movimiento de la cuenta bancaria. No se si la Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional es igualmente cuidadosa con el manejo del dinero, pero yo si lo he sido y lo puedo demostrar.
Se habla de lo que recibía nivel personal. Bueno, de 2 mil 200, siendo 15, que me hayan dado creo que dijo 27, yo sólo recuerdo 17, un aguinaldo de 10 y otro de siete, pero vamos a suponer que sea cierto si es que no aparecieron más recibos no se me hace nada del otro mundo ni nada espectacular, pero el que mencione que mi asesor haya cobrado, que equivale a dos millones y medio, no veo cuál es el problema que sea mi hermano, si es un investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, que tiene doctorado, que tiene mención y cuyo trabajo se ha manifestado porque todos ustedes han oído aquí las propuestas o las iniciativas que hemos traído y todos ustedes han podido comparar el trabajo de los diputados, de los 15 que integramos la fracción del PARM. Ustedes saben quiénes vienen aquí con seriedad y quiénes nada más vienen a leer artículos.
Entonces, lamento mucho, por lo que respecta a la fracción del PARM, me disculpo con todos ustedes de que aquí se hayan tratado este tipo de asuntos, pero realmente ni las acusaciones ni las difamaciones, las vamos a dejar pasar por alto. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Dice, señor Presidente, Adolfo Kunz Bolaños que sólo reconoce haber recibido 17 de los 24 millones que en estos momentos le he señalado en esta tribuna, tenemos los recibos correspondientes.
Voy a mostrarle los recibos, a ver si su cansado cerebro, en circunstancia tal podría reconocer lo que firmó.
Aquí tenemos uno del 24 de octubre de 1991, por un millón de pesos; sigue uno del 2 de noviembre de 1991, por 10 millones de pesos; aquí está a disposición de quien quiera verlo; sigue otro del 20 de diciembre de 1991, por 3 millones de pesos y, sigue otro...
El Presidente:
Esta Presidencia solicita muy atentamente a la Asamblea guarden orden y silencio.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Y sigue el último, del 17 de diciembre de 1992...
El diputado Rafael Fernández Tomás:
(Desde su curul) Moción de orden, señor Presidente.
Con estas intervenciones estamos abaratando el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Este problema está muy claro, creo que ha quedado suficientemente discutido y analizado; estamos entrando en problemas internos de una fracción parlamentaria, que tiene que arreglarlos fuera de aquí y si tienen dignidad deben irse a su despacho.
Por lo tanto, yo le pido al señor Presidente que ponga a consideración de la Asamblea, en votación económica, si considera que esté suficientemente discutido o no este asunto.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Agradezco mucho su atención, señores diputados.
El Presidente:
Esta Presidencia ratifica el trámite que dio a la comunicación presentada por la diputada Cecilia Soto.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Tratado de Libre Comercio.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros:
Hice varias consultas con el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y consideramos que no existen condiciones de discusión para un análisis sereno, profundo, de los problemas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, incidentes que en estos momentos se están desarrollando en nuestro salón de sesiones ratifican lo que estoy exponiendo.
En consecuencia y tratándose de un tema de la trascendencia y de la importancia que es el marco de negociación de los acuerdos paralelos, el debate dentro y fuera del país sobre el TLC y sus perspectivas, manifiesto a ustedes, previa consulta que he realizado con el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nuestro interés que este tema sea debatido en la próxima sesión del jueves de esta misma semana, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática.
Por tanto, manifiesto que no intervendremos en este momento sobre el análisis del Tratado de Libre Comercio; buscaremos condiciones más adecuadas para una discusión serena y profunda de este tema y solicitamos a la Presidencia de la mesa directiva que sea inscrito en el orden del día de la próxima sesión. Muchísimas gracias.
El Presidente:
Que tome nota la Secretaría de esta proposición.
ESTADO DE COAHUILA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Antonio Alba Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios en relación con la violación a derechos humanos en Coahuila.
El diputado José Antonio Alba Galván:
Con la autorización de la Presidencia, señoras y señores diputados:
El Presidente:
Esta Presidencia hace un llamado a todos los diputados y público en general, para que guarden orden y silencio. A los invitados a este recinto se les exhorta muy atentamente para que pasen a ocupar sus lugares en las galerías.
El diputado José Antonio Alba Galván:
Gracias, señor Presidente.
El motivo que me trae a esta tribuna es denunciar ante esta soberanía hechos cometidos en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, por elementos de la Procuraduría de Justicia de mi Estado.
Los antecedentes se ubican a principios...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
(Desde su curul) Señor Presidente, le solicito respetuosamente haga un llamado de atención a nosotros mismos, los legisladores, y a distintas personas que no siéndolo, están presentes en este salón de sesiones, a que guarden orden, compostura y se respeten nuestras normas y reglamentos que rigen la vida de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia vuelve a exhortar a los diputados para que ocupen sus curules; al público invitado a este recinto para que pase a tomar sus asientos en las galerías; a todas aquellas personas que están en los pasillos, tengan la bondad de pasar a ocupar su lugar en las galerías.
Continúe el orador:
El diputado José Antonio Alba Galván:
Los antecedentes se ubican a principios del año próximo pasado, cuando el doctor Cuitláhuac Herrera Rodríguez, se presentó en las oficinas del Comité Estatal de Coahuila, en aquel entonces presidida por el doctor Eleazar Cobos.
El propósito era de ofrecer, por 15 mil dólares, cierta información documentada que - según él - contenían evidencias de inversiones y cuentas en el extranjero del gobernador, Eliseo Mendoza Berrueto, que ascienden a 230 millones de dólares, aproximadamente.
El doctor Herrera fue insistente con su ofrecimiento, pues se presentó en varias ocasiones para hacerle ver al doctor Cobos y a otros representantes de mi partido en Coahuila, la importancia de que nuestro instituto político cuente con esa trascendente información; incluso fue reduciendo la cantidad que inicialmente pedía, hasta llegar a los 5 mil dólares. Su ofrecimiento fue rechazado por los dirigentes de Acción Nacional.
Poco más de un año después, en abril pasado, el diputado local, Roberto Rodríguez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, solicita que se investigue una documentación en la que el gobernador del Estado de Coahuila y el ex tesorero Jesús García López, aparecen como poseedores de cuentas e inversiones millonarias en el extranjero.
Lo anterior motivó que el ex tesorero presentara una querella por los delitos de difamación y calumnias en contra del diputado perredista, quien en la indagatoria correspondiente declaró, como dan cuenta de ellos los medios escritos de comunicación de la entidad, que la documentación la adquirió de Raymond Flores por la cantidad de 16 millones de viejos pesos.
El día siete del presente mes, el doctor Eleazar Cobos fue detenido por agentes judiciales del Estado y conducido ante la Procuraduría de la entidad para declarar sobre su relación con el doctor Cuitláhuac Herrera y la supuesta documentación que implica al gobernador Mendoza Berrueto y al ex tesorero del Estado, cuyas cuentas e inversiones por varios millones de dólares se hallan en el extranjero.
Lo anterior fue llevado a cabo por la Procuraduría Estatal, violando flagrantemente las garantías individuales que consagran la Constitución General de la República, al detener sin orden alguna girada por autoridad competente, al doctor Eleazar Cobos.
Ahora bien, en sesiones pasadas, en esta tribuna se manifestó que no debe permitirse que las acciones concretas de Gobierno se utilicen con fines políticos, con ello estamos de acuerdo. No obstante nuestro partido espera que a la inversa que el Gobierno de Coahuila, en su actuar, no utilice o cubra en trasfondo fines políticos específicos para desacreditar a un hombre probo, quien tiene la posibilidad de ser nuestro candidato a puestos de elección popular. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Fidel Hernández Puente.
El diputado Fidel Hernández Puente:
Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
Con relación a lo expresado por el diputado Alba, deseo hacer una serie de precisiones ante el evidente afán de buscar notoriedad desvirtuando un acto eminentemente judicial registrado en la frontera coahuilense a más de un mil 300 kilómetros de la Ciudad de México.
En primer lugar, el ex diputado federal y distinguido panista, Eleazar Cobos Borrego, hasta hace poco presidente estatal de ese partido, nunca fue detenido como aquí se mencionó. Voluntariamente el 7 de mayo acudió a declarar ante el ministerio público en base a una orden de comparecencia, en virtud de haber sido involucrado por otro panista, el señor Cuitláhuac Herrera, en el tráfico de una documentación falsificada de acuerdo a una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, iniciada a partir de una denuncia del diputado perredista Roberto Rodríguez Fernández, en la que solicitaba entre otras cosas la devolución de los cinco mil dólares que pagó por la información apócrifa que ni siquiera recibió completa.
Por cuanto hace al arraigo domiciliario contra el doctor Cobos Borrego, debo señalar que si lo hubo, fue por la fundada presunción de que huiría del país y por la experiencia de hace nueve años cuando Cobos Borrego encabezó los actos vandálicos que culminaron con el incendio de
la presidencia municipal de Piedras Negras y el bloqueo del puente internacional. Por eso el arraigo domiciliario el cual se suprimió el mismo día 9 de mayo, fecha en que se turnó al ministerio público federal por considerarlo asunto de su competencia, por lo que solamente duró un día el arraigo.
Ambas comparecencias fueron grabadas con el conocimiento del ex diputado Cobos Borrego y los videos son testimonio irrefutable de que así como se le detuvo tampoco se utilizó la fuerza ni la violencia, ni mucho menos la tortura para obtener esas declaraciones.
Cobos Borrego, señores diputados, está libre e insisto, voluntariamente, porque nunca se le detuvo, se presentó ante el ministerio público en cumplimiento a una orden de comparecencia y así lo ha reconocido él públicamente en los diferentes medios de comunicación en Coahuila.
Por otra parte, quiero dejar bien claro que en ningún caso aprobamos la violación a los derechos humanos y que si aún con todo lo que aquí he expuesto, el doctor Cobos Borrego desea presentar una demanda porque se sienta ofendido, que lo haga en las instancias respectivas para que sean ellas las que determinen si hubo alguna falta. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado José Antonio Alba Galván:
El diputado José Antonio Alba Galván.
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Mi compañero diputado Fidel Hernández, habla de que nosotros venimos aquí a dar la nota periodística, a dar la notoriedad. Yo nada más quisiera aclararle, compañero diputado, que a las órdenes de nosotros no está la Procuraduría del Estado, está a las órdenes, se supone, de la justicia, de la sociedad y en esta ocasión estuvo a la orden del ex tesorero y a la orden del gobernador del Estado.
Usted habló de que otro panista lo había denunciado, me disculpa mucho pero en ningún momento existe una afiliación por parte de ese, señor doctor Cuitláhuac Herrera y no lo reconozco como panista y ni mi partido lo reconoce como tal.
Y luego usted viene a decir, cae en la contradicción y dice primero que no se le detuvo y luego dice: que así como se le detuvo. Bueno, por fin, acláreme, ¿sí o no? Nada más que yo estuve a los cinco minutos de haber sucedido eso, distinguido diputado y creo que usted está enterado hasta hace dos o tres días de este caso.
Se le detuvo y lo vuelvo a mencionar en mi exposición, yo menciono que se le detuvo y se le llevó a la Procuraduría y si no, ahí está la versión estenográfica.
Sí señores, el doctor Eleazar Cobos está libre, pero de alguna manera se tienen que dar a conocer estos acontecimientos de violaciones a los derechos humanos, no porque ahora esté libre no se va a dejar de denunciar esta serie de atropellos a la que estamos expuestos todos nosotros y más los ciudadanos que dentro de la sociedad no tienen algún cargo político.
Y usted habló de una orden de comparecencia, señor legislador, si la tiene a la mano, del día 7 de mayo, por favor venga a mostrarla, porque no hay ninguna orden de comparecencia del día 7 de mayo, existe una del día 8 de mayo que fue al siguiente día de arrestado y hacerlo comparecer a la fuerza, de llevarlo a la Procuraduría, el día 8 a las 7:00 de la mañana se la llevó una orden de comparecencia y él aceptó estar a las 10:00 de la mañana en la Procuraduría, en la cual rindió otra declaración.
Y si usted hablaba de que en 1984 él incendió y tomó el puente, me disculpa mucho, señor diputado, pero eso no es cierto. Usted sabe quién mandó quemar la presidencia municipal y de una cosa sí le acepto, estuvimos con la ciudadanía tomando las instalaciones del puente internacional; ahí estuvimos; existen las pruebas de que ahí estuvimos. Pero no de que nosotros o él, encabezó la quema de la presidencia municipal.
Y bueno, sólo para terminar si gusta venir a enseñar el acta de comparecencia del 7 de mayo, sólo le diré que la orden de arraigo, señor diputado, fue girada el día 8 y liberada el día 10; no fue un día y, usted habló de que el doctor Eleazar Cobos, el argumento que usted viene a decir aquí es que probablemente pudiera escapar a los Estados Unidos y después ya no lo iban a poder investigar.
Quiero decirle que el diputado Eleazar Cobos, ni el 1984 huyó a los Estados Unidos, porque fue una mentira lo que se divulgó en la prensa
y ni tampoco que en esta ocasión haya huido a los Estados Unidos, puesto que el día en que lo detuvieron los agentes judiciales, él venía de los Estados Unidos con su familia, con su señora, con sus hijos y con un amigo del señor Eleazar Cobos. Así es que los argumentos que usted ha venido a decir aquí, compañero diputado, son muy mal fundamentados y yo le sugiero, por favor, que se documente un poquito mejor. Muchas gracias.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la problemática de los productores agropecuarios en Guanajuato.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
El tema que nos trae a la tribuna, es un tema de profunda importancia porque es el análisis, serio de los problemas que están sufriendo los hombres y mujeres del campo por políticas equivocadas que se están desarrollando no nada más en Guanajuato, sino en toda la República Mexicana.
La seriedad del tema es muy grande. Pero la urgencia de respuesta lo es aún más. Por ello creemos que es determinante que se presente en esta plenaria y que podamos tomar una determinación sobre los acontecimientos del campo mexicano.
En la década de los cuarenta, el sector agropecuario y forestal empezó a mostrar signos de descapitalización, al financiar con sus recursos el proceso de industrialización del país.
Esta continua descapitalización vino a mostrar sus efectos negativos a principios de la década de los setenta al revertirse la autosuficiencia alimentaria y empezar el país a importar cantidades considerables de granos.
Con la crisis económica presentada a mediados de 1982, los problemas del sector agropecuario y forestal se exacerbaron ante la contracción de la inversión pública. Desde entonces el sector agropecuario se ha caracterizado por un crecimiento inferior al del conjunto de la economía, incluso en 1992, fue el único sector de la economía que mostró un crecimiento negativo.
La falta de apoyo institucional, traducida en un menor gasto público, provocó un regazo aún más fuerte, comparado al que se venía arrastrando durante más de 30 años. Por ejemplo, el gasto para desarrollo rural ejercido en 1989: 4 billones 821 puntos un mil millones de pesos, a pesar de ser 1.3% superior a su asignación presupuestal original, esto representó, descontándose el efecto inflacionario, tan sólo una tercera parte de lo observado en 1981.
Aunque a partir de 1990 la designación de recursos al sector agropecuario se reactiva, fundamentalmente en inversión pública, estos rezagos han provocado que el crecimiento de los productos básicos sea inestable y han tornado más dramática la situación de los productores rurales.
De hecho, en el período de 1982-1992, la agricultura produjo en promedio, volúmenes con ligeros crecimientos, que no correspondieron al crecimiento de la población para cubrir las necesidades de la demanda de alimentos básicos, el Gobierno Federal ha recurrido permanentemente, desde los años setenta, a la importación de cantidades considerables de alimentos, registrándose en los últimos años, hasta 1990, un promedio de 8 millones de toneladas anuales.
Se ha mencionado que en los dos últimos años se ha logrado la autosuficiencia en maíz y frijol; no obstante otros productos como el sorgo, se han comprado al exterior, motivado por la apertura comercial.
La política agropecuaria hasta la fecha, ha beneficiado a productores de cultivos comerciales y de exportación, en la medida que se les han brindado los apoyos necesarios, tales como: riego, crédito, insumos, fertilizantes, mecanización, etcétera. En contrapartida, la agricultura de temporal ha sido sometida a una marginación casi total, no recibiendo apoyos institucionales y careciendo de los programas de crédito suficientes que permitan rehabilitar este tipo de agricultura.
El apoyo no sólo se diferenció por tipos de agricultura, sino también por cultivos. Por ejemplo: el sorgo en forma paulatina le fue ganando superficie al maíz y al frijol en cuanto a precios, en términos reales. En el caso del maíz los crecimientos fueron cada vez menores y el del frijol sólo se incrementó en 1983.
El crédito para el maíz y el frijol, según las últimas cifras, no cubre más que un tercio de la superficie sembrada. Tanto en el maíz y el frijol la producción se logra en pequeñas superficies, y en muchos casos, es de autoconsumo. En cambio en los de arroz, trigo, sorgo, soya y cártamo, que generalmente su cultivo se encuentra vinculado a la agroindustria y por ende es de gran interés para los grandes agricultores empresariales, se observa que existe una respuesta inmediata a los cambios en el monto real del crédito de avío.
La relación precio - costo fue desventajosa para los productores rurales. En la mayoría de los casos, la tendencia ascendente en el precio de las materias primas e insumos utilizados en la producción, resultó mayor que la del precio de los productos observados en el mercado.
En la comercialización de los productos agropecuarios prevalecen las características oligopólicas, lo cual provoca que generalmente los pequeños productos perciban un precio menor que el de garantía. Esta situación seguirá presente a pesar de que entre en operación la Bolsa Agropecuaria, a la que finalmente y a pesar de todo tipo de apologías, no tendrán acceso los pequeños productores del campo ni para financiarse ni para comercializar sus productos.
La política de precios de garantía ha funcionado a nivel oficial como un instrumento antiinflacionario, por lo que el nivel actual de éstos sufre un fuerte rezago, a pesar de que tales costos no impactan de forma determinante en los índices inflacionarios y sí deforman los patrones de reproducción en el agro, desestimulando a los productores.
Durante años la política de precios de garantía no sólo no benefició a los productores agrícolas, sino también representó un grave retroceso en su economía familiar. La forma de fijación de estos precios fue contraproducente. La revisión se efectuaba después de cada cosecha y generalmente no sufrían incrementos.
Los costos de producción que sí se incrementaron paulatinamente fueron cerrando la brecha en la relación costo - precio hasta en algunos casos el primero rebasara a los precios de garantía.
El efecto negativo que produjo esta situación, hasta cierto punto fue atenuado por la política de subsidios que era aplicada al campo. No obstante en el Gobierno de Miguel de la Madrid, esta política de subsidios llega a sus límites y comienza a reducir los apoyos que se daban al campo, para compensar el déficit en que operaban los productores. Principalmente los de granos básicos. Estos desmotivó a los productores para seguir cultivando granos básicos y miles de hectáreas fueron destinadas para cultivos más rentables.
Ante esta situación, provocada, entre otros factores, por el retiro de los subsidios a los granos básicos se implementó una forma diferente de fijar los precios de garantía. Se determinó por parte del Gobierno Federal que el gabinete agropecuario revisara los precios de garantía antes de las cosechas a fin de que los productores conocieran de antemano las condiciones en que producirían los granos básicos.
Desgraciadamente estos precios de garantía se fijaron y se han venido fijando tomando en cuenta únicamente los cambios y las situaciones internas del país, lo cual ha quedado muy por debajo de la realidad del mercado internacional y ha provocado un desequilibrio brutal en el campo, que está a punto de paralizar la producción rural.
El resultado de esta política no es pues del todo favorable, debido a que los incrementos se dieron a los precios de garantía, siempre como si fuera el mínimo precio de garantía, que desgraciadamente se ha convertido en el máximo en la mayor parte de las regiones del país.
Otra situación que afrontaron los precios de garantía, es que cuando se establecieron por primera vez en 1957, el objeto principal era de que funcionaran como mínimos era el mínimo que se podía pagar para la producción.
Actualmente los acaparadores han hecho uso de este planteamiento, que fue justo en su origen, para enriquecerse arbitrariamente, sin ningún control.
La política deliberada de incremento a las importaciones agropecuarias y de apertura comercial del sector, tiene su fundamento en un criterio antiinflacionario, esta política provoca una competencia injusta y destructiva para los productores nacionales, ya que se compran fundamentalmente productos agropecuarios que están subsidiados por las autoridades de otras naciones, todo ello en detrimento de nuestras cuentas con el exterior.
Caso especial que queremos mencionar es el de los productores de sorgo. Para este grano se abrió la frontera en los ochenta, lo cual provocó que los industriales fabricantes de alimentos balanceados optaran por comprar sorgo
norteamericano, porque su precio era más bajo que el producido en el país y sigue siéndolo en la actualidad. Esto ha traído una baja en el precio del sorgo, afectando a los productores nacionales.
Lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, es un esquema de lógicas encontradas. En los últimos días se ha producido un problema con la leche, ya que los productores en una actitud claramente de protesta y hasta cierto punto de impotencia, símbolo claro de la irracionalidad de la producción capitalista, tiraron al drenaje más de 500 mil litros en siete ciudades del país, sin embargo éste no es un hecho aislado, sino que ha sido producto también de la excesiva importación de leche en polvo a un menor costo, que ha desplazado del mercado la leche producida en el país.
Según cifras de la SARH, las importaciones de leche en polvo el año pasado ascendieron a 213 mil toneladas, mientras que la producción nacional del líquido fue de 5 mil 577 millones de litros, lo que significa un incremento de 30%.
Con la importación y la producción nacional, se dijo, se podría cubrir una demanda interna, no obstante esto no es así, porque la leche en polvo ha ido desplazando cada vez más a la producción nacional de la leche fluida, esto es grave, pues mientras los ganaderos se deciden a tirar la leche, existe un amplio sector de la población que enfrenta dificultades para alcanzar y mantener una nutrición adecuada. Podemos decir que el 50% de la población mexicana no consume leche, no porque no la quiera, sino porque no alcanza a pagarla.
Estos son problemas, entre otros, por los que atraviesan los productores agropecuarios. Esto va ligado fuertemente a la descapitalización del campo, aún con las reformas constitucionales que tenían como objetivo su capitalización, hemos visto que esto no ha sucedido así. El campo sigue atravesando por grandes problemas no resueltos y uno de ellos es precisamente su descapitalización.
El Gobierno Federal ha anunciado el flujo de recursos en el campo, aquí los hemos aplaudido, pero desgraciadamente a la actualidad nos preguntamos: ¿a dónde se han conducido estos recursos?, porque en el campo no se ve que lleguen para favorecer la producción agrícola.
La apertura comercial ha sido una política de nuestro país para incrustarse en los cambios a nivel nacional y para poder dirigirse hacia un acuerdo comercial con los países del norte. Pero hay que considerar que nuestro país está en gran desventaja, dado que la agricultura de esos países se encuentra altamente subsidiada, situación que nuestro país abandonó en los años ochenta.
No consideramos conveniente que nuestro país dé marcha atrás a la apertura comercial ni que vuelva la política de subsidios en forma exclusivista. Pero sí consideramos que debe haber una regulación de ambos sentidos, permitir que nuestros productores agropecuarios compitan en las condiciones desventajosas que están actualmente, es equivalente a abandonarlos y que ellos de alguna forma también abandonen las actividades agropecuarias, lo cual generaría graves problemas a nivel nacional.
Urge por parte del Gobierno Federal, voluntad política en serio para desarrollar la agroindustria nacional que permita el procesamiento de las materias primas que satisfagan las demandas internas y abatamos el déficit comercial que tenemos frente a los países con los que pretendemos asociarnos en un Tratado de Libre Comercio. Es necesaria una concertación más profunda entre Gobierno y productores agropecuarios a fin de realizar compromisos para incrementar programas que establezcan mínimos de producción a cambio de apoyos institucionales suficientes y a tiempo y en condiciones a largo plazo que no resulte onerosas.
Consideramos que ésta es la única forma de estimular la producción agropecuaria y desarrollar la agroindustria evitando con ello que los apoyos al campo se sigan perdiendo en la inmensidad de la burocracia. Muchas gracias.
PENA DE MUERTE
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del grupo parlamentario del PARM, en relación con la pena de muerte.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Señor Presidente, señoras y señores legisladores:
La fracción parlamentaria del PARM desea abordar por mi conducto en esta tribuna, para manifestar nuestro sentimiento de repudio y condena ante la ejecución del mexicano - norteamericano Leonel Torres Herrera, ocurrida la
mañana del 12 de mayo del año en curso en la Unidad Walls del complejo Candelario de Hunsville en Texas, E. U. a unas millas de Austin capital de dicho Estado.
Leonel Torres Herrera fue ejecutado con una inyección letal al igual que Ramón Facundo hace unas semanas, tras haber sido considerado culpable de homicidio en tercer grado, es decir, con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Fue sentenciado tras un largo y no del todo imparcial proceso en la Corte del Condado de Austin, Texas, proceso plagado de recursos de apelación, queja y revisión ante el Departamento de Justicia del Estado de Texas encabezado por Don Morales.
El Juez vigésimo del distrito del Condado de Austin, Richard Hinojosa, fue quien falló en aplicar la pena máxima de muerte al procesado no obstante los esfuerzos denodados de grupos hispanos de la localidad, así como del Consulado Mexicano en Texas, y autoridades de Relaciones Exteriores que intercedieron ante la Gobernadora Ann Richards para que concediera el indulto conmutando así la aplicación de la pena capital.
Grupos mexicanos independientes, como jóvenes por el sí a la democracia, realizaron días atrás un plantón en protesta frente a la sede de las Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; no obstante que los abogados de Leonel Torres Herrera interpusieron el recurso de habeas corpus, equivalente a nuestro juicio de amparo, la Corte 196 Federal de apelaciones del Distrito de Brownsville, denegó la revisión y alegó insustanciabilidad en el proceso, toda vez que un condenado no puede presentar alegatos de inocencia una vez agotadas las instancias legales.
De los 371 internos custodiados en la Unidad de Ellis - 1 en el Complejo Gold de la Penitenciaría Federal de Hunsville en Austin, condenados a muerte por la comisión de diversos delitos en cumplimiento de la Ley Criminal de 1982 que reimplantó la pena de muerte en la entidad, 60 son de origen mexicano y siete de los 60 nacieron en alguna ciudad de México.
Hay otro recluso de origen mexicano - norteamericano, Pedro Sosa, condenado a muerte también por homicidio, quien tiene programada su ejecución para el día 18 de mayo.
Es patético enterarnos que la prensa informó que momentos previos a serle aplicada la inyección letal, Torres Herrera de 45 años de edad, se retorcía gritando que era inocente.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, manifiesta su repudio a la aplicación de la pena capital como medida correctiva del derecho penal, toda vez que el derecho como producto ordenador de la inteligencia humana, lo que debe proteger por encima de todo, es la vida. Consideramos que aplicando esta fatal pena, la Ley y la justicia pierden más de lo que aparentemente ganan, pues al ejecutar a reos no resulta ser un escarmiento ejemplar para los demás ciudadanos, se abstengan de delinquir, sino que resulta un recurso extremo, pueril e infructuoso y en cambio, al privar de la vida a alguien, por muy grave que haya sido su delito, corta tajantemente cualquier posibilidad de regeneración y reintegración social.
Afirmamos categóricamente que cualquier sistema legal del mundo, tiene y debe procurar salvaguardar y respetar la vida, porque sin vida no hay más respeto, dignidad y libertad y el derecho se instituyó por los hombres para su protección y beneficio, no para su destrucción y aniquilamiento.
Desde luego nuestro partido considera que la aplicación de pena de muerte es reprobable, no solo en el sistema legal de los Estados Unidos de América, sino que es repudiable en cualquier otro sistema jurídico de las naciones civilizadas del mundo.
En Estados Unidos de América, el sistema legal del Commonlaw, considera que el criminal Law Status, debe de tender a erradicar cualquier conducta delictiva de la humanidad y por ello, en el tercer artículo de la Constitución Política de esa nación, se admite la aplicación de la pena capital para casos con agravantes.
Actualmente los Estados Unidos, de la Unión Americana, que en sus estados de derecho criminal o ley penal aplican pena capital, lo hacen para castigar los tres tipos de homicidios calificados, matricidio, parricidio, fratricidio, infanticidio, violación de menores, traición a la patria por deserción en caso de guerra, o divulgación de secretos de máxima seguridad nacional.
Las leyes penales estatales que los contemplan son las de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Missisipi, Louisiana, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Hawai, Alaska y Miami.
La ley de pena capital más antigua es la de Carolina del Norte, que data de 1793, y la más
reciente es la de Arizona de 1988. La ley de pena capital del Estado de Texas se reimplantó en 1982, en comparación con el sistema jurídico mexicano, la Ley penal de ejecuciones de Estados Unidos de plena autonomía legislativa a cada Estado para promulgar las disposiciones correctivas máximas para la comisión de delitos del fuero común, y en esa autonomía permite que se regule la pena de muerte como sanción ordinaria salvo la traición a la patria que es un delito del orden federal, sujeto al criminal Law Status.
En México la pena capital está establecida en el artículo 22 de la Constitución Política de 1917, la cual permite imponer pena capital por traición a la patria, parricidio, homicidio calificado, incendiario, plagiario, salteador de caminos, pirata y reos graves en el orden militar.
Sin embargo, en el artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo se lee: "Nadie podrá ser privado de la vida, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos."
Lo anterior significa que el sistema penal mexicano, sí se deja abierta la posibilidad de que se instaure la pena de muerte para ciertos delitos como los que enumera el referido artículo 22 constitucional en la legislación penal estatal, que nuestro país admite la pena capital para casos de extrema gravedad, están el Estado de Campeche que en su Código Penal, artículo 42, contempla la pena capital para el homicidio calificado; el Estado de México, que en su Código Penal contempla la aplicación de la pena capital en casos extremos y a criterio del juez, al momento de dictar sentencia para los delitos que habla el artículo 22 constitucional.
Vemos pues que la pena de muerte tan sólo es soslayada como un correctivo, sólo aplicado para circunstancias extremas.
Los artículos 5o., 6o. y 9o. de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclama en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, repudia unánimemente la aplicación de la pena capital como correctivo criminal y propugna por el respeto a la vida sin distingo de raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad o convicciones políticas.
No queremos caer en la mal intencionada suspicacia de pensar que los jueces fiscales y autoridades penitenciarias de los Estados Unidos de América, aplican parcialmente la pena capital a los procesados de origen mexicano o de nacionalidad mexicana que delinquen en su territorio. Sería además de indignante, realmente lamentable que existiese una discriminación velada, tras la ejecución de una pena tan grave e irreparable.
Consideramos que eso, de ser cierto, agravaría enormemente las ya de por sí deterioradas, conflictivas y difíciles relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América, sobre todo en la actual coyuntura en que la desconfianza y el celo mutuo han sido la tónica cotidiana.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desea manifestar su repudio ante semejantes medidas y no con ánimo intervencionista de querer decirle a los estadounidenses cómo juzgar y aplicar sus leyes, pues nosotros siempre exigimos respeto de nuestros asuntos internos; lo que deseamos puntualizar es que la pena de capital es un correctivo excesivo de irreparable consumación y que lo lamentable es que en su ejecución, el ser humano es privado del valor más elemental y básico de los que el derecho debe hacer: protección y garantía a la vida.
Por lo tanto, esta fracción parlamentaria aprovecha tan lamentable situación para exhortar a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Relaciones Exteriores, Gobernación y Puntos Constitucionales, para que envíen comunicados a la cancillería mexicana, al consulado mexicano en Texas y a la presidencia de los Estados Unidos de América, para que reconsideren seria y profundamente sobre la posibilidad de que el congreso federal americano y las legislaturas estatales, deroguen la pena capital de su legislación penal.
Lo anterior se solicita a efecto de que por encima de diferencias, lenguas, razas e ideologías, idiosincrasias, los derechos de todos los pueblos de la tierra, respeten y protejan la vida, que es el máximo bien de la humanidad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Voy a referirme lo más breve posible al artículo 18 constitucional. El artículo 18 constitucional,
que fue promulgado junto con la Constitución el 5 de febrero en 1917, habla de lo siguiente:
Artículo 18. Sólo por delitos que merezcan pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva. El lugar de ésta será distinta y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas. Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán en sus respectivos territorios el sistema penal, colonias penitenciarias o presidios sobre la base del trabajo como medio de regeneración.
En la primera reforma publicada del mismo artículo 18 constitucional el 23 de febrero de 1965, se establece que los gobernadores, sujetados a lo que establezcan las leyes locales, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan sus penas, su condena, en establecimientos pendientes del Ejecutivo Federal.
Después, el 29 de diciembre de 1976, aparece una nueva reforma al mismo artículo. Antes quiero referirles este suceso que sucedió antes de esta fecha.
En Piedras Negras existe una cárcel a donde estaba preso un norteamericano, hasta donde llegaron boinas verdes, soldados norteamericanos especialistas en la guerra de guerrillas y llegaron a liberar, a libertar a un norteamericano alegando y argumentando que un norteamericano no podía estar en una cárcel mexicana. Después apareció, ya en la reforma de este artículo 18, en la fecha que les digo, el 29 de diciembre de 1976 lo siguiente, dice: "Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo y los reos de nacionalidad extranjera, sentenciados por delitos del orden federal en toda la República o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para este efecto.
Los gobernadores de los estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Como ustedes escuchan compañeros diputados, el Gobierno de la República ha hecho un esfuerzo por crear un orden jurídico o una figura jurídica, en que extranjeros que compurgan una pena aquí la compurguen en su país y los que estén en otros países que sean mexicanos, la compurguen aquí en la República.
Esto desde luego no es nuevo en la fecha de 1976; ya en el Valle de Anáhuac, antes de la venida de Hernán Cortés en 1521, ya existía una forma de jusgentium pues cuando un texcocano delinquía en Azcapotzalco, era juzgado de acuerdo con las leyes de Texcoco, o si otro, un xochimilca delinquía en Texcoco, era juzgado de acuerdo con su origen.
Esto es lo que no hemos logrado, por eso yo les pido, le pido a la Comisión de Relaciones Exteriores y al mismo Ejecutivo Federal respetuosamente, que hagan lo conducente o lo necesario para que este asunto se lleve hasta las Naciones Unidas y comencemos a luchar ahí para que algún día en las convenciones de las mismas Naciones Unidas se establezca que ningún extranjero que delinca en otro país o en un país, sea juzgado con las leyes de ese lugar, sino que sea juzgado con las leyes de su país de origen y algún día, quizá, el imperialismo logre entender que habitamos un planeta, la gente o los seres civilizados, en los que ocupa una conformación más exacta de la justicia y que no se juzgue a los connacionales de acuerdo únicamente con el derecho de costumbre, pues todavía están ahí en Estados Unidos ocho mexicanos, no es tanto mi preocupación por los mexicano - norteamericanos porque de cualquier manera ellos son norteamericanos, pero todavía, dice aquí esta noticia del 14 de mayo de 1993, dice: "Es la gobernadora de Texas, Ann Richards, quien ya negó el perdón a Torres Herrera y al mexicano Ramón Montoya, quien ya fue ejecutado, de quien depende que 10 mexicanos estadounidenses y ocho mexicanos sean perdonados y se permute su pena de muerte por otra sanción o que sean reanalizados sus casos." Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la LV Legislatura.
Orden del día
20 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Sandoval Moya, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley de Nacionalidad.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, Carlos Ramón Carrillo del Villar, para aceptar y usar la condecoración "Monja Blanca de I Clase", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edmundo Font López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en torno a la Reforma Política.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la reunión de la subcomisión de examen previo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación al caso Yucatán.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación al Tratado de Libre Comercio.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para hacer comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 22.00 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día jueves 20 de mayo a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CTM Confederación de Trabajadores de México
DF Distrito Federal
EU Estados Unidos
LOPPE Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
TLC Tratado de Libre Comercio
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México